CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS€¦ · Revista Virtual del Centro de Estudios de Derechos...

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIacuteN DE PORRES

FACULTAD DE DERECHO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIacuteN DE PORRES

ING JOSEacute ANTONIO CHANG ESCOBEDO

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIacuteN DE PORRES

DR ERNESTO AacuteLVAREZ MIRANDA

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIOacuteN JURIacuteDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIacuteN DE PORRES

DR GINO RIacuteOS PATIO

PRESIDENTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS

DRA MARIacuteA SOLEDAD PEacuteREZ TELLO

CUERPO DE DOCENTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS

DR EDGAR ENRIQUE CARPIO MARCOS

DR ODAR ALEXANDER CARRANZA REYES

DR MIGUEL AacuteNGEL SORIA FUERTE

DR OSCAR ANDREacuteS PAZO PINEDA

DR CLAUDIO RENATO ABEL SOTELO TORRES

DR BENJI GREGORY ESPINOZA RAMOS

COMITEacute EDITORIAL

ELARD RICARDO BOLANtildeOS SALAZAR

ROSEMARY STEPHANI UGAZ MARQUINA

REVISTA VIRTUAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS


Nuacutemero 1 2014

Editada por

Centro de Estudios de Derechos Humanos

Universidad de San Martiacuten de Porres

Facultad de Derecho

Lima ndash Peruacute

Av Alameda del Corregidor 1865

Urbanizacioacuten La Ensenada ndash La Molina

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CEDH ndash CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS

CEDH_USMP

La Revista Virtual del Centro de Estudios de Derechos Humanos es una revista electroacutenica de

caraacutecter juriacutedico orientada a la publicacioacuten de artiacuteculos de investigacioacuten yo reflexioacuten acadeacutemica

cientiacutefica y profesional en el aacutembito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos Es una

revista de acceso abierto dirigida a todas las personas y entidades que trabajen e investigan en el

campo juriacutedico Su periodicidad es semestral

CONTENIDO

PRESENTACIOacuteN

Mariacutea Soledad Peacuterez Tello

LAS TRADICIONES CONSTITUCIONALES COMUNES Y LA INTERPRETACIOacuteN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (A PROPOacuteSITO DE LA CONSTITUCIOacuteN EUROPEA)

Edgar Carpio Marcos helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6

ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS EN EL MARCO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Oscar Pazo Pineda helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 19

EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO COMO DERECHO HUMANO SU PROTECCIOacuteN EN CONTEXTOS DE PAZ Y DE CONFLICTOS ARMADOS

Gabriela Neira Hidalgo helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 54 LA IMPLEMENTACIOacuteN DE LA CONSULTA PREVIA LEGISLATIVA EN EL CONGRESO PERUANO UNA TAREA PENDIENTE

Renato Sotelo Torres helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 81 EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Benji Espinoza Ramos helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 100

EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD UNA TAREA ANTIGUA UN HAacuteBITO NUEVO

Pauacutel Salcedo Paulino helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 109

EL DERECHO AL AGUA BAJO ANAacuteLISIS DINSTINTOS ENFOQUES SOBRE UN TEMA QUE NOS COMPETE A TODOS

Aura Arbuluacute Vaacutesquez helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 116 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL SUFRAGIO ACTIVO REFLEXIONES A PARTIR DE LO ESTAacuteNDARES REGIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Ricardo Bolantildeos Salazar helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 133

PRESENTACIOacuteN

El Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de

San Martiacuten de Porres pone a disposicioacuten de la comunidad juriacutedica y de la ciudadaniacutea en general

su primera revista virtual en ella intervienen profesores y alumnos del CEDH con artiacuteculos de

investigacioacuten o reflexiones de diversa iacutendole el eacutenfasis son los Derechos Humanos la

democracia y el desarrollo

En la revista encontraraacute rigurosidad acadeacutemica originalidad y sentido criacutetico esta vez se tratan

temas generales como las tradiciones europeas comunes para la formacioacuten de un derecho

europeo la responsabilidad internacional de los estados el control de convencionalidad en la

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y temas maacutes especiacuteficos

como la consulta previa la problemaacutetica del medio ambiente el derecho al agua y los derechos

de las personas con discapacidad

La revista tiene como principal aporte el generar un espacio donde coexistan la loacutegica y

experiencia del profesor mas el anaacutelisis de la informacioacuten la curiosidad y cuestionamientos de

los alumnos la doctrina y la duda un centro de pensamiento sin jerarquiacuteas donde todo el que

quiere pensar tiene un espacio

Despueacutes de maacutes de una deacutecada de trabajar en Derechos Humanos y formar estudiantes que

hoy son profesores que forman a nuevos estudiantes iniciamos la difusioacuten de lo que sabemos

de lo que defendemos y en lo que creemos en la buacutesqueda de contribuir al conocimiento y a la

duda Los invitamos a ser parte del CEDH a traveacutes de estas paacuteginas

MARIacuteA SOLEDAD PEacuteREZ TELLO

Presidenta del Centro de Estudios de Derechos Humanos


Las ldquotradiciones constitucionales comunesrdquo y la interpretacioacuten de los derechos fundamentales (a propoacutesito de la constitucioacuten europea) Edgar Carpio Marcos

6

Revista Virtual del Centro de Estudios de Derechos Humanos Universidad de San Martiacuten de Porres |Facultad de Derecho

Nuacutemero 1 | paacutegs 6 ndash 18

LAS ldquoTRADICIONES CONSTITUCIONALES COMUNESrdquo Y LA

INTERPRETACIOacuteN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

(A PROPOacuteSITO DE LA CONSTITUCIOacuteN EUROPEA)

EDGAR CARPIO MARCOS

Docente del Centro de Estudios de Derechos Humanos y

de la Facultad de Derecho de la Universidad de San

Martin de Porres Asesor Especializado en Derecho

Constitucional del Tribunal Constitucional del Peruacute

I INTRODUCCIOacuteN-II LA INTERPRETACIOacuteN DE LOS DERECHOS CONFORME CON LA

TRADICIONES CONSTITUCIONALES COMUNES-1 ORIGEN-2 DEL RECONOCIMIENTO

JURISPRUDENCIAL DE LAS TRADICIONES CONSTITUCIONALES COMUNES A SU FORMULACIOacuteN

NORMATIVA-III LAS ldquoTRADICIONES CONSTITUCIONALES COMUNESrdquo COMO TEacuteCNICA DE

INTERPRETACIOacuteN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-IV EPIacuteLOGO

I INTRODUCCIOacuteN

Aunque por el momento se encuentre detenido el proceso de integracioacuten europea ha dado

un paso del que seguramente sea muy difiacutecil volverse atraacutes tras la elaboracioacuten del Tratado por

el que se instituye una Constitucioacuten para Europa (en adelante Constitucioacuten Europea)

Si bien la Constitucioacuten Europea es formalmente un tratado cuya entrada en vigencia estaacute

sujeta a la ratificacioacuten de los Estados miembros de la Unioacuten sin embargo desde una

perspectiva material se trata de una auteacutentica Constitucioacuten1 Una Lex legum muy singular

incluso en aquellos apartados en los que las semejanzas con el contenido de las constituciones

1 Relativizando sus diferencias Cp Luis Mariacutea Diez-Picazo iquestQueacute diferencia hay entre un tratado y una Constitucioacuten en Cuadernos de Derecho Puacuteblico Nuacutem 13 Madrid 2001 paacuteg 85 y sgtes


7



nacionales son evidentes2 Eso es lo que sucede por ejemplo con su Parte II denominada

Carta de los derechos fundamentales de la Unioacuten En efecto si como alliacute se indica su

propoacutesito es consignar los derechos libertades y principios que la Unioacuten reconoce a los

ciudadanos comunitarios sin embargo los teacuterminos de ese reconocimiento han de entenderse

conforme con las

tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros el Convenio

Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales las Cartas Sociales

adoptadas por la Unioacuten y por el Consejo de Europa asiacute como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

de la Unioacuten Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Precisaacutendose que

En este contexto los tribunales de la Unioacuten y de los estados miembros interpretaraacuten la Carta atendiendo

debidamente a las explicaciones elaboradas bajo responsabilidad del Praesidium de la Convencioacuten que redactoacute

la Carta

Que la interpretacioacuten de los derechos reconocidos por la Constitucioacuten Europea deba

realizarse atendiendo a las explicaciones elaboradas bajo la responsabilidad del Praesidium de

la Convencioacuten que redactoacute la Carta es un dato que no deja de llamar la atencioacuten y hasta

generar cierta perplejidad no soacutelo porque el significado y los alcances de esos derechos estaacuten

muy distantes de resolverse por quienes los redactaron y son (y nada parece impedir que lo

sigan siendo) concretizables en cada caso concreto por los tribunales de justicia (de la Unioacuten

pero tambieacuten por los tribunales nacionales) sino tambieacuten porque en siacute misma parece tratarse

de una solucioacuten coyuntural (tanto como pueda sobrevivir la Convencioacuten que redactoacute la

Carta) nada cercana desde luego a la vocacioacuten de permanencia indefinida que parece animar

al hecho de quererse constituir con personalidad juriacutedica propia a la Unioacuten Europea

2 Cp PEacuteREZ TREMPS Pablo La Constitucioacuten espantildeola ante la Constitucioacuten Europea en E ALBERTIacute y E ROIG (Coordinadores) El Proyecto de nueva Constitucioacuten Europea Balance de los trabajos de la Convencioacuten sobre el futuro de Europa Tirant lo Blanch Valencia 2004 p 485 y sgtes Igualmente RUBIO LLORENTE Francisco El constitucionalismo de los Estados integrados de Europa en Revista Espantildeola de Derecho Constitucional nuacutem 48 Madrid 1996 paacuteg 9 y sgtes


8



Maacutes allaacute de estas singularidades sobre los cuales no hemos de detenernos estaacute el hecho

igualmente poco frecuente en la parte dogmaacutetica de las constituciones nacionales de haberse

establecido a la par del reconocimiento de determinados derechos y libertades fundamentales

de un conjunto de criterios de interpretacioacuten de los mismos3 Precisamente el propoacutesito de

este trabajo es analizar uno de esos criterios de interpretacioacuten de los derechos fundamentales

que recoge la Constitucioacuten Europea denominado interpretacioacuten conforme con las tradiciones

constitucionales comunes

II LA INTERPRETACIOacuteN DE LOS DERECHOS CONFORME CON LA TRADICIONES

CONSTITUCIONALES COMUNES

1 ORIGEN

En sus oriacutegenes como se sabe el proceso de integracioacuten europea tuvo un caraacutecter

esencialmente econoacutemico Los tratados por los que se constituyeron la Comunidad Europea

del Carboacuten y del Acero la Comunidad Econoacutemica Europea y la Comunidad Europea de

Energiacutea Atoacutemica en efecto no tuvieron entre sus objetivos el garantizar derechos

fundamentales ni de establecer mecanismos de proteccioacuten de eacutestos sino la de fortalecer lazos

econoacutemicos entre los pueblos a fin de superar una historia plagada de enfrentamientos

Por ese motivo cuando se constituyoacute el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

con competencia para resolver diferencias entre los Estados miembros de esos tratados su

actividad inicial no estuvo relacionada con la proteccioacuten de los derechos fundamentales

comunitarios4

3 Cp ROLLA Giancarlo Teacutecnicas de codificacioacuten y claacuteusulas de interpretacioacuten de los derechos fundamentales Algunas consideraciones a propoacutesito de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea en Revista de Derecho Constitucional Europeo nuacutem 4 Granada 2005 paacuteg 87 y sgtes 4 CAacuteMARA VILLAR Gregorio Los derechos fundamentales en el proceso histoacuterico de construccioacuten de la Unioacuten Europea y su valor en el Tratado Constitucional en Revista de Derecho Constitucional Europeo Nuacutem 4 Granada 2005 paacuteg 9 y sgtes Ver tambieacuten FREIXES SANJUAacuteN Teresa Derechos fundamentales en la Unioacuten Europea Evolucioacuten y perspectiva la construccioacuten de un espacio juriacutedico europeo de los derechos fundamentales en la misma revista paacuteg 43 y sgtes


9



No obstante esta tendencia variariacutea hacia finales de la deacutecada de los 60 cuando el Tribunal

de Luxemburgo declaroacute en la Sentencia del Caso Stauder (de 11 de noviembre de 1969) que

los derechos fundamentales forman parte del derecho comunitario de los cuales el tribunal

garantiza su observancia

Esta apertura del derecho comunitario a los derechos fundamentales seriacutea ratificada en la

sentencia del Caso Internacional Handelsgesellschaft (de 17 diciembre de 1970) en la que el Alto

Tribunal al afirmar la autonomiacutea y primaciacutea del derecho comunitario sobre el derecho

nacional afirmariacutea que un acto de los estados partes soacutelo podiacutea anularse si su contenido era

incompatible con los derechos fundamentales en tanto y en cuanto eacutestos integren los

principios generales del derecho comunitario

Como quiera que ese derecho comunitario no reconociacutea formalmente una tabla de derechos

fundamentales el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sostendriacutea que eacutestos estaacuten

representados por un lado en el Convenio Europeo para la salvaguarda de los derechos y las

libertades fundamentales y de otro en las tradiciones constitucionales comunes a los

Estados miembros

La formulacioacuten de esta doctrina de las tradiciones constitucionales comunes fue realizada

por primera vez en la sentencia dictada en el Caso Nold (de 14 de mayo de 1974) en la que el

Tribunal al reiterar su doctrina sentada en el Caso Stauder en el sentido de que los derechos

fundamentales forman parte de los principios generales del derecho comunitario de los cuales

el Tribunal garantiza su observancia afirmariacutea que al garantizar la tutela de los derechos el

Tribunal estaacute obligado a inspirarse en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados

miembros y no podriacutea admitir por tanto actos incompatibles con los derechos reconocidos y

garantizados por las constituciones de los Estados5

De esta forma la funcionalizacioacuten de los derechos fundamentales a la consecucioacuten de

objetivos econoacutemicos como se habiacutea disentildeado originalmente el ordenamiento comunitario

5 Al respecto Cp CAZZOLINO Luigi Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunitagrave europee en Falzea Spadaro y Ventura (a cura di) La Corte costituzionale e le Corti dEuropa Giappichelli editore Torino 2003


10



fue invertida por el Tribunal de Luxemburgo Ahora la consecucioacuten de esos objetivos de

caraacutecter econoacutemico habriacutean de estar sometidos al respeto de un conjunto de principios y reglas

derivados de la tradicioacuten comuacuten en materia constitucional entre los Estados miembros de las

comunidades tradicioacuten a la que Pizzorusso no ha dudado de calificar ya en el marco de la

Unioacuten Europea como la representacioacuten de una auteacutentica Constitucioacuten no escrita6

2 DEL RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LAS TRADICIONES

CONSTITUCIONALES A SU FORMULACIOacuteN NORMATIVA

Como se ha dicho el recurso a las tradiciones constitucionales comunes ha sido un criterio

creado pretoriamente por el Tribunal de las Comunidades Europeas para colmar un vaciacuteo del

derecho comunitario en materia de derechos fundamentales

Como tal fue consagrado despueacutes de su creacioacuten jurisprudencial en el artiacuteculo F del

Tratado de Maastricht luego re-enumerado como artiacuteculo 6 Seguacuten eacuteste

La Unioacuten respetaraacute los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la

Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre

de 1950 y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como

principios generales del Derecho comunitario

Posteriormente se incorporoacute en la Carta de los Derechos Fundamentales (diciembre del

2000) En el punto 5 de su Preaacutembulo se indicariacutea

La presente Carta reafirma respetando las competencias y misiones de la Comunidad y de la Unioacuten asiacute

como el principio de subsidiariedad los derechos resultantes especialmente de las tradiciones constitucionales

comunes de los Estados miembros del Tratado de la Unioacuten Europea y de los Tratados comunitarios del

Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de las

Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa asiacute como de la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

6 PIZZORUSO Alessandro Costituzionalismo ed Unione Europea consultable en la siguiente paacutegina web httpwww salvadoreduar vridiiefgspizzorussoPDF paacuteg 3


11



Si bien dicha Carta no fue formalmente incorporada al Tratado de Niza de 26 de febrero de

2001 ello no ha impedido que el Tribunal de Luxemburgo reconociera en ella un importante

instrumento de codificacioacuten de los principios generales pertenecientes al acquis communautarie al

punto de que por ejemplo una de sus Salas la ha invocado advirtiendo que si bien no se

encuentra dotada de fuerza juriacutedica vinculante sin embargo su reconocimiento positivo

demuestra la importancia en el ordenamiento comunitario de los derechos que ella enuncia

(sentencia en el Caso Phillips Morris International de 15 de enero de 2003)7

Ese proceso de formalizacioacuten del criterio ha encontrado su punto culminante con su

incorporacioacuten en la Constitucioacuten Europea8 cuyo artiacuteculo I-9 expresa que

Los derechos fundamentales () resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados

miembros forman parte del derecho de la Unioacuten en cuanto principios generales

Lo mismo sucede con el Preaacutembulo de la Segunda parte de la Constitucioacuten Europea cuyo

cuarto paacuterrafo declara que

() la presente Carta reafirma en el respeto de las competencias y tareas de la Unioacuten y del principio de

subsidiaridad los derechos derivados en particular de las tradiciones constitucionales y de las obligaciones

internacionales comunes a los Estados miembros

Para luego enfatizarse en el artiacuteculo II-1124 que

7 Su valor para interpretar los alcances de los derechos fundamentales no ha sido ajeno por otro lado a los tribunales constitucionales nacionales como se evidencia en la jurisprudencia de los tribunales de Espantildea Italia o Alemania luego por cierto de una primera etapa de reticencia caracterizada por la fijacioacuten de contraliacutemites Al respecto ORTIZ VAAMONDE Santiago El Tribunal Constitucional ante el Derecho comunitario en Revista Espantildeola de Derecho Constitucional nuacutem 61 Madrid 2001 paacuteg 301 y sgtes Igualmente en la misma revista y nuacutemero LOacutePEZ CASTILLO Antonio Un nuevo paso en la andadura iuscomunitaria del Tribunal Constitucional Federal de Alemania El Auto (Sala Segunda) de 7 de junio de 2000 paacuteg 349 y sgtes Un recuento sumario del establecimiento de los contraliacutemites en AMEZUA AMEZUA Luis Carlos Los derechos fundamentales en la Unioacuten Europea en Revista de Derecho Valdivia (Chile) 2004 vol16 paacuteg 115 y sgtes 8 Cp Saiz Arnaiz Alejandro Constitucioacuten y derechos la Carta `retocadaacute el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Parte II del Proyecto de Tratado en E ALBERTIacute y E ROIG (Coordinadores) El Proyecto de nueva Constitucioacuten Europea Balance de los trabajos de la Convencioacuten sobre el futuro de Europa Tirant lo Blanch Valencia 2004 p 327 y sgtes


12



Aquellos derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados

miembros que se reconozcan en la presente Carta se interpretaraacuten en armoniacutea con las citadas tradiciones

Ciertamente la positivizacioacuten de este criterio en la Constitucioacuten Europea plantea nuevos

problemas en orden a la determinacioacuten de sus alcances9 En efecto si inicialmente bajo el

criterio de las tradiciones constitucionales comunes se incorporaba una tabla indeterminada

de derechos fundamentales a tiacutetulo de principios generales del derecho comunitario con la

incorporacioacuten de una parte dogmaacutetica en la Constitucioacuten Europea la funcioacuten que cumpliraacuten

las tradiciones constitucionales comunes seraacute la de determinar el contenido y los liacutemites de

los derechos alliacute reconocidos es decir habraacute de servir como una pauta de interpretacioacuten de los

derechos que ella reconoce (art II-1124) Y al mismo tiempo constituiraacute un instrumento de

individualizacioacuten de principios generales del derecho comunitario como parece desprenderse

del artiacuteculo I-9 de la Constitucioacuten Europea tema este uacuteltimo sobre el que aquiacute no hemos de

detenernos

III LAS ldquoTRADICIONES CONSTITUCIONALES COMUNESrdquo COMO TEacuteCNICA DE


La teacutecnica de que los derechos reconocidos en la Constitucioacuten Europea deban ser

interpretados conforme a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros

de la Unioacuten es la contrapartida de aquella propia del derecho nacional que se ha venido en

denominar interpretacioacuten de los derechos conforme con los tratados internacionales sobre

derechos humanos10

9 Cp BINDI Elena Tradizioni costituzionali comuni e valore del Trattato costituzionale europeo en Atti del Convenio Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali alla ricerca del nucleo duro delle Costituzionirdquo publicado en la siguiente paacutegina en internet httpwwwnewsuninaitdettagli_areajspID=1545 (revisado el 15 de junio de 2006) 10 Dicho criterio surgioacute en el derecho constitucional portugueacutes luego fue recogido por la Constitucioacuten espantildeola de 1978 y desde alliacute a un importante nuacutemero de paiacuteses tanto de Europa Oriental como de Ameacuterica Latina Cp sobre el tema SAIZ ARNAIZ Alejandro La apertura constitucional al Derecho Internacional y Europeo de los Derechos Humanos El artiacuteculo 102 de la Constitucioacuten espantildeola Consejo General del Poder Judicial Madrid 1999 paacuteg 205 y sgtes


13



Con ella se expresa que la comprensioacuten de las disposiciones de la Constitucioacuten Europea

mediante la cual se reconocen derechos y libertades fundamentales ha de efectuarse conforme

a las normas y principios constitucionales reconocidos en las constituciones y normas

fundamentales de los Estados que pertenecen a la Unioacuten Europea pero tambieacuten bajo la forma

como ellas hayan sido interpretadas comuacutenmente por los tribunales nacionales particularmente

por los tribunales constitucionales alliacute donde eacutestos hayan sido establecidos11

Desde luego este paraacutemetro interpretativo no significa que por su virtud hayan quedado

recepcionados y protegidos todos los derechos fundamentales que se hayan reconocido en las

constituciones nacionales ni que aquellos que lo han sido en la Constitucioacuten Europea y se

encuentren tambieacuten reconocidos en las constituciones nacionales tengan que interpretarse en

la manera coacutemo eacutestos han sido comprendidos por los tribunales nacionales

Una determinacioacuten de sus alcances bajo cualesquiera de las posturas antes expresadas

significariacutea sacrificar el principio de primaciacutea del derecho comunitario Por ello es que ya desde

la Sentencia Internacional Handelsgesellschaft el Tribunal de Justicia de las Comunidades recordariacutea

que la alegacioacuten de violaciones de los derechos fundamentales tal como estaacuten formulados por

la Constitucioacuten de un Estado miembro o de los principios de una estructura constitucional

nacional no puede afectar a la validez de un acto de la Comunidad o a su efecto en el territorio

de dicho Estado12

Su sentido pues es otro Constituyendo un medio biuniacutevoco de relacioacuten interactuante entre

derecho comunitario y derecho nacional13 es decir un elemento retroalimentador entre las

declaraciones nacionales internacionales y comunitaria de derechos y libertades fundamentales

11 GUTIEacuteRREZ Moacutenica Fernaacutendez Control de Constitucionalidad y Principios de Primaciacutea en el Derecho Comunitario Europeo en Revista de Derecho V 12 Nuacutem 1 Valdivia (Chile) 2001 paacuteg 191 y sgtes 12 Cp esta sentencia en ALONSO GARCIacuteA Ricardo Las sentencias baacutesicas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas BOE-CEPC Madrid 2001 paacuteg 517 Uacuteltimamente en el auto del 2 de abril de 2004 expedido en el Caso Gonelli el Tribunal de primer grado de Luxemburgo reafirmariacutea que la Constitucioacuten de un Estado miembro no constituye un liacutemite a la aplicacioacuten del derecho comunitario 13 Cp BINDI Elana Tradizioni costituzionali comuni e valore del Trattato costituzionale europeo en Atti del Convenio Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali alla ricerca del nucleo duro delle Costituzionirdquo publicado en la siguiente paacutegina en internet httpwwwnewsuninaitdettagli_areajspID=1545 (revisado el 15 de junio de 2006) Ver asimismo ROLDAacuteN BARBERO J La interaccioacuten entre las normas internas e internacionales en el acervo juriacutedico europeo en Revista de Derecho Comunitario Europeo Nuacutem 13 Madrid 2002 p 677 y sgtes


14



con esta pauta interpretativa se ha de exigir a los tribunales de la Unioacuten que cuando tengan

que interpretar sus alcances y liacutemites lo hagan con sujecioacuten al comuacuten denominador del

patrimonio constitucional de todos los Estados miembros de la Unioacuten en esta materia

De ahiacute que las tradiciones constitucionales de los Estados que conforman la Unioacuten esteacute

compuesta por leyes fundamentales y jurisprudencia constitucional nacionales que son de

caraacutecter esencial y comuacuten para todos los Estados miembros de la Unioacuten Europea y no de

alguna disposicioacuten constitucional en particular Se trata por lo tanto del reconocimiento de un

conjunto de valores constitucionales comunes que subyacen a la cultura de los diferentes

estados que integran la Unioacuten Europea y que en su conjunto representan la identidad

constitucional del ordenamiento de la Unioacuten Europea

Como es obvio su empleo no ha de ser una tarea sencilla14 ni siquiera semejante a la que

mutatis mutandis suelen realizar los tribunales nacionales con los tratados sobre derechos

humanos Y es que a diferencia de los tratados internacionales circunscritos a los derechos

humanos que tienen una clara vocacioacuten de complementariedad de los sistemas nacionales de

proteccioacuten la (Constitucioacuten) se enmarca en un contexto el de la Unioacuten construido

conceptualmente en teacuterminos de autonomiacutea y con vocacioacuten integradora tendente a desplazar

en aras de la uniformidad a traveacutes del principio de supremaciacutea las disparidades de los Estados

miembros15

A lo que hay que agregar que el criterio de las tradiciones constitucionales comunes hace

referencia a un nuacutemero bastante amplio de recursos normativos nacionales de caraacutecter

constitucional que no siempre tienen por queacute coincidir por ejemplo con los alcances y liacutemites

que en un Estado miembro se haya dado a un derecho determinado De este modo los jueces

de los Estados miembros al encontrarse tambieacuten vinculados por la Constitucioacuten Europea y

tener por tanto el deber de aplicarla se encontraran con el problema que cada vez que lo hagan

14 Cp DE VERGOTINI Giusseppe Tradizioni costituzionali comuni e Costituzione europea en httpwwwforumcostituzionaleit site indexphpoption=contentamptask=viewampid=135 (consultado el 9 de junio de 2006) 15 ALONSO GARCIacuteA Ricardo El triple marco de proteccioacuten de los derechos fundamentales en la Unioacuten Europea en Cuadernos de Derecho Puacuteblico Nuacutem 13 Madrid 2001 paacuteg 35


15



con una claacuteusula que reconoce un derecho fundamental de orden comunitario ademaacutes de

tener que basarse en la jurisprudencia de los tribunales de la Unioacuten tendraacute que tomar en

consideracioacuten tambieacuten a elementos normativos exoacutegenos (nacionales) resultantes de esas

tradiciones constitucionales comunes

Sea como fuere y maacutes allaacute de los problemas que su instrumentalizacioacuten pueda generar

mediante este nuevo criterio de interpretacioacuten de los derechos fundamentales la determinacioacuten

de la esfera material de cada uno de ellos habraacute de culminar en un futuro tal vez no muy

lejano en la creacioacuten de un ius publicum europeum en materia de derechos y libertades esenciales

IV EPIacuteLOGO

La cuestioacuten que una praacutectica a punto de institucionalizarse en la Unioacuten Europea propone a

los paiacuteses de los Estados desintegrados de la Regioacuten americana es iquestseraacute posible que en

nuestro Continente podamos alguna vez hablar de la existencia de una tradicioacuten constitucional

comuacuten en materia de derechos fundamentales

A lo mejor su implementacioacuten la podamos percibir sin necesidad de pasar por un proceso

de integracioacuten econoacutemica y poliacutetica en los mismos teacuterminos con que viene efectuaacutendose en el

viejo Continente Tal vez ese derecho constitucional comuacuten en materia de derechos

fundamentales se encuentre en pleno proceso de formacioacuten Soacutelo que en la Ameacuterica latina en

vez de apostarse por una construccioacuten regional y quizaacute hasta inconscientemente se esteacute

formando los geacutermenes de un ius publicum universale en materia de derechos fundamentales

En efecto cada vez es maacutes frecuente que en el aacutembito de la jurisprudencia de los tribunales

constitucionales de algunos paiacuteses de esta Regioacuten se observe la recepcioacuten de la jurisprudencia

constitucional de los tribunales maacutes importantes de Europa (Espantildea Alemania Italia etc)

Pero no soacutelo se trata de un diaacutelogo entre tribunales constitucionales en materia de derechos

fundamentales pues eacuteste tambieacuten se ha hecho extensivo al que emana de los diversos oacuterganos

internacionales de proteccioacuten de derechos humanos (como la del Tribunal Europeo de


16



Derechos Humanos sin que eacutesta sea vinculante o la del Comiteacute de Derechos Humanos de la

ONU por poner 2 ejemplos)

Al mismo tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos si bien no ha entrado en

un diaacutelogo abierto y sincero con los tribunales nacionales de Ameacuterica Latina sin embargo por

medio de su jurisprudencia ha introducido criterios y pautas de interpretacioacuten del sistema

europeo de derechos humanos y sin duda alguna del sistema universal de proteccioacuten de los

mismos En suma pues se observa la creacioacuten de un corpus iuris de los derechos fundamentales

que tiene por fuente no una concepcioacuten de los derechos fundamentales sino la idea del

hombre

BIBLIOGRAFIacuteA

LIBROS Y PUBLICACIONES PERIOacuteDICAS

AMEZUA AMEZUA Luis Carlos Los derechos fundamentales en la Unioacuten

Europea en Revista de Derecho Valdivia (Chile) 2004 vol16

ALONSO GARCIacuteA Ricardo Las sentencias baacutesicas del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas BOE-CEPC Madrid 2001

ALONSO GARCIacuteA Ricardo El triple marco de proteccioacuten de los derechos

fundamentales en la Unioacuten Europea en Cuadernos de Derecho Puacuteblico Nuacutem 13 Madrid

2001

BINDI Elena Tradizioni costituzionali comuni e valore del Trattato costituzionale

europeo en Atti del Convenio Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali

alla ricerca del nucleo duro delle Costituzionirdquo


17



CAacuteMARA VILLAR Gregorio Los derechos fundamentales en el proceso histoacuterico de

construccioacuten de la Unioacuten Europea y su valor en el Tratado Constitucional en Revista

de Derecho Constitucional Europeo Nuacutem 4 Granada 2005

CAZZOLINO Luigi Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della

Corte di Giustizia delle Comunitagrave europee en Falzea Spadaro y Ventura (a cura di)

La Corte costituzionale e le Corti dEuropa Giappichelli editore Torino 2003

DIEZ-PICAZO Luis Mariacutea iquestQueacute diferencia hay entre un tratado y una

Constitucioacuten en Cuadernos de Derecho Puacuteblico Nuacutem 13 Madrid 2001

FERNAacuteNDEZ GUTIEacuteRREZ Moacutenica Control de Constitucionalidad y Principios

de Primaciacutea en el Derecho Comunitario Europeo en Revista de Derecho V 12 Nuacutem 1

Valdivia (Chile) 2001

FREIXES SANJUAacuteN Teresa Derechos fundamentales en la Unioacuten Europea

Evolucioacuten y perspectiva la construccioacuten de un espacio juriacutedico europeo de los

derechos fundamentales en la misma Revista Nuacutem 4

PEacuteREZ TREMPS Pablo La Constitucioacuten espantildeola ante la Constitucioacuten Europea

en E Albertiacute y E Roig (Coordinadores) El Proyecto de nueva Constitucioacuten Europea Balance

de los trabajos de la Convencioacuten sobre el futuro de Europa Tirant lo Blanch Valencia 2004

PIZZORUSSO Alessandro Costituzionalismo ed Unione Europea consultable en

la siguiente paacutegina web httpwww salvadoreduar vridiiefgspizzorussoPDF

ROLLA Giancarlo Teacutecnicas de codificacioacuten y claacuteusulas de interpretacioacuten de los

derechos fundamentales Algunas consideraciones a propoacutesito de la Carta de los

Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea en Revista de Derecho Constitucional

Europeo Nuacutem 4 Granada 2005


18



ROLDAacuteN BARBERO J La interaccioacuten entre las normas internas e internacionales

en el acervo juriacutedico europeo en Revista de Derecho Comunitario Europeo Nuacutem 13

Madrid 2002

RUBIO LLORENTE Francisco El constitucionalismo de los Estados integrados de

Europa en Revista Espantildeola de Derecho Constitucional Nuacutem 48 Madrid 1996

SAIZ ARNAIZ Alejandro Constitucioacuten y derechos la Carta `retocadaacute el Convenio

Europeo de Derechos Humanos y la Parte II del Proyecto de Tratado en E Albertiacute y

E Roig (Coordinadores) El Proyecto de nueva Constitucioacuten Europea Balance de los trabajos de

la Convencioacuten sobre el futuro de Europa Tirant lo Blanch Valencia 2004

SAIZ ARNAIZ Alejandro La apertura constitucional al Derecho Internacional y Europeo de los

Derechos Humanos El artiacuteculo 102 de la Constitucioacuten espantildeola Consejo General del Poder

Judicial Madrid 1999

ORTIZ BAAMONDE Santiago El Tribunal Constitucional ante el Derecho

comunitario en Revista Espantildeola de Derecho Constitucional Nuacutem 61 Madrid 2001

Acerca de la responsabilidad internacional de los estados en el marco de la jurisprudencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos

Oscar Pazo Pineda

19



ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS

EN EL MARCO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

OSCAR PAZO PINEDA



Martin de Porres Abogado en el Gabinete de Asesores

Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional

I INTRODUCCIOacuteN-II CONDICIONES PRELIMINARES-III REFLEXIONES RESPECTO AL

PAPEL QUE DEBEN DESEMPENtildeAR LOS ESTADOS FRENTE A LA CONVENCIOacuteN AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS-IV ORIGEN Y EXIGIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD

INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS-V

MECANISMOS DE REPARACIOacuteN FRENTE A LA REALIZACIOacuteN DE ILIacuteCITOS

INTERNACIONALES-VI A MODO DE CONCLUSIOacuteN

I INTRODUCCIOacuteN

El presente trabajo1 tiene como objetivo general presentar una visioacuten respecto a un

concepto muy pocas veces delimitado con precisioacuten y frialdad la responsabilidad internacional

de los Estados por violaciones a los Derechos Humanos Ha sido un mal frecuente en nuestras

sociedades la excesiva influencia del poder poliacutetico y econoacutemico en la resolucioacuten de conflictos

por lo que muchas veces la decisioacuten en torno a un caso concreto (ya sea el Poder Legislativo

1 Es oportuna la ocasioacuten para expresar mis maacutes sinceros sentimientos de agradecimiento a personas sin las cuales no hubiera encontrado en la materia de los Derechos Humanos una opcioacuten de desarrollo para nuestro paiacutes la Doctora Mariacutea Soledad Peacuterez Tello el Doctor Alex Carranza Reyes y el Doctor Miguel Aacutengel Soria Fuerte maestros y amigos sin los cuales no hubiera sido posible la realizacioacuten del presente artiacuteculo



Oscar Pazo Pineda

20



Ejecutivo o Judicial) no se realiza por un anaacutelisis racional del operador juriacutedico apegado a los

principios que sustentan al Estado Constitucional de Derecho sino la mayoriacutea de las veces

por un frio caacutelculo de intereses que toma como fundamento una opcioacuten poliacutetica no siempre

garantizadora del desarrollo de la comunidad ni mucho menos de cada ser humano como ente

individual

En el marco de este objetivo general se referiraacute el presente trabajo a ciertos objetivos

especiacuteficos muy ligados a la temaacutetica que nos ocupa Asiacute frente al problema que siempre ha

significado el delimitar los supuestos de atribucioacuten de responsabilidad a los Estados se

presentaraacuten ciertos mecanismos de reparacioacuten que pueden adoptar los mismos frente a la

realizacioacuten de un iliacutecito internacional para lo cual serviraacute el saber identificar cuando nos

encontramos frente al origen de la responsabilidad de los Estados y cuando a la exigibilidad de

la misma frente a los organismos internacionales diferencia trascendental para la actuacioacuten de

los oacuterganos del Sistema Interamericano de Proteccioacuten de los Derechos Humanos cuales son la

Comisioacuten Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) y la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)

II CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Para entender el funcionamiento y los principios que edifican el Sistema Interamericano de

Derechos Humanos (en adelante SIDH) es preciso entender ciertas pautas o reglas de juego

Constituye un tema ampliamente abordado el referido al fundamento filosoacutefico de la aparicioacuten

del moderno concepto de Estado Asiacute fue que se consideroacute que el rol fundamental que tendriacutea

que desempentildear el Estado frente a los seres humanos seriacutea el de garantizar cada uno de sus

derechos frente a atentados que pudiesen sufrir maacutes aun cuando este ente fue concebido

como algo necesario frente al inminente peligro que podriacutea ocasionar la excesiva libertad del

ser humano Fue pues una imperiosa necesidad un arreglo de personas que dispuestas a

ceder un ligero aacutembito de su libertad necesitaban de reglas claras y precisas que delimitaran el

aacutembito de lo permitido El orden era el tema del diacutea frente a un posible libertinaje



Oscar Pazo Pineda

21



Este concepto del Estado como ente uacuteltimo de proteccioacuten de los Derechos Humanos ha

cedido terreno En efecto las conflagraciones mundiales del siglo XX demostraron a la

comunidad internacional que el Estado no necesariamente debe ser el guardiaacuten final de estos

vienen bienes inherentes al hombre o que el respeto de la ley interna implicaba como

consecuencia garantiacuteas de proteccioacuten toda vez que la peor violencia frente a los derechos

humanos partioacute del mismo Estado ya fuera por leyes que facilitaban la impunidad oacuterdenes del

ejecutivo que la propiciaban o razonamientos juriacutedicos a nivel judicial que la apantildeaban Es a

partir de este contexto que debemos entender las reglas del funcionamiento del SIDH

Por lo anteriormente sentildealado una primera regla que debe precisarse es que el SIDH actuacutea

soacutelo frente a determinados comportamientos del Estado Si bien es cierto el contexto de

violaciones a los derechos fundamentales por parte del Estado deslegitimaban su rol de ente

guardiaacuten no menos cierto es que no es posible privar al Estado de su facultad de reparar en el

orden interno sus propias falencias intentando de esta manera reenfocar sus poliacuteticas hacia

nuevos rumbos En este sentido es que se ha entendido que el SIDH soacutelo actuacutea cuando a nivel

interno las violaciones se mantienen en impunidad dejaacutendose mostrar por parte del Estado

una reticencia a respetar los derechos del ser humano Por ello se ha entendido que su

naturaleza es subsidiaria o complementaria de la justicia a nivel interno es decir ldquola Comisioacuten

[o la Corte] no puede[n] revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actuacuteen en

la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantiacuteas judiciales a menos que considere la

posibilidad de que se haya cometido una violacioacuten de la Convencioacuten [Americana sobre Derechos

Humanos]rdquo2 En otras palabras soacutelo el incumplimiento de las obligaciones internacionales de un

Estado parte de la Convencioacuten legitiman la intervencioacuten del Sistema Interamericano

Como segunda regla se debe entender que la Convencioacuten Americana (al igual que los

demaacutes instrumentos de proteccioacuten de los derechos humanos) es un instrumento de orden

puacuteblico internacional Y esto no soacutelo por el rol fundamental que posee para el funcionamiento

2 CIDH Informe de Inadmisibilidad Ndeg 8707 Luis de Jesuacutes Viacutector Maldonado Manzanilla contra Mexico 17 de octubre de 2007 parr 56 e Informe de Inadmisibilidad Ndeg 3996 Santiago Marzioni contra Argentina 15 de octubre de 1996 parr 48



Oscar Pazo Pineda

22



de los oacuterganos del SIDH sino ademaacutes porque debe entenderse que tratados como este ldquono

son tratados multilaterales de tipo tradicional concluidos en funcioacuten de un intercambio

reciproco de derechos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes Su objetivo es la

proteccioacuten de los derechos fundamentales de los seres humanos independientemente de su

nacionalidad tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes Al

aprobar estos Tratados sobre Derechos Humanos los Estados se someten a un orden legal

dentro del cual ellos por el bien comuacuten asumen varias obligaciones no en relacioacuten con otros

Estados sino hacia el individuo bajo su jurisdiccioacutenrdquo3 Asiacute pues el SIDH se asienta sobre la

base que los Estados se encuentran permanentemente obligados frente a todo individuo y que

la proteccioacuten que deben se extiende a todo individuo sin miramiento alguno de raza

condicioacuten social nacionalidad etc Por regla general antes que a sus respectivos

ordenamientos juriacutedicos (incluida la Constitucioacuten) los Estados se han sujetado por eleccioacuten

propia al mandato de la Convencioacuten Americana instrumento a partir del cual se analiza si han

cumplido o no sus obligaciones internacionales

Una tercera regla a considerar es que los Estados pueden ser responsables

internacionalmente independientemente de que un caso contencioso ante el SIDH tenga lugar

durante un gobierno de un Estado parte de la Convencioacuten que no haya llevado a cabo una

poliacutetica sistemaacutetica de violaciones a los derechos humanos la cual ha sido probada como

realizada por otro gobierno de turno Las obligaciones internacionales en materia de

proteccioacuten de los derechos humanos persiguen al Estado maacutes no al gobierno Es decir poco

importa queacute partido poliacutetico o que institucioacuten ha sido la responsable lo trascendental es que el

Estado es el responsable por ser el ente que las comprende ya que responde por los actos u

omisiones de cada uno de sus funcionarios independientemente del programa poliacutetico existente

dentro del Estado en cuestioacuten En este sentido ldquo[s]eguacuten el principio de Derecho Internacional

de la identidad o continuidad del Estado la responsabilidad subsiste con independencia de los

cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y concretamente entre el momento en que

se comete el hecho iliacutecito que genera la responsabilidad y aqueacutel en que ella es declarada Lo

3 Corte IDH El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Opinioacuten Consultiva OC-282 del 24 de septiembre de 1982 Serie A No 2 parr 29



Oscar Pazo Pineda

23



anterior es vaacutelido tambieacuten en el campo de los derechos humanos aunque desde un punto de

vista eacutetico o poliacutetico la actitud del nuevo gobierno sea mucho maacutes respetuosa de esos

derechos que la que teniacutea el gobierno en la eacutepoca en la que las violaciones se produjeronrdquo4

Finalmente como cuarta regla se debe entender que los oacuterganos del SIDH no son Cortes o

Tribunales de naturaleza penal o de otra iacutendole que busquen responsables en el orden interno

de un Estado y por tanto el procedimiento ante dichos organismos es muy distinto al que se

ventila a nivel nacional Como ha sostenido la Corte IDH ldquola proteccioacuten internacional de los

derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal Los Estados no comparecen

ante la Corte como sujetos de accioacuten penal El Derecho internacional de los derechos

humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones sino

amparar a las viacutectimas y disponer la reparacioacuten de los dantildeos que les hayan sido causados por

los Estados responsables de tales accionesrdquo5 Consecuencia de lo anterior las reglas de juego

durante el proceso a nivel interno son muy distintas frente a las del SIDH En efecto ldquo[a]

diferencia del Derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos

la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar

pruebas que en muchos casos no pueden obtenerse sin la cooperacioacuten del Estadordquo6

Se ha intentado rescatar algunas nociones baacutesicas del funcionamiento del sistema

interamericano para una mejor comprensioacuten del presente artiacuteculo Es imperativo tener en

cuenta que si ha nacido este sistema de proteccioacuten internacional es para velar por las viacutectimas

antes que todo Si dentro de un Estado no se ha podido determinar responsables por

violaciones a los derechos humanos (existiendo de esta manera no solo impunidad sino un

frustrante correlato de indignacioacuten para la misma viacutectima o sus familiares) debe existir un

mecanismo que permita reparar aunque sea en parte los dantildeos ocasionados Por ello no es

funcioacuten de los organismos del SIDH encontrar responsables penales sino de manera

primordial velar por una adecuada reparacioacuten a las viacutectimas que permitan edificar una

4 Corte IDH Caso Velaacutesquez Rodriacuteguez Vs Honduras Fondo Sentencia de 29 de julio de 1988 Serie C No 4 parr 184 5 Iacutedem parr 134 6 Iacutedem parr 135



Oscar Pazo Pineda

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sensacioacuten de justicia Contrario a lo que se pueda creer el SIDH no termina deslegitimando el

funcionamiento del aparato estatal siendo que incluso llega a apoyarlo mostrando alternativas

que en un futuro puedan servir a los Estados frente al cumplimiento de sus obligaciones de

respeto y garantiacutea a los Derechos Humanos

En tal sentido el apoyo que los Estados puedan dar al labor de los mecanismos

internacionales de salvaguardia de los derechos humanos termina creando en los seres

humanos una sensacioacuten de proteccioacuten por parte del mismo Estado ya que siempre tendraacuten en

cuenta que si por alguacuten motivo no encuentran justicia a nivel interno podraacute formular su

peticioacuten ante organismos internacionales de derechos humanos que podraacuten darle acogida

III REFLEXIONES RESPECTO AL PAPEL QUE DEBEN DESEMPENtildeAR LOS ESTADOS FRENTE A

LA CONVENCIOacuteN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Precisadas las reglas que sigue el funcionamiento del sistema interamericano es preciso

esbozar algunas reflexiones respecto al rol que debe desempentildear el Estado como garante de los

derechos de todo individuo sujeto a su jurisdiccioacuten Por ello creemos conveniente hacer

referencia a tres puntos concretos a) la obligacioacuten que tienen los Estados de respetar los

derechos humanos b) la obligacioacuten de garantizar el goce y ejercicio de estos mismos derechos

y finalmente c) el deber de adoptar disposiciones de derecho interno Entender las

obligaciones internacionales que tienen los Estados en el marco de la Convencioacuten permitiraacute

saber en queacute supuestos se origina su responsabilidad internacional por el incumplimiento de

este instrumento internacional

1 LA OBLIGACIOacuteN DE RESPETO

Debido al contexto de criacutemenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos

humanos perpetrados desde la misma maquinaria estatal a lo largo del siglo XX era maacutes que

obvio que la primera conducta que se les exigiriacutea a los Estados seriacutea la de abstenerse de realizar

dichas violaciones De este modo el desarrollo del hombre uacutenicamente tendriacutea sentido en



Oscar Pazo Pineda

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tanto que el Estado no interfiriera en el aacutembito de su libertad y en su correlato econoacutemico el

desarrollo de la sociedad y del mercado soacutelo tendriacutea cabida si es que el Estado no realizaba

ninguna actividad Paralelamente a lo largo de su Jurisprudencia la Corte IDH se ha referido a

esta obligacioacuten que tienen los Estados en virtud del artiacuteculo 11 de la Convencioacuten y ha

sentildealado que esta consiste en un deber negativo por parte del aparato estatal ya que ldquo[e]l

ejercicio de la funcioacuten puacuteblica tiene unos liacutemites que derivan de que los derechos humanos son

atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia superiores al poder del Estadordquo7

Esta posicioacuten de la Corte como ha sostenido Joseacute Carlos Remotti parece fundamentar la

obligacioacuten de los Estados de respetar los derechos a partir de criterios jusnaturales8 por cuanto

considera que los derechos son atributos inherentes a la dignidad humana y por consiguiente

anteriores al Estado mismo9

Es en este punto donde surge naturalmente la pregunta respecto al liacutemite de la intervencioacuten

de los Estados para salvaguardar el orden puacuteblico la moral o las buenas costumbres Existen

situaciones en las que resulta imperativa la interferencia del Estado en el goce o ejercicio de los

Derechos Humanos Sin dicha limitacioacuten la convivencia seriacutea acaso imposible cuando no

atacada por la anarquiacutea al no haber sujecioacuten alguna de los particulares a determinadas

obligaciones provenientes no soacutelo del sentido comuacuten o de la moral sino fundamentalmente de

un orden juriacutedico preestablecido que otorgue seguridad juriacutedica a las personas que se sometan

a eacutel Como ha sido sentildealado no toda intervencioacuten es lesiva o contraria a los derechos

fundamentales del ser humano de ahiacute que las intervenciones provenientes del ejercicio de los

mismos puedan ser legiacutetimas o ilegiacutetimas siendo que en el primer caso no se lesiona el derecho

fundamental en cuestioacuten mientras que en el segundo la intervencioacuten siacute terminariacutea

lesionaacutendolo10 En este sentido existen ldquoesferas individuales que el Estado no puede vulnerar o

7 Corte IDH Caso Godiacutenez Cruz Vs Honduras Fondo Sentencia de 20 de enero de 1989 Serie C No 5 parr 174 8 Se suele diferenciar 9 Cp REMOTTI Joseacute Carlos La Corte Interamericana de Derechos Humanos Estructura funcionamiento y jurisprudencia Lima Editorial IDEMSA 2004 paacuteg 43 10 Cp MENDOZA Mijail Conflictos entre derechos fundamentales Lima Palestra Editores 2007 paacuteg 69



Oscar Pazo Pineda

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en las que soacutelo puede penetrar limitadamente Asiacute en la proteccioacuten a los derechos humanos

estaacute necesariamente comprendida la nocioacuten de la restriccioacuten al ejercicio del poder estatalrdquo11

Por ello el deber de respeto que tienen los Estados se encuentra iacutentimamente ligado a esta

uacuteltima afirmacioacuten en el entendido que los actos u omisiones de sus funcionarios puacuteblicos ya se

encuentran prima facie limitados y soacutelo obtienen legitimidad para restringirlos conforme a leyes

que se dictaren por razones de intereacutes general y para el propoacutesito para el cual fueron

establecidas dichas restricciones12 Por intereacutes general se entiende que las restricciones son

adoptadas en funcioacuten del bien comuacuten es decir el mejoramiento de las condiciones de vida que

permitan alcanzar un mayor grado de desarrollo personal13 El propoacutesito para el cual han sido

establecidas las restricciones requiere necesariamente que exista racionalidad y

proporcionalidad entre las medidas que se adopten y la finalidad que se persigue

2 LA OBLIGACIOacuteN DE GARANTIacuteA

La otra obligacioacuten que emana en virtud del artiacuteculo 11 de la Convencioacuten es la obligacioacuten de

garantiacutea Pasado cierto tiempo desde las guerras mundiales se consideroacute pertinente hacerse la

pregunta respecto a si el rol que debiacutea desempentildear el Estado frente a la sociedad era

uacutenicamente de caraacutecter negativo es decir abstenerse de realizar actos que configurasen

violaciones a los derechos humanos o si por el contrario teniacutea tambieacuten obligaciones de realizar

determinadas conductas para el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos

Prevalecioacute esta segunda posicioacuten En efecto no basta que los funcionarios se abstengan de

realizar violaciones a los derechos humanos (maacutes aun cuando es plenamente factible que

particulares tambieacuten las realicen) ya que si el Estado permanece inactivo frente a ellas es

praacutecticamente un encubridor de las mismas Proteger derechos humanos no significa solo no

11 Corte IDH La Expresioacuten Leyes en el Artiacuteculo 30 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Opinioacuten Consultiva OC-686 del 9 de mayo de 1986 Serie A No 6 parr 21 12 Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos art 30 13 Corte IDH La Expresioacuten Leyes en el Artiacuteculo 30 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos supra nota 11 parr 31



Oscar Pazo Pineda

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realizar violaciones sino ademaacutes no permitir que las mismas se realicen ya que tambieacuten los

Estados estaacuten obligados a garantizas la plena vigencia de los derechos humanos Por ello

ldquo[c]omo consecuencia de dicho deber de garantiacutea surgen obligaciones que recaen sobre el

Estado a fin de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la

Convencioacuten a toda persona sujeta a su jurisdiccioacutenrdquo14 Esta uacuteltima afirmacioacuten resulta relevante

por cuanto el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados no es exigible

solamente por sus nacionales ya que los principios de universalidad y no discriminacioacuten exigen

que los Estados respeten y garanticen los derechos humanos de todos los individuos sujetos a

su jurisdiccioacuten sin distinciones o miramientos por motivos de sexo raza religioacuten nacionalidad

entre otros

Ahora bien esta obligacioacuten de garantiacutea se manifiesta en distintos aacutembitos Como ha sido

mencionado personas ajenas al aparato estatal tambieacuten pueden cometer violaciones a los

derechos humanos Por ello de darse esta situacioacuten el Estado debe adoptar todas las medidas

legales posibles a su alcance para permitir el goce o el ejercicio de cualquier derecho humano

En esta misma liacutenea de ideas como efecto de la obligacioacuten de garantiacutea ldquolos Estados deben

prevenir investigar y sancionar toda violacioacuten de los derechos reconocidos por la Convencioacuten

y procurar ademaacutes el restablecimiento si es posible del derecho conculcado y en su caso la

reparacioacuten de los dantildeos producidos por la violacioacuten de los derechos humanosrdquo15 Resta

formularse la pregunta respecto a que si es necesario en todos los casos obtener un resultado

producto de las diligencias para que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales Es

decir iquestacaso el Estado en todos los supuestos debe responder internacionalmente si es que

no se ha podido investigar enjuiciar o sancionar a los responsables de perpetrar violaciones a

los derechos humanos La Corte Interamericana ha sido contundente al respecto sosteniendo

14 Corte IDH Caso Garciacutea Prieto y otros Vs El Salvador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de noviembre de 2007 Serie C No 168 parr 98 Caso de la Masacre de la Rochela Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163 paacuterr 67 y Caso Zambrano Veacutelez y otros Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 4 de julio de 2007 Serie C No 166 paacuterr 114 15 Corte IDH Caso Velaacutesquez Rodriacuteguez Vs Honduras supra nota 4 parr 166



Oscar Pazo Pineda

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que el deber de investigar es de medios y no de resultados pero debe ser asumida de manera

seria por los Estados sin que exista una predeterminacioacuten al fracaso16

Es por todo esto que las investigaciones que son simple formalidades los procesos

aparentes o las sanciones simboacutelicas no constituyen bajo ninguacuten paraacutemetro una causal para

que el Estado aduzca que ha cumplido de buena fe17 con sus compromisos en virtud de la

Convencioacuten Americana Garantizar significa en pocas palabras prevenir de manera eficaz en

tanto los medios legales y los recursos lo permitan investigar seriamente sancionar con

responsabilidad y a traveacutes de un debido proceso y finalmente realizar lo necesario para que las

violaciones no se vuelvan a perpetrar reparando a las viacutectimas por el dantildeo que han recibido

maacutes aun cuando es quizaacutes el ente que cuente con los recursos maacutes aptos para tan trascendental

tarea

3 DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DERECHO INTERNO

Finalmente la tercera obligacioacuten de los Estados considerada en la Jurisprudencia de la Corte

Interamericana es la relativa a adoptar disposiciones de derecho interno deber consagrado en

el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten

Si bien el texto convencional sentildeala que los Estados se encuentran en el deber de adoptar las

disposiciones de derecho interno necesarias no debe entenderse uacutenicamente como un deber

de realizar un acto Es auacuten maacutes importante que los Estados adecuen su normativa para el

debido cumplimiento de la Convencioacuten y ello importa no solo adaptar su ordenamiento

juriacutedico sino ademaacutes suprimir las normas que obstaculicen dicho cumplimiento En este orden

de ideas la Corte ha sostenido que ldquotal adecuacioacuten implica la adopcioacuten de medidas en dos

16 Cp Corte IDH Caso Escher y otros Vs Brasil Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 6 de julio de 2009 Serie C No 199 parr 195 Caso Kawas Fernaacutendez Vs Honduras Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No 196 parr 101 y Caso Tristaacuten Donoso Vs Panamaacute Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No 193 parr 146 17 Seguacuten los artiacuteculos 26 y 31 de la Convencioacuten de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 los Estados deben cumplir de buena los Tratados que ratifican constituyendo ademaacutes el citado principio una regla de interpretacioacuten de los mismos



Oscar Pazo Pineda

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vertientes a saber i) la supresioacuten de las normas y praacutecticas de cualquier naturaleza que

entrantildeen violacioacuten a las garantiacuteas previstas en la Convencioacuten o que desconozcan los derechos

alliacute reconocidos u obstaculicen su ejercicio y ii) la expedicioacuten de normas y el desarrollo de

praacutecticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantiacuteasrdquo18

Ahora bien iquestesta obligacioacuten de adecuacioacuten de normativa proviene uacutenicamente del artiacuteculo 2

de la Convencioacuten Americana Creemos que no ya que por sus propios oriacutegenes y naturaleza

el Derecho Internacional y el Derecho Interno si bien se encuentran en constante interaccioacuten

poseen fuentes y reglamentaciones distintas Es decir esta obligacioacuten seriacutea incluso exigible pese

a no existir el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten toda vez que la loacutegica y la estructura del Derecho

Internacional impondriacutean el citado deber De esta manera ldquoesa reglamentacioacuten y regulacioacuten

(del derecho internacional) se traduce en normas juriacutedicas internacionales que se crean a traveacutes

de las fuentes propias del derecho internacionalrdquo19

Aunado a lo anterior se ha sentildealado que ldquouna norma consuetudinaria prescribe que un

Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las

modificaciones necesarias para asegurar la ejecucioacuten de las obligaciones asumidasrdquo20 En efecto

al momento de celebrar un Tratado los Estados no pueden invocar sus dispositivos de

derecho interno para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales21 Simplemente

careceriacutea de sentido que una vez celebrado un Tratado entre sujetos de derecho internacional

alguno de ellos se niegue al cumplimiento de sus dispositivos amparaacutendose en su propia

18 Corte IDH Caso Heliodoro Portugal Vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No 186 parr 180 Caso Castillo Petruzzi y otros Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C No 52 paacuterr 207 Caso Almonacid Arellano y otros Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No 154 paacuterr 118 y Caso Salvador Chiriboga Excepcioacuten Preliminar y Fondo Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No 179 paacuterr 122 19 PAGLIARI Arturo ldquoEl Derecho Internacional Puacuteblico Funciones Fuente Cumplimiento y la Voluntad de los Estadosrdquo Anuario Mexicano de Derecho Internacional Meacutexico DF vol IV 2004 paacuteg 459 20 Corte IDH Caso Ticona Estrada y otros Vs Bolivia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de noviembre de 2008 Serie C No 191 parr 101 Caso Heliodoro Portugal Vs Panamaacute supra nota 18 paacuterr 179 Caso Castantildeeda Gutman Vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C No 184 paacuterr 132 y Caso Garrido y Baigorria Vs Argentina Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de agosto de 1998 Serie C No 39 paacuterr 68 21 Convencioacuten de Viena sobre el Derecho de los Tratados articulo 27



Oscar Pazo Pineda

30



legislacioacuten la cual ha emitido de manera unilateral y sin consulta con el otro sujeto de derecho

internacional en cuestioacuten (ya sea un Estado o un Organismo Internacional)

Desde nuestro punto de vista no era necesario establecer una obligacioacuten como la que

consagra el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten toda vez que el contenido del mismo ya se encuentra

a nuestro entender subsumida en la obligacioacuten de garantiacutea contenida en el artiacuteculo 11 Prueba

de ello es que la Corte ha entendido que el deber de garantiacutea importa ldquoorganizar el poder

puacuteblico para garantizar a las personas (hellip) el libre y pleno ejercicio de los derechos

humanosrdquo22 Es decir ldquotomar las medidas necesarias para remover los obstaacuteculos que puedan

existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convencioacuten

reconocerdquo23 De estos pronunciamientos constantes de la Corte es que podemos colegir que

esta obligacioacuten importa que todo el poder puacuteblico (tanto el Poder Ejecutivo Legislativo como

Judicial) se someta al mandato de la Convencioacuten para salvaguardar los derechos de los

individuos sujetos a su jurisdiccioacuten De esta manera organizar el poder puacuteblico implica

necesariamente que estos oacuterganos adopten las medidas convenientes para tal lograr tal

finalidad ya no soacutelo abstenieacutendose de realizar conductas lesivas sino ademaacutes obrando de

manera activa para garantizar a traveacutes de la adopcioacuten de normas o medidas pertinentes unas

mejores condiciones de vida Ademaacutes cuando la Corte menciona que se deben remover los

obstaacuteculos que impidan el goce o ejercicio de los derechos humanos entendemos que se

refiere a la obligacioacuten que ha sido considerada inserta en el artiacuteculo 2 de suprimir las normas

de derecho interno que impidan dicho beneficio

IV ORIGEN Y EXIGIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS

POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

22 Corte IDH Caso de la ldquoPanel Blancardquo (Paniagua Morales y otros) Vs Guatemala Fondo Sentencia de 8 de marzo de 1998 Serie C No 37 parr 174 Caso Baacutemaca Velaacutesquez Vs Guatemala Fondo Sentencia de 25 de noviembre de 2000 Serie C No 70 parr 210 y Caso Caballero Delgado y Santana Sentencia de 8 de diciembre de 1995 Serie C No 22 paacuterrs 55 y 56 23 Corte IDH Caso Cantos Vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de Noviembre de 2002 Serie C No 97 parr 49



Oscar Pazo Pineda

31



Resulta evidente que una vez realizado un acto imputable al Estado se ha generado su

responsabilidad internacional al haber incumplido con alguno de los deberes estipulados en la

Convencioacuten Americana Sin embargo como se mencionoacute anteriormente no toda conducta del

Estado que haya vulnerado derechos humanos puede ser de conocimiento de los oacuterganos que

integran el SIDH Producto de la subsidiariedad y complementariedad del sistema debe

otorgaacutersele al Estado la posibilidad de reparar en el orden interno cualquier violacioacuten que haya

tenido lugar dentro de su jurisdiccioacuten

Una vez que se hayan configurado los actos u omisiones que generan la responsabilidad

internacional surge como consecuencia la obligacioacuten del Estado de reparar el dantildeo

ocasionado garantizando de esta manera no que la situacioacuten vuelva al estado anterior a la

violacioacuten (lo cual al menos en el plano faacutectico es sumamente difiacutecil y maacutes auacuten en un caso de

violacioacuten a los derechos humanos) sino que la persona que se ha visto perjudicada por los

actos u omisiones de los Estados obtenga los reparaciones que permitan alivianar el dolor

sufrido

Ahora bien si el Estado cumple con reparar oportunamente ante cualquier violacioacuten no

podraacute evitar que se genere su responsabilidad internacional pero siacute que la misma no pueda ser

exigida ante instancias internacionales En este sentido tanto la Corte como la Comisioacuten han

sostenido que la ldquoresponsabilidad internacional del Estado se genera de inmediato con el iliacutecito

internacional a eacutel atribuido aunque soacutelo puede ser exigida despueacutes de que el Estado haya

tenido la oportunidad de repararlo por sus propios medios24rdquo Si el Estado conociendo de una

situacioacuten vulneradora de los derechos recogidos en la Convencioacuten no adopta los mecanismos

de reparacioacuten adecuados incumple nuevamente con su deber de garantiacutea permitiendo que las

afectaciones que han tenido lugar terminen consumaacutendose

24 Corte IDH Caso de los Hermanos Goacutemez Paquiyauri Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 8 de julio de 2004 Serie C No 110 paacuterr 75 Ver ademaacutes CIDH Informe de Admisibilidad Ndeg 5508 Trabajadores Despedidos de la Empresa Nacional de Puertos SA (ENAPU) contra Peruacute 24 de julio de 2008 paacuterr 42



Oscar Pazo Pineda

32



Sin embargo este pronunciamiento de la Corte se refiere a nuestro entender solamente a

los casos en los cuales las violaciones a los derechos humanos hayan sido realizadas por

funcionarios puacuteblicos sea por accioacuten o por omisioacuten Antes de referirnos a este punto creemos

por conveniente referirnos a los supuestos de atribucioacuten de responsabilidad internacional a los

Estados por violaciones a los derechos humanos tal y como han sido recogidos por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos Tenemos asiacute a la i) responsabilidad por actos u

omisiones de los funcionarios puacuteblicos y a la ii) responsabilidad por actos de particulares Nos

referiremos brevemente a cada una de ellas

1 RESPONSABILIDAD POR ACTOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PUacuteBLICOS

Esta es la principal modalidad de atribucioacuten de responsabilidad en el Sistema

Interamericano asiacute como el maacutes utilizado en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana La

conducta que realice un funcionario puacuteblico no solo compromete a su persona sino tambieacuten al

Estado Como ha sido sentildealado esta atribucioacuten de responsabilidad en su origen es directa La

conducta iliacutecita atentatoria a los derechos humanos genera u origina la responsabilidad

internacional del Estado sin embargo solo es exigible ante los oacuterganos del SIDH si es que el

Estado ha incumplido con realizar las investigaciones y sanciones correspondientes - en el

liacutemite de sus posibilidades - y no haya reparado adecuadamente a las viacutectimas en el orden

interno por la realizacioacuten de dicha conducta lo que muestra una suerte de aquiescencia o

tolerancia del poder puacuteblico frente a su realizacioacuten y esto es fundamentalmente lo que

compromete su responsabilidad

Por ejemplo supongamos que se haya realizado un acto de tortura por parte de

funcionarios puacuteblicos dentro del territorio de un Estado Parte de la Convencioacuten Al ser una

conducta atentatoria a la integridad personal ya se originariacutea una violacioacuten del artiacuteculo 5 de la

CADH el cual reconoce este derecho Sin embargo el Estado dentro de un plazo razonable

cumple con imponer una pena proporcional al delito ocasionado a todos los responsables de la

realizacioacuten de este iliacutecito En este supuesto se ha originado la responsabilidad del Estado en

cuestioacuten (toda vez que ha realizado un acto contrario a lo estipulado en la CADH) pero no se



Oscar Pazo Pineda

33



puede exigir su responsabilidad a nivel interamericano en el entendido que los mismos

oacuterganos del poder puacuteblico (en este caso el Poder Judicial) han investigado y sancionado a los

responsables de este hecho cumpliendo de esta manera a su vez con otros preceptos de la

CADH ndashel articulo 11 en relacioacuten con el artiacuteculo 5- los que imponen el deber de investigar y

sancionar a los responsables de esta conducta

Sin embargo maacutes allaacute de la normativa internacional habriacutea que preguntarse queacute es lo que se

encuentra en el trasfondo de este caso Se puede evidenciar que independientemente del

cumplimiento de una de sus obligaciones internacionales la cual es investigar y sancionar a los

responsables de violaciones a los Derechos Humanos el Estado en este caso no estaacute

demostrando tolerancia o respaldo alguno a la tortura efectuada y muy por el contrario la

reprime de forma contundente En pocas palabras si bien un funcionario perteneciente al

poder puacuteblico ha realizado una conducta reprochable otro funcionario perteneciente al mismo

poder (y en representacioacuten del Estado) declara que ese acto que originoacute la responsabilidad

internacional del Estado no puede tolerarse restableciendo de esta manera la vigencia del

mandato que tiene el Estado de no cometer un acto lesivo a la integridad personal A ello se

debe antildeadir el argumento trascendental del rol que cumple la justicia a nivel interamericano ya

que esta solo puede activarse cuando en el orden interno no se haya ofrecido una debida

garantiacutea al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados siendo entonces

una justicia complementaria o coadyuvante de la ofrecida por los Estados

Es por ello que en este caso siacute puede ser utilizada la formula efectuada por la Corte en el

Caso de los Hermanos Goacutemez Paquiyauri en el que existe una separacioacuten entre origen y

exigibilidad de la responsabilidad internacional Estos dos aacutembitos son claramente

determinables en casos de actos u omisiones realizados por funcionarios puacuteblicos por cuanto

existe un primer acto de violacioacuten imputable al Estado y uno segundo que restablece la

vigencia de la obligacioacuten de respetar y garantizar los derechos que tienen los Estados Por un

lado se tiene un acto de un oacutergano del poder puacuteblico y por otro a un oacutergano del mismo poder

que se encarga de determinar ndasha nombre del Estado- que dentro de su jurisdiccioacuten estos actos

no tienen cabida ni tolerancia por parte del mismo



Oscar Pazo Pineda

34



Sin embargo como veremos a comunicacioacuten esta teoriacutea de la Corte Interamericana no es

aplicable en casos de responsabilidad imputable al Estado por actos de particulares en la que

se configura un supuesto distinto No obstante nos encargaremos de determinar en primer

lugar cuando se configura dicha responsabilidad para en un segundo momento determinar

porque no es aplicable la citada teoriacutea

2 RESPONSABILIDAD POR ACTOS U OMISIONES DE PARTICULARES

Dentro del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana esta se enfrentoacute con

el supuesto de que un acto de violacioacuten a los derechos humanos podiacutea ser cometido por

particulares Y desde sus primeros pronunciamiento sentildealo en teacuterminos geneacutericos que ldquoun

hecho iliacutecito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable

directamente a un Estado por ejemplo por ser obra de un particular o por no haberse

identificado al autor de la transgresioacuten puede acarrear la responsabilidad internacional del

Estado no por ese hecho en siacute mismo sino por falta de la debida diligencia para prevenir la

violacioacuten o para tratarla en los teacuterminos requeridos por la Convencioacutenrdquo25

De esta afirmacioacuten pareceriacutea sugerirse que el solo hecho que un particular realizara un acto

lesivo a los derechos humanos ya implicaba responsabilidad del Estado si es que no preveniacutea o

sancionaba adecuadamente a los responsables Que el Estado estuviese o no al tanto de los

pormenores de dicho acto dependiacutea de su exhaustiva diligencia al esclarecer este hecho Sin

embargo en un caso posterior la Corte al parecer determina un liacutemite en estos casos de

responsabilidad internacional En efecto ya no todos los actos de particulares que no hayan

sido adecuadamente previstos o sustanciados conforme a los mandatos de la Convencioacuten

implicaban responsabilidad del Estado ya que se consideroacute que ldquoes claro que un Estado no

puede ser responsable por cualquier violacioacuten de derechos humanos cometida entre

25 Corte IDH Condicioacuten Juriacutedica y Derechos de los Migrantes Indocumentados Opinioacuten Consultiva OC-1803 del 17 de septiembre de 2003 Serie A No 18 parr 141 y Caso Godiacutenez Cruz Vs Honduras supra nota 7 parrs 181 182 y 187



Oscar Pazo Pineda

35



particulares dentro de su jurisdiccioacuten En efecto el caraacutecter erga omnes de las obligaciones

convencionales de garantiacutea a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de

los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares pues sus deberes de adoptar

medidas de prevencioacuten y proteccioacuten de los particulares en sus relaciones entre siacute se encuentran

condicionados al conocimiento de una situacioacuten de riesgo real e inmediato para un individuo o

grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese

riesgordquo26 Ya no se trata entonces de no prevenir adecuadamente o no realizar investigaciones

diligentes sino ademaacutes de que el Estado conozca de un riesgo para el goce y ejercicio de los

derechos humanos

Se ha sentildealado y lo ha hecho la Corte tambieacuten que estos casos son de atribucioacuten de

responsabilidad internacional por actos de particulares Cabe cuestionar esta misma

denominacioacuten toda vez que en realidad ella no se origina por el acto de un particular sino por

la omisioacuten de un Estado en el cumplimiento de sus obligaciones El iliacutecito de caraacutecter

internacional no es producto del hecho realizado por el particular que ha cometido un delito

sino en la ausencia de una voluntad de persecucioacuten por parte del Estado por su realizacioacuten

Seguimos entonces frente al propio incumplimiento de los organismos del poder puacuteblico de

los preceptos consagrados en la Convencioacuten Americana Asiacute analizaremos un caso en

concreto para intentar delimitar en queacute momento se da dicha responsabilidad

Supongamos que en el contexto de un Estado determinado se han dado una serie de

criacutemenes entre ellos una gran cantidad de homicidios y se mantiene dentro de esta localidad

una situacioacuten permanente de impunidad por la conocida corrupcioacuten que ha invadido todas las

esferas del poder puacuteblico En este contexto un sentildeor es asesinado por particulares y cuando el

caso es sometido al Poder Judicial se dilatan todas las investigaciones pertinentes con la

26 Corte IDH Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de enero de 2006 Serie C No 140 parr 123 Ver ademaacutes TEDH Caso Opuz contra Turquia Sentencia de 9 de junio de 2009 Aplicacioacuten Ndeg 3340102 paacuterr 128 Caso Branko Tomasic contra Croacia Sentencia de 15 enero de 2009 Aplicacioacuten Ndeg 4659806 paacuterr 50 Caso of Dodov contra Bulgaria Sentencia de 17 de enero de 2008 Aplicacioacuten Ndeg 5954800 paacuterr 100 Caso Kiliccedil contra Turquia Sentencia de 28 de marzo de 2000 Aplicacioacuten No 2249293 paacuterrs 62 y 63 y Caso Osman contra Reino Unido Sentencia de 28 de octubre de 1998 Aplicacioacuten Ndeg 2345294 paacuterrs 115 y 116



Oscar Pazo Pineda

36



finalidad de que dicho delito prescriba Ante el excesivo tiempo transcurrido sin que se

resuelva la causa los familiares de la viacutectima deciden someter su caso a conocimiento de la

Comisioacuten Interamericana de Derechos Humanos alegando que pese al plazo transcurrido y el

conocimiento por parte del Estado del elevado nuacutemero de asesinatos en la localidad no se ha

emprendido investigacioacuten seria alguna con la finalidad de sancionar a los responsables Tras

examinar el caso la Comisioacuten concluye que el Estado en cuestioacuten viola los artiacuteculos 8 y 25 al

no permitirse un recurso efectivo a los familiares de la viacutectima y el articulo 4 por no garantizar

el derecho a la vida ya que el Estado teniacutea el conocimiento de estos criacutemenes y sin embargo

nunca emprendioacute diligencia seria alguna para su esclarecimiento

Asiacute las cosas iquesten queacute momento se ha originado la responsabilidad internacional del Estado

Evidentemente no se ha originado con la muerte de la viacutectima del caso citado por cuanto este

acto en siacute no es imputable al Estado y seguacuten lo establecido por la Corte Interamericana esta

surgiriacutea por la falta de garantiacutea por parte del Estado que se refleja en la falta de diligencia para

la investigacioacuten Es decir surgioacute desde que los oacuterganos judiciales no emprendieron con

seriedad la investigacioacuten para garantizar el derecho a la vida a traveacutes de una sancioacuten penal

proporcional al dantildeo causado Por ello el incumplimiento ha sido de los oacuterganos

jurisdiccionales por falta de garantiacutea al derecho a la vida (que se reflejoacute en la falta de

investigacioacuten y sancioacuten a los responsables y en la negacioacuten de un recurso efectivo para

esclarecer este hecho) pero no por el acto de homicidio practicado por el particular

En este caso se refleja que origen y exigibilidad de la responsabilidad confluyen ya que el

acto de omisioacuten por parte del Poder Judicial no solo genera la responsabilidad del Estado al ser

este ente el que no cumple con los mandatos de la Convencioacuten Americana sino que ademaacutes

genera la exigibilidad de la declaratoria de la responsabilidad por el transcurso de un plazo ya

irrazonable sin que se resuelva la controversia tornaacutendose de esta manera en inefectivo el

recurso judicial respectivo y en necesaria la activacioacuten de la justicia a nivel interamericano

Conclusioacuten de lo establecido en este apartado es que lo sentildealado por la Corte en el Caso de

los Hermanos Goacutemez Paquiyauri es uacutenicamente aplicable en controversias en los que haya



Oscar Pazo Pineda

37



mediado ejecucioacuten de un acto violatorio a los derechos humanos por parte de funcionarios

puacuteblicos y la misma se haraacute exigible en el momento en que dicho acto quede consentido por el

Estado al no investigar y sancionar a los responsables manteniendo de esta manera a la norma

que impone el deber de investigar fuera de vigencia En este caso el Juez es el encargado de

decidir si restablece la vigencia de este deber o si simplemente lo incumple dando lugar a la

exigibilidad de la responsabilidad internacional del Estado En el otro caso sentildealado cual es el

de atribucioacuten de responsabilidad por actos de particulares existe la realizacioacuten de un iliacutecito por

un particular el cual no es investigado ni sancionado por el Estado mostrando de esta manera

su aquiescencia frente a su ocurrencia pero no es la realizacioacuten de este iliacutecito la que genera la

responsabilidad del Estado sino la falta de garantiacutea al no esclarecer los hechos

En este supuesto no existe un hecho que origine la responsabilidad del Estado que los

jueces deban resolver intentando restablecer la vigencia del mandato de abstenerse de realizar

actos contra los derechos humanos sino la exigibilidad misma de dicha responsabilidad por

cuanto estos jueces ndash pertenecientes al poder puacuteblico- decidieron no emprender una

investigacioacuten seria para cumplir con las obligaciones consagradas en la Convencioacuten En un

caso el juez decide si la intervencioacuten de otro funcionario puacuteblico constituye o no violacioacuten a

los derechos humanos cuestionando de esta forma el accionar o las omisiones de otro

funcionario puacuteblico que con su acto genera la responsabilidad mientras que en el otro caso es

la misma conducta de un juez al dilucidar un caso a nivel interno la que serviraacute de paraacutemetro

para establecer si es que se origina la responsabilidad internacional y su inmediata exigibilidad

toda vez que pese a ser el uacuteltimo protector de los derechos en el orden interno no ha

cumplido de manera adecuada con su labor

V MECANISMOS DE REPARACIOacuteN FRENTE A LA REALIZACIOacuteN DE ILIacuteCITOS

INTERNACIONALES

Una vez consumada una violacioacuten a los derechos humanos dentro de la jurisdiccioacuten de un

Estado surge una nueva obligacioacuten realizar las reparaciones correspondientes Asiacute un Estado

cumple la obligacioacuten que le incumbe como resultado de una obligacioacuten internacional



Oscar Pazo Pineda

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resarciendo el dantildeo causado27 En efecto si se podriacutea considerar como lamentable una

actuacioacuten del Estado que realizara esta clase de conductas mucho maacutes lo seriacutea que se abstenga

de efectuar una reparacioacuten de manera adecuada ya sea a la misma viacutectima o de ser el caso a

sus familiares Y esto por dos razones la primera y acaso maacutes importante es tratar de borrar

los efectos de dicha violacioacuten e intentar restablecer la situacioacuten al Estado anterior a la violacioacuten

(principio de Derecho Internacional que es de muy difiacutecil incumplimiento en el aacuterea del

Derecho Internacional de los Derechos Humanos) la segunda permite que el Estado

demuestre que si bien ha tenido lugar un acto que ha originado su responsabilidad

internacional no permitiraacute que el citado dantildeo termine consumaacutendose en perjuicio de la

persona

En este apartado nos referiremos en primer lugar sobre de la obligacioacuten del Estado de

reparar al haberse constatado violaciones a los derechos humanos para posteriormente

analizar los componentes que dicha reparacioacuten debe tener para ser considerada en la medida

de lo posible abarcadora frente a todos los aacutembitos del desarrollo de la persona que se han

visto vulnerados Todo ello es de trascendental importancia porque nos permite evaluar la

actuacioacuten de los Estados una vez que se ha declarado su responsabilidad internacional y el no

hacerlo implicariacutea un nuevo incumplimiento de sus obligaciones internacionales

1 OBLIGACIOacuteN DE REPARAR

La Corte Interamericana una vez que ha determinado la responsabilidad de un Estado por

violacioacuten a los derechos humanos se ha referido al artiacuteculo 631 de la CADH el cual consagra

la obligacioacuten de reparar Sin embargo este dispositivo parece separar dos aacutembitos el primero

el de garantizar al lesionado en el goce de su derecho conculcado y el segundo que se reparen

las consecuencias de la medida o situacioacuten que ha configurado la vulneracioacuten de esos derechos

y el pago de una justa indemnizacioacuten si ello fuera procedente Separa entonces lo que es

27 Cp SORENSEN Max Manual de Derecho Internacional Puacuteblico Sexta Reimpresioacuten Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica 1998 paacuteg 534



Oscar Pazo Pineda

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garantizar nuevamente el goce del derecho lesionado por un lado y el de reparar las

consecuencias de la violacioacuten por el otro

Esta obligacioacuten no es propia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino

que es tributaria del Derecho Internacional General En este orden de ideas ha sido sostenido

por la Corte IDH que ldquo[e]s un principio de Derecho Internacional que toda violacioacuten de una

obligacioacuten internacional que haya producido dantildeo comporta el deber de repararlo

adecuadamenterdquo28 y que ldquo[e]sa obligacioacuten se regula por el Derecho Internacionalrdquo29 En este

sentido podemos afirmar entonces que en toda rama del derecho internacional ha sido

recogido este principio el cual importa que los Estados tienen una nueva obligacioacuten una vez

que se ha cometido una violacioacuten a los derechos humanos no solo deberaacuten de investigar y

sancionar a los responsables de dicha violacioacuten sino que ademaacutes deberaacuten reparar por el dantildeo

ocasionado

Las reparaciones representan una oportunidad para los Estados En efecto el evitar

cualquier acto de violacioacuten a los derechos humanos realizado por un particular o funcionario

puacuteblico suena como una utopiacutea Y quizaacutes lo sea toda vez que el control de cada una de las

esferas de actuacioacuten o manifestacioacuten del ejercicio del poder estatal implica una labor por lo

demaacutes imposible de cumplir Por ello se puede entender que el Estado no pueda prevenir toda

violacioacuten a los derechos humanos que se presente dentro de su jurisdiccioacuten a la cual no puede

menos que denigrar Pero lo que siacute no es concebible es que conociendo de la violacioacuten y de los

alcances y repercusiones que la misma ha tenido para las viacutectimas el Estado se niegue a

efectuar las reparaciones correspondientes He aquiacute la oportunidad Si el Estado no ha sido lo

suficientemente diligente para prevenir o evitar cualquier menoscabo a los derechos humanos

puede compensar esta negligencia -evitando conforme hemos sentildealado que sea exigible su

28 Corte IDH Caso Acevedo Buendiacutea y otros (ldquoCesantes y Jubilados de la Contraloriacuteardquo) Vs Peruacute Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No 198 paacuterr 108 Caso Kawas Fernaacutendez Vs Honduras supra nota 16 paacuterr 156 y Caso Perozo y otros Vs Venezuela Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2009 Serie C No 195 paacuterr 404 29 Corte IDH Caso Blake Vs Guatemala Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de enero de 1999 Serie C No 48 paacuterr 32 Caso Suaacuterez Rosero Vs Ecuador Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de enero de 1999 Serie C No 44 paacuterr 42 y Caso Castillo Paacuteez Vs Peruacute Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de noviembre de 1998 Serie C No 43 paacuterr 49



Oscar Pazo Pineda

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responsabilidad internacional- al intentar restablecer la situacioacuten al estado anterior de la

violacioacuten Evidentemente y como fuera sentildealado esta afirmacioacuten pareciera acaso irreal en el

aacuterea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por lo que deben existir distintos

mecanismos de reparacioacuten para hacer frente de manera integral al dantildeo producido

Sobre esta afirmacioacuten ha sido sentildealado por la Corte que ldquo(l)as reparaciones son medidas

que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas Su naturaleza y su

monto dependen de las caracteriacutesticas de la violacioacuten y del dantildeo ocasionado en los planos

material e inmaterial No pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la viacutectima

o sus sucesores y deben guardar relacioacuten con las violaciones declaradas en la Sentencia30

Lo anterior nos revela algo evidente No tendraacute el mismo significado o alcance la reparacioacuten

de una violacioacuten del derecho a la libertad de expresioacuten que la correspondiente por un acto de

tortura No soacutelo por la magnitud del dantildeo que pueda ocasionar la tortura respecto a la

restriccioacuten de una publicacioacuten sino por los mecanismos que son maacutes idoacuteneos para proceder a

la reparacioacuten Asiacute en el primer caso es plenamente conocido el grave sufrimiento tanto fiacutesico

como psiacutequico que sufre una viacutectima de tortura en tanto que una restriccioacuten a la libertad de

expresioacuten puede ser eficazmente reparada con el permiso para difundir ya sea un pensamiento

o una informacioacuten o con el pago de una indemnizacioacuten proporcional al dantildeo causado Lo

anterior implica por ejemplo que el pago de una suma de dinero no puede ser considerado

como el uacutenico mecanismo de reparacioacuten frente a un acto de tortura muy por el contrario

existen otros mecanismos idoacuteneos para hacerle frente de una manera maacutes eficaz Ha sido

considerado en esta clase de casos que la indemnizacioacuten debe comprender tambieacuten los gastos

futuros por tratamiento psicoloacutegico y meacutedico asiacute como se proceda a la investigacioacuten y sancioacuten

a los responsables31 Esto porque las consecuencias que genera una tortura en el desarrollo de

30 Cp Corte IDH Caso Blanco Romero y otros Vs Venezuela Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de noviembre de 2005 Serie C No 138paacuterr 67 Caso Garciacutea Asto y Ramiacuterez Rojas Vs Peruacute Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 25 de noviembre de 2005 Serie C No 137 paacuterr 246 y Caso Goacutemez Palomino Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de noviembre de 2005 Serie C No 136 paacuterr 112 31 Cp Corte IDH Caso Bueno Alves Vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 164 parr 189 Caso Tibi Vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas



Oscar Pazo Pineda

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la personalidad pueden perseguir al individuo por el resto de su vida en tanto que los

generados por una afectacioacuten a la libertad de expresioacuten requieren uacutenicamente las maacutes de las

veces el pago de indemnizaciones por dantildeo material e inmaterial o la adecuacioacuten de la

normativa interna a lo estipulado en la Convencioacuten32 lo cual refleja que las reparaciones se

deben adecuar conforme al caso en concreto y sobretodo atendiendo a las particulares

necesidades de la viacutectima frente a la violacioacuten cometida

En pocas palabras consideramos que una reparacioacuten adecuada exige que se considere a)

una adecuacioacuten o relacioacuten entre el hecho cometido y la reparacioacuten adoptada es decir un nexo

loacutegico que contribuya a desaparecer los efectos del iliacutecito b) las necesidades que deriven de la

viacutectima en concreto con ocasioacuten del iliacutecito internacional y c) la gravedad de la violacioacuten

cometida lo que se refleja en el impacto que ella haya tenido en la sociedad El encontrar los

mecanismos adecuados de reparacioacuten le permitiraacute a la persona agraviada superar en parte los

efectos de la violacioacuten de la cual fue viacutectima

2 CONTENIDO DE LAS REPARACIONES

Las reparaciones tienen un claro propoacutesito cual es que la viacutectima vea aminorados los

efectos que la violacioacuten causoacute en el goce o ejercicio de sus derechos Por ello no podriacutea

concebirse un mecanismo de reparacioacuten que no atienda a este propoacutesito maacutes aun cuando su

otorgamiento debe entenderse como una nueva oportunidad que tiene el Estado infractor de

cumplir con sus obligaciones internacionales sin tener que comparecer ante los organismos

internacionales La reparacioacuten no es por lo tanto una aceptacioacuten del incumplimiento de un

dispositivo internacional sino muy por el contrario una clara muestra de repudio a la misma

Sentencia de 7 de septiembre de 2004 Serie C No 114 paacuterr 249 Caso Molina Theissen Vs Guatemala Fondo Sentencia de 4 de mayo de 2004 Serie C No 106 paacuterr 71 y Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No 101 paacuterr 266 32 Ver al respecto Corte IDH Caso Riacuteos y otros Vs Venezuela Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2009 Serie C No 194 Caso Kimel Vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No 177 y Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C No 107



Oscar Pazo Pineda

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En este sentido constituye opinioacuten generalizada que ldquo[l]a reparacioacuten del dantildeo ocasionado

por la infraccioacuten de una obligacioacuten internacional requiere siempre que sea posible la plena

restitucioacuten (restitutio in integrum) la cual consiste en el restablecimiento de la situacioacuten anterior a

la violacioacuten33

Sin embargo el caso especiacutefico de las violaciones a los derechos humanos (maacutes aun cuando

afectan derechos de particular entidad como el derecho a la vida la integridad personal o el

derecho a no ser sometido a cualquier forma de trabajo forzoso) las reparaciones encuentran

muchos obstaacuteculos de diversa iacutendole siendo el principal de ellos el de la irreparabilidad del

dantildeo por la naturaleza o especiales caracteriacutesticas del derecho violado Si una persona es

privado de manera arbitraria de su derecho a la vida resulta difiacutecil imaginar alguacuten mecanismo

que permita siquiera a los familiares afrontar de manera digna la peacuterdida de un ser querido Por

ello es que la Corte ha sostenido que ldquo[d]e no ser esto posible (la plena restitucioacuten en el goce o

ejercicio del derecho) cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que

ademaacutes de garantizar el respeto de los derechos conculcados se reparen las consecuencias que

produjeron las infracciones y se establezca el pago de una indemnizacioacuten como compensacioacuten

por los dantildeos ocasionadosrdquo34

En este marco debe sentildealarse que a lo largo de su jurisprudencia la Corte Interamericana

suele desglosar las reparaciones en los siguientes rubros a) Pago por dantildeo material e

inmaterial b) medidas de satisfaccioacuten y garantiacuteas de no repeticioacuten Pasaremos a referirnos a

cada una de ellas

a) Respecto al pago por dantildeo material este ldquosupone la peacuterdida o detrimento de los

ingresos de las viacutectimas los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de

caraacutecter pecuniario causadas por los hechos del caso (hellip) El Tribunal fijaraacute las

33 Corte IDH Caso Caesar Vs Trinidad y Tobago Fondo Reparaciones y Costas Sentencia 11 de marzo 2005 Serie C No 123 paacuterr 122 Caso Huilca Tecse Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 03 de marzo de 2005 Serie C No 121 paacuterr 88 y Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 01 de marzo de 2005 Serie C No 120 paacuterr 135 34 Iacutebidem



Oscar Pazo Pineda

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indemnizaciones correspondientes a este concepto por las violaciones declaradas (hellip)35

tomando en cuenta el (eventual) reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado las

circunstancias del caso la prueba ofrecida los alegatos de las partes y los criterios establecidos

en la jurisprudencia del propio Tribunal36 Lo que se evaluacutea en este rubro es el monto gastado

ya sea por la propia viacutectima o sus familiares que tengan lugar con ocasioacuten de la violacioacuten a los

derechos humanos efectuada por el Estado Se evaluacutea pues la conexidad loacutegica existente entre

la violacioacuten y el gasto efectuado De comprobarse que el detrimento en el ingreso no ha tenido

lugar con ocasioacuten de la violacioacuten sino a un factor externo no procede el pago de reparacioacuten

por este concepto Entonces si por ejemplo la empresa de una viacutectima quiebra con ocasioacuten de

la falta de demanda en el mercado del principal producto que se ofrece (supongamos el cafeacute)

pero no por la ejecucioacuten de la violacioacuten efectuada por el Estado (que seriacutea en un caso

determinado que las Fuerzas Armadas destruyen toda la industria del comerciante) no es

dable exigir el pago por concepto del dantildeo material

En cuanto al dantildeo inmaterial este se refiere a los sufrimientos y las aflicciones causados por

la violacioacuten como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier

alteracioacuten de caraacutecter no pecuniario en las condiciones de existencia de las viacutectimas Ya no se

evaluacutea como ocurriacutea con el concepto de pago por dantildeo material la peacuterdida o detrimento de

ingresos de las personas involucradas sino la magnitud o gravedad del dantildeo que ha ocasionado

serias alteraciones a las mismas especialmente en el plano afectivo Sin embargo ldquo[c]omo no

es posible asignar al dantildeo inmaterial un equivalente monetario preciso resulta pertinente

proveer por otras viacuteas a la reparacioacuten integral del dantildeo causado En primer teacutermino mediante

el pago de una cantidad de dinero que el Tribunal determina en ejercicio razonable del arbitrio

35 Corte IDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 25 de noviembre de 2006 Serie C No 160 parr 423 Caso Vargas Areco Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No 155 paacuterr 146 y Caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile supra nota 18 paacuterr 158 36 Corte IDH Caso Vargas Areco supra nota 35 paacuterr 146 Caso Goiburuacute y otros Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de septiembre de 2006 Serie C No 153 paacuterr 150 y Caso Montero Aranguren y otros (Reteacuten de Catia) Vs Venezuela Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de julio de 2006 Serie C No 150 paacuterr 126



Oscar Pazo Pineda

44



judicial conforme a consideraciones de equidad En segundo lugar a traveacutes de actos u obras

de alcance o repercusioacuten puacuteblicasrdquo37 Este segundo concepto seraacute analizado a continuacioacuten

b) En las medidas de satisfaccioacuten y garantiacuteas de no repeticioacuten por su parte ldquo[e]l Tribunal

determinaraacute las medidas de satisfaccioacuten que buscan reparar el dantildeo inmaterial y que no tienen

naturaleza pecuniaria y dispondraacute medidas de alcance o repercusioacuten puacuteblicardquo38 En este rubro

la Corte ha determinado reparacioacuten tales como la publicacioacuten de las partes pertinentes de la

Sentencia que declara la responsabilidad internacional del Estado39 la eliminacioacuten de

antecedentes penales de la viacutectima40 asegurar que se realicen estudios de impacto ambiental y

social mediante entidades teacutecnicamente capacitadas e independientes41 conducir eficazmente

las investigaciones y aplicar las consecuencias que la ley prevea a los responsables de

violaciones a los derechos humanos42 o incluso en levantamiento de un monumento en honor

a la persona afectada por el accionar iliacutecito del Estado43 Vemos entonces que no existe un

cataacutelogo cerrado de reparaciones por lo que dependiendo del caso en concreto la Corte

procederaacute a determinar la reparacioacuten que sea maacutes conveniente

VI A MODO DE CONCLUSIOacuteN

El funcionamiento del sistema interamericano gira en torno a una premisa fundamental el

subsidiariedad o complementariedad de la justicia a nivel interamericano Son los Estados los

principales garantes de los derechos humanos y solo frente a su inaccioacuten negligencia o

37 Corte IDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs Peruacute supra nota 35 parr 430 38 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) Vs Guatemala Excepciones Preliminares Sentencia de 11 de Septiembre de 1997 Serie C No 32 paacuterr 84 Caso Yvon Neptune Vs Haitiacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No 180 paacuterr 170 y Caso Kimel Vs Argentina supra nota 32 paacuterr 120 39 Corte IDH Caso Trujillo Oroza Vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de febrero de 2002 Serie C No 92 paacuterr 119 y Caso Castantildeeda Gutman Vs Meacutexico supra nota 20 paacuterr 235 40 Corte IDH Caso Bayarri Vs Argentina Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de octubre de 2008 Serie C No 187 parr 180 y Caso Suaacuterez Rosero Vs Ecuador Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de enero de 1999 Serie C No 44 paacuterr 113 41 Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de noviembre de 2007 Serie C No 172 parr 194 42 Corte IDH Caso Riacuteos y otros Vs Venezuela supra nota 32 parr 404 43 Corte IDH Caso Kawas Fernaacutendez Vs Honduras supra nota 16 paacuterr 205



Oscar Pazo Pineda

45



contubernio con la violencia es que se puede activar dicho sistema Las obligaciones

internacionales en materia de derechos humanos que los Estados han asumido en virtud de la

ratificacioacuten de la Convencioacuten Americana de Derechos Humanos nos permiten dar luces

respecto a si los Estados cumplen o no de manera adecuada dicha posicioacuten de garante en el

orden interno Sin embargo la sola realizacioacuten del iliacutecito no genera la exigibilidad de la

declaratoria de responsabilidad internacional del Estado denunciado toda vez que esto solo

procederaacute cuando no se hayan efectuado las reparaciones correspondientes para los derechos

de la viacutectima intentaacutendose de esta manera aminorar los efectos de la transgresioacuten Por ello se

puede afirmar que las reparaciones constituyen la oportunidad que tiene el Estado de reafirmar

su aquiescencia frente a la violacioacuten o en todo caso repudiarla al realizar las investigaciones y

sanciones correspondientes

Como conclusioacuten podemos sentildealar que el proceso de declaratoria de responsabilidad

internacional es muy complejo pues encierra un procedimiento tanto a nivel interno como

internacional Y refiere uacutenicamente a actos de los oacuterganos del poder puacuteblico los cuales con su

actuacioacuten u omisioacuten han omitido cumplir con sus obligaciones internacionales En el caso de

los particulares dicha declaratoria surge por la omisioacuten del Poder Judicial (o el encargado de

examinar el caso) al asumir de manera negligente la correspondiente investigacioacuten por lo que

toda declaratoria de responsabilidad encierra la conducta del Poder Puacuteblico

BIBLIOGRAFIacuteA


MENDOZA Mijail Conflictos entre derechos fundamentales Lima Palestra Editores

2007

PAGLIARI Arturo ldquoEl Derecho Internacional Puacuteblico Funciones Fuente

Cumplimiento y la Voluntad de los Estadosrdquo Anuario Mexicano de Derecho

Internacional Meacutexico DF Vol IV 2004



Oscar Pazo Pineda

46



REMOTTI Joseacute Carlos La Corte Interamericana de Derechos Humanos Estructura

funcionamiento y jurisprudencia Lima Editorial IDEMSA 2004

SORENSEN Max Manual de Derecho Internacional Puacuteblico Sexta Reimpresioacuten

Meacutexico DF Fondo de Cultura Econoacutemica 1998

INFORMES DE LA COMISIOacuteN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CIDH Informe de Inadmisibilidad Ndeg 3996 Santiago Marzioni contra Argentina

15 de octubre de 1996

CIDH Informe de Inadmisibilidad Ndeg 8707 Luis de Jesuacutes Viacutector Maldonado

Manzanilla contra Mexico 17 de octubre de 2007

CIDH Informe de Admisibilidad Ndeg 5508 Trabajadores Despedidos de la Empresa

Nacional de Puertos SA (ENAPU) contra Peruacute 24 de julio de 2008

JURISPRUDENCIA Y OPINIONES CONSULTIVAS DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

Corte IDH Caso Velaacutesquez Rodriacuteguez Vs Honduras Fondo Sentencia de 29 de

julio de 1988 Serie C No 4

Corte IDH Caso Godiacutenez Cruz Vs Honduras Fondo Sentencia de 20 de enero

de 1989 Serie C No 5

Corte IDH Caso Caballero Delgado y Santana Sentencia de 8 de diciembre de

1995 Serie C No 22



Oscar Pazo Pineda

47



Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) Vs Guatemala

Excepciones Preliminares Sentencia de 11 de Septiembre de 1997 Serie C No

32

Corte IDH Caso de la ldquoPanel Blancardquo (Paniagua Morales y otros) Vs Guatemala

Fondo Sentencia de 8 de marzo de 1998 Serie C No 37

Corte IDH Caso Garrido y Baigorria Vs Argentina Reparaciones y Costas

Sentencia de 27 de agosto de 1998 Serie C No 39

Corte IDH Caso Suaacuterez Rosero Vs Ecuador Reparaciones y Costas Sentencia de

20 de enero de 1999 Serie C No 44 paacuterr 42


20 de enero de 1999 Serie C No 44

Corte IDH Caso Blake Vs Guatemala Reparaciones y Costas Sentencia de 22

de enero de 1999 Serie C No 48

Corte IDH Caso Castillo Paacuteez Vs Peruacute Reparaciones y Costas Sentencia de 27

de noviembre de 1998 Serie C No 43 paacuterr 49

Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia de 30 de mayo de 1999 Serie C No 52

Corte IDH Caso Baacutemaca Velaacutesquez Vs Guatemala Fondo Sentencia de 25 de

noviembre de 2000 Serie C No 70

Corte IDH Caso Trujillo Oroza Vs Bolivia Reparaciones y Costas Sentencia de 27

de febrero de 2002 Serie C No 92



Oscar Pazo Pineda

48



Corte IDH Caso Cantos Vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia

de 28 de Noviembre de 2002 Serie C No 97

Corte IDH Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala Fondo Reparaciones y

Costas Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No 101

Corte IDH Caso Molina Theissen Vs Guatemala Fondo Sentencia de 4 de mayo


Corte IDH Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C No 107

Corte IDH Caso de los Hermanos Goacutemez Paquiyauri Vs Peruacute Fondo Reparaciones

y Costas Sentencia de 8 de julio de 2004 Serie C No 110

Corte IDH Caso Tibi Vs Ecuador Excepciones Preliminares Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 7 de septiembre de 2004 Serie C No 114

Corte IDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 01 de marzo de 2005 Serie C No 120

Corte IDH Caso Huilca Tecse Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia

de 03 de marzo de 2005 Serie C No 121

Corte IDH Caso Caesar Vs Trinidad y Tobago Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia 11 de marzo 2005 Serie C No 123

Corte IDH Caso Goacutemez Palomino Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia de 22 de noviembre de 2005 Serie C No 136



Oscar Pazo Pineda

49



Corte IDH Caso Garciacutea Asto y Ramiacuterez Rojas Vs Peruacute Excepcioacuten Preliminar

Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 25 de noviembre de 2005 Serie C

No 137

Corte IDH Caso Blanco Romero y otros Vs Venezuela Fondo Reparaciones y


Corte IDH Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia Fondo Reparaciones

y Costas Sentencia de 31 de enero de 2006 Serie C No 140

Corte IDH Caso Montero Aranguren y otros (Reteacuten de Catia) Vs Venezuela

Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de julio de

2006 Serie C No 150

Corte IDH Caso Goiburuacute y otros Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia de 22 de septiembre de 2006 Serie C No 153

Corte IDH Caso Almonacid Arellano y otros Excepciones Preliminares Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No

154

Corte IDH Caso Vargas Areco Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas


Corte IDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs Peruacute Fondo Reparaciones y


Corte IDH Caso de la Masacre de la Rochela Fondo Reparaciones y Costas




Oscar Pazo Pineda

50



Corte IDH Caso Bueno Alves Vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas


Corte IDH Caso Zambrano Veacutelez y otros Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia de 4 de julio de 2007 Serie C No 166

Corte IDH Caso Garciacutea Prieto y otros Vs El Salvador Excepciones Preliminares


No 168

Corte IDH Caso Yvon Neptune Vs Haitiacute Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No 180 paacuterr 170

Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam Excepciones Preliminares


No 172

Corte IDH Caso Kimel Vs Argentina Fondo Reparaciones y Costas Sentencia

de 2 de mayo de 2008 Serie C No 177

Corte IDH Caso Salvador Chiriboga Excepcioacuten Preliminar y Fondo Sentencia de

6 de mayo de 2008 Serie C No 179

Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman Vs Meacutexico Excepciones Preliminares

Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C No

184



Oscar Pazo Pineda

51



Corte IDH Caso Heliodoro Portugal Vs Panamaacute Excepciones Preliminares


186

Corte IDH Caso Bayarri Vs Argentina Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de octubre de 2008 Serie C No 187

Corte IDH Caso Ticona Estrada y otros Vs Bolivia Fondo Reparaciones y Costas


Corte IDH Caso Tristaacuten Donoso Vs Panamaacute Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No 193

Corte IDH Caso Riacuteos y otros Vs Venezuela Excepciones Preliminares Fondo


Corte IDH Caso Perozo y otros Vs Venezuela Excepciones Preliminares Fondo


Corte IDH Caso Kawas Fernaacutendez Vs Honduras Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No 196

Corte IDH Caso Acevedo Buendiacutea y otros (ldquoCesantes y Jubilados de la Contraloriacuteardquo) Vs

Peruacute Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 1 de


Corte IDH Caso Escher y otros Vs Brasil Excepciones Preliminares Fondo




Oscar Pazo Pineda

52



Corte IDH El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convencioacuten

Americana sobre Derechos Humanos Opinioacuten Consultiva OC-282 del 24 de

septiembre de 1982 Serie A No 2

Corte IDH La Expresioacuten Leyes en el Artiacuteculo 30 de la Convencioacuten Americana sobre

Derechos Humanos Opinioacuten Consultiva OC-686 del 9 de mayo de 1986 Serie A

No 6

Corte IDH Condicioacuten Juriacutedica y Derechos de los Migrantes Indocumentados Opinioacuten

Consultiva OC-1803 del 17 de septiembre de 2003 Serie A No 18

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

TEDH Caso Osman contra Reino Unido Sentencia de 28 de octubre de 1998

Aplicacioacuten Ndeg 2345294

TEDH Caso Kiliccedil contra Turquia Sentencia de 28 de marzo de 2000 Aplicacioacuten

No 2249293

TEDH Caso of Dodov contra Bulgaria Sentencia de 17 de enero de 2008


TEDH Caso Branko Tomasic contra Croacia Sentencia de 15 enero de 2009


TEDH Caso Opuz contra Turquia Sentencia de 9 de junio de 2009 Aplicacioacuten

Ndeg 3340102

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES



Oscar Pazo Pineda

53



Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

Convencioacuten de Viena sobre el Derecho de los Tratados

El derecho a un medio ambiente sano como derecho humano su proteccioacuten en contextos de paz y conflictos armados

Gabriela Neira Hidalgo

54

Revista Virtual del Centro de Estudios de Derechos Humanos

Universidad de San Martiacuten de Porres |Facultad de Derecho Nuacutemero 1 | paacutegs 54 ndash 80

EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO COMO DERECHO HUMANO

SU PROTECCIOacuteN EN CONTEXTOS DE PAZ Y DE CONFLICTOS ARMADOS

GABRIELA NEIRA HIDALGO

Docente del Centro de Estudios de Derechos Humanos de

la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martin

de Porres Ex becaria del Departamento de Estado de los

Estados Unidos en el ldquoInternational Lidership Programrdquo

2008 Asesora en el Despacho de la Congresista de la

Repuacuteblica Mariacutea Soledad Peacuterez Tello

I LA CONSIDERACIOacuteN DEL MEDIO AMBIENTE SANO COMO DERECHO Y DEBER HUMANO-

1 MEDIO AMBIENTE VIDA Y VIVIENDA-2 MEDIO AMBIENTE VIDA Y SALUD-3 MEDIO

AMBIENTE VIDA Y ALIMENTACIOacuteN-4 MEDIO AMBIENTE AGUA Y VIDA-II EL DERECHO

A UN MEDIO AMBIENTE SANO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO ARMADO-III REFLEXIONES

FINALES

I LA CONSIDERACIOacuteN DEL MEDIO AMBIENTE SANO COMO DERECHO Y DEBER

HUMANO

El Derecho Internacional Ambiental ha sido la principal fuente para el reconocimiento

normativo del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano En el aacutembito de las

Naciones Unidas la Declaracioacuten de Estocolmo sobre Medio Humano de 1972 introdujo la

premisa baacutesica ldquoEl hombre tiene el derecho fundamental a la libertad la igualdad y el disfrute de condiciones

de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene



55



la solemne obligacioacuten de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futurasrdquo1 La

preocupacioacuten por parte de los Estados por la conservacioacuten del equilibrio medioambiental

suscitada en los antildeos sesentas y setentas y la influencia de la Declaracioacuten de Estocolmo se

vieron reflejados en el inicio de la incorporacioacuten de normas constitucionales que reconociacutean el

derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano

EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO EN CONSTITUCIONES DE LOS ANtildeOS 70

Constitucioacuten de Espantildea

de 1978

Artiacuteculo 451

ldquoTodos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado

para el desarrollo de la persona asiacute como el deber de conservarlordquo

Constitucioacuten de Portugal

de 1976

Artiacuteculo 66 1

ldquoTodos tienen derecho a un medio ambiente de vida humano salubre y

ecoloacutegicamente equilibrado y el deber de defenderlordquo

Constitucioacuten de

Peruacute de 1979

Artiacuteculo 123

ldquoTodos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable

ecoloacutegicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la

preservacioacuten del paisaje y la naturaleza Todos tienen el deber de

conservar dicho ambiente Es obligacioacuten del Estado prevenir y controlar

la contaminacioacuten ambientalrdquo

Constitucioacuten de Ecuador

de 1978

Artiacuteculo 19

ldquoSin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno

desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la

persona el Estado le garantiza (hellip)

2 El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminacioacuten Es

deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la

preservacioacuten de la naturaleza La ley estableceraacute las restricciones al

ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio

1 Declaracioacuten de la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio Humano Declaracioacuten de Estocolmo de 1972 Artiacuteculo 1



56



ambienterdquo

No es hasta la deacutecada de los antildeos ochentas que se introduce en los instrumentos de

Derecho Internacional de los Derechos Humanos el derecho a vivir en un medio ambiente

sano con la adopcioacuten de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 y el

Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre derechos humanos en materia de

derechos econoacutemicos sociales y culturales Protocolo de San Salvador de 1988

CARTA AFRICANA DE DERECHOS

HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

PROTOCOLO DE SAN

SALVADOR

Artiacuteculo 24

ldquoTodos los pueblos tendraacuten derecho a un entorno2

general satisfactorio favorable a su desarrollordquo

Artiacuteculo 11 Derecho a un Medio

Ambiente Sano

1 ldquoToda persona tiene derecho a vivir en un

medio ambiente sano y a contar con servicios

puacuteblicos baacutesicos

2 Los Estados partes promoveraacuten la

proteccioacuten preservacioacuten y mejoramiento del

medio ambienterdquo

Desde finales de la deacutecada de los ochentas y los primeros antildeos de la deacutecada de los noventas

el desarrollo normativo constitucional y legal en materia ambiental se reimpulsoacute generando

nuevos avances La celebracioacuten de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo en Riacuteo de Janeiro en 1992 fue relevante para la inclusioacuten normativa

en materia ambiental

CONSTITUCIONES EN LOS 80rsquoS Y 90rsquoS

Constitucioacuten de Brasil de Capiacutetulo VI Del medio ambiente

2 El teacutermino en ingleacutes utilizado en el texto original es ldquoenvironmentrdquo a pesar cuya traduccioacuten literal al

castellano es ldquoentornordquo la terminologiacutea utilizada equivalente a ldquomedio ambienterdquo



57



1988 Artiacuteculo 225

ldquoTodos tienen derecho a un medio ambiente ecoloacutegicamente equilibrado

bien de uso comuacuten del pueblo y esencial para una sana calidad de vida

imponieacutendose al poder puacuteblico y a la colectividad el deber de defenderlo y

preservarlo para las generaciones presentes y futurasrdquo


Colombia de 1991

Capiacutetulo III - De los derechos colectivos y del ambiente

Artiacuteculo 79

ldquoTodas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano La ley

garantizaraacute la participacioacuten de la comunidad en las decisiones que

puedan afectarlo

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente

conservar las aacutereas de especial importancia ecoloacutegica y fomentar la

educacioacuten para el logro de estos finesrdquo


Peruacute de 1993

Artiacuteculo 2 Toda persona tiene derecho

ldquo22 a paz a la tranquilidad al disfrute del tiempo libre y al descanso

asiacute como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de

su vidardquo


Argentina de 1994

Artiacuteculo 41

ldquoTodos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano

equilibrado apto para el desarrollo humano y para que las actividades

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de

las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo El dantildeo

ambiental generaraacute prioritariamente la obligacioacuten de recomponer seguacuten

lo establezca la ley

Las autoridades proveeraacuten a la proteccioacuten de este derecho a la

utilizacioacuten racional de los recursos naturales a la preservacioacuten del

patrimonio natural y cultural y de la diversidad bioloacutegica y a la

informacioacuten y educacioacuten ambientales

Corresponde a la Nacioacuten dictar las normas que contengan los

presupuestos miacutenimos de proteccioacuten y a las provincias las necesarias



58



para complementarlas sin que aqueacutellas alteren las jurisdicciones locales

Se prohiacutebe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o

potencialmente peligrosos y de los radiactivos

La positivizacioacuten del derecho significa el avance en la toma de conciencia de la existencia en

un medio natural del cual los seres humanos somos parte El derecho a un medio ambiente sano

desde nuestro punto de vista no constituye la mera atribucioacuten al ser humano de algo que le

corresponde y que por lo tanto es necesario reconoceacuterselo mediante una norma juriacutedica sino

maacutes bien que se le reconoce en la norma porque existe y lo que se hace mediante la norma es

confirmar la propia naturaleza de la vida humana de nacer desarrollarse morir y repetir el ciclo

de generacioacuten en generacioacuten en un entorno determinado de manera general denominado

planeta Tierra

Desde un enfoque filosoacutefico entendemos a los seres humanos como elementos de una

misma naturaleza pero en manifestaciones particulares que son asiacute importantes para la

conformacioacuten de un sistema de vida no creado por los propios seres humanos sino que es

preexistente El deber entonces corresponde al derecho y se entiende desde que el ser humano

existe como parte del sistema de vida y consecuentemente su conducta deberiacutea estar orientada

hacia la interaccioacuten con los otros elementos que conforma el sistema de manera que se

mantenga una dinaacutemica armoacutenica de vida Para esto es primordial que los seres humanos

seamos conscientes de que somos parte de un sistema que constituye en siacute mismo nuestro

ambiente de vida Como consecuencia de nuestra capacidad de pensamiento surge nuestra

responsabilidad frente al sistema y a nosotros mismos lo que nos vincula con el deber de

cuidar y respetar nuestro propio ambiente de vida con conductas tendientes a contribuir a la

subsistencia de la vida La conciencia3 es una capacidad humana que nos diferencia de los

animales las plantas el aire el agua la tierra en nuestra conciencia lo cual no implica que

3 Seguacuten la Real Academia Espantildeola ldquoconcienciardquo (Del lat conscientĭa y este calco del gr συνείδησις) 1 f Propiedad del espiacuteritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en siacute mismo experimenta 2 f Conocimiento interior del bien y del mal 3 f Conocimiento reflexivo de las cosas 4 f Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto y 5 f Psicol Acto psiacutequico por el que un sujeto se percibe a siacute mismo en el mundo Disponible en httpbusconraeesdraeISrvltConsultaTIPO_BUS=3ampLEMA=conciencia



59



seamos superiores o inferiores a estos otros elementos de vida sino que somos diferentes en

tanto que necesitamos pensar para poder desarrollar nuestra vida a diferencia de ellos que

simplemente se desarrollan y de alguna u otra manera son influenciados por la interrelacioacuten

con la humanidad

En este sentido la positivizacioacuten del derecho a un medio ambiente sano es un paso

fundamental para en la vida de la humanidad pues refleja la toma de conciencia a la que nos

hemos referido Sin embargo esto no basta pues es necesario conducir nuestra conducta como

individuos y colectivos hacia la vigencia de la norma juriacutedica pero internalizando los principios

en los que se funda y por lo cual su cumplimiento tiene sentido en siacute mismo En palabras de

Hugo Aldave ldquola legislacioacuten contiene determinada racionalidad objetivada pero no es el sustituto de la razoacuten

una sociedad en la que las personas cumplan ejemplarmente soacutelo para cumplir con la ley seriacutea una actitud tan

despreciable como la de los coacutenyuges que se guardan fidelidad soacutelo para cumplir con el coacutedigo civilrdquo4

Un paso importante a fin de articular la conducta humana tanto individual como colectiva

es la identificacioacuten de aquellos actores que estaacuten sujetos al derecho Identificamos al ser

humano como individuo a los pueblos como sociedades organizadas a los Estados como

representacioacuten de ldquoadministracioacutenrdquo de las sociedades a las agrupaciones de personas que

conforman unidades econoacutemicas sociales poliacuteticas y culturales (empresas y asociaciones) A

cada uno de estos actores les alcanza el derecho y recaen sobre ellos responsabilidades

diferenciadas seguacuten su propia naturaleza5 En lo que concierne a la disciplina del Derecho de

los Derechos Humanos principalmente nos centramos en el ser humano y el Estado Es

propicio reflexionar acerca de la tendencia del Derecho Internacional de los Derecho Humano

que ha estado enfocada maacutes hacia un proteccionismo del ser humano y no a un protagonismo

del ser humano desde la visioacuten del Estado es decir que los derechos humanos son muchas

4 ALDAVE Hugo ldquoAlgunos fundamentos del derecho ambientalrdquo En GIUSTI Miguel (ed) La Filosofiacutea del siglo XX Balance y perspectivas Lima Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catoacutelica del Peruacute 2000 paacuteg 722 5 Sin bien dentro de los actores relacionados al derecho consideramos a los propios elementos de vida del entorno natural para no los consideremos en este caso sujetos de derechos pues no surgen en ellos deberes exigibles Es decir para la aplicacioacuten del derecho es un requisito fundamental tomar en consideracioacuten la interaccioacuten del ser humano y los otros elementos de vida esto no quiere decir que les atribuya la calidad de sujetos de derecho de la misma forma que al ser humano en sus distintas manifestaciones de asociacioacuten



60



veces apreciados soacutelo como responsabilidades que los Estados asumen hacia los individuos y

que por consiguientemente tienen que proteger restringiendo su actuar hacia ellos y actuando

respecto de ellos pero no actuando conjuntamente

El viacutenculo existente entre el derecho a la vida y el derecho vivir en un medio ambiente sano

nos ayuda a comprender mejor la necesidad de ir maacutes allaacute de esta visioacuten proteccionista de las

obligaciones respeto y garantiacutea de los derechos humanos e incluir el enfoque participativo de

los seres humanos como sujetos dotados de derechos y deberes6

Por una parte el derecho a la vida recogido en el artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Americana de

Derechos Humanos

ldquoToda persona tiene derecho a la vida Este derecho estaraacute protegido por la ley y en general a partir del momento de

la concepcioacuten Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamenterdquo

De este articulado se desprende la obligacioacuten del Estado de respetar y garantizar la vida de

toda persona Por un lado el Estado no deberaacute realizar actos en contra de la vida de las

personas y regularaacute en su legislacioacuten la sancioacuten de los actos cometidos entre individuos en

contra de la vida por lo tanto ambas conductas la del Estado directamente o la de los

individuos entre siacute que vayan en contra de este derecho seraacuten tambieacuten objeto de sancioacuten para

lo cual el Estado deberaacute organizar su apartado institucional con estos fines En este sentido la

Corte Interamericana reconoce mediante su jurisprudencia respecto del derecho a la vida ldquolos

Estados tienen la obligacioacuten de garantizar la creacioacuten de las condiciones que se requieran para que no se

produzcan violaciones de ese derecho baacutesico y en particular el deber de impedir que sus agentes atenten contra

eacutel7

6 Sin embargo no podraacuten exigirse deberes sin que antes a las personas no se les reconozca sus derechos humanos y que esteacuten en la capacidad de ejeacutercelos conjuntamente con sus deberes La incapacidad de ejercer los derechos humanos tiene como principal fuente como la discriminacioacuten histoacuterica de la exclusioacuten social y la pobreza 7 Corte IDH Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) Vs Guatemala Fondo Sentencia de 19 de noviembre 1999 Serie C No 63 paacuterr 144



61



A su vez la Corte seguacuten la propia Convencioacuten ha interpretado como parte de las

obligaciones del Estado el ser un garante de la vida humana y por lo tanto eacuteste debe generar

condiciones de vida para que los seres humanos vivamos dignamente

ldquoEl cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artiacuteculo 4 de la Convencioacuten Americana relacionado con el

artiacuteculo 11 de la misma no soacutelo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligacioacuten

negativa) sino que ademaacutes a la luz de su obligacioacuten de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos

requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas8 para proteger y preservar el derecho a la vida

(obligacioacuten positiva)9de todos quienes se encuentren bajo su jurisdiccioacuten10rdquo

Cuando se refiere a ldquomedidas apropiadasrdquo considera a estas como ldquomedidas positivasrdquo

ldquoUna de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posicioacuten de garante con el objetivo de

proteger y garantizar el derecho a la vida es la de generar las condiciones de vida miacutenimas compatibles con la

dignidad de la persona humana11 y a no producir condiciones que la dificulten o impidan En este sentido el

Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas concretas y orientadas a la satisfaccioacuten del derecho a una vida

digna en especial cuando se trata de personas en situacioacuten de vulnerabilidad y riesgo cuya atencioacuten se vuelve

prioritariardquo12

8 Corte IDH Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia Sentencia de 31 de enero de 2006 Serie C No 140 paacuterr 120 9 Corte IDH Caso de la ldquoMasacre de Mapiripaacutenrdquo Vs Colombia Sentencia de 15 de septiembre de 2005 Serie C No 134 paacuterr 232 Caso Huilce Tecse Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 3 de marzo de 2005 Serie C No 121 paacuterr 66 Caso ldquoInstituto de Reeducacioacuten del Menorrdquo Vs Paraguay Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de septiembre de 2004 Serie C No 112 paacuterr 158 Caso de los Hermanos Goacutemez Paquiyauri Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 8 de julio de 2004 Serie C No 110 paacuterr 129 Caso 19 Comerciantes Vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 5 de julio de 2004 Serie C No 93 paacuterr 153 Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No 101 paacuterr 153 Caso Juan Humberto Saacutenchez Vs Honduras Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C No 99 paacuterr 110 Caso Baacutemaca Velaacutesquez vs Guatemala Fondo Sentencia de 25 de noviembre de 2000Serie C No 70 paacuterr 172 y Caso de los ldquoNintildeos de la Callerdquo (Villagraacuten Morales y otros) supra nota 7 paacuterrs 144 a 146 10 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C No 146 paacuterr 152 11 Corte IDH Caso Instituto de Reeducacioacuten del Menor Vs Paraguay supra nota 9 paacuterr 159 12 Corte IDH Caso Comunidad indiacutegena Yakye Axa Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 17 de junio de 2005 Serie C No 125 paacuterr 162



62



Vemos entonces que Estado no debe atentar contra la vida de los seres humanos debe

protege la vida las personas frente a actos de terceros y ademaacutes debe crear las condiciones de

vida para que las personas vivan con dignidad Bajo este primer planteamiento la vida de las

personas radica en que el Estado haga algo por ellas es decir las personas sean receptoras de la

accioacuten protectora del Estado y su vida soacutelo seraacute posible si es que el Estado le crea las

condiciones para ello El enfoque proteccionista hasta este punto es el que prevalece El propio

preaacutembulo de la Convencioacuten Americana sentildeala que los Estados Americanos ldquoreconociendo que los

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como

fundamento los atributos de la persona humana razoacuten por la cual justifican una proteccioacuten internacional de

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados

americanosrdquo13

Con lo expuesto no pretendemos desacreditar ni a los organismos de derecho internacional

de derechos ni al Estado como institucioacuten en siacute misma como responsable frente a los

individuos respecto derechos que se les reconoce a nivel nacional e internacional muy por el

contrario lo que se pretende es resaltar la necesidad completar ese enfoque con una mirada

maacutes cercana al ser humano y orientada a disminuir la cantidad de ldquoviacutectimas de vulneracioacuten de

derechos humanosrdquo como agentes pasivos mediante la incorporacioacuten de una visioacuten de los seres

humanos como ldquopartiacutecipes la creacioacuten de condiciones de vidardquo concordantes con los

principios de los derechos humanos En analogiacutea podemos decir que asiacute como la visioacuten de

democracia ldquorepresentativardquo se ve complementada con la visioacuten de democracia ldquoparticipativardquo

asiacute debe involucrar a las personas en la generacioacuten de poliacuteticas estatales tendiente a la garantizar

los derechos humanos de la poblacioacuten bajo su jurisdiccioacuten En otras palabras soacutelo se podraacute

hablar vigencia de los derechos humanos en tanto Estado y sociedad actuacuteen conjuntamente

con sus respectivos roles y orientados hacia un objetivo comuacuten de desarrollo y paz que pasa

por el reconocimiento de la pluralidad social y diversidad ambiental

Siguiendo con el anaacutelisis del derecho a la vida llegamos a un punto en que nos preguntamos

iquestCoacutemo son estas condiciones de vida que el Estado debe generar iquestCuaacuteles son esas medidas

13 Preaacutembulo de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos paacuterr 2



63



que el Estado debe adoptar iquestCoacutemo es que el Estado genera esas condiciones Tal como

hemos mencionado el Estado no podraacute ser ni eficiente ni eficaz si antes no incluye a las

personas tanto en la formulacioacuten de las preguntas como en los procesos de cumplir sus

obligaciones respecto del derecho a la vida

En efecto las condiciones ambientales son fundamentales para la garantiacutea del desarrollo de

la vida de las personas Es aquiacute donde podemos ver por un lado el viacutenculo entre el derecho a

la vida y el derecho a un medio ambiente sano y por el otro lado la falta de claridad en los

liacutemites de los contenidos de ambos derechos En cuando al primer punto es incuestionable

que la vida humana requiere contar con un medio ambiente propicio para su desarrollo Seguacuten

Augusto Canccedilado Trindade el derecho a un medio ambiente sano aparece como una extensioacuten

natural del derecho a la vida basado en la existencia fiacutesica y la salud humana asiacute como en las

condiciones dignas y la calidad de vida14

En lo concerniente a la identificacioacuten de aspectos que limiten el contenido de dichos

derechos hemos empezado con la identificacioacuten de condiciones ambientales fundamentales

para una vida digna Sin embargo nos encontramos a su vez con la relacioacuten entre el derecho

humano al medio ambiente y otros derechos como el derecho a la alimentacioacuten salud trabajo

agua todos vinculados con el derecho a la vida

1 MEDIO AMBIENTE VIDA Y VIVIENDA

El derecho a la vivienda interpretado por el Comiteacute del Pacto de Derechos Econoacutemicos

Sociales y Culturales en su observacioacuten general No 4 de 1991 entiende que vivienda adecuada

incluye los factores ambientales como parte de la adecuacioacuten de la vivienda estos factores son

la disponibilidad de recursos naturales agua potable instalaciones sanitarias alumbrado entre

otros Ademaacutes comprende a la vivienda como el resguardo de las personas frente a las

variaciones climaacuteticas de friacuteo lluvia calor humedad y en este sentido este derecho no soacutelo

14 Cp CANCcedilADO Augusto ldquoEnvironment and Development Formulation and Implementation of the Right to Development as a Human Rightrdquo En BROW Weiss (ed) Derechos Humanos Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente Segunda Edicioacuten San Joseacute BID 1995 paacuteg 39-65



64



implica tener la disponibilidad de un lugar donde vivir sino que eacuteste deba ser habitable15 Es asiacute

que el propio Comiteacute considera a la vivienda ldquocomo el factor ambiental que con maacutes frecuencia estaacute

relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los anaacutelisis epidemioloacutegicos dicho de otro

modo que una vivienda y unas condiciones de vidas inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas

de mortalidad y morbilidad maacutes elevadasrdquo16

Consecuentemente las viviendas no deben estar ubicadas en lugares contaminados y debe

asegurarse que factores contaminantes no alteren las condiciones ambientales que pongan en

riesgo la vida y la salud de las personas Tal es el caso Loacutepez Ostra contra Espantildea resuelto por

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 1994 en el que la instalacioacuten de una

planta de depuracioacuten de aguas y de residuos a doce metros del domicilio de la Sra Gregoria

Loacutepez Ostra y su familia causoacute que ella y otros vecinos tenga que salir de sus viviendas dado el

nivel de riesgos generados por los efectos contaminantes que tuvo dicha instalacioacuten privada Si

bien en este caso el TEDH no se pronuncioacute respecto a un derecho vivir en un medio ambiente

sano o de derecho a la vivienda en el sentido expuesto17 siacute lo hizo bajo el artiacuteculo 8 del

Convenio Europeo de Derechos Humanos que reconoce el derecho de ldquotoda persona al respeto de

su vida privada y familiar de su domicilio y de su correspondenciardquo De los hechos del caso se desprende

la afectacioacuten de la vivienda por factores ambientales que pusieron en riesgo la salud de las

personas del Barrio Diputacioacuten del Riacuteo el Lugaacuterico en Lorca

2 MEDIO AMBIENTE VIDA Y SALUD

Las condiciones ambientales adecuadas son de vital importancia para la garantiacutea del derecho

a la salud de las personas pues se consideran como condiciones que les permite tener mejor

calidad de vida posible y estar libre de enfermedades Por otro lado para contar con atencioacuten

meacutedica disponible accesible y de calidad es necesario que las condiciones ambientales de las

instalaciones de salud sean las adecuadas A este respecto el Comiteacute de PIDESC se ha

pronunciado diciendo que son factores determinantes para la salud ldquoel acceso al agua limpia potable

15 Cp CDESC Observacioacuten General Ndeg 4 Derecho a una Vivienda Adecuada UN Doc E199123 (1991) 16 Cp CDESC Observacioacuten General Ndeg 4 supra nota 15 paacuterr 8 17 El Convenio Europeo de Derechos Humanos no contempla dichos derechos



65



y a condiciones sanitarias adecuadas el suministro adecuado de alimentos sanos una nutricioacuten adecuada una

vivienda adecuada condiciones sanas en el trabajo y el medio ambienterdquo18

Las obligaciones del Estado correspondientes a este derecho incluyen acciones relacionas

con las condiciones del medio ambiente de vida de las personas Por un lado la obligacioacuten de

respetar considera la abstencioacuten por parte del Estado de contaminar el aire el agua o la tierra y

por otro lado el deber de cumplir implica la adopcioacuten de medidas para evitar que se contamine

el medio ambiente por parte de particulares19 Cabe sentildealar que el Comiteacute reconoce la

importancia de la participacioacuten de la poblacioacuten en los proceso de adopcioacuten de decisiones

vinculadas a la salud20

En cuanto a la relacioacuten medio ambiente salud vida y trabajo cabe mencionar que el

derecho al trabajo estaacute reconocido en diversos instrumentos juriacutedicos internacionales como el

PIDESC y el Protocolo de San Salvador con una directa relacioacuten con la vida de las personas

En ambos instrumentos si bien no se utiliza la misma terminologiacutea esto siacute vinculan el derecho

al trabajo con la vida de la persona Por su parte el Pacto considera el derecho a trabajar como

aquel que tiene toda persona ldquoa ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptadordquo21 en

cambio el Protocolo de San Salvador concibe este derecho como aquel que tiene ldquotoda persona a

desempentildear una actividad libremente escogida o aceptada que le deacute oportunidad de obtener los medios para llevar

una vida dignardquo22 Ademaacutes el derecho al trabajo no implica soacutelo la posibilidad de desempentildear

actividades laborales sino que para ello se requiere que eacutestas se realicen bajo condiciones

ambientales adecuadas que permitan a la persona desempentildearse eficazmente y que no se ponga

en peligro su salud y vida El mismo Comiteacute PIDESC en la Observacioacuten General sobre

derecho a la salud previamente citada hace referencia a esta interdependencia de derechos

18 Cp CDESC Observacioacuten General Ndeg 14 Derecho al disfrute del maacutes alto nivel posible de salud UN Doc EC1220004 (2000) paacuterr 11 19 Cp CDESC Observacioacuten General Ndeg 14 supra nota 18 paacuterrs 34 y 36 20 Cp CDESC Observacioacuten General Ndeg 14 supra nota 18 paacuterr 11 21 Pacto de Derechos Econoacutemicos Sociales y Culturales artiacuteculo 6 22 Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econoacutemicos Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador artiacuteculo 6



66



interpretando el artiacuteculo 212b del Pacto ldquoEl derecho a la higiene del trabajo y del medio ambienterdquo de

la siguiente manera

El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial (apartado b) del paacuterrafo 2 del artiacuteculo

12) entrantildea en particular la adopcioacuten de medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y

enfermedades profesionales la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creacioacuten de

condiciones sanitarias baacutesicas la prevencioacuten y reduccioacuten de la exposicioacuten de la poblacioacuten a sustancias nocivas tales

como radiaciones y sustancias quiacutemicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o

indirectamente a la salud de los seres humanos Ademaacutes la higiene industrial aspira a reducir al miacutenimo en la

medida en que ello sea razonablemente viable las causas de los peligros para la salud resultantes del medio

ambiente laboral Ademaacutes el apartado b) del paacuterrafo 2 del artiacuteculo 12 abarca la cuestioacuten relativa a la vivienda

adecuada y las condiciones de trabajo higieacutenica y segura el suministro adecuado de alimentos y una nutricioacuten

apropiada y disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el consumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas23

3 MEDIO AMBIENTE VIDA Y ALIMENTACIOacuteN

El derecho a la alimentacioacuten implica tener acceso fiacutesico y econoacutemico a la alimentacioacuten o los

medios para obtenerla seguacuten lo afirmado por el propio Comiteacute PIDESC en su observacioacuten

general No 12 sobre el derecho a una alimentacioacuten adecuada de 1999 La relacioacuten entre el

derecho a la alimentacioacuten y el derecho al medio ambiente sano radica en la adecuacioacuten de

condiciones climaacuteticas y ecoloacutegicas necesaria para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de

alimentos a la poblacioacuten Asimismo la contaminacioacuten y la mala higiene ambiental afecten

directamente a los alimentos tanto en la cadena alimenticia como los procesos de su

industrializacioacuten y esto puede constituir factores de riesgo para la salud y vida de las personas

Graves problemas medioambientales como la desertificacioacuten de las tierras la destruccioacuten de

ecosistemas y la degradacioacuten de zonas agriacutecolas constituyen dificultades para el derecho a la

alimentacioacuten de muchas poblaciones en el mundo sobre todo en Aacutefrica seguacuten el Relator

23 Cp CDESC Observacioacuten General Ndeg 14 supra nota 18 paacuterr 11 paacuterr 15



67



Especial sobre el derecho a la alimentacioacuten de Naciones Unidas24 Estos problemas son en siacute

mismos condiciones ambientales no propicias para vida de las personas lo que estaacute

ocasionando el desplazamiento de la poblacioacuten de los territorios que ocupan Otro problema

relacionado con el uso de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales es la

utilizacioacuten de recursos como el trigo el azuacutecar la palma el maiacutez y otros con fines de

produccioacuten de combustible y la controversia radica en tanto esto pueda incrementar la

competencia por la tierra el agua y los propios alimentos seguacuten el mismo Relator que desde

2007 quien propone la fabricacioacuten de biocombustibles a partir de recurso naturales no

alimenticios y desechos agriacutecolas25

4 MEDIO AMBIENTE AGUA Y VIDA

A partir de la Observacioacuten General No15 del antildeo 2002 del Comiteacute PIDESC el

reconocimiento internacional del derecho al agua como derecho humano a cobrado un

relevancia importante a pesar que no existe un pronunciamiento de esta naturaleza en cuando

al derecho a vivir en un medio ambiente sano el agua como elemento natural del medio

ambiente y utilizacioacuten por los seres humanos significa un avance que nos permite interpretar

esta intercalacioacuten tambieacuten con el derecho a la vida El agua es reconocida por el Comiteacute

PIDESC como ldquoun recurso natural limitado y un bien puacuteblico fundamental para la vida y la salud El

derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condicioacuten previa para la realizacioacuten de otros

derechos humanosrdquo26 Las acciones requeridas a los Estados para la garantiacutea del acceso al agua

coinciden con un elemento integrante del medio ambiente y por lo tanto las condiciones

ambientales para el derecho al agua se repetiriacutean para el derecho a un medio ambiente sano

Por ejemplo la necesidad de servicios baacutesicos de saneamiento para evitar la contaminacioacuten de

las aguas cuidar que las fuentes de agua no se contaminen con sustancias toxicas generar el

acceso al suministro de agua como para de las condiciones ambientales necesarias para

garantizar la vida

24 Cp Asamblea General de las Naciones Unidas Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentacioacuten Documento A61306 del 1 de septiembre de 2006 25 Cp Asamblea General de las Naciones Unidas Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentacioacuten Documento A62289 del 22 de agosto de 2007 26 CDESC Observacioacuten General Ndeg 15 Derecho al agua UN Doc EC12200211 (2003) paacuterr1



68



Por lo tanto consideramos que el Derecho Humano al medio ambiente sano estaacute

relacionado con otros derechos humanos que la vulneracioacuten de este derecho radicaraacute en la

directa generacioacuten de riesgos o la tolerancias de circunstancias generadoras de dantildeos al medio

ambiente humano asiacute como la falta de adopcioacuten de medidas tendientes a disminuir la

generacioacuten de factores y efectos ambientalmente inadecuados para la vida del sistema en el

conviven los seres humanos Soacutelo se determinaraacute la violacioacuten de los demaacutes derechos

relacionados cuando estos factores ambientales esteacuten a su vez ocasionando la vulneracioacuten de

dichos derechos Es decir toda vez que se ponga en riesgo inminente la salud humana

producto de la contaminacioacuten de agua se estaraacute vulnerando el derecho a la salud el derecho al

agua y el derecho a un medio ambiente sano y seguacuten las circunstancias del caso podraacute

determinarse la violacioacuten del derecho a la vida Asimismo las medidas tendientes al cuidado

del medio ambiente humano requeriraacute la participacioacuten ciudadana no soacutelo en las poliacuteticas

medioambientales sino tambieacuten en aquellas relacionadas a la salud agua vivienda alimentacioacuten

y otros derechos vinculados

II EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO ARMADO

Despueacutes de haber identificado que el derecho a vivir en un medio ambiente sano incluye la

proteccioacuten y generacioacuten de condiciones ambientales adecuadas para la vida humana y que es en

siacute mismo una garantiacutea para el ejercicio de otros derechos como la alimentacioacuten vivienda salud

entre otros en tiempos normales de paz nos preguntamos acerca de la importancia de la

vigencia de este derecho en situaciones excepcionales y extremas como en contextos de

conflictos armados A fin de encontrar una respuesta recurrimos al Derecho Internacional de

Derechos Humanos especiacuteficamente en las normas referidas a estados excepcionales y

principalmente a la regulacioacuten del Derecho Internacional Humanitario

El derecho a la vida es uno de los derechos considerados como no susceptibles de

suspensioacuten en situaciones excepcionales reguladas por el artiacuteculo 4 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Poliacuteticos y por el artiacuteculo 27 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos Estas claacuteusulas permiten la suspensioacuten de obligaciones del Estado en los casos en



69



que la ldquovida de la nacioacutenrdquo se encuentre en peligro tales como situaciones de conflicto armado

desastres naturales u otras perturbaciones que asiacute lo ameriten seguacuten la doctrina y

jurisprudencia nacional e internacional de los sistemas de proteccioacuten de derechos humanos

bajo los principios de necesidad y proporcionalidad en la adopcioacuten de medidas

PACTO INTERNACIONAL DE

DERECHOS CIVILES Y POLIacuteTICOS DE

NACIONES UNIDAS

CONVENCIOacuteN AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS

Artiacuteculo 4

1 En situaciones excepcionales que pongan en

peligro la vida de la nacioacuten y cuya existencia

haya sido proclamada oficialmente los Estados

Partes en el presente Pacto podraacuten adoptar

disposiciones que en la medida estrictamente

limitada a las exigencias de la situacioacuten

suspendan las obligaciones contraiacutedas en virtud

de este Pacto siempre que tales disposiciones no

sean incompatibles con las demaacutes obligaciones

que les impone el derecho internacional y no

entrantildeen discriminacioacuten alguna fundada

uacutenicamente en motivos de raza color sexo

idioma religioacuten u origen social

2 La disposicioacuten precedente no

autoriza suspensioacuten alguna de los

artiacuteculos 6 (vida) (hellip)

Artiacuteculo 27

1 En caso de guerra de peligro puacuteblico o de

otra emergencia que amenace la

independencia o seguridad del Estado parte

eacuteste podraacute adoptar disposiciones que en la

medida y por el tiempo estrictamente

limitados a las exigencias de la situacioacuten

suspendan las obligaciones contraiacutedas en

virtud de esta Convencioacuten siempre que tales

disposiciones no sean incompatibles con las

demaacutes obligaciones que les impone el derecho

internacional y no entrantildeen discriminacioacuten

alguna fundada en motivos de raza color

sexo idioma religioacuten u origen social


autoriza la suspensioacuten de los

derechos determinados en los

siguientes artiacuteculos (hellip)4

(Derecho a la Vida) (hellip)

En lo referido al derecho a la vida entendemos que para los efectos de su proteccioacuten en

estas situaciones excepcionales no puede restringirse la prohibicioacuten de la suspensioacuten de las

obligaciones del Estado soacutelo a la mera prohibicioacuten de privar la vida arbitrariamente sino que



70



debe conservar la integralidad de su contenido en tanto se le exija al Estado a preservar en la

media de los posible seguacuten el contexto las condiciones de vida miacutenimas para la subsistencia de

la poblacioacuten Es decir no deberiacutean de ser susceptibles de suspensioacuten ni las obligaciones

estatales de dimensioacuten positiva y negativa respecto del derecho a la vida

En este sentido considerando que el derecho a la vida es un derecho intangible de

suspensioacuten deberaacute tenerse como una de las prioridades el restablecimiento de las condiciones

ambientales en los casos de situaciones generadas por desastres naturales y la conservacioacuten de

condiciones miacutenimas de caraacutecter ambiental y de sanidad en los casos de conflictos armados

como parte de la obligacioacuten de preservar el derecho a la vida Desde otro enfoque se podriacutea

argumentar que el derecho al medio ambiente sano en relacioacuten con el derecho a la vida cobra

una relevancia mayor en estos contextos pues su garantiacutea constituye un factor importante en el

restablecimiento de la situacioacuten de normalidad y a su vez disminuye las probabilidades de

generacioacuten de conflictos Es importante recordar que en todo conflicto armado los dantildeos al

medio ambiente son inevitables En palabras de Gonzales Barral ldquola guerra y el deterioro ambiental

son factores que se alimentan mutuamente de modo que si aquella produce de ordinario dantildeos

medioambientales el deterioro de los ecosistemas puede ser un factor desencadenante de conflictos sobre todo

cuando se produce la destruccioacuten de los bienes baacutesicos para la supervivencia de las comunidadesrdquo27

En los casos de conflictos armados el Derecho Internacional Humanitario es compatible

con esta liacutenea argumentativa en tanto regula la proteccioacuten de la poblacioacuten civil y bienes de

caraacutecter civil en estos contextos de violencia El Comiteacute de Derechos Humanos en su

Observacioacuten General No 29 expresa que ldquoel paacuterrafo 1 del artiacuteculo 4 establece que ninguna disposicioacuten

que suspenda obligaciones contraiacutedas en virtud del Pacto puede ser incompatible con las demaacutes obligaciones que

impone a los Estados Partes el derecho internacional especialmente las normas del derecho internacional

humanitariordquo28

27 GONZALES Juan Carlos ldquoLa Proteccioacuten del Medio Ambiente en el Derecho Internacional Humanitariordquo En RODRIacuteGUEZ Joseacute Luis (cord) Derechos Internacional Humanitario Valencia Tirant lo Blanch 2002 paacuteg 248 28 CDH Observacioacuten General Ndeg 29 CCPRC21Rev1Add11 paacuterr 9



71



La proteccioacuten del medio ambiente en el Derecho Internacional Humanitario se centra en la

proteccioacuten del medio ambiente en siacute mismo y como un elemento relacionado a la poblacioacuten

civil Dentro de los instrumentos con relevancia en esta materia encontramos la Convencioacuten

sobre la prohibicioacuten de utilizar teacutecnicas de modificacioacuten ambiental con fines militares de 1976

el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 de 1977 y normas relativas la

prohibicioacuten de cierto tipo de armas Seguacuten Bouvier ldquola finalidad de las normas de derecho

internacional humanitario relativas a la proteccioacuten del medio ambiente no es excluir totalmente los dantildeos al

medio ambiente sino maacutes bien limitarlos a una escala que pueda considerarse tolerablerdquo29

La Convencioacuten sobre la prohibicioacuten de utilizar teacutecnicas de modificacioacuten ambiental con fines

militares seguacuten su artiacuteculo 1 prohiacutebe a los Estados que utilicen con fines militares u otros fines

hostiles ldquoteacutecnicas de modificacioacuten ambiental que tengan efectos vastos duraderos o graves como medio para

producir destrucciones dantildeos o perjuicios a otro Estado Parterdquo30 Esta prohibicioacuten aparentemente se

centra en la proteccioacuten del medio ambiente en siacute mismo y no en su relacioacuten con la poblacioacuten

civil Sin embargo uno de las caracteriacutesticas de los efectos requeridos para la calificacioacuten de la

prohibicioacuten es la gravedad31 y eacutesta ha sido interpretada por el Acuerdo Interpretativo la

Convencioacuten en el sentido de que ldquolos efectos deben ser graves cuando impliquen una significativa ruptura

o dantildeo para la vida humana de los recursos econoacutemicos o naturales o de otros bienesrdquo32

Por su parte el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 de 1977 no

incluye prohibicioacuten de modificacioacuten del medio ambiente tal como lo hace el Convencioacuten

citada sino que prohiacutebe en su artiacuteculo 353 el empleo de meacutetodos o medios para hacer la

guerra ldquoque hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen dantildeos extensos

duraderos y graves al medio ambiente naturalrdquo33 Sin bien este artiacuteculo tampoco hace referencia de

manera expresa a la poblacioacuten civil en su relacioacuten con el medio ambiente protegido no puede

29 BOUVIER Antonie La Proteccioacuten de medio ambiente en periodo de conflicto armado Separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja No 108 Noviembre- Diciembre de 1991 paacuteg 606 30 El Convenio sobre la prohibicioacuten de utilizar teacutecnicas de modificacioacuten ambiental con fines militares seguacuten su artiacuteculo 1 En httpwwwicrcorgWebspasitespa0nsfhtml5TDM2L 31 En el caso de la Convencioacuten soacutelo se requiere que unos de estos efectos se materialicen pero en el caso del Protocolo I considera que deben concurrir los tres efectos vastos duraderos y graves 32 GONZALES Juan Carlos Oacutep Cit paacuteg 671 33 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 de 1997 Artiacuteculo 353



72



interpretarse de manera aislada del contenido integral del Protocolo En nuestra opinioacuten debe

de interpretarse en concordancia con el artiacuteculo 54 que contempla las prohibicioacuten de ldquohacer

padecer hambre a las personas civiles como meacutetodo de guerrardquo34 y la prohibicioacuten de ldquoatacar sustraer

destruir o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la poblacioacuten civil tales como los artiacuteculos

alimenticios y las zonas agriacutecolas que los producen las cosechas el ganado las instalaciones y reservas de agua

potable y las obras de riego con la intencioacuten deliberada de privar de esos bienes por su valor como medios para

asegurar la subsistencia a la poblacioacuten civil o a la Parte adversardquo35De esta forma podraacute considerarse

que todo meacutetodo de guerra utilizado para causar dantildeos ambientales y que a su vez tenga o

prevea efectos como los contemplados en el artiacuteculo 54 estaraacute prohibido

El artiacuteculo 54 del Protocolo tiene a su vez concordancia con la interpretacioacuten dada al

derecho humano al medio ambiente en tanto procura preservar condiciones ambientales

miacutenimas para la subsistencia de la poblacioacuten civil en la relacioacuten con el derecho a la

alimentacioacuten al acceso al agua y a otros medios de subsistencia relacionado al medio ambiente

humano como son las zonas agriacutecolas Por ejemplo el acceso al agua como elemento

medioambiental es indispensable no soacutelo para su consumo de la poblacioacuten civil sino tambieacuten

para el funcionamiento de la asistencia humanitaria para los heridos y enfermos a causa de la

violencia y la garantiacutea del derecho a la salud auacuten en estos contextos36

Muy importante es el artiacuteculo 55 del Protocolo I debido a que estipula expresamente la

obligacioacuten de los Estados de proteger el medio ambiente en los contextos de conflicto

Artiacuteculo 55 - Proteccioacuten del medio ambiente natural

1 En la realizacioacuten de la guerra se velaraacute por la proteccioacuten del medio ambiente natural contra

dantildeos extensos duraderos y graves Esta proteccioacuten incluye la prohibicioacuten de emplear meacutetodos

o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever

que causen tales dantildeos al medio ambiente natural comprometiendo asiacute la salud o la

34 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 de 1997 Artiacuteculo 541 35 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 de 1997 Artiacuteculo 542 36 Cp ZEMMALI Ameur ldquoProteccioacuten del agua en periodo de conflicto armandordquo Revista Internacional de la Cruz Roja Ginebra nuacutemero 131 1995 paacuteg 600 ndash 615



73



supervivencia de la poblacioacuten

2 Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias

El objetivo de estas normas estaacute claramente vinculado la proteccioacuten del medio ambiente

como mecanismos de proteccioacuten a su vez de la poblacioacuten civil contra los efectos hostiles del

conflicto Cabe precisar que de esta interpretacioacuten no debe desprenderse la apariencia de

duplicidad del artiacuteculo 353 y 551 pues el primero regula especiacuteficamente lo meacutetodos y medios

de hacer la guerra tomando en consideracioacuten soacutelo al medio ambiente y el segundo establece la

prohibicioacuten de causar dantildeo a la poblacioacuten civil mediante el desmedro del medio ambiente

aunque finalmente lo dos refuerzan la idea de la proteccioacuten ambiental

Por otro lado en el Derecho Internacional Humanitario encontramos como proteccioacuten

indirecta del medio ambiente diversas normas de prohibicioacuten de uso de armas convencionales

y no convencionales que puedan generar dantildeos excesivamente nocivos y que por lo tanto

tambieacuten tengan repercusioacuten en el estado del medio ambiente y salud de la poblacioacuten

El Protocolo sobre la prohibicioacuten del uso en la guerra de los gases asfixiantes toacutexicos

o similares y los medios bacterioloacutegicos (Ginebra 17 de Junio de 1925)

La Convencioacuten sobre la prohibicioacuten del desarrollo la produccioacuten y almacenamiento de

armas bacterioloacutegicas (bioloacutegicas) y toxica y sobre su destruccioacuten del 10 de abril de

1972

Convencioacuten sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de ciertas Armas

Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos

indiscriminados (Ginebra 10 de octubre de 1980)37

37 Ademaacutes considerar los Protocolos I II III IV y V



74



Convencioacuten sobre su proteccioacuten el almacenamiento y el empleo de armas quiacutemicas y

sobre su destruccioacuten (Pariacutes 13 de enero de 1993)

Convencioacuten relativa a la colocacioacuten de minas submarinas automaacuteticas de contacto (La

haya 18 de octubre de 1907)

Convencioacuten sobre la prohibicioacuten del empleo almacenamiento produccioacuten y

transferencia de minas antipersonales y sobre su destruccioacuten (Ottawa 18 de septiembre

de 1997)

Conviene destacar que el Protocolo I relativo a la proteccioacuten de las viacutectimas de los

conflictos armados internacionales es el uacutenico que contiene estas normas de proteccioacuten del

medio ambiente y que estaacuten ausentes en el Protocolo II relativo a la proteccioacuten de viacutectimas de

conflictos armados no internacionales Esto no significa que existan circunstancias de riesgo y

atentado en contra del medio ambiente en el caso de los conflictos armados no internacionales

y dichas circunstancias no esteacuten reguladas Debe reconocerse en todo caso que los artiacuteculos 14

y 15 del Protocolo II constituyen un viacutenculo con el medio ambiente a la luz tambieacuten de lo

interpretado en concordancia con el Protocolo I ademaacutes de la regulacioacuten mencionada sobre

los estados de excepcioacuten contenido en instrumentos de Derechos Humanos

Artiacuteculo 14

Proteccioacuten de los bienes indispensables para

la supervivencia de la poblacioacuten civil

Queda prohibido como meacutetodo de combate

hacer padecer hambre a las personas civiles

En consecuencia se prohiacutebe atacar

destruir sustraer o inutilizar con ese fin los

bienes indispensables para la supervivencia

de la poblacioacuten civil tales como los artiacuteculos

alimenticios y las zonas agriacutecolas que los

producen las cosechas el ganado las

instalaciones y reservas de agua potable y

Artiacuteculo 15

Proteccioacuten de las obras e instalaciones que contienen

fuerzas peligrosas

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas

peligrosas a saber las presas los diques y las centrales

nucleares de energiacutea eleacutectrica no seraacuten objeto de ataques

aunque sean objetivos militares cuando tales ataques

puedan producir la liberacioacuten de aquellas fuerzas y

causar en consecuencia peacuterdidas importantes en la

poblacioacuten civil



75



las obras de riego

Finalmente tambieacuten desde el Derecho Penal Internacional se ha calificado como crimen de

guerra el ldquolanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que causaraacute peacuterdidas de vida lesiones a civiles o

dantildeos a objetos de caraacutecter civil o dantildeos extensos duraderos y graves al medio natural que seriacutean

manifiestamente efectivos en relacioacuten con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se preveardquo seguacuten

el artiacuteculo 82biv del Estatuto de la Corte Penal Internacional

III REFLEXIONES FINALES

Si bien el Derecho Humano al medio ambiente estaacute considerado por algunos como un

derecho de segunda o tercera generacioacuten que no puede ser exigible mediante el sistema de

peticiones individuales de los sistema internacionales de derechos humanos y que requiere un

mayor desarrollo de su contenido como derecho humano no pude dejar que reconocerse su

vital importancia tanto para los contexto de paz como los contexto de conflictos armados en

tanta constituye una garantiacutea para la vida y supervivencia de las personas

Hemos utilizado como metodologiacutea la alternativa de interpretacioacuten del derecho a partir de

otros derechos principalmente el derecho a la vida y otros derechos categorizados como

econoacutemicos sociales o culturales de lo cual llegamos a la conclusioacuten que el derecho a vivir en

un medio ambiente sano implica obligaciones tanto negativas como positivas del Estado en

tanto no soacutelo debe abstenerse de realizar y prohibir a terceros realizar actos que atenten contra

el medio ambiente humano tales como la contaminacioacuten del aire el agua el suelo y la

explotacioacuten irracional de los recursos naturales sino que tambieacuten exigen la generacioacuten de

condiciones ambientales dignas y sustentable tanto en zonas urbanas como en rurales Estas

condiciones ambientales estaacuten iacutentimamente relacionadas con las condiciones requeridas para el

ejercicio de otros derechos y por lo tanto demuestra la vigencia del principio de

interdependencia de los Derechos Humanos



76



Sin quedarnos en la visioacuten proteccionista consideramos que se requiriere la concientizacioacuten

de la poblacioacuten acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente a fin de que puedan

ser responsables individualmente por su medio ambiente y que se promueva en ellas la activa

participacioacuten en los procesos de adopcioacuten de poliacuteticas medioambientales que importan a su

comunidad Ademaacutes es necesario reforzar los espacios de comunicacioacuten entre el Estado y la

sociedad y generar acceso a la informacioacuten puacuteblica relevante en materia ambiental concebido

tambieacuten como un Derecho Humano

Asimismo cabe resaltar que si bien nos hemos enfocado en la conducta de los Estados

sentildealamos que en las circunstancias de paz como en contexto de conflicto la intervencioacuten de

actores privados como las empresas tambieacuten cumple una labor importante pues estos actores

pueden jugar una rol importante en la promocioacuten del desarrollo sostenible cumpliendo con el

respecto del medio ambiente de la poblacioacuten

Finalmente el hecho que el medio ambiente esteacute considerado como un bien de caraacutecter

civil de proteccioacuten especial relacionado a su vez con la proteccioacuten de la poblacioacuten civil en casos

tan extremos como la guerra pone en evidencia la importancia que tiene este derecho para la

vida de las personas en este sentido es necesario que los Sistemas Internacionales de Derechos

Humanos se avoquen en el anaacutelisis maacutes profundo del contenido del derecho humano a vivir en

un medio ambiente sano para efectos de generar su efectivo ejercicio a nivel interno tanto en

situaciones de paz como en situaciones excepciones sobre todo en circunstancias de conflicto

armado

BIBLIOGRAFIacuteA




77



ALDAVE Hugo ldquoAlgunos fundamentos del derecho ambientalrdquo En

GIUSTI Miguel (ed) La Filosofiacutea del siglo XX Balance y perspectivas Lima Fondo

Editorial de la Pontificia Universidad Catoacutelica del Peruacute 2000

BOUVIER Antonie La Proteccioacuten de medio ambiente en periodo de conflicto armado

Separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja No 108 Noviembre-

Diciembre de 1991

CANCcedilADO Augusto ldquoEnvironment and Development Formulation and

Implementation of the Right to Development as a Human Rightrdquo En BROW

Weiss (ed) Derechos Humanos Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente Segunda

Edicioacuten San Joseacute BID 1995

GONZALES Juan Carlos ldquoLa Proteccioacuten del Medio Ambiente en el Derecho

Internacional Humanitariordquo En RODRIacuteGUEZ Joseacute Luis (cord) Derechos

Internacional Humanitario Valencia Tirant lo Blanch 2002

ZEMMALI Ameur ldquoProteccioacuten del agua en periodo de conflicto armandordquo

Revista Internacional de la Cruz Roja Ginebra nuacutemero 131 1995

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS


Fondo Sentencia de 19 de noviembre 1999 Serie C No 63


noviembre de 2000Serie C No 70

Corte IDH Caso 19 Comerciantes Vs Colombia Fondo Reparaciones y Costas




78



Corte IDH Caso Juan Humberto Saacutenchez Vs Honduras Excepcioacuten Preliminar

Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C No 99





Corte IDH Caso ldquoInstituto de Reeducacioacuten del Menorrdquo Vs Paraguay Excepciones

Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de septiembre de

2004 Serie C No 112

Corte IDH Caso Huilce Tecse Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia


Corte IDH Caso Comunidad indiacutegena Yakye Axa Vs Paraguay Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 17 de junio de 2005 Serie C No 125

Corte IDH Caso de la ldquoMasacre de Mapiripaacutenrdquo Vs Colombia Sentencia de 15 de

septiembre de 2005 Serie C No 134

Corte IDH Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia Sentencia de 31 de

enero de 2006 Serie C No 140

Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa Vs Paraguay Fondo


COMITEacute DE DERECHOS HUMANOS ECONOacuteMICOS SOCIALES Y CULTURALES



79



CDESC Observacioacuten General Ndeg 4 Derecho a una Vivienda Adecuada UN Doc

E199123 (1991)

CDESC Observacioacuten General Ndeg 14 Derecho al disfrute del maacutes alto nivel posible de

salud UN Doc EC1220004 (2000)

CDESC Observacioacuten General Ndeg 15 Derecho al agua UN Doc

EC12200211 (2003)

COMITEacute DE DERECHOS HUMANOS

CDH Observacioacuten General Ndeg 29 CCPRC21Rev1Add11

DOCUMENTOS DE NACIONES UNIDAS

Asamblea General de las Naciones Unidas Informe del Relator Especial sobre el

derecho a la alimentacioacuten Documento A61306 del 1 de septiembre de 2006


derecho a la alimentacioacuten Documento A62289 del 22 de agosto de 2007



Convenio Europeo de Derechos Humanos

Convenio sobre la Prohibicioacuten de utilizar Teacutecnicas de Modificacioacuten Ambiental

con Fines Militares



80



Declaracioacuten de Estocolmo de 1972

Pacto de Derechos Econoacutemicos Sociales y Culturales

Protocolo Adicional a la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos en

materia de Derechos Econoacutemicos Sociales y Culturales Protocolo de San

Salvador

Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 de 1997

La implementacioacuten de la consulta previa legislativa en el congreso peruano una tarea pendiente Renato Sotelo Torres

81



LA IMPLEMENTACIOacuteN DE LA CONSULTA PREVIA LEGISLATIVA EN EL

CONGRESO PERUANO UNA TAREA PENDIENTE

RENATO SOTELO TORRES



de Porres Especialidad en Derechos Humanos por la

American University ndash Washington College of Law

Abogado de la Direccioacuten General de Derechos Humanos

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

I INTRODUCCIOacuteN-II LA GARANTIacuteA DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA COMO UNA

OBLIGACIOacuteN INTERNACIONAL-III EL INCORRECTO ESFUERZO DE IMPLEMENTAR UN

PROCESO DE CONSULTA AD-HOC-IV ALGUNAS EXPERIENCIAS COMPARADAS-

REFLEXIONES FINALES

I INTRODUCCIOacuteN

Los Estados partes de un tratado en materia de derechos humanos asumen obligaciones y

dentro de eacutestas se encuentra la de adecuar el derecho interno conforme al contenido de dichos

instrumentos internacionales Un ejemplo de ello es el artiacuteculo 2 de la Convencioacuten Americana

de Derechos Humanos1 tratado vigente en nuestro paiacutes desde el 28 de julio de 1978 y el

La primera edicioacuten de este artiacuteculo fue publicado en Gaceta Constitucional Tomo 66 junio 2013 349 ndash 358 1 Artiacuteculo 2 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno [hellip] Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artiacuteculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convencioacuten las medidas legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades


82



artiacuteculo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos2 efectivo para el Peruacute desde

el 28 de abril de 1978

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Estado Peruano el 02 febrero de 1994 Este

convenio fija como obligatorio para los Estados parte el desarrollo de una accioacuten coordinada y

sistemaacutetica con miras a proteger los derechos de los pueblos indiacutegenas y tribales Bajo ese

paradigma el Tribunal Constitucional peruano ha sentildealado respecto a su vigencia que dicho

convenio ldquoforma parte de nuestro ordenamiento juriacutedico y por lo tanto como cualquier otra

norma debe ser acatadardquo3

En esa liacutenea en el proceso de implementacioacuten del Convenio 169 el Estado peruano luego

de 17 antildeos aproboacute la Ley Nordm 29785 del ldquoDerecho a la Consulta Previa a los pueblos Indiacutegenas

u Originarios reconocidos en el Convenio Ndeg 169 de la OITrdquo y breve tiempo despueacutes el DS

Nordm 001-2012-MC que lo reglamenta En tal sentido la implementacioacuten llevada a cabo por el

Poder Ejecutivo alcanza exclusivamente (i) las medidas administrativas que dicte el Ejecutivo

mediante las distintas entidades que lo conforman (ii) medidas legislativas entendieacutendose

como tales a los decretos que se emitan conforme con el artiacuteculo 104ordm de la Constitucioacuten y (iii)

las medidas administrativas mediante las cuales se aprueban los planes programas y proyectos

de desarrollo

Dicha normativa tiene por objeto garantizar los derechos colectivos de los pueblos

indiacutegenas vigentes en el ordenamiento juriacutedico peruano debido a la interpretacioacuten sistemaacutetica

de las obligaciones internacionales contraiacutedas por el Estado en virtud de la cuarta disposicioacuten

final y transitoria de la Constitucioacuten y el Artiacuteculo V del tiacutetulo preliminar del Coacutedigo Procesal

Constitucional y los artiacuteculos 2 nuacutem 19 88 y 89 de la Constitucioacuten Poliacutetica

2 Artiacuteculo 2 [hellip] 2 Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro caraacutecter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro caraacutecter 3 STC Exp 03343-2007-PATC del 19 de febrero de 2009 fj 31


83



Sin embargo queda pendiente la creacioacuten de un mecanismo mediante el cual el Poder

Legislativo instrumentalice el Convenio 169 con la finalidad de examinar el grado de

afectacioacuten alcances y pertinencia de los proyectos de ley de acuerdo al artiacuteculo 6 de dicho

convenio

II EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA LIBRE INFORMADA Y DE BUENA FE

El Estado peruano se encuentra sujeto a las obligaciones internacionales asumidas por el

Convenio 169 de la OIT en virtud a lo dispuesto por el artiacuteculo 55 de la Constitucioacuten Poliacutetica

Pero ademaacutes en atencioacuten al artiacuteculo V del Tiacutetulo Preliminar del Coacutedigo Procesal

Constitucional existen otras fuentes como la jurisprudencia de los tribunales internacionales y

otros pronunciamientos que deben ser revisados por ser de especial relevancia para el tema sub

examine

En tal sentido si bien la jurisprudencia de la Corte Interamericana abordoacute casos donde la

materia en controversia estaba relacionada con medidas administrativas que afectaron a los

pueblos indiacutegenas y tribales en especiacutefico sobre el derecho a la propiedad comunitaria existen

criterios que deben resentildearse

La Corte IDH ha tenido en cuenta que entre los pueblos indiacutegenas ldquoexiste una tradicioacuten

comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra en el sentido de

que la pertenencia de eacutesta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad Los

indiacutegenas por el simple hecho de su existencia tienen derecho a vivir libremente en sus

propios territorios La estrecha relacioacuten que los indiacutegenas mantienen con la tierra debe ser

reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas su vida espiritual su

integridad y su supervivencia econoacutemica Para las comunidades indiacutegenas la relacioacuten con la

tierra no es meramente una cuestioacuten de posesioacuten y produccioacuten sino un elemento material y


84



espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y

transmitirlo a las generaciones futurasrdquo4

Para la Corte Interamericana el deber estatal de consultar a los pueblos indiacutegenas debe

cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones a traveacutes de procedimientos

culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus meacutetodos tradicionales para la toma de

decisiones5 Ademaacutes a juicio del Tribunal el derecho a la consulta y el deber estatal

correlativo se vinculan con muacuteltiples derechos humanos y en particular se conectan con el

derecho a la participacioacuten consagrado en el artiacuteculo 23deg de la Convencioacuten Americana6

Seguacuten la Corte IDH la consulta debe ser informada en el sentido de que los pueblos

indiacutegenas tengan ldquoconocimiento de los posibles riesgos incluidos los riesgos ambientales y de

salubridad a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversioacuten propuesto con conocimiento

y de forma voluntariardquo7 Para la Corte Interamericana ldquoeste deber requiere que el Estado

acepte y brinde informacioacutenrdquo8 e ldquoimplica una comunicacioacuten constante entre las partesrdquo9

La Corte Interamericana ha planteado la obligacioacuten de obtener el consentimiento en los

siguientes teacuterminos ldquocuando se trate de planes de desarrollo o de inversioacuten a gran escala que

tendriacutean un mayor impacto dentro del territorio Saramaka el Estado tiene la obligacioacuten no

soacutelo de consultar a los Saramakas sino tambieacuten debe obtener el consentimiento libre

informado y previo de eacutestosrdquo10 Posteriormente en la sentencia interpretativa del caso

Saramaka la Corte antildeadioacute ldquoel Estado tiene el deber desde el inicio de la actividad que se

4 Cp Corte IDH Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs Nicaragua Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C No 79 paacuterr 149 Caso Comunidad Indiacutegena Sawhoyamaxa Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de marzo de 2006 Serie C No 146 paacuterr 118 Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de noviembre de 2007 Serie C No 172 paacuterr 90 y Caso Comunidad Indiacutegena Xaacutekmok Kaacutesek Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No 214 paacuterr 86 5 Cp Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam supra nota 4 paacuterr 131 6 Cp Corte IDH Caso Yatama Vs Nicaragua Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de junio de 2005 Serie C No 127 paacuterr 225 7 Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam supra nota 4 paacuterr 133 8 Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam supra nota 4 paacuterr 133 9 Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam supra nota 4 paacuterr 133 10 Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam supra nota 4 paacuterr 134


85



propone de consultar activamente con el pueblo Saramaka de buena fe y con el objetivo de

llegar a un acuerdo lo cual a su vez requiere que el Estado acepte y brinde informacioacuten al

respecto en un formato entendible y puacuteblicamente accesible Ademaacutes dependiendo del nivel

de impacto que tendraacute la actividad que se propone el Estado podriacutea ser requerido a obtener el

consentimiento del pueblo Saramaka11 En dicha sentencia tambieacuten la Corte aclaroacute que es el

propio pueblo y no el Estado quien debe decidir quieacutenes representaraacuten a la comunidad en cada

proceso de consulta de acuerdo a sus costumbres y tradiciones12

Por otro lado el Comiteacute de Derechos Humanos oacutergano creado por el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Poliacuteticos ha reconocido que el goce de los derechos culturales de los

pueblos indiacutegenas incluyendo los que se asocian al uso de la tierra y los recursos naturales

ldquopuede requerir la adopcioacuten de medidas juriacutedicas positivas de proteccioacuten y medidas para

asegurar la participacioacuten eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones

que les afectanrdquo13

Asimismo la Comisioacuten Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la consulta

no es un acto singular sino un proceso de diaacutelogo y negociacioacuten que implica la buena fe de

ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo Los procedimientos de consulta en

tanto forma de garantizar el derecho de los pueblos indiacutegenas y tribales a participar en los

asuntos susceptibles de afectarles deben ldquopropender por la obtencioacuten del consentimiento libre

e informado de los pueblos y no limitarse uacutenicamente a una notificacioacuten o a un traacutemite de

cuantificacioacuten de dantildeosrdquo14 Asimismo ha sostenido que el procedimiento de consulta ldquono

puede agotarse en el cumplimiento de una serie de requisitos pro forma Incluso en los

supuestos en los que el consentimiento de los pueblos indiacutegenas no sea un requisito necesario

los Estados tienen el deber de prestar la debida consideracioacuten a los resultados de la consulta o

11 Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam supra nota 4 paacuterr 17 12 Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam ldquoInterpretacioacuten de la Sentenciardquo de Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No 185 paacuterr 18 13 Cp CDH Observacioacuten General Ndeg 23 Artiacuteculo 27 ndash Derechos de las Minoriacuteas 50deg periacuteodo de sesiones HRIGEN1Rev7 (1994) paacuterr 7 14 CIDH Acceso a la Justicia e Inclusioacuten Social El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia Doc OEASerLVII Doc 34 28 de junio de 2007 paacuterr 248


86



en su defecto proporcionar razones objetivas y razonables para no haberlos tomado en

consideracioacutenrdquo15

En tal sentido ha manifestado que los Estados deben aprobar legislacioacuten ldquoque desarrolle

los derechos individuales de los indiacutegenas que garantice mecanismos de participacioacuten de los

pueblos indiacutegenas en la toma de decisiones de iacutendole poliacutetica econoacutemica y social que afecten

sus derechos y que incremente su participacioacuten poliacutetica en la adopcioacuten de decisiones a nivel

nacionalrdquo16 en consecuencia ldquola ausencia de directrices juriacutedicas claras para el procedimiento

de consulta supone en la praacutectica un serio obstaacuteculo para el cumplimiento del deber estatal de

consultardquo17

Del mismo modo la Comisioacuten ha resaltado que los Estados tienen ldquola obligacioacuten general de

consultar a los pueblos indiacutegenas sobre las medidas legislativas que les pueden afectar

directamente particularmente en relacioacuten con la reglamentacioacuten legal de los procedimientos de

consulta El cumplimiento del deber de consultar a los pueblos indiacutegenas y tribales sobre la

definicioacuten del marco legislativo e institucional de la consulta previa es una de las medidas

especiales requeridas para promover la participacioacuten de los pueblos indiacutegenas en la adopcioacuten

de las decisiones que les afectan directamenterdquo18

En igual sentido la CIDH ha declarado que ldquotodo pronunciamiento sobre la medida en que

los pueblos indiacutegenas pueden mantener intereses en las tierras a las que tradicionalmente han

tenido tiacutetulo y que han ocupado y usado debe basarse en un proceso de consentimiento

plenamente informado y mutuo por parte de la comunidad indiacutegena en conjuntordquo19 Los

procesos de obtencioacuten del consentimiento previo e informado de la comunidad en su conjunto

exigen ldquocomo miacutenimo que todos los miembros de la comunidad sean plena y precisamente

15 CIDH Derechos de los pueblos indiacutegenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales Doc OEASerLVII Doc 5609 30 de diciembre de 2009 paacuterr 285 16 CIDH Segundo Informe sobre la Situacioacuten de los Derechos Humanos en el Peruacute Doc OEASerLVII106 Doc 59 rev 2 de junio de 2000 Capiacutetulo X paacuterr 39 ndash Recomendacioacuten 1 17 CIDH supra nota 15 paacuterr 299 18 CIDH supra nota 15 paacuterr 300 19 CIDH Informe Ndeg 7502 Mary y Carrie Dann contra Estados Unidos 27 de diciembre de 2002 paacuterr 165


87



informados de la naturaleza y las consecuencias del proceso y cuenten con una oportunidad

efectiva de participar individual o colectivamenterdquo20

En ese mismo orden de ideas el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos

Indiacutegenas de las Naciones Unidas ha formulado su postura expresando que la consulta y el

consentimiento no se limitan a asuntos que afecten los derechos de propiedad indiacutegenas sino

que tambieacuten son aplicables a otras acciones administrativas o legislativas de los Estados que

tienen un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indiacutegenas21 En este sentido se

ha pronunciado al explicar que ldquo[n]o existe una foacutermula especiacutefica para consultar a los pueblos

indiacutegenas aplicable a todos los paiacuteses en todas las circunstanciasrdquo y que ldquo[l]as caracteriacutesticas

especiacuteficas del proceso de consultas requerido por el deber de celebrar consultas variaraacute

necesariamente en funcioacuten de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su impacto

sobre los pueblos indiacutegenasrdquo22

En palabras del Relator Especial ldquoen los casos relativos a explotacioacuten de recursos naturales

o proyectos de desarrollo que afecten tierras indiacutegenas para que los pueblos indiacutegenas

interesados puedan adoptar decisiones libres e informadas sobre el proyecto en consideracioacuten

es necesario que reciban informacioacuten objetiva y completa sobre todos los aspectos del

proyecto que los afecta incluidas las repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno A

este respecto es esencial que el Estado haga estudios sobre el impacto ambiental y social a fin

20 CIDH Informe de Fondo Ndeg 4004 Comunidades Indiacutegenas Mayas del Distrito de Toledo contra Belice 12 de octubre de 2004 paacuterr 142 21 Los Estados deben elaborar mecanismos para determinar y analizar si las medidas legislativas o administrativas propuestas incluidas las relativas a la extraccioacuten de recursos o a otras actividades de desarrollo afectan los intereses particulares de los pueblos indiacutegenas y en queacute medida lo hacen a fin de determinar la necesidad de iniciar procesos especiales de consultas mucho antes de que se adopten las medidas en cuestioacuten Las caracteriacutesticas especiacuteficas de los procedimientos de consulta requeridos variaraacuten seguacuten la naturaleza de la medida propuesta el alcance de su impacto en los pueblos indiacutegenas y la naturaleza de los intereses o derechos de los pueblos indiacutegenas que esteacuten en juego Sin embargo en todos los casos en que se aplique el deber de celebrar consultas su finalidad deberaacute ser obtener el consentimiento o el acuerdo de los pueblos indiacutegenas afectados De ahiacute que las consultas deban realizarse en las primeras etapas de la elaboracioacuten o planificacioacuten de la medida propuesta a fin de que los pueblos indiacutegenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopcioacuten de decisionesrdquo ONU Consejo de Derechos Humanos Informe del Relator Especial sobre la Situacioacuten de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indiacutegenas James Anaya Doc ONU AHRC1234 15 de julio de 2009 paacuterrs 64-65 22 ONU Consejo de Derechos Humanos supra nota 21 paacuterrs 37 y 45


88



de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever Los grupos indiacutegenas

interesados deben conocer esos estudios de impacto en las primeras etapas de las consultas

tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de los estudios y poder presentar sus

observaciones y recibir informacioacuten acerca de cualquier preocupacioacuten que planteenrdquo23

Finalmente el Comiteacute Tripartito del Consejo de Administracioacuten de la OIT en una

reclamacioacuten presentada contra el Brasil recordoacute que los mecanismos de consulta y

participacioacuten son la piedra angular del Convenio y que su finalidad no es formal sino que

fueron previstos para que los pueblos indiacutegenas puedan participar efectivamente en su propio

desarrollo Dicho Comiteacute indicoacute que la consulta se debe efectuar mediante procedimientos

apropiados a las circunstancias a traveacutes de las instituciones representativas de los pueblos

indiacutegenas de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o de lograr el consentimiento

acerca de las medidas propuestas En relacioacuten a los ldquoprocedimientos apropiadosrdquo el Comiteacute

tripartito sentildealoacute que no hay un uacutenico modelo de procedimiento apropiado y que estos

procedimientos deberiacutean tener en cuenta las circunstancias nacionales de los pueblos indiacutegenas

interesados asiacute como la naturaleza de las medidas que son objeto del proceso de consulta24

Por otro lado en relacioacuten a la buena fe que debe revestir todo proceso de consulta el

Comiteacute Tripartito sentildealoacute que la consulta requiere el establecimiento de un clima de confianza

mutua entre las partes ldquoconsiderando que el establecimiento de mecanismos eficaces de

consulta y participacioacuten contribuyen a prevenir y resolver conflictos mediante el diaacutelogordquo El

Comiteacute subraya la necesidad de desplegar esfuerzos para intentar generar consensos en cuanto

a los procedimientos de facilitar su acceso daacutendoles amplia difusioacuten y de crear un clima de

confianza con los pueblos indiacutegenas que propicie un diaacutelogo productivo25

23 ONU Consejo de Derechos Humanos supra nota 21 paacuterr 53 24 ONU Consejo de Derechos Humanos supra nota 21 paacuterr 42 25 Informe del Comiteacute encargado de examinar la reclamacioacuten en la que se alega el incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indiacutegenas y tribales 1989 (nuacutem 169) presentada en virtud del artiacuteculo 24 de la Constitucioacuten de la OIT por la Federacioacuten de Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC) GB294171 GB29961 (2005) paacuterr 53 (en liacutenea) Consultado 14 jun 2012 Disponible en httpwwwiloorgilolexcgilexpdconvs2plhost=status01amptextbase=ilospaampdocument=87ampchapter=16ampquery=23Pais3D2Aamphighlight=onampquerytype=boolampcontext=0


89



III EL ERROacuteNEO CAMINO DE IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CONSULTA AD-HOC

El proceso de consulta implementado por el Congreso de la Repuacuteblica en el caso de la Ley

Forestal representa un loable esfuerzo digno de saludar sin embargo debe aspirarse a la

creacioacuten de un procedimiento permanente que se encuentre incluido en el Reglamento del

Congreso de la Repuacuteblica aplicable a todo caso donde exista una potencial afectacioacuten directa a

los derechos humanos de los pueblos indiacutegenas La ejecucioacuten del procedimiento no deberiacutea

depender de la voluntad o el arbitrio de un parlamentario o una Comisioacuten sino de un

procedimiento establecido de antemano en armoniacutea con el Derecho Parlamentario Sin

perjuicio ello a continuacioacuten resentildearemos el caso de la Ley Forestal

En junio de 2008 en aplicacioacuten de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la

Repuacuteblica mediante la Ley Ndeg 29157 el Poder Ejecutivo dicta el Decreto Legislativo Ndeg 1090

denominado ldquoLey Forestal y de Fauna Silvestrerdquo Dicho decreto entrariacutea en vigencia al diacutea

siguiente de publicado su Reglamento26 Cabe destacar que el paiacutes se encontraba

convulsionado y que las poblaciones indiacutegenas de la Amazoniacutea reclamaban la derogatoria de

varios Decretos legislativos entre los que se encontraba el referido a la Ley Forestal

Dadas las circunstancias el Pleno del Congreso crea una Comisioacuten Multipartidaria con la

finalidad de estudiar y recomendar la solucioacuten a la problemaacutetica de los Pueblos Indiacutegenas

Dicha Comisioacuten emitiriacutea un Informe recomendando a la Comisioacuten de Constitucioacuten y

Reglamento del Congreso de la Repuacuteblica la derogatoria de una serie de Decretos Legislativos

emitidos por el Ejecutivo entre los que se encuentra DL Ndeg 1090

Visto el descontento de la poblacioacuten el Poder Ejecutivo remite al Congreso de la

Repuacuteblica el Proyecto de Ley Ndeg 29582008-PE que modifica el Decreto Legislativo Nordm 1090

Sin embargo solicita que se disponga su traacutemite con caraacutecter de urgencia y que se le exonere

de debate y del dictamen de Comisiones Dicho Proyecto fue aprobado en el Congreso sin ser

26 Decreto Supremo Ndeg 002-2009-AG que reglamenta el Decreto Legislativo Nordm 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Dicho Decreto Legislativo entroacute en vigencia el 17 de enero de 2009


90



pre- publicado y sin dictaminar y continuoacute permitiendo el cambio de uso de las tierras

forestales uno de los motivos de las protestas

Adicionalmente y dados estos hechos la OIT emitioacute e hizo puacuteblico el ldquoInforme de la

Comisioacuten de Expertos en Aplicacioacuten de Convenios y Recomendaciones de la Organizacioacuten

Internacional del Trabajordquo en la que se indica que ldquoLa Comisioacuten insta al Gobierno que con la

participacioacuten y consulta de los Pueblos Indiacutegenas adopte sin demora las medidas necesarias

para garantizar 1) la participacioacuten y consulta de los Pueblos Indiacutegenas de manera coordinada y

sistemaacutetica a la luz de los artiacuteculos 2 6 7 15 y 33 del Convenio 2) la identificacioacuten de

situaciones urgentes relacionadas con la explotacioacuten de recursos naturales que pongan en

riesgo las personas las instituciones los bienes el trabajo las culturas y el medio ambiente de

los pueblos interesados y la aplicacioacuten raacutepida de las medidas especiales que se precisen para

salvaguardarlos La Comisioacuten solicita al Gobierno que se sirva proporcionar informaciones

sobre dichas medidas junto con sus comentarios a las comunicaciones recibidasrdquo27

Ante ello el Congreso de la Repuacuteblica decidioacute convocar a Consulta Previa el Proyecto de

Ley Forestal aun cuando eran conscientes que dicho proceso se llevariacutea a cabo en un contexto

de alta desconfianza y auacuten a pesar de no contar con recursos humanos financieros logiacutesticos

ni teacutecnicos adecuados para llevarlo a cabo La Comisioacuten Agraria del Congreso de la Repuacuteblica

emitioacute el documento denominado ldquoAnaacutelisis de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indiacutegenas y

criterios para su implementacioacuten en el contexto del debate del Proyecto de Ley Forestal y de Faunardquo Dicho

documento dio inicio del proceso de consulta respecto del Proyecto de Nordm 041412009-PE y

establecioacute el cronograma para la realizacioacuten del mismo convocando a 4 Audiencias Regionales

y un Encuentro Nacional en la ciudad de Lima

La propuesta identificoacute a quienes teniacutean que ser consultados quienes seriacutean los garantes del

proceso y cuales las instituciones invitadas en calidad de observadoras Respecto a la

27 OIT Comiteacute de Expertos en la Aplicacioacuten de Convenios y Recomendaciones (CEACR) Observacioacuten respecto al Convenio 169 sobre pueblos indiacutegenas y tribales en el Peruacute (2009) publicada en la 99deg reunioacuten CIT de 2010 Disponible en httpwwwiloorgdynnormlexesfp=1000131002553473347056369NO13100P13100_COMMENT_ID2307227


91



metodologiacutea establecioacute los principios del proceso de Consulta y la lista de los artiacuteculos del

Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre relacionados con la gestioacuten y regulacioacuten del uso

de los recursos forestales por parte de los Pueblos Indiacutegenas dejando abierto el debate a la

incorporacioacuten de otros artiacuteculos o preocupaciones que surgieran en el marco del Proyecto de

Ley que se sometiacutea a consulta El documento emitido por la Comisioacuten Agraria establecioacute

adicionalmente los criterios para la identificacioacuten de los Pueblos Indiacutegenas a ser consultados y

los mecanismos de publicidad del proceso antes durante y despueacutes del mismo Sentildeala los

procedimientos de informacioacuten de la medida legislativa materia de consulta y las etapas de

evaluacioacuten interna por parte de las Organizaciones Indiacutegenas representativas Finalmente

define la etapa de diaacutelogo y establece un conjunto de reglas para el desarrollo de las Audiencias

Regionales y el Encuentro Nacional

IV ALGUNAS EXPERIENCIAS COMPARADAS

Si bien existen algunos esfuerzos normativos en el derecho comparado cabe destacar que la

realidad de cada uno de ellos no determina una forma o meacutetodo uniacutevoco de implementacioacuten

sino que la consulta debe adaptarse a las particularidades de cada paiacutes las acciones posibles

para que se construyan herramientas que coadyuven a implementar un procedimiento de

consulta de las medidas legislativas acorde a la realidad nacional

En el caso de Colombia la Corte Constitucional se ha referido de manera concreta al

derecho de consulta de las comunidades indiacutegenas dentro del contexto del traacutemite legislativo

En tal sentido ha sostenido que

a Trataacutendose especiacuteficamente de medidas legislativas el deber de consulta ldquono surge frente a toda medida legislativa

que sea susceptible de afectar a las comunidades indiacutegenas sino uacutenicamente frente a aquellas que puedan afectarlas

directamenterdquo

b En cuanto a las condiciones de tiempo modo y lugar en que debe producirse la consulta ldquodebe atenderse a la

flexibilidad que sobre el particular consagra el Convenio y al hecho de que de acuerdo con el mismo el traacutemite de la

consulta se somete al principio de la buena fe lo cual quiere decir por un lado que corresponde a los Estados definir

las condiciones en las que se desarrollaraacute la consulta y por otro que la misma para que resulte satisfactoria a la luz


92



del ordenamiento constitucional debe realizarse de manera que sea efectiva y conducente pero sin que quepa hablar en

ese contexto de teacuterminos perentorios para su realizacioacuten ni de condiciones ineludibles para el efecto Se trata de

propiciar espacios de participacioacuten que sean oportunos en cuanto permitan una intervencioacuten uacutetil y con voceros

suficientemente representativos en funcioacuten del tipo de medida a adoptarrdquo

c En lo concerniente al momento concreto en el que debe hacerse la consulta y la autoridad responsable de llevarla

a cabo expresoacute ldquoel gobierno tan pronto advierta que cursa un proyecto de ley en relacioacuten con el cual debe darse el

proceso de consulta acuda a las instancias que para ese efecto se hayan previsto en la legislacioacutenrdquo y ldquoque ese proceso de

consulta puede entenderse cumplido cuando exista evidencia de que antes de radicar el proyecto de ley en el Congreso de

la Repuacuteblica sus texto se haya divulgado entre las comunidades interesadas se haya avanzado en la ilustracioacuten de

tales comunidades sobre su alcance y se hayan abierto los escenarios de discusioacuten que sean apropiadosrdquo En esa

oportunidad la Corte advirtioacute que ldquola consulta previa a la ley es adicional a la participacioacuten que se les debe dar a los

pueblos indiacutegenas a partir de su entrada en vigencia esto es con posterioridad a la expedicioacuten de la respectiva ley

destacaacutendose el especial cuidado que deben observar las autoridades que tienen a su cargo el desarrollo administrativo

de la misma particularmente en lo tocante a la adopcioacuten de las medidas administrativas susceptibles de afectar

directamente los intereses de tales pueblosrdquo28

Tambieacuten en relacioacuten con el derecho de consulta dentro del contexto del traacutemite legislativo

en la sentencia C-461 de 2008 la Corte analizoacute si resultaba obligatorio o no realizar consulta

previa con los grupos eacutetnicos respecto de la ley del Plan Nacional de Desarrollo Al respecto

encontroacute que era necesario tener en cuenta que el contenido de esta ley tiene niveles distintos

de generalidad y que especiacuteficamente en la parte constitutiva del Plan Nacional de Inversiones

Puacuteblicas era necesario examinar cada uno de los programas proyectos y presupuestos

plurianuales que lo conforman ldquopara efectos de establecer si tal programa proyecto o

presupuesto plurianual tendraacute una incidencia directa y especiacutefica sobre los grupos indiacutegenas o

las comunidades afrodescendientes del paiacutesrdquo Es decir a juicio de la Corte era necesario

verificar si cada programa proyecto o presupuesto plurianual individualmente considerado

constituiacutea una de las medidas ldquosusceptibles de afectar especiacuteficamente a las comunidades

28 Corte Constitucional de Colombia MP Jaime Araujo Rentariacutea Sentencia del 22 de octubre de 2002 Exp C-89102


93



indiacutegenas en su calidad de tales y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera

uniforme para la generalidad de los colombianosrdquo29

En la Sentencia C-175 de 2009 la Corte reiteroacute que ldquoaquellas medidas legislativas de

caraacutecter general que afectan de forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos entre ellos

los miembros de las comunidades tradicionales no estaacuten prima facie sujetas al deber de

consulta excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas comprendidas

en el aacutembito del Convenio 169 de la OIT que siacute interfieran esos intereses Debe aclararse por

supuesto que en los casos en que la medida legislativa no afecte directamente a las

comunidades indiacutegenas y tribales la participacioacuten de las mismas no se ve restringida sino que

se conduce a traveacutes de los mecanismos generales de participacioacuten a los que se hizo alusioacuten en

el fundamento juriacutedico 11 de esta sentenciardquo Sobre las consecuencias juriacutedicas de la omisioacuten

de consulta en los procesos legislativos cuando eacutesta fuera exigida la misma providencia reiteroacute

que en estos casos ldquola omisioacuten del deber de consulta previa es un vicio de inconstitucionalidad

que concurre con anterioridad al traacutemite legislativo y que se proyecta sobre el contenido

material de la norma objeto de examenrdquo30

En relacioacuten a Ecuador la Constitucioacuten ldquoreconoce y garantizaraacute a las comunas

comunidades pueblos y nacionalidades indiacutegenasrdquo en el artiacuteculo 57 numeral 7 ldquoLa consulta

previa libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de

prospeccioacuten explotacioacuten y comercializacioacuten de recursos no renovables que se encuentren en

sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente participar en los beneficios que

esos proyectos reporten y recibiraacuten indemnizaciones por los perjuicios sociales culturales y

ambientales que les causen La consulta que deban realizar las autoridades competentes seraacute

obligatoria y oportuna Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada se

procederaacute conforme a la Constitucioacuten y la leyrdquo y en el numeral 17 del mismo artiacuteculo ldquoSer

29 Corte Constitucional de Colombia MP Rodrigo Escobar Gil Sentencia del 23 de enero de 2008 Exp C-03008 30 Corte Constitucional de Colombia MP Luiacutes Ernesto Vargas Silva Sentencia del 18 de marzo de 2009 Exp C-17509


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consultados antes de la adopcioacuten de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de los

derechos colectivosrdquo31

A su vez la Corte Constitucional ecuatoriana ha expresado que la Asamblea Legislativa ldquo1)

Organizaraacute e implementaraacute la consulta prelegislativa dirigida de manera exclusiva a las

comunas comunidades pueblos y nacionalidades antes de la adopcioacuten de una medida

legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos sin perjuicio de que se

consulte a otros sectores de la poblacioacuten [hellip] 2) La consulta previa prelegislativa en tanto

derecho colectivo no puede equipararse bajo ninguna circunstancia con la consulta previa

libre e informada contemplada en el artiacuteculo 57 numeral 7 ni con la consulta ambiental

prevista en el artiacuteculo 398 de la Constitucioacuten [hellip] 3) Que los pronunciamientos de las

comunas comunidades pueblos y nacionalidades se refieran a los aspectos que puedan afectar

de manera objetiva a alguno de sus derechos colectivosrdquo32

En igual forma dicho Tribunal resentildeoacute diferentes temas relacionados con la consulta

prelegislativa (i) De los actores a quieacuten se consulta y quieacutenes realizan la consulta y (ii) De las

Fases de la consulta prelegislativa fase de preparacioacuten de la consulta prelegislativa fase de

convocatoria a la consulta prelegislativa fase de informacioacuten y realizacioacuten de la consulta

prelegislativa y fase de anaacutelisis de resultados y cierre de la consulta pre legislativa33

V REFLEXIONES FINALES

Como se afirmoacute en el Foro Internacional sobre Globalizacioacuten el reconocimiento

internacional del derecho al consentimiento libre previo e informado podriacutea ayudar a prevenir

la explotacioacuten de los recursos naturales la expropiacioacuten u otra medida legal en los territorios

31 Constitucioacuten de la Repuacuteblica de Ecuador Portal Institucional de la Asamblea Legislativa de la Repuacuteblica de Ecuador (en liacutenea) Consultado 10 de jun 2012 Disponible en httpwwwasambleanacionalgovecdocumentosconstitucion_de_bolsillopdf 32 Corte Constitucional de la Repuacuteblica del Ecuador Sentencia Ndeg 00l-10-SIN-CC Casos Nos OOOS-09-lN y 00ll-09-lN (Acumulados) paacuteg 39 Disponible en http186421013alfrescoddworkspaceSpacesStoree41a7654-9375-4f2c-8c8e c07f3910f6ea0008-09-IN-respdf 33 Corte Constitucional de la Repuacuteblica del Ecuador supra nota 32 paacuteg 40 y sgtes


95



indiacutegenas efectuadas sin ninguacuten tipo de consulta Los Estados siguen ejerciendo un control

paternalista que sustituye a la soberaniacutea indiacutegena respecto de las decisiones sobre el futuro de la

tierra los procesos poliacuteticos y las demaacutes leyes referidas a los pueblos indiacutegenas34

Sin lugar a dudas los canales de diaacutelogo y deliberacioacuten que implementa el derecho a la

consulta previa son herramientas efectivas ante la alta conflictividad social de nuestro paiacutes La

funcioacuten legislativa del Congreso no se circunscribe exclusivamente a la dacioacuten de leyes sino a la

correcta evaluacioacuten de las necesidades sociales que justifiquen las mismas incluyendo las

necesidades de los pueblos indiacutegenas

El Tribunal Constitucional del Peruacute a fin de acotar al proceso de implementacioacuten legislativa

del Convenio Ndeg 169 establecioacute la necesidad de distinguir cuando menos tres modos que eacutestas

pueden revestir una afectacioacuten a los derechos de los pueblos indiacutegenas (a) medidas dirigidas a

regular aspectos que conciernen en forma exclusiva a los pueblos indiacutegenas (b) normas de

alcance general que podriacutean implicar una afectacioacuten ldquoindirectardquo a los pueblos indiacutegenas y (c)

medidas especiacuteficas relacionadas con pueblos indiacutegenas dentro de normas de alcance general35

Dichos criterios adoptados por el maacuteximo inteacuterprete de la Constitucioacuten en las objeciones a

la constitucionalidad de las leyes sometidas a su jurisdiccioacuten responden al menester de aclarar

los alcances de la garantiacutea del derecho a la consulta previa contemplado en el artiacuteculo 6 del

referido instrumento en relacioacuten a la funcioacuten legislativa que ejerce el Congreso de la

Repuacuteblica

Sin embargo resta un proceso maacutes completo que instrumentalice el Convenio 169deg a traveacutes

del proceso legislativo actual consignado en el artiacuteculo 73ordm del Reglamento del Congreso del

34 Texto original ldquoThe international recognition of the right of free prior and informed consent in a human rights declaration would help prevent the wholesale exploitation of resources enacted by lsquoeminent domainrsquo or other legally justified theft of Indigenous territories without any kind of consultation warning or compensation Nation-states continue to exercise a paternalistic control that supercedes indigenous sovereignty making all decisions about the future of the land the political processes and the other laws that immediately concern Indigenous peoplesrdquo Cp The International Forum on Globalization 2007 Toward a campaign in support of the UN Declaration on the rights of indigenous peoples New York Rainy Blue Cloud Greensfelder Editor paacuteg 10 35 STC Exp 0022-2009-PITC del 9 de junio de 2010 fj 21


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Peruacute garantizando el derecho a la participacioacuten de los pueblos indiacutegenas y la consulta previa

libre informada y de buena fe con las siguientes caracteriacutesticas

a El derecho a la participacioacuten de los pueblos indiacutegenas u originarios debe garantizarse en todo el proceso

legislativo Desde la formulacioacuten de la iniciativa legislativa hasta el dictamen sometido a primera votacioacuten en

el Pleno Debe distinguirse que entre el derecho de participacioacuten y el derecho a la consulta previa la

diferencia radica en que eacuteste uacuteltimo supone un medio para obtener el consentimiento de los pueblos

consultados

b La consulta previa en estricto debe efectuarse en una etapa posterior a la primera votacioacuten del texto

legal (dictamen) por el Pleno momento donde ya se vislumbra una medida legislativa concreta que en

observancia del derecho a la consulta previa procederaacute a ser ratificada antes de la segunda votacioacuten

obligatoria

c Luego de la primera votacioacuten del Pleno el artiacuteculo 78deg del Reglamento del Congreso de la Repuacuteblica

establece un plazo de 7 diacuteas como miacutenimo para que la segunda votacioacuten se lleve a cabo Dicho plazo deberaacute

ser flexible atendiendo a las caracteriacutesticas propias de los procesos de consulta que deberaacuten llevarse a cabo en

ese periodo

d Dado que la realizacioacuten de las consultas a que haya lugar efectuar generariacutean un gasto para el

Congreso de la Repuacuteblica es imperativo asignar una partida dentro del pliego presupuestal destinado para el

Parlamento en la Ley General del Presupuesto Puacuteblico Dicha partida debe servir para llevar a cabo los

procesos de consulta sin importar cuaacutel sea el oacutergano del Congreso encargado de llevarlos a cabo

e Una vez realizada la consulta previa y firmada el acta de acuerdos entre los representantes de los

pueblos afectados y el Congreso de la Repuacuteblica eacuteste debe garantizar el cumplimiento de dichos acuerdos

BIBLIOGRAFIacuteA

COMISIOacuteN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CIDH Segundo Informe sobre la Situacioacuten de los Derechos Humanos en el Peruacute Doc

OEASerLVII106 Doc 59 rev 2 de junio de 2000


97



CIDH Acceso a la Justicia e Inclusioacuten Social El camino hacia el fortalecimiento de la

Democracia en Bolivia Doc OEASerLVII Doc 34 28 de junio de 2007

CIDH Derechos de los pueblos indiacutegenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos

naturales Doc OEASerLVII Doc 5609 30 de diciembre de 2009

CIDH Informe Ndeg 7502 Mary y Carrie Dann contra Estados Unidos 27 de

diciembre de 2002

CIDH Informe de Fondo Ndeg 4004 Comunidades Indiacutegenas Mayas del Distrito de

Toledo contra Belice 12 de octubre de 2004


CDH Observacioacuten General Ndeg 23 Artiacuteculo 27 ndash Derechos de las Minoriacuteas 50deg

periacuteodo de sesiones HRIGEN1Rev7 (1994)

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS

Consejo de Derechos Humanos Informe del Relator Especial sobre la Situacioacuten de los

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indiacutegenas James Anaya Doc

ONU AHRC1234 15 de julio de 2009

JURISPRUDENCIA EXTRANJERA

Corte Constitucional de Colombia MP Jaime Araujo Rentariacutea Sentencia del

22 de octubre de 2002 Exp C-89102

Corte Constitucional de Colombia MP Rodrigo Escobar Gil Sentencia del 23

de enero de 2008 Exp C-03008


98



Corte Constitucional de Colombia MP Luiacutes Ernesto Vargas Silva Sentencia

del 18 de marzo de 2009 Exp C-17509

Corte Constitucional de la Repuacuteblica del Ecuador Sentencia Ndeg 00l-10-SIN-

CC Casos Nos OOOS-09-lN y 00ll-09-lN (Acumulados)

LEGISLACIOacuteN NACIONAL E INTERNACIONAL

Constitucioacuten de la Repuacuteblica de Ecuador

Decreto Supremo Ndeg 002-2009-AG

ORGANIZACIOacuteN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Informe del Comiteacute encargado de examinar la reclamacioacuten en la que se alega el

incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indiacutegenas y

tribales 1989 (nuacutem 169) presentada en virtud del artiacuteculo 24 de la

Constitucioacuten de la OIT por la Federacioacuten de Trabajadores del Campo y la

Ciudad (FTCC) GB294171 GB29961 (2005)

OIT Comiteacute de Expertos en la Aplicacioacuten de Convenios y Recomendaciones

(CEACR) Observacioacuten respecto al Convenio 169 sobre pueblos indiacutegenas y

tribales en el Peruacute (2009) publicada en la 99deg reunioacuten CIT de 2010


Corte IDH Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs Nicaragua Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie C No 79


99



Corte IDH Caso Yatama Vs Nicaragua Excepciones Preliminares Fondo






No 172

Corte IDH Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam ldquoInterpretacioacuten de la

Sentenciardquo de Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas


Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Xaacutekmok Kaacutesek Vs Paraguay Fondo


SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERUacute

STC Exp 03343-2007-PATC del 19 de febrero de 2009

STC Exp 0022-2009-PITC del 9 de junio de 2010

El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Benji Espinoza Ramos

100



EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

BENJI ESPINOZA RAMOS



Martin de Porres Ex investigador de la Procuraduriacutea

Supranacional de Derechos Humanos Abogado

Asociado del Estudio Aacutelvarez Yrala Abogados

I INTROITO-II DEFINICIOacuteN DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-III EL CONTROL DE

CONVENCIONALIDAD Y SU TRATAMIENTO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS-1 POSICIOacuteN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS ANTES DEL CASO ALMONACID ARELLANO-2 POSICIOacuteN DE LA CORTE

INTERAMERICANA DESDE EL CASO ALMONACID ARELLANO-IV CONCLUSIONES

I INTROITO

Mucho se ha escrito en la doctrina nacional y extranjera sobre el control de

constitucionalidad y sobre los modelos que existen el modelo exclusivo de control difuso el

modelo exclusivo de control concentrado y el modelo dual de control de constitucionalidad

Sin embargo poco o nada se sabe sobre el control de convencionalidad un instituto que tiene

bastante parentesco con el control de constitucionalidad pero que a diferencia de aqueacutel hunde

sus raiacuteces en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asiacute las cosas

impelidos con un aacutenimo difusor en este pequentildeo trabajo explicamos el origen las

caracteriacutesticas los alcances y el tratamiento del control de convencionalidad en la

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


101



II DEFINICIOacuteN DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

La Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San Joseacute es

un tratado que vio la luz el 22 de noviembre de 1969 sin embargo el Peruacute se hizo parte de ella

con su ratificacioacuten de 7 de diciembre 1978 esto es desde esa fecha el Estado peruano estaacute

obligado a respetar y garantizar el contenido de la Convencioacuten Americana

Bajo esas premisas el control de convencionalidad es aquel mecanismo que busca afirmar la

vigencia real de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Asiacute se le exige al poder

puacuteblico del Estado Parte de la CADH que cuando encuentre una colisioacuten entre una norma

interna y la Convencioacuten debe preferir a esta uacuteltima inaplicando la norma interna

inconvencional

III EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y SU TRATAMIENTO POR LA CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El punto de quiebre que supone un giro copernicano en la jurisprudencia interamericana se

produce en el Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile sin embargo antes de esta decisioacuten ya se

habiacutea pronunciado un juez de la Corte IDH utilizando esta nomenclatura de control de

convencionalidad

1 POSICIOacuteN DE LA CORTE INTERAMERICANA ANTES DEL CASO ALMONACID

ARELLANO

Fue el juez Sergio Garciacutea Ramiacuterez quien usoacute por primera vez la expresioacuten control de

convencionalidad al interior de la Corte IDH Aunque es de destacar que lo hizo en relacioacuten con el

principio de unidad del Estado y no como la concepcioacuten que se tiene ahora de este

mecanismo


102



Efectivamente fue en su voto razonando recaiacutedo en el Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala

(2003) que el juez mexicano sentildealoacute

ldquohellip No es posible seccionar internacionalmente al Estado obligar ante la Corte soacutelo a uno o algunos de sus oacuterganos

entregar a eacutestos la representacioacuten del Estado en el juiciohellip y sustraer a otros de este reacutegimen convencional de

responsabilidad dejando sus actuaciones fuera del ldquoCONTROL DE CONVENCIONALIDADrdquo que trae

consigo la jurisdiccioacuten de la Corte internacionalrdquo1

Como advertimos la posicioacuten del juez Garciacutea Ramiacuterez no era entender el control de

convencionalidad como exigir un control de inaplicacioacuten de normas y praacutecticas contrarias a la

Convencioacuten Americana sino maacutes bien hace referencia a que el Estado en el proceso ante la

Corte Interamericana es un todo no puede ser diseccionado en sus poderes o estamentos y

por ello la responsabilidad la asume cuando alguacuten oacutergano o poder puacuteblico viola derechos del

Pacto de San Joseacute

2 POSICIOacuteN DE LA CORTE INTERAMERICANA DESDE DEL CASO ALMONACID

ARELLANO

En el Caso Almonacid Arellano y otros (2006) la Corte IDH establecioacute por vez primera el

control de convencionalidad en los siguientes teacuterminos

ldquo[la] obligacioacuten legislativa del artiacuteculo 2 de la Convencioacuten tiene tambieacuten la finalidad de facilitar la funcioacuten del

Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opcioacuten clara de coacutemo resolver un caso particular

Sin embargo cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir yo no adoptar leyes contrarias a la Convencioacuten

Americana el Judicial permanece vinculado al deber de garantiacutea establecido en el artiacuteculo 11 de la misma y

consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ellardquo2

1 Corte IDH Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No 101 paacuterr 27 2 Corte IDH Caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No 154 paacuterr 123


103



ldquoLa Corte es consciente que los jueces y tribunales internos estaacuten sujetos al imperio de la ley y por ello estaacuten

obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento juriacutedico Pero cuando un Estado ha ratificado un

tratado internacional como la Convencioacuten Americana sus jueces como parte del aparato del Estado tambieacuten

estaacuten sometidos a ella lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convencioacuten no se vean

mermadas por la aplicacioacuten de leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos juriacutedicos

En otras palabras el Poder Judicial debe ejercer una especie de ldquocontrol de convencionalidadrdquo entre las normas

juriacutedicas internas que aplican en los casos concretos y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos En

esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado sino tambieacuten la interpretacioacuten que del

mismo ha hecho la Corte Interamericana inteacuterprete uacuteltima de la Convencioacuten Americanardquo3

La Corte consideroacute que en el caso de especie el Poder Judicial no ejercioacute el control de

convencionalidad y aplicoacute una norma ndashDecreto Ley Nordm 2191- contraria a la Convencioacuten

Americana por consagrar la impunidad de los responsables de la muerte del sentildeor Almonacid

Arellano e impedir a sus familiares que ejerzan su derecho a ser oiacutedos por un tribunal a traveacutes

de un recurso efectivo Esto configuroacute una violacioacuten de los artiacuteculos 8 y 25 del Pacto de San

Joseacute

Luego meses despueacutes en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso ndashAguado Alfaro y otros-

(2006) la Corte reiteroacute el criterio del caso Almonacid Arellano agregaacutendole la caracteriacutestica ex

ofifcio a este tipo de control judicial

ldquoCuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convencioacuten Americana sus jueces

tambieacuten estaacuten sometidos a ella lo que les obliga a velar porque el efecto uacutetil de la Convencioacuten no se vea

mermado o anulado por la aplicacioacuten de leyes contrarias a sus disposiciones objeto y fin En otras palabras

los oacuterganos del Poder Judicial deben ejercer no soacutelo un control de constitucionalidad sino tambieacuten ldquode

convencionalidadrdquo ex officio entre las normas internas y la Convencioacuten Americana evidentemente en el

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes Esta funcioacuten no debe

quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto

3 Corte IDH Caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile supra nota 2 paacuterr 124


104



aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre sin considerar otros presupuestos formales y

materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de accionesrdquo4

En el caso concreto un artiacuteculo de una ley impediacutea impugnar ndasha traveacutes de los procesos de

amparo- la evaluacioacuten y el cese de los trabajadores del Congreso La Corte consideroacute que los

jueces debiacutean inaplicar dicha disposicioacuten en aras de garantizar el contenido de la Convencioacuten

Americana Por ello la Corte IDH declaroacute la violacioacuten de los artiacuteculos 8 y 25

En el Caso La Cantuta (2006) la Corte IDH se refirioacute al control de convencionalidad5 en el

marco del artiacuteculo 2 de la Convencioacuten y declaroacute que el Estado fue responsable de la violacioacuten

de la disposicioacuten antes citada ndashen conexioacuten con inter alia los artiacuteculos 8 y 25- por aplicar las

leyes de amnistiacutea al caso bajo juicio

En el Caso Boyce y otros (2007) la Corte analizoacute el control de convencionalidad nuevamente a

la luz del artiacuteculo 2 de la Convencioacuten En este caso la Corte consideroacute que los jueces internos

no se pronunciaron sobre la legitimidad de la pena de muerte obligatoria impuesta a las

viacutectimas porque solo realizaron un anaacutelisis de la Constitucioacuten de Barbados mas no ejercieron

el control de convencionalidad a que estaacuten obligados La Corte sostuvo

ldquoEl anaacutelisis del CJCP no deberiacutea haberse limitado a evaluar si la LDCP era inconstitucional Maacutes bien

la cuestioacuten deberiacutea haber girado en torno a si la ley tambieacuten era ldquoconvencionalrdquo Es decir los tribunales de

Barbados incluso el CJCP y ahora la Corte de Justicia del Caribe deben tambieacuten decidir si la ley de

Barbados restringe o viola los derechos reconocidos en la Convencioacuten En este sentido la Corte ha afirmado

en otras ocasiones que el Poder Judicial debe ejercer una especie de ldquocontrol de convencionalidadrdquo entre las

normas juriacutedicas internas [hellip] y la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos En esta tarea el

Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado sino tambieacuten la interpretacioacuten que del mismo ha

hecho la Corte Interamericana inteacuterprete uacuteltima de la Convencioacuten Americanardquo6

4 Corte IDH Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs Peruacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de Noviembre de 2006 Serie C No 158 paacuterr 128 5 Corte IDH Caso La Cantuta Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No 162 paacuterr 173 6 Corte IDH Caso Boyce y otros Vs Barbados Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 20


105



Por lo tanto la Corte concluyoacute que ldquoen tanto que el artiacuteculo 26 de la Constitucioacuten de

Barbados impide el escrutinio judicial sobre el artiacuteculo 2 de la Ley de Delitos contra la Persona

que a su vez es violatoria del derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida la Corte

considera que el Estado no ha cumplido con el deber establecido en el artiacuteculo 2 de la

Convencioacuten en relacioacuten con los artiacuteculos 11 41 42 y 251 de dicho instrumentordquo7

En el Caso Heliodoro Portugal (2008) dentro del marco del anaacutelisis de la compatibilidad de la

tipificacioacuten del delito de desaparicioacuten forzada con el Derecho Internacional y por tanto del

artiacuteculo 2 de la CADH el Tribunal sostuvo

ldquoPrecisamente respecto a la adopcioacuten de dichas medidas es importante destacar que la defensa u observancia

de los derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor de los operadores

de justicia debe realizarse a traveacutes de lo que se denomina ldquocontrol de convencionalidadrdquo seguacuten el cual cada

juzgador debe velar por el efecto uacutetil de los instrumentos internacionales de manera que no quede mermado o

anulado por la aplicacioacuten de normas o praacutecticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento

internacional o del estaacutendar internacional de proteccioacuten de los derechos humanos8rdquo

Sin embargo el control de convencionalidad en este caso no fue determinante para declarar

la violacioacuten de alguna disposicioacuten convencional

En el Caso Radilla Pacheco (2009) el tribunal no aplicoacute el control de convencionalidad

respecto del artiacuteculo 2 o los artiacuteculos 8 y 25 como tradicionalmente lo haciacutea sino que lo utilizoacute

dentro del capiacutetulo referido a reparaciones y maacutes especiacuteficamente dentro del orden de

medidas de satisfaccioacuten y garantiacuteas de no repeticioacuten relativa a la reforma de una disposicioacuten

constitucional ndashjurisdiccioacuten militar-

de noviembre de 2007 Serie C No 169 paacuterr 78 7 Corte IDH Caso Boyce y otros Vs Barbados supra nota 6 paacuterr 80 8 Corte IDH Caso Heliodoro Portugal Vs Panamaacute Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No 186 paacuterr 180


106



El Tribunal despueacutes de reiterar su jurisprudencia en cuanto al control de convencionalidad9

sostuvo que no era necesaria la reforma constitucional ya que las interpretaciones

constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la

jurisdiccioacuten militar en Meacutexico se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de

esta Corte

Finalmente en el caso Manuel Cepeda Vargas (2010) el tribunal hace referencia al control de

convencionalidad sin especificar su aplicacioacuten Se limita a sentildealar que la Corte Constitucional

de Colombia declaroacute la violacioacuten del derecho a la honra de Ivaacuten Cepeda y sus familiares por un

mensaje publicitario dentro de la campantildea de reeleccioacuten de Aacutelvaro Uribe y que en esos

teacuterminos la Corte declara la violacioacuten del artiacuteculo 11

ldquoEste Tribunal ha analizado la referida sentencia de la Corte Constitucional en el sentido que declaroacute la

violacioacuten del derecho a la honra y la dignidad del sentildeor Ivaacuten Cepeda Castro y sus familiares por el

mencionado mensaje publicitario y que ademaacutes dispuso reparaciones pertinentes a nivel interno En esos

teacuterminos10 la Corte declara la violacioacuten correspondienterdquo11

IV CONCLUSIONES

La Corte Interamericana de Derechos Humanos como hemos mencionado ha dispensado

un profuso tratamiento al control de convencionalidad y en suma ha considerado que a) el

control de convencionalidad es exigible a todo poder puacuteblico no solo a los jueces b) no es una

facultad ni una prerrogativa que tienen los poderes puacuteblicos sino maacutes bien un deber una

obligacioacuten que imperativamente deben cumplir c) no se ejerce a pedido de parte sino de

oficio y d) tiene por finalidad asegurar la real vigencia de la Convencioacuten Americana sobre

Derechos Humanos

9 Cp Corte IDH Caso Radilla Pacheco Vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de noviembre de 2009 Serie C No 209 paacuterr 339 10 En lo relevante respecto del ldquocontrol de convencionalidadrdquo Cp Caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile paacuterrs 124 y 125 y Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs Peruacute paacuterr 128 11 Corte IDH Caso Manuel Cepeda Vargas Vs Colombia Excepciones Preliminares Fondo y Reparaciones Sentencia de 26 de mayo de 2010 Serie C No 213 paacuterr 208


107



BIBLIOGRAFIacuteA




Corte IDH Caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile Excepciones Preliminares

Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C

No 154

Corte IDH Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs Peruacute

Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de

Noviembre de 2006 Serie C No 158

Corte IDH Caso La Cantuta Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de

29 de noviembre de 2006 Serie C No 162

Corte IDH Caso Boyce y otros Vs Barbados Excepcioacuten Preliminar Fondo

Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de noviembre de 2007 Serie C No 169



186

Corte IDH Caso Radilla Pacheco Vs Meacutexico Excepciones Preliminares Fondo



108



Corte IDH Caso Manuel Cepeda Vargas Vs Colombia Excepciones Preliminares

Fondo y Reparaciones Sentencia de 26 de mayo de 2010 Serie C No 213

El control difuso de convencionalidad una tarea antigua un haacutebito nuevo Pauacutel Salcedo Paulino

109



EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD UNA TAREA ANTIGUA

UN HAacuteBITO NUEVO

PAUacuteL SALCEDO PAULINO

Alumno del Centro de Estudios de Derechos Humanos y


Martin de Porres Primer Puesto en la XVI

Competencia ldquoEduardo Jimeacutenez de Areacutechaga (CEJA)

Segundo Lugar en el 18deg Inter-American Human Rights

Moot Court Competition

La constitucionalizacioacuten de los tratados de

Derechos Humanos a mi juicio acompantildea asiacute

pari passu el control de su convencionalidad

En los Estados Constitucionales encontramos tres formas de defender la Constitucioacuten

frente a las normas legales a) un sistema poliacutetico organismos especiales que trabajan antes de

la sancioacuten de las leyes ejerciendo un control a priori de la constitucioacuten b) un sistema

jurisdiccional subdividido en un control difuso inter partes esquema (americano) de la judicial

review un control concentrado modelo (europeo) que concentra la actividad del control de

constitucionalidad en un Tribunal Constitucional y c) un control mixto denominado hibrido

permitiendo el control difuso de los jueces ordinarios y tambieacuten un control concentrado por

parte de un Tribunal Constitucional1 De esta forma se evidencia la discrecionalidad de los

Estados de distribuir las competencias jurisdiccionales para un modelo de control de

constitucionalidad

Corte IDH Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs Peruacute Solicitud de Interpretacioacuten de la sentencia de Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de noviembre de 2007 Serie C No 174 Voto disidente del juez AA Canccedilado Trindade paacuterr 10 1 Cp GOZAIacuteNI Osvaldo ldquoSobre sentencias constitucionales y la extensioacuten erga omnesrdquo Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico DF 2007 nuacutemero 8 paacuteg 191


110



No obstante los Estados que han ratificado la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos deben cumplir con las obligaciones que emanan del artiacuteculo 11deg respeto y garantiacutea

de los derechos y libertades convencionales sin discriminacioacuten y 2deg que en su vertiente

positiva obliga a los Estados a dictar nuevas normas y suprimir normas o praacutecticas

incompatibles a la Convencioacuten Americana2 y que en su vertiente negativa prohiacutebe a los

Estados dictar leyes contrarias a la Convencioacuten3

Estas obligaciones ndashadquiridas una vez que los Estados se someten a la competencia

contenciosa de la Corte IDHndash generan dos deberes prima facie esto es que los jueces y

oacuterganos vinculados a la administracioacuten de justicia deben exhibir la supremaciacutea y respeto de los

derechos humanos aplicando el principio pro persona4 en sus decisiones y lo que a partir del

antildeo 2006 la Corte IDH ha denominado una especie de control de convencionalidad5

En relacioacuten a esta uacuteltima tarea antigua derivada del artiacuteculo 2deg de la Convencioacuten

Americana se encuentran obligados los jueces y oacuterganos vinculados a la administracioacuten de

justicia en todos los niveles a realizar un control entre las normas internas y la Convencioacuten

Americana asiacute como la interpretacioacuten que del mismo ha hecho la Corte Interamericana En el

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes6

Tambieacuten fundamentado en la Convencioacuten de Viena sobre el derecho de los Tratados7 por el

2 Cp Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia del 30 de mayo de 1999 Serie C No 52 paacuterr 207 Caso Baena Ricardo y otros Vs Panamaacute Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de febrero de 2001 Serie C No 72 paacuterr 180 En el mismo sentido sobre un caso concreto de violacioacuten del derecho a la libertad personal Cp Corte IDH Caso Suaacuterez Rosero Vs Ecuador Fondo Sentencia del 12 de noviembre de 1997 Serie C No 35 paacuterr 99 3 Cp Corte IDH Responsabilidad internacional por expedicioacuten y aplicacioacuten de leyes violatorias de la Convencioacuten (arts1 y 2 Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos) Opinioacuten Consultiva OC-1494 del 9 de diciembre de 1994 Serie A No 14 paacuterr 50 4 Cp Corte IDH La colegiacioacuten obligatoria de periodistas (arts 13 y 29 Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos) Opinioacuten Consultiva OC-585 del 13 de noviembre de 1985 Serie A No 5 paacuterr 52 5 Cp Corte IDH Caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No 154 paacuterr 124 6 Cp Corte IDH Caso Atala Riffo y nintildeas Vs Chile Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de febrero de 2012 Serie C No 239 paacuterr 284 7 Convencioacuten de Viena sobre el Derecho de los Tratados UN Doc ACONF3927 (1969) 1155 UNTS 331 entered into force january 27 1980 Viena 1969 articulo 26deg y 27deg


111



cual los Estados deben cumplir de buena fe y no utilizar el derecho interno para incumplir la

Convencioacuten Americana

Ahora bien la aplicacioacuten del control de convencionalidad ha generado problemaacuteticas en

relacioacuten a la competencia de los oacuterganos jurisdiccionales dentro de los Estados respecto al

control de constitucionalidad debido a que no todos los jueces realizan un control difuso y

cuando siacute lo realizan es ha pedido de parte y no de oficio como exige la Corte Interamericana

respecto al control de convencionalidad

Sin embargo la Corte IDH ha ido puliendo la forma de esta tarea a traveacutes de su

jurisprudencia respondiendo a la pregunta quieacuten debe aplicarlo descrito en el paacuterrafo cinco

Empero la pregunta coacutemo debe aplicarse el control de convencionalidad respecto a los fallos

que emite la Corte IDH interpretando la Convencioacuten ha sido poco explorada lo cual es

precisamente el objeto de este artiacuteculo por lo que se buscaraacute darle posibles respuestas a partir

del anaacutelisis del autor

En ese sentido cabe responder dos interrogantes a) Cuaacutel es el grado de obligatoriedad del

estaacutendar jurisprudencial en ejercicio del control de convencionalidad para los Estados parte a

diferencia del Estado sentenciado y b) si los Estados parte podriacutean inobservar criterios de un

fallo de la Corte IDH en virtud de la doctrina del margen de apreciacioacuten

Al respecto de manera general para referirse a la jurisprudencia de la Corte IDH Oswaldo

Gozaini sentildeala Con relacioacuten a las sentencias en la jurisdiccioacuten supranacional ellas son de cumplimiento

obligatorio para el Estado afectado (hellip) No lo son en cambio cuando el Estado soacutelo accede al caso como

miembro del sistema pero sin estar directamente alcanzado por la resolucioacuten Vale decir la jurisprudencia

ilustra el problema y lo resuelve siendo esa decisioacuten una guiacutea o pauta de orientacioacuten que se puede aplicar en el

derecho interno8

8 Cp QUINCHE Manuel ldquoEl control de convencionalidad y el sistema colombianordquo Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico DF 2009 nuacutemero 12 paacuteg 168


112



Asimismo existe una gradualidad del cumplimiento del estaacutendar de la jurisprudencia de la

Corte IDH ya que al Estado responsable debe entre otras cosas reparar adecuadamente la

vulneracioacuten de derechos humanos asiacute como garantizar la no repeticioacuten de eacutestos hechos a

diferencia de un Estado que no es responsable en un caso en concreto Dentro de estos grados

de cumplimiento reparamos que existen criterios jurisprudenciales de la Corte IDH que se

deben aplicar obligatoriamente

Por ejemplo en el caso Karen Atala vs Chile llama la atencioacuten como la Corte

Interamericana realiza una especie de jerarquizacioacuten del estaacutendar de interpretacioacuten del caso en

concreto al ubicar al control de convencionalidad como una garantiacutea de no repeticioacuten En

conclusioacuten con base en el control de convencionalidad es necesario que las interpretaciones judiciales y

administrativas y las garantiacuteas judiciales se apliquen adecuaacutendose a los principios establecidos en la

jurisprudencia de este Tribunal en el presente caso Ello es de particular relevancia en relacioacuten con lo sentildealado en

el presente caso respecto a la proscripcioacuten de la discriminacioacuten por la orientacioacuten sexual de la persona de acuerdo

a lo estipulado en el artiacuteculo 11deg de la Convencioacuten Americana9

Por lo tanto como primera regla podemos observar que en los casos en que la Corte IDH

realice una interpretacioacuten evolutiva es decir considerar a la Convencioacuten Americana como un

instrumento vivo que debe adaptarse a los diversos cambios sociales la evolucioacuten de los

tiempos y las necesidades sociales10 los criterios interpretativos establecidos por la Corte

Interamericana se deben aplicar obligatoriamente por todos los Estados que se encuentren

sometidos bajo su competencia contenciosa

En relacioacuten a la segunda pregunta con las interpretaciones emitidas en los diversos casos

respecto a las realidades y contextos particulares de los Estados responsables como segunda

9 Corte IDH Caso Atala Riffo y nintildeas Vs Chile supra nota 6 paacuterr 284 10 Cp Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (Fecundacioacuten In Vitro) Vs Costa Rica Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No 257 paacuterr 173 El derecho a la informacioacuten sobre la asistencia consular en el marco de las garantiacuteas del debido proceso legal Opinioacuten Consultiva OC-1699 de 1 de octubre de 1999 Serie A No 16 paacuterr 114 e Interpretacioacuten de la Declaracioacuten Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artiacuteculo 64 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Opinioacuten Consultiva OC-1089 de 14 de julio de 1989 Serie A No 10 paacuterr 43


113



regla los demaacutes Estados del Sistema Interamericano en aplicacioacuten de la doctrina del margen

de apreciacioacuten ndashrestringir un derecho convencional sin violarlondash no estariacutean obligados a que

dicha interpretacioacuten les sea aplicada como ocurre por ejemplo con requisitos para otorgar la

nacionalidad en un Estado11

Al explicar este fenoacutemeno del control de convencionalidad comparto la postura del Juez

Canccedilado Trindade al establecer que el nuevo reto es La constitucionalizacioacuten del derecho

internacional es decir constituciones internacionales aceptando que los Tratados de derechos

humanos tienen una dimensioacuten constitucional Diferenciaacutendola de la internacionalizacioacuten del

Derecho Constitucional esto es una pugna porque las normas internacionales tengan una

jerarquiacutea especifica dentro de los Estados

Finalmente es menester sentildealar que los maacuteximos Tribunales de los Estados Parte se

encuentran aplicando el control de convencionalidad como lo explica la Corte IDH en el caso

Karen Atala12 a pesar de ello falta una mayor capacitacioacuten para que los jueces ordinarios y los

oacuterganos vinculados a la administracioacuten de justicia realicen un eficiente control de

convencionalidad

BIBLIOGRAFIacuteA


GOZAIacuteNI Osvaldo ldquoSobre sentencias constitucionales y la extensioacuten erga

omnesrdquo Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico DF 2007

nuacutemero 8

11 Cp Corte IDH Propuesta de modificacioacuten a la Constitucioacuten Poliacutetica de Costa Rica relacionada con la naturalizacioacuten Opinioacuten Consultiva OC-484 de 19 de enero de 1984 Serie A No 4 paacuterr 62 12 Cp Corte IDH Caso Atala Riffo y nintildeas Vs Chile supra nota 6 paacuterr 283


114



QUINCHE Manuel ldquoEl control de convencionalidad y el sistema

colombianordquo Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional Meacutexico DF

2009 nuacutemero 12


DE DERECHOS HUMANOS

Corte IDH Caso Suaacuterez Rosero Vs Ecuador Fondo Sentencia del 12 de


Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs Peruacute Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia del 30 de mayo de 1999 Serie C No 52

Corte IDH Caso Baena Ricardo y otros Vs Panamaacute Fondo Reparaciones y

Costas Sentencia de 2 de febrero de 2001 Serie C No 72



No 154

Corte IDH Caso Atala Riffo y nintildeas Vs Chile Fondo Reparaciones y Costas

Sentencia de 24 de febrero de 2012 Serie C No 239

Corte IDH Caso Artavia Murillo y otros (Fecundacioacuten In Vitro) Vs Costa Rica

Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 28


Corte IDH Propuesta de modificacioacuten a la Constitucioacuten Poliacutetica de Costa Rica relacionada

con la naturalizacioacuten Opinioacuten Consultiva OC-484 de 19 de enero de 1984 Serie

A No 4


115



Corte IDH La colegiacioacuten obligatoria de periodistas (arts 13 y 29 Convencioacuten Americana

sobre Derechos Humanos) Opinioacuten Consultiva OC-585 del 13 de noviembre de

1985 Serie A No 5

Corte IDH Interpretacioacuten de la Declaracioacuten Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre en el marco del artiacuteculo 64 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

Opinioacuten Consultiva OC-1089 de 14 de julio de 1989 Serie A No 10

Corte IDH Responsabilidad internacional por expedicioacuten y aplicacioacuten de leyes violatorias de

la Convencioacuten (arts1 y 2 Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos) Opinioacuten

Consultiva OC-1494 del 9 de diciembre de 1994 Serie A No 14

Corte IDH El derecho a la informacioacuten sobre la asistencia consular en el marco de las

garantiacuteas del debido proceso legal Opinioacuten Consultiva OC-1699 de 1 de octubre de

1999 Serie A No 16

El derecho al agua bajo anaacutelisis distintos enfoques sobre un tema que nos compete a todos Aura Arbuluacute Vaacutesquez

116



EL DERECHO AL AGUA BAJO ANAacuteLISIS DISTINTOS ENFOQUES SOBRE UN

TEMA QUE NOS COMPETE A TODOS

AURA ARBULUacute VAacuteSQUEZ

Alumna del Centro de Estudios de Derechos Humanos y


Martin de Porres Semifinalista en el 17deg Inter-

American Human Rights Moot Court Competition

Diplomado en Relaciones Internacionales y Derechos

Humanos por la Universidad Alonso X El Sabio ndash

Espantildea

I INTRODUCCIOacuteN-II DERECHO AL AGUA POTABLE EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE

DERECHOS HUMANOS-III EL DERECHO AL AGUA POTABLE EN LA JURISPRUDENCIA DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-IV EL DERECHO AL AGUA A PARTIR

DE LA SENTENCIA 065342006PATC EN COMPARACIOacuteN CON LA SENTENCIA T-7402011

DE LA CCC-V LA ESCASEZ DEL RECURSO POSIBLES SOLUCIONES-VI CONSIDERACIONES

FINALES

I INTRODUCCIOacuteN

Suena la alarma iexclDespiertas te diriges a los servicios para asearte vas a la cocina por un

cafeacute los diacuteas transcurren por lo general asiacute iquestqueacute pasariacutea si en nuestra rutina diaria no

tuvieacuteramos agua potable suficiente para cubrir nuestras necesidades o si al menos supieacuteramos

que al tomar una taza de cafeacute gastamos aproximadamente 140 litros de agua (todo el proceso)

Queacute ha sucedido en este proceso casi automatizado del ser humano que no se tiene en

consideracioacuten el hecho de tener agua potable y un servicio de saneamiento adecuado se


117



desconoce que maacutes de 884 millones de personas en el mundo no pueden acceder a este

recurso de manera segura y que cerca de 2600 millones de personas carecen de un saneamiento

baacutesico de acuerdo a datos brindados por Naciones Unidas1 estos datos pueden parecer

devastadores sobre la crisis humanitaria existente en la actualidad y sin embargo todaviacutea parece

que no se prestara atencioacuten al desarrollo de este derecho y no hemos caiacutedo en la cuenta de los

nuacutemeros que mencioneacute o tal vez es necesario verlo desde otro punto de vista ldquosi la cantidad

total de agua en el mundo estuviera representada por el contenido de una piscina oliacutempica

(3000 m3) un cubo de los [Que] los nintildeos [usan] para jugar con la arena de unos 24 litros

representariacutea el agua dulce Esta es el agua de los riacuteos lagos y acuiacuteferos que son accesibles al

hombrerdquo2 y de esa pequentildea proporcioacuten restar los nuacutemeros arriba mencionados la situacioacuten

parece increiacuteble pero es cierta

El problema del derecho humano al agua es un problema complejo sobre todo por el

hecho de poder disponer de manera universal del recurso teniendo en consideracioacuten lo

sentildealado por Naciones Unidas respecto a que esta disposicioacuten sea ldquosuficiente salubre

aceptable accesible y asequible para el uso personal y domeacutesticordquo3 lo que estaacute iacutentimamente

ligado a derechos como salud alimentacioacuten vivienda al desarrollo entre otros sin embargo

este no es el uacutenico obstaacuteculo el tema de la escasez o del recurso es fundamental abordarlo y

brindar una solucioacuten al mismo

Poco a poco se desarrollaraacuten estos puntos en el artiacuteculo sin embargo primero es

fundamental conocer coacutemo estaacute regulado el derecho al agua potable desde una perspectiva

internacional segundo tomar en consideracioacuten de queacute manera la Corte Interamericana se ha

pronunciado sobre el recurso tercero coacutemo ha sido regulado en el Peruacute a traveacutes de nuestro

Tribunal Constitucional haciendo una breve comparacioacuten con la Corte Constitucional de

Colombia y por uacuteltimo centrarse en los dos problemas mencionados trayendo a colacioacuten

1 Cp OMS Y UNICEF ldquoProgresos en materia de saneamiento y agua Informe de actualizacioacuten 2010rdquo Francia 2010 2 GARCIacuteA-CALVO Eloy ldquoEl agua claves para el uso sosteniblerdquo En RODRIacuteGUEZ-JIMEacuteNEZ Juan (compilador) Hacia un uso sostenible de los recursos naturales Sevilla Universidad Internacional de Andaluciacutea p 38 3 CDESC Observacioacuten General Ndeg 15 Derecho al agua UN Doc EC12200211 (2003)


118



soluciones aplicadas en otras partes del mundo que podriacutean ser totalmente vaacutelidas aquiacute en

Peruacute en cuanto acceso al agua potable

II DERECHO AL AGUA POTABLE EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Si tuviera que mencionar doacutende comenzoacute toda la elaboracioacuten interestatal con respecto al

agua potable tendriacutea que sentildealar que sin duda lo fue la Declaracioacuten de Mar de Plata en 1977 la

cual ha sido la uacutenica conferencia dedicada de manera exclusiva al problema del agua potable la

que tuvo como misioacuten adoptar poliacuteticas para el futuro desarrollo y utilizacioacuten eficiente del

agua para asiacute poder evitar una crisis mundial del agua en las proacuteximas deacutecadas asimismo que

tuvo entre otros de sus objetivos principales el crear conciencia de la situacioacuten de los recursos

hiacutedricos en los paiacuteses miembros asiacute como de una adecuada racionalizacioacuten del recurso4

Sin embargo el instrumento que marcoacute un hito en cuanto a derecho al agua potable sin

lugar a dudas fue la Observacioacuten General Ndeg 155 la cual hace un desarrollo de lo que

comprende el derecho al agua

El Comiteacute de Derechos Econoacutemicos Sociales y Culturales sostuvo en la Observacioacuten 15

que los Estados teniacutean que cumplir con muchas obligaciones de manera general como el deber

progresivo de asegurar de manera efectiva y veloz el agua potable a sus poblaciones la

Observacioacuten tambieacuten menciona que se presupone que los Estados no deben tomar medidas

deliberadamente regresivas sino que solo podraacuten ser aplicadas estas uacuteltimas cuando sea

necesario despueacutes de un anaacutelisis exhaustivo o esteacuten plenamente justificadas cuando de

derechos econoacutemicos sociales o culturales se trate6 compartiendo lo ya sentildealado por la Corte

IDH en casos como Castantildeeda Gutman Vs Estados Unidos Mexicanos7 o Acevedo Buendiacutea y

4 Cp CASTILLO Lilian Los Foros del Agua De Mar de Plata a Estambul 1977- 2009 Buenos Aires Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 2009 5 CDESC Observacioacuten General Ndeg 15 supra nota 3 6 Capiacutetulo III Derechos Econoacutemicos Sociales y Culturales Artiacuteculo 26 Desarrollo Progresivo Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperacioacuten internacional especialmente econoacutemica y teacutecnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas econoacutemicas sociales y sobre educacioacuten ciencia y cultura 7 Cp Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman Vs Estados Unidos Mexicanos Resolucioacuten del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de enero de 2012 Supervisioacuten de Cumplimiento de Sentencia


119



otros Vs Peruacute8 no obstante la observacioacuten menciona tres obligaciones especiacuteficas las

obligaciones de respetar proteger y cumplir9

La obligacioacuten de respetar comprende el que los Estados no realicen acciones de manera

directa o indirecta que menoscabe el ejercicio del derecho al agua es una accioacuten negativa por

parte de los Estados para que de esta manera las personas puedan acceder al agua potable sin

interferencia por parte de los paiacuteses por ejemplo durante un conflicto armado ninguacuten Estado

puede destruir un lugar donde se almacena agua con el fin de desproveer de este recurso a las

poblaciones

La obligacioacuten de proteger comprende en opinioacuten del Comiteacute que el Estado proteja a las

personas del ejercicio del derecho al agua de terceros es decir que los terceros no realicen

acciones con el fin de desabastecer a la poblacioacuten por ejemplo si una empresa de extraccioacuten

corta el abastecimiento de agua potable a determinada comunidad con el fin de hostigarlos y

que eacutestos abandonen la propiedad el Estado tiene la obligacioacuten de proteger a la comunidad

Finalmente la obligacioacuten de cumplir la cual demanda la toma de medidas positivas por

parte de los Estados por ejemplo a traveacutes de una ley de gestioacuten del agua potable o de un

saneamiento de calidad entre otros

Estas son las principales 3 obligaciones que emanan de la Observacioacuten no obstante el

Comiteacute tambieacuten sostiene que el ejercicio del derecho al agua es variable en los diferentes

Estados pero que hay 3 factores que se deben mantener de manera inmutable La

disponibilidad la calidad y el acceso10

La disponibilidad estaacute referida a que el abastecimiento de agua por persona debe ser

continua y suficiente para los usos personales y domeacutesticos es importante resaltar que hasta

8 Cp Corte IDH Caso Acevedo Buendiacutea y Otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloriacutea) Vs Peruacute Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No 198 9 CDESC Observacioacuten General Ndeg 15 supra nota 3 paacuterr 20 10 CDESC Observacioacuten General Ndeg 15 supra nota 3 paacuterr 12


120



ahora no hemos mencionado nada de usos industriales es decir el abastecimiento para

nuestras actividades diarias como el ejemplo del inicio

La calidad del agua ha de ser salubre es decir sin sustancias quiacutemicas o materiales

radioactivos sobre este punto la Organizacioacuten Mundial de la Salud tiene un fuerte desarrollo a

traveacutes de sus guiacuteas constituyendo una muy importante la del ldquoManual para el desarrollo de

planes de seguridad del agua metodologiacutea pormenorizada de gestioacuten de riesgos para

proveedores de agua de consumordquo en esta se recomienda a los proveedores de agua elaborar y

ejecutar planes de seguridad del agua (PSA) para asiacute gestionar los riesgos de manera ordenada

Esta guiacutea ha sido un eacutexito debido a la gran acogida que ha tenido en los Estados utilizando lo

ahiacute sostenido pero sobretodo porque ha permitido a raiacutez de casos praacutecticos dar soluciones a

problemas de sistemas de gestioacuten de riesgos de agua potable

Por uacuteltimo la accesibilidad implica que ldquoel agua y las instalaciones y servicios de agua deben

ser accesibles para todos sin discriminacioacuten alguna dentro de la jurisdiccioacuten del Estado

Parterdquo11 esta uacuteltima caracteriacutestica implica cuatro dimensiones accesibilidad fiacutesica accesibilidad

econoacutemica no discriminacioacuten y acceso a la informacioacuten

De estas cuatro dimensiones cabe resaltar que los servicios de agua potable deben ser

accesibles a las personas la OMS ha sostenido que si la fuente se encuentra a maacutes de un km o

si no se percibe al menos 50 litros a maacutes el nivel de acceso no es bueno ni oacuteptimo asiacute

tambieacuten los costos de los servicios deben ser accesibles de acuerdo a la situacioacuten

socioeconoacutemica de los que utilizan el servicio no debe existir ninguacuten tipo de diferencia en el

servicio entre los que reciben a menos que esta sea proporcional y razonable finalmente si las

personas desean acceder a informacioacuten sobre el ejercicio del derecho tienen que tener las

herramientas para conocer sobre este ejercicio aseguradas por los Estados Miembros

La Observacioacuten general 15 ademaacutes menciona que la proteccioacuten al derecho al agua potable

debe tener una mayor incidencia en aquellas poblaciones que histoacutericamente han tenido

11 Ibiacutedem


121



dificultades para ejercerla como son los grupos vulnerables por lo tanto los Estados deben

adoptar medidas para que no se excluya a las mujeres se menciona a las mujeres porque sobre

estas recae en zonas vulnerables la labor de acopio y gestioacuten del agua potable no se perjudique

a los nintildeos y nintildeas que acuden a sus instituciones educativas el Estado debe garantizar el

servicio de agua potable en centros de ensentildeanza no se excluya de agua de calidad a las zonas

rurales y menos favorecidas no se perjudique la propiedad de los Pueblos Indiacutegenas

considerando riacuteos y lagos no dejen de proteger a los refugiados desplazados internos

procurando otorgar el recurso en las mejores condiciones posibles asiacute se esteacute en campamentos

no se excluya a los presos las personas con discapacidad personas de edad y tampoco a

viacutectimas de desastres naturales

Otro Instrumento de Naciones Unidas en materia de derecho al agua potable es la

Declaracioacuten del Milenio12 mediante la cual se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo del

Milenio comprometieacutendose los Estados Miembros de la ONU a reducir para el 2015 la

proporcioacuten de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios baacutesicos de

saneamiento Sobre el presente hay un avance considerable debido a que Naciones Unidas

anuncioacute en el 2012 que ldquoun 89 de la poblacioacuten mundial o 6100 millones de personas

utilizaban fuentes mejoradas de agua potable Se trata de un 1 maacutes que la cifra que figuraba

en la meta de los ODM un 88 El informe estima que en 2015 el 92 de la poblacioacuten

mundial tendraacute acceso al agua potablerdquo13 Entendiendo a las fuentes mejoradas como aquellas

que estaacuten protegidas de la contaminacioacuten externa sin embargo esto no significa que el agua sea

salubre debido a que para eso se necesitan servicios mejorados de saneamiento Es decir hoy

en diacutea 6100 millones de personas tienen acceso al agua potable pero no necesariamente de

calidad lo cual significa que es necesario el saneamiento para poder realmente sentildealar que la

meta ha sido cumplida

Un uacuteltimo instrumento de Naciones Unidas y emanado de la Asamblea General es la

Resolucioacuten 64 292 mediante la cual por primera vez la AG reconoce que existe un derecho

12 ONU Declaracioacuten del Milenio AGR552 Nueva York 8 de septiembre de 2000 13 UNICEF World Health Organization ldquoProgress on Drinking Water and Sanitation 2012rdquo USA 2012


122



humano al agua y al saneamiento fundamental para el disfrute pleno de la vida14 quedando

consolidado como derecho humano a nivel universal por lo que los Estados teniacutean que

adecuar sus ordenamientos internos con el fin de garantizar tambieacuten el ejercicio del derecho

asimismo en el esfuerzo de Naciones Unidas por promover el derecho humano al agua

potable declaroacute el 2013 como el Antildeo Internacional de la Cooperacioacuten en la esfera del agua15

III EL DERECHO AL AGUA POTABLE EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE


La Corte IDH ha tratado el tema del derecho al agua en relacioacuten con otros derechos como

vida digna propiedad medio ambiente debido a que no se encuentra expresamente recogido

en la Convencioacuten Interamericana

De esta manera mencionareacute 3 casos en los cuales la Corte hace un desarrollo miacutenimo

sobre el derecho pero importante

En primer lugar cabe resaltar que la Corte ha tratado el tema del derecho al agua por lo

general en casos donde existen pueblos indiacutegenas involucrados cumpliendo asiacute lo estipulado

liacuteneas arriba por la Observacioacuten General 15

El primer caso a tratar es el caso Xaacutekmok Kaacutesek Vs Paraguay en el cual el Estado es

encontrado responsable por no garantizar la propiedad ancestral de la Comunidad Indiacutegena la

Corte en este caso aplicoacute dos criterios con respecto al derecho agua el de suficiencia y el de

calidad enmarcado dentro del desarrollo del derecho a la vida digna (tambieacuten se ha referido al

derecho al agua en otras sentencias como Yakye Axa Vs Paraguay16) Con respecto al primero

sostuvo que la cantidad miacutenima por persona de agua diaria son aproximadamente 75 litros17

incluyendo alimentacioacuten e higiene pudiendo esta cantidad variar si por ejemplo nos

14 ONU Derecho Humano al Agua y al Saneamiento AGR64 292 Nueva York 28 de julio de 2010 15 ONU Antildeo Internacional de la Cooperacioacuten en la Esfera del agua AGR65154 20 diciembre de 2010 16 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Yakye Axa Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 17 de junio de 2005 Serie C No 125 paacuterr 158d) y e) 17 Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Xaacutekmok Kaacutesek Vs Paraguay Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No 214 paacuterr195


123



encontramos ante madres lactantes o personas con alguna enfermedad con respecto al

segundo criterio la Corte ha sostenido que la calidad del agua debe tener un nivel tolerable de

riesgo y que esta calidad debe ser garantizada por el Estado debido a que si un caso similar

llegara ante la Corte este tendriacutea que probar que la calidad del agua es aceptable18

El segundo caso de un pueblo indiacutegena el caso del Pueblo Indiacutegena Kichwa de Sarayaku

Vs Ecuador en el cual el Estado otorgoacute un permiso de exploracioacuten y explotacioacuten a una

empresa petrolera sobre territorio ancestral del PPII sin antes haberles consultado creando asiacute

una situacioacuten de riesgo para el pueblo

La Corte con respecto al derecho al agua realiza un breve anaacutelisis teniendo en cuenta la

importancia del agua dentro del derecho a la propiedad colectiva pero especiacuteficamente dentro

del derecho a la identidad cultural como pueblo debido a que la empresa privada habiacutea

destruido fuentes de agua importantes para el pueblo y sus costumbres19

Finalmente la Corte tambieacuten ha aplicado lo sostenido en la Observacioacuten general 15

teniendo especial cuidado en los internos es asiacute que en el caso Raxcacoacute Reyes Vs Guatemala

declara entre otras cosas la responsabilidad del Estado por no brindar condiciones adecuadas a

los reclusos20 de acuerdo a las Reglas Miacutenimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los

Reclusos la cual sostiene que los reclusos deben disponer de agua y artiacuteculos de deseo

indispensable para su limpieza21

Como podemos observar el derecho al agua no solo como recurso natural sino tambieacuten

como servicio ha sido tratado aunque todaviacutea de manera miacutenima por la Corte Interamericana

sentando ciertas bases como calidad y suficiencia y teniendo en cuenta la condicioacuten de

18 Ibiacutedem 19 Corte IDH Caso Pueblo Indiacutegena Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador Fondo y Reparaciones Sentencia de 27 de junio de 2012 Serie C No 245 paacuterr 219 y 220 20 Corte IDH Caso Raxcacoacute Reyes Vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 15 de septiembre de 2005 Serie C No 133 21 Reglas Miacutenimas de las Naciones para el Tratamiento de Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencioacuten del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Ginebra en 1995 y aprobadas por el Consejo Econoacutemico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXVII) de 13 de mayo de 1977


124



vulnerabilidad de ciertos grupos No obstante el camino apenas se estaacute construyendo y espero

en el futuro exista un mayor desarrollo jurisprudencial

IV EL DERECHO AL AGUA A PARTIR DE LA SENTENCIA 065342006PATC EN

COMPARACIOacuteN CON LA SENTENCIA T-7402011 DE LA CCC

El amparo 6534- 2006 sentoacute un hito en la jurisprudencia constitucional en nuestro paiacutes no

soacutelo porque el TC realiza un anaacutelisis en el cual sostiene que se realiza la interpretacioacuten a traveacutes

del artiacuteculo 3 de la Constitucioacuten Poliacutetica sino porque fue la primera vez que en el paiacutes se tratoacute

al agua como un derecho fundamental

Sin embargo tengo dos criacuteticas a lo sostenido en la sentencia del TC una referida a lo

sentildealado en el TC en la sentencia sobre que no existiacutea un marco claro internacional sobre el

derecho humano al agua y la segunda referida al poco desarrollo jurisprudencial del derecho

estableciendo soacutelo una obligacioacuten positiva al Estado Peruano

Pero vayamos por partes la sentencia 6534-2006 PA fue un amparo presentado por un

ciudadano peruano que residiacutea en un edificio referiacutea el ciudadano que SEDAPAL habiacutea

cortado el suministro de agua en su departamento a pesar de eacutel estar al diacutea con sus pagos esto

se realizoacute por una claacuteusula contenida en el contrato de suministro entre la empresa y los

propietarios de los edificios la cual estipulaba que si maacutes del 25 de propietarios debiacutean 2 o

maacutes meses de agua todo el suministro seriacutea cortado en el edificio

Pues bien de esta manera el TC comenzoacute a analizar las supuestas violaciones al derecho a la

salud libertad contractual entre otros siendo el maacutes importante en el caso en concreto el

anaacutelisis de si existiacutea un derecho fundamental al agua como derecho autoacutenomo es decir no

dependiente de otros derechos

De esta manera el TC sostuvo que la Constitucioacuten no contiene una enumeracioacuten de

derechos fundamentales stricto sensu sino que solo se limita a reconocer los derechos

fundamentales existen dos formas mediante las cuales otros derechos pueden ser agregados al


125



andamiaje juriacutedico uno teniendo en cuenta la opcioacuten principialista contenida artiacuteculo 3 de la

CPP o dos mediante la interpretacioacuten acorte a la los Tratados Internacionales en Derechos

Humanos de los cuales el Peruacute es parte y los cuales establecen obligaciones concretas

En el presente caso el TC sostuvo que no se iba a tomar en consideracioacuten la segunda

opcioacuten debido ldquoa que a nivel internacional auacuten se encuentran pendientes de desarrollo muchos

de los aacutembitos que comprenderiacutea dicho atributordquo22 fundamento que considero inadecuado

debido a todo lo mencionado liacuteneas arriba en ese entonces ya se habiacutea publicado el

documento maacutes importante en cuanto al desarrollo del derecho al agua como lo es la

Observacioacuten General 15 y como veremos liacuteneas abajo el TC siacute tomoacute en consideracioacuten un

criterio sostenido en este documento ademaacutes que para ese entonces casos de la Corte como

Yayke Axa Vs Paraguay o Mayagna Sumi Awas Tigni Vs Nicaragua que hicieron referencia al

derecho al agua aunque de manera breve ya habiacutean sido publicados de igual forma debido a los

Objetivos de Desarrollo del Milenio Naciones Unidas establecioacute distintas pautas para los

Estados Miembros para asiacute tener un conocimiento maacutes vasto sobre como cumplirlos

incluyendo distintos documentos referidos al mayor acceso al agua potable como objetivo 7C

Por estas razones discrepo con lo sostenido por el TC sobre este primer punto un ejemplo de

esto lo podemos encontrar en la sentencia T40 - 2011de la Corte Constitucional de Colombia

la cual no solo menciona lo que ya he sostenido sino que ademaacutes hace referencia entre otros a

la ldquoDeclaracioacuten de Mar de Platardquo de 1977 a la ldquoDeclaracioacuten del Mileniordquo a la ldquoDeclaracioacuten de

Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollordquo a otras sentencias de la Corte IDH y ademaacutes a

sentencias de diferentes Tribunales Constitucionales y Constituciones realizando de esta

manera de manera detallada un avance jurisprudencial completo sobre el referido derecho al

agua23

No obstante el TC con esta sentencia reconoce la autonomiacutea del derecho al agua algo

trascendental resaltando que el agua potable ldquoconstituye un elemento indispensable para la

22 STC Exp 065342006PATC del 7 de noviembre de 2007 23 Corte Constitucional de Colombia MP Humberto Antonio Sierra Porto Sentencia del 3 de octubre de 2011 Exp T-74011


126



salud y la vida de las personasrdquo24 Asimismo establece que el derecho al agua es de naturaleza

prestacional o positiva iquestqueacute queriacutea decir con esto Que el Estado se encuentra obligado a

realizar ciertas acciones positivas para de esta manera garantizar el derecho asiacute menciona 3

factores que coadyuven a la realizacioacuten efectiva del derecho Primero menciona al acceso

entendido como la manera mediante la cual el Estado acerca a la poblacioacuten al recurso como

segundo punto menciona a la calidad entendida como la obligacioacuten de garantizar la salubridad

el recurso y ademaacutes de mantener en oacuteptimas condiciones los servicios mediante los cuales se

transporta el liacutequido elemento finalmente menciona a la suficiencia entendida como la

racionalizacioacuten del recurso a las personas en cantidades adecuadas y que al menos suplan los

usos personales y domeacutesticos Esta parte de la sentencia me parece importante debido a la

autonomiacutea que se le brinda al derecho al agua incluso sosteniendo el TC que de este derecho

se desprenden otros por lo que es un derecho baacutesico y necesario sin embargo cuando

comienza a desarrollar el tema de calidad acceso y suficiencia me parece importante que se

establezcan paraacutemetros miacutenimos de proteccioacuten asiacute si se realiza una comparacioacuten con la

Sentencia T402011 en primer lugar notamos que el Estado no solo tiene una obligacioacuten

positiva o de garantiacutea llamado a realizar acciones de hacer sino tambieacuten una obligacioacuten

negativa o de respeto es decir de abstencioacuten de algunas conductas asiacute como una obligacioacuten de

cumplir reformulando nuestro ordenamiento juriacutedico e incluyendo el derecho al agua y

desarrollando un plan para la gestioacuten de la misma por ejemplo

Asimismo la CCC establece ciertos paraacutemetros con respecto a los 3 factores que

coadyuvan a las obligaciones de los Estados asiacute con respecto a la disponibilidad toma en

consideracioacuten los litros por persona necesarios que sugiere la OMS y estable 50 litros por

persona en condicioacuten de vulnerabilidad25 con respecto a la accesibilidad la Corte sostuvo que

el Estado cumple sus obligaciones cuando esta estaacute garantizada en un nivel intermedio u

oacuteptimo es decir cuando existe un suministro de agua en el inmueble a traveacutes de al menos un

24 STC Exp 065342006PATC del 7 de noviembre de 2007 paacuterr 18 25 OMS Informe sobre la cantidad de agua domiciliaria el nivel del servicio y la salud y ONU 2003 1er Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hiacutedricos en el Mundo Agua para todos agua para la vida Pariacutes Nueva York y Oxford UNESCO (Organizacioacuten de las Naciones Unidas para la Educacioacuten la Ciencia y la Cultura) y Berghahn Boo 2003


127



grifo26 finalmente con respecto al uacuteltimo factor establecen que ldquoLa calidad del agua apta para

consumo humano implica la existencia de unas condiciones fiacutesico-quiacutemicas y bacterioloacutegicas

que aseguren su potabilidad esto garantiza que el agua que se va a consumir tiene el

tratamiento y desinfeccioacuten necesarios para el consumo humano asiacute como el control de los

paraacutemetros microbioloacutegicos del agua tanto de la distribuida por medio del servicio de

acueducto como la de las fuentes superficiales y subterraacuteneasrdquo27

Habieacutendose realizado esta comparacioacuten me parece necesario insistir en un mayor desarrollo

jurisprudencial del derecho al agua estableciendo paraacutemetros miacutenimos desde los cuaacuteles se

puedan dictar en adelante nuevas poliacuteticas de desarrollo para todos

V LA ESCASEZ DEL RECURSO POSIBLE SOLUCIONES

Esta uacuteltima parte no tiene que ver al agua como un derecho humano sino maacutes bien ldquoLa

escasez de agua se define como el punto en el que el impacto agregado de todos los usuarios

bajo determinado orden institucional afecta al suministro o a la calidad del agua de forma que

la demanda de todos los sectores incluido el medioambiental no puede ser completamente

satisfecha La escasez de agua es pues un concepto relativo y puede darse bajo cualquier nivel

de oferta o demanda de recursos hiacutedricos La escasez puede ser una construccioacuten social

(producto de la opulencia las expectativas y unas costumbres arraigadas) o consecuencia de la

variacioacuten en los patrones de la oferta derivados por ejemplo del cambio climaacuteticordquo

La escasez del agua potable es una realidad de acuerdo a datos estadiacutesticos de Naciones

Unidas 1200 millones de personas viven en zonas cercanas a la escasez fiacutesica del agua y cerca

de 500 millones estaacuten cerca de alcanzar ese nivel Por lo que es necesario brindar respuestas28

La gestioacuten eficiente del recurso requiere una visioacuten interdisciplinaria e interjurisdiccional la

cual requiere un trabajo conjunto entre Estado Sector Privado y Sociedad Civil

26 Corte Constitucional de Colombia supra nota 23 y BARTRAM Howard Domestic water quantity service level and health Ginebra Wordl Health Organization 2003 27 Corte Constitucional de Colombia supra nota 23 28 httpwwwunorgspanishwaterforlifedecadescarcityshtml


128



Es necesario tomar conciencia que no es solo un problema social sino tambieacuten econoacutemico

por lo tanto mucho influyen la oferta y la demanda ademaacutes de las muacuteltiples externalidades que

se pueden presentar y que afectariacutean una adecuada gestioacuten por ejemplo el cambio climaacutetico la

ubicacioacuten de los paiacuteses los recursos disponibles el problema con estas externalidades es que

no se puede prever que tanto influenciaraacuten sobre el recurso por lo que es necesario establecer

paraacutemetros claros para lograr un marco juriacutedico que permita cumplir con los objetivos

Las Naciones Unidas brindan a partir del Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre el

acceso a agua potable y saneamiento una pauta a seguir para la gestioacuten de los Recursos

Hiacutedricos comenzando por (a) internalizar en los Estados Miembros los ODM como Objetivos

Nacionales (b) despueacutes se realiza un anaacutelisis de los recursos hiacutedricos en el paiacutes (c) luego se

crean las poliacuteticas y estrategias hiacutedricas de acuerdo a la situacioacuten encontrada (d) a

continuacioacuten se crea el Plan de Implementacioacuten de los Recursos Hiacutedricos (e) el siguiente

paso es aplicar las acciones para la implementacioacuten del Plan y (f) finalmente el monitoreo y

evaluacioacuten del progreso de los Recursos Hiacutedricos29

A nivel de paiacutes me parece importante resaltar la Ley de Gestioacuten de Recursos Hiacutedricos Ley

29938 promulgada en Marzo del 2009 la cual sienta en el Peruacute las bases para un adecuado

manejo y administracioacuten del recurso y a su vez es un instrumento mediante el cual existe una

relacioacuten entre la Administracioacuten Puacuteblica y los Administrados para discutir sobre el tema sin

29 Ibiacutedem


129



embargo no debemos olvidar que la prioridad del recurso va destinado a satisfacer necesidades

personales y domeacutesticas de acuerdo a todo lo arriba sostenido

VI CONSIDERACIONES FINALES

El derecho al agua como derecho autoacutenomo no data maacutes allaacute del 2006 por lo que es un

derecho en constante desarrollo en nuestro paiacutes es importante que el Estado garantice este

derecho de manera progresiva sobretodo porque su escasez estaacute iacutentimamente ligada a la

pobreza lo que trae como consecuencia dantildeos en la salud de las personas sobre todo de

sectores vulnerables

Se debe tener en consideracioacuten que el Estado debe prestar especial atencioacuten a los grupos

vulnerables enfocando sus poliacuteticas y objetivos en lograr satisfacer en la mayor medida de lo

posible esta necesidad baacutesica debido a sus especiales condiciones

El agua potable como derecho humano ya se encuentra recogido en diversos instrumentos

internacionales y no es cierto que no exista un consenso respecto a eacuteste por lo tanto debe

existir otro lineamiento jurisprudencial que recoja lo aquiacute sentildealado

Finalmente hay algunos que se oponen a que este sea considerado un derecho fundamental

autoacutenomo porque piensan que es innecesario por lo que me gustariacutea preguntar iquestQueacute hariacuteas sin

agua potable por maacutes de 3 diacuteas Si pensaste en la respuesta es necesario que reflexiones que

hoy en diacutea existen personas que no se hacen esa pregunta sino que esa es su realidad

BIBLIOGRAFIacuteA


BARTRAM Howard Domestic water quantity service level and health Ginebra

Wordl Health Organization 2003


130



CASTILLO Lilian Los Foros del Agua De Mar de Plata a Estambul 1977- 2009

Buenos Aires Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 2009

GARCIacuteA-CALVO Eloy ldquoEl agua claves para el uso sosteniblerdquo En

RODRIacuteGUEZ-JIMEacuteNEZ Juan (compilador) Hacia un uso sostenible de los

recursos naturales Sevilla Universidad Internacional de Andaluciacutea

OMS Y UNICEF ldquoProgresos en materia de saneamiento y agua Informe de

actualizacioacuten 2010rdquo Francia 2010

OMS Informe sobre la cantidad de agua domiciliaria el nivel del servicio y la salud y

ONU 2003 1er Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos

Hiacutedricos en el Mundo Agua para todos agua para la vida Pariacutes

UNICEF World Health Organization ldquoProgress on Drinking Water and Sanitation

2012rdquo USA 2012

RESOLUCIONES DE LA ORGANIZACIOacuteN DE NACIONES UNIDAS

ONU Antildeo Internacional de la Cooperacioacuten en la Esfera del agua AGR65154 20

diciembre de 2010

ONU Declaracioacuten del Milenio AGR552 Nueva York 8 de septiembre de

2000

ONU Derecho Humano al Agua y al Saneamiento AGR64 292 Nueva York 28

de julio de 2010

Reglas Miacutenimas de las Naciones para el Tratamiento de Reclusos adoptadas

por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencioacuten del Delito y

Tratamiento del Delincuente celebrado en Ginebra en 1995 y aprobadas por el


131



Consejo Econoacutemico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio

de 1957 y 2076 (LXVII) de 13 de mayo de 1977

COMITEacute DE DERECHOS ECONOacuteMICOS SOCIALES Y CULTURALES


EC12200211 (2003)

CASOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Corte IDH Caso Comunidad Indiacutegena Yakye Axa Vs Paraguay Fondo


Corte IDH Caso Raxcacoacute Reyes Vs Guatemala Fondo Reparaciones y Costas


Corte IDH Caso Acevedo Buendiacutea y Otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloriacutea) Vs





Corte IDH Caso Pueblo Indiacutegena Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador Fondo y

Reparaciones Sentencia de 27 de junio de 2012 Serie C No 245

CORTE CONSITUCIONAL DE COLOMBIA

Corte Constitucional de Colombia MP Humberto Antonio Sierra Porto

Sentencia del 3 de octubre de 2011 Exp T-74011


132



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERUacute

STC Exp 065342006PATC del 7 de noviembre de 2007

Las personas con discapacidad y el sufragio activo reflexiones a partir de los estaacutendares regionales e internacionales de derechos humanos

Ricardo Bolantildeos Salazar

133



LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL SUFRAGIO ACTIVO

REFLEXIONES A PARTIR DE LOS ESTAacuteNDARES REGIONALES E

INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO BOLANtildeOS SALAZAR



Martin de Porres Primer Puesto y Mejor Orador en la

XVII Competencia ldquoEduardo Jimeacutenez de Areacutechaga

(CEJA) Mejor Orador del Estado en Espantildeol en el

19deg Inter-American Human Rights Moot Court

Competition

I INTRODUCCIOacuteN-II EL SUFRAGIO ACTIVO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE

PROTECCIOacuteN DE DERECHOS HUMANOS IMPORTANCIA Y DEFENSA-1 CONTENIDO Y

ALCANCE DE LOS DERECHOS POLIacuteTICOS EN LA CONVENCIOacuteN AMERICANA-2 LIacuteMITES A

LOS DERECHOS POLIacuteTICOS RECONOCIDOS EN LA CONVENCIOacuteN AMERICANA-III LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIOacuteN DE

DERECHOS HUMANOS-IV LA PARTICIPACIOacuteN POLIacuteTICA DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DERECHO AL SUFRAGIO ACTIVO ANAacuteLISIS A PARTIR DE TRES CASOS

RELEVANTES-V CONCLUSIONES

Agradezco al Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martiacuten de Porres por generar este valioso espacio para compartir conocimientos entre alumnos y profesores De igual forma agradezco al Dr Renato Sotelo Torres y al Dr Oscar Pazo Pineda por sus valiosos aportes en mi formacioacuten acadeacutemica como tambieacuten a Alexandra Cabrera Saacutenchez Brenda Tornero Huamaacuten Rosemary Ugaz Marquina y Fiorella Galindo Flores



134



I INTRODUCCIOacuteN

Frecuentemente cuando se aborda el tema de los derechos poliacuteticos y en especiacutefico el

sufragio activo se pasa por alto el ejercicio de este derecho por parte de ciertos grupos como

por ejemplo los migrantes las personas que se encuentran en prisioacuten cumpliendo una condena

o las personas con discapacidad entre otros

En la actualidad las personas con discapacidad siguen enfrentaacutendose a las barreras y

obstaacuteculos que les impiden ejercer el derecho y ademaacutes el deber ciudadano de elegir a sus

autoridades nacionales No solo se enfrentan a las barreras de caraacutecter legislativo o

administrativo sino tambien por ejemplo a locales de votacioacuten que arquitectoacutenicamente son

inaccesibles para muchos de ellos o ceacutedulas de votacioacuten que no son disentildeadas para garantizar

que ejerzan su derecho al voto de manera libre Ello entre otras muchas cosas evidencia la

relevancia del presente tema pues las personas con discapacidad representan a maacutes del 15 de

la poblacioacuten mundial y por ende su participacioacuten poliacutetica desde el terreno de la democracia

tiene un impacto significativo en los resultados de los comicios electorales

En el presente trabajo se abordaraacute primero la situacioacuten actual de los derechos poliacuteticos y en

especiacutefico el sufragio activo en el Sistema Interamericano de Proteccioacuten de Derechos

Humanos en segundo lugar se pondraacute en evidencia como tanto la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (ldquoCorte Interamericanardquo) como la Comisioacuten Interamericana de Derechos

Humanos (ldquoComisioacuten Interamericanardquo) han priorizado la proteccioacuten de los derechos de las

personas con discapacidad entendieacutendolas como un grupo que merece especial proteccioacuten

estatal Luego explicareacute como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ldquoTribunal

Europeordquo o ldquoTribunal de Estrasburgordquo) Naciones Unidas y la Corte Constitucional de

Colombia han avanzado en la proteccioacuten del derecho a voto de las personas con discapacidad y

finalmente llevare a cabo las conclusiones al respecto

II EL SUFRAGIO ACTIVO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIOacuteN DE

DERECHOS HUMANOS IMPORTANCIA Y DEFENSA



135



Los derechos poliacuteticos en general cobran real importancia debido a que representan un

verdadero pilar para el desarrollo de la democracia La Corte Interamericana ha resaltado que

los derechos poliacuteticos reconocidos en el artiacuteculo 23 de la Convencioacuten Americana sobre

Derechos Humanos (ldquoConvencioacuten Americanardquo) son derechos de importancia fundamental

debido a que se encuentran relacionados de manera muy estrecha con otros derechos

consagrados en la Convencioacuten Americana como por ejemplo la libertad de expresioacuten la

libertad de reunioacuten y la libertad de asociacioacuten que en conjunto hacen posible el juego

democraacutetico1

1 CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS POLIacuteTICOS EN LA CONVENCIOacuteN

AMERICANA

En virtud de los derechos poliacuteticos reconocidos en la Convencioacuten Americana todos los

ciudadanos pueden en igualdad de condiciones participar en la direccioacuten de los asuntos

puacuteblicos directamente o por representantes libremente elegidos votar y ser elegidos en

elecciones perioacutedicas auteacutenticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que

garantice su libre expresioacuten y acceder a las funciones puacuteblicas de su paiacutes

En ese sentido la Convencioacuten Americana reconoce dos aspectos de los derechos poliacuteticos

el primero el sufragio activo que se puede definir como el derecho individual de voto que

tiene cada ciudadano para participar en cualquiera de las votaciones puacuteblicas que se celebren2

es decir la posibilidad de poder elegir Por otro lado la otra cara de este derecho el sufragio

pasivo se define como el derecho a ser elegible para los cargos puacuteblicos pero dado que para

ser elegido primero hay que ser proclamado candidato tal definicioacuten resultariacutea inexacta seguacuten

la apreciacioacuten de Manuel Aragoacuten Reyes3 pues en principio podriacutea darse la circunstancia de ser

perfectamente elegible por reunir los requisitos y no estar incurso en inelegibilidades y sin

1 Cp Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman Vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008 Serie C No 184 paacuterr 140 2 Cp ARAGOacuteN Manuel ldquoDerecho Electoral Sufragio Activo y Pasivordquo En NOHLEN Dieter ZOVATTO Daniel OROZCO Jesuacutes y THOMPSON Joseacute (comp) Tratado de Derecho Electoral Comparado de Ameacuterica Latina Segunda Edicioacuten Distrito Federal de Meacutexico Fondo de Cultura Econoacutemica 2007 pp 178 ndash 195 3 Ibiacutedem



136



embargo no poder ejercer el sufragio pasivo por no estar reconocido a los individuos sino a

los partidos poliacuteticos la facultad de presentar candidaturas como de hecho ocurrioacute por

ejemplo en el caso de Jorge Castantildeeda Gutman contra Meacutexico que falloacute la Corte

Interamericana en el antildeo 2008 Por ello aplicando una definicioacuten maacutes completa se puede

concluir que el sufragio pasivo es el derecho individual a ser elegible y a presentarse como

candidato en las elecciones para cargos puacuteblicos

Finalmente respecto al contenido de los derechos poliacuteticos es necesario precisar que

ademaacutes de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos uacutenicamente a los

ciudadanos a diferencia de casi todos los demaacutes derechos que recoge la Convencioacuten

Americana que se reconocen a toda persona independientemente de su ciudadaniacutea el artiacuteculo

23 no soacutelo establece que sus titulares deben gozar de derechos sino que agrega el teacutermino

ldquooportunidadesrdquo Esto uacuteltimo implica la obligacioacuten estatal de garantizar con ldquomedidas

positivasrdquo que toda persona que de manera formal es titular de derechos poliacuteticos tenga la

oportunidad real para poder ejercerlos4 Por esta razoacuten resulta indispensable que los estados

creen las condiciones y mecanismos oacuteptimos para que los derechos poliacuteticos puedan ser

ejercidos de forma efectiva respetando siempre el principio ius cogens de igualdad y no

discriminacioacuten5 esta precisioacuten es substancial para el desarrollo posterior de la temaacutetica de este

estudio

2 LIacuteMITES A LOS DERECHOS POLIacuteTICOS RECONOCIDOS EN LA CONVENCIOacuteN

AMERICANA

A juicio de que ninguacuten derecho reconocido en la Convencioacuten Americana es absoluto los

derechos poliacuteticos tambieacuten encuentran liacutemites que pueden imponerse para su ejercicio liacutemites

que han reconocido tanto la Comisioacuten Interamericana6 como la Corte Interamericana7 El

4 Cp Corte IDH Caso Manuel Cepeda Vargas Vs Colombia Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2010 Serie C No 213 paacuterr 172 5 Cp Corte IDH Caso Yatama Vs Nicaragua Excepciones Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 23 de junio de 2005 Serie C No 127 paacuterr 195 6 Cp CIDH Informe de Fondo Ndeg 13799 Andreacutes Aylwin Azoacutecar y otros Chile 27 de diciembre de 1999 paacuterr 101 7 Cp Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman Vs Estados Unidos Mexicanos supra nota 1 paacuterr 174



137



propio cuerpo normativo de la Convencioacuten Americana reconoce en su artiacuteculo 232 que la ley

puede reglamentar el ejercicio de los derechos poliacuteticos ldquoexclusivamenterdquo por razones de edad

nacionalidad residencia idioma instruccioacuten capacidad civil o mental o condena por juez

competente en proceso penal

Notemos como la Convencioacuten Americana enumera la ldquocapacidad civil o mentalrdquo como

presupuesto limitante para el ejercicio de los derechos poliacuteticos es decir pareciera ser que a la

luz de una interpretacioacuten literal puede restringirse el ejercicio de los derechos poliacuteticos si la

persona no goza de capacidad civil o capacidad mental lo cual resulta relevante toda vez que

ello implica que una persona con discapacidad puede no tener capacidad civil si por ejemplo

es interdicta o una persona con discapacidad mental tambieacuten podriacutea ver limitado el ejercicio de

su derecho a la participacioacuten poliacutetica bajo el supuesto que preveacute la Convencioacuten Americana

Cabe ademaacutes precisar que la Corte Interamericana ha tenido oportunidad de enfatizar que

las limitaciones al ejercicio de los derechos poliacuteticos previstas por el artiacuteculo 232 no son

taxativas De esa forma entendiendo que el teacutermino exclusivamente podriacutea ser interpretado

como una prohibicioacuten de otras restricciones no contempladas en ese inciso la Corte

Interamericana en el caso Castantildeeda Gutman Vs Estados Unidos Mexicanos sostuvo al

evaluar la legitimidad de la negativa de las autoridades mexicanas de inscribir la candidatura

independiente del sentildeor Jorge Castantildeeda Gutman que no era posible aplicar al sistema

electoral sola y uacutenicamente las limitaciones del paacuterrafo 2 del artiacuteculo 23 de la Convencioacuten

Americana8 ampliando con esta valoracioacuten las posibles limitaciones a los derechos poliacuteticos

maacutes allaacute que a las causas previstas por la propia Convencioacuten Americana

Sin embargo existen ldquoliacutemites a los liacutemitesrdquo que puede imponer un estado para el ejercicio

de los derechos poliacuteticos en primer lugar encontramos que el artiacuteculo 29 (a) de la Convencioacuten

Americana prohiacutebe interpretar disposicioacuten alguna de dicho cuerpo normativo en el sentido de

ldquopermitir a alguno de los Estados Partes grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los

8 Cp DALLA Alberto ldquoLos Derechos Poliacuteticos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanosrdquo Revista Justicia Electoral Distrito Federal de Meacutexico volumen 1 nuacutemero 8 2011 pp 15 ndash 79



138



derechos y libertades reconocidos en la Convencioacuten o limitarlos en mayor medida que la

prevista en ellardquo y en segundo lugar el artiacuteculo 30 de la Convencioacuten Americana establece que

ldquolas restricciones que la Convencioacuten permite para el goce y ejercicio de los derechos y

libertades fundamentales no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por

razones de intereacutes general y con el propoacutesito para el cual han sido establecidasrdquo entendiendo

por el teacutermino ldquoleyesrdquo ldquoaquellas normas juriacutedicas de caraacutecter general centildeidas al bien comuacuten

emanadas de los oacuterganos legislativos constitucionalmente previstos y democraacuteticamente

elegidos y elaboradas seguacuten el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados

Partes para la formacioacuten de las leyesrdquo9

III LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE

PROTECCIOacuteN DE DERECHOS HUMANOS

La Corte de San Joseacute ha tenido pocas oportunidades para abordar la temaacutetica de la

discapacidad El caso maacutes emblemaacutetico al respecto es sin duda el de Ximenes Lopes Vs Brasil10

que versaba sobre Damiatildeo Ximenes Lopes un hombre con discapacidad mental que en la

eacutepoca de los hechos del caso teniacutea 30 antildeos de edad Eacutel fue internado por su madre en el antildeo

1999 en la Casa de Reposo Guararapes a fin de recibir tratamiento psiquiaacutetrico Damiatildeo

fallecioacute el 4 de octubre del antildeo 1999 dentro de dicha institucioacuten que era privada despueacutes de

tres diacuteas de internamiento a causa de muacuteltiples maltratos durante su corta permanencia en

dicha institucioacuten

Este caso reviste importancia por dos motivos primero porque fue el primer caso juzgado

por la Corte Interamericana respecto de Brasil que originoacute la primera condena de este estado

ante el Sistema Interamericano de Proteccioacuten de Derechos Humanos y segundo porque ser el

primer caso sobre personas con discapacidad a nivel de Corte Interamericana De tal manera

al reconocer la situacioacuten de vulnerabilidad a que estaacuten sometidas las personas con discapacidad

9 Corte IDH La Expresioacuten ldquoLeyesrdquo en el Artiacuteculo 30 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Opinioacuten Consultiva OC-686 del 9 de mayo e 1986 10 Corte IDH Caso Ximenes Lopes Vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie C No 149



139



la Corte Interamericana amplioacute la jurisprudencia regional e internacional11 y a pesar que Brasil

reconocioacute de manera parcial su responsabilidad internacional la Corte Interamericana

desarrolloacute estaacutendares significativos para la proteccioacuten de las personas con discapacidad

En este caso contra Brasil la Corte Interamericana tomando como paraacutemetro la

Convencioacuten Interamericana para la Eliminacioacuten de Todas las Formas de Discriminacioacuten contra

las Personas con Discapacidad12 concluyoacute que las personas con discapacidad a menudo son

objeto de discriminacioacuten a raiacutez de su condicioacuten y que por esta razoacuten los estados deben adoptar

las medidas de caraacutecter legislativo social educativo laboral o de cualquier otra iacutendole

necesarias para que todo atisbo discriminacioacuten asociada con la discapacidad sea eliminada

Luego de esta precisioacuten la Corte Interamericana concentroacute su anaacutelisis en dos puntos los

derechos de las personas con discapacidad mental y los deberes estatales para con estas

personas

Dentro del anaacutelisis de los derechos de las personas con discapacidad la Corte

Interamericana enfatizoacute entre otras cosas el derecho de acceso a una atencioacuten meacutedica eficaz y

de calidad que se adecue a su situacioacuten concreta el respeto por su autonomiacutea personal y los

derechos a la integridad y vida que imponen una mayor diligencia estatal cuando se trata de

personas con discapacidad por ser como ya se explicoacute un grupo que merece especial

proteccioacuten

En cuanto a los deberes estatales la Corte Interamericana no solo se limitoacute a indicar que

los estados deben garantizar y respetar los derechos y libertades fundamentales de las personas

con discapacidad sino que tambieacuten planteoacute una obligacioacuten de ldquoprevencioacuten de las

discapacidadesrdquo Conjuntamente precisoacute que los estados tienen el deber de cuidar a las

personas con discapacidad de regular y fiscalizar a las instituciones puacuteblicas o privadas que

11 Cp MARIacuteA Caacutessia y Ludmila CERQUEIRA ldquoCaso Damiatildeo Ximenes Lopes Cambios y Desafiacuteos despueacutes de la Primera Condena de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Revista Internacional de Derechos Humanos Satildeo Paulo volumen 8 nuacutemero 15 2011 pp 93 ndash 115 12 Convencioacuten Interamericana para la Eliminacioacuten de Todas las Formas de Discriminacioacuten contra las Personas con Discapacidad aprobada en Ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999



140



prestan servicios de salud para personas con discapacidad y el deber de investigar las

afectaciones yo lesiones a los derechos de este grupo en situacioacuten de vulnerabilidad

Seis antildeos despueacutes de aquella sentencia en el caso Furlam y familiares Vs Argentina13 la Corte

Interamericana remarcoacute la especial proteccioacuten que deben brindar de manera imperativa los

estados a las personas con discapacidad sin embargo lo resaltante de este fallo es que se

dieron alcances respecto del derecho a ser oiacutedo en juicio de las personas con discapacidad en

especiacutefico los nintildeos Asiacute basaacutendose en la Observacioacuten General Ndeg 9 del Comiteacute de los

Derechos del Nintildeo14 y en la Convencioacuten sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad15 la Corte Interamericana determinoacute que es fundamental que los nintildeos con

discapacidad sean escuchados en todos los procedimientos que los afecten y que sus opiniones

se respeten de acuerdo con su capacidad en evolucioacuten y que los estados deben velar por el

desempentildeo de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como participantes

directos o indirectos en los juicios incluida su declaracioacuten como testigos en todos los

procedimientos judiciales

Por su parte la Comisioacuten Interamericana tambieacuten tuvo un caso importante sobre

discapacidad en el antildeo 1999 El caso en cuestioacuten era el del ciudadano ecuatoriano Viacutector

Rosario Congo16 con discapacidad mental que fue golpeado en la cabeza por un guiacutea del

Centro de Rehabilitacioacuten que lo custodiaba lo cual le ocasionoacute una severa lesioacuten mental que

sumada a la inaccioacuten por parte de las autoridades del Centro de Rehabilitacioacuten para brindarle

atencioacuten meacutedica trajo como consecuencia fatiacutedica su muerte Ademaacutes de otros aspectos

importantes la Comisioacuten Interamericana recordoacute que los establecimientos que acogen a

personas con discapacidad deben contar con instalaciones e infraestructura adecuada para

cumplir tal finalidad Tambieacuten se pronuncioacute sobre el aislamiento celular al que fue sometido

Viacutector Rosario Congo y enfatizoacute que en las circunstancias de ese caso constituiacutea un trato

13 Corte IDH Caso Furlam y familiares Vs Argentina Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No 246 14 Comiteacute de los Derechos del Nintildeo Observacioacuten General Ndeg 9 Los Derechos de los Nintildeos con Discapacidad (2006) UN Doc CRCCGC9 15 Convencioacuten sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en Nueva York el 13 de diciembre junio de 2006 16 CIDH Informe Ndeg 6399 Viacutector Rosario Congo contra Ecuador 13 de abril de 1999



141



inhumano y degradante bajo los paraacutemetros del artiacuteculo 5 inciso 2 de la Convencioacuten

Americana

De esta breve siacutentesis se puede evidenciar como el Sistema Interamericano de Proteccioacuten

de Derechos Humanos ha ido desarrollando conforme a los antildeos estaacutendares aplicables en

materia de los derechos de las personas con discapacidad y ha sido contundente en afirmar que

los estados tienen la obligacioacuten de otorgarles especial proteccioacuten en el goce y ejercicio de sus

derechos y libertades fundamentales

IV LA PARTICIPACIOacuteN POLIacuteTICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DERECHO AL

SUFRAGIO ACTIVO ANAacuteLISIS A PARTIR DE TRES CASOS RELEVANTES

Luego de haber explorado el panorama respecto a los derechos poliacuteticos en la regioacuten y los

estaacutendares desarrollados por el Sistema Interamericano de Proteccioacuten de Derechos Humanos

sobre las personas con discapacidad corresponde analizar en ese acaacutepite el derecho a voto de

las personas con discapacidad Primero conoceremos el estado actual de la cuestioacuten en el

Sistema Europeo de Proteccioacuten de Derechos Humanos para luego hacer referencia a lo

plasmado por el Comiteacute de los Derechos de las Personas con Discapacidad y finalmente se

expondraacute de manera breve la perspectiva de la Corte Constitucional de Colombia en este tema

En primer lugar merece especial atencioacuten el fallo Alajoss Kiss Vs Hungriacutea17 resuelto por el

Tribunal Europeo que ocupada el caso de un ciudadano con depresioacuten maniacuteaca la cual es

considerada un tipo de discapacidad mental que luego de este diagnoacutestico en el 2005 se enteroacute

que por disposiciones legales internas de su paiacutes habiacutea sido omitido del censo electoral

efectuado con miras a las proacuteximas elecciones generales en Hungriacutea previstas para el 2006 y

por consiguiente no podriacutea acudir a las urnas a hacer efectivo su derecho a voto

17 TEDH Caso Alajoss Kiss Vs Hungriacutea Sentencia de 20 de mayo de 2010 Aplicacioacuten Ndeg 3883206



142



El Tribunal de Estrasburgo esbozoacute una interesante tesis sobre los derechos poliacuteticos y la

democracia y trayendo como referencia los casos Hirst Vs Reino Unido18 y Mathieu-Mohin y

Clerfayt Vs Beacutelgica19 indicoacute que pese a que los derechos poliacuteticos no son absolutos se presume

que un estado democraacutetico aboga por la inclusioacuten y la expansioacuten del derecho al sufragio activo

Al analizar la medida restrictiva del derecho el Tribunal Europeo consideroacute que el fin

perseguido por el estado huacutengaro de permitir sufragar solo a los ciudadanos capaces de evaluar

consiente y responsablemente las consecuencias de sus decisiones era legiacutetimo a la luz de los

estaacutendares europeos en la materia En cuando a si la medida fue proporcional o no el Tribunal

Europeo verificoacute que en la legislacioacuten huacutengara no existiacutea una distincioacuten entre los parcialmente

incapaces y los que eran totalmente incapaces juriacutedicamente ante ello sostuvo que aun

existiendo un margen de apreciacioacuten para que los estados regulen el ejercicio del derecho a

voto esta regulacioacuten no debe restringir de manera excesiva el derecho y ademaacutes el estado

debioacute tomar en cuenta los diferentes grados de discapacidad que mencioacuten aparte ya habiacutean

sido reconocidos en la Convencioacuten sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad A la

luz de estos hechos el Tribunal Europeo declaroacute la responsabilidad internacional de Hungriacutea

por haber limitado el ejercicio del derecho a voto de Alajoss Kiss sin llevar a cabo una

evaluacioacuten individualizada sobre su situacioacuten especiacutefica de esta forma declaroacute que Hungriacutea

debiacutea modificar la legislacioacuten al respecto por considerar que esta no se adecuaba a los

estaacutendares europeos ni universales en la materia

No obstante Hungriacutea no modificoacute su legislacioacuten pese a que en el antildeo 2012 el Comiteacute sobre

los Derechos de las Personas con Discapacidad20 (ldquoCDPDrdquo) le solicitoacute informacioacuten adicional

sobre las consecuencias juriacutedicas de la decisioacuten del caso Alajoss Kiss Vs Hungriacutea y le requirioacute

indicar si despueacutes de esa sentencia se habiacutean adoptado medidas para modificar la legislacioacuten

nacional Incluso como veremos a continuacioacuten en un caso ante el CDPD en el 2013

18 TEDH Caso Hirst Vs Reino Unido (no 2) Sentencia 6 de octubre de 2005 Aplicacioacuten No 7402501 19 TEDH Caso Mathieu-Mohin y Clerfayt Vs Beacutelgica Sentencia de 2 de marzo de 1987 Aplicacioacuten Ndeg 926781 20 CDPD Lista de cuestiones que deben observarse al examinar el informe inicial de Hungriacutea (CRPDCHUN1) en relacioacuten con los artiacuteculos 1 a 33 de la Convencioacuten (2012) CRPDCHUNQ1



143



Hungriacutea siguioacute ignorando la decisioacuten del Tribunal Europeo y la recomendacioacuten hecha por el

CDPD en el antildeo 2012

El caso en mencioacuten es Zsolt Bujdosoacute y otros cinco Vs Hungriacutea21 sobre seis personas con

discapacidad intelectual que se encontraban bajo tutela algunos de ellos parcialmente y otros

de manera total por decisioacuten judicial Por esta razoacuten sus nombres fueron eliminados del

registro electoral en virtud del artiacuteculo 70 inciso 5 de la Constitucioacuten de Hungriacutea que establece

que las personas con discapacidad puestas bajo tutela total o parcial no pueden ejercer el

derecho a voto En el antildeo 2010 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias y las seis

personas en cuestioacuten no pudieron hacer efectivo su derecho a voto al igual que en las

elecciones municipales de ese mismo antildeo

El CDPD concluyoacute que en virtud del artiacuteculo 29 de la Convencioacuten sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad los estados deben garantizar que las personas con discapacidad

tengan una participacioacuten plena y efectiva en la vida poliacutetica de su paiacutes en igualdad de

condiciones que las demaacutes personas Haciendo referencia a las Observaciones Finales sobre

Tuacutenez22 el CDPD determinoacute que los estados deben adoptar medidas legislativas urgentes para

garantizar que las personas con discapacidad que se encuentran bajo tutela o curatela ya sean

totales o parciales puedan votar Por estas consideraciones el CDPD declaroacute que la medida

restrictiva no era legiacutetima y tampoco era proporcional al objetivo de preservar la integridad del

sistema poliacutetico de Hungriacutea

Ademaacutes requirioacute al estado huacutengaro adoptar procedimientos de votacioacuten asegurando que

sean adecuados accesibles y faacuteciles de entender y utilizar y tambieacuten permitir cuando sea

necesario asistencia para votar a peticioacuten de las personas con discapacidad Asegurando asiacute que

las personas con discapacidad voten en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad al

tiempo que garantiza que el voto sea secreto

21 CDPD Zsolt Bujdosoacute y otros cinco Vs Hungriacutea Comunicacioacuten No 42011 UN Doc CRPDC10D42011 (2013) 22 CDPD Observaciones Finales respecto de Tuacutenez UN Doc CRPDCTUNCO1 (2011)



144



Si bien existen numerosos pronunciamientos judiciales en la regioacuten que abordan el derecho

a voto de las personas con discapacidad en el presente estudio centraremos el desarrollo que

llevoacute a cabo la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-4730323 sobre un

ciudadano colombiano con ceguera que alegaba la violacioacuten de su derecho al voto secreto a la

igualdad a la dignidad humana al libre desarrollo de la personalidad y a la participacioacuten

poliacutetica solicitando al efecto que se ordene la elaboracioacuten de tarjetas electorales en sistema

braille necesarias para ejercer su derecho a voto en las elecciones del antildeo 2002 El Registro

Nacional del Estado Civil de Colombia manifestoacute que las personas invidentes como el

demandante podiacutean dar su voto a traveacutes de un acompantildeante lo cual a consideracioacuten del

demandante era imponerle el ejercicio al voto a otra persona y por tanto se coartaba su

posibilidad de elegir dentro del aacutembito de su autonomiacutea y dignidad

La Corte Constitucional de Colombia interpretoacute de manera literal el artiacuteculo 258 de la

Constitucioacuten Poliacutetica de 1991 y concluyoacute que este impone de forma absoluta el ejercicio del

sufragio activo de manera totalmente secreta La Corte Constitucional de Colombia recordoacute su

sentencia T-44695 donde sostuvo que no era justo ni constitucional que los limitados fiacutesicos

[sic] en la praacutectica vean restringido su derecho al voto Esto conlleva a que se presente

excepcionalmente la posibilidad de que ciertas personas voten en compantildeiacutea de otra que les

facilite el ejercicio del derecho a voto Empero en esta nueva sentencia de 2003 la Corte

colombiana abrioacute el abanico de posibilidades y aclaroacute que a las personas invidentes que saben

leer por medio del sistema braille se les debe permitir votar con eacutel ademaacutes de ir acompantildeados

si lo desean y que a las personas invidentes que no manejen dicho sistema se les debe permitir

que vayan tambieacuten con un acompantildeante pero que el voto lo emita siempre y bajo cualquier

circunstancia la persona invidente

De esta manera vemos coacutemo ha ido progresando el goce y ejercicio del derecho al voto de

las personas con discapacidad con estaacutendares que desarrollan o procuran desarrollar la garantiacutea

de este derecho teniendo como norte el principio ius cogens de igualdad y no discriminacioacuten

23 Corte Constitucional de Colombia Hermes Armando Cely Ocantildea Sentencia de 9 de junio de 2003 Expediente T-47303



145



V CONCLUSIONES

Que duda cabe que uno de los retos maacutes importantes para el Sistema Interamericano de

Proteccioacuten de Derechos Humanos y en general para el Sistema Universal y las legislaciones

nacionales son la garantiacutea y el respeto por el derecho al voto de las personas con discapacidad

si bien se han llevado a cabo numerosos esfuerzos por plasmar el goce de este derecho bajo el

principio effet utile auacuten se perciben desigualdades no solo respecto al derecho a voto que

deben combatir los estados para lograr una sociedad maacutes justa para las personas con

discapacidad

Para finalizar es preciso recordar lo sentildealado por Manuel Aragoacuten Reyes en el sentido que

ldquono basta con reconocer el caraacutecter universal del sufragio para considerarlo democraacutetico ha de

ser tambieacuten libre igual directo y secreto El voto de los ciudadanos ha de valer igual ha de

emitirse sin intermediarios y ha de ser la manifestacioacuten de una decisioacuten librerdquo24

BIBLIOGRAFIacuteA


ARAGOacuteN Manuel ldquoDerecho Electoral Sufragio Activo y Pasivordquo En

NOHLEN Dieter ZOVATTO Daniel OROZCO Jesuacutes y THOMPSON

Joseacute (comp) Tratado de Derecho Electoral Comparado de Ameacuterica Latina Segunda

Edicioacuten Distrito Federal de Meacutexico Fondo de Cultura Econoacutemica 2007

ARAGOacuteN Manuel 2007 ldquoDerecho de Sufragio Principio y Funcioacutenrdquo En




24 Cp ARAGOacuteN Manuel 2007 ldquoDerecho de Sufragio Principio y Funcioacutenrdquo En NOHLEN Dieter ZOVATTO Daniel OROZCO Jesuacutes y Joseacute THOMPSON (comp) Oacutep cit pp 162 ndash 173



146



DALLA Alberto ldquoLos Derechos Poliacuteticos en el Sistema Interamericano de

Derechos Humanosrdquo Revista Justicia Electoral Distrito Federal de Meacutexico

volumen 1 nuacutemero 8 2011

MARIacuteA Caacutessia y Ludmila CERQUEIRA ldquoCaso Damiatildeo Ximenes Lopes

Cambios y Desafiacuteos despueacutes de la Primera Condena de Brasil por parte de la

Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Revista Internacional de Derechos

Humanos Satildeo Paulo volumen 8 nuacutemero 15 2011


DE DERECHOS HUMANOS



Corte IDH Caso Ximenes Lopes Vs Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006 Serie

C No 149

Corte IDH Caso Castantildeeda Gutman Vs Estados Unidos Mexicanos Excepciones

Preliminares Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 6 de agosto de 2008

Serie C No 184


Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 26 de mayo de 2010 Serie C No

213

Corte IDH Caso Furlam y familiares Vs Argentina Sentencia de 31 de agosto de

2012 Serie C No 246



147



Corte IDH La Expresioacuten ldquoLeyesrdquo en el Artiacuteculo 30 de la Convencioacuten Americana sobre

Derechos Humanos Opinioacuten Consultiva OC-686 del 9 de mayo de 1986


CIDH Informe Ndeg 6399 Viacutector Rosario Congo contra Ecuador 13 de abril de

1999

CIDH Informe de Fondo Ndeg 13799 Andreacutes Aylwin Azoacutecar y otros Chile 27 de

diciembre de 1999

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

TEDH Caso Mathieu-Mohin y Clerfayt Vs Beacutelgica Sentencia de 2 de marzo de

1987 Aplicacioacuten Ndeg 926781

TEDH Caso Hirst Vs Reino Unido (no 2) Sentencia 6 de octubre de 2005

Aplicacioacuten No 7402501

TEDH Caso Alajoss Kiss Vs Hungriacutea Sentencia de 20 de mayo de 2010


RESOLUCIONES Y DECISIONES DE LOS COMITEacuteS DE NACIONES UNIDAS E


Comiteacute de los Derechos del Nintildeo Observacioacuten General Ndeg 9 Los Derechos de los

Nintildeos con Discapacidad (2006) UN Doc CRCCGC9



148



CDPD Lista de cuestiones que deben observarse al examinar el informe inicial de Hungriacutea

(CRPDCHUN1) en relacioacuten con los artiacuteculos 1 a 33 de la Convencioacuten (2012)

CRPDCHUNQ1

CDPD Zsolt Bujdosoacute y otros cinco Vs Hungriacutea Comunicacioacuten No 42011 UN

Doc CRPDC10D42011 (2013)

CDPD Observaciones Finales respecto de Tuacutenez UN Doc CRPDCTUNCO1

(2011)

Convencioacuten sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en

Nueva York el 13 de diciembre junio de 2006

EL MATERIAL DE ESTA PUBLICACIOacuteN PUEDE SER REPRODUCIDO SIN FINES

COMERCIALES Y CITANDO LA FUENTE

REVISTA VIRTUAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS


Nuacutemero 1 2014

Editada por

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Facultad de Derecho

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CONTENIDO

PRESENTACIOacuteN















PRESENTACIOacuteN
























6






EDGAR CARPIO MARCOS










I INTRODUCCIOacuteN










7







conforme con las








la Carta













8












1 ORIGEN










comunitarios4



9

















Estados miembros













10





























11






















12















detenernos







derechos humanos10



13




















de dicho Estado12






14




















miembros15









15











IV EPIacuteLOGO


















16











hombre

BIBLIOGRAFIacuteA








2001





17



























18





Madrid 2002














Oscar Pazo Pineda

19





DE DERECHOS HUMANOS

OSCAR PAZO PINEDA











I INTRODUCCIOacuteN









Oscar Pazo Pineda

20







individual
























Oscar Pazo Pineda

21































Oscar Pazo Pineda

22

































Oscar Pazo Pineda

23































Oscar Pazo Pineda

24






























Oscar Pazo Pineda

25





























Oscar Pazo Pineda

26




























Oscar Pazo Pineda

27












entre otros

















Oscar Pazo Pineda

28













tarea














Oscar Pazo Pineda

29

























Oscar Pazo Pineda

30




























Oscar Pazo Pineda

31
















sufrido













Oscar Pazo Pineda

32
































Oscar Pazo Pineda

33

































Oscar Pazo Pineda

34





























Oscar Pazo Pineda

35











derechos humanos


















Oscar Pazo Pineda

36
































Oscar Pazo Pineda

37


























INTERNACIONALES






Oscar Pazo Pineda

38












persona


















Oscar Pazo Pineda

39














ocasionado















Oscar Pazo Pineda

40





























Oscar Pazo Pineda

41



























Oscar Pazo Pineda

42






la violacioacuten33
















cada una de ellas







Oscar Pazo Pineda

43




























Oscar Pazo Pineda

44
























Oscar Pazo Pineda

45





















BIBLIOGRAFIacuteA



2007






Oscar Pazo Pineda

46















DE DERECHOS HUMANOS






1995 Serie C No 22



Oscar Pazo Pineda

47





32





















Oscar Pazo Pineda

48

























Oscar Pazo Pineda

49





No 137







2006 Serie C No 150





154









Oscar Pazo Pineda

50









No 168





No 172







184



Oscar Pazo Pineda

51





186




















Oscar Pazo Pineda

52








No 6







No 2249293






Ndeg 3340102




Oscar Pazo Pineda

53







54
















FINALES


HUMANO








55










de 1978

Artiacuteculo 451




de 1976

Artiacuteculo 66 1




Peruacute de 1979

Artiacuteculo 123







de 1978

Artiacuteculo 19











56



ambienterdquo








PROTOCOLO DE SAN

SALVADOR

Artiacuteculo 24




Ambiente Sano






medio ambienterdquo












57









Colombia de 1991


Artiacuteculo 79



puedan afectarlo





Peruacute de 1993




su vidardquo


Argentina de 1994

Artiacuteculo 41















58













planeta Tierra

















59






con la humanidad























60











Derechos Humanos












eacutel7




61

















prioritariardquo12




62













americanosrdquo13




















63






























64































65




























66




la siguiente manera


























67



























garantizar la vida




68
































69









NACIONES UNIDAS


DERECHOS HUMANOS

Artiacuteculo 4

















Artiacuteculo 27
























70


























humanitariordquo28




71





























72






























73




















1972







74









de 1997)










Artiacuteculo 14












Artiacuteculo 15


fuerzas peligrosas










75



las obras de riego


























76






















armado

BIBLIOGRAFIacuteA




77








Diciembre de 1991



















78











2004 Serie C No 112














79




E199123 (1991)




EC12200211 (2003)












con Fines Militares



80







Salvador



81















REFLEXIONES FINALES

I INTRODUCCIOacuteN







82



















de desarrollo








83






convenio







examine














84
























85




























86











consultardquo17
















87























88



























89





























90





























91

























directamenterdquo






92































93





























94


























95





















Repuacuteblica





96









consultados




obligatoria




ese periodo







BIBLIOGRAFIacuteA





97








diciembre de 2002
















98















Ciudad (FTCC) GB294171 GB29961 (2005)








99









No 172










100
















I INTROITO











101












inconvencional






convencionalidad


ARELLANO




mecanismo


102
















ARELLANO










103

















Joseacute













104




























105


























106







esta Corte










IV CONCLUSIONES







Derechos Humanos



107



BIBLIOGRAFIacuteA






No 154










186




108






109
























constitucionalidad



110






















111

























derecho interno8



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convencionalidad

BIBLIOGRAFIacuteA




nuacutemero 8



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2009 nuacutemero 12


DE DERECHOS HUMANOS









No 154








A No 4


115





1985 Serie A No 5









1999 Serie A No 16


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Espantildea






FINALES

I INTRODUCCIOacuteN








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BIBLIOGRAFIacuteA





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2012rdquo USA 2012



diciembre de 2010


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Competition












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I INTRODUCCIOacuteN




























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AMERICANA

















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estudio


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personas






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Americana
























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V CONCLUSIONES







discapacidad





BIBLIOGRAFIacuteA













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DE DERECHOS HUMANOS




C No 149



Serie C No 184



213


2012 Serie C No 246



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diciembre de 1999














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(2011)










CONTENIDO

PRESENTACIOacuteN















PRESENTACIOacuteN
























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EDGAR CARPIO MARCOS










I INTRODUCCIOacuteN










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conforme con las








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1 ORIGEN










comunitarios4



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Estados miembros













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IV EPIacuteLOGO


















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hombre

BIBLIOGRAFIacuteA








2001





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Madrid 2002














Oscar Pazo Pineda

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DE DERECHOS HUMANOS

OSCAR PAZO PINEDA











I INTRODUCCIOacuteN









Oscar Pazo Pineda

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individual
























Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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INTERNACIONALES






Oscar Pazo Pineda

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ocasionado















Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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la violacioacuten33
















cada una de ellas







Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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BIBLIOGRAFIacuteA



2007






Oscar Pazo Pineda

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DE DERECHOS HUMANOS






1995 Serie C No 22



Oscar Pazo Pineda

47





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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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No 137







2006 Serie C No 150





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Oscar Pazo Pineda

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No 168





No 172







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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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No 6







No 2249293






Ndeg 3340102




Oscar Pazo Pineda

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FINALES


HUMANO








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de 1978

Artiacuteculo 451




de 1976

Artiacuteculo 66 1




Peruacute de 1979

Artiacuteculo 123







de 1978

Artiacuteculo 19











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ambienterdquo








PROTOCOLO DE SAN

SALVADOR

Artiacuteculo 24




Ambiente Sano






medio ambienterdquo












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Colombia de 1991


Artiacuteculo 79



puedan afectarlo





Peruacute de 1993




su vidardquo


Argentina de 1994

Artiacuteculo 41















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planeta Tierra

















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con la humanidad























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Derechos Humanos












eacutel7




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americanosrdquo13




















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la siguiente manera


























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garantizar la vida




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NACIONES UNIDAS


DERECHOS HUMANOS

Artiacuteculo 4

















Artiacuteculo 27
























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humanitariordquo28




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1972







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de 1997)










Artiacuteculo 14












Artiacuteculo 15


fuerzas peligrosas










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las obras de riego


























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armado

BIBLIOGRAFIacuteA




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Diciembre de 1991



















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2004 Serie C No 112














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E199123 (1991)




EC12200211 (2003)












con Fines Militares



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Salvador



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REFLEXIONES FINALES

I INTRODUCCIOacuteN







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de desarrollo








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convenio







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No 172










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Joseacute













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IV CONCLUSIONES







Derechos Humanos



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BIBLIOGRAFIacuteA






No 154










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derecho interno8



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convencionalidad

BIBLIOGRAFIacuteA




nuacutemero 8



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2009 nuacutemero 12


DE DERECHOS HUMANOS









No 154








A No 4


115





1985 Serie A No 5









1999 Serie A No 16


116












Espantildea






FINALES

I INTRODUCCIOacuteN








117





























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poblaciones

















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11 Ibiacutedem


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I INTRODUCCIOacuteN




























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democraacutetico1


AMERICANA

















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estudio


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V CONCLUSIONES







discapacidad





BIBLIOGRAFIacuteA













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DE DERECHOS HUMANOS




C No 149



Serie C No 184



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2012 Serie C No 246



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1999


diciembre de 1999














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CRPDCHUNQ1


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PRESENTACIOacuteN
























6






EDGAR CARPIO MARCOS










I INTRODUCCIOacuteN










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conforme con las








la Carta













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1 ORIGEN










comunitarios4



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Estados miembros













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detenernos







derechos humanos10



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de dicho Estado12






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miembros15









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IV EPIacuteLOGO


















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hombre

BIBLIOGRAFIacuteA








2001





17



























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Madrid 2002














Oscar Pazo Pineda

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DE DERECHOS HUMANOS

OSCAR PAZO PINEDA











I INTRODUCCIOacuteN









Oscar Pazo Pineda

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individual
























Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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INTERNACIONALES






Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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la violacioacuten33
















cada una de ellas







Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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BIBLIOGRAFIacuteA



2007






Oscar Pazo Pineda

46















DE DERECHOS HUMANOS






1995 Serie C No 22



Oscar Pazo Pineda

47





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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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No 137







2006 Serie C No 150





154









Oscar Pazo Pineda

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No 168





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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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No 6







No 2249293






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Oscar Pazo Pineda

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FINALES


HUMANO








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de 1978

Artiacuteculo 451




de 1976

Artiacuteculo 66 1




Peruacute de 1979

Artiacuteculo 123







de 1978

Artiacuteculo 19











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ambienterdquo








PROTOCOLO DE SAN

SALVADOR

Artiacuteculo 24




Ambiente Sano






medio ambienterdquo












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Colombia de 1991


Artiacuteculo 79



puedan afectarlo





Peruacute de 1993




su vidardquo


Argentina de 1994

Artiacuteculo 41















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planeta Tierra

















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con la humanidad























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Derechos Humanos












eacutel7




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prioritariardquo12




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americanosrdquo13




















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la siguiente manera


























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garantizar la vida




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NACIONES UNIDAS


DERECHOS HUMANOS

Artiacuteculo 4

















Artiacuteculo 27
























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1972







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de 1997)










Artiacuteculo 14












Artiacuteculo 15


fuerzas peligrosas










75



las obras de riego


























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armado

BIBLIOGRAFIacuteA




77








Diciembre de 1991



















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2004 Serie C No 112














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E199123 (1991)




EC12200211 (2003)












con Fines Militares



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Salvador



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REFLEXIONES FINALES

I INTRODUCCIOacuteN







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de desarrollo








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convenio







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Ciudad (FTCC) GB294171 GB29961 (2005)








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I INTROITO











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convencionalidad


ARELLANO




mecanismo


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ARELLANO










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Joseacute













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esta Corte










IV CONCLUSIONES







Derechos Humanos



107



BIBLIOGRAFIacuteA






No 154










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108






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constitucionalidad



110






















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derecho interno8



112



























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convencionalidad

BIBLIOGRAFIacuteA




nuacutemero 8



114





2009 nuacutemero 12


DE DERECHOS HUMANOS









No 154








A No 4


115





1985 Serie A No 5









1999 Serie A No 16


116












Espantildea






FINALES

I INTRODUCCIOacuteN








117





























118


























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poblaciones

















120




























11 Ibiacutedem


121































122



























123


























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BIBLIOGRAFIacuteA





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2012rdquo USA 2012



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Competition












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I INTRODUCCIOacuteN




























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democraacutetico1


AMERICANA

















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estudio


AMERICANA







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personas






proteccioacuten









140






























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Americana
























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V CONCLUSIONES







discapacidad





BIBLIOGRAFIacuteA













146











DE DERECHOS HUMANOS




C No 149



Serie C No 184



213


2012 Serie C No 246



147







1999


diciembre de 1999














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CRPDCHUNQ1


Doc CRPDC10D42011 (2013)


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6






EDGAR CARPIO MARCOS










I INTRODUCCIOacuteN










7







conforme con las








la Carta













8












1 ORIGEN










comunitarios4



9

















Estados miembros













10





























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detenernos







derechos humanos10



13




















de dicho Estado12






14




















miembros15









15











IV EPIacuteLOGO


















16











hombre

BIBLIOGRAFIacuteA








2001





17



























18





Madrid 2002














Oscar Pazo Pineda

19





DE DERECHOS HUMANOS

OSCAR PAZO PINEDA











I INTRODUCCIOacuteN









Oscar Pazo Pineda

20







individual
























Oscar Pazo Pineda

21































Oscar Pazo Pineda

22

































Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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entre otros

















Oscar Pazo Pineda

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tarea














Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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sufrido













Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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derechos humanos


















Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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INTERNACIONALES






Oscar Pazo Pineda

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persona


















Oscar Pazo Pineda

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ocasionado















Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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Oscar Pazo Pineda

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la violacioacuten33
















cada una de ellas







Oscar Pazo Pineda

43




























Oscar Pazo Pineda

44
























Oscar Pazo Pineda

45





















BIBLIOGRAFIacuteA



2007






Oscar Pazo Pineda

46















DE DERECHOS HUMANOS






1995 Serie C No 22



Oscar Pazo Pineda

47





32





















Oscar Pazo Pineda

48

























Oscar Pazo Pineda

49





No 137







2006 Serie C No 150





154









Oscar Pazo Pineda

50









No 168





No 172







184



Oscar Pazo Pineda

51





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Oscar Pazo Pineda

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No 6







No 2249293






Ndeg 3340102




Oscar Pazo Pineda

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FINALES


HUMANO








55










de 1978

Artiacuteculo 451




de 1976

Artiacuteculo 66 1




Peruacute de 1979

Artiacuteculo 123







de 1978

Artiacuteculo 19











56



ambienterdquo








PROTOCOLO DE SAN

SALVADOR

Artiacuteculo 24




Ambiente Sano






medio ambienterdquo












57









Colombia de 1991


Artiacuteculo 79



puedan afectarlo





Peruacute de 1993




su vidardquo


Argentina de 1994

Artiacuteculo 41















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planeta Tierra

















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con la humanidad























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Derechos Humanos












eacutel7




61

















prioritariardquo12




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americanosrdquo13




















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la siguiente manera


























67



























garantizar la vida




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NACIONES UNIDAS


DERECHOS HUMANOS

Artiacuteculo 4

















Artiacuteculo 27
























70


























humanitariordquo28




71





























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1972







74









de 1997)










Artiacuteculo 14












Artiacuteculo 15


fuerzas peligrosas










75



las obras de riego


























76






















armado

BIBLIOGRAFIacuteA




77








Diciembre de 1991



















78











2004 Serie C No 112














79




E199123 (1991)




EC12200211 (2003)












con Fines Militares



80







Salvador



81















REFLEXIONES FINALES

I INTRODUCCIOacuteN







82



















de desarrollo








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convenio







examine














84
























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consultardquo17
















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directamenterdquo






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Repuacuteblica





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consultados




obligatoria




ese periodo







BIBLIOGRAFIacuteA





97








diciembre de 2002
















98















Ciudad (FTCC) GB294171 GB29961 (2005)








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No 172










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I INTROITO











101












inconvencional






convencionalidad


ARELLANO




mecanismo


102
















ARELLANO










103

















Joseacute













104




























105


























106







esta Corte










IV CONCLUSIONES







Derechos Humanos



107



BIBLIOGRAFIacuteA






No 154










186




108






109
























constitucionalidad



110






















111

























derecho interno8



112



























113

















convencionalidad

BIBLIOGRAFIacuteA




nuacutemero 8



114





2009 nuacutemero 12


DE DERECHOS HUMANOS









No 154








A No 4


115





1985 Serie A No 5









1999 Serie A No 16


116












Espantildea






FINALES

I INTRODUCCIOacuteN








117





























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poblaciones

















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11 Ibiacutedem


121































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agua23





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29 Ibiacutedem


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BIBLIOGRAFIacuteA





130














2012rdquo USA 2012



diciembre de 2010


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de julio de 2010





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EC12200211 (2003)

















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Competition












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I INTRODUCCIOacuteN




























135










democraacutetico1


AMERICANA

















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estudio


AMERICANA







137































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personas






proteccioacuten









140






























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Americana
























142






























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V CONCLUSIONES







discapacidad





BIBLIOGRAFIacuteA













146











DE DERECHOS HUMANOS




C No 149



Serie C No 184



213


2012 Serie C No 246



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1999


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CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS HUMANOS€¦ · Revista Virtual del Centro de Estudios de Derechos...

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