Causas y consecuencias de los megaproyectos y las trasnacionales en el sector rural colombiano

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS MEGAPROYECTOS Y

LAS TRASNACIONALES EN EL SECTOR

RURAL COLOMBIANO

N U M E R O V I | I I S E M E S T R E 2 0 1 0 | B O G O T Á , C O L O M B I A

ISSN:2007-3231

ANTÍGONA

antigona 6 marz 7.indd 69 17/05/2011 11:38:02 a.m.

DirecciónViviana Vargas y Shameel Thahir Silva

Consejo EditorialBrian Alvarado Pino

Colaboraron con este númeroFreddy OrdoñezIsmael Paredes

Profesor Harold CórdobaProfesora Catalina Toro

Profesora Claudia Arenas

Fotografía

Diseño y diagramaciónAndrea Carolina Sierra Morales

AgradecimientosRector Moisés Wasserman

Vicerrectora General Beatriz Sánchez HerreraDecano Facultad de Derecho, Ciencias Politicas y Sociales

Jose Francisco Acuña VizcayaDirección de Bienestar Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Dirección de Bienestar Universitario Sede Lucy Barrera OrtizJefe Programa Gestión de Proyectos Elizabeth Moreno Domínguez

CréditosPortada obra: Salida de Laureano

Débora Arango

No.6II Semestre del 2010 - 500 ejemplaresPublicación del Colectivo Antígona

Grupo de Trabajo Estudiantil Universitariohttp://www.cear.info/colectivoantigona

[email protected]

FACULTAD DE DERECHO,CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

DIRECCIÓN DE BIENESTARDIRECCIÓN DE BIENEST AR UNIVERSITARIO

ÁREA DE ACOMPAÑAMI ENTO INTEGRALPROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS


SUMARIO

LA PERSISTENCIA DEL REFUGIO HUMANITARIO, A PESAR DE SU RECIENTE CLAUSURA 5Diana Maria Arteaga

LA MALDICION DE “EL DORADO”: UN BREVE INFORME DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO 9Brian Alvarado Pino

EFECTOS EN LA SALUD DE LA MINERIA A CIELO ABIERTO 13Chiesie Camila Prieto

HAMBRE, DOMINACION Y VIOLENCIA 16Shameel Thahir Silva

CATATUMBO: PARAMILITARISMO, MILITARIZACION Y MEGAPROYECTOS 25Freddy Ordoñez

VAUPES/PARQUE NATURAL YAIGOJE APAPOIRIS, EN CONTRAVIA DE LA AUTONOMIA INDIGENA 37Ismael Paredes

HAMBRE Y GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCION 44Freddy Ordoñez

MEGAPROYECTOS DE VIVIENDA Y SEGREGACION URBANA EN EL AREA METROPOLITANA DE BOGOTA 50Profesor Harold CordobaUniversidad Pedagogica Nacional

UN CAMPO SIN CAMPESINOS EN LAS BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 55Freddy Ordoñez

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y ACUERDOS DE ASOCIACION CON LA UNION EUROPEA 60Profesora Catalina Toro PerezUniversidad Nacional de Colombia


E D I T O R I A L

Empezamos el gobierno de la Unidad Nacional, el gobierno de Juan Manuel Manuel Santos, la continuación del gobierno de la Seguridad Democrática de Alvaro Uribe Vélez, los problemas estructurales que mantienen el conflicto social y armado colombiano se mantienen ex-

presándose de diferentes maneras y trabajando de manera funcional ha-cia la acumulación de ganancias propias del sistema mundo capitalista.

La crisis estructural que atraviesa el sistema capitalista expresada en el cambio climático, la crisis financiera, alimentaria y energética nos obliga

a pensar por nuestra propia supervivencia mientras los explotadores solo buscan cómo seguir explotando y los y las explotadas somos cada

vez más.

Desde que Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Colombia dán-dole continuidad a la orientación del gobierno anterior se arrodilló a las necesidades del capital transnacional con sus vestidos de paño inglés y su

retoque de botox junto a sus discursos tartamudeados.

La Unidad Nacional abrazo la mineria a cielo abierto como palanca de éxito de las minorías y condena de las mayorías, los procesos de resisten-cia propios de nuestra Colombia deben estar preparados para un perio-do en donde nada es lo que parece y en donde el gobierno asume el dis-curso que se ha manejado durante años para combatir cara a cara con los y las luchadoras populares, situación expresada en Angelino Garzón

como vicepresidente vendiéndole asi su alma al capital.

El Grupo de Trabajo Estudiantil Universitario Colectivo Antígona sigue en pie de lucha acompañando a la Asociación Campesina del Catatumbo y el Comité Permanente de Refugio Humanitario como expresiones or-ganizativas importantes de la resistencia del campesinado colombiano a las que le daremos todo nuestro apoyo y felicitamos por sus últimos lo-

gros.

Hoy entendemos lo rural como expresión de no sólo el territorio a las afueras de la ciudad sino que está claro para nosotros su interconexión con lo urbano y como la ruralidad es un concepto que no puede ir sepa-rado de lo urbano, ésto nos lleva a comprender la necesidad de trabajar

en el estudio del territorio, la espacialidad y la geopolítica como com-plementos de nuestra práctica diaria al lado del movimiento popular y

específicamente de las organizaciones campesinas que han expresado su confianza hacia nosotros los últimos años.


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LA PERSISTENCIA DEL REFUGIO HUMANITARIO, A PESAR DE SU RECIENTE CLAUSURA

LA FIGURA DEL REFUGIO HUMANI-TARIO

El 29 de abril de 2009, bajo la premisa “Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la de-fensa del territorio”, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) se declaró en Refugio Humanitario en la vereda Caño Tomás del municipio de Teorama en la región del Cata-tumbo con el respaldo del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y un gran número de organi-zaciones sociales nacionales e internacionales.

Pero, ¿en qué consiste la figura del Refugio Humanitario? Como bien lo afirma la premisa mencionada anteriormente, la lucha de AS-CAMCAT se concentra en la protección de la vida y la dignidad, en tanto que el camepe-sinado reclama por el respeto a los derechos humanos, teniendo en cuenta que la perse-cución por parte de las Fuerzas Armadas Na-cionales y los grupos paramilitares ha sido evidente en los últimos 8 años, además del abandono del Estado colombiano en esta región.

En cuanto a la tenencia de la tierra y la de-fensa del territorio, se hace necesario replan-tear la política agraria en el país, ya que las políticas de apertura inversionista del go-bierno Uribe y ahora el de Santos, no han dejado sino miseria y desigualdades en esta región; aunque no podemos desconocer que la situación de otros departamentos en ma-teria de derechos humanos sea diferente.La riqueza petrolera y carbonífera de la región y la entrada de gran número de transnacio-nales ha dado pie para la fuerte militarización, los señalamientos y la ilegalidad, dadas las múltiples capturas a líderes campesinos, lí-deres de organizaciones sociales, falsos posi-tivos y el desplazamiento forzado como una constante en el proceso de resistencia pací-fica llevado a cabo en el refugio humanitario.

Por tanto, la figura del refugio humanitario constituye una resistencia pacífica que tiene como objetivo el reclamo legítimo de garantías de una vida digna y asimismo la ejecución de un plan de desarrollo construido desde la co-munidad, como un ejercicio democrático, la

Por Diana Maria Arteaga

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exigencia a las autoridades municipales, de-partamentales y nacionales por el respeto a la vida digna y a los intereses de las comuni-dades campesinas e indígenas a su vez, bajo la premisa concerniente al respeto al territo-rio ancestral y la no explotación de los recur-sos por parte de empresas transnacionales.

TRAYECTORIA DEL REFUGIO HUMA-NITARIO

El 29 de abril de 2009, se instala entonces el campamento de Refugio Humanitario en la vereda Caño Tomás del municipio de Teorama, Norte de Santander; donde se instaló también un espacio de interlocución con el gobierno municipal y departamental, las Mesas de Inter-locución y Acuerdo (MIA), en torno a cuatro puntos clave como los derechos humanos, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los recur-sos naturales, la tierra y el territorio.

Aunque las respuestas de las autoridades perti-nentes en este proceso se han caracterizado por la negativa a las peticiones, los continuos se-ñalamientos, las mal llamadas ejecuciones ex-trajudiciales y la persecución militar, la lucha de los campesinos no ha perdido su norte en mate-ria de sus derechos. Por el contrario, se ha veni-do fortaleciendo cada día gracias al apoyo de las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y agentes solidarios que acompañan, informan y sensibilizan a la comunidad acerca de la crisis humanitaria que vive hoy la región del Catatumbo; crisis que conllevó a la confor-mación de un Refugio Humanitario con campa-mento temporal, pero persistente en su proceso de resistencia pacífica.

Durante la permanencia del campamento de Refugio Humanitario hubo seguidas irrupciones

del Ejército Nacional dentro del campamento con el agravante de la falta de identificación al momento de llegar, el porte de capuchas por parte de algunos miembros del grupo y la ex-pedición de órdenes de captura ilegales, que como bien fue dicho por varios miembros de ASCAMCAT durante la celebración del primer año de Refugio Humanitario, “lo único que no nos niega el gobierno, son órdenes de captura”.

EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GEN-ERAL DE CLAUSURA DEL CAMPAMEN-TO DE REFUGIO HUMANITARIO

En el marco de esta reunión, en la que con-vergieron gran número de campesinos y cam-pesinas de cada una de las zonas del Catatumbo (parte alta, media y baja), diversas organiza-ciones sociales, estudiantes defensores de dere-chos humanos y organizaciones internacion-ales; se hizo un balance del refugio humanitario y los resultados arrojados por las siete Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) llevadas a cabo en los diferentes municipios de la región.

El Refugio Humanitario es una respuesta frente al “exterminio del Catatumbo”, como lo mani-festó Juan Carlos Quintero, vicepresidente de ASCAMCAT. La falta de voluntad política de las autoridades, la fuerte militarización de la zona, la erradicación forzada de cultivos ilícitos y la falta de soluciones y propuestas por parte del gobierno de un modelo de vida integral en-marcado en el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son al-gunos de los puntos que sintetizan la lucha per-manente de ASCAMCAT en la campaña “Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la defensa del territorio” y en la construcción de su alternativa política y organizativa como lo es el Refugio Humanitario.

A pesar de las repetidas ausencias de las au-toridades en las audiencias públicas, el Refu-gio Humanitario ha cohesionado la comunidad campesina del Catatumbo, al igual que el tra-bajo en hermandad con la Asociación Indígena Motilón-Bari (ASOBARI) y ha contribuido en la construcción democrática de propuestas del desarrollo autónomo del pueblo catatumbero.

Una de las propuestas que surgieron de la asamblea general llevada a cabo el 20 y 21 de agosto de 2010, fue la conformación de un co-

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mité permanente de refugio humanitario, dada la clausura del campamento, pero la necesidad de continuar con los procesos de resistencia y reclamación de garantías al gobierno municipal, departamental y nacional.

En dicha reunión, de las autoridades invitadas, sólo participaron el alcalde del municipio de San Calixto, el personero municipal de San Calixto y el personero municipal de El Tarra, quienes se comprometieron a acompañar los procesos del Comité Permanente de Refugio Humanitario, mas no participarán en él.

PERO, ¿EN QUÉ CONSISTE EL COMITÉ PERMANENTE DE REFUGIO HUMANI-TARIO?Respondiendo a las diversas inquietudes que suscita la clausura del campamento de Refugio Humanitario un año y cuatro meses después de su instalación, Gilma Téllez, representante legal de ASCAMCAT, propone “conformar un comité de refugio humanitario por las tres zo-nas, donde se conformará con cinco integran-tes de cada zona y quedará un miembro de la directiva dentro del comité, esa es la propuesta porque el campamento del refugio humanitario no se puede dejar así, para no perder el esfuerzo que se ha hecho en más de un año y perder los compromisos que se han obtenido” 1

Por supuesto, una de las cuestiones que in-quietaba la mayoría de los asistentes de la asamblea consiste en la ruptura o la continui-

dad de la lucha que alrededor de la figura del Refugio Humanitario se ha gestado en torno a la reivindicación de los derechos que han sido arrebatados a las comunidades habitantes de la región del Catatumbo los últimos años. Y para estas reivindicaciones se hace absolutamente necesaria la organización del campesinado y la participación de los mismos en la construcción de alternativas de paz no solo para su región, sino que resulten vinculantes a lo largo de la geografía nacional.Por lo tanto, la iniciativa del Comité Perma-nente del Refugio Humanitario consiste en la discusión sistemática de los temas claves que constituían la lucha del refugio humanitario como la militarización, los megaproyectos, los recursos naturales, la agroindustria, el despla-zamiento forzado y los derechos humanos. Y además de la discusión de los temas que afectan la población catatumbera, el Comité Perma-nente, con la participación también de varias organizaciones sociales, tiene dentro de sus pretensiones, la construcción de propuestas que contribuyan a la ejecución de su propio plan de desarrollo por medio de herramientas eficientes de presión al gobierno. Así pues, después de la aprobación de la asamblea, se conforma el Comité Permanente de Refugio Humanitario, sustentado con la premisa “el campamento del Refugio Humanitario sigue, aunque se acaben los ranchos”2 . Sin embargo, no se descarta la posibilidad de conformar otro campamento.

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IMPORTANCIA DEL REFUGIO HUMAN-ITARIO EN LA CONTINUACIÓN DE LA LUCHA CAMPESINA

Después de un balance riguroso de los compromisos adquiridos en el año 2009 por parte de las autoridades municipales y departamentales, los resultados arrojados son desalentadores, ya que la respuesta negativa es recurrente en cada compromiso adquirido.

Un año después, ASCAMCAT sigue al frente de la lucha por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la defensa del territorio, manifestan-do las inconformidades frente a las decisiones del gobierno y a su falta de voluntad política respecto a las peticiones del campesinado y de-nunciando las frecuentes violaciones a los dere-chos humanos.

Los últimos meses, las agresiones a los campe-sinos y campesinas del Catatumbo no han es-tado ausentes. Desde la clausura del campamento de Refugio Humanitario, los campesinos y camp-esinas del Catatumbo se han movilizado numerosas veces ejerciendo presión al gobier-no por sus garantías y sus acuerdos. La última movilización de los campesinos y campesinas el 11 de noviembre tuvo lugar en Cúcuta, pro-cedente de los municipios de Teorama, Con-vención y El Tarra, donde aproximadamente 25 campesinos fueron gravemente heridos por el Esmad, aunque no sólo heridos, ofendidos, cacheteados, esposados y acusados. Por otro lado, en el mes de noviembre también han sido asesinados un miembro del Polo Democrático y de un posible candidato para la alcaldía del municipio de Convención.

Situaciones persistentes como éstas no sug-ieren otro camino que la persistencia en la lu-cha. Es por esto que nos solidarizamos con la

lucha catatumbera rechazando cualquier acto de violencia que pueda recaer sobre la región del Cataumbo, así como abogamos por la re-construcción del tejido social en la zona y por una alternativa de paz concertada por el pueblo porque “Esta lucha es de todos y la vamos a sacar adelante”3

Notas al final

1 Asamblea General ASCAMCAT. 20, 21 de agosto de 2010. Gilma Téllez. Refugio Humanitario 2 Asamblea General ASCAMCAT. 20, 21 de ago-sto de 2010. Refugio Humanitario. 3 Asamblea General ASCAMCAT. 20, 21 de ago-sto de 2010. Gilma Téllez. Refugio Humanitario.


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LA MALDICIÓN DE “EL DORADO”: UN BREVE IN-FORME DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO.

Por: Brian Alvarado Pino

http://jamesrock66.files.wordpress.com/2009/07/mineros-1941-_-detalle-_-el-corcito-_-acervo-patrimonial.jpg LA FRON-TINO GOLD MINES:

Hace más de 500 años los invasores españoles se dieron a la búsqueda de “El Dorado”. Una leyenda que algunos nativos indígenas hicieron creer a los ibéricos para que éstos los dejaran en paz y abandonaran así sus tierras y desistieran de reprimirlos y robarlos. Hoy, cuando se “ce-lebra” el año del bicentenario de la “independ-encia” dicha leyenda ya es toda una realidad. “(…) casi cinco siglos después y sin correr nin-guno de los riesgos de esos ambiciosos conquis-tadores, unos comisionistas - especuladores, igualmente ambiciosos, están descubriendo y tomando posesión del verdadero Dorado, resul-tado de la combinación de los altos precios inter-nacionales del metal, que según los más escép-ticos analistas pueden durar mínimo tres años consecutivos, combinados con la denominada “confianza inversionista” imperante en el país”1 .

El epicentro de “El Dorado” moderno es el Nor-deste Antioqueño, especialmente los municipos de Segovia y Remedios, que durante más de un siglo ha sido la explotación aurífera su princi-

pal actividad económica, pese a que sus tierras no sólo ricas en oro sino también aptas para la siembra de diferentes productos agrícolas.

Sin embargo, como ya es costumbre en Colombia, en vez de que las riquezas naturales traiganprosperidad y bienestar a las comunidades, traen muerte, desasosiego, pobreza y represión.

Hoy el Gobierno colombiano pretende arrebatarles a los trabajadores de la Frontino Gold Mines su derecho al trabajo, pretende quitarles la Mina para entregárselas al capital transnacional, en este caso a la empresa ca-nadiense Medoro Resources. Y pretende hac-erlo con argumentos falaces y maquillados: el Gobierno aduce que para salvar a la Frontino de la quiebra inminente hay que buscar un so-cio inversionista que la saque del atolladero.

Si bien es cierto que la Frontino Gold Mines no está en la mejor de sus condiciones, no es verdad que ésta esté presentando pérdidas y que por ello haya que venderla. Los traba-jadores han aceptado que la inversión de un socio estratégico es necesario si se quiere que la Frontino prospere y se actualice tecnológica-mente, pero las condiciones bajo las cuales el Gobierno quiere pactar un nuevo socio son irrisorias y van en detrimento del bienestar y de las garantías laborales de los trabajadores y de la comunidad en general. La cuestión es que la Mina no es del Gobierno nacional, es de los trabajadores, y éste primero ha terciado en este tema como si fuese el propietario de la Frontino.La Mina hacia los años setenta aún le pertenecía a capital extranjero, a la compañía estadounidense Internacional Mining Company, no obstante, a finales de esa misma década dicha compañía empieza a mostrarse insatisfecha por las bajas ganancias que la Frontino le ha generado, así que “aduciendo entre otros los siguientes mo-tivos: incapacidad para asumir la carga presta-cional de los jubilados; agotamiento de las reser-vas y bajos precios del oro que no compensaban los altos costos de explotación (el precio del oro estuvo congelado por casi 20 años en US$30 la onza troy)” 2 deciden liquidar la empresa.

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“La historia es simple. En el año de 1976 (…) los gringos dueños de la mina decidieron ini-ciar un proceso de liquidación, y así se lo notificaron al gobierno nacional. El proceso ter-mina el 6 de marzo de 1979. Al día siguiente, ante el notario público Antony Alzalone en la ciudad de New York suscriben un documento, autenticado por el Consulado colombiano en esa ciudad, en el que plasman la decisión de entregar los activos de la empresa liquidada, de forma irrevocable e indiscriminada a los trabajadores y jubilados en dación en pago por sus acreencias laborales, por lo que en aelan-te se convertirían en sus únicos dueños” 3 .

Hoy, los trabajadores (y legítimos dueños) de la Frontino Gold Mines se están dando la pe-lea para no dejarse quitar lo que les pertenece. Y desde siempre lo han hecho. Por eso no en-tienden cómo teniendo tantas pruebas a su favor el Gobierno siga insistiendo en desconocerlos.

Ya desde hace un tiempo para acá (en este año) los trabajadores del sindicato (SINTRAMIN-ENERGÉTICA) se declararon en paro general debido a los constantes abusos que la Medoro, en contubernio con el Estado y los liquidadores de la empresa, ha venido infringiendo contra ellos. Por un lado, la liquidación y el despido de varios de ellos desconociendo sus derechos y amedrentándolos para que acepten las condi-ciones de liquidación, y por otro, se conocen

casos de personas que han sido amenazadas y hasta asesinadas por apoyar y/o participar en la huelga de los mineros en pro de que se les res-tituya el derecho de propiedad que tienen sobre la Frontino Gold Mines. “Se han violado todas las leyes, y se anuncian más. La Medoro Re-sources ha afirmado que únicamente garantiza el empleo a 1600 trabajadores por un año, es decir, que va a liquidar la organización sindical y a desconocer la convención colectiva vigente 365 días después de asumir el control de la mina” 4 .

El malestar ocasionado por dichos hechos lo manifestó el sindicato por medio de un pro-nunciamiento que puede ser consultado en la página de Prensa Rural: “El pasado 19 de ago-sto de 2010 el señor Liquidador Luis Fernando Alvarado Ortiz, ejerció presión psicológica y atemorizante a todo el personal afiliado y no afiliado a nuestra Organización Sindical “Sin-tramienergética” Seccional Segovia, por medio de su personal administrativo, obligándolos a renunciar a su contrato laboral, ofreciendo un contrato con una fundación por 16 días, impuesta por él mismo y su Junta Asesora de man-era deshonesta sin brindarles estabilidad laboral.Como Organización Sindical nos pronun-ciamos ante este vil atropello que sólo encamina al exterminio de nuestra Sec-cional, al libre derecho de asociación sin-dical y al cierre total de nuestra empresa.

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El Señor Alvarado cercenó los derechos sin-dicales de los trabajadores al no permitir que fueran representados por la Junta Directiva me-diante el uso de la fuerza pública e impidiendo el ingreso a las instalaciones de la empresa” 5 .

Al sol de hoy los trabajadores de la Mina siguen en pie de lucha, pese a la constante represión ejer-cida por el Estado y los hambrientos inversioni-stas que buscan quedarse con las riquezas de la región, y pese a la invisibilización de su lucha y reivindicaciones que los medios de comuni-cación han hecho, en complicidad tácita por los intereses del Gobierno y del capital extranjero.

DESANDAR LA MUERTE:

“Nosotros nunca los olvidaremos y mientras vivamos estaremos todos los

días de nuestra existencia exigiendo justicia, exigiendo que los culpables

sean castigados y la memoria de nues-tros familiares, amigos y compañeros

sea elevada al pedestal en donde están los inmortales, los imprescindibles”:

Rita Tobón. Alcaldesa de Segovia. 1988 – 1990.

La historia del Nordeste Antioqueña va mucho más allá de unas minas de oro, de las cuales se ha adueñado el capital extranjero y que no sólo explotan las minas sino también a los trabajadores. La historia de este “Dorado” está atravesada por una estela de muerte y represión.

El pasado 11 de noviembre de 2010 se con-

memoró la masacre acaecida en el municipio de Segovia en el año de 1988. El propósito era “desandar la muerte”, recordar a las víc-timas de aquella infame masacre y reivin-dicar las luchas que el pueblo segoviano ha dado por una vida diga en una región donde abunda la riqueza pero la pobreza ha sido impuesta por los usurpadores y ladrones.

En la noche de aquel 11 de noviembre incur-sionó un grupo de paramilitares que arremetió contra la población de Segovia en respuesta a los cambios que la nueva administración lo-cal (del partido de la UP) representaba, y al apoyo indiscutible que la Unión Patriótica estaba recibiendo de parte de los segovianos. Di-cho grupo paramilitar se autodenominó “Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño”, el cual estaba al mando de los hermanos Castaño Gil y en complicidad con políticos antioqueños y miembros del Ejército Nacional, la Policía y los empresarios de trasnacionales que tenían, y aún tienen, intereses en las riquezas de la región.

El Ejército se acantonó en el Batallón Bom-boná, la Policía se encerró en la estación de la plaza central del pueblo, con lo cual no se prestó ayuda y protección a la población. El sal-do: 43 personas muertas y cerca de 53 heridos.

La masacre sería una cicatriz más para aquel pueblo al que el oro más que felicidad y bienestar les ha traído desgracias. Hoy, pese a que algunos de los cómplices y de los autores materiales e intelectuales han sido “condena-dos”, por decir de alguna forma, el caso sigue en total impunidad en cuanto un juicio se refiere.

Veintidós años después, la Corporación Ac-ción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPA-NA), la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), Corporación Re-gional para la Defensa de los Derechos Hu-manos (CREDHOS) y la Corporación REINI-CIAR, convocaron una jornada contra el olvido, un evento para desandar la muerte: “Desan-damos la muerte sembrando memoria viva”.

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La masacre del 88 en Segovia es sólo una de tantas y tantas que hubo en la región, y en todo el país, pero es un caso emblemático puesto que se considera como el inicio, la inauguración de la gran oleada de muerte que los grupos para-militares desplegarían con toda contundencia en gran parte del país, sin que el Ejército o el mismo Estado hicieran algo para detenerlos.

Creo que este año cuando se celebra el bicente-nario de una independencia que nunca ha sido es la oportunidad para reflexionar sobre estos hechos, sobre lo que está pasando en el país con nuestras riquezas y con nuestros campesinos y campesinas, indígenas y todas aquellas perso-nas que luchan día a día para que este sea un país más incluyente. La masacre en Segovia y la pugna por arrebatarles a los trabajadores la Frontino Gold Mines no son casos aislados el uno del otro, tienen conexión cuando uno ve que hoy en día un grupo como las “Águilas Negras” mer-odean por la región como señores gamonales, como señores de la guerra, que pese a que hay un policía o militar en cada esquina del pueblo ellos no son los que mandan, sino esas aves de rapiña que se esconden detrás de pasamontañas para intimidar y asesinar. Son ellos los encarga-dos de proteger a las trasnacionales, de eliminar

cualquier posibilidad de protesta o de incon-formidad con el orden imperante en la región.

Notas al final .

1 Artículo “La Frontino Gold Mines y el verdadero Dorado (I)” por Jorge Gómez Gallego: http://www.sinergiain-formativa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2843:la-fron-tino-gold-mines-y-el-verdadero-dorado-i&catid=25:columnistas-inicio&Itemid=19 2 Bajo Nordeste Antioqueño3 Artículo “La Frontino Gold Mines y el verdadero Dorado (II)” por Jorge Gómez Gallego: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article41574 Ibídem.5 Masacre laboral en la Frontino Gold Mines: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article4516

http://1.bp.blogspot.com/_bcahHwgUHUg/TM87XOD3LZI/AAAAAAAAAFg/cKW02xqe2OA/s1600/2276408f788e43afd0e737a0a5ab79d6.jpg


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EFECTOS EN LA SALUD DE LA MINERIA A CIELO ABIERTO

El carbón mineral es una roca sedimentaria con un alto contenido de carbono, originada a par-tir de materia orgánica. Se considera un recurso no renovable pues su proceso de formación es muy lento. Constituye uno de los recursos natu-rales más importantes utilizados por el hombre desde tiempos inmemorables como fuente de energía y en la actualidad representa aproximad-amente el 70% de la reserva energética mundial y es explotado en diferentes partes del mundo.

En los últimos años la extracción de este re-curso se ha convertido en una de las activi-dades económicas mas importantes y además una de las que más impacto social, cultur-al y ambiental genera. Afectando directa-mente el medio ambiente y las comunidades habitantes de las regiones que son blanco para la aplicación de estos métodos de extracción.

La minería a cielo abierto se ha constituido como uno de los métodos de extracción de car-bón más importantes, pues está logrando sustituir la explotación subterránea. Con esto, el impacto ambiental es doble, pues aparte de con-

taminar el aire y los ríos, también afecta la capa superficial que con las prácticas antiguas con-tinuaba intacta. Además aumenta el riesgo de la población de sufrir enfermedades respiratorias.En cada fase del ciclo de extracción del carbón se genera un impacto incalculable en el medio ambiente; por ejemplo durante la remoción de la capa vegetal que implica la remoción del suelo agrícolamente productivo, no sólo se ven afectadas las personas y animales que habitan estas zonas sino también las afluentes de agua que deben ser desviados de su curso normal. Posteriormente se debe remover la capa estéril llevándose a cabo la desviación de aguas sub-terráneas. Ya listo el territorio se extrae el car-bón, proceso conocido como arranque, para éste se usan maquinarias especializadas o explo-sivos. Seguido a la extracción se realiza el car-gue y transporte interno del carbón, incluyendo los desechos. Estos últimos son llevados a los diques de cola, durante este proceso se generan contaminantes adicionales por la combustión de los vehículos usados para esto. Finalmente se lleva a cabo el acopio y beneficio que incluye el almacenamiento, trituración y homogeneización

Por Chiesie Camila Prieto

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del mineral. Es decir, una mina de carbón a cie-lo abierto genera uno de los ambientes más con-taminados y de mayor riesgo para la población, convirtiendo esta práctica en un problema exor-bitante de salud pública que nos debe interesar a todos como médicos, agrónomos, politólogos, estudiantes y sobre todo como seres humanos.

Uno de los principales impactos ambientales de este tipo de minería y que tiene relación directa con los problemas de salud de la población cir-cundante, es la contaminación del aire por todos los materiales generados durante la explotación como: polvo y combustibles tóxicos, vapores o gases de cianuro, mercurio, dióxido de azu-fre, etc. que generalmente causan afecciones a nivel respiratorio. La enfermedad respirato-ria más común de los trabajadores del carbón y de todas las personas expuestas a los con-taminantes generados en las minas se conocen como NEUMOCONIOSIS caracterizadas por la acumulación de polvo en el tejido pulmonar.

Los pulmones son la parte de nuestro organ-ismo que está en mayor contacto con el medio ambiente, y que nos permite tomar del aire el oxígeno necesario para la vida y a la vez elimi-nar el gas carbónico producido en nuestro cuerpo. Constantemente estamos inhalando partículas contaminantes que son eliminadas de nuestro cuerpo por diferentes métodos fisi-ológicos que buscan defender nuestro cuerpo de la abrasión del aire contaminado. Las partícu-las de tamaño más grande quedan atrapadas en las vías respiratorias altas (tráquea, bron-quios), sin embargo, algunas de estas partícu-las, las de menor tamaño, logran acumularse en el interior de los pulmones afectando todas las estructuras microscópicas que nos permiten respirar; generando así las bien conocidas en-fermedades intersticiales, caracterizadas por una abundante cicatrización de los tejidos que de forma progresiva le imparte al pulmón una contextura fibrosa, es decir, que por la gran cantidad de lesiones y a su vez el índice tan alto de cicatrización el pulmón se vuelva rígido, lo que impide un buen proceso respiratorio, es decir, hay dificultad en la toma de aire y por consiguiente no hay una buena oxigenación.

Para que se desarrolle una neumoconiosis se debe tener en cuenta primero el tiempo de exposición al polvo y la cantidad de éste que esté acumula-do en los pulmones y en las vías aéreas; segun-

do, el tamaño de las partículas, y por último si la población tiene exposición a otros factores de riesgo como por ejemplo el tabaco. En el caso de las neumoconiosis por carbón se observa que las partículas que quedaron acumuladas en el intersticio empiezan a ser digeridas por células de la inmunidad que intentan defender nuestro cu-erpo, sin embargo la exposición a estos contam-inantes es tan alta que nuestro sistema inmune no es capaz de eliminar todas las sustancias lesivas y estas células empiezan a acumularse en el tejido pulmonar; esto genera una cascada

de eventos que terminan en la fibrosis del tejido. Este tipo de enfermedades se manifiestan después de largos periodos de exposición al polvo generado por la extracción de minerales y se caracterizan por dificultad para respirar, tos seca, pérdida de peso, dolor articular y muscu-lar y fatiga. Posteriormente estas enfermedades pueden desencadenar en fisema pulmonar, es decir, inflamación del pulmón. Además predis-pone al organismo para ser blanco de enferme-dades infecciosas como la tuberculosis, y puede generar cambios a nivel celular que permiten el progreso de cáncer pulmonar. Aunque las grandes empresas de carbón y la legislación es-tipulan un límite de emisión de polvo está com-

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/90-campana-contra-el-uso-de-cianuro


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probado por algunos estudios que la exposición por leve que sea predispone al organismo a de-sarrollar enfermedades de este tipo. De igual forma, hay que tener en cuenta que el único factor de riesgo no es el polvo generado en las minas, sino también el tabaco y los contami-nantes generados por las emisiones de gases de la maquinaria utilizada como las volquetas.Otro de los problemas fundamentales de la minería a cielo abierto es la contaminación del agua con aceite usado, con reactivos, con sales minerales, así como aguas de lluvia con-taminadas con contenidos de los depósitos de desechos (diques de cola). Vale la pena acla-rar que los desechos de la minería son alma-cenados en unos reservorios conocidos como diques de cola, que son llenados con desechos líquidos, cianuro, arsénico, plomo y demás metales pesados que filtran al subsuelo y des-bordan en los ríos y arroyos. Además de la contaminación, para el trabajo en las minas se requieren grandes cantidades de agua, lo que reducirá dramáticamente el agua destinada para el abastecimiento de las comunidades.

En el caso colombiano contamos con una de las minas de carbón a cielo abierto más grande del mundo propiedad actual de las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore. Se encuentra localizada en el Departamento de la Guajira y se calcula que la capacidad de produc-ción actual de la mina del Cerrejón es aproxi-madamente 27.5 millones de toneladas al año. Sin embargo, la riqueza obtenida a partir de la destrucción del territorio y el ambiente ratifica la mentalidad entreguista de la clase dirigente de este país. El pequeño aporte parafiscal de las multinacionales no es nada comparado con la gran cantidad de ganancias que adquieren cada año a costa de la destrucción de nuestra tierra y la explotación de nuestros recursos naturales.Ahora, con el actual gobierno y el apoyo in-condicional a esa lógica extraccionista, se está planeando la explotación de nuevos territorios para la extracción de carbón. Una de las re-giones que está en la lista negra de las multi-nacionales es el Catatumbo, región considerada como bosque húmedo tropical y además una de las fuentes hídricas más importantes del país, pero que desafortunadamente cuenta con uno de los reservorios de este mineral más grande del país junto con el del cerrejón. Existe en el Catatumbo un Parque Natural Bi-nacional Catatumbo – Bari, la reserva forestal

de la Serranía de los Mo-tilones, dos r e s g u a r d o s indígenas del Pueblo Bari, es decir una zona sensi-ble ambien-talmente por su riqueza en biodiver-sidad y además, territorio ancestral de más de 23 comunidades indígenas y donde habitan más de 200 mil campesinos. Es evidente el impacto ambiental que tendría la implemen-tación de este mega proyecto pues no sólo afectaría la abundante biodiversidad de la región si no también a las comunidades camp-esinas e indígenas que habitan este territorio.Con la implementación de este tipo de megaproyectos también se hace caso omiso a la constitución que nos rige desde 1991 donde se establece en el Artículo 79 que todas las perso-nas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que la ley garantizará la participación de la co-munidad en las decisiones que puedan afectar-lo. “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. Sin embargo, ¿Cuál será el ambiente sano en don-de crecerán las nuevas generaciones de camp-esinos e indígenas? y ¿En dónde hombres y mujeres puedan desarrollar los ciclos de la vida de forma libre y equilibrada? El panorama es desalentador cuando nos detenemos a pen-sar qué pasará con la fauna y flora, con los afluentes de agua, con los ríos y las quebradas, qué harem os sin tierras para cultivar y sin aire limpio para respirar, qué pasará con nuestra vida si ni siquiera con un sistema de salud íntegro contamos y qué haremos sin tierrita pa’ vivir. Notas al fial.Bibliografía:González, V. J., Pujades., J. L., Fernández, A. G., Fernández, A. G., Fernández, J. R., Montes, I. I., y otros. (2001). SILICOSIS Y OTRAS. MINISTERIO DE SANI-DAD Y CONSUMO.Lockwood, A. H., Welker-Hood, K., Rauch, M., & Got-tlieb, B. (2009). Coal’s Assault on Human Health.Onder M, O. S. (2009). Evaluation of Occupational Ex-posures to Respirable Dust in Underground Coal Mines. Industrial Health , 43–49.


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Hambre, Dominación y ViolenciaConsideraciones sobre la ruralidad en Colombia desde una perspectiva nuestra

americanista, la explotación capitalista y el conflicto social y armado

Por Shameel Thahir SilvaIntroducción

Tomando la pregunta: ¿cómo abordar las políti-cas públicas en América Latina en el marco de las profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que tuvieron lugar a fines del siglo XX? como el interrogante que justi-fica este árticulo, me puse a pensar en escri-bir un documento que sirviera para mi trabajo politico como miembro del Grupo de Trabajo Estudiantil Colectivo Antígona1 y la relación que como grupo hemos construido alrededor de la resistencia campesina de las comunidades rurales del nororiente colombiano, principal-mente la Asociación Campesina del Catatumbo.

En medio de mis primeras reflexiones y tenien-do en cuenta que estamos construyendo la plata-forma política de la Coordinadora Estudiantil de Asuntos Rurales,2 me pareció importante pro-fundizar en el tema de la ruralidad latinoameri-cana y su redefinición actual debido a todo el proceso político económico y social que se ha venido desarrollando desde las concepciones tradicionales de hace 50 años o más, en don-de todo el universo de la reivindicación cam-pesina era la distribución igualitaria de la tierra.

Hoy puedo decir con seguridad, aunque agregandole a la definición la situación his-torico concreta del objeto de estudio particu-lar al que se este refiriendo que “El medio ru-ral es entendido como el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios (ganadería, pesca, minería, extrac-ción de recursos naturales y el turismo) y en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciu-dades y centros regionales, espacios naturales y cultivados (...) El medio rural es entonces una entidad socioeconómica en un espacio geo-gráfico con cuatro componentes básicos: Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, receptor de resi-duos y soporte de actividades económicas. Una población que, con base en un cierto modelo

cultural, practica actividades muy diversas de producción, consumo y relación social, forman-do un entramado socioeconómico complejo. Un conjunto de asentamientos que se relacionan en-tre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de canales de relación. Un conjunto de institu-ciones públicas y privadas que vertebran y ar-ticulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico determinado” 3

Es necesario caracterizar, de manera profunda nuestra realidad ya no solo a nivel local, sino nacional y regional dejando de lado esa idea excluyente de la nación para pensarse nues-tros problemas a nivel nuestro americano porque estoy convencido gracias a lo que he

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venido aprendiendo hasta ahora que si de-jamos de lado la visión colombiana y com-prendemos nuestra patria a América Latina en su conjunto o en palabras de Jose Marti, NUESTRA AMÉRICA, creo que las cosas se harán mas claras y permitiran la formulación de propuestas alternativas que salgan de la lógica del sistema capitalista de explotación para entrar en una lógica socialista de igual-dad, libertad y fraternidad entre todas y todos.

Por lo tanto, intentando hacer una descripción juiciosa desde lo general a lo particular dando algunas pinceladas de las diferentes perspec-tivas del problema me remito a Piñeiro: “Sin embargo, no es posible abordar la discusión so-bre la “ruralidad” en América Latina sin hacer referencia a los cambi-os que estan ocurriendo a nivelde las estructuras agrarias. Hoy el capitalis-mo ha penetrado plenamente en el agro de la mayoría de los países del continente, siendo el modo de producción hegemónico, a través de la generacion de cadenas y complejos agroin-dustriales. Esto ha llevado a la emergencia de una clase de empresarios agrarios integrados a los complejos, con ocupación de mano de obra asalariada, junto con productores familiares y campesinos que también lograron integrarse. Sin embargo, esta estructura hegemónica convive con otra conformada por empresarios latifundis-tas, campesinos no integrados que producen para los mercados locales, trabajadores excluidos y sin tierra que alternan entre trabajos rurales y urbanos y la desocupación, viviendo en con-diciones de extrema pobreza (Piñero, 1995)” 4

De esta manera, los cambios estructurales pro-pios de las sociedades rurales se deben en gran parte al modelo de desarrollo global. Asi se hace neceario ubicar el papel del capital trans-nacional en el modelo productivo actual y su función en cuanto a la satisfacción de nues-tras necesidades alimentarias como seres hu-manos. De esta manera hay que ver como:

“”...En escala creciente y en el ámbito mundial, las corporaciones transnacionales5 del sector agropecuario, de la agroindustria o del agro-business, inducen, organizan o determina com-pletamente la produccion y la comercialización de mercancias destinadas a la alimentación de pueblos y multitudes. (...) la revolución que la globalización del capitalismo está provocando en

el mundo agrario transfigura el modo de vida en el campo, en sus formas de organización del tra-bajo y la producción, en sus matrices e ideas so-cioculturales, en sus significados políticos...””6

“Las grandes corporaciones agroindustriales también inciden sobre la producción mundial de productos agropecuarios a través de la pro-visión de insumos y el procesamiento industrial de la producción agropecuaria. Podría decirse que fue consolidándose a escala mundial un sis-tema agroalimentario dominado en gran medida por estas grandes corporaciones transnacionales agroindustriales (CTA) Son grandes corpora-ciones las que dominan el mercado mundial de diversos tipos de insumos – semillas, fer-tilizantes y pesticidas – que venden a los pro-ductores agropecuarios de todo el mundo. En años recientes, incluso se han patentado nuevos cultivos o variedades de cultivos, estando estas empresas involucradas en la investigación en ingeniería genética y la crianza de nuevas plan-tas y animales. Como consecuencia, dominan gran parte de la producción y el comercio de ciertos insumos químicos y semillas. Por otra parte, tienen incidencia sobre la producción de alimentos procesados y la consolidación y difusión de marcas alimentarias mundiales y


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nuevos productos procesados: lácteos, jugos de naranjas, etc. También venden servicios vinculados con la aplicación de semillas hí-bridas e impulsan nuevas prácticas de manejo agropecuario y, en forma creciente, un numero reducido de empresas está vinculado con la pro-ducción, difusión y venta de las denominadas semilllas transgenicas7 . Como consecuencia, podria decirse que en esta etapa en la evolu-ción del capitalismo se ha ido consolidando un sistema agroindustrial mundial, dominado por grandes corporaciones transnacionales agroin-dustriales que operan en la provisión de insu-mos y tecnología, procesan productos de origen agropecuario, comercializan internacional-mente esta producción, y realizan parte de la in-vestigación de punta en materia agropecuaria”8

Es importante que se entienda la lógica del sistema capitalista de explotación global para entender que en ningun momento podemos es-perar de él que satisfaga nuestras necesidades alimentarias, el capital está en función de la generación de ganancias para la acumulación, lo que significa concentración de la riqueza en pocas manos para seguir acumulando y de esta manera la soberanía alimentaria de los pueblos y de uno tan diverso como el nuestro queda en un segundo plano, por eso es que:

“Las grandes corporaciones semilleras estan tambien patentando plantas, animales y semillas que históricamente fueron utiliza-dos por los productores agropecuarios locales. Las CTA no sólo contribuyen a la pérdida de la biodiversidad en el mundo: mediante el patentamiento de semillas, tambien estan ob-ligando a los productores agropecuarios a

depender de ellos en forma creciente, contribuyendo significativamente a la pér-dida de su autonomía. Esa situación se da en forma significativa en America Latina. La perdida de los derechos que sobreviene como consecuencia del patentamiento que reali-zan las grandes empresas, incluso de cultivos utilizados por centurias por los productores nativos, limita para esos productores el de-sarrollo de sus propias semillas y, en última instancia, de su derecho de supervivencia”9

De la misma manera se debe entender que esta concentración de poder en un tema tan complejo e importante como la alimentación de todas y todos está ubicado en personas e instituciones específicas y ahi es donde la caracterización cobra relevancia, ya que se debe buscar los métodos de organización que permitan contrarestar el avance del capital hacia la destrucción por la sola búsqueda de ganan-cias, pues a pesar de su aparente omnipotencia puedo asegurar que el poder de la organización social esta por encima de las posibilidades destructivas que este sistema tiene. Hoy, la situación se está complicando aun mas, ya que “Las grandes corporaciones transnacionales agroindustriales también dominan una parte apreciable del procesamiento y la distribuc-ción final de alimentos a escala mundial. Entre las estrategias que utilizan para acrecentar su participación en los diversos mercados en que operan, se encuentran mecanismos para aumen-tar la concentración y centralización horizontal del capital en ramas industriales definidas, la creciente integración vertical de la producción, la conformación de conglomerados (o sea, la ex-pansión de estas empresas hacia actividades no necesariamente vinculadas con su producción tradicional) y, por ultimo, estrategias de globali-zación que involucran la difusión de su activi-dad hacia múltiples áreas geográficas y países. En este sentido, son empresas que ocupan un lugar estrategico en el sistema agroalimentario y agroindustrial mundial frente a infinidad de productores agropecuarios y consumidores”10

A propósito, es importante mencionar parte de un trabajo de Freddy Ordoñez que va por la misma linea: “La revista Fortune 500 publicó a principios de año el listado de las empresas norteamericanas que registraron, a nivel mundial, mayores ventas durante el 2009. El primer lugar lo ocupó la gigante de las tiendas Wal-Mart Stores, cuyas ventas

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llegaron a los 408.214 millones de dólares, superando a empresas como Exxon Mo-bile, AT&T, Ford Motors y el City Group. El año anterior, esta compañía había ocupado el segundo lugar, con 405.507 millones de dólares. Wal-Mart Stores se presenta como el caso emblemático a nivel mundial de las jugo-sas ganancias que, para las grandes empresas, deja la venta de alimentos y otros productos básicos al por menor. Pero no es la única com-pañía que se lucra de los alimentos. Otras que se encuentran bien situadas en la clasificación de Fortune 500 son: JP Morgan Chase, Berk-shire Hathaway, Kraft Foods, PepsiCo, Coca-Cola, y Tyson Foods. La multinacional estaría próxima a llegar a Colombia y cuenta ya con marcas registradas en el país (como Sam’s Club).

Esto hace pensar que se profundizaría en nues-tra nación un modelo nocivo para la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos. El otro caso paradigmático de la distribución de alimentos lo constituye el gi-gante francés Carrefour, empresa con presencia en más de 30 países, que se presenta como la segunda de mayor importancia en el sector a nivel mundial y como la número uno en Europa. Las ventas del año 2009 a nivel mundial de Car-refour estuvieron en el orden de los € 85,963 M. Éstas se dieron un 43% en Francia, un 35,7% en el resto de Europa y 13,7% en Latinoamé-rica, siendo los hipermercados los que con-centraron un 62,1% de la ganancia anual. En segundo lugar estuvo el formato supermercado con un 21,5%. En España, Carrefour concen-tra el 23,7% de la distribución de alimentos, es decir, prácticamente controla uno de cada cuatro alimentos que se compran en este país; en Francia, se destaca el hecho de que junto con otras cuatro empresas, controlan el 90% de la comercialización de productos alimenticios. En Colombia, en algo más de una década de su llegada (1997), Carrefour ha abierto más de 60 tiendas en 33 ciudades de 18 departamentos. A nivel nacional, Gonzalo Restrepo López, presi-dente de Almacenes Éxito, señala que el 70% de sus ventas son alimentos. En el 2009, Éxito fue la tercera mejor compañía del país. Esta cadena de distribución en prácticamente diez años ha tenido cambios significativos. Específicamente son resaltables la adquisición del 25% de las acciones de Almacenes Éxito por la francesa Casino, en 1999; la obtención por parte de Éxito de la mayoría accionaria de Cadenalco SA, en

1999, y la posterior fusión en 2001; en 2006 la apropiación de la mayoría accionaria de Carul-la – Vivero; y a partir de ese año, la expansión adelantada a nivel nacional, no sólo bajo la de-nominación Éxito, sino mediante los almacenes Carulla, y Surtimax, abriendo los tradicion-ales hipermercados, pero también por medio de formatos de “minimercado” y pequeños al-macenes en sectores más populares (que serían los Éxito Vecino, Carulla Express y Surtimax)8. Actualmente, el Grupo Casino, de Francia, es dueño de más del 62% de Almacenes Éxito, siendo en el país su principal competencia el otro francés, Carrefour. Entre estos dos gigantes y Wal-Mart se estarían disputando prácticamente el mercado nacional de alimentos, lo que deja en entredicho la seguridad y soberanía alimen-taria de los colombianos”11 [la negrita es mia]

De la misma manera, pero desde otra perspec-tiva la destrucción de la humanidad se hace mas palpalble cuando se tiene en cuenta como el modelo de industrialización ha llevado a pro-cesos de urbanización acelerados que gracias al desarrollo tecnológico necesitan cada vez de menos trabajadores formales para la producción de bienes (maquinaria) y alimentos (trasgénicos y químicos). En cuanto a los químicos cabe re-saltar que “Los nuevos cultivos requieren la uti-lización masiva de nuevos pesticidas en canti-dades muchos mayores a las requeridas por la producción de cultivos tradicionales. Sea por el mal manejo en el uso de estos pesticidas y de otros agroquímicos o por sus características intrinsecas, estos factores han incidido sobre la aparicion de nuevas pestes, la difusión de nuevos virus y el deterioro creciente del me-dio ambiente. La expansion de la produccion de hortalizas ha resultado en la aparición de nuevos problemas virales: miles de héctareas plantadas con porotos tuvieron que ser aban

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donadas debido a la incidencia de nuevos virus. Como consecuencia en muchos países cayó sig-nificativamente su producción, en gran medida debido a este factor”12 Ahí es donde se demues-tra el carácter contradictorio y destructivo del sistema capitalista de explotación global actual.

EnfoqueAl entender el sistema capitalista de explo-tación como algo de caracter mundial no es muy difícil ver cuál es el papel que juega Colombia en el juego de generación y acu-mulación de ganancias a costa de la vida misma y tomando como base la destrucción.

“En los umbrales del siglo XXI, Colombia es un país con una población cercana a los cuarenta millones de personas, equivalente al 7.2% deltotal de habitantes de América Latina. Con una tasa de crecimiento demográfico equivalente al 1.58% registrada para la decada 1990-2000, el país concentra el 69% de su poblacion en areas urbanas. El número de habitantes rurales (defi-nidos en el censo poblacional como los que no viven en las cabeceras municipales) ha tenido un aumento en términos absolutos, entre 1973 y 1993, al pasar de 9.300.000 a 11.800.000 aproxi-madamente, aunque su participación porcentual en el total de la población cayó de 41% al 31%. Si el concepto de rural se extiende a aquellas localidades con una población menor a 10000 habitantes en la cabecera municipal, se tiene que

la poblacion rural llega al 42% del total (trece millones), lo que le imprime al país un carácter mas rural de lo que se estima usualmente”13

Con este primer acercamiento y teniendo en cuenta el número creciente de desplazados por el conflicto social y armado que se vive desde hace tantas décadas y que los cálculos más re-alistas los colocan en casi 5 millones de colom-bianas y colombianos, está claro que el carácter rural de nuestro país a pesar del modelo produc-tivo global de desarrollo capitalista con un en-foque urbanístico e industrializado es innegable.

Teniendo en cuenta lo que significado del desarrollo rural hoy en donde la concentración de la riqueza (tierra y maquinaria) es un proceso que se recrudece ya no a nivel nacional en una clase tradicionalmente llamada terrateniente y oligar-quica, sino entre empresas trasnacionales que se disputan el control territorial de Colombia apoyadas por el aparato estatal (Política de Segu-ridad Democrática, Plan Colombia y Plan Patri-ota) y sus subsidiarios paramilitares, se debe ten-er en cuenta la persistencia de la pobreza14 como un reto para la formulación y puesta en práctica de politicas alternativas de carácter igualitario.

Paralelo a la redefinición de la ruralidad latinoamericana es necesario que se entienda como el modelo global incorpora el capital fi-nanciero o industrial en lo rural dejando de

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lado la distribución y acceso a la tierra. Así es como se explica tambien que las comunidades rurales han ampliado sus demandas colectivas dando un paso adelante mas allá de la propie-dad de la tierra y exigiendo servicios básicos y mecanismos de participación. De la misma manera no se debe dejar de lado lo urbano, ya que el mundo rural vive manteniendo nexos fuertes con la ciudad. Se trasciende lo agro-pecuario y se la provisiona además de alimen-tos de gran cantidad de bienes y servicios. Las relaciones socioeconómicas entre lo rural y lo urbano se establecen a través de flujos comer-ciales de bienes agrarios y manufacturados, flu-jos financieros y recursos naturales y humanos.

De todas maneras, no hay que perder de vis-ta el hecho que “Las grandes empresas han acumulado tierra utilizada en la producción exportable, mientras que los productores más pobres han sido desplazados del mercado u obligados a asentarse en tierras margina-les (Thupp et al, 1995), o bien han perdido su autonomía, debiendo articularse a grandes complejos agroindustriales para poder sobre-vivir”,15 lo cual en nuestro país se expresa en toda la campaña paramilitar de mediados de los noventa y finales de esta primera década para llegar a un proceso de “formalización” en donde un gobierno como el del presidente Juan Manuel Santos con una cara de amabili-dad hace borrón de los atropellos cometidos en el pasado para establecer las bases propias de una Colombia profundamente explotadora en el sentido capitalista del término, aprovechan-do sus ventajas comparativas y haciendodel mundo rural una industria para mantener las desigualdades características de esta sociedad.

Desde la apertura económica de Gaviria se “Han cambiado las prioridades en materia agropecuaria: la tierra, vista tradicionalmente como un recurso que debia ser utilizado para la producción de alimentos básicos, se destina cada vez más a la producción agropecuaria exportable capaz de generar los recursos requeridos por el país para pagar los servicios de su deuda externa”,16 pero a este triste escenario debemos sumarle el hecho de que existe una clase terrateniente y diferentes familias que controlan el aparato estatal y que a través de los paramili-tares se unieron para destruir el tejido social que existe en el país buscador del poder popular mas amplio posible para si lograr la dominación

necesaria que les permita mantener sus intereses.

De esta manera en medio de una historia de vio-lencia y atrocidádes el o la campesino o camp-esina vive en constante incertidumbre entre la supervivencia de su familia, la imposición de la necesidad de volverse competitivos y la gran cantidad de orientaciones que recibe lo que dis-minuye su productividad y de alguna manera u otra su articulación al mercado en condiciones favorables para el o ella. Hoy en dia la incor-poración de jóvenes al campo es complicado debido al desprestigio social al que la activi-dad agrícola se ha visto sometida, prefieren ser soldados o policias y servir al proceso de de-strucción funcional al sistema capitalista. La campesina o el campesino real basa su actividad en sus saberes pero se ve sometido a las políti-cas nacionales e internacionales, las señales del mercado y de la competitividad empresarial, por eso renuncia a sus tradiciones y se embarca en cultivos imposibles como la palma africana que solo pueden desarrollar grandes capitales propios de las empresas y corporaciones trans-nacionales ante mencionadas. Las comunidades campesinas estan en crisis, ya que están perdi-endo su identidad, población, modelos de or-ganización. Sus solidaridades colectivas estan desapareciendo y de la misma manera la institu-cionalidad dejó de estar por lo menos de man-era formal a favor de la distribución igualitaria de la tierra para funcionar a favor del capital, la producción de ganancias y la garantía de acumulación, un ejemplo perfecto de esto es nuestro ex ministro de agricultura Andres Fe-lipe Arias y la locura de Agro Ingreso Seguro.

Hoy el sufrimiento de la deforestación, la con-taminación del suelo, la erosión, el despilfarro y sobreexplotación del agua, la penetración ur-bana son expresiones de la crisis en cuanto al manejo de los recursos ambientales en la cual se encuentra inmersa la comunidad campesina. Si se deja a un lado la concepción agropecuaria y sectorial de lo rural asumiendo la profunda interdependencia que tiene con lo urbano, el de-sarrollo rural podra mejorar el nivel de bienes-tar de la población en general siempre y cuando se tengan los cambios importantes que el me-dio rural a tenido en los últimos 40 años en el plano demográfico, económico e institucional.

Hay que cambiar mentalidades y darse cuenta porque lo rural no va de lo atrasado a lo moderno


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o de lo agrícola a lo industrial, sino que se ubica al mismo nivel y en situación de interdependen-cia con lo urbano que no puede existir sin lo rural ni viceversa. Hoy “La agricultura comprenderá una amplia serie de usos de la tierra, que va des-de producciones agrícolas de uso no alimentario hasta el mantenimiento del medio ambiente. Por otro lado, se acentua la especialización territo-rial en función de la existencia de ventajas com-petitivas, y se acrecienta la dependencia de la actividad agrícola de las empresas industriales y de distribución.”17 Asi que en un país como el nuestro en donde la importancia política en la profundamente inequitativa distribución de la tierra adquiere cada vez mayor importancia hay que rescatar lo dicho por Edelmira Perez en su texto “Hacia una nueva ruralidad”, donde dest-aca una serie de poblemas que cruzan tanto a habitantes rurales como urbanos desde una vision territorial pertinente: primero está el equilibrio territorial en donde “gracias” a las políticas de concentracion urbana y conflictos sociales y armados como el nuestro se debe buscar un equilibrio para contrarrestar los efec-tos del desplazamiento sea forzado o no. En segundo lugar está el equilibrio ecológico tenien-do en cuenta la necesidad universal de conservar el planeta tierra y garantizar entre otras cosas la producción de agua limpia con la conservación de sus fuentes. En tercer plano están la necesidad de esparcimiento y recreo y como los habitantes urbanos las demandan del territorio rural. Final-mente pone los usos agrarios no alimentarios que en mi opinión debería ser el primero, y da como ejemplos la producción de fibras textiles, la obtención de productos energéticos y de re-cursos minerales en general. Junto a este último problema pone como el territorio es sumidero de contaminantes del aire, del agua y del suelo.

Conclusión

¿Todo para que?: “La sociedad moder-na debe reconocer y asumir la necesaria interdependencia de las àreas rurales y urba-nas; definir explícitamente el decisivo papel del mundo rural y dotarlo de instrumentos adecuados de desarrollo (Ramos y Romero, 1993:21)” Además está claro que, sin caer en el romanticismo se debe hacer una revalori-zación cultural de lo rural como una aceptable y mejor alternativa de vida ante la vida urbana impuesta por el sistema capitalista. En Nuestra América buena parte de la poblacion urbana de las grandes ciudades vive y recibe sus ingresos de actividades relacionadas con el sector ru-ral manteniendo un modo de vida con los es-quemas y valores rurales. En Europa existe la tendencia a ruralizar las comunidades urbanas y el empleo. Es claro que aquí en Colombia la situación esta marcada por un conflicto social y armado densamente complejo, pero si superan-dolo a través de una solución política negociada lograremos llegar al punto en donde se debe su-perar la diferencia rural-urbano para jugársela por un modelo local-global aunque aun persista la dificultad de la articulación entre lo local, lo regional y lo global, transformando las viejas estructuras de poder funcionales a esquemas de dominación favorables a la concentración de la riqueza. Bajo esta misma línea se debe in-corporar a las demandas de distribución iguali-taria de la tierra la opcion de la reconstruccion de redes locales y propósitos colectivos rela-cionados con servicios públicos en busca de un cambio entre lo rural y el estado que no sea funcional al capital, sino a la humanidad en general.

Notas al final.

1 Para mas información sobre el grupo visita su portal de internet: www.cear.info/colectivoantigona 2 Para mas información sobre la coordinadora visita el portal de internet: www.cear.info3 Edelmira Perez (2001) Hacia una nueva vision de lo rural. En Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en America Latina? (pg 22) Buenos Aires: CLACSO4 Diego Piñeiro (2001) Población y trabajadores rurales en el contexto de transformaciones agrarias., En Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? (pg 282) Bue-nos Aires: CLACSO 5 “Grandes empresas agroindustriales transna-


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cionales incidieron sobre las políticas que influyen en el comercio exterior de productos de origen agropecuario, expandiendo de este modo sus es-feras de influencia hacia múltiples países del tercer mundo y de la economía mundial. En la actualidad, grandes corporaciones transnacionales agroindus-triales (CTA) dominan una parte importante del comercio mundial de los productos agropecuarios. Seis corporaciones comercializan el 85% del comercio mundial de granos -Cargill (EEUU), Continental (EEUU), Mitsui (Japon), Louis Dreyfus (Francia), Andre/Garnac (Suiza) y Bunge y Born (Brasil); quince corporaciones controlan entre el 85% y el 90% del comercio algodonero; ocho corporaciones responden por el 55% al 60% del comercio mundial del café; siete empresas com-ercializan el 90% del te consumido en el mundo oc-cidental; tres empresas dominan 80% del comercio de bananas; otras tres empresas dominan el 83% del comercio de cocoa; cinco firmas compran el 70% del tabaco en rama” en Miguel Teubal (2001) Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en America Latina? (pg 48 y 49) Buenos Aires: CLACSO 6 Diego Piñeiro (2001) Población y trabajadores rurales en el contexto de transformaciones agrarias., En Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en America Latina? (pg 282) Bue-nos Aires: CLACSO 7 “La elaboración de semillas, que representa un mercado que mueve 13 mil millones de dólares por año, es una de las áreas agroindustriales que rapidamente va concentrádose. Se caracteriza por ser un mercado en el cual tambíen las princi-pales empresas quimicas tienen fuertes intereses. A partir de la revolución verde de la decada de 1960, muchas grandes empresas quimicas trans-nacionales comenzaron a comprar las pequeñas empresas familiares que operaban en muchos paises del mundo. Si bien en 1980 la FAO señalaba la existencia de más de siete mil fuente sde semillas públicas y privadas a escala mundial, entre 1985 y 1990, y en forma plena en los 90, se producen compras masivas de pequeñas empresas por parte de las grandes empresas semilleras transnacion-ales. Entre 1985 y 1990 las grandes corporaciones adquieren seiscientas treinta empresas vinculadas a la ac-tividad semillera de todo el mundo, y en los 90s se produce otro auge de compras y fusiones empre-sariales en este campo. En 1998 se estimaba que operaban en el mundo quinientas empresas semill-eras, veinticuatro de las cuales dominaban la mitad del mercado semillero comerical mundial. En los países en vias de desarrollo, el 34% del mercado de semillas de maíz está en manos de empresas transnacionales. En 1997 las principales empresas semilleras mundiales incluián a Pioneer, Jo-Bred

(EEUU), Novartis, Limagrain (Francia) Avanta (Holanda) Cargill, AgroEvo, y Dekalb Plant Genet-ics (EEUU) que pertenece en un 40% a Monsanto y a Takii (Japon) Existe una tendencia a combinar la venta de semillas y agroquímicos, incluso en una misma semilla. La integración de estas tec-nologías duales en un mismo paquete tecnológico le permite a la empresa vender mas semillas y mas agroquímicos, creandose de este modo un mercado doble” En Miguel Teubal (2001) Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En Norma Gi-arracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en America Latina? (pg 53) Buenos Aires: CLACSO 8 Ibidem (pg 52) 9 Ibidem (pgs 52 y 53) 10 “Estas empresas operan en una serie de países y por ende constituyen los símbolos mas destaca-dos de los procesos de globalización. Muchas se han transformado en conglomerados. Cargill, por ejemplo, no solo es un importante procesador de carnes y granos: tambien procesa hierro, otros metales y productos petrolíferos. Phillip Morris, asociada fundamentalmente al tabaco y los cigar-rillos, es la corporación alimentaria mas impor-tante de los EEUU y la segunda en importancia en el mundo en general. La monopolización creciente de los mercados y la aglomeración de las empresas se manifiesta tambíen en lo que respecta a Mitsubi-shi, conocida como una de las principales automo-trices del mundo, es en la actualidad tambíen se ha transformado en una de las principales procesadoras de carnes. La creciente integración que realizan estas empresas en el marco del sistema agroalimentario mundial se manifiesta por el hecho de que Pioneer Hi-Bred, DeKalb, Mycogen y otras semilleras, que son dueñas de una serie de variedades creadas mediante el uso de biotecnologias, están constituyendo una nueva relación organizativa con empresas químicas (Novartis, Monsanto, DuPont, Dow) y con aquellas firmas que en última instancia procesan las nuevas variedades genéticamente modificadas (ConAgra, Cargill) (Heffernan, 1998:59) En Ibidem (pgs 53)11 Ordoñez, Freddy (2010, noviembre) Hambre y grandes cadenas de distribución. El modelo neoliberal de comercialización alimentaria. Recuperado el 15 de noviembre de 2010 del portal Rebelion: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=11524812 “Entre las principales corporaciones mundiales involucradas en este sector (agroquímicos) se en-cuentran Novartis (que surge de la fusión de Ciba y Sandoz), Zeneca (anteriormente formaba parte de ICI) AgroEvo (por efecto de la fusion de Hoechst y Schering) Du Pont, Bayer y Monsanto” Miguel Teubal (2001) Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? (pg 51) Buenos Aires: CLACSO


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13 Edelmira Perez (2001) Hacia una nueva visión de lo rural. En Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? (pg 26) Bue-nos Aires: CLACSO14 “La medición y valoración que se haga de lo que es la pobreza exige salir de los esquemas estrechos de la producción, el empleo y el in-greso, como indicadores que se comparan con estándares provenientes de otras latitudes, otros procesos históricos y culturales, y otra posición en la correlación de fuerzas económicas y políticas en el mundo. Se hace necesario, entonces, asumir pobreza y desarrollo como conceptos relativos, puesto que “... solo una visión de complementa-riedad entre la inversión social y el desarrollo productivo podra redundar en la reduccion de los niveles de pobreza y el logro de la justicia social ...”(Echeverri y Ribero.1998:20)” en Ibidem (pgs 23 y 24)15 Miguel Teubal (2001) Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? (pg 51) Buenos Aires: CLACSO 16 “Si bien, en 1980 casi el 90% de los fondos disponibles para la investigación agropecuaria se utilizaba en investigaciones que tenían que ver con la producción de alimentos basicos, en la actuali-dad solo el 20% se destina a èstos: el remanente se orienta a investigaciones destinadas a la produc-ción agropecuaria exportable” En Ibidem (pg 51)17 Edelmira Perez (2001) Hacia una nueva visión de lo rural. En Norma Giarracca (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? (pg 22) Bue-nos Aires: CLACSO 18 Ibidem (pg 24)

Bibliografia

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CATATUMBO: PARAMILITARISMO, MILITARIZACIÓN Y MEGAPROYECTOS.

Por Freddy Ordóñez1

Aproximación a la región.

La región del Catatumbo, al nororiente de Co-lombia, está conformada por nueve municip-ios en la parte norte del departamento Norte de Santander: Ocaña, Convención, El Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto, La Playa, El Carmen y Tibú, los cuales son bañados por las aguas del Catatumbo y sus afluentes. El río que le da el nombre a la región, nace de la confluencia de los ríos Oroque y Bagre en el cerro de Jurisdicciones, al sur de Ocaña y de-semboca en el lago de Maracaibo en la Repúbli-ca Bolivariana de Venezuela. Esto ha llevado a considerar la región como “transfronteriza”.

El Catatumbo posee diferentes características geográficas, pudiéndose encontrar en la región zonas con topografía y climas propio de la cordillera Oriental, hasta zonas con una superfi-cie plana y con características selváticas (Tibú). Las alturas en la región van desde los 200 hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar (en lo que corresponde a la parte colombiana del Cat-atumbo). Además, en el Catatumbo se localiza el Parque Natural Catatumbo – Barí, creado en

septiembre de 1989 mediante la resolución ejecu-tiva No. 121 del Ministerio de Agricultura, el cual cuenta con una extensión de 158.125 hectáreas e incluye parte de los municipios de Conven-ción, El Carmen, San Calixto, Teorama y Tibú.

Es una zona que, debido a su variedad climáti-ca y sus suelos, es apta para la agricultura di-versificada, presentándose diversos tipos de cultivos como café, cacao, maíz, fríjol, arroz, plátano y yuca. Sus tierras también –especial-mente en la parte baja– se prestan para la ga-nadería2 , y sus ríos poseen una gran variedad de peces, que han servido de alimento durante mucho tiempo a los habitantes ribereños (prin-cipalmente a los indígenas motilón – barí). La riqueza en recursos naturales, forestales, faunís-ticos, hídricos y minerales (principalmente petróleo y carbón), su condición de frontera, de la que goza igualmente todo el departamento Norte de Santander y, especialmente su capital Cúcuta (considerada la frontera más dinámica del país), hacen del Catatumbo una región de gran importancia geopolítica y geoeconómica.

Los primeros habitantes del Catatumbo fueron

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los indígenas motilón – barí 3, quienes pertene-cen a la familia Arawak, y habitaron buena parte de la geografía nortesantandereana, a tal punto que se considera que han sido despojados de más del 90% de su territorio ancestral, teniendo que replegarse en la Serranía de la Motilona y en la zona fronteriza. Estos indígenas habitan en 23 comunidades ubicadas en los municipios de Tarra, Teorama, Tibú, Convención y el Carmen. Además, los Barí han sido diezmados en su po-blación, quedando hoy en día apenas tres mil. Estos indígenas, así mismo, han sufrido em-bestidas históricas que han golpeado su cultu-ra, sus costumbres, su integridad e identidad.

La fundación y surgimiento de los prim-eros municipios en la región obedecen a circunstancias y épocas diferentes. Por ejem-plo, la ciudad de Ocaña fue fundada en el siglo XVI, mientras que el municipio de Tibú fue creado en 1945. A éste último llegaron colonos del interior del país, animados por la existencia de yacimientos de recursos naturales, principalmente el petróleo, del que en 1933 mediante la llamada “concesión Barco” se in-ició su explotación. Esta zona del bajo Catat-umbo se fue colonizando a medida y de acuerdo con los avances hechos en exploración y explo-

tación petrolera, así como a medida que avan-zaba la construcción de oleoductos, teniendo por ejemplo en el caso de Tibú un origen obre-ro, en un proceso que algunos investigadores califican como de “colonización petrolera”4.

Los habitantes de las cabeceras municipales, según el censo del 2005, se dedican en su may-oría al comercio y a la prestación de servicios, mientras que en las áreas rurales de los muni-cipios se han dedicado a la agricultura, princi-palmente en los municipios de cordillera, y a la ganadería (sobre todo en la parte baja). Es desde 1990 que los pobladores de esta región, gracias a las políticas neoliberales y de apertu-ra económica implementadas por el gobierno del entonces presidente César Gaviria, tienen que dedicarse a la producción de la hoja de coca como única alternativa para sobrevivir5.

El comienzo de esta actividad empezó a generar atropellos y abusos de la fuerza pública contra la población civil, especialmente en el Bajo Cat-atumbo (La Gabarra, Tibú) donde se venía im-plementando, hasta 1999, un proceso bastante interesante de organización comunitaria:

Una nueva concepción de poder local comen-zaba a emerger y a materializarse por medio de la participación ciudadana en las decisiones que comprometiesen el destino de las comunidades, así como en la fiscalización, el control del bien público y el fortalecimiento del mismo por me-dio de las asambleas y las juntas populares. De igual forma surgieron nuevos mecanismos para la resolución de los conflictos y se adoptaron al comprobar su eficacia como: la guardia cívica, los juicios populares (en los que prevaleció un profundo respeto por los derechos fundamen-tales), los comités de derechos humanos, la ofici-na de trabajo y otros. Se habilitaron mecanismos para la adquisición del presupuesto local y ya existían programas para la financiación de obras autogestionadas por las mismas comunidades6.

Pero este proceso se vio truncado con la llega-da, como fuerza ocupacional7, de los paramili-tares el 29 de mayo de 1999. El terror sembrado en el departamento por éstos entre 1999 y 2004 incluyó por lo menos la ejecución de 16.000 crímenes, además del desplazamiento forzoso de cerca de cien mil habitantes, y el robo de más de un millón de hectáreas a la población campesina.

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Paramilitarismo y militarización.

Los paramilitares en Norte de Santander no representaron una propuesta contrainsurgente de ganaderos, latifundistas y narcotraficantes “cansados de las vacunas subversivas” (lo que para algunos fue el origen del fenómeno para-militar). No. La presencia de las AUC en Norte de Santander obedeció a una apuesta del nar-coparamilitarismo, las Fuerzas Militares y parte de los políticos tradicionales quienes buscaban quedarse con los negocios ilícitos en el área de frontera; expandir los cultivos de coca; extermi-nar al movimiento social y a la oposición políti-ca; tener un control fronterizo desde el cual poder golpear al proceso revolucionario ven-ezolano; permitir la culminación del proyecto (paramilitar) de control territorial del corredor que une el noroccidente con el nororiente del país; expropiar al campesinado de las tier-ras; y, especialmente, asegurar la inversión de megaproyectos viales e inversiones petroleras, mineras y agroindustriales. Sobre estos dos úl-timos objetivos hoy en día, bajo otra estrategia, se continúa la guerra sucia en el Catatumbo.

Las riquezas que posee el Catatumbo hacen que en la región se proyecten planes e inversiones por parte de empresas transnacionales, quienes en el marco de la globalización tienen sus intereses puestos en la región con el fin de ex-plotar los recursos naturales existentes. Para garantizar esta acumulación de capitales vía desposesión es clave la militarización de la zona, en un ejercicio claro de lo que Héctor Mondragón ha llamado “acumulación mediante la guerra”8.

El Catatumbo también tiene una ventaja com-parativa en los cálculos económicos dada su ubicación fronteriza con Venezuela y la cer-canía al lago de Maracaibo, constituyéndose así un área geoestratégica ubicada en la mitad del continente americano. En este contexto el Catatumbo se convierte en un punto de inter-conexión de toda la infraestructura energética, de transporte, ambiental, social e industrial que requiere el comercio transnacional. El Catat-umbo y el estado Zulia se relacionan especial-mente en la explotación carbonífera, petrolera, gasífera, agroindustrial, forestal y ganadera.La presencia del Estado es casi inexistente, y prácticamente lo hace a través de la fuerza pública, más en términos de una política de control territorial y social que ofrezca esta-

bilidad política a los grandes inversionistas y proyectos económicos, que con la inten-ción de proteger y mejorar las condiciones de vida de la población civil. Es así como en el Catatumbo opera la 30a. Brigada y estruc-turas militares móviles9, las cuales suman más de seis mil soldados en Norte de Santander10. A estos habría que adicionar los agentes de la Policía Nacional y de los distintos organis-mos oficiales que operan en el departamento para sumar el grueso de la fuerza pública que actúa en la región (cerca de diez mil hombres).

En Norte de Santander, la dinámica del conflicto vvtuvo un cambio notorio con la desmovili-zación del Bloque Catatumbo de las AUC, en diciembre de 2004, a quienes se les sindica de haber cometido 5.200 crímenes entre 1999 y 2004 en el área metropolitana de Cúcuta y 11.200 en otras zonas del departamento, así como del desplazamiento forzado de 100.000 personas.

Frente a estos crímenes se considera que el Estado, especialmente sus Fuerzas Militares y de Policía son responsables por acción y/u omisión. Además de las declaraciones de los ex Comandantes de las AUC11, quienes señalan vínculos y/o alianzas con la Fiscalía regional, la Policía, el DAS, el Ejército, e integrantes de los gobiernos locales y regionales; diferentes investigaciones han dado cuenta de dichas alianzas: En noviembre de 1999 la Embajada de EEUU envió un informe secreto a Wash-ington donde afirma el embajador de la época en Colombia, Curtis Kamman, que los mandos del Ejército departamental se negaron a com-batir a los paramilitares, argumentando tener muchas misiones y pocos recursos12. El mismo informe señala una entrevista sostenida entre un emisario del gobierno de EEUU y el Coman-

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dante del Grupo Mecanizado No. 5 del Ejército, Coronel Víctor Hugo Matamoros, en la cual éste afirmó: “Mire, yo tengo 100 kilómetros de un viaducto petrolero por proteger, además de varios puentes… allí hay guerrilla que com-batir… si usted tienen tantas tareas que hacer con tan pocos recursos, y usted tiene que en-frentarse con dos grupos armados ilegales, uno de los cuales (guerrilla) está disparándole a ust-ed, y el otro (paramilitares) está disparándoles a ellos, obviamente usted pelea con la guerrilla primero, luego se preocu-pa por los paramilitares”13.

Parecen reafirmarse las palabras de alias “El Iguano” al referirse a la relación Go-bierno – AUC: “Hay que reconocerlo, sino hubiese sido por la complicidad del Estado, las AUC no hubiesen surgido en el país”14.

Ahora la relación para delinquir, tras la des-movilización de las AUC, sería entre las FFMM, las Águilas Negras y los Rastro-jos. Las cifras sobre enfrentamientos en el Catatumbo entre estos grupos y las Fuerzas Armadas, siguen siendo menores con relación a los que se dan entre las tropas estatales y las guerrillas, lo mismo ocurre con relación a las capturas de integrantes de estos grupos, además los “neo paramilitares” continúan con el modus operandi de las AUC y su accionar se concentra en zonas rurales y semiurbana de la ciudad de Cúcuta 15, lo cual teje un manto de duda sobre su enfrentamiento con las FFMM.

Resalta el caso de Los Rastrojos, quienes pare-cen ser los directos herederos de las AUC. Diferentes integrantes de organizaciones so-ciales han señalado como este grupo se ha posicionado en el corregimiento de Juan Frío (Villa del Rosario), en los mismos lu-gares donde anteriormente el Bloque Catat-umbo tenía sus bases de operaciones y en la misma zona donde se conoció la implement-ación de hornos crematorios por parte de este grupo16. Este posicionamiento de Los Rastro-jos se da en medio del conocimiento público regional, incluso de las Fuerzas Militares.

Aunado a lo ya dicho se presenta el traslado del conflicto interno colombiano a territo-rio venezolano. El gobierno colombiano y los grupos paramilitares han afirmado en reitera-das ocasiones que existe presencia de mandos

y combatientes de las FARC – EP y del ELN en el territorio venezolano, con el visto bueno del gobierno del vecino país17. Pero lo cierto es que los Estados Táchira y Zulia han visto in-crementados los niveles de violencia, principal-mente por la presencia de reductos o estructuras recompuestas del paramilitarismo (léase Águi-las Negras y Rastrojos), quienes buscan man-tener el control en los negocios ilícitos que se dan en la frontera como son el contrabando de gasolina, armas, drogas y partes o repuestos de automóviles. También se sabe que los paramili-tares realizan exportaciones ficticias de ganado para lograr así lavar dólares en el país vecino, y que han incursionado de manera progresiva en algunas ramas de las economías locales de ambos lados de la frontera como el transporte público (colectivo y mototaxis), vigilancia pri-vada, arroz, construcción, juegos de azar (chance y casinos), y negocios de confecciones textiles.

En el estado Zulia se observa el control territorial ejercido por los paramilitares en las ciudades de Maracaibo, El Guayabo, Casigua, El Cubo y Machiques18. La pres-encia de paramilitares colombianos en ter-ritorio venezolano quedó evidenciada en conversaciones interceptadas por la Fiscalía a comandantes de las AUC y se ha dado a conocer en diferentes informes y estudios19.

Aparte del control en los estados venezolanos, los paramilitares mantienen presencia activa en el lado colombiano de la frontera especialmente en los municipios de La Esperanza, Cáchira, Ocaña, Convención, El Carmen, Ábrego, Sar-dinata, El Zulia, Puerto Santander, Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, y Tibú, lo cual da a entender que estas estructuras no tuvieron una voluntad real de desarme y paz, y que por el contrario no han dejado de ejercer influencia política, control en la frontera y en los centros urbanos, y “seguridad” para los megaproyec-tos que se avecinan para el Catatumbo. El mayor temor ahora es que se repitan los terri-bles crímenes cometidos contra el campesinado habitante del Catatumbo, y contra los sectores sociales más vulnerables del departamento, ya no por las AUC, sino por parte de estructuras denominadas Águilas Negras, Rastrojos y demás, que delinquen en esta zona binacional.


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La implementación de megaproyectos en el Catatumbo.En lo que tiene que ver con la implementación de megaproyectos viales e inversiones petrol-eras, mineras y agroindustriales, ayer la ocu-pación del Catatumbo por las AUC, y hoy, la fuerte militarización tienen en común ser el el-emento que garantice el control territorial para:

La exploración y explotación de carbón y petróleo. Recientemente ha sido anunciada la continuación de exploraciones petroleras en el municipio de Tibú, para lo cual tendría que re-alizarse una primera inversión de 40 millones de dólares20, por parte de la firma brasilera Petro-brás. Estas explotaciones implican en primer lu-gar, la recuperación de los pozos del campo de Tibú mediante la explotación secundaria a través de la inyección de agua. En segundo lugar, ex-plotaciones en la cuenca del Catatumbo medi-ante convenio suscrito entre Ecopetrol y la mul-tinacional Occidental Petroleum (Oxy). Y, en tercer lugar, exploración y explotación por parte de la multinacional Oxy y Ecopetrol quienes ya han empezado las labores correspondientes de exploración sísmica21. Los nuevos pozos esta-blecidos se encuentran en territorio ancestralbarí, como ocurre con los pozos Álamo I, II, III, IV y Ventanas. Además la empresa Petrotest-ing quiere adelantar explotaciones petroleras en los campos de Puerto Barco y Río de Oro.

Respecto al carbón, el ex gobernador de Norte

de Santander, Luis Miguel Morelli, viajó a Toronto (Canadá) durante su administración, donde presentó el portafolio de inversiones minero energético del departamento, con el fin de promover el Norte de Santander como destino de las inversiones mineras22. Actual-mente la explotación de carbón representa uno de los mayores intereses en el Catatumbo, ya que se pretende en la zona la explotación del mineral a cielo abierto, pues las reservas son superiores a las del Cerrejón (Guajira).

Gradualmente, a partir del año 2000 la produc-ción departamental de carbón ha ido en au-mento (Ver Tabla No. 1). De la mano de este incremento productivo, el número de títulos mineros solicitados se ha acrecentado en el periodo 2000 – 2007, siendo el departamento uno de las seis administraciones donde actual-mente se concentra la solicitud de títulos, lo preocupante en términos socioambientales, es que Norte de Santander es el segundo depar-tamento con mayores títulos otorgados frente a solicitudes presentadas, con un 83%, muy por encima de departamentos “mineros” como Boyacá y Cesar (Ver Gráfico Títulos solicitados y otorgados por departamento 2000 - 2007)23.

Estos títulos mineros otorgados en el periodo 2000 – 2007, han representado en Norte de Santander cerca de una tercera parte del área total solicitada, siendo junto con Cesar, uno de los departamentos donde mayores hectáreas se

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Fuente: INGEOMINAS-UPME. Elaboró: CGR-DES.

Titulos solicitados y otorgados por departamento 2000-2007


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han otorgado con relación a las solicitadas (Ver Gráfico Hectáreas en títulos mineros solicita-dos y otorgados por departamento 2000 -2007)

Las proyecciones hechas por el Ministerio de Minas y Energía pretenden que en el año 2019, se duplique la producción departamental de carbón, esto contando únicamente con la oferta proveniente del área metropolitana de Cúcuta, de allí que actualmente las hectáreas en ex-ploración sean casi la misma cantidad que las que se encuentran en explotación (Ver Gráfico Extensión en áreas en exploración y explo-tación por departamento). Para lograr este au-mento, indica el Ministerio, se debe contar con la infraestructura vial adecuada para acceder a puertos de embarque colombianos o en su de-fecto a venezolanos , infraestructura que no se ha materializado, razón por la cual las proyec-ciones hechas en 2006 no han logrado obten-erse en un 100% (Ver Tabla No. 2), aunque las cifras dan cuenta de casi una triplicación de la producción en los últimos diez años.

Pero las cifras manejadas por el Departamento Nacional de Planeación, en la Agenda Interna para la productividad y la competitividad, doc-umento regional Norte de Santander, son mu-cho mayores: La apuesta en carbón es que para

el 2015, la producción se haya incrementado a 8 millones de toneladas al año . Para alcanzar este objetivo se toman en cuenta una seriede ventajas presentes en el departamento y se requiere principalmente (coincidiendo el DNP acá con el Ministerio de Minas y Energía) la implementación de infraestructura vial26.

Este crecimiento minero y las proyecciones a futuro son reflejo de la reprimarización de la economía nacional, siendo la explotación min-era de carbón y petróleo y la agroindustria de palma, caña y cacao la forma adoptada en el departamento. Esta reprimarización en el es-cenario local, se da desde una lectura errada del Departamento Nacional de Planeación, la Presidencia (tanto en el periodo Uribe como en la actual administración) y los gremios lo-cales, orientada a “construir una base pro-ductiva estable que reduzca la vulnerabilidad frente a vaivenes económicos de la frontera colombo-venezolana”27. Es decir se pretende mediante la reprimarización económica ba-sada en la violencia capitalista y el despojo, reconfigurar territorialmente el departamento, después de que fueron veinte años de modelo neoliberal aplicado a ultranza los que llevaron a la dependencia económica de Norte de San-tander de los flujos comerciales con Venezuela.


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En lo que corresponde al yacimiento de carbón Catatumbo – Sardinata – Tibú, las reservas son de 300 millones de toneladas. Las empresas que se encuentran tras este megaproyecto en el Catatumbo son dos empresas canadienses, una mexicana y cinco aparentemente colombianas: compañía minera Río de Oro, compañía min-era La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo fuels and minerals, Geofisin UE, Prominorte, y Mora y Mora multiinversiones mineras. Las empresas impactarían una zona superior a 25 mil hectáreas, en los municipios de Conven-ción, Teorama, Tibú y El Tarra. Únicamente en 1.531 hectáreas ubicadas en la vereda Caño Mariela28, se pretende la explotación durante el primer año de 60 mil toneladas, proyectan-do llegar el quinto año a 790 mil toneladas. Además, a la par de la explotación, se pretende la implementación de líneas férreas. La explo-tación a cielo abierto de carbón ocurrirá en zo-nas de resguardo y ancestrales del pueblo Barí, quienes mediante la Sentencia de Tutela T-880 de 2006 de la Corte Constitucional, lograron detener el proceso de explotación petrolera de los pozos Álamos I y II, por la no realización de la Consulta Previa a la comunidad indígena.

Implementación de monocultivos extensivos agroindustriales de cacao, azúcar y palma aceit-era. Igualmente la militarización está encami-nada a promover la implementación de mono-

cultivos extensivos agroindustriales de cacao, azúcar y palma aceitera en el departamento. En el caso de la palma aceitera se proyecta llegar a cubrir 20 mil hectáreas (actualmente existen alrededor de cinco mil hectáreas sembradas) y construir, en el corregimiento de Campo Dos (Tibú), una planta extractora de aceite, en este mismo corregimiento las apuestas gu-bernamentales están orientadas a la presencia de 4.000 hectáreas con cultivo de palma en el 2020, año para el cual la producción estaría en el orden de las 800.000 toneladas29. La planta extractora tendrá un costo de ocho mil mil-lones de pesos, de los cuales la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid), pondría 1.200 millones. La planta procesará 15 toneladas por hora, aunque con la extensión del monocultivo se propone que logre procesar 60 toneladas por hora.

Entre los resultados investigativos y tecnológi-cos mostrados por el Ministerio de Agricultu-ra y Desarrollo Rural, está la construcción de una planta de biodiesel a pequeña escala en El Zulia, diseñada, construida y puesta en funcion-amiento, con recursos del Ministerio, la cual, a partir de aceite de palma tiene una capacidad de procesamiento de 3.000 – 10.000 litros/día.

Las obligaciones adquiridas por medio de crédi-tos y endeudamientos para poder adelantar los

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40.000

20.000

0

Hectareas exploración Hectareas explotación

Extensión de áreas en explotación y exploración por departamento



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procesos de explotación hacen que los camp-esinos de la región corran el enorme riesgo de perder sus tierras. El interés en la imple-mentación de estos cultivos se remonta al go-bierno de Andrés Pastrana, cuyo ministro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero, fue el promotor de la palma aceitera en el Catatum-bo, y hoy aparece como socio mayoritario de la promotora Hacienda Las Flores Ltda. y de la planta extractora Catatumbo. Además del ex ministro, la palma aceitera tiene entre sus promotores al grupo paramilitar Águilas NegrasLos habitantes han afirmado estar siendo ame-nazados por integrantes de estos grupos para que implementen cultivos de palma en sus pre-dios, los cuales después son obligados a vender.

En cuanto a cacao, se estima contar en los próx-imos quince años con 22.000 hectáreas sembra-das30, con una producción de 17.000 toneladas. Los cultivos se implementarían en las subcuencas de los ríos nortesantandereanos: Sardinata, Pam-plonita, Zulia y Catatumbo. El DNP proyecta que se exportaría cerca del 50% de la producción31.

Otro de los cultivos a implementar en el depar-tamento es el de la caña de azúcar para etanol. Actualmente Norte de Santander es el sexto productor nacional de azúcar con 700 hectáreas plantadas (Ver Tabla No. 3), se espera aumentar la participación porcentual para el año 2020, ya que se pretende que el país pase de 31.40132 a 3.898.221 hectáreas para etanol (Ver Tabla No. 4).

La construcción de la Transversal del Catatumbo (vía Tibú – La Mata)33. Conocida también como “la troncal del carbón”, la cual está recibiendo el impulso de las autoridades departamentales y en su momento del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien estaba interesado en que el departamento tuviera una salida propia al mar, para la movi-lización de los productos mineros y agrícolas:El potencial económico que ofrece la región de El Catatumbo para el desarrollo de Norte de Santander es uno de los propósitos que animan al gobierno del presidente Uribe Vélez de of-recer ayuda a esa zona. Allí hay riqueza petrol-era, cacaotera, de palma de aceite y eso la con-vierte en una de las regiones más importantes del país y la redención para el departamento34.

Esta vía se encuentra dentro de los Corre-dores identificados en el Programa de Corre-dores Arteriales Complementarios de Com-petitividad, del Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno (periodo 2006 – 2010).

La inversión en la adecuación y pavimentación de la vía la calcularon en $220 mil millones y el ex presidente Uribe en el consejo comunal del 29 de enero de 2006, en Tibú, anunció el aporte de $50 mil millones para iniciar las obras. Se trata de que el carbón que se explota en la zona del Catatumbo tenga una salida a los mercados internacionales por territorio colombiano. Hoy los industriales del carbón están utilizando la vía del lago de Maracaibo, en territorio vene

Fuente: http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=121&grupo=371&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=30%2f06%2f2010

* Cifra de producción ajustada a partir de informes de la Gobernación y del gremio de productores.

Fuente: Elaborado a partir de MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA. Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero visión al año 2019. Bogotá: UPME, 2006. p. 29.

Tabla No. 2

2004 real*

2005 real*

2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Norte de Santander - Cúcuta. Proyección de la oferta de carbón. 2010-2019.(Millones de toneladas Mt)

Tabla No. 1

Norte de Santander. Producción anual de carbón (KTon). 1999 – 2009. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

787 760 929,1 905,55 1.600 1.283 1.403,59 1.931,27 1.691,2

9 2.085,20 1.938,40 Nota: las series 2004, 2005 y 2006 han s ido corregidas por Ingeominas. Estos datos son basados en regalías. Fuente: 1994-1997 Ecocarbon; 1998-2003 Minercol; 2004 en adelante Ingeominas. Los datos del 2010 actualizados a II trimestre.


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Tabla No. 4.

Caña. Áreas sembradas y potenciales a nivel nacional Uso Área sembrada (ha) 2008 Área Potencial (ha)

Panela 243.816 Azúcar 174.263 Etanol 3 1.401 3.898.221 Total 449.480 3 .898.221 Fuente: Ministerio de agricultura. Empleo actual y potencial en caña (tabla). Disponible en:

zolano. Se pretende por medio de esta vía ex-portar dos millones de toneladas de carbón al año, con un promedio diario de 7.575 toneladas, en vehículos con capacidad de 32 toneladas.

Los fuertes intereses que se proyectan en el Catatumbo hacen creer que se recurrirá al ter-ror como mecanismo que permita la implemen-tación de los megaproyectos, el ejercicio de la violencia como forma de acumulación de capi-tales. La fuerte militarización y los altos niveles de crecimiento de los grupos paramilitares en la zona son un síntoma de lo que se puede pre-sentar y que ya en épocas anteriores vivieron los catatumberos. Las masacres, los tratos cru-eles, inhumanos y degradantes, los bombardeos indiscriminados son tomados por la admin-istración departamental y el gobierno central como ejercicio de autoridad35, como elementos propios de la seguridad estatal36 y vigencia de la democracia, como elementos que permiten gen-erar progreso y traer los beneficios del gran cap-ital trasnacional, lo que se puede traducir en un ejercicio de “acumulación mediante la guerra”.

Sólo la unidad de acción del pueblo nortesan-tandereano en los diferentes escenarios que se planteen (sociales, políticos, jurídicos, etc.) podrá impedir que el departamento se recon-figure el territorio en función del capital trans-nacional, y que tanto en Norte de Santander, como específicamente en el Catatumbo, se

desarrolle un proyecto de reprimarización de la economía, en clave de extracción de carbón y petróleo, el monocultivo de palma africana, azúcar y cacao. El departamento ya vivió la configuración territorial en función del capi-talismo neoliberal, que lo llevó a una especifi-cidad de su economía en el comercio fronter-izo, esta nueva apuesta del capital se proyecta aun más violenta y agresiva contra sectores populares, especialmente campesinos e indígenas, para quienes no se piensa este territorio “agroindustrial y minero”, y por lo tanto tienen el deber de proponer un modelo territorial alter-nativo, a partir de que se reconozcan como su-jetos capaces de cambiar el curso de la historia.

Notas al final. 1Cursante de Pregrado en Derecho en la Univer-sidad Nacional de Colombia, colaborador de la Agencia Prensa Rural y de otros medios de comu-nicación alternativa, actualmente está vinculado como investigador del Instituto Latinoamericano

para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA, en el campo de acción institucional Territo-rios, migraciones y desplazamiento forzado. 2 La ganadería en la zona del Catatumbo, al igual que en otras partes del país, era una actividad lu-crativa y el tener ganado representaba estabilidad económica. Pero en 1999, los paramilitares despo-jaron a los pobladores de las reses que éstos


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poseían. “Cuando los “paras” de Castaño y Man-cuso llegaron, en El Tarra, municipio de El Catat-umbo, había diez mil cabezas de ganado. Cuando se fueron, no habían quedado 500” declaración de Wilfredo Cañizares (director de la Fundación Pro-gresar) En: Tiene que responder por más de 16 mil crímenes. La Opinión. Disponible en: http://www.laopinion.com.co/miercoles/judicial.asp 3[Estas] comunidades indígenas […] recibieron el nombre genérico e impreciso de motilones, una denominación impuesta por los colonizadores, que fue usada por primera vez por Fray Pedro Simón en sus Noticias historiales de las conquistas de tierras firme en las Indias Occidentales. En esta obra, impresa en 1627, se usó el término cuando se relataban sucesos acaecidos en 1548, momento en que por primera vez fue explorado el río Zulia por algunos españoles. En realidad, como han demostrado numerosos estudios antropológicos, el nombre utilizado por las mismas comunidades indígenas para denominarse a sí mismos es el de barí, lo que literalmente significa «gente»” VEGA CANTOR, R. Explotación petrolera y etnocidio en el Catatumbo: Los barí y la concesión Barco. En: Espacio Crítico, Nº 6, enero a junio de 2007, Dis-ponible en: http://www.espaciocritico.com/Revista.asp?numero=7&articulo=291 4 Al respecto ver VEGA CANTOR, R. Explotación petrolera y etnocidio en el Catatumbo: Los barí y la concesión Barco. En: Espacio Crítico, Nº 6, enero a junio de 2007, Disponible en: http://www.espacioc-ritico.com/Revista.asp?numero=7&articulo=291. 5“Nos vemos obligados a sembrar la coca como salida desesperada a nuestra caótica situación; es-tos cultivos mejoraron un poco el nivel de vida de las gentes, pero los problemas sociales permaneci-eron intactos” CAMPESINOS DEL CATATUMBO. Un año de terror oficial. Sigue la guerra contra las gentes del Catatumbo (denuncia), 20 de mayo de 2000. 6 YÉPEZ, F. Catatumbo: Drama de desplazados, Mérida: Ediciones cambio de Siglo, 2000, pág. 44. 7 Los paramilitares han actuado en Norte de San-tander, sin la intención de copar territorios, desde finales de los 80, especialmente en la provincia de Ocaña hasta donde llegaban provenientes del departamento del Cesar a cometer asesinatos se-lectivos. Por ejemplo el 20 de octubre de 1988 en Ocaña paramilitares bajo la etiqueta de “La Mano Negra”, ejecutaron a Salvador López T., en inme-diaciones de la plaza de mercado. 8 MONDRAGÓN, H. Acumulación mediante la guerra. Deslinde No 46. pp. 30 – 36. Bogotá: Ce-detrabajo, 2010. 9 Entre las estructuras móviles que operaban en el departamento se encontraba la Brigada Móvil No. 15, la cual fue conocida a nivel nacional por el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas

en Ocaña, de jóvenes provenientes de Soacha y zo-nas periféricas de Bogotá. El nombre de la Brigada fue cambiado por el de Brigada Móvil No. 23, en un ejercicio estatal orientado a la impunidad por los crímenes cometidos. Frente a las Ejecuciones Extrajudiciales en el Catatumbo véase: ORDOÑEZ, F. Seguridad democrática, bandas emergentes y ejecuciones extrajudiciales en el catatumbo. Dis-ponible en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1608 10 La militarización en la región del Catatumbo ha ido en aumento. En mayo de este año entraron en funcionamiento tres nuevas unidades en la zona del bajo Catatumbo: El Batallón de Selva No. 55, “Coronel José Vicente Vanegas”; el Batallón de Ar-tillería No. 30, “Batalla de Cúcuta”; y el Batallón de Ingenieros Militares No. 30, “Coronel José Al-berto Salazar Arana”. En total son 3.446 hombres que refuerzan la estrategia militar en el Catatumbo. 11 Véase entre otros, “Militares siempre nos apo-yaron: Mancuso”, en La Opinión, Cúcuta, enero 17 de 2007. p. 5A; “El canto de El Iguano”, en La Opinión, Cúcuta, diciembre 30 de 2007, pp. 4B, 5B; “Policías de El Tarra habrían estado en la nómi-na de las Auc”, en La opinión, Cúcuta, julio 23 de 2008. p. 6C. 12 “Los archivos secretos”, Semana, edición No. 1224, octubre 17 a 24 de 2005, p. 36. 13 Ibíd. 14 “El oficio de matar”, en Semana, No. 1336, dic-iembre 10 a 17 de 2007. p. 89. Sobre la complacen-cia por el papel de las AUC como una organización que reemplazaba al Estado en su función de brindar seguridad se puede ver: Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámi-ca reciente del conflicto armado en el Catatumbo. Bogotá: 2006. 15 Por ejemplo Los Rastrojos han realizado difer-entes masacres en la ciudad de Cúcuta y las víctimas han sido enterradas en fosas comunes dentro del área metropolitana. Ver: Hallaron fosas en el Cerro de la Cruz. La Opinión. Disponible en: http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=361618&Itemid=33 16 Sobre los hornos crematorios del Bloque Cat-atumbo de las AUC véase: http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html 17“El gobernador del departamento colombiano de Norte de Santander, Luis Miguel Morelli, de-nunció este miércoles [14 de junio de 2006] que los guerrilleros de las FARC trasladan secuestra-dos desde esa región del nordeste del país a terri-torio venezolano.” En: http://pan.starmedia.com/noticias/violenciaeinseguridad/farcsecuestrosven-ezuela_140167.html (revisada el día 15 de marzo de 2007); Carlos Castaño en entrevista concedida a la BBC en febrero del año 2001 señaló que: “Hace 15 días estábamos enfrentando a unas tropas de


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las FARC en el municipio de Tibú, en la zona de La Gabarra, limítrofe con Venezuela (…) Las tropas de las FARC incursionaron en territorio venezolano y helicópteros venezolanos bombardearon y ametral-laron a las tropas de las Autodefensas Unidas de Co-lombia, mientras fueron abiertamente tolerantes con la guerrilla de las FARC.” http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1183000/1183430.stm (revisada el día 15 de marzo de 2007). 18 CODHES y otros. Al filo de la frontera: El im-pacto del conflicto armado colombiano en los esta-dos fronterizos de Venezuela. En: CODHES. Docu-mentos Codhes No. 5: “En el borde del conflicto: Guerra y desplazamiento en las fronteras. Estudios de caso”. Bogotá: 2007. p. 108. 19 Por ejemplo la revista Coyutura Política, No. 1, da cuenta de la presencia del grupo paramilitar Águilas Negras en los municipios del estado Táchi-ra: Orope, Boca de Grita, San José de las Palmas, Colón, La Fría, Coloncito, Ureña, San Antonio, Capacho y San Cristóbal; en el estado Zulia, en la zona rural de Machiques y Casigua; y en El Vigía, en el estado Mérida. Avanza rearme paramilitar en Norte de Santander. En: La Opinión. Disponible en: http://www.laopinion.com.co/lunes/cucuta_3.asp. (revisada el día 18 de junio de 2007) 20 Millonaria inversión para explotación petrolera en Tibú, En: La Opinión. Disponible en: http://www.laopinion.com.co 21 También actualmente compañías como Harkem Energy, Solana Resources y Petrobrás están pendi-entes de los resultados de los estudios sísmicos en 260 mil hectáreas del Catatumbo. Norte de San-tander: Herencia millonaria. En: Cambio. Edición Número 730, 25 de junio al 5 de julio de 2007. pág. 45. 22 “Fue muy importante haber hecho parte de esa delegación a Canadá, donde miles de personas pud-ieron ver las posibilidades de inversión que tenemos en Colombia y especialmente en Norte de Santander no sólo en materia de carbón sino en los demás min-erales como el zinc, el cobre, el uranio y el oro”, co-mentó el gobernador a su regreso. En: http://www.nortedesantander.gov.co/

23 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI-CA. Estado de los recursos naturales y del ambiente. pp. 303 y ss. Las referencias siguientes a la produc-ción departamental de carbón y los gráficos que se presentan sobre producción de carbón en Norte de Santander tienen como origen esta misma fuente. 24 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. UNI-DAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA. Colombia país minero. Plan Nacional para el de-sarrollo minero visión al año 2019. Bogotá: UPME, 2006. p. 28. 25 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLA-NEACIÓN. Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento regional Norte de Santander. Bogotá: DNP, 2007. p. 32. 26 Ibíd. 27 Ibíd. p. 10. 28 En esta zona quien pretende explotar el carbón es sólo la compañía Geofising EU. 29 Ibíd. p. 26. 30 lo que implica duplicar el área actualmente ex-istente. 31 Ibíd. p. 21. 32 Cifras de 2008 33 Esta carretera pasaría por los municipios de Tibú – El Tarra – Convención - El Carmen, en Norte de Santander y La Mata en el departamento de Ce-sar. 34 Tibú-La Mata, la alternativa. En: La Opinión. Disponible en: http://www.laopinion.com.co (re-visada el día 13 de abril de 2006) 35 Por ejemplo en el marco de la desmovilización de las AUC el gobernador en comunicado público mostró cierta satisfacción por la pacificación, la democracia, la autoridad y la defensa ejercida por esta organización paramilitar, afirmando que mane-jan un lenguaje funcional a las instituciones: “Se requiere obtener condiciones estables de conviven-cia pacífica y de vigencia plena de la democracia, mediante el ejercicio legitimo de la autoridad y el cumplimiento de las funciones estatales de seguri-dad defensa y justicia. Debemos construir un solo lenguaje institucional”. Disponible en: http://www.nortedesantander.gov.co 36 Sobre la complacencia por el papel de las AUC como una organización que reemplazaba al estado en su función de brindar seguridad se pu-ede ver: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HU-MANITARIO. Dinámica reciente del conflicto ar-mado en el Catatumbo. Bogotá: 2006.

http://picasaweb.google.com/catatumboco/CatatumboColombi-ano#5145957862790781986


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VAUPÉS/ PARQUE NATURAL YAIGOJE APAPORIS, EN CONTRAVÍA DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA.

Por Ismael Paredes

La Resolución 2079 /09 emitida por Minam-biente declaró 1.056.023 ha, entre Amazonas y Vaupés, como Parque Natural. Su creación causa graves perjuicios para estos pueblos que no fueron consultados, además, aseguran, se tejen oscuras maniobras en torno al proceso. La decisión fue demandada por los indígenas.

Reportaje. A Taraira, un municipio bañado por el imponente río Apaporis -donde fluyen fas-cinantes historias y otras crueles como el ex-terminio cauchero-, llegó el hombre blanco a conquistar este territorio ancestral, y estilo Maldición del Malinche1, a someter los habit-antes. La última pretensión de los foráneos fue crear un Parque y, pese a la oposición de las co-munidades indígenas del Vaupés, lo lograron. La Resolución 2079 de 2009, emitida por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Minambiente), de-claró 1.056.023 ha, entre los departamentos de Amazonas y Vaupés como el Parque Natural Yaigoje Apaporis. La decisión del gobierno, según las autoridades indígenas tradicionales, alteró el equilibrio cultural, ritual, espiritual y ambiental de estas comunidades, vulneró su au-tonomía y sus derechos; no fueron consultadas.

Las comunidades indígenas representadas en la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés, ACITAVA2, no consultadas, iniciaron la defensa de su territorio y su autonomía por mecanismos jurídicos. Respaldadas por di-rigentes de La Chorrera interpusieron una Ac-ción de Tutela ante la Corte Constitucional; la creación del Parque causa graves perjuici-os para estos pueblos, y además, aseguran, hay extraños que tejen oscuras maniobras en torno al proceso. La tutela fue declarada im-procedente, pero los indígenas agotan otras instancias y mecanismos; el pasado 16 de junio solicitaron de nuevo, a la Corte revisar la Tu-tela, impuesta contra Minambiente y otros.

Quiénes son los ‘extraños’ intromisores. Se trata de la Fundación Gaia Amazonas, FGA, organización ambiental, aliada de Minam-biente, la cual recibe apoyo financiero de

países europeos para ejecutar sus proyec-tos que, según ACITAVA, lucran a la Fun-dación, pero afectan la autonomía y derechos de las comunidades indígenas. Desentrañar esta historia es el propósito de este reportaje.

Territorio del río Apaporis (resguardo Yai-goje Apaporis)

Taraira es un pueblo aborigen de la selva, donde el origen del universo se interpreta en instrumentos ancestrales como el caruyuru, un elemento sagrado para las comunidades origi-narias que recoge la esencia de la creación, uno de los pilares del mundo; “un mundo cansado por la destrucción del hombre blanco”, dicen los abuelos. Estas comunidades siempre han estado al borde del exterminio: los españoles al ‘civilizarles’ les diezmaron con su lanza bru-tal; las misiones católicas jugaron a evange-lizarlas y las redujeron física y culturalmente; la cauchería para aprovechar su mano de obra casi les exterminan; la explotación minera destruye sus sitios sagrados y altera su orden religioso, cultural y alimenticio; hoy los am-bientalistas, a base de engaños les usufructúan en detrimento de sus derechos y bienestar.

Menos de mil indígenas sobreviven en este municipio bañado por el Apaporis; como la mayoría de pueblos amazónicos, mantienen vínculos con la fuerza espiritual de sus ances-tros, se oponen a lo que pueda alterar su orden natural y ecológico. Se rigen por el calendario ecológico y prácticas ancestrales: rituales de ayuno y limpieza que realizan para agradecer los beneficios recibidos de la naturaleza y pedir perdón por los errores cometidos. En el Apapo-ris reposan las columnas de la creación: el Cerro Sagrado de Yupatí es pilar de la maloka y co-lumna del pensamiento indígena, otro cimien-to es Chibiriquete en Araracuara y; las otras dos están en el Cerro La Estrella y Serranía de la Libertad que reposan en el Apaporis…El Vaupés es un departamento con más de 53.000 kilómetros cuadrados, lo conforman tres municipios: Mitú -capital-, Carurú y Taraira; cinco corregimientos, 10 inspecciones de


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policía y otros caseríos. Su economía y pro-ducción es agrícola y minera, en menor me-dida la pesca y caza. Las chagras son cultivos de yuca, chontaduro, maíz, plátano, arroz… Se promueve regularmente explotación de caucho. La minería se desarrolla de forma rudimentaria; a la vez que medio de subsistencia se ha con-vertido en factor de riesgo para la vida de estas comunidades y su pervivencia como pueblos indígenas. Un objetivo del gobierno al decla-rar este territorio Parque Natural es protegerlo de la minería a gran escala, pero como asegu-ran las autoridades tradicionales no protege el territorio de la minería artesanal o informal.

En Taraira y Caruru se explota oro y otros minerales como platino e ilmenita. Las dragas han taladrado sus montañas sagradas generan-do daño excesivo al ecosistema y al ambiente. La minería ilegal como llama el gobierno a los mineros artesanales se realiza con métodos rús-ticos: lavado manual de oro (el cianuro se diluye en agua) y por medio de darrilas (instrumen-tos utilizados para explotación de oro, pla-tino, carbón) para moler con mercurio. Aparte de lo artesanal por cestería, la minería se hace en socavones, trancados con madera donde el minero se interna a explorar mineral so riesgo

de inhalar los gases: aurífero o metano depen-diendo el mineral que se explote; pero no es ca-pricho, es un medio de subsistencia para nativos y colonos que allí llegan. Con estas actividades se cohíbe a los nativos la libertad de la selva.

Mientras del Vaupés se extraen sus riquezas las comunidades viven en pobreza extrema, hay desnutrición en los niños. La memoria histórica de estos pueblos es de grandeza, pero a la par el sometimiento impuesto por el blanco les deja al borde de la extinción, sin que esto amerite por parte del Estado medidas efectivas de pro-tección para su salvaguarda. Desde 1880 las misiones franciscanas provenientes de Brasil penetraron la región, concentrando los indíge-nas en aldeas de hasta 2000 habitantes, culminó con revueltas indígenas a comienzos del siglo XX; por la misma época se produjo la explo-tación cauchera de expropiación territorial y sometimiento de los indígenas. Hacia 1940 se establecieron misiones protestantes. En 1970 la resistencia indígena expulsó los últimos rema-nentes caucheros, pero varios pueblos fueron diezmados. La Casa Arana y otros empresa-rios del látex provocaron: “¡horribles matanzas que consumían tribus enteras, bajo métodos como látigo, torturas, violaciones, condenas


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por hambre, quema de seres vivos, mutilación, fusilamiento!”, documentó el escritor Cesar Uribe (en Toá) y lo reiteran voces de la selva.

La Casa Arana -sus principales socios: Julio Ce-sar Arana, su cuñado Pablo Zumaeta (peruanos), el judío Berchillon y los colombianos Benjamín y Rafael Larrañaga, entre otros- dejó un saldo de unos 80.000 indígenas asesinados de forma brutal; fusilados, mutilados, descuartizados y quemados vivos. Una masacre hasta hoy im-pune. En Vaupés quedaron historias de asom-bro: ¡ved en lo que ha parado este soñador: en herir al árbol inerme para enriquecer a los que sueñan; en soportar desprecios y vejaciones, a cambio de un mendrugo al anochecer!”, diría el viejo cauchero Clemente Silva (La Vorágine).

De esta memoria no escapan las comunidades aborigen de Taraira, pueblo fundado como municipio en 1992; cuya extensión unos 2300 Km2 contrasta con su escasa población: 1136 personas entre indígenas ancestrales, colonos e inmigrantes brasileños. Los indígenas asen-tados allí son, entre otros: Tanimuca, Macuna, Macu, Letuama, Itano, Barasano, Tuyuca y Wanano. Tampoco escapó Caruru un pueblo con 97% de población indígena, cercado por la guerra. El municipio se convirtió en foco del conflicto desde 2004 cuando grupos de guerrilla y fuerza pública libraron batallas cam-pales por retomar el control territorial; la po-blación civil quedó a merced del fuego cruzado. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, revela la difícil situación del pueblo: “es tan álgido el conflicto que en cada casa hay una trinchera; no por capricho, sino para refugiarse de la confrontación”.

Las comunidades indígenas viven en completa pobreza por la restricción militar de entrada y salida de alimentos y/o productos básicos.

Según la alcaldía municipal hoy Caruru es un pueblo en reconstrucción administrativa, económica, socio-cultural y ambiental. En Taraira fue lo contrario; antes todo era tranqui-lo, el caos comenzó con la llegada de la Unidad de Parques y los oportunistas ambientalistas.

La comunidad indígena frente a la creación del Parque Natural

Las comunidades de Taraira piden respeto a su autonomía y territorio. La venta de servi-cios ambientales, como captación de carbono, desequilibra su orden cósmico y ecológico; la traslapación del Parque Natural Yaigoje Apa-poris en su resguardo restringe y cohíbe sus prácticas tradicionales y vulnera su autonomía. La Resolución del gobierno de crear el Parque, “no fue consultada, ni concertada con los indí-genas de Vaupés” indicó ACITAVA. Esta or-ganización recorrió el Apaporis recogiendo el sentir de sus comunidades y autoridades; ba-sada en ello decidió decirle no a la creación del Parque, las comunidades se sienten cohibidas de sus prácticas culturales, rituales, producti-vas, y vulneradas en sus derechos y libertad.El capitán indígena Luis Acevedo -Bocas de Taraira- afirma que ante la pretensión de Gaia y la Unidad Administrativa Especial del Sistema Parques Nacionales Naturales, de Minambiente, de crear el Parque la comunidad pidió explicación, los delegados del gobierno indicaron que era una medida para cuidar el eco-sistema: fauna y flora. Él refutó la incoherencia; “cómo van a cuidar los blancos; nosotros somos dueños ancestrales de la selva, ustedes vienen es a negociar intereses…” Serafín Makuna, mé-dico tradicional de Puerto Curupira, explica que estos delegados firman y construyen documen-tos a nombre de las comunidades para ganar dinero, mientras las comunidades quedan cada vez más pobres; “no dejan nada para salud, ni educación, no hay redes de comunicación, la escuela está caída. Estoy muy bravo, me da tris-teza, rabia… Hoy se cumple lo dicho por los viejos: los blancos siempre nos van a engañar”.

Miller Makuna, capitán de esta comunidad ex-presa que no conoce los beneficios de Gaia, porque no los hay, “entraron fue a destruir la Creación que de tiempo ha protegemos; en-riquecen a nombre nuestro, pero hemos des-pertado para mirar esa ONG, no es una enti-dad que ofrezca beneficios, no es futurista para


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nuestro bien, no tiene proyectos transparentes para las comunidades. Cuando hacen congresos llevan firmas y hacen proyectos, los gestionan a nombre de nosotros, pero no para nosotros”.

El cuestionamiento es parte de la Tutela y de las solicitudes enviadas a las entidades. En carta enviada, mayo de 2010, a la coordinadora del Grupo de Consulta Previa (Mininterior), Clau-dia Teresa Cáceres, denuncian que: “Durante el Congreso Indígena, 14 al 16 de abril de2010 en Curupira, coordinado por la Unidad de Parques Naturales, las autoridades indígenas del Yaigoje Apaporis, jurisdicción Vaupés, manifestaron re-iteradamente que no estaban de acuerdo con la creación del Parque, sin embargo en el acta que redactaron los funcionarios dice: ‘las acciones de control tienen el respaldo de autoridades tradicionales y capitanes que hacen parte de este congreso como parte de la coordinación entre las dos partes’. ¿De cuál coordinación y cuáles partes hablan estos señores?”, cuestionan. Afir-man que, por ello, ninguna autoridad tradicional del Vaupés firmó el “acta malintencionada”.

Les cuestionan también a los funcionarios de Parques el negarse a trasladar una persona en-ferma (teniendo posibilidad de hacerlo en su bote), la cual falleció por falta de medios para sacarle de allí y atenderle. El mayor wanano, Benigno Perilla, representante legal de las co-munidades indígenas de Taraira, asumió, en su autoridad y sabiduría, hacer respetar la au-tonomía, territorio y derechos de sus hermanos. Las comunidades del Apaporis le encargaron a él y a la organización ACITAVA, deshac-er la creación del Parque, medida que vul-nera su integridad física, territorial y cultural.Más del 50 por ciento de las comunidades in-dígenas del resguardo Yaigoje Apaporis (Vau-pés), donde se creó el Parque, se opusieron a dicho proceso por falta de claridad y transpar-encia”. Por ello interpusieron la Tutela ante la Corte Constitucional. En un comunicado re-ciente señalan que el proceso se ejecutó con re-cursos de Gaia y esto: “los beneficia sólo a el-los; pues al mostrar el área protegida los países europeos financiaran acciones, supuestamente en pro nuestro, pero en las que no nos vemos reflejados”. Han escrito a los entes de Control y a varias entidades para ser escuchados. El curso de la acción jurídica tomó otro rumbo: la Sala Jurisdiccional, en providencia de enero 20 de 2010, declaró improcedente “el amparo

de los derechos fundamentales, invocando la existencia de otro medio de defensa judicial: la acción de nulidad y restablecimiento conte-nida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Pero la magistrada Paulina Ca-nosa Suárez no estuvo de acuerdo con la decisión y efectuó su salvamento de voto”, explican.

Las Autoridades indígenas inconformes con lo dispuesto por el Concejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca impugnaron el veredicto; el 17 de febrero la demanda fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura. El 20 de abril éste órgano confirmó la sentencia impugnada, la declaró improcedente. En esta ocasión un magistrado, Jorge Armando Otálora Gómez, tampoco estuvo de acuerdo con la de-cisión y efectuó salvamento de voto. Teniendo en cuenta que la decisión fue objeto de sen-dos salvamentos el pasado 16 de junio las au-toridades indígenas solicitaron, de nuevo, a la Corte Constitucional revisar la Acción de Tu-tela. Para ello piden aunar esfuerzos por un pueblo que a pese a ser ignorado continua en pie.

A estas comunidades del río Apaporis se les planteó que la creación del Parque Natural, nada cambiaría y por ende no les afectaría; pero una vez constituido llegaron restricciones, pro-hibiciones y cohibiciones. Las comunidades co-inciden que una vez aprobado el Parque Yaigoje Apaporis: “imponen condiciones a las comu-nidades, terminan prohibiéndonos nuestras ac-tividades tradicionales”. Tienen que pedir per-miso para cazar, les indican que carne pueden comer, tienen que pedir permiso para llevar

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pescado a vender… no les dejan cortar palos, ni pescar, inventan trámites para los permisos…

La Fundación Gaia y la conformación del Parque Yaigoje Apaporis

Las autoridades tradicionales dicen que el proceso de creación del Parque se originó por celos de Gaia, que había trabajado para crear el parque desde 2006; “entonces decía que el Parque no era recomendable para los in-dígenas; hoy son los más interesados y han batallado para que esto se convierta en parque. A Gaia la figura Parque Natural le representa recursos económicos y otros beneficios que no han revelado a las comunidades. Esta ONG tomó como muestra tres indígenas del Ama-zonas: Mauricio Letuama, Gerardo Macuna y Leonardo Rodríguez, quienes viajaron a Bogotá para denunciar minería cerca de su resguardo; pensaban que la única forma de impedir su en-trada era convirtiendo el resguardo en parque, pero no consultaron con las comunidades ni cómo o qué se iba a hacer”, sostiene ACITAVA.

También acusan a Conservación Internacional, otra organización que según el-los presenta proyectos mediocres para explotar a los indígenas laboralmente: “En Providencia, lugar sagrado proyectan cabañas de ecoturis-mo; reciben recursos de los Países Bajos para programas de pueblos indígenas, pero no invierten nada para beneficio de nuestros pueblos”. Señalan que la organización adquirió un centro de investigación científica, donde varios indígenas trabajan por un sueldo de $300.000 mensuales y les descuentan la mitad. “Sacar un indígena de su hábitat y ponerlo a vi-vir como un paría allá debajo de un plástico, a orillas de un río en condiciones perversas y ex-puesto a que lo muerdan las serpientes por un miserable sueldo, es una vergüenza eso debe sa-berlo el mundo… Los estudios que ha realizado Conservación Internacional, los paso a la Uni-dad de Parques; unieron una mafia alrededor de sus intereses económicos”, denuncia ACITAVA.

La Fundación Gaia del Amazonas, FGA, dice que busca ser instrumental en el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos indíge-nas del Amazonas y su articulación con go-biernos nacionales, espacialmente ministerios del Medio Ambiente. Señala, en su portal web, que su propósito es asegurar la conservación de más

de 100 millones hectáreas, de la selva amazóni-ca a partir de la visión indígena y el ejercicio de los derechos, en coordinación con la Unidad de Parques Nacionales. La financian los gobiernos de Suecia, Dinamarca, Austria y los países Ba-jos, la Comisión Europea, Fundación Skoll y la Unión Mundial para la Naturaleza, entre otros.

La Unidad de Parques Nacionales figura como principal aliado, también ONG nacionales e internacionales. En el país su área de influen-cia es Amazonas, Guainía y Vaupés. Martin von Hildebrand es su director, de él dicen las autoridades indígenas, que gana muchos re-cursos para su lucro personal. La Fundación Gaia con otras organizaciones crearon el Pro-grama de Consolidación Amazónica; FGA y este Programa han recibido reconocimientos nacionales e internacionales como el Premio Nacional Ambiental, otorgado por Minam-biente en 1999; Oficial de la Orden del Arca Dorada (Holanda), alta distinción en el campo de la conservación de la naturaleza, 2004; en 2009 recibió dos premios como Emprendedor Social, uno de la Fundación Skoll de EEUU y otro en Brasil del Foro Económico Mundial.

Martin von es hijo de uno de los cofundadores de la universidad Los Andes, en su carrera se le atribuye el logro de 25 millones de ha de tierras recuperadas para los indígenas. Es antropólogo de la Universidad Nacional de Dublín. En 1972 se vinculó al Instituto Colombiano de Antropología y viajó al Vaupés a estudiar los indígenas Tanimuka, ríos Miriti y Paraná. El “dios” Martin von Hildebrand es idolatrado por la prensa y el gobierno nacional, no así por las comunidades indígenas, quienes sufren en carne propia la arremetida del ‘barón ambientalista’; “condena a estos pueblos a un nuevo modelo de esclavitud” aseguran autoridades y dirigentes indígenas.


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Otros documentos salidos de instituciones de gobierno y medios de comunicación asegu-ran que los estudios de Hildebrand contribuy-eron para crear, en 1981, el resguardo Mirití, de un millón hectáreas. Trabajó en los gobier-nos de Virgilio Barco y Belisario Betancur; en el Ministerio de Educación y la dirección de Etnias del Ministerio del Interior, respectiva-mente. A la lista de méritos se le atribuye que coadyuvó para que en 1988 los indígenas ad-quirieran el resguardo Predio Putumayo de 6 millones de hectáreas en territorio del Parque Natural Cahuinarí, creado con ayuda de su her-mano Patricio. Paradójicamente, dicen dirigen-tes indígenas de La Chorrera, los indígenas recuperaron con sangre y lucha este territorio arrebatado por la Casa Arana a bala y tortura; ahora le “deben” a Hildebrand su recuperación.

La Revista Poder, un artículo de Elena Vélez, junio 2009: resalta que Hildebrand es aban-derado de la causa indígena; “trabaja en la con-servación del territorio indígena para detener el avance de colonos y decretar la existencia de Parques Nacionales Naturales, figura que ha demostrado su utilidad en la conservación de los ecosistemas”3. Cansados de los banales mer-itos que Poder y la prensa le otorgan a Hilde-brand, destacados dirigentes indígenas rompen su silencio; salen en defensa de la autoridad ambiental indígena y rompen el mito en torno a este “fantoche” “ambientalista”, como lo señalan.

En nombre de los 54 pueblos indígenas de la Amazonía, la destacada líder huitoto Fanny Kuiro (en carta enviada a la revista Poder), exige respeto para sus hermanos indígenas, los verdaderos conservadores del ambiente, recursos y territorio: “¿a ellos debieran otor-garle estos reconocimientos?”, indica. A quié-nes no conocen la historia indígena, como la revista Poder, esta mujer indígena les recu-erda que el reconocimiento de los resguardos ha sido un proceso de lucha de autoridades y líderes indígenas, además un arduo trabajo de organizaciones como la ONIC y la OPIAC. Advierte que Hildebrand y Gaia lo único que hacen es generar división entre líderes: “cono-cen sólo un mínimo porcentaje del territorio amazónico y trabajan con pocos líderes indí-genas que secundan sus mentiras a cambio de dinero, celulares, PC portátiles y unos días de hotel y trago. Martín y su Fundación, ha ge-nerado caos asesorando a nuestras comunidades”.

Sostiene que el interés de Gaia en recuperar territorio amazónico no es “por amor a los in-dios”, sino porque le representa gran beneficio económico, implementando el proyecto REDD de venta de carbono: “esa es la gallina de los huevos de oro”. “Cómo es posible que este se-ñor logre permear espacios de opinión y/o políti-cos para mostrar una Amazonia que “está en su mente”, pero no es la que vivimos los indígenas; nadie puede hablar por nosotros”. Finalmente denuncia que la salud y la educación para los in-dígenas del Amazonas empeora cada vez. A dia-rio Fanny tiene que lidiar con las instituciones para que los derechos a la salud de sus hermanos sean respetados y sea más humana la atención.

La Unidad de Parques Naturales

La entidad del gobierno, asegura que los obje-tivos para crear el Parque Natural Nacional Yai-goje Apaporis, están orientados a proteger los valores materiales e inmateriales de los pueblos Macuna, Tanimuka, Letuama, Cabiyari, Baras-ano, Yujup-macú y Yauna, intereses asociados a la conservación, uso y manejo del territorio y del área protegida como núcleo central del “Complejo Cultural del Vaupés”. Y fortalecer el “sistema de sitios sagrados” y rituales aso-ciados sobre los cuales se soporta el manejo y uso del territorio representado en el área prote-gida que hacen los grupos indígenas del Com-plejo (Resolución 2079 de 2009). Agrega que una función suya es coordinar con autoridades y capitanes indígenas la función pública de la conservación y ordenamiento ambiental del área protegida traslapada con resguardos y ter-ritorios indígenas (Artículo cuarto R. 2079/09).

Así la coordinación estaría orientada a pro-teger la diversidad étnica-cultural asociada a la conservación. Un propósito muy loable, sólo que se contradice con la realidad que viven las comunidades indígenas; a menos de un año de la creación de este Parque Natu-ral empiezan a sentir los coletazos que alteran su convivencia y pervivencia como pueblos; hoy no son tan libres de andar, cazar y pescar en la selva. Empezando, según testimonios de varias personas, deben tramitar engorrosos permisos para poder movilizarse en su terri-torio ancestral. ¡Digno propósito traslapar el territorio indígena “para evitar su deterioro”!


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Notas al final.

1 Canción de la artista mexicana Amparo Ochoa, en la cual narra el exterminio de los pueblos indígenas por los españoles y otros.2 La Asociación de Capitanes Indígenas de Tarai-ra Vaupés está conformada por las comunidades: Jotabeya, Agua Blanca, Santa Clara, Campo Alegre, Curupira -Puerto-, Caño Laurel, Bo-cas de Uga, Vista Hermosa y Bocas de Taraira.3 http://www.poder360.com/article_de-ta i l .php?id_ar t ic le=2152#ixzz0roor2ABF

Fuente: http://indigena.todosatierra.com/?p=78


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HAMBRE Y GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓNEl modelo neoliberal de comercialización alimentaria

Por Freddy OrdóñezLas Grandes Cadenas de Distribución: El neoliberalismo oculto en la vida cotidiana.

Una acción rutinaria como esperar el transporte público, puede terminar dando elementos para analizar las transformaciones culturales produci-das por la presencia de Grandes Superficies y Ca-denas de Supermercados: Los buses y busetas no indican su transitar por barrios y calles, sino que sus rutas señalan si pasan por frente a un almacén de la cadena Carrefour o Éxito, por ejemplo.

Otro elemento interesante tiene que ver con las transformaciones en el lenguaje y los sig-nificados dados a las palabras. En Bogotá, es normal referirse al dueño del minimercado de barrio o al tendero con la expresión “vecino”, con lo cual se identifica a esta persona como parte del entorno más próximo y cotidiano, habitante del barrio, de la cuadra, etc., con un aire de familiaridad si se quiere. Como parte de su proceso de expansión el grupo Éxito ha venido implementando los supermercados “Éxito Vecino”, modelo con un tamaño mu-cho menor al de los grandes almacenes y que tiene por finalidad hacerse a los clientes de localidades y sectores no centrales o cerca-nos a una gran superficie de dicha compañía.

No sólo se transforma la cultura, sino que el es-pacio social se define en función de estos super-mercados (frente a…, detrás de…, una cuadra después de…, etc), urbanizaciones y ciudadelas

se edifican entorno a un almacén, llevando a que incluso se pueda decir que la comerciali-zación por medio de grandes superficies no sólo

define lo que comemos, sino también define las construcciones territoriales de las ciudades.

Esta invasión de las grandes cadenas de dis-tribución (en sus múltiples formatos), se presenta como la implementación de un modelo de comercialización de produc-tos, especialmente alimentos, que operan bajo las reglas del sistema capitalista neo-liberal y globalizado, con características de oligopolio y monopsonio, haciendo del dere-cho a la alimentación un lucrativo negocio.

La maximización de las ganancias de un modelo neoliberal de comercialización de alimentos: Algunos casos emblemáticosLa revista Fortune 500 publicó a principios de año el listado de las empresas norteameri-canas que registraron, a nivel mundial, mayores ventas durante el 20091. El primer lugar lo ocupó la gigante de las tiendas Wal-Mart Stores, cuyas ventas llegaron a los 408.214 millones de dólares, superando a empresas como Exxon Mobile, AT&T, Ford Motors y el City Group. El año anterior2, esta compañía había ocupado el segundo lugar, con 405.507 millones de dólares.

Wal-Mart Stores se presenta como el caso em-blemático a nivel mundial de las jugosas ganan-cias que, para las grandes empresas, deja la venta de alimentos y otros productos básicos al por menor. Pero no es la única compañía que se lucra de los alimentos. Otras que se encuentran bien situadas en la clasificación de Fortune 500 son: JP Morgan Chase3, Berkshire Hathaway4, Kraft Foods, PepsiCo, Coca-Cola, y Tyson Foods.

La multinacional estaría próxima a llegar a Colombia y cuenta ya con marcas registradas en el país (como Sam’s Club). Esto hace pen-sar que se profundizaría en nuestra nación un modelo nocivo para la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos.

El otro caso paradigmático de la distribución de alimentos lo constituye el gigante francés Carrefour, empresa con presencia en más de 30 países, que se presenta como la segunda de

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mayor importancia en el sector a nivel mundial y como la número uno en Europa. Las ventas del año 2009 a nivel mundial de Carrefour es-tuvieron en el orden de los € 85,963 M. Éstas se dieron un 43% en Francia, un 35,7% en el resto de Europa y 13,7% en Latinoamérica, siendo los hipermercados los que concentraron un 62,1% de la ganancia anual. En segundo lugar estuvo el formato supermercado con un 21,5%5 (Ver figuras 1 y 2). En España, Carrefour con-centra el 23,7% de la distribución de alimentos, es decir, prácticamente controla uno de cada cuatro alimentos que se compran en este país6; en Francia, se destaca el hecho de que junto con otras cuatro empresas, controlan el 90% de la comercialización de productos alimenticios7. En Colombia, en algo más de una década de su llegada (1997), Carrefour ha abierto más de 60 tiendas en 33 ciudades de 18 departamentos.

A nivel nacional, Gonzalo Restrepo López, presidente de Almacenes Éxito, señala que el 70% de sus ventas son alimentos. En el 2009, Éxito fue la tercera mejor compañía del país. Esta cadena de distribución en prácticamente diez años ha tenido cambios significativos. Específicamente son resaltables la adqui-sición del 25% de las acciones de Almacenes Éxito por la francesa Casino, en 1999; la ob-tención por parte de Éxito de la mayoría ac-cionaria de Cadenalco SA, en 1999, y la pos-terior fusión en 2001; en 2006 la apropiación de la mayoría accionaria de Carulla – Vivero; y a partir de ese año, la expansión adelantada a nivel nacional, no sólo bajo la denominación Éxito, sino mediante los almacenes Carulla, y Surtimax, abriendo los tradicionales hipermercados, pero también por medio de forma-tos de “minimercado” y pequeños almacenes en sectores más populares (que serían los

Éxito Vecino, Carulla Express y Surtimax)8.

Actualmente, el Grupo Casino, de Fran-cia, es dueño de más del 62% de Almacenes Éxito, siendo en el país su principal competen-cia el otro francés, Carrefour. Entre estos dos gigantes y Wal-Mart se estarían disputando prácticamente el mercado nacional de alimen-tos, lo que deja en entredicho la seguridad y soberanía alimentaria de los colombianos.

Hambre y modelo capitalista agroalimenta-rioComo se ha mostrado, la comercialización de alimentos mediante el modelo de grandes ca-denas y sus formatos adjuntos es un negocio rentable a escala planetaria, que encuentra soporte fundamental en la aplicación indis-criminada de las políticas neoliberales a la ag-ricultura y la alimentación. Esta lógica capital-ista agroalimentaria ha tenido relación directa con la llamada crisis alimentaria evidencia-da entre el 2006 y el 2008, y de la que hasta ahora el mundo no se ha recuperado. Princi-palmente ha sido el modelo agroalimentario, enmarcado dentro de un modelo económico capitalista, el responsable del hambre en el mundo.

Efectivamente, lo anterior ha sido constatado por la misma FAO, organismo que ha señalado que el hambre en el planeta iba en aumento mu-cho antes de la crisis alimentaria: Desde el año de 1995 ha crecido constantemente el número de personas subnutridas en el planeta, coinci-diendo con el despliegue global del neolibe-ralismo, encontrando su pico más alto en el 2009, con 1.020 millones de personas. El hambre ha tenido como origen, no la disminución de las cosechas, mucho menos reducciones en la pro-ducción de alimentos9, sino la imposibilidad

Latin America: 13.7%

Asia: 7.6 %

Europe: 35.7 %(excluding France)

France: 43%

TOTAL: € 85,963 M

Other: 5.2 %

Hard Discount stores:11.2 %

Supermarkets: 21.5%

Hypermarkets:62.1 %

TOTAL: € 85,963 M

Figura 1. Carrefour. Distribución de las ventas netas consolidadas por región,año

2009.

Figura 2. Carrefour. Distribución de las ventas netas consolidadas por formato de

tienda, año 2009.

Fuente: http://www.carrefour.com/cdc/finance/key-figures/our-key-figures-/key-figures-folder/breakdown-sales.html


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de acceder a ellos como consecuencia de sus precios, del desempleo y la pobreza mundial.

En el caso nacional, diferentes estudios res-paldan la incidencia de las condiciones económi-cas sobre las condiciones alimenticias y la posi-bilidad de adquisición de alimentos nutritivos y suficientes. Tal es el caso de Bogotá, donde la Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo, de 2008, indica que en un 41% de los hogares encuestados faltó dinero la semana inmediata-mente anterior para la compra de alimentos10. Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida – Bogotá 2007, al preguntar en cuáles hogares por falta de dinero algún miembro no consumió nin-guna de las tres comidas uno o más días de la se-mana, obtuvo como respuesta que esta situación se presentó en un 6,5% de los hogares. Pero la cifra anterior casi se duplica en localidades como Ciudad Bolívar (12,4%) y Santa Fe (12,7%).

Para el año 2009, la Encuesta de Percepción “Bogotá cómo vamos”, reveló que en el 8% de los hogares bogotanos algún miembro no consume alguna de las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y comida) por la falta de ingresos suficientes para acceder a los alimen-tos. De este total, en el 10% de los hogares algún miembro no consumió ninguna de es-tas tres comidas. De otra parte, la Encuesta de Bienestar y Seguridad Económica realizada por la Veeduría Distrital en mayo de 2009, afirma que en tres de cada diez hogares bogotanos

hay al menos un miembro de la familia que se acuesta sin desayunar, sin almorzar o sin com-er durante el día, señalándose como razón la falta de dinero. La misma encuesta señala que en el 37 por ciento de las familias algún inte-grante “muchas veces” o “pocas veces” dejó de comer un alimento en el día por falta de dinero11.

En síntesis, se puede observar que la garantía del derecho a la alimentación va de la mano con la capacidad para adquirir los alimentos, aclarando que entre mayor sea el número de intermediarios y mayor sea el monopolio de acopio y distribución, los productos tendrán mayores costos y los intermediarios tendrán mayores rentas de la venta de los mismos.

Cómo hacer dinero distribuyendo alimentos

Una de las formas más evidentes para generar mayores ganancias en la distribución de alimen-tos tiene que ver con ampliar el margen entre el precio de compra al productor y el precio de venta al consumidor final. Las cifras sobre el pago y la ganancia obtenida por producto ven-dido en las GCDA varían entre países, regiones y empresas. Por ejemplo, en Europa, según se-ñala Andoni García, “más del 60% del beneficio final se concentra en las grandes superficies. La media en que participamos como consumidores en lo que cobra el agricultor/a es del 27%”12.

Wal-Mart, es también un claro ejemplo de inequidad entre el precio de compra y el precio de venta, logrando muy buenas ganancias de los alimentos en los Estados Unidos, mediante la ex-plotación al agricultor: “Wal-Mart toma 68 cen-tavos de cada dólar por alimento vendido […] y 30 centavos lo gasta en publicidad, transporte y envoltura. El productor campesino recibe el res-to de la ganancia: dos centavos por cada dólar”13.

En Bogotá, un consumidor paga $100 pesos por un alimento que fue comprado en $35 pe-sos al productor. Cuando las vendedoras son las grandes cadenas de distribución de ali-mentos, las ganancias de éstas pueden llegar al 43%, siendo generalmente las capas popu-lares quienes más pagan por los alimentos.

Este tipo de asfixia comercial a productores y compradores de alimentos es la que actual-mente se está imponiendo, con diversos mati-ces, en el mercado global, siendo claramente

http://versus.civiblog.org/blog/DerechosHumanos


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perjudicial para las pequeñas economías, la agricultura familiar, la producción limpia y los círculos populares de comercialización de alimentos, definiendo también el qué comemos, por qué lo comemos, quién lo pro-duce, cómo se produce y dónde se produce.

A la ganancia generada por el margen entre precio de compra y el precio de venta, habría que añadir otras estrategias de las GCDA para aumentar la captación de recursos como son una política laboral interna precaria y su-perexplotadora de los empleados; la deslo-calización de la producción de alimentos; y la competencia desleal contra sectores tradi-cionales de venta como las tiendas, los super-mercados de barrio y las plazas de mercado.

La distribución y comercialización alimen-taria en Bogotá

A pesar de que los campesinos de Cundinamar-ca, Boyacá, Tolima y Meta proveen el 75% de las 2,8 millones de toneladas de alimen-tos que anualmente se consumen en Bogotá, lo anterior no significa que sean ellos quienes obtengan los mejores dividendos del negocio.

En efecto, la distribución y comercialización de alimentos se encuentra centrada en pocas manos. Los alimentos una vez salen del campo son acopiados principalmente en diez grandes bodegas pertenecientes a cadenas integradas de comercialización, las cuales corresponden a los almacenes Cadenalco (Almacenes Éxi-to), Cafam, Carulla (Almacenes Éxito), Tía, Alkosto, Olímpica, Makro, Carrefour, Colsub-sidio y YEP; mientras que “Corabastos cumple la función mayorista para los pequeños y me-dianos comerciantes y transformadores”14.

Es en este escenario se puede ver la figura de “embudo” que posee el proceso de pro-ducción, distribución y comercialización de alimentos: 2.000.000 de productores ru-rales anuales -> 1.846 intermediarios -> 4.800 agentes mayoristas -> 135.000 distribuidores minoristas -> 7.363.782 consumidores.

Las cifras muestran que en las tiendas, super-mercados independientes y grandes cadenas, el 78% de las ventas corresponden a alimentos (seguido por productos de tocador y bebidas). Aunque en la distribución de las ventas por ca-

nal comercial en el país los almacenes de ca-dena tienen un 23%, los supermercados inde-pendientes 21% y las tiendas 55%; las cifras de gasto (es decir la cantidad de dinero que quedan en cada canal) muestran que las familias con relación a sus ingresos consumen en los al-macenes de cadena un 51%, en los supermerca-dos independientes 25% y en las tiendas un 24%.

Si se mira el hábito de compra de los consu-midores se tiene que para hacer el mercado

completo se prefieren los almacenes de cadena, 52%, seguido por los supermercados de bar-rio (47%) y finalmente se encuentran las tien-das con un 13%. Para las compras diarias las preferidas son las tiendas, con un 66%, segui-das de los supermercados de barrio con 27%, y finalmente se encuentran los almacenes de cadena con un 5%. En cuanto a ajustes en el mercado se tienen cifras sin mayores difer-encias: supermercados de barrio, 25%, al-macenes de cadena, 21%, y tiendas 20%15.

Por otra parte, las plazas de mercado públi-cas venden tan solo el 0,88% del valor to-tal mensual de los alimentos de Bogotá.

Un modelo alternativo de producción y con-sumo de alimentos

Las propuestas hechas por las grandes super-ficies (básicamente los Carulla Express y los Éxito Express) para ampliar su cobertura y lle-gar a más consumidores, permiten ver que su objetivo es apropiarse también de las ventas y ganancias que obtienen hoy los pequeños su-permercados y las tiendas de barrio, previén-dose la generación de un oligopolio en ma-nos de Casino, Carrefour y Wal-Mart, donde saldrán también perjudicados los campesinos

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y pequeños productores rurales, los consumi-dores urbanos y los pequeños comerciantes. Proyectándose también la generación de más hambre, desempleo y miseria, tanto en el cam-po como en las ciudades, en la profundización del modelo capitalista agroalimentario y la dis-tribución neoliberal de alimentos en Colombia.

Sumadas a esta expansión, se encuentran las políticas y programas como los tratados de li-bre comercio (con EEUU y la Unión Europea), la agenda interna de competitividad y produc-tividad, el Programa de Transformación Pro-ductiva para el Sector Agropecuario y Agroin-dustrial, la legislación antieconomía campesina y proagroindustrial, que obligan a fortalecer procesos y a la construcción de alternativas en torno a la posibilidad de ejercer el derecho a la alimentación adecuada, la seguridad, la sober-anía, la autonomía, la autosuficiencia y la au-togestión alimentaria, especialmente apuntando hacia procesos de producción, distribución y comercialización de alimentos en condi-ciones de proximidad, diversidad y justeza.

Por ello se requieren propuestas organizati-vas del campesinado, asociaciones de consumidores, redes de productores y consumidores (tendientes a construir una relación directa entre el agricultor y el consumidor), que denuncien la situación de las GCDA, el abuso que cometen con agricultores, empleados y consumidores, la complicidad de los gobiernos y administra-ciones, pero sobre todo, que identifiquen en la GCDA un modelo capitalista de alimentación,

que profundiza el hambre y la pobreza, y que luchen por la implementación de un modelo al-ternativo de producción y consumo de alimen-tos, dentro de un marco de lucha por un modelo económico y de sociedad diferente, diametral-mente diferente al que se impone desde el capital, las transnacionales y el gobierno colombiano.

Notas al final. 1 http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/index.html 2 http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/full_list/ 3 Que a pesar de ser una empresa financiera, opera en el mercado de frutas y vegetales en Londres, Inglaterra. 4 Empresa con acciones en múltiples sectores, principalmente seguros, dueña de, entre otras, el 8,6% de Coca-Cola Company; el 8,1% de Kraft Foods; y del 4,8% de Anheuser-Busch Companies, Inc., cervecería hoy parte de InBev. 5 Breakdown of consolidated net sales by geographic region and by store format http://www.carrefour.com/cdc/finance/key-figures/our-key-figures-/key-figures-folder/breakdown-sales.html 6 GARCÍA Ferran y RIVERA Marta. <<Su-permercadolandia>>: El planeta de los super-mercados. En: MONTAGUT Xavier y VIVAS Esther (Coords.). Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas. Barcelona: Icaria, 2007. p. 14. 7 MONTAGUT Xavier y DOGLIOTTI Fabrizio. Alimentos globalizados. Soberanía

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alimentaria y comercio justo. (2ª Edición). Barcelona: Icaria, 2008. p. 32. 8 “Estamos preparados para la llegada de Wal-Mart al país”. http://rse.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2009-12-04/estamos-preparados-para-la-llegada-de-wal-mart-al-pais_89009.php Consultado el 19 de abril de 2010. 9 “La producción de cereales a nivel mun-dial se ha triplicado desde los años sesenta, mientras que la población a escala global tan sólo se ha duplicado”. VIVAS Esther. Los en-tresijos del sistema agroalimentario mundial. En: MONTAGUT Xavier y VIVAS Esther. Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos. Barcelona: Icaria, 2009. p. 11. 10 FEDESARROLLO y CÁMARA DE COM-ERCIO DE BOGOTÁ. Perfil social de Bogotá. [en línea]. [consultado 16 dic. 2009]. Dis-ponible en: http://camara.ccb.org.co/docu-mentos/4774_Perfil_social_de_Bogotá_2008_Parte_2.pdf 11 “Aún se come mal por falta de plata” en El Tiempo, jueves 26 de noviembre de 2009. Pág. 1-18. 12 GARCÍA Andoni. Precios en origen y precios en destino. En: MONTAGUT Xavier y VIVAS Esther (Coords.). Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: im-pactos y alternativas. Barcelona: Icaria, 2007. p. 66. 13 CASTRO Gustavo y ZINN Ryan. Wal-Mart y el asalto contra campesinos y consumidores. Disponible en: http://www.ciepac.org/bole-tines/chiapasaldia.php?id=469. Consultado el 19 de abril de 2010. 14 MONDRAGÓN Héctor y MONTOYA Gloria. Los mercados campesinos: comerciali-zación alternativa de alimentos en Bogotá. Bogotá: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, 2010. p. 11. 15 Cifras tomadas de: MONDRAGÓN Héctor y MONTOYA Gloria. Los mercados campes-inos: comercialización alternativa de alimen-tos en Bogotá. Documento para el debate. Bogotá: (mimeo), 2010.


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MEGAPROYECTOS DE VIVIENDA Y SEGREGACIÓN URBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Por Harold Córdoba AldanaProfesor Universidad Pedagógica Nacional

Presentación

El siguiente escrito presenta brevemente el caso de dos megaproyectos urbanos en Bo-gotá y el Área Metropolitana. Ciudad Verde en el municipio de Soacha y la Operación Es-tratégica Nuevo Usme en la localidad que lleva su mismo nombre. Dos emprendimien-tos, el primero de iniciativa privada y el otro gestionado por el Estado, con el propósito de generar suelo urbano barato para las empresas privadas de construcción de vivienda. Ambos parten del supuesto de reducir el problema de acceso a la vivienda de los colombianos, que resulta preocupante por su elevado déficit. Sin embargo, ninguno de los dos megaproyectos soluciona en verdad el problema que enfren-tan y más bien agudiza otros como la segreg-ación urbana y el desigual acceso a la ciudad.

En consecuencia, profundiza la injusticia en la capital colombiana, ya que limita la movilidad espacial y social de sus habitantes. Igualmente, por la localización, el tamaño y el tipo de mate-riales, no es posible hablar de acceso a vivienda digna por parte de las nuevas familias propi-etarias. Es el resultado de continuar aplicando políticas de libre mercado en el ordenamiento del espacio urbano. Estas políticas no son otra cosa que la aplicación del urbanismo neoliberal.

El artículo está dividido en tres partes. La primera da cuenta del significado que adquiere el término megaproyecto dentro del lenguaje neoliberal; la segunda expone cómo el urbanis-mo neoliberal encarna las políticas de vivienda que producen un espacio urbano que profundi-za la segregación, la injusticia y la desigualdad espacial; la tercera muestra dos grandes em-prendimientos que, desde sus características, ahondan en la segregación urbana y no solucio-nan el problema de la vivienda de los bogotanos.

El sentido de los megaproyectos en el urbanismo neoliberal

Los megaproyectos urbanos son grandes obras

de infraestructura con un gran impacto so-bre el ordenamiento del territorio en las grandes ciudades. Si se mide en términos de los volúmenes de inversión, éstos pueden su-perar fácilmente los 350 millones de dólares (7000 millones de pesos) y toman la figura de grandes edificios inteligentes (según el market-ing, ecológicamente sostenibles), hoteles de lujo o en el cambio sobre el uso del suelo en manzanas enteras. Se piensa que este tipo de intervenciones en la ciudad movilizan recursos que dinamizarán la economía local y tendrán beneficios para las pobla-ciones que habitan en el lugar.

Por el contrario, sus verdaderos propósitos parecieran estar ocultos. Por sus dimensiones guardan conexión con otras escalas que su-peran las regionales (las ciudades y sus áre-as de influencia). Generalmente tienen una conexión con el capital internacional y son ex-presión del imperialismo contemporáneo, con el propósito de reproducir el capital a través de lo que el geógrafo anglosajón, David Har-vey (2003) ha denominado acumulación por desposesión. En la escala local, las principales consecuencia son los grandes desplazamientos de población que este tipo de obras provoca; el cambio en los modos de vida de miles de per-sonas; las transformaciones naturales y social-es de los entornos a favor de los empresarios capitalistas; la transformación en la legislación


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ambiental o laboral que se adecúa a las nuevas exigencias del capital, que generalmente van en deterioro de las condiciones de la naturaleza y las condiciones sociales de los pobladores.

Si se piensa cuáles son las diferencias con las grandes obras en el pasado, éstas se encuen-tran en la mayor presencia del capital privado sobre las inversiones públicas. En muchas oca-siones el Estado sólo es una figura que permite la fijación del capital, ya que éste no lo podría hacer sin la supuesta legitimidad que facilita los cambios en las legislaciones de cada lugar. En el caso de que sea el Estado quien realice las obras de infraestructura en forma de capital fijo, rápidamente estas son entregadas a los em-presarios en forma de concesiones o su venta en los procesos de privatización. En general, el Estado busca desembarazarse de las inversiones de capital, entregándoselas al sector privado, o son una iniciativa de estos últimos. En Bogo-tá este tipo de estrategias se pueden ver fácil-mente con los megaproyectos de Transmilenio, Plan Zonal Aeropuerto Eldorado, la privati-zación del manejo de las basuras, la electrici-dad y hasta obras con un impacto micro-local, como lo sucedido con el uso actual del Parque de la 93, sólo por citar algunos ejemplos.

Cuando los gobiernos locales intervienen con este tipo de obras, especialmente en el cam-po social, lo hacen para disimular las conse-cuencias que tienen tales políticas nacionales

e internacionales. Este parece ser el proceso que se da con los megaproyectos de vivienda cuando encarnan las políticas neoliberales. Características del urbanismo neoliberal en el sector de la vivienda

Sin duda, hay un problema de acceso a la vivienda en la ciudad que debería ser resuelto. En Bogotá, existen 120 mil hogares que solo podrían acceder a Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con un valor menor a los 36 millones de pesos. En el país, el déficit es del orden de 1.400.000 unidades habitacionales.

No es el propósito de este artículo profundizar sobre los mecanismos de financiación de la vivienda en el país. Sin embargo, cito algu-nos antecedentes que permiten comprender lo que sucedió en la última década del siglo XX en este sector de la economía. Antes de 1972 la vivienda era subsidiada totalmente por el Estado. Los créditos a largo plazo estaban con-trolados por el Instituto de Crédito Territorial (ICT) o el Banco Central Hipotecario (BCH); ambas instituciones públicas que recibían parte del presupuesto anual de la nación o estaban sostenidas por el traslado obligatorio del ahorro de la banca privada, las compañías de seguros y las sociedades de capitalización. Estas dos instituciones a su vez diseñaban y ejecuta-ban programas de vivienda. De ese modo los colombianos lograban financiar vivien-

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da con préstamos públicos a largo pla-zo, créditos bancarios de libre inver-sión a corto plazo o ahorros personales.

Es en el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), con el Plan de Desar-rollo “Las cuatro estrategias” que se entrega el negocio de la vivienda al sector financi-ero con el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) (1972). Buscaba a través del ahorro instar a los compradores de vivienda a endeudarse con el sector financiero durante largos periodos de tiempo. Los Ban-cos privados y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) desplazaron el débil papel que había jugado el Estado hasta el momento.

Con la profundización de las reformas neoliberales en la década del 90’, el endeble modelo UPAC hizo crisis rápidamente. Valga decir que su inestabilidad ha sido una constante desde su creación. Antes, la construcción de vivienda estaba atada a la demanda social de la misma, que sin duda siempre ha sido alta en el país por el acelerado proceso de urbanización. Este modelo dio paso a la construcción de vivienda, ya no por demanda social, sino como inversión en finca raíz; por tanto, permitió el in-greso del capital especulativo en el sector. Este proceso se da en parte por la masiva entrada de capitales extranjeros después de 1991 en el marco de las reformas neoliberales, y la necesi-dad del sector financiero de poner esos capi-tales en el “seguro” sector de la construcción.

La especulación en el sector de la vivienda, vis-ta como inversión, ha traído graves consecuen-cias para quienes buscamos un lugar propio donde vivir. Entre ellas, al estar las deudas hi-potecarias atadas a las tasas de interés del mer-cado y no a la inflación, las hace más débiles a las fluctuaciones. Por tanto, existe siempre la incertidumbre sobre el valor de las cuotas men-suales, que derivó en la grave crisis de finales de los 90’ y la pérdida de vivienda de muchos compradores bajo este sistema. Justamente, la interrupción de los pagos por las familias upac-quizadas también se manifestó en otro eslabón de la cadena neoliberal, el debilitamiento de la seguridad social. La mal llamada flexibili-zación laboral y la pérdida de empleos, pusieron en aprietos a miles de familias que vieron, en medio del desempleo o la reducción de los in-gresos, perder sus propiedades, muchas de las

cuales llevaban años pagando cumplidamente.

También la calidad de la vivienda en términos de tamaño y materiales se ha visto afectada como resultado de la especulación inmobiliar-ia. Como el valor de la vivienda ha aumentado aceleradamente, los empresarios de la construc-ción se concentran en la vivienda para las clases sociales de medios y altos ingresos. Por tanto, para aquel segmento de la población con bajos o nulos ingresos, la única oferta inmobiliaria se ve reducida en su calidad, para reducir gastos y aumentar los dividendos de los empresarios. En efecto, la vivienda para los empobrecidos urba-nos ha visto reducido su tamaño. Cada persona dispone en un apartamento de 15 m2 y dentro de una casa de 21 m2 en promedio. Cuando la media mundial indica que cada persona debe tener entre 25 y 35 m2 (Programa de las Na-ciones Unidad para el Desarrollo, 2008, p. 93). También el tipo de materiales y las nuevas téc-nicas de construcción buscan reducir los costos de producción en detrimento de las condiciones físicas de la vivienda. Son constantes las que-jas asociadas con los problemas de sonori-zación o por la realización de pequeñas obras dentro de los predios ya que se han utilizado materiales deficientes durante la construcción.

Relacionado con el tema anterior y la especu-lación inmobiliaria, la búsqueda de suelo barato para la vivienda social tiene que darse en la periferia urbana o en los municipios metropoli-tanos donde se habilite suelo urbanizable. Di-cho sea de paso, un sector que se beneficia con el cambio del uso del suelo, son los anteriores propietarios que lo obtuvieron a bajo precio y monopolizan las plusvalías al entregarlos a las constructoras. Para contextualizar que viene pasando con los megaproyectos de vivienda y el aumento de la segregación en la ciudad, a continuación presento dos casos a manera de ejemplo. Ambos construidos en zonas per-iféricas, del Sur estigmatizado, pero como es-trategia de los constructores en la búsqueda de suelo barato y vaciando las zonas de la ciudad con mejores localizaciones espaciales para proyectos inmobiliarios más rentables.

Ciudad Verde y Ciudadela Nuevo Usme

Los dos megaproyectos se presentan con muy buenas intenciones. Una de ellas, es dar respu-esta a la presión por vivienda de los habitantes


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pobres de Bogotá y Soacha. La capital tiene un déficit superior a las 120.000 unidades hab-itacionales de ese tipo y Soacha supera las 10 mil. Sin embargo, nada ni nadie asegura que las familias más empobrecidas puedan ad-quirir vivienda VIP, por debajo de los 36 mil-lones de pesos. Los subsidios “anzuelo” que entrega el gobierno no son reclamados por los beneficiarios. Rápidamente se dan cuen-ta de que no pueden sostener el endeudami-ento por largos periodos de tiempo. El pez no está mordiendo completamente la carnada.

Ciudad Verde promete construir 36 mil vivien-das en el límite urbano entre Bogotá (exac-tamente la localidad de Bosa) y el municipio de Soacha. La mitad será Vivienda de Interés Social y el restante Vivienda de Interés Priori-tario. Sin embargo, existe el riesgo de que sólo 9 mil viviendas sean de interés prioritario, las de menos de 36 millones de pesos que podrían ser asequibles a las familias de menores in-gresos. Del mismo modo en la Operación Es-tratégica Nuevo Usme, donde estará la Ciu-dadela Nuevo Usme, serían construidas 36 mil viviendas destinadas a personas de estratos socioeconómicos 1 y 2. El 45% de la vivien-da construida será Vivienda de Interés Social.

Entre los dos megaproyectos suman 72 mil viviendas que podrían alojar aproximadamente 360 mil personas. Cifra que está por debajo de la demanda de Vivienda de Interés Prioritario.Otras dos características se repiten en este tipo de megaproyectos. El marketing hace alarde de la protección o conservación del ambiente. Pareciera que defendieran lo que precisamente van a hacer desaparecer. En ninguna parte expli-can cuáles eran las condiciones naturales preex-istentes y cómo éstas van a ser protegidas o en la mayoría de los casos recuperadas porque ya no están. Lo que las constructoras llaman protec-ción del ambiente no es más que la ubicación de algunas zonas verdes utilizando pastos, la intro-ducción de especies ornamentales (porque las originales ya han desaparecido) y la construcción de alguna infraestructura recreativa. Por ejem-plo Ciudad Verde está siendo edificada sobre un terreno de 328 hectáreas. La construcción está cerca de la ronda del río Bogotá, la cual seguirá recibiendo la presión del crecimiento urbano, ahora acentuado con los procesos de conurbación al margen izquierdo del río. En la Operación Es-tratégica Nuevo Usme, están siendo afectadas 930 hectáreas de zonas de uso agrícola, donde anteriormente teníamos selvas altoandinas.El otro discurso publicitario es el de la partici-

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pación social de la población “beneficiada”. Para el caso de Ciudad Verde, aunque se habla de participación, no se dice cómo. Tal vez porque los grandes beneficiados son los empresarios y los dueños de la tierra. Allí hacen presencia los grandes inversionistas apoyados por el gobierno central. Más de tres billones de pesos lo hacen el megaproyecto de vivienda más grande del país que están siendo invertidos por la constructora Amarillo S.A. También, el anterior presidente Álvaro Uribe Vélez, apoyó fervientemente este proyecto en particular y su familia se ha visto beneficiada por la especulación del suelo urba-no en otros proyectos como la Zona Franca en Mosquera que le ha dado grandes ganancias a sus hijos por los cambios en los usos del suelo.

Por otra parte, Ciudadela Nuevo Usme tiene el esquema de producción de la empresa del Distri-to Metrovivienda. Los privados, propietarios de la tierra, aportan los terrenos y el sector público los recursos financieros. El Distrito se encar-ga de urbanizar los terrenos y los vende a las empresas constructoras privadas quienes con-struyen y las venden a las familias con necesi-dad de vivienda. Lo que no sabemos es si los más pobres entre los pobres las podrán adquirir.

Desde mi punto de vista lo más preocupante de estos proyectos es la localización espacial que profundiza la segregación urbana en Bogotá. La estructura espacial seguirá reproduciendo un esquema del Norte rico y el Sur pobre. Es para este último segmento de la población para quienes se construye. Las consecuencias a nivel social son incalculables en la movilidad social y el derecho a la ciudad. En algunos años podría-mos estar viendo la existencia de verdaderos guetos urbanos y el aumento de las contradic-ciones, como ya viene pasando con la aparición de múltiples formas de violencia. No sería raro ver levantamientos sociales como los sucedi-dos en París (Francia) o Los Ángeles (Estados Unidos) por parte de población joven excluida y empobrecida por el capitalismo neoliberal.

Bibliografía

Harvey, D. (2003). El nuevo im-perialismo. Madrid: Akal. 170 p.Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo. (2008). Bogotá, una apuesta por Colombia. Informe de desarrollo humano 2008. Bogotá: PNUD. 342 p.


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UN CAMPO SIN CAMPESINOS EN LAS BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014

Por Freddy OrdóñezAgencia Prensa Rural

Finalizando el año 2010, el Departamento Na-cional de Planeación, DNP, dio a conocer el documento Bases del Plan Nacional de Desar-rollo 2010-2014. Prosperidad para todos1. En el texto se aborda la construcción de un modelo de ruralidad pensado desde las lógicas del capital2. El campo propuesto en el Plan Nacional de De-sarrollo, PND, es funcional al mercado, princi-palmente externo, recogiendo lo hecho por Ál-varo Uribe en sus administraciones3. El modelo de ruralidad que expone el texto para estos cua-tro años, no es de “reforma agraria”, tal como lo quiere hacer creer el Ministro de Agricultu-ra y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, sino es de descampesinización del campo, es decir el modelo de un campo sin campesinos4.

º¿De dónde viene y hacia dónde va el campo colombiano?

El campo ha sido el escenario de la confront-ación armada y desde donde ha salido el grueso de las más de cuatro millones de personas in-ternamente desplazadas, lo que va unido con el abandono forzado y el despojo de bienes, presentándose, de un lado, el desplazamiento forzado y el despojo como consecuencia del conflicto; y por otro lado, el conflicto como consecuencia de la necesidad de desplazar y despojar, es decir en Colombia “no solo hay desplazados porque hay guerra, sino especial-mente hay guerra para que haya desplazados”5.

El campesinado, los afrodescendiente y los

indígenas han sido obligados a abandonar 5,5 millones de hectáreas correspondientes a sus tierras y territorios6, beneficiándose de esta sit-uación empresarios nacionales y transnacion-ales, de la economía legal e ilegal, y el mismo Estado. Para el caso nacional, lo anterior ha sido llamado acumulación mediante la guerra7, y ha permitido configuraciones no campesinas de lo rural, adecuando “el campo a la nueva interrelación entre el latifundio especulativo y la inversión transnacional en infraestructu-ra, especialmente vías de comunicación e in-dustrias extractivas, agrícolas o forestales”8.El campo sin campesinos se manifiesta en: el ofrecimiento de 47.767.887 millones de hec-táreas (casi la mitad del territorio nacional) para exploración y explotación de petróleo en la Ronda Colombia 2010, de las cuales se adjudicaron alrededor de 9,5 millones de hec-táreas; el interés por duplicar la producción nacional de carbón y de oro para el año 20199; y la proyección de aumento a la totalidad del área potencial en palma africana (3.273.282 Has.) y caña para etanol (3.891.221 Has.), cul-tivos que se encuentran en 357.047 y 31.401 hectáreas, respectivamente10; entre otras apuestas. Las anteriores cifras deben obligato-riamente ser comparadas con las dos millones de hectáreas, ofertadas por Santos para reparar a las víctimas del desplazamiento y el despojo.

Las bases del PND 2010 – 2014

Los planteamientos sobre lo agrario se centran en la necesidad de “políticas integrales para el desarrollo rural orientadas a mejorar el acceso de los hogares rurales a activos productivos y al mejoramiento de sus capacidades para aprovechar estos activos, de forma que puedan superar su condición de pobreza e integrarse en condiciones justas y competitivas al merca-do”. El texto inicia con un diagnóstico que da cuenta del atraso del sector rural frente a otros sectores de la economía nacional, atraso que se incrementó, según las cifras que expone el mismo documento, durante el gobierno Uribe.

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Llama la atención la lectura capitalista con la que se plantean y analizan las problemáticas identificadas en el documento para el cam-po11. De los elementos expuestos en el diag-nóstico y que alimentan el debate sobre las políticas agrarias en el país, son resaltables:

(i) el silencio frente a los 18,1 millones de hec-táreas carentes de vocación para uso ganadero, que actualmente están siendo usadas con este fin;

(ii) el reconocimiento hecho a los altos cos-tos de producción de cultivos, cuyo 40% va a dar a las manos de las empresas producto-ras de fertilizantes, semillas y plaguicidas;

(iii) la evidencia, del elevado costo de producción en Colombia de los cultivos “promisorios”, caso Palma africana, sos-tenidos gracias al capitalismo burocrático;

(iv) el interés por incentivar la inversión y el riesgo financiero en los campesinos; y

(v) el reconocimiento de las condiciones de po-breza que viven los campesinos colombianos.

Eduardo Sarmiento al hacer una lectura sobre la evolución del sector agrario presentada en el diagnóstico, señala: “los fracasos se originaron en diagnósticos inspirados en el libre mercado y […] su mantenimiento conduce a replicarlos”12.

En cuanto al enfoque de política, el PND con-sidera al sector agropecuario y rural como una locomotora de crecimiento, partiendo de lo que sería un aumento sostenido de la produc-ción, por encima del promedio nacional, lo cual es bastante paradójico, si se contempla lo indicado en el mismo texto sobre la evolución sectorial. El crecimiento estaría fundamentado en el aumento en la competitividad y produc-tividad, lo que, desde una lectura capitalista, se entiende como un uso no campesino de la tierra. Planeación erradamente asocia baja competitividad y productividad con agricultura campesina, por lo que propone transformar ésta a agricultura capitalista, desconociendo que:

(a) la finalidad de la economía campesina, no es la maximización de la ganancia en el proceso de producción de alimentos, sino la existen-cia, el desarrollo digno de las dimensiones de la vida y el ejercicio de los derechos humanos;

(b) entre más pequeños son los predios, mayor es el porcentaje de éstos dedicado a produc-ción agrícola, es decir, la parcela campesina es productiva, el latifundio es improductivo13; y

(c) la participación de los campesinos en la producción agrícola es del orden del 67%14.

Por otra parte, en el Plan se incluyen apoyos temporales para la superación de barreras que

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impiden la competitividad, pero contrario a los apoyos entregados a algunos sectores agroindus-triales (como el de las flores y los agrocombus-tibles), se señala la necesidad de implementar compromisos de innovación verificables para “evitar” la “simple transferencia de ingresos de la sociedad a ciertos grupos de particulares”15.

Para superar los “cuellos de botella” del sec-tor, se proponen siete lineamientos estratégicos:

(1) incrementar la competitivi-dad de la producción agropecuaria;

(2) promover los encadenamientos pro-ductivos y la agregación de valor;

(3) ampliar y diversificar los merca-dos agropecuarios externos e internos;

(4) promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en el campo;

(5) mejorar la capacidad para generar in-gresos por parte de la población rural;

(6) promover la equidad en el desarrollo regional rural; y

(7) adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad.

Los anteriores lineamientos dan lugar a las metas propuestas, dentro de sus componentes se destaca para el debate sobre lo agrario y la expansión del capitalismo en el campo:

- La mínima reducción planteada en el área ac-tualmente en uso sin vocación pecuaria (de 20 millones de hectáreas sólo se reducirían 4 mil-lones cuatrocientas mil), lo que significa que se seguirá protegiendo al latifundio ganadero.

- El aumento en área forestal entre el 2010 y el 2019, pasando de 369.203 a 1.394.343 Hectáreas, lo que está asociado con el mer-cado de carbono originado a partir de los mecanismos de mitigación de cambio climático (que lucrará a sectores privados y generará nuevos conflictos territoriales).

- El crecimiento mínimo en el área agrícola pro

puesto para el periodo 2010 – 2014, pasando de 4.604.094 a 5.032.019 Has, lo que deja ver, la continuidad en la importación de alimentos y la no destinación agrícola del 1.500.000 hectáreas de baldíos a adjudicar en el cuatrienio.

- El impulso al biocomercio y al aprovechamiento de la biodiversidad los que contarán con instru-mentos financieros para su incentivo empresarial.

- La promoción de encadenamientos en condi-ciones de desigualdad (empresarios y campes-inos), en las llamadas Zonas de Desarrollo Em-presarial lideradas por la inversión privada y que pueden implicar la transferencia de la propie-dad por parte de los pequeños productores.

Ligado al punto anterior, se presentan las es-trategias para la formalización de la propiedad y adjudicación de baldíos, pensadas como for-mas de modernización del campo y de acceso a la tierra, pero principalmente como formas de acceder al mercado, a los servicios financieros y de asegurar la inversión de la banca privada.

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El gran ausente en el Plan, es el tema de la con-centración de la propiedad de la tierra. Este problema medular del campo colombiano, ap-enas es abordado al hablar de la redistribución de las tierras resultantes de la extinción de do-minio, lo que representa un desconocimiento o un ocultamiento intencional de sus dimen-siones. La concentración en la tenencia de la tierra se evidencia en un coeficiente de Gini cercano al 0,8 y en las cifras sobre propiedad: en el año 2000, las fincas menores de tres hec-táreas correspondían al 1,7% de la superficie y pertenecían al 57,3% de los propietarios, para las fincas de más de 500 hectáreas estos porcen-tajes eran del 0,4% y 61,2%, respectivamente16. El problema de la tierra no se soluciona con la extinción de dominio de predios ligados al narcotráfico17, ni con el ordenamiento de los derechos de propiedad, ni con la conformación de Zonas de Reserva Campesina funcionales a las inversiones en el campo del gran capital.

Al analizar el PND se mantiene la tesis de la re-distribución de la tierra, de la reparación de las víctimas y de un desarrollo rural que incluya al campesinado a sus formas de tenencia y produc-ción agraria. El movimiento campesino y las or-ganizaciones sociales tienen un importante pa-pel que jugar en este cuatrienio ante las políticas agrarias a implementar, de lo contrario se con-solidará el modelo de campo sin campesinos.

Notas al final.

1. Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Pros-peridad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. Bogotá: DNP, 2010. El apar-tado que se analiza en este artículo es el numeral 2, Agricultura y desarrollo rural, del subcapítulo C, Locomotoras para el crecimiento y la gener-ación de empleo, contenido en el capítulo III Crec-imiento sostenible y competitividad. pp. 170 – 186.

2. Es decir desde la maximización de la ganancia, la optimización de costes y de explotación de la mano de obra. Montagut Xavier y Vivas Esther. Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos. Barcelona: Icaria, 2009. p. 9.

3. Básicamente toma elementos de: Visión Colombia II Centenario: 2019; Colombia país minero. Plan na-cional para el desarrollo minero. Visión al año 2019; las agendas internas para la productividad y la com-petitividad y el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Estado Comunitario: desarrollo para todos.

4. Es particularmente interesante que en el texto analizado únicamente se use tres veces la palabra “campesino”.

5. Mondragón Héctor. La organización campesina en un ambiente de terror. Bogotá: ILSA, 2002. p. 5.

6. Corte Constitucional de Colombia. Auto 008 de 2009. MP. Manuel José Cepeda Espinoza.

7. Mondragón Héctor. Acumulación me-diante la guerra. En: Deslinde No 46. Bo-gotá: Cedetrabajo, 2010. pp. 30 – 36.

8. Mondragón Héctor. La institucionali-zación del despojo. En: Etnias & Políti-ca No. 8. Bogotá: CECOIN, 2008. p. 49.

9. Se duplicará producción minera al 2019, según el Ministerio de Minas y Energía. En Portafo-lio. Disponible en: http://www.portafolio.com.co/econom.... Se destacan dentro de los planes min-eros, la implementación de proyectos de extrac-ción de carbón a cielo abierto en zonas como el Catatumbo (Norte de Santander) y la solicitud de concesión de cuatro millones de hectáreas he-cha por la Anglo Gold Ashanti para extraer oro.

10. Ministerio de Agricultura y Desar-rollo Rural. Biocombustibles. Disponible en: http://www.minagricultura.gov.co/02...

11. Las cuales son: baja competitividad y productiv-idad de algunos rubros que tienen una contribución importante en el PIB sectorial; limitada disponi-bilidad de infraestructura para el transporte y la comercialización de los productos agropecuarios; limitaciones para ampliar y diversificar mercados y baja capacidad para enfrentar factores exógenos de corto plazo; y dificultad de la población ru-ral para desarrollar su potencial productivo

12. Sarmiento Eduardo. Las locomotoras. En: El Espectador. Noviembre 20 de 2010. Disponi-ble en: http://www.elespectador.com/columna....

13. Fajardo Montaña, Darío. Tierra, poder político y reformas agraria y rural. Bogotá: ILSA, 2002. p. 4

14. Forero Jaime. Economía campesina, pobreza, tier-ra y desplazamiento en Colombia. En: Forero Jaime (Ed.). El campesino colombiano entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad. Bo-gotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2010. p. 70.

15. Departamento Nacional de Planeación. Op. cit., p. 176. Estos grupos de particulares serían camp-esinos o asociaciones de pequeños productores.


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16. Fajardo Montaña, Darío. Op. cit., p. 5.

17. Algunos estudios señalan que “la estructura de propiedad propiciada por los narcotraficantes puede ser menos concentrada que la del latifundio tradicional”. Kalmanovitz, Salomón y López Enciso, Enrique. La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2006. p. 334.

Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article5202


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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON EEUU Y ACUERDOS DE ASOCIACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA.

LA BIODIVERSIDAD EN LOS TLC CON ESTADOS UNIDOS Y EUROPA: LA CRISIS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN ANDINA

Por Catalina Toro Pérez, ColombiaProfesora de la Universidad Nacional de Colombia

El agotamiento del modelo de la CAN, (Comu-nidad Andina de Naciones) en los procesos re-cientes de negociación de los Tratados de Libre Comercio entre los países andinos y la Unión Europea, revela, no solo la crisis de los procesos de integración entre los países de la región sino también la consolidación de regímenes autori-tarios en países como Colombia y Perú, los cuales menospreciando el consenso social, de-fienden a toda costa la expansión de un modelo extractivo, y privatizador de bienes públicos como la biodiversidad, el agua, los bosques y los recursos minero-energéticos, profundizando un régimen de exclusión que continúan afectando históricamente las comunidades locales en estos países, en especial, las comunidades indígenas.

Uno de los recursos estratégicos cuyo futuro se juega en estas negociaciones es indiscuti-blemente, la biodiversidad. Su inclusión en los TLC andinos, significa la puesta en marcha de los procedimientos jurídicos definidos en los acuerdos comerciales globales, para facilitar y garantizar el acceso a los recursos genéticos de la región así como la privatización de los cono-cimientos tradicionales a través de los sistemas de propiedad intelectual. Ello significa también la legalización de la biopiratería, entendida como la utilización de la propiedad intelectual para legitimar el control, la explotación y el uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad. Ello además de constituir una violación a los dere-chos colectivos de las comunidades locales de la región andina puesto que constituye una forma de privatizar la vida, los conocimientos tradicionales compartidos y sus recursos, afec-ta también a sus comunidades científicas. La norma que define el término de acceso a los re-cursos genéticos, no promueve bajo criterios de transparencia y equidad el desarrollo tecnológi-co de los pueblos. Por el contrario el control y la apropiación de la biodiversidad limita el libre flujo e intercambio de conocimientos y prácti-cas sobre semillas y plantas medicinales entre

los diversos pueblos de la región, introduciendo derechos monopólicos en el sistema alimenta-rio y de salud, asignando formas de consumo, explotación y comercio de los recursos biológi-cos, agudizando la erosión genética y cultural.

Por su importancia estratégica para la región Andina, las negociaciones sobre propiedad in-telectual en relación con la biodiversidad, en los TLC con Estados Unidos y la Unión Euro-pea, revelan una de las facetas de la profunda crisis que atraviesa el proceso de integración en el área andina. Dos posiciones dividen a los países andinos en esta materia: Para Bo-livia y Venezuela, no es posible considerar “...la agricultura, los servicios ambientales, la biodiversidad o los conocimientos como sim-ple mercancía”. Ecuador por su parte prohíbe en su reciente constitución la privatización de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales. En cambio, Colombia y Perú de-fienden a toda costa “la facilitación de su ac-ceso y la protección de los derechos de propie-dad intelectual de las centros de investigación y empresas extranjeras asociadas. Si para los primeros se hace esencial la recuperación de

parte de los gobiernos de “la propiedad y el control sobre sus recursos, reduciendo las enor-mes brechas de desigualdad e injusticia”…“reforzando las capacidades comunitarias de la población, antes asfixiadas por la lógica del lucro y la competencia” (Morales, Recalca, 2009) para los segundos de lo que se trata es de hacer todo lo posible para lograr al máximo su

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aprovechamiento y comercialización, elimi-nando cualquier posible aumento de “costos de transacción” (formas de control estatal o bien posibles signos de resistencia de parte de las comunidades locales) en la negociación en-tre empresas europeas y el Estado. Si bien la diversidad de posiciones en los procesos de integración fue considerada al inicio como un problema de “dos velocidades”, que per-mitiría poco a poco la profundización de la in-tegración regional en el ámbito de la defensa de los derechos de propiedad intelectual y de la inversión extranjera, hemos visto que de los que se trata es de un enfrentamiento entre proyectos políticos de integración diferentes.

Estas diferencias se han evidenciado a lo lar-go de la negociación de los TLC con Estados Unidos y Europa, al interior de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y se agudizan es-pecialmente en el momento de revisar y ade-cuar la Normatividad andina en materia de propiedad Intelectual y acceso a los recursos genéticos (decisión 486 y decisión 391) a los intereses de las grandes bloques hegemónicos. Planteamos entonces que los proceso de nego-ciación de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la UE, revelan no solamente la crisis de los procesos de integración, en lo que se refiere a los desarrollos legislativos y normativos existentes en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en materia de biodiversidad y conocimiento tradicional, sino también rev-elan la situación de derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales en la región. Los TLC en los países Andinos: un “avance” en materia de privatización de la biodiversidadEl Tratado de Libre Comercio con los países andinos tras el fracaso del ALCA, supuso una importancia enorme para los Estados Unidos

y Europa en todos los planos, económico, ge-opolítico y militar. La región andina en par-ticular ha sido considerada la puerta para el acceso a recursos hídricos, forestales, minero energéticos, genéticos considerados materias primas, una de las grandes características de la división del trabajo en América Latina en el cre-cientes intento del capitalismo de acumular me-diante la desposesión (Harvey, 2004, p: 100).

Esta carrera por las materias primas se nos pre-senta hoy con toda su fuerza especialmente en los países andino-amazónicos donde se encuen-tran dos de los ejes de desarrollo estratégicos: El Eje Amazonas y el Eje Andino (Barreda: 2004: 5=36), que poseen una gran importancia estra-tégica para la industria biotecnológica. Estas dos regiones representan el 28% de los recur-sos hídricos mundiales (Ruiz, Caro: 2005); la región Andina-amazónica concentra el 25% del total de la biodiversidad mundial (Geo Andino, 2003: 72). Esta “mega diversidad” solo es posi-ble gracias a la confluencia de factores geográ-ficos y climáticos que favorecen la existencia de gran variedad de ecosistemas naturales marinos, de bosques húmedos tropicales, bosques andi-nos, páramos, sabanas caribeñas, humedales y manglares (Van der Hammen 2003:23).

Y esta megadiversidad constituye una ventaja para una coalición de más de quince empresas farmacéuticas existentes en el mundo, de las cuales, ocho están situadas en Estados Uni-dos, tres en Inglaterra, tres en Suiza, y dos pertenecen a consorcios franco alemanes. Se calcula que cinco de las “empresas de biodi-versidad” que invierten en la identificación de genes y sus propiedades solicitan de inmediato patentes, de manera tal que pueden llegar a po-seer más del 50% de todas las patentes sobre biotecnologías agrícolas. (Suárez, 2005: 204)

En particular, Pfizer el fabricante número uno en productos farmacéuticos en el mundo der-rochó solamente en actividades de cabildeo ante el gobierno de los Estados Unidos para la firma del TLC con los países andinos, más de 2,8 millones de dólares, buscando la extensión de la protección de patentes. (El Tiempo, 2008).

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EL TLC CON ESTADOS UNIDOS: Más allá de la CANLo novedoso del TLC con Estados Uni-dos en relación con la biodiversidad radica principalmente en la facilitación del acceso a recursos genéticos y en el paten-tamiento de plantas y animales, así como la extensión del periodo de las patentes:“Estados Unidos, busca el patentamiento de plantas y animales, procedimientos di-agnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para tratamiento de humanos y animales, de los lla-mados segundos usos, la protección de los da-tos de prueba y el alargamiento del periodo de las patentes y no acepta la protección que los países andinos buscan” (El Tiempo, 2004) .Ello significa modificar las decisiones andinas existentes. En efecto, la Decisión Andina 391 de 1996, rechaza así como la OMC, la natu-raleza de la invención asociada a los seres vi-vos y sus partes, tal como se encuentran en la naturaleza, así como los procesos biológicos naturales o el material biológico existente. Además prohíbe expresamente patentar: “las plantas y los animales y los procedimientos esencialmente biológicos que no sean pro-cedimientos biológicos o microbiológicos” de acuerdo con los ADPIC (CAN: 2000).

Otro “avance” que plantea el TLC con Estados Unidos tiene que ver con lo relativo a la regla-mentación sobre el acceso a los conocimientos tradicionales, no desarrollada por la Comunidad Andina particularmente . Es prudente recordar sin embargo, que la decisión andina 391 había

desconocido las posiciones que las comunidades indígenas presentaron en el momento de la con-vocatoria para la “participación” en la decisión sobre acceso a los recursos genéticos promulgada en 1996. Estas posiciones defendían el carácter colectivo del conocimiento tradicional, su dere-cho al veto sobre procesos de investigación y su negativa a la privatización de sus conocimien-tos y prácticas. La Decisión finalmente terminó contemplando la posibilidad de “establecer contratos conexos en los que podía haber cono-cimiento tradicional asociado” otorgándole la decisión a la autoridad nacional competente.

Nuevas condiciones son impuestas a los andi-nos por los Estados Unidos para la firma del TLC en el 2004: Entre ellas la adhesión de los países andinos a UPOV 91 (el sistema de pro-tección de variedades vegetales) que impediría a los agricultores realizar sin el consentimiento de las empresas, la producción, reproducción o propagación del material “protegido” por las patentes, la venta de este material en el merca-do. Ello significa que el titular, la empresa debe ejercer “su derecho exclusivo” sobre productos de cosecha, material procesado, partes enteras o partes de plantas, cobrando regalías sobre su uso.También obliga a los países firmantes del TLC a adherirse al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos, (virus, bacterias, hongos y amebas, que cumplen una función en los proceso de desarrollo de medicinas y bio-remediación). Este tratado se extiende a líneas celulares de plan-tas embriones, genes de plantas, animales y hu-manos naturales o modificados genéticamente.)¿Qué busca la Unión Europea en los países andinos en materia de biodiversidad?La Unión Europea busca de acuerdo al docu-mento expedido en el 2006: “Una Europa más Global. Competir en el Mundo” (Recalca, 2009). Ello significa firmar acuerdos de libre comercio que vayan más allá de lo contemplado en la OMC, desregular las economías de “los otros” eliminar barreras comerciales, aumentar el acceso a materias primas y a mano de obra barata, y proteger su propiedad intelectual.Las relaciones entre Europa y América Latina no han estado alejadas de la acción de sus mul-tinacionales farmacéuticas, de comunicaciones y de extracción de recursos hídricos y mineros.

Las denuncias en todos los países se han he-cho sentir en los tribunales de los pueblos

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respecto a daños al medio ambiente, violación de derechos laborales, explotación o incluso ca-sos de violencia para controlar la protesta social.

Para la Unión Europea, los TLC firmados en-tre los países latinoamericanos especialmente los TLC entre Colombia y Perú con los Esta-dos Unidos, constituyen la base de la nego-ciación. Su estrategia consiste en solicitar para ellos todo lo concedido a Estados Unidos. Con respecto a la protección de la propiedad in-telectual toda ventaja, favor, privilegio o inmu-nidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediata-mente y sin condiciones a los nacionales de las otras Parte. Es decir, lo que se le conceda a la Unión Europea adicionalmente, se le con-cederá automáticamente a los Estados Unidos.

Como ocurre con el TLC con Estados Unidos, la delegación colombiana, propone la inclusión de las disposiciones sobre biodiversidad, cono-cimiento tradicional y propiedad intelectual en el Acuerdo de Asociación con Europa. Si bien los países andinos sustentaron al comienzo de la negociación un equilibrio entre los dere-chos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los intereses de los países andi-nos, en particular en la educación, la cultura, la investigación, el acceso a medicamentos, la salud pública, la seguridad alimentaria, el me-dio ambiente, el acceso a la información y la transferencia de tecnología, Europa propone

a la CAN adoptar nuevas medidas para pro-fundizar la integración regional en el ámbito de respeto a los sistemas de propiedad intelectual.

Ello significa ajustar su legislación interna y la comunitaria andina al marco de los TLC. Du-rante el primer semestre de 2008, Perú no sólo promulga noventa y nueve decretos legisla-tivos gracias a la delegación de facultades que le otorga el congreso para implementar el TLC con Estados Unidos (Barandiarán, 2008), tam-bién presenta con apoyo de Colombia a la CAN su propuesta de revisión de la Decisión Andina 486, en lo que se refiere a la propiedad intelectual y la propuesta base de negociación en el marco del Acuerdo de Asociación (AdA) con Europa en materia de biodiversidad y conocimientos tradicionales. Su propuesta corresponde a uno de los compromisos más complejos asumidos en el TLC con Estados Unidos: la compensación por demoras irrazonables en las oficinas de patentes y la protección de la denominación de origen condicionada al principio “marcario” de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir la designación del origen a las em-presas que hayan declarado haber descubierto “primero” los recursos, y no el país de origen. Eu-ropa también defiende nuevas disposiciones para asegurar una efectiva observancia de los dere-chos y obligaciones sobre propiedad intelectual para evitar procesos “innecesariamente compli-cados o gravosos, plazos injustificables o retra-sos innecesarios” en la obtención de las patentes.

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Europa también condiciona la firma del TLC a la adhesión de los países andinos la UPOV 91, el Tratado de Cooperación en materia de Pat-entes (PCT), el Tratado sobre el Derecho de Pat-entes (PLT), y el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de mi-croorganismos a los fines de procedimientos en materia de patentes y su extensión en el tiempo.

Las obedientes delegaciones de Colombia y Perú terminan aceptando y defendiendo la propuesta de modificación de la ya endeble, legislación andina. Demostrando con ello que el saqueo de la biodiversidad, en los países an-dinos solo resulta posible, con el aval de una elite nacional, que responde a intereses propios correspondientes a los Estados capitalistas cen-trales, de donde provienen las corporaciones biotecnológicas y sus socios. Si bien estas pro-puestas se presentan a nombre de la soberanía sobre los recursos genéticos de los países, pre-sente en sus constituciones, en la práctica se convierten en la defensa de la soberanía de los Estados y sus elites nacionales, para facilitar y otorgar el acceso a los recursos genéticos y aplicar los derechos de propiedad intelectual a empresas extranjeras sobre especies, plantas y animales. Reiteradamente continúan recono-ciendo la importancia de los componentes de la biodiversidad, genes, especies y ecosistemas y su valor estratégico (entendido como valor monetario) para satisfacer las necesidades ali-mentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial, omitiendo sin embargo la soberanía alimentaria de los países andinos. En ese sentido su articulación con los acuerdos comerciales avanza, incluso mas allá de la dis-cusión en la OMPI y en el marco de la OMC.

Al reconocer que la Comunidad Andina no dis-pone de una norma comunitaria que regule, de manera general, el acceso a los conocimientos tradicionales, Perú y Colombia proponen la creación de un régimen especial para el acceso de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y el desarrollo del mecanismo que lo legitimaría: el consentimiento fundamentado previo, el cual aclaran seria potestativo y no mandatorio por lo tanto su ausencia no implicaría una revisión de una patente. Ello significa “avanzar” en térmi-nos de permitir que el conocimiento tradicional sea objeto de una patente de inversión por parte de un tercero, europeo o estadounidense. Por

último, la propuesta andina defendida por Perú y Colombia, también propone una distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de su acceso y utilización por parte de empre-sas extranjeras, lo cual es rechazado claramente por los países europeos. Para estos últimos la compensación consiste en capacitar a los examinadores de patentes en el país en el es-tudio de solicitudes relacionadas con recursos biológicos, genéticos, sus derivados y sus cono-cimientos tradicionales asociados para evitar cualquier tipo de controversia relacionada con infracciones o violaciones de las condiciones y los términos en que se concede dicho acceso.

Lo que queda claro es que bajo las normas de DPI vigentes en el mundo y en los países an-dinos no es posible proteger y defender la bio-diversidad y el conocimiento tradicional de la biopiratería. Eso solo es posible mediante la NO aplicación de ninguna forma de propiedad intelectual sobre cualquier forma de vida y so-bre el conocimiento (Semillas 38, 2009:47). La posición por parte de Colombia y Perú, a instancias de Estados Unidos y Europa, busca convertir la CAN en un mero organismo ase-sor (una vez modificada su normativa en ma-teria de propiedad intelectual y acceso) para la promoción de los TLC olvidando la disposición constitucional de dar prioridad en las rela-ciones internacionales a la integración andina y latinoamericana. En tal sentido el gobierno boliviano y venezolano se han pronunciado sobre el incumplimiento de la Decisión 598 de la CAN respecto a la obligación de considerar las sensibilidades de todos los socios andinos cuando se suscriban tratados con terceros países.

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- Barreda, Andrés, (2004) Geopolítica de los Recursos Naturales y Acuerdos Comerciales en América Latina. Foro Boliviano de Desar-rollo y Medio Ambiente. Pp. 5-36, http://www.fobomade.org.bo/publicaciones/docs/1.pdf.

- Delgado Ramos, Gian Carlo, “El carácter agroeconómico y geopolítico de la Biodiversidad. El caso de América Lati-na”. Gestión Ambiental y conflicto so-


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- Diario, El Tiempo, Revista, Portafo-lio “Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre E.U. y Colombia piden Wal Mart, Caterpillar y Pfizer”, Diario el Tiem-po, 18, 06, 2008 < http://www.portafolio.com.co/negocios/comercioext/2008-06-18

- Harvey, David, “El nuevo Imperial-ismo: acumulación por desposesión”, en El nuevo Desafío Imperial. Clacso,2004 Ministerio de Comercio Exteriores, Tratado de Libre Comercio Colombia , Estados Unidos, 2006

- Ruiz-Caro, Ariela, Los recursos natu-rales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Santiago de Chile, Ed. CEPAL—Naciones Unidas, 2005, p. 28

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VersosSencillos(fragmento)

Yo soy un hombre sinceroDe donde crece la palma.Y antes de morirme quieroEchar mis versos del alma.Yo vengo de todas partes,Y hacia todas partes voy: Arte soy entre las artes,En los montes, monte soy.Yo sé los nombres extrañosDe las yerbas y las flores,Y de mortales engaños,Y de sublimes dolores.Yo he visto en la noche oscuraLlover sobre mi cabezaLos rayos de lumbre puraDe la divina belleza.Alas nacer vi en los hombrosDe las mujeres hermosas:Y salir de los escombrosVolando las mariposas.He visto vivir a un hombreCon el puñal al costado,Sin decir jamás el nombreDe aquella que lo ha matado.Rápida, como un reflejo,Dos veces vi el alma, dos:Cuando murió el pobre viejo, Cuando ella me dijo adiós.Temblé una vez –en la reja,A la entrada de la viña.—Cuando la bárbara abejaPicó en la frente a mi niña.Gocé una vez, de tal suerteQue gocé cual nunca: --cuandoLa sentencia de mi muerteLeyó el alcalde llorando. Oigo un suspiro, a través De las tierras y la mar,Y no es un suspiro, --esQue mi hijo va a despertar.Si dicen que del joyeroTome la joya mejor

Tomo a un amigo sinceroY pongo a un lado el amor.Yo he visto al águila heridaVolar al azul sereno,Y morir en su guaridaLa víbora del veneno.Yo sé bien que cuando el mundoCede, lívido, al descanso,Sobre el silencio profundoMurmura el arroyo manso.Yo he puesto la mano osada De horror y júbilo yerta,Sobre la estrella apagadaQue cayó frente a mi puerta.Oculto en mi pecho bravoLa pena que me lo hiere:El hijo de un pueblo esclavoVive por él, calla, y muere.Todo es hermoso y constante,Todo es música y razón,Y todo, como el diamante,Antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierraCon gran lujo y con gran llanto,--Y que no hay fruta en la tierraComo la del camposanto.Callo, y entiendo, y me quitoLa pompa del rimador:Cuelgo de un árbol marchitoMi muceta de doctor.

VSi ves un monte de espumas,Es mi verso lo que ves:Mi verso es un monte, y esUn abanico de plumas.Mi verso es como un puñalQue por el puño echa flor:Mi verso es un surtidorQue da un agua de coral.Mi verso es de un verde claroY de un carmín encendido:Mi verso es un ciervo heridoQue busca en el monte amparo.Mi verso al valiente agrada:Mi verso, breve y sincero,Es del vigor del aceroCon que se funde la espada.


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XEl alma trémula y solaPadece al anochecer:Hay baile; vamos a ver La bailarina española.Han hecho bien en quitarEl banderón de la acera;Porque si está la bandera,No sé, yo no puedo entrar.Ya llega la bailarina:Soberbia y pálida llega:¿Cómo dicen que es gallega?Pues dicen mal: es divina.Lleva un sombrero toreroY una capa carmesí:¡Lo mismo que un alelí!Que se pusiese un sombrero!Se ve, de paso, la ceja,Ceja de mora traidora:Y la mirada, de mora:Y como nieve la oreja.Preludian, bajan la luz, Y sale en bata y mantón,La virgen de la Asunción Bailando un baile andaluz.Alza, retando, la frente;Crúzase al hombre la manta:En arco el brazo levanta:Mueve despacio el pie ardiente.Repica con los taconesEl tablado zalamera,Como si la tabla fueraTablado de corazones.Y va el convite creciendoEn las llamas de los ojos,Y el manto de flecos rojosSe va en el aire meciendo.Súbito, de un salto arranca:Húrtase, se quiebra, gira:Abre en dos la cachemira,

Ofrece la bata blanca.El cuerpo cede y ondea;La boca abierta provoca;Es un rosa la boca:Lentamente taconea.Recoge, de un débil giro,El manto de flecos rojos:Se va, cerrando los ojos,Se va, como en un suspiro...Baila muy bien la española;Es blanco y rojo el mantón:¡Vuelve, fosca a su rincón,El alma trémula y sola!

XIYo tengo un paje muy fielQue me cuida y que me gruñe,Y al salir, me limpia y bruñeMi corona de laurel.Yo tengo un paje ejemplarQue no come, que no duerme,Y que se acurruca a vermeTrabajar, y sollozar.Salgo, y el vil se deslizaY en mi bolsillo aparece;Vuelvo, y el terco me ofreceUna taza de ceniza.Si duermo, al rayar el díaSe sienta junto a mi cama:Si escribo, sangre derramaMi paje en la escribanía.Mi paje, hombre de respeto,Al andar castañetea:Hiela mi paje, y chispea:Mi paje es un esqueleto.

José Martí


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Causas y consecuencias de los megaproyectos y las trasnacionales en el sector rural colombiano

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