Clarin - Declaración Medios y Libertad de Prensa en Arg

7/25/2019 Clarin - Declaracin Medios y Libertad de Prensa en Arg

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Medios, regulacin y libertad de prensa en la Argentina

1. En la Argentina, hay una situacin de monopolio o de concentracin indebida en

los medios?

Ninguna de las dos cosas. En todos los segmentos del mercado de medios hay com-petencia efectiva. En ninguno existen barreras regulatorias para la entrada de nue-

vos jugadores ni tampoco se han probado prcticas de concentracin indebida.

Ms an, nuestro pas tiene la mayor oferta meditica de Amrica Latina y una delas ms diversas a nivel internacional:

- En prensa grfica, hay 13 trece diarios nacionales pagos de informacin general.Clarn es uno de ellos.- En TV abierta, hay 5 canales en AMBA. El Grupo es licenciatario de Canal 13. Anivel nacional tiene 4 entre 44 canales abiertos.- En radio, hay 550 emisoras en AMBA y 5.500 en el pas. En AMBA el Grupo tiene

dos licencias, y a nivel nacional 9.- En canales de noticias, hay 5 seales nacionales. El Grupo es titular de TN.- En Internet, hay decenas de miles de opciones. Cualquiera puede distribuir con-tenidos. Clarn.com ocupa el N 10 en el ranking de sitios ms visitados de la Ar-gentina, precedido por sitios globales.- En TV paga, hay ms de 700 operadores. Cablevisin es el principal, con el 47% departicipacin. En todos lados compite con otras opciones, tanto en cable como ensatlite. Esta participacin es similar o menor a la de los principales operadores decable en numerosos pases.

2. Qu normas haba en la Argentina hasta 2009 sobre propiedad y multiplicidad de

medios?

La regulacin de radiodifusin contena pautas muy concretas y similares a las delos pases desarrollados (4 licencias dentro de cada rea geogrfica o 24 a nivelnacional). La ley de Defensa de la Competencia tambin prev mecanismos de con-trol para las fusiones y prcticas anticompetitivas. En ambos casos, el Grupo Clarnsiempre cumpli las leyes; no as otros competidores que tuvieron ms radios que

las permitidas en una misma rea, llegaron a tener dos canales abiertos en Capital,o acumularon licencias a nivel nacional que superaron el lmite permitido. Lo queno existi en estos casos fue voluntad poltica para hacer efectivos los controles.Esto no inhibe el debate profundo y serio que requiere la actualizacin de la ley de


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radiodifusin. Atendiendo no slo a las transformaciones de los medios y la tec-nologa, sino las tendencias regulatorias internacionales, la realidad y dimensin delos mercados locales.

3. Qu buscan las disposiciones de la nueva ley de medios en este aspecto?

Si bien el objetivo pregonado fue ms prestadores, el verdadero fin apunt a elimi-nar a algunos. De hecho, no se requeran las nuevas normas para ampliar la oferta

de medios. Eso se poda lograr simplemente licitando canales de TV en el interior(slo en 7 ciudades del pas hay ms de un canal abierto), o radios (aunque ya elespectro est casi saturado). Tampoco eran necesarias para el cable (cuyas licen-cias no usan espectro y no son limitadas) ni para incorporar a las ONGs (que yapodan ser licenciatarias desde 2005). S eran necesarias para lograr el verdaderoobjetivo que era desmembrar a determinados medios, como los del Grupo. La nue-va ley no abre la puerta a ms opciones que la anterior, s conduce a que varios delos medios actuales queden fuera de la legalidad. En lugar de sumar voces, acallaotras.

4.La adquisicin de Cablevisin y la posterior fusin de los cables fueron concesio-

nes del Gobierno? Se trat de algo excepcional?

La adquisicin de Cablevisin fue una inversin genuina del Grupo de U$S 1100millones que permiti que la empresa volviera a ser argentina. La fusin con Multi-canal se realiz cumpliendo todos los pasos legales, tras un anlisis de 14 meses dela Comisin Nacional de Defensa de la Competencia y un dictamen favorable de lostres miembros de dicho organismo (el presidente Jos Sbatella vot a favor de lamisma y no en contra, como se ech a correr).

Dicha fusin involucra porcentajes de mercado menores a otras aprobadas reci-entemente en el pas (Bimbo-Fargo, Quilmes-Brahma, Movicom-Unifn). Y tambines menor o similar a los de los principales sistemas de TV paga de de pases comoFrancia (65%), Italia (75%), Espaa (57%), Alemania (52%), Reino Unido (50%), Chile(67%), Per (82%), Venezuela (50%), Brasil (46%), Colombia (46%) y Mxico (46%).Otro punto central es que Cablevisin, a diferencia de otras empresas (como las detelefona fija), compite con otras opciones de TV paga en todas las ciudades dondeopera.

Si la comparamos con otras fusiones empresarias vemos que en nuestro caso se hanpuesto requisitos ms estrictos que en mercados sujetos a lmites tecnolgicos,como la telefona celular. Tuvimos que comprometernos a fuertes pautas de inver-


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sin, en dlares, que ya hemos superado; a vender nuestra programacin sin dis-criminacin a otros operadores de cable; y a incluir en nuestra grilla a otros prov-eedores de contenidos.

Para evaluar la racionalidad de la operacin adems se ponder que este tipo deconsolidaciones son necesarias para competir con los grandes operadores globalesde telecomunicaciones, de cara a la convergencia. Hay que recordar que slo enArgentina, Telefnica y Telecom facturan 7 veces ms que Cablevisin y Multicanal.Y que, en el mundo, Telefnica es 66 veces ms grande que el Grupo Clarn.

En definitiva, hubo condiciones para evitar con creces cualquier abuso. Se demostrque lo que se pregona dogmticamente, por ejemplo, en la nueva Ley de Medios,puede asegurarse de modo mucho ms racional y sustentable con medidas de estetipo. O sea que el Estado, cuando quiere, puede actuar con criterio estratgico singenerar privilegios.

5. La prrroga de licencias en 2005 a los licenciatarios de radiodifusin fue una

concesin otorgada al Grupo Clarn?No, en absoluto. La suspensin por 10 aos del cmputo de los plazos de las licen-cias de radiodifusin, ordenada por un decreto de Nstor Kirchner en 2005, fue larespuesta a un pedido expreso del entonces titular de Canal 9 de Capital Federal,que se encontraba en concurso preventivo. El otro interesado era Amrica 2, quetambin estaba en esa situacin. Hay que recordar que el concurso era causal decaducidad de la licencia por la ley 22.285.

6. En qu sentido la ley de medios afecta la libertad de expresin y otros derechos

constitucionales?

La discrecionalidad y el poder de control que esta ley le da al gobierno sobre dis-tintos aspectos de los medios audiovisuales la convierten en una espada de Da-mocles para la vigencia de un sistema meditico editorialmente independiente yeconmicamente sustentable en el pas.

Constitucionalistas observan que la libertad de expresin se encuentra afectada porvarios artculos. Se menciona el fuerte intervencionismo del Estado en contenidos(art. 65), la falta de regulacin de la pauta publicitaria oficial, la discrecionalidaden el otorgamiento de licencias (art. 33 y 34) y el licenciamiento de contenidosaudiovisuales que no usan espectro, como operadores y seales de cable (arts. 45


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y 58). Tambin el gran margen de discrecionalidad para las sanciones, cuyos al-cances y graduacin no estn debidamente explicitadas y dejan lugar al arbitriode la administracin (Ttulo VI). O la posibilidad de ejercer censura indirecta apartir de la evaluacin arbitraria de aspectos poco especficos en la adjudicacinde licencias (art. 28 y 34). Todos estos aspectos quedan en cabeza de la Autoridadde Aplicacin, que ser controlada por el Poder Ejecutivo. Con un agravante, laslicencias para ciudades con ms de 500 mil habitantes (las ms importantes) lasotorga directamente el PEN (art. 32). Conceptualmente, el proyecto apunta a de-bilitar las voces privadas a cambio de fortalecer un escenario de medios estatalesy paraestatales. Estos medios, controlados por el gobierno de turno, son los nicos

que tendrn alcance nacional. Adems, al ser financiados por los recursos pblicos,configurarn una competencia desleal frente al resto.

La ley es retroactiva y por lo tanto inconstitucional. Afecta el derecho de propie-dad al no respetar las licencias actuales, obligando a desprenderse de ellas aunquehoy sean perfectamente legales. Esto consagra la inseguridad jurdica, porqueafecta inversiones ya realizadas en base a un marco legal (art. 161). La adecu-acin en un ao es adems una trampa que busca bajarle el valor de las licencias.Varios sealan que es la puerta para el ingreso de capitales cercanos al oficialismo,como ya viene sucediendo.

7. Por qu decimos que la nueva ley atenta contra el concepto actual de multime-

dia?

Porque actualiza la filosofa de ley original de 1980, que prohiba a los medios gr-ficos acceder a licencias de radio y TV, bsicamente por el control informativo quepretenda el gobierno militar (y uno de cuyos destinatarios era Clarn).

Ahora, la ley kirchnerista prohbe las licencias de TV abierta y operador de cable enla misma rea (lo que no existe en todo el mundo), o limita de manera casi ridculala produccin de seales, tanto a los canales abiertos como a los sistemas de cable.Se trata de ir en contra del concepto actual de multimedia en el mundo, que cadavez ms se nutre de la interaccin entre distribucin y produccin de contenidos.Las grandes productoras globales estn asociadas a sistemas de cable y a canalesabiertos.

La propiedad conjunta de televisin abierta y sistemas de cable recorre el mundo:Fox y DirecTV (EE.UU.); Globo y Net (Brasil); Televisa y Cablevision (Mxico); Sky y

Channel Four (Reino Unido), Cuatro y Sogecable (Espaa).

El ltimo ejemplo de esta tendencia es la adquisicin, por parte de Comcast (prin-cipal sistema de cable de EE.UU., con 23,9 millones de abonados), de un porcen-taje mayoritario de NBC Universal (titular de una de las cuatro grandes cadenas


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televisivas abiertas norteamericanas). La semana pasada, justamente, se acord elprecio de compra del 51% a General Electric, en 30 mil millones de dlares.

8. El gobierno dice que la ley no afecta a los diarios y las revistas. Es cierto?

No. Las afecta y de manera ms grave que en la ley del Proceso. Porque ahora,segn el artculo 48, la posibilidad de que un medio grfico acceda a una licenciade radiodifusin va a ser evaluada discrecionalmente por la Autoridad de Apli-

cacin, quien podr a su arbitrio (ya que no hay pautas objetivas sino enunciadosgenerales) autorizarlo o no.

9. Es verdad que con la nueva ley hay canales que tendran que cambiar de dueo

o cerrar?

S, por doble va. Por un lado, a los licenciatarios de televisin abierta slo se lespermite tener una seal de contenidos. Artear, por ejemplo, slo podratener Canal13 Satelital, o TN, o Magazine, o Metro, o Volver, o Quiero. Dada la natural siner-gia que implica para un canal abierto la posibilidad de llegar tambin por cable alresto del pas, no es descabellado pensar que un canal opte por esta alternativa. Enese caso, el resto de las seales quedaran fuera de la ley.

Esta primera restriccin se dara en el caso de que, ante la disyuntiva de Canal 13 oCablevisin (en Buenos Aires), se optara por la primera licencia.

Pero si la opcin fuese el cable, el resultado no es mejor. La ley dice que losprestadores de servicios de televisin por suscripcin (Cablevisin, Supercanal oTelecentro, por ejemplo) no podrn ser titulares de registro de seales, con excep-cin de la seal de generacin propia. Es decir que cada uno de esos operadorespuede tener slo el canal propio en cada plaza donde tengan licencia. Ese canaltiene exigencias especficas de contenidos locales, con lo cual se aleja del conceptode seal nacional, tal como est concebida TN.

10. Estas restricciones son coherentes con las de regulaciones de otros pases?

No. El cable y la televisin abierta, por ejemplo, son mercados que no compitenentre s. Por eso la restriccin de licencias simultneas en estos servicios no existeen el mundo. No resulta razonable desde el punto de vista de la competencia, la


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diversidad y la dimensin econmica. El canal abierto es, por antonomasia, pro-ductor de contenidos. Los sistemas de cable, por el contrario, son distribuidoresde contenidos de las ms diversas fuentes. A lo sumo, en el mundo se establece unlmite al transporte de seales propias de un cable, (en EE.UU. por ejemplo, es del40% de la grilla). Pero aqu slo se permite una, el canal local.

Tambin es indito el tope a la produccin de seales a los canales abiertos.

En EE.UU. los canales abiertos (ABC, CBS, FOX, NBC) y los operadores de cable(Time Warner, Murdoch) producen la mayor parte de las seales. ABC produce ABC

News, History Channel, A&E, ESPN o Disney Channel; CBS produce CBS News o TheMovie Channel; NBC produce MSNBC, Bravo, USA Network o Discovery; y FOX pro-duce Fox News, Fox Sports, Fox Movies o National Geographic, entre muchas otras.Time Warner, por su parte, produce HBO, Cinemax, CNN, Cartoon Network, TNT yvarias ms.

Aqu se dar la paradoja que grandes grupos extranjeros, como Time Warner o FOX,van a tener 20 o 14 canales en la grilla de un cable argentino. Y a los grupos argen-tinos se les dejar tener slo uno.

11. Es racional el lmite de 24 licencias o del 35% de los abonados a la TV por cable

que dispone la ley?

Ambas cuestiones tienen graves defectos tecnolgicos, regulatorios y estratgi-cos. El cable no utiliza espectro radioelctrico, por lo cual no debiera estar sujetoa licencias estatales, y menos de duracin limitada. Ms arbitrario an resulta ellmite de 24 licencias, a lo que se suma la discrecionalidad de que su amplitudgeogrfica queda a criterio del gobierno. Es como si a las telefnicas, a las empre-

sas celulares o a DirecTV se las restringiera a dar servicio en 24 localidades.

El lmite del 35% de abonados a nivel nacional, adems de contradecir abierta-mente la reciente aprobacin de la fusin CV-MC, genera un desbalance discrimi-natorio frente a las empresas telefnicas, que pueden llegar hasta el 100% de loshogares. Est demostrado que donde existen dos redes (la telefnica y la de cable),bajan los costos y suben las velocidades de banda ancha. Al ponerle un lmite alcable, tambin se le est poniendo ese lmite a los abonados potenciales de cablemodem, y por lo tanto se les est concediendo un privilegio y un mayor poder deconcentracin a las telefnicas, que hoy manejan ms del 70% de los accesos a

Internet.

Los lmites de abonados al cable a nivel mundial son casi inexistentes. En EE.UU.exista un tope del 30% que se sola justificar en el enorme tamao de ese pas,donde los operadores superan los 20 millones de abonados. Sin embargo, un fallo


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de Cmara Federal en el caso Comcast acaba de dejar sin efecto ese lmite porrazones tecnolgicas y de mercado, al sostener que las nuevas formas de compe-tencia hacen que el cable est perdiendo espacio.

12. Es lgico que se prohban las redes privadas de televisin y radio con el argu-

mento de promover la produccin local, mientras se permiten las estatales?

No resulta lgico ni desde el punto de vista de la produccin, ni tampoco del de laverdadera diversidad.

En primer lugar, est demostrado que los pases que tienen redes o cadenasprivadas fuertes son grandes productores y exportadores de contenidos. Slo ladimensin de una cadena permite amortizar los altos costos que hoy tiene producirprogramas de calidad, tanto en ficcin como en entretenimiento. Slo mirando losejemplos de EE.UU., Brasil, Mxico o Espaa, con sus cadenas televisivas y radiales,podemos constatarlo.

El lmite del 35% por ciento de audiencia potencial nacional que impone la nueva

ley a un licenciatario, y la prohibicin de transmitir ms que un 30% de los con-tenidos en simultneo con otras emisoras, configuran la tenaza que le ponecertificado de defuncin a las cadenas privadas. No as a las estatales, que podrnposeer todas las emisoras que quieran y adems no tendrn obligacin de incorpo-rar contenidos locales. Cuando se argumenta que EE.UU. tambin tiene un lmitede audiencia nacional (el 39%) se olvida que ese porcentaje, en la mayor economadel mundo, garantiza una llegada nacional. Mientras que en Argentina, el 35% sloinvolucra el mercado de Buenos Aires.

Desde el punto de vista de la genuina diversidad informativa, la prohibicin de

redes o cadenas privadas atenta contra el pluralismo, porque slo les otorga peso yalcance nacional a las voces estatales, mientras que a las privadas se las fragmentaeconmica y geogrficamente.

Es falso que esto promueva la produccin local. Hoy los canales del interior necesi-tan conjugar programacin nacional y propia, porque los mercados publicitariosno permiten sostener una programacin enteramente local y las audiencias son lasprimeras que demandan ese mix. Tambin las radios con llegada nacional con-viven perfectamente con las locales: se trata de servicios complementarios, noexcluyentes, como los diarios nacionales y los regionales.


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13. El negocio del ftbol constitua un monopolio abusivo?En el mundo, el mercado de la televisacin del ftbol no tiene muchas variantes.O los equipos negocian sus derechos de manera individual, o las asociaciones los co-mercializan conjuntamente. En la Argentina, de seguirse la primera opcin, habraa lo sumo 4 equipos que podran aspirar a contratos interesantes, y luego quedarauna gran masa de clubes sin ningn ingreso. De all que en el modelo local prev-alezca la negociacin conjunta.

Respecto de los ingresos y las modalidades de televisacin, la tendencia global

cada vez ms marcada es que los partidos vayan codificados. Esto es, que lospaguen quienes realmente los consumen y no todo el resto de los televidentes. LaTV abierta va quedando casi en un lugar residual, porque los costos no alcanzan acubrirse ni an con mercados publicitarios mucho ms fuertes que el argentino.

La torta publicitaria de la TV abierta local no llega a los 1200 millones de pesos.Por eso es imposible que pueda cubrir los 800 millones que demanda, entre dere-chos y produccin, el llamado Ftbol para Todos. Como se advirti en su momen-to, un modelo de gratuidad universal slo podra ser cubierto con dficit pblico.Y as est sucediendo: hasta ahora el Estado gast casi 240 millones de pesos y los

anunciantes privados slo aportaron 3 millones de pesos.

El esquema anterior no era abusivo: era el que permita el mercado argentino. Undato lo ilustra: el ao pasado Canal 7 pagaba, por un partido, 6 millones de pesosanuales. Si ese precio era justo, hoy debera pagar, por los 10 partidos de la fecha,60 millones anuales. Pero el contrato que firmaron el gobierno y la AFA es por 600millones. Un 1000% mayor.

14. Los ataques a la fusin del cable desde el COMFER y la CNDC se basan en argu-mentos slidos?

En el caso del Comfer, se parte de un criterio de clara incompetencia. Las opera-ciones de concentracin econmica son evaluadas y autorizadas por el organis-moad-hoc, que es la Comisin de Defensa de la Competencia, quien tiene los re-cursos tcnicos y humanos para determinar los alcances y efectos de una operacinsobre el mercado, el consumidor y el inters econmico general.

El Comfer, en todo caso, slo puede constatar el cumplimiento de la ley de radiodi-

fusin. El organismo pretende inmiscuirse en la fusin diciendo que la empresatiene ms licencias que las permitidas. Esto es falso, ya que en el ltimo trimestrede 2008, sin requerimiento alguno, Cablevisin devolvi todas aquellas licenciasque excedan la cantidad de 1 (una) por localidad, como establece la ley. Adems,en un colmo de arbitrariedad, el Comfer ha llegado a considerar que la licencia


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incluye los bienes fsicos con los que se presta. Es como si cuando venciera unalicencia de radio o TV, el Estado pretendiera quedarse con los bienes muebles einmuebles comprados por la empresa. Una confiscacin lisa y llana.

La auditora que est llevando adelante la CNDC es otro abuso administrativo, yaque excede claramente el declarado propsito de verificar el cumplimiento delos compromisos asumidos en la fusin. De todos modos, esos compromisos estnsobre-cumplidos por la empresa.

15. Qu persigue el Gobierno con la escalada contra Papel Prensa? La historia o la

gestin tienen aspectos vulnerables?

Las acciones que se amenazan llevar a cabo contra Papel Prensa no tienen sustentojurdico.

La empresa no fue ninguna concesin estatal a los diarios socios, y menos del gobi-erno militar. Como suceda con otros proyectos industriales de la poca, la partici-pacin del Estado estaba prevista en el contrato original que dio origen a la empre-

sa, y que data de 1972. El primer socio privado fue Roberto Civita (de la editorialAbril); luego vendi su participacin al banquero David Graiver en U$S 4 millones(a instancias del ministro peronista Jos Ber Gelbard); y finalmente la viuda deGraiver se la vendi a Clarn, La Nacin y La Razn (que entonces era de los PeraltaRamos), en U$S 8 millones. Fue en noviembre de 1976. Recin en marzo de 1977 elgobierno militar iniciara la investigacin sobre los herederos de Graiver por vincu-laciones financieras con Montoneros. En el momento de la compra, la fbrica erauna promesa: slo estaban los cimientos de la obra civil. Los diarios la convirtieronen realidad y la hicieron funcionar slo 2 aos despus, en 1978.

Los socios privados han invertido en Papel Prensa ms de U$S 200 millones. Lafbrica ha funcionado eficientemente desde su puesta en marcha. Como el papelimportado no paga tasas, en varios perodos (como en los 90, o actualmente),la empresa afront problemas de competitividad y tuvo que ser apoyada por sussocios privados, en particular Clarn, quien le compr la mayor parte de su produc-cin aunque podra haberse provisto de ese insumo ms barato, importndolo. Enperodos especficos (algunos aos de los 80, luego de la crisis de 2002), el preciodel insumo de Papel Prensa resulta ms competitivo, pero no constituye un factordiferencial a largo plazo. En el caso del Grupo, su tenencia actual en Papel Prensa(49%, sumando la de Clarn y la de Cimeco) es similar al porcentaje de su produc-

cin que consumen nuestros diarios. Con lo cual, lo que eventualmente percibecomo accionista se compensa con lo que gasta como cliente.

Papel Prensa abastece, en distintos porcentajes, al 95% de los diarios argentinos. Ysus polticas de precios, descuentos y formas de pago son las usuales en el mercado


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internacional de papel. Las modalidades de venta a Clarn y La Nacin son aproba-das en el directorio de Papel Prensa con la abstencin de ambos diarios.

Clarn consigue papel importado ms barato que el de Papel Prensa: acaba de com-prarlo a U$S 415 por tonelada, casi U$S 100 menos que lo que le paga a la empresade la cual es socio.

Tanto los precios, como los balances y los informes contables trimestrales de PapelPrensa, vienen siendo expresamente aprobados por los directores del Estado desdeque esta se puso en marcha.

Por el contrato de 1972, el Estado debera haberse retirado de la empresa hace 15aos.

16. Los hechos antes enunciados se enmarcan en una escalada de ataques oficiales

contra Clarn?

Efectivamente. La campaa de hostigamiento no tiene antecedentes en la historia

reciente del pas e involucra mltiples acciones, derivadas de sectores formales einformales del poder poltico.Por ejemplo:- Campaas de afiches en va pblica contra nuestros medios, accionistas, directi-vos y periodistas.- Amenazas telefnicas, violaciones de correos electrnicos, espionajes y segui-mientos personales.- Escraches y ataques contra domicilios de empresas del Grupo y de sus ejecutivos.- Operativos desmesurados e intimidatorios de la AFIP contra empresas del Grupo ydomicilios de directivos.

- Amenazas de la Secretara de Comercio de intervenir Papel Prensa y de agredirfsicamente a sus directores. Voluntad expresa de utilizar a la CNV con el mismofin.- Multas de la Secretara de Comercio a Cablevisin.- Uso de medios oficialistas para difamar al Grupo, sus directivos y periodistas.- Produccin y distribucin de pasquines apcrifos dedicados ntegramente a atacaral Grupo.- Campaas publicitarias del Estado dirigidas a atacar al Grupo.- Resoluciones ilegtimas del Comfer y la CNDC contra la fusin de los cables.- Resolucin de la Secretara de Comunicaciones sobre numeracin a Fibertel, revo-

cada en una semana.- Proyecto de Ley de Medios y funcionamiento del Observatorio de Medios.- Negociacin y acuerdo con la AFA para forzar la violacin del contrato con TSC.- Bloqueos del sindicato de camioneros a la circulacin de diarios y revistas.- Proyecto de ley para derogar la desregulacin de la venta de publicaciones. De-


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creto en igual sentido.- Alianzas con gremios afines para atacar a los medios en general y Clarn en par-ticular.- Carteles contra nuestros medios en actos poltico-partidarios.- Agresiones verbales de altos funcionarios y otros referentes del oficialismo.- Escraches de militantes K en espacios y eventos vinculados a los medios de comu-nicacin.- Alianzas con prfugos o condenados por delitos penales, utilizndolos para lanzaracusaciones falsas contra el Grupo.- Presin sobre los poderes legislativo y judicial.

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