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LA CODIFICACIÓN ESPAÑOLA I.- El proceso de codificación en España: antecedentes doctrinales y normativos más señalados. Los principios racionalistas que arraigaron en España en los últimos años del siglo XVIII tuvieron una de sus consecuencias más trascendentales en la inquietud con que los sectores ilustrados contemplaban la situación jurídica del país, anclada por un sistema normativo anacrónico, confuso y contradictorio. Reformar la legislación española en profundidad, de acuerdo con unos criterios modernos cuyo cientifismo representaba el polo opuesto a la postrera realización del antiguo régimen la novísima recopilación y al mismo tiempo unificar el Derecho en todo el reino, resultaron aspiraciones impacientes manifestadas desde que los españoles tuvieron oportunidad de acceder, bien con conciencia de interenidad, a su propio gobierno; por otra parte, la unificación no se planteaba en estos momentos, al menos pragmáticamente, sobre el presupuesto de la aceptación del ordenamiento jurídico castellano en los restantes territorios, sino partiendo de una nueva legislación legitimada sobre sus propios fundamentos, objetivamente racionales. Es conocida la recepción en España de las ideas motrices de la Revolución francesa, incrementada, durante el período de la Guerra de Independencia; el ejemplo codificador francés que prolonga su eco en la Constitución de Bayona, iba a influir decisivamente en los acuerdos sancionados por las Cortes de Cádiz. En 1810, en sesión del día 9 de Diciembre, el diputado Espiga y Gadea formulaba su famosa propuesta: Habiendo sido convocadas las Cortes Generales y extraordinarias no sólo para formar una Constitución, sino también para reforzar nuestra legislación, y conteniendo ésta diversas partes que exigen diferentes comisiones, pido que se nombre una para reformar la legislación civil, otra para la criminal, otra para el sistema de Hacienda, otra para el comercio y otra para el plan de educación e instrucción pública. Quedó patente la dificultad para poner en práctica tal propuesta, siendo necesaria la presencia de todos los representantes de los territorios de Derecho foral y la consulta de sus textos, de los que en Cádiz no existían ejemplares, a lo más que se podía llegar era al estudio del derecho castellano, pero no era consecuente iniciar la redacción de un código sin conocer por falta de una Constitución que principios había que desarrollarlos, la discusión si se debía dar entrada en las Comisiones a personas ajenas a las Cortes y la atención que estas dedicaban a la elaboración del texto constitucional impidieron que siguiera adelante. Promulgada la Constitución el 19 de Marzo en su articulo 258 imprimiría un decisivo impulso a la empresa codificadora: El Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. Para cumplir esta declaración en 1813 y 1814 se nombraron comisiones mixtas. Ocho años más tarde se intentaron los primeros Códigos al iniciarse el trienio liberal, durante el cual funcionaron diversas Comisiones. Fruto de esta actividad fueron las primeras materializaciones codificadoras del Derecho español: el Código penal de 1822 y los proyectos de Código civil (incompleto) de 1821, Código sanitario de 1822 y de Procedimiento criminal de 1823. La vuelta al absolutismo paralizó el ritmo de la Codificación y sólo al final de 1829 y 1830 aparecen el Código de comercio y la Ley de enjuiciamiento mercantil. En 1834 se crea una Comisión para elaborar el Código civil, meses más tarde promulgado el Estatuto Real (10 de Abril), se constituyen otras encargadas de la reforma del Código de comercio junto a los responsables del Código civil, a fin de unificar materias comunes, formación de unas Ordenanzas Generales para todas las Audiencias, de la preparación de un Arancel general para los Tribunales y de la elaboración de un proyecto de Ley sobre la recta administración de justicia y sobre extensión y límites de la responsabilidad judicial, en Junio de 1834 un mes después se crea 1

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  • LA CODIFICACIN ESPAOLA

    I. El proceso de codificacin en Espaa: antecedentes doctrinales y normativos ms sealados.

    Los principios racionalistas que arraigaron en Espaa en los ltimos aos del siglo XVIII tuvieron una de susconsecuencias ms trascendentales en la inquietud con que los sectores ilustrados contemplaban la situacinjurdica del pas, anclada por un sistema normativo anacrnico, confuso y contradictorio.

    Reformar la legislacin espaola en profundidad, de acuerdo con unos criterios modernos cuyo cientifismorepresentaba el polo opuesto a la postrera realizacin del antiguo rgimen la novsima recopilacin y al mismotiempo unificar el Derecho en todo el reino, resultaron aspiraciones impacientes manifestadas desde que losespaoles tuvieron oportunidad de acceder, bien con conciencia de interenidad, a su propio gobierno; por otraparte, la unificacin no se planteaba en estos momentos, al menos pragmticamente, sobre el presupuesto dela aceptacin del ordenamiento jurdico castellano en los restantes territorios, sino partiendo de una nuevalegislacin legitimada sobre sus propios fundamentos, objetivamente racionales.

    Es conocida la recepcin en Espaa de las ideas motrices de la Revolucin francesa, incrementada, durante elperodo de la Guerra de Independencia; el ejemplo codificador francs que prolonga su eco en la Constitucinde Bayona, iba a influir decisivamente en los acuerdos sancionados por las Cortes de Cdiz.

    En 1810, en sesin del da 9 de Diciembre, el diputado Espiga y Gadea formulaba su famosa propuesta:

    Habiendo sido convocadas las Cortes Generales y extraordinarias no slo para formar una Constitucin, sinotambin para reforzar nuestra legislacin, y conteniendo sta diversas partes que exigen diferentes comisiones,pido que se nombre una para reformar la legislacin civil, otra para la criminal, otra para el sistema deHacienda, otra para el comercio y otra para el plan de educacin e instruccin pblica.

    Qued patente la dificultad para poner en prctica tal propuesta, siendo necesaria la presencia de todos losrepresentantes de los territorios de Derecho foral y la consulta de sus textos, de los que en Cdiz no existanejemplares, a lo ms que se poda llegar era al estudio del derecho castellano, pero no era consecuente iniciarla redaccin de un cdigo sin conocer por falta de una Constitucin que principios haba que desarrollarlos, ladiscusin si se deba dar entrada en las Comisiones a personas ajenas a las Cortes y la atencin que estasdedicaban a la elaboracin del texto constitucional impidieron que siguiera adelante. Promulgada laConstitucin el 19 de Marzo en su articulo 258 imprimira un decisivo impulso a la empresa codificadora: ElCdigo civil y criminal y el de comercio sern unos mismos para toda la Monarqua, sin perjuicio de lasvariaciones que por particulares circunstancias podrn hacer las Cortes. Para cumplir esta declaracin en 1813y 1814 se nombraron comisiones mixtas.

    Ocho aos ms tarde se intentaron los primeros Cdigos al iniciarse el trienio liberal, durante el cualfuncionaron diversas Comisiones. Fruto de esta actividad fueron las primeras materializaciones codificadorasdel Derecho espaol: el Cdigo penal de 1822 y los proyectos de Cdigo civil (incompleto) de 1821, Cdigosanitario de 1822 y de Procedimiento criminal de 1823.

    La vuelta al absolutismo paraliz el ritmo de la Codificacin y slo al final de 1829 y 1830 aparecen elCdigo de comercio y la Ley de enjuiciamiento mercantil. En 1834 se crea una Comisin para elaborar elCdigo civil, meses ms tarde promulgado el Estatuto Real (10 de Abril), se constituyen otras encargadas dela reforma del Cdigo de comercio junto a los responsables del Cdigo civil, a fin de unificar materiascomunes, formacin de unas Ordenanzas Generales para todas las Audiencias, de la preparacin de unArancel general para los Tribunales y de la elaboracin de un proyecto de Ley sobre la recta administracin dejusticia y sobre extensin y lmites de la responsabilidad judicial, en Junio de 1834 un mes despus se crea

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  • una Comisin encargada de redactar un proyecto de Cdigo de Enjuiciamiento.

    En mayo de 1843 forma Gobierno el progresista Joaqun Mara Lpez quien se hace cargo, junto con lapresidencia de aqul, de la cartera de Gracia y Justicia, y a su empeo por impulsar definitivamente lostrabajos codificadores se debe la aparicin de un rgano que va a prolongar hasta nuestros das elprotagonismo en el tema de la reforma y actualizacin del sistema normativo espaol; el ministro solicit yobtuvo de las Cortes la concesin de un crdito de medio milln de reales para atender a la formacin de unaComisin General de Codificacin compuesta por magistrados en activo que asumiran la elaboracin de unosCdigos nuevos y acordes con las circunstancias de la poca. Un Decreto de 19 de Agosto de1843 cre laanunciada Comisin General de Codificacin que acord dividirse en cuatro secciones: la primera dedicada ala elaboracin del Cdigo civil, la segunda del Cdigo penal, la tercera del Cdigo de procedimientos civiles yla cuarta del Cdigo de procedimientos criminales. Asimismo acord someter a la consideracin del Gobiernounas bases donde se presentaran sintetizados los principios polticos conforme a los cuales la Comisinconsideraba oportuno desempear su cometido, a tal efecto se redactaron seis bases de las que el Gobiernoaprob las cuatro primeras:

    el objeto poltico de la Codificacin debe ser la realizacin y desenvolvimiento de los principiosconstitucionales.

    no se reconocern en los Cdigos fuero alguno, establecindose uno solo para todos los espaoles en losjuicios civiles y criminales.

    el Cdigo civil comprender las disposiciones convenientes para que en su aplicacin a las provincias quetienen legislacin especial no se perjudiquen los derechos adquiridos.

    el Cdigo penal debe sancionar los delitos contra la religin catlica que profesan los espaoles, adecuada ala poca.

    El Real decreto de 31 de julio de 1846 suprimi la Comisin de 1843 a la que achacaba defectuosaorganizacin y excesivo nmero de vocales, inconvenientes que impedan un eficaz funcionamiento, dosmeses despus se creaba una nueva presidida por Bravo Murillo, la Comisin quedaba dividida en dossecciones, la primera para redactar el Cdigo civil y la segunda para los procedimientos civil y criminal. En1853, al hacerse cargo del ministerio de Gracia y Justicia el Marqus de Gerona, se procedi a reestructurar denuevo la Comisin, que vuelve a la inicial divisin de cuatro secciones, en 1854 se acord disolverla, altiempo que se creaba una Comisin Especial de Jurisconsultos ajenos a la disuelta, con el encargo de redactarlas Leyes de enjuiciamiento y de organizacin de los tribunales. Un Real Decreto de 1 de Octubre 1856destacaba la conveniencia de reorganizar la Comisin reduciendo el nmero de vocales y secciones y para ellopropona como ideal la creacin de una, compuesta por pocos jurisconsultos, entendidos y experimentados,ajenos a las banderas polticas, que trabajaran metdica y cientficamente. La funcin encomendada a esteorganismo se centraba en la reforma del Cdigo penal vigente, la redaccin del civil y de las leyes deprocedimiento criminal y de organizacin de Tribunales. Tras la Revolucin y en Junio de 1869, los miembrosde la Comisin dimitieron de sus cargos en bloque, por estar en desacuerdo con el encargo recibido deredactar una Ley de Matrimonio civil.

    El 2 de octubre de 1869 un Decreto proceda a sustituir a los vocales dimitidos el da anterior por una nuevaComisin Legislativa de veinte miembros, divididos en una seccin civil y otra penal.

    El 10 de Mayo de 1875 por Real Decreto, la Comisin General de Codificacin dividida de nuevo en dossecciones una de lo civil y otra de lo penal. En 1880 se agiliza el funcionamiento de la Comisin,considerndose suficientemente fundamentados los proyectos que hubieran sido aprobados por lacorrespondiente seccin, sin necesidad de ser estudiados por el Pleno, lo que facilit el proceso de elaboracinde sus trabajos.

    La Comisin General de Codificacin result, una vez ms, reorganizada por Real Decreto Comisin especialdel Cdigo de comercio qued dividida en cuatro secciones:

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  • Derecho civil, con un presidente, siete vocales y tres agregados ms. De Derecho mercantil. De Derecho penal. De Organizacin y procedimientos judiciales.

    Todas ellas con la misma composicin que la primera. La Real Orden de 21 de Septiembre de 1909 cre unaComisin Permanente o especial, formada por cuatro vocales de la General, uno de cada Seccin, comorgano estable que se dedicara de forma ininterrumpida a la preparacin de los proyectos por el Decreto de 6de Mayo de 1931 suprimi la Comisin General de Codificacin para sustituirla, naci la Comisin JurdicaAsesora, en el seno del Ministerio de Justicia, con las funciones tradicionalmente atribuidas a la primera,funcion a travs de cinco subcomisiones, cada una de las cuales se encarg de un objetivo concreto:redaccin de la Constitucin, estudio del Derecho foral de Catalua, estatuto de las relaciones IglesiaEstado,Leyes de enjuiciamiento y organizacin del poder judicial y reforma del Cdigo penal de 1870.

    Por Decreto de 25 de marzo de 1938, que suprimi la Comisin Jurdica asesora, qued restablecida laComisin General de codificacin.

    Por Real Decreto de 2 de abril de 1943 se cre el Consejo Asesor de Justicia, como rgano consultivo delMinisterio, con funciones prximas a las de la Comisin, esta qued, adems integrada en el InstitutoNacional de Estudios Jurdicos. Tras una nueva reorganizacin introducida por el decreto de 23 de octubre de1953 y la Orden de 22 de julio de 1954, la comisin General de legislacin ha sido reestructurada por Decretode 26 de febrero de 1976, que establece su configuracin actual: un Presidente, cinco Presidentes de Seccin yun Secretario General, que constituyen la Comisin Permanente. Los trabajos se distribuyen en cincosecciones:

    De Derecho privado (general). De Derecho mercantil. De Derecho pblico (general). De Derecho penal y penitenciario De Organizacin de Tribunales y Derecho procesal.

    II CODIFICACIN PENAL

    II.1 Primeros intentos

    La conveniencia de recopilar armnicamente la abundante legislacin espaola en materia penal se habadejado sentir incluso con anterioridad al movimiento codificador que impulsaron las Cortes de Cdiz, amediados del siglo XVIII reinaba un generalizado estado de opinin doctrinal favorable a la formacin de unCdigo en el que constaran, de forma clara y realista todas las leyes penales en vigor, el punto de arranque dela doctrina jurdica encaminada al logro de un derecho penal moderno, acorde con las ideas ilustradas, quedasealado en la consulta que Carlos III, en 1776, se dirigi al Consejo de Castilla, a travs de su Secretario deEstado y del Despacho General de Gracia y Justicia sobre algunos extremos que preocupaban a la cienciajurdica de la poca: as sobre la proporcionalidad entre delitos y penas, principio desatendido en ms de unsupuesto, como el hurto cometido en la Corte o sus alrededores, sancionado con la pena de muerte, cuyareforma dio ocasin para la referida consulta: sin embargo de hallarse en este concepto, desea asegurarse yque se informe de la prctica que se observa en la sala respecto a los hurtos que se cometen con cualidad o sinella y al mismo tiempo quiere que con algunos ministros que elija a su arbitrio, trate y conferencie sobre elmodo de arreglar, con la mayor justificacin, las penas proporcionadas y correspondientes a semejantesdelitos, con la distincin debida, segn la diferencia de la gravedad y malicia de ellos, del dao que causan yviolencia con que se ejecutan, de la calidad de las personas de los robados y de los delincuentes, y de todas lasdems circunstancias que deban aumentar o disminuir el castigo, sobre la conveniencia de mantener, reduciro suprimir la aplicacin de la pena de muerte: Que se va ya desterrando en algunos pases cultos, se pudiera

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  • conmutar en otro castigo de duracin para que fuese ms permanente el ejemplo, que contenga a los dems ysirva de correccin y enmienda a los mismos reos y de utilidad y beneficio al pblico, segn los trabajos a quese les aplique, o sobre la racionalidad del empleo de la tortura como medio de prueba: el uso de la cuestin deltormento, que no se ha admitido en muchas naciones bien gobernadas y ha sido modernamente disputado pormuchos sabios autores por ser prueba muy falible, dudarse de su justificacin y manifestar la experiencia confrecuentes ejemplares pasarlo sin confesar sus delitos los reos ms atroces, el Consejo comision a donManuel de Lardizbal y Uribe, consejero del rey y jurista para que elaborase un extracto de la legislacinpenal como paso previo a un detenido estudio de la materia y posterior elaboracin de un Cdigo criminal.Fruto de este encargo es el Discurso sobre las penas, contrado a las leyes de Espaa, para facilitar su reformaque ms tarde tenida en cuenta por las Comisiones codificadoras del derecho penal.

    Las Cortes de Cdiz, por su parte, se adelantaron a la labor codificadora en esta materia, formulando unalegislacin destinada a liquidar los aspectos que, de forma ms llamativa, haban caracterizado el derechopenal del antiguo Rgimen: fueron abolidos por el Tribunal del santo Oficio, el tormento, las penas de azotesy confiscacin, y el garrote sustituy a la horca como medio de ejecucin de pena capital.

    El propsito de reforma general expresado en el artculo 258 de la Constitucin de 1812 no pudo llevarse aefecto a causa de las circunstancias polticas: nombradas sendas Comisiones en 1813 y 1814, la reaccinabsolutista interrumpi sus trabajos, derogaban todas las disposiciones aprobadas por las Cortes. A partir deahora, el derecho penal estrechamente relacionado con la Administracin. En 1819 es el propio Fernando VIIquien manifiesta su propsito de elaborar un Cdigo criminal que permitiera ordenar la legislacin penal eintroducir en Espaa las normas aconsejadas por la civilizacin y costumbres del da, es la voz muda quesiempre indic la ley que ms conviene, entre los lunares de legislacin que debe borrar mi paternal desveloseala: la facilidad con que admitieron pruebas equivocas y falibles con peligro de hacer sufrir al inocente lapena capital, arrancando a veces de sus labios, con un horror imponente, lo que no puede tranquilizar al juezpara su fallo.

    II.2 El Cdigo Penal de 1822.

    En el primer periodo absolutista, Fernando VII encarg al consejo Real que elaborase un Cdigo criminal, enel que obtuvieran clasificacin discreta los delitos en el que se suprimiera la pena de confiscacin absoluta debienes y en el que se redujese el arbitrio judicial. Las directrices dadas al consejo eran escasas y no tenemospruebas de que su voluntad innovadora y codificadora fuese sincera, la formacin de un Cdigo penal queacabase con la brbara legislacin punitiva del Antiguo Rgimen fue tarea de los liberales del trienio. El 20 deAgosto, las Cortes nombraron una Comisin para que procediese a la elaboracin de un proyecto de Cdigopenal, formaron dicha Comisin Calatrava, Martnez Marina y Flrez Estrada, entre otros miembros de menorrenombre, los dos primeros diputados citados fueron quienes ms intervinieron en la redaccin del texto legal,la Comisin present a las Cortes para que opinasen de l, con las numerosas propuestas recibidas laComisin procedi a modificar algunos artculos del proyecto, este fue sometido a discusin en el pleno de lasCortes a partir de Noviembre de 1821 y una vez aprobados todos sus artculos fue decretado por las Cortes el8 de Junio de 1822 y mandado promulgar el 8 de Julio siguiente.

    El Cdigo de 1822 constaba de un titulo preliminar, de una parte primera sobre los delitos contra la sociedad yuna segunda parte dedicada a los delitos contra particulares. Hay en l notoria influencia de Beccaria, deFilangieri y del francs Bexon, pero quien ms influjo oper sobre su contenido fue Jeremas Bentham. Esteemiti juicios bastantes severos contra el Cdigo en carta privada dirigida al conde de Toreno, diputado de lasCortes y amigo del filosofo y jurista britnico.

    La vigencia del cdigo queda por definir, para unos no lleg a entrar en vigor mientras que para otros si,alegando a favor de su aplicacin real cierta clula de Fernando VII por el que el monarca anulaba algunasactuaciones de los juzgados realizadas conforme a l, la propia dificultad para espigar las pruebas de suvigencia da a entender hasta qu punto fue precaria.

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  • II.3 El Cdigo penal de 1848.

    La derogacin en 1823 de la legislacin del trienio, con la supresin del primer cdigo, signific un retorno aldesbarajuste penal, se intent salir en los aos siguientes con diversos proyectos ninguno de los cuales lleg aser promulgado. Derribado Espartero el gobierno moderadoprogresista estableci en Agosto de 1843 unaComisin de Codificacin que preparaba los textos relativos a derecho penal, civil y de enjuiciamiento. EstaComisin quedo divida en secciones cada una a un sector jurdico, la codificacin penal qued en manos deun abogado erudito quien tenia publicado trabajos sobre estas cuestiones, redact un anteproyecto que fuediscutido y modificado en el seno de la Comisin, fue enviado al Gobierno. Debatido en el Senado yCongreso se aprob en marzo de 1848, entr en vigor el 1 de Julio de 1849. el Cdigo aparece dividido en treslibros sobre disposiciones generales, delitos y faltas. El Cdigo de 1848 se inspira principalmente en elbrasileo de 1830 y a la postre en la fuente comn del Cdigo penal francs de 1810, muy riguroso en elcastigo de los delitos religiosos y en otras cuestiones, mereci la opinin favorable de expertos, armoniz condepurada tcnica los principios de retribucin e intimidacin, estableci un riguroso sistema de garantaspenales, la severidad del texto fue acentuada por varios decretos dictados el ao 1850 y en especial por unodel 30 de Junio que agravo las penas por delitos polticos.

    II.4 El Cdigo penal de 1870.

    Fue una profunda reforma del de 1848, cuyas lneas fundamentales llegan hasta hoy, motivada por losinsatisfactorios resultados de la correccin de 1850 y por la necesidad de adecuar el texto a los principios de laConstitucin de 1869.

    La Comisin de codificacin dio paso en 1869 a una Comisin Legislativa, cuya seccin penal fueencomendada a Nicols Mara Rivero. Sus ocupaciones polticas facilitaron la preponderancia de uno de losmiembros ms eruditos de ella, el magistrado Groizard, cuyos puntos de vista orientaron probablemente elrumbo de los trabajos. En Mayo de 1870 el ministro de Gracia y Justicia, Montero Ros, present un proyectoa las Cortes que fue aprobado con carcter provisional, posponindose la discusin definitiva hasta despusdel verano. El Cdigo se public sin embargo el 30 de agosto y fue corregido unilateralmente por el ministromediante decreto de 1 de Enero del ao siguiente. Logr as fijeza este cuerpo legal llamado por el diputadode la oposicin Francisco Silvela, Cdigo de verano, cuya vigencia habra de prolongarse durante ms demedio siglo hasta la reforma penal de Noviembre de 1932.

    El Cdigo de 1870 se propuso fundamentalmente tres cosas: llevar a cabo una reforma consecuente con losnuevos principios polticos de la Constitucin, mitigar el rigor del texto anterior, y corregir sus defectostcnicos. Entre las ms importantes modificaciones, destaca la desaparicin del titulo de delitos contra lareligin, en consonancia con la recin instaurada libertad de cultos, fijando en su lugar una seccin sobre losrelativos al libre ejercicio de cultos dentro del titulo de los propios delitos contra la Constitucin, nuevasfiguras penales para prevenir atentados contra las Cortes y el Consejo de Ministros, y sobre todo para tutelarpor vez primera los derechos individuales reconocidos en la constitucin del 69. La inclusin de los delitos deimprenta, regulados antes por leyes especiales, el texto de 1848, endurecido por la reforma de 1850, fuealiviada al limitar por ejemplo punible los casos de conspiracin y proposicin, al regular de forma ms suavela acumulacin de penas por concurso de delitos, atenuar otras, etc.

    El Cdigo recibi en principio elogios, no tardaron en llegar crticas, como las del prodig el catedrticomadrileo Luis Silvela, quien puso de relieve sus incongruencias prcticas y escaso sentido comn, losautores parecen estar bastante deacuerdo en que supuso un considerable avance en poltica penal y calidadtcnica, y son unnimes en valorar el esmero y precisin de su lenguaje jurdico, elegante de un lado, perotambin, castizo y sonoro. Amenazado por mltiples proyectos de reforma en las ltimas dcadas del sigloXIX y en las primeras del XX, el Cdigo de 1870 permaneci inclume hasta que la dictadura de Primo deRivera coloc en su lugar el Cdigo de 1928, tras cuya anulacin por la Repblica volvi a entrar en vigorpara desaparecer finalmente en 1932.

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  • II.5 El Cdigo penal de 1928.

    En 1926, por Real Orden de 12 de Marzo, se orden al Presidente de la Comisin General de Codificacin, latarea de presentar antes de seis meses una nueva edicin del Cdigo penal, manteniendo su estructura,refundiendo las disposiciones que an no haban sido incorporadas a su texto e introduciendo algunasreformas primer paso hacia la posterior elaboracin de un nuevo Cdigo penal, sin urgencias para que puedaabordarse con la adecuada madurez y tras el nombramiento de una Comisin extraordinaria de tcnicos endonde estuvieran representadas todas las tendencias doctrinales. La Comisin se extralimito en sus funciones,pues despus de la renuncia de Jimnez Asa, a quien sustituyo Eugenio Cuello Caln, anunci, en el veranode 1927, la terminacin de un Proyecto cuyo contenido ella misma reconoca severo. El texto de unaconsiderable densidad normativa, consideraba en realidad y ante todo la defensa del rgimen poltico y resultunnimemente criticado, pese a todo lo cual se suprimieron algunos errores del Proyecto y se suavizaron lospreceptos de mayor rigorismo, result promulgado, por Real Orden de 8 de Septiembre de 1928, el nuevoCdigo penal de 858 artculos, que comenz a regir el 1 de Enero de 1929 y que reimplantaba los delitoscometidos contra la religin del Estado, la catlica, apostlica y romana.

    II.6 El Cdigo penal de 1932.

    Un Decreto del Gobierno Provisional de la II Republica Espaola fechado el 15 de Abril de 1931 restablecila vigencia del Cdigo penal de 1870, declarando nulo y sin valor el hasta entonces vigente, la Subcomisinpenal de la Comisin Jurdica Asesora se encarg de elaborar un anteproyecto de reforma del Cdigo penalque, presentado a las Cortes, qued reducido a una Ley de Bases. Las Cortes autorizaron por Ley de 27 deOctubre de 1932, a publicar el texto articulado, que se promulg en Noviembre del mismo ao para comenzara regir el 1 de Diciembre. Las reformas del Cdigo de 1932 venan determinadas fundamentalmente por lanecesidad de ajustar la normativa penal de las directrices constitucionales, o por el deseo de consagrar unaserie de principios humanitarios, la tipificacin de la sordomudez como eximente, la mayor amplitud delestado de necesidad, o la suspensin de la pena de muerte, se suprimieron algunos delitos (el de duelo, disparode arma de fuego, adulterio y amancebamiento), y se crearon otros nuevos (el de usura, el de dao en cosapropia de utilidad social, etc). Fue completado con la promulgacin, en 4 de Agosto de 1933, de la Ley deVagos y Maleantes y por una cada vez ms extensa legislacin de orden pblico, sobre tenencia ilcita dearmas (que agrava la penalidad), o sobre delitos cometidos con explosivos, para cuya represin quedrestaurada la pena de muerte. El Cdigo mantiene la tradicional estructura de tres libros que venaconservndose desde 1848.

    II.7 El texto refundido del Cdigo penal de 1944 y posteriores reformas.

    El Bando de 18 de Julio de 1936, declarativo del estado de guerra, sustrajo a la legislacin comn un elevadonmero de delitos que pasaron a regirse por Leyes especiales, tendencia que se mantuvo en los aosposteriores a la Guerra civil.

    Las lneas inspiradoras de la nueva legislacin tendran a un mayor fortalecimiento de la proteccin al Estado(Ley de seguridad de 1941, que modifica, para agravarlas, las penas asignadas a los delitos de traicin yseparatismo, de desacato, insulto o injuria a la autoridad de 1942, etc) y al amparo de la familia y de lasbuenas costumbres (penalizacin del aborto y de la propaganda de anticonceptivos, en 1941, abandono defamilia, adulterio y amancebamiento, desaparecidos en 1932, Ley sobre delitos contra la honestidad, en 1942).Por Ley de 5 de Julio de 1938 qued restablecida la pena de muerte para los delitos de asesinato, parricidio yrobo con homicidio.

    A travs de la Ley de 19 de Julio de 1944 las Cortes autorizaron al Gobierno para que llevara a cabo lasreformas que las propias Cortes concretaban en materia penal, y por Decreto de 23 de Diciembre de 1944 seaprob y promulg el Cdigo penal, texto refundido, que empez a regir el 3 de Febrero de 1945.

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  • Consta de 604 artculos repartidos en los tres libros del Cdigo penal de 1870, desaparece la eximente deembriaguez plena y fortuita, que se haba introducido en 1932, y se incorpora la atenuante de obrar el autorpor motivos morales, patriticos o alturistas, hay nuevas circunstancias agravantes, como la ofensa a laautoridad o a lugar sagrado, y nuevas faltas, como la blasfemia verbal. Se restablece la pena de muerte, sesanciona con la prdida de la nacionalidad a los extranjeros naturalizados convictos de delitos contra laseguridad exterior del Estado, y se incorpora a la penalidad de privacin de libertad el rgimen de redencinde penas por el trabajo. Quedaron incluidos en el Cdigo los delitos de tendencia ilcita y depsito de armas ymuniciones y el delito de terrorismo, que a partir de 1975 volvera a contemplarse en una Ley especial.

    El texto ha sido revisado posteriormente en 1963, 1971 y 1974, y actualmente se encuentra en curso dereforma, encomendada a la Seccin cuarta de la Comisin General de Codificacin.

    III CODIFICACIN MERCANTIL

    III.1 El Cdigo de comercio de 1829.

    La realizacin de un nico Cdigo de comercio para Espaa e Indias haba sido ya ordenada por el Estatuto deBayona (art.113) y lo fue luego, segn vimos, por la Constitucin de Cdiz. En los tres lustros siguientes, peseapoyos espordicos como el de la Comisin de Comercio de la Diputacin de Catalua, todo habra quequedar, sin embargo, en designar juntas inoperantes o escuchar peticiones al respecto, hasta que un doctor enleyes Pedro Sainz de Andino, se ofrece a Fernando VII en 1827 para realizar esa tarea. Aceptada la propuesta,fue constituida una comisin, con l como secretario, que en un perodo de quince meses celebra nada menosque ciento sesenta y cuatro sesiones. Concluido su trabajo, la comisin remite al remite al monarca el textoresultante, pero el jurista andaluz enva al tiempo otro anteproyecto redactado por l solo. Entre ambos,Fernando VII elige este ltimo, que le pareci mejor y que sin duda lo era, y promulg el 30 de Mayo de 1829el Primer Cdigo de Comercio. Constaba de cinco libros sobre cuestiones generales, contratos, comerciomartimo, quiebras y administracin de justicia.

    Heredero ideolgico de su homlogo francs, pero tambin en buena medida de los preceptos y doctrina de latradicin nacional, el Cdigo de 1829, tcnicamente laudable, arrincon definitivamente la concepcin delderecho mercantil como sistema propio de un sector profesional comerciante, para plasmar ese nuevoordenamiento jurdico de los actos de comercio. En la jurisdiccin mantuvo el rgimen de consulados comotribunales en primera instancia, clasificndolos en dos clases segn el volumen econmico de sus operaciones,y atribuy la segunda y tercera instancia a los tribunales ordinarios. El Rgimen procesal, no atendido en eltexto, qued pendiente de una ley especfica. A tal efecto el 24 de Julio de 1830 fue publicada la Ley deEnjuiciamiento sobre negocios y causas del Comercio, reguladora del juicio mercantil ordinario y de losespeciales, cuya principal preocupacin fue aligerar el embrollo y pesadez de pruebas y trmites. El conjuntode la jurisdiccin especial mercantil desapareci con el Decreto de unificacin de fueros, de 6 de Diciembrede 1868, siendo desde entonces sustituida por la jurisdiccin ordinaria.

    III.2 El Cdigo de comercio de 1885.

    El ritmo de la vida mercantil parejo al despegue econmico, el cambio poltico consiguiente a la salida de ladcada absolutista que haba producido el texto de 1829, la advertencia de algunos defectos, y sin duda lamana nacional de cambiar enseguida cualquier cosa, explican el hecho sorprendente de que a los cinco aosde ser promulgado este primer Cdigo, en Junio de 1834, nos encontramos con la existencia de una Comisinpara redactar otro nuevo. Se abre as una etapa revisionista, con otros proyectos, que va a durar medio siglo.Al tiempo tiene lugar la produccin de aquel derecho descodificado a que antes nos referimos, es decir, lapromulgacin de leyes especiales sobre importantes materias, que lgicamente coadyuvan a la marginacin dela obra de Sainz de Andino.

    Respecto a los distintos proyectos de Cdigos de Comercio, fruto del trabajo de sucesivas comisiones, hay

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  • que resear el de 1837, elaborado por la citada Comisin de 1834, y los de 1838 y 1858. Adems, un proyectode ley de 1840, el cual, pese a sus modestas pretensiones de reformar unos cuantos artculos, no lleg tampocoa ser sancionado.

    Entre las leyes especiales destacan las creadoras de la Bolsa y establecimientos bancarios, a las que en sulugar nos referimos, as como la Ley de Sociedades Annimas de 19 de Octubre de 1869. este importantetexto dos aos posteriores a la fundamental ley francesa de 24 de Julio de 1867 rompi con el rgimenintervensionista acogido en el Cdigo de 1829 y en una primera Ley de Sociedades Annimas de 1848. enlugar de aprobacin por el tribunal de comercio de las escrituras y reglamentos de la compaa, la ley de 1869autoriza la libre creacin de aquellos bancos y sociedades cuyo objeto sea promover empresas industriales ode comercio.

    La Revolucin de 1868 fue el prembulo poltico al Cdigo de 1885. la filosofa jurdica de la Gloriosa quedplasmada en un decreto de 20 de Noviembre de 1869 donde, tras apelar a los principios del liberalismoeconmico, se anunciaba un nuevo Cdigo a fin de interpretar fielmente los nuevos usos y las nuevascostumbres del comercio, acomodndolos a la vida moderna y magnifico espritu industrial y de asociacin,fue nombrada una Comisin cuya tarea habra de consistir en elaborar un texto informado por los principiosde libertad de comercio y carencia de requisitos especiales para ejercerlo, mnimas exigencias en cuanto aformalidades de contratacin o mtodos de trabajo mercantil, apartamiento de monopolios y privilegios yrechazo a colegios o agremiaciones forzosas, se aadan diversas recomendaciones tcnicas sobre tipos desociedades, seguros y quiebras, fue presentado un anteproyecto en 1875, que se public cinco aos despus yfue revisado por otra Comisin. Alonso Martnez hizo entrega del texto a las Cortes, promulgndose elCdigo en Agosto de 1885 y entrando en vigor en Enero del ao siguiente.

    El Cdigo de 1885 repite la estructura y lneas fundamentales del de 1829. la nica gran diferencia formal esla desaparicin del V libro, referente a la jurisdiccin mercantil, por lo que el nuevo Cdigo consta de cuatrolibros. Acenta el carcter objetivo sealado por su precesor y pretende, dotar de autonoma al derechomercantil como derecho especial de obligaciones frente al derecho civil.

    El Cdigo de 1885 no ha suscitado grandes entusiasmos, ya que su espritu conservador le impidi apuntarseel xito de cualquier audaz reforma, debiendo cargar en cambio con el lastre de las inevitables insuficienciastcnicas. Los mercantilistas, y el historiador del derecho Enrique Gacto con ellos, han puesto de relievediversos defectos de sistemtica y contenido. Su pecado de fondo fue anacronismo: repetir ms o menos a treslustros del siglo XX, lo que haba hecho Sainz de Andino en los ya lejanos y desfasados tiempos de FernandoVII.

    IV CODIFICACIN PROCESAL

    IV.1 Organizacin judicial:

    1) Referencias a la Administracin de Justicia del Antiguo Rgimen.

    La herencia ms aparente que en materia judicial, recibi el siglo XX del Antiguo Rgimen fue la de lamultiplicidad jurisdiccional, fundamentada unas veces sobre criterios personales (fuero eclesistico, militar,nobiliario, etc) y objetivos otras ( Consulados de comercio, Consejos de Hacienda, Inquisicin, etc) queconvertan los preliminares de la administracin de justicia en una maraa de competencias cuyaconflictividad originaba problemas en ocasiones ms complicados y de solucin ms premiosa que el pleitoque los haba suscitado, a efectos de proporcionar al aparato judicial rapidez y armona, a grandes rasgos, steestaba compuesto, en orden jerrquico ascendente, por:

    Alcaldes ordinarios, jueces iletrados nombrados por los Regidores municipales, las Audiencias y, enterritorios de seoro, el titular de ste.

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  • Alcaldes de Corte, nombramiento real, cuatro de ellos conocan los delitos cometidos y de las apelacionesde los Alcaldes ordinarios, otros dos entendan de asuntos civiles y apelaciones de poca monta, conjurisdiccin territorial general.

    Corregidores, de nombramiento real y atribuciones econmicas y gubernativas, adems de las judiciales. Chancilleras de Valladolid y de Granada, rganos judiciales colegiados de amplia competencia: civil enprimera instancia; pleitos de hidalgua y vinculaciones; en segunda instancia, conocan las apelaciones delos Alcaldes y Corregidores. Su competencia en materia penal era genrica, sin que sus resolucionespudieran ser recurridas ms que por injusticia notoria o por splica ante el Rey, en el Consejo de Castilla.

    Audiencias, con funciones semejantes a las Chancilleras; en el siglo XIX existan las de Aragn, Asturias,Canarias, Catalua, Extremadura, Galicia, Mallorca, Sevilla y Valencia.

    Consejo de Castilla quien, junto a facultades normativas y de administracin asuma las atribucionesjudiciales correspondientes al ms alto Tribunal de Justicia. Dividido en cuatro salas:

    De Gobierno, con ocho consejeros. De Justicia, con cuatro consejeros preferentemente de asuntos eclesisticos. De Provincias, con cuatro consejeros para resolver apelaciones de los Alcaldes de la corte en asuntos decuanta inferior a mil ducados.

    De Mil y Quinientas, cinco consejeros resolvan los recursos de segunda suplicacin y los de fuerza enconocer.

    2) Las reformas de las Cortes de Cdiz.

    El ttulo V de la Constitucin de Cdiz pretendi traducir el principio doctrinal de separacin de poderesdotando al judicial de independencia frente a los rganos de gobierno y proclamando la responsabilidad de losjueces, secuela de su autonoma. Por otra parte, consecuentemente tambin con un criterio racionalista, quedsancionado el principio de unidad de fueros, que tardara ms de cincuenta aos en llevarse a la prctica.

    En un plano ya ms concreto, la Constitucin traz las lneas maestras de lo que haba de ser la organizacinjudicial del nuevo rgimen, una escala jerarquizada de jueces distribuidos por el territorio nacional, de talsuerte que fuera posible acercar la administracin de justicia al ciudadano, reduciendo su coste y resolviendolas controversias salvo excepcin dentro de la provincia donde tuvieron lugar:

    Alcaldes de todos los pueblos, para resolver cualquier diferencia, en acto de conciliacin previo a lainterposicin de la demanda que iniciaba el juicio.

    Jueces de Partido, cuya competencia se determinara por ley. Audiencias para conocer en segunda y tercera instancia (con distintos magistrados en cada una de ellas) delas sentencias de los juzgados inferiores, de los conflictos de competencia entre stos y de los recursos defuerza surgidos en su distrito.

    Tribunal Supremo instaurado para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra sentencias dadaspor las Audiencias, de los conflictos jurisdiccionales y de los delitos cometidos por altos cargos polticos,administrativos y judiciales.

    Sendos decretos desarrollaron la nueva planta de las Audiencias y Juzgados (9 Octubre 1812) y el Reglamentodel Supremo Tribunal de Justicia (13 Marzo 1814), pero la tarea innovadora y reformista de las Cortes quedsin efecto, como es bien sabido, al ser anuladas sus actuaciones y restablecido el rgimen absolutista en 1814.

    3) Decretos sobre Audiencias, Partidos judiciales y restablecimiento del Tribunal.

    En 1834 el Gobierno progresista de Martnez de la Rosa aprob algunos decretos que perfilan ya la direccinque iba a tomar la forma orgnica de los tribunales.

    26 de Enero establece la demarcacin de las Audiencias, para unificar la demarcacin judicial con laadministrativa y hacer una distribucin proporcionada de territorio en las Audiencias y Chancilleras, con

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  • doble objetivo de facilitar a los pueblos el acceso a los Tribunales superiores para alcanzar con ms brevedady menos dispendio la justicia, y poner a los Magistrados en disposicin de vigilar de cerca el desempeo delos Jueces inferiores, como tambin de reprimir a los criminales con la mayor prontitud de los castigos.

    Se establecen las siguientes Audiencias: Madrid, Valladolid, Granada, La Corua, Oviedo, Sevilla, Canarias,Cceres, Burgos, Albacete, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Mallorca y Consejo Real de Navarra.

    Otro de 21 de Abril subdivide las Provincias en Partidos judiciales, por los grandes beneficios que han deresultar a los pueblos de la ms pronta administracin de justicia, aunque en contra del principio deindependencia judicial esta divisin adquiri tambin significado poltico, al constituir la base para la eleccinde Procuradores del reino, los Alcaldes ordinarios cesaban en sus funciones judiciales retenindolas, encambio, los Corregidores y Alcaldes Mayores, junto a las polticas y administrativas.

    Por ltimo, el Decreto de 24 de Marzo suprimi ya definitivamente los Reales Consejos de Castilla y deIndias, restableciendo el Tribunal Supremo de Espaa e Indias, integrado por un Presidente, quince Ministrosy tres Fiscales, distribuidos en tres Salas con atribuciones para conocer de los ltimos recursos y para juzgar alos Magistrados y altos funcionarios de la nacin, entender de los asuntos en que fuerza parte la Corona yresolver los recursos de fuerza de la Nunciatura Apostlica.

    4) La Legislacin de 1835.

    Aunque las normas de la Constitucin de 1812 relativas a organizacin judicial recibieron un cierto desarrolloen algunos aspectos durante los breves perodos en que dicha Constitucin estuvo vigente, la ms importanteley sobre las materias que nos ocupan la primera mitad del siglo fue el Reglamento de 1835.

    Este amplio texto legal contena disposiciones de carcter estrictamente procedimental, regulando losllamados juicios de paz ante los jueces conciliadores del mismo nombre, contena tambin normas procsalesms amplias, al establecer las disposiciones bsicas por las que haba de regirse el proceso penal en primerainstancia y numerosas normas de carcter orgnico, el Reglamento citado era como un pequeo cdigo deprocedimientos al mismo tiempo que ley orgnica de los tribunales ordinarios.

    Con arreglo al Reglamento de 26 de Septiembre de 1835 la administracin de justicia no estaba conferida entodos los casos, ni mucho menos al poder judicial, los alcaldes ejercan una doble funcin judicial:

    Eran jueces de paz, para que ante ellos se celebrasen las conciliaciones o avenencias, que deban serintentadas en todo litigio antes de comenzar el proceso propiamente dicho.

    Eran jueces ordinarios, antes los cuales se sustanciaban las causas penales de menor entidad y las demandasciviles por asuntos de muy escaso valor.

    Por encima estaban los jueces letrados de primera instancia, las Audiencias y el Tribunal Supremo, escalonessucesivos de la jerrquica pirmide judicial.

    La jurisdiccin o potestad de juzgar quedaba vinculada en los dos escalones inferiores a los alcaldes,miembros del poder ejecutivo. La condicin personal de ser jurista, de ser letrado se exiga a los miembros derganos superiores. El reglamento de 1835 compuso un orden jurdico vinculado al ejecutivo y parcialmentecarente de capacidad tcnica.

    En 1835 estaba vigente el Estatuto Real de 1834, esto es, un texto hbrido y ambiguo, en modo algunoreceptivo a los principios liberales, en el que nada hay que se parezca al reconocimiento de la divisin depoderes. La coherencia entre el Estatuto y el reglamento es completa. Bajo la vigencia de la Constitucin de1837, se produjo una clarsima contradiccin entre los principios constitucionales, ya mencionados antes y elcontenido del Reglamento a pesar de su anticonstitucionalidad no fue derogado ni reformado. Aos ms tarde,

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  • la Constitucin de 1845, con su ambiguo moderantismo se aproxim al tipo de orden judicial vinculado enparte el ejecutivo, durante la vigencia de la citada Constitucin, el reglamento de 1835 tenia la vida asegurada.As, una ley que naci con el apelativo de provisional estuvo vigente hasta 1870.

    En sus aspectos orgnicos el Reglamento de Septiembre de 1835 fue completado por el Rgimen del TribunalSupremo de 17 de octubre de 1835, por las Ordenanzas para las Audiencias, de 19 de Diciembre de 1835 yaos despus por el Reglamento para los Juzgados de Primera Instancia de 1 de Mayo de 1844.

    El Reglamento no era tcnicamente una buena ley. La mezcla de preceptos orgnicos con otros procsales, deartculos relativos al proceso civil junto al criminal y la yuxtaposicin de artculos muy precisos al lado deotros que contienen recomendaciones vagas de muy dudoso valor normativo son algunos vicios de lalegislacin procesal vigente en materia de juicios penales.

    El Reglamento de 1835 se remite con frecuencia a las leyes procsales del Antiguo Rgimen contenidas en laNovsima Recopilacin de 1805, lo cual es lgico puesto que el Reglamento no era un verdadero Cdigoregulador sistemtico de toda la materia procesal.

    La ms que dudosa independencia de quienes administraban justicia, la confusa organizacin judicial y el caosde la legislacin procesal produjeron un desastroso estado de la administracin de justicia durante gran partedel siglo XIX.

    Los jueces incumplan con frecuencia la legislacin recopilada y lo que es ms grave, eran permeables tanto ardenes recibidas desde el Gobierno, como a recomendaciones formuladas ante ellos, por personajespoderosos a favor de una de las partes de los procesos. Para superar tan catico estado algunos juristasreclamaban Cdigos procsales nuevos. Pero los principales remedios deban consistir en la simplificacin dejurisdicciones y una buena y liberal Ley Orgnica.

    5) El Decreto de Unificacin de Fueros de 1868.

    A mediados del siglo XIX y a pesar de las declaraciones programticas que inici la Constitucin de 1812,persistan an diversas jurisdicciones especiales, entre las cuales destacaban, como ms importantes:

    La jurisdiccin militar, creada en el siglo XVI y mantenida desde entonces a cargo de los Tribunales yJuzgados de Guerra y Marina; dentro de ella, a su vez se distinguan algunos fueros especiales de distintoscuerpos; Alabarderos, Marina, Artillera o Ingenieros. Se extenda a todos aquellos que percibieran sueldosde diferentes ramas del ejercito e incluso viudas y hurfanas hasta que tomaran estado. Desde el siglo XVIIIesta jurisdiccin abarc tambin al llamado Fuero de Extranjera, vigente a favor de los ingleses, francesesy portugueses encausados en Espaa, la jurisdiccin sobre los cuales pas a los Capitanes Generales.

    En 1863 una Comisin mixta de los Ministerios de Guerra y de Gracia y Justicia, con participacin de laComisin General de Codificacin, acord recortarla sensiblemente, en trminos parecidos a los que la dejreducida el Decreto de Unificacin de Fueros.

    La jurisdiccin eclesistica, reconocida por los Concordatos de 1753 y 1851, en consideracin de una seriede concesiones que la Santa Sede otorg al Patronato de los Reyes de Espaa en materia de nombramientode cargos eclesisticos, se extenda a cuestiones objetivamente civiles.

    La jurisdiccin especial de Hacienda, reducida desde 1852 a conocer en los delitos de contrabando ydefraudacin, conforme a un procedimiento especial seguido ante tribunales propios.

    La jurisdiccin mercantil, en los trminos establecidos por el Cdigo de Comercio de 1829 y su Ley deProcedimiento.

    La jurisdiccin contenciosoadministrativa, reservada a los Consejos Provinciales y al Consejo de Estado.

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  • El decreto de Unificacin de Fueros de 1868 iba a extender la jurisdiccin ordinaria a la mayor parte de losasuntos procsales, conforme expresa en el ttulo I, que reserva slo a ella el conocimiento de los negociosciviles y causas criminales por delitos comunes eclesisticos; de los negocios comunes civiles y criminales delos aforados de Guerra y Marina de todas clases retirados del servicio, y de los de sus mujeres, hijos y criados,aunque estn en activo; de los delitos comunes cometidos en tierra por la gente de mar y por los operarios deestablecimientos militares, fuera de ellos; de los delitos contra seguridad interior del Estado y del ordenpblico, cuando la rebelin y sedicin no tengan carcter militar; de los de atentado y desacato contra laautoridad, tumultos o desrdenes pblicos y sociedades secretas; de los de falsificacin de sellos, marcas,monedas y documentos pblicos; de los delitos de robo en cuadrilla, adulterio y estupro; de los de injuria ycalumnia a personas que no sean militares; de los de defraudacin de los derechos de Aduanas y contrabandode gneros estancados o de ilcito comercio cometido en tierra, y de los cometidos por militares antes depertenecer a la milicia, estando dados de baja en ella, durante la desercin o cargo pblico; de las faltas, a noser que constituyan tambin infracciones a las Ordenanzas o Reglamentos militares y tengan sealada en stosmayor pena; de los negocios civiles y causas criminales de los extranjeros y de los negocios mercantiles.

    El ttulo II reduca la competencia de la jurisdiccin eclesistica al exclusivo conocimiento de las causassacramentales y benefciales, de los delitos eclesisticos y a las faltas cometidas por los clrigos en el ejerciciode su ministerio.

    El ttulo III extenda restrictivamente la jurisdiccin militar a los delitos puramente militares, a los comunes yfaltas cometidas por los militares en servicio activo, los que se cometen en las plazas de frica, enestablecimientos de marina y buques de guerra, y los que tengan lugar durante la navegacin; en materia civil,la competencia de esta jurisdiccin quedaba limitada a los testamentos y abintestatos de los militares ymarinos muertos en campaa o durante la navegacin.

    Los ttulos IV y V suprimieron, respectivamente, los Juzgados especiales de Hacienda y los Tribunales deComercio.

    6) La Ley Orgnica del Poder Judicial de 1870.

    En desarrollo de los preceptos constitucionales de 1869, en 15 de Septiembre de 1870 fue aprobada la LeyOrgnica del Poder Judicial, ley, en principio provisional que haba tenido vigencia hasta fechas bienrecientes, de la que dijo el ministro de Gracia y justicia, Montero Ros, que si no es la ms perfecta que lainteligencia puede concebir, es siquiera la menos defectuosa, dados el actual estado y recursos del pas.

    Dividida en veinticuatro ttulos subdivididos en captulos y secciones, y con casi mil artculos, organizada lajudicatura sobre las siguientes lneas fundamentales:

    Sistema de oposicin para cubrir las vacantes y rgimen de ascensos en el que se combina la antigedadcon los mritos. Esta seleccin se considera la mejor garanta para que en lo sucesivo desempeen loscargos judiciales no los aptos, sino los ms aptos; no los dignos, sino los ms dignos y para que losnombramientos no fueran debidos al favor, a bastardas influencias o al espritu de partido.

    Consagracin del principio de inamovilidad judicial, de responsabilidad de los jueces, y deincompatibilidad del ejercicio de sus funciones con cargos polticos y administrativos y con el ejercicioactivo de la poltica.

    Colegialidad de los Tribunales, con excepcin de los jueces de instruccin y de los municipales. Divisin del territorio nacional en quince distritos, al frente de cada uno de los cuales figuraba laAudiencia, conforme a la planta fijada en 1834: Albacete, Barcelona, Burgos, Cceres, La Corua,Granada, Madrid, Oviedo, Palma, Las Palmas, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Cadadistrito, fue dividido en partidos, con un Tribunal de Partido, y cada partido en circunscripciones abarcabanvarios trminos municipales, con uno o varios jueces municipales en cada uno de ellos.

    El Tribunal Supremo, radicado en Madrid, qued estructurado en tres salas de Justicia, con treinta y tres

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  • magistrados, ocho de los cuales, destinados a la Sala de Recursos contra la Administracin, asumen lajurisdiccin contenciosoadministrativa, hasta entonces reservada al consejo de Estado.

    Una Ley Adicional, promulgada por Real Decreto de 14 de Octubre de 1882, trat de hacer compatible laorganizacin judicial con la instancia nica y el juicio oral y pblico implantados por la Ley deEnjuiciamiento Criminal del mismo ao. Para ello cre noventa y cinco tribunales colegiados que, aosdespus y por dificultades presupuestarias, quedaron reducidos a uno por provincia, con el nombre deAudiencia provincial.

    La Ley Adicional modific tambin el procedimiento de ingreso y ascensos en la carrera judicial,estableciendo un turno de antigedad, dos de mritos y un cuarto de libre nombramiento ministerial, lo queintrodujo una importante quiebra del principio de independencia de la judicatura ante el poder poltico.

    Tras una vigencia centenaria poco acorde con su carcter de ley provisional, ha resultado derogada por la LeyOrgnica del Poder Judicial de 1 de Julio de 1985 (completada en su desarrollo por otras disposicioneslegales, entre las que destaca la Ley de Demarcacin y Planta Judicial de 28 de Diciembre de 1988), cuyapromulgacin ha permitido acomodar la Justicia espaola a las necesidades derivadas del nuevo modelojudicial consagrado en el ttulo VI de la Constitucin de 1978. Entre otras novedades, desaparecen losantiguos juzgados municipales, comarcales o de distrito y se crean los Juzgados de lo Penal y los JuzgadosCentrales de lo Penal, as como los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autnomas que, enlos mbitos respectivos de stas, culminan la jerarqua judicial, a salvo la jurisdiccin del Tribunal Supremo yla del Constitucional cuando haya lugar a ellas.

    7) La Ley del Jurado.

    El Tribunal de Jurados, previsto ya en la Constitucin de 1812, y cuya primera experiencia desde 1820 fuelimitada a los delitos cometidos en el ejercicio de la entonces estrenada libertad de imprenta, tras una azarosavida de sucesiones suspensiones y restablecimientos, recibe un nuevo impulso de signo progresista en laconstitucin de 1869. Fruto de l sera la extensa regulacin que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 22 deDiciembre de 1872, dispuso en manos de un jurado competente juzgar delitos polticos y los comunes msgraves, esta normativa apenas pudo aplicarse ya que el Jurado fue suspendido por real Decreto de 3 de Enerode 1875, uno de los primeros con los que se estrenaba el Rgimen de la restauracin borbnica.

    En 1883 un proyecto de ley para la implantacin del jurado fue presentado en el Senado por el ministro deJusticia, Vicente Romero Girn. La competencia se restringa a los delitos polticos, electorales y a loscometidos por medio de la Imprenta, sin limitaciones en funcin de la pena prevista en cada caso, de los quehabran de conocer doce vocales mayores de veinticinco aos, alfabetizados, domiciliados en un lugar de loshechos y que fuesen funcionarios pblicos o contribuyentes de cierto nivel. Aprobado el proyecto en elSenado, no lleg a serlo en el Congreso de signo conservador, al producirse el final de la legislatura y laformacin de un nuevo Gobierno de signo conservador, en un ambiente de tensin social que desaconsejabano servan de pretexto para desistir del propsito de restablecer el Jurado.

    Sin embargo, en 1886, como consecuencia de un compromiso poltico ms que como fruto de una conviccin,Manuel Alonso Martnez present en las Cortes un nuevo proyecto ms amplio que el anterior. Se argumenten que la opinin pblica se hallaba ya suficientemente madura para asumir las funciones propias del Jurado,al que favoreca la implantacin del nuevo procedimiento criminal regulado por la ley de Octubre de 1882,que introdujo el principio acusatorio y el juicio oral y pblico.

    Las listas de elegibles haban de formarse en cada partido judicial, incluyendo en ellas a los cabezas de familiavecinos de los municipios pertenecientes a aqul, mayores de treinta aos que no tuvieran limitado el disfrutede sus derechos civiles y polticos, sin que tuviera relevancia la cuota contributiva respectiva. Los tresmagistrados y doce vocales integrantes del Jurado deban conocer de todos los delitos graves.

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  • IV.2 Las Leyes de Procedimiento Civil.

    1) La instruccin del Marqus de Gerona de 1853.

    Singular importancia en orden a la codificacin del procedimiento civil tuvo la Instruccin del Procedimientocivil con respecto a la Real Jurisdiccin ordinaria promulgada el 30 de Septiembre de 1853 por el efmeroministro de Gracia y Justicia Castro y Orozco, Marqus de Gerona.

    Aunque su vigencia fue muy corta, sirvi de catalizador a travs el cual el estado de la administracin dejusticia en Espaa y la necesidad de abordar su reforma en profundidad fueron cuestiones que trascendierondel crculo de los profesionales y de los afectados por ella hasta colocarse en primer plano de la opininpblica. Elaborada al margen de la Comisin de Codificacin e impuesta sin consultar siquiera a las Cortespor un gabinete extraordinario impopular (el del Conde de San Luis, que dur slo un ao, pero que tuvotiempo para depurar el Senado, amordazar a la prensa y suspender las sesiones de las Cortes), su aparicin fueseguida de unas dursimas y apasionadas crticas, determinantes de su fugaz existencia.

    Sus principios inspiradores apuntaban certeramente opina Prieto Castro a la raz de los defectos ms acusadosde la administracin de justicia de aquel tiempo: principio de impulso oficial, supresin de tramites superfluosy de las terceras instancias, principio de concentracin, de publicacin en la prctica de la prueba, incrementode las facultades directivas del juez, etc.

    Sin duda alguna, la crudeza descarnada con que en la exposicin de motivos criticaba los abusos ycorrupciones del foro influy decisivamente en la animadversacion con que fue recibida la reforma por juecesy abogados, heridos en lo ms vivo por las crticas del ministro. Tras un cambio de Gobierno la Instruccinfue derogada en Mayo de 1854.

    De esta forma apunta Fiaren la pasin poltica y el espritu de clase, en parte desatados por la falta de tactopoltico del Marqus de Gerona, frustraron un intento encomiable de reforma, y las consecuencias de tal errorlas pagaron y las pagamos jueces, litigantes y abogados.

    2) La Ley de Enjuiciamiento civil de 1885.

    Aunque de efectos inmediatos muy limitados, la Instruccin de 1853 puso en evidencia la perentorianecesidad de una ley de enjuiciamiento que erradica del procedimiento civil la persistencia de los secularesabusos que el Marqus de Gerona haba denunciado. En este clima reformista se inserta una ley de Bases parala elaboracin de la Ley de Procedimiento Civil aprobada en Mayo de 1855. Las bases hacan referencia aaspectos tan fundamentales como la abreviacin de los plazos legales, el abaratamiento de la justicia, lapublicidad de pruebas entre partes, la fundamentacion de las sentencias, la desaparicin de las tercerasinstancias, compensada con una regulacin adecuada del recurso de nulidad, etc.

    Las bases fueron desarrolladas por una Comisin en la que intervinieron, ente otros, Pedro Gmez de la Sernay Manuel Alonso Martnez, y el 5 de Octubre de 1855 un Real Decreto aprobada la que haba de ser primeraLey de Enjuiciamiento Civil espaola, que entr en vigor el 1 de Enero de 1856.

    El texto, de 1415 artculos, el ltimo de los cuales deroga todo el Derecho anterior, se divide en una primeraparte dedicada a la jurisdiccin contenciosa (1202 artculos) y una segunda sobre jurisdiccin voluntaria (208artculos).

    Entre las novedades que introduce destacan la obligacin de fundar las sentencias, la regulacin del acto deconciliacin ante los jueces de paz, que ahora se crean, la de los juicios universales (abintestato,testamentarias y concurso de acreedores), la supresin de la prisin por deudas en los juicios ejecutivos, y unadetallada reglamentacin del recurso de casacin; ste slo poda interponerse contra sentencia definitiva de

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  • segunda instancia en la que se apreciara infraccin de ley o doctrina legal, o bien quebrantamiento de lasformas esenciales del juicio; quedaba prohibido llevar a la casacin cuestiones de hecho y de apreciacin depruebas y se exclua para los juicios verbales y de menor cuanta.

    La ley sigue el procedimiento escrito tradicional, acusadamente formalista. En este sentido se le ha achacadouna innegable timidez a la hora de introducir innovaciones, por lo que en bastantes aspectos ms parece unarecopilacin a la antigua usanza que un Cdigo.

    Su indudable coherencia y el hecho de ser la nica existente en el mundo, junto al Cdigo procesal francs de1806, la convirtieron en modelo de otras muchas, difundindose sobre todo por Hispanoamrica. De ellaescribi Antequera: la reforma no es tan completa como nosotros lo desebamos, ni evita cuanto quisiramoslas dilaciones de los pleitos, aunque haya dado los primeros pasos en el camino. Tras el desasosiegoproducido en el mundo jurdico por la Instruccin del Marqus de Gerona, la Ley de Enjuiciamiento de 1855abri un periodo de satisfaccin y tranquilidad que determinara el estancamiento, durante muchos aos, delos estudios procsales en Espaa.

    3) La Ley de Enjuiciamiento civil de 1881.

    Sobre el modelo bsico de la Ley anterior, que se toma como referencia, fue publicada una nueva Ley deEnjuiciamiento Civil por Real decreto de 3 de Febrero de 1881, comenzando su vigencia el 1 de Abrilsiguiente.

    Se trataba de agilizar y abaratar el proceso suprimiendo diligencias superfluas, de integrar en lascorrespondientes secciones los artculos de la ley Orgnica del Poder Judicial de 1870 referidos acompetencias, recusaciones, etc, de reformar el expediente de pobreza (origen de abusos, retrasos maliciosos ysemillero de pleitos temerarios) y de ajustar definitivamente las materias mercantiles en la medida en quehubieran resultado afectadas por el decreto de Unificacin de Fueros de 1868.

    Dividida en tres libros (disposiciones comunes a la Jurisdiccin voluntaria). stos se estructuran en ttulos,secciones y artculos, hasta un total de 2182, que la convierten en el Cdigo ms extenso que haya existido enEspaa.

    Su desmesurada extensin se debe al hecho de recoger materias que normalmente hubieran debido ser objetode leyes independientes, las quiebras, por ejemplo, y quiz la jurisdiccin voluntaria, pero sobre todo, a laausencia de criterios ordenadores que sistematizaran su contenido. Este defecto da lugar a la presencia deregulaciones casusticas y particulares, de reiteraciones innecesarias, omisiones, exceso de detallismo y msde una contradiccin. Es, pues, una Ley de sistemtica bastante deficiente.

    La ley prolonga su vigencia hasta el momento presente, aunque ha sido objeto de numerosas y profundasreformas, entre las ltimas de las cuales cabe destacar, por su alcance, de una parte, la ley de 6 de Agosto de1984 que mantiene como tipo bsico de regulacin el juicio de mayor cuanta, determina una casigeneralizacin en la prctica del de menor cuanta, por elevacin de los limites econmicos y porqueconstituye el procedimiento a seguir a falta de tipo procesal concreto. Y, otra la Ley de medidas urgentes dereforma procesal de 30 de Abril de 1992, que introduce una nueva reduccin de los motivos de casacin,excluyendo de ellos el error en la apreciacin de la prueba. Sobre este punto procede sealar la existencia deun borrador de Proyecto de nuestra Ley de Enjuiciamiento civil, en fase de informacin por los especialistasque, hacindose eco del sentir doctrinal mayoritario ha dejado reducida la casacin a un motivo nico, aunquede elstica interpretacin: el de infraccin de ley o de jurisprudencia.

    IV.3 Las Leyes de Procedimiento criminal.

    Primeros Pasos.

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  • A pesar del muy escaso liberalismo del momento en que se promulg, el Reglamento provisional para laadministracin de justicia de 1835 contena en su artculo 51 unas extensas y bien intencionadasobservaciones dirigida a los jueces, para que stos simplificaran el proceso penal, eliminaran de l los msgraves abusos y concedieran ms importancia al juicio plenario de la que ste haba tenido durante siglos; deeste modo, aunque el proceso penal contina despus de 1835 fiel a orientaciones inquisitivas, pues el juezinstructor era tambin era el Juez Sentenciador, el reglamento de tal fecha mejor el proceso penal mucho msque cualquiera otra ley promulgada durante las primeras dcadas del Estado liberal.

    tambin contenan algunos preceptos de carcter procesal penal los Cdigos penales de 1848 y 1850, pero enmodo alguno regulaban por completo todo el proceso, limitndose a establecer la obligacin de las sentenciasestuviesen expresamente fundamentadas y a fijar ciertas garantas respecto a la prisin gubernativa delpresunto reo.

    La Comisin General de Codificacin comenz en 1856 a trabajar en un proyecto de Cdigo procesal penal;uno de los criterios que establecieron los miembros de la Comisin fue el de dividir, en determinadas causaspenales, la instruccin (encomendada siempre a los jueces de partido, equivalentes a los actuales jueces deprimera instancia e instruccin) y el fallo (encomendado a las Audiencias). La Comisin elabor un proyectode bases para el futuro Cdigo o Ley procesal penal, pero dicho texto, aprobado ya en el Congreso, no lleg aserlo en el Senado, siendo, al parecer, retirado por el Gobierno. Jos Mara Antequera, jurista muyconservador de la segunda mitad del siglo XIX y buen conocedor de la historia de la Codificacin en Espaa,afirma que la futura Ley aprobada en 1872 tom como punto de partida los trabajos de la Comisin deCodificacin emprendidas en 1856.

    Un interesante proyecto privado de Cdigo de procedimientos en materia criminal es elaborado con este titulopor Manuel de Seijas y Lozano, autor, como ya hemos dicho, del Cdigo Penal de 1848. En 1841 el citadojurista dio a la imprenta por propia iniciativa su proyecto, caracterizado por la atribucin de la formacin delsumario a los jueces de instruccin y por la designacin de las Audiencias como Tribunales sentenciadores. Almargen de esta importante innovacin, el Proyecto de Seijas es prolijo y no muy sistemtico. Aos despus, elmismo Seijas, siendo Ministro de Gracia y Justicia, fue quien orden a la Comisin de Codificacin en 1856que se ocupase de redactar un Cdigo procesal penal, demostrando con ello una preocupacin tan sinceracomo constante por este tema.

    La Ley de Enjuiciamiento criminal de 1872.

    La Ley Orgnica del poder Judicial consagraba la separacin entre el periodo de instruccin y el juiciopropiamente dicho, que se resolva en una nica instancia, oral y pblica, ante un tribunal colegiado, con laintervencin, prevista para el futuro, de la institucin del Jurado.

    Asimismo ordenaba la reforma del proceso criminal conforme a unas bases que establecan, entre otrasreformas, la organizacin de una polica judicial, la publicidad de los juicios y la definitiva organizacin delsistema de juicios por Jurado.

    Sobre dichas bases fue promulgada la Ley Provisional del Enjuiciamiento Criminal de 22 de Diciembre de1872, que entrara en vigor el 15 de Enero de 1873. Consta de un ttulo preliminar (Disposiciones generales) ytres libros (Del sumario, del juicio oral y del procedimiento para el juicio oral sobre faltas), con un total de955 artculos, ms un titulo adicional de siete artculos reguladores del procedimiento de extradicin de losprocesados o condenados que se hubieran refugiado en pas extranjero.

    Pero la normativa de esta Ley, como la contenida en la Orgnica del Poder Judicial de 1870, descansabansobre el presupuesto de la existencia de una estructura judicial que nunca lleg a implantarse, y este desajustetrunc la vieja aspiracin de separar la funcin de instruir el proceso y la de conocer y sentenciar las causas.

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  • La Ley de Enjuiciamiento criminal de 1882.

    Promulgada la Constitucin de 1876 se plante la necesidad de adecuar las leyes procsales a sus principios,labor asumida por la Comisin General de Codificacin que cristaliz, en la Compilacin General sobre elProcedimiento Criminal de 1879; se trata de una obra tcnicamente desafortunada, que inclua disposicionesderogadas y alteraba otras, contradiciendo su sentido originario de clarificar el panorama normativo en elmbito procesal.

    Ante la nueva situacin de desconcierto provocada por la Compilacin, la Ley de Bases de 22 de Junio de1882 ordenaba redactar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre principios como el de instancianica, juicio oral y pblico, siempre que la moral lo permitiera, aceleracin de los trmites e introduccin delas modificaciones aconsejadas por la ciencia y la experiencia.

    La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal fue promulgada el 14 de Septiembre de 1882 y, modificada pornumerosas y profundas reformas, an est en vigor. Dividida en siete libros, consta de 998 artculos ms unadisposicin final derogatoria.

    Sobre su calidad tcnica se han expresado los especialistas en trminos muy elogiosos, destacando el mritode sus redactores, quienes, en medio de una situacin de enmaraamiento legislativo y de vaco doctrinal,consiguieron elaborar un texto muy superior a los existentes en otros pases y bastante ms perfecto que laLey de Enjuiciamiento Civil del ao anterior.

    Dos disposiciones ya citadas constituyen la ms recientes de las numerosas reformas introducidas en la leypara ajustarla a las exigencias de la situacin actual: la Ley de Demarcacin y Planta judicial de 28 dediciembre de 1988 que, a los efectos del procedimiento penal, se suprime todos los procedimientos deurgencia hasta entonces, para englobarlos en el denominado procedimiento abreviado, y la Ley de medidasurgentes de reforma procesal de 30 de Abril de 1992, que introduce modificaciones en el juicio de faltas y enel recurso de revisin.

    8) CODIFICACIN CIVIL

    V.1 Proyectos de Cdigo civil y leyes civiles especiales. La problemtica de los derechos forales:

    1) El Proyecto de Cdigo civil de 1821.

    El primer Proyecto de Cdigo civil espaol surgi durante el trienio constitucional, y fue obra de unaComisin redactora constituida en 1820 e integrada por siete diputados (entre ellos Nicols Mara Garally, suprincipal inspirador), quienes llevaron a cabo lo que Federico de Castro ha calificado como el intentolegislativo ms curioso y original de nuestros tiempos modernos.

    El plan de la obra, extraordinariamente ambicioso, pretenda abarcar prcticamente todo el Derecho espaol,al menos en aquellas ramas que no haban tenido reconocida una autonoma codificadora en el artculo 258 dela Constitucin de Cdiz. Junto a la materia civil, deba acoger en sus cinco libros todo el Derecho poltico yconstitucional, administrativo, laboral y procesal civil y mercantil.

    En el proyecto se advierte la influencia del Cdigo austriaco, del prusiano y, sobre todo, la del Cdigo deNapolen y la de sus comentaristas; pero muy por encima de todas ellas, est presente la influencia de latradicin jurdica encarnada en el Fuero juzgo y en las Partidas, a las que los redactores se refieren con respetoy orgullo y en cuyos modelos se inspiran. En este sentido, la obra se instala como heredera de la legislacinhistrica castellana a medio camino entre la Recopilacin y el Cdigo, en un momento en que, para la doctrinaespaola, las diferencias cualitativas entre una y otro no aparecan aun definidas con claridad.

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  • Esto explica la concepcin tentacular del Proyecto que atrae hacia s, junto al Derecho civil, toda una serie desectores adyacentes que haban encontrado tradicionalmente emplazamiento en las Recopilaciones clsicas,entre ellas en la Novsima, que los redactores se proponan derogar.

    La extensin de la obra impidi que pudiera redactarse en su totalidad y aunque en 1821 se publicaron elTtulo preliminar y los dos primeros libros, la vuelta al absolutismo interrumpi la continuacin de lostrabajos.

    2) El Proyecto de Cdigo civil de 1851.

    Sucesivas comisiones y proyectos siguieron a este primer intento de codificacin, pero habran de transcurriran bastantes aos hasta la aparicin de una obra que, dotada de suficiente solvencia jurdica, aspirase arecoger en un solo Cdigo todas las leyes civiles de Espaa. Efectivamente, la seccin civil de la ComisinGeneral de Codificacin, que haba sido reorganizada en 1846, elabor un proyecto integro de Cdigo queremiti al Gobierno en 1851.

    Constaba de un ttulo Preliminar y en sus 1992 preceptos, redactados en un estilo claro y conciso, sedistribuan en tres libros, divididos a su vez en ttulos, captulos, secciones, prrafos y artculos, el ltimo delos cuales derogaba todos los fueros, leyes, usos y costumbres anteriores, que quedaran desprovistos defuerza normativa desde el momento en que este texto fuera promulgado.

    Hay que sealar con rasgo caracterstico del proyecto de 1851 el criterio uniformador que preside todo suarticulado, y su manifiesta oposicin al mantenimiento de los especialistas forales, lo que le lleva a prescindirprcticamente de la totalidad de los principios jurdicos y e instituciones catalanas, aragonesas y navarras.Mantener las especialidades de estos territorios hubiera significado, en palabras de uno de sus redactores echarnuevamente a los espaoles al laberinto de que se les quiere sacar, y ensanchar el abismo que el Cdigo civildebe cerrar. Consecuente con este criterio, su contenido se manifiesta siempre respetuoso con la tradicinnormativa y doctrinal castellana que sigue que ms evidentes eran las diferencias con los derechos forales.

    No obstante este radical castellanismo, en una disposicin transitoria quedaba reconocido expresamente elrespeto de los derechos adquiridos y de las esperanzas legitimas que, con anterioridad a la entrada en vigor delnuevo Cdigo, hubieran nacido al amparo de los derechos forales que ahora derogaban.

    El proyecto de 1851, inspirado sobre todo en el derecho castellano, result influido tambin por la doctrinajurdica extranjera y por los modelos europeos contemporneos, sobre todo por el Cdigo civil francs. Lainfluencia de ste se manifiesta en la sistemtica, puesto que sigue su plan general, y en el desarrollo concretode determinadas instituciones, algunas de las cuales alcanzan ahora por primera vez carta de naturaleza en lalegislacin espaola: as ocurre con la regulacin de que es objeto la ausencia, o con las figuras del protutor yel Consejo de familia, que pasaran al Cdigo civil de 1888.

    El influjo francs se concret tambin la recepcin de principios que, al contrario de los anteriores, nollegaran a arraigar en nuestro sistema jurdico: por ejemplo, el reconocimiento de la transmisin consensualdel dominio, que aos despus iba a rechazar nuestro Cdigo civil (textos).

    Otra caracterstica importante del proyecto, acorde con la mentalidad de su tiempo y que habra de transmitiral Cdigo civil vigente, fue su liberalismo, manifiesto, por ejemplo, en la formulacin del Derecho depropiedad, y concretado en la oposicin sistemtica a cuanto pudiera implicar algn obstculo al libre traficode bienes. De ah las serias limitaciones impuestas a la adquisicin de inmuebles por las llamadas manosmuertas, y la prohibicin de las substituciones fideicomisarias, del retracto gentilicio o del censo enfitutico.

    Elevado el Proyecto por la Comisin al Ministerio de Gracia y Justicia, ste mand publicarlo al tiempo quehabra una consulta pblica que invitaba a las Audiencias, facultades de Jurisprudencia, Colegios de

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  • Abogados y juristas en general a manifestar su opinin sobre el mismo, y a expresar las observaciones quepudieran contribuir a su mejora.

    La obra fue recibida con poco entusiasmo y prueba de ello es la escasa respuesta que tuvo esta iniciativa, y enel carcter critico de los informes provenientes de corporaciones y juristas catalanes que reprochaban launiformidad jurdica que implantada, sobre todo en tema de sucesiones. Las observaciones remitidas porobispos y Tribunales eclesisticos dejaron constancia de la oposicin de la Iglesia catlica a la limitacin desu capacidad para adquirir bienes por va testamentaria, as como las innovaciones introducidas en lareorganizacin del registro civil, que convertan a los prrocos en funcionarios del Estado, y en la regulacindel matrimonio y de las causas de separacin, materias en las que la iglesia perda su jurisdiccin, alproclamarse la competencia exclusiva sobre ellas de los tribunales seculares.

    El intento codificador qued paralizado en esta fase, porque el Ministerio opt finalmente por no presentarante las Cortes el Proyecto. Con todo, ste tendra una proyeccin de ms largo alcance en cuanto la Ley deBases de 1888 lo elev a la categora de fundamento inspirador del inminente Cdigo Civil. Efectivamente,aunque se introdujeron modificaciones sobre el modelo original, tanta es la fidelidad con que el Cdigo sigueal Proyecto de 1851 que ste, ms que un intento frustrado, puede considerarse, en palabras de Pea Bernaldode Quirs, como el Cdigo espaol en una etapa muy avanzada de su elaboracin.

    Hay que hacer, por ltimo, una referencia a la figura del navarro Florencio Garca Goyena, poltico liberalexiliado durante la poca absolutista, ministro ms tarde de Isabel II y jurista notable. Su nombre suele irasociado con el Proyecto de 1851 que tradicionalmente se ha reputado como obra suya, lo que tal vez noresulte del todo inexacto teniendo en cuenta que su aportacin personal al mismo super en profundidad ydedicacin a la de sus restantes compaeros de Comisin.

    Entre otras obras, Garca Goyena public unas Concordancias, motivos y comentarios del Cdigo civilespaol, obra explicativa del Proyecto que convirti a su autor, como ha escrito Lacruz Berdejo, no solo en elgran motor de la Codificacin espaola, sino tambin en el primer comentarista de la mayor parte del Cdigocivil, y en el mayor auxilio para su interpretacin histrica, dada la tan estrecha dependencia de nuestrocuerpo legal con respecto al Proyecto de 1851.

    Garca Goyena reproduce los 1992 artculos del Proyecto y, al pie de cada uno de ellos, inserta un breveresumen de sus paralelos en el Derecho romano y en los Cdigos contemporneos, con algunas alusiones,cuando hay lugar a ello, a la legislacin histrica castellana y, en ms escasa medida, a la regulacin de losDerechos forales.

    Expone tambin las razones que movieron al legislador a optar por la solucin seguida en el articulo, y precisael sentido y alcance de cada uno de stos y la forma en que se coordina con otros de contenido prximo, paradar idea de cmo se articula dentro del conjunto y de la medida en que contribuye a la armona del sistema.

    4) Leyes civiles generales: la Ley de Matrimonio civil de 1870.

    El fracaso del proyecto de 1851 tuvo como consecuencia ms importante el abandono de la idea de redactarun Cdigo general a corto plazo, se inici una poltica de promulgacin de leyes generales aunque por sucontenido tenan carcter especial, puesto que el objetivo regulado por ellas estaba constituido solamente poruna materia especifica.

    En el Proyecto de 1851 se redact una Ley Hipotecaria, promulgada en 1861 y reformada en 1869, constituaun verdadero Cdigo de la propiedad inmobiliaria, regulador de la publicidad de las transmisionesdominicales y de los gravmenes sobre bienes inmuebles ordenando su inscripcin en un registro, fervienteanhelo de la burguesa enriquecida con la adquisicin de tierras dasamortizadas. A esta poltica Legislativaresponden entre otras la Ley de Notariado 1862, la Ley de Aguas 1866 y 1879, la Ley de Registro civil 1870,

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  • que rescat para la Administracin estatal el control de los nacimientos, matrimonios y defunciones de losespaoles, hasta entonces anotados en los registros parroquiales.

    La ley de Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870, obra de Eugenio Montero Ros (Catedrtico de DerechoCannico), regulaba en ocho captulos los ms importantes aspectos de la relacin conyugal, tendra profundatrascendencia en el mbito del Derecho de familia espaol al pasar buena parte de su contenido al Cdigocivil, convirtindose por esta va en materia de general vigencia.

    La moderacin de su contenido fue reconocida incluso por los mismos enemigos de su promulgacin, queesgrimieron en las Cortes, el argumento de que era un proyecto superfluo ya que no introduca novedadsustancial.

    La Ley sancionaba en su primer artculo la perpetuidad e indisolubilidad del matrimonio por lo cual erarechazado el divorcio al que Montero Ros lo calificaba de plaga y cncer corrosivo de la familia.

    Montero Ros verti en esta ley los principios bsicos de la legislacin cannica, cuya perfeccin y eficaciaconoca a fondo. Las modificaciones fueron mnimas, aunque polmicas: reconocimiento a la jurisdiccincivil ordinaria de la competencia para entender todas las cuestiones derivadas de la aplicacin de la ley, conexpresa negacin de efectos civiles a las sentencias de los tribunales eclesisticos, atribucin al poder civil dela facultad de dispensar a los contrayentes de algunos impedimentos, y celebracin del matrimonio ante eljuez municipal, el secretario del juzgado y dos testigos.

    Debido a sus connotaciones liberales fue derogada inmediatamente despus de la Restauracin, se mantuvo envigor su captulo 5, en el que regulaba el rgimen personal y patrimonial de los cnyuges, la filiacin legitimay la ilegitima, la patria potestad y la obligacin de alimentos.

    El fortalecimiento de los derechos forales: Real Decreto de 2 de Febrero de 1880.

    El 2 de Febrero de 1880 el ministro de Gracia y Justicia lvarez Bugallal firm un decreto que volva aplantear el tema de la elaboracin de un Cdigo civil. La disposicin tuvo decisiva trascendencia para elfuturo de la codificacin civil espaola reconoca por vez primera de forma oficial el criterio de la unidad civildeba intentarse sin que ninguna de las legislaciones histricas vigentes en Espaa prevaleciera sobre lasdems, sino adoptando con criterio racional lo ms aceptable de cada una de ellas.

    De esta forma, el decreto pretenda que los derechos forales no solo no quedaran marginados sino queincorporaran su creciente potencia a la tarea codificadora. En este sentido, propuso un criterio de transaccingenerosa entre el Derecho castellano y los derechos forales que permitiera sin exigir de nadie sacrificiossuperiores a sus fuerzas armonizar las instituciones fundamentales de uno y de otros.

    Para estudiar la viabilidad del ensayo, orden que cada una de las regiones forales nombrara un representante,jurista de ciencia y prctica reconocidas, que se incorporara como vocal a la Comisin General deCodificacin. Cada uno de estos letrados deba redactar en seis meses una Memoria sobre las instituciones delDerecho foral de su regin que por su vital importancia fuera indispensable introducir en el Cdigo civilgeneral, aunque fuera con vigencia exclusiva en el respectivo territorio.

    Como consecuencia de las deliberaciones de la Comisin general de Codificacin ahora enriquecida con lapresencia de los representantes forales, se produjo una cierta aproximacin de puntos de vista y fue posiblellegar a algunos acuerdos preparatorios de una unificacin sobre todo en materia de sucesiones y de contratos.Haciendo realidad las sugerencias del Derecho se acord incluso recoger algunas instituciones forales dentrode la normativa del futuro Cdigo civil.

    Las Leyes de Bases de Cdigo civil.

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  • Aunque las sesiones de la Comisin General de Codificacin no llegaron a cristalizar en acuerdos vinculantes,tuvieron la virtud de poner de manifiesto que las diferencias ms irreductibles entre el derecho castellano y losforales se centraban exclusivamente en el rgimen econmico del matrimonio y dentro del Derecho desucesiones, en la viudedad foral y en el sistema de legitimas.

    Partiendo de esta realidad, el presidente de la Comisin general de Codificacin, Manuel Alonso Martnez,considero ya viable la redaccin de un Cdigo civil de vigencia general que sobre el modelo del Proyecto de1851, garantizarse el respeto a las peculiaridades regionales en los mencionados puntos, algunos de los cuales,en su opinin, eran susceptibles de ser extendidos a toda Espaa, conforme a la idea que haba propugnadolvarez de Bugallal.

    Solucionado el problema de fondo haba que estudiar la estrategia que hiciera posible la aprobacin delproyecto en las Cortes, algunos partidos polticos haban incorporado a su programa la defensa yreivindicacin de los derechos forales. Ello le indujo a eludir el debate parlamentario sobre el articulado deltexto, que adems de retrasar el intento podra fcilmente derivar en debate poltico. En su calidad de ministrode Gracia y Justicia, Alonso Martnez present a las Cortes un Proyecto de ley de Bases en las que contenanlos principios inspiradores del futuro Cdigo civil. En el fondo se trataba de buscar autorizacin parapromulgar el proyecto de 1851 con un apndice adicional comprensivo de las instituciones forales que debanconservarse. Se presentaba la introduccin del matrimonio civil junto al cannico y la proclamacin delDerecho general como subsidiario de los ordenamientos forales. Este ltimo punto suscit los recelos yconsiguiente oposicin de los foristas, y el proyecto de Ley fue rechazado tras la discusin del primero de susartculos.

    Una nueva Ley de Bases presentada en 1885, se admita que los derechos forales conservaran sus propiosordenamientos subsidiarios tradicionales con vigencia preferente sobre el Cdigo civil, result por finaprobada despus de una larga y apasionada polmica parlamentaria, se promulg como ley de Bases delCdigo civil el 11 de Mayo de 1888. consta de 8 artculos en el ltimo de los cuales se incluyen las 27 basescon arreglo a las cuales el Gobierno deba proceder a la redaccin del Cdigo civil. Quedaba reconocida laplena vigencia de los derechos forales cuyos derechos supletorios tendran aplicacin preferente sobre elarticulado del Cdigo civil al que se reconoca, pues, valor de derecho supletorio de los supletorios de cadauno de los derechos forales. Se declaraban de inmediata aplicacin en toda Espaa el Ttulo Preliminar, en loreferente a los efectos de las leyes y a las reglas generales de su aplicacin, y a los artculos del Cdigorelativos a las formas del matrimonio.

    Se ordenaba la codificacin de las instrucciones forales en unos Apndices Forales al Cdigo civil, quedeberan ser aprobados en las Cortes.

    En algunos puntos, las bases determinaban que el futuro Cdigo deba apartarse de la normativa contenida enel Proyecto de 1851, como en la determinacin de la mayora de edad, fijada por ste en los veinte aos y quedeba quedar establecida en los veintitrs. La tendencia a armonizar el Cdigo civil con los derechos forales semanifest tambin en la admisin de la sustitucin fideocomisa, en el reconocimiento de una mayor libertadde testar, con la reduccin del importe de la legitima, y en el rechazo del sistema de transmisin consensualdel dominio, que el Proyecto de 1851 haba tomado del Cdigo de Napolen.

    La Ley de Bases manifest en otros aspectos el propsito de dar cabida en el Cdigo civil a principios einstituciones de clara progenie francesa que el Proyecto de 1851 haba incorporado ya a su texto: asi, ladistincin entre la declaracin de ausencia y presuncin de muerte, el reconocimiento formal del testamentoolgrafo, o la introduccin de las figuras del protutor y del Consejo de Familia, institucin esta ltima que laLey considera que deba ser restablecida, atendiendo a las observaciones que sobre sus precedentes histricoshaba dejado anotadas Garca Gayena en sus Concordancias.

    Conviene destacar la notable fidelidad con que el Cdigo civil se atuvo en su contenido a las orientaciones

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  • establecidas en esta Ley de Bases lo que resulta por otra parte lgico si tenemos en cuenta que estasdirectrices se formularon teniendo a la vista buena parte del articulado de aqul, aunque la Ley de 1888 perditoda fuerza vinculante una vez promulgado el Cdigo, ha seguido proporcionando criterios de fundamentalvalidez a la hora de interpretar la autntica inteligencia de aquellos de sus artculos cuyo alcance pudieraprestarse a diversidad de sentidos.

    V.2 El Cdigo civil espaol y la Codificacin de los derechos forales.

    El Cdigo civil.

    El 6 de Octubre de 1888, cuatro meses despus de aprobada la Ley de Bases, el ministro Manuel AlonsoMartnez firmaba por un halago de la fortuna, el decreto de publicacin del Cdigo civil en la Gaceta deMadrid, tres das ms tarde se iniciaba la publicacin, que haba de concluir el 8 de Diciembre del mismo ao,prevista su publicacin automtica entrada en vigor, esta no se produce hasta sesenta das posterior y aplazarasu entrada hasta el 1 de mayo de 1889.

    La rapidez con que fue desarrollada la citada Ley de Bases se explica por el hecho de que el Cdigo civilestaba ya prcticamente redactado cuando aquella termin de discutirse y recibi la aprobacin de las Cortes.De manera que la relacin del Cdigo civil con la Ley de Bases es, inversa a la que inicial y lgicamentepudiera presumirse: a finales de 1887 la Comisin tenia ya rematado un proyecto de Cdigo civil al que slofaltaba el capitulo relativo a la hipoteca que habra que desarrollar la normativa de la Ley Hipotecaria de1869, pero que terminara por reenviar a ella.

    Es preciso destacar tambin otra circunstancia, aunque el Decreto que ordenaba su publicacin del Cdigoordenaba vengo a decretar que se publique en la Gaceta de Madrid el Cdigo civil adjunto, en inequvocareferencia a un texto determinado y autentico, en realidad no acompaaba al Decreto de publicacin. Porquemientras se iba publicando en el peridico oficial, la primera parte (el ttulo Preliminar y los dos primeroslibros), la Comisin General de Codificacin introduca modificaciones sustanciales en el texto an nopublicado, en un esfuerzo para mejorar la regulacin de ciertas instituciones, algunas de stas resultaronafectadas por estos retoques de ltima hora, como la regulacin de la personalidad de las sociedades o la delos bienes parafernales, cuya administracin termin adjudicndose a la mujer, se insertaron materias noprevistas as, el retracto de colindantes.

    A pesar de las protestas desatadas en el Congreso ante una prctica de legalidad tan discutible como sta, elCdigo civil entr en vigor el 1 de Mayo de 1889, aunque otra Ley de 26 de Mayo, ordenaba elaborar unasegunda edicin corregida del mismo, que recogera las sugerencias, enmiendas y adiciones que, a lo largo dela discusin parlamentaria, haba parecido introducir. Esta segunda edicin del Cdigo civil promulg el 24 deJulio de 1889, y fue publicada en la Gaceta de Madrid entre los das 25 y 29, comenzando su vigencia en estaltima fecha.

    La Exposicin de Motivos de la nueva edicin afirmaba que haban sido corregidos poco ms de veinteartculos y aadidas las disposiciones transitorias que garantizaban el respeto a los derechos adquiridos, perola reforma fue mucho ms y sobrepas los lmites sealados por las Cortes. En realidad fue revisado todo elarticulado y retocados cerca de doscientos artculos, algunos de forma tan profunda que presentan unaorientacin radicalmente distinta a su primera redaccin, as ocurri con el artculo 663, enumerativo de laspersona incapacitadas para testar, el que suprimi la alusin a los religiosos ligados por voto solemne; con el995, del que desapareci la inicial limitacin impuesta a la mujer casada de no poder aceptar herencias msque a ttulo de inventario; o el 1280, redactado de manera que quedara reforzada la eficacia atribuida a loscontratos privados.

    El Cdigo civil espaol consta de un ttulo Preliminar y cuatro libros. Los libros se dividen en ttulos, stos encaptulos, que a veces se dividen en secciones, y aquellos o stas, por ltimo, en artculos.

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  • El Cdigo se cierra con una disposicin final (art.1976) que deroga el Derecho comn anterior en aquello queel propio Cdigo no lo declare subsistente. Incluye adems unas disposiciones transitorias que garantizaban elrespeto a los derechos adquiridos al amparo de la legislacin anterior al Cdigo, y desarrollan en trece reglaslos criterios orientadores que deben seguirse en la aplicacin de aqulla o ste. Por ltimo tres disposicionesadicionales versan sobre el procedimiento de revisin peridica del Cdigo, prevista cada diez aos.

    La precipitacin con que se procedi a promulgar el Cdigo explica el hecho de que no se incorporaran a sutexto, como prescriba la ley de Bases, los principios generales inspiradores de las leyes especiales a cuyavivencia (Hipotecaria, de registro civil, de aguas, de Min