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Col-Lis EuropeAid/126639/D/SER/CO (No. 852 - 197037) Estudio de Impacto Socioeconómico de MAP y MUSE en Colombia – EISEC INFORME SOCIOECONOMICO Informe Versión No.: 2.0.0 Informe Fecha de Preparación: 07/04/2010 Clasificación: Restringida Fecha inicio del Contrato: 12/12/2008 Duración: 17 meses Coordinador del Proyecto: VUB Socios: CID, VUB, GTD, HTC, RK Responsable del Informe: CID Proyecto financiado por la Unión Europea EuropeAid/126639/D/SER/CO

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Col-Lis

EuropeAid/126639/D/SER/CO (No. 852 - 197037) Estudio de Impacto Socioeconómico de MAP y

MUSE en Colombia – EISEC

IINNFFOORRMMEE SSOOCCIIOOEECCOONNOOMMIICCOO

Informe Versión No.: 2.0.0 Informe Fecha de Preparación: 07/04/2010 Clasificación: Restringida Fecha inicio del Contrato: 12/12/2008 Duración: 17 meses Coordinador del Proyecto: VUB Socios: CID, VUB, GTD, HTC, RK Responsable del Informe: CID

Proyecto financiado por la Unión Europea EuropeAid/126639/D/SER/CO

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Proyecto Col-Lis Contracto No. 2082844

Cliente PAICMA/ Comisión Europea

Referencia Informe Final. Informe SOCIOECONOMICO

Numero 1.0.0 Fecha 17/07/2009

Estado Final Clasificación Pública

Autor(es) CID Organización COL-LIS

Jefe de Proyecto

Nombre Jorge Iván González – CID

Dirección Calle 44 # 45 -67, Unidad Camilo Torres, Bloque B4 – oficina 702

Números de teléfono +571 3165000 Ext. 10360

Fax +571 3165000 Ext. 10360

E-mail [email protected]

Visto Bueno y Aprobación Control de Calidad

Nombre Jorge Iván González – CID

Fecha 6 de Agosto de 2010

Visto Bueno y Aprobación Interventoria

Nombre María Andrea Leyva

Fecha

Firma

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal y las munición sin ex-plotar

CID para COL-LIS 09/10/2010

1. Introducción 1 2. La determinación de la zona de estudio 2 3. Los impactos socioeconómicos 5

3.1. Comentarios generales 5 3.2. Pérdidas en producción e ingresos 14 3.3. Condiciones de vida 23

4. El sujeto representativo 26 5. Las regiones 30

5.1. Los Montes de María (MMA) 30 5.2. El Oriente Antioqueño (OA) 35 5.3. El Catatumbo 40 5.4. Nariño 45

6. Conclusiones 51 7. Referencias bibliográficas 52 1. INTRODUCCIÓN La evaluación del impacto socioeconómico de las minas antipersonal involucra cua-tro dimensiones: i) La determinación de la zona de estudio. ii) El contexto social y económico de la zona. iii) Los impactos socioeconómicos directos. iv) Los impac-tos socioeconómicos indirectos en los que se conjugan las dinámicas del conflicto y la colocación de minas. En el informe abordamos, sobre todo, los tres primeros pun-tos. Las referencias al punto iv) son breves y sólo tiene el propósito de servir de contexto. La presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), municiones sin explotar (Muse) y, en general, los restos explosivos de guerra, tienen impactos de naturaleza muy diversa (ambiental, sicológica, socioeconómica, etc.), que inciden en las condiciones de vida de las comunidades implicadas. Los efectos son diferentes por la naturaleza (intensidad y duración) de la amenaza, la ex-tensión geográfica y la población implicada. Estos factores deben ser tenidos en cuenta en el estudio del impacto socioeconómico (Eisec) de las MAP, los AEI y las Muse 1/. La escogencia de las “comunidades afectadas”, como se explica en la sec- 1/ En adelante, a la conjunción de MAP, AEI y Muse, le hemos dado el nombre genérico de minas.

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ción correspondiente, resulta de procesos diversos. Hemos realizado el ejercicio en tres etapas. La primera consistió en una selección de centros poblados a partir de la información de Imsma (Information Management System for Mine Action) 2/, que está disponible en el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Paicma). En la segunda etapa se hicieron reuniones con Paicma, con el fin de depurar la primera selección. Y la tercera etapa incluye la recolección de opiniones preliminares (POC), y a la recolección de opinión de expertos (ROE). Una vez seleccionadas las comunidades se llevó a cabo el trabajo de campo 3/. Se escogieron cuatro zonas: Montes de María (MMA), Oriente Antioqueño (OA), Catatumbo y Nariño. La actividad se completó de manera satisfactoria en las dos primeras. En Catatumbo y Nariño tuvimos problemas de seguridad, así que no rea-lizamos los talleres como los habíamos previsto y tampoco hicimos la visita de cam-po. El Eisec de las MAP, los AEI y las Muse, se inscribe en el marco del contrato fir-mado por la unión temporal COLombia-Landmine Impact Survey (COL-LIS), con Paicma. 2. LA DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO En la selección de la zona debe tenerse presente que el Eisec tiene como centro de atención las comunidades afectadas por MAP, AEI o Muse. Hemos incluido las zo-nas que efectivamente están amenazadas por minas, así como las áreas sospechosas (suspected hazardous area - SHA) 4/. El Eisec, tal y como está planteado en los términos de referencia, busca identificar el impacto socioeconómico de las minas en las comunidades implicadas. Para el caso colombiano, se trata de ir más allá del LIS convencional. En la versión estándar, se le da mucha importancia a la incidencia que tiene la presencia de minas - o la sospe-

2/ Al español podría traducirse como Sistema de Gestión de Información sobre Actividades Relativas a Minas Antipersonal. 3/ Las características de la muestra se explica en otro de los documentos entregados por el Consorcio COL-LIS. 4/ Ver, Unmas (2009).

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cha de la existencia de minas - en el acceso a recursos esenciales como el agua pota-ble, los cultivos, los centros administrativos, los puestos de salud, etc. 5/. El Eisec colombiano introduce dos cambios sustantivos. El primero es la realización del LIS en un escenario en que la violencia sigue activa. La metodología LIS se ha diseñado para situaciones de posconflicto, en las que por no haber interferencia de los grupos armados, las minas permanecen en un solo sitio. En las condiciones de violencia de Colombia, las minas cambian de lugar en función de las necesidades de los actores armados. Adicionalmente, las personas implicadas en el conflicto son reacias a dar información. Con toda razón, temen que pueda haber represalias. El segundo aspecto novedoso es la cuantificación del impacto socioeconómico. El LIS convencional no hace una valoración socioeconómica del impacto que tienen las áreas, minadas o sospechosas, en el nivel de vida de las personas. Debe tenerse presente que este estudio es una prueba piloto, que propone una meto-dológica para realizar análisis posteriores con una cobertura mayor. En la descrip-ción de los resultados ponemos en evidencia las dificultades que se presentaron, no sólo en el trabajo de campo, sino también con el manejo de la información disponi-ble. Puesto que se trata de una prueba piloto, la metodología propuesta únicamente se puede aplicar de manera completa cuando se realicen estudios con muestras re-presentativas. Los resultados que presentamos, derivados del trabajo de campo, son indicativos de la forma como debe procederse. Los valores encontrados apenas son indicativos. Las encuestas sociales que se realizan en el país desdeñan la geografía. Y, además, los estudios geográficos que centran la atención en las cuencas, los recursos hídri-cos, la desertificación, etc., no consideran las variables sociales. Los análisis de las cuencas no involucran a las personas. Para decirlo de una manera figurada: las en-cuestas socioeconómicas no miran las cuencas, y los estudios de las cuencas no con-templan a las personas. Esta disfuncionalidad es notoria en investigaciones en las que la geo-referenciación es indispensable. El Dane organiza la información muni-cipal en cabecera, centro poblado y rural disperso. El centro poblado más el rural disperso integra el resto, así que las dos grandes categorías son cabecera y resto. Esta clasificación del Dane es demasiado agregada para los propósitos de un LIS. El centro poblado incluye una área muy extensa que desborda el marco de las comuni-dades que entrevistamos. Las diferencias de escala las resolvimos de la mejor mane-ra posible. Advirtiendo, de antemano, que todas las soluciones son imperfectas. 5/ En los estudios internacionales, la incidencia final de las minas sobre las comunidades suele calificarse co-mo alto, mediano, bajo o ningún impacto”.

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En esta investigación las “comunidades afectadas” por las minas las asociamos a los centros poblados que conforman un municipio. Suponemos, entonces, que no hay comunidad por fuera de los centros poblados. Esta evidente simplificación obedece a los siguientes criterios: i) La categoría “comunidad” es ambigua y se presta a múltiples interpretaciones. ii) Las personas y las comunidades están ubicadas en municipios, así que siempre es factible vincular la comunidad a uno (o dos) munici-pios. iii) La información socioeconómica disponible puede organizarse fácilmente a partir del municipio. iv) El municipio facilita la geo-referenciación. v) La opción por el municipio no descarta que cuando es posible, se realicen estudios específicos, como sucede con algunos grupos indígenas. vi) Los municipios seleccionados tie-nen que ser accesibles, de tal forma que los talleres puedan realizarse 6/ 7/.

6/ En los protocolos LIS se plantean diversas opciones de accesibilidad: no acceso, acceso limitado y acceso pleno. En el primer caso la información tiene que obtenerse de forma muy indirecta (por ejemplo, a través de imágenes satelitales). En el segundo escenario se buscan métodos rápidos que permitan capturar la informa-ción sin violentar a la comunidad. Ya explicábamos que en Catatumbo y Nariño tuvimos problemas de acce-so, y no se pudieron realizar los talleres como los habíamos planeado. 7/ La selección muestral de comunidades no corresponde, en sentido estricto al LIS, porque de acuerdo con los protocolos internacionales, deberían incluirse todas las zonas afectadas. Las zonas no sospechosas sí de-ben resultar de un muestreo, buscando reducir al mínimo los falsos negativos, con una confianza probabilísti-ca del 90%, tal y como proponen Moulton, Ross y Benini (2004, p. 4). En Colombia no se cubren todas las zonas afectadas porque apenas se trata de una prueba piloto.

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3. LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 3.1. COMENTARIOS GENERALES Para entender las diversas modalidades de los impactos socioeconómicos, proponemos las ca-tegorías de la figura 1. El punto de partida es Θ, de donde salen 4 líneas. La primera (β) repre-senta el escenario óptimo, en el que no hay con-flicto ni MAP, AEI, Muse. En esta situación ideal el crecimiento sigue la senda que se consi-dera deseable desde el punto de vista de la políti-ca económica. En nuestro marco de análisis, lo deseable se refiere a la ausencia de violencia. No consideramos otros factores covariantes que podrían afectar la senda óptima de crecimiento. Debe tenerse en cuenta que β y los demás pará-metros no tienen un significado especial, así que pueden interpretarse como indicadores sociales, económicos, de calidad de vida, etc. En los ejer-cicios que proponemos más adelante, el paráme-tro de referencia es el ingreso. Cuando no se puede calcular, el impacto se determina, bien sea de manera cardinal, con puntajes como los que propone el LIS convencional, o de manera ordi-nal, haciendo consideraciones cualitativas sobre las condiciones de vida de la comu-nidad. Por ahora, en esta presentación general, el contenido preciso del parámetro no es relevante. La segunda línea (ψ), corresponde a una situación de estancamien-to, que puede tener lugar en condiciones de paz o de conflicto 8/. La tercera línea (μ), refleja un escenario que llamamos conflicto sin minas. Y finalmente, la cuarta situación (λ), correspondería al conflicto con minas. La flecha horizontal en la parte inferior de la gráfica indica la secuencia del tiempo, t, que avanza desde la izquierda hacia la derecha. Es la flecha del tiempo, que per- 8/ En el 2009 el PIB colombiano apenas creció 0.4%, mientras que en el 2007 aumentó 7.5%. Lo sucedido en el 2009 correspondería a un escenario como el descrito por la línea ψ. Este resultado incorpora numerosas va-riables; entre otras, la violencia. No es posible precisar la incidencia específica de la violencia puesto que en el 2007, con un conflicto similar, el producto tuvo una alza significativa.

Figura 1

Escenarios para analizar los distintos impactos socioeconómicos. En situa-

ciones de conflicto

Θ es el punto de partida, β es el escenario óptimo, ψ representa una situación de es-tancamiento, μ equivale a un proceso de conflicto pero sin minas, λ es un conflicto con minas. Finalmente, t corresponde a la flecha del tiempo, que va desde la izquier-da hacia la derecha.

μ

t

βΘ ψ

λ

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mite distinguir entre el antes al después. En las entrevistas le dimos mucha impor-tancia a la identificación de los momentos en el tiempo: “antes” es antes de la pre-sencia de la mina, “después” es después de la presencia de la mina. La frontera del tiempo es función de la existencia de la mina. Es muy factible que las condiciones de la región se hayan deteriorado con el conflicto, antes de que existan las minas. Se estima que en Montes de María el desplazamiento ocasionó un abandono de 131.000 has. de tierra. Este sería un buen ejemplo del impacto tipo μ. No obstante, y con el fin de precisar de la mejor manera posible la incidencia de las minas, únicamente consideramos el daño causado por la mina. Si en la comunidad visitada se nos in-forma que la producción de la zona no está creciendo por causa de la presencia de las minas, procedemos a valorar la pérdida. No contemplamos otras causas distintas a la minas como, por ejemplo, la caída de los precios del producto, la revaluación del peso, el clima, etc. La secuencia de las líneas de la gráfica tiene el propósito de mostrar que entre todos los factores - covariantes e idiosincráticos - que puedan estar afectando de manera negativa las condiciones socioeconómicas de la comunidad, el único que tenemos en cuenta es la presencia de las minas. La información sobre la afectación de la mina proviene de los talleres POC, ROE y, sobre todo, de la comunidad. Los vecinos perciben bien la forma como las minas inciden en sus actividades diarias (produc-ción, movilidad, escolaridad, etc.). En estos temas sus apreciaciones son confiables. Los datos suelen ser imprecisos cuando recuerdan el salario de hace unos años, o el precio de la cosecha. Estas percepciones son corregidas a través de información se-cundaria “objetiva” (series de precios de los productos, relación entre el jornal de la región y el salario mínimo, etc.). La gráfica 1 también podría leerse como la situación que se vive en el posconflicto. No se logra el escenario óptimo (β) porque el conflicto genera daños. Se parte del argumento que el posconflicto corresponde a un escenario peor del que se habría presentado en ausencia del conflicto. En tal caso, el orden de las categorías sería similar. μ podría interpretarse como una situación de posconflicto sin minas, λ sería posconflicto con minas. Ya decíamos, que en el contexto colombiano, estos escena-rio no aplican porque los enfrentamientos continúan. La disminución de la intensi-dad del conflicto en algunas zonas dominadas por uno de los bandos, no puede ase-mejarse a una situación de posconflicto. Hemos dividido las variables en dos grupos: económicas y sociales. Las primeras indican por las pérdidas en productividad e ingresos. Examinamos la productividad por hectárea y cultivo, el precio de los productos, etc. A partir de los daños en la producción calculamos las pérdidas en términos de ingreso (valor ψH de la figura 3, p. 26).

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Las variables de tipo económico son: i) Actividades predominantes. ii) Tipos de cultivo. iii) Areas cultivadas. iv) Tamaño del área afectada, o con riesgo de nas 9/. v) Rendimientos de los cultivos. vi) Precio de la tierra. vii) Precio de los productos en el mercado. viii) Valor de los jornales. ix) Distancia y desplazamien-tos de los productos a los mercados. x) Costos de transporte de los productos culti-vados. xi) Transporte de personas 10/. xii) Acceso a los insumos productivos-mercados. xiii) Ingresos antes y después de la presencia de minas. xiv) Cambio de actividad económica. xv) Diversas formas de bloqueo (recursos hídricos, infraes-tructura y proyectos viales, hidroeléctricas, hotelería, turismo, etc.) 11/. Estas variables tienen que ver con las condiciones de vida de las familias, y con los impactos generados en la comunidad por el bloqueo de infraestructura, proyectos viales, y prestación de servicios turísticos. Se indaga, también, por la situación de sectores específicos (comercio, turismo, minería, generación eléctrica). Como se observa más adelante, las variables mencionadas no se preguntan directamente a las personas que asisten a los talleres. Pueden obtenerse de manera indirecta a través de información secundaría. Las variables sociales están relacionadas con la afectación de áreas de vivienda, es-tablecimientos educativos, accesos a servicios básicos (salud, agua, etc.). De mane-ra más específica: i) Cercanía de la vivienda al campo minado. ii) Acceso a los ser-vicios públicos. iii) Servicios médicos (desplazamientos de la vivienda al servicio,

9/ En el LIS-Sudán, el módulo de área sospechosa de riesgo indaga, en primer lugar, por el tamaño del área afectada o con sospecha de afectación por presencia de minas en m2, así como el tiempo de desplazamiento y la distancia entre el área afectada y el centro urbano. Esta información es de utilidad para determinar de for-ma preliminar la pérdida de áreas de cultivo por la presencia de minas si fuera el caso. El módulo área sospe-chosa de riesgo (ASR) incluye varias preguntas. 4) ¿Cuál es el tamaño estimado del ARS? [m2]. 5) Tiempo desde el centro comunitario hasta el ARS [horas, minutos, total minutos]. 10/ En el LIS-Sudán también se pregunta por las formas de movilidad. En el módulo de la comunidad - parte 2 - se indaga por la información de localización. A continuación enumeramos las preguntas. 14) Acceso a la comunidad (marque una sola opción) [caminos pavimentados, caminos sin pavimentar, senderos peatonales, río]. 15) Facilidad de transporte (marque una sola opción) [mini bus/pickup/camiones, auto/motocicleta, bote, caballo/camello/burro]. 11/ En el LIS-Sudán se hacen preguntas por diversas formas de bloqueo. En la parte 4 del módulo áreas sos-pechosas de riesgo (ASR) se pregunta por la obstrucción a la agricultura, a los recursos acuíferos, a las áreas de vivienda, a los caminos, al desarrollo de actividades económicas. En la obstrucción de infraestructura se pregunta por: puentes, diques, canales, vías férreas, pistas aéreas, líneas de energía, fábricas, talleres, campos de petróleo, asistencia médica, asistencia educativa, centros culturales, religiosos, etc.

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vías y tiempos). iv) Acceso a educación (desplazamientos de la vivienda a la escue-la). v) Desplazados (familias que se han ido de la zona) 12/. La cercanía de la vivienda a un campo minado afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de las zonas residenciales, comenzando porque incrementa la pro-babilidad de accidente para los residentes. Las minas inciden en el acceso de la co-munidad a servicios públicos (agua, electricidad, conexiones telefónicas), a los cen-tros de salud, el colegio, etc. En los formularios del LIS-Sudán se pregunta por la principal fuente económica de las zonas de estudio, y se pide una descripción de las actividades económicas princi-pales. Esta información es recolectada en el modulo de la comunidad en la parte 8 (recursos, preguntas 33-39) 13/ donde se incluyen los datos relacionados con los re-cursos físicos. Las preguntas tienen que ver con: i) Acceso a servicios públicos (electricidad, agua, conexiones telefónicas). ii) Acceso a servicios de salud (presen-cia de hospitales, centros de salud, puestos de salud). iii) Número de instituciones educativas. iv) Base económica principal y descripción de las actividades corres-pondientes.

12/ En el LIS-Sudán (parte 7) se halla información sobre el número de familias, antes y después del conflicto. 28) Población [número de familias antes del conflicto, número de familias actual, población total antes del conflicto, población total después del conflicto] 13/ Las preguntas son las siguientes. 33) ¿Existe tuberías para el suministro de agua? [sí, no]. 34) ¿Existe suministro de electricidad? [sí, no]. 35) ¿Hay combustible para vehículos y generadores disponibles? [sí, no]. 36) ¿Existe conexión telefónica? [sí, no]. 37) Servicios médicos (marque sólo una opción) [servicios de salud básica, hospital, farmacia, ninguno]. 38) Número de instituciones educativas (opción múltiple) [primaria, se-cundaria, superior]. 39) Base económica principal [agricultura/ganadería, industria/pequeña empre-sa/comercio, otro].

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El cuadro 1 resume nuestro aporte frente al LIS con-vencional. La información que captamos es más am-plia que la del LIS, con la ventaja de que incluye to-das las preguntas relevan-tes del LIS convencional, pero es necesario ir más le-jos porque con la informa-ción que resulta del LIS convencional no es posible hacer un análisis cuidadoso del impacto socioeconómi-co. Para estimar los impactos socioeconómicos, directos e indirectos, es necesario superar las fronteras del LIS convencional, que sólo capta algunos de los im-pactos directos, y no pro-pone una metodología que permita estimar los dife-renciales de la relación en-tre la producción y los cos-tos. Se requiere, además, estimar el valor de merca-do de la producción y de los costos. Nuestro modulo socioe-conómico representa un cambio fundamental con respecto al LIS convencio-nal, pues indaga sobre as-pectos relacionados con la producción, pero no solo a nivel de actividades, sino de productos (bienes y ser-

Cuadro 1 Relación entre nuestra propuesta y las variables incluidas en el LIS convencional

Impacto socioeconómico LIS convencional

Variables de tipo económico Actividades económicas predo-minantes

Modulo de la comunidad parte 8. Recursos. Base económica principal/ Actividades económicas principales

Tipos de cultivo Modulo ASR parte 4 obstrucciones: tipos de culti-vos bloqueados u obstruidos

Areas cultivadas Tamaño del área afectada por las minas

Modulo ASR. ¿Cuál es el tamaño estimado del área sospechosa de minas? (metros cuadrados)

Rendimientos de los cultivos Precio de la tierra Precio de los productos en el mercado

Valor de los jornales Distancia y desplazamientos de los productos a los mercados

Costos de transporte de los productos cultivados

Modulo de la comunidad (preguntas 14 y 15) Ac-ceso a la comunidad y facilidades o servicios de transporte disponibles

Transporte de personas: Movili-dad

Modulo de la comunidad (preguntas 14 y 15) Ac-ceso a la comunidad y facilidades o servicios de transporte disponibles

Acceso a los insumos producti-vos-mercados

Identificación de obstrucciones o bloqueos (parte 4 modulo área sospechosa de riesgo) obstrucción de vías de acceso.

Ingresos antes y después de la presencia de minas

Cambio de actividad económica Información sobre victimas recientes (parte 3 mo-dulo área sospechosa de riesgo) ocupación al momento del accidente y ocupación actual

Bloqueo de recursos hídricos Identificación de obstrucciones o bloqueos (parte 4 modulo área sospechosa de riesgo) obstrucción de acceso a recursos acuíferos

Infraestructura y proyectos via-les

Identificación de obstrucciones o bloqueos (parte 4 modulo área sospechosa de riesgo) obstrucción de vías de acceso, obstrucción de infraestructura (acceso a actividades económicas y/o proyectos de desarrollo y/o el uso de otra infraestructura se halla obstruido?)

Hidroeléctricas Hoteleros (turismo)

Actividad minera: distancia de la vivienda a la mina, afectación de vías, costo y tiempos de desplazamiento

Comercio y servicios en el sec-tor urbano

Factor humano Características de las victimas Información sobre victimas recientes (parte 3 mo-

dulo área sospechosa de riesgo) Genero, edad, estatus (civil o militar), ocupación al momento del accidente y ocupación actual.

Edad, ocupación, género, y po-sición en el hogar

Factor social Cercanía de la vivienda al cam-po minado

Tiempo desde el centro comunitario hasta el área sospechosa de minado / La distancia del área minada es menor a: 50 mt del área de vivienda, 10 mt del área cultivada, 10 mt de puntos de agua. Modulo Área sospechosa de riesgo parte 4. Obstrucción de áreas de vivienda.

Acceso a los servicios públicos Modulo de la comunidad parte 7. Población y Par-te 8. Recursos.

Servicios médicos (desplazamientos de la vivienda al servicio, vías y tiempos)

Modulo de la comunidad parte 8. Recursos: suministro de agua, suministro de electricidad, conexiones telefónicas, suministro de combustibles y generadores, servicios médicos, número de instituciones educativas (primaria, secundaria, superior), base económica principal.

Acceso a educación (desplazamientos de la vivienda a la escuela) Desplazados (familias que se han ido de la zona)

Modulo de la comunidad parte 7 Población y re-cursos. Número de familias antes y después del conflicto

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vicios). Igualmente busca información sobre características socio económicas de la comunidad. Los aspectos más importantes son los siguientes: i) Clasificación económica de los miembros encuestado de la comunidad. ii) Nivel educativo alcan-zado por las personas encuestadas. iii) Actividades económicas por productos. iv) Cambios en las áreas cultivadas, precio de la tierra. v) Variaciones en los jorna-les y en los precios de los productos. Ya decíamos que el impacto socioeconómico directo se calcula a partir del triángulo Θ, ψ, λ. En la gráfica 1 hemos supuesto que λ refleja una situación en la que hay conflicto y en la que, además, existen minas. Esta doble connotación de λ hace par-te de una secuencia analítica, que yendo desde lo mejor hacia lo peor, podría expre-sarse como β f ψ f μ f λ. A lo largo de la reflexión siempre suponemos que hay conflicto. De acuerdo con la lógica del LIS convencional, es posible que en alguna zona no haya conflicto y sí existan minas. Las minas sin conflicto se presentan, claramente, en situaciones de posconflicto, que no es el caso colombiano. Nuestros análisis suponen, siempre, que la presencia de las minas es inseparable del conflicto. Las distintas líneas de la gráfica nos permiten diferenciar costos de oportunidad al-ternativos. El impacto socioeconómico de las minas lo definimos como el costo de oportunidad causado por la existencia de minas. Y para determinar el costo de oportunidad siempre es necesario tener un parámetro de referencia. El interés meto-dológico consiste en aplicar los elementos básicos del costo de oportunidad al análi-sis del impacto socioeconómico de las minas. Desde el punto de vista conceptual (Keynes 1936, p. 136), el costo de oportunidad se define a partir de la eficiencia marginal del capital, entendida como la relación entre la rentabilidad esperada y el precio corriente del activo-capital y, de manera más precisa, “... la eficiencia marginal depende de la tasa de rendimiento esperada que podría ser obtenida con el dinero si fuera invertido en un activo producido re-cientemente”. El costo de oportunidad resulta de la comparación entre dos rentabi-lidades alternativas. En la versión keynesiana, el empresario puede decidir dejar el dinero en cuenta corriente. En este caso, el costo de oportunidad de no invertir en la producción se determina teniendo como referencia varios parámetros como, por ejemplo, la rentabilidad media de los bonos, de las acciones, o de las empresas. Para conocer el impacto socioeconómico de las minas también es necesario tener parámetros de referencia que nos permitan evaluar el daño, que sería como el costo de oportunidad de no haber evitado la mina. Volviendo a la gráfica, la idea puede ilustrarse mediante el triángulo Θ, ψ, λ que se se convierte en una pieza central del

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análisis. En el momento original Θ no hay minas. Si por razones analíticas el punto de partida no se modifica, la distancia ψ* = ψ - λ representa el impacto neto de las minas. La referencia es conservadora por dos razones. Primero, porque el escenario inicial no cambia (es paramétrico) y, segundo, porque se mantiene un postulado ce-teris paribus muy fuerte, en el que la única variación es la presencia de la mina. Sin duda, el análisis que resulta de ψ* es muy restrictivo. No obstante, es completamen-te necesario hacerlo porque es la base del LIS y de las comparaciones internaciona-les. Un análisis más realista obligaría a introducir, de manera endógena, el círculo perverso que se deriva de la interacción entre minas y conflicto. Obsérvese que en el triángulo Θ, ψ, λ, la línea de comparación (ψ) no cambia a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, el estado inicial es paramétrico y permite hacer todas las consideraciones que en la dinámica están asociadas al estado esta-cionario (Azariadis 1993) 14/. Si los factores relevantes permanecen constantes a lo largo del tiempo, el sistema es autónomo, y puede representarse como 1. ψt = κ ψt-1 + σ La situación de estado estacionario es compatible con Δψt = 0. En los modelos fi-nancieros convencionales se supone que Δrt = 0. Pero también es legítimo pensar en estados estacionarios en los que la tasa de crecimiento es mayor que cero, como en β, ya que Δβt > 0. En este caso, el estado también es estacionario porque los cambios en β son constantes a lo largo del tiempo. Además del estado estacionario, acorde con los modelos financieros tradicionales, el triángulo Θ, ψ, λ supone que la variable determinante del análisis es la presencia de las minas. Este ceteris paribus no sólo obliga a que las condiciones iniciales se mantengan como en el estado estacionario sino que, además, supone que el riesgo no se modifica. Obviamente, este escenario es muy restrictivo cuando se introducen si-tuaciones del tipo SHA. En ejercicios más complejos sería necesario hacer conside-raciones explícitas sobre los cambios en el riesgo. El triángulo Θ, ψ, λ es la base para construir un marco analítico que permite repro-ducir las condiciones básicas del LIS convencional, y dado que es suficientemente amplio, posibilita la realización de ejercicios adicionales que profundizan el Eisec. Junto con la diferencia ψ*, destacamos otra relación significativa. Se trata de β* = β - λ, que correspondería al impacto de las minas teniendo como punto de refe- 14/ Sobre el significado del estado estacionario y el principio de correspondencia, ver Samuelson (1947).

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rencia un parámetro, que como decíamos atrás, puede ser distinto de cero, Δβt ≠ 0, y que, incluso, admite un modelo no autónomo de la forma 2. βt = κ βt-1 + σ t Obsérvese que con respecto a la ecuación 1, en esta nueva versión el σ está influen-ciado por t. La diferencia β** = β - μ mide el impacto socioeconómico que tendría el conflicto sin la existencia de minas. Y manteniendo los mismos criterios que en β*, el punto de referencia podría ser un estado estacionario en el que Δ βt ≠ 0, o un proceso no autónomo como el que se presenta en la ecuación 2. Finalmente, la diferencia μ* = μ - λ es el daño causado por la mina cuando hay conflicto y Δ μt ≠ 0. Los criterios anteriores proporcionan un marco general, pero no son suficientes para realizar el Eisec. Se requiere ir más lejos, comenzando por la fijación del período de referencia. Toda evaluación de impacto conlleva un antes y un después. La diferen-cia intertemporal supone que existe una flecha del tiempo (eje horizontal en la gráfi-ca). En las entrevistas insistimos en la necesidad de determinar el momento Θ, que corresponde a la situación antes de la presencia de minas, o de la sospecha de la existencia de minas. Las características de la zona en Θ se determinan a partir de la información obtenida en la entrevista, pero también con datos contextuales indirec-tos, en los que juega un papel muy importante el censo de 2005. El período de tiempo cambia en función de la zona. En general, en el trabajo de campo las perso-nas coincidieron en la definición del momento Θ. El acercamiento que se realiza con el fin de determinar los impactos socioeconómi-cos directos es de naturaleza cuasi experimental 15/, dándole una importancia muy grande a la participación de la comunidad, a través de los talleres. Nuestra aproxi-mación sería primera diferencia sin grupo de control 16/.

15/ Sobre la diferencia entre métodos experimentales y no experimentales, ver Ravallion (2007). Entre los métodos no experimentales, el autor menciona el de “correspondencia del puntaje de propensión” (propensity-score matching), diseños de discontinuidad, doble y triple diferencia y variables instrumentales. 16/ No utilizamos aproximaciones de segunda diferencia con grupo de control porque este procedimiento no es adecuado para el problema que estamos considerando. A partir de la reflexión de Ravallión (2007), llega-mos a la conclusión que no es pertinente utilizar un grupo de control. Estos ejercicios tienen sentido en el ca-so de muestras representativas. Ver, por ejemplo, Sarmiento, González, Mina, Marcelo, Alvárez, Alonso y Plazas (2007).

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Aunque el LIS destaca la relevancia del conocimiento local, los datos obtenidos en el taller tienen que ser completados con información indirecta sobre las condiciones de vida de la población. Calculamos el índice de capacidad municipal (ICM), que además de las condiciones de vida permite captar elementos centrales del ordena-miento institucional 17/. Uno de los grandes retos de la literatura sobre la violencia ha sido la búsqueda de sus factores determinantes. Sin el ánimo de formular una hipótesis sobre el tema, sí vale la pena ilustrar los impactos por causa de las minas 18/ con el NBI de los muni-cipios (resto).

17/ En la visión de Hurwicz y Reiter (2006), Maskin (2007), Myerson (2007), el orden institucional se expresa a través del diseño de mecanismos. El principio derivado del diseño de mecanismos es relativamente simple. Un mecanismo es una forma organizativa que permite alcanzar un objetivo específico. Si, por ejemplo, el propósito es volver a una situación ψ, se trata de buscar el orden institucional δ que permita lograr dicho propósito, así que la función de correspondencia sería F: δ → ψ. Un mecanismos, o forma de juego, con con-secuencias sobre el conjunto de resultados ψ es una tupla M = {I, δN, F}, donde δN es el conjunto de estrate-gias posibles para el jugador j = 1, 2, 3,..., n, y F es una función de resultados que asocia un pago a cada com-binación de estrategias de los agentes, es decir, F: δ → ψ, donde δ = {δ1*δ2*δ3*...*δN}. Un mecanismo repre-senta una institución con reglas que determina el procedimiento para realizar elecciones sociales. Las estrate-gias que se le permiten que el i-ésimo agente se representan por el conjunto de estrategias δN y las reglas bajo las cuales las elecciones individuales se convierten en elecciones sociales están dadas por la función de resul-tados F. 18/ Los niveles de impacto (LIS y Paicma) se clasifican así: bajo (1, 2, 3 ó 5), medio (6, 7, 8, 9 ó 10), alto (superior a 10). Para el promedio municipal, tuvimos en cuenta los puntajes de cada comunidad.

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La figura 2 muestra la relación entre el NBI (eje horizontal) y el valor de los impac-tos. En líneas generales, no parece existir correlación. Al explicar los porcentajes del NBI en el OA mostrábamos que el porcentaje de indigentes es menor que en las otras regiones. Los impactos causados por las minas no guardan relación con el NBI porque la pobreza no es la única causa de la violencia. En el caso colombiano inter-vienen otros factores como el narcotráfico, la riqueza asociada a la explotación mi-nera y a los procesos productivos asociados a la gran plantación. 3.2. PÉRDIDAS EN PRODUCCIÓN E INGRESOS Utilizamos el análisis convencional del costo de oportunidad aplicadas a las princi-pales actividades económicas de la zona. Decíamos que algunas de las preguntas ya se encuentran en el LIS y en el information management system for mine action (Imsma). El diferencial ψ* se calcula a partir de los datos que proporcionan las per-sonas en el taller y mediante la evaluación del valor de los diferentes cultivos 19/. 19/ En la figura 3 (p. 24) se hace un diagrama del punto de llegada del ejercicio.

Figura 2

Fuente: Cálculos COL-LIS.

CARMEN DE BOLÍVAR, MM 

SAN JACINTO, MM 

BARBACOAS, NA CÓRDOBA, MM 

SAN ONOFRE, MM 

ZAMBRANO, MM 

SAN JUAN NEPOMUCENO, MM 

SAN FRANCISCO, OA 

TUMACO, NA 

SAN RAFAEL, OA 

SAN LUIS, OA 

SONSÓN, OA 

ALEJANDRIA, OA 

COCORNÁ, OA 

EL PEÑOL, OA 

SAN CARLOS, OA 

GRANADA, OA CARMEN DE VIBORAL, OA 

GUATAPE, OA 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

PUNTA

JE DE IM

PACTO PRO

MED

IO M

UNICIPAL 

NBI POR MUNICIPIO ‐ RESTO (CENTRO POBLADO, RURAL DISPERSO) 

NIVEL DE IMPACTO PROMEDIO MUNICIPAL ‐ NBI MUNICIPAL (RESTO) 

Fuente: Col‐Lis. Segundo Contacto 2010.                NBI: DANE   

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Debe tenerse presente que la información inicial para la realización del ejercicio es la que se obtiene en el taller. Como no es una encuesta de hogares, ni es una mues-tra, es un dato parcial, en el contexto de una prueba piloto. Insistimos en este punto porque algunas de las conclusiones no pueden ser generalizables y, además, porque la metodología fue diseñada buscando compensar de la mejor manera posible la ca-rencia de un marco muestral. El primer paso lo llamamos búsqueda del ingreso representativo. Partimos de TLi,t-z, que representa los valores obtenidos en el taller (TL) para los individuos i en el momento t-z, que es la fecha en la que aparece la mina. t es el momento actual, z los años transcurridos desde cuando se colocó la mina. El año t-z correspondería a Θ en la figura 1. Durante el taller tratamos de entender la situación que se presenta-ba en los momentos t-z y t. Se trata de las situaciones antes (t-z) y después (t) de la presencia de la mina. V zt,j − es la producción de la comunidad j (ecuación 20).

3. Y

Y

YY

VcTL *zt

n

2

1

zt,jzt,i −−− →

⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢

→M

U

El nexo Uc significa unión de naturaleza cualitativa. No es el resultado de una operación matemática, sino de un análisis cualitativo realizado por el equipo que actúa como experto.

En adelante, el vector

⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢

Y

YY

n

2

1

M lo escribimos como [Y1, Y2, …, Yn]′, y corresponde a

los ingresos de todos los hogares de la encuesta. Utilizaremos la Gran Encuesta In-tegrada de Hogares (Geih) porque es la más reciente. Podría buscarse la encuesta de hogares más cercana al año t-z, pero este procedimiento es demasiado complejo y los beneficios adicionales no son relevantes. Además, hay problemas de empalme de los ingresos entre la Encuesta Continua de Hogares (ECH) y la Geigh 20/.

20/ La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep) concluyó que en 2006 y 2007 es imposible corregir los errores que se presentaron con el empalme de los ingresos entre la ECH y la Geih. Ver, Mesep (2009).

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Y*zt− es el ingreso representativo que correspondería a la situación en el momento

t-z. Es el ingreso que más se aproxima a las condiciones de las personas i que parti-ciparon en el taller. Dado que el Eisec analiza el impacto de las minas en las comu-nidades, es legítimo buscar un ingreso representativo. Debe tenerse presente que el ejercicio que nos permite hacer la transformación YVcTL *

ztzt,jzt,i −−− →U es más cualitativo que cuantitativo. La información recogida en el taller apenas es indicati-va y, por tanto, no se trata de una muestra significativa. El paso siguiente consiste en evaluar el impacto de la mina en la actividad económi-ca de la comunidad. Sea j

tV el valor de la producción de la comunidad j en el mo-mento t, siendo j = 1, 2, 3,..., n¸ siendo n es el número de comunidades estudiadas. Llamemos k

jΤ al territorio k ocupado por la comunidad j. Lj es el número de perso-

nas que conforman la comunidad j. Definimos υj como el territorio per cápita en el momento t,

4.

t,jt,jkt,j

t,jt,j

kt,j

L

L

υ=Τ

∴υ=Τ

La productividad es función de los recursos materiales utilizados y de los conoci-mientos y habilidades adquiridos. Sea Xt la productividad de los trabajadores, que depende de la acumulación de capital humano Ht y de la experiencia Et. 5. Xj,t = Hj,t + Ej,t De manera más específica, el capital humano es 6. Hj,t = Lj,t hj,t Lj,t es el número de trabajadores en el momento t, y hj,t es el capital humano per cápita, medido como años de educación 21/. Por su parte, ht es igual a

21/ Para un número fijo de trabajadores Lt, el crecimiento de Ht está dado únicamente por mejoras en el nivel de capital humano de los trabajadores ht, es decir, por un mayor capital humano por trabajador. Además, si se considera un nivel de calificación determinado, el aumento del capital humano obedece a un incremento de la cantidad de personas que deciden invertir. Esta afirmación implica que la cantidad de trabajadores y su nivel

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7. ht = eu u corresponde a los años de educación que tiene el individuo. Reemplazando en 5, 8. Hj,t = Lj,t eu Los conocimientos adquiridos a través de la experiencia, E, se pueden estimar a par-tir de la edad del individuo (a) menos los años de educación (u) menos la edad a la cual ingresan al sistema educativo (s). 9. Ej,t = Lj,t e(a-u-d) Reemplazando 8 y 9 en 5, 10. Xj,t = Lj,t eu + Lj,t e(a-u-d) = Lj(eu + ea-u-d) Los recursos gastados por la comunidad j en la elaboración y transporte del producto i, equivalen a 11. Ωη++υ+= j

iji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji

ji DTzLw)T,z,w(C

Hemos agregado un componente Ωη j

iji que nos permite captar otros costos distintos

al suelo, el trabajo y el transporte. η es el precio y Ω es la cantidad. De una forma más general, Ωη j

iji representa el conjunto de costos indirectos, que pueden estar in-

cidiendo en el producto. Obsérvese que el costo está discriminado por producto, mientras que la producción (ecuación 19) es agregada. El excedente global de la comunidad π j

i en el momento t es

12. ∑−=π=

q

1i

jit,j

ji CV

Las encuestas permitieron conocer algunos componentes de V y de C, pero no pro-porcionan la información suficiente para calcular la función de producción y, mucho

de calificación son sustitutos perfectos en la producción de cualquiera de las l = 1, 2 ... s actividades producti-vas.

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menos, el monto π para la comunidad. Los campesinos conocen el valor final del producto que es una proxy de V. También conocen algunos de sus costos directos, así que la encuesta nos permite determinar 13. C~Qp~

iiit,i −=π π~ t,i es la ganancia aparente que resulta de descontarle al valor de la venta pQ, al-gunos costos C~i . El precio de mercado es p, y la cantidad del producto es Q. El ex-cedente aparente de la comunidad sería,

14. ∑ π=π=

q

1it,it,j

~~

El número de productos q salió de la encuesta. Pero dado que no se trata de un ejer-cicio muestral, que sea representativo, el agregado de productos que salen de la co-munidad apenas es una proxy de la producción total. Con el valor de mercado de cada producto puede hacerse un ejercicio de valor presente neto convencional,

15. ∑+

==

t

1kk

ki )r1(

FVVPN

k es el período de tiempo, que va desde 1 hasta t, r es la tasa de descuento, VF es el valor futuro, VPN es el valor presente neto. En esta presentación, r no se modifica a lo largo del tiempo, y por ello corresponde a una situación de estado estacionario, similar a ψ 22/.

22/ En general, los modelos financieros suponen condiciones de estado estacionario. Este principio meto-dológico también se aplica al weighted average cost of capital (Wacc)

KK ue EUE

EUEWACC

++

+=

Ke, o la tasa de oportunidad del capital de los accionistas, es calculada a partir del capital asset pricing model (Capm). Si se presentan condiciones de competencia, Ke debe aproximarse a un nivel de equilibrio, corres-pondiente al estado estacionario. E es el capital aportado por los accionistas, U es la deuda. Ku es el costo de la deuda financiera de la empresa. Sin entrar en los detalles del modelo, por ahora sólo nos interesa resaltar que los ejercicios se realizan en condiciones de estado estacionario. La versión estándar del Capm se repre-senta como r = Rf + β(Rm Rf) + Rp, en donde r es la tasa de descuento requerida, o el costo del patrimonio. Rf es la rentabilidad del activo sin riesgo. Rm es la rentabilidad promedio de los activos con riesgo, Rp es el riesgo país.

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De acuerdo con la lógica analítica, que hemos mantenido es claro que π>π − t,jzt,j . Entre estas situaciones extremas habría una intermedia,

16. ∑−=π=

Φq

1i

jit,jt,j CV

En este caso, se calcula un excedente, πΦ

t , en el que las minas no inciden en el valor de la producción (el capital humano en calidad y cantidad permanece intacto), pero sí en los costos. El orden jerárquico, de mayor a menor ganancia, estaría dado por

π>π>π Φ− t,jt,jzt,j .

El resultado final del Eisec se expresa en impactos directos e indirectos. Estas me-didas no deben confundirse con los costos directos e indirectos que se utilizan en contabilidad. Como en cualquier estructura de costos, se hace la diferencia entre costos directos e indirectos. Estas nociones son muy distintas a las de impactos di-rectos e indirectos, que son conceptos más amplios y comprehensivos. No contemplamos el costo de desminado, tal y como lo hacen Lahuerta y Altamar (2002). Nuestro propósito es comparar la situación de una comunidad con minas con respecto a lo que podría ser su producción e ingreso si no tuviera minas. En este ejercicio no consideramos el desminado. Tampoco incluimos los costos de atención a las víctimas, las campañas de sensibilización, la destrucción de arsenales. Esta in-formación que Paicma registra, procesa y analiza, no la incluimos en nuestros cálcu-los. En el Eisec colombiano es necesario enmarcar el impacto de las minas en el contex-to del conflicto. El territorio k de la comunidad j ( k

jΤ ), es disputado por los grupos armados. Si éstos se apropian de una parte del territorio (g), la parte que resta para la comunidad es gk

j−Τ . Hasta ahora hemos supuesto que la presencia de minas difi-

culta la producción ya que eleva los costos. El suelo minado que ha perdido la co-munidad no se convierte, ipso facto, en suelo disponible para la producción de los grupos armados. Si parte de la comunidad se desplaza, y los expulsores quitan la minas y comienzan a realizar actividades productivas, como la siembra de coca. El

valor de esta actividad podría representarse como Γ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

υυ

=−

t,jzt,j

t,jgt,jV . La tierra de

los grupos armados es equivalente a la que pierde la comunidad, advirtiendo que en

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las tierras arrebatadas es posible producir únicamente si se han desminado. En el análisis socioeconómico no vamos a llegar hasta este punto. No indagamos por la producción de la tierra en manos de los grupos armados. En la evaluación deben tenerse presente las formas de respuesta de la comunidad an-te el evento de minas. Las formas de reaccionar son muy diversas. i) La comunidad puede abandonar la zona, llevándose su potencialidad de trabajo y parte del capital. ii) Permanecen en la zona pero en condiciones más difíciles porque

π>π>π Φ− t,jt,jzt,j . La permanencia en la zona varía dependiendo de si las minas

existen realmente, o si apenas se se trata de una amenaza. En este último caso, el grado de aversión al riesgo determina el comportamiento de las personas. Hay co-munidades más o menos adversas al riesgo que otras. De las encuestas y de la información secundaria sale un valor confiable de piQi (ecuación 13), sin alcanzar a terminar la ganancia como se propone en 14. Este es el punto de partida del análisis empírico, y la información que de allí resulte es sufi-ciente para desarrollar las demás etapas de la metodología propuesta. Volviendo a la figura 1, la dinámica óptima β depende del ritmo de ganancia π, así

que β = f (π). La relación entre ambas variables es positiva, 0>π∂β∂ . Esta situación

ideal se presentaría únicamente en el caso en el que no hubiera conflicto, pero como en las zonas investigadas existe conflicto, el rango de alternativas oscila entre ψ y λ. En presencia de minas es muy factible que la población se desplace. Representamos el número de desplazados por jL . La población que permanece en la comunidad es 17. t,jzt,jt,j LLL −= − La pérdida en productividad en términos de capital humano, sería, 18. ] + ([)LL(X d-u-u

t,jzt,jt,j ee a−= − La producción para la comunidad j en presencia de minas estaría dada por la si-guiente expresión De acuerdo con lo anterior, la producción total de la comunidad sería,

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 21

19. }E,H,L,{V t,jt,jt,jkt,j1t,j Τ= f

}X,L,{ t,jt,j

kt,j1 Τ= f

Estas variables son sencillas de obtener a través de la encuesta y, sobre todo de la in-formación indirecta, y permiten hacer inferencias sobre las condiciones productivas de la población y su capital humano. Esta información complementa la que resulta de las l actividades productivas de la comunidad (que pueden ser agrícolas, mineras, ganaderas, silvicultura, transporte y comercio), siendo l = 1, 2, 3,..., m. Antes de la existencia de la mina, las relaciones 19 se expresan así 20. }E,H,L,{V zt,jzt,jzt,j

kzt,j1zt,j −−−−− Τ= f

Al realizar las estimaciones respectivas, se obtienen V t,j y V zt,j − . Insistimos que gran parte de esta información se obtiene a través de fuentes secundarias. Es evidente que VV t,jzt,j >− , porque el valor de la producción en un área limpia es mayor que el de una área con minas. El valor de la producción del área con minas

puede ser positivo, cero, o negativo, así que ⎩⎨⎧

≤>

00

V t,j .

Los resultados del taller en el momento actual, TLi,t, junto con los valores estimados en 19, V t,j , permiten calcular un nuevo ingreso representativo en presencia de mi-

nas ( Y M*t ). La M del sobreíndice significa la presencia de minas.

21. VcTL

Y

YY

Y t,jt,i

n

2

1

M*t U

M←

⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢

Este proceso puede ser visto como inverso del definido en la secuencia 3. Si esta re-lación se expresara utilizando el valor de la ganancia (ecuación 14), tendríamos,

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 22

22. π←

⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢

← ~cTL

Y

YY

Y t,jt,i

n

2

1

M*t U

M

La comparación entre Y*

zt− y Y M*t nos permite estimar el impacto de las minas. En

teoría YY M*t

*zt >− , porque antes de la mina la situación era mejor que después de la

mina. La distancia ψ* = ψ - λ de la figura 1, podría leerse como. 23. YY M*

t*

zt* −=λ−ψ=ψ −

Al producto es necesario descontarle los costos representados por los salarios, el uso de la tierra, y otros costos como, por ejemplo, el transporte de insumos y de produc-tos. El monto salarial es Lw j

iji , siendo w j

i el salario que la comunidad j destina a la elaboración del producto i. El rango de bienes que produce la comunidad es i = 1, 2, 3,..., q. El costo de la tierra es υ j

ijiz , en donde z j

i es el precio de la tierra que necesita la comunidad j para la elaboración del producto i. De la misma mane-ra, los costos globales del transporte son equivalentes a DT j

iji , siendo T el precio del

transporte y D la distancia.

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 23

3.3. CONDICIONES DE VIDA La segunda forma de evaluar el impacto de las minas es a través de la comparación de las condiciones de vida de las familias. Puesto que no tenemos información deta-llada de las familias, calculamos el índice de capacidad municipal (ICM), que in-cluye: i) capacidad de infraestructura (I1) 23/, ii) capacidad social (I2) 24/, iii) capacidad productiva (I3) 25/, iv) capacidad fiscal (I4) 26/, v) capacidad funcional (I5) 27/, vi) matriz origen y destino (I6) 28/. La metodología es idéntica a la propuesta por González, Cardozo, Maldonado, Angulo y López (2009). A través de un análi-

23/ Infraestructura vial y de comunicaciones (vías primarias, puertos y aeropuertos, telefonía, emisoras). In-fraestructura de servicios sociales (hospitales, centros de salud, establecimientos educativos, acueducto, alcan-tarillado, energía, gas, recolección de basuras, hoteles, museos, parques de recreación, teatros, clubes). Infra-estructura de servicios productivos (terminales de transporte, centros de investigación, centros de acopio, plantas procesadoras, bodegas, silos, distritos de riego, molinos, plazas de mercado, matadero, frigorífico, centrales de abasto). 24/ A partir de la información del censo de 2005, hemos construido un índice de condiciones socioeconómicas por municipio que incorpora las variables siguientes: i) Acceso a servicios. Tasa de cobertura del servicio de energía eléctrica, tasa de cobertura de acueducto y alcantarillado, tasa de cobertura del servicio de gas natural domiciliario, tasa de cobertura de servicio telefónico fijo, porcentaje de hogares a los que les recogen la basu-ra. ii) Educación. Tasa de alfabetismo, tasa de asistencia escolar de las personas de 5 a 11 años, tasa de asis-tencia escolar de la población de 12 a 17 años, tasa de asistencia escolar de la población de 18 a 23 años. iii) Salud. Proporción de personas afiliadas a salud, proporción de personas afiliadas al régimen contributivo, porcentaje de la población con limitaciones permanentes, razón niño mujer de la población (menores de 5 años en el municipio sobre el total de mujeres en edad fértil), porcentaje de la población que estuvo enferma en el año anterior al censo. iv) Trabajo. Proporción de personas mayores de 15 años que trabajan, porcentaje de la población de 18 a 65 años que trabaja o ya es pensionada. v) Condiciones de la vivienda. Porcentaje hogares con 2.5 personas o más por dormitorio, porcentaje de hogares con vivienda propia, porcentaje de hogares que cocinan con agua proveniente de acueducto, porcentaje de viviendas con paredes adecuadas (pa-redes de ladrillo o bloque), porcentaje de viviendas con pisos adecuados (madera pulida, alfombra, baldosa, tableta, etc.), porcentaje de hogares con sanitario conectado a alcantarillado o pozo séptico. 25/ Establecimientos comerciales, establecimientos industriales, establecimientos de servicios, identificación de productos de exportación. 26/ Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, ingresos propios, grado de dependencia fiscal, otros ingresos, gasto por persona. 27/ Servicios administrativos municipales (secretarías, personerías, notariado, policía, iglesia, juzgados, cárce-les, juntas de acción comunal, bienestar familiar, gremios, cooperativas, entidades y servicios financieros, asistencia técnica). Servicios administrativos departamentales y nacionales (corporaciones regionales, Inat, Incoder, ICA, Corpoica, empresa de servicios públicos, licores, beneficencia, contraloría, procuraduría, defen-soría, fiscalía, secretaría de tránsito, medicina legal, Dian, Banco de la República, Cámara de Comercio). 28/ En los movimientos de carga se hizo la diferencia entre los sectores pecuario, agrícola, manufacturero y minero.

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sis de componentes principales (ACP) encontramos el factor que más incide en cada una de las variable 29/. El análisis de componentes principales (ACP) busca un conjunto de nuevas varia-bles (Y1, Y2, …, Yp) a partir de las existentes (X1, X2, …, Xp), de tal forma que ca-da variable Yk se pueda expresar como 24. Yk = γk1X1 + γk2X2 + … + γkpXp Los componentes principales se ordenan dependiendo de la variabilidad que puedan captar, así que Var(Y1) ≥ Var(Y2), y de manera más general, Var(Yk) ≥ Var(Yk+1), siendo k = 1, 2, …, p - 1. Sea l un entero positivo, tal que k + l ≤ p. El ACP garan-

tiza, además, que ∑ ∑== =

p

1k

p

1kkk )X(Var)Y(Var .

Aunque el nuevo tamaño, de dimensión p, es menor que el inicial de dimensión n, puede continuar siendo muy grande. Por esta razón es importante analizar el poder

explicativo que tiene cada componente con respecto al total, ∑=

p

1kk

k

)Y(Var

)Y(Var . Se prefie-

re la componente con mayor poder explicativo. Se busca la solución que maximice la relación de varianza del primer componente principal, con respecto a la variación

total, pero sujeto a la restricción 1p

1j

2j1 =∑γ

=.

La segunda componente principal es una combinación lineal ponderada de las varia-bles observadas que no están correlacionadas con la primera. Capta la mayor varia-bilidad que no fue absorbida por la primera componente. La construcción de las otras componentes principales conserva las mismas restricciones, de tal forma que, la k-ésima componente es tal que tiene la varianza más grande entre todas las si-guientes que se puedan construir. El ACP se le aplicó a las variables que hacen parte del ICM, y la primera componen-te se convierte en el indicador sintético. Para la construcción de cada uno de los 6 índices (Ij) se tuvo en cuenta que: i) El índice contenga el menor número de varia-

29/ Se trata del factor con mayor ponderación en la conformación del primer componente principal.

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bles posible. ii) Todos los coeficientes del indicador sean positivos. iii) Esté con-formado por variables con un peso lejano de cero. Hemos estandarizado el indicador final. Sea Iij el indicador i (siendo i = 1, …, 6) pa-ra el municipio j. Ii min es el menor valor del indicador sintético i. Construimos un nuevo indicador Zij = Iij - Ii min, de tal forma que Zi min = 0, Zi max = Ii max - Ii min. Para evitar los valores negativos, Zij = Iij - |Ii min|. Posteriormente calculamos la relación entre los valores máximos y mínimos.

25. I I I

I I

Ponderamos las variables de tal manera que el municipio con los mayores valores tiene un indicador de 100 puntos. La capacidad municipal (CM) sería, entonces,

26. 12.0*I20.0*I

10.0*I15.0*I08.0*I35.0*ICM

65

4321

+++++=

Así que, 27. ICMICMICMICMICM 6j5j3j1jj +++= A nivel municipal, el impacto de la mina sería 28. ψ* = ψ - λ = ICMj,t-z - ICMj,t También se podría estimar el impacto mediante una regresión del tipo, 29. ε+β+β+β= t,j

Bt,j1

At,j10t,j MMICM

ICMj,t es el índice de capacidad del municipio j en el momento t. MA

t,j representa

los municipios con alta presencia de minas, y MBt,j los municipios con baja presen-

cia de minas. Como son variables dummy, toman el valor de 1 cuando hay minas y de cero cuando no hay.

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 26

Las regiones que incluimos en el estudio tiene historias de exclusión que crean con-diciones que propician el conflicto. El ICM es un indicador muy comprehensivo, pero no se encuentra a nivel de cada comunidad. 4. EL SUJETO REPRESENTATIVO

Para determinar el sujeto representativo combinamos la información obtenida en los talleres con los datos de la Geih. El diagrama (figura 3) resume el procedimiento y el punto de llegada. Es una representación simplificada de las ecuaciones que desarrollamos en la sección ante-rior. TL es la información de los talleres. EH representa las encuestas de hogares. Gracias a la encuesta realiza-da en los talleres es posible encontrar en la EH un agen-te representativo (AR) de la persona tipo de la comuni-dad. De los talleres obtuvimos dos tipos de informa-ción. Una relacionada con producción (hectáreas, tipo de producto, estacionalidad, etc.), y la otra con el ingre-so (Y). En ambos casos se preguntó por las condiciones antes y después de la mina. Estimamos la pérdida de los

ingresos teniendo como criterio las hectáreas dejadas de cultivar ψH, y la pérdida de ingresos reportada directamente por las personas en el taller ψY. En ambos casos el valor tiene como referente el agente representativo. A partir del trabajo de campo es posible tener información de 409 hogares 30/. El 71.6% de los entrevistados en los talleres eran los jefes de los hogares, con una edad promedio de 49 años. El 28.4% restante también respondió las preguntas sobre los jefes del hogar al que pertenecían. Reiteremos que no se trata de una muestra pro-babilística de hogares afectados por las minas antipersona, y, por tanto, se deben to-mar los resultados como indicativos de las situaciones analizadas. A la pregunta de si alguna persona del hogar ha presentado accidentes con minas, 22 hogares (5.4%) dijeron que sí, y 387 (94.6%) que no. El número promedio, por hogar, de personas fallecidas por causa de minas es 0.4 personas. En promedio por hogar, 0.4 personas dejaron de asistir a un centro educativo por causa de la presencia de minas.

30/ 8 de Catatumbo, 167 de Montes de María, 29 de Nariño y 205 del Oriente Antioqueño.

Figura 3

Diagrama del cálculo de pérdidas

ψH

Has.

TL AR EH

Y

ψY

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 27

Los formularios se diseñaron de tal manera que las preguntas fueran lo más parecidas posibles a las de las encuestas nacionales (censo, Geih, etc.). Resumimos algunas de las preguntas que nos sirvieron para carac-terizar el hogar. El cuadro 2 resume las frecuencias relativas al servicio sanitario. El 12.2% reportó que dispone de un sanita-rio sin conexión, lo cual refleja una situa-ción precaria de estas familias. El 48.4% de los hogares respondió que cuenta con

inodoro conectado a pozo séptico. El cuadro 3 contiene la composición y tamaño de los hogares entrevistados. El tamaño promedio de los hogares an-tes de la presencia, o de la sospecha de la existencia de minas era 6 personas. En el momento de la entrevista el ta-maño promedio fue 4.8 personas. Habría entonces una reducción de 1.2 personas en promedio. Como expli-camos en la metodología, intentamos centrar la atención en el efecto minas. Y el desplazamiento debido a las minas podría ser, en promedio, de 0.2 personas por hogar. La disminución del número de personas tiene otras explicaciones: el conflic-to, los procesos normales de abandono del hogar por parte de los adolescentes, etc. El número promedio de menores de edad antes de la presencia de minas era 2.5, y hoy es 1.9. La misma tendencia decreciente se observa en el número promedio de personas que estudian por hogar: antes de la presencia de minas era 2.1, y ahora es 1.6. No se aprecia una reducción importante en el número promedio de personas que trabajan en el hogar: antes 2.0, y ahora 1.6. El 91% de lo hogares entrevistados reportó personas afiliadas al régimen subsidiado, y apenas el 10.3% informó que tenía personas en el régimen contributivo. El servicio de mayor cobertura en las comunidades visitadas fue el de energía eléc-trica [42 comunidades]. La calidad es muy heterogénea. Existe acueducto en 18 comunidades, alcantarillado en 2, telefonía celular en 18, teléfono fijo en 4, recolec-ción de basuras en 4. En general, las comunidades del Oriente Antioqueño (OA) son

Cuadro 2

Servicio sanitario con que cuentan los hoga-res

No. % Inodoro conectado a alcantarillado 29 7.1 Inodoro conectado a pozo séptico 198 48.4 Inodoro sin conexión 50 12.2 Letrina 19 4.7 A campo abierto 84 20.5 No tiene servicio sanitario 29 7.1

Fuente: Encuesta COL-LIS (2010)

Cuadro 3

Composición y tamaño del hogar

Antes Hoy Nº de personas en el hogar 6.0 4.8 ¿Cuántos son menores de edad? 2.5 1.9 ¿Cuántas personas del hogar trabajan? 2.0 1.8 ¿Cuántas personas del hogar estudian? 2.1 1.6

Fuente: Encuesta COL-LIS (2010)

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 28

las que tienen mejor oferta de servicios. También constatamos que por lo menos 56 de las 60 comunidades disponen, al menos, de una institución educativa. De nuevo, las mejores condiciones están en el OA.

El cuadro 4 resume las principales fuen-tes de ingresos de los hogares. Tanto antes de las minas antipersona, como ahora, corresponden a los ingresos labo-rales obtenidos por jornaleros o peones, y los obtenidos por trabajadores inde-pendientes. En ambos momentos más del 80% de los hogares reportaron estas dos fuentes de ingresos como las princi-pales. El ingreso promedio por hogar mues-

tra una reducción del 42%, al pasar de $467.500 a $271.200, a pesos constantes de 2009 (este es el valor ψY de la figura 3). El cambio es significativo. De nuevo, la interpretación debe ser cuidadosa porque el “antes” depende de cada comunidad, y en los años transcurridos se presentan fenómenos covariantes, distintos a las minas, que tendrían que analizarse. De todas maneras, sí hay claros indicios - tanto por el lado del ingreso de las personas, como por el de las has. perdidas - que el efecto mi-na es muy relevante.

La principal actividad del jefe, tanto antes de la presen-cia de minas, como en el momento de la entrevista, ha sido trabajar ( 86.6% y 83.1% respectivamente). El porcentaje de jefes que buscan trabajo se incrementó en-tre los dos momentos de 2.4% a 5.1% (cuadro 5).

Cuadro 4

Fuentes de ingresos de los hogares

Antes Hoy Obrero, empleado en empresa particular 2.2 3.4 Obrero, empleado del gobierno 3.2 3.7 Jornalero o peón 38.6 34.1 Empleado doméstico 0.7 0.5 Profesional independiente 0.7 0.7 Trabajador independiente-cuenta propia 45.0 46.6 Patrón o empleador 1.5 0.7 Otro. ¿Cuál? 6.6 8.8 Ns/Nr 1.5 1.5

Fuente: Encuesta COL-LIS (2010)

Cuadro 5

Ocupación del jefe

Antes Hoy Trabajar 86,6 83,1 Buscar trabajo 2,4 5,1 Estudiar 2,4 0,5 Oficios del hogar 6,1 6,6 Pensionado 0,2 1,5 Otra actividad. 2,2 3,2

Fuente: Encuesta COL-LIS (2010)

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 29

El nivel educativo del jefe del hogar se aprecia en el cuadro 6. El 44.6% de los jefes de hogar tienen como nivel educativo la básica primaria incompleta; apenas el 22.6% reportaron como máximo nivel educativo alcanzado el nivel de básica primaria completa y sólo 4.2% reporta-ron nivel secundaria completa. Estas características de los hogares nos mues-tran que son familias pobres. A partir de la in-formación disponible proponemos este hogar tipo: 5 personas en promedio, de las cuales 2 son menores. El jefe de hogar es un hombre de 47 años de edad, con nivel educativo primaria básica incompleta, y que se dedica principalmente a trabajar como independiente o jornalero en actividades agrícolas. De allí deriva su principal fuente de ingreso, que ahora puede estar alrededor de 1/2 salario mínimo mensual en promedio. Antes de la presencia de las minas su in-greso promedio mensual era de 0.9 salarios mínimos. Todos los integrantes del hogar están afiliados al régimen subsidiado de seguridad social en salud. Estas son las características del agente representativo (AR) de la figura 3.

Cuadro 6

Nivel educativo jefe del hogar

No. %

Básica primaria completa 92 22,6 Básica primaria incompleta 182 44,6 Básica secundaria completa 17 4,2 Básica secundaria incompleta 32 7,8 Educación media completa 14 3,4 Educación media incompleta 2 0,5 Superior completa 8 2,0 Superior incompleta 3 0,7 Ninguna 58 14,2

Fuente: Encuesta COL-LIS (2010)

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 30

5. LAS REGIONES Hacemos una descripción de las características socioeconómicas de las regiones y en ese contexto estimamos el valor ψH de la figura 3. 5.1. LOS MONTES DE MARÍA (MMA) El CID, en el contexto de Odecofi, está realizando estudios sobre la existencia de re-gión en algunas zonas del país. Ya encontró que en Montes de María (MMA) no hay región (González, Cardozo, Maldonado, Angulo y López 2009) 31/, y que esta fractura ha favorecido la consolidación de las dinámicas violentas. En MMA no existe ni un polo atractor, ni dinámicas convergentes entre los municipios. A conti-nuación hacemos una breve caracterización de los MMA. La región de los Montes de María comprende 7 municipios del sur del Departamen-to de Bolívar 32/ y 8 del Departamento de Sucre 33/. En el 2005 la población era de 336.434 personas. En la metodología explicamos que uno de los criterios para de-terminar la incidencia relativa de las minas, es el conocimiento de las condiciones de vida de la población afectada. El ejercicio puede hacerse con información censal. Destacamos, entre otras variables, el porcentaje de cobertura de viviendas con co-nexiones de energía, agua y alcantarillado, que sólo alcanza el 12.8% (González, Cardozo, Maldonado, Angulo y López 2009). Esta cifra es muy baja, comparada con las coberturas de los departamentos de Bolívar (43.5%) y de Sucre (45.2%). Con respecto a Bogotá, que tiene coberturas superiores al 95%, el rezago de MMA es significativo. Otros indicadores socioeconómicos confirman el notable atraso de MMA. Por ejemplo, el 71% de la población tiene alguna NBI, y el 26% es analfabe-ta 34/.

31/ Tampoco hay región en el Magdalena Medio (MME). Molano (2009) llega a una conclusión similar. El conflicto del MME no es igual al de MMA, pero en ambas condiciones es clara la forma como la exclusión secular se ha convertido en un caldo de cultivo de la violencia. 32/ San Jacinto, Carmén de Bolívar, Guamo, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Córdoba y María la Baja. 33/ Colosó, Chalán, Morroa, Ovejas, San A. Palmito, Palmitos, San Onofre y Tolúviejo. 34/ En el país la tasa de analfabetismo es 9.6% (Dane, Censo 2005).

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 31

Los suelos son muy buenos para la agricultura. No obstante, el 80% de las tierras se destina a la ganadería extensiva. El conflicto militar ha estado acompañado de una mayor concentración de la tierra 35/, de un aumento de la ganadería extensiva y de las plantaciones. Esta dinámica se ha expresado en una disminución de los cultivos de economía campesina. Los principales productos son: yuca, ñame, maíz tecnifica-do, palma de aceite y arroz de riego. Se estima que entre 2003 y 2007, fueron expulsadas de la región unas 49.937 perso-nas. A partir del 2005 el ritmo del desplazamiento disminuye. El desplazamiento dejó 131.000 has. abandonadas (Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María 2008). De acuerdo con el estudio del Pnud (2003), los principales problemas en la región de MMA son: i) Ausencia de gobernabilidad, entendida como la incapacidad de los go-bernantes de conciliar las iniciativas privadas con los propósitos de la política públi-ca. ii) Precariedad institucional, que se refleja en la ineficacia para la provisión de bienes y servicios públicos, en los bajos niveles de planeación y gestión pública, y en el poco control social. iii) La impunidad, que se observa en las profundas caren-cias en el cumplimiento de la justicia, las masacres y los crímenes masivos y conti-nuos que hasta el momento no tienen “responsables” ni aplicación de penas. iv) La exclusión, la pobreza y la marginalidad, que se expresan en la precariedad de las condiciones socioeconómicas de la población montemariana. Concretándonos en la incidencia de las minas, observamos bloqueos en 4 productos: maíz en las comunidades de Hobo, Hato Nuevo, Macayepos, Mesa y San Carlos (Carmen de Bolívar), Guaimaral (Córdoba), San Agustín (San Juan Nepomuceno) y Zambrano; yuca en Hato Nuevo, Macayepos, San Carlos, Santo Domingo de Mesa, Guaimaral, San Agustín y Zambrano; plátano en las comunidades de Hato Nuevo y San Carlos; frutales en Arenas. Puesto que estos cultivos son principalmente para el autoconsumo (pancoger), la reducción del área de cultivo tiene una incidencia dire-cta en la alimentación de la familia. Para calcular las pérdidas económicas generadas en la actividad agrícola por la pre-sencia de minas, conjugamos la información de las comunidades con datos secunda-

35/ La forma de posesión de la tierra es determinante en las condiciones de vida de producción y de consumo. En MMA se ha vivido la tensión entre los terratenientes que tratan consolidar el proceso de concentración de la tierra, y el movimiento campesino, que a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), ha reivindicado una mejor distribución de la tierra, con consignas como “la tierra para quien la trabaja”.

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 32

rios (por ejemplo, rentabilidad por hectárea según tipo de cultivo). Presentamos in-formación de la producción física y de su valor 36/. En total, en los Montes de María, las 10 comunidades afectadas por las minas, dejan de cultivar 348.4 has., que representan una producción de 1.748 toneladas (cuadro 7). Las co-munidades más perjudicadas son: San Carlos (136 has., destinadas a los cultivos de maíz, plátano y yuca) y Zambrano (100 has., de cultivos de maíz y yuca). La última columna representa el valor de la producción perdida, que la estimamos en $1.708 millones. La tercera parte corres-ponde a las pérdidas por plátano en San Carlos ($580 millones). Por habitante, la pérdida sería de $3 mi-llones año y de $292.250 mes (valor ψH de la figura 3, p. 26). El signifi-cado de este valor puede entenderse mejor en el contexto socioeconómi-co del municipio. Para ello hemos estimado el ICM. Una vez se realice una encuesta más detallada - y no sólo una prueba piloto - el ICM se podría estimar para todos los muni-cipios de todas las regiones.

36/ Entre las series de precios que utilizamos, mencionamos la de Corabastos (2010), el Ministerio de Agricul-tura (2010).

Cuadro 7

Comunidades de los Montes de María afectadas por minas. Hectáreas perdidas por las minas, toneladas dejadas de producir y valor perdido al año (millones

de pesos 2010)

Municipio Comunidad Cultivo Has. Prod. afect. (ton.)

Valor millon.

Carmen de Bolívar

El Hobo Maíz 30.0 45.0 22.5

Hato Nuevo Maíz 15.1 22.7 11.3Yuca 3.0 36.0 39.6

Macayepos Maíz 5.0 7.5 3.7Yuca 10.0 120.0 132.0

Mesa Maíz 7.0 10.5 5.2

San Carlos Maíz 20.0 30.0 15.0Plátano 96.0 528.0 580.8Yuca 20.0 240.0 264.0

Domingo Me-sa Yuca 3.0 36.0 39.6

Córdoba Guaimaral Maíz 15.1 25.7 12.8Yuca 12.1 109.2 120.2

San Jacin-to Arenas

Fruta-les 4.0 75.2 150.4

S. Juan Nepomuc. San Agustín Maíz 4.0 7.2 3.6

Yuca 4.0 40.0 44.0

Zambrano Zambrano Maíz 55.0 82.5 41.2Yuca 45.0 333 366.3

348.4 1.748.6 1.708.0

Fuente: Cálculos del CID para COL-LIS. Primero y segun-do contacto 2010. El cuadro combina datos primarios obtenidos de la encues-ta realizada por COL-LIS, y de fuentes secundarias, entre las que mencionamos el Ministerio de Agricultura (2010).

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 33

El cuadro 8 re-sume los valores de nuestro ICM. Para tener el pa-norama general, presentamos el conjunto de mu-nicipios y no sólo los que han reci-bido el impacto de las minas. El orden está en función de los puntajes de la última columna. La mejor situa-ción es la de Tolú Viejo, y le sigue Carmen de Bolí-var. El municipio en la peor condición es Córdoba. Debe tenerse presente que en el conjunto del país estos puntajes son muy bajos. Se trata, entonces, de municipios con muy poco nivel desarrollo. Y, peor aún, no han consolidado dinámicas que permitan la convergen-cia. Al no existir una región (polo atractor más convergencia) en MMA, estos mu-nicipios tienen una alta probabilidad de generar procesos endógenos perversos. Ob-viamente, el conflicto armado ha agudizado aún más la precariedad de las condicio-nes de vida de los habitantes de MMA.

Cuadro 8

Indices de capacidad de los municipios que hacen parte de los Montes de María (2009)

Índices I1 I2 I3 I4 I5 I6

Municipio Infr. Soc Prod Fiscal Func Or-Des Tot Tot*

Tolu Viejo 1.57 2.24 0.24 5.68 0.95 0.20 10.88 100.0 Car. de Bolivar 3.61 0.90 1.01 0.39 3.60 0.13 9.65 88.7 San Jacinto 0.67 2.31 0.74 3.91 0.08 0.01 7.72 71.0 Coloso - 1.76 0.01 5.04 0.22 - 7.02 64.5 San Onofre 1.11 0.65 0.40 1.77 0.77 0.19 4.89 44.9 Ovejas 0.08 2.37 0.16 2.24 0.18 0.05 5.08 46.7 J. Nepomuceno 0.34 2.88 0.46 0.65 0.08 0.36 4.76 43.8 Los Palmitos 0.01 2.61 0.39 - 0.10 0.36 3.47 31.9 Zambrano 1.04 2.32 0.40 0.16 0.19 0.05 4.14 38.1 Maria la Baja 1.03 1.32 0.60 0.94 0.01 0.15 4.05 37.2 Chalan - 1.71 - 1.26 - 0.04 3.01 27.7 Morroa 0.03 1.25 0.08 1.45 0.14 0.00 2.94 27.0 El Guamo 0.02 1.03 0.03 0.63 0.07 0.36 2.14 19.7 Palmito 0.11 - 0.07 1.92 0.01 0.01 2.13 19.6 Cordoba 0.48 0.33 0.14 0.95 0.04 0.05 2.00 18.4 Los municipios sombreados son los del cuadro 7 (p. 32). Tot* significa puntaje estandarizo. Los municipios se ordenaron de acuerdo con este puntaje. Fuente: González, Cardozo, Maldonado, Angulo y López (2009)

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Para reafirmar las precarias condiciones de vida de las personas que viven en estos municipios, mostramos el porcentaje de per-sonas con necesidades básicas insatisfechas (NBI). El mejor municipio es los Palmitos y el peor San Jacinto (cuadro 9). De-bería decirse, mejor, que el Guamo es el municipio que menos mal está. Como punto de referencia debe tenerse presente que en el 2005, el porcentaje de NBI para el conjunto del país era 27.63%, y para las 13 áreas metropolitanas de 19.51%. El cuadro 10 resume los principales ingresos fiscales de los mu-nicipios de MMA. Los recursos tributarios relevantes son predi-al, industria/comercio y la sobre tasa a la gasolina. Los principa-les ingresos de las localidades son predial e industria/comercio. El cuadro 11 muestra las participaciones del predial y del im-puesto de industria y comercio en los ingresos corrientes. Las participaciones son muy bajas.

Como explicábamos en la parte metodológica, la única forma de entender lo que podría estar pasando a nivel de las comunidades visitadas es a través de las respues-tas que nos dieron los participantes en los talleres. Además de los comentarios que

Cuadro 9

Porcentaje de per-sonas con alguna necesidad básica

insatisfecha (NBI) - MMA - 2005.

Los Palmitos 54.7Ovejas 55.5Toluviejo 55.8Zambrano 55.9Guamo 59.1Maria la Baja 60.0Morroa 61.5San Onofre 65.1Juan Nepomuceno 67.9Córdoba 70.2Chalan 71.0Palmito 73.4Coloso 81.5Carmen de Bolívar 93.4San Jacinto 94.4 Fuente: Dane, Censo 2005

Cuadro 10

Ingresos de los municipios de los Montes de María (MMA). Millones de pesos corrientes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos totales 55.944 78.831 111.521 83.345 99.035 87.515 73.067 107.243 163.130 1. Ingr. corrientes 47.493 61.099 82.723 73.902 89.624 80.749 66.088 94.266 145.069 1.1 Tributarios 1.616 3.004 3.515 3.787 4.249 5.302 5.462 15.708 8.412 1.1.1. Predial 488 918 1.053 1.073 1.474 1.346 1.613 3.649 2.943 1.1.2. Ind. comercio 203 650 719 734 882 1.030 1.484 6.417 1.931 1.1.3. Sob. gasolina 614 1.109 1.019 1.135 1.156 1.992 1.027 987 1.472 1.1.4. Otros 310 328 725 845 737 934 1.338 4.655 2.066 1.2. No tributarios 290 678 2.357 1.248 1.499 452 765 1.921 630 1.3. Transferencias 45.588 57.417 76.851 68.867 83.876 74.995 59.860 76.637 136.027 1.3.1. Nacionales 4.478 7.839 8.124 12.059 9.052 8.288 7.306 9.092 11.967 1.3.2. Otras 2 - - 68 - 3 151 213 108 1.3.3. SGP 41.108 49.578 68.727 56.739 74.824 66.703 52.403 67.332 123.953 2. Ingresos capital 8.451 17.731 28.798 9.443 9.411 6.766 6.979 12.976 18.061 2.1. Regalias 3.749 6.163 9.226 7.240 8.924 5.168 5.621 8.797 16.107 2.2. Cofinanciacion 734 1.132 8.560 869 155 349 584 1.614 783 2.3. Otros 3.968 10.436 11.012 1.334 332 1.250 774 2.565 1.171 SGP son los recursos del sistema general de participaciones. En todos los casos, se trata de ejecuciones presupuestales Fuente: Cálculos de CID para Odecofi a partir de la Contraloría General de la República (CGR) y del DNP.

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El impacto socioeconómico de las minas antipersonal... - CID para COL-LIS - 09/10/2010 - 35

hicimos a propósito de la educación, observamos en el mo-mento de la entrevista, el 75% de las comunidades cuenta, por lo menos, con una infraestructura en salud 37/. La existencia de la infraestructura no quiere decir que el funcionamiento sea adecuado 38/. No hay ningún servicio de salud en: Corralito, Hato Nuevo, Las Palmas, Mesa, San Agustín y Santo Domin-go. 5.2. EL ORIENTE ANTIOQUEÑO (OA) Comenzamos con una breve descripción del OA. Allí hay cuatro subregiones: Bosques 39/, Embalses 40/, Páramos 41/ y Valle de San Nicolás (o Altiplano) 42/. Incluyen 23 munici-pios, que ocupan el 11% del territorio departamental (7.021 km2). El OA tiene 552.906 habitantes, equivalentes al 9.2% de la población del departamento de Antioquia. En el período intercensal (1993 y 2005) el departamento de

Antioquia se ha urbanizado. En 1993 el 70.1% de la población vivía en el resto y el 29.8% en las cabeceras. En el 2005 la relación fue de 64.1% y 35.8%, respectiva-mente. Las diferencias entre las subregiones son evidentes. Los mayores niveles de urbanización se han presentado en el Valle de San Nicolás 43/. La producción tiene encadenamientos con las empresas del área metropolitana de Medellín. El OA, es-pecialmente el Altiplano, abastece productos agrícolas, materias primas y bienes in-termedios al área metropolitana del Valle de Aburra y Medellín. 37/ La categoría “infraestructura” en salud es muy ambigua. Incluye: centro de salud, puesto de salud, promo-tores de salud, hospital, farmacia, presencia de la Cruz Roja. 38/ De hecho, en 38% de las comunidades que dijeron tener infraestructura de salud, en el 38% no funciona. 39/ Los municipios de Cocorná, San Francisco y San Luís. 40/ Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, Peñol, San Carlos y San Rafael- 41/ Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón. 42/ Carme de Viboral, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, San Vicente y Santuario. 43/ Los elementos básicos del diagnóstico hacen parte del estudio CID-Odecofi.

Cuadro 11

Montes de María. Participación (%) del

predial y de industria y comercio en los ingre-

sos corrientes

Pr/Corr IC/Corr 2000 1.03 1.03 2001 1.50 1.50 2002 1.27 1.27 2003 1.45 1.45 2004 1.64 1.64 2005 1.67 1.67 2006 2.44 2.44 2007 3.87 3.87 2008 2.03 2.03 Pr. es el impuesto predial, Corr. son los ingresos corrientes, IC es el impuesto de industria y comercio. Fuente: Cuadro 10

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Entre 19993 y 2005, los municipios de San Carlos, Granada, Alejandría y San Rafa-el tuvieron una reducción de su población cercana al 50%, en gran parte debido al desplazamiento forzado (Marín 2008) 44/. Los municipios del Altiplano son los que registran mayor crecimiento poblacional: Guarne (68%), La Ceja (66%), La Unión (64%), Rionegro (53%), Marinilla (46%) y Retiro (45%). En general, la población presenta una tasa de crecimiento negativa en las subregiones de los Embalses y del Páramo, mientras que el Altiplano el crecimiento es superior al promedio departa-mental. El OA Es una región estratégica en el desarrollo regional y nacional por su biodiver-sidad, climas, suelos y, fundamentalmente, por disponer de un importante sistema eléctrico, energético y vial, tanto local como nacional (Gómez 2000). Abastece de agua, energía hidroeléctrica, alimentos, e insumos para la transformación industrial al departamento de Antioquia y al Valle de Aburrá. Se caracteriza también por su alta actividad turística alrededor de los embalses, por el cultivo de flores para expor-tación, y por el desarrollo de la industria manufacturera. En general, las condiciones de vida de los municipios del OA son mejores que las observadas en MMA, tanto por los resultados del ICM (cuadro 12), como por el por-centaje de NBI (cuadro 14).

44/ Según los registros de la Red de Solidaridad Social, entre 1995 y el 2002, el oriente expulsó cerca de 40.109 personas que representan el 6.8% de la población regional. Solamente en el 2002 salieron 14.998 per-sonas.

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El cuadro 12 presenta el índice de capacidades. Los valores son equivalentes a los del cuadro 8 (p. 33), y siguen la misma metodología. Medellín no es del OA, pero incluimos su pun-taje como referencia para mostrar Rionegro, que es la princi-pal ciudad del OA converge hacia Medellín y, además, tiene una centralidad que hala la dinámica de la subregión del Alti-plano. El círculo virtuoso que se ha creado en el OA ha per-mitido compensar algunos de los daños causados por el con-flicto armado.

En el Oriente Antioqueño ob-servamos obs-trucción en cin-co tipos de cul-tivos: yuca (60 has.), plátano (40 has.), frijol (50 has.) y maíz (50 has.), café (25 has). El re-sumen de las pérdidas se pre-senta en el cua-dro 13 45/. En total se dejan de cultivar 413.5 has., que equivalen a $510.1 millones. Debe tenerse en cuenta que, con ex-cepción de pino, estos productos hacen parte de la canasta de consumo básica.

Ello significa que además del daño económico directo, las minas también afectan la seguridad alimentaria de las comunidades. Las pérdidas, mes/habitante, son muy altas. En el Choco la pérdida mensual sería de $118.529, equivalente al 44% del ingreso promedio de un jefe de hogar representati-vo. Y en Salambrina es de $373.137, que equivaldría al 138% del ingreso promedio del jefe de hogar representativo (valor ψH de la figura 3, p. 26).

45/ No incluimos el valor de la producción de pino porque la información disponible es poco confiable.

Cuadro 12

Indice de capacidad de los municipios (ICM)

del Oriente Antioqueño (2009)

Medellin 100.0 Rionegro 95.3 Marinilla 48.4 Guarne 39.1 El Santuario 35.8 La Ceja 34.0 Carmen Viboral 26.4 La Union 21.4 Retiro 21.2 Cocorna 14.7 San Vicente 14.1 Peñol 13.6 Granada 12.3 Sonson 11.8 San Rafael 11.0 San Luis 10.6 Abejorral 10.5 San Carlos 10.0 Guatape 5.7 Nariño 4.8 Alejandria 3.8 Argelia 1.8 Concepcion 1.2 San Francisco 1.1 La metodología es la misma que la del cuadro 8 (p. 33). Fuente: Cálculos del CID - Odecofi-

Cuadro 13

Comunidades del Oriente Antioqueño afectadas por minas. Hectáreas perdidas por las minas, to-

neladas dejadas de producir y valor perdido al año (millones de pesos 2010)

Municipio Comunidad Cultivo Has.

Prod. afecta-da (ton.)

Valor (mill.)

San Carlos El Chocó Café 25 20 129.4Carmén Vi-boral La Chapa Pino 5 7.5

San Luis Salambrina

Yuca 60 246 270.6Plátano 40 40 32.1Maíz 50 30 15.0Frijol 50 70 63.0

230 413.5 510.1 Fuente: Cálculos del CID para COL-LIS. Primero y se-gundo contacto 2010. El cuadro combina datos primarios obtenidos de la en-cuesta realizada por COL-LIS, y de fuentes secunda-rias, entre las que mencionamos el Ministerio de Agri-cultura (2010).

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En términos del NBI (cuadro 14), el OA está mucho mejor que MMA (cuadro 9, p. 34). El peor municipio del OA, San Fran-cisco [49.9%], tiene un NBI inferior al mejor municipio del MMA, Los Palmitos [54.7%]. Estas condiciones favorables también se reflejan en las respuestas que obtuvimos en el trabajo de campo. En el momento de la entrevista, el 91.7% de las co-munidades cuenta, por lo menos, con una infraestructura en sa-lud. En algunas comunidades advierten que el acceso es distante y difícil. El cuadro 15 muestra el ICV de los municipios del OA. Al final hemos incluido a Medellín para tener un punto de referencia. La situación de estos municipios es muy superior a la de MMA, Catatumbo y Nariño. Los cuadros 16 y 17 resumen la situación fis-cal de los municipios del OA. La participa-ción del predial en los ingresos corrientes es considerablemente mayor que la de MMA, Ca-tatumbo y Nariño. Reiteramos nuestra consta-tación anterior: mientras mayor sea la capaci-dad de la función distributiva, mejores son las

condiciones de vida de la población.

Cuadro 14

Porcentaje de per-sonas con alguna necesidad básica

insatisfecha (NBI) - OA - 2005

Retiro 12.2 Rionegro 12.5 La Ceja 13.8 Guatapé 14.5 Marinilla 14.6 Guarne 17.7 Carmen de Viboral 18.0 La Unión 18.4 Santuario 20.7 Peñol 21.5 Concepción 25.9 Granada 27.3 San Vicente 29.9 San Carlos 32.4 Alejandria 33.1 San Luis 33.6 Sonson 33.7 Abejorral 33.9 Nariño 34.2 San Rafael 35.1 Cocorná 36.2 Argelia 39.0 San Francisco 49.9 Fuente: Dane, Censo 2005

Cuadro 15

Indice de condi-ciones de vida

(ICV) - OA - 2005

Carmen Viboral 76.85Guarne 73.95La Ceja 82.99La Unión 73.54Marinilla 79.03El Retiro 79.40Rionegro 85.22San Vicente 59.63El Santuario 76.04Cocorná 60.22San Francisco 58.74San Luis 67.23Alejandría 67.18Concepción 62.32Granada 68.02Guatapé 81.93El Peñol 72.72San Carlos 71.42San Rafael 67.23Abejorral 60.09Argelia 60.76Nariño 61.47Sonsón 67.32Medellìn 87.71 Fuente: Cálculos del CID a partir de DNP, Dane, Censo 2005

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Los logros son muy desiguales, porque las condiciones del Altiplano son muy distintas a las de las demás regiones. El conflicto interno ha tenido un impacto muy negativo en el OA. Los municipios de la zona se han visto afectados por: desplazamiento, bloqueos, existencia de campos mi-nados, incidentes y accidentes por minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (Muse), vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados, masacres, homicidios, secuestros, amenazas, atentados y muertes se-lectivas.

Cuadro 16

Ingresos de los municipios del Oriente Antioqueño. Millones de pesos corrientes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos totales 155.398 157.036 183.325 181.351 190.190 222.259 243.964 319.142 341.885 1. Ingr. corrientes 133.311 134.932 149.047 151.248 161.879 179.747 205.371 247.604 277.628 1.1. Tributarios 37.971 38.574 43.411 47.288 56.727 66.345 80.067 104.142 123.344 1.1.1. Predial 12.751 15.047 16.005 20.147 21.991 25.767 29.301 32.070 33.891 1.1.2. Ind. comercio 13.760 11.802 12.108 13.129 15.816 17.429 21.155 26.661 29.667 1.1.3. Sob. gasolina 4.072 4.781 4.907 6.380 3.472 9.471 11.797 13.416 14.566 1.1.4. Otros 7.388 6.943 10.392 7.631 15.448 13.679 17.814 31.995 45.221 1.2. No tributarios 13.715 13.570 11.530 12.507 12.140 15.054 14.770 16.751 16.449 1.3. Transferencias 81.624 82.788 94.106 91.453 93.013 98.348 110.534 126.710 137.836 1.3.1. Nacionales 8.567 8.042 8.267 9.457 10.741 9.933 11.019 11.573 14.797 1.3.2. Otras 7.230 9.085 10.224 2.486 1.319 1.562 1.995 1.417 1.408 1.3.3. SGP 65.827 65.661 75.615 79.511 80.952 86.853 97.520 113.720 121.630 2.Ingresos capital 22.087 22.104 34.278 30.104 28.311 42.512 38.593 71.538 64.257 2.1. Regalias 262 1.704 1.561 677 905 576 137 229 344 2.2. Cofinanciacion 3.457 3.005 7.585 4.963 3.121 6.381 27.770 55.082 46.058 2.3. Otros 18.367 17.395 25.132 24.463 24.285 35.554 10.686 16.227 17.856 SGP son los recursos del sistema general de participaciones. En todos los casos, se trata de ejecuciones presupuestales Fuente: Cálculos del CID para Odecofi a partir de la Contraloría General de la República (CGR) y del DNP.

Cuadro 17

Oriente Antioqueño. Parti-cipación (%) del predial y de industria y comercio en

los ingresos corrientes

Pr/Corr IC/Corr

2000 9.6 10.3 2001 11.2 8.7 2002 10.7 8.1 2003 13.3 8.7 2004 13.6 9.8 2005 14.3 9.7 2006 14.3 10.3 2007 13.0 10.8 2008 12.2 10.7 Pr. es el impuesto predial, Co-rr. son los ingresos corrientes, IC es el impuesto de industria y comercio. Fuente: Cuadro 16

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5.3. EL CATATUMBO Por razones de seguridad, no pudimos terminar el trabajo de campo en las regiones de Catatumbo y Nariño. No se visitaron todas las comunidades que se habían pla-neado. Aunque en ambas regiones hubo problema, el trabajo avanzó un poco más en Nariño. Los datos corresponden a Tibú (Petrolea) en la región de Catatumbo, y Tumaco y Barbacoas en el departamento de Nariño. Para estimar las pérdidas se-guimos una metodología similar a la de MMA. Las características el conflicto están asociadas, además del tipo de actor, a las carac-terísticas geográficas y económicas de las regiones, incluyendo las actividades ilíci-tas como el narcotráfico, los cultivos ilícitos, el transporte de armas, entre otros. En este contexto, la colocación de minas es parte de la estrategia de control del territo-rio. El Catatumbo es una de las tres subregiones 46/ que componen el departamento de Norte de Santander. La subregión Catatumbo (SRC) 47/ es ser montañosa y selváti-ca, con altas precipitaciones y clima húmedo. En la SRC está el parque natural “Ca-tatumbo Bari”, que tiene 158.000 has. y colinda con los resguardos indígenas Mo-tilón Bari y Cataluña. En el Norte de Santander la presencia de grupos armados es significativa a partir de los 80 48/. Hay diversos factores que explican esta dinámica violenta. Mencionamos algunos: la producción de coca y petróleo, la estratégica ubicación con respecto a Venezuela, la pobreza y la desigualdad. En el Norte de Santander operaban principalmente dos estructuras paramilitares que hacían parte del Bloque Norte comandado por Salvatore Mancuso. La primera, el Bloque Móvil Catatumbo, establecido en los municipios de Tibú, en la zona de La 46/ Las otras dos subregiones son Motilones (Serranía de los Motilones) y Santurbán (Nudo de Santurbán). 47/ La SRC está conformada por diez municipios: Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calix-to, Sardinata, La Playa, Ocaña y Teorama. 48/ Al comienzo está la guerrilla. Los paramilitares llegan en los noventa. El ELN tiene presencia en la re-gión desde 1976, con los frentes Camilo Torres, asentado particularmente en la serranía del Perijá, y el frente Carlos Armando Cacua Guerrero, que integraban el denominado Frente de Guerra Nororiental, reconocida como la unidad mayor más importante de este grupo. El ELN también hace presencia en la región con las compañías “Héroes del Catatumbo”, “Colectivo Héctor” y “Comandante Diego”. En los ochenta las Farc tie-nen presencia en el Catatumbo a través del Frente 33, y de las columnas móviles “Resistencia del Barí” y “Ar-turo Ruiz”.

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Gabarra, El Tarra, Hacarí y San Calixto, con influencia en municipios como Teora-ma, Convención y El Carmen. El segundo bloque, “Frente la Gabarra”, se asentó en los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, San Calixto, Convención y Teorama, con fuerte influencia en 11 municipios del departamento. En la segunda mitad de los noventa, y con la escalada expansiva de los grupos paramilitares y de autodefen-sas, el Catatumbo se consolida como el territorio estratégico de estos grupos para acceder al control territorial de la región norte del país que va desde el Catatumbo hasta la zona de Urabá. En el 2005 los grupos paramilitares de la región del Cata-tumbo se acogen al proceso de desmovilización. Sin embargo, igual que sucedió en el resto del país, se crearon los denominados grupos “neoparamilitares”. La presen-cia del Estado se ha reducido a brindar protección a la infraestructura petrolera” (Ce-rac, Col Lis 2009). En síntesis, la primera etapa del conflicto abarca el periodo 1999 y 2002, y corres-ponde principalmente a acciones unilaterales y de enfrentamientos entre los grupos del ELN y los paramilitares. La segunda etapa de intensificación del conflicto tiene lugar entre 2003 y 2008. Este último año aumenta la actividad e las fuerzas estata-les, hay una reactivación militar del ELN y de los grupos paramilitares (Cerac, Col-Lis 2009). En el último período los municipios más afectados han sido Ocaña, Tibú, Carmen y Convención.

El cuadro 18 muestra el porcentaje de personas con alguna NBI insatisfecha. El promedio departamental es 30.43%. Con ex-cepción de Cúcuta y Ocaña, el resto de municipios tiene un NBI superior al promedio nacional (27.63%, ver, p. 34). La si-tuación es especialmente precaria en Hacari, San Calixto y el Tarra. Hay población indígena de la comunidad Motilón Barí (familia Arawac), que se concentra principalmente en los mu-nicipios de Carmen, Convención, y Teorama. El resguardo Ca-talaura habita en los municipios de Tibú y el Tarra 49/.

49/ De acuerdo con el Dane, esta población está integrada por 417 familias y 2.739 personas.

Cuadro 18

Porcentaje de perso-nas con alguna nece-sidad básica insatis-fecha (NBI) - Cata-

tumbo - 2005

Cúcuta 23.24Convención 45.10El Carmen 66.53El Tarra 73.11Hacari 79.18La Playa 50.83Ocaña 26.16San Calixto 73.89Sardinata 53.30Teorama 56.53Tibú 56.76Norte Santander 30.43 Fuente: Dane, Censo 2005

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De nuevo (cuadro 19), fuera de Cúcuta y de Ocaña, las condiciones de vida son muy precarias. Las principales actividades económicas de los municipios que con-forman la región del Catatumbo del Departamento de Norte de Santander, están asociadas a la explotación del sector primario, es-pecialmente las relacionadas con la producción agropecuaria y la explotación petrolera y minera. En servicios, sobresale el comercio minoritario ofrecido por pequeños establecimientos de víveres y de productos básicos. Uno de los problemas estructurales de la región es la falta de vías. En el 80% de los municipios no hay integración vial (Loingsigh 2008). La importancia geopolítica y geoeconómica de la región del Catatumbo tiene que ver, además, con las potencia-lidades del comercio (legal e ilegal) que genera la frontera con Ve-nezuela. En cuanto a la producción agropecuaria, predominan los cultivos tradicionales, destinados principalmente al consumo familiar, con bajos rendimien-tos y poco excedente, que se comercializan en los mercados municipales de la re-gión. Se destacan los cultivos de café, cacao, plátano, maíz, yuca, caña, frutales, ce-bolla “ocañera”, fríjol y tomate, con bajos niveles tecnológicos. No obstante, algu-nos cultivos como cebolla, tomate, cacao y café tienen un tecnología relativamente mejor, que les ha permitido una comercial intermunicipal (cebolla y tomate), y na-cional (café y cacao). En la región también se siembra palma en el corregimiento de Campo Dos en el municipio de Tibú 50/. La explotación petrolera, acuífera y de carbón son actividades económicas muy importantes de la región pero por su natura-leza extractiva se caracterizan por ser economías de enclave. Sin duda, la baja cali-dad de vida tiene relación con las dinámicas perversas que ha generado la economía extractiva. En Catatumbo tiene todo el sentido la misma pregunta angustiosa que se hacía De Roux en el Magdalena Medio: “¿Por qué una región tan rica tiene tanta gente en la pobreza?” (Angulo 2009, p. 22). En el sector pecuario se destaca, especialmente en las partes bajas, la ganadería ex-tensiva de doble propósito. Hay problemas en el manejo de suelos, praderas y pastu-ras. Los rendimientos son bajos debido, principalmente, al sobrepastoreo y a la in-tensidad del conflicto. La producción de especies menores (porcícola y avícola) es de menor importancia, y se destina al autoconsumo. La producción agropecuaria de

50/ Este cultivo fue promovido por Carlos Murgas Guerrero, socio mayoritario de la empresa Hacienda Las Flores Ltda y de la planta extractora Catatumbo.

Cuadro 19

Indice de condi-ciones de vida

(ICV) - Catatum-bo - 2005

Cúcuta 82.34Convención 57.15El Carmen 50.97El Tarra 47.90Hacari 40.93La Playa 50.87Ocaña 77.63San Calixto 43.18Sardinata 58.44Teorama 47.52Tibú 58.42 Fuente: Cálculos del CID a partir de DNP, Dane, Censo 2005

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la región no genera excedentes ni volúmenes suficientes para atender las demandas del mercado interno. La región también tiene grandes extensiones de cultivos ilícitos de coca y amapola (2.673 has., en el 2008), particularmente en los municipios de Tibú (1.033 has.), El Tarra (480 has.), Sardinata (463 has.), Teorama (296 has.), El Carmen (285 has.), San Calixto (62 has.) y Convención (54 has.). La producción ilegal se distribuye en una amplia zona del departamento. El control territorial de los grupos ilegales se re-fleja en altos índices de concentración de la tierra, ilegalidad en la propiedad y titu-lación, procesos de desplazamiento forzoso y colonización inducida (ampliación de fronteras agrícolas para nuevos cultivos ilegales y legales), el incremento de pobla-ción flotante (“raspachines”), la profundización de la violencia y sus formas de in-tervención (masacres, desapariciones, asesinatos selectivos, etc), y la imposición de “nuevos valores y normas sociales” en la población. La coca tiene una incidencia notable en la economía regional. Impacta el uso del suelo. Además, al utilizar la hoja de coca como “moneda” para adquirir los productos básicos de consumo fami-liar, no sólo aumenta el precio de la tierra, sino también el de los productos de pri-mera necesidad. Se produce un fenómeno típíco de “enfermedad holandesa” 51/. La coca también genera una alta contaminación ambiental, del agua y un deterioro de lo suelos por el uso de agroquímicos.

51/ Corden y Neary (1982) muestran que la “enfermedad holandesa” termina reflejándose en des-industrialización.

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Como en los casos anteriores, resumimos la situación fiscal de los municipios del Catatatumbo (cuadro 20). La capacidad fiscal es mínima (cuadro 21), y ello reafir-ma las constataciones previas sobre la poca viabilidad y autonomía de estos munici-pios.

Cuadro 20

Ingresos de los municipios de Catatumbo. Millones de pesos corrientes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos totales 53.590 50.793 64.573 66.260 70.896 78.603 86.266 99.390 128.280 1. Ingr. corrientes 46.381 45.804 56.570 59.948 65.347 70.579 78.633 87.375 113.720 1.1 Tributarios 3.797 3.403 4.997 7.987 7.867 8.186 10.273 12.665 12.105 1.1.1. Predial 1.693 1.856 2.130 2.497 3.375 3.709 3.956 4.525 5.323 1.1.2. Ind. comercio 663 671 885 958 976 1.041 1.659 2.579 2.617 1.1.3. Sob. gasolina 340 110 710 2.937 1.683 1.528 1.920 2.395 907 1.1.4. Otros 1.102 766 1.272 1.594 1.833 1.907 2.738 3.166 3.257 1.2. No tributarios 2.773 3.021 3.972 2.940 3.882 2.016 3.522 2.880 3.087 1.3. Transferencias 39.811 39.380 47.602 49.021 53.598 60.377 64.838 71.831 98.528 1.3.1. Nacionales 9.222 5.760 5.513 5.641 6.012 7.292 7.733 8.110 9.953 1.3.2. Otras 43 - - 81 12 47 806 339 836 1.3.3. SGP 30.546 33.620 42.089 43.299 47.575 53.038 56.299 63.382 87.739 2. Ingresos capital 7.208 4.988 8.002 6.313 5.549 8.024 7.633 12.015 14.560 2.1. Regalias 1.802 1.508 2.848 3.024 3.446 2.593 5.669 5.799 8.294 2.2. Cofinanciacion 604 315 1.307 253 80 3.188 611 2.186 1.628 2.3. Otros 4.803 3.165 3.847 3.036 2.022 2.243 1.353 4.030 4.638 SGP son los recursos del sistema general de participaciones. En todos los casos, se trata de ejecuciones presupuestales Fuente: Cálculos de los autores a partir de la Contraloría General de la República (CGR) y del DNP.

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5.4. NARIÑO No incluimos todo el departamento sino que hacemos énfasis en las zonas donde se localizan las comunidades más afectadas por las minas, que corresponden a las si-guientes subregiones del departamento: Centro Occidental (La Llamada, Ricaurte, Samaniego y Santacruz), Norte Andina 52/ (Cumbitara y Policarpa) y Costa Pacifica (Bar-bacoas y Tumaco). Las subregiones de la Costa Pacífica y Andina son una zo-na estratégica por su salida al mar. Además, el territorio de frontera estimula la presencia de todas las manifesta-ciones y grupos armados en conflicto: guerrilla (Farc, ELN), paramilitares, neoparamilitares (Águilas Negras, Rastrojos, ONG, etc.) y la fuerza militar del Estado. To-

dos están en disputa por el control y la “seguridad” del territorio. La presencia de los grupos armados comenzó en los ochenta con la incursión del octavo frente de las Farc en los municipios de Cumbitara, Policarpa, Rosario y Leiva. Esta primera in-tervención se caracterizó por las acciones de control político a los gobiernos locales. Luego, en la misma década, se establece el 29 frente de las Farc en la subregión de la Costa Pacífica, el sur y sor occidente del departamento. El ELN aparece en la re-gión hacia finales de la misma década (1988), con una fuerte presencia en Pasto. Hacia finales de los noventa incursionan en Nariño los grupos de autodefensa, con el Bloque Libertadores del Sur. Primero se ubican en los territorios dominados por las Farc y, posteriormente, escalan todo el territorio departamental, especialmente los municipios productores de cultivos ilícitos. A partir del 2001 el conflicto se acentúa, debido a las estrategias de seguridad y a las operaciones de fumigación implementadas a través del Plan Colombia en el depar-tamento de Putumayo (2001-2005). Estas acciones hicieron que los cultivos de ilíci-tos (coca y amapola) y procesamiento de la pasta se desplazaran y se trasladaran hacia el departamento de Nariño, particularmente los municipios de Barbacoas, El Charco, Tumaco, Cumbitara, Francisco Pizarro, Magui, Roberto Payan e Ipiales. Las actividades del narcotráfico se consolidan, especialmente en la subregión de la

52/ Esta subregión concentra el mayor número de pobladores del departamento (78%).

Cuadro 21

Catatumbo. Participación (%) del predial y de

industria y comercio en los ingresos corrientes

Pr/Corr IC/Corr

2000 3.6 1.4 2001 4.1 1.5 2002 3.8 1.6 2003 4.2 1.6 2004 5.2 1.5 2005 5.3 1.5 2006 5.0 2.1 2007 5.2 3.0 2008 4.7 2.3 Pr. es el impuesto predial, Co-rr. son los ingresos corrientes, IC es el impuesto de industria y comercio. Fuente: Cuadro 20

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Costa Pacífica, reconocida como la “ruta del narcotráfico”. El proceso de desmovi-lización de los grupos de AUC y de paramilitares promovido e iniciado por el go-bierno central no redujo la presencia de estos grupos en el departamento de Nari-ño 53/. El desplazamiento ha afectado los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ri-caurte, Samaniego, Los Andes, Sotomayor, San Lorenzo, Taminango y Pasto. Tumaco y Barbacoas están muy afectados por las minas. De acuerdo con el plan de desarrollo municipal, el 76% de la población de Barbacoas se reconoce como raizal, palenquero, negro, afrocolombiano o afrodescendiente, el 15% como indígenas del pueblo AWA de la Unidad Indígena del Pueblo AWA Unipa, y el 8% como pobla-ción mestiza.

53/ Los viejos grupos se presentan con otros nombres: “Mano Negra”, “Hombres de Negro”, “Aguilas Ne-gras”, “Organización Nueva Generación”, “Los Rastrojos”. Estos ejércitos han estado vinculado a la produc-ción de palma y al narcotráfico.

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Las minas entorpecen la producción en 5 tipos de cultivos (cuadro 22). Los más afectados son cacao, pláta-no y yuca. El daño se extiende a 774 has., que dejan de producir 2.516 toneladas por un valor de $3.141 millones. Aunque el trabajo de campo fue reducido, el valor de las pérdidas es más del doble del que se observa en Montes de María. La mayor pérdida tiene lugar en el municipio de Tumaco, específica-mente en la comunidad de Guaya-cana. En cacao se pierden 320 has. y en plátano 290 has. Solamente en plátano se dejan de producir 1.450 toneladas. El daño económico en la comunidad es de $2.400 millones. En otros sitios, como Albi, las mi-nas tienen un impacto relativamente pequeño en el área cultivable. Las pérdidas mensuales por habitan-te son muy heterogéneas. En Albi es de $1.454, en Guayacana de $42.879 y en Petrolea de $1.000.

En Guayacana la pérdida equivale al 20% del ingreso actual de un jefe de hogar re-presentativo (valor ψH de la figura 3, p. 26).

Cuadro 22

Comunidades de Catatumbo y Nariño afectadas por minas. Hectáreas perdidas por las minas, toneladas dejadas de producir y valor perdido al año (millones

de pesos 2010)

Municipio Comunidad Cultivo Has. Prod. afect. (ton.)

Valor millon.

Tibú-Catatumbo

Petrolea Cacao 5.0 3.0 13.8

Barbacoas-Nariño

Albi

Frutales 0.5 3.2 6.3Maíz 0.3 0.9 0.4Plátano 0.4 2.0 2.1Yuca 0.2 1.0 1.1

Bocas de Uli (Nariño-Barbacoas.)

Frutales 1.0 7.1 14.2Plátano 1.0 5.6 6.1Yuca 1.0 5.0 5.5

Tumaco-Nariño

Bucheli (Nariño-Tumaco)

Cacao 3.0 0.9 4.1Frutales 3.0 15.3 30.6Maíz 3.0 0.0 -Plátano 3.0 15.0 16.5Yuca 3.0 29.4 32.3

Guayacana (Nariño-Tumaco)

Cacao 320.0 96.0 442.5Plátano 290.0 1.450.0 1.595.0Yuca 40.0 392.0 431.2

Llorente-Inda (Nariño-Tumaco)

Maíz 50.0 0.0 -

Yuca 50.0 490.0 539.0 774.3 2.516.3 3.141.1 Fuente: Cálculos del CID para COL-LIS. Primer contacto 2010. El cuadro combina datos primarios obtenidos de la encues-ta realizada por COL-LIS, y de fuentes secundarias, entre las que mencionamos el Ministerio de Agricultura (2010).

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La situación precaria de los municipios de Nariño se refleja bien en el cuadro 23. El porcentaje de personas con alguna ncesidad básica insatisfecha. Los porcentajes son muy superiores al prome-dio nacional. La peor situación se presenta en Barbacoas (73.87%). En la región montañosa Andina se observa que la po-blación se encuentra en mejores condiciones, aunque la población con NBI supera ampliamente el promedio departamental (43.79%). Las personas entrevistadas también advierten sobre las pésimas condiciones de vida. La situación epidemiológica es crítica, el agua es de mala calidad, y no se hace un manejo adecua-do de los residuos. El acceso a los servicios de salud también es deficiente. Los ICV de los municipios de Nariño son bajos (cuadro 24). Ninguno de los municipios supera los 70 puntos 54/. La subregión de la Costa Pací-fica es la que reporta los índices más altos de po-

breza de todo el departamento. En el momento de la entrevista, tre el 60% y el 80% de las comunidades entrevistadas tiene, por lo menos, una infraestructura en salud. Las principales actividades económicas de Nariño están relaciona-das con los sectores agropecuario y minero. En la Costa Pacífica predomina el monocultivo de palma africana y la producción pes-quera. La subregión Andina se caracteriza por la presencia de cul-tivos de ladera como la papa, el café en los climas medios, la gana-dería extensiva tradicional y la minería. En Barbacaoas se produce plátano, arroz (segundo productor del departamento), ca-ña, aguacate, frutales y pesca. En general, se trata de una economía de subsistencia con bajos niveles tecnológicos. Las características del suelo no son apropiada (in-fertilidad, pobre en nutrientes, sin drenajes). La red vial no ayuda a consolidar las actividades de comercialización e intercambio de la producción agropecuaria 55/. La actividad pecuaria es mínima y se basa en la explotación de la ganadería extensiva y 54/ Las variables que más inciden en los bajos niveles de bienestar son la eliminación de excretas, el suminis-tro de agua, el manejo de basuras y residuos y los niveles de escolaridad del jefe del hogar y la escolaridad media de la población mayor de once años. 55/ El tiempo de viaje por carretera entre Barbacoas y Pasto es de 10 horas. La conexión interveredal y con las cabeceras municipales y centros poblados más cercanos (Tumaco, Maguí), se hace principalmente por ca-minos peatonales y por ríos.

Cuadro 23

Porcentaje de personas con al-guna necesidad básica insatisfe-

cha (NBI) - Nariño - 2005

Barbacoas 73.87 Tumaco 48.70 La Llanada 37.12 Ricaurte 65.91 Samaniego 58.03 Santa cruz 67.98 Cumbitara - Policarpa 46.56 Pasto 16.20 Nariño 43.79 Fuente: Dane, Cen-so 2005

Cuadro 24

Indice de condi-ciones de vida (ICV) - Nariño -

2005

Barbacoas 50.94 Cumbitara 56.58 La Llanada 67.65 Policarpa 62.59 Ricaurte 46.36 Samaniego 54.74 Santacruz 45.58 Tumaco 60.83 Fuente: Cálculos del CID a partir de DNP, Dane, Censo 2005

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de especies menores, también para el autoconsumo y los excedentes para abastecer la demanda del mercado local. A comienzos de los noventa, Barbacoas vivió el au-ge minero por la extracción de oro en el río Telembí. La explotación se desarrolló de manera inadecuada en dos sentidos: agudizó los problemas ambientales y acentúo los problemas de orden público. Actualmente, la explotación minera como actividad económica ha sido desplazada por la proliferación de los cultivos ilícitos, que entre el 2001 y el 2006 pasaron de 729 has. a 1.460 has (Unodc, www.biesimci.org/Ilicitos/cultivosilicitos/cocampios.html). En Tumaco se destaca la pesca (industrial y artesanal), la palma africana (35.000 has.), el cacao tecnificado (9.500 has.), el coco (6.300 has.), el banano y el plátano (8.200 has.). Entre el 2001 y el 2006 las has. sembradas de coca pasaron de 1.452 a 7.045. Tumaco es el segundo puerto marítimo de la costa pacífica, y allí se ubica el principal puerto petrolero de la zona del Pacífico. La infraestructura vial y de co-nectividad con el departamento y el centro del país es mejor que la del resto del de-partamento. La red vial interveredal es mala. En La Llamada se destacan la ganadería, la minería y la agricultura. En Ricaurte los cultivos de caña, plátano, maíz, frijol, aves, porcinos, cuy y conejos. En Samaniego, la ganadería, la agricultura y la minería. En Santacruz se cultiva papa, café, trigo, maíz, habas, plátano, caña, hortalizas, pasto. También se produce ganado de leche y hay minería de cuarzo. En Cumbitara se cultiva café y panela. Además, hay gana-dería lechera. En Policarca se produce caña panelera y café. Aunque no existe información consolidada que permita constatar el cambio en los usos agrícolas y mineros del suelo en los municipios analizados, las comunidades, las autoridades locales y como se observa en los planes de desarrollo y ordenamien-to municipal, en estos municipio se ha abandonado la siembra de productos de pan-coger, y se ha incrementado la de ilícitos y de palma. Este proceso afecta de manera negativa la seguridad alimentaria.

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Los recursos fiscales propios de los municipios de Nariño (cuadros 25 y 26) son muy bajos, poniendo en evidencia su poca sostenibilidad. En medio del conflicto y, además, con la presencia de minas, la situación tiende a agravarse.

Cuadro 25

Ingresos de los municipios de Nariño. Millones de pesos corrientes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos totales 21.965 19.966 37.964 90.469 96.486 114.705 126.437 152.758 174.217 1. Ingr. corrientes 18.493 16.083 29.429 89.159 95.194 112.628 118.454 137.088 154.535 1.1 Tributarios 516 1.281 1.310 9.004 10.846 16.194 14.849 15.055 11.509 1.1.1. Predial 42 669 70 826 836 3.064 3.726 3.623 2.762 1.1.2. Ind. comercio 11 12 15 329 408 763 809 1.170 1.021 1.1.3. Sob. gasolina 284 467 917 7.381 8.951 10.805 2.987 8.482 6.912 1.1.4. Otros 178 133 308 468 650 1.561 7.328 1.779 814 1.2. No tributarios 854 414 2.122 1.031 1.119 3.524 3.208 1.875 750 1.3. Transferencias 17.124 14.388 25.997 79.124 83.229 92.910 100.397 120.158 142.277 1.3.1. Nacionales 2.061 3.582 4.075 9.034 4.061 5.509 6.041 5.433 7.359 1.3.2. Otras - - - 134 76 5 3.006 143 120 1.3.3. SGP 15.063 10.806 21.922 69.955 79.092 87.396 91.350 114.582 134.797 2. Ingresos capital 3.471 3.884 8.536 1.310 1.292 2.077 7.983 15.670 19.682 2.1. Regalias 72 138 2.348 558 169 14 4.728 5.939 15.550 2.2. Cofinanciacion 992 260 569 174 365 565 2.167 9.435 3.758 2.3. Otros 2.407 3.485 5.618 578 759 1.498 1.087 295 374 SGP son los recursos del sistema general de participaciones. En todos los casos, se trata de ejecuciones presupuestales Fuente: Cálculos de los autores a partir de la Contraloría General de la República (CGR) y del DNP.

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6. CONCLUSIONES 1. El LIS convencional debe completarse con un análisis socioeconómico más completo, que permita calcular el impacto que tienen las minas en la producción y el ingreso de las familias. 2. No obstante las dificultades causadas por la dinámica del conflicto, es factible estimar las pérdidas económicas ocasionadas por las minas. Nuestros cálculos indican que la incidencia en el ingreso es importante. 3. La metodología que proponemos para calcular la inci-dencia de las minas en las ingreso de las familias, puede desarrollarse plenamente con una ampliación de la mues-tra, y con visitas directas a los hogares. 4. La información disponible (censo, encuestas de hoga-

res) apenas permite un acercamiento indirecto a las características socioeconómicas de las comunidades afectadas. Es importante que en el futuro las encuestas tengan una mejor geo-referenciación. Ello no sólo favorece los propósitos del Eisec, sino que es muy útil para otros objetivos de la política pública. 5. Para calcular el ingreso que pierden las familias como consecuencia de la exis-tencia de minas, utilizamos dos caminos. Uno, a través del análisis de las has. deja-das de cultivar y de la productividad por zona. Dos, la información sobre los cam-bios en el ingreso que nos dieron las personas que asistieron a los talleres. 6. La mayoría de los municipios afectados por minas tienen unos niveles socioe-conómicos bajos, una calidad de vida precaria, y poca autonomía fiscal. Las minas acentúan la vulnerabilidad de los pobladores. 7. La política pública debe buscar medidas que, de alguna forma, contrarresten el daño socioeconómico ocasionado por las minas.

Cuadro 26

Nariño. Participación (%) del predial y de industria y comercio en los ingresos

corrientes

Pr/Corr IC/Corr

2000 0.2 0.1 2001 4.2 0.1 2002 0.2 0.0 2003 0.9 0.4 2004 0.9 0.4 2005 2.7 0.7 2006 3.1 0.7 2007 2.6 0.9 2008 1.8 0.7 Pr. es el impuesto predial, Co-rr. son los ingresos corrientes, IC es el impuesto de industria y comercio. Fuente: Cuadro 20

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