Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la ...€¦ · ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENTREGA...

Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

1

Propuestas de

auditorías ASF 2016 (segunda entrega) YESS.docx

SERIE: ANÁLISIS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Noviembre de 2017

CUADERNO 4

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENTREGA DE INFORMES

INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS CORRESPONDIENTE A

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Comisión de Vigilancia

de la Auditoría Superior de la Federación

Unidad de Evaluación y Control

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación LXIII Legislatura, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Av. Congreso de la Unión 66, Edificio “G” Piso 2 Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza C.P. 15960, México, D.F. ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENTREGA DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016. EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO EN FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN 2016.

La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de

Evaluación y Control <http://uec.diputados.gob.mx> o <www.diputados.gob.mx/UEC>

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Presidente Dip. Luis Maldonado Venegas (PRD)

Secretarios

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) Dip. Eukid Castañón Herrera (PAN)

Dip. Minerva Hernández Ramos (PAN) Dip. Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN)

Dip. Maricela Contreras Julián (PRD) Dip. David Jiménez Rumbo (PRD)

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM) Dip. Alicia Barrientos Pantoja (MORENA)

Dip. Claudia Sofía Corichi García (MC) Dip. Francisco Javier Pinto Torres (NA)

Integrantes

Dip. Ricardo Ángel Barrientos Ríos (PRD) Dip. Armando Alejandro Rivera Castillejos (PAN) Dip. Pablo Bedolla López (PRI) Dip. María Esther de Jesús Scherman Leaño (PRI)

Dip. Paloma Canales Suárez (PVEM) Dip. Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) Dip. Manuel Jesús Clouthier Carrillo (IND) Dip. María Monserrath Sobreyra Santos (PRI)

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN) Dip. María Luisa Sánchez Meza (PAN) Dip. Araceli Damián González (MORENA) Dip. Alma Carolina Viggiano Austria (PRI)

Dip. Gonzalo Guízar Valladares (PES)

Mtro. Isaac Rojkind Orleansky Secretario Técnico

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA

Presidente

Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI)

Vicepresidentes

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar (PAN) Dip. Arturo Santana Alfaro (PRD)

Dip. Martha Hilda González Calderón (PRI)

Dip. María Ávila Serna (PVEM)

Secretarios Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes (PRI) Dip. Ernestina Godoy Ramos (MORENA)

Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN) DIP. Verónica Delgadillo García (MC) Dip. Isaura Ivanova Pool Pech (PRD)

Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla (PVEM)

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos (PES)

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Presidente

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Coordinador del Partido Acción Nacional

Dip. César Octavio Camacho Quiroz Coordinador del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Francisco Martínez Neri Coordinador del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Jesús Sesma Suarez Coordinador del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Norma Rocío Nahle García Coordinadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano

Dip. Alejandro González Murillo Coordinador del Partido Encuentro Social

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza Coordinador del Partido Nueva Alianza

Análisis sectorial de los informes individuales de auditorías. FSCP 2016

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Desarrollo Social

Contenido

Presentación .............................................................................................................................................. 7

1. Marco de referencia. Análisis de los Principales Programas Presupuestales Sectoriales............... 9

1.1. Sector Educación ........................................................................................................................ 9

1.2. Cultura ...................................................................................................................................... 13

1.3. Sector Salud .............................................................................................................................. 17

1.4. Sector Desarrollo Social ............................................................................................................ 23

1.5. Instituciones Públicas de Seguridad Social ............................................................................... 28

2. Datos Básicos de los Informes Individuales de Auditorías ............................................................. 32

2.1. Auditorías practicadas.............................................................................................................. 32

2.2. Observaciones-Acciones emitidas ............................................................................................ 34

2.3. Recuperaciones determinadas ................................................................................................. 36

3. Resultados relevantes de los Informes Individuales de Auditorias ............................................... 38

3.1. Educación ................................................................................................................................. 38

3.2. Instituciones Públicas de Educación Superior ........................................................................... 57

3.3. Cultura ...................................................................................................................................... 61

3.4. Salud ......................................................................................................................................... 62

3.5. Desarrollo Social ....................................................................................................................... 91

3.6. Seguridad Social (Entidades no Coordinadas) .......................................................................... 98

Anexo ..................................................................................................................................................... 111


7

Desarrollo Social

Presentación El presente documento, preparado por la Unidad de Evaluación y Control (UEC), tiene la finalidad de apoyar a los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) en su responsabilidad de analizar la segunda entrega de los informes individuales de auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, en este caso, respecto a las entidades vinculadas al grupo funcional de Desarrollo Social, el cual agrupa a los sectores Educación Pública, Instituciones Públicas de Educación Superior, Cultura, Salud, Desarrollo Social y Entidades no Coordinadas Sectorialmente (seguridad social, vivienda, equidad de género y pueblos indígenas). El contenido del documento se encuentra organizado en tres apartados y un anexo estadístico. En el primer apartado se presenta un marco de referencia que, en ocasión a la discusión y aprobación parlamentaria del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2018, considera un análisis de los principales programas presupuestales vinculados con funciones de Desarrollo Social, enunciados en el Proyecto del PEF 2018. El segundo apartado refiere un breve panorama gráfico y numérico acerca de la fiscalización superior a las entidades con funciones de Desarrollo Social (auditorías practicadas, cobertura de fiscalización, observaciones-acciones emitidas y recuperaciones determinadas). El tercer apartado presenta los resultados más reveladores de la totalidad de los informes individuales de auditorías practicadas en materia de Desarrollo Social. En la parte final del documento se incorpora un anexo estadístico acerca de los datos básicos de la fiscalización superior de la Cuenta 2016 en materia de Desarrollo Social, correspondiente a la segunda entrega de los informes individuales.


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Desarrollo Social

1. Marco de referencia. Análisis de los Principales Programas Presupuestales Sectoriales

1.1. Sector Educación

El Gobierno Federal propone ejercer para el ejercicio fiscal 2018 un presupuesto total de 275 mil 443.3 millones de pesos para el Ramo 11 Educación, lo que representa el 5.2% del gasto neto total, el cual asciende a 5 billones 236 mil 375.6 millones de pesos. Respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017, se propone un incremento nominal de 2.9%, equivalente a 7 mil 788.2 millones de pesos. Se prevé que los recursos sean ejercidos a través de 38 programas presupuestarios a través de los cuales se puedan generar las condiciones propicias para que la población pueda acceder a una educación de calidad. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus metas nacionales un “México con educación de calidad”, de la cual deriva el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) que propone avanzar en el logro de los 6 objetivos vinculados a éste:

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

En atención a lo anterior, y a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de educación1, se prevé la implementación de los siguientes programas presupuestarios que recibirán recursos a través del Ramo 11: Producción y Distribución de Libros y Materiales de Estudio; Programa para el Desarrollo Profesional Docente; Fortalecimiento de la Calidad Educativa; Servicios de Educación Media Superior; Escuelas de Tiempo Completo; Programa de la Reforma Educativa; Programa de Inclusión Digital; Programa Nacional de Inglés; Programa Nacional para la Convivencia; Expansión de la Educación Media Superior y Superior; Programa Nacional de Becas; Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED); Evaluaciones de la Calidad de la Educación, entre otros:

1 Ley General de Educación, Ley General del Servicio profesional Docente, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la publicación del Nuevo Modelo Educativo y los Planes y Programas de Estudio.


10

Desarrollo Social

El Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales busca asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, para la construcción de una sociedad más justa, a través del apoyo a los organismos descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior, superior y formación para el trabajo; para ello el Gobierno Federal propone ejercer un presupuesto de 83 mil 448.3 millones de pesos, cantidad mayor en 4.8% respecto a lo aprobado para el 2017. Este programa es el que concentra el mayor presupuesto del Ramo con el 30.3% del total.

Para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo se propone ejercer un presupuesto de 10 mil 543.1 millones de pesos, cantidad superior en 2.7% respecto a lo aprobado para el 2017; con este programa se busca mejorar las condiciones de acceso al conocimiento y al desarrollo de competencias, mediante la ampliación del horario escolar y el uso efectivo del tiempo en el aula escolar.

Pp Ramo / Entidad / ProgramaMonto

(Millones de Pesos)

Proporción

(%)

Proporción

Acumulada

275,443.3 100.0 0.0

Dirección General de Educación Superior Universitaria

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1,733.2 0.6 0.6

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 83,448.3 30.3 30.9

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa

S221 Escuelas de Tiempo Completo 10,543.1 3.8 34.8

U082 Programa de la Reforma Educativa 2,243.5 0.8 35.6

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 273.0 0.1 35.7

Dirección General de Desarrollo Curricular

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2,293.1 0.8 36.5

S270 Programa Nacional de Inglés 826.8 0.3 36.8

Universidad Nacional Autónoma de México

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 48,692.3 17.7 54.5

E011 Desarrollo Cultural 3,630.2 1.3 55.8

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 14,804.8 5.4 61.2

Oficialía Mayor

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 29,448.4 10.7 71.9

Subsecretaría de Educación Superior

S243 Programa Nacional de Becas 11,214.5 4.1 75.9

Dirección General de Educación Indígena

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 401.7 0.1 76.1

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 1,503.7 0.5 76.6

Colegio de Bachilleres

E007 Servicios de Educación Media Superior 41,324.2 15.0 91.6

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo

E005 Formación y Certificación para el Trabajo 3,266.8 1.2 92.8

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

E064 Educación para Adultos (INEA) 2,409.6 0.9 93.7

Consejo Nacional de Fomento Educativo

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,858.4 1.8 95.5

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

B003 Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos 1,871.8 0.7 96.1

Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa

P001 Diseño de la Política Educativa 2,040.6 0.7 96.9

Entidades del sector Educación

Otros Programas 8,615.3 3.1 100.00

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

(millones de pesos)

Educación

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, SHCP.

*Nota: Las sumas parcia les pueden no coindidir con los tota les por cuestiones de redondeo.


11

Desarrollo Social

El Programa de Servicios de Educación Superior y Posgrado a cargo de la Universidad Autónoma de México (UNAM), tiene como objetivo el fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la atención de la población matriculada en educación superior y posgrado con servicios educativos reconocidos por su calidad. Para ello, el Gobierno Federal propone ejercer un presupuesto de 48 mil 692.3 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2018, cantidad mayor en 3.9% a lo aprobado el año anterior. Este programa concentra el 17.7% del total del Ramo 11.

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, es un programa a cargo de la UNAM, que busca impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante la realización de proyectos de investigación que se vinculan con la generación del conocimiento y con los diversos sectores para resolver los problemas nacionales. Para el ejercicio fiscal 2018 se propone ejercer 14 mil 804.8 millones de pesos, monto superior en 3.8% al aprobado en 2017.

El Programa de PROSPERA Programa de Inclusión Social, fue creado con el objetivo de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la educación; para el ejercicio fiscal 2018, se propone ejercer un presupuesto total de 29 mil 448.4 millones de pesos; en términos nominales, este programa es el que menos incremento presenta respecto al año anterior, ya que solo existe una variación de 96 millones de pesos (0.3%).

El Programa Nacional de Becas tiene el objetivo de garantizar el ingreso y la permanencia en los servicios educativos de la población en edad de estudiar, incrementando la matrícula y reduciendo el abandono, beneficiando a los estudiantes de todos los tipos y modalidades educativas que requieren de apoyo para acceder y no irrumpir sus estudios. Para ello, el Gobierno Federal propone ejercer un monto de 11 mil 214.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2018, cantidad mayor en 4.6% respecto a lo aprobado para 2017, equivalente a 497.7 millones de pesos.

Servicios de Educación Media Superior es de los programas más importantes del sector, en cuanto a su objetivo y presupuesto destinado; para el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno federal propone ejercer 41 mil 324.2 millones de pesos, cantidad que representa el 15.0% del total del ramo, esta propuesta representa un incremento del 4.1% respecto a lo aprobado para 2017.


12

Desarrollo Social

Para el ejercicio fiscal 2017, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación presupuestaria de 5 programas: Escuelas de Tiempo Completo (200 millones de pesos), Fortalecimiento de la Calidad Educativa (100 millones de pesos), PROSPERA Programa de inclusión Social (200 millones de pesos), Programa Nacional de Becas (10 millones de pesos), y Servicios de Educación Media Superior (100 millones de pesos), por un monto total de 610 millones de pesos.

3 de los 38 programas presupuestarios, concentran más de la mitad del presupuesto total del sector (63%).

PEF 2017 PEEF 2018 Absoluta (%) Nominal

267,655.1 275,443.3 7,788.2 2.9

Dirección General de Educación Superior Universitaria

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1,654.0 1,733.2 79.2 4.8

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 79,634.8 83,448.3 3,813.5 4.8

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa

S221 Escuelas de Tiempo Completo** 10,261.3 10,543.1 281.8 2.7

U082 Programa de la Reforma Educativa 2,141.0 2,243.5 102.5 4.8

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 260.5 273.0 12.5 4.8

Dirección General de Desarrollo Curricular

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa** 2,986.9 2,293.1 -693.8 -23.2

S270 Programa Nacional de Inglés 789.0 826.8 37.8 4.8


E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 46,869.2 48,692.3 1,823.1 3.9

E011 Desarrollo Cultural 3,457.2 3,630.2 173.0 5.0

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 14,263.0 14,804.8 541.8 3.8

Oficialía Mayor

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social** 29,352.4 29,448.4 96.0 0.3

Subsecretaría de Educación Superior

S243 Programa Nacional de Becas** 10,716.8 11,214.5 497.7 4.6

Dirección General de Educación Indígena

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 383.3 401.7 18.4 4.8

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 1,539.2 1,503.7 -35.5 -2.3

Colegio de Bachilleres

E007 Servicios de Educación Media Superior 39,714.5 41,324.2 1,609.7 4.1

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo

E005 Formación y Certificación para el Trabajo 3,117.4 3,266.8 149.4 4.8

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

E064 Educación para Adultos (INEA) 2,299.5 2,409.6 110.1 4.8

Consejo Nacional de Fomento Educativo

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,636.4 4,858.4 222.0 4.8

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

B003 Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos 1,557.3 1,871.8 314.5 20.2

Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa

P001 Diseño de la Política Educativa 1,918.0 2,040.6 122.6 6.4

Entidades del sector Educación

Otros Programas 10,103.4 8,615.3 -1,488.1 -14.7



**Los programas de Escuelas de Tiempo Completo, Forta lecimiento de la Ca l idad Educativa , PROSPERA Programa de Inclsuión Socia l , Programa Nacional

de Becas , y Servicios de Educación Media Superior, tuvieron ampl iaciones presupuesta les (determinadas por la Cámara de Diputados) por un monto

200, 100, 200, 10, y 100 mi l lones de pesos respectivamente.

Variación 2017 vs 2018

Pp Ramo / Entidad / Programa


(millones de pesos)

Educación

Presupuesto


13

Desarrollo Social

Respecto a la estructura programática, el Ramo 11 Educación, no sufrió cambios drásticos, sin embargo, se realizaron ajustes conforme las bases de instrumentación del Nuevo Modelo Educativo. Se creó el programa W001 Operaciones Ajenas, con la finalidad de que diversas entidades del sector se encuentren en condiciones de reportar sus operaciones ajenas dentro de dicho programa.

1.2. Cultura

Para el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Federal propone ejercer 11 mil 716.1 millones de pesos para el Ramo 48 Cultura, cantidad menor en 5.7% a la aprobada para 2017, equivalente a 712.2 millones de pesos; y apenas el 0.2% del total del gasto neto total, el cual asciende a 5 billones 236 mil 375.6 millones de pesos. Se prevé que los recursos sean ejercidos a través de 14 programas presupuestarios que conforman política cultural del país, creados para para cumplir con los objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el sentido de ampliar el acceso a la cultura como un

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

30.3%

Servicios de Educación Superior y Posgrado

17.7%

Servicios de Educación Media Superior

15.0%

Resto de programas de Educación

37.0%

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE EDUCACIÓNPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PPEF 2018

Clave Pp 2017 Programa Presupuestario 2017Clave Pp

2018Programa Presupuestario 2018 Tipo de cambio

N.A. N.A. W001 Operaciones Ajenas Nuevo

MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2018, SECTOR EDUCACIÓN

Ramo Administrativo 11

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del documento de Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018.


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Desarrollo Social

medio para la formación integral de los ciudadanos y promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural. De los cuales destacan: el Programa Nacional de Becas, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, Desarrollo Cultural, y Servicios Educativos, Culturales y Artísticos:

El Programa Nacional de Becas tiene el objetivo de impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante el otorgamiento de becas a los estudiantes de las escuelas de educación artística y cultural. Para el ejercicio fiscal 2018 el Gobierno federal propone un presupuesto de 13.7 millones de pesos, cantidad mayor en 4.6% a la aprobada.

Protección y Conservación del Patrimonio Cultural es un programa presupuestario dedicado a preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural mediante acciones de conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales; para lo cual se propone ejercer recursos por 1 mil 789.6 millones de pesos, monto mayor en 18.8 al aprobado para 2017, equivalente a 283.6 millones de pesos. El presupuesto que se pretende asignar a este programa representa el 15.3% del total del Ramo 48.

El Programa de Desarrollo Cultural está dedicado a la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México, así como a la proyección de la presencia


(Millones de Pesos)

Proporción

(%)

Proporción

Acumulada

11,716.1 100.0 0.0

Instituto Nacional de Antropología e Historia

S243 Programa Nacional de Becas 13.7 0.1 0.1

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 683.6 5.8 6.0

E012 Protección y Conservación del Patrimonio Cultural 1,789.6 15.3 21.2

E021 Investigación Científica, Arqueologíca y Antropológica 156.0 1.3 22.6

Dirección General de Vinculación Cultural

S268 Programa de Apoyos a la Cultura 150.0 1.3 23.8

Oficialía Mayor

E011 Desarrollo Cultural 5,267.2 45.0 68.8

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

E013 Producción y Transmisión de Materiales Culturales y Artísticos 172.4 1.5 70.3

Educal, S.A. de C.V.

E016 Producción y Distribución de Libros y Materiales Artísticos y Culturales 32.9 0.3 70.5

Instituto Mexicano de Cinematografía

E022 Servicios Cinematográficos 386.6 3.3 73.8

Instituto Nacional de Derecho de Autor

E041Protección de los Derechos Tutelados por la Ley Federal del Derecho de

Autor25.6 0.2 74.1

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

E042 Servicios Educativos, Culturales y Artísticos 1,110.9 9.5 83.5

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

P003 Educación y Cultura Indígena 74.9 0.6 84.2

Entidades del sector Cultura

Otros programas 1,852.7 15.8 100.0


(millones de pesos)

Cultura




15

Desarrollo Social

del país en el extranjero mediante la asistencia a eventos y actividades culturales. Para el ejercicio fiscal 2018, se prevé un presupuesto de 5 mil 267.2 millones de pesos, casi la mitad del presupuesto total del Ramo (45%). En términos nominales, esta cantidad propuesta, representa un incremento del 7.2% (283.6 millones de pesos) respecto a lo aprobado para 2017.

Servicios Educativos, Culturales y Artísticos es un programa que busca impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante la enseñanza y formación integral en las escuelas de educación superior especializadas, para el ejercicio fiscal 2018 se prevé un presupuesto de 1 mil 110.9 millones de pesos, cantidad mayor en 4.1% respecto a lo aprobado para 2017. El presupuesto previsto para este programa representa el 9.5% del total del Ramo.

Tres de los catorce programas del Ramo 48 Cultura, concentran el 70% del presupuesto total propuesto para 2018.

PEF 2017 PEEF 2018 Absoluta (%) Nominal

12,428.3 11,716.1 -712.2 -5.7

Instituto Nacional de Antropología e Historia

S243 Programa Nacional de Becas 13.1 13.7 0.6 4.6

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 644.6 683.6 39.0 6.1

E012 Protección y Conservación del Patrimonio Cultural 1,506.0 1,789.6 283.6 18.8

E021 Investigación Científica, Arqueologíca y Antropológica 124.7 156.0 31.3 25.1

Dirección General de Vinculación Cultural

S268 Programa de Apoyos a la Cultura 150.0 150.0 0.0 0.0

Oficialía Mayor

E011 Desarrollo Cultural 4,911.8 5,267.2 355.4 7.2

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

E013Producción y Transmisión de Materiales Culturales y

Artísticos161.3 172.4 11.1 6.9

Educal, S.A. de C.V.

E016Producción y Distribución de Libros y Materiales Artísticos y

Culturales35.0 32.9 -2.1 -6.0

Instituto Mexicano de Cinematografía

E022 Servicios Cinematográficos 391.2 386.6 -4.6 -1.2

Instituto Nacional de Derecho de Autor

E041Protección de los Derechos Tutelados por la Ley Federal del

Derecho de Autor13.8 25.6 11.8 85.5


E042 Servicios Educativos, Culturales y Artísticos 1,067.1 1,110.9 43.8 4.1

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

P003 Educación y Cultura Indígena 70.3 74.9 4.6 6.5

Entidades del sector Cultura

Otros programas 3,339.4 1,852.7 -1,486.7 -44.5

Presupuesto Variación 2017 vs 2018


(millones de pesos)

Ramo / Entidad / ProgramaPp

Cultura




16

Desarrollo Social

Respecto a la estructura programática, se prevén 2 modificaciones, con el propósito de cambiar de denominación el programa K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo a Proyectos de infraestructura social del sector cultura, y se crea un nuevo programa, como se explica en la siguiente tabla:

El programa W001 se crea con la finalidad de que diversas entidades del sector se encuentren en condiciones de reportar sus operaciones ajenas dentro de éste. Por otro lado, el cambio de denominación busca lograr una mejor identificación de los proyectos de infraestructura social, que se derivan de las actividades institucionales de fomento y promoción de la cultura, propias del Ramo.

Protección y Conservación del Patrimonio Cultural

15.3%

Desarrollo Cultural45.0%

Servicios Educativos, Culturales y Artísticos

9.5%

Resto de Programas de Cultura30.3%

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE CULTURAPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PPEF 2018

Clave Pp 2017 Programa Presupuestario 2017

Clave Pp


K009Proyectos de Infraestructura

Social del Sector CulturaK009

Proyectos de Infraestructura

Social del Sector EducativoCambio de denominación

N.A. N.A. W001 Operaciones ajenas Nuevo

MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2018, SECTOR CULTURA




17

Desarrollo Social

1.3. Sector Salud

De acuerdo con el PPEF 2018, se proyecta destinar para el Sector Salud un presupuesto de 121 mil 934.8 millones de pesos, que significa el 3.3% respecto del monto total del Gasto Programable presupuestado por el Gobierno Federal para el ejercicio 2018 y un aumento nominal de apenas 0.1% respecto al presupuesto aprobado ara 2017. A través de este, se pretende impulsar 31 programas presupuestales en congruencia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018, en sus Metas Nacionales: "México Incluyente" y en sus objetivos: "Asegurar el acceso a los servicios de salud". Así, el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se ha propuesto llevar a la práctica las estrategias y líneas de acción que buscaran cumplir con los fines establecidos en cada uno de los programas. Entre los Programas Presupuestales destacan, por su asignación de recursos o aportaciones

sociales en beneficio del sector salud, los siguientes:


(millones de Pesos)

Proporción

(%)

Proporción

Acumulada

(%)

Salud 121,934.8 100.0 0.0

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de

Alta Especialidad

E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 3,930.2 3.2 3.2

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,162.7 1.8 5.0

E023 Atención a la Salud 20,714.4 17.0 22.0

Comisión Nacional contra las Adicciones

E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,334.9 1.1 23.1

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

E036 Programa de vacunación 1,996.0 1.6 24.7

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

E040 Servicios de asitencia social integral 863.9 863.9 863.9

E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 93.1 0.1 24.8

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 437.8 0.4 25.2

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

P012 Rectoría en Salud 1,272.4 1.0 26.2

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

P018 Prevención y control de enfermedades 648.4 0.5 27.2

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,172.8 1.8 29.0

Comisión Nacional de Protección Social en Salud


S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,049.5 1.7 35.9

U005 Seguro Popular 68,974.6 56.6 92.5

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

S200 Fortalecimiento a la atención médica 901.0 0.7 93.2

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 453.5 0.4 93.6

U009 Vigilancia epidemiológica 618.1 0.5 94.1

Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)

U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 1,450.0 1.2 95.3

Entidades del Sector Salud





18

Desarrollo Social

Para 2018, solo tres programas Seguro Popular (68 mil 974.6 millones de pesos), Atención a la

Salud (20 mil 714.4 millones de pesos) y PROSPERA Programa de Inclusión Social (6 mil 382.1

millones de pesos), representan el 78.8% (96 mil 071.1 millones de pesos) del presupuesto total

proyectado para ejercer en el Sector Salud.

Con este importante otorgamiento de recursos, el Ejecutivo Federal pretende otorgar

suficiencia presupuestal a entidades como la Comisión Nacional de Protección Social en Salud

(CNPSS) y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta

Especialidad, para así consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención

de enfermedades; de igual forma, se busca asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con

calidad; reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su

vida; cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país;

asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud; y avanzar en la construcción

de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, el logro de objetivos y metas aún se muestra comprometido a consecuencia de la

actual situación económica y de los recortes presupuestales que el Gobierno Federal realizó a

partir del ejercicio 2017 en varios de los principales programas que integran el Programa

Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018. De tal forma, que para el ejercicio 2018, pese a que

fue observada una variación positiva con apenas un 0.1% (117.3 millones de pesos) respecto

del presupuesto autorizado para 2017, la caída nominal observada en el presupuesto

programado a este sector a partir el ejercicio 2016 (132 mil 216.8 millones de pesos) continua

siendo menor en 7.8% respecto del presupuesto proyectado para ejercer en 2018 (121 mil

934.8 millones de pesos).

Las principales afectaciones presupuestales del proyecto 2018 respecto del aprobado 2017 se

observan en los siguientes programas:


19

Desarrollo Social

Protección Contra Riesgos Sanitarios. Se proyectó un incremento de 3.9% respecto al presupuesto aprobado para 2017. El Programa tiene como fin, contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a riesgos sanitarios

Prevención y Control de Enfermedades. Se proyectó un ínfimo incremento de 0.9%. Este se vincula con el Programa Nacional de Vacunación el Gobierno Federal y tiene como fin contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el control de padecimientos, que inciden en la salud de la población nacional. Asimismo, el marco del Programa Nacional de Vacunación, pretende llevar a cabo la aplicación de un 95.0% de dosis de vacunas, durante las Semanas Nacionales de Salud, para lo cual se tienen programadas 33’166,057 dosis.

2017

PEF

2018

PPEFAbsoluta (%) Nominal

Salud 121,817.5 121,934.8 117.3 0.1

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad

E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 3,746.2 3,930.2 184.0 4.9

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,114.1 2,162.7 48.6 2.3

E023 Atención a la Salud 19,697.1 20,714.4 1,017.3 5.2

Comisión Nacional contra las Adicciones

E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,273.9 1,334.9 61.0 4.8

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

E036 Programa de vacunación 1,919.9 1,996.0 76.1 4.0

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

E040 Servicios de asitencia social integral 824.4 863.9 39.5 4.8

E041Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes93.7 93.1 -0.6 -0.6

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 421.4 437.8 16.4 3.9

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

P012 Rectoría en Salud 1,356.2 1,272.4 -83.8 -6.2

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

P018 Prevención y control de enfermedades 642.6 648.4 5.8 0.9

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,172.2 2,172.8 0.6 0.0


S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 6,275.1 6,382.1 107.0 1.7

S201 Seguro Médico Siglo XXI 1,955.9 2,049.5 93.6 4.8

U005 Seguro Popular 68,702.4 68,974.6 272.2 0.4

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

S200 Fortalecimiento a la atención médica 859.8 901.0 41.2 4.8

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de

Enfermedades

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 452.9 453.5 0.6 0.1

U009 Vigilancia epidemiológica 646.0 618.1 -27.9 -4.3

Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)

U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 3,300.0 1,450.0 -1,850.0 -56.1

Entidades del Sector Salud

Otros Programas 5,363.7 5,479.4 115.7 2.2

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; y Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, SHCP.

COMPARATIVO DE PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Y SUS PROYECTOS DE PRESUPUESTO, EJERCICIOS 2017-2018(Millones de Pesos)

Pp: Clave del Programa Presupuestal.

Presupuesto

Pp Ramo / Entidad / Programa

Variación 2018 vs 2017


20

Desarrollo Social

Seguro Médico Siglo XXI. Se prevé un incremento de 4.8% para este Programa, el cual tiene el compromiso de mantener la cobertura universal de 5’800,000 niños menores de 5 años. Asimismo, su objetivo tiene como fin, contribuir al aseguramiento del acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sin acceso a la seguridad social.

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Este programa tiene Proyectado prácticamente el mismo presupuesto que en 2017, con apenas una diferencia de 0.1% superior con respecto al proyectado para 2018. Su objetivo tiene como fin, contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la detección, diagnóstico, tratamiento y control de la obesidad, en la población de 5 años y más de edad. Asimismo, se tiene programado lograr el 90.0% de detecciones de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, en la población de 20 años y más de edad, responsabilidad de la Secretaría de Salud.

Protección y restitución de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. El presupuesto proyectado es menor en 0.6%. Su objetivo tiene como fin, contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante la atención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Prevención y atención contra las adicciones. Se proyecta un incremento de 4.8%. El consumo de alcohol es el principal problema de adicción que afecta a los adolescentes; en este sentido, se espera que 5’349,075 adolescentes de 12 a 17 años participen en acciones de prevención de adicciones. Su objetivo tiene por fin, contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante acciones integrales para la prevención y control de las adicciones.

Seguro Popular. Pese a la importancia de este programa, prácticamente se mantiene con el mismo presupuesto que el asignado en 2017, con apenas un mínimo incremento de 0.4%. Sin embargo, la participación de este programa significa el 56.6% del total del presupuesto proyectado para el sector salud en el ejercicio 2018. Con estos recursos el Gobierno Federal pretende que la cobertura en relación al total de personas susceptibles de afiliación al Seguro Popular en el 2018, sea de 53, 505,187 personas; con una reafiliación de 12´074,059 personas en el periodo; asimismo, el proyecto señala que se están llevando a cabo acciones de depuración del padrón para evitar duplicidades. El objetivo del programa tiene como fin, contribuir al avance de la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad social, en cuanto a su propósito, este busca que la población que carece de seguridad social cuente con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de salud con calidad.


21

Desarrollo Social

Vigilancia Epidemiológica. El presupuesto proyectado es menor en 4.3%. Su objetivo tiene por fin, contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el ingreso a tratamiento oportuno y específico de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles que están bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) como son: Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, leshmaniasis, picadura de alacrán, mordedura por perro y otras especies, en apoyo a las poblaciones vulnerables de las entidades federativas; para ello, se buscara la generación de información oportuna, exacta y confiable, mediante la publicación semanal de boletines epidemiológicos, lo que servirá de apoyo en la toma de decisiones sobre las enfermedades que aquejan a la población; además, se buscara reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica en todo el país, mediante acciones de promoción, prevención y atención de la salud, a través de los servicios estatales de salud, de las entidades federativas, para el control de enfermedades infecciosas, transmisibles y no transmisibles con 29´873,873 casos.

Salud materna, sexual y reproductiva. Tiene proyectado el mismo presupuesto que en 2017. El objetivo el programa tiene por fin, contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante acciones de salud materna, sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia contra las mujeres y de la discriminación por género. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el embarazo en adolescentes de 12 a 19 años, sigue siendo alto, por ello, para 2018 se pretenderá que 4’834,880 mujeres en edad fértil, tengan acceso a algún método anticonceptivo moderno. En cuanto al Programa de Acción Específico: Salud Materna y Perinatal, este contempla una población de 770,000 menores de 28 días, sin acceso a instituciones de seguridad social, a quienes se le realizará la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito, que permita una atención oportuna a los casos positivos detectados. Respecto al cáncer de cuello uterino, padecimiento que constituye uno de los principales problemas de salud pública en México, se realizaran actividades orientadas a ampliar su detección temprana, en el grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad, con 3’063,345 detecciones. El cáncer de mama, se ha consolidado como el cáncer más letal en mujeres de 25 años de edad o más, para enfrentarlo, el Gobierno Federal contempla una cobertura de detección de 932,575 mujeres, además de fortalecer las acciones de atención a 281,503 mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa.

Fortalecimiento de los servicios Estatales de Salud. Este rubro prevé la disminución más significativa de los programas destinados al sector salud en 2018, con 56.1% menos recursos proyectados, que los autorizados en 2017. Este programa tiene como fin, contribuir al aseguramiento del acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante previsiones que permitan mantener la homologación salarial de los trabajadores de la salud, contratados en las entidades federativas y validados por las subcomisiones estatales, referente al personal regularizado y formalizado.


22

Desarrollo Social

Para llevar a la práctica el derecho constitucional de "Asegurar el acceso a los servicios de salud, y Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”, el Gobierno Federal utiliza como base de su Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, los siguientes programas:

PROSPERA Programa de Inclusión Social. A este significativo programa le fue proyectado un incremento mínimo de 1.7% nominal respecto al ejercicio 2017. Su objetivo tiene como fin, contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación, mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar. Para ello, se busca garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país, este programa tendrá una cobertura estimada de 6.1 millones de familias, de acuerdo a las reglas de operación vigentes de este programa. Además, se tiene previsto contar con 2,284 personas del equipo de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles (UMM), para otorgar servicios de atención primaria a la salud en 9,950 localidades con menos de 2,500 habitantes; lo anterior, mediante la operación de 787 UM, las cuales atenderán a una población estimada de 1’637,515 personas.

Rectoría en Salud. Tiene Proyectado una disminución de 6.2% respecto al presupuesto aprobado para 2017. El objetivo del programa tiene como fin, contribuir al avance en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, mediante la coordinación interinstitucional, que permita el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a la población. Asimismo, se pretende que este sistema sea equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad.

Atención a la Salud. El presupuesto proyectado es superior en 5.2% respecto al autorizado en 2017. El programa tiene como objetivo contribuir al aseguramiento del acceso efectivo a los servicios de salud con calidad mediante la atención a la demanda de servicios especializados que se presentan a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en coordinación con la red de servicios. De esta forma, el gobierno federal busca continuar dando énfasis en la atención con calidad y calidez para alcanzar los 172,278 egresos hospitalarios por mejoría y curación.

Los programas “Formación y Capacitación de recursos humanos para la salud” e “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” prevén un incremento en su presupuesto de 4.9% y 2.3% respectivamente. A través de estos, el Gobierno Federal buscará contribuir al aseguramiento de la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, mediante el desarrollo de competencias técnico-médicas y de gestión de los profesionales de la salud de acuerdo con las necesidades de salud de la población; así como, el desarrollo de la investigación científica para generar conocimiento que mejore


23

Desarrollo Social

el bienestar y o resuelva problemas de salud de la población. Para ello, el Gobierno Federal pretende promover la formación de 2,119 especialistas médicos; la investigación y el desarrollo tecnológico, a través de 1,531 artículos científicos publicados en revistas de los grupos III a VII (de acuerdo a la clasificación del Sistema Institucional de Investigadores). Además, contempla un 93.4% de servidores públicos capacitados en materias técnico-médica, administrativa y gerencial.

1.4. Sector Desarrollo Social

Para el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Federal propone ejercer un presupuesto total de 106 mil 645.5 millones de pesos para el Ramo 20 (correspondiente a Desarrollo Social), lo que representa el 2.0% del gasto neto total, el cual asciende a 5 billones 236 mil 375.6 millones de pesos. Respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017, se propone un incremento nominal de 1.2%, equivalente a 1 mil 305.9 millones de pesos.

Se prevé que los recursos sean ejercidos a través de 25 programas presupuestarios correspondientes a: programas federales, desempeño de funciones, administrativos y de apoyo; con los cuales se pretende dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se establece que el desarrollo social es la prioridad para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos. Los principales programas federales destinados a erradicar la pobreza y la desigualdad son: PROSPERA Programa de Inclusión Social, Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V., Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V., Programa de Comedores Comunitarios, Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Pensión para Adultos Mayores, y Programa de Adquisición de Leche Nacional, los cuales representan el 92.1% del presupuesto total del Ramo 20.


24

Desarrollo Social

PROSPERA Programa de Inclusión Social tiene el objetivo de contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar. Para ello se propone ejercer un presupuesto de 46 mil 396.0 millones de pesos, mayor en 0.5% al aprobado para 2017. Es importante señalar que tan solo este programa concentra el 43.5%, del total propuesto para el Ramo 20.

El Programa de Pensión para Adultos Mayores busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, dada la vulnerabilidad que enfrenta este sector de la población, su objetivo es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. Para el ejercicio fiscal 2018 se propone ejercer un presupuesto de 39 mil 472.9 millones de pesos, mayor en 1.0% que lo aprobado para 2017, dicho monto representa el 37.0% del Ramo 20.


(Millones de Pesos)

Proporción

(%)

Proporción

Acumulada

106,645.5 100.0 0.0

Coordinación Nacional de PROSPERA


Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 758.1 0.7 44.2

S176 Pensión para Adultos Mayores 39,472.9 37.0 87.0

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 296.4 0.3 95.7

Instituto Nacional de la Economía Social

S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2,112.3 2.0 46.2

Dirección General de Políticas Sociales

S174Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras4,070.2 3.8 50.0

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 64.0 0.1 87.1

Diconsa, S.A. de C.V.

S053Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA)2,155.3 2.0 89.1

Liconsa, S.A. de C.V.

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,260.1 1.2 90.3

B004Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S.

A. de C. V.1,690.9 1.6 94.9

Dirección General de Participación Social

S279 Comedores Comunitarios 3,205.7 3.0 93.3

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

S057Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART)182.1 0.2 94.9

Unidad de Microrregiones

S061 Programa 3x1 para Migrantes 498.6 0.5 95.4

Instituto Nacional de Desarrollo Social

S070 Programa de Coinversion Social 208.1 0.2 95.9

S155Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas (PAIMEF)277.7 0.3 96.2

Entidades del Sector Desarrollo Social



(millones de pesos)

Desarrollo Social




25

Desarrollo Social

Para el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se propone ejercer un presupuesto de 4 mil 070.2 millones de pesos, cantidad mayor en 4.8% respecto a lo aprobado para 2017. El objetivo de este programa es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.

El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. contribuye a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que amplían las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que inciden positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la mejora de la seguridad alimentaria de la población en localidades con cobertura de tiendas Diconsa. Para el ejercicio fiscal 2018 se propone ejercer un presupuesto total de 2 mil 155.3 millones de pesos, el cual representa el incremento del 4.8% respecto al año anterior.

El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S. A. de C.V. al igual que el anterior, busca fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales y mejorar la nutrición de sus beneficiarios pertenecientes a los grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de pobreza. El presupuesto que se propone ejercer para 2018 asciende a 1 mil 260.1 millones de pesos, 4.8% mayor al aprobado para 2017.

Para el Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Linconsa, S.A. de C.V. se propone ejercer un presupuesto de 1 mil 690.9 millones de pesos, 3.0% mayor al presupuesto aprobado para el 2017; a través de este programa se adquiere leche de origen nacional para cubrir parte de la demanda del Programa de Abasto Social de Leche.

El Programa de Comedores comunitarios tiene como objetivo contribuir al desarrollo, fortalecimiento y consolidación de una estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y en cantidades suficientes a grupos poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, para lo cual se propone ejercer un presupuesto de 3 mil 205.7 millones de pesos, cantidad mayor en 4.8% al aprobado para el 2017. Este programa presupuestario fue el único que sufrió modificaciones en cuanto a su estructura programática, cambio de modalidad Otros Subsidios (U) del Pp U009 Comedores Comunitarios a Modalidad Sujeta a Reglas de Operación (S), para quedar como S279.


26

Desarrollo Social

El Programa de Pensión para Adultos Mayores y PROSPERA Programa de Inclusión Social representan el 80.5% del total del presupuesto propuesto para el Ramo 20 Desarrollo Social.

Para la mayoría de los programas presupuestarios del Ramo 20 se prevé tengan un incremento nominal respecto al presupuesto aprobado en 2017. De manera particular solo el programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), es el que tuvo una disminución del 12.5% respecto al aprobado el año anterior.

Clave Pp 2017 Programa Presupuestario 2017Clave Pp


U009 Comedores Comunitarios S279 Comedores Comunitarios Cambio de modalidad


MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2018, SECTOR DESARROLLO SOCIAL


PROSPERA Programa de Inclusión Social

43.5%

Pensión para Adultos Mayores

37.0%

Resto de programas de Desarrollo Social

19.5%

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PPEF 2018 SHCP


27

Desarrollo Social

PEF 2017 PPEF 2018 Absoluta (%) Nominal

105,339.6 106,645.5 1,305.9 1.2

Coordinación Nacional de PROSPERA

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 46,184.3 46,396.0 211.7 0.5

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 723.4 758.1 34.7 4.8

S176 Pensión para Adultos Mayores 39,100.5 39,472.9 372.4 1.0

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 282.9 296.4 13.5 4.8

Instituto Nacional de la Economía Social

S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2,015.8 2,112.3 96.5 4.8

Dirección General de Políticas Sociales

S174Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras3,884.2 4,070.2 186.0 4.8

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia** 63.4 64.0 0.6 0.9

Diconsa, S.A. de C.V.

S053Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA)2,056.8 2,155.3 98.5 4.8

Liconsa, S.A. de C.V.

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,202.5 1,260.1 57.6 4.8

B004Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S.

A. de C. V.1,641.7 1,690.9 49.2 3.0

Dirección General de Participación Social

S279 Comedores Comunitarios 3,059.2 3,205.7 146.5 4.8

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

S057Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART)173.7 182.1 8.4 4.8

Unidad de Microrregiones

S061 Programa 3x1 para Migrantes 475.8 498.6 22.8 4.8


S070 Programa de Coinversion Social 201.9 208.1 6.2 3.1

S155Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas (PAIMEF)**317.2 277.7 -39.5 -12.5

Entidades del Sector Desarrollo Social

Otros Programas 5,597.2 5,687.2 90.0 1.6


(millones de pesos)

Pp

Desarrollo Social

Variación 2017 vs 2018Ramo / Entidad / Programa



**El programa de Seguro de Vidas para Jefas de Fami l ia , a l igual que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) tuvieron una

ampl iacion determinada por la Cámara de Diputados por un monto de 50.0 y 52.2 mi l lones de pesos respectivamente.


28

Desarrollo Social

1.5. Instituciones Públicas de Seguridad Social

Para el ejercicio presupuestal 2018, en materia de Seguridad Social el Gobierno Federal (IMSS e ISSSTE) proyecta la asignación de recursos por 961 mil 916.8 millones de pesos, monto superior en 8.5% nominal respecto a lo autorizado para 2017, los cuales serán destinados a los principales programas y proyectos que ejercerán el IMSS e ISSSTE.

Para 2018 los rubros de Pensiones en curso de pago Ley 1973, (266 mil 214.2 millones de pesos) para el caso del IMSS, y de Pensiones y Jubilaciones, (194 mil 976.9 millones de pesos) en el caso del ISSSTE, continúan representando el monto más importante (461 mil 191.1 millones de pesos) de los recursos destinados a la Seguridad Social, al significar juntos el 48.0% del presupuesto total proyectado para estas. Asimismo, se observó un incremento de 10.6% respecto del presupuesto autorizado para 2017 (417 mil 104.9 millones de pesos). Además, si se consideran los conceptos restantes vinculados con pensiones del IMSS (Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS) y del ISSSTE, (Pensiones por Riesgos de Trabajo, Pensiones por


(Millones de Pesos)

Proporción

(%)

Proporción

Acumulada

(%)

Instituciones Públicas de Seguridad Social 961,916.8 100.0 0.0

IMSS 679,284.2 70.62 0.0

J001 Pensiones en Curso de Pago Ley 1973 266,214.2 39.2 39.2


J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 87,108.8 12.8 81.8

J004 Pago de Subsidios a los Asegurados 17,063.3 2.5 84.4

J002 Rentas Vitalicias Ley 1997 15,433.5 2.3 86.6

E007 Servicios de Guardería 11,908.2 1.8 88.4

E001 Prevención y Control de Enfermedades 6,260.1 0.9 89.3

E006 Recaudación de Ingresos Obrero Patronales 6,122.7 0.9 90.2

K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social 4,954.8 0.7 90.9

K029 Programas de Adquisiciones 3,522.0 0.5 91.5

E012 Prestaciones Sociales 2,079.4 0.3 91.8

Otros Programas del IMSS1/ 55,972.3 8.2 100.0

ISSSTE 282,632.5 29.4 0.0

J026 Pensiones y Jubilaciones 194,976.9 69.0 69.0


E018 Suministro de Claves de Medicamentos 15,122.2 5.4 83.0

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 14,771.0 5.2 88.2

M001 Actividades de Apoyo Administrativo 13,095.6 4.6 92.8

J025 Pensiones por Vejez 7,185.1 2.5 95.4

E043 Prevención y Control de Enfermedades 4,109.5 1.5 96.8

J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 3,146.2 1.1 97.9

E045 Prestaciones Sociales 2,498.5 0.9 98.8

J022 Pensiones por Causa de Muerte 1,024.8 0.4 99.2

J028 Pagos de Funeral 849.6 0.3 99.5

K011 Proyectos de Infraestructura Social 624.0 0.2 99.7

J024 Pensiones por Cesantía 260.9 0.1 99.8

Otros Programas del ISSSTE1/ 596.6 0.2 100.0



1/ La clas i ficación de los recursos restantes , se detal lan en el Anexo correspondiente a l "Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación 2018, (Programas Presupuestarios en Clas i ficacón Económica)" de la SHCP.

Pp: Clave del Programa Presupuestal .


29

Desarrollo Social

Cesantía y Pensiones por vejez), su relevancia en el monto asignado a los programas de seguridad social aumenta a 58.1% (558 mil 892.1 millones de pesos). Por lo que toca al rubro de Atención a la Salud, que en el caso del IMSS su proyecto de presupuesto significa 29.8% de su presupuesto proyectado y en el caso del ISSSTE 8.6%; ambos representan el 23.6% del total del presupuesto proyectado a las Instituciones de Seguridad Social.

— IMSS El presupuesto proyectado para el Instituto en 2018 asciende a 679 mil 284.2 millones de pesos, superior en 9.1% nominal que el autorizado en el ejercicio 2017. El presupuesto del Instituto está alineado al logro de los objetivos 2.3 “Asegurar el acceso a los servicios de salud” y 2.4 “Ampliar el acceso a la seguridad social”, ambos vinculados con la Meta Nacional del PND 2013 - 2018 de “Un México Incluyente” y con algunos de los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 (PROSESA). Destacan como objetivos institucionales los siguientes: 1) Contribuir a la universalización del acceso a la salud, 2) Fortalecer los ingresos, 3) Incrementar la

2017

PEF

2018

PPEFAbsoluta (%) Nominal

Instituciones Públicas de Seguridad Social 886,271.7 961,916.8 75,645.1 8.5

IMSS 622,682.5 679,284.2 56,601.7 9.1

J001 Pensiones en Curso de Pago Ley 1973 237,158.0 266,214.2 29,056.2 12.3

E011 Atención a la Salud 191,577.2 202,644.9 11,067.7 5.8

J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 80,870.6 87,108.8 6,238.2 7.7

J004 Pago de Subsidios a los Asegurados 16,057.3 17,063.3 1,006.0 6.3

J002 Rentas Vitalicias Ley 1997 15,247.9 15,433.5 185.6 1.2

E007 Servicios de Guardería 10,695.8 11,908.2 1,212.4 11.3

E001 Prevención y Control de Enfermedades 5,227.8 6,260.1 1,032.3 19.7

E006 Recaudación de Ingresos Obrero Patronales 6,207.5 6,122.7 -84.8 -1.4

K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social 3,634.0 4,954.8 1,320.8 36.3

K029 Programas de Adquisiciones 3,387.0 3,522.0 135.0 4.0

E012 Prestaciones Sociales 1,723.7 2,079.4 355.7 20.6

Otros Programas del IMSS1/ 50,895.7 55,972.3 5,076.6 10.0

ISSSTE 263,589.2 282,632.5 19,043.3 7.2

J026 Pensiones y Jubilaciones 179,946.9 194,976.9 15,030.0 8.4

E044 Atención a la Salud 26,601.2 24,371.6 -2,229.6 -8.4

E018 Suministro de Claves de Medicamentos 14,540.9 15,122.2 581.3 4.0

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 14,349.4 14,771.0 421.6 2.9

M001 Actividades de Apoyo Administrativo 12,515.5 13,095.6 580.1 4.6

J025 Pensiones por Vejez 6,912.4 7,185.1 272.7 3.9

E043 Prevención y Control de Enfermedades 1,002.1 4,109.5 3,107.4 310.1

J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 3,027.0 3,146.2 119.2 3.9

E045 Prestaciones Sociales 2,422.5 2,498.5 76.0 3.1

J022 Pensiones por Causa de Muerte 24.1 1,024.8 1,000.7 4,152.3

J028 Pagos de Funeral 817.6 849.6 32.0 3.9

K011 Proyectos de Infraestructura Social 600.0 624.0 24.0 4.0

J024 Pensiones por Cesantía 251.3 260.9 9.6 3.8

Otros Programas del ISSSTE1/ 578.3 596.6 18.3 3.2

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, SHCP; y Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, SHCP.

COMPARATIVO DE PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Y SUS PROYECTOS DE PRESUPUESTO, EJERCICIOS 2017-2018(Millones de Pesos)

Pp: Clave del Programa Presupuestal .

Ramo / Entidad / ProgramaPp

Presupuesto Variación 2018 vs 2017

1/ La clas i ficación de los recursos restantes , se detal lan en el Anexo correspondiente a l "Proyecto de Presupuesto

de Egresos de la Federación 2018, (Programas Presupuestarios en Clas i ficacón Económica)" de la SHCP.


30

Desarrollo Social

productividad, 4) Mejorar el modelo de atención a la salud, y 5) Mejorar la atención de las prestaciones económicas y sociales. Para efectos del PPEF 2018, se fijan diversas estrategias, indicadores y metas de evaluación alineados con los objetivos previamente señalados. Entre las más relevantes, destacan:

1. Implementar una estrategia de prestación de servicios para la provisión sistemática y ordenada de las acciones preventivas, a fin de lograr:

• Incrementar la cobertura a un 66.50% de los derechohabientes con atención

integral del PREVENIMSS. • Reducir a 5 defunciones por cada cien mil mujeres de 25 años y más la tasa de

mortalidad por cáncer cérvico uterino.

2. Garantizar el suministro de medicamentos e insumos con oportunidad y eficacia, para lo que se busca obtener: • Que el 97.71% de las recetas de medicamentos otorgadas a los derechohabientes

sean atendidas.

3. Mejorar de manera continua los procesos de Atención Integral a la Salud, con el fin de: • Aumentar a 83.36% el control adecuado de hipertensión arterial sistémica en

Medicina Familiar; • Aumentar a 41% el control adecuado de glucemia en ayuno (70 -130 mg/dl) de

los pacientes Diabetes mellitus tipo 2.

4. Favorecer la proyección laboral de la madre trabajadora y contribuir al desarrollo integral del niño a través de la instalación de guarderías:

• Incrementar en 23.44% la cobertura de demanda del servicio de guarderías.

5. Incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la

implementación de buenas prácticas de recaudación que disminuyan la elusión y evasión de obligaciones en el mercado laboral:

• Incremento bienal del 13.35% los ingresos obrero patronales del Seguro Social. • Incremento bienal del 5.94 el número de asegurados trabajadores. • Incremento bienal del 7.57% el salario base asociado a asegurados trabajadores.

De acuerdo con el Gobierno Federal, la asignación que se propone para el IMSS en el ejercicio 2018 permitirá consolidar los avances logrados en el desempeño institucional, en el otorgamiento de los servicios y en el impulso a los resultados.


31

Desarrollo Social

— ISSSTE

El PPEF 2018 tiene programado asignar al ISSSTE, 282 mil 632.5 millones de pesos para el otorgamiento de servicios médicos, sociales y culturales, 7.2% superior en términos nominales respecto a lo aprobado para el periodo 2017 (263 mil 589.2 millones de pesos). Para brindar la protección integral a los derechohabientes, el ISSSTE contaría con 20 servicios, seguros y prestaciones, que buscaran asegurar la eficiencia de la administración y el otorgamiento de los servicios, así como garantizar el mismo con calidad y cobertura. Bajo este contexto, se prevé asignar recursos a los servicios de Atención a la Salud, por 24 mil 371.6 millones de pesos, menor en 8.3% a lo aprobado el en el ejercicio 2017 (26 mil 601.2 millones de pesos). Monto que de acuerdo con el Gobierno Federal, también considera la transición demográfica, debido a su estrecha relación con la transición epidemiológica. El programa busca contribuir al aseguramiento del acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de casos de enfermedades tratables no controladas. Por lo que respecta a la medicina preventiva (Prevención y Control de Enfermedades), que se centra en proteger, promover y mantener la salud y el bienestar, se prevé un considerable incremento en su presupuesto de 310.1% (4 mil 109.5 millones de pesos) respecto de 2017 (1 mil 000.7 millones de pesos), con lo que el Instituto considera fortalecer las acciones y campañas masivas para reorientar los patrones de conducta en la prevención y control de enfermedades. El objetivo de este programa tiene como fin, contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la disminución de casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles. En cuanto al Suministro de Claves de Medicamentos, el Gobierno Federal prevé asignar 15 mil 122.2 millones de pesos superior en 4.0% respecto al presupuesto ejercido en 2017, el objetivo de este programa tiene como fin, contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el surtimiento completo y oportuno de los medicamentos adquiridos por el Instituto. Otro rubro a destacar en el proyecto de presupuesto del ISSSTE es el de Pensiones por causa de muerte, que prevé una asignación de 1 mil 024.8 millones de pesos, un incremento de 4,152.3% nominal en relación con lo aprobado para el ejercicio 2017 (24.1 millones de pesos). Al respecto, destaca que la SHCP no precise detalle alguno sobre la estrategia o justificación relativa a dicho incremento.


32

Desarrollo Social

2. Datos Básicos de los Informes Individuales de Auditorías

2.1. Auditorías practicadas

De conformidad con la segunda entrega de los informes individuales de auditorías de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 40 auditorías a 25 entes vinculados con funciones de Desarrollo Social, lo que representa 6.0% del total de auditorías practicadas en esta segunda entrega (664 auditorías).

En la fiscalización superior del grupo funcional de Desarrollo Social, el sector Salud fue objeto del mayor número de auditorías en esta segunda entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016, con un total de 14 (35.0% del total del grupo funcional); seguida de Educación con 11 (27.5%); Entidades No Coordinadas Sectorialmente con seis (15.0%); Desarrollo Social con cinco (12.5%); Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con tres auditorías (7.5%); y Cultura con una auditoría (2.5%).

Por tipo de auditoría, en el grupo funcional de Desarrollo Social se identifican 23 auditorías de regularidad, conformadas por 22 Financieras y de Cumplimiento y una de Inversiones Físicas, que equivalen a 57.5% del total de auditorías practicadas a este grupo funcional. Asimismo, se practicaron 2 auditorías forenses, una a la Universidad Politécnica del sur de Zacatecas y otra a la Universidad Tecnológica de Salamanca.

N° SECTOR / ENTE DESEMPEÑO

FINANCIERA

CON ENFOQUE

DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

DE POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIOFINANCIERAS Y DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES

FÍSICASFORENSES TOTAL

38 330 0 2 245 47 2 664

15 0 0 0 22 1 2 40

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 5 0 0 0 5 1 0 11

53 Secretaria de Educación Pública 4 3 7

54 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 1 1 2

55 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1 1

56 Instituto Politécnico Nacional 1 1

SECTOR CULTURA 0 0 0 0 1 0 0 1

57 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 1 0 2 3

58 Universidad Nacional Autónoma de México 1 1

59 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1 1

60 Universidad Tecnológica de Salamanca 1 1

SECTOR SALUD 7 0 0 0 7 0 0 14

61 Secretaría de Salud 1 1

62 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1 1

63 Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios 1 1

64 Comisión Nacional para la Protección Social en Salud 2 2

65 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 1

66 Instituto Nacional de Cancerología 1 1 2

67 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 1

68 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1 1

69 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 1 1

70 Instituto Nacional de Geriatría 1 1

71 Instituto Nacional de Pediatría 1 1

72 Instituto Nacional de Salud Pública 1 1

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 3 0 0 0 2 0 0 5

73 Secretaría de Desarrollo Social 2 2 4

74 Instituto Nacional de Desarrollo Social 1 1

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 0 0 0 0 6 0 0 6

75 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1

76 Instituto Mexicano del Seguro Social 4 4

77Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado1 1

Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/

TOTAL


1/. Segunda entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Públ ica 2016.


33

Desarrollo Social

Fueron practicadas también 15 auditorías de desempeño al grupo funcional de Desarrollo Social, que representan 37.5% del total de las auditorías que se le practicaron, lo que significó que de cada 10 auditorías practicadas a este grupo funcional, poco más de la tercera parte fueron de desempeño.

Entre los temas abordados en las 40 auditorías practicadas en los sectores que conforman el grupo funcional de Desarrollo Social, destacan los siguientes:

Las entidades del grupo funcional con mayor número de auditorías practicadas son las siguientes: la SEP con siete auditorías; el IMSS con cuatro y la SEDESOL con cuatro auditorías cada una. En conjunto, estas cuatro entidades comprenden 37.5% del total correspondiente al grupo funcional.

En promedio fueron practicadas 1.6 auditorías por entidad fiscalizada en el grupo funcional de Desarrollo Social.

● Construcción de Planteles de Educación Media

Superior, en los Estados de Guanajuato y Baja California

● Evaluación del Control Interno al Proceso de

Adquisición de Medicamentos● PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente

Educativo

● Aportaciones a Organismos Internacionales y Gastos de

Comunicación Social● Avance Financiero de la Inversión en Infraestructura

Educativa Nacional (Escuelas al Cien)

● Insumos para el Control de la Obesidad, Diabetes y

Riesgo Cardiovascular

● Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Modalidad

Tecnológica y Universitaria

● Ingresos por Derechos por Autorizaciones en Materia

Sanitaria

● Diseño de la Política de Educación Media Superior

● Diseño de la Política de Educación Básica

● Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

● Gestión Financiera para la Prestación de Servicios de Salud

● Inclusión y Equidad Educativa

● Erogaciones por Servicios y Subsidios para Becas

● Programa 3x1 para Migrantes

● Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

● Erogaciones por Servicios ● Prestaciones del IMSS a través de Fondos y

● Pensión para Adultos Mayores ● Programa "A Todo Corazón"-"Código Infarto"

● Programa de Coinversión Social ● Ingresos por Bursatilización (Fondo de Vivienda)

● Adquisición de Material de Titanio para la Atención de

los Derechohabientes

● ● Impulso al Desarrollo de la Cultura

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de los infomes individuales Segunda entrega de la IRFSCP 2016

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos

Específicos Suscritos con la Administración Pública

Sector Salud

Gestión Financiera del Programa de Salud IMSS-

PROSPERA

Intervenciones Cubiertas con el Fondo de Protección

contra Gastos Catastróficos en el Estado de Guanajuato

Sector Desarrollo Social

Sector Cultura

Sector Educación

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)

Aseguramiento Integral, Arrendamiento de Bienes

Inmuebles, Cuotas y Aportaciones a Organismos

Internacionales

●

●

Entidades no Coordinadas Sectorialmente

●


34

Desarrollo Social

2.2. Observaciones-Acciones emitidas

Derivado de las 40 auditorías practicadas a entidades del grupo funcional de Desarrollo Social, la ASF determinó 294 observaciones que, por su parte, dieron lugar a la promoción de 519 acciones, compuestas por: 332 acciones preventivas (193 recomendaciones y 139 recomendaciones al desempeño) y 187 acciones correctivas.

De las 187 acciones correctivas promovidas a este grupo funcional, 108 corresponden a Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS); 72 a Pliegos de Observaciones (PO); tres Multas (M); dos Solicitudes de Aclaración (SA); y dos Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF); por probables daños al patrimonio de la Hacienda Pública Federal.

Por sector del grupo funcional, el que fue objeto de un mayor número de observaciones-acciones determinadas fue el sector Salud, con 89 observaciones y 148 acciones; seguido del sector Educación con 66 observaciones y 103 acciones; el sector Desarrollo Social con 51 observaciones y 107 acciones; y las Entidades no Coordinadas Sectorialmente, con 45 observaciones y 96 acciones.

R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL

664 2,642 1,287 300 41 238 798 797 4 2,178

40 294 193 139 2 2 108 72 3 519

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 11 66 23 48 0 2 15 15 0 103

53 Secretaria de Educación Pública 7 42 13 38 6 11 68

54 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2 8 3 2 5 1 11

55 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1 6 10 10

56 Instituto Politécnico Nacional 1 10 7 4 3 14

SECTOR CULTURA 1 29 14 0 0 0 19 9 0 42

57 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 29 14 19 9 42

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3 14 3 0 2 0 2 13 3 23

58 Universidad Nacional Autónoma de México 1 2 1 1 2

59 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1 5 1 1 1 4 1 8

60 Universidad Tecnológica de Salamanca 1 7 1 1 1 8 2 13

SECTOR SALUD 14 89 61 39 0 0 35 13 0 148

61 Secretaría de Salud 1 7 2 6 4 12

62 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1 10 7 7 2 16

63 Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios 1 3 3 1 4

64 Comisión Nacional para la Protección Social en Salud 2 7 10 9 19

65 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 22 20 12 7 39

66 Instituto Nacional de Cancerología 2 19 19 8 27

67 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 4 4 4

68 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1 069 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 1 5 9 9

70 Instituto Nacional de Geriatría 1 5 7 7

71 Instituto Nacional de Pediatría 1 7 11 11

72 Instituto Nacional de Salud Pública 1 0

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 5 51 26 52 0 0 16 13 0 107

73 Secretaría de Desarrollo Social 4 41 26 36 16 13 91

74 Instituto Nacional de Desarrollo Social 1 10 16 16

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 6 45 66 0 0 0 21 9 0 9675 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 3 9 3 3 15

76 Instituto Mexicano del Seguro Social 4 35 52 17 6 75

77Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado1 7 5 1 6

R. Recomendación.

RD. Recomendación al Desempeño.

PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

SA. Solicitud de Aclaración.

PRAS. Promoción de Responsabilidad de Administrativa Sancionatoria.

PO. Pliego de Observaciones.

M. Multa

OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/

TOTAL


ACCIONES



REVISIONES OBSERVACIONESN° SECTOR / ENTE


35

Desarrollo Social

Las entidades del grupo funcional de Desarrollo Social con mayor número de observaciones-acciones promovidas son: SEDESOL con 41 observaciones y 91 acciones; IMSS con 35 observaciones y 75 acciones promovidas y SEP con 42 observaciones y 68 acciones.

En términos relativos, la mayor incidencia de irregularidades por auditoría practicada se identificó en las siguientes entidades: al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les fueron detectadas 29 irregularidades por auditoría practicada; al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 22 irregularidades por auditoría practicada; y al Instituto Politécnico Nacional, al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SEDESOL, e Instituto Nacional de Desarrollo Social, les fueron detectadas 10 irregularidades a cada una por auditoría practicada.

En promedio la ASF determinó 7.4 observaciones y 13.0 acciones por revisión practicada; 11.8 observaciones y 20.8 acciones por entidad fiscalizada (del grupo funcional), y 1.8 acciones por observación determinada en el grupo funcional.


36

Desarrollo Social

2.3. Recuperaciones determinadas

Como resultado de las auditorías practicadas a entes vinculados con funciones de Desarrollo Social en la segunda entrega, la ASF determinó recuperaciones por un monto de 562.1 millones de pesos, de los cuales, 1.4 millones de pesos se reportan como operadas (0.3%) y 560.6 millones de pesos como recuperaciones probables (99.7%)2.

Las recuperaciones determinadas por la ASF en la fiscalización efectuada a funciones de Desarrollo Social se conforman de la siguiente manera: 282.2 millones de pesos corresponden al Sector Educación Pública (50.3%); 103.2 millones de pesos a IPES (18.3%); 75.7 millones de pesos corresponden al Sector Salud (13.5%); 55.3 millones de pesos al Sector Desarrollo Social (9.8%); 31.1 millones de pesos a Entidades no Coordinadas Sectorialmente (5.8%), y Cultura 13.1 millones de pesos (2.3%).

2 Las recuperaciones determinadas no implican necesariamente resarcimientos o daños patrimoniales al erario, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, ya que su situación definitiva es determinada una vez que los entes fiscalizados entregan, en el lapso de los 30 días hábiles que les confiere la Ley, las evidencias y documentación soporte respectivos.

N° SECTOR / ENTE Probables Operadas TOTAL

28,603,689.2 355,053.7 28,958,742.9

560,687.8 1,489.5 562,177.3

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 282,272.9 682.5 282,955.4

1 Secretaria de Educación Pública 265,274.2 265,274.2

2 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 1,455.9 682.5 2,138.4

3 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 0.0

4 Instituto Politécnico Nacional 15,542.8 15,542.8

SECTOR CULTURA 13,135.1 0.0 13,135.1

5 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 13,135.1 13,135.1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 103,161.6 0.0 103,161.6

6 Universidad Nacional Autónoma de México 106.9 106.9

7 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 58,596.9 58,596.9

8 Universidad Tecnológica de Salamanca 44,457.8 44,457.8

SECTOR SALUD 75,731.3 0.0 75,731.3

9 Secretaría de Salud 6,493.8 6,493.8

10 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 42,909.7 42,909.7

11 Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios 0.0

12 Comisión Nacional para la Protección Social en Salud 0.0

13 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 26,327.8 26,327.8

14 Instituto Nacional de Cancerología 0.0

15 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 0.0

16 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 0.0

17 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 0.0

18 Instituto Nacional de Geriatría 0.0

19 Instituto Nacional de Pediatría 0.0

20 Instituto Nacional de Salud Pública 0.0

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 55,274.3 5.7 55,280.0

21 Secretaría de Desarrollo Social 55,274.3 5.7 55,280.0

22 Instituto Nacional de Desarrollo Social 0.0

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 31,112.6 801.3 31,913.9

23 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 29,031.2 29,031.2

24 Instituto Mexicano del Seguro Social 2,081.4 776.1 2,857.5

25 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 25.2 25.2

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 20161/

(Miles de Pesos)



TOTAL



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Desarrollo Social

El 92.8% de las recuperaciones determinadas en el grupo funcional de Desarrollo Social (521.8 millones de pesos) se concentró en las siguientes siete entidades: SEP, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Universidad Tecnológica de Salamanca, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, SEDESOL e IMSS; destacando las determinadas en la SEP, donde tan solo sus recuperaciones significaron cerca de la mitad de las recuperaciones determinadas en el grupo (47.2% equivalente a 265.2 millones de pesos).

Las auditorías de las cuales se derivan los mayores montos de recuperaciones determinadas, son los siguientes:

SEP. Inclusión y Equidad Educativa. (148-DS), recuperaciones determinadas por

168.4 millones de pesos; SEP. Aseguramiento integral, Arrendamiento de Bienes inmuebles, Cuotas y

Aportaciones a Organismos Internacionales. (134-DS), recuperaciones determinadas por 96.8 millones de pesos;

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Convenios de Coordinación y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros. (197-DS), recuperaciones determinadas por 58.5 millones de pesos;

Universidad Tecnológica de Salamanca. Convenios de Coordinación y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros. (199-DS), recuperaciones determinadas por 44.4 millones de pesos;

CENAPRECE. Insumos para el Control de la Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular. (213-DS), recuperaciones determinadas por 42.9 millones de pesos.

SEDESOL. Erogaciones por Servicios. (259-DS) recuperaciones determinadas por 30.6 millones de pesos.

ISSSTE. Adquisición de Material de Titanio para la Atención de los Derechohabientes. (1799-DS) recuperaciones determinadas por 29.0 millones de pesos.

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Gestión Financiera para la prestación de servicios de salud. (223-DS) recuperaciones determinadas por 26.3 millones de pesos.

SEDESOL. Pensión para Adultos Mayores. (261-DS) recuperaciones determinadas por 24.6 millones de pesos.


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Desarrollo Social

3. Resultados relevantes de los Informes Individuales de Auditorias

3.1. Educación

Secretaría de Educación Pública. “Diseño de la Política de Educación Básica y Educación Media Superior”. Auditoría Horizontal. Dos auditorías de Desempeño, No. 140 y 141. Educación Básica. Auditoría No. 140 Objetivo: Fiscalizar el diseño de la política de educación básica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Deficiencias en el proceso de la planeación de la política de educación básica. La SEP no dispuso de lineamientos en los que se establecieran los procedimientos que debía realizar para coordinar las actividades de planeación conforme a los objetivos, estrategias y prioridades determinados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, para los diversos tipos, niveles y modalidades de educación, así como para el sector educativo en su conjunto, y de contribuir al desarrollo y coordinación de un sistema nacional de planeación, en el que participen las subsecretarías y los órganos administrativos desconcentrados de la SEP, las entidades paraestatales sectorizadas a ella, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo anterior a pesar de que la dependencia contó con el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE), que es una herramienta para la programación anual. De igual manera, la ASF constató que la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa SIGED de la SEP aún no cuenta con el “Modulo de Gestión Educativa” y el “Módulo Analítico”; dichos módulos son necesarios para regular y proporcionar soluciones de automatización a las escuelas de educación básica, Así mismo se careció de un programa en el que se establezcan los plazos para su conclusión, no obstante, la SEP operó el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), con el objetivo de proporcionar información al Sistema Educativo Nacional (SEN), que permita su planeación, operación, administración y evaluación. El SIGED es una plataforma que contiene estadísticas, por entidad federativa y municipio, del número de alumnos, docentes y escuelas de educación básica, del ciclo escolar 2006-2007 al 2015-2016. Información contenida en la plataforma del SIGED sin difusión. La SEP publicó el documento denominado “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016”, con base en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), el cual se difundió a las autoridades educativas federales y locales, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el propósito de presentar los datos estadísticos para apoyar las tareas de planeación, programación, evaluación y rendición de cuentas.


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Desarrollo Social

Ausencia de indicadores y metas para evaluar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. Los indicadores y metas tienen por objeto permitir el mejoramiento de la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo Nacional (SEN), no obstante, se analizaron los resultados de la prueba “Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes” (PLANEA) del ciclo escolar 2015-2016. En el caso de primaria, del ciclo 2014-2015 al 2015-2016, el porcentaje de alumnos que obtuvo el grado I, el mínimo logro académico en la prueba, en comunicación y lenguaje, disminuyó 8.6 puntos porcentuales, al pasar de 49.5% a 40.9%, mientras que en el mejor logro académico (nivel IV), aumentó en 4.0 puntos porcentuales, al pasar de 2.6% a 6.6%; en matemáticas, el porcentaje de alumnos con el mínimo logro académico (nivel I) disminuyó 12.1 puntos porcentuales, al pasar de 60.5% a 48.4%, mientras que en el nivel IV, aumentó en 7.7 puntos porcentuales, al pasar de 6.8% a 14.5%. Incumplimiento de metas en el ciclo escolar 2015-2016. La tasa de escolarización en preescolar, del ciclo 2010-2011 al 2015-2016, se incrementó en 1.0%, en promedio anual, al pasar de 68.9% a 72.5%; en primaria, del ciclo 2010-2011 al 2015-2016, se mantuvo por arriba del 100.0%, y en secundaria, en el ciclo 2015-2016, la tasa se ubicó en 101.6%; 19 entidades federativas (59.4%) registraron tasas de escolarización superiores al 100.0%, y 13 (40.6%), coberturas de 96.0%. La tasa de abandono escolar en primaria fue de 0.5%, superior en 0.1 puntos porcentuales a la programada por la SEP, de 0.6%. En este ciclo, de las 32 entidades federativas, 22 (68.7%) lograron mantener su tasa por debajo de esta meta; mientras que 10 (31.3%) presentaron tasas superiores a las programadas. En secundaria, la tasa de abandono escolar, en el ciclo 2015-2016, se ubicó en 4.2%, superior en 0.8 puntos porcentuales a la programada por la SEP, de 5.0%. En este ciclo, 24 entidades federativas (75.0%) mantuvieron la tasa de abandono por debajo de la meta programada; mientras que 8 (25.0%) superaron dicha meta. Insuficiencia de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 2016 en el programa “Diseño de la Política Educativa”. La MIR elaborada por la SEP que tiene definido el problema central como “el diseño de la política educativa se sustenta en procesos de planeación débiles y en información insuficiente”, no aborda todas las variables que intervienen en el problema, tales como la falta de un sistema para la planeación, que permita visualizar la implementación de la política educativa y medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y de la programación sectorial, así como de los programas presupuestarios; de un sistema único que concentre la información del Sistema Educativo Nacional (SEN), para la toma de decisiones, y de una evaluación del sistema, que retroalimente el diseño de la política educativa. En términos generales, los 9 objetivos y los 10 indicadores del programa presupuestario P001 “Diseño de la Política Educativa”, contenidos en la MIR 2016, fueron insuficientes para realizar una valoración completa del desempeño del programa en la atención del problema. Reducción del presupuesto asignado al programa “Diseño de la Política Educativa. Los recursos erogados por la SEP en 2016, en dicho programa ascendieron a 70.5 millones de pesos, inferiores en 71.8% (179.2 millones de pesos) a los 249.6 millones de pesos aprobados originalmente. El 5.3% (3.7 millones de pesos) lo ejerció la Subsecretaría de Educación Básica y


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Desarrollo Social

el 94.7% (66.7 millones de pesos), la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, que son las responsables del diseño de la política de educación básica. Las reducciones aplicadas al presupuesto se destinaron al pago de: un contrato para brindar los servicios del Sistema de Información y Gestión Educativa; eventos educativos; impresión de libros de texto; impuestos sobre nómina, y arrendamiento de edificios y locales, energía eléctrica, y vigilancia. Consecuencias Sociales: Las deficiencias en el diseño de planeación, seguimiento, difusión y evaluación limitaron el avance en el cumplimiento del fin último de la política de educación básica, de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a los alumnos matriculados en el ciclo escolar 2015-2016, ya que, en primaria, el 40.9% de los evaluados en lenguaje y comunicación logró el nivel más bajo (nivel I), y en matemáticas, el 48.4%; en secundaria, el 26.1% de los alumnos evaluados en lenguaje y comunicación se ubicó en el grado más bajo (nivel I), y en matemáticas, el 48.3%. Respecto de la tasa de escolarización, en el ciclo 2015-2016, en preescolar, la media nacional fue de 72.5%; en primaria, fue superior al 100.0%, y en secundaria, la tasa se ubicó en 101.6%; 19 entidades federativas (59.4%) registraron coberturas de alumnos inscritos superiores al 100.0% y 13 (40.6%) no alcanzaron dicha tasa. La tasa de abandono escolar, en el ciclo escolar 2015-2016, en primaria, fue de 0.5%, superior en 0.1 puntos porcentuales que el 0.6% programado, pero, de las 32 entidades federativas, 10 (31.3%) no alcanzaron lo programado, y en secundaria, la tasa se ubicó en 4.2%, porcentaje superior en 0.8 puntos porcentuales al 5.0% previsto, aunque 8 entidades federativas (25.0%) no alcanzaron lo programado. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el problema relativo a que el diseño de la política de educación básica se sustentaba en un proceso de planeación débil y en información insuficiente, lo cual propició un escaso seguimiento de la política educativa federal y una limitada comunicación del quehacer de la SEP, persistió, ya que no se dispuso de lineamientos para regular los procesos de planeación, seguimiento y evaluación en los que se establecieran los procedimientos y responsabilidades de cada unidad administrativa que participa en dichos procesos, y el Sistema de Información y Gestión Educativa, que tiene la finalidad de ofrecer al SEN información para la planeación, operación, administración y evaluación, aún no está concluido; lo anterior ha limitado la retroalimentación del diseño de la política, lo que incide en el marginal avance en la mejora de la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad de la educación básica. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 7 Recomendaciones al Desempeño. Educación Media Superior. Auditoría No. 141 Objetivo: Fiscalizar el diseño de la política de educación media superior para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Deficiencias en el proceso de la planeación de la política de educación media superior. La SEP contó con el Sistema para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE), que es una herramienta para la programación anual; sin embargo, careció de lineamientos en los que se definieran los


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procedimientos que debía realizar para cumplir con las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública de coordinar las actividades de planeación de la SEP, conforme a los objetivos, estrategias y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, para los diversos tipos, niveles y modalidades de educación, así como para el sector educativo en su conjunto. Con la información disponible, no fue posible determinar en qué medida los programas presupuestarios contribuyeron al logro de los objetivos y metas; asimismo, la SEP no acreditó disponer de instrumentos para mejorar el proceso de planeación, que promueva el desarrollo del sistema educativo. Por su parte, la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa SIGED, de la SEP aún no cuenta con el “Modulo de Gestión Educativa” y el “Módulo Analítico”, ni con los plazos para su conclusión. Los módulos son necesarios para regular y proporcionar soluciones de automatización a las escuelas, así mismo, careció de un programa en el que se establezcan los plazos para su conclusión. El SIGED es una plataforma que contiene estadísticas, por entidad federativa y municipio, del número de alumnos, docentes y escuelas de educación media superior, del ciclo escolar 2006-2007 al 2015-2016. Insuficiente difusión de la información que contiene la plataforma del SIGED. La SEP, con base en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), publicó el documento denominado “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016”, el cual se difundió a las autoridades educativas federales y locales, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el propósito de presentar los datos estadísticos para apoyar las tareas de planeación, programación, evaluación y rendición de cuentas. Carencia de procedimiento para constatar cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Educación (PSE). En cuanto al seguimiento de la implementación del PSE, la SEP, por medio del SIPSE, registró y monitoreo los resultados de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados; además, integró y publicó el Informe de Logros del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, que presenta las principales actividades realizadas y los resultados obtenidos por objetivo sectorial, y hasta nivel de estrategia del programa Falta de indicadores para evaluar contribución en la mejora de los servicios de educación media superior. Se analizaron los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), registrados durante los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016, los cuales reflejan que, a 2016, no se observó un efecto del diseño de la política de educación media superior en el fortalecimiento de la calidad de la educación media superior, ya que, del ciclo 2014-2015 al 2015-2016, el porcentaje de alumnos en el nivel IV de logro académico, que representa el mayor nivel, en el área de comunicación y lenguaje, disminuyó en 3.2 puntos porcentuales, al pasar de


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12.2% a 9.0%; en tanto que en el área de matemáticas, el porcentaje de alumnos en el nivel IV se mantuvo prácticamente constante, al pasar de 6.4% a 6.3%. Resultados no cumplen con las metas establecidas el ciclo escolar 2015-2016. La tasa de abandono escolar fue de 12.1%, 0.9 puntos porcentuales inferior al 11.2% programado. En ese ciclo, 8 entidades federativas (25.0%) cumplieron la meta establecida, mientras que 24 (75.0%), no la alcanzaron. De acuerdo con la proyección realizada por la SEP, para el ciclo 2017-2018, la tasa de abandono escolar se colocará en 11.4%, 2.4 puntos porcentuales inferior a la meta prevista de 9.0%; asimismo, para el indicador “tasa bruta de escolarización de educación media superior para los primeros cuatro deciles de ingreso monetario per cápita”, en el ciclo 2015-2016, la SEP reportó que el 69.5% de los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, pertenecientes a familias ubicadas en el decil I al IV de ingreso per cápita (2,517,397 de los 3,624,990 jóvenes), estuvieron matriculados, lo que significó un cumplimiento del 100.0% de lo programado; sin embargo la SEP, no acreditó disponer de la información para sustentar lo reportado. Si bien en el diseño de la política se incluyeron indicadores para medir la inclusión y la equidad educativa, éstos no son suficientes, ya que no permiten valorar en qué medida se está dando trato igual, en cuanto al acceso, permanencia, aprendizaje y éxito en el sistema educativo para todos, sin distinción alguna. Insuficiencia de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa “Diseño de la Política Educativa”. Si bien en el árbol del problema se incluyen algunas de las causas y efectos del problema central, definido como “el diseño de la política educativa se sustenta en procesos de planeación débiles y en información insuficiente”, no aborda todas las variables que intervienen en el problema, tales como la falta de un sistema para la planeación, que permita visualizar la implementación de la política educativa y medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y de la programación sectorial, así como de los programas presupuestarios; de un sistema único que concentre la información del Sistema Educativo Nacional (SEN), para la toma de decisiones, y de una evaluación del sistema, que retroalimente el diseño de la política educativa. Consecuencias Sociales : Las deficiencias en el diseño de la política de educación media superior, en los procesos de planeación, seguimiento, difusión y evaluación, limitaron el avance en el cumplimiento del fin último de la política, de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a los 4,985,080 alumnos de ese nivel educativo, matriculados en el ciclo escolar 2015-2016, lo que se reflejó en que, del ciclo 2014-2015 al 2015-2016, el porcentaje de alumnos en el nivel IV de logro académico, que representa el mayor nivel, en el área de comunicación y lenguaje, disminuyó en 3.2 puntos porcentuales; en tanto que, en el área de matemáticas, el porcentaje de alumnos en el nivel IV se mantuvo prácticamente constante, al pasar de 6.4% a 6.3%; para el ciclo escolar 2015-2016, la tasa de escolarización de educación media superior fue de 74.2%, dos puntos porcentuales más que la meta establecida de 72.2%, donde 19 entidades federativas (59.4%) superaron la meta prevista y 13 (40.6%), no la alcanzaron, y la tasa de abandono escolar fue de 12.1%, 0.9 puntos porcentuales, inferior al 11.2% programado.


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Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2016, el problema relativo a que el diseño de la política de educación media superior se sustentaba en un proceso de planeación débil y en información insuficiente, lo cual propició un escaso seguimiento de la política educativa federal y una limitada comunicación del quehacer de la SEP, persistió, ya que no se dispuso de lineamientos para regular los procesos de planeación, seguimiento y evaluación, en los que se establecieran los procedimientos y responsabilidades de cada unidad administrativa que participa en dichos procesos, y el Sistema de Información y Gestión Educativa, que tiene la finalidad de ofrecer al SEN información para la planeación, operación, administración y evaluación, aún no está concluido; lo anterior ha limitado la retroalimentación del diseño de la política, lo que incide en el marginal avance en la mejora de la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad de la educación media superior. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 11 Recomendaciones al Desempeño. Secretaría de Educación Pública. “Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Modalidad Tecnológica y Modalidad Universitaria”. Auditoría Horizontal. Dos auditorías de Desempeño, No. 146 y 147. Educación Tecnológica. Auditoría No. 146 Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a fortalecer e instrumentar los programas educativos en las Instituciones Públicas de Educación Superior de la modalidad tecnológica. Reducción de recursos en programa educativo sin justificación. La SEP no acreditó las causas de que los recursos del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” de 2016 se redujeron en 84.4 millones de pesos; el monto señalado es inferior en 28.4% al aprobado en el PEF (296.9 millones de pesos), lo que representó que se otorgaran el 36.9% de los subsidios que fueron solicitados por las instituciones, y significó 29.8 puntos porcentuales menos de la meta programada de 66.7%. En las reglas de operación del programa, la dependencia no incluyó la cuantificación de la población potencial, la temporalidad del otorgamiento de subsidios para los proyectos a apoyar, ni el mecanismo para procurar que los recursos fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que exigía la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Deficiencias de control en la verificación del proceso de evaluación para el otorgamiento de subsidios. En 8 de las 109 universidades apoyadas, les asignó recursos por 6.6 millones de pesos, sin cumplir los criterios de asignación de las reglas de operación; no analizó 20 de los 108 informes financieros disponibles, ni aseguró la entrega de uno de ellos, y no definió metas para los indicadores académicos de los PE que lograron o conservaron la acreditación de su calidad y su matrícula asociada, ni realizó el seguimiento para validar el grado de avance y la consistencia de los datos.


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Incumplimiento de metas en la calidad de Programas Educativos (PE). La población potencial de las Instituciones de Educación Superior (IES) y sus programas educativos fue de 177 instituciones con 2,083 PE; la población objetivo de 157 IES con 2,011 PE, y la SEP benefició a 109 IES con 1,470 PE. En ese año, las IES contaron con la acreditación de la calidad de 413 PE, el 26.2% de los 1,575 PE evaluables, resultado inferior en 13.6 puntos porcentuales que la meta programada de 39.8%, lo que representó el 20.5% de los 2,011 PE totales. De igual manera, se constató que la SEP no acreditó contar con un registro útil y oportuno, de manera desagregada de los PE ni de los de los que lograron o conservaron su calidad en ese año, ni sobre la relación del número de PE acreditados con los proyectos que recibieron subsidios. Falta de elementos en reglas de operación. La SEP no incluyó en las reglas de operación del programa, la cuantificación de la población potencial, la temporalidad del otorgamiento de subsidios. Lo anterior para los proyectos a apoyar, ni el mecanismo para procurar que los recursos fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que exigía la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Deficiencias de control en la verificación del proceso de evaluación. Para el otorgamiento de los subsidios en 8 de las 109 universidades apoyadas, se asignaron recursos por 6.8 millones de pesos sin cumplir los criterios de asignación de las reglas de operación; la SEP no analizó 20 de los 108 informes financieros disponibles, ni aseguró la entrega de uno de ellos, y no definió metas para los indicadores académicos de los PE que lograron o conservaron la acreditación de su calidad y su matrícula asociada, ni realizó el seguimiento para validar el grado de avance y la consistencia de los datos. Debilidades en el control interno del programa “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. En materia de administración de riesgos la SEP no acreditó contar con un mecanismo que permitiera identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos durante 2016; para las actividades de control, se determinaron deficiencias en sus mecanismos de seguimiento, evaluación, validación y control para verificar que los recursos se destinaran a los proyectos aprobados a las universidades y realizar el análisis de los informes financieros y comprometer metas para los indicadores académicos y, en lo correspondiente con la información y comunicación, se determinó que su sistema mostró deficiencias para que en sus registros se identificaran, de manera desagregada, los programas educativos que lograron o conservaron la acreditación de la calidad, y no evidenció la reducción presupuestal que afectó el cumplimiento de meta de recursos otorgados a la IES y de la falta de acreditación de programas educativos en las universidades apoyadas. Incumplimiento de las disposiciones de las reglas de operación de los informes académicos y financieros. Se detectó la falta de cumplimiento de las reglas de operación para validar el grado de avance del ejercicio de los recursos y la consistencia de los datos de los indicadores académicos establecidos en el convenio de apoyo signado.


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Por su parte, la SEP analizó 88 de los 109 informes financieros correspondientes al primer trimestre, (80.7%), por lo que no acreditó el análisis de 20 de ellos, y el de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala no fue remitido. De las irregularidades detectadas por la dependencia, mediante el análisis de dichos informes, se constató que 23 IES no abrieron la cuenta para el manejo de los recursos en el tiempo establecido en las Reglas de Operación del Programa. Para el segundo trimestre, de las 86 IES que continuaban en el programa, la SEP realizó el análisis de 83 (96.5%), de cuyos resultados se determinaron irregularidades en 8 informes, debido a que no abrieron la cuenta para el manejo de los recursos en el tiempo establecido o no destinaron los recursos para los fines autorizados, por lo que la SEP emitió observaciones a las IES, informó su baja del programa y solicitó el reintegro del presupuesto, sin asegurarse que las universidades hicieran la devolución. Ausencia de metas sobre indicadores de los informes trimestrales sobre el cumplimiento académico. La ASF constató que el ente auditado no contó con metas sobre los indicadores de los informes trimestrales de los siguientes programas: “Programas Educativos que alcanzarán el nivel 1 del CIEES”, “Programas Educativos que serán acreditados por COPAES”, “Programas Educativos de calidad respecto de la oferta educativa evaluable” y “Matrícula atendida en Programas Educativos de calidad”, lo que impidió que llevara a cabo el seguimiento para identificar el avance en el logro o conservación de la acreditación de los PE y su matrícula asociada. Consecuencias Sociales: En 2016, el 79.5% del total de los PE (1,598 de los 2,011 programas educativos de las 157 IES que conformaron la población objetivo del programa) carecieron de personal académico, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y procesos administrativos reconocidos por su calidad, lo que significó que el 67.6% (220.6 de los 326.3 miles de alumnos) de los jóvenes matriculados en la modalidad tecnológica no tuvieron la posibilidad de estudiar en programas educativos de calidad. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016 persistió el problema público que sustentó la operación del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en la modalidad tecnológica, ya que los recursos del programa se redujeron en 84.4 millones de pesos, monto inferior en 28.4% al aprobado en el PEF (296.9 millones de pesos), por lo cual se otorgó el 36.9% del monto solicitado por las instituciones, 29.8 puntos porcentuales menor que la meta programada de 66.7%, y ello motivó que las 109 IES beneficiadas no hayan conseguido fortalecer e instrumentar el 79.5% de los 2,011 programas educativos de licenciatura y Técnico Superior Universitario mediante la acreditación de los organismos avalados por la SEP. La dependencia mostró deficiencias de operación y carencias de información para conocer los PE que lograron o conservaron la acreditación de su calidad; controlar que el otorgamiento de subsidios se cumpliera con los criterios de asignación y la falta de seguimiento financiero y académico. Por lo anterior, en las Instituciones de Educación Superior Públicas prevaleció la falta de validación de la calidad en el personal académico, la infraestructura, el plan de estudios, las actividades académicas, los resultados y los procesos administrativos, lo que repercutió en que el 67.6% (220.6 miles de alumnos) de los 326.3 miles de jóvenes matriculados en la modalidad tecnológica continuaran sin adquirir las habilidades y competencias necesarias.


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Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 11 Recomendaciones al Desempeño. Educación Universitaria. Auditoría No. 147 Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a fortalecer e instrumentar los programas educativos en las Instituciones Públicas de Educación Superior de la modalidad universitaria. Incumplimiento de la meta presupuestaria de apoyo a las Instituciones de Educación Superior (IPES). Si bien se otorgaron 1 mil 539.1 millones de pesos en forma de subsidios, ello representó el 44.0% respecto de los 3 mil 500.0 millones de pesos establecidos como meta del indicador “Porcentaje de apoyos financieros otorgados a Instituciones de Educación Superior Públicas respecto del monto solicitado por las Instituciones en el año t”, lo que significó 32.8 puntos porcentuales menor que lo programado de 76.8%. Lo anterior, se debió al ajuste presupuestal de 1 mil 241.7 millones de pesos, monto inferior en 55.3% al aprobado en el PEF (2 mil 780.1 millones de pesos), por las transferencias realizadas de la partida 43401 “Subsidios a la prestación de servicios” Tipo de Gasto (TG) 1 a la misma en TG 7; no obstante, sólo justificó 41.7 millones de pesos. Inobservancia de metas del programa “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. Si bien se comprobó que se benefició a 58 IES (93.5% de la población objetivo de 62 IES) que contaron con la acreditación de la calidad de 1,695 PE, lo que significó el 67.8% de la meta establecida de 2,499 PE acreditados para su indicador “Porcentaje de programas educativos de las Instituciones de Educación Superior Públicas, que logran o conservan la calidad avalada por organismos evaluadores y acreditadores reconocidos por la SEP”; el resultado fue inferior en 3.5 puntos porcentuales que la meta de 71.3% prevista para ese año. Los 1,695 PE acreditados significaron el 72.0% de los 2,366 programas evaluables (PE susceptibles al reconocimiento por su calidad) y el 51.6% (1,695) de los 3,287 PE de la modalidad universitaria, lo que implicó que se atendiera al 75.6% de la matrícula (848.5 de los 1,121.9 alumnos inscritos) en los PE acreditados de la modalidad. Asimismo, se constató que en el 19.4% (12) de las IES no tuvieron PE acreditados, lo que significó que el 24.4% (273.4 de los 1,121.9 miles de alumnos) de los jóvenes matriculados en la modalidad universitaria no tuvieron la posibilidad de estudiar en programas educativos de calidad. Falta de elementos para la acreditación en el otorgamiento de subsidios. La SEP no cuantificó a la población potencial que presentó el problema o necesidad que justifica la operación del programa. En este sentido tampoco se previó la temporalidad del otorgamiento del subsidio, ni estableció medidas para procurar que los apoyos del programa fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas. En 2016, el diseño del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” de la SEP, presentó deficiencias relacionadas con el cumplimiento de la normativa en materia de subsidios. Aun cuando en las Reglas de Operación se incluyeron los criterios de equidad, transparencia,


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publicidad y selectividad para identificar la población objetivo; se establecieron los montos máximos por beneficiario; señalaron la distribución, operación y administración de los recursos con equidad para todos los grupos sociales y géneros; implementaron mecanismos para garantizar que los recursos se canalizarán exclusivamente a la población objetivo; propusieron mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; precisaron las condiciones para buscar fuentes alternativas de ingresos para la autosuficiencia; determinaron las acciones para asegurar la coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos de administración, así como para contar con reportes sobre el presupuesto ejercido por medio de informes trimestrales. Por otro lado, la SEP no incluyó en las reglas de operación del programa, la cuantificación de la población potencial, ni la temporalidad del otorgamiento de subsidios para los proyectos a apoyar; tampoco incluyó el mecanismo para procurar que los recursos fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que exigía la Ley Federal de Hacendaria Presupuesto y Responsabilidad. Sistema de seguimiento no cumple con los criterios de utilidad y oportunidad. La ASF constató que la SEP presentó deficiencias en el establecimiento de metas para el seguimiento de los indicadores académicos reportados por las Instituciones de Educación Superior (IES), y sobre el avance de los mismos; lo que no permitió vincular los indicadores con el objetivo específico del programa y limitó la verificación del cumplimiento de las metas institucionales con el uso eficiente de los recursos. En la operación del programa, la dependencia cumplió en 88.5% (561 proyectos) la meta reprogramada de 634 proyectos para el indicador “Porcentaje de proyectos evaluados favorablemente para fortalecer la educación superior respecto del total de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año”, por lo que superó en 5.9 puntos porcentuales la meta de 82.6%. Ausencia de registro oportuno de los Programas Educativos (PE). No se tuvo un registro sobre la relación del número de PE acreditados con los proyectos para mejora de la gestión institucional que recibieron subsidios. En 2016, la SEP estableció 62 IES de la población potencial de la modalidad universitaria y el mismo número de IES en la población objetivo que contaron con 3,287 PE, de las cuales benefició a 58 IES. En ese año, las IES acreditaron la calidad de 1,695 PE, el 72.0% de los 2,366 PE evaluables, resultado inferior en 3.5 puntos porcentuales que la meta programada de 71.3% para el indicador de 2,499 programas educativos. Debilidades en el control interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2016. La SEP no proporcionó una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos del programa S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en el 37.1% (13) de los 35 aspectos revisados, lo que revela que no ha adoptado y adaptado las mejores prácticas en materia de control interno. Falta de mecanismos de evaluación del control interno. En la evaluación del entorno de control, de los 10 aspectos revisados, la SEP no acreditó el 10.0% (1) de los componentes evaluados, ya


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que no contó con un mecanismo para evaluar el control interno, debido a que la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización, encargada de dichas actividades, desapareció de la estructura orgánica de la SEP; en el de “Administración de riesgos” no refirió el 33.3% (1) de 3, pues no envío la documentación comprobatoria de la solicitud para la integración de la Matriz de Riesgos para el ejercicio fiscal 2016. Consecuencias Sociales: En 2016, la SEP solo acreditó la calidad del 51.6% (1,695) de los 3,287 PE en 62 Instituciones de Educación Superior Públicas de la modalidad universitaria que conformaron la población objetivo del programa, mientras que el 48.4% del total (1,592) de los PE carecieron de personal académico, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y procesos administrativos reconocidos por su calidad, lo que significó que el 75.6% (848.5 miles de alumnos de los 1,121.9 de los alumnos inscritos) de los jóvenes matriculados en la modalidad universitaria no tuvieran la posibilidad de estudiar en programas educativos que acreditarán su calidad. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016 persistió el problema público que sustentó la operación del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en la modalidad universitaria, ya que los recursos del programa se redujeron en 1,241.7 millones de pesos, monto inferior en 55.3% al aprobado en el PEF (2,780.8 millones de pesos), por lo cual se otorgó el 44.0% de los subsidios que fueron solicitados por las IES, 32.8 puntos porcentuales menos que la meta programada de 76.8%, lo que motivó que las 58 IES beneficiadas no hayan conseguido fortalecer e instrumentar el 48.4% (1,592 PE) de los programas educativos de licenciatura, Profesional Asociado y Técnico Superior Universitario mediante la acreditación de los organismos avalados por la SEP. La dependencia mostró deficiencias de operación y carencias de información para conocer los PE que lograron o conservaron su calidad, por lo que desconoció en qué medida el otorgamiento de subsidios a 561 proyectos para mejora de la gestión institucional apoyados contribuyó a que 58 IES contaran con 1,695 programas educativos acreditados. Por lo anterior, en las Instituciones de Educación Superior Públicas prevaleció la falta de validación de la calidad en el personal académico, la infraestructura, el plan de estudios, las actividades académicas, los resultados y los procesos administrativos, lo que repercutió en que el 24.4% (273.4 miles de alumnos) de los 1,121.9 miles de jóvenes matriculados en la modalidad universitaria continuaran en PE que no se encuentran acreditados por su calidad. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 9 Recomendaciones al Desempeño. Secretaría de Educación Pública (SEP). “Aseguramiento Integral, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 134-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido en el aseguramiento de bienes patrimoniales, en arrendamiento de bienes inmuebles, así como en cuotas y aportaciones a organismos internacionales, se ejerció y registró conforme a los montos aprobado y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.


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Falta de validación de la SHCP en materia de seguros. La SEP no efectuó oportunamente los trámites sobre la factibilidad de incorporarse a las pólizas de los bienes institucionales patrimoniales ante la SHCP, así como realizó de forma extemporánea la solicitud de asesoría en materia de seguros y no se localizó la respuesta a dicha solicitud, por lo que la convocatoria del aseguramiento no contó con la validación de la SHCP. Reducción injustificada de plazos para contratación del servicio de aseguramiento. La entidad auditada realizó la reducción de plazos bajo el argumento de situaciones de fuerza mayor, no obstante, la SEP no proporcionó la documentación que lo acreditará, además tampoco acreditó contar con los antecedentes de haber analizado la posibilidad de ampliar el monto y tiempo del contrato de aseguramiento que se encontraba vigente a esa fecha. Carencia de mecanismos de seguimiento y supervisión del programa se aseguramiento. Se constató que el ente auditado carece de mecanismos de seguimiento y supervisión de su programa de aseguramiento debido a que su Sistema de Administración de Siniestros es deficiente al no contar sus expedientes con la documentación soporte de los siniestros y que permitan el adecuado seguimiento para las recuperaciones en especie o en dinero de los eventos ocurridos. Por otro lado, se comprobó que la SEP no cuenta con el instrumento legal para realizar aportaciones al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, por lo que se presume un probable daño patrimonial por el otorgamiento de cuotas y aportaciones al referido instituto. Dictamen: En términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos referidos. Recuperaciones Probables: 96.7 millones de pesos. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 7 (3 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Pliegos de Observaciones). Secretaría de Educación Pública. “PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Educativo”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No.155-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S072 "PROSPERA Programa de Inclusión Social", Componente Educativo, en el estado de Guanajuato, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Incumplimiento en la entrega de apoyos. Respecto de la diferencia de 5 beneficiarios por 4.1 miles de pesos, no se realizó la entrega de los apoyos, ya que las titulares de familia no se


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presentaron en el día y lugar establecidos para la entrega de los apoyos de acuerdo con los operativos; por lo anterior, el monto no entregado se clasifica como apoyo no entregado para posteriormente reutilizarlo. Para validar la entrega de los apoyos a los 1,058 beneficiarios por 925.6 miles de pesos, se visitó a la sucursal de BANSEFI número 326 ubicada en el municipio de León, Guanajuato (Institución liquidadora encargada de realizar la entrega de dichos apoyos) Formatos de divulgación desactualizados. Con la revisión en la delegación estatal en Guanajuato de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, se constató que la difusión de PROSPERA Programa de Inclusión Social se realizó por medio de folletos, flyers y dípticos, entre otros; bimestralmente se modificó el “Material de apoyo para responsables de atención y enlaces de fortalecimiento comunitario”, la “Carta descriptiva de las sesiones de orientación” y la “Guía para vocales” que se utilizan en las Mesas de Atención de la delegación estatal en Guanajuato encargadas de la entrega de los apoyos monetarios y de la orientación a los beneficiarios en los operativos. Dictamen: Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la Coordinación Nacional de PPROSPERA Programa de Inclusión Social cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 Recomendación. Secretaría de Educación Pública. “Inclusión y Equidad Educativa”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 148-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S244 Programa para la Inclusión y Equidad Educativa se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Deficiencias de control en Educación Básica. En el nivel de Educación Básica se identificaron deficiencias de control derivadas de la falta de acciones de seguimiento y supervisión del ejercicio de los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. Falta de acreditación de transferencias a las Autoridades Educativas Locales. La entidad auditada no proporcionó los recibos institucionales que acrediten la recepción de los recursos por 9 Autoridades Educativas Locales. La SEP no supervisó que las Autoridades Educativas Locales le proporcionaran en tiempo y forma las informaciones de la cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos, los recibos institucionales, los informes trimestrales técnico-pedagógico y físico-financiero, la Carta Compromiso Única para participar en el programa, su Programa Anual de Trabajo y la designación del Coordinador local del programa.


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Deficiencias de control en el nivel de educación superior. La Secretaría de Educación Pública no acreditó que las Instituciones Públicas de Educación Superior ejercieron o mantuvieron en sus cuentas bancarias el importe de 33.5 millones de pesos. La SEP no aportó la información relativa al cumplimiento de la misión y fines del programa, los ingresos, los rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos, el listado de beneficiarios y los estados de cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del programa. En la visita física realizada al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se identificaron bienes faltantes por 6.4 millones de pesos; penas convencionales que no se aplicaron al proveedor por el retraso en la entrega de bienes por 862.1 miles de pesos, y gastos sin comprobar por 250.5 miles de pesos, la compra de los mismos bienes se adjudicó de manera directa sin acreditar fundamentación y justificación correspondientes. Dictamen: Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Recuperaciones Probables: 168.4 millones de pesos. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 22 (9 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 9 Pliegos de Observaciones). Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. “Avance Financiero de la Inversión en Infraestructura Educativa Nacional (Escuelas al Cien)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 176-DS Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para la ejecución de las obras financiadas, obtenidos mediante la emisión de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, así como verificar que las operaciones se autorizaron, formalizaron, ejecutaron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) potencializaron los recursos Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), en el marco del “Programa Escuelas al CIEN” suscribieron con las 32 entidades federativas (Gobiernos y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de cada estado) diversos convenios de coordinación y colaboración (Convenios), con el objeto de potencializar los recursos del de los recursos actuales y futuros que les correspondan con cargo al FAM (hasta el 25.0 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) mediante un mecanismo financiero con el que las entidades federativas accedan, de manera voluntaria a éste, a fin de obtener de manera anticipada mayores recursos, a cambio de comprometer por 25 años (2015 a 2039) hasta el 25% del FAM.


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La SEP y la SHCP crearon dos fideicomisos privados para operar el esquema de potenciación de recursos. En los convenios de coordinación y colaboración se estableció la creación de dos fideicomisos privados: 1) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Emisión de certificados bursátiles, número 2595, constituido el 15 de octubre del 2015, entre la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V., como fideicomitente, y el Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, encargado de la potencialización del FAM, mediante la emisión de títulos de deuda denominados “Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN)”. 2) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos Número 2242 constituido el 16 de octubre del 2015 entre el Banco Invex, S.A., como fideicomitente, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario, encargado de recibir los recursos del Fideicomiso de emisión 2595 para distribuirlos a las entidades federativas que participaron en este mecanismo financiero. Recursos por 4,941.4 millones de pesos correspondieron al 25.0% del Fondo de Aportaciones Múltiples de 2016, fueron transferidos al Fideicomiso de Emisión 2595, para hacer frente a las obligaciones de pago. Se realizaron egresos públicos por 8,464.6 millones de pesos que corresponden a los recursos enviados por el Fideicomiso de Distribución 2242 a las 32 entidades federativas, integrados por 3,707.6 millones de pesos de Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y 4,727.0 millones de pesos de la Monetización del FAM, para destinarlos a proyectos de inversión del programa “Escuelas al CIEN”. El mecanismo de potenciación implementado por la SHCP tiene como objeto que las entidades federativas reciban anticipadamente los recursos del FAM, para lo cual se obligaron por los próximos 25 años a pagar intereses y la amortización. El costo financiero de la emisión de los CIEN para la obtención de recursos futuros, se estimó en 109,497.8 millones de pesos, de los cuales 59,497.8 millones de pesos corresponden a intereses, y 50,000.0 millones de pesos al principal. El esquema de potenciación adoptado no reconoce una deuda a corto ni largo plazo. El esquema registra como un gasto financiero en cada ejercicio, lo cual no permite reportar los montos pendientes de amortizar ni sus intereses en la Cuenta Pública federal ni estatal, por lo que tampoco se muestra en los indicadores subnacionales de deuda pública. Ni el Gobierno Federal ni las entidades federativas registran como Deuda Pública el compromiso de pago “Cesión del 25.0% del FAM por los próximos 25 años (2015 a 2039)”. El esquema de potenciación oculta deuda. El esquema de financiamiento del “Programa Escuelas al CIEN” está diseñado con parámetros que excluyen las leyes de deuda pública Federal y estatales, en incumplimiento del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Dualidad Económica”, aun cuando la Ley Federal de Deuda y la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los Municipios no consideran como deuda el esquema de potenciación,


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representa un compromiso de recursos de las entidades federativas por 25 años. La SHCP registró en su contabilidad la transferencia de los recursos al Fideicomiso de Emisión por 4,941.4 millones de pesos, el 25.0% de los recursos del FAM, en su calidad de aportaciones para las entidades federativas. Esto lo hizo sin reconocer que el destino de esos recursos está comprometido para pagar los intereses por obligación adquirida hasta por 25 años. El esquema de potenciación contrata deuda adicional. Dentro del esquema financiero del Programa Escuelas al CIEN, se estableció la contratación de créditos, a fin de contar con la suficiencia de recursos para distribuirlos entre las entidades federativas, por lo que Banco Invex fiduciaria del Fideicomiso de emisión formalizó un contrato de crédito con BANOBRAS por 5,500.0 millones de pesos, de los cuales, dispuso la totalidad del crédito el 29 de noviembre de 2016 con un plazo de termino a un año para su pago; además, se constató la autorización del aumento de la línea de crédito a 10,000.0 millones de pesos, el 100.0% de lo autorizado inicialmente. Impactos del mecanismo financiero a través del cual las Entidades Federativas pueden acceder a recursos de manera anticipada, para financiar gasto público. Considerando que la potenciación de recursos se hizo a cambio de comprometer recursos actuales y futuros para infraestructura física educativa, esta situación repercute en:

1. Realizar modificaciones a la legislación Federal, con la finalidad de legitimar el mecanismo financiero, para incorporar fuentes de financiamiento privadas.

2. El mecanismo financiero no se reconoce en la legislatura actual como Deuda Pública, debido a que está diseñado con parámetros que excluyen a las leyes de deuda pública Federal y estatal.

3. Las Entidades Federativas comprometen ingresos de las generaciones futuras, al reservar por 25 años recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

4. Se advierte que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa cobra un porcentaje (2.0% sobre el total de la obra) por realizar trabajos de supervisión y seguimiento de la ejecución de los Proyectos de Infraestructura Física Educativa; sin embargo, se constató que esa supervisión no incluye la revisión técnica, sino trabajos de vigilancia normativa – administrativa.

Dictamen: El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017. se concluye que el Gobierno Federal implementó un mecanismo financiero a través del cual las Entidades Federativas pueden acceder a recursos de manera anticipada, para financiar gasto público, a cambio de comprometer recursos actuales y futuros para infraestructura física educativa. Esta situación repercute en los mecanismos ya señalados Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 2 Recomendaciones.


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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. “Construcción de Planteles de Educación Media Superior, en los Estados de Guanajuato y Baja California”. Auditoría de Inversiones Físicas No. 138-DS Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la SEP no verificaron los terrenos donde se construyeron tres escuelas, tampoco supervisaron los contratos de adquisición de mobiliario y equipo. Tanto el Instituto Nacional de la Infraestructura Física INIFED como la SEP, no verificaron que los terrenos en el estado de Baja California, fueran idóneos para utilizarse en la construcción de tres escuelas, o que en su caso se hayan mitigado los efectos de su ubicación y que éstas acciones se hayan plasmado en una constancia de conformidad; tampoco verificaron que la mayor parte del mobiliario y equipo suministrado mediante cinco contratos de adquisiciones para los seis planteles educativos construidos, tres en el estado de Guanajuato y tres en el estado de Baja California, se estuvieran utilizando para el fin por el cual fueron adquiridos, que estuvieran completos, y que funcionaran correctamente, ya que fue hasta después de siete meses que dichos bienes fueron instalados. Tanto el INAFED como la SEP omitieron verificar que se contara con las preparaciones necesarias para la instalación de equipos de aire acondicionado. Las Instituciones mencionadas omitieron verificar que se contara con la capacidad eléctrica suficiente para su puesta en operación. Se observó que después de siete meses de la adquisición de equipos de aire acondicionado, estos continúan sin estar en funcionamiento. El INIFED realizó pagos sin verificar complimientos de acuerdo a contratos. El INIFED pagó por concepto de mobiliario y equipo pagó un importe de 568.0 mil pesos sin verificar que cumplieran con las especificaciones solicitadas en los contratos; 454.0 mil pesos fueron reintegrados y se sustituyeron los bienes por un importe de 114.0 mil pesos, así mismo se pagaron cantidades de obra por un importe de 2.9 millones de pesos que no correspondían con lo realmente ejecutado. Falta de supervisión por el INIFED en la ejecución de los contratos. El INIFED no supervisó los contratos, en su lugar transfirió al personal de los planteles educativos su obligación de verificar y supervisar que la entrega de los bienes se ajustara a las características y especificaciones convenidas en los contratos. Dictamen: El presente se emite el 13 de octubre de 2017, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Recuperaciones Operadas: 682.5 mil pesos; Probables: 1.5 millones de pesos.


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Número de Observaciones: 10, 4 solventadas; Número de Acciones: 1 Recomendación, 2 Solicitudes se Aclaración, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. “Rezago Educativo”. Auditoría de Desempeño, No. 174-DS. Objetivo: Fiscalizar la atención del rezago educativo en la educación básica y media superior para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Deficiencias en el diseño de la política dirigida a atender el rezago educativo en 2016. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) presentó deficiencias que afectaron su operación. Lo anterior con respecto a la promoción de los servicios que ofrece; la formación de figuras educativas; la cobertura de los servicios de alfabetización, primaria y secundaria; la disminución del rezago educativo en el nivel básico y en medio superior, y el ejercicio de los recursos. Por su parte, el ente fiscalizador constató que el INEA no cuantificó a la población objetivo que sería susceptible de atender en 2016, mediante los servicios de alfabetización, primaria y secundaria. Carencia de un diagnóstico nacional de las necesidades formación de figuras educativas. En 2016, el INEA proporcionó cursos de inducción, de formación inicial y continua a las figuras educativas; sin embargo, en 2016 sólo el 93.1% (15,203) de los 16,334 asesores de nuevo ingreso recibió formación inicial. La formación continua se proporciona a los asesores con más de un año de servicio; en 2016, se dio este tipo de formación al 43.1% (23,648) de los 54,865 asesores en esa condición, con lo cual se superó en 14.1 puntos porcentuales la meta de atender al 29.0% de éstos. Aumento del rezago educativo en la educación básica. Al 31 de diciembre de 2016, los indicadores del INEA mostraron que, de las 89, 483,784 personas de 15 años y más que había, 29, 318,212 (32.8%) se encontraban en rezago educativo, cantidad superior en 2.1 puntos porcentuales a la meta programada de 34.9%. De 2015 a 2016, únicamente se redujo el rezago en 1.3 puntos porcentuales. En el nivel medio superior, el INEA y la SEP carecieron de información del rezago educativo, debido a que hasta 2012 ese nivel no formaba parte de la educación obligatoria, por lo que las autoridades educativas no cuantificaban a esta población. Desvinculación del comportamiento del presupuesto destinado al rezago con respecto a la disminución del mismo. Si bien los recursos aumentaron, la reducción del rezago educativo mantuvo una tendencia constante. De 2002, año en que se implementó por primera vez el programa “Educación para Adultos”, a 2016, el presupuesto erogado se incrementó en 51


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veces, al pasar de 59.9 millones de pesos a 3 mil 146.9 millones de pesos., si bien los recursos aumentaron, la reducción del rezago educativo mantuvo una tendencia constante. Deficiencias en la lógica horizontal de la MIR del INEA. Se detectó que el indicador “tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior” fue inadecuado, ya que, si bien mide la escolarización de educación media superior y superior, el rango de edad establecido es la edad normativa para cursar estos niveles, por lo que no corresponde a la población en rezago educativo, ni tiene relación directa con el rezago en la educación básica y media superior, y en el nivel componente, el indicador “porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación” no fue adecuado, debido a que presentó inconsistencias con el objetivo definido, ya que los círculos de estudio no se incluyeron en el objetivo, únicamente se señaló a las plazas comunitarias. Consecuencias Sociales: En 2016, en el ámbito nacional, se alfabetizó al 5.6% de las 4,749,057 personas de 15 años y más analfabetas; concluyó la primaria el 8.8% de las 9,468,442 personas de 15 años y más que no tenían ese nivel educativo, y terminó la secundaria el 6.3% de las 16,113,744 personas de 15 años y más que no contaban con esos estudios; sin embargo, de 2015 a 2016, únicamente se redujo el rezago en 1.3 puntos porcentuales, debido a que tan sólo durante el ciclo escolar 2015-2016 el sistema escolarizado del Sistema Educativo Nacional arrojó a 397,661 alumnos que no concluyeron satisfactoriamente sus estudios o que, aun concluyendo un nivel educativo, no continuaron en el siguiente. Dictamen: En opinión de la ASF, si bien de 2002 a 2016 el rezago educativo decreció en 2.8% en promedio anual, al pasar de 48.9% a 32.8%, éste no disminuirá consistentemente en el mediano plazo, debido, principalmente, a que el Sistema Educativo Nacional aún no ha logrado evitar que cada año se incremente el número de personas que abandona sus estudios (en el ciclo escolar 2015-2016, el número de jóvenes que se incorporaron al rezago educativo ascendió a 397,661). Lo anterior, evidencia la necesidad de atender el rezago desde sus dos vertientes: la producción del fenómeno y su acumulación, lo que implica el fortalecimiento de los programas dirigidos a mejorar las condiciones de acceso, permanencia y conclusión entre los distintos niveles que integran la educación básica y media superior. En consecuencia, el INEA carece de la capacidad operativa y financiera para reducir, por sí solo, el rezago educativo, por lo que su atención seguirá siendo marginal; más aún, si se considera que el tamaño del reto que enfrenta, una población potencial de 29, 318,212 personas al 31 de diciembre de 2016, superior a la población que se encontraba matriculada en el sistema escolarizado, de 25, 897,630 alumnos. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 10 Recomendaciones. Instituto Politécnico Nacional. “Erogaciones por Servicios y Subsidios para Becas, Auditoría Financiera y de Cumplimiento”. No. 185-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a las partidas 33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros" y 43901 "Subsidios para la Capacitación y


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Becas", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Becas otorgadas por Instituto Politécnico Nacional (IPN) fuera de normas. El IPN no proporcionó los dictámenes del Subcomité de Becas para el otorgamiento de 631 becas “Manutención” y “Apoya tu Transporte”, y de 688 de becas “Institucional” y “Transporte”. Falta de control en el IPN sobre las becas otorgadas. El IPN no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria, por 15.4 millones de pesos y por 35.7 miles de pesos del programa de becas “Institucional” y “Transporte”. De la partida 43901 “Subsidios para la Capacitación y Becas.” Pagos efectuados por el IPN fuera de norma. El IPN realizó pagos por 139.8 miles de pesos a 37 becarios de nivel superior de la Escuela Superior de Ingeniería Textil y del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta. Lo anterior, no obstante que no se cuenta con la evidencia de la entrega de las tarjetas de pago respectivas. Dictamen: El presente dictamen se emite el 10 de octubre de 2017. Se concluye que, en términos generales, el Instituto Politécnico Nacional cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados anteriormente. Recuperaciones Probables: 15.5 millones de pesos. Número de Observaciones: 17, 7 solventadas; Número de Acciones: 7 recomendaciones ,4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Pliegos de Observaciones.

3.2. Instituciones Públicas de Educación Superior Universidad Nacional Autónoma de México. “Auditoría de TIC. Auditoría Financiera y de Cumplimiento” No. 184-DS Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Se detectaron en seis planteles 30 equipos de cómputo que no se utilizan. El arrendamiento de estos equipos asignados, se estiman pagos injustificados por 106.9 miles de pesos. No existe homogenizad en el uso de políticas de gestión de las TIC. Las políticas y procedimientos definidos para la gestión de las TIC, no son exigibles a todas las entidades y dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esas otras entidades


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de la UNAM únicamente toman las políticas y procedimientos, como un marco de referencia para la operación. La UNAM sí aplicó penalizaciones en los contratos. La UNAM aplicó penalizaciones en los servicios de telecomunicaciones originadas por retrasos en la entrega de los mismos. Dictamen: El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017. Se concluye que en términos generales, La Universidad Nacional autónoma de México, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. Recuperaciones Probables: 106.9 miles de pesos. Número de Observaciones: 2; Número de acciones: 1 Recomendación, 1 Pliego de Observaciones. Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.” Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría Forense No. 197-DS Objetivo: Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) firmó o contratos sin contar con la capacidad técnica para cumplirlos. La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), recibió recursos por 154.8 millones de pesos corresponden a los recursos recibidos en el ejercicio 2016. Lo anterior como resultado de dos convenios de colaboración suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de dos contratos suscritos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para la prestación de servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un total de 154.8 millones de pesos. La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas UPSZ no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con los servicios convenidos y contratados con la CONAPESCA y la SAGARPA, por lo que subcontrató el 100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a un total de 154.8 millones de pesos, monto nueve veces superior al presupuesto de la Universidad. La UPSZ aplico sobres costos a los contratos con dependencias federales. Se identificó un sobrecosto de 37.4 millones de pesos. Este cantidad se determinó entre el monto de los recursos que la UPSZ cobró por sus servicios, y lo que se comprobó que pagó a los prestadores de servicios y otros gastos incurridos para cumplir con los convenios y contratos suscritos con la CONAPESCA y la SAGARPA.


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La UPSZ cobró a la CONAPESCA y a la SAGARPA, de sus respectivos anexos técnicos y un contrato, 121.4 millones de pesos de los que se constataron 83.9 millones de pesos de costos y gastos incurridos por la universidad, la diferencia representa para la CONAPESCA y la SAGARPA un sobrecosto facturado por 35,1 y 2.4millones de pesos, respectivamente, aproximadamente el 30% de recursos de los que la universidad no demostró su destino. La UPSZ realizó contrataciones ficticias de prestadores de servicios. La UPSZ contrato 78 prestadores de servicios no se vinculan con ninguno de los Convenios, Anexos Técnicos y Contratos suscritos con la CONAPESCA y la SAGARPA. A estas personas la universidad les pagó 8.7 millones de pesos. Documentación soporte no presentada por la UPSZ. La UPSZ no proporcionó información alguna que permita determinar los pagos y el personal asignado para la prestación de los servicios, por lo que no se comprobaron los recursos del contrato que suscribió con la SAGARPA por 9.9 millones de pesos. La UPSZ, tampoco acreditó el pago a 68 prestadores de servicio por 1.1 millones de pesos. Adicionalmente se comprobaron pagos por 1.5 millones de pesos de servicios prestados por 100 personas físicas fuera de la vigencia de los convenios con la CONAPESCA. Dictamen: El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2017. En términos generales, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia de acuerdo a lo señalado anteriormente. Recuperaciones Probables: 58.6 millones de pesos. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 4 Pliegos de Observaciones y 1 Multa. Universidad Tecnológica de Salamanca. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría Forense No. 199-DS Objetivo: Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. La Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) firmó contratos sin contar con la capacidad técnica para cumplirlos. En 2016 la UTS, suscribió un total de 9 convenios y/o contratos con dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal para la prestación de diversos servicios, por los cuales recibió un monto total de 639.7 millones de pesos.


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Se comprobó que la UTS para hacer frente a sus obligaciones, contrató a 17 prestadores de servicios, 7 empresas, un organismo descentralizado y a 59 becarios por un monto total de 46.7 millones de pesos, esto representó el 78.5% del monto total que recibió de 7 de los 9 contratos de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal La UTS no cuenta con controles internos. La Universidad Tecnológica de Salamanca no cuenta con una contraloría interna. Lo que iría en incumplimiento a lo establecido en el numeral veintiuno de su decreto de creación, la cual sería responsable de controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos de la Universidad. La UTS incumplió las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La UTS subcontrató el 78.5% de los servicios en 7 de los 9 convenios y/o contratos que celebró por un monto de 59.9 millones de pesos, por lo que no acató las disposiciones del quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismos o, en su caso, subcontratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, así como la demás normativa aplicables y se verificó que los terceros contratados transfirieron los recursos ministrados a otras personas físicas y morales. La UTS realizo pagos sin la documentación correspondiente. La UTS realizó pagos injustificados por un monto de 32.6millones de pesos, a diversos proveedores y expertos técnicos contratados para la ejecución de los trabajos convenidos, ya que no presentó la evidencia documental que los sustente, adicionalmente La UTS no presentó documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos por un monto de 11.8 millones de pesos; estas deficiencias encontradas en la revisión son propiciadas por la carencia de mecanismos de control interno que inhiban la corrupción, así como actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario, por un monto de 44.5 millones de pesos. Dictamen: El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2017. Se concluye que, en términos generales, la Universidad Tecnológica de Salamanca no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia de acuerdo a lo señalado. Recuperaciones Probables: 44.5 millones de pesos. Número de Observaciones: 7; Número de acciones: 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 8 Pliegos de Observaciones y 2 Multas.


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3.3. Cultura Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. “Impulso al Desarrollo de la Cultura”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 168-DS. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Deficiencias de control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) El Manual General de Organización y los manuales de Procedimientos Específicos del Instituto se encuentran desactualizados. Falta de acreditación del Programa Anual de Comunicación Social. Se constató el incumplimiento de los artículos 4, 13 y 16 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. Irregularidades en las contrataciones revisadas por falta de normatividad interna. La ASF determinó un probable daño al erario por 13.1 millones de pesos. De la cantidad mencionada 5.3 millones de pesos corresponden a servicios generales sin documentación justificativa y comprobatoria que acrediten su devengo; 1.4 millones de pesos corresponden a un donativo del que no se acreditó que la donataria mantuvo los recursos en una cuenta bancaria exclusiva, ni proporcionó la documentación comprobatoria respectiva y, finalmente, 6.4 millones de pesos que fueron ejercidos en cuotas y aportaciones a organismos internacionales, de los que el ente fiscalizador no acreditó la fundamentación para sustentar dichas erogaciones. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no presentaron en la Cuenta Pública la situación real de los recursos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal auditado al no registrar en el rubro de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores los importes devengados en 2016, lo que ocasionó que éstos se pagaran con recursos del ejercicio 2017. Carencia de normativa interna que regule las atribuciones del personal. La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron de forma directa de 7 contratos, así como de un pedido sin sustentarlos con una investigación de mercado.


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Dictamen: Se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Recuperaciones Probables: 13.1 millones de pesos. Número de Observaciones: 29; Número de Acciones: 42 (14 Recomendaciones, 19 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 9 Pliegos de Observaciones).

3.4. Salud

Con motivo de la revisión a la segunda entrega de informes individuales correspondientes a Cuenta Pública 2016, la ASF realizó 14 auditorías a 12 entes vinculados con el sector Salud, para su análisis, la UEC consideró la totalidad de las mismas, lo que equivale al 100.0% del total del sector. La determinación de la muestra consideró los siguientes criterios de selección: Universo y muestra auditada; Tipo de auditoría practicada (se privilegia, por orden de relevancia, auditorías de Desempeño, auditorías con enfoque horizontal, Financieras y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas); Número de Observaciones-Acciones; Montos de Recuperaciones Determinadas; Relevancia, recurrencia y actualidad del tema auditado; e Importancia de la entidad fiscalizada. A continuación se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las auditorías seleccionadas de los sectores señalados, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016. La ASF practicó 7 Auditorías al Desempeño bajo un enfoque horizontal a 7 diversos institutos de salud (Instituto de Cancerología; Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas; Instituto Nacional de Geriatría; Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de salud Pública) con el objetivo de fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas oncológicos (DS-225), los padecimientos de la población en materia de salud cardiovascular (DS-226), los padecimientos de la población en materia de salud respiratoria (DS-227), los padecimientos de la población adulta mayor(DS-228), los problemas de nutrición (DS-229), los padecimientos de la población infantil (DS-230) y la realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública que contribuyó a resolver los problemas de salud pública (DS-231); por lo que respecta a sus principales hallazgos y observaciones-acciones determinadas por la ASF, a continuación se destacan las siguientes:


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Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 225. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas oncológicos. Posible incumplimiento en la producción de investigaciones. Con base en los resultados de la auditoría, la ASF señaló que el INCAN no acreditó, que se incrementó la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, en 2016, debido a que, aun cuando contó con 56 investigaciones, no justificó la disminución del 26.3% respecto de las 76 realizadas en 2015, además de no contar con un indicador y meta para programar su realización. Elaboración de investigaciones sin vinculación con sus objetivos. El INCAN tampoco acreditó la vinculación de las investigaciones con los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, ni con las líneas de investigación definidas; asimismo, se pudo verificar que del 55.4% (31) de las investigaciones producidas (56) en el año de revisión, el Instituto no evidenció el estatus y el área de investigación a la cual fueron dirigidas, ni demostró la clasificación de las investigaciones en básica o aplicada, situación que demostró que no atendió la causa señalada en el árbol del problema relativa a la baja producción de investigación científica y tecnológica, ya que tampoco dispuso de mecanismos apropiados para la integración y resguardo de información clara y confiable. Los resultados precisan, que pese a que durante el transcurso de la auditoría la ASF instruyó acciones de control que buscaban desarrollar una base de datos en la cual se registrarían las investigaciones, así como su vinculación con el tema a contribuir y la línea de investigación a desarrollar, además de un programa para llevar el registro del estatus y área de investigación a la cual están dirigidas las investigaciones, así como, la clasificación de éstas en básica o aplicada; al respecto, no se acreditó la programación de un indicador y metas para medir el número de investigaciones a realizar durante el año fiscal, por lo que persistió esta última observación. Inconsistencia de los registros de publicación vs publicaciones acreditadas. La ASF determino que el INCAN, para 2016, contó con el registro de la publicación de 141 artículos científicos mediante libros y revistas, pero no acreditó que la información publicada se relacionara con los resultados de las investigaciones realizadas en ese año o en ejercicios anteriores; cabe señalar que a pesar de la existencia del indicador “Porcentaje de artículos científicos publicados”, donde el instituto reportó en la Cuenta Pública 2016, la publicación de 120 artículos científicos de alto impacto en revistas de los niveles III al VII, y 132 artículos en revistas de los niveles I y II; el Instituto no acreditó haber programado una meta, por lo cual el INCAN desconoció en qué medida se cumplió con la publicación de los resultados de las investigaciones. Difusión de resultados a entes y sujetos distintos a los considerados como objetivo. Por lo que respecta a la difusión de los resultados de las investigaciones realizadas por el INCAN, esta se


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llevó a cabo mediante 20 actividades en foros de diversas organizaciones para la comunidad científica, pero no acreditó que ello se correspondió con los resultados de las 56 investigaciones realizadas en ese año o las de años anteriores, y tampoco comprobó que fueron dirigidos a la sociedad, como se estableció en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Además, no acreditó la programación de un indicador y las metas para medir las actividades de difusión a la comunidad científica y a la sociedad en general. Investigaciones que no contribuyen a mejorar la salud de la población objetivo. Sobre las 56 investigaciones, la ASF señaló que la institución no acreditó cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento del cáncer y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, en atención a los que establece la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por lo cual se desconoce, en qué medida los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector. Incremento de recursos que no reflejan un mejor uso de los mismos. Por lo que respecta a la suficiencia presupuestaria en el desarrollo de investigación científica y tecnológica, al INCAN le fueron autorizados 65.4 millones de pesos, en el PEF para operar el Pp E022, los cuales fueron modificados a 67.2 millones de pesos lo que significó un incremento de 2.7% (1.7 millones de pesos); sin embargo, el instituto no acreditó el aumento en los recursos mediante las adecuaciones presupuestarias correspondientes, ni las cuentas por liquidar certificadas con las cuales ejerció el presupuesto, como se establece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Determinación de objetivos e indicadores insuficientes. Por lo que respecta al diseño de la MIR, la ASF determinó que los objetivos e indicadores establecidos en la MIR del Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” fueron insuficientes para medir la contribución del programa en la atención del problema público, así como las causas que lo justifican, ya que el fenómeno problemático definido en el árbol del problema referente a la “insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población” no es claro ni concreto, ya que en el diagnóstico para su determinación no se cuantificó la insuficiencia de esas investigaciones; además, la causa “insuficientes investigaciones sobre prioridades en salud” es similar a lo establecido en el fenómeno problemático y el efecto “diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes” es determinado como una causa en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018, por lo que resultan inconsistentes. En la lógica vertical, el objetivo de Propósito no permitió identificar la contribución del programa a la atención del problema público, ya que no definió el resultado directo que se espera lograr con las investigaciones científicas, referente a su vinculación con los problemas de salud de la población. En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Componente fueron insuficientes para valorar el desempeño del programa y conocer su


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impacto social; en los de nivel Fin, no se midió la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad; en los de nivel Propósito, no se evaluó la calidad de las investigaciones; en los de Componente, cuatro de los seis indicadores no permitieron medir el cumplimiento del objetivo propuesto, puesto que el objetivo no especificó los productos o servicios de la política institucional para impulsar la investigación científica, además su frecuencia (anual) fue incorrecta, puesto que este tipo de indicadores deben evaluarse al menos de forma semestral; en los de nivel Actividad los indicadores se corresponden directamente con cada uno de sus objetivos; sin embargo, su frecuencia (semestral y anual) fue incorrecta, ya que para este tipo de indicadores la periodicidad máxima de medición debe ser trimestral. Consecuencias Sociales. En 2016, el INCAN realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos susceptibles de padecer esta enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos problemas y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen. En opinión de la ASF, en 2016, el INCAN desarrolló 56 investigaciones en su área de conocimiento sin poder acreditar el avance en la atención del problema público, ya que el Instituto no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes de salud en materia de cáncer; por lo que toca a la publicación y difusión la entidad fiscalizada no pudo demostrar que estas estuvieran relacionadas con los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que permitiera demostrar que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 8 (RD). Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCICH). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 226. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población en materia de salud cardiovascular. Posible incumplimiento en la producción de investigaciones. La ASF determinó que de la revisión practicada a la Producción de Investigaciones Vinculadas con los Padecimientos Cardiovasculares Prioritarios y Emergentes, el INCICH no acreditó que, para 2016, incrementó la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos cardiovasculares prioritarios y emergentes, debido a que aun cuando desarrolló 169 investigaciones, no justificó la disminución del 1.2% respecto de las 171 realizadas en 2015, tampoco contó con un indicador ni meta para programar su realización.


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Elaboración de investigaciones sin vinculación con sus objetivos. Respecto de la difusión de los resultados de las investigaciones, se observó que el INCICH sólo acreditó 5 (2.6%) de esas intervenciones realizadas. Tampoco comprobó que esas difusiones correspondieron a los resultados de las investigaciones desarrolladas en ese año o en ejercicios anteriores y si estas fueron dirigidas a la comunidad científica y a la sociedad, como se estableció en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Además, el instituto no acreditó que contó con indicadores y metas que midieran la difusión de los resultados de las investigaciones. Determinación de objetivos e indicadores insuficientes. Por lo que respecta al diseño de la MIR, la ASF señala que los objetivos e indicadores establecidos en la MIR del Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” fueron insuficientes para medir la contribución del programa en la atención del problema público, así como las causas que lo justifican, ya que el fenómeno problemático definido en el árbol del problema referente a la “insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población” no es claro ni concreto, puesto que en el diagnóstico para su determinación no se cuantificó la insuficiencia de esas investigaciones; además, la causa “insuficientes investigaciones sobre prioridades en salud” es similar a lo establecido en el fenómeno problemático y el efecto “diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes” es determinado como una causa en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018, por lo que resultan inconsistentes. La ASF precisa que en la MIR no se realizó una adecuada alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, debido a que se vinculó al objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”, ya que la finalidad del programa es realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para asegurar la producción y el uso efectivo de los recursos en salud. En la lógica vertical, el objetivo de Propósito no permitió identificar la contribución del programa a la atención del problema público; Los objetivos de componente fueron insuficientes para cumplir los objetivos de Propósito y los de Actividad no tuvieron una relación con los de Componente. En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Componente fueron insuficientes para valorar el desempeño del programa y conocer su impacto social; en los de nivel Fin, no se midió la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad; en los de nivel Propósito, no se evaluó la calidad de las investigaciones; en los de Componente, cuatro de los seis indicadores no permitieron medir el cumplimiento del objetivo propuesto, puesto que el objetivo no especificó los productos o servicios de la política institucional para impulsar la investigación científica, además su frecuencia (anual) fue incorrecta, puesto que este tipo de indicadores deben evaluarse al menos de forma semestral; en los de nivel Actividad los indicadores se corresponden directamente con cada uno de sus objetivos; sin embargo, su frecuencia (semestral y anual) fue incorrecta, ya que para este tipo de indicadores la periodicidad máxima de medición debe ser trimestral.


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Consecuencias Sociales. En 2016, el INCICH realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico vinculada con los padecimientos cardiovasculares prioritarios, pero no identificó los emergentes, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos 12/ susceptibles de padecer estas enfermedades, y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el INCICH avanzó en la atención del problema público que debió atender, mediante el Pp E022, relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los padecimientos cardiovasculares prioritarios, ya que los identificó y comprobó que el 97.6% de las 169 investigaciones desarrolladas en ese año se vincularon con éstos, pero no precisó los temas por investigar respecto de los emergentes que, en su caso, pudieran suscitarse y constituir un problema de salud pública. Además, el instituto no justificó que las publicaciones y difusiones científicas realizadas se derivaron de los resultados de sus investigaciones, y careció de mecanismos de control que demostraran que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de los pacientes, y la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud cardiovascular de la población y a la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (RD). Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 227. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población en materia de salud respiratoria. Elaboración de investigaciones sin vinculación con sus objetivos. La ASF señaló que el INER para 2016, identificó los temas prioritarios en materia respiratoria con base en las 10 principales causas de morbilidad presentadas en el instituto3, pero no acreditó la vinculación de 4 de éstas con las 10 líneas temáticas amplias por investigar remitidas por el instituto a su H. Junta de Gobierno, ni su correspondencia con las 188 líneas específicas mediante las cuales desarrolló sus investigaciones en ese año. Tampoco demostró la identificación de temas emergentes por investigar, conforme a lo establecido en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018. Por lo que respecta a la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, El INER desarrolló, para 2016, 407 investigaciones, 5.2%

3 Para 2016, el INER consideró las principales causas de morbilidad registradas en el instituto en 2015, las cuales fueron: influenza (gripe) y neumonías; tumores malignos; enfermedades intersticiales primarias y secundarias; asma; enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); enfermedades pleurales; rinitis alérgica y obstructiva, tuberculosis, secuelas de tuberculosis y micobacteriosis; trastornos del sueño y SOH, y estenosis traqueal y laríngea.


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más que en el año anterior (387 investigaciones), conforme a las 188 líneas específicas de investigación identificadas en su base de datos; sin embargo, no acreditó contar con un indicador ni meta para programar su realización, ni la vinculación de esas líneas con los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, tampoco con las 10 líneas temáticas amplias que el instituto reportó como “Programas de investigación”. Asimismo, en 2016, respecto del total de investigaciones desarrolladas por el INER, 9 (2.2%) fueron canceladas en el periodo de junio a diciembre del ejercicio fiscal, 283 (69.5%) quedaron en proceso y 115 (28.3%) se concluyeron. Al respecto, el instituto no demostró que contó con la normativa que regulara la cancelación de investigaciones, en incumplimiento a lo indicado en la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités en Investigación. Difusión de resultados a entes y sujetos distintos a los considerados como objetivo. En cuanto a la difusión de los resultados de las investigaciones, la ASF determinó que, con la revisión de la base de datos “Participación en actividades científicas” que contiene la relación de la difusión realizada por el instituto, en 2016, mediante congresos y eventos, y de su soporte documental consistente en los reconocimientos y programas de los eventos, se constató que la entidad fiscalizada no acreditó que esas difusiones se correspondieron con los resultados de las investigaciones desarrolladas en ese año o en ejercicios anteriores, ni si fueron dirigidas a la comunidad científica y a la sociedad, como se estableció en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Además, el instituto no acreditó que contó con indicadores y metas que midieran la difusión de los resultados de las investigaciones. Falta de controles presupuestales. En cuanto a su gestión financiera, el instituto no acreditó contar con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada investigación para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar esa actividad, tal como lo identificó en su árbol del problema. Consecuencias Sociales. En 2016, el INER realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó los padecimientos respiratorios emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, no acreditó la correspondencia de los temas prioritarios con las investigaciones realizadas, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos 8/ susceptibles de padecer estas enfermedades; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el INER desarrolló 407 investigaciones en su área de conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas respiratorios prioritarios y emergentes, tampoco que las publicaciones y difusiones científicas realizadas se relacionaran con los resultados de los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que demostrara que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico, y tratamiento de las enfermedades respiratorias, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma decisiones en el sector.


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Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 9 (RD). Instituto Nacional de Geriatría (INGER). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 228. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población adulta mayor. Elaboración de investigaciones sin vinculación o alcance con sus objetivos. De la revisión practicada al INGER, la ASF determinó que respecto de su producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de la población adulta mayor prioritarios y emergentes, la entidad no acreditó, para 2016, el incremento en la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de la población adulta mayor prioritarios y emergentes, debido a que registró por primera vez 11 investigaciones y 28 estuvieron en proceso, sin justificar la disminución del 47.6%, respecto de las 21 que inició en 2015; y tampoco dispuso de un indicador ni metas para programar su realización; además, no acreditó la vinculación de éstas con los padecimientos de salud de adultos mayores prioritarios y emergentes, ni con las líneas de investigación definidas, concluyendo la ASF que la entidad fiscalizada, no atendió la causa señalada en el árbol del problema relativa a la insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población, ni dispuso de mecanismos apropiados para la generación y resguardo de información clara y confiable. Además, se observó que el INGER canceló y suspendió 4 investigaciones en 2016 sin notificar al Comité de Ética de Investigación las razones por las cuales ya no se llevaron a cabo, ni el resumen de sus resultados; de igual forma, tampoco realizó un procedimiento para determinar la cancelación y suspensión de éstas, por lo que no dispuso de información clara, confiable y suficiente. Investigaciones que no contribuyen a mejorar la salud de la población objetivo. Por lo que toca a la contribución de las investigaciones científicas y tecnológicas para mejorar la salud de la población y para la toma de decisiones, la ASF determinó que para 2016, el INGER, inició 11 investigaciones, pero no acreditó con evidencia documental cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de los padecimientos de los adultos mayores y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, como se señaló en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Por ello, desconoció si los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector. Determinación de objetivos e indicadores insuficientes. En cuanto al diseño de la MIR, en 2016, la ASF determinó que los objetivos e indicadores establecidos en la MIR del Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” fueron insuficientes para medir la contribución del programa en la atención del problema público, así como las causas que lo justifican, ya que el fenómeno problemático definido en el árbol del problema referente a la “insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la


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población” no es claro ni concreto, ya que en el diagnóstico para su determinación no se cuantificó la insuficiencia de esas investigaciones; además, la causa “insuficientes investigaciones sobre prioridades en salud” es similar a lo establecido en el fenómeno problemático y el efecto “diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes” es determinado como una causa en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018, por lo que resultan inconsistentes. Tampoco se realizó una adecuada alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, debido a que se vinculó al objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”, ya que la finalidad del programa es realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para asegurar la producción y el uso efectivo de los recursos en salud. En la lógica vertical, el objetivo de Propósito no permitió identificar la contribución del programa a la atención del problema público, ya que no definió el resultado directo que se espera lograr con las investigaciones científicas, referente a su vinculación con los problemas de salud de la población. En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Componente fueron insuficientes para valorar el desempeño del programa y conocer su impacto social; en los de nivel Fin, no se midió la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad; en los de nivel de Propósito, no se evaluó la calidad de las investigaciones; en los de Componente, cuatro de los seis indicadores no permiten medir el cumplimiento del objetivo propuesto, puesto que el objetivo no especificó los productos o servicios de la política institucional para impulsar la investigación científica, además su frecuencia (anual) es incorrecta, puesto que este tipo de indicadores deben evaluarse al menos de forma semestral; en los de nivel Actividad los indicadores se corresponden directamente con cada uno de sus objetivos; sin embargo, su frecuencia (semestral y anual) fue incorrecta, ya que para este tipo de indicadores la periodicidad máxima de medición debe ser trimestral. Consecuencias Sociales. En 2016, el INGER realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó los padecimientos prioritarios y emergentes de salud sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 10 millones de mexicanos adultos mayores susceptibles de padecer alguna enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de los problemas y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el Instituto Nacional de Geriatría inició 11 investigaciones en su área de conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes en materia de salud de la población adulta mayor; y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que acreditara que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los adultos mayores, así como la rehabilitación de los


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pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 7 (RD). Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño. No. 229. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas de nutrición. Se requiere realizar investigaciones vinculadas con objetivos. De acuerdo con la ASF se pudo observar que el INCMNSZ respecto a su Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del Pp E022 de 2016, se pudo reconocer como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y que los recursos financieros destinados a la investigación son escasos. Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, el INCMNSZ identificó los temas prioritarios y emergentes en materia de nutrición, por lo que las 305 líneas de investigación que formuló para guiar la investigación estuvieron fundamentadas con base en esos temas. Se requiere realizar investigaciones vinculadas a la atención de problemas de salud específicos. Por lo que respecta a la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de nutrición prioritarios y emergentes, en 2016, el instituto realizó 305, 85 más que en 2015; sin embargo, sólo en 23 casos (7.5%), el instituto las vinculó con una línea de investigación y 25 grupos (58.1%), de los 43 registrados, guardaron correspondencia con los temas definidos. Inconsistencia entre las publicaciones acreditadas vs los resultados de investigaciones reportados. En la publicación y difusión de los resultados de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, en 2016, el INCMNSZ publicó 779 artículos, de los cuales 422 (54.2%) fueron artículos; 214 (27.5%) capítulos de libros; 127 (16.3%) tesis de los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y 16 (2.0%) libros editados, pero no acreditó que la información publicada se relacionara con los resultados de las investigaciones realizadas; asimismo, llevó a cabo 49 actividades de difusión en foros para la comunidad científica, con lo que efectuó 485 comunicaciones de los aspectos relevantes investigados y comprobó que la información publicada y difundida se dirigió a la sociedad en general, como se establece en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. No se cuenta con indicadores que evalúen el uso del presupuesto. En relación con la suficiencia presupuestaria, el INCMNSZ ejerció 248.2 millones de pesos en el Pp E022 “Investigación y


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Desarrollo Tecnológico en Salud”, cifra superior en 13.8% (30.0 millones de pesos) respecto del monto aprobado de 218.1 millones de pesos debido al pago del incremento salarial y la reubicación de plazas de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, así como por la adquisición de materiales y suministros para realizar las investigaciones; sin embargo, el instituto no contó con un parámetro para cuantificar la insuficiencia presupuestaria, identificada como una de las causas del fenómeno problemático del Pp E022. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INCMNSZ contribuyó a atender el problema público relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, debido a que identificó la evolución de las enfermedades prioritarias que inciden en las principales causas de mortalidad y, estudió los problemas emergentes de salud para establecer 10 líneas de investigación estratégicas, de las cuales el 80.0% (8) se relacionaron con las principales causas de muerte en el país con las que vinculó sus proyectos de investigación; se emitieron 779 publicaciones científicas entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas, así como 49 eventos de difusión, mediante los cuales realizó 485 comunicaciones de los aspectos relevantes investigados y dispuso de la evidencia para acreditar que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como la rehabilitación de los pacientes, y la promoción de medidas para mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 0 Instituto Nacional de Pediatría (INP). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño. No. 230. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población infantil. Investigaciones que no se vinculan con la problemática de salud objetivo. De acuerdo con la ASF la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes realizadas por el INP no acreditaron el incremento en la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes en 2016, debido a que aun cuando contó con 64 investigaciones, no justificó la disminución de 8.6% respecto de las 70 realizadas en 2015, tampoco especificó que tuviera un indicador ni metas para programar su realización, no acreditó la vinculación de éstas con los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes, ni con las líneas de investigación definidas; por lo que se considera que el INP no atendió la causa señalada en el árbol del problema relativa a la insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población, ni dispuso de mecanismos apropiados para la generación y resguardo de información clara y confiable. Además, la entidad fiscalizada en ese mismo año registró 64 investigaciones, de las cuales 56 pudieron ser vinculadas por el grupo auditor a 11 líneas de investigación mediante


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prueba supletoria y 8 no se encontraron dentro de las determinadas por el instituto, y la denominada “Medicina ambiental y adicciones” no se relacionó con ninguno de los estudios. Publicaciones que no acreditan su relación con el resultado de las investigaciones realizadas. En cuanto al rubro de la publicación de los resultados de las investigaciones, de los 286 artículos científicos mediante libros y revistas publicadas por el INP, no se acreditó que dicha información se relacionara con los resultados de las investigaciones realizadas en ese año o en ejercicios anteriores, como se ordenó en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, lo que evidencia que el instituto no contó con mecanismos apropiados para la generación y resguardo de información clara y confiable. Por lo que respecta a la difusión de los resultados de las investigaciones, pese a la difusión de los resultados de las investigaciones mediante 400 participaciones, a congresos, eventos, cursos, foros, reuniones, conferencias y seminarios; no se acreditó que ello se correspondió con los resultados de las investigaciones realizadas en ese año o en ejercicios anteriores y tampoco se comprobó que fueron dirigidos a la comunidad científica y a la sociedad, como se estableció en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Investigaciones que no contribuyen a mejorar la salud de la población objetivo. En cuanto a la Contribución De Las Investigaciones Científicas Y Tecnológicas Para Mejorar La Salud De La Población Y Para La Toma De Decisiones, para 2016, la ASF observó que el INP contó con 64 investigaciones, pero no acreditó con evidencia documental sobre cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de los padecimientos de salud infantil y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, como se señaló en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, situación que impidió conocer en qué medida los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector. Insuficiencia de indicadores de desempeño. En cuanto al diseño de la MIR, la ASF preciso que en 2016, los objetivos e indicadores establecidos en Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” fueron insuficientes para medir la contribución del programa en la atención del problema público, así como las causas que lo justifican, ya que el fenómeno problemático definido en el árbol del problema referente a la “insuficiente investigación científica orientada a mejorar los problemas de salud de la población” no es claro ni concreto, ya que en el diagnóstico para su determinación no se cuantificó la insuficiencia de esas investigaciones; además, la causa “insuficientes investigaciones sobre prioridades en salud” es similar a lo establecido en el fenómeno problemático y el efecto “diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes” es determinado como una causa en el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018, por lo que resultan inconsistentes. Asimismo, el INP no realizó una adecuada alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, debido a que se vinculó al objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”, ya que la finalidad del programa es realizar investigación científica y desarrollo tecnológico para asegurar la producción y el uso efectivo de los recursos en salud.


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En la lógica vertical, el objetivo de Propósito no permitió identificar la contribución del programa a la atención del problema público, ya que no definió el resultado directo que se espera lograr con las investigaciones científicas, referente a su vinculación con los problemas de salud de la población; sus objetivos de componente fueron insuficientes para cumplir los objetivos de Propósito y los de Actividad no tuvieron una relación con los de Componente. Además, no se integraron objetivos de Actividad para atender la causa que origina el problema público referente a diagnósticos poco precisos sobre enfermedades emergentes. En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin, Propósito y Componente fueron insuficientes para valorar el desempeño del programa y conocer su impacto social; en los de nivel de Fin, no se midió la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad; en los de nivel de Propósito, no se evaluó la calidad de las investigaciones; en los de Componente, cuatro de los seis indicadores no permitieron medir el cumplimiento del objetivo propuesto, puesto que el objetivo no especificó los productos o servicios de la política institucional para impulsar la investigación científica, además su frecuencia (anual) fue incorrecta, puesto que este tipo de indicadores deben evaluarse al menos de forma semestral; en los de nivel Actividad los indicadores se corresponden directamente con cada uno de sus objetivos; sin embargo, su frecuencia (semestral y anual) fue incorrecta, ya que para este tipo de indicadores la periodicidad máxima de medición debe ser trimestral. Controles presupuestales que no permiten medir los beneficios derivados de su aplicación. La ASF también determinó que durante 2016, el instituto no evidenció contar con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada investigación para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar esa actividad, tal como lo identificó en su árbol del problema. Además de no contar con mecanismos de control para clasificar los resultados de las 64 investigaciones desarrolladas, en 2016, en cuanto a los beneficios para la población en términos de comprender, prevenir, diagnosticar y tratar los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas de salud, a fin de contribuir a mejorarla y tomar decisiones en el sector, conforme a lo establecido en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en el PAEIS 2013-2018. Consecuencias Sociales. En 2016, el INP realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó los padecimientos prioritarios y emergentes de salud sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 39.2 millones de niños mexicanos susceptibles de padecer alguna enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de decisiones en el sector. Dictamen: En opinión de la ASF, en 2016, el Instituto Nacional de Pediatría desarrolló 64 investigaciones en su área de conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil; y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas


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investigados. Además, el instituto careció de evidencia que acreditara que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infantiles, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 11 (RD). Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No.231. Objetivo: Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica realizada por el INSP contribuyó a resolver los problemas de salud pública. Indicadores que no se vinculan con la problemática registrada. La ASF señala, que los resultados de la revisión practicada al INSP relativos a la identificación de temas prioritarios y emergentes en materia de salud pública, éstos indicaron que el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del Pp E022 de 2016, reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y la insuficiencia de recursos financieros. Para ello durante 2016, el INSP operó el Pp E022 con el objetivo de realizar investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, publicar y difundir sus resultados, y disponer de los recursos presupuestarios suficientes para su comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas para mejorar la salud de la población y la toma de decisiones. El instituto ejerció 428,642.5 miles de pesos en la operación del programa, lo que representó 27.7% más que los 335,788.6 miles de pesos asignados4. Al respecto, la ASF precisó que el INSP contó con un diagnóstico de mediano plazo en el que analizó la evolución de las enfermedades que inciden en las principales causas de mortalidad en el país y que se corresponden con las identificadas como prioritarias en la planeación sectorial de mediano plazo. Asimismo, el instituto elaboró el “Diagnóstico de la Salud Pública en México” en el que analizó la situación actual de la salud pública, que se refiere a los problemas emergentes de salud, de conformidad con lo señalado en el PAEIS 2013-2018. La investigación científica y de desarrollo tecnológico que realizó, se agrupó en 20 Líneas de Investigación por Misión (LIM).

4 En 2016, al Pp E022 se le aprobó un presupuesto de 2,057,098.3 miles de pesos, y fue operado por 25 unidades responsables: 12 institutos nacionales de salud, seis hospitales regionales de alta especialidad, cuatro hospitales generales, un centro de integración juvenil, uno de servicios de atención psiquiátrica y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.


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Investigaciones vinculadas con la problemática. Respecto del incremento de la producción de investigaciones vinculadas con los problemas de salud pública, el instituto realizó 296 proyectos de investigación para 2016, 7 más que los 289 programados; del total de proyectos del instituto, 287 (97.0%) se correspondieron con las 20 LIM; asimismo, de las cinco LIM con mayor número de investigaciones, tres se vincularon con los problemas prioritarios en salud pública. Aceptable difusión de las investigaciones. En la publicación y difusión de los resultados de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, el instituto contó con 357 publicaciones, de las cuales 297 (83.2%) fueron artículos, para los que estableció cinco indicadores, en tres no se alcanzaron sus metas; 49 (13.7%) correspondieron a capítulos de libros, y 11 (3.1%) a libros. Además, participó en 457 eventos de difusión, relacionados con 16 de las 20 LIM, y realizó 18 reuniones de intercambio científico nacionales e internacionales, de las cuales cinco se vincularon con las LIM. Insuficiencia de Indicadores que permitan cuantificar el uso de recursos. En cuanto a la suficiencia presupuestal, el INSP ejerció 428.6 millones de pesos del Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”, cifra superior en 27.7% (92.8 millones de pesos) respecto del monto aprobado de 335.7 millones de pesos, debido a la contratación de personal para llevar a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2016) y la compra de reactivos insustituibles para desarrollar y estandarizar un sistema multiplex para el estudio de los virus de Chikungunya, Zika y Dengue; sin embargo, el instituto no contó con un parámetro para cuantificar la insuficiencia presupuestal, identificada como una de las causas del fenómeno problemático del Pp E022. Investigaciones que cumplen con sus objetivos. En 2016, de los 296 proyectos realizados por el INSP, 46 (15.5%) fueron investigaciones de tipo biomédica; 20 (6.8%), clínica; 214 (72.3%), sociomédica-epidemiológica, y 16 (5.4%), tecnológica, de conformidad con la clasificación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; los cuales contaron con beneficios asociados a la atención de 23 enfermedades, en las que destacan las del corazón, diabetes, tumores malignos y accidentes, identificadas como las principales causas de muerte en el país. Consecuencias Sociales. En 2016, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico vinculada con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, además de asociar sus resultados para contribuir a atender las enfermedades que afectan a los 119.5 millones de mexicanos susceptibles de presentar enfermedades y acreditó su contribución en la mejora de la atención de esos problemas, así como en la toma de decisiones del sector. Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INSP contribuyó a atender el problema público relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, debido a que identificó la evolución de las enfermedades prioritarias que inciden en las principales causas de mortalidad y, en su “Diagnóstico de la Salud Pública en México de 2016”, estudió los problemas emergentes de salud para establecer 17 (85.0%) de las 20 las líneas de investigación


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con las que vinculó sus proyectos de investigación; se emitieron 357 publicaciones científicas entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas, así como 457 eventos de difusión, y dispuso de la evidencia para acreditar que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como la rehabilitación de los pacientes, y la promoción de medidas para mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. Número de Observaciones: 0 Secretaría de Salud. “Aportaciones a Organismos Internacionales y Gastos de Comunicación Social”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 200. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario P012 "Rectoría en Salud" para el pago de aportaciones a organismos internacionales y gastos de comunicación social se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Contrataciones que no cumplen con la normatividad requerida. La ASF constató que la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) remitió el formato denominado “Solicitud de Tiempos Oficiales” junto con la pauta que indica los espacios publicitarios en radio y televisión, así como los tiempos solicitados a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) de la Secretaría de Gobernación para la difusión de la campaña de “Prevención de enfermedades transmitidas por vectores” versión “Prevención de Zika, Chikungunya y Dengue” a través de tiempos oficiales, con el fin de privilegiar, en primera instancia, su uso. Al respecto, la DGRTC informó a la DGCS que no contaba con los espacios para la transmisión del mensaje en los términos solicitados; sin embargo, ponía a su disposición otros espacios y tiempos en caso de requerirlos. Derivado de lo anterior, la ASF observó que la DGCS llevó a cabo la contratación para la difusión de la campaña por tiempos comerciales, sin requerir de manera previa a la Secretaría de Gobernación que le indicara los espacios y tiempos oficiales que ponía a su disposición para evaluar la conveniencia de su uso, ni acreditó que la pauta presentada a la Secretaría de Gobernación estuviera sustentada en el análisis de medios para determinar el grupo radiofónico, cadena televisiva, frecuencia, canal, espacio programático y el número de impactos publicitarios en función de las necesidades, objetivos y metas de la campaña publicitaria que dio a conocer a la DGRTC para consultar la disponibilidad de los tiempos oficiales. La ASF detecto posibles irregularidades cometidas por los servidores públicos de la DGCS que en su gestión realizaron el "Análisis de los Medios Publicitarios" sin contar con información veraz, confiable y oportuna, toda vez que en su contenido se referencia normativa no vigente para el ejercicio 2016; asimismo, los datos estadísticos sobre el comportamiento del uso, acceso y cobertura de los medios de comunicación en todo el país, en algunos casos, no especificaron las fuentes de información, y en aquellos en los que se referencia como fuente una página de


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internet, ésta no fue localizada, aunado a que en dicho análisis no se incluyeron las estaciones oficiales de radio y canales de televisión de la Administración Pública Federal con presencia en todo el país. Adjudicaciones directas que no generan las mejores condiciones para el Estado. Asimismo la ASF determinó que la DGCS no acreditó la procedencia del procedimiento de adjudicación directa de los servicios de difusión de la Campaña "Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores, versión Prevención de Zika, Chikungunya y Dengue", el cual a pesar de contar con el dictamen de procedencia de la contratación por excepción a la Licitación Pública signado por el titular de la DGCS, mismo que contiene la justificación y la descripción de los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, no consideró el criterio de economía, señalando en el propio dictamen que la difusión por tiempos comerciales de la campaña implica costos elevados pero necesarios, no obstante que la norma federal establece que las dependencias deberán observar los criterios de austeridad y racionalidad del gasto en el ejercicio de los recursos asignados a comunicación social. Con ello la DGCS, no garantizó las mejores condiciones para el Estado, así como el cumplimiento de los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez de acuerdo a lo que establece la LAASSP en su Art. 41, fracción II. Además, la ASF presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por concepto de pagos efectuados, por servicios prestados y entregables con características y condiciones diferentes de las contratadas sin aplicar las deductivas y penalizaciones correspondientes. Dictamen: La ASF concluyó que en términos generales, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: En los procedimientos de adjudicación de los servicios de comunicación para la difusión de la campaña de “Prevención de enfermedades transmitidas por vectores” versión “Prevención de Zika, Chikungunya y Dengue”, no se acreditó que se buscaron las mejores condiciones en cuanto al precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado, toda vez que se presentaron deficiencias en el “Análisis de los Medios Publicitarios” y en la Investigación de Mercado en la que se sustentaron dichas contrataciones, además de que los contratos formalizados carecen de la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato; lo anterior originó que la definición de dichas especificaciones quedara a discreción de los proveedores de los servicios contratados. Asimismo, no se descontaron 6.1 millones de pesos de los pagos que se realizaron a los proveedores de los servicios de difusión en televisión, medios complementarios y radio por servicios no prestados, o bien, que no cumplieron con las características y especificaciones solicitadas, con sus penalizaciones y deductivas correspondientes. Por otra parte, se transfirió a la Comisión Fronteriza México-Estados Unidos un monto mayor en 306.8 miles de pesos que la cuota pactada en el instrumento jurídico respectivo, sin realizar las gestiones necesarias para la recuperación de dichos recursos. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 12 (2 R; 6 PRAS; y 4PO). Recuperaciones determinadas: 6.4 millones pesos; Operadas: 0.0 mil pesos; Probables: 6.4 millones de pesos.


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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). “Insumos para el Control de la Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 213. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U005 "Seguro Popular" para la atención de los programas de acción específicos "Prevención y Control de la Diabetes Mellitus" y "Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Falta de seguimiento a las entregas efectuadas. De la revisión a los requerimientos de tiras reactivas para la compra consolidada, la ASF identificó que las cantidades de insumos requeridas por cada entidad federativa correspondieron con las establecidas en las requisiciones elaboradas por la Dirección del Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano adscrita al CENAPRECE como área requirente de los bienes; Sin embargo, no fue así la tira para “Microalbúmina” en los estados de Baja California y Morelos, donde se entregaron cantidades inferiores sin que el CENAPRECE justificara dichas variaciones y que éstas se efectuaran en consenso con los estados de acuerdo con sus necesidades. Deficiencias en la elaboración de investigación de mercado. para La ASF detectó posibles irregularidades de los servidores públicos del CENAPRECE que en su gestión realizaron el estudio de mercado y las evaluaciones de las propuestas técnicas de los cuatro procedimientos de Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados, con cargo al presupuesto del programa presupuestario U005 "Seguro Popular" en la partida 25901 "Otros Productos químicos", para la adquisición de tiras reactivas de "Glucosa", "Microalbúmina", "Hemoglobina" y "Lípidos" respectivamente, derivado de inconsistencias detectadas en la caducidad de las tiras reactivas, durante su evaluación y entrega de las mismas, lo que originó que los bienes no cumplieran con la caducidad evaluada al no considerar los factores antes mencionados; dicha situación limitó la libre participación y concurrencia económica en los procedimientos de acuerdo con lo señalado por los licitantes en las juntas de aclaraciones, al requerir al órgano desconcentrado modificar el criterio de evaluación tomando en consideración los procesos de importación y distribución de los bienes. Publicaciones fuera de periodos establecidos. La ASF constató que el CENAPRECE realizó publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de diversos procedimientos de contratación fuera del plazo límite de los 72 días naturales siguientes al de su emisión que establece el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, toda vez que se publicaron con un desfase de entre 66 y 135 días naturales. Asimismo, se detectó que el CENAPRECE efectuó, en 2016, un pago de 28.2 miles de pesos por la adquisición de 864 tiras reactivas de “Microalbúmina” con cargo al programa presupuestario P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, aun cuando la contratación se realizó con la suficiencia presupuestal del Programa U005 “Seguro Popular”. Al respecto, si bien fueron


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entregadas a dicha entidad federativa para cumplir con los objetivos del programa U005, éstas no fueron formalizadas mediante el Adendum al Apéndice IV-I-2016 del Acuerdo de Coordinación que celebraron en marzo de 2016 la Secretaría de Salud y el estado de Morelos. Pagos improcedentes. La ASF presume un probables daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9.9 millones de pesos, concepto de insumos pagados a los proveedores por el CENAPRECE sin que los bienes entregados cumplieran con la caducidad mínima requerida al momento de su entrega en los almacenes de las jurisdicciones sanitarias, de acuerdo con lo establecido en los pedidos. Derivado de lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las posibles irregularidades cometidas por los servidores públicos del CENAPRECE que en su gestión como administradores de los pedidos mediante los cuales se adquirieron las tiras reactivas de "Glucosa", "Microalbúmina", "Hemoglobina" y "Lípidos", autorizaron y solicitaron a la Dirección de Operación del órgano desconcentrado efectuar el pago correspondiente a los proveedores sin supervisar el cumplimiento de los pedidos, sin solicitar la reposición de los bienes con la determinación de la pena convencional correspondiente y sin proceder a la rescisión administrativa de los pedidos respectivos y hacer efectivas las garantías de cumplimiento. Dictamen: La ASF concluyo que el CENAPRECE cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos: la ASF observó que existieron deficiencias en el procedimiento de adjudicación para la adquisición de tiras reactivas de "Glucosa", "Microalbúmina", "Hemoglobina" y "Lípidos" que limitaron la libre participación y concurrencia económica en los procedimientos de acuerdo con lo señalado por los licitantes en las juntas de aclaraciones, sin observar los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez para garantizar las mejores condiciones para el Estado disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los insumos entregados a las entidades federativas, lo que originó que las tiras reactivas de “Microalbúmina” y “Hemoglobina” no cumplieron con la caducidad mínima requerida de 18 y 15 meses, respectivamente, al momento de su entrega en los almacenes jurisdiccionales, y no se aplicaron las penalizaciones ni las garantías de cumplimiento correspondientes por un monto de 9.9 millones de pesos. Además, el Gobierno de la Ciudad de México no acreditó la existencia en las jurisdicciones sanitarias de 105,620 tiras reactivas de “Hemoglobina”, por un monto de 32.9 millones de pesos. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 16 (7 R; 7 PRAS; y 2 PO). Recuperaciones determinadas: 42.9 millones pesos; Operadas: 0.0 mil pesos; Probables: 42.9 millones de pesos.


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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). “Ingresos por Derechos por Autorizaciones en Materia Sanitaria”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 215. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la prestación de los servicios, el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación de los derechos en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Incumplimiento en los términos para realizar registro de equipos médicos. Derivado de la revisión al Registro de equipos médicos, materiales quirúrgicos, de curación, productos higiénicos e insumos de uso odontológico, la ASF determinó que COFEPRIS no instrumento acciones previstas para cumplir con los plazos legales para la atención de los trámites de autorización de registros de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, materiales quirúrgicos, de curación, productos higiénicos e insumos de uso odontológico que no sean medicamentos, ya que con la revisión de 26 expedientes constató que en 18 trámites excedió el plazo de atención; en 10 expedientes de la clase I, entre 13 y 103 días; en 7 expedientes de la clase II, entre 2 y 55 días, y en un expediente de la clase III, en 6 días. Procedimientos pendientes de aprobar. Derivado de la revisión a la Validación del pago de derechos por autorización sanitaria la ASF determinó que la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros y el Centro Integral de Servicios realizaron actividades relacionadas con la validación de los pagos de derechos, las cuales no fueron establecidas en sus procedimientos. A pesar de que la COFEPRIS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, elaboró el “Procedimiento transversal para la recepción, el flujo y validación del comprobante de pago de derechos, productos y aprovechamientos, así como la emisión del oficio para la solicitud de devolución ante el SAT”, el procedimiento no ha sido autorizado. Además, de los 642.7 millones de pesos reportados en el sistema e5cinco, 642.5 millones de pesos correspondieron a los trámites de autorizaciones en materia sanitaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 195 y 195-A de la Ley Federal de Derechos. Falta de controles y administración del papel seguridad. En cuanto al Control, manejo y resguardo del papel seguridad, la ASF revisó la obligación de los titulares de las direcciones y subdirecciones ejecutivas de la Comisión de Autorización Sanitaria de firmar las actas de entrega de papel seguridad, así como de su control. Al respecto, la ASF observó que en las bitácoras de las subdirecciones ejecutivas de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos, Autorización Publicitaria, Importaciones y Exportaciones, así como de Autorizaciones en Servicios de Salud, existen fechas que no se incorporaron en forma cronológica, no hay secuencia en los números de folio, se detectaron folios faltantes o duplicados, no se incluyó el folio final del intervalo requerido, ni el nombre de quien utilizó el papel seguridad; asimismo, el encabezado de la bitácora de la Dirección Ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad carece de fecha, nombre de la dirección y número de hojas que se recibieron. Derivado de lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones


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pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las posibles irregularidades cometidas por los servidores públicos que en su gestión no hubiesen controlado el uso correcto del papel seguridad. Dictamen: la ASF concluyó que, en términos generales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que los derechos pagados por los usuarios de los servicios que prestó fueron determinados de forma correcta y ejecutó dichos servicios conforme a los requisitos establecidos en la normativa, excepto porque careció de controles administrativos en los trámites realizados, lo que propició se excediera el plazo para su atención y el papel seguridad no se manejara de manera ordenada. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 4 (3 R y 1 PRAS). Recuperaciones determinadas: 0.0 Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). “Auditoría de TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 216. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Falta de controles administrativos y documentales de los sistemas y resguardo de bases de datos. La ASF analizó el contrato número DGRMSG-DCC-S-015-2016 celebrado con la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., Las características generales del servicio fueron: el aprovisionamiento de enlaces de red; la administración de sistemas operativos, bases de datos y virtualización; dar Solución de gestión de respaldos y almacenamiento y Transferencia de servicios, al respecto se determinaron las siguientes observaciones: No se proporcionó la información para acreditar una adecuada planeación de actividades realizadas por el proveedor en relación con los servicios contratados, así como la documentación que avale las actividades realizadas por el prestador del servicio, por lo que no se puede garantizar que esta actividad se realizó adecuadamente.

— No se contó con la información que permitiera identificar los mecanismos utilizados por la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) de la SSA para validar el Servicio, por lo que se careció de los elementos técnicos que acrediten la lista de verificación realizada por “La Secretaría” para validar el hardware base, proporcionada por el prestador de servicio.

— La DGTI no verificó las actividades del Servicio ya que no se contó con la documentación descrita en el “Anexo Único” del Contrato, aunado a que no es posible garantizar que el


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servicio se proporcionó con las características y funcionalidades operativas descritas en relación a los entregables documentados.

— Se careció de la evidencia documental que permita acreditar las actividades del Servicio en relación al análisis de la bitácora (LOG), y las recomendaciones y remediaciones derivadas de dicho análisis.

— Respecto a la revisión de los Servicios, no se proporcionó el análisis y/o la validación por parte de la DGTI de los niveles de operación por parte del SOC; en consecuencia, no es posible garantizar que el servicio proporcionado cumpla con los procedimientos y buenas prácticas de acuerdo a los estándares de ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información).

— Se careció del análisis técnico que sustente el modelado de tráfico realizado por el prestador de servicio para el equipo utilizado para el servicio; asimismo se careció de la información que permitiera verificar las actividades realizadas por la DGTI para validar el cumplimiento de los niveles de servicio, así como la documentación que acreditara la revisión de las características y su rendimiento; en consecuencia, no revisó el modelado de tráfico en función a la falta de documentación.

Falta de coordinación interinstitucional. La ASF observó que la Dirección General de Procesos y Tecnología (DGPT) de la CNPSS se encuentra limitada para cumplir con sus facultades estipuladas en el Reglamento Interno de la CNPSS, debido a que varios de los procesos de Gobierno de TIC son manejados por la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) de la SSA, lo cual no es operativo y provoca deficiencias en los procesos de planeación estratégica, administración de proveedores y análisis de riesgos en la Comisión. De igual forma se detectó que varios de los procesos de Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, son gestionados por la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) de la SSA, lo cual aumenta los riesgos en los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información, gestión de incidentes y planes de recuperación en caso de contingencias. Deficiencia en la elaboración y control de contratos. La ASF advirtió la existencia de deficiencias en las actividades de gestión de los contratos para la verificación de los servicios, debido a que no fue posible validar los mecanismos ejecutados por la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) de la SSA para la revisión de los reportes que avalan los servicios. La entidad fiscalizadora señaló que la Dirección General de Procesos y Tecnología (DGPT) de la CNPSS no tiene injerencia en la operación de los servicios, lo cual no es funcional y repercute en la baja calidad de los niveles de servicio que se prestan a la Comisión. Sin medidas de control que impidan la existencia de posibles fraudes. Por lo que respecta a la Dirección General de Procesos y Tecnología (DGPT) de la CNPSS, esta no cuenta con evidencia de la evaluación de Segregación de Funciones en las actividades operativas de TIC, que permita identificar oportunamente procedimientos que pudieran impactar en fraude, irregularidades en los procesos, duplicidad de funciones, etc. Deficiencias en el sistema de control de registro de beneficiarios. De la revisión realizada a la calidad de los datos de los beneficiarios adscritos al Sistema de Protección Social en Salud, se


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identificaron deficiencias en los mecanismos de control implementados tales como la verificación de la no derechohabiencia de los beneficiarios; inconsistencias en la información de las colectividades registradas; omisiones en la verificación de las mujeres embarazadas afiliadas; diferencias de los pagos realizados por los beneficiarios, en relación al decil en el cual se encuentran catalogados; omisiones para acreditar la identidad de los beneficiarios, así como la falta de integridad en la información registrada en el padrón. En relación con el Sistema de Administración del Padrón (SAP) de beneficiarios, se carece de una metodología de desarrollo de software; no se cuenta con un procedimiento para realizar análisis de vulnerabilidades de los cambios al código aplicativo del SAP; no existe un procedimiento para la gestión de los cambios de las cuentas de usuario y se carece de la implementación de políticas de respaldos. Derivado de lo anterior la ASF, emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las posibles irregularidades cometidas por los servidores públicos que, en su gestión, en relación con la evaluación de la calidad de datos, se confirmara la existencia de irregularidades vinculadas con las responsabilidad de los Titulares de la Dirección de Planeación y Administración del Padrón y la Dirección de Sistemas de Afiliación y Operación, debido a la omisión, definición e implementación de una metodología para el Sistema de Administración del Padrón que establezca las actividades de desarrollo, mantenimiento y control de cambios en los sistemas; la carencia de la segregación de funciones entre ambientes de operación y de desarrollo; la falta de análisis y evaluación de cada uno de los requerimientos de cambios, nuevos desarrollos, mantenimientos a los sistemas, diseño, construcción, pruebas y aprobación, considerando a las áreas usuarias; la carencia de un plan de aseguramiento de calidad del software a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de aceptación y gestión del código fuente para el adecuado procesamiento de la información, así como la mitigación de posibles vulnerabilidades del mismo. Dictamen: La ASF concluyó que en términos generales la CNPSS cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia excepto por los resultados antes descritos Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 15 (8 R; 7 PRAS). Recuperaciones determinadas: 0.0 Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). “Intervenciones Cubiertas con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el Estado de Guanajuato”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No.218. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos destinados a cubrir la atención médica de intervenciones en las unidades médicas del estado de Guanajuato, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.


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Control de registros médicos deficientes fuera de sistema. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada por la ASF, para fiscalizar la gestión financiera y verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en las unidades médicas del estado de Guanajuato, la ASF determinó que por lo que toca a su Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC), se pudo identificar que el referido sistema no se utilizó en el ejercicio 2016, toda vez que la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS), en abril de 2016, de manera unilateral y sin la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud y la autorización del Comité Técnico del Fidecomiso del Sistema de Protección Social en Salud, notificó a las secretarías de Salud, a los titulares de los Servicios de Salud de los Estados, a los directores de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, y a los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados Federales y Estatales que integran la Red de Prestadores de Servicios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) que el registro, la validación y la autorización de los casos susceptibles de pago con los recursos del Fondo para el ejercicio 2016 se haría de manera “manual”, es decir, en bases de datos en formato Excel por intervención médica, las cuales se enviaron por correo electrónico de acuerdo con el calendario establecido por la DGGSS para su revisión y validación. Esta esta situación originó que en el ejercicio 2016 la DGGSS no llevara un adecuado control de los casos médicos reportados, validados y pagados por los prestadores de servicios, así como de los no procedentes, toda vez que dichos reportes no cuentan con información que permita el seguimiento por cada caso médico desde su registro hasta su pago, tales como fecha de notificación del caso médico a la DGGSS, así como de su revisión y validación de los casos médicos; ni la identificación de los no procedentes y si éstos se hicieron del conocimiento de los prestadores de servicios. Pagos pendientes de validación o improcedentes. Asimismo, la DGGSS no acreditó que llevó a cabo, con los prestadores de servicios, conciliaciones respecto de los casos pagados en el ejercicio 2016, para identificar los casos pendientes de validación y pago, y en su caso los no procedentes. Sobre el particular, la DGGSS demostró que para el ejercicio 2017 cuenta con un sistema informático, el cual se desarrolló con la finalidad de cumplir con las necesidades de registro, validación, autorización y envío de los casos susceptibles de pago por parte de la DGGSS, respecto a las intervenciones financiadas con los recursos del FPGC. En marzo y abril de 2017, la DGGSS impartió cursos de capacitación del sistema a los prestadores de servicios de las 32 entidades federativas. Respecto a los Pagos efectuados en el ejercicio 2016 a los prestadores de servicios del Sistema Estatal de Salud del Gobierno del Estado Guanajuato por la atención médica de las intervenciones que se cubren con los recursos FPGC, la ASF determinó la existencia de posibles irregularidades cometidas por los servidores públicos del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato que durante su gestión no entregaron a 12 unidades médicas (hospitales generales de Celaya, León, Silao, Acámbaro, San Miguel de Allende "Felipe G. Dobarganes", Pénjamo, Dolores Hidalgo "Cuna de la Independencia Nacional", Salamanca, Guanajuato, San Luís de la Paz, Irapuato y de Especialidad Materno Infantil de León), las cuales realizaron la atención de intervenciones que se financian con los recursos del Fondo de Protección contra


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Gastos Catastróficos, por lo menos el 20.0% del monto total pagado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en 2016, el cual equivale a 39.2 millones de pesos, los cuales se encuentran depositados en la cuenta bancaria del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, por lo que no cumplieron con las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, numeral 31, y en el Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios Médicos, Cláusula Quinta. Dictamen: La ASF concluyó que, la CNPSS, sin la autorización del Comité Técnico del FSPSS, no utilizó el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos, lo que originó que en el ejercicio 2016 no se llevara un adecuado registro, control y seguimiento de los casos médicos reportados, validados y pagados por los prestadores de servicios, ni llevó a cabo mecanismos alternos que le permitieran identificar los casos pendientes de validación y de pago correspondientes al ejercicio 2016. Asimismo, al mes de junio de 2017, no realizó la validación ni revisión de 1,646 y 833 casos médicos por importes de 11.6 y 73.2 millones de pesos, reportados en el ejercicio 2016 por el Organismo Público Descentralizado “Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío” y por el Régimen de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, respectivamente; sin embargo determino que en términos generales, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 4 (2 R; y 2 PRAS). Recuperaciones determinadas: 0.0 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. “Gestión Financiera para la Prestación de Servicios de Salud”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 223. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán para la prestación de servicios de salud, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las condiciones contractuales y a las disposiciones legales y normativas. Se autoriza nuevo hospital para ofrecer servicios médicos de alta especialidad. De acuerdo con el antecedente descrito por la ASF, el 29 de noviembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Salud (SS), con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de proveer servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional. El patrimonio del HRAEPY se integra por los recursos y aportaciones que le asigna el Gobierno Federal, por medio de la SS, y los ingresos que obtiene por los servicios que presta en el cumplimiento de su objeto.


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Se autoriza presupuesto y se subcontratan servicios. En el Estado del Ejercicio del Presupuesto, al 31 de diciembre de 2016, el HRAEPY reportó un presupuesto ejercido por 943.4 millones de pesos; para su operación subcontrata 13 servicios integrales, entre ellos, farmacia, material de curación, hemodiálisis, química clínica, laboratorio y banco de sangre, y médicos. La ASF constató que el Estatuto Orgánico del HRAEPY se autorizó en la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, del 31 de enero de 2007, en la que se instruyó inscribirlo en el Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Manuales que carecen de la aprobación del comité correspondiente. La ASF verificó que el Manual de Organización Específico del HRAEPY fue autorizado por la Junta de Gobierno, en la Segunda Sesión Ordinaria del 18 de junio de 2008. Además, contó con un Manual General de Procedimientos, autorizado por la Dirección General del Hospital y la Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional de la SS, en febrero y junio de 2008, respectivamente. Ambos manuales se difundieron en la página de Internet del hospital. Adicionalmente, se comprobó que el Hospital contó con 11 manuales relacionados con la presupuestación, contratación, pago, comprobación y registro presupuestario y contable de los recursos para la prestación de servicios de salud, de los que 10 fueron autorizados por la Dirección General del HRAEPY y se difundieron en la Normateca de la entidad; sin embargo, el HRAEPY no acreditó su autorización por la Junta de Gobierno. En el caso restante, las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HRAEPY (POBALINES), se autorizaron y difundieron conforme a la normativa. Al respecto la ASF recomendó al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán realizar las acciones correspondientes, a efecto de inscribir en el Registro Público de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su Estatuto Orgánico y sus respectivas modificaciones. Asimismo solicitó implementar las acciones necesarias, a fin de concluir la actualización y obtener la aprobación del Comité de Mejora Regulatoria Interna, la Dirección General y la Junta de Gobierno, de los diez manuales de procedimientos, relacionados con la presupuestación, contratación, pago, comprobación y registro presupuestario y contable de los recursos para la prestación de servicios de salud, y una vez autorizados, se difundan entre el personal. Infraestructura médica desperdiciada. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, la ASF destacó que el porcentaje de ocupación anual del HRAEPY fue del 58.7% de las 138 camas censables, además 3 de los 5 pisos no se utilizan y de los 9 quirófanos habilitados sólo se ocupan 6; asimismo, se observó una disminución en los pacientes remitidos por el IMSS y el ISSTE, del 45.3% y 59.8%, respectivamente, en relación con las cifras del ejercicio 2015. Falta de sistemas financieros integrales. Señalo que se carece de un sistema integral para generar en tiempo real estados financieros e información presupuestaria y demás datos, que coadyuven en la toma de decisiones, la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas y se cumpla con las disposiciones en materia de armonización contable. Además que existen


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pasivos, por 87.8 millones de pesos, de servicios contratados en 2014, de cuatro proveedores, sin la formalización de un contrato, ni suficiencia presupuestal. Deficiencia de la elaboración de los estudios de mercado. Se detectaron deficiencias en los estudios de mercado de 21 contratos, por 162.5 millones de pesos, principalmente por no considerar la información sobre las condiciones técnicas de cantidad, calidad y oportunidad de los bienes o servicios que evidencien que no se limitó la libre participación, y carencia de dicho estudio en 11 casos, por 73.1 millones de pesos. La ASF determinó que no se acreditaron los supuestos en los que se fundamentó la adjudicación directa por excepción a licitación pública de 16 contratos, por 113.8 millones de pesos, relativos a derechos de exclusividad, costos adicionales, que peligre o altere los servicios públicos, la salubridad, y que por caso fortuito o de fuerza mayor no se puedan obtener bienes o servicios por licitación en el tiempo requerido; asimismo, en un caso, por 682.2 miles de pesos, cuya excepción se fundó en la declaración desierta de la licitación pública, no se evidenció que se mantuvieron las condiciones establecidas en la convocatoria de dicha licitación. Además identificó 69 contratos y 22 convenios modificatorios formalizados, por 351.9 millones de pesos, mismos que fueron firmados por personal que no contaba con atribuciones; asimismo, 15 contratos y un convenio modificatorio que se formalizaron después del plazo que establece la normativa. Pagos aplicados sin sustento. La ASF detectó un pago de poco más de 1.0 millón de pesos por el mantenimiento de 6 equipos, antes de recibir los servicios. Además, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que avale los pagos por la adquisición de bienes y servicios de siete contratos y un convenio modificatorio, por 22.8 millones de pesos. Dictamen: La ASF concluyó que, en términos generales el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, ya que presentó deficiencias significativas en el aprovechamiento de su infraestructura y en su sistema de control interno, en cuanto a la autorización de manuales de procedimientos, sistemas de información financiera, control y resguardo de documentación, así como en la adecuada aplicación de la normativa en materia de adquisiciones. Número de Observaciones: 22; Número de Acciones: 39 (20 R; 12 PRAS; y 7 PO). Recuperaciones determinadas: 26.3 millones pesos; Operadas: 0.0 mil pesos; Probables: 26.3 millones de pesos. Adicionalmente, la ASF señaló que en el transcurso de la auditoría se emitió oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada.


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Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). “Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisición de Medicamentos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 224. Objetivo. Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Cobertura de control limitada. La ASF señaló que respeto de la cobertura del INCAN, esta es limitada en cuanto a la capacitación de personal en 2016, ya que, de los 2,012 servidores públicos adscritos al Instituto, 962 (48.0%) participaron al menos en 1 curso, en tanto que los 1,050 (52.0%) restantes no asistieron a las actividades del Programa Anual de Capacitación, cuyo costo en 2016 fue de 2.3 millones de pesos. Deficiente evaluación de las necesidades, requerimientos de servicios y de bienes a contratar. En cuanto a los responsables del proceso de adquisición de medicamentos, estos no identificaron ni evaluaron los riesgos del proceso en 2016, por ello, las diferentes actividades del proceso permanecen expuestas a riesgos significativos, tales como abasto insuficiente, inadecuada dispensación y suministro de medicamentos, así como compras y contrataciones que no garanticen las mejores condiciones para el Instituto, en términos de eficacia, eficiencia y economía. La ASF precisa que en cuanto a los criterios y actividades para llevar para llevar a cabo la determinación de necesidades respecto de los medicamentos que se adquirieron durante el ejercicio 2016 por el INCAN, estos no están documentados ni formalizados. Deficiencia en el control y supervisión de los procedimientos de contratación. Además para 2016 observó la falta de actividades de control y supervisión efectivas en los procedimientos de adquisiciones, situación que propició deficiencias en los procesos de adquisición de medicamentos, en lo relativo a la Licitación Pública Internacional para la adquisición plurianual de medicamentos y prestación del servicio de almacenamiento, distribución y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN, se presentaron inconformidades, por inconsistencia en los criterios de evaluación técnica y en el dictamen técnico, así como en la integración del soporte documental del procedimiento, entre otras, conllevando lo anterior a la reposición del procedimiento de emisión de fallo en dos ocasiones y cancelación de la licitación. La ASF observó, que no se documentó el reporte del resultado de la supervisión realizada en 2016 a las actividades de la empresa farmacéutica Maypo contratada para la prestación del servicio de almacenamiento, distribución y dispensación de los medicamentos a los pacientes en la Farmacia Hospitalaria del INCAN. Deficiente control en la administración de contratos adjudicados. De igual forma, no se realizó el seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación del modelo de transferencia de actividades o contratación de servicios de terceros (Farmacéutica Maypo) para la adquisición de medicamentos y la prestación de servicios de almacenamiento, distribución y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN, ni la evaluación respecto del costo-beneficio de la


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implementación de este modelo, cuyo importe máximo de contratación previsto para 2016 fue de 331.2 millones de pesos. Sistema de control interno carente de autoevaluación. Asimismo, se determinó que los responsables de las actividades del proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN no realizaron la autoevaluación del sistema de control interno del proceso de adquisición de medicamentos durante 2016 ni a los sistemas de información SIGA-F e INCAN, por ello, se desconoce cuál es el estado que guarda el control interno y los riesgos en las instalaciones, equipamiento y sistemas de información que apoyan la operación del proceso (SIGAF e INCAN). Débil cobertura y alcance de revisión al Proceso de Adquisición de Medicamentos. La ASF observo una cobertura insuficiente de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y por instancias de auditoría externa (auditor externo), en cuanto a alcance y actividades revisadas, respecto de los riesgos que implica el proceso de adquisición de medicamentos en los distintos subprocesos y unidades administrativas responsables de su operación. Dictamen: de acuerdo con la ASF, los procedimientos y pruebas de auditoría aplicadas se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control interno con la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, responsables de la operación sujeta a revisión, en el ámbito de sus atribuciones. Con base en los resultados obtenidos, la ASF concluyó que en relación con los procesos revisados, que se establecen en el apartado relativo al alcance, el sistema de control interno del INCAN tiene debilidades, en las que destacan las antes mencionadas. La ASF precisa que, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal. De tal forma que la entidad fiscalizadora, de forma significativa señala que, los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en las subdirecciones de Recursos Materiales y de Administración y Control de Personal, adscritas a la Dirección de Administración, así como en la Subdirección de Medicina Interna de la Dirección General Adjunta Médica y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. Número de Observaciones: 12; Número de Acciones: 19 (19 R). Recuperaciones determinadas: 0.0


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3.5. Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Programa 3x1 para Migrantes”. Auditoría de Desempeño, No. 262. Objetivo. Fiscalizar el Programa 3X1 para Migrantes para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Debilidades en el diseño del “Programa 3x1 para Migrantes” inhiben la participación de los migrantes en el apoyo a sus comunidades. La ASF considera que el diseño metodológico del programa inhibe la participación de los migrantes, debido a que los lineamientos no incluyen opciones para aquellos que pretendan participar de manera individual y no pertenezcan a algún club de migrantes, lo que se contrapone con el diseño normativo, que señala que la política de desarrollo social se sujetará al principio de participación social, entendido como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente, en la ejecución de los programas de desarrollo social. La ASF observó que los diseños: normativo, metodológico y de evaluación del programa, carecen de criterios para definir las características que deben cumplir las comunidades para considerarse desarrolladas, y en cuáles de esos criterios incide el programa; así como los parámetros para su medición, lo que no permite valorar en qué medida, mediante los proyectos apoyados, el programa impulsa el desarrollo comunitario de las localidades beneficiarias. SEDESOL no cuenta con mecanismos específicos que permitan evitar la presencia de duplicidades con otros programas. La ASF detectó que el programa no tiene una estrategia específica de coordinación interinstitucional, en la que establezca con qué programas del Gobierno Federal y con cuáles gobiernos estatales y municipales se puede coordinar para garantizar que el programa no se contraponga o se duplique. Además, no acreditó la vigencia de los acuerdos de coordinación con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, a fin de identificar y contactar a los clubes de migrantes. Deficiente promoción, difusión, supervisión e inspección del programa. En cuanto a la promoción y difusión del programa, la SEDESOL no acreditó que la Unidad de Microrregiones y las delegaciones lo promovieran y difundieran en 2016, e informaran de las medidas a realizar y las comunidades beneficiadas. Por lo que respecta al seguimiento de los proyectos apoyados, la SEDESOL no acreditó el establecimiento de clubes espejo; la programación y ejecución de visitas de supervisión, por la Unidad de Microrregiones (UMR); la supervisión e inspección de los proyectos, por parte de las delegaciones; los avances físico-financiero de los proyectos; la integración del cierre del ejercicio, y el acta de entrega-recepción o acta de certificación de acciones; instrumentos que debía utilizar de conformidad con las disposiciones normativas. Consecuencias Sociales. La ASF considera que debido a que la SEDESOL careció de criterios para definir las características que deben cumplir las comunidades para considerarse desarrolladas,


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y en cuáles de dichos criterios incide el programa, así como los parámetros para su medición, no se puede valorar en qué medida el programa (mediante los proyectos apoyados) impulsó el desarrollo comunitario de las localidades beneficiarias . Dictamen. La ASF opina que durante 2016 la SEDESOL, mediante el Programa 3x1 para Migrantes, no fortaleció la participación social de los clubes de migrantes, ya que en el periodo 2010-2016 el número de clubes apoyados disminuyó en 32.3%, al pasar de 881 a 596, mientras que el número de proyectos apoyados lo hizo en 12.0%, al pasar de 2 mil 469 a 2 mil 172. Número de Observaciones: 11; Número de Acciones: 30 (30 RD). Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”. Auditoría de Desempeño, No. 263. Objetivo. Fiscalizar el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para el ejercicio fiscal 2016, presentaron deficiencias que inciden de manera negativa en el cumplimiento de sus objetivos. Según el objetivo general del programa, se pretendía incidir en la alimentación, la salud y la educación de los jornaleros agrícolas, sin embargo, no se establecieron los mecanismos de coordinación con las instancias competentes, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y laborales de los jornaleros y los integrantes de sus familias, y el combate al trabajo infantil, aspectos cuya violación se encuentra entre las principales causas de la condición de vulnerabilidad y exclusión social que enfrentan. Respecto al objetivo específico del programa, se señala que éste pretende reducir las condiciones de precariedad de la población jornalera agrícola y de los integrantes de sus hogares; sin embargo, la ASF considera que el término “condiciones de precariedad” es ambiguo, lo que dificulta verificar el grado de cumplimiento del objetivo y evaluar la contribución del programa para atender el problema que justifica su existencia. Respecto de los criterios y requisitos de elegibilidad, no hay claridad en las condiciones socioeconómicas que deben presentar, y no se especifican las características, ni los parámetros que deben tener para considerarse como jornaleros y poder acceder a los apoyos. No precisan las condiciones del otorgamiento del apoyo alimentario. No se especifican los criterios y mecanismos para llevar a cabo la vinculación interinstitucional, ni se precisa el nivel de responsabilidad de la SEDESOL como instancia coordinadora del programa. Es importante señalar que, debido a todas las deficiencias detectadas por la ASF, la dependencia se comprometió a subsanarlas, modificando las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 2018, por lo que se solventó la observación, aunque se debe verificar que las observaciones hayan sido efectivamente cubiertas en las Reglas de Operación comprometidas.


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SEDESOL no dispone de información confiable para poder conocer los resultados del programa. La dependencia suscribió 12 convenios con organizaciones de la sociedad civil por la impartición de cursos y talleres en materia de protección social, orientados a fortalecer las habilidades y competencias sociales de la población jornalera agrícola, en las 18 entidades federativas que tuvieron cobertura de la Red Social, donde se trataron temas sobre los derechos humanos y laborales, servicios básicos, salud y desarrollo familiar e infantil; la conservación del medio ambiente, y la difusión de los distintos programas que otorgan subsidios a cargo de la secretaría; sin embargo, la ASF considera que la calidad de la información no permitió identificar el número de ferias realizadas ni de cursos y talleres impartidos; los lugares donde se impartieron, y el número de asistentes por evento; además, la dependencia no dispuso de información para valorar los resultados de los talleres y cursos en el fortalecimiento de las habilidades y competencias sociales de los asistentes; ni contó con un diagnóstico, y un programa de trabajo para la impartición de los temas prioritarios de atención para la población jornalera agrícola en 2016. Al respecto, la ASF concluye que con la información reportada por la SEDESOL en la Cuenta Pública 2016 no fue posible determinar en qué medida los apoyos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas redujeron las condiciones de precariedad de los beneficiarios, ni si se fortaleció el cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las personas en situación de pobreza, incidiendo en la alimentación, la salud y la educación, objetivos establecidos en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2016. Consecuencias Sociales. Los jornaleros agrícolas y sus familias enfrentan condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, originadas principalmente por la violación de sus derechos humanos y laborales, y la marginación de la que son objeto por su calidad de migrantes en las regiones agrícolas a las que acuden en busca de fuentes de trabajo, situación que no ha cambiado en décadas, debido a que la política pública para su atención no ha tenido la focalización y orientación adecuadas para atender la problemática particular que presenta esa población, según muestran los resultados antes señalados. Dictamen. La ASF opina que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas se concibe como una política pública asistencialista que otorga subsidios directos para estimular la asistencia y permanencia escolar de los niños y jóvenes integrantes de hogares de jornaleros agrícolas y para que los jornaleros migrantes cuenten con recursos a su arribo a una unidad de trabajo, y subsidios indirectos para proveer de alimentación a los niños menores de 14 años, afrontar contingencias, potenciar su desarrollo, promover la participación comunitaria y desarrollar infraestructura de servicios básicos, con los que la SEDESOL pretende subsanar las condiciones de precariedad en las que vive este grupo de la población, originadas por sus deficientes condiciones laborales. Sin embargo, aun cuando SEDESOL cumplió con otorgar subsidios, el diseño de las reglas de operación del programa presentó inconsistencias, por lo que no fue posible evaluar la contribución del programa en el fortalecimiento del cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de los jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares; su incidencia en la alimentación, la salud y la educación de la


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población atendida, ni en la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población beneficiaria. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 6 (6 RD). Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Erogaciones por Servicios”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 259. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la contratación de servicios para comprobar que los recursos se adjudicaron, ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Persisten las contrataciones con instituciones públicas de educación superior sin garantizar las mejores condiciones para el Estado. La ASF revisó 576.4 millones de pesos de la partida presupuestal 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, a través de la que cual se realizaron 19 pagos a tres prestadores de servicio (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI); Telecomunicaciones de México; y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)) al amparo de un convenio de colaboración, de dos convenios modificatorios, de dos contratos y de un convenio de coordinación. Sobre el particular caso de la UAZ, la ASF comprobó que la universidad subcontrató con dos prestadores de servicios la realización del 18.7% de los entregables, equivalentes a 13.0 millones de pesos. La entidad fiscalizadora comprobó que la UAZ pagó a la empresa contratada 6.6 millones de pesos por trabajos que ya no eran necesarios; también identificó que la universidad realizó gastos por concepto de “Viáticos al extranjero” por 31.7 miles de pesos y “Boletos de avión al extranjero” por 16.3 miles de pesos, sin que en el Convenio de Coordinación formalizado con la SEDESOL se hubieran establecido actividades en el extranjero. Además, la UAZ contrató a 109 prestadores de servicios profesionales, por un monto de 29.0 mil pesos, de los que no proporcionó contrato alguno, ni de los restantes 108 a los que se les pagaron en conjunto 21.7 millones de pesos; en su respectivo “Informe de Actividades Realizadas”, se identificó que en ninguno se incluyeron datos o documentos que acrediten y sustenten que con éstos se generaron los entregables recibidos y aceptados por la SEDESOL. SEDESOL realizó pagos de más a un proveedor de servicios. La ASF revisó los gastos realizados con cargo a la partida presupuestal 33903 “Servicios integrales” por un monto de 95.5 millones de pesos, en el que identificó que se realizaron pagos a cuatro prestadores de servicio al amparo de cuatro contratos, de manera específica, comprobó que SEDESOL realizó pagos de más al prestador de servicios número 3, por un importe de 66.8 miles de pesos, derivado de cálculos erróneos por la prestación de servicios de audio y café para llevar a cabo reuniones de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social. Dictamen. La ASF considera que SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en materia de contratación de servicios, derivado de los anteriores resultados.


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Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 18 (7 R; 5 PRAS y 6 PO). Recuperaciones determinadas: 30.6 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 30.6 millones de pesos. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Pensión para Adultos Mayores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 261. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Pensión para Adultos Mayores, para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. El programa presenta irregularidades en materia de adecuación presupuestaria. La ASF detectó el reintegro de recursos extemporáneos por un importe de 555.0 miles de pesos; se aplicaron los gastos del Programa relacionados con mantenimiento y administración de cuentas bancarias del programa, servicio de incorporación al Sistema Financiero Nacional, ferias institucionales y talleres de capacitación de gestores, como apoyos del programa cuando, debido a su naturaleza del gasto, se trató gastos de operación; se omitió el registro oportuno de recursos ejercidos, lo que ocasionó que se registrara en el Estado del Ejercicio del Presupuesto un importe menor que al ejercido en la partida 43101 “Subsidios a la Producción” por 168.9 miles de pesos. SEDESOL sigue otorgando apoyos a beneficiarios que no cumplen con los requisitos de elegibilidad y sin tener sustento documental. La ASF comprobó que no se presentaron 39 “Formatos de Aceptación del Beneficiario” por 19.7 miles de pesos; no se proporcionó el expediente de un beneficiario con la documentación que acredita que cumplió con los criterios y requisitos de elegibilidad para recibir los apoyos por 1.2 miles de pesos; no se constató la prueba de supervivencia de 77 beneficiarios por 758.6 miles de pesos; se realizaron pagos por reexpedición a 37 beneficiarios por 97.4 miles de pesos, correspondientes a bimestres de ejercicios anteriores, además se realizaron pagos de apoyos duplicados a 10 beneficiarios del Programa por 11.6 miles de pesos. Respecto al “Pago de Marcha” o servicios funerarios, se constató que 4 beneficiarios fallecidos no se registraron en el Padrón de Baja de Beneficiarios; se registró el fallecimiento de un beneficiario un año después de su deceso, en 2 casos no se contó con los “Acuses de Ficha de Atención de Ventanilla” o “Fichas de Atención”; en 85 casos no se contó con el documento de designación del beneficiario, en 42 casos no se contó con las identificaciones de los representantes de los beneficiarios y en 5 casos los registros de la fecha de defunción de los beneficiarios no corresponden con las asentadas en la base de datos; se realizaron cuatro pagos, en los que el nombre señalado en la identificación del representante del beneficiario no corresponde con el registrado en el sistema de captura de fichas de atención por 4.6 miles de pesos, además de que en 13 casos por 15.1 miles de pesos no se contó con la copia del acta de defunción y de 1 pago por 1.2 miles de pesos no se contó con la documentación justificativa del gasto. SEDESOL sigue manteniendo deficiencias en los padres de beneficiarios. En relación a la confronta del Padrón de Beneficiarios del Programa contra los padrones de beneficiarios de


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pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos, la ASF constató que se pagaron apoyos a 112,817 beneficiarios del Programa que también recibieron pensiones de las entidades señaladas; es importante señalar que esta irregularidad ya había sido detectada y promovida por la ASF en la auditoría 229 de la Cuenta Pública 2014, en la cual promovió de igual forma una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Por otra parte, de la conciliación de la base de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores del ejercicio 2016 contra el registro de fallecimientos, se constató que se otorgaron apoyos a 8,637 beneficiarios por 23.5 millones de pesos, con fechas posteriores a la de defunción según lo registrado en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados anteriormente. Número de Observaciones: 19; Número de Acciones: 37 (19 R; 11 PRAS y 7 PO). Recuperaciones determinadas: 24.6 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 24.6 millones de pesos. Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). “Programa de Coinversión Social”. Auditoría de Desempeño, No. 268. Objetivo. Fiscalizar el Programa de Coinversión Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Es necesario fortalecer las estrategias para focalizar los apoyos del programa a los grupos vulnerables. La ASF detectó que el proceso para la emisión de convocatorias que emite SEDESOL no cuenta con una estrategia aprobada y autorizada por un servidor público facultado, en la que se considere la atención de la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de rezago y de marginación, mediante el fomento del sector social de la economía. SEDESOL carece de indicadores que permitan medir el cumplimiento del programa, así como el avance de los proyectos apoyados. En cuanto a la evaluación de los proyectos, respecto de la promoción de la cohesión y el capital social, y el impulso al desarrollo comunitario, la ASF comprobó que el INDESOL dispuso de los indicadores “Sistematización de la experiencia” y “Estrategias de vinculación”, sin embargo, estos indicadores no permiten medir cuantitativamente la imputabilidad y avance de los proyectos apoyados mediante el programa, respecto del cumplimiento del objetivo de promover la cohesión y el capital social e impulsar el desarrollo comunitario de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.


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El diseño del programa limita la participación de los actores sociales. La ASF concluyó que aun cuando el interés de los actores sociales por participar en el programa se incrementó, ya que 3,178 actores sociales propusieron proyectos en 2016, cifra superior en 33.4% que los 2,383 que los presentaron en 2010, el programa no contó con la capacidad de capitalizar su voluntad de participar ya que el número de beneficiarios disminuyó en 25.0%, al pasar de 1,602 en 2010 a 1,202 en 2016, lo que limitó su derecho a concurrir colectivamente en el desarrollo social. Asimismo, el número de proyectos apoyados de 2010 a 2016 disminuyó en 33.0%, al pasar de 1,951 a 1,307, lo cual denota que el programa tuvo limitantes para propiciar la participación de los actores sociales mediante los subsidios del programa. SEDESOL no cuenta con parámetros para valorar la imputabilidad de los proyectos en el capital social5 de los grupos y comunidades que viven en situación de vulnerabilidad. La ASF comprobó que en 2016, el INDESOL contó con el “Modelo de Impacto Humano y Social”, mediante el cual pretende conocer cualitativamente la incidencia del programa en la promoción de la cohesión social6 y el capital social, sin embargo no acreditó contar con parámetros e información para valorar la imputabilidad del programa en la promoción de la cohesión social y del capital social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, en términos de la estrategia 5.1 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que establece las reglas de operación del Programa de Coinversión Social. Además, carece de criterios para definir las características que deben cumplir las comunidades para considerarse desarrolladas en 2016, ni en cuáles de dichos criterios incidiría el programa; lo que no permite valorar si, mediante los proyectos apoyados en 2016, el programa impulsó el desarrollo comunitario de las localidades beneficiarias, y en qué medida. El programa opera con deficiencias en su control interno y con carente rendición de cuentas. El Sistema de Control Interno del INDESOL presentó deficiencias en su implementación, lo que inhibió el logro de los objetivos institucionales, ya que, de los 32 aspectos evaluados por la ASF, respecto a las cinco normas generales de control interno, en 30 aspectos (93.8%) la institución demostró contar con mecanismos de control interno, y en 2 (6.2%), no dispuso de información para evaluar los mecanismos de control implementados. Respecto a la información reportada por el INDESOL en la Cuenta Pública 2016, la ASF no pudo verificar en qué medida, con los subsidios que otorgó el Programa de Coinversión Social a los proyectos propuestos por los actores sociales, se impulsó el desarrollo comunitario y se promovió la cohesión y el capital social, objetivo del programa para ese año. Asimismo, no se informó sobre el mandato establecido, de que, con los proyectos, se incidiría en la superación de la pobreza y en la atención de grupos vulnerables.

5 Es el conjunto de formas de interacción, cooperación y suma de capacidades para incrementar el bienestar colectivo y que a su vez genera confianza pública y reciprocidad. 6 Conjunto de valores e instituciones compartidos y de lazos solidarios fundados en la confianza y la tolerancia, que permiten la articulación de la sociedad en torno a un proyecto en común que garantice el reconocimiento de los Derechos Humanos y la inclusión social.


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Consecuencias Sociales. Debido a la falta de recursos en 2016 el número de proyectos apoyados por INDESOL disminuyó en 33.0%, al igual que el número de los actores sociales beneficiados, limitando el fortalecimiento de la participación social. Además, se desconoce la incidencia del programa en el desarrollo de las comunidades en las que se ejecutaron los proyectos apoyados. Dictamen. En opinión de la ASF, el INDESOL, mediante el Programa de Coinversión Social, no fortaleció la participación social de los actores sociales. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 16 (16 RD).

3.6. Seguridad Social (Entidades no Coordinadas)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Gestión Financiera del Programa de Salud IMSS-PROSPERA”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 247. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos administrados por el Programa IMSSPROSPERA; a fin de verificar que los recursos obtenidos se aplicaron en el cumplimiento de su objetivo y que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. IMSS no cumplió con la obligación de generar rendimientos financieros. La ASF revisó 4 convenios de colaboración interinstitucional, en los que identificó que en el celebrado con el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, se estableció que los 1 mil 355.4 millones de pesos otorgados debían administrarse en una cuenta exclusiva y productiva, con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros, se identifiquen y destinen al objeto correspondiente; sin embargo, no fue así, ya que el Programa IMSS-PROSPERA recibió los recursos de todos los convenios en una cuenta bancaria a su nombre y los transfirió el mismo día a las cuentas del IMSS, encargado de la administración y el pago. Sobre los tres convenios restantes, es importante señalar que las instituciones que otorgaron los recursos al programa no solicitaron que éstos se administraran en cuentas exclusivas y productivas. Irregularidades en las constancias de recepción de medicamentos y vacunas. La ASF revisó 210 remisiones con las que se suministraron medicamentos (185) y vacunas (25), por 14.9 millones de pesos, bajo resguardo de las coordinaciones delegacionales de Abasto y Equipamiento (CDAE) de Chiapas, Oaxaca y Puebla y de los hospitales rurales (HR) y unidades médicas rurales (UMR), adscritos a dichas delegaciones, donde se detectaron remisiones que no cumplieron con los requisitos normativos, ya que carecen de fecha, hora, sello o acuse y en algunos casos, de todo lo anterior; errores en la fecha de recepción; y remisiones recibidas por personal distinto del responsable de farmacia. Además, observó que 49 remisiones (48 de medicamento y 1 de vacunas), por 1.3 millones de pesos, se registraron de forma inoportuna en el Subsistema de Farmacia (SAIF), entre 1 y 8 días después de la fecha de recepción, y 4 recetas se registraron en un mes distinto del que se surtieron.


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Deficiencias en la recepción de medicamentos por concepto de compras emergentes y en el cobro de penas convencionales. En 2016 las delegaciones estatales de Chiapas, Oaxaca y Puebla erogaron 1.0 millón de pesos, por la compra emergente de medicamentos; con la revisión detallada de 672.0 miles de pesos (64.9%), de los cuales 640.7 miles de pesos son de la Delegación Estatal de Chiapas y 31.3 miles de pesos de dos HR de la Delegación Estatal de Oaxaca (“Miahuatlán de Porfirio Díaz” y “Matías Romero Avendaño”), se constató que contaron con las facturas correspondientes y cumplieron con los requisitos fiscales; sin embargo, se observó que en mayo de 2016, la Delegación Estatal de Chiapas formalizó un contrato, por 664.6 miles de pesos, de los cuales sólo se recibió medicamento por 640.7 miles de pesos, los 23.9 miles de pesos restantes no se ejercieron, debido a que el proveedor canceló la entrega 39 días después de la fecha establecida, por lo que debió aplicarse una pena convencional por 2.4 miles de pesos, de la cual no se proporcionó evidencia. Irregularidades en la recepción y autorización de servicios de transporte aéreo. Con la revisión realizada por la ASF a los contratos S6M0143 y S5MO517, celebrados en 2016 por la Delegación Estatal de Chiapas, por servicios de traslado en avioneta a las unidades de difícil acceso de la región fronteriza y traslado aéreo de pacientes a tercer nivel de atención médica y funcionarios, constató que las erogaciones por servicios de transporte en avioneta estuvieron amparadas en 7 facturas, por 769.1 miles de pesos, que cumplieron con los requisitos fiscales y 51 recibos, de los cuales se constató que 24 tuvieron la firma de los funcionarios que recibieron y autorizaron el servicio, de acuerdo con lo establecido en el contrato; sin embargo, los 27 restantes por 203.6 miles de pesos, contienen la firma de autorización de un funcionario distinto del designado como administrador del contrato. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 12 (5 R y 7 PRAS). Recuperaciones Probables: 662.8 miles de pesos; Operadas: 662.8 miles de pesos. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Prestaciones del IMSS a través de Fondos y Fideicomisos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 249. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las prestaciones otorgadas por el IMSS mediante sus fondos y fideicomisos, para constatar que cumplieron con su objeto de creación, que los recursos captados y ejercidos se registraron conforme a los montos aprobados y que el registro contable de las operaciones se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. La información revisada por la ASF se integró por las disponibilidades del Fondo de Fomento a la Educación Médica (FOFOE); del Fideicomiso de Beneficios Sociales (FIBESO); del Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud (FIS) y del Fideicomiso del Fondo para ayudas extraordinarias, con motivo del Incendio de la Guardería ABC (Fideicomiso ABC):


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FOFOE

El fondo carece de mecanismos de control y conciliación para registrar los gastos que realizan las delegaciones estatales. Con el análisis de la ASF respecto a los gastos del FOFOE, por 6.7 millones de pesos, constató que 5.1 millones de pesos, se aplicaron en la adquisición de mobiliario, equipamiento médico, material y equipo audiovisual, publicaciones, becas, suscripciones, mensajería y arrendamiento y gastos de administración; y los 1.6 millones de pesos restantes, se destinaron a honorarios pagados a personas físicas, quienes emitieron recibos y fueron objeto de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre la Renta (ISR).Asimismo, constató que la cuenta contable para el registro de honorarios es equivalente a la partida presupuestal del gasto 12101 “Honorarios asimilables a salarios”; sin embargo, no es congruente el registro contable por Honorarios asimilables a salarios, que pertenecen al Capítulo 1000, con el tratamiento legal y fiscal de los honorarios por la prestación de servicios profesionales independientes, que son objeto de retención de IVA e ISR, y pertenecen al Capítulo 3000. Además, la ASF identificó gastos devengados y pagados, por 5.5 millones de pesos, realizados por las delegaciones estatales y regionales del IMSS, con cargo en el fondo, que a la fecha de la revisión (marzo 2017) no se reconocieron en la contabilidad del FOFOE. Respecto a la cuenta contable “Capacitación” el IMSS registró gastos con cargo en el fondo, por 5.4 millones de pesos, de los que documentalmente se comprobaron 4.7 millones de pesos, y 612.9 miles de pesos, no se comprobaron, ni justificaron. El FOFOE sigue sin cumplir con su Programa de Trabajo Anual. El Programa de Trabajo 2016 del fondo se integró por 18 subprogramas a cargo de las tres divisiones normativas de la Coordinación de Educación en Salud, y fue autorizado por el H. Consejo Técnico del IMSS, el 27 de enero de 2016. Con la revisión realizada por la ASF comprobó que el FOFOE canceló y reprogramó las actividades del Programa de Trabajo 2016 para 2017, lo que se refirió en su Informe de Gestión 2016, y demuestra que no cumplió con su programa; esta situación es recurrente, ya que en la revisión de la Cuenta Pública 2009, efectuada por la entidad de fiscalización superior, el FOFOE tampoco cumplió con su programa de trabajo y reprogramó sus actividades para la siguiente cuenta pública, con lo que se observa la ausencia de mecanismos que regulen la obligatoriedad de cumplir con las actividades programadas y autorizadas.

FIBESO

Irregularidades en las obras con cargo al fondo. El H. Consejo Técnico del IMSS, autorizó el 23 de julio de 2014, la instalación de oficinas administrativas en el predio donde se ejecutaba obra destinada originalmente para el Velatorio de Xalapa Veracruz, sin que se regularizara el cambio de uso de suelo; la obra se concluyó el 21 de noviembre de 2014, por 58.6 millones de pesos, con vicios ocultos que no fueron reparados por el proveedor y por los que no se hizo efectivo el cobro de la fianza. A la fecha de la inspección física (4 de mayo 2017), el inmueble se encontraba deteriorado y sin uso. Respecto a la construcción de un velatorio de 7 capillas, con


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horno de cremación en Querétaro, la ASF constató que el predio ubicado en Santiago de Querétaro, Qro., sobre el que se desarrolló el estudio para la ejecución de la obra, es un baldío, no delimitado, ni identificado como propiedad del IMSS y que procedió de una donación del Municipio de Santiago de Querétaro, del 9 de marzo de 2011, del que el instituto contó con la escritura pública a su nombre; pero el proyecto no prosperó, porque en noviembre de 2012, se notificó a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS en Querétaro, el dictamen de uso de suelo, en el que se autorizó establecer junto al predio donado una gasolinera y dos locales comerciales, con lo que se generó un factor de riesgo, por lo que el FIBESO dejó sin efectos los dictámenes presupuestales para la construcción del velatorio; sin embargo, en la información financiera permanece el registro en la cuenta de Obras en Proceso. Deficiente administración de los contratos para adquisición de hornos crematorios y falta de transparencia en su registro contable. La Delegación Regional del Estado de México Poniente (DREP) llevó a cabo un Procedimiento de Licitación Pública Nacional, el 14 de septiembre de 2012, para adquirir 5 hornos crematorios, cuyo fallo fue a favor del proveedor con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) DCP790511D36, para los velatorios ubicados en Pachuca, Hidalgo; Villahermosa, Tabasco; Tampico, Tamaulipas; Toluca y Ecatepec en el Estado de México. Derivado de la revisión realizada, la ASF comprobó que la compra de 3 hornos por un monto de 5.2 millones de pesos se registró primeramente en la cuenta de Activo Fijo, como “obra en proceso” y después se reclasifico como “edificios”. Respecto a los 2 hornos restantes que están en poder del fideicomiso en Toluca y Tabasco, no han sido pagados, ni registrados contablemente; su valor es de 3.5 millones de pesos, más IVA. Derivado de la inspección física realizada por la ASF, comprobó que los hornos están clasificados por el FIBESO y el proveedor, como “obsoletos e inoperables”. Del horno del velatorio Toluca se elaboró un acta de entrega-recepción parcial por no haberse realizado las pruebas de funcionamiento, además de no haberse puesto en operación, y quedó aislado dentro de las oficinas de la nueva Subdelegación Toluca del IMSS. El contrato celebrado con el proveedor refiere una garantía de fabricación de cobertura amplia por 36 meses contra vicios ocultos o defectos de fabricación, la cual era aplicable para los tres hornos pagados en su totalidad, sin embargo, no fue aplicada por el administrador del contrato. Aunado a lo anterior, la ASF detectó que el FIBESO tuvo faltantes, por 1.6 millones de pesos, que correspondieron a ingresos no depositados en las cuentas bancarias del fideicomiso y por el pago de facturas, presumiblemente apócrifas.

FIS

El FIS desconoce el valor real de los montos percibidos a través del financiamiento de los Protocolos de Investigación en Salud (PIS). La ASF revisó 6 PIS, por 3.0 millones de pesos, financiados en dólares americanos por “Otras Instituciones”, por lo que pudo observar que la entidad fiscalizada desconoce los tipos de cambio utilizados para valuarlos; los expedientes integraron los “Informes de Seguimiento Financiero”, “Conciliaciones Bancarias” e “Informes


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Técnicos”, pero carecieron de firmas autógrafas. Además, observó que un PIS, con recursos asignados en dólares canadienses, desde septiembre de 2015 (periodo en que se formalizó el convenio de colaboración), estuvo inactivo y sin la ministración de recursos. Por lo anterior, la ASF concluye que el FIS careció de un procedimiento definido para la valuación de la moneda extranjera que le permitiera conocer el valor real de los montos percibidos al momento de su recepción y la ministración de recursos a protocolos que no se pueden operar y de los que no se obtuvo su justificación. Ineficiencias en la integración de la base de datos de los PIS obstaculiza la transparencia de sus operaciones. La ASF revisó 206 PIS con estatus “Inactivos”, por 61.2 millones de pesos: 86 Protocolos nuevos; 45 Protocolos finiquitados en 2017; 19 Ejercidos hasta 2017; 50 En proceso de finiquito; y 6 Protocolos en espera de ministración. De los 86 Protocolos Nuevos, constató que 72 cumplieron con los aspectos normativos y 14 no tuvieron recursos ministrados por el FIS, cuando el protocolo más antiguo tenía 1 año 5 meses y el más reciente, 5 meses. De los 45 protocolos finiquitados, se observó que 39, por 12.6 millones de pesos, cumplieron con su proceso normativo, pero 6, por 3.1 millones de pesos, no fueron proporcionados por la entidad fiscalizada. Al respecto, el FIS informó a la ASF que no se contó con ellos porque: “por un error de escritura, se catalogaron como Protocolos Finiquitados en 2017”, cuando debieron tener el estatus de “En Proceso de Finiquito”, la entidad de fiscalización superior determina que este error ocurrió porque no existe un control que permita conocer cuántos son los protocolos asignados, ni las modificaciones a los contratos originales, el monto total asignado, o ministrado; así como tampoco el estatus que presentaban al cierre del ejercicio 2016, situación que restó transparencia a las operaciones. Se presume el desvió de recursos económicos del fondo para fines distintos de los asignados. Derivado de la revisión documental de los protocolos, la ASF observó que un responsable administrativo del FIS, presuntamente desvió recursos económicos del fondo para fines distintos de los asignados, al realizar transferencias bancarias electrónicas de una cuenta, propiedad del FIS, a su cuenta personal, por 814.0 miles de pesos, con lo que ocasionó un perjuicio económico para el instituto, lo cual sucedió del 23 de noviembre de 2011 al 10 de enero de 2014, es decir durante 2 años y 1 mes. Es importante señalar que los estados financieros dictaminados del FIS, al 31 de diciembre de 2016, sólo refieren el desvío de recursos, por 504.1 miles de pesos, en lugar de 814.0 miles de pesos.

Fideicomiso ABC

Es necesario realizar un ajuste a los apoyos otorgados a través del fideicomiso. Derivado de la visita domiciliaria realizada por la ASF a las fideicomisarias, la ASF comprobó que, si han recibido sus apoyos conforme a las reglas de operación, y no tienen observación de los servicios recibidos; sin embargo, consideran que existen áreas de oportunidad para el Fideicomiso ABC, ya que los servicios que reciben están rebasados por las necesidades de los ahora preadolescentes y adolescentes.


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Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 17; Número de Acciones: 34 (26 R; 5 PRAS y 3 PO). Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de 4 irregularidades detectadas. Recuperaciones Probables: 868.7 miles de pesos, Operadas: 0.0; Probables: 868.7 miles de pesos. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Programa "A Todo Corazón"-"Código Infarto". Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 250. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa "Código Infarto" del IMSS, para verificar que los servicios, medicamentos y materiales de especialidades se adjudicaron en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, que estuvieron debidamente autorizados; se previeron, justificaron y contrataron, conforme a la normativa y que se recibieron con base a las condiciones contractuales; así como comprobar el correcto otorgamiento del servicio al derechohabiente. Persisten irregularidades en los procesos de licitación. La ASF revisó los procesos de adjudicación realizados por las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) hospitales de Cardiología núm. 34, de Especialidades 2 del CMN Noroeste, de Especialidades y General del CMN La Raza, y de Cardiología del CMN Siglo XXI, por 96.9 millones de pesos, 216.8 millones de pesos, 144.2 millones de pesos, 99.4 millones de pesos y 260.9 millones de pesos, respectivamente. La entidad fiscalizadora determinó que las UMAE Hospitales de Cardiología núm. 34 y de Especialidades 2 del CMN Noroeste realizaron los procesos de licitación pública nacional de conformidad con la norma establecida. Respecto a la UMAE Hospital General del CMN la Raza, la ASF encontró las siguientes irregularidades: en el Anexo 4 de la convocatoria, descripción del servicio integral de hemodinamia7, numeral VI “CAPACITACIÓN”, se requirió que el proveedor proporcionara un programa de capacitación al personal del instituto, la cual se otorgaría en las instalaciones de la unidad hospitalaria; sin embargo, en el acta de la junta de aclaraciones no se modificó tal requerimiento; es importante señalar que para dicha condición no se consideraron en el contrato las penalizaciones en caso de incumplimiento del proveedor; la ASF determinó que el proveedor debía proporcionar durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Instituto, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos instalados para realizar los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos, sin embargo, dicha condición no fue considerada en el contrato, sin que hubiera alguna modificación del numeral en las actas

7 La hemodinamia es una de las ramas de la cardiología que se especializa en el estudio del movimiento o dinámica de la sangre dentro de los vasos sanguíneos de las arterias y venas del organismo.


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de las juntas de aclaraciones; en la convocatoria se requirieron de 1,999 a 2,311 procedimientos, por un monto máximo de 74.6 millones de pesos, y en el contrato se adjudicaron de 637 a 1539 procedimientos, por un monto de 49.2 millones de pesos, sin que en las actas de juntas de aclaraciones hubiera modificaciones del numeral. Respecto a la UMAE Hospital Cardiología del CMN Siglo XXI, la ASF detectó las siguientes irregularidades: sobre el evento LA-019GYR057-E27-2016, no se localizó la investigación de mercado para la adquisición. Dentro de la convocatoria se solicitó que se entregaran los registros sanitarios de las claves requeridas; de su verificación, se determinó que 72 de 151 estaban próximos a vencer (entre el 5 de enero y el 9 de diciembre de 2016), sin que se localizaran en los expedientes las prórrogas del trámite de vigencia. Sobre el proceso de adjudicación AA-019GYR057-E79-2016, la invitación para participar en la adjudicación directa no contó con fecha ni firma del Director Administrativo; del dictamen de procedencia de contratación, se determinó que en el apartado II se señaló que el plazo de entrega de los bienes sería conforme a las fechas de emisión de las órdenes de reposición, cuando no se trata de un material de control de inventario de la UMAE, además, careció de la firma del Director Administrativo; y de la propuesta económica, el cuadro comparativo carece de fecha y firma del Director Administrativo y la evaluación técnica carece de fecha. Deficiencias en la gestión y administración de los contratos de las UMAE. Respecto al contrato número D6M0050, de la UMAE Hospital de Especialidades Núm. 2 del CMN Noroeste, la cláusula cuarta establece que el proveedor entregará el equipo médico, directamente en la UMAE, de conformidad con el ANEXO T10 "Distribución de equipo médico", incluido en el anexo 5 del contrato, en el cual se describe el nombre y la cantidad mínima de equipos, con las características técnicas señaladas en el anexo 3 (anexo inexistente) en ese contrato, a más tardar el 3 de mayo de 2016. Al respecto, la entrega recepción, instalación y puesta a punto del equipo y mobiliario en condiciones adecuadas, se realizó el 31 de marzo de 2016, según acta de la misma fecha; sin embargo, el proveedor ganador del servicio fue el mismo que el del contrato anterior, por lo cual no hubo tal “entrega recepción”, ya que el equipo se encontraba instalado; además, no se evidenció que los equipos cumplen con las características del nuevo contrato. Además, la ASF determinó que existe falta de control en la gestión de los contratos de las UMAE Hospitales de Especialidades núm. 2 del CMN Noroeste y General del CMN la Raza, ya que no separaron el costo de los procedimientos de Servicios Integrales de Hemodinamia, del arrendamiento del equipo. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados anteriormente. Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 21 (16 R; 3 PRAS y 2 PO). Recuperaciones Probables: 781.0 miles de pesos; Operadas: 0.0; Probables: 781.0 miles de pesos.


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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Servicios Administrados de Nube”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 251. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Insuficiencias en la administración de contratos. La ASF determinó que la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) del IMSS no supervisó el cumplimiento de la totalidad de los servicios contratados bajo el amparo del contrato P6M0015, toda vez que se carece de la documentación que acredite el aprovisionamiento de 13 solicitudes de incrementos de Bloques de Construcción Fundamentales (BCFs); no obstante, se realizó el pago por 431.6 miles de pesos. Además, identificó deficiencias en el proceso del cálculo y aplicación de deductivas por el incumplimiento de los servicios de Continuidad (SCONI) e Integralidad (SINI) del periodo enero a marzo de 2016, debido a que se dejaron de cobrar 91.7 miles de pesos, así como las actualizaciones respectivas al día de su pago. Sobre el contrato P6M0015, la ASF observó que no se cuenta con los reportes que permitan identificar el comportamiento real del consumo de los recursos, lo cual permita garantizar que se cuenta con la suficiencia presupuestal para solicitar aquellos servicios bajo demanda que aún no son solicitados por el IMSS y que son sustantivos para la continuidad de la operación. Por otro lado, también identificó que el IMSS carece de la definición de los roles y perfiles relacionados a los usuarios administradores de los servicios contratados. Irregularidades en la gestión de Recursos Humanos. Respecto al personal de Confianza Estatuto, la ASF no logró identificar la información que permita acreditar la valoración realizada por el área de Recursos Humanos; no obstante, la entidad fiscalizada señaló que los servidores públicos pertenecientes este tipo de contratación, y que fueron contratados conforme a lo estipulado en el Art. 64 del Estatuto de Trabajadores de Confianza "A" del IMSS, no se encuentran sujetos al proceso de reclutamiento, debido a que corresponden a puestos de libre designación. Respecto al personal de Confianza, la entidad fiscalizada señaló que los servidores públicos que cuentan con este tipo de puesto, se encuentran contratados con fundamento en los artículos 256, 264, fracción IX, 268 A de la Ley del Seguro Social; 2 fracción IV, inciso a, 31 fracción III, y 138 del Reglamento Interior del IMSS; y corresponden a personal de libre designación, por lo que estos no están sujetos al proceso de reclutamiento. Si bien la ASF comprobó que estos puestos son de libre designación, la ASF considera que el IMSS debe definir los perfiles de puestos en donde se describan los requisitos mínimos que debe de cumplir el personal interesado en ocupar cada uno de los puestos, así como realizar una evaluación al candidato, a fin de garantizar la contratación del personal que tenga las competencias necesarias para cumplir con sus funciones en la Institución.


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Dictamen. La ASF concluyó que en términos generales el IMSS cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados señalados anteriormente. Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 8 (5 R; 2 PRAS y 1 PO). Recuperaciones Probables: 545.0 miles de pesos; Operadas: 113.3 miles de pesos; Probables: 431.7 miles de pesos. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Adquisición de Material de Titanio para la Atención de los Derechohabientes. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1799. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición, contratación, control y suministro de materiales de Titanio, para constatar que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que se recibieron conforme a lo contratado y se utilizaron en la atención médica de los derechohabientes, y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas. Deficiencias en los procedimientos de control para la adquisición de material de titanio. Respecto de la planeación, contratación, recepción y el pago del material de titanio para la atención médica de los derechohabientes, la ASF observó que el ISSSTE careció de procedimientos de control que normen las actividades y la eficiencia operativa que realizan las unidades de coordinación entre las unidades médicas usuarias del material de titanio y la Dirección Médica, la cual define y controla los procesos de contratación, como es el caso de los proveedores que sólo contaron con siete contratos derivados de la Licitación Pública Internacional (LPI) núm. LA-019GYN059-E1-2016, la convocatoria y sus anexos, los cuales contienen los formatos y procesos para la solicitud, confirmación, reprogramación, registro de insumos y niveles implantados, recepción de bienes, responsables de firmar y sellar los formatos, elaboración de actas administrativas circunstanciadas por entregas incompletas y aplicación de penas; sin embargo, ninguno de los documentos antes citados, se difundió ni se capacitó a las unidades médicas para que conocieran las particularidades de los procesos y se cumplieran los términos establecidos en ellos. Lo anterior tuvo como consecuencia que el proveedor presentara ante el Jefe de Servicios de Medicina de Especialidades y Hospitalaria (administrador del contrato), la documentación con firmas y sellos que no reconocieron las unidades médicas ni los propios médicos que intervinieron en los procedimientos médicos y, sin embargo, obtuvo el pago de la Tesorería General del Instituto. Respecto a la identificación, administración y seguimiento de los riesgos, el ISSSTE cuenta con la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, donde se identificaron seis riesgos, de los cuales ninguno corresponde con la determinación de irregularidades o salvaguarda de recursos públicos derivado de los procesos de adquisición, recepción y pago de insumos médicos para la atención de los derechohabientes, y, en consecuencia, no existen mecanismos de control para su prevención.


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Desarrollo Social

Además, la ASF detectó deficiencias de la Jefatura de Servicios de Medicina de Especialidades y Hospitalaria en la supervisión de la prestación del servicio, administración, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los siete contratos que formalizó la Dirección Médica con el prestador de servicios, ya que no comprobó que los bienes contratados y pagados contaran con las características establecidas en el contrato y en las demás disposiciones aplicables (convocatoria, bases y anexos de la licitación) y que los insumos de titanio fueran efectivamente utilizados en las cirugías practicadas en las unidades médicas. Aunado a lo anterior, no se proporcionó documentación que acredite que la Jefatura de Servicios de Medicina de Especialidades y Hospitalaria concilió cada mes, con el proveedor, los implantes efectuados, a efecto de pagar estrictamente los materiales utilizados. Anomalías en la recepción y pago del material de titanio. En 23 unidades médicas, la ASF determinó que, en 155 casos, con pagos por 13.2 millones de pesos, los insumos de titanio no se recibieron, ni utilizaron; las irregularidades tienen su origen principalmente en cancelaciones de cirugías, por fallecimiento o desistimiento de los pacientes y cirugías no realizadas por reprogramación. Al respecto, la ASF observó que el proveedor omitió solicitar a los hospitales, los formatos 3-A “Reprogramación de Cirugía”, firmados por los médicos cirujanos y los jefes del servicio, con el visto bueno del Subdirector Médico o Director de la unidad hospitalaria. En su lugar, presentó para efectos de validación y pago a la Dirección Médica, el anexo 3-D “Formato Registro de Insumos Implantados (Sistemas de Columna)”, la factura y la remisión, como si se hubieran realizado los implantes. En 9 unidades médicas observó 48 casos con pagos, no justificados, por 4.5 millones de pesos ya que se trata de materiales que se utilizaron en las cirugías, distintos de los autorizados en los contratos; para su pago, el proveedor realizó equivalencias sin que los términos de éstas se consideraran en los contratos. De un total de 856 casos pagados, en 700 (81.8%) de 19 unidades médicas, las firmas de los documentos que presentó el proveedor (anexos 3-C, 3-D, 3-E) para su pago y que se anexaron a las CLC, no son reconocidas como propias ni por el personal médico o administrativo. De igual forma, de los 856 casos, en 510 (59.6%), 14 unidades médicas no reconocieron como suyos los sellos plasmados en los anexos que el proveedor presentó para cobro; por ese motivo, el Hospital Regional de Alta Especialidad Puebla, levantó un Acta Circunstanciada de Hechos, el 26 de junio de 2017, para los efectos legales procedentes. La ASF concluye que existen omisiones de servidores públicos del ISSSTE, ya que en su momento no aseguraron que en los contratos de adquisición de material de titanio que celebró la Dirección Médica, se establecieran las condiciones previstas en la convocatoria y sus anexos, con el fin de garantizar que el proveedor cumpliera con la entrega de los insumos en los plazos establecidos en la convocatoria. Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los antes señalados.


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Desarrollo Social

Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 15 (9 Recomendaciones (R); 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS); 3 Pliego de Observación (PO)). Recuperaciones Probables: 29.0 millones de pesos; Operadas 0.0; Probables: 29.0 millones de pesos. Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). “Ingresos por Bursatilización”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 253. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la bursatilización de la cartera crediticia, las emisiones, los recursos obtenidos y los mecanismos operativos inherentes al otorgamiento de créditos y su recuperación, así como comprobar que dichas operaciones se registraron en la contabilidad y reflejaron en la Cuenta Pública, conforme a la normativa. Antecedente. El FOVISSSTE es un órgano desconcentrado del ISSSTE, que no cuenta con personalidad ni patrimonio propio, al que el Gobierno Federal no apoya con recursos presupuestarios, ni está facultado para contratar deuda, por lo que el esquema diseñado, mediante la utilización de fideicomisos privados para captar recursos, previa cesión de la cartera por cobrar de créditos hipotecarios, es utilizado por el FOVISSSTE para financiar parte de su operación, sin que ese financiamiento se registre como deuda a su cargo o del Gobierno Federal. La normativa es la que no prevé que ese mecanismo sea considerado como deuda pública, que a pesar de que es utilizado con el fin de captar recursos para cumplir con su objeto, implica el pago de un costo, con cargo al patrimonio de los trabajadores. Posible riesgo en el esquema de bursatilización de FOVISSSTE, podría incrementar el costo de financiamiento con cargo al patrimonio de los trabajadores. En 2016, el FOVISSSTE destinó 41 mil 079.0 millones de pesos al otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios, de los cuales 7.0 mil millones de pesos, el 17.0%, los obtuvo mediante el mecanismo de financiamiento de cesión de derechos de crédito y la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF´s). Al respecto, la ASF considera que la emisión de este esquema de bursatilización incrementa el costo de financiamiento, ya que de los recursos por 7.0 mil millones de pesos obtenidos por la bursatilización de cartera del FOVISSSTE en 2016, se estima que con cargo en el patrimonio de los trabajadores se pagarán intereses por 1 mil 191.8 millones de pesos, en un plazo de aproximado de 9 años, con una tasa estimada anual de 6.8%, que incluyó la tasa de interés nominal de 3.8% y la estimación del incremento del valor de las UDIS de 3.0%. El costo se estima aumentaría a 41 mil 706.7 millones de pesos si se consideran las 26 bursatilizaciones por 129 mil 966.1 millones de pesos que el FOVISSSTE realizó de 2009 a 2016. En caso de que se pagaran los CBF’s en el plazo de 30 años y sin amortizar el capital, el FOVISSSTE pagaría un costo estimado de 14 mil 603.7 millones de pesos, a una tasa anual estimada de 7.0%.


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Desarrollo Social

Por lo anterior, existe el riesgo de que este esquema de bursatilización, tenga un mayor costo de financiamiento en el supuesto de que no se realizaran amortizaciones de capital de los CBF´s, con las consecuencias correspondientes a las finanzas del FOVISSSTE, y por ende al patrimonio de los trabajadores. Irregularidades en la operación del Comité de FOVISSSTE. De conformidad con el Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el FOVISSSTE en el desempeño de sus actividades es auxiliado, entre otros, por el Comité de Inversiones, órgano colegiado de carácter técnico y consultivo, que de acuerdo a sus Lineamientos de Operación, auxilia en el ámbito de su competencia a la Subdirección de Finanzas de ese órgano desconcentrado, al cual se le informa sobre la gestión financiera del FOVISSSTE y la propuesta de inversión para autorización. Al respecto, la ASF comprobó que el Comité de Inversiones del FOVISSSTE realizó en 2016 tres sesiones ordinarias (en abril, junio y agosto), aun cuando el artículo 7 de los Lineamientos de Operación del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de febrero de 2010, establece que debe sesionar cuando menos una vez al mes. Sobre el particular, el FOVISSSTE no proporcionó evidencia documental de las sesiones de su Comité de Inversiones de enero, febrero, marzo, julio y septiembre de 2016, por lo que no se le informó a ese Comité el estado de las inversiones, así como para que estudiara y evaluara las propuestas de la tesorería, respecto de las políticas, límites, mecanismos de inversión y financiamiento del FOVISSSTE, en contravención del artículo 7 de los Lineamientos de Operación del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. FOVISSSTE operó en 2016 con un margen de ganancia a su favor. La ASF comprobó que los recursos netos, por 6 mil 961.9 millones de pesos, obtenidos por el FOVISSSTE por la bursatilización de sus derechos de crédito, más 10.6 miles de pesos de otra fuente de recursos (disponibilidades), se aplicaron para otorgar 10,150 créditos hipotecarios nuevos, para adquisición, ampliación, construcción, mejoramiento, reparación y redención de pasivos de vivienda, en el marco de los diversos esquemas de financiamiento. De esos nuevos créditos se seleccionaron 263, por 177.4 millones de pesos, y comprobó que los recursos se entregaron a los beneficiarios (constructor, vendedor o derechohabiente), se encontraban sustentados en la documentación correspondiente y se registraron en la contabilidad. Las tasas anuales estimadas que cobra el FOVISSSTE por los créditos hipotecarios otorgados con los recursos obtenidos de los CBF´s es de aproximadamente 8.9% (5.5% que es el promedio nominal de las tasas a las que se otorgaron los créditos y 3.4% por la actualización de los créditos de los derechohabientes). Esto representó 1.8% por encima de la tasa de interés estimada de 7.1% (3.8% referente al interés fijo anual pactado en los CBF´s y 3.3% que fue el porcentaje que aumento la UDI durante 2016) que el fideicomiso pagará por la deuda de CBF´s, por lo que la ASF concluyó que existe un margen de ganancia a favor del FOVISSSTE, como administrador del patrimonio de los trabajadores, que le permitirá seguir operando y generando utilidades


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Desarrollo Social

mínimas a su favor, pero que sirven para seguir cumpliendo con los fines de ese órgano desconcentrado. Dictamen. La ASF se abstuvo de emitir opinión sobre el esquema de financiamiento mediante la bursatilización de cartera crediticia utilizado por el FOVISSSTE, el cual fue autorizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no se cuenta con los elementos para conocer el costo o beneficio real que generara la transferencia de la propiedad de la cartera para su bursatilización. Sin embargo, advierte que el esquema de financiamiento, mediante la bursatilización de derechos de créditos hipotecarios, ocasiona que se comprometan recursos futuros, que, si bien generan liquidez, también originan un costo financiero con el consecuente impacto en el patrimonio de los trabajadores, sin que los costos y los pasivos contraídos por el esquema de financiamiento se presenten en la Cuenta Pública. Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 6 (5 R y 1 PRAS). Recuperaciones Probables: 25.2 miles de pesos; Operadas: 25.2 millones de pesos.

Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

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Desarrollo Social

Anexo

MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍAS DEL GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL


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Desarrollo Social

Subtotal R RD Subtotal PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

40 109,381,546.8 87,652,477.8 80.1 294 519 332 193 139 187 2 2 108 72 3 562,177.3 1,489.5 560,687.8

11 17,663,377.7 16,638,987.1 94.2 66 103 71 23 48 32 0 2 15 15 0 282,955.4 682.5 282,272.9

7 3,215,597.8 2,565,707.5 79.8 42 68 51 13 38 17 0 0 6 11 0 265,274.2 0.0 265,274.2

140-DSDiseño de la Política de Educación

BásicaDesempeño 0.0 0.0 0.0 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

141-DSDiseño de la Política de Educación

Media SuperiorDesempeño 0.0 0.0 0.0 7 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

146-DSFortalecimiento de la Calidad

Educativa, Modalidad TecnológicaDesempeño 0.0 0.0 0.0 7 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

147-DSFortalecimiento de la Calidad

Educativa, Modalidad UniversitariaDesempeño 0.0 0.0 0.0 6 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

134-DS

Aseguramiento Integral,

Arrendamiento de Bienes Inmuebles,

Cuotas y Aportaciones a Organismos

Internacionales

Financiera y de

Cumplimiento1,300,799.4 780,019.2 59.9 4 7 3 3 0 4 0 0 2 2 0 96,871.2 0.0 96,871.2

155-DSPROSPERA Programa de Inclusión

Social: Componente Educativo

Financiera y de

Cumplimiento1,380,159.6 1,380,159.6 100.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

148-DS Inclusión y Equidad EducativaFinanciera y de

Cumplimiento534,638.8 405,528.7 75.8 10 22 9 9 0 13 0 0 4 9 0 168,403.0 0.0 168,403.0

2 13,590,787.7 13,578,528.0 99.9 8 11 3 3 0 8 0 2 5 1 0 2,138.4 682.5 1,455.9

176-DS

Avance Financiero de la Inversión en

Infraestructura Educativa Nacional

(Escuelas al Cien)

Financiera y de

Cumplimiento13,406,075.2 13,406,075.2 100.0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

138-DS

Construcción de Planteles de

Educación Media Superior, en los

Estados de Guanajuato y Baja

California

Inversiones

Físicas184,712.5 172,452.8 93.3 6 9 1 1 0 8 0 2 5 1 0 2,138.4 682.5 1,455.9

1 0.0 0.0 0.0 6 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

174-DS Rezago Educativo Desempeño 0.0 0.0 0.0 6 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 856,992.2 494,751.6 57.7 10 14 7 7 0 7 0 0 4 3 0 15,542.8 0.0 15,542.8

185-DSErogaciones por Servicios y Subsidios

para Becas

Financiera y de

Cumplimiento856,992.2 494,751.6 57.7 10 14 7 7 0 7 0 0 4 3 0 15,542.8 0.0 15,542.8

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Recuperaciones (Miles de pesos)

TotalPreventivas Correctivas

Número

de

Auditoría

Título AuditoríasAlcance

(%)

Miles de pesos

Instituto Nacional para la Educación de los

Adultos

Observaciones

Acciones Promovidas

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA

Secretaría de Educación Pública

Instituto Nacional de la Infraestructura Física

Educativa

Instituto Politécnico Nacional

MATRIZ DE DATOS BÁSICOS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016


114

Desarrollo Social


40 109,381,546.8 87,652,477.8 80.1 294 519 332 193 139 187 2 2 108 72 3 562,177.3 1,489.5 560,687.8

3 1,165,588.4 850,907.4 73.0 14 23 3 3 0 20 2 0 2 13 3 103,161.6 0.0 103,161.6

1 371,050.1 56,369.1 15.1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 106.9 0.0 106.9

184-DS

Auditoría de TICFinanciera y de

Cumplimiento371,050.1 56,369.1 15.1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 106.9 0.0 106.9

1 154,796.4 154,796.4 100.0 5 8 1 1 0 7 1 0 1 4 1 58,596.9 0.0 58,596.9

197-DS

Convenios de Coordinación,

Colaboración y Acuerdos Específicos

Suscritos con la Administración

Pública Federal para el Desarrollo de

Diversos Proyectos, Adquisiciones y

Otros Servicios

Forense 154,796.4 154,796.4 100.0 5 8 1 1 0 7 1 0 1 4 1 58,596.9 0.0 58,596.9

1 639,741.9 639,741.9 100.0 7 13 1 1 0 12 1 0 1 8 2 44,457.8 0.0 44,457.8

199-DS

Convenios de Coordinación,

Colaboración y Acuerdos Específicos

Suscritos con la Administración

Pública Federal para el Desarrollo de

Diversos Proyectos, Adquisiciones y

Otros Servicios

Forense 639,741.9 639,741.9 100.0 7 13 1 1 0 12 1 0 1 8 2 44,457.8 0.0 44,457.8

1 918,496.4 417,742.0 45.4 29 42 14 14 0 28 0 0 19 9 0 13,135.1 0.0 13,135.1

1 918,496.4 417,742.0 45.4 29 42 14 14 0 28 0 0 19 9 0 13,135.1 0.0 13,135.1

168-DS Impulso al Desarrollo de la CulturaFinanciera y de

Cumplimiento918,496.4 417,742.0 45.4 29 42 14 14 0 28 0 0 19 9 0 13,135.1 0.0 13,135.1

14 4,593,498.3 2,491,464.7 54.2 89 148 100 61 39 48 0 0 35 13 0 75,731.3 0.0 75,731.3

1 1,763,657.4 619,567.0 35.1 7 12 2 2 0 10 0 0 6 4 0 6,493.8 0.0 6,493.8

200-DS

Aportaciones a Organismos

Internacionales y Gastos de

Comunicación Social

Financiera y de

Cumplimiento1,763,657.4 619,567.0 35.1 7 12 2 2 0 10 0 0 6 4 0 6,493.8 0.0 6,493.8

1 751,145.0 728,516.1 96.9 10 16 7 7 0 9 0 0 7 2 0 42,909.7 0.0 42,909.7

213-DS

Insumos para el Control de la

Obesidad, Diabetes y Riesgo

Cardiovascular

Financiera y de

Cumplimiento751,145.0 728,516.1 96.9 10 16 7 7 0 9 0 0 7 2 0 42,909.7 0.0 42,909.7

Miles de pesos

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Universidad Po técnica del Sur de Zacatecas

Universidad Tecnológica de Salamanca

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN

SUPERIOR



SECTOR SALUD

Secretaría de Salud

Centro Naciona de Programas Preventivos y

Control de Enfermedades

SECTOR CULTURA



Número

de

Auditoría


(%)Observaciones

Acciones PromovidasRecuperaciones (Miles de pesos)



115

Desarrollo Social


40 109,381,546.8 87,652,477.8 80.1 294 519 332 193 139 187 2 2 108 72 3 562,177.3 1,489.5 560,687.8

14 4,593,498.3 2,491,464.7 54.2 89 148 100 61 39 48 0 0 35 13 0 75,731.3 0.0 75,731.3

1 642,587.0 22,661.7 3.5 3 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

215-DSIngresos por Derechos por

Autorizaciones en Materia Sanitaria

Financiera y de

Cumplimiento642,587.0 22,661.7 3.5 3 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0

2 492,641.4 424,828.1 86.2 7 19 10 10 0 9 0 0 9 0 0 0.0 0.0 0.0

218-DS

Intervenciones Cubiertas con el

Fondo de Protección contra Gastos

Catastróficos en el Estado de

Guanajuato

Financiera y de

Cumplimiento351,974.1 351,974.1 100.0 3 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0.0 0.0 0.0

216-DS Auditoría de TICFinanciera y de

Cumplimiento140,667.3 72,854.0 51.7 4 15 8 8 0 7 0 0 7 0 0 0.0 0.0 0.0

1 943,467.5 695,891.8 73.7 22 39 20 20 0 19 0 0 12 7 0 26,327.8 0.0 26,327.8

223-DSGestión Financiera para la Prestación

de Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento943,467.5 695,891.8 73.7 22 39 20 20 0 19 0 0 12 7 0 26,327.8 0.0 26,327.8

2 0.0 0.0 0.0 19 27 27 19 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

225-DS Investigación y Desarrollo

Tecnológico en SaludDesempeño 0.0 0.0 0.0 7 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

224-DS Evaluación del Control Interno al

Proceso de Adquisición de

Medicamentos

Financiera y de

Cumplimiento0.0 0.0 0.0 12 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 0.0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

226-DSInvestigación y Desarrollo


1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0



1 0.0 0.0 0.0 5 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0



1 0.0 0.0 0.0 5 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0



1 0.0 0.0 0.0 7 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0



1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0



Miles de pesos

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada


Hospital Regional de Alta Especialidad de la

Península de Yucatán

Instituto Nacional de Cancerología


Número

de

Auditoría

Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición

Salvador Zubirán

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Ismael Cosío Villegas

Instituto Nacional de Geriatría

Instituto Nacional de Pediatría

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez


(%)Observaciones




SECTOR SALUD


116

Desarrollo Social

R. Recomendación. RD. Recomendación al Desempeño. SA. Solicitud de Aclaración. PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

Fuente: ASF; Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

PRAS. Promoción de Responsabilidad de Administrativa Sancionatoria. PO. Pliego de Observaciones. M. Multa


40 109,381,546.8 87,652,477.8 80.1 294 519 332 193 139 187 2 2 108 72 3 562,177.3 1,489.5 560,687.8

5 41,425,170.6 38,361,208.2 92.6 51 107 78 26 52 29 0 0 16 13 0 55,280.0 5.7 55,274.3

4 41,425,170.6 38,361,208.2 92.6 41 91 62 26 36 29 0 0 16 13 0 55,280.0 5.7 55,274.3

262-DS Programa 3x1 para Migrantes Desempeño 0.0 0.0 0.0 11 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

263-DSPrograma de Atención a Jornaleros

AgrícolasDesempeño 0.0 0.0 0.0 3 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

259-DS Erogaciones por ServiciosFinanciera y de

Cumplimiento2,578,911.5 925,265.2 35.9 8 18 7 7 0 11 0 0 5 6 0 30,674.1 5.7 30,668.4

261-DS Pensión para Adultos MayoresFinanciera y de

Cumplimiento38,846,259.1 37,435,943.0 96.3 19 37 19 19 0 18 0 0 11 7 0 24,605.9 0.0 24,605.9

1 0.0 0.0 0.0 10 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

268-DS Programa de Coinversión Social Desempeño 0.0 0.0 0.0 10 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

6 43,615,415.4 28,892,168.4 66.2 45 96 66 66 0 30 0 0 21 9 0 31,913.9 801.3 31,112.6

4 29,501,930.4 21,598,040.1 73.2 35 75 52 52 0 23 0 0 17 6 0 2,857.5 776.1 2,081.4

247-DSGestión Financiera del Programa de

Salud IMSS-PROSPERA

Financiera y de

Cumplimiento23,223,409.2 18,826,372.7 81.0 8 12 5 5 0 7 0 0 7 0 0 662.8 662.8 0.0

249-DSPrestaciones del IMSS a través de

Fondos y Fideicomisos

Financiera y de

Cumplimiento1,575,919.8 1,309,600.3 83.1 17 34 26 26 0 8 0 0 5 3 0 868.7 0.0 868.7

250-DSPrograma "A Todo Corazón"-"Código

Infarto"

Financiera y de

Cumplimiento1,702,601.4 825,970.3 48.5 8 21 16 16 0 5 0 0 3 2 0 781.0 0.0 781.0

251-DS Servicios Administrados de NubeFinanciera y de

Cumplimiento3,000,000.0 636,096.8 21.2 2 8 5 5 0 3 0 0 2 1 0 545.0 113.3 431.7

1 113,453.0 78,569.4 69.2 7 15 9 9 0 6 0 0 3 3 0 29,031.2 0.0 29,031.2

1799-DS

Adquisición de Material de Titanio

para la Atención de los

Derechohabientes

Financiera y de

Cumplimiento113,453.0 78,569.4 69.2 7 15 9 9 0 6 0 0 3 3 0 29,031.2 0.0 29,031.2

1 14,000,032.0 7,215,558.9 51.5 3 6 5 5 0 1 0 0 1 0 0 25.2 25.2 0.0

253-DS Ingresos por Bursatil izaciónFinanciera y de

Cumplimiento14,000,032.0 7,215,558.9 51.5 3 6 5 5 0 1 0 0 1 0 0 25.2 25.2 0.0

Miles de pesos

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Secretaría de Desarrollo Social


NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado

Preventivas Correctivas



Número

de

Auditoría


(%)Observaciones


Total

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