VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

DE LA REUNIÓN CONJUNTA

DE LAS COMISIONES DE

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA;

de

ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA

y de

LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN

PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y

DESCENTRALIZACIÓN

Córdoba, 16 de Noviembre de 2010

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-En la Ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de noviembre de 2010, siendo la hora 11 y 46:

Sr. Presidente (Busso).- Buenos días. Así como se acordó la semana pasada, y tal cual se aprobó con la resolución que la Unicameral fijó para el tratamiento de este proyecto de ley, tenemos la presencia del Ministro de Educación, profesor Walter Grahovac, y de todo su gabinete. Como ustedes saben, esta reunión se hace en el marco de las reuniones de las comisiones conjuntas de: Educación, presidida por la legisladora Evelina Feraudo; de Legislación General, presidida por la legisladora Mabel Genta, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, presidida por el legislador Dante Heredia, y de todos los integrantes de la misma También quiero agradecer la presencia de la mayoría de los presidentes de bloque que forman esta Unicameral. A todos ellos quiero darles la bienvenida y esperamos que este proyecto, que para nosotros es tan importante, pueda ser tratado en el marco del mayor pluralismo y participación posibles, esperando que esta reunión de comisión ampliada –por decirlo de alguna manera- con el Ministro sea de utilidad para realizar el primer aporte que vamos a tener en este proyecto de ley.

Tal cual siempre lo hacemos, luego de la participación del señor Ministro -que va a ilustrarnos en forma profunda sobre el proyecto-, los señores legisladores van a tener la oportunidad de hacer las preguntas correspondientes y, luego, en ese marco, cuando se agote la lista de legisladores, si algún asesor así lo solicita, le vamos a dar la palabra. Sin perder más tiempo, y agradeciendo nuevamente la visita del señor Ministro y de todo su gabinete, le damos la palabra. Sr. Grahovac.- Buenos días. Muchas gracias por recibirnos y permitirnos comentar algunos de los aspectos centrales del proyecto de ley que entendemos tiene una importancia vital para la Provincia de Córdoba, actualizar la norma que desde el año 1991 rige en la Provincia, que es la Ley 8113, que fue sancionada en un momento muy particular del país y de la Provincia, para lo cual, de forma similar a lo que ocurrió con la elaboración de este proyecto, también hubo un proceso previo de consultas con instituciones académicas, laborales y del Poder Ejecutivo; también llevó varios meses de trabajo previo, en una ley que se sancionó en un momento crítico, porque en el mundo se estaba dando un cambio de perspectiva muy profundo que trajo, en algunos casos, necesidad de actualización y de modificaciones debido al impacto de los avances científicos y tecnológicos, pero también generó puntos de vista respecto de la educación que aquella ley no contemplaba, e intentaba, igual que muchos otros actores, poner un freno a tendencias que empezaban a instalarse a nivel internacional y también en la Argentina sobre la responsabilidad del Estado en materia educativa, dando lugar a un proceso de cambio del rol del Estado en la organización de la educación que impactó en toda la Argentina. La Ley 8113, en términos generales -en su faz normativa, de principios, fines, objetivos- tenía –a nuestro entender- un valor importante, pero luego hubo modificaciones, tanto a nivel provincial como nacional. Quiero recordar que poco tiempo después de sancionada esa ley provincial, se sancionó la Ley

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Federal de Educación que, si bien tuvo un alto impacto a nivel nacional en cómo se reorganizó el sistema educativo -fundamentalmente producto de los procesos de transferencia de servicios a las provincias de todas las escuelas nacionales, tanto estatales como privadas subsidiadas por el Estado- también fue generando un marco distinto. La Ley Federal presentaba como avance fijar 10 años de obligatoriedad, superando los 7 de antes, y asimismo generó un debate particularmente instalado en la enseñanza media en cuanto a las orientaciones y modalidades que debía tener la educación. Posteriormente a la Ley Federal, ya en 2006, y tratando de producir la corrección de muchos de los problemas que se generaron a partir de la modalidad en que se aplicó, se sancionó una nueva Ley Nacional de Educación, producto de la elaboración de una comisión de expertos, enriquecida con aportes y consultas, y el Congreso de la Nación. A diferencia de la Ley Federal, dio al país una nueva oportunidad, porque la actual Ley Nacional fue votada por la inmensa mayoría del Congreso -no podemos decir por unanimidad porque fueron muy pocos los votos en contra- pero la inmensa mayoría apoyó la nueva ley que vino a traer un nuevo orden en los sistemas educativos. Para mencionar algunos, que todavía perviven pero se están revirtiendo, tenemos provincias con escuela primaria de 6 años y secundaria de 6 años; provincias con educación básica de 9 años y educación secundaria de 3; provincias que dividieron en tres partes el sistema, con 3 años de primaria, 3 de intermedio y 3 de educación secundaria superior, todas organizadas de forma distinta.

Esto trajo bastantes problemas e incluso impactó en Córdoba en el ‟96, ya que se modificó el actual régimen de escuelas primarias, pasando de 7 años a 6, y la secundaria pasó a 6. Además de este cambio, que a lo mejor es el que más nota la población, hubo otros como la casi eliminación de algunas modalidades muy significativas e importantes para nuestra Provincia, de larga historia, como el caso de la educación técnica que entró en una situación de bastante drama al reorientarse, y recién en el año 2008 hemos vuelto a la educación técnica regida por la Ley Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. Creo que en esto hubo tres leyes o tríada significativa, como son la Ley de Educación Técnica y Formación Profesional, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo, que empezaron a intervenir sobre las realidades provinciales con un consenso de las provincias en el marco del Consejo Federal de Ministros, para tratar de volver a tener una identidad común de educación y recuperar ciertas modalidades que el desarrollo del país necesita. Estas son las causas que a nosotros nos llevaron a que tal vez el primer tema que planteáramos, y al que se abocó casi en forma plena el Consejo Provincial de Políticas Educativas, fuera la necesidad de contar con una actualización de la Ley 8113 a la luz de los acontecimientos de los últimos 19 años y a que esta normativa es necesaria para dar una suerte de tranquilidad, certeza desde el punto de vista legal y perspectiva de desarrollo de la educación de Córdoba. En primera instancia resolvimos que para armar un proyecto era importante escuchar todas las voces del sistema educativo, y nos pareció que esa integración del Consejo Provincial de Políticas Educativas era tal vez el ámbito propicio, dado que participan las universidades, los sindicatos docentes,

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los representantes del Poder Legislativo y también del Judicial, el Consejo de Educación Técnica y Trabajo, así como los administradores responsables de las escuelas privadas de Córdoba, dado que estamos en el camino de contar con una norma general para todo el sistema educativo, no sólo para la escuela estatal -más allá de que los subsistemas puedan tener después particularidades y leyes específicas- ya que obviamente al ser una ley general de Educación no podemos resolver todas las temáticas, las que serán receptadas en el marco de legislaciones particulares, reglamentaciones o vía decreto. -Se proyecta una imagen. En ese sentido, al proponer que sea el Consejo Provincial de Políticas Educativas - con quienes ustedes también tienen una reunión, por lo que no voy a abundar sobre el tema- el que elabore el proyecto, como Poder Ejecutivo también adoptamos el compromiso de que esa elaboración sea la que se iba a enviar a la Legislatura, más los aportes de la consulta que se realizó a fines del mes de julio, contando con opiniones de 3806 instituciones y de 105 mil personas, la mayoría docentes, aproximadamente 47 mil, 29 mil padres y 23 mil alumnos. A esas propuestas hemos sumado las aportadas luego por las escuelas que no tuvieron la suficiente oportunidad de participación, tal como se había convenido. Todo ello ha sido elevado con el anteproyecto. Antes de iniciar el desarrollo del contenido del anteproyecto, quiero agregar que estimamos que, tanto en el anteproyecto como en las propuestas, hay elementos altamente significativos para que sean incorporados al proyecto de ley; de hecho, hay aspectos que no están incluidos en el anteproyecto pero que figuran en las propuestas. El Poder Ejecutivo coincide en que si los legisladores analizan el anteproyecto y comparten las iniciativas que se han formulado, éstas puedan ser incorporadas. En ese sentido, el Consejo Provincial siempre trabajó con la convicción de que lo que hacemos es brindar aportes para que los representantes del pueblo en la Legislatura puedan hacer un abordaje del tema y serán ellos los que le darán el perfil definitivo al proyecto de ley. Además, quiero destacar que en el marco del Consejo de Políticas Educativas hubo discusiones, consensos, disensos, artículos aprobados por unanimidad y otros aprobados por mayoría, habiéndose planteado los respectivos disensos. Por nuestra parte, cumplimos con el compromiso asumido de enviar el proyecto tal como se definió en el Consejo Provincial. En lo referente al anteproyecto en sí, hay una primera definición de educación como un derecho social e individual. La Ley 8113 tenía un planteo apropiado en ese punto y lo que se hizo fue incorporarle algunas visiones y perspectivas que son producto de los nuevos derechos que la sociedad ha ido legislando como parte de las evoluciones que existen y que influyen sobre el sistema educativo. Muchas de ellas están representadas en la Ley nacional y otras son producto de este desarrollo. Entonces, se tomaron los textos generales de la Ley 8113 a los que se le fueron sumando estas nuevas perspectivas. En ese sentido, la educación y el conocimiento son definidos como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Además, nos pareció importante ratificar la definición de que constituye una política de Estado prioritaria, con el objeto de construir una sociedad más justa,

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reafirmación de la soberanía e identidades nacionales, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo provincial, entre otros fines. Un punto significativo –que también está incluido en la Ley nacional y que compartimos producto de la influencia de aquel proceso que mencioné de los „90- es la expresa prohibición a la Provincia de la suscripción de tratados de libre comercio o de otro tipo que considere a la educación como un servicio lucrativo o aliente su mercantilización. Más allá de que al menos en las políticas públicas de la Argentina nadie plantea alternativas como en algún momento se barajaron de las escuelas “charter”, de procesos de privatización, como esto es un hecho muy reciente de la vida política en argentina, nos pareció que era oportuno incluirlo en los primeros artículos de la ley provincial para dar tranquilidad sobre cuál es el concepto del rol del Estado. Luego avanzamos en que la educación es una función obligatoria, principal y permanente del Estado. Tal vez, uno de los párrafos más significativos es el que define a la gestión estatal como común, integral, gratuita y exenta de dogmatismo de cualquier signo. Todo esto está plasmado en los primeros artículos que tienen relevancia porque informan al conjunto de la ley. Luego, vienen los artículos donde se promociona y promueve la identidad y la unidad nacional y latinoamericana, el respeto y la valoración de la diversidad lingüística y cultural de las distintas comunidades de los pueblos originarios. También se incorpora a la ley el concepto de la educación sexual integral y temas que hacen a problemas contemporáneos -y definidos como conocimiento- como la prevención de adicciones, la educación vial y el cuidado del ambiente. En otro momento, los mismos no estaban instalados con la misma urgencia, pero el sistema educativo tiene mucho para decir y aportar, desde la perspectiva del conocimiento y de las acciones preventivas. Hoy, estas temáticas son prioridades de la sociedad: el cuidado ambiental, la seguridad vial y la educación sexual. Respecto de esta última, hubo un prolongado debate a nivel nacional -en Córdoba se había dado anticipadamente-, sobre la necesidad de la enseñanza de la educación sexual integral en las escuelas. Otro aspecto de la ley está vinculado a la definición de la igualdad y la inclusión educativa. Leyes anteriores como la 1420, la 8113, y la propia Ley Federal, venían plateando una profundización de este concepto, que tiene que ver con los últimos 30 años de la Argentina que –desde el proceso de la dictadura en adelante- dejaron una sociedad altamente fragmentada, impactando profundamente en grandes sectores de la sociedad y ese impacto no solamente es de orden socioeconómico sino también de acceso a los bienes culturales, a la educación y, de algún modo, ha generado una desigualdad previa respecto al capital cultural con que se llega al proceso escolarización. Nos pareció importante destacar los temas de la igualdad y la inclusión educativa no sólo por el avance que ha significado a nivel nacional la obligatoriedad de la escuela secundaria -como propósito de los argentinos para el corto plazo- sino para garantizar la plena inclusión en todos los niveles de la enseñanza obligatoria y la calidad de los conocimientos a los cuales acceden los estudiantes. En ese sentido, el Consejo Provincial –y nosotros como Poder Ejecutivo lo compartimos- planteó tres temas centrales: por un lado, que la Provincia tenga 14 años de escolaridad obligatoria; empezando de arriba hacia abajo, los

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seis años de la escuela secundaria –siete en el caso de las escuelas técnicas-, los seis años de la escuela primaria y avanzar no sólo con las salas de cinco años en el jardín de infantes, sino también la obligatoriedad de la sala de cuatro años.

Otro aspecto significativo, es la obligación del Estado de crear salas de tres años en los jardines de infantes que atienden a población de mayor vulnerabilidad social. Esta cláusula de incrementar la obligatoriedad de un año más de lo que plantea la Nación -complementado con la creación de salas de tres- tiene que ver con el objetivo de anticipar la escolarización de los niños para dar la oportunidad de participar de bienes culturales que en muchas ocasiones no puedan obtener en su propio hogar o ámbitos en que viven, y que la escuela les puede brindar para otorgarles más herramientas y producir mecanismos de igualdad respecto de aquellas niñas y niños que provienen de hogares que tienen obviamente una participación en los bienes culturales y una atención familiar distintas. Esto nos parece muy significativo.

¿Por qué la necesidad de profundizar esta política? Los últimos relevamientos nos muestran que Córdoba tiene un 6,6 por ciento de repitencia en primer grado, tomando el conjunto del sistema educativo. Si se desagregan los números, se observa que en la escuela privada la repitencia es el 1,1 por ciento y en la escuela estatal el 8,2 por ciento.

El 8,2 por ciento son todas las escuelas estatales de la Provincia; si se observan aquellas escuelas que atienden a población en situación de vulnerabilidad social, la repitencia aumenta de acuerdo a las características de las escuelas. La cifra es muy preocupante, sin embargo Córdoba no tiene la cifra de repitencia más alta en el primer grado, pero tenemos un promedio del entre el 11 y el 15 por ciento de niños que repiten en primer grado.

Los que pertenecen al campo docente o se encuentran preocupados por la educación sin necesidad de pertenecer al campo educativo, sabemos lo que significa en un niño el estigma, y tener que remontar no sólo con el estigma sino con el proceso de sobreedad que se comienza a producir dentro de la escuela y todas las dificultades que esto genera para el proceso de enseñanza; por eso pensamos en anticipar la escolarización en las salas de tres, la obligatoriedad de la sala de cuatro, la sala de cinco, las políticas de articulación entre el nivel inicial y el primer ciclo de la escuela primaria; Córdoba no está entre las provincias que tienen mayor repitencia, aunque es preocupante y nos tiene que alarmar, más allá de las comparaciones, porque probablemente por efecto del Programa de Fortalecimiento para Escuelas en Situación de Vulnerabilidad, que trabaja la lengua, la ciencia y la matemática con maestros de apoyo para el primer ciclo de la escuela primaria, nos brinda algunos resultados. No hay demostración que esto se pueda hacer en forma rápida, pero lentamente se va reduciendo el índice de repitencia. El sostenimiento de estos programas, junto con la anticipación de la escolarización, van a acelerar y aumentar la disminución – valga la paradoja- de la repitencia en el primer grado.

Otro aspecto significativo es que promovimos en la ley la jornada extendida como política universal; hasta ahora la jornada extendida ha sido propiciada como una política tendiente a dotar de más escuelas también aquellos niños que tienen menos oportunidades de participar de otros circuitos culturales y educativos, pero nos parece que esta es una medida esencial. Imaginamos que la totalidad de la escuela primaria tenga seis horas de clase,

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esto sería -a los efectos de las comparaciones- casi como aumentar en 90 días de clase el calendario de 180 días, no es exactamente lo mismo, pero en relación a las horas es pasar de 720 horas a 1020 horas de clases anuales. Creemos que para poder acelerar este proceso, así como en la infancia, en el plano de lo que coincide con la educación inicial planteamos anticipar la escolarización en el primer ciclo los programas de fortalecimiento vinculados a la lectura, la ciencia y la matemática. Nos pareció que en esta primera etapa, y para favorecer la universalización, debemos avanzar fundamentalmente con 4to., 5to. y 6to. grado de la escuela primaria por el grado de autonomía que tienen los niños, pero también para tratar de fortalecer, en el paso previo, al ciclo o nivel educativo que ofrece los datos más alarmantes en cuanto al rendimiento inferior del sistema. Algunas de estas políticas ya se han iniciado. Cuando nos tocó asumir la responsabilidad de la educación en la Provincia había 13 salas de tres años remuneradas por el Estado. En los últimos dos años hemos creado 200 salas, pero hacen falta más. Creo que este es el camino que marca la ley nacional y que nosotros hemos puesto como obligación del Estado crearlo y destinar recursos para ello. Con el caso de la jornada extendida ocurre algo similar. Al momento de asumir nuestra responsabilidad teníamos174 escuelas con lo que se denomina “jornada ampliada”, y tenemos una buena valoración de experiencia pero, producto de observarla, de aprender de ella, la tomamos como base para esta propuesta de jornada extendida y, a mediados del año en curso habilitamos 226 escuelas que se suman al proceso de jornada extendida, algunas de esas escuelas con 4to, 5to. y 6to. grado, otras con 5to. y 6to. grado, y otras con 6to. Grado; esto es por una razón muy simple: tenemos que dotar de espacio físico, construir más aulas, mejorar muchos aspectos, porque no sólo se trata de las dos horas más de clase sino de designar docentes. Hemos priorizado la política de que los propios maestros de la escuela puedan asumir la responsabilidad del dictado de la jornada extendida, para lo cual hay una selección por capacidades, competencias y conocimientos que tienen los docentes, y un proceso de capacitación porque el objetivo de esto, lo que está plasmado en la ley como un objetivo general, es resolver la oferta educativa, pero también dar una perspectiva distinta de desarrollo profesional de los docentes. Cuando lleguemos a la parte de las “Cláusulas Transitorias” retomamos este tema porque creemos que hay que darle un fuerte impulso, en los años que restan, a todo lo que haga a las salas de 3 y de 4 años y a la jornada extendida. Dentro de las políticas de igualdad y de inclusión, por supuesto, replicamos lo que ya plantea la ley nacional respecto de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Creemos que la escuela secundaria ha modificado su perspectiva hace muchos años y, en este sentido, nos parece que tenemos que aumentar la vinculación de la escuela con el mundo académico, con el científico, con el de la producción y con el de la cultura, ya que nuestros jóvenes egresan de la escuela secundaria cuando alcanza la mayoría de edad -o a punto de hacerlo- y toman la decisión de realizar estudios superiores o de insertarse en el mundo del trabajo. Existen miles de jóvenes que parar poder llevar adelante estudios superiores tienen que trabajar. Hoy, la escuela secundaria debe habilitar a los jóvenes tanto para los estudios superiores como para el mundo del trabajo, en torno de objetivos tales

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como la inclusión social, la participación ciudadana y la vida en democracia. En ese sentido, tenemos que rescatar la recuperación de las modalidades en la enseñanza media. A tal fin, no sólo deseamos reinstalar las escuelas técnicas -que habían quedado excluidas como modalidad-, sino que para la elaboración del texto del anteproyecto de ley hemos tomado muchos de los artículos que plantea la Ley Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. Además, hemos sumado las modalidades -que también plantea la ley nacional- referidas al contexto de encierro, la domiciliaria hospitalaria, la educación artística intercultural bilingüe y, obviamente, la educación especial y la permanente para jóvenes y adultos.

En los capítulos que hacen referencia a las obligaciones del Estado y al control ciudadano, hubo una alteración, aunque no en el espíritu. El Consejo Provincial de Políticas Educativas -con la información que maneja- había propuesto como un reaseguro que la Provincia tenga un piso mínimo del 30 por ciento del Presupuesto destinado a educación y, de allí en más, lo que los distintos gobiernos puedan asignarle –cuanto más mejor. Los números de la ejecución presupuestaria proyectada que vamos a tener hasta fin de año hablan de un 35 por ciento.

Nos estamos proponemos aumentar el número de salas de 3 años y que la totalidad de las escuelas cuenten con salas de 4 años en un corto plazo. Además, estamos trabajando en el tema de la jornada extendida y en las políticas de ruralidad -apertura de CBU y ciclos de especializaciones en la zona rurales.

También nos hemos propuesto hacer reformas en el Nivel Superior, en el cual aumentamos un año de escolarización y de cursado para la formación de maestros de Nivel Inicial y de escuelas primarias -lo cual significa una carga horaria significativa- más la reforma curricular que esto implica.

Si estamos planteando estas reformas, lo que hoy la Provincia invierte en educación debe constituirse en el piso para que los nuevos desafíos cuenten con nuevos y mayores recursos. Por eso, el Poder Ejecutivo plantea que el piso presupuestario de la Provincia de Córdoba sea del 35 por ciento y no del 30 por ciento. Otro aspecto importante es la conformación, en el marco del Consejo de Políticas Educativas, de una Comisión de Evaluación e Información Educativa, cosa que nos parece central. El sistema educativo vive atravesado por evaluaciones, desde las que puede realizar el docente en su práctica -en el aula, en el patio, en el taller o en donde le toque dar clases- a las evaluaciones institucionales y de resultado del sistema; pero nos parece que, si queremos generar conciencia y un compromiso del conjunto de la sociedad, esa información tiene que remitirse o reportarse a un ámbito de participación plural como el Consejo Provincial de Políticas Educativas. Además, se debe rendir cuentas en forma permanente a la Legislatura, porque si la pretensión es que el sistema educativo constituya una política de Estado, con la que podamos ir logrando consensos y acuerdos vitales para la mejora del sistema educativo para todos los cordobeses, es fundamental que todo lo que haga a la información y a la evaluación del sistema, que es de carácter público, sea una herramienta de trabajo no sólo del Consejo de Políticas Educativas y, obviamente, del Ministerio de Educación, sino también de la Legislatura provincial.

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En ese sentido de generar compromisos y espacios, la ley también plantea la obligación del Estado de brindar las condiciones para garantizar la educación -están respetados los derechos y los deberes de estudiantes, docentes y familias- y la oportunidad, particularmente en lo que hace a la enseñanza media y la superior, de que los jóvenes o adultos que van a otros niveles del sistema educativo puedan organizarse a través de asociaciones, centros de estudiantes, clubes –existe variedad de clubes: de ciencia, de deporte, de cultura. Además, hay una ley que favorece el trabajo cooperativo en las escuelas, tenemos magníficas experiencias de educación cooperativa. Nos parece que esto también tiene que estar reflejado en la ley, y creo que es un avance. Entendemos que, además del derecho a tener organización y voz, estamos avanzando fuertemente en la política, en lo que hace a enseñanza media, de establecer los acuerdos de convivencia escolar y los consejos de convivencia escolar. Todos sabemos las dificultades de relaciones que hoy tenemos en muchos aspectos de la vida social, y nos parece que la escuela es una oportunidad inigualable de aprendizaje para abordar, posicionarse y poder tener una estrategia de abordaje de los conflictos y de las distintas situaciones que se viven en la sociedad; probablemente sea una de las pocas instituciones públicas que puede brindar esta oportunidad. Por eso, nos planteamos los acuerdos de convivencia y los consejos de convivencia, que tienen que ser elaborados y luego estar representados, obviamente, por el personal directivo de la escuela, los docentes, los estudiantes y los padres. Creo que hay que consolidar esto que ya existe en algunas escuelas que han podido avanzar; en otras escuelas están en proceso de discusión los acuerdos de convivencia, y en otras, obviamente, tenemos que trabajar para que éstos sean el claro reflejo de un debate y no una medida administrativa más, porque si estas herramientas son sólo eso no producirán el efecto buscado. Nos parece que esto del compromiso de todos con el sistema educativo es fundamental, que figuren los derechos, los deberes, cuáles son los ámbitos de organización posible, pero también dotar a la escuela de estos espacios de participación democrática que regulan la convivencia escolar, la vida y el clima de la escuela. Por supuesto, la ley también recupera los derechos constitucionales y, entre ellos, están los derechos y obligaciones de los padres, y una advocación, que es recuperar y respetar la autoridad pedagógica de la escuela y sus docentes. Todos sabemos que, por más que lo diga la ley, en realidad es un derecho que se gana con trabajo, con políticas de inclusión y de escucha junto con la comunidad. Me pareció importante que junto con los derechos estén las responsabilidades –en este caso, que los jóvenes vayan a la escuela- y también el respeto al trabajo del docente. Antes de finalizar esta exposición, quiero hacer referencia a las cláusulas transitorias. Ustedes saben que hace algunos meses atrás el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba promovió diversas acciones vinculadas al tema educativo, a sabiendas, obviamente, de que estábamos discutiendo en el marco del Consejo Provincial los elementos para que la Legislatura pueda abordar el tratamiento de una nueva Ley de Educación. Por esas acciones, se firmó un acuerdo entre representantes de distintos partidos políticos y el Gobierno provincial respecto de metas educativas a corto y mediano plazo.

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La idea del COPEC -con la que coincidimos y estimo que todos los que firmamos lo hicimos en ese sentido- intentó poner algunos ejes esenciales para mover la rueda educativa hacia delante y que esto fuera un compromiso sostenido en el tiempo. Por eso, la firma de referentes de los distintos partidos políticos de Córdoba, como el diputado nacional Oscar Aguad, el senador nacional Luis Juez, Eduardo García, el presidente alterno del Partido Justicialista Carlos Caserio, de Omar Ruiz por la Coalición Cívica y del Gobernador de la Provincia, tiene que ver con estas metas que son absolutamente coincidentes con los objetivos de la ley. Consideramos que estos objetivos son de carácter operativo, que se tienen que dar en el plano de los que hoy tenemos responsabilidades respecto de las políticas públicas. Entonces, propusimos una traducción de aquellos acuerdos a la práctica, y nos pareció que había que incluirlo en la ley para que cuando otros tengan la responsabilidad -porque la sociedad de Córdoba elija un nuevo gobierno- estos temas queden excluidos de los debates y sean una carga de responsabilidad frente al conjunto de la sociedad. Nos pareció significativo que esté en la Ley de Educación.

En ese sentido, para alcanzar la cobertura del cien por ciento de las sala de 3 años en jardines de infantes en contextos sociales desfavorables, que es uno de los puntos del acuerdo y también figura como uno de los principios de la ley, se prevé la creación de lo que nosotros hoy tenemos registrado, que es que están faltando 160 nuevas salas que se sumen a las 200 ya creadas. Para ello, nos proponemos un sistema de creación de salas: 60 salas en el 2011; 50 salas en el 2012 y 50 salas en el 2013. Para cumplir con la obligatoriedad de las salas de 4 años hay que crear 226 nuevas salas, proponiéndonos de esta manera crear 100 salas en el 2011, 50 salas en el 2012, 50 salas en el 2013 y 26 salas en el 2014.

Esto es porque en aquel compromiso por la educación se hablaba de garantizar esto en el plazo de 5 años, seguramente imaginando que el año 1 podía ser en el 2012. Pero a nosotros nos parece que no podemos esperar hasta el 2012 si hay condiciones para anticiparlo, porque se trata del destino escolar de miles de chicos el que está en juego. Por ello es que proponemos esto; y, como corresponde, la mayor carga la ponemos sobre el año 2011, que es nuestra responsabilidad y, obviamente, los próximos gobiernos tendrán en este sentido un piso, que es lo que fija la ley, aunque si se puede ir más allá en hora buena que así sea pudiendo de esa manera acelerar el proceso. Además, nos proponemos construir sólo para el nivel inicial 100 salas más en el 2011, 100 en el 2012, 45 en el 2013 y 26 en el 2014, para alcanzar las metas que aquí mismo hemos planteado. Por otro lado, para lograr que todas las escuelas primarias tengan jornada extendida en el segundo ciclo, en los próximos 5 años se prevé la incorporación de 398 escuelas al Programa. Como escuelas urbanas hoy existen 798 escuelas en todo el territorio de la Provincia.

El mecanismo de jornada extendida planteado abarca cinco campos curriculares, siendo en el formato de talleres donde plantea una metodología más protagónica de los chicos en esos espacios, y que tiene que ver con el taller de ciencias, el de literatura, el de nuevas tecnologías, el de lengua extranjera, el de arte y el de educación física.

Para el año 2011 nos estamos proponiendo avanzar con 200 escuelas más, con lo cual llegaríamos a 600 escuelas primarias, sobre un total de 798,

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con jornada extendida y, en algunos casos, donde haya condiciones edilicias, con la totalidad del segundo ciclo; y donde no las haya será con 5º y 6º grado solamente. En las que están faltando grados obviamente que tendremos que construir mayor cantidad de aulas o talleres de trabajo para que tengan la totalidad del segundo ciclo.

En este sentido, considero que la idea de universalizar rápidamente a que todas las escuelas se involucren en la estrategia de la jornada extendida, con la metodología de los talleres y estos campos del conocimiento, es esencial para que incidan en un cambio de toda la propuesta de educación primaria. Así es que se construirán 98 salas en el 2012, 50 en el 2013 y 50 en el 2014.

Para las escuelas rurales se debe pensar en otra estrategia porque allí abundan las escuelas de personal único, plurigrado, y se hace problemático trabajar con jornada extendida; en primer término, porque tiene que aplicarse a toda la escuela –a esto lo saben porque hay muchos legisladores del interior y algunos que han sido maestros rurales–, no se puede establecer que los más grandes vayan a un horario y los más chicos a otro horario porque los más grandes llevan a los más chicos. Entonces, la realidad es otra, que como tal tenemos que darle una respuesta apropiada y distinta.

Entendemos que poner en un plano de avance muy fuerte hasta el 2011, con 600 escuelas, posibilitará iniciar un proceso dirigido a que en la escuela rural los chicos también puedan participar de los mismos espacios culturales y educativos que planteamos para las escuelas urbanas. Esto no puede lograrse de un día para el otro; de hecho, a través de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo también se fijaron metas ambiciosas respecto de la jornada extendida, las que luego, por diversas causas, no pudieron alcanzarse; y no queremos que nos pase lo mismo. De allí la tendencia a elaborar el Presupuesto de modo tal de que cumpla con este cometido, para que cualquier contingencia no detenga esta política; porque estimamos que la universalización de la jornada extendida a seis horas de clase será, tal vez, uno de los factores de cambio que luego más impacten sobre la escuela secundaria. Al respecto, nos preocupa la situación de abandono escolar –similar en todas las provincias argentinas y que no está lo suficientemente asumida por la sociedad– derivada de la falta de obligatoriedad de la escuela secundaria, que sí está establecida para el nivel primario. Si analizamos el número de alumnos que ingresan a primer año y luego lo comparamos con la cantidad que egresa de sexto año, observamos que el abandono supera el 50 por ciento. Muchos de estos estudiantes –en el segundo y tercer nivel del secundario hay “nudos”, ya que es la instancia en que más abandono se produce– recurren luego a la alternativa de la educación para jóvenes y adultos. Ahora bien, ¿qué pasa con ellos durante el período comprendido entre el momento en que abandonan la escuela y el día en que retoman la educación? Creemos que el mejor lugar para un joven de entre 13 y 17 años es, sin dudas, la escuela, ya que, de no estar allí, ingresa de forma anticipada al mundo del trabajo –generalmente de manera informal, sometidos a explotación porque no pueden ser contratados de acuerdo con el régimen laboral argentino, que por suerte pena el trabajo infantil–, se dedica a las changas o, lo que es peor, directamente ni estudia ni trabaja.

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En tal sentido, para lograr que los jóvenes puedan asistir a la escuela hay que fortalecerlos tanto en sus capacidades como en sus convicciones y autoestima, incrementando el volumen de bienes culturales que contribuyan a que asuman su responsabilidad escolar. Este es un problema muy profundo y no es fácil resolverlo; de hecho, la excelente medida –así la consideramos, al menos, desde el Poder Ejecutivo– de la asignación única por hijo, que establece la educación como contraprestación, puede provocar efectos rápidos en orden a la obligatoriedad para las salas de cinco en aquellas provincias en las que la escuela primaria todavía no está lo suficientemente universalizada, y puede impactar en los primeros años del secundario. Les aseguro que este problema no se soluciona con una beca; por eso, cuando los chicos tienen entre 14 y 15 años de edad y comienzan a tomar definiciones –algunas veces compartidas con su núcleo familiar y muchas otras sin ese apoyo– tenemos que contribuir a que tengan la mayor solidez cultural posible para que no abandonen la escuela. Al respecto, creo que la escuela primaria –con la jornada extendida, los programas del primer ciclo y su articulación con el nivel inicial– va a fortalecer a los jóvenes para asumir el desafío de la escuela secundaria. Asimismo, en orden a introducir los cambios que en Córdoba necesitamos –lo hemos dicho hasta el hartazgo, y no está en la ley porque no hace falta que figure– disminuimos la edad de ingreso a la escuela secundaria y aumentamos la cantidad de materias de primer año y, en verdad, la combinación de estos dos elementos no puede ser la combinación de estos dos elementos no puede ser más que fatídica, por eso los niveles de fracaso. En primer año todavía no tenemos mayor nivel de repitencia y eso es porque las escuelas han ido produciendo adaptaciones y procesos de acompañamiento, pero un nivel de fragmentación del conocimiento, como se hizo en la organización curricular que tenemos en Córdoba, evidentemente, atenta contra los chicos. Por eso, hemos iniciado con las escuelas, en forma voluntaria, procesos de cambios que reorganizan la currícula y ponen menos espacio en cada año sin disminuir conocimiento, porque lo que hay es una reorganización del conocimiento. De hecho, lo que estamos haciendo es mirar la propuesta de seis años de educación, porque es el objetivo que tenemos que proponernos: que ningún chico abandone la escuela secundaria; si tenemos esta convicción tenemos que mirar la organización curricular y la distribución de las horas en los seis años, esto se va haciendo en forma paralela a esos objetivos que nos hemos planteado. Concluyo haciendo referencia a otros aspectos de las cláusulas transitorias: incorporar 140 maestros de materias especiales en las escuelas rurales –educación física, artística, lenguas extranjeras- haciéndolo también en tres años. Allí el régimen de trabajo es con el profesor itinerante; en las escuelas en contextos desfavorables ya tenemos 250 con maestros de apoyo y nos estamos planteando aumentar 85 maestros de apoyo más para esos programas del primer ciclo de la escuela primaria; designar 91 maestros integradores para que acompañen a aquellos niños con capacidades distintas en su proceso de inclusión y ayudar a la escuela y al maestro a planificar y abordar el trabajo con estos niños.

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Mantener el Programa Provincial de Becas que estamos dando en cuarto año para jóvenes con bajos recursos y buen desempeño académico. De algún modo, actualmente todos los programas de becas están subsumidos en la Asignación Universal por Hijo, por eso nos planteamos sostener este programa que resulta una suerte de reconocimiento o premio para aquellos jóvenes de bajos recursos que tiene buen rendimiento académico. Sostener en los próximos cuatro años el Programa 14 a 17, que es para jóvenes de esa edad -entre 14 y 17 años- que están fuera del sistema educativo, que han abandonado la escuela, y donde tenemos la primera cohorte que se ha inscripto en el 2010, y una segunda y última cohorte en el 2011, para no favorecer el abandono. Esta es una propuesta pedagógica sobre la que no voy a hacer ahora referencia pero, en verdad, se plantea un desafío de abordaje de la enseñanza secundaria muy novedoso y sobre el que tenemos muchas expectativas, si bien tenemos que estudiarla nos parece que puede ayudarnos a resolver las estrategias para con los jóvenes de esta edad. También nos planteamos aumentar la cantidad de coordinadores de cursos, ya veníamos designando con esta figura a docentes con titulaciones pertinentes para trabajar en la escuela secundaria en la vinculación con los profesores, los estudiantes y los padres, obviamente, dependiendo del equipo directivo de las escuelas. Allí nos planteamos la necesidad de designar 266 coordinadores de cursos más: 120 en el año 2011, 100 en el 2012 y 46 en el 2013 destinados a las escuelas más numerosas de Córdoba. En la actualidad todas las escuelas secundarias tienen un coordinador de curso y los estamos aumentando; esto se combina con otras propuestas como los planes de mejoras -que vienen del nivel nacional- con tutorías para acompañar a los chicos que tienen más dificultades en las distintas asignaturas. Incorporar 65 gabinetistas psicopedagógicos para que asistan a grupos de escuelas en abordaje, donde el maestro o el profesor, por la formación, no tiene las herramientas para abordar algunos temas. Por eso esperamos, con estos 65 gabinetistas, dar una mayor cobertura, que se suma a la ya existentes, y los hemos reorganizado en torno a los supervisores, para que sean ellos los que recepten la demanda de las escuelas, seleccionando y organizando el trabajo de los gabinetistas. Un tema importante es que en los próximos tres años podamos destinar 1.200 horas cátedra en el nivel superior para la investigación, extensión y acompañamiento a los docentes. Esto es muy importante porque normalmente es un objetivo que siempre se planteó en la educación superior pero nunca hubo disponibilidad de horas. Este va a ser un salto significativo, y lo planteado son: 400 horas en el año 2011; 400 en el 2012 y 400 en el 2013 para que los institutos hagan propuestas, las cuales serán seleccionadas y así los docentes de estas instituciones puedan tener horas cátedra a los fines de la investigación. El otro aspecto importante –acá hay una combinación entre las estrategias provinciales y la nacional- es dotar de equipamiento tecnológico a las escuelas. Nosotros proponemos en la ley el compromiso de adquirir para los próximos cinco años más de 65.000 netbook. En este año 2010 estamos distribuyendo para toda la Provincia 24.000 netbook y algunas PC de escritorio vinculadas a la administración, o completando gabinetes que ya tienen muchas PC de escritorio pero les faltan algunas para que en la clase cada alumno cuente con una computadora para trabajar. La mayoría de las escuelas, sobre

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todo en el nivel secundario, tienen poquísimas computadoras, en promedio tienen entre 8 y 16 computadoras, con cursos de 30 de alumnos. En el nivel primario, sólo el 20 por ciento de las escuelas tienen computadoras. En este año, nosotros vamos a completar un gabinete para todas las escuelas, incluidas las rurales en el nivel primario y, como mínimo, nos estamos proponiendo la adquisición de 18.000 netbook en el año 2011. Estamos pensando en los rincones informáticos para el nivel inicial, que es una estrategia totalmente distinta a la del nivel primario y secundario y también para escuelas de adultos.

Además, queremos completar las escuelas más numerosas con un nuevo gabinete para garantizar que la circulación de esta herramienta tecnológica pueda ser más frecuente en el dictado de cualquiera de las asignaturas que tiene la escuela. Para ello nos planteamos 16.000 nuevas computadoras para el año 2012; 15.000 en el 2013; 5.400 en el 2014 y 6.000 en el 2015. Esto también tiene que ver con herramientas de renovación o sustitución de tecnología en aquellas que, por ejemplo, hoy tienen gabinete de informática con PC de escritorios, pero teniendo netbook se puede recuperar un espacio a los efectos de la jornada extendida o de mejores trabajos en la escuela media, si logramos unificarlas en una nueva tecnología. Esto también va a implicar la incorporación de 432 administradores de red -esta es una figura que antes estaba ausente del sistema educativo por razones obvias: no había computadoras- para las escuelas técnicas y las secundarias. El resto de las modalidades, en un lapso de tres años lo van a tener y por la distribución que hace la Nación de una netbook por alumno, habrá cientos de netbook, si a esto le agregamos la escuela primaria, jardín de infantes, de adultos, la escuela especial y la de nivel superior, todas con informatización, va a hacer falta personal técnico que trabaje en la administración de redes para la asistencia y mantenimiento del sistema informático, por lo que prevemos, en relación a lo que la Nación va a dotar durante 2010/2011 más lo que está haciendo la Provincia, incorporar 108 administradores de red en el año 2011, 108 en el 2012 y 216 en el 2013, que van a ir acompañando tanto la estrategia provincial como la nacional. Finalmente no quiero dejar de referirme a algunas cuestiones que es necesario debatir en el marco de la ley que han sido motivo de polémicas, posicionamientos públicos, y donde vale efectuar algunas aclaraciones al respecto, y la recuperación de algunas ideas que hemos expuesto y -perdonen los legisladores- no quisimos dejar de lado propuestas que vinieron del proceso de consultas que, entendemos, son útiles para que podamos nosotros mismos visualizar un texto de ley que sea más abarcativo. Me estoy refiriendo al derecho de los padres a que sus hijos tengan educación religiosa, incluido en un artículo de la Constitución y que también estaba presente en la Ley 8113. La novedad de la redacción es la aparición de la palabra “opcional”, que la 8113 no mencionaba. Y en ese sentido, el debate del Consejo acerca del tema fue tendiente a garantizar que el dictado de la currícula de gestión estatal mantenga el principio inicial que mencioné: que sea común, integral y exenta de todo dogmatismo. No podemos vulnerar el derecho constitucional y nos parece importante dejar en claro el carácter opcional no obligatorio, y compartimos aquellos comentarios efectuados por algunos miembros de la Comisión del Consejo de

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Políticas Educativas y los receptados en las consultas y opiniones provenientes de diversos sectores, en el sentido de que, para que no queden dudas de que no integra la currícula oficial, debería además expresarse en la ley que este derecho es siempre de carácter extracurricular. De hecho, hace 24 años, cuando fue reformada la Constitución en 1986, se incluyó en un artículo -y el artículo 7 de la Ley 8113, de algún modo, reproduce ese artículo de la Constitución- sin remarcar la clara definición de resguardar del dogmatismo a la enseñanza oficial. Sin embargo, a ninguna escuela estatal de ningún gobierno de los que administraron el sistema educativo, al menos desde la sanción de la Ley de Educación 8113, le tocó impartir enseñanza religiosa, a pesar de lo que dice la ley, entre algunos motivos, porque ningún padre lo solicitó, y como el Estado no lo financia ni lo promueve, nunca fue impartido. Por eso nos parece que este precepto constitucional debe quedar claramente estipulado, en el sentido de “opcional y extracurricular”, para no vulnerar el derecho de los padres pero también para defender el no dogmatismo en la enseñanza oficial. Hay otro aspecto importante para señalar y aclarar, aunque se piense que no hace falta, pero como todos los días uno escucha demasiadas veces las mismas cosas, termina pensando que tal vez alguna razón habrá. Me refiero a que hemos escuchado que esta ley sufrió algún nivel de injerencia de parte de algunas empresas de Córdoba que, como empresas, en el marco de sus actividades y lo que asumen como responsabilidad social y empresaria, tienen fundaciones y promueven actividades vinculadas a la educación en las universidades y en otros ámbitos del sistema educativo, haciendo contribuciones, etcétera. Primero, quiero aclarar que en el seno del Consejo de Políticas Educativas que va a estar con ustedes por la tarde jamás contó con la participación de las empresas como tales. Entiéndase –y no lo aclaro por prejuicio porque los mismos no me caben- que entre las empresas mencionadas está la Fundación Arcor y la Fundación Minetti; quienes sostienen esto mienten, y si es necesario avalarlo, están de testigo todos los que han participado en el Consejo Provincial de Políticas Educativas para refrendar que nunca participaron en la elaboración de esta ley. Tienen derecho a opinar, lo habrán hecho, habrán organizado seminarios, etcétera, como lo hacen muchísimos organismos. En segundo lugar, la ley recupera el concepto de las prácticas educativas, sobre lo cual creo que se ha hecho una asociación al menos extemporánea con lo que puede haber sido los llamados “contratos basura” que se promovieron en la década del ‟90 y que tenían un profundo sentido flexibilizador del mundo del trabajo donde existían las pasantías pero evidentemente dentro del marco de las normativas laborales y no dentro del sistema educativo. Acá las prácticas educativas son recuperadas tanto para ser realizadas dentro de las propias instituciones como por fuera de las mismas. Siempre pongo como ejemplo el caso de las escuelas agrotécnicas que hacen este tipo de prácticas dentro de la propia escuela porque, por las características de su enseñanza, cuentan con producciones de carácter agropecuario dentro de la escuela, y muchas hacen asistencia a los pobladores y productores rurales de su zona, al ser el ámbito de conocimiento más relevante de su zona. No en

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todos lados se tiene acceso al INTA o a los mismos conocimientos y las escuelas agrotécnicas, a la vez que preparan a sus estudiantes, muchos de los cuales vuelcan sus capacidades en el trabajo de la producción agropecuaria, también hacen estas asistencias, como por ejemplo de control meteorológico; para ello, contamos con escuelas con estaciones meteorológicas nuevas que brindan información esencial para la producción, siendo en primer ligar parte del proceso de aprendizaje. También tenemos escuelas donde los jóvenes asisten y trabajan en ámbitos externos como comercios, cooperativas, sindicatos y empresas. Probablemente el caso más relevante es el de la escuela técnica, donde es una aspiración de la misma el mantener contacto con el mundo productivo por el nivel de actualización de las nuevas tecnologías y las organizaciones del mundo del trabajo, donde siempre estas prácticas educativas deben formar parte de un proyecto pedagógico. Al menos desde el planteo de la Ley de Educación, no puede darse el hecho que una empresa tenga como pasante a un estudiante y con esto producir la precarización laboral; el estudiante puede acudir a la empresa de la mano de la escuela, con un docente que planifica, que programa su inserción por un tiempo breve y que luego lo evalúa en relación a la traslación de los conocimientos teóricos a la propia práctica del mundo del trabajo. Esto produce beneficios para el estudiante y también para la escuela, evitando aquello que casi siempre termina ocurriendo: enseñar en la escuela para el mundo del trabajo con estrategias, tecnologías y modos que ya no tienen que ver con lo que está pasando el ámbito laboral. Los que hemos asistido a escuelas con algún grado de especialización, podemos verificar fácilmente la distancia que hay entre lo que señala la currícula y lo que va ocurriendo en el mundo del trabajo que es dinámico y, por ende, más rápido que la organización curricular de las escuelas. En este punto de las prácticas educativas y las profesionalizantes hay que dejar en claro que son estrictamente de orden educativo, con seguimiento pedagógico y evaluables pedagógicamente. Para afirmar este concepto doy el ejemplo más simple que es la materia Práctica de la Enseñanza, la que obliga a estar frente a alumnos en escuelas estatales o privadas -según dónde se haya establecido el vínculo- y si el estudiante de magisterio o de profesorado no la aprueba no se recibe de docente. Estas son las prácticas educativas a las que nos referimos en todo el texto del proyecto de ley. Hay otro punto que si bien ya no vale la pena mencionar lo voy a dejar bien claro. Existe la sospecha de mercantilización de la educación. Al respecto, quiero decirles que durante estos días he firmado decretos aceptando donaciones de particulares e, incluso, intendentes que donan un pedazo de tierra propio para la construcción de una escuela. Entonces, no se puede decir que hay mercantilización si se reciben bienes de particulares que se integran al Estado porque es un error no hacerlo. Hemos recibido en donación herramientas por parte de empresas como, por ejemplo, motores de última generación, para que las escuelas con especialidad en automotores o mecánica puedan trabajar sobre motores actuales. Esto no condiciona en absoluto la organización curricular porque se tiene una metodología de abordaje que no se relaciona con la donación de la empresa. En todo caso, la donación se incluye entre los bienes de la escuela que la recibe.

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Como mencioné al comienzo, el proyecto de ley deja taxativamente prohibido firmar convenios de libre comercio relacionados con la educación; también se habla de la cantidad de escuelas y de servicios vinculados a las salas de 3 y 4 años, jornada extendida, educación rural, promoción de la educación superior y de adultos, con un presupuesto piso del 35 por ciento. Todo ello me exime de aclarar que hay una fuerte responsabilidad del Estado en la educación, lo que está establecido a través de todo el articulado del proyecto y que está asumido como política. En ese sentido, reivindico la firma del compromiso por la educación porque se han fijado estas pautas. Como educador, al margen de la responsabilidad que me toca cumplir, los acuerdos de estas características me parecen muy positivos para la educación de Córdoba. Quiero cerrar expresando que recuperamos las propuestas y les hemos dado una organización y una forma para poder expresarlo en una ley. Por otra parte, cuando se realice el debate legislativo, y tengan la oportunidad de profundizar en el texto de la ley, se debe considerar que hay aspectos que hacen a la política educativa, más allá de los fines, de los principios y de la organización del sistema educativo, que atraviesan al conjunto del sistema educativo y que son esenciales en esta etapa del desarrollo de la sociedad y lo que tiene que hacer la escuela. Hemos leído reiteradamente demandas en el sentido que la ley debe mencionar taxativamente el valor de la lectura comprensiva a lo largo de toda la educación obligatoria, la profundización de las ciencias y la necesidad del abordaje de los nuevos lenguajes. Al respecto, quiero decir que no hace falta estar en una escuela para saber cómo han cambiado las características comunicacionales de los jóvenes y como influyen los lenguajes visuales en las relaciones de los chicos a partir de las nuevas tecnologías. Con el doctor González nos vimos sorprendidos por algunos datos preliminares acerca de uno los problemas que estamos teniendo con nuestros niños como es el sedentarismo, lo que va a derivar en un problema de salud; entonces, entendemos que debemos trabajar para la recuperación de lo corporal no sólo como aprendizaje sino desde la perspectiva de la educación física, para el desarrollo motriz, deportivo y de todo lo que significa el hilo social que tiene un fuerte valor sobre la salud.

También es necesario recuperar la capacidad crítica y estética que genera la educación en el arte. Son cuestiones esenciales la educación sexual integral, en el marco de la Ley nacional 26.150; la estrategia vinculada a la convivencia escolar, el ejercicio de la ciudadanía –que lo hemos mencionado en todos estos artículos y en cada uno de los niveles donde entendemos que es correcto hacer una mención particular como objetivo del sistema- y el cuidado del ambiente. También, desde hace mucho tiempo, nos venimos refiriendo a la necesidad de aprender a aprehender. Ya no existe un conocimiento cosificado que nos sirva por varias décadas. En otra época, los cambios científicos, tecnológicos y sociales nos permitían atravesar gran parte de nuestra vida con una cantidad de conocimiento sin necesidad de actualizarlos e incluso de modificarlos totalmente. Hoy, esto no ocurre. Necesitamos que la escuela genere las necesidades de aprender a aprehender para garantizar la educación y la formación permanente de las personas.

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Esto es algo esencial que circula a lo largo de la ley pero en algunas de las propuestas, de las menciones y de las críticas que se realizaron al texto, coincidimos en que abordar un texto más específico -como objetivos para ser incluidos en la ley-, varían respecto de esta expectativa y daría precisión a algunos de los desafíos esenciales y fundamentales que tenemos en el plano de la educación. En este caso, lo que abunda va a ser muy bien recibido porque va a mejorar la aplicación de la ley. Esto es lo que centralmente contiene la ley. Por supuesto que su articulado es mucho más extenso, pero me quise abocar a los puntos esenciales y reiterar que si bien la Ley 8113 significó un salto cualitativo para la educación de Córdoba respecto a las viejas normativas que teníamos; los cambios posteriores –como la Ley Federal y los procesos que hubo en el mundo educativo- generaron una confusión y un desconcierto junto con el proceso de retirada del Estado, de fragmentación social y de confusión en el mundo educativo respecto de qué había que hacer en esa circunstancia.

Tanto la Ley Nacional de Educación del año 2006 como esta propuesta de nueva ley, nos reubican para hacer frente a los graves problemas que tiene el sistema educativo. No sé si es la mejor ley pero es la que nos va a permitir dar varios pasos hacia delante a todos los cordobeses en el sistema educativo, y ojalá que si damos esos pasos tengamos la perspectiva de volver a discutir nuevas reformas a las leyes proponiéndonos nuevas metas y desafíos que vayan actualizando la educación de Córdoba, pero con esta ley podemos afrontar el desafío de los próximos 15 años de la educación provincial para mejorarla y alcanzar un piso cualitativamente superior desde donde podamos pensar la educación hacia delante y no tengo dudas que este proyecto de ley lo va a favorecer. También considero que mantener la apertura y aportar al debate -siempre supimos que hacíamos un aporte para que la Legislatura debata-, confiamos que los representantes del pueblo y en el debate que le den; si con el mismo altruismo con que se abordó la ley nacional podemos trabajar sobre el texto de la ley provincial le daremos a los cordobeses la tranquilidad que podemos mantener nuestras identidades políticas y hacer todas las discusiones necesarias. Pero lo que hace al futuro de los niños y jóvenes de Córdoba es hacer un gran acuerdo que nos permita avanzar con aspectos positivos que van a mejorar la cantidad y calidad educativa. Muchas gracias. (Aplausos). Sr. Busso.- Gracias, señor ministro.

Esta fue una exposición y puesta en escena del proyecto en tratamiento. Sr. Maiocco.- Gracias por su presencia, señor ministro. En la última parte me aclararon varios aspectos sobre los que personalmente iba para preguntar. De todas maneras, si bien habrá una discusión en comisión, es importante que ustedes desde el Poder Ejecutivo lo puedan evaluar, sobre todo porque hemos recibido, como muchos señores legisladores y al igual que ustedes algunas inquietudes.

Un tema que, tal vez, despierta los mayores puntos de conflicto se plantea cuando el artículo 3º, inciso f), hace referencia que está “exenta de dogmatismos” –Walter, te encargaste de resaltarlo-, por una cuestión de definiciones, ya que algunos solicitan que diga claramente “laica y exenta de

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dogmatismos”. Hay cuestiones que pueden resultar redundantes, pero que sobreabunden no daña; una de las propuestas es que diga “laica y exenta de dogmatismos”.

En el artículo 11 también está aclarado perfectamente lo que está funcionando en la práctica -que lo establece la Constitución provincial y lo aclara la Ley 8113; coincidimos –y no fue un impedimento ni algo que generara problemas- cuando habla del derecho de los padres y de promover la educación religiosa, pero al ponerlo opcional se va por fuera de lo que marca estrictamente la Constitución provincial, y al respecto la Constitución nacional no dice nada. Entonces, ¿hasta qué punto conviene poner algo que luego en la práctica se torna imposible de llevar adelante?, que es lo que planteamos recién.

Respecto a los artículos 40 y 46, cuando se refieren a las prácticas educativas y profesionales –en lo particular estoy de acuerdo- me parece que habría que especificar un poco más los controles por parte del Estado para evitar los abusos que se dieron en algún momento. El artículo 33 de la ley nacional lo especifica un poco más porque establece edades y tiempos en que pueden realizar las prácticas. Considero que podrían ser más específicos a efectos de llevar una mayor tranquilidad.

Con relación a la jornada extendida, nos preocupa la falta de infraestructura, ya que hay escuelas que tienen el doble turno y terminan un turno y una hora después entra el otro. No sé si los tiempos van a dar, a lo mejor haya que hacer algún reacomodamiento de los tiempos para poder hacer las jornadas extensivas, porque una cosa es lo ideal –que se marca aquí- y es otra cosa cuando se lleva a la práctica. Si bien –como usted dijo, señor ministro- es una ley muy extensa, con muchos temas, hemos tratado de rescatar algunos puntos principales, como el artículo 107, respecto al cual nos gustaría saber por qué cambiaron de raíz lo que se había propuesto en la comisión. Entiendo lo que usted decía con relación a que desde el Estado tienen una perspectiva distinta y en vez del 30 pusieron el 35, pero el artículo del anteproyecto hablaba específicamente de una ley especial, y lo que ustedes elevaron no habla más de esa ley especial y sí dice algunas cosas que nos preocupan; por ejemplo, dice: “El Gobierno de la Provincia de Córdoba asignará los fondos presupuestarios que fueren necesarios afectando recursos tributarios y/o no tributarios, corrientes y extraordinarios y, en su caso, propiciará la creación de tributos, impuestos, tasas retributivas de servicios y/u otros, y/o tomará financiamiento del sistema financiero nacional o internacional”. Me parece que hasta lo que habla del 35 por ciento del Presupuesto –que es lo que tiene que garantizar el Estado- debería estar en la ley, pero lo otro tiene que ser una ley especial, porque si no la preocupación es que esto puede generar hacia delante un impuesto encubierto o alguna forma distinta de generar estos recursos. Nos parece que debería ser hasta donde el Estado garantice el 35 por ciento, o de la manera que lo decía el anteproyecto, y lo otro dejarlo como estaba en la propuesta inicial del anteproyecto: una ley especial en la cual se puedan fijar algunas pautas de financiamiento e inclusive de inversiones. Esas son las observaciones, pero sobre todo me gustaría que me aclarara -en otros puntos tal vez coincidimos, y no sé si me podrá contestar

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algo de lo que pregunté- fundamentalmente sobre el artículo 107, que nos preocupa por el tema del financiamiento. Muchas gracias. Sr. Grahovac.- En verdad, este tema de “laica” –y acá hay especialistas- lo planteaba la Ley 1420 como tal; creo que en esto hay una cuestión terminológica. Primero, bajo ningún punto de vista comparto esta suerte de reedición, y me parece más publicitario que cierto el debate de laicos y libres, porque si alguien nos dice que en la escuela estatal la enseñanza se va a dar a modo de la formación religiosa como se conoce –catequesis- en cualquiera de los cultos, eso no se debe hacer en la escuela. No sé a qué se refiere lo laico, pero pregunto: ¿podríamos enseñar historia o ética e ignorar la influencia que tuvo el contexto religioso en lo que ha pasado en la evolución de la civilización, en el hombre, en el mundo o en la filosofía? Sinceramente, a algunos de los que nos plantean el tema de la religión -e inclusive sospechan que en lugar de historia se va a dar religión- les pregunto: si tenemos que estudiar la Edad Media, si tenemos que estudiar Las Cruzadas, si tenemos que ver en la política contemporánea el conflicto oriental, si tenemos que analizar lo que está pasando en el mundo contemporáneo ¿no tenemos que comprender las características del problema religioso y cómo influyen en el hombre, en los pueblos y en la política? Nosotros tenemos que garantizar que en las escuelas no existan dogmatismos ideológicos ni religiosos. Cada uno tiene sus propias creencias religiosas, políticas o ideológicas. ¿No hay ideologías que son dogmáticas? ¿No existen diferentes tipos de fundamentalismos que pueden invadirnos? ¿Cuántas veces los progresos de la ciencia estuvieron marginados de los procesos educativos solamente por prejuicios, retrasándose el avance de la sociedad? Estoy totalmente de acuerdo en que no se deben dictar clases de religión en la escuela, pero al plantear lo no dogmático la escuela no sólo plantea lo de la religión. Tampoco me gustaría que una escuela tome solamente una vertiente ideológica en su enseñanza. En ese caso, lo no dogmático es más amplio que lo referido a lo laico. Es un error como sociedad plantear una confrontación en este sentido, ya que en su vida cada uno luego hará lo que le parece, pudiendo confrontar en el plano político o religioso con quien quiera.

En el sistema educativo lo no dogmático nos da la garantía no sólo de que no se va a enseñar la religión como dogma sino que tampoco se van a utilizar otros dogmas como único parámetro con el cual se aborda el proceso de enseñanza. Me parece que esto se corresponde con una sociedad democrática. Por eso, creo que desde la Ley 1420 en adelante no se utilizó más la palabra laica; solamente se lo hizo como una propaganda referida a libres y laicos o laicos y libres. Me parece que lo no dogmático, en realidad, es más abarcativo, y nos garantiza lo mismo -o más- que la palabra laica, independientemente de lo que yo piense. Considero que se vulneraría la Constitución provincial si incluimos la palabra laica.

El tema de infraestructura es un desafío. Este año vamos a construir más de 200 aulas; no son grandes obras, las hacemos conjuntamente con los municipios licitando y contratando empresas. Estamos previendo 200 aulas más para el año 2011 para la jornada extendida y para la extensión del nivel

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inicial y primario; o sea, 200 aulas este año y 200 más durante el año que viene. Como éste es un plan para cinco años también habrá tiempo para que entre los años 2010 y 2013 se siga aumentando la cantidad de aulas hasta completar las que se necesitan. En muchísimas escuelas se han construido salas de informática. Las nuevas tecnologías nos están dando una mano en ese sentido, porque ya no necesitamos una sala de informática; por eso estamos tratando de introducir tecnología en la mayor cantidad de escuelas posible. Al tener una netbook que se puede llevar al aula, esa sala de informática pasa a cumplir la función de un aula más o de un aula taller, porque algunas de las actividades de las jornadas extendidas se realizan en aulas y otras en el patio, en el SUM, u otros lugares -hay variabilidad.

Pero tenemos un desafío: tener la constancia de salir a construir aulas en todas las escuelas. Este año hemos construido doscientas escuelas y el año que viene vamos a construir doscientas más. Me parece que hay que sostener este plan, por eso quiero recursos específicos. En lo que hace al artículo 107, ya les expliqué el porqué del piso del 35 por ciento, eso es lo que este año va a invertir la Provincia, más allá de que en el Presupuesto 2011 se plantea para Educación un 41 por ciento. Esto fija un piso, pero quien determina la asignación final de los recursos es la Ley de Presupuesto. No sé si vos te referís a otra ley, pero tengo entendido que a los efectos del financiamiento de la Provincia la discusión se hace en el marco de la Ley de Presupuesto. Ese es un debate que van a tener que profundizar los legisladores porque a mi se me acaba el conocimiento del tema. Sr. Maiocco.- Falta el punto referido al control de las prácticas. Sr. Grahovac.- De acuerdo.

En distintos puntos de la ley siempre se mencionan como prácticas educativas; de hecho, a nivel nacional también se está trabajando para reglamentar esto, pero lo que nos planteamos al respecto es aplicar la misma normativa que la Nación y que nosotros no podamos facilitar proceso de prácticas educativas fuera del ámbito escolar que no esté debidamente controlado por la escuela.

Esto de acuerdo en que tenemos que dejar en claro cuáles son los límites; de hecho, quiero decir que no está expresado en la ley –porque es una ley general-, pero en las leyes está prevista la carga horaria de las prácticas. No es a solicitud de quien ofrece el espacio laboral para la práctica sino que es la currícula de la escuela la que fija el porcentaje de horas para práctica educativa, y eso no se puede alterar; así que, en los programas de estudio y en esta ley es donde está el juego de ese control.

Nosotros confiamos que ningún maestro o profesor va a facilitar algo que pueda ir en contra de sí mismo, porque un profesor que facilite una extensión horaria o una práctica educativa que no sea tal sino que sea un trabajo precarizado corre el peligro que se le haga una denuncia, un sumario y quede fuera de la escuela porque él, junto con el director de la escuela, establece cuáles son, sobre la base de la ley y de los horarios de práctica, ellos tienen que determinar cómo se realiza la inserción.

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Muchas escuelas hacen las prácticas en su establecimiento -algunas porque no tiene otra posibilidad. Les doy un ejemplo, que no es el de la escuela técnica: los medios de comunicación; hay escuelas que van a la FM del barrio con los chicos y hacen pequeñas pasantías, pero hay lugares donde no hay radio. ¿Saben que ocurre? Que la escuela la arma; la localidad pasa a tener radio porque la escuela, en sus prácticas, como parte de la especialidad Comunicaciones –donde, además, convergen las otras áreas porque cuando se habla de comunicación se habla de lengua, de ciencias sociales, inclusive, de tecnología-, la arma.

En muchas localidades de Córdoba tenemos radio FM que son de la escuela; los chicos hacen las prácticas en la escuela. En otros casos lo hacen en las radios del barrio o del pueblo.

He dado este ejemplo para salirnos del de una fábrica. Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri. Sr. Birri.- Señor Ministro, quisiera que amplíe lo que tiene que ver con el gasto en Educación, que nos dé precisiones para conciliar algunos números que están en el Presupuesto con anuncios que hizo el señor Gobernador y sus propias expresiones sobre el tema. El señor Gobernador hizo conocer a la opinión pública que, en cumplimiento de la nueva Ley de Educación, se destinará un poco más del 41 por ciento del Presupuesto total de la Provincia, lo que serían alrededor de unos 7.686 millones de pesos. Lo cierto es que se están computando una serie de gastos que pueden tener vinculación indirecta con la educación, pero que, objetivamente, no están directamente relacionados con el sistema educativo provincial. Por ejemplo, están incluidos gastos del PAICOR por casi 500 millones de pesos, cuestiones de mantenimiento o construcción de escuelas -que puede estar más vinculado-, pero está por fuera de los rubros que componen el Presupuesto del Ministerio de Educación; naturalmente, también están incluidos técnica, ciencia y cultura. Nos gustaría un poco más de precisión sobre el particular para que confirme o no si efectivamente en el 41 por ciento están incluidos los gastos no directamente vinculados con educación. Sr. Grahovac.- Esos gastos están directamente vinculados. Si pretendemos una jornada extendida de 6 horas de clases en una escuela estatal a la que normalmente asiste una población -quiero aclarar que la fragmentación social también ha impactado en la organización de la escuela y muchas veces ocurre que a la escuela estatal van niños de familias de menores recursos-, para garantizar la escolaridad tenemos que darles de comer a los chicos.

En nuestra sociedad no se puede pensar que en una escuela que atiende situaciones vulnerables o de bajos recursos se pueda contar con una cantina donde los chicos compren la comida. Entonces, para la jornada extendida incluimos el PAICOR como parte de las prestaciones necesarias para que los chicos tengan clases; o sea, el desayuno fortificado más el almuerzo. En lo que hace a construcción de escuelas, por supuesto que es un gasto con finalidad educativa. Si no tenemos edificios escolares es imposible garantizar la prestación educativa, independientemente de la calidad. Además,

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dentro del Presupuesto educativo hay un presupuesto propio, que es del Ministerio de Educación, pero también otro presupuesto, como en el caso de construcción donde hay una parte que está en educación; como ha ocurrido este año con los recursos del Fondo Sojero que nos habilitó para sustituir edificios obsoletos sin reparación. Otro caso es la construcción de aulas, por ejemplo, que los fondos provienen de una parte del Impuesto Inmobiliario, y lo estamos utilizando para eso. Pero otra parte del Presupuesto, que tiene que ver con la reparación de escuelas, se encuentra dentro del presupuesto de Obras Públicas, históricamente ha sido así y, además, es un tema que, en algunos casos, lo maneja directamente Obras Públicas, como las licitaciones y los controles sobre las reparaciones de escuelas, y en otros casos también actúa el Ministerio de Obras Públicas ejecutando lo que nosotros no podemos. El Ministerio de Educación no tiene un área de infraestructura con la capacidad que tiene Obras Públicas; además, la gran pregunta sería ¿tendría sentido reproducir una estructura orgánica que replique a la de Obras Publicas, cuando Obras Públicas tiene la especialización y los profesionales para abordar el trabajo? Yo diría que en esto hay cosas que están directamente incluidas en el Presupuesto y otras que están en otros presupuestos.

Usted decía, por ejemplo: “Ciencia y Tecnología”. En este sentido, hay una tarea que en Córdoba ha repuntado formidablemente, que son las ferias de ciencias. Córdoba es la única provincia en la que estamos aplicando la metodología “ferias de ciencias”, en las que hacemos instancias regionales, pero además instancias para iniciados porque hay muchas escuelas que, a veces, no se animan, tienen miedo de participar en ferias de ciencias porque les parece que no están en condiciones. Por ello, hemos formado dos circuitos: una con aquellas que ya participan de la competencia de ferias de ciencias con trabajos magníficos –muchos de ellos que han ganado en instancias nacionales y han representado al país en certámenes internacionales–, esto es, tanto escuelas privadas de función social como escuelas estatales, donde hay casos notorios de algunas rurales y otras más –de las que estoy seguro que las que ya han ganado en la serie provincial van a tener mención nacional por la importancia de las investigaciones que hicieron–; junto con ellas, escuelas que se están introduciendo en la temática y que también participan. A todo eso lo hacemos conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Técnica. Tenemos parte del presupuesto ubicado en Ciencia y Técnica para garantizar esto, y a nosotros nos ayuda enormemente porque el grado de especialización que tiene el Ministerio de Ciencia y Técnica en la temática que se trata es mayor.

De nuestra parte, contribuimos con toda la experiencia pedagógica, también con profesores involucrados en el mundo de la ciencias y con toda la organización, divulgación y estímulos para que las escuelas participen.

No recuerdo ahora el número pero si quieren después se los puedo dar. Disculpe, legislador Birri, usted me preguntó un tema referido al presupuesto y yo me entusiasmé con lo pedagógico. Sr. Birri.- Hay 51 millones en Ciencia y Técnica, y 113 millones en Cultura. Sr. Grahovac.- Sí, con Cultura también tenemos. Por ejemplo: en el caso de los centros de actividades infantiles los estamos llevando adelante junto con la Secretaría de Cultura para poder tener algunos profesores vinculados a las actividades artísticas que se realizan los días sábados, actuando, de esta

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manera, como una suerte de extensión de jornada. De la misma manera lo hacemos en relación a la divulgación de textos de Córdoba, libros de historia y concurso de la Bandera, etcétera. Hay muchas actividades para que participen las escuelas en certámenes culturales de teatro y de música, y, como les manifestaba, lo hacemos con las áreas especializadas, y la verdad que a nosotros hacerlo de esta manera nos resulta una ayuda porque son personas dedicadas a esto y, además, porque le incorporan una riqueza que se logra por estar habitualmente profundizando en estos temas.

Por eso quería poner como ejemplo lo de Ciencias, porque el vuelco que ha dado la Feria de Ciencias en Córdoba ha sido muy grande; somos los primeros en el país que la realizamos de este modo, y el hecho de llevar dos años sosteniendo el mismo modo de organización de la Feria, va haciendo que cada día sean más escuelas las que pasan de la categoría de principiantes –de participar en las rondas presentaciones que no compiten– a las escuelas que se dan cuenta que estaban haciendo cosas significativas pasando de esa manera a la etapa de competencia.

Es por ello que hay mucho de nuestro presupuesto asignado a otras áreas con las cuales trabajamos conjuntamente. En la Feria de Ciencias el movimiento no sólo es hacer los trabajos, sino también reunir los chicos, hacer los traslados, tener los hoteles, la comida y todo lo necesario para realizar una Feria de Ciencias, que está allí asignado. Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi. Sr. Pozzi.- Usted hizo alusión, señor Ministro, a las sugerencias que le hicieron llegar las distintas instituciones y los alumnos que efectuaron reclamos respecto de artículos polémicos de este proyecto de ley. En la primera reunión que llevamos a cabo, manifesté que –o escuché cuando efectuó declaraciones en medios periodísticos– usted hacía suyas las modificaciones propuestas a los textos, respondiendo a las sugerencias que le habían efectuado, y que le parecía que debían ser introducidas en el ámbito de la Legislatura. Usted dijo recién: “por respeto al Consejo Provincial de Políticas Educativas, enviamos el texto tal cual se había consensuado”, cuando en realidad el texto del artículo 107 –que recién mencionó el legislador Maiocco– es distinto del anterior. Por eso, nos preocupa –lo planteé el otro día y usted lo ratifica hoy– que, por un lado, discutamos este tema todo lo que sea necesario y, por otro, acabemos votando a libro cerrado el proyecto que ustedes nos enviaron. Sabemos muy bien que hay textos que han generado polémica y que –como usted dijo– se pueden ajustar. En tal sentido, simplemente quiero saber si existe el compromiso formal por parte del Poder Ejecutivo –se lo pregunté, días atrás, a los legisladores oficialistas– de introducir las modificaciones, ya que esto no ha sucedido en el texto que nos enviaron. Sr. Grahovac.- Obviamente, desde el Poder Ejecutivo –lo dijimos al momento de la presentación del proyecto– confiamos en el debate que se dará en esta Legislatura, máxime tomando en cuenta que sobre el anteproyecto se trabajó durante casi 18 meses, con la participación de representantes de diversas organizaciones, en el seno del Consejo de Políticas Educativas. Además, junto con el anteproyecto enviamos las diferentes propuestas; sin ir más lejos, recién

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mencioné aquéllas elevadas desde las escuelas, que fueron redactadas, lógicamente, a modo de idea, a las que luego ustedes darán forma –mucho mejor que nosotros– en función de la técnica legislativa. Respecto del artículo 107, podemos dejarlo redactado, en verdad, con el 30 por ciento; no obstante, para Córdoba nos parece mejor... Sr. Pozzi.- Discúlpeme, señor Ministro; entiéndame bien. Usted dijo que respetaba el consenso, y el artículo 107 fue modificado. Entonces, ya que comparten estas modificaciones –que hicieron públicas–, podrían haber modificado también los otros artículos. Sólo a eso me refiero; no digo que baje el Presupuesto, todo lo contrario. Sr. Grahovac.- Paso a explicarle este punto: el 30 por ciento surge a partir de una referencia habitual sobre esta materia, ya que la bibliografía sobre financiamiento educativo señala que desde los organismos internacionales se recomienda una asignación del 25 por ciento de los presupuestos. La Ley de Financiamiento Educativo establece, como piso, una inversión en educación del 6 por ciento del producto bruto interno consolidado entre Nación y Provincia, y ya alcanzamos ese indicador. Evidentemente, cuando el Consejo debatió este tema no se contaba con información precisa ni se profundizó en el cálculo del gasto que teníamos en la Provincia, de modo que los datos eran acotados. Entonces, nos pareció que actualizar ese número, tomando en cuenta la proyección de lo que efectivamente se va a invertir –con la intención, incluso, de establecer un piso superior al recomendado– no alteraba el espíritu del proyecto y mejoraba la situación. El Consejo de Política Educativa y el Ministerio de Educación, por lo pronto, no contaban, hasta hace pocos días, con esa información. Entonces –en línea con lo planteado por usted y por el legislador Birri–, como la elaboración del Presupuesto coincidió con esta presentación, trabajando en ambos frentes observamos cuál era el porcentaje de inversión y el Gobernador nos pidió que pusiéramos ese piso; si nos vamos a plantear más desafíos el piso tiene que ser lo que hoy estamos invirtiendo. Sólo ese fue el motivo, en cuanto a lo otro, son aspectos de discusión que tienen otras implicancias, menos técnicas y más políticas, donde sí nos pareció que debíamos respetar la discusión del Consejo y dar los aportes, pero también pronunciarnos, porque creo que lo de nuestra currícula está expresado en un despacho de minoría del Consejo y viene desde las propuestas que se hicieron, y nosotros coincidimos. Para que quede clara cuál es la posición del Ejecutivo, le digo que estamos de acuerdo con esa modificación, pero no la incorporamos porque significaba alterar la discusión que fue muy larga y están las actas; olvidé decir que junto con el anteproyecto y con las conclusiones de las propuestas están las actas del debate del Consejo y allí figura claramente. Entonces, como tenía esa característica no lo quisimos tocar, era una parte más normativa, más de volumen político y nos pareció que en eso había que ser respetuoso, en cambio esto, en verdad, nos pareció que era una cuestión técnica, en el sentido de la información. Pero respondiendo a su pregunta sobre si estamos dispuestos a modificarlo, desde ya que sí. De hecho, estamos planteando que se produzcan reformas al anteproyecto y acabo de proponer un articulado, sobre objetivos,

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que recupera muchas de las cosas que se dicen en las propuestas y que si uno lo lee estarían expresadas, en términos generales, en el proyecto de ley.

De todas maneras, me parece sabia la proposición de que a algunas cosas las digamos sin pelos en la lengua para que nadie tenga dudas sobre las prioridades que debe tener el sistema en la educación obligatoria. Seguramente ustedes lo van a debatir y nuestra postura, en este sentido, es igual a la que se da en la propuesta, tal como lectura, ciencia, educación sexual, ambiental, etcétera. Ustedes lo considerarán, pero –repito- si esto se incorpora en la ley y se hace con la fortaleza de la precisión, a pesar de que está dicho en términos generales, nosotros estaremos de acuerdo y, por supuesto, también con otras modificaciones que serán producto del debate legislativo. Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini. Sr. Passerini.- Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, pero lo hago en virtud de lo acotado por el legislador Pozzi.

La semana pasada, a raíz del debate del proyecto de resolución, justamente implementamos una serie de mecanismos para garantizar mayor participación y debate, entonces, es obvio –no lo hacemos nunca menos lo vamos a hacer ahora- que no vamos a especular con una ley a libro cerrado.

En esta primera reunión estamos fijando posiciones políticas, cosa que me parece importante, y justamente nuestra posición política como bloque es sostener la educación pública, garantizar el debate y sumar permanentemente las decisiones que le hacen bien a la educación pública. Por todo lo que se ha expresado es una obviedad decirlo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para que no quede ese prejuicio dando vueltas, reitero: vamos a garantizar el debate, la discusión y seguiremos aportando como lo venimos haciendo. Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria. Sra. Coria.- Gracias, señor Ministro, por su presentación. Se han anticipado algunas cuestiones, usted mismo las plantea como las más controvertidas del anteproyecto, y no quería dejar de hacer una aclaración.

En el Consejo de Políticas Educativas inicialmente planteé que el inciso e), que corresponde a la problemática de recibir de manera opcional educación religiosa, se eliminara del anteproyecto –consta así en las actas- con el criterio de que no es anticonstitucional el hecho de que el mismo no esté incluido. Hay un problema en términos de constitucionalidad que tiene que ver con la relación entre la Constitución provincial y la nacional; algunos constitucionalistas entienden que la Constitución provincial es contradictoria con la nacional desde el punto de vista que la nacional prevé la libertad de cultos e incorpora una serie de principios y tratados internacionales; el Tratado de Derechos Económicos y Sociales, que estarían planteando que los padres tienen la libertad de seleccionar, fuera de la educación pública estatal, aquella opción que sea acorde a sus creencias.

En ese sentido, me parece que en la Legislatura vamos a tener oportunidad de abrir ese debate y seguramente hay presentaciones con respecto a ese tema, y lo conozco por el documento de la Escuela de Ciencias

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de la Educación, de la Universidad Nacional de Córdoba, que así lo plantea. Me parece que hay que tener la apertura, luego de que no se admitía sacar el inciso -que era lo más sano, desde mi punto de vista- para preservar la pluralidad de cultos y no incurrir en ningún tipo de discriminación, desde el punto de vista religioso; una alternativa que planteé fue agregar el criterio de extracurricular. A esta altura del debate, si ese fuera el camino, me parece que es insuficiente. Personalmente, pido la apertura de poder evaluar la posibilidad de que ese inciso no esté incluido porque eso no convierte a la ley per se en anticonstitucional, y si algún papá o mamá -a pesar que en los 22 años nadie lo ha demandado- así lo requiriera, podría apelar a la Justicia. Estoy tratando de decir que todavía nos merecemos un análisis en profundidad y habría que agregar la explicación que usted dio, señor Ministro: “extracurricular significa dictada fuera de los horarios y de los días de clases sin financiamiento estatal y por ministros de los cultos”. Este sería como un enunciado complejo y completo que de algún modo saldaría esta situación. Comparto plenamente con usted, y con el cura Velasco, que bajo ningún punto de vista esta discusión tiene que ver con el conocimiento de la historia social y la historia de las creencias y las culturas, eso forma parte del currículum de ciencias sociales, pero se encuentra presente en los núcleos de aprendizaje prioritario desde los primeros años de escolaridad y también está incluido en la formación ética y ciudadana. Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora, no le quiero cortar el uso de la palabra pero aprovechemos la presencia del Ministro para hacer preguntas concretas. Sra. Coria.- Sí, pero este es un tema lo suficientemente controvertido como para que explique, en relación a si entiende de qué podemos seguir dialogando en este sentido. La otra pregunta tiene que ver con la variación de la cuestión presupuestaria. Entiendo que va a dar lugar a debate y está planteado en la cuestión de poder acceder a financiamiento internacional, esto –en parte- tiene que ver con la discusión de la mercantilización, en algún sentido, y con que quede ratificado en esta ley como una ley general, sin especificar de qué se trata lo del financiamiento internacional ni se especifican montos, porque está planteado en términos generales. Por lo tanto, este va a ser un tema de discusión. La pregunta que tenía con respecto a las cláusulas transitorias es que me parece que no hay consistencia total entre algunas de las cláusulas planteadas y los objetivos de la ley, y como ejemplo planteo que haya una priorización de 4º, 5º y 6º grado para iniciar o profundizar lo de jornada extendida, pero faltaría el inciso que dé cuenta de cómo se va a avanzar en metas concretas para 1º, 2º y 3º, dado que el enunciado de la ley plantea que las escuelas serán de jornada extendida. Sr. Grahovac.- Respecto de este artículo, la verdad es que no tenemos inconvenientes en discutirlo, toda la ley se puede discutir y no solamente estos artículos. Debemos hacer una clara lectura de lo que pasó en el ‟91 con la 8113 y qué es lo que ocurre ahora con esta temática, porque en verdad no me quiero

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introducir en un debate de constitucionalistas acerca de qué es válido y qué no. Asimismo, de lo conversado con los académicos y dirigentes políticos que participaron en el debate de la Ley Nacional de Educación, surge que hay un marco de la ley nacional que establece una serie de derechos y garantías, y las Constituciones provinciales, en la medida en que no vayan en contra de ellos, tienen validez y, de hecho, las provincias los aplican. Como consecuencia, en algunas provincias sucede que el debate que se está dando no es el mismo al que asistimos en este ámbito. Por ejemplo, Catamarca tiene educación religiosa obligatoria y lo mismo ocurre con Tucumán y Salta, en donde designan a los maestros con la anuencia de los obispos -porque es educación católica, no es variada- y son contratados como empleados públicos del Estado, y cuando el obispo les quita la licencia, lo más increíble es que permanecen como empleados del Estado, porque han sido incorporados a los estatutos docentes. Esta situación está en el marco de las autonomías provinciales que la Constitución y el federalismo garantizan.

Si hay una discusión al respecto, no tengo problemas en que se dé, pero no puedo avanzar como definición aunque puedo dar mi opinión en el sentido de que tenemos una tradición que indica que en las escuelas estatales de Córdoba, desde hace muchas décadas, las temáticas de religión se estudian en los campos de las ciencias sociales fundamentalmente. No hay enseñanza de religión en las escuelas, lo cual sostenemos que es lo que corresponde para evitar procesos de discriminación, y la alternativa propuesta de lo opcional y extracurricular, nos permite garantizar el no dogmatismo y la no discriminación. El dogmatismo, en los términos en que me referí al legislador Maiocco, puede originar procesos de discriminación no sólo en términos religiosos: sería muy perjudicial que en el horario de clases se divida a los alumnos en grupos de católicos, evangelistas, judíos, musulmanes, ateos –que no sé si habrá algún niño que pueda definirse así, pero puede haber un padre que le diga que no vaya a la clase de religión- que, a mi entender, también sería escandaloso. No es lo mismo que en una clase de deportes unos decidan jugar al básquet, otros al fútbol y otros al voley, es totalmente distinto, y a sabiendas de ello, en las escuelas se va rotando la enseñanza de los deportes; todos los alumnos aprenden de todo un poco y luego eligen lo que quieren profundizar. No tengo problemas pero en este momento no estoy en condiciones de entrar en un debate sobre las preeminencias constitucionales. Opino que tenemos una forma de respetar nuestra Constitución y, a su vez, de garantizar el no dogmatismo, y que esta forma es útil para no profundizar un debate que se puede convertir en dañino, porque si todos estamos de acuerdo en que no se va a impartir educación religiosa en las aulas y que es un derecho de las familias, seguir profundizando la discusión en vez de brindar una salida positiva nos va a llevar a extremar una situación que luego no se va a dar en la práctica.

¿Valdrá la pena extremar un debate ideológico cuando tenemos una solución práctica que nos da las garantías de respetar el marco constitucional y el no dogmatismo de la enseñanza?

Cuando exponga el Consejo Provincial de Políticas Educativas estarán allí los que opinaron, incluida usted legisladora Coria, y se seguirá discutiendo en la Legislatura.

El último punto del que me resta hablar es sobre los créditos internacionales: todos los países, y también las provincias, con autorización

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del Gobierno nacional, podemos contraer deudas o tomar créditos para inversiones específicas. De hecho, tanto en la Provincia de Córdoba como en el Programa Mil Escuelas de la Nación se ha trabajado con fondos del BID asignados para la construcción de edificios escolares. Hay normativas que regulan este tema a nivel provincial por fuera de la Ley de Educación, que otorgan la opción de poder hacerlo. Además existen límites, y entiendo que es la Legislatura la que termina aprobando el endeudamiento provincial a través de la toma de créditos, siendo a su vez el organismo de control. Argentina es miembro y partícipe de organismos financieros internacionales de crédito, por lo que no nos parece inapropiado que si existe un crédito favorable para encarar algún objetivo del sistema educativo, lo utilicemos. Es en ese sentido que fue incluida esa cláusula, y es como se usa. El sistema educativo no podría tomar créditos o financiamientos internacionales por fuera de la autorización de la Legislatura. Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero. Sra. Olivero.- Voy a preguntar sobre algunos aspectos puntuales que tienen que ver con el anteproyecto, ministro. Me tiene muy preocupada el proceso previo, es decir el de elaboración dentro del Consejo de Políticas Educativas; en él se presentaron, además de personas, instituciones, pero como ha sido reconocido por usted y por muchos de los que han participado activamente durante un año y medio, han sido excluidos los estudiantes, que son los principales beneficiarios de la futura Ley de Educación. Este tema me parece un olvido importante dentro del Consejo de Políticas y de los debates que se trataron de hacer dentro de las escuelas, no sólo en la jornada del 28 de julio sino en los espacios que se dieron durante quince días a partir de la solicitud de los estudiantes. ¿Cómo cabe realizar la reflexión en el marco de contar hoy con un anteproyecto con semejante exclusión, dicho esto desde lo cualitativo y de lo necesario para poder contar en los próximos 20 años con la mejor Ley de Educación para la Provincia de Córdoba? Tengo mucho para preguntar sobre los materiales leídos hasta ahora en este escaso tiempo y no sólo los aportes escritos; otros serán brindados seguramente en esta Legislatura por mucha gente que tiene ganas de opinar. Sí me preocupa fuertemente este planteo porque creo que hay que tratar de buscar la mayor participación para poder escuchar fundamentalmente a los estudiantes y también a los padres, que tampoco han sido incluidos dentro del Consejo de Políticas Educativas. Sr. Grahovac.- Creo que hay una respuesta elemental porque hoy no existe una organización provincial de los estudiantes ni una organización de padres que los represente. Sí existen organizaciones provinciales de docentes y están los 5 sindicatos. También existe la representación de la sociedad a través de los legisladores y por ello participaron representantes de la Comisión de Educación de la Legislatura y forman parte del Consejo de Políticas Educativas.

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El actual Gobierno ha impulsado la creación de centros de estudiantes, por lo tanto, cuando puedan tener una representación de carácter provincial deberán estar sentados en el Consejo de Políticas Educativas. Pero vamos a ser claros, al momento del inicio de este debate no había centros de estudiantes como tampoco hay hasta el momento centro de padres. Es por ello que para ampliar la oportunidad de opinión se realizó la consulta el 28 de julio pasado. Luego, tras el pedido de estudiantes de algunas escuelas que manifestaron que no habían podido participar, se amplió la consulta por 15 días y hemos recibido las conclusiones respectivas. Hay otro grupo que se manifestó en contra de absolutamente todo: de participar, del anteproyecto y de cualquier discusión. Obviamente, con aquellos que se niegan al debate es difícil hablar por lo que no hemos podido avanzar como queríamos. No obstante, muchos otros nos han acercado sus propuestas, sus ideas y, de hecho, el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo se han hecho eco de algunas de esas iniciativas y hay otras que deberán ser analizadas en la Legislatura. No se trata de ningún olvido. Estas son las razones porque no podemos inventar organizaciones que no existen. Cabe agregar que el 28 de julio, más de 23 mil alumnos de escuelas donde se facilitó el proceso de participación, elevaron sus propuestas. Esto habla de las características de las instituciones. Así fue que miles de alumnos del interior de la Provincia han participado y han hecho llegar sus propuestas. De hecho, hay centros de estudiantes que están contestes en que la ley puede significar un paso adelante, hay otros que quieren introducir cambios y otros que se niegan a su sanción; sin embargo, ellos no tienen en la actualidad una organización que podamos incluir en el Consejo de Políticas Educativas. En el proyecto de ley figura el Consejo y consideramos que deben estar incluidos los estudiantes quienes, como lo hacen los trabajadores –en este caso los trabajadores de la educación- o los responsables de escuelas privadas, deberán organizarse para ocupar los lugares que les corresponda.

Reitero, cuando se inició este debate no había centros de estudiantes y fue esta gestión la que emitió la resolución creando el marco para los acuerdos de convivencia, los consejos de convivencia y los centros de estudiantes. Se va desarrollando el proceso y ojalá que rápidamente la mayoría de las escuelas decidan organizarse para poder contar con sus centros de estudiantes.

Esa es la razón porque no fueron incluidos.

Sra. Olivero.- Perdón, pero tengo conocimiento de que los centros de estudiantes existen desde hace tiempo. Lo que no existe es una federación que los aglutine, tal como lo hace la Federación Universitaria de Córdoba. Sr. Grahovac.- Son poquísimos. Sra. Olivero.- Recuerdo que cuando hace un tiempo tuvimos problemas con algunas escuelas muy importante de la ciudad fuimos visitados y tuvimos una articulación importante con esos centros de estudiantes. En todo caso, puedo compartir que no exista una federación que los aglutine. Por ejemplo, mi hijo, participando en una escuela pública técnica tuvo su centro de estudiantes hace muchos años. Mi hija, en una escuela pública, también participó en un centro de estudiantes.

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Por lo tanto, con todo respeto debo decirle que es un argumento a medias porque lo que no existe es una federación o una articulación entre todos los centros de estudiantes o que no se hayan normalizado dentro de la educación de la Provincia. Pero creo que algunos centros no sólo han estado conformados sino que han tenido una activísima participación en la vida escolar, incluso, muchas veces realizando tareas que el Estado no garantizaba como la limpieza o la pintura de las escuelas. La Ley 8113 tiene aspectos que durante 19 años no han podido llevarse adelante y que a veces se encuentran diluidos en otras organizaciones como clubes o asociaciones pero, en realidad, la representación gremial de los estudiantes está autorizaba por la esta ley. Quería dejar planteada esta diferencia. Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más anotados para hacer uso de la palabra se da por finalizada la primera parte de esta convocatoria. Le agradecemos al señor Ministro y a su equipo, ya que esta ha sido una reunión fructífera. Ha sido intención de las comisiones empezar con la exposición del Ejecutivo a través del Ministro. Para la segunda parte ha sido convocado el Consejo de Políticas Educativas, que también va a tener una intervención provechosa, porque es el autor del anteproyecto, donde se dio el debate y la discusión, y va hacer el aporte inicial para que los legisladores podamos, con el aporte de las audiencias públicas ya fijadas tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial, tener los conocimientos suficientes para que puedan debatir las tres comisiones y luego en el Pleno antes de fin de año. Muchas gracias, señor Ministro. (Aplausos).

-Es la hora 14 y 17.

Graciela Maretto - Silvana Sabatini Directoras del Cuerpo de Taquígrafos