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CATALUNYA: COMPROMISO CON LA

INDUSTRIA, CON SOBERANÍA ENERGÉTICA

POSICIÓN DE LA CONC SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA

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ÍNDICE

1. Industria, energía y crisis

2. Recursos energéticos y actividad económica

3. La industria, pilar y eje del cambio de sistema económico

4. El sector de la energía

5. El sistema eléctrico

6. Pobreza energética

7. Cambio de modelo productivo. Cambio de modelo energético

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Industria, energía y crisis

El mundo, sobre todo las economías industriales, se encuentra hoy inmerso

en un conjunto de cambios sistémicos para transformar las bases materiales, energéticas y tecnológicas hacia un nuevo paradigma de

desarrollo sostenible. La civilización industrial tiene que hacer frente a la escasez de recursos y al impacto medioambiental del modelo energético. La huella ecológica, que es inherente al modelo de crecimiento económico y

demográfico, amenaza con el colapso en un horizonte no lejano, en este mismo siglo, si no hay un recambio del modelo económico, energético,

cultural y de bienestar.

Los límites físicos del modelo de crecimiento están cuestionando la

continuidad del sistema industrial. Se manifiestan en el medio ambiente y en el medio social con desequilibrios climáticos, escasez de recursos y

hambrunas, con desigual reparto en el planeta. Lo que se encuentra amenazado es el propio sistema productivo por el riesgo de desabastecimiento energético y de materias primas, poniendo en riesgo la

misma base generadora de crecimiento y de bienestar. La crisis actual, que es la suma de crisis diversas, es síntoma de un final de ciclo e inicio de un

cambio regenerador del sistema productivo con base tecnológica, con la irrupción de nuevos productos, servicios, industrias e infraestructuras que definen el nuevo paradigma tecnoeconómico1.

La revolución tecnológica se impone progresivamente trasladando el

conocimiento científico y la tecnología a los procesos productivos. Y sustituye viejos productos, servicios e infraestructuras por otros. La maduración tecnológica da paso a una nueva industria en unos procesos de

reconversión y de reindustrialización. Lo que llamamos cambio de modelo productivo es justamente la traslación del conocimiento y la tecnología a la

producción industrial de bienes y servicios nuevos, respondiendo a las necesidades, condiciones y exigencias en el marco de una planificación con bienestar sostenible.

La actual crisis, como ha sucedido en el pasado, combina cambio

tecnológico con cambio de fuente energética. No es posible abordar la sostenibilidad sin cambio de modelo energético por razones obvias de agotamiento de las fuentes fósiles, de contención de emisión de gases de

efecto invernadero y de coste económico. Pero existe también una razón de oportunidad de relanzamiento industrial porqué la transformación del

sistema industrial y el recambio de fuentes energéticas exigirá cambiar el destino de los capitales hacia inversiones para la reconversión tecnológica y de las infraestructuras, actuando de motor de desarrollo y de creación de

puestos de trabajo.

No obstante, existen poderosas resistencias al cambio, mayores cuanto más amenazada se ve la vieja estructura productiva, camino de la obsolescencia. Los intereses de mercado de lobbies económicos e industriales, anclados en

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la cultura del consumo y la visión del corto plazo, secuestran las decisiones

políticas que deben impulsar el cambio de rumbo. El capital financiero, fugitivo de la empresa industrial en los dos últimos decenios, se ha

refugiado en inversiones especulativas a la espera de mejor expectativa de ganancias en la futurible nueva industria de molde tecnológico y energético.

Recursos energéticos y actividad económica

El agotamiento de reservas de combustibles fósiles, considerando la

evolución del consumo mundial y la demanda creciente arrastrada por las economías emergentes así como por el crecimiento de la población mundial

que es actualmente del orden de 1.000 millones de personas cada doce años, se prevé en torno al año 2040 para el petróleo y el gas natural, en

2050 para el uranio y 2060 para el carbón. Aunque estas previsiones pueden variar según la fuente consultada, si bien no de manera significativa, es la tendencia decreciente que, junto con el aumento de la

demanda, hace prever un progresivo e imparable incremento de precios en el transcurso de la primera mitad de siglo, con el previsible colapso en caso

de no disponer de alternativas.

Según el último informe de la International Energy Agency (IEA) el futuro

se prevé con una gran probabilidad de aumento de los precios del crudo, con unas inversiones para satisfacer las crecientes necesidades energéticas mundiales de 48 billones hasta el 2035. Las inversiones para sostener el

aprovisionamiento de energía son astronómicas, pero en qué dirección hacerlas no está tan claro.

Mientras la energía renovable crece hasta satisfacer hoy el 19% del consumo final global (datos de la IEA, 2012), y aumenta notablemente el

número de países de economías emergentes con políticas de apoyo a las renovables, reducen no obstante su apoyo algunos países europeos y EEUU.

Las grandes inversiones hechas en los EEUU en prospección, extracción y transporte de combustibles no convencionales (shale oil, y shale gas), tendentes a convivir hasta el límite con el modelo actual, abren unas

expectativas que pueden cambiar transitoriamente el mapa mundial de la energía. No obstante, el elevado coste y la plausible baja rentabilidad de

estas inversiones plantean bastantes dudas, enfrentando a defensores y detractores. También, hay que tener presente que, según la IEA, hay que

dejar intacto más de dos tercios de todas las reservas de combustibles fósiles disponibles en la actualidad para tener la oportunidad de evitar un calentamiento global catastrófico, más allá de un aumento de dos grados

centígrados de temperatura media del planeta.

En definitiva, el foco de la solución es por ahora confuso e incierto. Mientras

algunos países como los EEUU fían sus expectativas de aprovisionamiento a corto plazo en los hidrocarburos no convencionales, algunas ciudades,

estados y regiones europeas están ya optando por transitar hacia escenarios de abastecimiento con fuentes mayoritariamente renovables, encarando soluciones definitivas hacia mediados del presente siglo.

Debemos ser capaces de caminar hacia ese objetivo común sin dejar de

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lado las actuales fuentes de energía, aunque su paulatina sustitución es ya

un hecho.

Las cuatro principales economías asiáticas: China, India, Japón y Corea del Sur, consumen más de la mitad del petróleo mundial. Las tensiones producidas por el aprovisionamiento y la seguridad energética hacen que el

panorama global experimente nuevas tensiones geopolíticas dado el fuerte impulso de la demanda actual, y sobre todo futura, de los países

emergentes. Las tensiones se manifiestan ya en países como Ucrania, con relación al gas procedente de Rusia, y en Oriente medio o el norte de África.

Es en este contexto que aparecen nuevos actores de Norteamérica (EEUU y Canadá) como productores y exportadores netos de energía (hidrocarburos

no convencionales). La "revolución" anunciada por la explotación de yacimientos de Shale oil y shale gas extraídos mediante fracking no son tal revolución sino la explotación comercial de unas reservas ya conocidas pero

inexploradas hasta ahora por la complejidad técnica y el elevado coste de extracción, así como por su inferior calidad. En definitiva, unos

hidrocarburos con una muy baja tasa de retorno energético. Con todo, los EEUU piensan alcanzar una autonomía energética gracias a las reservas de hidrocarburos no convencionales, a pesar de que los costes de prospección

y producción de las petroleras no hacen más que crecer y la producción disminuye globalmente. La productividad de las inversiones en bienes de

capital de estas empresas ha caído en un factor de cinco desde el año 2000 2 dado que para mantener la producción hay que invertir mucho en

nuevos pozos con poca rentabilidad y con importantes impactos ambientales. La expectativa de una caída de ganancias en las empresas

petroleras presagia una posible fuga de los capitales inversores (fondos de pensiones y otros inversores de renta fija) hacia "bonos verdes" invertidos en energías renovables.

El caso de los EEUU con el fracking genera expectativas de extender estas

explotaciones a otras partes del mundo, también a Europa. En España hay iniciativas para la búsqueda de hidrocarburos en aguas de Baleares y Canarias, y en tierra, mediante fracking, en varias provincias. Hay, no

obstante, importantes resistencias por el impacto medioambiental derivado de la extracción con fractura hidráulica, además de los impactos en el sector

turístico. En otros países europeos hay también mucha resistencia social. Las posibilidades de que prosperen explotaciones mediante fracking depende sobre todo del compromiso de los gobiernos. La Asociación Shale

gas, que reúne a las empresas interesadas en explotar el gas no convencional mediante fractura hidráulica, instó al gobierno a tomar

medidas legislativas para compensar propietarios de suelo y municipios con el fin de vencer las barreras sociales, así como flexibilizar la exigencia ambiental. El mal precedente del almacén subterráneo de gas, proyecto

Castor, demuestra como estos grandes proyectos geológicos sólo se llevan a cabo si hay un compromiso gubernamental que asuma costes, riesgos e

indemnizaciones, que se acaban trasladando a los ciudadanos. Sin embargo, la opción de los hidrocarburos no convencionales está hoy sobre la mesa con partidarios y detractores.

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La industria, pilar y eje del cambio de sistema económico

La crisis ha puesto serios interrogantes a la praxis de la economía neoliberal

descubriendo debilidades y contradicciones. Mientras años atrás se ha proclamado tanto la idea de una economía de valor añadido no productiva, la desmaterialización de la industria, las inversiones de corto plazo, la

deslocalización de manufacturas..., a menosprecio del complejo ecosistema industrial catalán fruto de una trayectoria histórica no improvisada, el país

ha perdido el aliento y la capacidad de reacción ante los cambios que se vislumbran. Lo mismo se respira en el conjunto de Europa, salvo algunas excepciones.

La crisis ha abierto los ojos a unas economías, las europeas, que suscriben

de pleno la estrategia Horizonte 2020 para recuperar el pulso industrial, dedicando los fondos estructurales a la especialización de las regiones, la innovación, mejoras competitivas y la relocalización de manufacturas. En

Catalunya, la sociedad ha reclamado más industria como respuesta a la crisis. El colectivo "Pacte per a la industria a Catalunya" de los agentes

sociales y económicos ha hecho un llamamiento al Gobierno para retomar medidas de política industrial que lleven a Catalunya a liderar nuevamente la producción en la mayor parte de los sectores productivos, a incrementar

las exportaciones y mejorar la base competitiva de la industria. Hoy en Europa ya nadie duda de que las economías con más peso en los sectores

industriales son las más dinámicas y con menos paro.

CCOO propone para salir de la crisis un modelo económico de base

industrial. En Europa, la transición hacia una economía baja en carbono debe ser un gran proyecto industrial 3 . En consecuencia, en los próximos

años, Catalunya tiene que desplegar políticas activas que hagan frente a las principales carencias e insuficiencias del tejido económico tales como: la

pequeña dimensión de la empresa, la tendencia a la terciarización y la pérdida de manufacturas, así como una baja intensidad tecnológica y bajos

presupuestos para la investigación y la innovación, la modesta producción de patentes y la excesiva dependencia del crédito para la financiación corriente. A las debilidades hay que añadir en los últimos años pérdidas de

competitividad debido a la todavía elevada intensidad energética de los procesos productivos que, sumado al creciente coste de la energía, pone

contra las cuerdas de la viabilidad algunos sectores intensos en consumo energético. La energía se percibe hoy como uno de los retos principales para la competitividad de las empresas.

El equilibrio entre la exigencia medioambiental, la necesidad de crear

empleo y la mejora de la competitividad de las empresas son la clave de una ecuación que se resuelve principalmente en el sector industrial. La energía es una de las variables principales del complejo equilibrio. Para

CCOO, hacer frente a la crisis del modelo energético, lastrado hoy por una enorme dependencia exterior y por la progresión creciente del precio de los

hidrocarburos significa impulsar una transición hacia un nuevo modelo de producción industrial con otras soluciones tecnológicas, con otras fuentes energéticas y con mayor justicia distributiva. Un modelo económico con

bajas emisiones donde las mejoras de la competitividad de las empresas no dependan de la reducción de salarios ni de la precarización contractual sino

de la modernización de la industria, la disminución de la intensidad

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energética, y del fomento del ahorro mediante inversiones en tecnología

más eficiente en la producción, el transporte y la gestión del negocio.

Para CCOO, el tránsito hacia un nuevo modelo económico basado en la industria y en el cambio de modelo energético, debe saber compaginar el cambio con la preservación de la ocupabilidad de los trabajadores/as, y

sobre todo la sensibilidad para comprender la diversidad de nuestra afiliación.

El sector de la energía

En Catalunya, el petróleo es responsable del principal consumo de energía primaria con el 47,2% del consumo total, seguido después del gas natural con el 24,6% y de la energía nuclear con el 20,1% 4 . Fuentes todas ellas de

importación que generan dependencia exterior. Catalunya debe equilibrar

en la medida de lo posible su mix de consumo en favor de las fuentes propias de energía y de las tecnologías renovables para minimizar el actual desequilibrio ahora favorable a las fuentes no renovables de importación.

En cuanto al consumo final, los productos petrolíferos representan

prácticamente la mitad del consumo, destinados sobre todo a combustibles. El mayor consumo corresponde a los sectores del transporte (41%) y la industria (27%), el sector doméstico (16%) y los servicios (12,3%).

Las actividades del sector energético en Catalunya son mayoritariamente

las de refinado y petroquímica, y la energía nuclear, todas ellas ubicadas fundamentalmente en la provincia de Tarragona.

En España, la estructura del consumo es muy similar. Los productos petrolíferos representan el 51% del consumo final, y el gas natural, el 14,8%. Las renovables en conjunto representan el 7,2% del consumo total

de energía final. La dependencia energética de España ronda actualmente el 75%. La factura anual por importación de combustibles fósiles es de

aproximadamente 45.0000 millones de euros, y es con diferencia la principal factura de la balanza comercial con el exterior.

El subsector del refino de petróleo ha sido y es todavía una industria estratégica para la enorme dependencia que tenemos de productos

petrolíferos para el transporte y la movilidad, la industria química básica y otros sectores productivos intensivos en el uso de energía que la utilizan como input básico. Depende casi en exclusividad de las importaciones de

crudo en más del 99%. El único yacimiento (plataforma Casablanca) en aguas de Tarragona produce tan sólo el 0,16% de la demanda global del

Estado.

El uso principal del petróleo refinado es como combustible (75%). Además

también se usa para la obtención de plásticos, fibras y cauchos sintéticos, detergentes, abonos nitrogenados. El sector presenta una elevada

concentración empresarial. La capacidad de refino se reparte entre tres grandes compañías: Repsol (63%), Cepsa (28%) y BP (9%).

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En sintonía con la caída de la demanda de energía que afecta globalmente a

los países de la OCDE, en España la caída de la demanda interna de productos de refinería fue en 2012 del orden del 6%, lo que ha conllevado

un aumento de la exportación del 31% en el mismo año, y una reducción de la importación del 28%. La caída se ha moderado en 2013 (-4,7%). No obstante, el coste de la importación de combustibles fósiles llegó en 2012

hasta los 45.000 millones de euros, la principal carga de la balanza comercial exterior de la economía española.

El subsector del gas natural ha experimentado en España y en Catalunya un importante crecimiento, sobre todo para su uso en las centrales de

generación eléctrica de ciclo combinado de gas. El aprovisionamiento (la práctica totalidad del gas se importa) se hace a través de gasoductos desde

el norte de África y desde Europa, o bien con buques de transporte de gas licuado. Simultáneamente ha crecido una red de infraestructuras de regasificación, distribución y almacenaje de gas bajo la gestión de la

empresa ENAGÁS que actúa en régimen de monopolio regulado. En Catalunya Gas Natural Fenosa es la empresa propietaria de la red de

distribución. Esta empresa ostenta el 37,7% de cuota de mercado en la comercialización del gas.

El subsector eléctrico en Catalunya tiene como principal fuente de generación la energía nuclear (50% de la producción eléctrica total),

seguida de las centrales de ciclo combinado de gas (18,3% en 2013). La generación eólica en Catalunya ocupa el séptimo lugar del Estado. Con un total de 42 parques eólicos operativos a finales de 2013 y una potencia total

instalada de 1.272,32MW, representa el 5,86% del total de potencia del Estado. La principal empresa de comercialización y distribución es Endesa,

entre un total de 99 empresas comercializadoras.

El sector de las energías renovables es un sector genuinamente

tecnológico, industrial y claramente exportador. Su contribución a la

balanza comercial española, según la patronal APPA, fue en 2012 de 724 millones de euros (2% de crecimiento interanual). La contribución directa al PIB del sector renovable en España atribuible a la actividad industrial fue de

7.411 millones de euros (4,8%) en 2012 y la indirecta de 3.152 millones. La contribución total del Sector fue en 2012 del 1% del PIB de España.

En relación a las diferentes tecnologías de renovables, la que más aporta porcentualmente es la solar fotovoltaica (31,65%), la eólica (27,44%), la

solar termoeléctrica (18,39%) y la biomasa eléctrica (12,4%).

El sector ha sufrido una pérdida progresiva de puestos de trabajo desde

2008 como consecuencia de la moratoria a las energías renovables y la situación de inestabilidad regulatoria. En el año 2012 se contabilizaron un

total de 113.899 puestos de trabajo, 8.618 menos que el año anterior, y 23.623 puestos de trabajo menos que en 2008 Las tecnologías que han perdido más empleo en 2012 son la termoeléctrica, con (5.973), y la eólica

(3.811).

El sistema eléctrico

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En cuanto al sistema eléctrico, los retos son muchos y el desbarajuste

notorio. El mercado eléctrico sufre de una mala regulación, con prácticas oligopolistas que tienden a encarecer el KWh. El sistema integrado español

tiene una sobrecapacidad de generación por una serie de condicionantes que tienen más que ver con la mala planificación y con intereses no tanto del sistema como de algunos actores de éste.

La causa principal de la sobrecapacidad generadora del sistema eléctrico

español es el fulgurante desarrollo de las centrales térmicas de ciclo combinado de gas natural, y el también importante crecimiento de la eólica. Entre 2000 y 2012 los ciclos combinados de gas han pasado a ser la

primera tecnología en potencia instalada (27.123MW), todo un récord teniendo en cuenta que el año 2000 no había ni un solo MW instalado. La

eólica alcanzó en 2013 una potencia total instalada de 21.049MW, siendo la segunda en importancia.

Si bien la sobrecapacidad constituye un factor de diversificación y de seguridad en el soporte del sistema eléctrico, el sobredimensionado parque

de generación, que duplica la potencia pico o momento de máxima demanda, dificulta no obstante la amortización de las inversiones realizadas sobre todo en centrales de ciclo combinado. El error en las previsiones y la

planificación se ha visto agravado por el gran desarrollo de la generación renovable al amparo de incentivos a las tecnologías limpias, siguiendo las

recomendaciones de las directrices europeas para reducir las emisiones de CO2 y para impulsar el cambio de modelo energético.

La consecuencia de este exceso es que la producción de las centrales de ciclo combinado de gas se ha visto notablemente reducida a partir de 2008

por la progresiva aportación de las renovables al sistema. Esto está suponiendo un lastre financiero para las empresas propietarias, que se las compensa mediante el mecanismo de pago por capacidad. Estas empresas

compensan los KWh que dejan de producir por una prima a la que tienen derecho por tener las centrales en todo momento a disposición para

absorber eventualmente la demanda no satisfecha del sistema.

La causa más alegada del déficit de tarifa es la actualmente extinta

retribución a la generación eléctrica en régimen especial, que afecta a las renovables y a las tecnologías no renovables con cogeneración. Las primas

al KWh producido en régimen especial, así como otros costes derivados de las políticas para el fomento de la eficiencia energética impulsadas por el IDAE también cargan sobre los costes del sistema, añadiendo más deuda.

No obstante, si bien es cierto que las primas al régimen especial han contribuido a la maduración tecnológica del sector renovable y al impulso

industrial de este sector en España, a la diversificación del "mix nacional", la reducción de la dependencia tecnológica exterior, y la minoración de emisiones de gases de efecto invernadero, siguiendo las directivas de la UE,

también hay que tener presente que estos sectores donde tanto se ha invertido tecnológicamente no han sido ajenos a cierre de empresas,

despidos y cierta precarización del empleo.

Se ha argumentado, mayoritariamente desde el sector gasista, que las

primas a las renovables son la causa principal del déficit de tarifa. En cambio hay que reconocer que el gran desarrollo de las renovables ha

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situado España en la punta de lanza de la nueva industria de la energía en

el mundo. En rigor, el coste de las primas no es la causa principal del déficit ya que a las primas recibidas por las renovables hay que descontar tanto el

impacto económico de evitar importaciones de combustibles como el de evitar la emisión de gases de efecto invernadero. En cualquier caso, las primas han facilitado el desarrollo de sectores tecnológicos líderes en el

mundo que exportan por más de 2.000 millones anuales como el eólico, el solar térmico y el termosolar, este último actualmente a la cabeza mundial

pero perdiendo ventaja dada la política regresiva del gobierno español en relación a las renovables.

La necesidad de hacer frente al déficit de tarifa, cuyo principal componente de la deuda es su propia financiación, es la causa por la que se explicaría el

fuerte incremento de las tarifas eléctricas. Es cierto que en España la tarifa eléctrica para los consumidores domésticos es de las más altas de Europa. Y sobre todo de las que más se ha incrementado en los últimos años, dados

los aumentos insuficientes registrados en años anteriores. No es así para las tarifas industriales, donde España se encuentra por debajo de la media de

los países europeos incluyendo los industrialmente más competitivos como Dinamarca y Alemania en la mayor parte de franjas de consumo a excepción de la franja de menor consumo, en la que aun así Alemania nos

supera en precio 5 . La verdad sobre el déficit de tarifa sigue siendo una

incógnita dado que el Parlamento español ha imposibilitado la realización de una auditoría del sistema eléctrico propuesta por el grupo parlamentario Izquierda Plural.

Política regulatoria del sector eléctrico y las renovables. Como se ha

comentado, la caótica política regulatoria del sector de las renovables, con vaivenes, moratoria de los incentivos económicos para la generación en régimen especial, la no actualización de primas mediante el IPC, la abolición

de la modalidad de mercado más prima, el recorte de horas de producción, nuevos impuestos.... ha sumido al sector de las renovables, sobre todo a

partir del RD 1/2012, en una crisis de desmantelamiento de empresas con pérdida de empleo, paralización de proyectos, e incertidumbre de la viabilidad de sus inversiones.

Las reformas legislativas y regulatorias de los gobiernos, especialmente

desde la entrada del Gobierno de Rajoy, han cambiado completamente las condiciones sobre las que se había invertido en el sector de las renovables, creando una fuerte inseguridad jurídica. Las reacciones no se han hecho

esperar. Empresas e inversores han denunciado al gobierno de España ante instancias judiciales internacionales.

La involución regulatoria en el sector tuvo un momento de inflexión en el RD-ley 1/2012 por el que se procedió a suspender los procedimientos de

pre-asignación de retribución en las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. La desaparición de las primas, que el

gobierno justificó por el hecho de haber superado ampliamente los objetivos de potencia previstos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER), supuso un frenazo al crecimiento de la industria que se había desarrollado

fulgurantemente durante los años anteriores.

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En febrero de 2013, el RD-ley 2/2013 de Medidas urgentes en el sistema

eléctrico y en el sector financiero, introduce con carácter retroactivo medidas que eliminaban sin previo aviso el sistema de "mercado más

prima", con la justificación de terminar con el déficit de tarifa. La consecuencia fue una caída de las inversiones en energías renovables cercana al 96% en el primer trimestre de 2013, cuando estas energías

aportaban en el mismo periodo (primer trimestre de 2013) casi la mitad (48,6%) de la producción eléctrica total.

La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de

suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. La ley impone un peaje nuevo de apoyo que encarece el

autoconsumo hasta el punto de hacerlo más gravoso que el suministro eléctrico convencional. El actual borrador de la norma reguladora del autoconsumo establece que los consumidores sujetos a cualquier modalidad

de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida.

La orden ministerial IET/1045/2014, derivada del RD413/2014 de 6 de junio, aprueba nuevos parámetros retributivos aplicables a instalaciones de

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. La nueva normativa retributiva pone en un serio

aprieto a las plantas de secado de purines con gas, las cuales ven abocadas al cierre. Se trata de plantas relativamente nuevas con créditos bancarios que tendrán muy difícil su continuidad. De hecho, en Catalunya han cerrado

la mayoría de las instalaciones, ocasionando al mismo tiempo un grave problema en el sector porcino que ahora debe replantearse como gestiona

los purines.

La actividad legislativa del gobierno en materia de regulación del sector

eléctrico no ha hecho más que contradecir las directivas europeas, generar inseguridad jurídica entre los inversores, las empresas del sector renovable

y los consumidores 6 .

Retos del sector eléctrico. Los retos principales que debe afrontar el sector eléctrico son la planificación de un mix de generación que contemple

la transición hacia un nuevo modelo basado en las energías renovables. Ordenar el mercado con retribuciones justas para cada tipo de central de generación ajustada a sus costes, de acuerdo a la madurez y grado de

amortización. Apoyar la estrategia de eficiencia y ahorro de energía e incentivar el cambio de modelo para las tecnologías renovables que precisen

aún impulso y maduración. Regular la autogeneración para fomentar en lo posible la generación eléctrica distribuida con autoconsumo. Fomentar la electrificación de la movilidad y el transporte. Diversificar la concurrencia de

agentes productores y comercializadores para acabar con el actual oligopolio. En definitiva, planificar según los intereses de los ciudadanos con

el fin de desarrollar una nueva industria energética de alto valor tecnológico con capacidad exportadora.

La planificación debe apuntar hacia una matriz eléctrica renovable pero gestionando la situación presente para asegurar paralelamente la máxima

capacidad asumible con fuentes libres de carbono, con seguridad y calidad

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de suministro mediante fuentes redundantes o de apoyo, y mediante una

gestión eficiente de la curva de carga. La ampliación de las interconexiones eléctricas con el sistema europeo. Una planificación para la electrificación de

la movilidad para que ésta absorba a medio plazo la capacidad de generación de las térmicas de ciclo combinado, facilitando su amortización sin que ello suponga un freno a la expansión continuada de las renovables

hasta la cobertura final del 100% de la demanda.

CCOO de Catalunya se compromete con una estrategia para transitar del actual modelo basado en combustibles de origen fósil a otro fundamentalmente con fuentes renovables. La transición debe contemplar

un período de tiempo suficiente para facilitar la transformación tecnológica y laboral de los puestos de trabajo en los subsectores implicados. Así como

para mantener el sistema dentro de unos límites que garanticen la seguridad de suministro y no creen tensiones excesivas de mercado. Ahora bien, la transición debe ser planificada, desplazando progresivamente las

inversiones hacia el objetivo del cambio de modelo, con la mirada puesta en el objetivo pero sin perder de vista la realidad actual representativa de

CCOO en estos sectores.

Tan sólo con una planificación hecha con rigor y determinación se podrá

sustituir el actual modelo por otro renovable sin comprometer las actuales inversiones en tecnologías no amortizadas. Una planificación que signifique

reconvertir sectores industriales maduros en nuevas actividades enfocadas al nuevo modelo para impulsar con decisión una reindustrialización en el sector energético. Planificar también la conversión de puestos de trabajo en

nuevas actividades para mantener e incrementar el empleo en las empresas de la energía. Impulsar a la vez con la transición energética sectores

tecnológicos que en Catalunya ya se organizan en los clústeres de la automoción, biotecnología, smartcities, eficiencia energética, energía solar,

ferroviario, iluminación, materiales avanzados, motocicleta, etc 7 .

Pobreza energética

El encarecimiento de la energía, y en concreto de la electricidad, está teniendo unas derivadas sociales con impacto sobre las familias que no

pueden pagar la factura eléctrica, con la consecuencia del corte de suministro que sufren familias empobrecidas por la crisis. En Catalunya casi el 13% de la población declara que no puede mantener la vivienda a una

temperatura adecuada 8 . Las consecuencias comportan pérdidas en salud,

bienestar…

Se pone de manifiesto que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y

el desempleo, sobre todo el de larga duración, el incremento de precios de la energía y la baja calidad de la edificación (más del 50% de los edificios

fueron construidos antes que se aplicara cualquier normativa de regulación térmica) son la causa de la llamada pobreza energética.

Las medidas aprobadas por el Gobierno de la Generalitat para impedir la interrupción del suministro de gas y electricidad a las personas en situación

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de vulnerabilidad económica son insuficientes por restrictivas y porque sólo

contemplan el aplazamiento de la deuda, contribuyendo a aumentar el endeudamiento de las familias, empeorando así la situación de precariedad.

Cambio de modelo productivo. Cambio de modelo energético

La crisis que se ha instalado en Catalunya, agravada por los episodios de recesión de la economía que tienen lugar desde 2008, es de tipo estructural dado el debilitamiento del tejido productivo catalán, la pérdida de peso de la

industria y los excesos de una economía especulativa cultivada durante los dos últimos decenios. El desempleo es el síntoma y a la vez la consecuencia

de un fenómeno que no es coyuntural sino estructural, y no se recuperará volviendo a crecer a niveles aceptables sin una reindustrialización.

Difícilmente la actual coyuntura, de tímida recuperación del PIB, podrá absorber los puestos de trabajo perdidos desde 2008 sin una reconversión

industrial o, lo que es lo mismo, sin un cambio de modelo productivo. El cambio de modelo no vendrá dado automáticamente por la irrupción de nuevo conocimiento y la consecuente sustitución tecnológica, sino que

dependerá de que se tomen decisiones estratégicas con el fin de crear nuevos escenarios de inversión y nuevas oportunidades de mercado.

Decisiones, en definitiva, de país. Los gobiernos han de trazar, mediante los instrumentos legislativos y de planificación, el camino de los cambios trascendentes en materia de política económica e industrial. Esto es

planificación energética y planificación para impulsar los sectores industriales estratégicos por encima de los intereses coyunturales del

mercado y de los lobbies que intentan dirigir la economía hacia sus intereses.

En el marco de las recomendaciones de la Comisión Europea para una industria más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica, ésta

describe unas líneas prioritarias de actuación para facilitar la inversión en nuevas tecnologías e innovación: mercados para las tecnologías avanzadas de fabricación con vistas a una producción limpia; mercados para las

tecnologías facilitadoras esenciales (nanotecnología, microelectrónica, biotecnología industrial, materiales avanzados y fotónica); mercados de

bioproductos, política industrial sostenible, construcción y materias

primas; vehículos limpios; redes inteligentes 9 .

Los gobiernos deben optar y comprometerse para dirigir las inversiones y la

planificación hacia objetivos, en los que el cambio de modelo energético les afecta de manera transversal. No hay ninguna duda de que el modelo industrial del siglo XXI se desarrollará sobre la base de una transición

planificada desde el escenario actual hacia un sistema con fuentes energéticas limpias y libres de carbono, la electrificación de la movilidad y el

transporte, la movilidad sostenible, la producción de materias en biorrefineria, etc. Una planificación energética que no contemple estos escenarios no servirá. Y aun servirá menos la ausencia de planificación,

dejando que sea el poder de los lobbies económicos y financieros los que conduzcan el futuro.

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CCOO de Catalunya insta al gobierno de Catalunya y al de España, y al

resto de agentes económicos y sociales a suscribir un Pacto de Estado para emprender una planificación energética y del sistema eléctrico a largo plazo

para transitar hacia un modelo con fuentes renovables, previendo la sustitución progresiva de las actuales fuentes de hidrocarburos y nuclear. Que impulse asimismo los sectores y subsectores energéticos e industriales

para desarrollar industria propia con creación de puestos de trabajo. Que impulse el desarrollo en el territorio catalán de las infraestructuras

energéticas de generación, transporte, almacenaje y distribución para alcanzar al final de la transición una plena soberanía energética. Que impulse las infraestructuras de interconexión con la Península y resto de

Europa para la integración del sistema eléctrico en la red europea, necesaria para dar robustez al sistema eléctrico europeo.

CCOO de Catalunya quiere cooperar con los agentes sindicales, empresariales, el mundo profesional y académico y con las instituciones del

país para buscar juntos estrategias encaminadas al cambio de modelo energético.

Barcelona, octubre de 2014

1 Ver "Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecnoeconómicos" Carlota Pérez, 2 Presentación de Kopits 3 Energy and climate goals for 2030. Comisión Europea 4 ICAEN, 2009. 5 Análisis comparativo de la electricidad en Europa. Gorka Bueno UPV, 2014 Fuente datos EUROSTAT. 6 Para más detalles ver "Energias Renovables y Política Climática e Industrial" de la Confederación Sindical de CCOO, Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente, de marzo de 2014. 7 Clústers de Catalunya. Anuari 2013 Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 8 Informe anual sobre la Industria en Catalunya 2013. 9 Comisión Europea, "Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las Regiones". COM (2012) 582 final