Ciudadanización indígena e integracionismo cultural en el Ecuador: el

reconocimiento de las lenguas indígenas y el derecho al voto de los analfabetos en

la Constitución de 1978

Adriana Rodríguez Caguana

Becaria CONICET/UBA

Resumen

Los derechos políticos y ciudadanos en el Ecuador fueron negados a las personas

analfabetas de la lengua castellana hasta la Constitución de 1978, relegando así a la

mayoría de la población indígena de los derechos políticos y ciudadanos. El requisito de

saber leer y escribir en castellano consolidaba un tipo de democracia respaldada solo

por un sector de la población blanco-mestiza que mantenía la hegemonía cultural y

lingüística en el país. La Asamblea Constituyente que originó la Constitución de 1978

fue convocada por la dictadura militar, conocida como “Triunvirato” en 1977, para la

transición a la democracia. Esto ocurrió dentro de un cambio en la matriz productiva

con la explotación del petróleo. El derecho al voto de los analfabetos entonces, fue

reconocido desde una política cultural “integracionista” que favorecía los intereses

económicos y culturales de las élites. El presente trabajo analiza los contenidos de los

debates que se dieron al rededor del reconocimiento de las lenguas indígenas y el

derecho al voto de los analfabetos, tomando en cuenta los discursos racistas entre los

asambleístas y visualizando las pretensiones reales detrás de la ciudadanización

indígena.

Contexto económico y político

Desde la segunda mitad del siglo XX se vivió un periodo de políticas culturales de

carácter integracionista; es decir, que tenían como objetivo sustraer las culturas y las

lenguas indígenas para que éstas adquirieran la cultura y lengua hegemónica nacional.

El integracionismo cultural en el país estuvo respaldado durante todo el periodo

velasquista1(1934-1972) y las dictaduras militares. Hay que tener en cuenta que desde

1961 hasta 1979 se instauraron regímenes que se alternaron entre dos dictaduras, dos

presidentes interinos y la última presidencia de Velasco desde 1968 hasta1972 (en 1970

se había declarado dictador instaurando la Constitución de 1946), quien fuera destituido

por un nuevo golpe militar en 1972.

Desde 1972 hasta 1979 Ecuador tuvo dos tipos de dictaduras; una de tinte progresista-

nacionalista, apoyada incluso por los partidos de izquierda, con Rodríguez Lara (1972-

1976) y, la segunda dictadura, con el Consejo Supremo de Gobierno (Tritunvirato) que

preparaba las bases para el retorno de una democracia neoliberal.

Este periodo de inestabilidad política durante los años setenta, ocurrió justamente

cuando el país tuvo su primer auge petrolero “boom petrolero”2 que lo colocó en uno de

los principales exportadores del recurso en la región. Fue precisamente este cambio de

la matriz productiva que incentivó a una nueva reforma agraria en 1974. El triunvirato,

tenía que consolidar la transición a una democracia que construyera las bases de un

Estado Nacional que asegurara la consecución del nuevo momento productivo del país.

No obstante, y tal como los sostiene Zavaleta (1990), esta construcción del Estado

nacional solo es posible en la medida en que se ha construido un modelo de

acumulación capitalista; proceso que nunca llegó a consolidarse completamente en el

país. En este punto, acordamos con Echeverría (1994), en cuando a que la sociedad

ecuatoriana tenía su propia modernidad que no era capitalista al estilo europeo, sino que

era parte de una diversidad productiva y cultural, al que llamó “ethos barros”.

Por otro lado, el movimiento indígena del Ecuador se encontraba en un proceso de

organización diferente al que había tenido en los años cuarenta con la Federación

Ecuatoriana de Indios en alianza con el Partido Comunista del Ecuador. Los curas de la

Nueva Teología de la Liberación implantaron proyectos educativos bilingües a través de

la educación popular y centros radiofónicos que fueron promovidos por el nuevo

discurso de los derechos humanos. Estos proyectos permitieron una nueva alianza de las

organizaciones indígenas con los curas tercermundistas y un reposicionamiento legítimo

1 Como hemos denominado al tiempo en el que Velasco Ibarra quien fuera cinco veces presidente del

Ecuador

2 El conocido Boom petrolero se dio justamente en un momento desarrollista de sustitución de

importaciones, modelo promovido por la CEPAL de aquel entonces.

de la movilidad social. Así, la ECUARUNI “El despertar de los hombres en el Ecuador”

nació en 1972 desde esta nueva alianza. Si bien un sector de su dirigencia se oponía a

darle un carácter clerical al movimiento, al principio se impuso la corriente católica de

la teología de la liberación. Lo interesante de la organización es que si bien sus orígenes

vienen de esfera religiosa, al poco tiempo de constituida, creó el Frente de Lucha

Campesina e Indígena (FULCI). La creación de frentes y confederaciones demuestra

que la corriente clasista siempre estuvo presente, con mayor y menos grado en distintos

periodos (Becker, 2004)3. Otra característica de este periodo fue la adopción del

discurso de los derechos humanos para la legitimación de las demandas de los pueblos

indígenas en el Ecuador. Si bien estaba el Convenio 107 de la OIT que tenía un carácter

integracionista, fueron los principios filosóficos anticolonialistas de la legislación

internacional de derechos humanos los que fueron tomados estratégicamente por parte

del movimiento indígena.

Fue en este contexto, que en ningún caso puede entenderse como un fenómeno

típicamente normativo, o exclusivamente económico o cultural, se redactó la

Constitución de 1978 que por primera vez instituyó el derecho al voto de las personas

analfabetas que analizaremos a continuación.

Debate de la Asamblea Constituyente de 1977-1978

Para el retorno a la democracia, la dictadura convocó a un referéndum para que escoger

entre el nuevo proyecto constitucional o la Constitución de 1945 reformada. En la

comisión que redactaría el nuevo proyecto se encontraba el socialista Carlos Cueva

Tamaríz quien había sido Asambleísta desde la Constituyente de 1928. El 4 de enero de

1977 se inició el tercer debate de la Comisión especializada con Gonzalo Karolys,

asambleísta de izquierda, quien presentó a la comisión una propuesta constitucional que

3 Creemos que esto se debe a las relaciones históricas laborales; por ejemplo, en la Asamblea

Constituyente de 1944 un asambleísta de los trabajadores, quien estuvo por el derecho al voto de los

analfabetos, sostuvo que era importante este derecho dado que la mayoría de los trabajadores de la

ciudad eran indígenas.

había sido socializada con intelectuales ecuatorianos, entre ellos Raúl Andrade4. Cueva

Tamaríz, quien era el presidente de la comisión, sugirió que se tome al proyecto como

un tema más de debate (Acta 3 del 4 de enero de 1977, folio 4).

Al día siguiente se leyó el anterior texto constitucional de 1967 y el proyecto presentado

por el diputado Karolys. Se realizó una lista de 113 puntos críticos de los cuales 70

estaban dentro del proyecto presentado por Karolys y 43 en la Constitución de 1967.

Entre los puntos críticos se encontraba el voto universal, el fortalecimiento del poder

ejecutivo y la declaración de la función social de la propiedad privada, la socialización

de los medios de producción y la democratización de la enseñanza (Acta 4 del 5 de

enero de 1977, folio 2 -22).

Una de las discusiones principales en la Asamblea Constituyente de 1977 fue la condena

del Estado a toda forma de colonialismo, segregación o discriminación racial. La

condena fue incorporada y se ratificó el principio del reconocimiento de los pueblos a

liberarse de los sistemas opresivos. En este punto es evidente la influencia de la

Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana (Acta 25 del

3 de febrero de 1977) que habían establecido el derecho a la libre determinación de los

pueblos. Por otro lado, en esta fecha ya se habían suscrito el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, ambos, suscritos en 1966 y entrados en vigor desde 1976. En

línea de estos objetivos internacionales anticoloniales, los asambleístas unánimemente

aceptaron condenar todas las formas de colonialismo, entendiéndola desde su sentido

más general y externo (artículo 45).

4Raúl Andrade (1905-1981), prestigioso escritor de varios géneros literarios, ensayista, periodista,

dramaturgo; sobrino nieto del liberal Roberto Andrade, quien fue uno de los principales opositores del

régimen conservador de García Moreno; además, fue parte de la conspiración que asesinó a Moreno el

6 de agosto de 1875, a partir de entonces sufrió una constante persecución política hasta su muerte el

27 de octubre de 1938 (ORACIÓN MUY LARGA). Raúl Andrade, heredero de la tradición liberal fue

también un opositor a las ideas de Velasco Ibarra lo que lo llevó a ser perseguido durante La Gloriosa.

Periodista del Telégrafo en Guayaquil y del Comercio en Quito. Posee una obra extensa y variada, que

abarca desde el teatro hasta el ensayo biográfico.

5 Art. 4.- El Estado Ecuatoriano condena toda forma de colonialismo, neocolonialismo y de discriminación o segregación racial. Reconoce el derecho de los pueblos a liberarse de estos sistemas opresivos.

Otro de los puntos resaltantes fue la intención de superar la dicotomía existente entre los

derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Carlos Larreátegui, de la

Unión de Democracia Cristiana, en adelante UDC6, apeló a no caer en la división que de

hecho existía en la legislación internacional de los Derechos Humanos entre los

“derechos civiles y políticos” y los “derechos económicos, sociales y culturales”

producto de la división ideológica en la que se encontraba la ONU, capitalista y

socialista. Según el asambleísta, esta dicotomía también estuvo presente en las

Constituciones anteriores, como la de 1946 y la de 1967 (Acta 30, del 10 de febrero de

1977). Esta separación entre los derechos, especialmente los individuales y los

colectivos, es parte de la estructura liberal de los derechos, que ha sido explicada por

Walzer (1984) cuando cuestiona al liberalismo tradicional que supeditó las relaciones

sociales colectivas al sujeto aislado individual. Sobre este sujeto egoísta se construyó

instituciones jurídicas para su protección; en ese sentido, los derechos individuales son

los “principales” o “sustantivos” en la jerarquía de los derechos, jerarquía que también

fue defendida por los teóricos del liberalismo político, como Rawls (1971). Los

derechos sociales se encuentran en desventaja y efectivamente son más débiles

teóricamente (Ferrajoli, 2000; Díaz Polanco, 2006 y Sousa, 2002).

En el caso del Ecuador podríamos decir que esta construcción interna de los derechos de

forma siempre fue problemática y nunca llegó a cumplirse totalmente bajo la fórmula

clásica liberal. Incluso la separación de la iglesia en la educación pública fue y sigue

siendo materia de discusión. No sorprende entonces que fueran los asambleístas de la

corriente conservadora quienes abogaran por la no separación de los derechos.

Larreátigui manifestó: “cuando se trató de los derechos humanos hizo una moción que

6“La UDC nació de la unión de grupos de jóvenes que se reunían con cierta periodicidad en Quito,

Guayaquil y Cuenca. Cada uno de los tres grupos compartía similares objetivos: inquietud por participar

en política, búsqueda de democracia y aplicación de la doctrina social de la Iglesia Católica en la práctica

política ecuatoriana. Estos grupos reunidos como demócrata-cristianos tuvieron contacto con una

corriente progresista del Partido Conservador, que cuestionaba el papel del conservadurismo en la

política de mediados del siglo XX y buscaba un acercamiento con sectores sociales. Producto de estas

fuentes, nació la Unión Demócrata Cristiana-Democracia Popular (y también el Partido Social Cristiano)”.

Tomado de la página web de la UDC http://www.udc.com.ec/33_etapas.html [visto por última vez

25/01/2013]

fue aprobada, en el sentido de que todos los derechos, tanto políticos como sociales,

consten en un solo capítulo en forma unitaria (…)” (Acta 42, del 21 de marzo de 1977,

folio 10).

En febrero del mismo año se discutió sobre la educación de las “mayorías nacionales

marginales”. Por primera vez se utilizó este término para referirse específicamente a los

analfabetos indígenas. Esto visualiza una realidad que había permanecido en el subsuelo

de los debates, algo que ni siquiera los asambleístas socialistas de la década del cuarenta

habían logrado articular una categoría jurídica para reclamar derechos de los colectivos

discriminados. Los silencios conceptuales no existen por casualidad o porque no se haya

reflexionado sobre un hecho social tan visible, sino porque evidentemente los indígenas

eran ocultados o silenciados en los debates parlamentarios a pesar de haber sido

“mayorías marginales”.

Reconocimiento lingüístico, último integracionismo

En este contexto político y ya constituida la Ecuarunari se presentó en la Asamblea

Constituyente una solicitud llevada por el Instituto de Lenguas y Lingüística de la

Universidad Católica del Ecuador. En ella se requería el reconocimiento de la lengua

quichua como lengua cooficial junto con el castellano. Esta moción fue respaldada por

dos asambleístas; el diputado socialista Chávez y José Hanna Mousse, director supremo

del partido de Concentración de Fuerzas Populares, CFP (Acta 42, del 21 de marzo de

1977, folio 7-8), el cual se había constituido desde 1949 desde una visión populista que

se enfrentó al velasquismo7.

Otro asambleísta contrario a la moción presentada por la Universidad fue Federico

Veintimilla, quien, a pesar de haber pertenecido al ARNE (acción Revolucionaria

Nacionalista Ecuatoriana)8 –partido que tuvo una importante presencia en la Asamblea

Constituyente de 1966 y había abogado por el derecho al voto universal– dio su

7 Su dirigente principal y fundador fue Carlos Guevara Moreno que fue perseguido por Velasco Ibarra en

1953 y se impidió varias veces su candidatura para presidente. En 1956 fue “acusado” de comunista y se

volvió a descalificar su candidatura.

8 Movimiento político de corte falangista que había declarado como enemigos tanto al capitalismo como

al comunismo y se había manifestado simpatizante con el falangismo español.

negativa por considerar la lengua quichua “incaica peruana” y, por lo tanto, colonial.

Paradójicamente el discurso anticolonial que se tuvo a lo largo de la Asamblea,

inspirado en el discurso de los derechos humanos y de un nuevo auge del pensamiento

intelectual latinoamericano con la Declaración de Barbados II (1977), estaba siendo

utilizado para negar el reconocimiento del quichua. Evidentemente era un argumento

que se basaba en prejuicios no solamente racistas sino, también, en prejuicios históricos

incentivados por las guerras con el Perú y la pérdida del territorio. Además,

encontramos que Veintimilla fue uno de los miembros fundadores del Instituto

Ecuatoriano de Cultura Hispánica9, institución que sigue funcionando hasta la presente

fecha.

Los diputados acordaron el reconocimiento de la lengua quichua pero bajo los

principios de la unidad nacional que históricamente quiso forjar. La estrategia para

conseguir esta “unidad” en un país que se encontraba fragmentado económica, política y

culturalmente fue el integracionismo. Tal como los sostuvieron los mismos asambleístas

blanco-mestizos que reiteradamente hablaban de la necesidad de la “integración del

indio a la sociedad”.

Como habíamos dicho, el integracionismo pretendía la sustracción de las lenguas y las

culturas indígenas para sustituirlas por la cultura y lengua nacional, es decir, política en

el que subyace una desvalorización de lo indígena. Para Almeida (1991: 298) este

prejuicio se basaba en la idea de que los indígenas son “pueblos sin cultura”, mientras

que el modelo europeo de principios morales, son “pueblos nacionales”. El indígena,

para el integracionista, no vive en “sociedad”, sino en otro sistema considerado no-

social, o pre-social y cultural, concepción derivada del darwinismo político.

Esta política cultural se mantuvo a lo largo de las distintas Asambleas Nacionales

Constituyentes de la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, fue la de 1977-1978 la

que logró consolidar un tipo de integracionismo que promovía la participación de los

9El IECH se fundó en 1947, tiene como presidente vitalicio a “Su Majestad, Don Juan Carlos I, Rey de

España”. Tomado de la página web del Instituto

http://institutoecuatorianodeculturahispanica.wordpress.com/ [Visto por última vez 27/01/2014]

subalternos analfabetos para la construcción de una democracia neoliberal. Tal como se

señala en el acta sobre la opinión del asambleísta demócrata cristiano Mauricio Dávalos:

“En cuanto a lo esencial del problema, opina que la integración del indígena a la cultura

del país se producirá borrando las barreras que existen entre éste y los blancos y

mestizos, procurando que el indígena aprenda el castellano y no de manera inversa”

(Acta 42, del 21 de marzo de 1977, folio 8).

Lo paradójico es que el discurso de los asambleístas que, por un lado, tenían una clara

influencia de la DUDH en la condena al colonialismo, al mismo tiempo mantenía

discursos colonialistas racistas cuando se referían a la cultura y la lengua indígenas.

Para entender esta paradoja es necesario retomar la categoría analítica colonialismo

interno10

, (Gonzalez Casanova, 2006). Bajo esta categoría se puede analizar las

sociedades heterogéneas y su compleja división de clases, la que estuvo históricamente

condicionada a la pertenencia de un grupo étnico. Entones, nacer indio, montubio o

afro, conllevaba una posición social. Veamos la definición de colonialismo interno dado

por Casanova para analizar las cercanías conceptuales de esta categoría con los

discursos integracionistas de los asambleístas.

La definición del colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de

conquista, en que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman parte,

primero, del Estado colonizador y, después, del Estado que adquiere una independencia

formal, o que inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo o de

recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones

colonizados por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los

caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional: habitan en

10 Para Casanova (2006:410): Los pueblos, minorías o naciones colonizados por el Estado-nación

sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel

internacional: habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación de desigualdad

frente a las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su administración y

responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del

gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo; sus habitantes no participan en los más altos

cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de “asimilados”; los

derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son regulados e

impuestos por el gobierno central; en general, los colonizados en el interior de un Estado-nación

pertenecen a una “raza” distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es considerada “inferior”

o, a lo sumo, es convertida en un símbolo “liberador” que forma parte de la demagogia estatal; la

mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la “nacional”.

un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación de desigualdad frente a las

elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su administración y

responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y

oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo; sus

habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno

central, salvo en condición de “asimilados”; los derechos de sus habitantes y su

situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el

gobierno central; en general, los colonizados en el interior de un Estado-nación

pertenecen a una “raza” distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es

considerada “inferior” o, a lo sumo, es convertida en un símbolo “liberador” que forma

parte de la demagogia estatal; la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura

distinta y habla una lengua distinta de la “nacional”. (El subrayado es mío)

Entonces, la condena al colonialismo por parte de la Asamblea Constituyente, correspondía a

una interpretación limitada del derecho a la libre determinación que efectivamente no

consideraba a los colectivos indígenas como parte de este derecho. Todo lo contrario

proclamaba a través del integracionismo una nueva estrategia colonizadora del Estado-Nación.

Por otro lado, sin abandonar la visión integracionista, hubo otra postura más abierta

sobre los derechos culturales, como la del asambleísta del CFP Hanna Mousse: “Hay

muchos indígenas que se sienten marginados de la nacionalidad ecuatoriana

precisamente porque no se les entiende, y el haber conseguido el voto al analfabeto

justifica aún más el que se reconozca como oficial el idioma de los indígenas” (Acta 42,

del 21 de marzo de 1977, folio 8).

El bloque de asambleístas del CFP estuvo a favor del derecho al voto, tal como lo había

estado el ARNE en 1966. Estos partidos, considerados populistas, necesitaban de una

ampliación de la masa electoral para las elecciones siguientes lo que explicaría los

réditos políticos que significaba el voto de los analfabetos. Finalmente, y ante la presión

que existía para ser coherentes entre el derecho al voto, tener un proyecto lo más

flexible y garantista en medio de una dictadura y dar paso a la democracia, se decidió no

cooficializar la lengua quichua pero reconocerla como parte de la cultura nacional. Lo

curioso es que este reconocimiento, aparentemente progresista, estaba siendo sostenido

por los discursos racistas. Sin duda que la urgencia de modernizar al Estado en medio

del boom petrolero llevó a consolidar los derechos culturales con el fin de fortalecer la

aspiración imaginaria, y nunca alcanzada, cultura nacional.

Art. 1.- El Ecuador es un Estado soberano" independiente, democrático y

unitario. Su gobierno es repúblicano, electivo, responsable y alternativo.

La soberanía radica en el pueblo que la ejerce por los órganos del poder público.

El idioma oficial es el castellano. Se reconocen el quichua y demás lenguas

aborígenes como integrantes de la cultura nacional.

El escudo, la bandera y el himno establecidos por la ley, son los símbolos de la

Patria.

El territorio es inalienable e irreductible.

La capital es Quito. (El subrayado es mío)

Educación en lengua materna

Otro de los temas debatidos conjuntamente con el reconocimiento de las lenguas

indígenas fue la educación indígena con la intención de disminuir el índice de

analfabetismo que en 1974 tenía una tasa de 25, 8% (Torres, 2005: 8).

El analfabetismo se había convertido en un problema social que debía ser resuelto para

consolidar un proyecto de modernización que implicaba aprendizajes de técnicas. De

esta forma se aseguró en la Constitución de 1978 la educación indígena bajo la

pretensión castellanizadora: “En las escuelas establecidas en las zonas de predominante

población indígena, se utiliza, además del castellano, el quichua o la lengua aborigen

respectiva” (Art. 27). Téngase en cuenta que el objetivo era fundamentalmente erradicar

el analfabetismo a través de la castellanización, así como construir lo que la

Constitución llamó como “Auténtica cultural nacional” (Art. 27).

Para ese entonces la UNESCO ya había lanzado desde 1964 el Programa Experimental

Mundial de Alfabetización (PEMA) que adoptó el enfoque de alfabetización funcional

acordado en la Conferencia Mundial de Ministros de Educación para la Erradicación del

Analfabetismo, celebrada en Teherán en 1965. Ecuador fue parte de los Estados

seleccionados como prueba del proyecto. En 1975 se hizo una revisión de los 10 años

del proyecto y los resultados determinaron su fracaso. Por otro lado, desde 1963 hasta

1977 se creó un Departamento de Educación de Adultos dentro del Ministerio de

Educación como parte del Plan Nacional Masivo de Alfabetización y Educación de

Adultos. Este proyecto duró 14 años y consistía en que todos los profesionales y

estudiantes del último año de educación secundaria debían alfabetizar por lo menos a 3

personas. El Plan, a pesar de los esfuerzos, tampoco cumplió con las expectativas que se

había propuesto de reducir el analfabetismo al 10% de la población (Torres, 2005: 6, 15-

16).

Recordemos que los fines castellanizadores no son nuevos sino que corresponden a una

vieja estrategia colonialista. No se trataba entonces de un reconocimiento del “valor”

lingüístico indígena, sino una instrumentalización para una desindiagenización y

“modernización” del Estado-Nación. Esto será más claro cuando hablemos del voto de

los analfabetos.

El voto de los analfabetos y el comienzo del neoliberalismo

En este contexto integracionista en el que se reconocía la lengua quichua como parte de

la cultura nacional, el 1 de abril de 1977, la Asamblea aprobó el voto de los analfabetos

de forma facultativa (Acta 51, 1 de abril de 1977).

Art. 33.- El voto es universal, igual, directo y secreto, obligatorio para los que sepan leer

y escribir y facultativo para los analfabetos.

Tienen derecho a voto los ciudadanos ecuatorianos que hubieren cumplido dieciocho

años de edad y se hallen en goce de los derechas políticos.

Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo no hacen uso de este derecho.

Téngase en cuenta que para adquirir la ciudadanía solo se tenía que cumplir con el

requisito de ser mayor de 18 años de edad. Esto representó un cambio fundamental en la

historia constitucional que hasta ese entonces tenía como requisito excluyente el saber

leer y escribir en castellano. Esto restringió hasta la década del ochenta los derechos

políticos de la mayoría indígena que desconocía la lengua castellana; es , s e aplicaba lo

que Balibar (2013: 71) entiende como un principio meritocrático aplicado por las élites

para hacer una de selección, excluyendo a la masa de toda posibilidad de participar del

mundo público. En el caso de Ecuador esta selección de las élites tenía un componente

étnico visible; quienes hacían uso del espacio público eran los blanco-mestizos,

mientras que los pueblos indígenas, afros y montubios iletrados eran lo que Rancièr

denomina los “sin parte” de la política nacional. No se tienen datos exactos sobre el

porcentaje de población indígena, puesto que los censos en el país, a partir de 1950,

consideraron solo la clasificación lingüística para determinar el índice de población

indígena, mientras que los estudios antropológicos y los de las organizaciones sociales

tuvieron consideraciones más amplias. En todo caso, desde 1950 el censo oficial

hablaba de un 10%, mientras que las organizaciones y organismos internacionales

hablaban de un 35 a 40%. Esta exclusión de los derechos políticos convirtió a los “sin

parte” indígenas en sujetos silenciados y la construcción de una democracia racista

mantenida y sostenida por las élites blanco-mestizas.

Si bien es cierto que los derechos civiles y políticos son una conquista de los colectivos

discriminados, en el caso del Ecuador, el derecho al voto de los analfabetos y la

ciudadanización de todas las personas mayores de 18 años, correspondió a diversos

factores que hemos venido analizando. Esto no quiere decir que el movimiento

indígena, desde la FEI en la década del cuarenta no haya venido exigiendo los derechos

ciudadanos y políticos, lo que queremos señalar es que en 1977 los debates tuvieron el

interés supremo del integracionismo. Esto fue posible por el momento productivo de

explotación del petróleo11

que exigía una nueva configuración de la Nación, que como

hemos dicho, nunca logró articularse en el país. En este sentido acordamos con lo

sostenido por Balibar que la ciudadanía operó en este caso como un mecanismo de

“unidad” de la comunidad política:

Lo que importa ante todo es comprender que la ciudadanía en general, como idea

política, implica ciertamente una referencia a la comunidad (puesto que al igual que una

11 Si bien la actividad petrolera había empezado en las primeras décadas del siglo XX, la primera

explotación comercial fructífera fue en los años setenta con la empresa TEXACO, que pasó de tener el

20% de los pozos petroleros en los setenta al 88% en la década del noventa. De esta forma se determinó

que uno de los elementos claves de la economía era la explotación de los recursos naturales no

renovables (Acta 54, 5 de abril de 1977). Más tarde el dirigente indígena del Ecuador Luís Macas

(1991:22) señaló que este cambio fue el inicio de un nuevo despojo territorial a los pueblos indígenas de

la Amazonía ecuatoriana, lo que condujo a una nueva recomposición del movimiento indígena en las

décadas posteriores.

ciudadanía sin institución, la idea de una ciudadanía sin comunidad es prácticamente

una contradicción en los términos), y sin embargo no puede tener su esencia en el

consenso de sus miembros. (Balibar, 2013: 59, 60)

Entonces, el reconocimiento de una ciudadanía política alcanzada por el sufragio

universal en el país fue parte del integracionismo que tenía como propósito borrar las

huellas de la diversidad lingüística y cultural para construir el ideal imaginado de

“unidad nacional” de forma procesal.

Los asambleístas advirtieron de que el reconocimiento del sufragio universal no

trastocaba al Estado liberal burgués, sino lo promovía, proporcionando así un gran

cambio sobre los temores de las Asambleas Constituyentes pasadas que veían al

sufragio universal como un arma letal de la masa contra las élites. En este punto es

pertinente remitirnos a lo señalado por Pirandello (2001: 101-103) que desde el siglo

XIX se había venido discutiendo si el sufragio universal destruiría la propiedad privada

y, por lo tanto, la sociedad liberal. La representación política debía ser limitada por el

peligro que conllevaba la masa analfabeta; sin embargo, el mismo Marx había señalado

que el reconocimiento de los derechos políticos no perjudicaría la estructura económica

capitalista. Efectivamente, el “peligro” del comunismo, y de la revolución nacionalista

boliviana en 1952 retrasaron el sufragio universal en el Ecuador a pesar del nuevo

momento de los derechos humanos.

Después de reconocer el sufragio universal, los asambleístas discutieron sobre el

periodo en el cual entraría en vigencia el derecho. Unos abogaban por la vigencia del

derecho a partir de la posesión presidencial y otros señalaban como pertinente la

vigencia a partir de las segundas elecciones presidenciales. Quienes estaban por la

segunda posición consideraban que la población analfabeta era tan numerosa que el

derecho debía ser programático. Después de varios desencuentros se concluyó que el

periodo de vigencia serían las elecciones inmediatas posteriores a la posesión

presidencial. Lo cierto es que a pesar de haber sido aprobada la Constitución en 1978 y

elegido el nuevo presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, en 1979, las

personas analfabetas solo pudieron ejercer el derecho al voto12

en la década del ochenta.

12 El concepto de derecho electoral en un sentido amplio sigue teniendo un referente preciso: el

derecho que regula la elección de los órganos representativos en una democracia.

Las elecciones presidenciales.

En 1978 se llamó a un referéndum para elegir entre el nuevo proyecto constitucional y

la anterior Constitución de 1945 reformulada. Finalmente venció la nueva Constitución

con un 44%, frente a la Constitución de 1945, que obtuvo el 31%, y al voto nulo, con el

23%. La nueva Constitución fue respaldada por diversos sectores, desde los

conservadores, los liberales, el populismo del CFP, la Izquierda Democrática y el

Partido Demócrata Cristiano, hasta el Frente Amplio de Izquierda (FADI) y la

Ecuarunari.

El 10 de agosto de 1979 Jaime Roldós se posesionó como primer presidente del retorno

a la democracia. En el discurso de posesión presidencial por primera vez en la historia

política del país pronunció parte de su discurso en quichua:

Hoy pasa el poder al pueblo. Somos los protagonistas del cambio de una dictadura a un

gobierno constitucional elegido por el pueblos (…) Para mis hermanos que hablan la

lengua quichua yo les digo: (…) Kunan Punchaka mana yankalla ñawpa wata shina

pushayta japinchi, kunanka tukuy runakuna ushayta hapinchikmi, wakin millay

runakunamanta ushayta hapishpa. Tukuy makipura imatapash rurashpa kawsakrinchimi,

kunanka mana chariyukkunamanlla, mishukunamanlla, wakchukunamanlla

ashtawankarin tukuy kay llaktapi kawsak runakunam rimani. Inti llukshina llaktapi

kawsak runakunamanta, Shuar, Waorani, Secoya, Siona, Cofan, tukuy urkupi kausak

runakunaman, inti chinkana llaktapi kawsak runakunaman, puka Cayapaman tukuy

kaspikuyanaman. Tukuy waranka runakunaman, ñukanchik mama llaktapi

kausakukkunaman, yura runakunaman, yana runakunaman karu llaktamanta shamushka

runakunamampash. Tukuy pura yanapakushpa ñawpakman rishunchik, mana

shimiwanlla, yanka wayraman rimashpa imatapash nishpa. Yuyaykakta rurashpa,

paktashunchik, wakchakunapak llakikunata allichinkakaman, shina rurashpa

kishpirinata maskashunchikmi.

(Ahora ya no podemos dirigir como antes, ahora todos podemos dirigir, cogiendo la

valentía de nuestros antepasados. Todos dándonos la mano estaremos haciendo algo,

ahora no solamente para los ricos, los mestizos, los pobres sino para todos los hombres

de esta tierra. Por los hombres que viven por donde sale el sol, Shuar, Waorani, Secoya,

Siona, Cofán, para todos los hombres que viven en las montañas, para los hombres que

viven donde se oculta el sol, para los Cayapas rojos que aman los árboles. Para los miles

de hombres, que viven en nuestra patria, para los blancos y los negros, para todos los

hombres que han venido de lejos. Ayudándonos entre todos seguiremos hacia adelante,

no solo de boca, hablando solamente al aire. Avanzaremos haciendo lo que pensamos

hasta terminar con la pobreza, solo así encontraremos la libertad).

Conclusiones

En la ponencia quisimos señalar los diversos factores económicos, políticos y culturales

que llevaron al reconocimiento de las lenguas indígenas y el derecho al voto de los

analfabetos en la Constitución de 1978. Para esto entramos a analizar los debates de la

Asamblea Constituyente de 1977 tomando en consideración la procedencia ideológica

de los asambleístas y el contexto económico y político en el cual se desarrolló.

Pudimos observar que el reconocimiento de estos derechos se dio en medio de dos

factores significativos; el primero, político-cultural, al que hemos denominado como

integracionismo en su fase final, previo al multiculturalismo neoliberal de los ochenta-

noventa. Su objetivo principal era el abandono progresivo de las lenguas y culturas

indígenas para su incorporación a la lengua y cultura nacional. Esto correspondió

también a la urgencia de consolidar un Estado nacional que nunca logró consolidarse. El

otro factor que analizamos a lo largo de la ponencia fue el económico. Habíamos visto

que se había dado un giro en la economía ecuatoriana con el llamado “boom petrolero”

que exigía una transformación y modernización del Estado después de un periodo de

larga inestabilidad política entre gobiernos populistas y dictaduras. El nuevo momento

económico exigía nuevos ciudadanos.

El voto de los analfabetos permitió también lograr la ciudadanización de los “sin parte”

que estuvieron históricamente relegados de la política nacional durante todo el periodo

republicano. No obstante a esto, la ciudadanía fue considerada desde una perspectiva

exclusivamente electoral para contribuir a la transición democrática y no dese una

consideración de ciudadanía social, tal como lo habían demandado las organizaciones

indígenas. En todo caso vale señalar que detrás de las normas que reconocieron las

lenguas indígenas y el derecho al voto de los analfabetos se encontraron los mismos

prejuicios racistas y colonialistas de las asambleas pasadas cuando ambos derechos

fueron negados, con las excepciones notables de siempre, lo cual corrobora la relación

rechazada por el liberalismo tradicional entre economía y derecho, incluso los derechos

culturales. Vale recalcar que la Ecuarunari, principal organización indígena para aquel

entonces, decidió apoyar el referéndum en favor de la Constitución de 1978;

efectivamente, esta constitución permitía mayores derechos para los pueblos indígenas,

más allá de los orígenes e incluso las intenciones de los asambleístas; esto demuestra

una vez más que las normas constitucionales y de derechos humanos adquieren

legitimidad y sentido en las contiendas políticas.

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