Colombia: ¿Paz al fin? Mucho trabajo por hacer…

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Colombia: ¿Paz al fin? Mucho trabajo por hacer… Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org) Imprimir articulo Exportar a PDF Volver Colombia: ¿Paz al fin? Mucho trabajo por hacer… El programa Somos Defensores [1] registró entre enero y marzo de este año 197 agresiones contra 187 personas, pues algunas fueron víctimas de más de una agresión. Las agresiones fueron 115 amenazas, 47 asesinatos, 14 atentados, 8 detenciones arbitrarias, 8 judicializaciones y un hurto de información, entre otras. Las cifras siguen aumentando y los crímenes tienen un impacto enorme en las familias y poblados. Entre tanto, la respuesta del gobierno es considerada insuficiente. ¿Paz al fin? Mucho trabajo por hacer… Por Fernanda Sánchez Jaramillo* 24 de agosto, 2020.- El confinamiento no ha frenado la violencia en los territorios. Hace un par de meses, en la vereda el Caracolí, municipio de Tarazá en el departamento de Antioquia, la comunidad fue aterrorizada con el cadáver de un campesino que permaneció en el suelo más de una semana. Durante las dos últimas semanas, Colombia ha sido sacudida con la noticia de múltples masacres en diversos departamentos y el asesinato del comunicador indígena, Abelardo Liz, en el departamento del Cauca donde los asesinatos no cesan. Las estadísticas no mienten. En estos primeros ocho meses del 2020, según estadísticas de Indepaz [2] con corte al 23 de agosto, han sido perpetradas nueve masacres, en Antioquia, siete en Cauca, y siete en Nariño, pero total suman ya 45 masacres que compromenten otros departamentos de Colombia. Page 1 of 7

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Colombia: ¿Paz al fin? Mucho trabajo por hacer…

El programa Somos Defensores [1] registró entre enero y marzo de este año 197agresiones contra 187 personas, pues algunas fueron víctimas de más de una agresión.Las agresiones fueron 115 amenazas, 47 asesinatos, 14 atentados, 8 detencionesarbitrarias, 8 judicializaciones y un hurto de información, entre otras. Las cifras siguenaumentando y los crímenes tienen un impacto enorme en las familias y poblados. Entretanto, la respuesta del gobierno es considerada insuficiente.

¿Paz al fin? Mucho trabajo por hacer…Por Fernanda Sánchez Jaramillo*

24 de agosto, 2020.- El confinamiento no ha frenado la violencia en los territorios. Hace un par demeses, en la vereda el Caracolí, municipio de Tarazá en el departamento de Antioquia, la comunidadfue aterrorizada con el cadáver de un campesino que permaneció en el suelo más de una semana.

Durante las dos últimas semanas, Colombia ha sido sacudida con la noticia de múltples masacres endiversos departamentos y el asesinato del comunicador indígena, Abelardo Liz, en el departamentodel Cauca donde los asesinatos no cesan. Las estadísticas no mienten.

En estos primeros ocho meses del 2020, según estadísticas de Indepaz [2] con corte al 23 de agosto,han sido perpetradas nueve masacres, en Antioquia, siete en Cauca, y siete en Nariño, pero totalsuman ya 45 masacres que compromenten otros departamentos de Colombia.

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Fuente de la imagen: Programa Somos Defensores

El programa Somos Defensores, Indepaz, Marcha Patriótica y la Comisión Colombiana de Juristas sonalgunas de las organizaciones dedicadas a la trascendental tarea de registrar nuestros muertos ydestacar su entrega e impedirnos olvidarlos. También la Red Colombiana de Estudiantes degeografía- Regional Cauca contribuye con la elaboración de mapas interactivos [3] sobre laspersonas asesinadas.

Las cifras siguen aumentando. Mercedes Mejía, reconocida lideresa del departamento de Caquetá enla Amazonia colombiana, siente una gran impotencia ante el sacrificio de compañeros y compañeras.

Los crímenes tienen un impacto enorme en las familias y poblados de quienes actúan comointermediarios entre la comunidad y los actores armados. “Son seres humanos fuertes, decididos,trabajadores que anteponen su trabajo por las comunidades a su vida personal. Hoy sentimos unprofundo vacío porque vemos como caen a diario”, reflexiona Mejía.

Desde los primeros meses del año, el panorama no era muy positivo y constató que la violencia nocesaría con la pandemia. El programa Somos Defensores [1] registró entre enero y marzo de esteaño 197 agresiones contra 187 personas, pues algunas fueron víctimas de más de una agresión. Lasagresiones fueron 115 amenazas, 47 asesinatos, 14 atentados, 8 detenciones arbitrarias, 8judicializaciones y un hurto de información, entre otras.

De acuerdo con la información suministrada por esta organización, los atentados y judicializacionesaumentaron durante este periodo del año, con respecto al 2019, los presuntos responsables fueronlos mismos: paramilitares, autores desconocidos, Fuerza Pública, el ELN y disidencias de las Farc ylas Águilas Negras.

Los paramilitares nunca han abandonado los territorios. El Bloque Capital, las Autodefensas“Gaitanistas” de Colombia, el Clan del Golfo y la mafia siguen aterrorizando la comunidad.

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Llamadas telefónicas, mensajes vía WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y panfletos sonutilizados para amedrentar a hombres y mujeres en 23 de los 32 departamentos colombianos, unode los más golpeados es el Cauca que será abordado en el segundo reportaje de esta serie. Líderescomunales, campesinos, estudiantiles, sindicales, afro-descendientes, indígenas y líderes de víctimasson hostigados.

Las cifras de las organizaciones varían porque utilizan metodologías y categorías distintas, perotodas corroboran la violencia que azota Colombia. Los diversos equipos de investigación hacen unesfuerzo enorme, recurren a fuentes primarias, denuncias desde los territorios, la información dealertas tempranas sobre violaciones de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo y lascomunidades y fuentes secundarias de prensa; además, comparten información entre ellas.

Indepaz [4] indica que fueron 194 los líderes y lideresas asesinadas, desde enero hasta el 18 deagosto e incluye diferentes categorías y personas de base, no solo aquellas con rol directivo, esta esuna de las razones por las que las estadísticas varían entre los equipos que investigan losasesinatos. Líderes mineros y participantes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivosilícitos [5] (PNIS), programa de sustitución voluntaria de cultivos que inició en el año 2017 en 13departamentos, y familiares de líderes son incluidos en los listados de Indepaz.

Hijos, nietos y cónyuges también son víctimas. Estos asesinatos son perpetrados como una forma deamedrentarlos y otras veces porque al no encontrar al líder o lideresa que buscaban decidenasesinar a sus familiares. Ocho familiares de líderes y lideresas han sido asesinados este año ytambién 41 firmantes de la paz.

Guillermo Pérez, líder social del Cesar, confirma que la situación es crítica debido a la consolidación,en el sur del departamento, del grupo de Juancho Prada, antiguo comandante de las autodefensasdel Cesar. En los municipios de la Jagua, Becerril y El Paso, un grupo paramilitar extorsiona ycontrola las economías ilícitas de la zona.

Como si fuera poco en el norte del departamento, el Clan del Golfo y la banda criminal de MarcosFigueroa controlan Valledupar mientras que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra disputanotras áreas y en el centro y sur está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el Cesar hay 240 líderes (as) amenazados, uno fue asesinado en mayo. Ante este panorama deconstante hostigamiento la pregunta es por qué no desisten. “La razón por la cual los líderes noabandonan su rol dentro de las comunidades es el sentido de pertenencia, la lealtad a sus principiosy su compromiso con la construcción de una sociedad distinta”, afirma Pérez.

El confinamiento decretado como respuesta al Covid-19 es un agravante más. Leonardo González deIndepaz explica que es más fácil ubicar a las personas, no hay la misma protección comunitaria -lasguardias indígenas, campesinas o cimarronas- ya que están intentando contener los efectos de lapandemia ni de la seguridad por parte de la fuerza pública. Paradójicamente esos mismos gruposarmados ilegales para quienes confinamiento no el confinamiento no aplica, han asesinado apobladores por no cumplir con él.

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Fuente de la imagen: Programa Somos Defensores

También Marcha Patriótica [6] monitorea la violencia en el territorio. En sus informes de este año sedestacan especialmente las agresiones sufridas por los campesinos miembros del PNIS quienes seoponen a la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito. En el marco de las protestas pacíficashan resultado heridos y muertos algunos campesinos en varios departamentos, entre ellosPutumayo.

En su página web registran las protestas acalladas por la fuerza. Los resultados no son losesperados; sin embargo, el gobierno publicita en su portal oficial [7] los “logros” del “posconflicto”tales como el fortalecimiento del programa de sustitución de cultivos y los “avances” en laimplementación de paz mientras los pobladores denuncian el incumplimiento de los Acuerdos de paz[8] en las regiones.

La situación se agudiza. De acuerdo con Marcha Patriótica desde el inicio de la cuarentena hasta elmes de junio han sido asesinados aproximadamente 50 líderes sociales y algunos de losdepartamentos más afectados durante este periodo son Antioquia, Santander, Cauca, Nariño,Córdoba y Putumayo, e incluye categorías de liderazgos distintas a otras ONG.

Sirley Muñoz, coordinadora de incidencia y sistemas de información de Somos Defensores, sostieneque se ha planteado la necesidad de llegar a entendidos mínimos para monitorear las agresiones ylos casos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos.

Ella está consciente de que es un desafío enorme porque cada organización responde a interesesdistintos respecto del tipo de información que analizan, tienen metodologías diferentes y unacomprensión distinta de quién es defensor de derechos humanos, aunque todas parten de ladefinición de la ONU; no obstante, considera que también es necesario tener esas visiones sobre laviolencia contra defensores (as) de derechos humanos.

Por su parte, Carmen Becerra coordinadora del equipo del área de investigación de la ComisiónColombiana de Juristas (CCJ) cree que es viable trabajar por regiones, para facilitar el análisis

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profundo en las más afectadas por el conflicto, identificar categorías comunes, hacer un listado,determinar el concepto de líder (lideresa) y defensor (a) usados y compararlas para evitar laduplicación.

Una labor unificada le daría más solidez a la información: “sería una estrategia para evitar quealgunos entes sigan tratando de negar y desacreditar las cifras que presenta cada organización”,agrega Becerra.

Esto favorecería investigaciones por parte de las autoridades y evitaría que circulen informacionesdisímiles en los medios de comunicación, hay un avance en ese sentido. En agosto será presentadoel informe sobre Las violaciones a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos,líderes y lideresas sociales, comunidades organizaciones sociales en Colombia elaborado por 20organizaciones. Uno de sus capítulos propone la descripción y análisis de pautas comunes usandocomo referente un instrumento denominado Base de datos en consolidación sobre violaciones de losderechos humanos.

Entre tanto, la respuesta del gobierno es considerada insuficiente. Esto ha sido cuestionado desdeotros países y el 28 de mayo un grupo de 28 parlamentarios europeos [9] envió una carta alpresidente Iván Duque expresando su preocupación por la constante violación de derechos humanosde los líderes sociales.

El defensor de derechos humanos y analista del conflicto, Fernando Quijano, señala que la reaccióngubernamental es débil: “Es una respuesta de choque, sobre la marcha, no hay una planificaciónreal, solamente responde a la coyuntura y cuando lo hacen son medidas insuficientes y tardías. Lade la sociedad colombiana es igual de débil a las actuaciones del Estado para frenar el asesinatosistemático de líderes, lideresas y reincorporados”.

Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, está de acuerdo con estaapreciación:

“En los primeros meses del año, no hemos visto una respuesta del Gobierno más allá de continuaraplicando estrategias como el Plan de Acción Oportuna PAO, estrategia implementada por el actualgobierno y que para las Plataformas de DD.HH desconoce elementos importantes plasmados en elAcuerdo de paz para avanzar en la criminalidad que afecta a los liderazgos sociales, entre ellas laComisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la que hacen parte representantes de la sociedadcivil y que goza de un estatus legal”.

Aunque el gobierno ha negado la sistematicidad de los asesinatos [10], una investigación adelantadapor el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI [11]) de la UniversidadNacional, otras siete organizaciones y un medio de comunicación especializado en el conflicto,revelaron los patrones de quienes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.

El IEPRI estudió los asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales y defensores (as) dederechos humanos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2018 donde sedeterminaron la temporalidad de las violaciones al derecho a la vida, la correlación entre lasviolaciones al derecho a la vida de líderes y defensores (as) de derechos humanos y el total dehomicidios en el país, la condición de las víctimas, incluyendo abogados defensores de derechoshumanos y reclamantes de tierra, arraigadas en su territorio y con un rol de liderazgo.

La CCJ [9] expone patrones de los asesinatos de líderes sociales en los boletines de su página webexplicando por qué los ataques no son aleatorios; por el contrario, hechos continuos y su ejecuciónplaneada. Un primer aspecto es la persistencia de las diversas modalidades de violencia: amenazas,atentados, secuestros, desaparición forzada; el segundo, la focalización de la violencia contradeterminados liderazgos, procesos organizativos y territorios y otro, la falta de garantías deprevención y protección.

Por su parte, Leonardo González de Indepaz dice sobre la sistematicidad de los asesinatos https://soundcloud.com/user-812930324/prueba [12]

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Finalmente, desde la Comisión Colombiana de Juristas expresan la necesidad de avanzar en losprocesos judiciales por estos hechos. “Es necesario avanzar en las investigaciones y procesosjudiciales hacia la identificación de los elementos comunes a los casos como las diversas y múltiplesmodalidades de violencia, los móviles y los autores intelectuales”, advierte Becerra de la CCJ.

---* Fernanda Sánchez Jaramillo es comunicadora social y periodista, magister en relacionesinternacionales y trabajadora comunitaria. ICFJ and Carter Center Fellow.

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[3] https://url2.cl/6U6Y9[4] http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/[5] http://www.reliefweb.int/report/colombia/informe-no-19-programa-nacional/integral-de-sustituci-n-de-cultivos-il-citos-pnis[6] http://www.marchapatriotica.org/informe/[7] http://www.portalparalapaz.gov.co[8] http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf[9] https://www.servindi.org/about%3Ablank[10] https://www.lafm.com.co/politica/gobierno-dice-que-no-hay-sistematicidad-en-asesinatos-de-lideres-sociales[11] http://www.iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/patrones6.pdf[12] https://soundcloud.com/user-812930324/prueba[13] https://twitter.com/hashtag/Colombia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw[14] https://twitter.com/hashtag/Cauca?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw[15] https://twitter.com/Fernandareports?ref_src=twsrc%5Etfw[16] https://t.co/WZNYnMZYw1[17] https://t.co/Q4d1B3q1Lp[18] https://twitter.com/Servindi/status/1283870286153232386?ref_src=twsrc%5Etfw[19] https://t.co/FICLPdYhcW[20] https://t.co/C7k0ncnk2M[21] https://twitter.com/Servindi/status/879168879498596352?ref_src=twsrc%5Etfw[22] https://t.co/jr1Gz51nJD[23] https://t.co/LvKwKfhIzH[24] https://twitter.com/Servindi/status/714149482712186880?ref_src=twsrc%5Etfw[25] https://www.servindi.org/etiqueta/violencia-colombia[26] https://www.servindi.org/tags/fernanda-sanchez-jaramillo

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