CHILPANCINGO, GUERRERO, MARTES 17 DE MAYO DE 2005...

CHILPANCINGO, GUERRERO, MARTES 17 DE MAYO DE 2005

DIARIO DE LOS DEBATESDEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

PRESIDENTE

Diputado Arturo Martínez Pérez

Año III Segundo Periodo Ordinario LVII Legislatura Núm. 10

SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL17 DE MAYO DE 2005

SUMARIO

ASISTENCIA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓNANTERIOR

COMUNICADOS

Oficio suscrito por el licenciadoArmando Chavarría Barrera,secretario general de gobierno,mediante el cual envía lasol ic i tud real izada por ellicenciado Bernardo OrtegaJ iménez , p res iden te de lHonorable Ayuntamiento delmunicipio de Quechultenango,Guerrero, para la autorizaciónde la donación de un prediopropiedad del citado municipio

Oficio signado por el licenciadoArmando Chavarría Barrera,secretario general de gobierno,por el que envía la solicitud quehace el licenciado FranciscoJavier Larequi Radilla, secretariogeneral del Honorable Ayuntamientodel municipio de Acapulco deJuárez, Guerrero, para laautorización de la donación deun predio propiedad de dichoAyuntamiento

Oficio firmado por el licenciado

Raúl Calvo Sánchez, magistradop r e s i d e n t e d e l T r i b u n a lSuperior de Justicia del Estado,por el cual comunica su eleccióncomo presidente del citadoTribunal

Oficio suscrito por el diputadoConstantino García Cisneros,presidente de la ComisiónInstructora, mediante el cualcomunica del auto que desechade plano el escrito presentadopor el ciudadano HeladioRomero Salas, regidor delHonorable Ayuntamiento delmunicipio de Huamuxtitlán,Guerrero

Oficio signado por el diputadoRogelio Martínez Santillán,presidente de la Mesa Directivadel Honorable Congreso delEstado de Baja California Sur,en el que comunica la aprobaciónde un punto de acuerdoeconómico consistente en unexhorto al presidente de losEstados Unidos Mexicanos paraque actúe en defensa de lademocracia y asuma su investidura,de acuerdo al compromisoadquirido ante los mexicanoscuando tomó posesión del cargo,solicitando la adhesión al mismo

Oficio firmado por el doctorLá z a r o M a z ó n A l o n s o ,pres idente del HonorableAyuntamiento del municipio deIguala de la Independencia,

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CÁMARA DE DIPUTADOS DIARIO DE LOS DEBATES NÚM. 10 17 DE MAYO, 2005 2

Guerrero y coordinador generalde la Asociación de Municipiosde la Zona Norte del Estado deGuerrero, por medio del cual,en cumplimiento al decretonúmero 75, envía el informeanua l de las ac t i v idadesrealizadas por la citada asociación

PROYECTOS DE LEYES,DECRETOS Y ACUERDOS

Primera lectura del dictamencon proyecto de decreto por elque se reforman y adicionandiversas disposiciones delCódigo Electoral del Estado deGuerrero

Segunda lectura del dictamencon proyecto de decreto, por elque se autoriza al titular delPoder Ejecutivo estatal a dar endonación pura y gratuita elpredio y construcciones de supropiedad, ubicado en la zonaindustrial de la ciudad de Igualade la Independencia, Guerrero;a favor de la UniversidadTecnológica de la Región Nortede Guerrero, para la construcciónde sus instalaciones educativas,con solicitud de dispensa detrámite legislativo

Segunda lectura del dictamende valoración previa que recayóa la denuncia de juicio políticoregistrado bajo el número JP/LVII/022/2004, promovido porlos ciudadanos MartimianoBenítez Flores, Bertano GálvezLópez, Bonifacio Romero Cano,Ubaldo Segura Pantoja, MaríaLópez Ramírez y HonorioMorales Bonilla, en contra delpresidente y síndico procuradordel Honorable Ayuntamientodel municipio de Tlapa deComonfort, Guerrero

Segunda lectura del dictamende valoración previa que recayóa la denuncia de juicio político

registrado bajo el número JP/LVII/025/2004, promovido porla ciudadana Gloria VieyraZárate en contra de los ciudadanosRené Juárez Cisneros, RogelioJiménez Urióstegui y JoaquínJuárez Solano, gobernador delEstado, presidente del Tribunalde Conciliación y Arbitraje ydirector general de averiguacionesprevias

Segunda lectura del dictamende valoración previa querecayó al requerimiento delprocedimiento penal para ladeclaratoria de procedenciaregistrado bajo el número JPR/LVII/003/2004, promovido porel agente titular del MinisterioPúblico del Fuero Común delDistrito Judicial de Morelos,en contra del síndico procuradordel Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Atlamajalcingo delMonte, Guerrero

Discusión y aprobación, en sucaso, del dictamen con proyectode decreto que recae a ladenuncia de juicio de suspensióno revocación de cargo registradobajo el número JSRC/LVII/001/2002 promovido por losciudadanos Juan García Vargas,Andrés Neri Ventura, FilemónFaustino Vidal, Teófilo ÁngelesP o p o c a , M a r í a C a m p osCarranza, Maura RamírezCantú , M igue l MontañoSantiago, Apolonio Cruz Rosas,María Fausta Ríos, GermánAnastacio Basi l io, AlbinoHernández Bonilla, LázaroDámaso Candelario, FaustoBasilio Andrade, Arnulfo CruzTejeda y Leobardo Cano Vivar,ciudadanos del municipio deTlacoapa, Guerrero, en contradel ciudadano Germán GaleanaSixto, pr imer regidor delHonorable Ayuntamiento delm u n i c i p i o d e T l a c o a p a ,Guer re ro

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INFORMES

De la Comisión Especial, parae l aná l i s i s de l p royec tohidroeléctrico “La Parota”

INTERVENCIONES

Del diputado Félix BautistaMatías en relación al “Día delMaestro”.

CLAUSURA Y CITATORIO

Presidencia del diputadoArturo Martínez Pérez

ASISTENCIA

El Presidente:

Se inicia la sesión.

Solicito al diputado secretario Joel EugenioFlores, se sirva pasar lista de asistencia.

El secretario Joel Eugenio Flores:

Ayala Figueroa Rafael, Bautista Matías Félix,Buenrostro Marín Víctor, Castro Justo JuanJosé, Delgado Castañeda Herón, Eugenio FloresJoel, García Guevara Fredy, García MedinaMauro, Jacobo Valle José, Jerónimo CristinoAlfredo, Lucas Santamaría Urbano, Luis SolanoFidel, Martínez Pérez Arturo, Mier PeraltaJoaquín, Miranda González Gustavo, Muñoz LealJorge Armando, Noriega Cantú Jesús Heriberto,Pineda Maldonado Orbelín, Ramírez MoraIgnacio, Reza Hurtado Rómulo, Rocha RamírezAceadeth, Romero Romero Jorge Orlando, RuizRojas David Francisco, Salgado Leyva RaúlValente, Salgado Romero Cuauhtémoc, SalomónRadilla José Elías, Sandoval Arroyo Porfiria,Tapia Bello Rodolfo, Tapia Bravo David, TejedaMartínez Max.

Se informa a la Presidencia la asistencia de 30diputados y diputadas a la presente sesión.

Servido, diputado presidente.

El Presidente:

Gracias, diputado secretario.

Esta Presidencia informa que solicitaronpermiso para faltar a la presente sesión, previajustificación, los ciudadanos diputados: ReyesBetancourt Linares, Mariano DimayugaTerrazas, Ramiro Alonso de Jesús, Julio AntonioCuauhtémoc García Amor, René LobatoRamírez, Alicia Elizabeth Zamora Villalva yCarlos Sánchez Barrios y para llegar tarde losdiputados: Enrique Luis Ramírez García, MarcoAntonio de la Mora Torreblanca, Paz AntonioIldefonso Juárez Castro, David Jiménez Rumbo,Marco Antonio López García y Adela RománOcampo.

Con fundamento en el artículo 30, fracción II,de la Ley Orgánica del Poder Legislativo delEstado número 286 y con la asistencia de 30diputadas y diputados se declara quórum legal yválidos los acuerdos que en esta sesión se tomen,por lo que siendo las doce horas con cuatrominutos, se inicia la presente sesión.

ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el artículo 30, fracciónIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo envigor, me permito proponer a esta Plenaria elsiguiente proyecto de Orden del Día, por lo quesolicito al diputado secretario Jorge ArmandoMuñoz Leal, se sirva dar lectura al mismo.

El secretario Jorge Armando Muñoz Leal:

<<Segundo Periodo Ordinario.- Tercer Año.-LVII Legislatura>>

Orden del Día.

Martes 17 de mayo de 2005.

Primero.- Actas:

a) Lectura y aprobación, en su caso, del actade la sesión del día miércoles 11 de mayo de2005, celebrada por el Pleno de la QuincuagésimaSéptima Legislatura al Honorable Congreso delEstado Libre y Soberano de Guerrero.

Segundo.- Comunicados:

a) Oficio suscrito por el licenciado ArmandoChavarría Barrera, secretario general degobierno, mediante el cual envía la solicitudrealizada por el licenciado Bernardo Ortega

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Jiménez, presidente del Honorable Ayuntamientodel municipio de Quechultenango, Guerrero, parala autorización de la donación de un prediopropiedad del citado municipio.

b) Oficio signado por el licenciado ArmandoChavarría Barrera, secretario general degobierno, por el que envía la solicitud que hace ellicenciado Francisco Javier Larequi Radilla,secretario general del Honorable Ayuntamientodel municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,para la autorización de la donación de un prediopropiedad de dicho Ayuntamiento.

c) Oficio firmado por el licenciado RaúlCalvo Sánchez, magistrado presidente delTribunal Superior de Justicia del Estado, por elcual comunica su elección como presidente delcitado Tribunal.

d) Oficio suscrito por el diputado ConstantinoGarcía Cisneros, presidente de la ComisiónInstructora, mediante el cual comunica del autoque desecha de plano el escrito presentado porel ciudadano Heladio Romero Salas, regidor delHonorable Ayuntamiento del municipio deHuamuxtitlán, Guerrero.

e) Oficio signado por el diputado RogelioMartínez Santillán, presidente de la MesaDirectiva del Honorable Congreso del Estado deBaja California Sur, en el que comunica laaprobación de un punto de acuerdo económicoconsistente en un exhorto al presidente de losEstados Unidos Mexicanos para que actúe endefensa de la democracia y asuma su investidura,de acuerdo al compromiso adquirido ante losmexicanos cuando tomó posesión del cargo,solicitando la adhesión al mismo.

f) Oficio firmado por el doctor Lázaro MazónAlonso, presidente del Honorable Ayuntamientodel municipio de Iguala de la Independencia,Guerrero y coordinador general de la Asociaciónde Municipios de la Zona Norte del Estado deGuerrero, por medio del cual, en cumplimiento aldecreto número 75, envía el informe anual de lasactividades realizadas por la citada asociación.

Tercero.- Proyectos de leyes, decretos yacuerdos:

a) Primera lectura del dictamen con proyectode decreto por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones del Código Electoral delEstado de Guerrero.

b) Segunda lectura del dictamen conproyecto de decreto por el que se autoriza altitular del Poder Ejecutivo estatal a dar endonación pura y gratuita el predio y construccionesde su propiedad, ubicado en la zona industrial dela ciudad de Iguala de la Independencia,Guerrero; a favor de la Universidad Tecnológicade la Región Norte de Guerrero, para laconstrucción de sus instalaciones educativas,con solicitud de dispensa de trámite legislativo.

c) Segunda lectura del dictamen devaloración previa que recayó a la denuncia dejuicio político registrado bajo el número JP/LVII/022/2004, promovido por los ciudadanosMartimiano Benítez Flores, Bertano GálvezLópez, Bonifacio Romero Cano, Ubaldo SeguraPantoja, María López Ramírez y Honorio MoralesBonilla, en contra del presidente y síndicoprocurador del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

d) Segunda lectura del dictamen devaloración previa que recayó a la denuncia dejuicio político registrado bajo el número JP/LVII/025/2004, promovido por la ciudadana GloriaVieyra Zárate en contra de los ciudadanos RenéJuárez Cisneros, Rogelio Jiménez Urióstegui yJoaquín Juárez Solano, gobernador del Estado,presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitrajey director general de averiguaciones previas.

e) Segunda lectura del dictamen devaloración previa que recayó al requerimientodel procedimiento penal para la declaratoria deprocedencia registrado bajo el número JPR/LVII/003/2004, promovido por el agente titulardel Ministerio Público del Fuero Común delDistrito Judicial de Morelos, en contra del síndicoprocurador del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Atlamajalcingo del Monte,Guerrero.

f) Discusión y aprobación, en su caso, deldictamen con proyecto de decreto que recae ala denuncia de juicio de suspensión o revocaciónde cargo registrado bajo el número JSRC/LVII/001/2002 promovido por los ciudadanos JuanGarcía Vargas, Andrés Neri Ventura, FilemónFaustino Vidal, Teófilo Ángeles Popoca, MaríaCampos Carranza, Maura Ramírez Cantú,


Miguel Montaño Santiago, Apolonio Cruz Rosas,María Fausta Ríos, Germán Anastacio Basilio,Albino Hernández Bonilla, Lázaro DámasoCandelario, Fausto Basilio Andrade, ArnulfoCruz Tejeda y Leobardo Cano Vivar, ciudadanosdel municipio de Tlacoapa, Guerrero, en contradel ciudadano Germán Galeana Sixto, primerregidor del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Tlacoapa, Guerrero.

Cuarto.- Informes:

a) De la Comisión Especial para el análisisdel proyecto hidroeléctrico “La Parota”.

Quinto.- Intervenciones:

a) Del diputado Félix Bautista Matías enrelación al “Día del Maestro”.

Sexto.- Clausura:

a) De la sesión.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes17 de mayo de 2005.


El Presidente:


Esta Presidencia solicita al diputadosecretario Joel Eugenio Flores, informe paralos efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo,del artículo 173 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo del Estado de Guerrero, si en eltranscurso de la lectura del proyecto de Ordendel Día, se registró la asistencia de algúndiputado.


Con gusto, diputado presidente.

Se informa a la Presidencia que se registrarontres asistencias de los diputados ConstantinoGarcía Cisneros, Alvis Gallardo Carmona y de ladiputada Felipa Gloria Trujillo Giles, con los quese hace un total de 33 diputados y diputadasasistentes a la presente sesión.


El Presidente:


Se somete a consideración de la Asambleapara su aprobación el proyecto de Orden del Díade antecedentes; los que estén por la afirmativa,sírvanse manifestarlo en votación económica,poniéndose de pie.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos elOrden del Día de referencia.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En desahogo del primer punto del Orden delDía, acta, en mi calidad de presidente, confundamento en el artículo 136 de la Ley Orgánicadel Poder Legislativo del Estado número 286,me permito proponer a la Asamblea la dispensade la lectura del acta de la sesión del díamiércoles 11 de mayo de 2005, celebrada por elPleno de la Quincuagésima Séptima Legislaturaal Honorable Congreso del Estado Libre ySoberano de Guerrero, signada bajo el inciso“a”.

Se somete a consideración de la Plenariapara su aprobación, la propuesta presentadapor esta Presidencia en el sentido de que sedispense la lectura del acta de la sesión deantecedentes; los que estén por la afirmativa,favor de manifestarlo en votación económica,poniéndose de pie.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos ladispensa de la lectura del acta de la sesión dereferencia.

Dispensada que ha sido la lectura del acta dela sesión del día miércoles 11 de mayo de 2005,celebrada por Pleno de la QuincuagésimaSéptima Legislatura al Honorable Congresodel Estado Libre y Soberano de Guerrero, estaPresidencia somete a consideración de laPlenaria para su aprobación el contenido del


acta de la sesión anteriormente citada; los queestén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo envotación económica, poniéndose de pie.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos elcontenido del acta de la sesión del día miércoles11 de mayo de 2005, celebrada por el Pleno dela Quincuagésima Séptima Legislatura alHonorable Congreso del Estado Libre y Soberanode Guerrero.

COMUNICADOS

En desahogo del segundo punto del Orden delDía, comunicados, solicito al diputado secretarioJorge Armando Muñoz Leal, se sirva dar lecturaal oficio suscrito por el licenciado ArmandoChavarría Barrera, secretario general degobierno, signado bajo el inciso “a”.


Chilpancingo, Guerrero, mayo 9 de 2005.

Ciudadanos Diputados del HonorableCongreso del Estado.- Presentes.

Por instrucciones del ciudadano contadorpúblico Carlos Zeferino Torreblanca Galindo,gobernador constitucional del Estado y confundamento en lo dispuesto por los artículos 20,fracción I, de la Ley Orgánica de laAdministración Pública del Estado de Guerreroy 134 de la Ley Orgánica del Municipio Libredel Estado, me permito enviar a ustedes lasolicitud que hace el ciudadano licenciadoBernardo Ortega Jiménez, presidenteconstitucional del municipio de Quechultenango,Guerrero, para la autorización de la donacióndel predio de su propiedad, ubicado en la esquinaque forman las calles Hidalgo y Morelos dedicho municipio, a favor del comisariado ejidal,para la construcción de las instalaciones de lacomisaría ejidal.

Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.Secretaría General de Gobierno.Ciudadano licenciado Armando Chavarría

Barrera.


El Presidente:

Gracias, compañero diputado.

Esta Presidencia, con fundamento en elartículo 30, fracción IV, de nuestra Ley Orgánica,turna a la Comisión de Hacienda la solicitud dereferencia y sus anexos para los efectos de lodispuesto por los artículos 86 y 132 de la LeyOrgánica del Poder Legislativo número 286.

En desahogo del inciso “b” del segundo puntodel Orden del Día, solicito al diputado JoelEugenio Flores, se sirva dar lectura al oficiosuscrito por el licenciado Armando ChavarríaBarrera, secretario general de gobierno.


Chilpancingo, Guerrero, 9 de mayo de 2005.

Ciudadanos Diputados del HonorableCongreso del Estado.- Presentes.

Por instrucciones del contador público CarlosZeferino Torreblanca Galindo, gobernadorconstitucional del Estado y con fundamento en lodispuesto por los artículos 20, fracción I, de laLey Orgánica de la Administración Pública delEstado de Guerrero y 134 de la Ley Orgánica delMunicipio Libre, me permito enviar a ustedes lasolicitud que hace el ciudadano licenciadoFrancisco Javier Larequi Radilla, secretariogeneral del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Acapulco, para la autorización dela donación del predio propiedad de dichoAyuntamiento, ubicado en el fraccionamientoPlaya Encantada y carretera federal Acapulco-Ometepec, a favor del Instituto de Vivienda ySuelo Urbano de Guerrero, para la regularizaciónde la tenencia de la tierra.

Atentamente.El Secretario General de Gobierno.Ciudadano Licenciado Armando Chavarría

Barrera.


El Presidente:



Esta Presidencia. con fundamento en elartículo 30, fracción IV de nuestra LeyOrgánica, turna a la Comisión de Hacienda lasolicitud de referencia y sus anexos, para losefectos de lo dispuesto por los artículos 86 y 132de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número286.

En desahogo del inciso “c” del segundo puntodel Orden del Día, solicito al diputado JorgeArmando Muñoz Leal, se sirva dar lectura aloficio suscrito por el licenciado Raúl CalvoSánchez, magistrado presidente del TribunalSuperior de Justicia del Estado.


Chilpancingo, Guerrero, 2 de mayo de 2005.

Ciudadano Diputado Juan José Castro Justo,Presidente de la Comisión de Gobierno delHonorable Congreso del Estado.- Ciudad.

Comunico a usted que en sesión ordinariadel Pleno del Tribunal Superior de Justicia delEstado de fecha 1º de mayo de 2005, fui electopresidente del Tribunal Superior de Justiciadel Estado para el año judicial comprendidodel primero de mayo de 2005 al 30 de abril de2006.

Lo que hago de su conocimiento, para losefectos legales procedentes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.El Magistrado Presidente.Licenciado Raúl Calvo Sánchez.


El Presidente:


Esta Presidencia toma conocimiento del oficiode referencia e instruye a la Oficialía Mayorpara que acuse de recibo y lo remita al ArchivoGeneral del Congreso del Estado de Guerrero.

En desahogo del inciso “d” del segundo puntodel Orden del Día, solicito al diputado JoelEugenio Flores, se sirva dar lectura al oficiosignado por el diputado Constantino GarcíaCisneros, presidente de la Comisión Instructora.


Chilpancingo, Guerrero, marzo 15 de 2005.

Ciudadanos Diputados Secretarios de la MesaDirectiva de la Comisión Permanente delHonorable Congreso del Estado.- Presentes.

Por medio del presente escrito se hace de suconocimiento del acuerdo emitido por estaComisión Instructora de fecha 9 de marzo de2005, con motivo de los oficios suscritos por elciudadano Eladio Romero Salas, regidor delHonorable Ayuntamiento del municipio deHuamuxtitlán, Guerrero, que a la letra dice:

Auto que desecha de plano el escritopresentado por el ciudadano Heladio RomeroSalas, regidor del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Huamuxtitlán, Guerrero.-Chilpancingo, Guerrero, 9 de marzo de 2005.

Vistos los oficios número 06 y 07 de fechas 28de febrero y 2 de marzo, ambos de 2005, recibidosen esta Soberanía en las mismas fechas, signadospor el ciudadano Heladio Romero Salas, regidordel Honorable Ayuntamiento del municipio deHuamuxtitlán, Guerrero, por medio de los cualespresenta escrito solicitando la aplicación de lasanción de juicio de procedencia, revocación demandato o juicio político en contra del ciudadanoGuillermo Virafuentes Romero, presidente delHonorable Ayuntamiento del municipio deHuamuxtitlán, Guerrero, así como su ratificación.

Ahora bien, tomando en consideración que enlas denuncias en donde se establece todacontienda judicial, se expresará la causa delpedir, los hechos en el que el denunciante fundesu petición, numerándolos y narrándolos demanera suscitan, con claridad y precisión demodo que el denunciado tenga oportunidad depreparar su contestación y defensa, siendo queesos hechos evidentemente deben ser losconstitutivos de la acción ejercitada, es decir quese justifique la causa de pedir, señalándoseespecialmente el acto que hubiere dado origen ala acción y ciertamente la acción pretendida.

En esa virtud, el primero de dichos oficiosadvierte que el signatario solicita se apliquecomo sanción el juicio de procedencia, revocaciónde mandato o juicio político, siendo que losmismos son procedimientos y no sanciones,


amén de que no narra en forma clara y precisalos hechos en que funda su petición, así comotampoco ofrece prueba alguna tendiente aacreditar el acto o actos ilegales que dice incurrióel servidor público que ahora denuncia para queéste pueda tener la oportunidad de conocer detales hechos y así estar en condiciones dedefenderse de la acusación que pesa en sucontra. Por tanto, se concluye que en el presentecaso no se encuentran satisfechos los requisitosque establece el artículo 232 del Código ProcesalCivil de aplicación supletoria a la ley de lamateria y en consecuencia la ComisiónInstructora acuerda:

Primero.- Se desecha de plano el escritopresentado por el ciudadano Heladio RomeroSalas, regidor del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Huamuxtitlán, Guerrero, en contradel ciudadano Guillermo Virafuentes Romero,presidente del Honorable Ayuntamiento delcitado municipio, al no estar satisfechos losrequisitos que para una denuncia señala la ley.

Segundo.- Archívese el presente asunto comototal y definitivamente concluido.

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdoen los estrados que obran en la Oficialía Mayorde esta Soberanía, en virtud de no haber señaladodomicilio para oír y recibir notificaciones, alciudadano Heladio Romero Salas.

Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordaronlos ciudadanos diputados integrantes de laComisión Instructora de la QuincuagésimaSéptima Legislatura al Honorable Congresodel Estado, que firman para debida constancialegal.- Conste.

Lo que hago de su conocimiento encumplimiento del acuerdo referido, solicitándoleque el asunto en cita sea descargado de estaComisión.

Atentamente.El Presidente de la Comisión Instructora.Diputado Constantino García Cisneros.


El Presidente:


Esta Presidencia toma conocimiento del oficiode referencia e instruye a la Oficialía Mayorpara que se remita el expediente al ArchivoGeneral del Congreso del Estado de Guerrero,como un asunto total y definitivamente concluido,así mismo se le instruye para que seadescargado de los asuntos pendientes de dichacomisión.

En desahogo del inciso “e” del segundo puntode Orden del Día, solicito al diputado secretarioJorge Armando Muñoz Leal, se sirva dar lecturaal oficio suscrito por el diputado Rogelio MartínezSantillán, presidente de la Mesa Directiva delCongreso del Estado de Baja California Sur.

El secretario Jorge Armando Muñoz Leal;

Ciudadanos Diputados Secretarios delHonorable Congreso del Estado de Guerrero.-Presentes.

En sesión pública ordinaria de fecha martes26 de abril del presente año, el HonorableCongreso del Estado, aprobó un punto de acuerdoeconómico consistente entre otros resolutivosen:

Primero.- La Onceava Legislatura delHonorable Congreso del Estado de BajaCalifornia Sur, exhorta al ciudadano VicenteFox Quesada, presidente constitucional de losEstados Unidos Mexicanos, a actuar en defensade la democracia y asumir su investidura deacuerdo al compromiso adquirido ante losmexicanos cuando tomo posesión de su cargo yjuró respetar la Constitución que en su artículo39 dice: “La Soberanía nacional reside esencialy originalmente en el pueblo. Todo poder públicodimana del pueblo y se instituye para beneficiode éste. El pueblo tiene en todo tiempo elinalienable derecho de alterar o modificar laforma de su gobierno”.

Segundo.- La Onceava Legislatura delHonorable Congreso del Estado Libre y Soberanodel Estado de Baja California Sur, llama a todoslos poderes legislativos del país y a la Asambleadel Distrito Federal a sumarse a este acuerdoeconómico.

Se hace de su conocimiento lo anterior, paralos efectos a que haya lugar, anexando copiasimple del referido acuerdo económico.


Atentamente.El Presidente de la Mesa Directiva.Diputado Rogelio Martínez Santillán.


El Presidente:


Esta Presidencia, con fundamento en elartículo 30, fracción IV, de nuestra Ley Orgánica,turna a la Comisión de Gobierno el punto deacuerdo de referencia, para los efectos legalesconducentes.

En desahogo del inciso “f” del segundo puntodel Orden del Día, solicito al diputado secretarioJoel Eugenio Flores, se sirva dar lectura al oficiosuscrito por el doctor Lázaro Mazón Alonso,presidente del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Iguala de la Independencia,Guerrero.


Iguala de la Independencia, Guerrero, a 6 demayo del 2005.

Licenciado Juan José Castro Justo, Presidentede la Comisión de Gobierno del HonorableCongreso del Estado.- Presente.

Por este medio, en cumplimiento a lo establecidoen el decreto 75, publicado el 28 de noviembre de2003, en su artículo segundo transitorio y en lacláusula quinta fracción XV del convenio deconstitución de la Asociación Municipio de laZona Norte del Estado de Guerrero, estoyenviando a esa Honorable Legislatura el informeanual de las actividades realizadas por laAMZNEG en el ejercicio 2004.

Parte I.- Informe de actividades realizadas yresultados obtenidos en el ejercicio 2004, por laAsociación de Municipios de la Zona Norte delEstado de Guerrero.

Parte II.- Copia de comprobación del gastoejercido para la realización del proyectoejecutivo del sistema regional de recoleccióny disposición final de la basura de la asociaciónde municipios de la zona norte del estado deGuerrero.

Parte III.- CD conteniendo proyecto ejecutivode impacto vial y de rutas de recolección delsistema regional de basura de la AMZNEG.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión paraenviarle un cordial saludo.

Atentamente.Doctor Lázaro Mazón Alonso.Presidente Municipal Constitucional de Iguala

de la Independencia y Coordinador General de laAsociación de Municipios de la Zona Norte delEstado de Guerrero.


El Presidente:


Esta Presidencia, con fundamento en elartículo 30, fracción IV, de nuestra Ley Orgánica,turna a la Comisión de Hacienda el informe dereferencia para su conocimiento, análisis y efectoslegales conducentes.

PROYECTO DE LEYES, DECRETOS YACUERDOS

En desahogo del tercer punto del Orden delDía, proyecto de leyes, decretos y acuerdos,solicito al diputado secretario Joel Eugenio Flores,se sirva dar primera lectura del dictamen conproyecto de decreto por el que se reforman yadicionan diversas disposiciones del CódigoElectoral del Estado de Guerrero, signado bajo elinciso “a”.


Se emite dictamen con proyecto de decreto.

Ciudadanos Diputados Secretarios delHonorable Congreso del Estado.- Presentes.

A las Comisiones Unidas de EstudiosConstitucionales y Jurídicos, Gobierno y deJusticia, nos fue turnada la iniciativa de decretomediante el cual se reforman el párrafo tercerodel artículo 6; la fracción I, del inciso “B” delpárrafo octavo, del artículo 49 y la fracción III,del artículo 82 y se adiciona un segundo párrafoal artículo 106 bis 6, del Código Electoral delEstado de Guerrero; así, como la iniciativa de


decreto que adiciona el artículo 6 del CódigoElectoral del Estado de Guerrero, y

CONSIDERANDO

Con fecha 21 de marzo de 2005, la diputadaAdela Román Ocampo, integrante de la fracciónparlamentaria del Partido de la RevoluciónDemocrática de la Quincuagésima SéptimaLegislatura al Honorable Congreso del Estado,en uso de sus facultades constitucionales,presentó a esta Representación popular lainiciativa de decreto mediante el cual se reformanel párrafo tercero del artículo 6; la fracción I, delinciso “B” del párrafo octavo, del artículo 49 y lafracción III del artículo 82 y se adiciona unsegundo párrafo al artículo 106 bis 6, del CódigoElectoral del Estado de Guerrero.

Que con fecha 21 de marzo de 2005, eldiputado Ramiro Alonso de Jesús, integrante dela fracción parlamentaria del Partido de laRevolución Democrática, de la QuincuagésimaSéptima Legislatura al Honorable Congreso delEstado, en uso de sus facultades constitucionales,presentó a este Honorable Congreso la iniciativade decreto que adiciona el artículo 6 del CódigoElectoral del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 22 de marzo de 2005,el Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislaturaal Honorable Congreso del Estado Libre ySoberano de Guerrero, tomó conocimiento delas iniciativas de referencia, habiéndose turnadopara el análisis y emisión del dictamen conproyecto de decreto respectivo, a las ComisionesUnidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos,de Gobierno y de Justicia, mediante los oficiosnúmeros OM/DPL/257/2005 y OM/DPL/263/2004, respectivamente, signados por la oficialmayor del Honorable Congreso del Estado.

Que en términos de lo dispuesto por losartículos 46, 49, fracciones I, III y VI, 51,fracción XII, 54, fracción III, 57, fracción I, 84,párrafo segundo, 86, primer párrafo, 87, 127,primer y tercer párrafo, 132, 133 y demás relativosy aplicables de la Ley Orgánica del PoderLegislativo del Estado número 286, estasComisiones Unidas de Gobierno, de EstudiosConstitucionales y Jurídicos, y de Justicia tienenplenas facultades para analizar las iniciativas dereferencia y emitir el dictamen con proyecto dedecreto que recaerá a las mismas.

Que la diputada Adela Román Ocampo,expone en su iniciativa, entre otras cosas, losiguiente:

- “Que el día 13 de febrero de 2004, fuepublicado en el Periódico Oficial del Gobiernodel Estado de Guerrero, el decreto por el cual sereformaron y adicionaron diversas disposicionesa ordenamientos relacionados a la materiaelectoral; dichas modificaciones legales, tuvieroncomo objetivo la implementación de reglas clarasy ciertas para que fueran desarrolladas duranteel proceso electoral de renovación del titular delPoder Ejecutivo del Estado.

- Indudablemente, la incorporación de lasreformas legales que esta Legislaturaimplementó, contribuyó a que el proceso electoralde renovación de gobernador del Estado, sedesarrollara de forma ordenada, y, que el ConsejoEstatal Electoral tuviera mejores insumosnormativos para el adecuado desenvolvimientode sus actividades. No obstante lo anterior, y sibien es cierto el conglomerado normativo vigenteelectoral cumplió con sus fines durante elmulticitado proceso; también lo es, que el mismocontiene ciertas “inconsistencias normativas”,que hacen que algunas partes del texto de leysea confuso, en otros apartados sea omiso, ocontradictorio entre sí; de tal suerte, que dichascircunstancias deben obligar a este Alto Poderrevisor, a que dentro del ejercicio de sus facultadessubsane dichas inconsistencias.

- Los aspectos torales que deben motivar aesta Legislatura a actuar con celeridad en estetema, lo constituye en primer lugar; la proximidaddel inicio del proceso de renovación deAyuntamientos y de diputados; que conforme alartículo 144, del Código Electoral del Estado, seinicia en el mes de abril del año en curso; elsegundo, se encuentra vinculado a que laposibilidad de la omisión legislativa, tendrá comoconsecuencia que la aplicación de la ley por losentes encargados de ello, se realizará basado encriterios de interpretación jurídica, lo que por unlado, llevaría a la posibilidad del disenso de losdiversos actores políticos involucrados en elproceso electoral; y por el otro, constituye lacontravención constitucional al principio decerteza contenido en el artículo 116, párrafosegundo, apartado IV, inciso “b” de laConstitución Política de los Estados UnidosMexicanos, que instituye que las constituciones


y leyes de los estados en materia electoralgarantizarán que en el ejercicio de la función acargo de las autoridades electorales sean bajolos principios de certeza, legalidad, imparcialidad,objetividad e independencia.

- No pasa desapercibido, para quien suscribe,que bajo una primera idea, podría considerarseque esta Legislatura se encuentra fuera de plazopara realizar cualquier tipo de modificación a lanormatividad en materia electoral en la entidad,por prohibición expresa del artículo 105, fracciónII, penúltimo párrafo, de la Constitución Generalde la República, que señala a la letra:

“Las leyes electorales federal y localesdeberán promulgarse y publicarse por lo menosnoventa días antes de que se inicie el procesoelectoral en que vayan a aplicarse, y durante elmismo no podrá haber modificaciones legalesfundamentales.”

- Como puede observarse, el textoconstitucional es claro en su primera parte,respecto a que toda reforma legislativa vinculadaa la materia electoral, deberá de realizarse conuna anticipación de noventa días de que inicie elproceso electoral en que vayan a aplicarse; sinembargo, dentro de la lectura del texto en comento,se desprende que existe la posibilidad de reformasal contenido normativo, cuando dichas reformasno impliquen modif icaciones legalesfundamentales.

- Que en este sentido la Suprema Corte deJusticia de la Nación dentro de la acción deinconstitucionalidad identificada con el número18/2001, y sus acumuladas 19/2001 y 20/2001;delineó a que disposiciones normativas debenconsiderarse fundamentales, al señalar:

“En este sentido, dentro de cualquier cuerpode normas, existen disposiciones legales que sepueden calificar como fundamentales, en lamedida que recogen los principios rectores en lamateria que rigen o porque son esenciales encuanto a que no puede prescindirse de ellas porla institución o principio que regulan y, otras que,teniendo como premisa dichos principios oinstituciones, tan sólo atienden a cuestionessecundarias o no esenciales.”

- Sin embargo, puede ocurrir que derivado desituaciones jurídicas supervenientes, a la

promulgación de las reformas que vayan a regirun proceso electoral, sea necesario la adecuaciónde la legislación electoral, para hacerlo compatibley congruente con los fines de los propios procesoselectorales, eliminando antinomias u omisionesnormativas que hagan ineficaz el derecho; con lalimitante que dichas adecuaciones no puedencontravenir o modificar los ejes del sistema enque se vaya a desarrollar el proceso electoral, yque previamente hayan sido acordados por laslegislaturas correspondientes, esto es, lasreformas a que se hace mención deben derespetar la esencia de los aspectos que regulanaspectos vinculados directa o indirectamentecon dichos procesos o que deban influir en ellosde una manera o de otra, como por ejemplo,creación de órganos administrativos para fineselectorales, organización de las elecciones,financiamiento público, comunicación social delos partidos, límites de las erogaciones y montosmáximos de aportaciones, delitos y faltasadministrativas y sus sanciones, etcétera, sinque ello implique que no puedan adecuarseciertos puntos particulares que resulten obscuroso imprecisos.

- Que en este orden de ideas, las reformas quea continuación se presentan tienen el objetivo deprecisar algunos aspectos que el actual texto delCódigo Electoral del Estado contienen, queconsisten en esencia en las siguientesinconsistencias:

Omisiones derivadas de eventos legislativossupervenientes a la reforma electoral aprobaday publicada el día 13 de febrero de 2004;

Contradicciones o antinomias de dosdisposiciones que regulan un mismo aspecto delproceso electoral, que evite la interpretaciónjurídica de los órganos electorales que vayanaplicar la norma en cuestión; y

- La adecuación de aspectos jurídicoselectorales, que se encuentren en un desfase enla aplicación del texto normativo, por ladesaparición de algún referente que integre lanorma, sin que ello implique la modificaciónsustancial del sistema acordado por la propiaAsamblea, dentro de la última reforma electoralcelebrada en el año 2004, respetando con ello, elprincipio de certeza, en su aspecto de seguridadjurídica para los contendientes dentro del procesoelectoral.


- Que la Quincuagésima Séptima Legislaturadel Congreso del Estado de Guerrero, en uso delas atribuciones que la Constitución y las leyes leotorgan, decretó la creación de los nuevosmunicipios de Marquelia; José Joaquín de Herreray Cochoapa el Grande. Concluido el trámite aque alude el artículo 125, fracción III, de laConstitución Política del Estado de Guerrero, ytoda vez que la mayoría de los Ayuntamientos dela entidad, refrendaron su anuencia para laexistencia de dichos municipios, por lo que lasnuevas circunscripciones territoriales aprobadaspor este Congreso del Estado entraron en vigor,y los nuevos municipios adquirieron los derechosy obligaciones políticas y administrativas que laConstitución particular y las leyes les imponen.

- Respecto a su funcionamiento administrativo,los nuevos municipios deberán ajustarse a locontemplado por el artículo 13 B, de la LeyOrgánica del Municipio Libre del Estado deGuerrero, esto es, respecto de ellos se instalaránlos Ayuntamientos Instituyentes.

- Sin embargo, la creación de los municipiosde mérito, tiene repercusiones al sistema electoralde la entidad, toda vez, que tomando enconsideración su conformación geográfica, losmismos, deben de ser incorporados dentro de losdistritos electorales en que se encuentra divididala entidad; lo anterior, para efectos de que lavotación que se recepcione en dichascircunscripciones territoriales dentro de la jornadaelectoral de la elección de diputados por elprincipio de mayoría relativa, se contabiliceespecíficamente en alguno de los distritoselectorales y exista certeza en los resultadoscomiciales.

- Conforme a la lectura sistemática del textode los artículos 41 y 116 de la ConstitucionalFederal, relacionados al numeral 25, de laConstitución Política del Estado de Guerrero; lospartidos políticos son organizaciones deciudadanos, cuya naturaleza jurídica se encuentradelimitada en ser entidades de interés público.Conforme a los numerales en estudio, las leyeselectorales señalarán las reglas a que se sujetaráel financiamiento de los partidos políticos y suscampañas electorales, en que se fijen criteriospara determinar los limites a las erogaciones querealicen, así como los montos máximos quetengan las aportaciones pecuniarias de sussimpatizantes y los procedimientos para el control

y vigilancia del origen y uso de todos los recursoscon que cuenten, debiendo garantizar queprevalezcan los recursos públicos sobre los deorigen privado.

- En el texto del actual Código Electoral delEstado de Guerrero, se encuentran establecidascontradicciones respecto a ciertos tópicos delfinanciamiento, específicamente respecto alorigen por concepto privado que los partidosadquieren como parte de sus prerrogativas; detal manera que dichas antinomias deben sersuperadas.

- Es importante destacar que, la intención deesta Asamblea dentro de la última reformaelectoral, fue la de incrementar el porcentaje definanciamiento privado por concepto deaportaciones de simpatizantes, respetando laprevalencia del origen público sobre el privado.

- Que conforme a la lectura sistemática deltexto de los artículos 41 y 116 de la Constitucionalfederal, relacionados al numeral 25, de laConstitución Política del Estado de Guerrero; lospartidos políticos son organizaciones deciudadanos, cuya naturaleza jurídica se encuentradelimitada en ser entidades de interés público.

- No obstante, que esta Legislatura actúo conel más alto grado de responsabilidad, en el temade la votación necesaria para la renovación delos consejeros electorales municipales, existeuna contradicción normativa, derivada a laomisión de reformar el artículo 82, fracción III,del Código Electoral del Estado de Guerrero,que regula las facultades de los consejos distritalesen materia de designación de consejerosmunicipales.

- La omisión descrita, produce que el artículo86, tercer párrafo, inciso “b” del ordenamientoen cita, y que regula el procedimiento que losconsejos distritales, deberán observar en ladesignación de los consejeros municipales, seencuentre en contradicción con el numeral 82,fracción III, del multicitado código; por queambos regulando una misma situación jurídica,establecen dos referentes de votación.

- En este sentido, los antecedentes legislativosde la reforma del artículo 86, tercer párrafo,inciso “b”, del Código Electoral del Estado deGuerrero, realizada el 13 de febrero de 2004,


permiten delimitar sin lugar a dudas la intenciónde esta Asamblea, respecto al referente a utilizaren la designación de los consejeros distritales ymunicipales.

- El servicio profesional de carrera, constituyósin lugar a dudas uno de los avances mássignificativos de la última reforma electoral,pues su propósito esencial fue la de garantizar laestabilidad y seguridad de las personas queprestan sus servicios dentro de las actividadescotidianas del Consejo Estatal Electoral. Así, enla continuidad objetiva de sus miembros se rescataexperiencia y profesionalismo que redundan enun mejor desempeño de las actividades quetienen encomendadas las citadas instituciones.

- No obstante, que los artículos 106 BIS al 106BIS 7, del Código Electoral del Estado deGuerrero, establecen los lineamientos esencialespara la regulación de este cuerpo profesionaltécnico del Consejo Estatal Electoral del Estadode Guerrero; y que conforme al quinto de losartículos transitorios de la reforma publicada el13 de febrero de 2004, el órgano administrativoelectoral, haya emitido las disposiciones relativasa la organización, funcionamiento y desarrollodel servicio profesional de carrera; se estimanecesario precisar la naturaleza jurídica delmismo, para evitar que al texto de la ley se lepuedan dar diversas interpretaciones quepudieran generar confusión”.

Que el diputado Ramiro Alonso de Jesús, ensu exposición de motivos de su iniciativa, señala,entre otros, lo siguiente:

· “Que la Quincuagésima Sexta Legislaturacon el fin de crear el municipio de Marquelia enla región de la Costa Chica del Estado, aprobó eldecreto de creación del citado municipio, mismoque fue debidamente publicado en el PeriódicoOficial del Gobierno del Estado.

- Que con la aprobación de los decretos antesreferidos, esta Soberanía popular modificósustancialmente la división política del territorioestatal, al dar vida institucional a tres nuevasentidades oficiales, así también, creó nuevoscentros de población, de producción, de gastopúblico, de gobierno y de participación políticaelectoral, esto último, de importancia para eldesarrollo de las próximas elecciones deAyuntamientos y diputados, y que, incide en la

elección de los diputados de mayoría relativa enlos distritos afectados por la modificación de ladivisión política interna del Estado, al alterar laconformación de los distritos electorales.

- Que mediante decreto número 591, publicadoen el Periódico Oficial del Gobierno del Estadode fecha 13 de junio de 2003, se adicionó elartículo 5 de la Constitución Política del EstadoLibre y Soberano de Guerrero, para quedar con79 Municipios, que en orden alfabético almunicipio de Cochoapa el Grande le correspondeel número 18; a José Joaquín de Herrera elnúmero 42 y a Marquelia el número 47, elprimero de ellos, ubicado en la región de laMontaña; el segundo en la región centro y eltercero en la región Costa Chica del Estado.

- Que en virtud, que en los decretos decreación de los tres nuevos municipios del estadoantes señalados, se omitió considerar en cual delos 28 distritos electorales que señala el artículo6 del Código Electoral del Estado, quedaríanincorporados Cochoapa el Grande, José JoaquínHerrera y Marquelia, actualmente dichosmunicipios legalmente, no están incluidos enningún distrito electoral, y por ende, para terminarcon la incertidumbre jurídica provocada por lacreación de los nuevos municipios, es necesariodeterminar el distrito en que habrán deincorporarse, para que los ciudadanos puedanelegir a su diputado de mayoría relativa en lastres nuevas demarcaciones político electorales.

- Que a efecto de que los 28 distritos electoralesuninominales guarden una proporcionalidad enla población entre sí, es necesario mantener elmismo criterio que fue tomado para laconformación de los mismos, y que, debe seguirimperando, es conveniente que los nuevosmunicipios queden comprendidos en el entornogeográfico del cual emanan y que es, desdeluego, el distrito al que pertenecían antes desepararse del municipio o municipios que cedieronsu territorio, por lo que resulta procedenteúnicamente incluir el nombre del nuevo municipioen el distrito correspondiente, de esta forma, segarantizará que no se altere sustancialmente laproporcionalidad poblacional que debe guardarcada distrito en el Estado y, por ende, la legitimidaden la representación ciudadana, en relación conlos otros distritos.

- Que en atención a los criterios antes


expuestos, el municipio de José Joaquín deHerrera deberá quedar incluido en el tercerdistrito electoral con cabecera en Chilapa deÁlvarez, en virtud de que el territorio queactualmente corresponde a éste nuevo municipioera parte de Chilapa de Álvarez; el municipio deCochoapa el Grande formará parte del vigésimoséptimo distrito con cabecera en Tlapa deComonfort, en virtud de que su territorio eraparte de Metlatónoc que forma parte del citadodistrito electoral; y por ultimo, el municipio deMarquelia que formará parte del XXIV distritoelectoral con cabecera en San Luis Acatlán, envirtud, que el territorio que actualmente ocupaqueda comprendido dentro de la demarcaciónque comprendía originalmente a este distrito.

- Que dado la proximidad del inicio del procesoelectoral local de 2005 para elegir diputados yAyuntamientos, es necesario, adicionar el artículo6 del Código Electoral del Estado, para efectosde incluir a los tres nuevos municipios en losdistritos que corresponda, conforme a los criteriosantes señalados, lo anterior, en virtud, que de nohacerlo con ello se propiciaría una incertidumbrepara los electores de los nuevos municipios, loscandidatos de los partidos políticos y el propioórgano electoral, que en aras de salvaguardar elvalor supremo del sufragio universal, se vería enla necesidad de tener que buscar una solución alproblema y, dado que su facultad reglamentariay para emitir acuerdos se encuentra limitada enesta materia, es necesario legislar al respecto,sin que ello, sea violatorio de la Carta Magna.”

Que los ciudadanos diputados integrantesde estas Comisiones Unidas de EstudiosConstitucionales y Jurídicos, de Gobierno y deJusticia, al realizar un estudio exhaustivo a lasiniciativas de referencia, acordamos determinarque es procedente realizar las reformaspropuestas, toda vez que los elementosproporcionados en relación de que no violentanlas garantías individuales ni se contraponen conningún otro ordenamiento legal, inclusive con eltexto del artículo 105 de la Constitución Generalde la República, son aceptables, ya que notrastocan cuestiones fundamentales, sino quelas mismas vienen a proporcionar mayor precisióny claridad a las disposiciones contenidas en elCódigo Electoral del Estado de Guerrero, comose precisa a continuación:

El artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo,

de la Constitución General de la República,señala a la letra:

“Las leyes electorales federal y localesdeberán promulgarse y publicarse por lo menosnoventa días antes de que se inicie el procesoelectoral en que vayan a aplicarse, y durante elmismo no podrá haber modificaciones legalesfundamentales”.

Que bajo una interpretación estrictamentegramatical de la primera parte del texto enmérito, podría considerarse que esta Legislaturase encuentra fuera de plazo para realizarcualquier tipo de modificación a la normatividaden materia electoral en la entidad, porque eltexto constitucional es claro, al señalar que todareforma legislativa vinculada a la materiaelectoral deberá de realizarse con unaanticipación de noventa días de que inicie elproceso electoral en que vayan a aplicarse; sinembargo, dentro de la lectura del texto encomento, se desprende que existe la posibilidadde reformas al contenido normativo, cuandodichas reformas no impliquen modificacioneslegales fundamentales.

Que la Suprema Corte de Justicia de laNación dentro de la acción de inconstitucionalidadidentificada con el número 18/2001, y susacumuladas 19/2001 y 20/2001; delineó a quedisposiciones normativas deben considerarsefundamentales, al señalar que:

“En este sentido, dentro de cualquier cuerpode normas, existen disposiciones legales que sepueden calificar como fundamentales, en lamedida que recogen los principios rectores en lamateria que rigen o porque son esenciales encuanto a que no puede prescindirse de ellas porla institución o principio que regulan y, otras que,teniendo como premisa dichos principios oinstituciones, tan solo atienden a cuestionessecundarias o no esenciales”.

En este sentido, queda claro que el artículo105, fracción II, penúltimo párrafo, de laConstitución federal, al establecer que las leyeselectorales deberán publicarse noventa días antesde que inicie el proceso electoral en que vayana aplicarse, sin que durante dicho periodo odurante el proceso electoral respectivo puedanhacerse modificaciones legales fundamentales,siendo el objetivo esencial evitar que el proceso


legislativo altere los principios rectores que rigena la materia electoral en términos de realizarcambios a las instituciones establecidas oprincipios que regulan los procesos electoralesen que vayan a aplicarse las normas.

Que los integrantes de estas ComisionesDictaminadoras estimamos que en el casoconcreto las reformas que se proponen, notienen el carácter de fundamentales, en atención,de que las mismas pretenden eliminar lascontradicciones u omisiones que producenque la ley sea obscura o imprecisa, yconsecuentemente producen la ineficacia delderecho; por lo que se hace necesaria laadecuación de la legislación electoral, para hacerlacompatible y congruente con los fines de lospropios procesos electorales.

Que en este orden de ideas, las adecuacionespropuestas en las iniciativas en estudio, en ningúnmodo contravienen o modifican los ejes delsistema en que se va a desarrollar el procesoelectoral para la renovación de diputados yayuntamientos a celebrarse en este año 2005, yque previamente fueron acordados por lapresente Quincuagésima Séptima Legislaturadel Estado en el año 2004, respetando con ello,el principio de certeza, en su aspecto de seguridadjurídica para los contendientes dentro del procesoelectoral, por lo que dichas reformas y adicioneslas consideramos procedentes, en los siguientestérminos:

Que tomando en cuenta que las Iniciativaspresentadas por la diputada Adela RománOcampo y el diputado Ramiro Alonso de Jesús,coinciden en modificar el artículo 6 del citadoCódigo Electoral, estas Comisiones Legislativasestimamos procedente dictaminarlas de maneraconjunta, sin embargo, es importante precisarque es inadecuado el término de adición delartículo 6 que propone el diputado Ramiro Alonsode Jesús, toda vez que en su exposición demotivos se determina que la intención es reformarel contenido del tercer párrafo del artículo enmérito; y conforme a las reglas de la técnicalegislativa la diferencia substancial estriba en elhecho de que la adición resulta de la propuestade incorporar un texto no previsto en la legislación,en tanto la reforma implica la modificaciónparcial o total de un texto de la ley, como es elcaso en cuestión, razón por la que estasComisiones Legislativas, determinamos, que la

propuesta es en el sentido de reformar el párrafotercero del artículo 6 del Código Electoral y noadicionarlo como se propuso en la iniciativa.

Que en este contexto y toda vez de que elespíritu de las citadas propuestas es que noexistan lagunas jurídicas en cuanto a que distritoselectorales pertenecen o pertenecerán losmunicipios de nueva creación como son Cochoapael Grande, José Joaquín de Herrera y Marqueliay por ende a que Distrito Electoral, corresponderála votación de los ciudadanos de los citadosmunicipios que emitan su sufragio para elegir asu diputado por el principio de mayoría relativa,e indirectamente de la correspondiente asignaciónde los diputados por el principio de representaciónproporcional.

Que asimismo, mediante decreto 591,publicado en el Periódico Oficial del Gobiernodel Estado de Guerrero, con fecha 13 de junio de2003, se reformó el artículo 5 de la ConstituciónPolítica del Estado, y por ende se modificó ladivisión territorial estatal, para incorporar aCochoapa el Grande; José Joaquín de Herrera yMarquelia, como municipios integrantes delestado de Guerrero.

Que tomando en consideración que lainstauración de un nuevo municipio dentro de lageografía estatal, tiene un doble efecto, el primero,vinculado al aspecto geográfico administrativo,con la constitución de las autoridades delAyuntamiento Instituyente respectivo, conformelo establece el artículo 13 B de la Ley Orgánicadel Municipio Libre del Estado de Guerrero; elsegundo, relacionado con los efectos de larepresentación popular mediante la asignaciónde diputados por los principios de mayoría relativay de Representación proporcional a que lospartidos políticos tienen derecho mediante losreferentes de votación que la ciudadanía otorgaa cada instituto político, tomando en cuenta lacircunscripción estatal y distrital que el CódigoElectoral establece.

Que además, las demarcaciones territorialesde los municipios de Cochoapa el Grande, JoséJoaquín de Herrera y Marquelia, fueronsegregados de manera integral, de losmunicipios de Metlatónoc; Chilapa y Azoyú,respectivamente, sin que fueran afectadas otrasmunicipalidades, por lo que estas ComisionesDictaminadoras, coincidimos que el criterio que


debe prevalecer para incorporar a los nuevosmunicipios a alguno de los distritos electoralesque conforman el Estado, es aquel que permitaguardar la proporcionalidad uniforme de lapoblación comprendida en los distritoselectorales de la entidad, de tal manera, que losnuevos municipios quedarán comprendidos enlas demarcaciones distritales en que seencuentran los municipios que cedieron losterritorios, este criterio permitirá que no sealtere la densidad poblacional de los distritoselectorales.

Que en este orden de ideas, y toda vez queestas comisiones dictaminadoras contamos conlos expedientes técnicos que dieron origen a losnuevos municipios, y la información seccionalelectoral de la entidad, en los cuales se aprecianlas demarcaciones territoriales y sus equivalentesgeopolítico-electorales respectivamente,determinamos que el municipio de José JoaquínHerrera, quedará comprendido en el TercerDistrito Electoral; el municipio de Marquelia,quedará comprendido en el Distrito ElectoralVigésimo Cuarto, y finalmente el Municipio deCochopa el Grande, quedará comprendido en eldistrito electoral vigésimo séptimo, por ser losdistritos electorales, en que originalmenteestaban comprendidas las secciones electoralesque territorialmente abarcan las nuevasdemarcaciones municipales, por lo que se reformael tercer párrafo del artículo 6 del Código Electoraldel Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

a) ...

b) ...

...

...

Primer Distrito. ...

Segundo Distrito . ...

Tercer Distrito. Con cabecera en Chilapa deÁlvarez (parte de la zona urbana y rural) y losmunicipios de Atlixtac, José Joaquín de Herreray Zitlala.

Cuarto Distrito. ...

Quinto Distrito. ...

Sexto Distrito. ...

Séptimo Distrito. ...

Octavo Distrito. ...

Noveno Distrito. ...

Décimo Distrito. ...

Décimo Primer Distrito. ...

Décimo Segundo Distrito. ...

Décimo Tercer Distrito. ...

Décimo Cuarto Distrito. ...

Décimo Quinto Distrito. ...

Décimo Sexto Distrito. ...

Décimo Octavo Distrito. ...

Décimo Noveno Distrito. ...

Vigésimo Distrito. ...

Vigésimo Primer Distrito. ...

Vigésimo Segundo Distrito. ...

Vigésimo Tercer Distrito. ...

Vigésimo Cuarto Distrito. Con cabecera enSan Luis Acatlán y los municipios de Azoyú,Copala, Igualapa y Marquelia.

Vigésimo Quinto Distrito. ...

Vigésimo Sexto Distrito. ...

Vigésimo Séptimo Distrito.- Con cabeceraen Tlapa de Comonfort (parte de la zona urbanay rural) y los municipios de Atlamajalcingo delMonte, Cochoapa el Grande, Metlatónoc yXalpatláhuac.

Vigésimo Octavo Distrito. ...

Que por otra parte, por cuanto hace a lareforma a la fracción I, del inciso “b”, párrafo


octavo del artículo 49, de la iniciativa presentadapor la diputada Adela Román Ocampo,estas comisiones conjuntas coincidimos queefectivamente existe una contradicciónconsistente en que la referencia del factor delcálculo que se tiene que utilizar para determinarel límite de aportaciones que podrán recibir lospartidos políticos de forma anual por conceptode aportaciones de simpatizantes será hasta unacantidad igual al 20 por ciento del total definanciamiento público para actividadesordinarias que corresponda a todos los partidospolíticos; este evento, anula la posibilidad derecibir cualquier otro tipo de financiamientoadicional de carácter privado (militancia,autofinanciamiento, financiamientos porrendimientos financieros, fondos y fidecomisos),toda vez que el limite conforme al artículo 154BIS, queda expresado al señalar que el monto definanciamiento privado no podrá ser mayor al 10por ciento del total del financiamiento públicoque se les asigne a todos los partidos.

Que tomando en cuenta el espíritu de lareforma realizada al artículo 49 del ordenamientoen cita, publicada en el Periódico Oficial delEstado con fecha 13 de febrero de 2004. cuyafinalidad fue la de incrementar el porcentaje deaportaciones de los simpatizantes de los partidospolíticos; resulta en consecuencia, que el sistemade financiamiento debe hacerse congruente aefecto de que las referencias de cálculo delporcentaje de aportaciones de simpatizantes y elcorrespondiente tope de financiamiento privado,sean funcionales entre sí.

Que en este sentido, al modificar el texto dela ley, se respeta el mandato constitucional deprevalencia del origen de los recursos públicossobre los de carácter privado que reciban lospartidos políticos.

Que por lo anterior, estas Comisiones Unidasde Estudios Constitucionales y Jurídicos, deGobierno y Justicia, estimamos procedente lareforma propuesta, sin embargo es importantehacer una adecuación en el sentido de que setrata de una contradicción de normas evidenteentre el artículo 49, párrafo noveno, inciso b)fracción I; y, el penúltimo párrafo del artículo154 BIS del actual Código Electoral del Estadode Guerrero y no del párrafo octavo como seestablece en la iniciativa, razón por la que serealiza la modificación correspondiente, a efecto

de suprimir contradicciones en estos preceptos,permitiendo que el sistema en materia definanciamiento sea congruente y funcional,quedando de la siguiente forma:

“Artículo 49.- . . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

a) …

b) …

I.- Los partidos políticos no podrán recibiranualmente aportaciones en dinero desimpatizantes por una cantidad superior al 20 porciento del total de su financiamiento público paraactividades ordinarias;

De la II a la V.- . . .

c) . . .

d) . . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .”

Que en relación a la reforma a la fracción III,del artículo 82, propuesta por la diputada AdelaRomán Ocampo, estas Comisiones Ordinarias,


la consideramos procedente, toda vez de queefectivamente existe una contradicción de normasque regulan un mismo tópico jurídico como seseñala en la Iniciativa de referencia. Además detomar en consideración la reforma realizada el13 de febrero de 2004, al artículo 86, tercerpárrafo, inciso “b”, del multicitado CódigoElectoral, cuyo objeto fue que los consejeroselectorales que participaran en los consejosdistritales y municipales durante los procesoselectorales en la entidad, contarán con elconsenso de la mayoría de los integrantes delos consejos electorales que realizan lasdesignaciones respectivas, considerándosenecesario que tales nombramientos sean hechospor las dos terceras partes de los miembrospresentes del Consejo Electoral de que se trate.

Que por lo anterior, se plantea suprimir lacontradicción existente y tomar en cuenta elcriterio de interpretación cronológica de la ley,consistente en que el acto posterior anula alanterior, por lo que debe prevalecer el espíritu dela reforma al artículo 86, tercer párrafo, inciso“b”, del Código Electoral del Estado de Guerrero,realizada el 13 de febrero de 2004, por lo queconsecuentemente y a efecto de ser congruentesen los preceptos establecidos, se estimaprocedente la citada reforma.

Que por cuanto hace a la adición de unsegundo párrafo al artículo 106 Bis 6 del citadoCódigo, estas Comisiones Unidas, nos avocamosa analizar el marco normativo que regula alservicio profesional de carrera, que establececlaramente su diseño, funciones, organización yestructura definiendo las formas de ingreso,permanencia y mecanismos de separación delmismo.

Que de igual forma se contempla un sistemade jerarquías, rangos y niveles de los funcionariosque integrarán el cuerpo del servicio profesionalde carrera y sus ramas administrativas, señalandola obligación del Consejo Estatal Electoral paraexpedir su estatuto, cuya función específica serála de reglamentar la organización y estructuraque deberán existir internamente del ConsejoEstatal Electoral, previéndose un sistema desolución de controversias o conflictos con susservidores, que serán resueltas por el TribunalElectoral del Estado.

Que además, se establece un sistema general

de organización que debe de existir entre losservidores o funcionarios electorales adscritosal servicio profesional de carrera; el cual debeentenderse como un cuerpo interno del propioConsejo Estatal Electoral del Estado de Guerrero.

Que por lo anterior, estas Comisiones Unidasde Estudios Constitucionales y Jurídicos, deGobierno y de Justicia, llegan a la conclusión deque efectivamente la naturaleza jurídica de larelación que existe entre los integrantes delservicio profesional de carrera y el ConsejoEstatal Electoral, no se encuentra determinada.

Que en este orden de ideas, la naturalezajurídica que existe entre los integrantes delservicio profesional de carrera y sus ramasadministrativas; y, el Consejo Estatal Electoral,debe definirse a partir de los elementos queintegran las partes de la relación laboral.

Que en este sentido, el Consejo EstatalElectoral, es un organismo público autónomo,dotado de personalidad jurídica y patrimoniopropio, en términos de lo dispuesto por el artículo25 de la Constitución Política del Estado deGuerrero, razón que hace que se excluya alpersonal del servicio profesional de carrera ysus ramas administrativas, ya que dentro de unode los factores de producción ni pertenecen a lospoderes de la Unión, ni al gobierno del DistritoFederal, que establece el artículo 123 de laConstitución General de la República.

Que ahora bien, si bien es cierto que el CódigoElectoral de la entidad, emplea en su artículo 106Bis, 6, fracción VII, la expresión condiciones detrabajo, al señalar las normas que debe contenerel estatuto del servicio profesional de carrera;también es verdad que a la voz trabajo no debedársele una interpretación restrictiva, en la quese incluyan únicamente los asuntos en los cualesexista una relación típica de las que regulaordinariamente el Derecho del Trabajo, toda vezque dicha expresión no es de uso exclusivo de ladisciplina jurídica indicada, sino que en elvocabulario general tiene un significadogramatical amplio, aplicable a cualquier actividadque realicen los seres humanos, de modo queesta expresión constituye sólo una referenciageneral para todos los vínculos que surjan conmotivo del servicio electoral entre el citadoorganismo público y sus servidores. Más aún, elpropio Código Electoral, establece que la


jurisdicción para resolver un litigio entre la citadaautoridad electoral y alguno o varios de losindividuos que formen parte de su personal, deconformidad con las disposiciones establecidasen el estatuto del servicio profesional de carrera,sea a favor de un órgano público autónomo comolo es el Tribunal Electoral del Estado, el cualdecidirá el conflicto en el aspecto sustantivo, pornormas administrativas identificables de algúnmodo con el derecho del trabajo, por la legislacióncivil federal, o por un conjunto integrado pordiversas normas de ámbitos distintos.

Que en este sentido, y visto los argumentosvertidos, se estima que dicha relación se encuentraen el ámbito del derecho administrativo; y, quela relación jurídica de los integrantes delservicio profesional de carrera y sus ramasadministrativas, debe considerársele deconfianza, sin que esto implique merma algunaen su estabilidad laboral o salarial, pues losartículos 106 BIS al 106 BIS 8, del CódigoElectoral del Estado, establecen de forma puntual,los mecanismos de ingreso, organización,permanencia y separación del servicio profesionalde carrera; así, como los mecanismos de defensaque tienen para dirimir los conflictos que sesusciten.

Que en concordancia con la necesidad defortalecer las prestaciones de seguridad social afavor de los integrantes de las ramasadministrativas, se estima procedente lapropuesta de incorporar que el personal deconfianza gozará de los beneficios de la seguridadsocial, dejando a libertad del órgano electoral deincorporarlos a la institución de seguridad socialque consideren conveniente, por tratarse de unórgano autónomo, razones por las queconsideramos procedente realizar la adecuaciónen los términos señalados a la propuesta deadicionar un segundo párrafo al artículo 106 Bis6, del ordenamiento jurídico en cita, para quedarcomo sigue:

Artículo 106 BIS 6.- . . .

De la I a la XI.- ...

El personal de confianza, disfrutará de lasmedidas de protección al salario y gozará de losbeneficios de la seguridad social.

Que por lo anteriormente expuesto, las

Comisiones Unidas de Estudios Constitucionalesy Jurídicos, de Gobierno y de Justicia, sometemosa la consideración de esta Soberanía popular,para su discusión y aprobación en su caso, elpresente dictamen con el siguiente proyecto dedecreto de reformas y adiciones a diversasdisposiciones del Código Electoral del Estado deGuerrero.

Por lo anteriormente expuesto y confundamento en lo dispuesto por los artículos 47,fracción I, de la Constitución Política del EstadoLibre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I y127, párrafos primero y tercero de la LeyOrgánica del Poder Legislativo número 286,

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMALEGISLATURA AL HONORABLECONGRESO DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBREDEL PUEBLO QUE REPRESENTA, TIENEA BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO ____ POR ELQUE SE REFORMAN Y ADICIONANDIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGOE L E C T O R A L D E L E S T A D O D EGUERRERO.

Artículo Primero.- Se reforma el tercerpárrafo, de artículo 6, la fracción I, inciso “b”,párrafo noveno del artículo 49; y la fracción IIIdel artículo 82, del Código Electoral del Estado,para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6. ...

a) ...

b) ...

...

...

Primer Distrito. ...

Segundo Distrito . ...

Tercer Distrito. Con cabecera en Chilapa deÁlvarez (parte de la zona urbana y rural) y losmunicipios de Atlixtac, José Joaquín de Herreray Zitlala.


Cuarto Distrito. ...

Quinto Distrito. ...

Sexto Distrito. ...

Séptimo Distrito. ...

Octavo Distrito. ...

Noveno Distrito. ...

Décimo Distrito. ...

Décimo Primer Distrito. ...

Décimo Segundo Distrito. ...

Décimo Tercer Distrito. ...

Décimo Cuarto Distrito. ...

Décimo Quinto Distrito. ...

Décimo Sexto Distrito. ...

Décimo Octavo Distrito. ...

Décimo Noveno Distrito. ...

Vigésimo Distrito. ...

Vigésimo Primer Distrito. ...

Vigésimo Segundo Distrito. ...

Vigésimo Tercer Distrito. ...

Vigésimo Cuarto Distrito. Con cabecera enSan Luis Acatlán y los municipios de Azoyú,Copala, Igualapa y Marquelia.

Vigésimo Quinto Distrito. ...

Vigésimo Sexto Distrito. ...

Vigésimo Séptimo Distrito.- Con cabecera enTlapa de Comonfort (parte de la zona urbana yrural) y los municipios de Atlamajalcingo del Monte,Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Xalpatláhuac.

Vigésimo Octavo Distrito. ...

Artículo 49.- . . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

a) …

b) …

I.- Los partidos políticos no podrán recibiranualmente aportaciones en dinero desimpatizantes por una cantidad superior al 20 porciento del total de su financiamiento público paraactividades ordinarias;

De la II a la V.- . . .

c) . . .

d) . . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Artículo 82.- ...

De la I a la II.- ...

III.- Designar, en el mes de junio, por el votode las dos terceras partes de sus miembrospresentes, al presidente y consejeros electoralesde los consejos municipales electorales a que se


refiere el artículo 86 de este Código. Lasdesignaciones se harán de una lista de personasque proponga su presidente y de los que saldrántambién los consejeros supernumerarios;

De la IV a la XXVI.- ...

Artículo Segundo.- Se adiciona un segundopárrafo al artículo 106 BIS 6, del Código Electoraldel Estado, para quedar como sigue:

Artículo 106 BIS 6.- . . .

De la I a la XI.- ...

El personal de confianza disfrutará de lasmedidas de protección al salario y gozará de losbeneficios de la seguridad social.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente decreto entraráen vigor al día siguiente de su publicación en elPeriódico Oficial del Gobierno del Estado.

Chilpancingo, Guerrero, 31 de marzo de 2005.

Atentamente.Los Integrantes de las Comisiones Unidas de

Estudios Constitucionales y Jurídicos, de Gobiernoy de Justicia:

Por la Comisión Ordinaria de EstudiosConstitucionales y Jurídicos.

Diputada Adela Román Ocampo, Presidenta.-Diputado Joaquín Mier Peralta, Secretario.-Diputado David Tapia Bravo, Vocal.- DiputadoPaz Antonio Ildefonso Juárez Castro, Vocal.-Diputada Yolanda Villaseñor Landa, Vocal.

Por la Comisión Ordinaria de Gobierno.Diputado Juan José Castro Justo,

Presidente.- Diputado David Jiménez Rumbo,Secretario.- Diputado David Tapia Bravo,Vocal.- Diputado Félix Bautista Matías,Vocal.- Diputado Fredy García Guevara,Vocal.- Diputado Jesús Heriberto NoriegaCantú, Vocal.- Diputado Marco Antonio de laMora Torreblanca, Vocal.

Por la Comisión Ordinaria de Justicia.Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero,

Presidente.- Diputado Joel Eugenio Flores,Secretario.- Diputado René Lobato Ramírez,

Vocal.- Diputado Rodolfo Tapia Bello, Vocal.-Diputado Max Tejeda Martínez, Vocal.


El Presidente:

El presente dictamen con proyecto de decretoqueda de primera lectura y continúa con sutrámite legislativo.

En desahogo del inciso “b” del tercer puntodel Orden del Día, solicito al diputado secretarioJorge Armando Muñoz Leal, se sirva dar lecturaal oficio suscrito por el diputado Gustavo MirandaGonzález, presidente de la Comisión de Hacienda.


Chilpancingo, Guerrero, mayo 16 de 2005.

Ciudadano Diputado Arturo Martínez Pérez,Presidente de la Mesa Directiva del HonorableCongreso del Estado.- Edificio.

Por medio de este conducto me permitosolicitarle la dispensa de la segunda lectura deldictamen con proyecto de decreto, por el quese autoriza al Ejecutivo del Estado para daren donación pura y gratuita un predio yconstrucciones de su propiedad, ubicado en lazona industrial de la ciudad de Iguala de laIndependencia, Guerrero, a favor de laUniversidad Tecnológica de la región de la ZonaNorte de Guerrero, para la construcción de susinstalaciones educativas, esto con la finalidad deavanzar con su trámite legislativo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.


El Presidente:


Esta Presidencia somete a consideración dela Plenaria la solicitud de dispensa de la segundalectura del dictamen con proyecto de decretopor el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivoestatal, a dar en donación pura y gratuita elpredio y construcciones de su propiedad, ubicado


en la zona industrial de la ciudad de Iguala de laIndependencia, Guerrero, a favor de laUniversidad Tecnológica de la región de la ZonaNorte de Guerrero, para la construcción de susinstalaciones educativas; los que estén por laafirmativa, favor de manifestarlo en votacióneconómica, poniéndose de pie.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de los diputadospresentes, la dispensa de la segunda lectura deldictamen con proyecto de decreto en desahogo.

Dispensado que ha sido el trámite legislativodel asunto en desahogo, esta Presidencia, confundamento en el artículo 138, fracción I, de laLey Orgánica del Poder Legislativo en vigor,concede el uso de la palabra a la ciudadanadiputada Aceadeth Rocha Ramírez, quien comointegrante de la Comisión Dictaminadorafundamentará y motivará el dictamen dereferencia.

La diputada Aceadeth Rocha Ramírez:

Con su permiso, señor presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

En mi carácter de integrante de la Comisiónde Hacienda y en términos de lo dispuesto por elartículo 138, fracción I, de la Ley Orgánica delPoder Legislativo en vigor, a nombre de miscompañeros diputados integrantes de la misma,me voy a permitir fundar y motivar el dictamenpor el que se autoriza al Ejecutivo estatal a daren donación pura y gratuita el predio yconstrucciones de su propiedad, ubicado en lazona industrial de la ciudad de Iguala de laIndependencia, Guerrero, a favor de laUniversidad Tecnológica de la región de la ZonaNorte de Guerrero, para la construcción de susinstalaciones educativas, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado,en uso de sus facultades constitucionales remitióa este Honorable Congreso mediante oficionúmero 00253, signado por el secretario generalde gobierno, mayor Luis León Aponte, de fecha

16 de febrero de 2005, la iniciativa de decreto endiscusión.

Que con fecha 9 de febrero de 2004, elCongreso del Estado aprobó el decreto número183, por el que se crea el organismo públicodescentralizado Universidad Tecnológica de laRegión Norte de Guerrero, con personalidadjurídica y patrimonio propio, para que en elmarco del sistema estatal de educación y delsistema nacional de universidades tecnológicas,contribuya a la presentación de servicioseducativos de nivel superior en las áreas de laciencia y la tecnología adscrita sectorialmente ala Secretaría de Educación Guerrero.

Que el gobierno del estado de Guerrero cuentadentro de su haber patrimonial existentes, con unpredio y sus construcciones en el …ubicado enla zona industrial de la ciudad de Iguala de laIndependencia, Guerrero, el cual se encuentrainscrito en el Registro Público de la Propiedaddel Estado de Guerrero, bajo el folio de derechosreales número 42373 de fecha 6 de marzo de2004, del Distrito Judicial de Hidalgo, el cualtiene una superficie total de 12.66.00 (docehectáreas, sesenta y seis áreas, cero centiáreas).

Dentro del cuerpo del dictamen se estableceque se efectuaron los estudios técnicoscorrespondientes, los cuales indican que elinmueble de referencia no tiene ningún valorarqueológico, histórico o artístico.

Que dentro del proyecto de decreto semanifiesta que se considera procedente autorizarla donación del inmueble de referencia a laUniversidad Tecnológica de la Región Norte deGuerrero, centro educativo de jóvenesprofesionales que habrán de insertarse a la vidaproductiva del Estado, reconociendo que escompromiso del gobierno del Estado, la dotaciónde los instrumentos materiales necesarios parael proceso de elevación del nivel educativo de losguerrerenses.

Conforme a las consideraciones anterioresvertidas y cubiertos los requisitos establecidosen el artículo 134 de la Ley Orgánica del MunicipioLibre del Estado de Guerrero, los suscritosdiputados integrantes de la Comisión deHacienda, consideramos procedente laautorización al Ejecutivo del Estado, para dar endonación pura y gratuita por ajustarse a la


normatividad de la materia, razón por la cualsolicitamos a esta Plenaria su voto favorable,para dicha propuesta.

Gracias.

El Presidente:

En razón que en el citado dictamen no seencuentran votos particulares, se procederá a ladiscusión en lo general, por lo que se solicita a losciudadanos diputados que deseen hacer uso dela palabra, lo hagan del conocimiento de estaPresidencia, para elaborar la lista de oradores.

En virtud de que no hay oradores inscritos, sesomete a consideración de esta Plenaria para suaprobación en lo general, el dictamen con proyectode decreto por el que se autoriza al titular delPoder Ejecutivo estatal a dar en donación puray gratuita el predio y construcciones de supropiedad, ubicado en la zona industrial de laciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero,a favor de la Universidad Tecnológica de laRegión Norte de Guerrero, para la construcciónde sus instalaciones educativas; los que esténpor la afirmativa, favor de manifestarlo envotación económica, poniéndose de pie.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos en logeneral el dictamen con proyecto de decreto dereferencia.

Aprobado que ha sido en lo general, se sometepara su discusión en lo particular el dictamenantes señalado, por lo que en términos de lafracción IV, del artículo 138 de nuestra LeyOrgánica, se solicita a los ciudadanos diputadossi desean reservarse artículos en lo particularpara su discusión, lo hagan del conocimiento deesta Presidencia para formular la lista deoradores.

En virtud de que no existe reserva de artículos,esta Presidencia en términos del artículo 137,párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tienepor aprobado el dictamen con proyecto de decretopor el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivoestatal a dar en donación pura y gratuita el predioy construcciones de su propiedad, ubicado en la

zona industrial de la ciudad de Iguala de laIndependencia, Guerrero, a favor de laUniversidad Tecnológica de la Región Norte deGuerrero, para la construcción de susinstalaciones educativas; emítase el decretocorrespondiente y remítase a las autoridadescompetentes para los efectos legalesprocedentes.

En desahogo del inciso “c” del tercer puntodel Orden del Día, solicito al diputado secretarioJoel Eugenio Flores, se sirva dar segunda lecturaal dictamen de valoración previa que recayó a ladenuncia de junio de juicio político registradobajo el número JP/LVII/022/2004, promovidopor los ciudadanos Martimiano Benítez Flores,Bertano Gálvez López, Bonifacio Romero Cano,Ubaldo Segura Pantoja, María López Ramírez yHonorio Morales Bonilla, en contra del presidentey síndico procurador del Honorable Ayuntamientodel municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.



Los suscritos diputados integrantes de laComisión Instructora en funciones de Comisiónde Examen Previo de la Quincuagésima SéptimaLegislatura al Honorable Congreso del EstadoLibre y Soberano de Guerrero, en uso de lasfacultades que nos confieren los artículos 47,fracción XXXVII, 110, 111 y 112 de laConstitución Política local, en correlación conlos artículos 8, fracción XXXVIII, 46, 49, fracciónXXIV, 75, 162, 166 y Tercero Transitorio de laLey Orgánica del Poder Legislativo del Estadode Guerrero número 286 y 112 de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado de Guerrero número 674, emitimos eldictamen de valoración previa correspondientea la denuncia de juicio político registrado bajo elnúmero JP/LVII/022/2004, promovido porMartimiano Benítez Flores, Bertano GálvezLópez, Bonifacio Romero Cano, Ubaldo SeguraPantoja, María López Ramírez y Honorio MoralesBonilla, los tres primeros delegados de las coloniasTepeyac, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas,respectivamente; y los tres últimos miembros delFrente Popular Revolucionario, en contra de losciudadanos Rufino Magdaleno Vázquez Sierra yGregorio Castillo Muñoz, presidente y síndico


procurador, respectivamente, del HonorableAyuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero,bajo los siguientes resultandos y considerandos:

RESULTANDOS

Primero.- Que mediante escrito de fecha 01de mayo de 2004, recibido el 4 del mismo mes yaño en esta Soberanía, los ciudadanos MartimianoBenítez Flores, Bertano Gálvez López, BonifacioRomero Cano, Ubaldo Segura Pantoja, MaríaLópez Ramírez y Honorio Morales Bonilla, lostres primeros delegados de las coloniasTepeyac, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas,respectivamente; y los tres últimos miembros delFrente Popular Revolucionario, presentarondenuncia de juicio político en contra de losciudadanos Rufino Magdaleno Vázquez Sierra yGregorio Castillo Muñoz, presidente y síndicoprocurador, respectivamente, del HonorableAyuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Segundo.- Que mediante comparecencia defecha 7 de mayo de 2004, los ciudadanosMartimiano Benítez Flores, Bertano GálvezLópez, Bonifacio Romero Cano, Ubaldo SeguraPantoja, María López Ramírez y Honorio MoralesBonilla, ratificaron el escrito de denuncia deantecedentes, haciendo la aclaración el primerode los nombrados, que reconoce la firma queaparece estampada sobre el nombre de MartínBenítez Flores, como suya por haberla estampadode su puño y letra y ser la misma que utiliza ensus asuntos públicos y privados y que dichonombre lo escribió de esa manera porque así loconoce la gente de su pueblo, pero que sunombre correcto es el que ha quedado señaladocon antelación.

Tercero.- Que la ciudadana licenciada SaezGuadalupe Pavía Miller, oficial mayor delHonorable Congreso del Estado, por oficionúmero OM/DPL/0170/2004, de fecha 13 demayo de 2004, en cumplimiento a lo dispuestopor el artículo 163 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo en vigor, hizo del conocimiento delPleno el escrito de denuncia y ratificaciónreferidos en los resultandos primero y segundodel presente dictamen.

Cuarto.- Que mediante oficio número OM/DPL/174/2004, fechado el 13 de mayo de 2004,la oficial mayor del Honorable Congreso delEstado, ciudadana Saez Guadalupe Pavía Miller,

por instrucciones de la Mesa Directiva delHonorable Congreso del Estado, turnó a laComisión Instructora en funciones de Comisiónde Examen Previo, la denuncia de juicio políticoy su ratificación para su análisis correspondientey emisión del respectivo dictamen.

CONSIDERANDOS

Primero.- Que la Comisión Instructora enfunciones de Comisión de Examen Previo, escompetente para conocer y emitir el presentedictamen de valoración previa, de conformidadcon lo dispuesto por los artículos 47, fracciónXXXVII, 110, 111 y 112 de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Guerrero,en correlación con los artículos 8, fracciónXXXVIII, 46, 49, fracción XXIV, 75, 162, 166 yTercero Transitorio de la Ley Orgánica delPoder Legislativo del Estado de Guerrero número286, y 12 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado de Guerreronúmero 674.

Segundo.- Aducen los denunciantes: “quecon fecha 6 de mayo de 1998, la asamblea deejidatarios de Tlapa de Comonfort, Guerrero,donó al Ayuntamiento de ese mismo municipio,un inmueble ubicado en la colonia Contlalco deesa ciudad, lugar donde se instalaría la gasolineríaque sería administrada por el Ayuntamientorespectivo, tal como lo justificamos con la copiadel acta de asamblea de ejidatarios queacompañamos a este escrito como anexo (1), decuyo contenido se desprenden las siguientesmedidas y colindancias:

AL NORTE MIDE: 82.00 metros y colindacon la carretera Tlapa-Puebla.

AL SUR MIDE: 63.00 metros y colinda concalle sin nombre.

AL ORIENTE MIDE: 46.00 y colinda conManuel Cantú Cabrera.

AL PONIENTE MIDE: 66.00 y colinda conbarranca y calle sin nombre.

2.- En el lugar fueron construidas lasinstalaciones de una gasolinería efectivamente,sin embargo, por causas que desconocemosnunca fue puesta en funcionamiento, por lo queel Honorable Ayuntamiento le dio otro destino alinmueble referido, habiendo instalado en el uncorralón de la dirección de Tránsito Municipal,circunstancia que motivó a que el señor Manuel


Cantú Cabrera, quien era poseedor original,mediante escrito fechado el cinco de marzo de1997, compareciera ante el juzgado de primeraInstancia del Ramo Civil del Distrito Judicialde Morelos a demandarle al HonorableAyuntamiento la rescisión del contrato de cesiónde derechos de fecha 6 de mayo de 1998, asícomo la desocupación y entrega del predio antescitado.

3.- La demanda promovida por el señor ManuelCantú Cabrera, le fue asignado el número deexpediente 29/997, relativo al juicio ordinariocivil de rescisión del contrato de cesión dederechos, en el que después de seguir por todassus etapas procesales, el 2 de julio de 1998, laSala Civil del Tribunal Superior de Justicia delEstado, en acatamiento a la ejecutoria emitidapor el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimoprimer Circuito en el juicio de amparo directonúmero 366/998, resolvió la improcedencia de laacción intentada por Manuel Cantú Cabrera,ante la falta de legitimación en la causa por partedel actor, en tal virtud el Honorable Ayuntamientosiguió en posesión de manera pública del inmueblecontrovertido, al respecto exhibimos como anexo(2) copia simple de la ejecutoria respectiva.

4.- Además del inmueble a que nos referimosen el hecho de esta denuncia, con fecha 18 demarzo de 1994 el Ejido de Tlapa, Guerrero, donóa favor del Honorable Ayuntamiento, otro terrenoubicado en la colonia Tepeyac de la mismaciudad, tal como lo podemos corroborar con elacta correspondiente, documental que tambiénacompañamos a este escrito como anexo (3) decuyo contenido se desprenden las siguientesmedidas y colindancias:

AL NORTE MIDE: 81.00 metros y colindacon la calle sin nombre.

AL SUR MIDE: 25.00 metros y colinda conla calle 12 de diciembre.

AL ORIENTE MIDE: 110.00 metros ycolinda con la calle 12 de diciembre y terrenoejidal.

AL PONIENTE MIDE: 93.00 metros ycolinda con la calle Aquiles Serdán.

5.- Hacemos la aclaración que las medidas ycolindancias antes señaladas fueron modificadascon posterioridad, toda vez que el mismoAyuntamiento municipal adjudicó a particularesparte del referido inmueble sobre el lado oriente

del mismo, de modo que la parte sobre la quesiguió manteniendo la posesión quedó con lasmedidas y colindancias siguientes:

AL NORTE MIDE: 24.15 metros y colindacon la calle Juan de la Barrera.

AL SUR MIDE: 30.00 metros y colinda conla calle 12 de diciembre.

AL ORIENTE MIDE: 92.15 metros y colindacon la parte que el Ayuntamiento adjudicó aparticulares.

AL PONIENTE MIDE: 95.00 metros ycolinda con la calle Aquiles Serdán.

6.- Durante algunos años el terreno ubicadoen la colonia Tepeyac estuvo ocupado por elEjército Nacional y después de su desocupaciónse pretendió construir en el lugar el cuartelregional de la Policía Montada a lo que losvecinos de la colonia nos opusimos por la conductanegativa que habían desplegado hacia loshabitantes, elementos del Ejército Nacional, enesa virtud solicitamos se nos permitiera instalaren su caso un mercado de abasto popular,autorización que de manera verbal la obtuvimospor lo que desde el 27 de octubre de 1998 hastaesta fecha venimos manteniendo la posesión demanera pública, pacífica y continua.

7.- A fines del trienio pasado se nos pretendiódesalojar del inmueble a que nos referimos en elhecho anterior, por ello le exigimos al presidentemunicipal nos hiciera entrega de algún documentoque nos sirviera de protección, motivo por el cualse nos otorgó para compartir la posesión juntocon el CONALEP en un 50 por ciento para cadaparte, circunstancia que también acreditamoscon el acta mencionada, no obstante a partir deeste año se nos instruyó averiguación previa enla agencia del Ministerio Público del FueroComún del Distrito Judicial de Morelos, por eldelito de despojo figurando como agraviadosRafael Vázquez Sierra, Hermenegildo VázquezSierra y Milto René Sandoval Reyes, los dosprimeros hermanos por consanguinidad del actualpresidente municipal Rufino Magdaleno VázquezSierra, dichas personas alegan ser propietariosdel inmueble a que nos referimos en el hechocinco de esta denuncia y según la escriturapública que exhiben, la Comisaría Ejidal porconducto de su apoderado legal adquiere deCORETT el inmueble de referencia paraposteriormente y por conducto del mismoapoderado trasmitirles el dominio a los hermanos


del actual presidente municipal, sin embargo, dedicho acto fraudulento los señores de la ComisaríaEjidal se han deslindado expresando que ellosnunca le han comprado a CORETT ningúnterreno donado al Ayuntamiento, al respectoexhibimos junto con este escrito copia de lasconstancias referidas, anexo (4).

8.- En relación al terreno ubicado en la coloniaContlalco, a partir de enero del año en curso,unos particulares invadieron sobre el lado nortedel inmueble, en el que comenzaron a levantaraparentemente una bodega sin que las autoridadesmunicipales ofrezca alguna explicación sobre elparticular, razón por la cual con fecha 23 demarzo del año en curso le solicitamos al profesorGregorio Castillo Muñoz, síndico procuradormunicipal, a que en su carácter de servidorpúblico procure la protección de bienespatrimoniales del municipio, pero el funcionariomencionado ha preferido asumir una conductaomisa para dar lugar a que atenten contra losbienes patrimoniales de la entidad Municipal,pretende inclusive justificar actos fraudulentosen perjuicio de los intereses públicos perpetradospor el delegado de la CORETT, circunstanciaque justificamos con la contestación del escritofechado el 27 de marzo de 2004, mismo queacompañamos a esta denuncia como anexo (5)en el que el funcionario mencionado refiere quelos inmuebles controvertidos no aparecen en elinventario de bienes del Ayuntamiento, peroademás, pretendiendo evadir su responsabilidadcomo funcionario público, alega la expropiacióna favor de CORETT con pleno desconocimientode las consecuencias jurídicas de la misma, noignoramos desde luego que los terrenos fueronexpropiados a favor de la CORETT, sin embargo,al respecto hemos sostenido que las ventas sellevaron a cabo en contravención al decretoexpropiatorio correspondiente, pues dichomandamiento dispone que los terrenosexpropiados deben escriturarse a sus poseedoresy solo cuando los lotes estén desocupados, aterceros; consecuentemente, los inmuebles aque nos referimos en el hecho uno y cinco deesta denuncia, debieron ser escriturados a favordel Honorable Ayuntamiento por ser la entidadMunicipal que se hallaba en posesión, y si así noocurrió las escrituras que pudieran existir afavor de terceros están viciadas de nulidad y elfuncionario negligente debe promover juicioscorrespondientes y reivindicar los terrenos queson patrimonio del municipio; tiene sustento el

presente criterio en la Tesis de jurisprudencianúmero III. 3°. C. 37. C, Novena Época, TomoV enero de 1997, del Tercer Tribunal Colegiadoen Materia Civil del Tercer Circuito, consultableen la página 441, del Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta, cuyo rubro a la letradice: “COMPRAVENTA EFECTUADAP O R L A C O M I S I Ó N P A R A L AREGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DELA TIERRA, NULIDAD DE LA, PORILICITUD EN EL OBJETO EXISTE SI SELLEVA A CABO EN CONTRAVENCIÓNA L D E C R E T O E X P R O P I A T O R I OCORRESPONDIENTE. El artículo 2225 delCódigo Civil Federal prescribe que la nulidad,absoluta o relativa, ocurre por ilicitud en elobjeto, en el fin o en la condición del acto. Sobrelo primero el numeral 1830 del mismoordenamiento previene que: “Es ilícito el hechoque es contrario a las leyes de orden público o alas buenas costumbres”. A su vez, los decretosprovenientes del Congreso de la Unión o delresidente de la República, aún cuando tienenefectos particulares, gozan de los mismosatributos que una ley por compartir lascaracterísticas de esta última. Luego, si el decretoPresidencial respectivo dispone que los terrenosexpropiados deben escriturarse a sus poseedoresy sólo cuando los lotes estén desocupados, aterceros y la Comisión para la Regularización dela Tenencia de la Tierra, contraviniendo elmandato de orden público contenido en el decretocitado, transmite un terreno a persona distinta asu poseedor, es indudable que esa actitud implicala ilicitud en la transmisión, es decir, la nulidad enel objeto”.

9.- En las condiciones anteriores resultaimportante señalar que si por negligencia o poractos de omisión de la autoridad anterior no seescrituraron a favor del Honorable Ayuntamientolos inmuebles controvertidos, incurren tambiénen actos y omisiones de los servidorespúblicos en perjuicio de los intereses públicosfundamentales, el síndico procurador enfunciones y el presidente municipalconstitucional, porque siendo documentosanulables jurídicamente por estar viciados deactos fraudulentos, se niegan a proteger yreivindicar bienes patrimoniales, encuadrandosu conducta en la hipótesis normativa previstapor el artículo 7º, fracciones VI y VII de la Leyde Responsabilidades de los Servidores delEstado de Guerrero, con grave perjuicio al interés


del municipio, razón por la cual demandamos quese les instruya juicio político respectivo.

10.- Que con fecha 18 de noviembre de 1997,la Comisión Nacional de Aguas, concesionó alAyuntamiento municipal 204 m2 de terreno paraáreas verdes en la colonia Benito Juárez deaquella ciudad, sin embargo, dicho terreno hasido invadido por Marcelino Rodríguez Rosales,persona que para evitar ser desalojado harecurrido a la maquinación de un contrato privadode compraventa, que a juicio nuestro adolece devicios de nulidad, sin embargo, ninguno de losfuncionarios denunciados ha procuradoreivindicar el inmueble referido, anexo (6).

11.- Debemos referir de igual forma que el 27de enero de 1991, el Ejido de Tlapa, Guerrero,realizó una donación de un solar urbano para lacolonia Lázaro Cárdenas con la finalidad de queel mismo se destinara para la Iglesia de la mismacolonia, cuyas medidas y colindancias son: AlNorte mide 21.00 y colinda con calle sin nombre,Al Sur mide 30.00 metros y colinda con Demetriode Jesús, Al Oriente mide 87.00 metros y colindacon calle Caritino Maldonado, Al Oeste mide90.00 metros y colinda con terreno ejidal, sinembargo, durante el mes de junio de 1998, elciudadano Ventura Vázquez de los Santos invadióparte de ese terreno por el lado Norte,aperturando sin consentimiento de los habitantesde la colonia una calle sobre el inmueble de laIglesia referida, problema que en diversasocasiones ya lo hemos tratado con las autoridadesmunicipales pero que su intervención ha sidoomisa, circunstancia que constituye violacionesfundamentales en perjuicio de los interesespúblicos fundamentales del municipio, anexo(7).

Tercero.- De conformidad con el artículo 75de la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente,en correlación con el artículo 12 de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado, la Comisión Instructora, en funcionesde Comisión de Examen Previo, realizó el análisisde la procedencia de la denuncia presentada, dela que se desprende que en términos de losartículos 111 de la Constitución Política delEstado y 6 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado, para que unjuicio político sea procedente se deben de reunirlos siguientes elementos: a). Ser servidor públicoen los términos del artículo 112 de la Constitución

Política local; b). La existencia de una conducta,ya sea por acción o por omisión por parte delservidor público; y c). Que tal conducta redundeen perjuicio de intereses públicos fundamentaleso de su buen despacho; respecto al primerelemento, la Constitución Política local, en elprimer párrafo del artículo 112, establece que:“Podrán ser sujetos de juicio político los diputadosal Congreso del Estado, los magistrados delTribunal Superior de Justicia, los jueces dePrimera Instancia y de Paz, los consejeros de laJudicatura Estatal, los magistrados del TribunalElectoral, los consejeros electorales del ConsejoEstatal Electoral, los secretarios de despachoauxiliares del titular del Ejecutivo y consejerojurídico del Poder Ejecutivo, los coordinadores,el contralor general del Estado, el procuradorgeneral de justicia, los presidentes municipales,los síndicos procuradores, los regidores, así comolos directores generales o sus equivalentes de losorganismos descentralizados, empresas departicipación estatal mayoritaria, sociedades oasociaciones asimiladas a éstas, y fideicomisospúblicos estatales…”, en análisis de los elementosmateriales para procedencia de la denuncia dejuicio político descritos con antelación, sedesprende que las exigencias del primer elementoquedan satisfechas en cuanto al presidente ysíndico procurador en los términos expresados,en virtud de que los denunciados ciudadanosRufino Magdaleno Vázquez Sierra y GregorioCastillo Muñoz, efectivamente son servidorespúblicos de los enunciados en el artículo 112 dela Constitución Política local, como se desprendede las constancias que se encuentran en elexpediente del municipio de Tlapa de Comonfort,Guerrero, que obra en el Archivo General deeste Honorable Congreso del Estado.

Relativo al elemento material marcado en elinciso “b”, se tiene que los denunciantesargumentan que la conducta de los servidorespúblicos consiste, en síntesis, en la omisión deproteger y reivindicar bienes patrimoniales delmunicipio sin razón legal y permitir que terceraspersonas, en este caso, la Comisión para laRegularización de la Tenencia de la Tierra(CORETT), aplique o haga uso de éstas. Con lasconstancias que hasta el momento obran en elexpediente, a juicio de esta Comisión no se reúneel elemento en estudio, en virtud de que si bien,como se advierte en el mismo, las pruebasaportadas por los denunciantes carecen de valorprobatorio, ya que como se constata en ellas, el


inmueble en litigio fue donado al Ayuntamientomunicipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, porlas autoridades ejidales de esa localidad y, porende, los derechos agrarios de esos terrenos seextinguieron con motivo de la expropiación deque fueron objeto los mismos a favor de laComisión para la Regularización de la Tenenciade la Tierra (CORETT), tal y como se corroboracon el decreto de expropiación de fecha catorcede abril de mil novecientos noventa y cuatro,publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel veintiuno del mismo mes y año, respecto de139-15-92 hectáreas de terrenos ejidales delpoblado de Tlapa de Comonfort, Guerrero, porlo que actualmente dicho bien corresponde alrégimen de propiedad privada por virtud de esaexpropiación, es decir, que al haber sidoexpropiado, pertenece en propiedad a laComisión para la Regularización de la Tenenciade la Tierra (CORETT), y es este organismo elque mediante legal autorización puede disponerde esa superficie para establecer y explotar porsí mismo un servicio público o para emprenderuna obra que reporte una utilidad general enbeneficio de la colectividad, esto es, suregularización mediante la venta a losavecindados de los solares que ocupan y paraque se construyan viviendas populares de interéssocial en los lotes que resulten vacantes, siemprey cuando se hayan cumplido los requisitosnecesarios para determinar la causa de utilidadpública.

Ahora bien, los recursos legales para impugnarla afectación de los bienes, realizada a travésde la expropiación, de haberse interpuesto,debieron de hacerse en el modo y tiempo quepara ello señalan las leyes de la materia,recuérdese, el decreto expropiatorio, como lospropios denunciantes lo señalan, data del añode mil novecientos noventa y cuatro; enconsecuencia, han transcurrido más de diezaños y, en cuanto al segundo decreto que semenciona, según referencias del oficio de fechaveintisiete de marzo de dos mil cuatro, signadopor el síndico procurador del HonorableAyuntamiento del municipio de Tlapa deComonfort, Guerrero, profesor Gregorio CastilloMuñoz, dirigido a los ciudadanos VíctorLeopoldo Guzmán Morelos, delegado municipalde la colonia Contlalco y otros, data del año demil novecientos noventa y siete, transcurriendosiete años aproximadamente desde que surtiósus efectos jurídicos.

Por otra parte, los denunciantes señalan lainterposición de una nulidad, medida que desdesu punto de vista pudiere permitir la devoluciónde los bienes al Ayuntamiento de Tlapa deComonfort, aseveración que sólo sustentan ensu dicho y en un criterio de tesis de jurisprudencia,independientemente de ello, no es competenciade este Honorable Congreso dictaminar conbase en otros medios convincentes de pruebaque se hubiesen aportado, la procedencia o no dela nulidad; sin embargo, se llama la atención denueva cuenta sobre el tiempo y modo para lainterposición y, en consecuencia, el sujeto osujetos que en su caso tenían facultades parainterponerla.

No obstante lo referido anteriormente, éstassólo son deducciones que éste órganodictaminador ha sintetizado, pues a razón dederecho no existen pruebas que así lo determineny que permitan establecer la existencia de unaconducta omisa por parte de los servidorespúblicos denunciados, y en consecuencia elestudio de si la misma ha redundado en perjuiciode los intereses públicos fundamentales o de subuen despacho.

Concluyendo esta Comisión con lasconstancias que hasta el momento obran en elexpediente, al no reunirse el requisito señaladoen el inciso “b” a que hace referencia el artículo12, en correlación con los artículos 2, 6 y 7 de laLey de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos del Estado, y en consecuencia, elelemento marcado bajo el inciso “c”, por sersecundario del “b”, considera que no procede ladenuncia de juicio político de que se trata. Conbase en lo anterior, esta Comisión Instructora enfunciones de Comisión de Examen Previo:

RESUELVE

Primero.- No se admite y se declaraimprocedente la denuncia de juicio políticopresentada por Martimiano Benítez Flores,Bertano Gálvez López, Bonifacio Romero Cano,Ubaldo Segura Pantoja, María López Ramírez yHonorio Morales Bonilla, los tres primerosdelegados de las colonias Tepeyac, Benito Juárezy Lázaro Cárdenas, respectivamente; y lostres últimos, miembros del Frente PopularRevolucionario, en contra de los ciudadanosRufino Magdaleno Vázquez Sierra y GregorioCastillo Muñoz, presidente y síndico procurador


del Honorable Ayuntamiento del municipio deTlapa de Comonfort, Guerrero, por lo señaladoen el considerando tercero del presente dictamen.

Segundo.- Por tanto, no ha lugar a la incoacióndel procedimiento.

Tercero.- Queda a salvo los derechos de losdenunciantes para promover en la vía y formaque a su derecho corresponda.

Cuarto.- Sométase el presente dictamen a laconsideración del Pleno del Honorable Congresodel Estado, para su aprobación.

Quinto.- Notifíquese el presente dictamen alos denunciantes.

Así lo resolvieron y firmaron los integrantesde la Comisión Instructora en funciones deComisión de Examen Previo de la QuincuagésimaSéptima Legislatura al Honorable Congreso delEstado de Guerrero, a los cinco días del mes deabril de 2005.

Atentamente.Los Diputados Integrantes de la Comisión

Instructora en funciones de Comisión de ExamenPrevio.

Diputado Constantino García Cisneros,Presidente.- Diputada Adela Román Ocampo,Secretaria.- Diputado Joaquín Mier Peralta,Vocal.- Diputado Marco Antonio de la MoraTorreblanca, Vocal.- Diputado David JiménezRumbo, Vocal.


El Presidente:


El presente dictamen con proyecto de decretoqueda de segunda lectura y continúa con sutrámite legislativo.

En desahogo del inciso “d” del tercer puntodel Orden del Día, solicito al diputado secretarioJorge Armando Muñoz Leal, se sirva dar segundalectura al dictamen de valoración previa querecayó a la denuncia de juicio político registradobajo el número JP/LVII/025/2004, promovidopor la ciudadana Gloria Vieyra Zárate, en contrade los ciudadanos René Juárez Cisneros, Rogelio

Jiménez Urióstegui y Joaquín Juárez Solano,gobernador del Estado, presidente del Tribunalde Conciliación y Arbitraje y director general deaveriguaciones previas.


Se emite dictamen de valoración previa.


Los suscritos diputados Integrantes de laComisión Instructora en funciones de Comisiónde Examen Previo de la Quincuagésima SéptimaLegislatura al Honorable Congreso del EstadoLibre y Soberano de Guerrero, en uso de lasfacultades que nos confieren los artículos 47,fracción XXXVII, 110, 111 y 112 de laConstitución Política local, en correlación conlos artículos 8º, fracción XXXVIII, 46, 49, fracciónXXIV, 75, 162, 166 y tercero transitorio de laLey Orgánica del Poder Legislativo del Estadode Guerrero número 286 y 12 de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado de Guerrero número 674, emitimos eldictamen de valoración previa correspondientea la denuncia de juicio político registrado bajo elnúmero JP/LVII/025/2004, promovido por laciudadana Gloria Vieyra Zárate, en contra delos ciudadanos René Juárez Cisneros, gobernadorconstitucional del Estado de Guerrero; RogelioJiménez Urióstegui, presidente del Tribunal deConciliación y Arbitraje y Joaquín Juárez Solano,director general de averiguaciones previas.

RESULTANDOS

Primero.- Que mediante escrito de fecha 14de septiembre del año 2004, recibido en estaSoberanía con fecha 15 de septiembre delpresente año, la ciudadana Gloria Vieyra Záratepresentó denuncia de juicio político en contra delos ciudadanos René Juárez Cisneros, gobernadorconstitucional del Estado; Rogelio JiménezUrióstegui, presidente del Tribunal deConciliación y Arbitraje del Estado; y JoaquínJuárez Solano, director general de averiguacionesprevia del Estado.

Segundo.- Que mediante escrito de fecha 20de septiembre de 2004, presentado en esteHonorable Congreso del Estado en la misma


fecha, la ciudadana Gloria Vieyra Zárate, ratificóel escrito de denuncia de antecedentes.

Tercero.- Que mediante oficio número OM/DPL/552/2004 de fecha 23 de septiembre de2004, la ciudadana licenciada Saez GuadalupePavía Miller, oficial mayor de este HonorableCongreso hizo del conocimiento del Pleno ladenuncia presentada y su ratificación respectiva.

Cuarto.- Que mediante oficio OM/DPL/557/2004 fechado 23 de septiembre de 2004, laoficial mayor del Honorable Congreso del Estado,ciudadana licenciada Saez Guadalupe PavíaMiller, por instrucciones de la Mesa Directivadel Poder Legislativo del Estado, turnó a laComisión Instructora en funciones de Comisiónde Examen Previo la denuncia de juicio políticoy su ratificación para su análisis correspondientey emisión del respectivo dictamen.

CONSIDERANDOS

Primero.- Que la Comisión Instructora enfunciones de Comisión de Examen Previo escompetente para conocer y emitir el presentedictamen de valoración previa de conformidadcon lo dispuesto por los artículos 47, fracciónXXXVII, 110, 111 y 112 de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Guerrero,en correlación con los artículos 8º, fracciónXXXVIII, 46, 49º, fracción XXIV, 75, 162, 166y tercero transitorio de la Ley Orgánica delPoder Legislativo del Estado de Guerrero número286 y 12 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado de Guerreronúmero 674.

Segundo.- Aduce la denunciante que interponedenuncia de juicio político toda vez de que confecha 26 de abril de 1999 presentó demandalaboral ante el Honorable Tribunal deConciliación y Arbitraje del Estado, en contra dela Procuraduría General de Justicia del Estado,reclamando el reconocimiento de beneficiariade los derechos contraidos por el finado RodolfoLeyva Vieyra durante el tiempo en que sedesempeñó laboralmente en la institucióndemandada, asignándosele esta denuncia bajonúmero de expediente 47/99. En fecha 26 deabril de 1999, presenta demanda laboral ante elHonorable Tribunal de Conciliación y Arbitrajedel Estado en contra de la Procuraduría Generalde Justicia en el Estado, reclamando el

reconocimiento de beneficiaria de mi finado hijoRodolfo Leyva Vieyra, trabajador de lademandada, muerto en accidente de trabajo; asícomo la indemnización correspondiente queseñala el artículo 502 de la Ley Federal delTrabajo. El 6 de mayo de 1999,se radica lademanda asignados el número 47/99, y se ordenafijar aviso en lugar visible donde fuera la fuentede trabajo de mi hijo, convocando a las personasque acrediten ser beneficiarias del mismo paraque comparezcan al Tribunal a deducir susderechos. El 8 de julio de 1999 se certifica por elTribunal el término para que comparecieran losbeneficiarios a deducir sus derechos ytranscurrido que ha sido éste, se fija fecha parala audiencia incidental. El 25 de agosto de1999, se efectúo la audiencia incidentalcorrespondiente, donde se me declaróbeneficiaria, previo informe del director generalJurídico Consultivo de la Procuraduría que meseñala como registrada ante ellos, beneficiariade mi hijo; fijándose la fecha de audiencia deconciliación, demandas y excepciones, pruebasy resolución. El 15 de septiembre de 1999,Carlos Javier Vega Memije entonces procuradorgeneral de justicia del Estado dio contestación ala demanda, donde aduce esencialmente que nofueron convocados legalmente ellos beneficiariosy que existen otros beneficiarios; sin quemencione nunca haber hecho ningún pago porindemnización ni por seguro de vida, además deque ofrece presentar a Catalina Solano Flores.El 24 de septiembre de 1999, Catalina SolanoFlores promocionó ante el Tribunal suintervención en el juicio citado laboral 47/99. El14 de octubre de 1999 Catalina Solano Flores,interpuso amparo en contra de la audienciaincidental donde se me declaró como únicabeneficiaria, concediéndosele la protección dela justicia federal, para efecto de declarar nulo loactuado y convocar nuevamente a losbeneficiarios; en el expediente 807-II/99 en esemismo Honorable Juzgado Primero de Distrito yque solicito sea puesto a la vista para efectoscitados y legales. El 25 de septiembre de 2000 elTribunal de Conciliación en cumplimiento de laejecutoria del amparo citado en el numeral queantecede, ordena practicar una investigaciónpara averiguar que personas dependíaneconómicamente de mi hijo, mediante avisos quese fijó en la Subprocuraduría de Justicia en laciudad de Acapulco; donde ya le habían dadotrabajo y sigue trabajando Catalina Solano Floresy última adscripción del fallecido. El 20 de marzo


del año 2001, por segunda vez y estando enteradaCatalina Solano Flores y la Procuraduría de losefectos del amparo que la primera citada ganó,así como del juicio laboral, se certifica el términoconcedido a los beneficiarios para quecomparezcan al Tribunal a deducir sus derechos,y se fija fecha para la audiencia incidental. El 3de julio de 2001, se celebró la audiencia incidentalaludida en el numeral que antecede donde se dacuenta que el delegado regional de laProcuraduría General de Justicia en Acapulcoinforma que mi finado hijo me designó comobeneficiaria, así como de que no compareció alTribunal ninguna otra beneficiaria a deducir susderechos (audiencia efectuada por segunda vezy estando enterada Catalina Solano Flores y laProcuraduría de los efectos del amparo que laprimera citada ganó, así como del juicio laboral),resolviendo el Tribunal que soy la únicabeneficiaria y fijando fecha para la audiencia deconciliación demanda y excepciones, pruebas yresolución (que también se llevarían a efecto porsegunda vez). El 11 de septiembre de 2001, secelebró la citada audiencia de conciliacióndemanda y excepciones pruebas y resolución,haciéndose constar la inasistencia de laProcuraduría General de Justicia del Estado y denadie que la represente. El 10 de noviembre de2001 se dictó laudo que me favorece y condenaa la Procuraduría de Justicia Estatal al pago dela cantidad de $76, 903.50 (Setenta y Seis MilNovecientos Tres Pesos Cincuenta Centavos).El 14 de noviembre de 2001, se me notificó porparte de ese Honorable Juzgado Primero deDistrito la tercería de juicio de garantías 840-IV/2001 promovido por Catalina Solano Flores,reclamando nuevamente no haber sidoconvocada como beneficiaria de mi hijo; juicioque se sobreselló porque al demandar laprotección de la justicia federal todavía no sedictaba el laudo y pudo impugnarla con unincidente de nulidad que nunca interpuso.Expediente de amparo que solicito sea puesto ala vista para efectos citados y legales. El 22 defebrero de 2002, Rigoberto Pano Arciniega,entonces procurador general de justicia delEstado, interpuso amparo directo 117/2002 anteel Segundo Tribunal Colegiado del VigésimoPrimer Circuito, en contra del laudo de fecha 12de noviembre de 2001, señalando como terceraperjudicada a Catalina Solano Flores. En dichojuicio de garantías se aduce principalmente queyo cobré el seguro de vida, que reclamélaboralmente 730 días de indemnización, que

como dependiente económica corresponde a laesposa del trabajador (Catalina Solano Flores) elpago de su muerte, que se le condena a pagarmesin haber investigado quien dependía del fallecido,ni haberse fijado el aviso de convocatoria en elúltimo lugar de trabajo. Juicio de amparo quepido sea puesto a la vista para efectos citados ylegales. El 6 de mayo de 2002, el Tribunal deConciliación da entrada a un incidente deacumulación interpuesto por la Procuraduría deJusticia estatal, entre el citado juicio laboral 47/99 demandado de mi parte y el diverso 01/2002demandado por Catalina Solano Flores, incidenteque es desechado por infundado y extemporáneo.El 9 de abril de 2003, se resuelve por eseHonorable Juzgado Primero de Distrito en eljuicio de garantías 275/2003, donde reclamé queel Tribunal de Conciliación negara dictar auto deejecución con embargo contra la Procuraduríade Justicia, que la justicia de la unión me amparay protege para efectos de que se dicte auto deejecución con embargo. Juicio que solicito seponga a la vista para efectos citados y legales. El16 de abril de 2003, Jesús Ramírez Guerrero,ahora procurador de justicia en el Estado,interpuso recurso de revisión en contra de lasentencia amparadora citada en el numeral queantecede; remisión que se resolvió negativamentepara la citada Procuraduría. El 18 de agosto de2003, la actuaria adscrita al Tribunal deConciliación trabó legal embargo contra laProcuraduría de Justicia estatal por la cantidadde $76,903.50 (Setenta y Seis Mil NovecientosTres Pesos Cincuenta Centavos), ordenandogirar oficio a la Secretaría de Finanzas yAdministración del Gobierno del Estado, paraque hiciera la retención correspondiente delpresupuesto asignado por el gobernador a lamisma. Ante la omisión del Tribunal deConciliación y de la Secretaría de Finanzas, dehacer efectivo del embargo ya trabadolegalmente, interpuse el nuevo juicio de garantíaisindirecto, resultándole el número 1104/2003 enese Honorable Juzgado Primero de Distrito,donde la justicia de la unión me ampara yprotege, para que las autoridades responsableshagan lo concerniente a sus facultades legales,a efecto de que se me entregue la cantidadembargada y de esa forma se ejecute el laudodictado a mi favor. Juicio de amparo que solicitose ponga a la vista para efectos citados y legales.Sin embargo, aun cuando la Secretaría deFinanzas ya emitió el cheque correspondiente ala cantidad embargada y la depositó en el Tribunal


de Conciliación a disposición de la aquí quejosa,hasta en tanto comparezca a recibir dicho títulode crédito, el día 4 de diciembre de 2003, laactuaria adscrita al Tribunal de Conciliación menotificó del auto de fecha 25 de noviembre de2003, anexando copia del oficio numero PGJE/DGAP/10146/2003 de la Procuraduría Generalde Justicia del cual se me dio vista; Que constituyeen parte de los actos que aquí se reclama. El día9 de diciembre de 2003, por conducto de miapoderado en el juicio laboral en comento,desahogué la vista que refiero en párrafo queantecede. En lugar de acordar el Tribunal deConciliación lo relativo a la vista desahogada demi parte; en mi domicilio particular cito en lacolonia el Pedregoso de la ciudad y puerto deAcapulco se presentaron al día siguiente miércoles10 de los corrientes, tres hombres y una mujerque dijeron ser funcionarios de la ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado, acompañado deCatalina Solano Flores (esta última empleada enla Subprocuraduría Regional de Justicia enAcapulco y al mismo tiempo señalada comocorresponsable junto con la aquí quejosa deldelito de fraude procesal en contra de laProcuraduría con motivo del juicio laboralmulticitado), quienes; me dijeron que me iban ameter a la cárcel por el delito ya mencionado; metomaron una declaración en la averiguaciónprevia correspondiente sin que me asistiera elabogado que yo solicité y sin que se proporcionaraun abogado de oficio, pues aunque pusieron unnombre nunca se presentó nadie; me trajeron aChilpancingo; me presentaron ante el presidentedel Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quienles entregó el cheque y ahí mismo me obligarona firmarles una hojas en blanco, en ausencia demi apoderado; después me regresaron aAcapulco y me trasladaron a un BancoSantander, donde pretendieron obligarme afirmar y hacer efectivo mi cheque, para queposteriormente yo misma lo depositara en otracuenta bancaria a nombre supuestamente de laProcuraduría. Desde ese día ellos, laProcuraduría tiene en su poder mi cheque yrecibo presiones y amenazas para que aceptecambiarlo en el banco y depositarlo en dondeellos me dicen, a cambio me ofrecen no ejerceracción penal en mi contra, ni en contra de laaliada de ellos, Catalina Solano Flores por elsupuesto fraude procesal del que nos hacenresponsable, pero a Catalina ni siquiera la handespedido ni suspendido de donde ellos tambiénle dan trabajo.

Tercero.- De conformidad en lo dispuestopor el artículo 111 de la Constitución Política, y6 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos, ambas del Estado deGuerrero, para la procedencia del juicio político,deben reunirse los siguientes elementos: a).-Ser servidor público en los términos del artículo112 de la Constitución Política local; b).- Laexistencia de una conducta ya sea por acción opor omisión por parte del servidor público; y c).-Que tal conducta redunde en perjuicio deintereses públicos fundamentales o de su buendespacho.

Previo al análisis de los requisitos deprocedencia, es menester analizar en primerlugar los requisitos de admisión que debe llenarla denuncia de juicio político y que se señalan enel citado artículo 12, a saber: a) La denunciapuede ser presentada por cualquier ciudadanobajo su más estricta responsabilidad; b) Ladenuncia debe de ir acompañada por elementosde prueba; c) Dicha denuncia deberá formularsepor escrito ante el Congreso del Estado; y, d)Presentada la denuncia deberá ser ratificadadentro de los tres días hábiles. Respecto alcumplimiento de los elementos antes descritosse tiene que la denuncia fue presentada por laciudadana Gloria Vieyra Zárate, por escritoante el Congreso del Estado con fecha 15de septiembre de 2004, cumpliéndose enconsecuencia el requisito de admisión señaladobajo el inciso “a”; sin embargo con respecto almarcado bajo el inciso “b”, se tiene que ladenuncia presentada no viene acompañada porningún elemento de prueba que la sustente yfunde y por ende que permita el análisis y lavaloración de la conducta imputable al servidorpúblico, recuérdese el artículo 111, fracción I,párrafo segundo, de la Constitución Política delEstado Libre y Soberano de Guerrero y elartículo 7 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado, establecen queno procede el juicio político por la mera expresiónde las ideas, tal es el caso en el presente asuntodonde la denunciante no ofrece ningunaprobanza que permita presumir la conducta yconsecuentemente la probable responsabilidadque se le atribuye a los servidores públicosdenunciados. Al no reunirse uno de los requisitosde admisión se hace innecesario entrar al análisisde los restantes marcados bajo los incisos “c” y“d”. Por otra parte no obstante no estar satisfechouno de los cuatro requisitos de admisión, esta


Comisión a fin de esclarecer el asunto, se permiterealizar un análisis de los elementos para laprocedencia de la denuncia de juicio político Deconformidad al artículo 75 de la Ley Orgánicadel Poder Legislativo vigente en correlacióncon el artículo 12 de la Ley de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado, estaComisión Instructora en funciones de Comisiónde Examen Previo, realizó el análisis de laprocedencia de la denuncia presentada de laque se desprende, que de conformidad a losartículos 111 de la Constitución Política delEstado y 6 de la Ley de Responsabilidades delos Servidores Públicos del Estado para que unJuicio sea procedente se deben reunir lossiguientes elementos: a) Ser servidor público enlos términos del artículo 112 de la ConstituciónPolítica local; b) La existencia de una conductaya sea por acción u omisión por parte delservidor público; c) Que tal conducta redundeen perjuicio de los intereses públicosfundamentales o de su buen despacho. Elprimer elemento se encuentra parcialmentesatisfecho toda vez que por cuanto hace algobernador constitucional del Estado y al directorde averiguaciones previas de la ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado, no se consideransujetos de juicio político al no estar contempladodentro de los servidores públicos que señala elmencionado artículo 112 de la ConstituciónPolítica local; en cambio, Rogelio JiménezUrióstegui, presidente del Tribunal deConciliación y Arbitraje del Estado si es de losservidores públicos enunciados en el artículo 112de la Constitución Política local que en su primerpárrafo establece: “Podrán ser sujetos de juiciopolítico los diputados al Congreso del Estado,los magistrados del Tribunal Superior de Justicia,los jueces de Primera Instancia y de Paz, losconsejeros de la Judicatura Estatal, losmagistrados del Tribunal Electoral; losconsejeros electorales del Consejo EstatalElectoral; los secretarios del despacho auxiliaresdel titular Ejecutivo y consejero jurídico delPoder Ejecutivo; los coordinadores, el contralorgeneral del Estado, el procurador general dejusticia, los presidentes municipales, los síndicosprocuradores y los regidores, así como losdirectores generales o sus equivalentes de losorganismos descentralizados, empresas departicipación estatal mayoritaria, sociedades oasociaciones asimiladas a éstas, y fideicomisospúblicos estatales...”, como se desprende de lasconstancias que se encuentran en el expediente

de las secretarías de despacho que obran en elarchivo general de este Honorable Congreso delEstado.

Con respecto a los elementos marcados enlos incisos “b” y “c”, “la existencia de unaconducta ya sea por acción u omisión por partedel servidor público” y “que tal conductaredunde en perjuicio de los intereses públicosfundamentales o de su buen despacho”, el artículo12 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado señala quecualquier ciudadano puede formular denunciaspor escrito ante el Congreso del Estado por lasconductas a que se refiere el artículo 7 de lamisma ley, enunciándose en las ocho fraccionesde este artículo, los supuestos de actos uomisiones que redundan en perjuicio de losintereses públicos fundamentales y de su buendespacho. En el caso que nos ocupa eldenunciante en su escrito inicial manifiesta quela razón para el inicio del juicio político en contrade los ciudadanos René Juárez Cisneros,gobernador constitucional del Estado, RogelioJiménez Urióstegui, presidente del Tribunal deConciliación y Arbitraje del Estado y JoaquínJuárez Solano, director de AveriguacionesPrevias, son las irregularidades cometidas en sufunción y la inobservancia del artículo 46,fracciones I, III, V, XXI y XXII, sin que relacionela supuesta conducta con ninguno de lossupuestos enunciados en las ocho fraccionescontenidas en el artículo 7 de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado.

Ahora bien, la denunciante refiere en loshechos de su denuncia sólo la afectación operjuicio de un interés particular, recuérdese quelos procedimientos de aplicación de sanciones alos servidores públicos, no tutelan interesesparticulares, ni tienden a dirimir conflictos dondese disputen pretensiones privadas, por el contrario,son normas que se dictaron para proteger uninterés grupal indiferenciado, en el presentecaso y para que la conducta atribuida al servidorpúblico denunciado encuadre en alguno de lossupuestos marcados en el artículo 7 de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado, es menester que redunde en perjuiciode los intereses públicos fundamentales o de subuen despacho, por ello, tampoco se reúnen loselementos marcados en los incisos “b” y “c” delos requisitos de procedencia de la denuncia.


Por lo expuesto y con las constancias quehasta el momento obran en el expediente aconsideración de esta Comisión no se reúnen losrequisitos de admisión y de procedencia a quehace referencia el artículo 12 en correlación conlos artículos 6 y 7 de la Ley de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado, por todoello esta Comisión Instructora en funciones deComisión de Examen Previo.

RESUELVE

Primero.- No se admite y se declaraimprocedente la denuncia de juicio políticopresentada por la ciudadana Gloria Vieyra Zárateen contra de los ciudadanos René JuárezCisneros, gobernador constitucional del estadode Guerrero; Rogelio Jiménez Urióstegui, presidentedel Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado;Joaquín Juárez Solano, director General deAveriguaciones Previas del Estado, por lo vertidoen el considerando tercero del presente dictamen.

Segundo.- Por lo tanto no ha lugar a laincoación del procedimiento.

Tercero.- Quedan a salvo los derechos de ladenunciante para promover en la vía y forma quea su derecho corresponda.

Cuarto.- Sométase el presente dictamen a laconsideración del Pleno del Honorable Congresopara su aprobación.

Quinto.- Notifíquese el presente dictamen ala denunciante.

Así lo resolvieron y firmaron los integrantesde la Comisión Instructora en funciones deComisión de Examen Previo de la QuincuagésimaSéptima Legislatura al Honorable Congreso delEstado de Guerrero, a los cinco días del mes deabril del año dos mil cinco.





El Presidente:



En desahogo del inciso “e“ del tercer puntodel Orden del Día, solicito al diputado secretarioJoel Eugenio Flores, se sirva dar segunda lecturadel dictamen de valoración previa que recayó alrequerimiento del procedimiento penal para ladeclaratoria de procedencia, registrado bajo elnúmero JPR/LVII/003/2004, promovido por elagente titular del Ministerio Público del FueroComún del Distrito Judicial de Morelos, encontra del síndico procurador del HonorableAyuntamiento del municipio de Atlamajalcingodel Monte, Guerrero.


Se emite dictamen de valoración previa.


Los suscritos diputados integrantes de laComisión Instructora en funciones de Comisiónde Examen Previo de la Quincuagésima SéptimaLegislatura al Honorable Congreso del EstadoLibre y Soberano de Guerrero, en uso de lasfacultades que nos confieren los artículos 47,fracción XXXVII, 110, 111 y 112 de laConstitución Política local, en correlación conlos artículos 8, fracción XXXVIII, 46, 49, fracciónXXIV, 75, 162, 166 y tercero transitorio de laLey Orgánica del Poder Legislativo del Estadode Guerrero número 286 y 12 y 24 de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado de Guerrero número 674, emitimos eldictamen de valoración previa correspondientea la solicitud de remoción de fuero constitucionale inicio del procedimiento penal para ladeclaratoria de procedencia registrado bajo elnúmero JPR/LVII/003/2004, promovido por elciudadano licenciado Álvaro López Miranda,agente titular de Ministerio Público del fuerocomún del Distrito Judicial de Morelos en contradel ciudadano Delfino Díaz Gálvez, síndico


procurador del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero,bajo los siguientes resultados y considerandos:

RESULTANDOS

Primero.- Que mediante escrito de fecha 3 dejunio de 2004, bajo número de oficio 828, elciudadano licenciado Álvaro López Miranda,agente titular del Ministerio Público del fuerocomún del Distrito Judicial de Morelos, con sedeen Tlapa de Comonfort, Guerrero, solicita laremoción de fuero constitucional del ciudadanoDelfino Díaz Gálvez, síndico procurador delHonorable Ayuntamiento del municipio deAtlamajalcingo del Monte, Guerrero. Denunciaque fue presentada a esta Soberanía popular el14 de junio del año en curso.

Segundo.- Que atento a lo establecido por elartículo 24 en correlación con el artículo 12 de laLey de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos del Estado, el ciudadano Álvaro LópezMiranda, mediante escrito de fecha 17 de juniode 2004 ratificó el escrito de denuncia a que serefiere el resultando primero.

Tercero.- Que mediante oficio OM/DPL/0328/2004 fechado 22 de junio de 2004, la oficialmayor del Honorable Congreso del Estado,licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller, encumplimiento en lo dispuesto en el artículo 163de la Ley Orgánica del Poder Legislativo delEstado número 286, hizo del conocimiento delPleno, los escritos de denuncia y ratificación deantecedentes.

Cuarto.- Que con fecha 22 de junio del año2004, mediante oficio OM/DPL/333/2004 laciudadana licenciada Saez Guadalupe PavíaMiller, oficial mayor del Honorable Congreso delEstado, por instrucciones de la Mesa Directivadel Honorable Congreso del Estado, turnó a laComisión Instructora en funciones de Comisiónde Examen Previo la denuncia de referencia y suratificación, para su análisis correspondiente yemisión del respectivo dictamen.

CONSIDERANDOS

Primero.- Que la Comisión Instructora enfunciones de Comisión de Examen Previo escompetente para conocer y emitir el presentedictamen de valoración previa de conformidad

con lo dispuesto por los artículos 47, fracciónXXXVII, 110, 111 y 112 de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Guerrero,en correlación con los artículos 8, fracciónXXXVIII, 46, 49, fracción XXIV, 75, 162, 166 ytercero transitorio de la Ley Orgánica del PoderLegislativo del Estado de Guerrero número 286y 12 y 24 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado de Guerreronúmero 674.

Segundo.- El agente titular del MinisterioPúblico del fuero común del Distrito Judicial deMorelos, realiza entre otras manifestaciones ensu escrito de denuncia y requerimiento: “con lafacultad que le confiere a ese órgano investigador,el artículo 21 constitucional de ser el persecutorde los delitos y titular de ejercicio de la acciónpenal del artículo 74 del Código Procesal Penaly los aplicables de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de Justicia del Estado, asícomo del 24 de la Ley 674 de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado deGuerrero, en donde se establece que elrequerimiento para la remoción del fueroconstitucional y la correspondiente declaratoriade procedencia se iniciará planteadaprecisamente por ese órgano, presenta y formulael requerimiento para la remoción del fueroconstitucional que ha venido ostentando elciudadano Delfino Díaz Gálvez, quien fungecomo síndico procurador del HonorableAyuntamiento del municipio de Atlamajalcingodel Monte, Guerrero, procediendo este HonorableCongreso del Estado a iniciar el procedimientopenal para la declaratoria correspondiente,tomando en consideración que:

“…con fecha 04 de diciembre de 2003, sepresentaron ante el agente del Ministerio Públicodel fuero común del Distrito Judicial de Morelosperteneciente a Tlapa de Comonfort, Guerrero,los ciudadanos Moreno Flores Emilia, BalderasRojas Carmelo, Tapia Díaz Antonio Daniel, DíazAguilar Mario y otros, formalizando querella odenuncia por el delito de abuso de confianza,fraude y lo que resulte en contra del ciudadanoDelfino Díaz Gálvez y otros; que con estadenuncia se inició la averiguación previa númeroMOR/SC/04/502/2003, y que con las constanciasde la averiguación previa que presenta en 716fojas útiles, se aprecia que han sido satisfechoslos extremos previstos en los preceptosmencionados puesto que se determinó el ejercicio


de la acción penal en contra de Delfino DíazGálvez, síndico procurador del HonorableAyuntamiento del municipio de Atlamajalcingodel Monte, Guerrero, como probable responsabledel delito de abuso de confianza, fraude y lo queresulte en agravio de sesenta y cinco personas,mismas que presentaron su escrito de denunciaante el Ministerio Público del fuero común, ilícitoprevisto y sancionado en los artículos 169, 171 y171 Bis del Código Penal vigente estatal, porhaberse quedado demostrada la existencia de unhecho que constituye delito y que encuadra en ladescripción lugar en al citado ilícito. Que lasdiligencias realizadas por el órgano investigadorson: acuerdo de radicación y de inicio deaveriguación previa número MOR/SC/04/502/2003; escrito de querella suscrito por losagraviados antes mencionados, diversos recibosque acompañaron en originales estos como basede su querella; escrito que fue debidamenteratificado en todas y cada una de sus partes portodos los agraviados reconociendo como suyaslas firmas y huellas que estamparon en dicholibelo; oficio suscrito por el ingeniero Elías GómezFlores, director general de Desarrollo Urbano yObras Públicas del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero,mediante el cual informa a esta Representaciónsocial que en dicha oficina que la colonia ofraccionamiento Juquila no se encuentraregistrado en la misma, oficio número 005/2004de fecha diecinueve de enero del dos mil cuatrosignado por el licenciado Javier Pulido Galindo,director general del Registro Público de laPropiedad y del Comercio en el Estado, por elcual informa a esta Representación social queno se encontró antecedente registral alguno anombre del Comité y Organización de PueblosIndígenas “OPI”; con la fe ministerial de lainspección ocular practicada por el órganoinvestigador en los lotes que se relacionan conlos hechos; con la fe ministerial del dictamenpericial de criminalística de campo y fotografíaforense, emitido por el ciudadano Roberto GómezCaballero, perito adscrito a la delegación deServicios Periciales; con la documental públicaconsistente en las copias debidamentecertificadas relativas al auto que resuelve elejercicio de la acción penal, de fecha veintinuevede agosto del dos mil dos y el auto de plazoconstitucional, de fecha dieciocho de noviembredel dos mil tres, ambos autos dictados por el juezde Primera Instancia del Ramo Penal del DistritoJudicial de Morelos, con residencia oficial en

Tlapa de Comonfort, Guerrero, en la causapenal número 169/2002, instruidas en contra deDelfino Díaz Gálvez, Mauricio Velázquez Gálvezy otros, por el delito de despojo en agravio deMaría del Pilar León Flores y Teófilo FloresAlcocer, con la fe ministerial del dictamen pericialde contabilidad de fecha tres de marzo delpresente año, emitido por el ciudadano JuanAdame Sánchez, perito en la materia referida,mediante el cual informa a la Representaciónsocial investigadora que el importe total globalde acuerdo a las declaraciones ministeriales,recibos y contratos de compraventa asciende ala cantidad de $1,061,800.00 (Un Millón Sesentay Un Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N), y conlas demás constancias y actuaciones que obranen la citada averiguación, señalando laRepresentación social investigadora considerapertinente determinar que ha quedadoplenamente demostrado el cuerpo del delito defraude, cometido en agravio de los ciudadanosMoreno Flores Emilio, Balderas Rojas Carmelo,Tapia Díaz Antonio Daniel y sesenta y tresciudadanos más, así como la probableresponsabilidad del indiciado Delfino DíazGálvez, quien funge como síndico procuradorpropietario del municipio de Atlamajalcingo delMonte, Guerrero, como lo constan las copiascertificadas de la declaratoria de elegibilidad decandidatos a presidente y síndico, suscrito por elciudadano Ceferino Cruz Lagunas, presidentedel Consejo Estatal Electoral, expedida a favordel Partido Revolucionario Institucional con fechanueve de octubre del año dos mil dos, en dondeaparece el ciudadano Delfino Díaz Gálvez comosíndico propietario electo, supuesto que prevé elartículo 24 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado de Guerrero, asícomo lo previsto por el Título Cuarto en elcapítulo “De las Responsabilidades de losServidores Públicos” artículos 108 y 109, fracciónII, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; 110 y 111, fracción II, de laConstitución Política del Estado, que manifiestaque en tales circunstancias es que se hace,legalmente necesario, plantearse inicie elprocedimiento penal para la declaratoria deprocedencia previsto por el Capitulo Tercero dela Ley 674 de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos y en observancia estricta delos numerales ahí contenidos, se proceda turnarla denuncia a la Comisión Instructora a efecto dedar trámite oportuno y practicar las diligenciasnecesarias que aunadas a los que este órgano


investigador aporta, permita establecer laexistencia del delito y la probable responsabilidaddel imputado, concluyendo en su momento con laremoción del fuero constitucional y la declaratoriade que ha lugar a proceder en contra del ahoraimputado…

Tercero.- De conformidad al artículo 75 de laLey Orgánica del Poder Legislativo número 286vigente, en correlación con el artículo 12 y con laprimera parte del párrafo primero del artículo 24de la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos del Estado, esta Comisión Instructoraen funciones de Comisión de Examen Previo,realizó el análisis de la procedencia de la denunciapresentada estableciéndose que de conformidadcon el artículo 12 de la Ley de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado aplicado alprocedimiento penal para la declaratoria deprocedencia, para resolver si la denuncia esprocedente deben satisfacerse los siguientesrequisitos: a) Ser servidor público en los términosdel artículo 113 de la Constitución Política local;b) La existencia de una conducta por parte delservidor público que se adecue alguno de lostipos penales establecidos por el Código Penalfederal o local, cometida durante el tiempo de suencargo y c) La probable responsabilidad delservidor público en los hechos delictuosos.Respecto al primer elemento éste se encuentrasatisfecho toda vez que el ciudadano DelfinoDíaz Gálvez, es de los servidores señalados en elartículo 113 de la Constitución Política del EstadoLibre y Soberano de Guerrero que en su primerpárrafo a la letra dice: “Para proceder penalmentecontra los diputados al Congreso del Estado,magistrados del Tribunal Superior de Justicia,magistrados del Tribunal Electoral del Estado,consejos de la Judicatura Estatal, consejeroselectorales del Consejo Estatal Electoral,secretarios del despacho auxiliares del titular delEjecutivo, coordinadores, contralor general delEstado, procurador general de justicia del Estado,consejero jurídico del Poder Ejecutivo, presidente,síndicos y regidores de los Ayuntamientos, por lacomisión de delitos durante el tiempo de suencargo; el Congreso del Estado declarará pormayoría absoluta de sus miembros presentes ensesión si ha o no lugar a proceder contra elinculpado”, como se demuestra con la constanciade mayoría y validez de la elección deAyuntamientos y la declaratoria de elegibilidadde candidatos a presidente y síndico, expedida afavor del Partido Revolucionario Institucional, el

día nueve de octubre del año dos mil dos por elConsejo Municipal Electoral de Atlamajalcingodel Monte, donde aparece el ciudadano DelfinoDíaz Gálvez como síndico propietario electo delHonorable Ayuntamiento del municipio deAtlamajalcingo del Monte, Guerrero y con lainformación que obra en el archivo general delHonorable Congreso del Estado de Guerrero, enespecífico en el expediente del municipio deAtlamajalcingo del Monte, Guerrero. En cuantoa los requisitos marcados en los incisos “b” y “c”estos igualmente se tiene por satisfacer por lossiguientes razonamientos, se tiene que el agentedel Ministerio Público del fuero común del DistritoJudicial de Morelos, Álvaro López Miranda, consede en la ciudad de Tlapa de Comonfort,Guerrero, solicita el inicio del procedimientopenal para la declaratoria de procedenciaal haber concluido que: “desarrollada lainvestigación iniciada bajo número deaveriguación previa MOR/SC/04/502/2003,quedó demostrado el cuerpo del delito de abusode confianza, fraude y lo que resulte en agraviode los ciudadanos Moreno Flores Emilia, BalderasRojas Carmelo, Tapia Díaz Antonio Daniel yotros, demostrándose también la probableresponsabilidad de Delfino Díaz Gálvez, síndicoprocurador del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero,en los ilícitos antes señalados y con relación a loshechos presentados en la querella:

1.- En diferentes fechas del año dos mil dos,tuvimos conocimiento, por un anuncio publicadoen las oficinas de la OPI, (Organización dePueblos Indígenas), ubicadas en la calle Ejidonúmero 10, de la colonia Santa Anita, así comoen los terrenos que ahora ocupa la coloniaJuquila, ubicada al norte de esta ciudad, que lamencionada organización vendía lotes, en lareferida colonia ubicada al Norte de esta ciudad,inclusive en dichos anuncios también se publicóel número telefónico 6-19-55, donde se podíasolicitar informes, respecto de la venta de loscitados terrenos; por lo que cada uno de nosotros,al estar interesados en conseguir un lugar dondevivir, en fechas diversas, solicitamos informacióny fuimos atendidos personalmente, como por víatelefónica, en las oficinas de la OPI, por losciudadanos Delfino Díaz Gálvez, MauricioVelázquez Gálvez, Sergio Robles Aguilar,Romualdo Díaz Cortez, Juan Manuel Santillán,Eligio Leyva Solano, Miguel Ángel RamírezSoto, Moisés Díaz Gálvez y Venecia Villamil


Ríos, quienes se ostentaron como dirigentes dela OPI, (Organización de los Pueblos Indígenas)y legítimos dueños de los citados terrenos, mismosque nos sostuvieron en repetidas ocasiones, quelos terrenos eran legales y que el planocorrespondiente se encontraba registrado en laoficina de Desarrollo y Obras Públicas delmunicipio y en el Registro Público de la Propiedad,como un fraccionamiento debidamentelegalizado; que no tenían ningún tipo de problema,también nos informaron de los precios de loslotes, los cuales frutaban entre quince y veintemil pesos cada uno, dependiendo de la superficiey ubicación y que los abonos los daríamos deacuerdo a nuestras posibilidades económicas yque en poco tiempo tendrían todos los serviciospúblicos, puesto que ya estaban haciendo lostramites correspondientes, los cuales iban a sercubiertos con el apoyo del gobierno municipal yestatal y de los suscritos, pero que lascooperaciones iban hacer módicas y que en lasreuniones que se llevaran a cabo, nos informaríande los costos de los mismos y del monto que noscorrespondería dar cada colono; y una vez queliquidáramos el monto total del lote, nosextenderían la escritura respectiva y que tantolas mensualidades y cooperaciones, las podríamosentregar a cualquiera de los mencionadosdirigentes, quienes nos extenderían el recibocorrespondiente, los cuales iban a tener todo losdatos, como son la fecha nombre del comprador,suma abonada, concepto, número de lote y elnombre y firma de la persona que recibiera elimporte y un momento dado, el sello de laorganización, independientemente de que ellosllevaran su respectivo control, tanto en diskets yen una libreta. Agregamos, que en efecto en unade las reuniones celebradas en la colonia, losdirigentes de la OPI, nos informaron que para laintroducción de los servicios públicos a la coloniaJuquila, como son apertura de calles, trabajostécnicos de topografía, agua potable yconstrucción de un pozo de agua, aportaríamos$500.00 (Quinientos Pesos 00/100, cada colono,para cada servicio y solo para el pozo de agua,sería $40.00 (cuarenta pesos cada uno).

2.- Como todos y cada uno de nosotros,somos personas indígenas, de escasos recursoseconómicos, de familia numerosa y carecemosde un lugar donde vivir y con la finalidad de irformando poco a poco nuestro patrimonio familiary dada la necesidad impérente que teníamos ytomando en cuenta, la confianza y seguridad que

dichos dirigentes nos habían brindado, endiferentes fechas, y de acuerdo a nuestrasposibilidades, adquirimos un lote, mediantecontratos de compraventa que de manera verbal,celebramos entre los ciudadanos Delfino DíazGálvez, Mauricio Velázquez Gálvez, SergioRobles Aguilar, Romualdo Díaz Cortez, JuanManuel Santillán, Eligio Leyva Solano, MiguelAngel Ramírez Soto, Moisés Díaz Gálvez yVenecia Villamil Ríos, dirigentes de la OPI,(Organización De Pueblos Indígenas), y cadauno de los ahora querellentes, aclarando que loslotes que adquirimos, tienen diversas superficies,precios, plazos de pago y en el momento de cadauno fuéramos adquiriendo los lotes, nosespecificarían el número que le correspondiera,lo cual no aconteció así, ya que alguno denosotros, no nos indicaron el númerocorrespondiente de lote; así también dichodirigentes, a cada uno, nos dijeron en repetidasocasiones, que los terrenos eran de su propiedady que jamás nunca íbamos a tener problemaalguno y que podríamos cubrir nuestrasmensualidades, en las oficinas de la OPI, ubicadaen la calle ejido número 10, de la colonia SantaAnita, o bien en la colonia Juquila ambas en estaciudad, reiterándonos que los abonos se losentregamos a cualquiera de las personas queforman dicha organización, que encontráramosen dichos lugares, toda vez que era imposible,que se encontraran todas juntas, que no habíaningún problema, ya que todos eran dueños yresponsables de la venta de los lotes y queestaban trabajando en equipo, por lo que, en lamedida de nuestras posibilidades, fuimoscubriendo el monto de los lotes que adquirimos,puesto que unos ya terminamos de pagarlo yotros aun estamos en proceso de pago, tal ycomo lo justificamos, con los recibos queanexamos a este escrito. Aclarando tambiénque dichos dirigentes, actuaron de mala fe, enrazón de que algunos recibos que nos extendieron,no se observaron las formalidades que noshabían prometido contendrían los mismos, envirtud de que en algunos, no le asentaron elnúmero de lote, nombre del comprador, conceptoy mucho menos el nombre y la firma de lapersona que recibía el dinero entregado; si noque sólo aparece la pura firma de quien lo recibióy como no todos sabemos leer y escribir,aceptamos dichos recibos en esas condiciones,y con posterioridad les hicimos saber de lasirregularidades de los recibos y nos indicaronque no había ningún problema, porque ellos


llevaban una libreta de control y contabilidad yque inclusive si llegáramos a perder algún recibo,que no nos preocupáramos porque apareceríaanotada nuestra aportación en la libreta y endiskettes y en la computadora, de lo cual nospercatamos que si tenían en uso una libreta conengargolado como de contabilidad, lo queignoramos, si en verdad anotaban nuestrosabonos; sin embargo, algunos de nosotros, por nosaber leer y escribir y debido a las irregularidadesde los recibos que nos extendían, aportamos unpoco más del valor del lote adquirido y paraverificar las sumas abonadas, nos acercamos adichos dirigentes, quienes nos contestaron, queno nos podían dar mayor información porque nosabían donde se encontraba la libreta, aclarandotambién, que otros ya cubrimos el monto exactode los lotes y aún no nos entregan las respectivasescrituras, y al pedirle nos las extiendan, siemprenos contestan con evasivas; además de que lamayoría de nosotros, ya aportamos las respectivasaportaciones, para la introducción de los serviciospúblicos, tal y como nos indicaron y lodemostramos con los recibos respectivos que seagregan a este escrito. Aclaramos que a laspersonas que no se les asignó ningún número delote son los ciudadanos Simón Reyes Leonor yNieves de la Cruz Pinzón.

Por lo que solicitamos, que esa Representaciónsocial, entre otras investigaciones, de ser posible,solicite a dicho dirigente, exhiban la libreta demérito y los diskettes que llevaban en uso, parael control de nuestras aportaciones, por conceptode pago de los lotes adquiridos y diversascooperaciones, para la introducción de losservicios públicos a la colonia, para corroborarnuestras aportaciones.

3.- Por otro lado, los suscritos TomasaMontealegre Martínez y Natalio HernándezSalazar, manifestamos a esa Representaciónsocial bajo protesta de decir verdad, que el díadomingo catorce de septiembre del año dos miluno, siendo aproximadamente las diez horas deldía, los ciudadanos Mauricio Velázquez Gálvez,Sergio Robles Aguilar, Romualdo Díaz Cortez,Juan Manuel Santillán, Eligio Leyva Solano,Miguel Angel Ramírez Soto, Moisés Díaz Gálvezy Venecia Villamil Ríos, integrantes de la OPI,en calidad de legítimos dueños, nos vendieron acada uno de nosotros, un lote de terreno, ubicadoen la colonia Juquila, en esta ciudad, por lacantidad de $15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/

100 M.N.), suma que cubrimos de contado, en ellocal de la delegación de la colonia Juquila, y queentregamos personalmente al licenciado DelfinoDíaz Gálvez, consistente en sesenta billetes decurso legal, con un valor de Quinientos Pesoscada uno, moneda nacional, mismo que recibió ycontó dicha persona, en presencia de los demásdirigentes de la OPI, antes citados y de loscolonos ahora agraviados, sin que nos extendieranrecibo alguno, sólo nos anotaron en la libreta decontrol que llevaban en uso y nos dijeron que noscorrespondía el lote 63 y 23 respectivamente yque también nos agregarían en diskettes y en lacomputadora, asegurándonos que en la próximareunión del veintiuno de dicho mes y año, nosentregaría nuestro titulo de propiedad a cadauno, ya sea él o algún otro integrante de la OPIy que estaban de testigos todos los asistentes deque en esa fecha, dicho licenciado había recibidolas citadas sumas; y en la mencionada reunión,no asistieron dichos integrantes de la OPI, por loque con posterioridad les solicitamos talesdocumentos argumentándonos que los estabanelaborando y que no había ningún problema, quehiciéramos uso de los terrenos como dueñoslegítimos, que nadie nos lo iba a quitar y que conposterioridad nos entregarían nuestra escritura.

Por nuestra parte, los ahora querellantes,sostenemos a esa autoridad persecutora, queefectivamente, aproximadamente a las diez de lamañana del día catorce de septiembre del añodos mil uno, los inculpados, les vendieron anuestros compañeros Tomasa MontealegreMartínez y Natalio Hernández Salazar, un lotede terreno, ubicado en la colonia Juquila en estaciudad, por la cantidad de $15,000.00 (Quincemil pesos 00/100 M.N.), quienes lo pagaron enefectivo, consistentes en sesenta billetes de$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M. N.), cadauno importe que recibió personalmente ellicenciado Delfino Díaz Gálvez, habiendo contadodichos billetes en presencia de los suscritos ydemás integrantes de la OPI, y a ninguno de loscompradores se les extendió ningún recibo, sólolos anotaron en la libreta de control y les asignaronlos lotes números 63 y 23 respectivamente, lesdijeron que en la reunión del veintiuno deseptiembre del dos mil uno les entregarían eltítulo de propiedad y que empezaran hacer usode sus lotes, como dueños de ellos y que nadie selos iba a quitar, pero tal es el caso que dichosintegrantes no asistieron a la referida reunión yposteriormente nos percatamos que les habían


dicho que estaban elaborando los documentos yque después les entregarían sus escrituras.

4.- Bajo protesta de decir verdad, expresamosa esa Representación social, que todo y cada unode nosotros, nos sentíamos seguros y nosmanteníamos en la absoluta confianza que losdirigentes de la OPI, nos habían brindado, antesy después de haber realizado contrato verbal decompraventa, en el sentido de que ellos eran losdueños de los terrenos y que se encontrabandebidamente legalizado ante las instanciascorrespondientes y que jamás tendríamos ningúntipo de problema relacionado con nuestro lotes,pero resulta, que el día veinticinco de julio del añoen curso, nos enteramos por un periódico localque publicaban por las calles de esta ciudad,denominado “Informativo, El abc en la Montaña”,editado con fecha sábado 19 al viernes 25 de juliode 2003, que trae como titulo de primera plana,“captura la P.J. a líder de la OPI acusado dedespojo”, y del contenido de la información dedicha nota, nos enteramos que MauricioVelázquez Gálvez, miembro de la Organizaciónde Pueblos Indígenas OPI, había sido detenidopor el delito de despojo, en agravio de la licenciadaMaría del Pilar León Flores, quien es propietariadel terreno ubicado en el punto denominado “ElPotrero”, ubicado al norte de esta ciudad, por loque nos sorprendió tal información, debido a queel nombre de la persona detenida, era conocidopara nosotros, pues era uno de los que dijeron serpropietario de los terrenos que compramos, porlo que, al día siguiente, acudimos al Centro deReadaptación Social de esta ciudad, para pedirinformación respecto a dicha detención, ya quenos llamó la atención de saber del problema, porla ubicación del terreno que dicho sujeto habíadespojado, el cual está al norte de esta ciudad yque consideramos que se ubica en el mismopunto cardinal, donde están los terrenos quenosotros compramos, y al llegar a dicho lugar, unlicenciado, de quien ignoramos su nombre porqueno nos lo dijo, pero si nos informó queefectivamente Mauricio Velázquez Gálvez, seencontraba preso, por haber despojado junto conDelfino Díaz Gálvez y otros, de una extensiónconsiderable de terreno, propiedad de losciudadanos María del Pilar León Flores y TeófiloFlores Alcocer, que se ubica al norte de estaciudad, lugar donde dicho sujetos habían formadoel asentamiento de la colonia Juquila,circunstancia que nos preocupó y de inmediatointentamos localizar a los demás miembros de la

organización denominada OPI, pero no pudimosdar con ellos, sino que hasta el día tres de agostode este año, todos los suscritos, nos trasladamosa la población de Atlamajalcingo del Monte,lugar donde trabaja el licenciado Delfino DíazGálvez, quien se desempeña como síndicoprocurador municipal de dicha localidad, a quienencontramos y de inmediato le comentamos delo que nos habíamos enterado por el periódico, yle preguntamos si los terrenos que nos habíavendido, tenía algún problema, a lo que noscontesto en forma nerviosa, “yo estoy trabajandoaquí, no se nada, pero les sostengo que losterrenos que les vendimos son legales porqueson de nuestra propiedad y no tienen ningúnproblema con nadie, así es que ustedes no sepreocupen y que la acusación que dicen le estánhaciendo a mis compañeros y a mi es falsa”, ycomo consideramos que dicha persona no seconducía por la verdad, porque lo notamos un tantonervioso, le sugerimos que mejor nos devolviera acada uno de los colonos la suma total que habíamosaportado por concepto de la compra de los lotes ylas respectivas cooperaciones y que nosotrosbuscaríamos la forma de comprar los lotes con losverdaderos dueños, quien nos contestó que “iba ahablar con los demás integrantes de su organizacióny que en tres días nos resolvería”, en la próximaasamblea que se llevaría a cabo, como de costumbreen la colonia y al no encontrar una respuestaconcreta, nos regresamos a nuestras casas einformamos de tal entrevista a los demás colonosy esperamos a que el mencionado licenciado nosdiera la respuesta, en la próxima reunión en lacolonia, a la cual asistimos, pero dicho sujeto al igualque los demás dirigentes nunca se presentaron.

5.- Pasaron más de quince días y el licenciadoDelfino Díaz Gálvez, nunca nos informó nada, portal motivo lo seguimos localizándolo, puesto que nien su lugar de trabajo estaba, como tampocoencontrábamos a los demás integrantes de la OPI,no obstante de que en varias ocasiones les dejamoscitatorios en sus domicilios particulares, para queasistieran a las reuniones que comúnmentecelebramos en la colonia, sin lograr encontrarlos,sin embargo como pudimos conseguimos una copiadel plano de la colonia, que ahora exhibimos, y alrevisarlo grande fue nuestra sorpresa, al enterarnosde que era un plano común y corriente, carente delos principales datos y requisitos que debe contenerun plano, como son áreas verdes, señalamientos decalles, servicios públicos, etc., y sobre todo quedicho plano no está registrado en la oficina de


Desarrollo Público Municipal de esta ciudad, ni enel Registro Público de la Propiedad tal y como noslo habían asegurado los multicitados dirigentes, yfue más grande nuestra preocupación y seguimosbuscando al licenciado Delfino Díaz Gálvez, parareprocharle tal circunstancia, y en la primeraoportunidad que tuvimos de verlo en una de lascalles de esta ciudad, lo citamos ante la oficina dela Comisión de Derechos Humanos en esta localidad,denominado “Tlachinolla”, para que llegáramos aun arreglo más formal y legal, lugar donde fuimosatendidos por la licenciada Ney Arias, y estarpresente el citado sujeto Delfino Díaz Gálvez, todosnosotros le requerimos nos devolviera a cada unoel importe respectivo aportado, a lo que nos contestóque si estaba de acuerdo en devolvernos nuestrodinero, en grupos de diez en diez, pero con lacondición de que desocupáramos inmediatamentelos lotes que habíamos adquirido, porque los iba avolver a vender a otras personas a un alto precio,a lo que no estuvimos de acuerdo, porque todos yale hemos hecho mejoras a los terrenos y sobre todohabíamos invertido dinero y por ende hemos sufridoun menoscabo económico y le propusimos de quenos devolviera el dinero con intereses y no estuvode acuerdo, por lo que no llegamos a ningúnacuerdo, frente a la funcionaria que nos atendía enel interior de dicha oficina y al salir de esta, lovolvimos a abordar y de manera encarecida levolvimos a requerir la devolución de nuestro dineroaportado y que nos respeta a todos los lotesadquiridos, para poder arreglar con los verdaderosdueños, quien de manera grosera y prepotente, noscontestó: .”…con una chingada, que no entienden,que no se les va a devolver ningún cinco a ninguno,así es que háganle como quieran, no me importa,además a mi no me pueden hacer nada porque soysindico municipal constitucional de Atlamajalcingodel Monte y soy priista de hueso colorado ytampoco le podrán hacer nada a mis compañeros,porque como miembro de la OPI, todos somos muyallegados al señor gobernador y si es cierto, que losterrenos no son de nosotros, sino de la licenciadaMaría del Pilar León Flores, a quien se lo despojamosy a la fecha no se lo hemos pagado y ni se lo vamosa pagar, así es que mejor dejen de estar chingandola madre y den por perdido su dinero aportado, esoles pasa por pendejos y si siguen chingando, voy ajuntar un grupo numeroso de gente de nuestraorganización, para que los despoje de sus lotes…”y sin más palabras, todos quedamos callados ycabizbajos, dejamos que el citado sujeto se alejarade nosotros y en seguida también nosotros nosretiramos.

6.- Asimismo, el día primero de septiembre delpresente año, siendo aproximadamente las docehoras, después de haber llevado a cabo nuestrareunión, que comúnmente hacemos los díasdomingo de cada semana, en nuestra colonia,todos los suscritos, acudimos a la oficina de laOPI, situada en la calle Ejido número 10, de lacolonia Santa Anita, en esta ciudad, lugar dondeencontramos a los sujetos Sergio Robles Aguilar,Romualdo Díaz Cortez, Eligio Leyva Solano,Miguel Angel Ramírez Soto, Moisés Díaz Gálvezy Venecia Villamil Ríos, integrantes de la OPIquienes estaban presidiendo una reunión, con ungrupo de campesinos, por lo que esperamos quedicho acto terminara y una vez que eso sucedió,le pedimos a los citados sujetos que nos hicieranel favor de devolvernos nuestro dinero quehabíamos aportado cada uno, por concepto de lacompra de los lotes adquiridos y de lascooperaciones que dimos para la introducción delos servicios a la colonia Juquila, debido a que yaestabamos enterado que ellos no eran los legítimosdueños de los terrenos que no habían vendido yque obraron de mala fe, haciéndonos creer durantemucho tiempo, que ellos eran los legítimos dueñosde los terrenos que nos habían vendido y queobraron de mala fe, haciéndonos creer durantemucho tiempo, que ellos eran los dueños de losterrenos que nos vendieron y que todo era falso,quienes nos contestaron, que el licenciado DelfinoDíaz Gávez, ya les había comentado de nuestraspeticiones, pero que todos ellos ya habían acordadoque no nos iban a devolver ningún cinco, a lo queen voz alta todos nosotros les volvimos a requerirla entrega de nuestro dineros, y ellos en formaofensiva nos contestaron “… que a nombre detodos los integrantes de la OPI les pedimos dejende estar chingando y lárguense de aquí que noentendieron lo que les dijo el licenciado DelfinoDíaz Gálvez, aquel día en que lo citaron en laoficina de derechos humanos, que no se les va adevolver ningún cinco a nadie, así que de una vezpor todas dejen de estar chingando la madre,porque si no lo hacen en cualquier ratito, vamos ajuntar un grupo numeroso de gente de nuestraorganización para que vayan a despojarlos de suslotes de la colonia Juquila, y háganle como quieranpero no le vamos a devolver ningún cinco, ademásde que no nos pueden hacer nada, porque comomiembro de la OPI estamos muy allegados algobernador, así es que es mejor que se larguen deaquí antes de que otra cosa pase…”, por lo quepara evitar algún enfrentamiento con dichosujetos, debido a las ofensas y amenazas de que


fuimos objeto y por el numeroso grupo de personasque acudimos, optamos mejor por retirarnos yacordamos reunirnos el siguiente fin de semana.

7.- Buscamos muchas maneras de tenercomunicación con cada uno de los dirigentes de laOPI, quienes nos vendieron los lotes, con la finalidadde requerirles a cada uno la devolución o pago denuestro dinero, que les entregamos a cada uno, porconcepto de pago de los lotes de mérito, con lafinalidad de llegar a un arreglo conciliatorio, puestoque inclusive, con el último que se tuvo comunicación,fue con el señor Mauricio Velázquez Gálvez, quiense encuentra recluido en el Centro de ReadaptaciónSocial de esta ciudad, por el delito de despojo, enagravio de María del Pilar León Flores y TeófiloFlores Alcocer, legítimos dueños de los terrenosque los mencionados sujetos nos vendieron; quienpor la restricción de entrada a dicho centro,comisionamos a algunos compañeros hoyagraviados, para que asistiera a entrevistarse conel citado sujeto y a nuestro nombre y representación,le requiera el pago de nuestro dinero, por lasrazones tantas veces mencionadas y al encontrarsedicho sujeto detrás de las rejillas de práctica dediligencia del juzgado penal de Primera Instanciaen esta ciudad el compañero Juan Nájera Montalvo,le requirió le devolviera nuestro dinero, habiéndoleexplicado el motivo, quien le contestó “ que ya sehabían puesto de acuerdo con Delfino Díaz Gálvezy los demás miembros de la OPI que no nosdevolvería ningún cinco, como tampoco le pagaríanel terreno a la licenciada Pilar, porque no tieneningún caso, yo ya estoy pagando con cárcel y nome importa tener otra acusación más por el dineroque recibimos, así es que mejor deja de ser líder delos colonos, sino quieres tener problemas conmigo“, por lo que al no conseguir arreglo alguno, elcompañero se retiró del lugar y de inmediato nosinformó a los suscritos.

8.- Expresamos a esa Representación social,que los suscritos, aportamos aproximadamente lasuma de $1,088,450.00 (Un Millón Ochenta yOcho Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100M. N.), por concepto de pago de los respectivoslotes y cooperaciones para la introducción de losservicios a la colonia de mérito, dinero que endiversas exhibiciones y cantidades, le entregamosrespectivamente a los señores Delfino Díaz Gálvez,Mauricio Velázquez Gálvez, Sergio Robles Aguilar,Romualdo Díaz Cortez, Juan Manuel Santillán,Eligio Leyva Solano, Miguel Angel Ramírez Soto,Moisés Díaz Gálvez y Venecia Villamil Rios, en su

calidad de dirigente de la Organización de PueblosIndígenas OPI y dueños de los terrenos que nosvendieron, tal y como lo acreditamos, con losrespectivos recibos que exhibimos cada uno y connuestro dicho vertido en este escrito de querella.

9.- En efecto el día ocho de septiembre de esteaño, todos los suscritos, nos reunimos en la coloniaJuquila y analizamos el proceder de los integrantesde la OPI, hacia nosotros, llegando todos a laconclusión, que dicho sujetos, abusaron de nuestraconfianza, nos engañaron, habiéndonos hecho creerque los terrenos que nos habían vendido, era de supropiedad que el plano estaba registrado en laoficinas de Desarrollo y Obras Públicas Municipale inscrito en el Registro Público de la Propiedad,que la colonia iba a tener todos los serviciospúblicos y que al liquidar cada uno el lote adquirido,de inmediato nos extenderían la escrituracorrespondiente de lo cual ahora nos damos cuenta,que nada de lo que nos habían prometido es verdad,no obstante, de que algunos ya liquidamos los lotes,asimismo, dimos las cooperaciones para laintroducción de los servicios públicos a la Colonia,siendo pocos los que aún no hemos hecho lasliquidaciones y a la fecha, no nos han otorgadonuestra escritura, ni han introducido los serviciospúblicos y consideramos que no se encuentrenlegalizado el plano de la colonia, ante la oficina deDesarrollo y Obras Públicas Municipal, así comotampoco se encuentra inscrito en el Registro Públicode la Propiedad, así también el plano de la colonia,adolece de irregularidades, en tal situación,consideramos que tales hechos, son constitutivosde varios delitos, tipificados por el Código Penalvigente en nuestra entidad, pues en el caso concreto,los sujetos Delfino Díaz Gálvez, Mauricio VelázquezGálvez, Sergio Robles Aguilar, Romualdo DíazCortez, Juan Manuel Santillán, Eligio Leyva Solano,Miguel Angel Ramírez Soto, Moisés Díaz Gálvezy Venecia Villamil Ríos, abusaron de nuestraconfianza en el sentido de que dichas personas, noshabían asegurado, que las aportaciones económicasque efectuamos, eran para los fines acordados y nolo hicieron así, pues lo citados sujetos, se quedaroncada uno, con nuestro dineros, para su beneficio ylucro personal, causándonos un perjuicio a cadauno de nosotros, pues en este caso, solo letramitamos la tenencia, más no el dominio denuestro dinero, así también ahora nos damoscuenta, que dichos sujetos, nos engañaron, desdeel momento en que nos ofrecieron en venta delos lotes de terreno, sosteniéndonos en todomomento que era de su propiedad, y además


eran legales, de lo cual nos hicieron creer ynosotros los adquirimos de buena fe, con laconfianza y seguridad que nos transmitieron, ycomo somos personas analfabetas e indígenas, lecreímos todo lo que nos sostuvieron, además deque la mayoría de los recibos que nos extendieronadolecen de irregularidades diversas, según seadvierte del contenido de los mismos, y a algunosotros de los ahora querellantes no nos dieronningún recibo, mucho menos la respectiva escritura,habiendo obrado en todo momento dichos sujetosde mala fe y por si fuera poco, con el producto delpago que hicimos de los lotes y demás aportaciones,los multicitados sujetos obtuvieron un lucro indebido,para su persona y familia, causándonos daños yperjuicios a todos y cada uno de nosotros, y noobstante de los requerimientos de pago o devoluciónde nuestros dineros, que les hicimos a todos y cadauno de los referidos sujetos, siempre tuvimosrespuesta negativas, por lo que ante tal situación,nos vemos obligados a presentar formal querella,en contra de Delfino Díaz Gálvez, MauricioVelázquez Gálvez, Sergio Robles Aguilar,Romualdo Díaz Cortez, Juan Manuel Santillán,Eligio Leyva Solano, Miguel Angel Ramírez Soto,Moisés Díaz Gálvez y Venecia Villamil Ríos, comoprobable responsables de los delitos de abuso deconfianza, fraude y lo que resulte, cometidos ennuestro agravio, para que esa autoridad haga lasinvestigaciones correspondientes y practique lasdiligencias necesarias, hasta lograr la integraciónde la indagatoria correspondiente y en el momentoprocesal respectivo, se ejercite acción penal y dereparación del daño en contra de dichos sujetos,ante el juez de Primera Instancia del Ramo Penaldel Distrito Judicial de Morelos, solicitando se librela correspondiente orden de aprehensión, en contrade cada uno de dichos sujetos y se les castigueconforme a derecho corresponda.

Asimismo, solicitamos a esa Representaciónsocial, que en el momento procesal oportuno y deser posible, solicite a los inculpados, nos hagan elpago de la reparación del daño, a cada uno denosotros, cubriéndonos el importe que aportamos,según lo acreditamos con los respectivos recibosque anexamos a este escrito.

Conclusión a la que arriba la representaciónsocial con las diligencias practicadas por eseórgano consistentes en: Acuerdo de radicacióny de inicio de la averiguación previa númeroMOR/SC/04/502/2003 de fecha cuatro dediciembre del dos mil tres, diversos recibos que

acompañaron en original, escrito de denunciaratificado de todas y cada una de sus partes portodos los agraviados; con la fe ministerial de ladocumentación pública oficio suscrito por elingeniero Elías Gómez Flores, director generalde Desarrollo y Obras Públicas del HonorableAyuntamiento municipal de Tlapa de Comonfort,Guerrero; con la fe ministerial de la documentaciónpública consistente en el oficio asignado por ellicenciado Javier Pulido Galindo, director generaldel Registro Público de la Propiedad y delComercio en el Estado; con la fe ministerial dela inspección ocular por el órgano investigador;con la fe ministerial del dictamen pericial decriminalística de campo y fotografía forense;con la documental pública copias debidamentecertificadas relativas al auto que resuelve elejercicio de la acción penal de fecha veintinuevede agosto del dos mil dos y el auto de plazoconstitucional de fecha dieciocho de noviembredel dos mil tres ambos autos dictados por el juezde Primera Instancia del Ramo Penal del DistritoJudicial de Morelos en la causa penal número169/2002; con la fe ministerial del dictamenpericial de contabilidad”, actuaciones que formanparte de la averiguación previa MOR/SC/04/502/2003 compuesta de 716 fojas útiles cuyacopia certificada fue remitida a esta Soberanía,por lo anterior se acreditan y satisfacen losrequisitos establecidos en los incisos “b” y “c”,es decir, con las constancias que hasta elmomento obran en el expediente se evidencia laexistencia de los tipos penales de abuso deconfianza, fraude y lo que resulte previstos porlos artículos 169, 171 y 171 Bis del Código Penaldel Estado de Guerrero, y se presume la probableresponsabilidad de Delfino Díaz Galvez, síndicoprocurador del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero.Ahora bien con respecto a lo señalado en elartículo 113 de la Constitución Política local,referente a “para proceder penalmente en contrade los diputados al Congreso del Estado,magistrados del Tribunal Superior de Justicia,magistrados del Tribunal Electoral del Estado,Consejeros de la Judicatura Estatal, consejeroselectorales del Consejo Estatal Electoral;secretarios del despacho auxiliares titular delEjecutivo, coordinadores, contralor general delEstado, procurador general de justicia, consejerojurídico del Poder Ejecutivo, presidentes, síndicosy regidores de los Ayuntamientos, por la comisiónde delitos durante el tiempo de su encargo; elCongreso del Estado declara por mayoría


absoluta de sus miembros presentes en sesión, siha o no lugar a proceder contra el inculpado. Sila resolución del Congreso fuese negativa, sesuspenderá todo procedimiento ulterior, pero ellono será obstáculo para que la imputación por lacomisión del delito continúe su curso cuando elinculpado haya concluido el ejercicio de su encargo,pues la misma no prejuzga los fundamentos de laimputación. Si el Congreso declara que ha lugar aproceder, el sujeto quedará separado del cargo ya disposición de las autoridades competentes,para que actúen con arreglo a la ley. Lasdeclaraciones y resoluciones del HonorableCongreso del Estado, son inatacables. El efectode la declaración de que ha lugar a procedercontra el inculpado, será separarlo de su encargo,en tanto esté sujeto a proceso penal. Si ésteculmina en sentencia absolutoria, el inculpadopodrá reasumir su función. Si la sentencia fuesecondenatoria y se trata de un delito cometidodurante el ejercicio de su encargo, no se concederáal reo la gracia del indulto. En demanda del ordencivil que se entablen contra cualquier servidorpúblico no se requerirá declaración de procedencia.Las sanciones penales se aplicarán de acuerdocon lo dispuesto en la legislación penal y tratándosede delitos por cuya comisión el autor obtenga unbeneficio económico o cause daños o perjuiciospatrimoniales, deberán graduarse de acuerdo conel lucro obtenido y con la necesidad de satisfacerlos daños y perjuicios causados por su conductailícita. Las sanciones económicas no podránexceder de tres tantos de los beneficios obtenidoso de los daños o perjuicios causados. Los juecesy los agentes del Ministerio Público, seránresponsables de los delitos que cometan duranteel desempeño de sus cargos; pero no podrán seraprehendidos sin que hayan sido suspendidos desus funciones por los superiores respectivos.”Esta hipótesis se actualiza cuando la Comisión delos delitos durante el tiempo del encargo se tieneque las imputaciones que se realizan al síndicoprocurador tienen su inicio en el año del 2001,como se constata con los recibos con diferentesnominaciones en moneda nacional, expedidos enese año por el denunciado Delfino Díaz Gálvez,en su carácter de integrante de la OPI(Organización de Pueblos Indígenas), porconceptos de compraventa, anticipos de ventade lotes del terreno denominado “El Potrero”,los cuales presentan los promoventes de estadenuncia como pruebas documentales, propiedadde los ciudadanos María del Pilar León Flores yTeófilo Flores Alcocer, ahora colonia Juquila

como la conforma el denunciado, siguiendo laexpedición de estos recibos por parte deldenunciado y por otros integrantes del OPI(Organización de Pueblos Indígenas) en el año de2003, en consecuencia nos encontramos ante undelito continuo, el cual de acuerdo al criterioemitida por la Suprema Corte de Justicia de laNación, es aquel que “Se prolonga, sin interrupción,por más o menos tiempo, la acción o la omisiónque constituye el delito durante un periodo más omenos largo, tal vez indefinido; de manera quemientras la acción continúe, el delito se prolonga”,afirmando con las pruebas presentadas lareiteración o en la permanencia de la acciónconstitutiva en delito por lo tanto aplicado sucontenido al presente caso, la conducta delictivase ejecuta por primera vez en el año 2001 y secontinua ejecutando en el 2003 año en el que elciudadano Delfino Díaz Galvez, después de serelecto funge ya como síndico procurador. Por lovertido, esta Comisión Instructora en funcionesde Comisión de Examen Previo

RESUELVE

Primero.- Se admite y se declara procedentela denuncia para la declaratoria de procedenciapresentada por el ciudadano licenciado ÁlvaroLópez Miranda, agente titular del Ministerio Públicodel fuero común del Distrito Judicial de Morelos encontra del ciudadano Delfino Díaz Gálvez, síndicoprocurador del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero.

Segundo.- Sométase el presente dictamen ala consideración del Pleno del HonorableCongreso del Estado, para su aprobación.

Tercero.- Notifíquese en forma personal elpresente dictamen a la parte denunciante.

Cuarto.- Remítase en su caso el presentedictamen con su expediente a la ComisiónInstructora, para la incoación del procedimientode conformidad a lo que hacen referencia losartículos 76, fracción I y 164 de la Ley Orgánicadel Poder Legislativo en vigor.

Así lo resolvieron y firmaron los integrantesde la Comisión Instructora en funciones deComisión de Examen Previo de la QuincuagésimaSéptima Legislativa al Honorable Congreso delEstado de Guerrero, a los cinco días del mes deabril del dos mil cinco.






El Presidente:



En desahogo del inciso “f” del tercer punto delOrden del Día, esta Presidencia, con fundamentoen el artículo 138, fracción I, de la Ley Orgánicadel Poder Legislativo en vigor, concede el uso dela palabra, al diputado David Jiménez Rumbo,quien como integrante de la ComisiónDictaminadora fundamentará y motivará eldictamen de referencia.

El diputado David Jiménez Rumbo:

Con su permiso, diputado presidente.

Con la facultad que el artículo 138, fracción I,de la Ley Orgánica del Poder Legislativo envigor nos confiere a los diputados integrantes dela Comisión Instructora en nombre de miscompañeros diputados integrantes de la misma,me permito fundar y motivar el dictamen deljuicio de suspensión o revocación del cargoregistrado bajo el número JSRC/57/001/2002 enatención a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Mediante escrito de fecha 10 de diciembredel año 2002, recibida en esta Soberanía el 11 delmismo mes y año, los ciudadanos Juan GarcíaVargas, Andrés Neri Ventura, Filemón FaustinoVidal y 229 ciudadanos firmantes mas de lasdiversas comunidades del municipio de Tlacoapa,Guerrero, presentaron denuncia de revocaciónde cargo en contra del ciudadano Germán

Galeana Sixto, regidor del HonorableAyuntamiento del municipio de Tlacoapa,Guerrero.

Turnada la denuncia de antecedentes a laComisión Instructora, previa su ratificación porlos representantes comunes de los denunciantes,se procedió a su análisis, desahogo del procedimientoy emisión del dictamen correspondiente.

Los denunciantes pretenden que se le revoqueel cargo o mandato al ciudadano Germán GaleanaSixto, primer regidor del Honorable Ayuntamientodel municipio de Tlacoapa, Guerrero, al haberincurrido en la incapacidad física o legal y porexistir un impedimento de hecho o de derechoque le obstaculice cumplir con su función, supuestoque establece el artículo 95 de la Ley Orgánicadel Municipio Libre del Estado de Guerrero,supuestos que a juicio de esta ComisiónInstructora no se considera suficientes pararevocar el cargo del servidor público denunciado,toda vez que si bien es cierto que existía unimpedimento legal del ahora denunciado paraser registrado y posteriormente entrar enfunciones en el cargo que por mandato popularle fue atribuido y que por consiguiente talcircunstancia le obstaculizaba contender paradicho cargo, siendo este un requisito de legibilidado bien de la falta de acción de los partidospolíticos que dio como consecuencia ladefinitividad del acto impugnado, la vía idóneapara ser impugnados tales actos es la establecidaen el Sistema de Medios de Impugnación enmateria electoral.

Vía a la que los denunciantes no acudieron entiempo y forma, no obstante tener conocimientode la posible existencia de un impedimento legalpor parte del denunciado, por tanto, esta ComisiónInstructora concluye que la improcedencia de lapresente denuncia de suspensión o revocacióndel cargo presentada por los denunciantes, sesoporta en que los actos y conductas atribuidasa la persona denunciada son anteriores al ejerciciode su función pública como regidor del HonorableAyuntamiento de Tlacoapa, Guerrero.

Recordemos que el objetivo primordial de losjuicios de responsabilidad oficial es el de conocery en su caso, sancionar al mal servidor publico queincumple con el ejercicio de su función publica,dependiendo del tipo de responsabilidad en queincurra, a saber: política, penal, administrativa o


civil, de la cual se deriva el procedimientocorrespondiente.

Por tanto, acceder a lo pretendido por losdenunciantes violentaría esa finalidad yconvertiría a este juicio en un mecanismo deimpugnación para actos irregularidades enmateria electoral, desconocido o no, la naturalezadel juicio de suspensión o revocación de cargo,si no también violentando la esfera de competenciade la Constitución Política le impone al PoderLegislativo representado por el HonorableCongreso del Estado, requisito indispensablepara la procedencia del juicio de suspensión orevocación del cargo.

Por lo anteriormente expuesto, resaltamosque los argumentos esgrimidos son insuficientespara tener por justificada la procedencia de ladenuncia, en consecuencia, los diputadosintegrantes de la Comisión Instructora en términosde lo dispuesto por los artículos 152, fracción II,de la Ley Orgánica del Poder Legislativo envigor y 95 bis de la Ley Orgánica del MunicipioLibre del Estado de Guerrero y tomando encuenta que el dictamen que hoy presentamos ala consideración del Pleno de este HonorableCongreso del Estado se encuentra apegado aderecho, solicitamos su voto a favor para laaprobación del mismo.


El Presidente:

En razón de que en el citado dictamen no seencuentran votos particulares, se procederá adiscusión en lo general, por lo que se solicita a losciudadanos diputados que deseen hacer uso dela palabra, lo hagan del conocimiento de estaPresidencia, para elaborar la lista de oradores.

Agotada la discusión, en virtud de que no hayoradores inscritos, se somete a consideración deesta plenaria para su aprobación en lo general eldictamen con proyecto de decreto que recae enla denuncia de juicio de suspensión y revocaciónde cargo registrado bajo el número JSRC/LVII/001/2002 promovido por los ciudadanos JuanGarcía Vargas, Andrés Neri Ventura, FilemónFaustino Vidal, Teófilo Ángeles Popoca, MaríaCampos Carranza, Maura Ramírez Cantú,Miguel Montaño Santiago, Apolonio Cruz Rosas,María Fausto Ríos, Germán Anastasio Basilio,

Albino Hernández Bonilla, Lázaro DámasoCandelario, Fausto Basilio Andrade, ArnulfoCruz Tejeda y Leobardo Cano Vivar, ciudadanosdel municipio de Tlacoapa, Guerrero, en contradel ciudadano Germán Galeana Sixto, primerregidor del Honorable Ayuntamiento delmunicipio de Tlacoapa, Guerrero; los que esténpor la afirmativa, favor de manifestarlo envotación económica, poniéndose de pie.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos en logeneral, el dictamen con proyecto de decreto dereferencia.

Aprobado que ha sido en lo general, se sometepara su discusión en lo particular el dictamenantes señalado, por lo que en términos de lafracción IV, del artículo 138 de nuestra LeyOrgánica, se solicita a los ciudadanos que deseanreservarse artículos en lo particular para sudiscusión, lo hagan del conocimiento de estaPresidencia, para formular la lista de oradores.

En virtud de que no existe reserva de artículos,esta Presidencia en términos del artículo 137,párrafo primero, de nuestra Ley Orgánica, tienepor aprobado el dictamen con proyecto de decretoque recae en la denuncia de juicio de suspensióny revocación de cargo registrado bajo el númeroJSRC/57/001/2002, promovido por Juan GarcíaVargas, Andrés Neri Ventura, Filemón FaustinoVidal, Teófilo Ángeles Popoca, María CamposCarranza, Maura Ramírez Cantú, MiguelMontaño Santiago, Apolonio Cruz Rosas, MaríaFausto Ríos, Germán Anastasio Basilio, AlbinoHernández Bonilla, Lázaro Dámaso Candelario,Fausto Basilio Andrade, Arnulfo Cruz Tejeda, yLeobardo Cano Vivar, ciudadanos del municipiode Tlacoapa, Guerrero, en contra del ciudadanoGermán Galeana Sixto, primer regidor delHonorable Ayuntamiento del municipio deTlacoapa Guerrero; emítase el decretocorrespondiente y remítase a las autoridadescompetentes para los efectos legales procedentes.

INFORMES

En desahogo del cuarto punto del Orden delDía, informes, se concede el uso de la palabraal ciudadano diputado Gustavo Miranda


González, presidente de la Comisión Especialpara del proyecto hidroeléctrico “La Parota”.

El diputado Gustavo Miranda González:

Gracias, diputado presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

De acuerdo a las facultades otorgadas por estePleno y estipuladas en el acuerdo parlamentarioaprobado el 5 de junio de 2003, por lo que seintegra una Comisión Especial para el proyectohidroeléctrico “La Parota”, hemos procuradoregir nuestras actividades como un interlocutorque salvaguarde a los principios de equidad yjusticia, para las comunidades involucradas.

Una de las principales tareas fue elaborar unplan de trabajo que nos permitiera ser la directrizde nuestras acciones y en su momento se hizollegar a los integrantes de esta Comisión.

Actividades programadas con anterioridad yenmarcadas en el plan de trabajo, tales como lasvisitas a los proyectos exitosos hidroeléctricosen el país como “El Cajón” y la centralhidroeléctrica de “Aguamilpa”, con el objeto deverificar y constatar los beneficios laborales,económicos y sociales que se generan de maneradirecta e indirectamente durante la construccióny funcionamiento de proyectos similares a “LaParota”.

La visita se llevó a cabo los días 13 y 14 deabril del presente año en el estado de Nayarit, loque nos permitió llegar a las siguientesconclusiones que facilitarán aún más laaceptación y confianza del proyecto, para lo cualconsideramos que tanto el gobierno del Estadocomo autoridades municipales y Comisión Federalde Electricidad deben tomar en cuenta nuestrassiguientes propuestas:

1. Se requiere aminorar el rompimiento delas estructuras sociales y económicas de lapoblación y ofrecerles nuevos centros quecumplan con las expectativas de la gente, sinincurrir en excesos. Sólo así la poblaciónafectable directa o indirectamente, pertenecientea los municipios involucrados, estarán de acuerdocon este proyecto.

2. Se requiere identificar la posibilidad de

adquirir terrenos de restitución o bien identificarprocesos tecnológicos que incrementen laproductividad en la superficie restante de lastierras, así como el pago justo, inmediato ydirecto a cada ejidatario o propietario de la tierra.

3. Las acciones y programas de la ComisiónFederal de Electricidad deberán sustentarse enel consenso con los afectados y con autoridadesestatales, municipales y ejidales o comunales,para limitar los espacios a la intervención deoperadores políticos que puedan propiciarreclamos ajenos al contexto del proyecto.

Por otro lado, informo también a este Plenoque nuestra máxima casa de estudios, laUniversidad Autónoma de Guerrero, estáparticipando en el plan de desarrollo integral delárea de influencia del proyecto hidroeléctrico.

Investigadores de la institución han llevado acabo actividades tales como el proyecto ejecutivode vivienda, equipamiento, urbanización einfraestructura, en algunos casos les faltanactividades por realizar tales como tallerescomunitarios, productivos y de recuperación yconservación del medio ambiente, esto debido aque en cuatro comunidades los trabajos estáncondicionados a la negociación que realiceComisión Federal de Electricidad.

Dentro del plan de desarrollo integral, participanlas unidades académicas de Arquitectura yUrbanismo, Ciencias Agropecuarias y CienciasSociales así como Economía, quienes participanen los diferentes proyectos sectoriales.

Les informo compañeras diputadas ydiputados que hasta la fecha son ya 11 de 19núcleos agrarios que ya dieron su firma y voto deconfianza, para permitir que el proyectohidroeléctrico sea una realidad. La ocupaciónprovisional que hasta el momento ha tenido paraestos preestudios, la Comisión Federal deElectricidad ha pagado el precio de 3 pesos con30 centavos por metro cuadrado de lasafectaciones a las personas afectadas, lo que hapermitido un beneficio más mientras se concluyela etapa de estudios de factibilidad.

Al concluir esta etapa, se procederá a levantarun padrón de los afectados en cada núcleoagrario, enseguida al levantamiento topográfico,se clasificará el uso del suelo conforme a lo


estipula la ley: de riego, temporal y agostadero,razón por la cual hemos hecho la recomendacióna la Comisión Federal de Electricidad que deberánegociar directamente con cada uno de losdueños de la tierra, para evitar la infiltración depersonas ajenas a los núcleos.

De igual forma, buscarse la negociación y eldiálogo en tiempo y forma con los gruposopositores, para saber o conocer de susdemandas.

Si bien es cierto que la realidad modifica lamentalidad del ser humano, es menester que elgobierno de Guerrero contribuya modificando larealidad de los guerrerenses, con proyectossimilares a “La Parota”, que transformen lamentalidad del ser humano y su calidad de vida.

Compañeros diputados, comparto supreocupación por los avances del proyecto, perohasta el día de hoy no hemos recibido informaciónoficial de que el proyecto hidroeléctrico hayasido cancelado, ni que se haya transferido a otroestado. El proyecto tiene que llegar a buentérmino, el proyecto no se ha ido de Guerrero,sigue en Guerrero y es nuestra responsabilidaddarles a conocer la información de manera claray transparente, sin fines políticos o económicos.

No comparto la alegría de esa informaciónmal intencionada por querer confundir losavances en materia de aceptación y confianzaen el proyecto por parte de los diferentesnúcleos agrarios.

Es cierto, Guerrero y los guerrerensesesperamos con gran ilusión la concretización delproyecto hidroeléctrico “La Parota”, ya querealmente nos dará el impulso que nos proporcionefuentes de empleo y diversificación de proyectosproductivos.

Obras como “La Parota” de gran Impactosocial, turístico y económico, generaránconfianza a inversionistas extranjeros ynacionales por establecerse en Guerrero.

Asumimos el reto y el reto ha sido por un ladorespaldar a los núcleos agrarios para que el pagode sus tierras sea oportuno, justa y apegados ala ley y por otro lado, comprometimos a laComisión Federal de Electricidad, para queinforme y se coordine con el gobierno estatal,

municipales y ejidales para que logre el consensoy aceptación de su plan de trabajo.

Muchas gracias y entrego a la Mesa Directivael informe de actividades.

(Desde su escaño, el diputado David TapiaBravo solicita el uso de la palabra).

¿Sí diputado, con qué objeto?.

El diputado David Tapia Bravo:

Para intervenir en el mismo asunto.

Se concede el uso de la palabra, al diputadoDavid Tapia Bravo, para intervenir sobre elmismo asunto.

El diputado David Tapia Bravo:

Con su permiso diputado presidente.

Compañeras diputados, compañeros diputados.

Enterado por el diario de circulación nacional“El Financiero” en su edición del pasado 13 demayo, acerca de la situación del desarrollo delproyecto hidroeléctrico “La Parota” en nuestroEstado, en el cual se informa que: “el directorde la Comisión Federal de Electricidad,Alfredo Elías Ayub, comentó recientementeque la idea inicial era crear “La Parota”,pero comuneros de la región han mostradoresistencia, por lo que han tenido quepresentar un proyecto alternativo conocidocomo “La Yesca”, en el estado de Nayarit.

Asimismo, comenta la nota: “Que enreuniones a puerta cerrada entre laCoordinación de proyectos Hidroeléctricosde la Comisión Federal de Electricidad yempresas interesadas se dio a conocer que laconvocatoria debería salir a más tardar en elpresente mes de mayo, unos siete mesesdespués de lo programado originalmente”.

Ante la trascendencia para la vida económicay social de nuestra entidad federativa, por laconstrucción del mega proyecto hidroeléctrico“La Parota”, con una inversión de más de milmillones de dólares, la más costosa del actualsexenio, lo cual equivale a aproximadamente elcincuenta por ciento del Presupuesto de Egresos


del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal2005; que generará cerca de seis mil fuentes deempleo directo y otros seis mil indirectos; elPleno de esta Soberanía decidió el 5 de junio de2003, la conformación de la Comisión Especialpara el proyecto hidroeléctrico “La Parota”, con elpropósito de salvaguardar los principios de equidady justicia en el desarrollo del mismo, procurando eltotal apego al estado de derecho, pero defendiendosiempre los intereses de los ejidatarios y comunerosde los pueblos que resulten afectados por laconstrucción de esta magna obra.

Por otro lado, también nos hemos enterado através de los medios locales de comunicaciónque el presidente de la Comisión Especial para elProyecto Hidroeléctrico “La Parota”, nuestrocompañero diputado Gustavo Miranda González,ha informado que la Comisión Federal deElectricidad no ha llegado a acuerdos sobre elprecio de las tierras con los propietarios de lasmismas, y que hasta el momento no hay indiciossobre negociaciones. Esta información reveladapor nuestro compañero diputado Mirandaconfirma que este mega proyecto está en riesgode no realizarse, afectando el desarrollo denuestro Estado.

Para nuestro grupo parlamentario de AcciónNacional y suponemos que para todos losintegrantes de esta Legislatura, pues noconocemos opinión en contra, consideramos queesta es una gran oportunidad de inversión ygeneración de empleos, lo cual será de grantrascendencia para el desarrollo económico ysocial de nuestra entidad, por lo que el gobiernodel Estado, los municipios involucrados, losactores políticos y nosotros, como representantespopulares tenemos el deber político y elcompromiso social de favorecer las condicionesy propiciar los acuerdos para que este megaproyecto se lleve a cabo en territorio guerrerense.

Por lo antes expuesto, me permito hacer unexhorto a todos los actores involucrados coneste proyecto, para que en el ámbito de suscompetencias se haga todo lo posible por llegara los acuerdos que permitan llevar a cabo estemagno proyecto, que desde muchos puntos devista conviene ejecutar para beneficio y bienestarde la mayoría del pueblo de Guerrero.

Que prevalezcan los acuerdos sobre basesjustas, legítimas y legales. Que las demandas de

los ejidatarios o comuneros sean atendidas en elmarco de la justicia y la legalidad, que laspropuestas de la Comisión Federal de Electricidadno se impongan sobre la voluntad de los ejidatariosy que no vulneren los derechos y las justasdemandas de los afectados. Que en estosacuerdos todos los guerrerenses ganemos y queesta obra permita mejorar las condiciones devida de los campesinos afectados y de todos losque se beneficien por los empleos generados ypor la comercialización de los productos e insumosadquiridos.

En este sentido, es oportuno hacer un llamadoa la Comisión Especial nombrada por el Pleno deesta Soberanía, al Ejecutivo del Estado, a loscomuneros y ejidatarios involucrados y a laComisión Federal de Electricidad, para queaporten su mejor esfuerzo y voluntad que permita,dadas las bondades de este magno proyecto, suconcreción en los plazos establecidos, quepermitan la realización de los beneficios y lasacciones para mejorar la educación, la vivienda,la salud y la alimentación principalmente en elentorno inmediato del proyecto; así como laconcreción de proyectos productivos, entre otrosel impulso a la ganadería, a la agricultura, a lapesca deportiva y comercial y a las actividadesturísticas que tendrían un ámbito natural de realidadal concretarse el proyecto de “La Parota”.Impulsar las obras de infraestructura que sientenlas bases para el desarrollo del estado de Guerrero.

Compañeras y compañeros legisladores, debeser una prioridad en nuestro desempeño comorepresentantes populares y actuar en consecuenciaes una responsabilidad que no podemos soslayar,por eso los invito muy cordialmente sumarnos aeste esfuerzo para concretar este proyecto queseguramente será de una gran repercusióneconómica y social, para nuestro Estado.

Muchas gracias.

INTERVENCIONES

En desahogo del quinto punto del Orden delDía, intervenciones, se concede el uso de lapalabra al ciudadano diputado Félix BautistaMatías, en relación al Día del Maestro.

El diputado Félix Bautista Matías:

Con su permiso, diputado presidente.


Compañeras diputadas y compañerosdiputados.

Compañeros de los medios de comunicación.

Es una tradición que el 15 de mayo festejemosel Día del Maestro mexicano. Homenaje merecido,porque cada uno de nosotros hemos sido forjadosespiritual, mental, ética y hasta política eideológicamente por una maestra o un maestro.

El 14 de noviembre de 1917 (hace 87 años ymedio) el Senado de la República aprobó eldictamen que contenía minuta con proyecto deley en que: “se declara Día del Maestro el 15 demayo, debiendo suspenderse en esa fecha laslabores escolares”, solamente en esa fecha, el15 de mayo.

Cabe aclarar que dicha ley sólo aplicaba parael Distrito Federal y los territorios de la República,ya que invitaba a las legislaturas locales a emitirdecretos análogos que reconocieran la labor delos maestros.

La Revolución Mexicana no se hubieraconsolidado –a pesar de los sacrificios en cientosde miles de vidas civiles- sin la presencia visionariade los maestros. Expreso también sin temor aequivocarme, que dos fueron los ejes deemancipación que dieron cause a la revoluciónsocial de 1910: la lucha por la tierra labrantía yla educación, como condición para romper eloscurantismo de tantos años de esclavitud físicae intelectual que dejara la época colonial. Yalcanzados estos objetivos pudo continuarse enla lucha por la consolidación de la democracia,que llega hasta nuestros días.

Nunca como ahora bien merecidos loshomenajes a los maestros, quienes dentro de lasaulas mantienen la luz de la emancipación y laigualdad social. Por eso respaldo la demanda delmagisterio nacional para que el gobierno federalinvierta el 8 por ciento del producto interno brutoen la educación como lo recomienda laUNESCO.

También considero que hoy, junto con losmaestros tenemos que luchar tenazmente porquese afiance la concepción de una educación concalidad como lo exigen los nuevos tiempos.

Muchos de los rezagos sociales, se localizan

en el bajo presupuesto que el país dedica a laeducación, como base fundamental para elevarla calidad de la educación mexicana. En efecto,tienen razón los maestros del país, en exigir añocon año aumento salarial, mejores prestacionessociales y mayor preparación profesional.

Hemos dicho, y así lo consigna nuestraConstitución, que la educación debe de ser unproceso que tenga, fundamentalmente, doscaracterísticas, que sea una educación armónicay a la vez integral.

La educación en nuestro tiempo corre elpeligro de caer en una actitud ingenua deidentificar la verdad con el éxito, el criterio paramedir el proceso educativo, de ninguna formadebe estar referido, solamente al éxito delindividuo, sino fundamentalmente a la soluciónde las necesidades de la sociedad en su conjunto.

A las viejas tesis que señalan e impulsan antetodo el egoísmo individualista, debemos de oponerla solidaridad nacional e internacional.

La educación del futuro debe de evitar lascegueras del conocimiento, debe colocar alhombre en el centro de su investigación, enseñarno sólo la identidad individual, sino estudiar a lahumanidad como una comunidad internacional,enseñar la comprensión, sobre todo ayudar aenfrentar las incert idumbres, asociarpermanentemente la defensa de los valores y losprincipios éticos de nuestra sociedad, y debeser, como lo señala nuestra Constitución,democrática, plural y con una respetuosa actituda la defensa de los derechos humanos. Y en esteproceso, que sería impensable, sin la participacióny responsabilidad del magisterio, reconocemosel trabajo que cotidiana y generosamente hacencada uno de los maestros de Guerrero porconsolidar este proceso educativo, para quepodamos insertarnos a niveles de desarrollo quedemanda la sociedad.

Por eso, tenemos que recuperar a nuestrosmaestros y al espíritu que animó a aquellos queen otros tiempos encabezaron las mejores causasde nuestro pueblo. Cierto, ya no queremos alapóstol que entrega todo a cambio de nada,ahora queremos a un maestro que mantenga unprofundo vínculo con lo mejor de nuestra sociedad,a un maestro comprometido con el pasado, conel presente y con el futuro.


Un maestro que reconozca los altos valoresnacionales y cómo se insertan éstos, en losuniversales. Queremos un maestro que estécomprometido con la sociedad y con el cambio,un maestro democrático que reivindique laparticipación social como el medio que garantizala convivencia plena de la comunidad; un maestroque anteponga al interés mezquino y personal, elinapreciable ejercicio de la toma de decisionespor la colectividad; un mentor que guíe elaprendizaje, que sea capaz de dominar losinstrumentos técnicos de los que hoy disponemos,que entienda el vertiginoso desarrollo técnico ycientífico que está al servicio del hombre, y no elhombre al servicio de la técnica, un maestro quese alimente bien, que mantenga a su familia sinapuros, un maestro que tenga un salario dignoque le permita comprar libros y leerlos, y quetenga los medios suficientes para su sanoesparcimiento.

Por ello, consideramos que sin la toma dedecisiones con criterios pedagógicos directamentede los maestros, ningún plan ni programa deestudios pueden salir adelante. Ese ha sido el errorprimordial de todos los regímenes gubernamentales,que han hecho planes y programas de gabinete,sin tomar como base determinante lo que losmaestros de Guerrero requieren.

Finalmente, al gobierno progresista ydemocrático de Guerrero, le deseo mucho éxitoen su gestión. En el sector educativo,demandamos un diálogo amplio con todas lasexpresiones sindicales a fin de que en base a unauténtico pacto entre las partes, se pueda superarel rezago educativo, el quebranto financiero, lacorrupción administrativa, etcétera, para bien delos más altos intereses del pueblo de Guerrero yque se respeten los derechos laborales de losmaestros y de los trabajadores.

Muchas gracias.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 14:57 horas):

En desahogo del sexto punto del Orden delDía, clausura, no habiendo otro asunto que tratar,siendo las 14 horas con 57 minutos del día martes17 de mayo del 2005, se clausura la presentesesión y se cita a las ciudadanas diputadas ydiputados integrantes de la QuincuagésimaSéptima Legislatura al Honorable Congreso delEstado, a sesión para el día jueves 19 de mayodel año en curso, a las 11:00 horas.

COORDINACIONES PARLAMENTARIAS

Dip. Juan José Castro JustoPartido Revolucionario Institucional

Dip. David Jiménez RumboPartido de la Revolución Democrática

Dip. David Tapia BravoPartido Acción Nacional

REPRESENTACIONES DE PARTIDO

Dip. Félix Bautista MatíasPartido Convergencía por la Democracia

Dip. Fredy García GuevaraPartido del Trabajo

Dip. Jesús Heriberto Noriega CantúPartido de la Revolución del Sur

Dip. Marco Antonio de la Mora TorreblancaPartido Verde Ecologista de México

Oficial MayorLic. Saez Guadalupe Pavía Miller

Director del Diario de los DebatesC. Arturo Ramos Jimón

Domicilio del H. Congreso del Estado:Blvd. Vicente Guerrero, Trébol Sur S/N, Frente Av. José Francisco Ruiz Massieu.

Chilpancingo, Guerrero.C.P. 39075, Tel. (7) 47-1-34-50

CHILPANCINGO, GUERRERO, MARTES 17 DE MAYO DE 2005...

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