Quito, 8 de diciembre de 2015

DoctorCarlos PólitCONTRALOR GENERAL DEL ESTADOPresente

C/C Fiscal General Galo Chiriboga ZambranoMinistro de RNNR Carlos ParejaProcurador del Estado Diego García CarriónPresidente Consejo de la Judicatura Gustavo JalhPresidente de la Corte Nacional de Justicia Carlos RamírezFiscal de Pichincha de Delitos de la Fe Pública

De nuestra consideración:

ASUNTO: FISCAL Y JUEZ DESCONOCEN INFORME CON RESPONSABILIDAD PENAL DE CONTRALORÍA POR CASO DE PECULADO EN PETROECUADOR

La Contraloría General del Estado, mediante informe numero DA3-0041-2012, aprobado el 28 de septiembre de 2012, dio a conocer los resultados del examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato, para la compra de diesel premiun, adjudicado el 26 de agosto de 2011, por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR. En el referido informe se debe resaltar el hecho de que la máxima autoridad de control del Estado, estableció indicios de responsabilidad penal en contra de las autoridades de EP Petroecuador, encargadas del referido proceso contractual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El caso, más que por el monto, por la forma, es de una grosera corrupción. Señor Contralor, este es un procedimiento muy parecido a brujería petrolera, donde las máximas autoridades de EP Petroecuador, en agosto de 2011, adjudicaron la compra de un cargamento de 240 mil barriles de diesel Premium, con un costo de USD 36,7 millones, a la compañía PMI de México, dos días después de que el buque salió de Texas (USA) con el combustible rumbo a Esmeraldas. Además, la adjudicación de realizó a una compañía (PMI) que a esa fecha no tenía ese combustible, pues lo compró a una intermediaria descalificada en Ecuador (Glencore) y, además ofertó un precio más alto que las otras oferentes, como quedó demostrado en las denuncias y en las investigaciones. En efecto, la adquisición del referido cargamento de diésel, realizado por la EP Petroecuador, fue un proceso ejecutado al margen de la normativa, que además generó un perjuicio de 1,87 dólares por barril (US/BL), unos 448.800 dólares por el buque.

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Meses después de presentadas denuncias públicas y a varios organismos del Estado, la Fiscalía inició la indagación previa teniendo como base varios informes, que fueron el resultado de profundas investigaciones, entre las que se destacan: 1) las denuncias presentadas a la Fiscalía General del Estado, por el asambleísta Cléver Jiménez, el periodista Fernando Villavicencio, y el ex asambleísta Galo Lara Yépez; 2) el informe emitido por la Contraloría General del Estado, que determinó responsabilidades penales en contra de varios funcionarios de la empresa pública; 3) el informe de la Comisión Especial creada por el Directorio de EP PETROECUADOR, el cual igualmente determinó graves irregularidades en el citado proceso; y, 4) varios documentos oficiales presentados por el entonces Viceministro de Recursos Naturales (actual Ministro), Carlos Pareja Yanusseli. Todos estos documentos estaban en conocimiento del Agente Fiscal de Pichincha, Esteban Ballesteros Hurtado.

De forma asombrosa, Señor Contralor, mediante providencia de 22 de abril de 2013, el Juez Primero de Garantías Penales de Pichincha (Temporal), Francisco Javier Onofa Medina, dispuso el archivo de la causa iniciada por la Fiscalía. La decisión del Juez señala que, “no existen elementos de convicción“ para proseguir con la etapa procesal, y que uno de los denunciantes, el ex asambleísta Galo Lara Yépez, “...NO SE HA OPUESTO al pedido realizado por fiscalía“, de archivar la causa.

La providencia fue emitida a petición del Agente Fiscal de Pichincha, Esteban Ballesteros Hurtado, pese a que la representante del Contralor General del Estado, Mónica Patricia Narváez Padilla, en la misma audiencia se opuso al pedido de desestimación, señalando que existe un informe con responsabilidad penal, el cual no ha sido considerado, por el Fiscal y el Juez.

No está por demás Señor Contralor, recordar la resolución de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 154 de 19 de Marzo de 2010, la cual dispone que: ”el fiscal interviniente....debe solicitar a la Contraloría General del Estado, la práctica de la auditoria gubernamental sobre tales hechos, así como la remisión del informe respectivo que, de establecer indicios de responsabilidad penal, ha lugar al inicio de la instrucción fiscal...”. Señor Contralor, el país es testigo, de que en múltiples ocasiones, la Fiscalía para intentar justificar su inacción en la investigación de delitos contra el erario público, exige a la Contraloría la presentación de informes con responsabilidad penal, para sustentar su acusación; pero, en este caso resulta que, cuando el ente de control remite el informe a la Fiscalía con responsabilidad penal, aparece un inescrupuloso Agente Fiscal (Ballesteros) en sospechosa armonía con un Juez Temporal, y resuelven archivar el proceso, poniendo a la luz una presunta protección y encubrimiento de los delitos y de sus autores.

Los acusados atacan

La deleznable providencia de un Juez Temporal -nombrado apenas 22 días antes- de archivar el mencionado proceso judicial teniendo tantas evidencias, sirve hoy de plataforma para una insólita indagación previa, esta vez solicitada por uno de los involucrados, a esa fecha la máxima autoridad de la empresa pública EP Petroecuador, Marco Calvopiña, en contra de uno de los denunciantes, Fernando Villavicencio, por haber difundido esas y otras

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investigaciones en el libro “Ecuador Made in China“. Efectivamente, ahora el ciudadano Calvopiña de acusado se transforma en acusador, y apunta los dardos contra mi. La denuncia lo formalizó Calvopiña en la Fiscalía, no a través de los abogados de Petroecuador, que se cuentan por decenas, sino contratando los servicios del bufete privado Vizueta & Asociados, con un costo aproximado de medio millón de dólares -como consta en la proforma adjunta- dinero que sale del bolsillo del pueblo ecuatoriano.

Si la máxima autoridad de EP Petroecuador, ha iniciado una indagación previa en mi contra por difundir en el libro “Ecuador Made in China“, las conclusiones de las investigaciones que determinaron las irregularidades en la adquisición de diesel a PMI, y si tan falsas son mis denuncias, me parece discriminatorio y con dedicatoria, que no se haga extensivo el proceso judicial a todos quienes coincidimos, de una u otra forma, con la cuestionada contratación. Me refiero al propio Contralor, Carlos Pólit; al Jefe de Auditoría 3, Galo Carrillo; al actual Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja; y a los miembros de la Comisión Especial: Leonardo Durán Semanate, delegado del Secretario Nacional de Transparencia (Edwin Jarrín); Luis Muñoz Carrasco, delegado del Secretario Nacional de Planificación SENPLADES (René Ramírez); Carlos Alvear Guzmán, delegado del Ministro de Sectores Estratégicos (Jorge Glas); y, Carlos Pareja Yanusseli, delegado del Ministro de Recursos Naturales (Wilson Pastor).

¿Cómo entender que, un examen especial de Contraloría con responsabilidad penal; las conclusiones del informe de la Comisión de alto nivel creada por el Directorio de EP Petroecuador; la investigación realizada por el legislador Cléver Jiménez; y, decenas de documentos y declaraciones de funcionarios petroleros, confirmando las irregularidades y perjuicios, le lleven al Juez Temporal a la conclusión de que no existen elementos de convicción, y decida archivar el caso, porque uno de los denunciantes, Galo Lara, no se habría opuesto al pedido de desestimación? ¿De cuando acá, en un caso de derecho público, el Fiscal y el Juez consultan al denunciante si está de acuerdo con el archivo del proceso? Y más preocupante que, no conformes con haber archivado un caso de peculado y dejado en la impunidad, ahora se inicie la persecución judicial en contra del periodista que publicó los resultados de las investigaciones realizadas por los más altos estamentos de control del país.

Repasemos los hechos para transparentarlos ante el Ecuador, y descubrir dónde está la verdad, y quiénes pretenden conjurar la impunidad y la corrupción:

1) Proceso de importación de diesel

El viernes 19 de agosto de 2011, la Gerencia de Comercio Internacional de la EP PETROECUADOR, convocó a un concurso para la compra de un cargamento de Diesel Premium, las ofertas debían presentarse el día 26 de agosto de 2011. Es decir, las interesadas solo tenían entre el lunes 22 y el viernes 26 de agosto para adquirir el producto, contratar el buque y tramitar los documentos. La ventana solicitada por Petroecuador para la entrega del producto fue agosto 31 – septiembre 2. Las ofertas presentadas fueron las siguientes:

Ofertas presentadas para la importación de diesel Premium

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CITIZEN ARKHAM PMI BLUE OIL

U$ 14,79 U$ 13,50 U$ 13,87 U$ 12,00

Como se aprecia, la mejor oferta económica era la de Blue Oil, pero la Subgerencia de Comercio Internacional la eliminó, por no cumplir con las ventanas de descarga (Agos.-31 - Sep.-2) de 2011, y adjudicó el cargamento a PMI, que aceptó cumplir con las ventanas planteadas por Petroecuador, pese a existir una diferencia de 1,87 U$/BL sobre la propuesta de Blue Oil. En este caso no se aplicó el numeral 24 de los Términos de Referencia de otros concursos, según el cual, el Subgerente de Comercio Internacional, tenía toda la discreción del mundo para negociar con la empresa que presente la mejor oferta económica, aunque incumpla los demás términos de las bases.

Como he referido antes, parece brujería. Según la documentación oficial, el manifiesto de carga, señala que el buque ANICHKOV BRIDGE, con el cargamento de diesel Premiun, con destino a Esmeraldas - Ecuador, a nombre de PMI, salió del Puerto Corpus Christi – Texas, el 24 de agosto de 2011, es decir, dos días antes, de la fecha para la apertura de los sobres. Además, según el Bill of Lading (Conocimiento de Embarque), el cargamento lo realizó la compañía intermediaria Glencore, una empresa inhabilitada a esa fecha, para contratar en Ecuador. Lo cual demuestra además que la estatal PMI, no tenía el combustible, y como es ya práctica común en el país, algunas empresas estatales extranjeras se prestan para que poderosos intermediarios (traders) hagan negocios con hidrocarburos.

La razón para descalificar a la mejor oferta económica, Blue Oil, fue que no podía cumplir con las ventanas de descarga y se generaría desabastecimiento. Pero, resulta que PMI tampoco cumplió con las ventanas, pues el buque llegó el 4 de septiembre de 2011, es decir 2 días después de la fecha límite planteada por Petroecuador, y acabó de descargar el 6 de septiembre de 2011. ¿Por qué, Comercio Internacional no pidió a Blue Oil, ajustar las ventanas, si se trataba de mejorar el precio para el país. ¿Por qué no pidió a la estatal PMI que mejore el precio, igualándose a lo propuesto por Blue Oil?. Son interrogantes que hasta hoy, tanto Marco Calvopiña, como Nilsen Arias, no han querido responder, por el contrario persiguen judicialmente al periodista que investigó y denunció el caso.

2) La denuncia de Carlos Pareja

El viceministro de Recursos Naturales, de ese entonces, Carlos Pareja Yanusseli, al conocer el caso, elevó una comunicación al ministro Wilson Pastor, pidiendo se investigue y se sancione a los responsables de este hecho, donde de antemano las empresas extranjeras saben que van a ganar los “concursos“ y tienen cargados los buques con destino a nuestros puertos.

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En la comunicación, el ingeniero Carlos Pareja le dice al ministro Pastor “… que, pese a que la adjudicada es la estatal PMI, las siglas de la referencia del documento son GLE, que en el mercado corresponde a la compañía GLENCORE, empresa que se encuentra en la lista de las contratistas incumplidas con el Estado ecuatoriano. Es decir la estatal PMI, no tenía el producto requerido por Petroecuador y recurre a un trader para que le provea el producto, involucrando un elemento más en la cadena, encareciendo el producto para Petroecuador.“ La carta agrega: ”Cuando le consulté a la Gerencia de Comercio Internacional lo extraño de que una compañía tenga el manifiesto de carga, el Bill of Lading y el certificado de origen con el cargamento exacto de diesel premium que requiere la EP PETROECUADOR, consignado al Banco Central del Ecuador, dos días antes de la entrega de las ofertas por parte de los oferentes, en su contestación a través de una ayuda memoria, sin firma de responsabilidad, señaló que: “esto es un procedimiento normal”. (…) Y esto solo podría ocurrir por una de dos cosas: o el Gerente de esa empresa es adivino y sabía que su compañía iba a ganar el concurso y embarcó el producto con destino puerto de Esmeraldas- Ecuador, o nos encontramos frente a una figura muy especial, que amerita una investigación profunda. Es que efectivamente pueden existir muchos casos en que un trader tenga un cargamento listo en un barco y este puede cambiar de destino según su conveniencia, pero en ningún caso, puede ese cargamento tener un certificado de origen con destino puerto de Esmeraldas, consignado al Banco Central del Ecuador”.

3) Emergencia no comprobada

El entonces gerente Marco Calvopiña, justificó la “urgencia” de la compra, a fin de evitar un posible desabastecimiento del producto. Esta supuesta urgencia lo confirmó Calvopiña en una entrevista en Radio Exa, donde dijo: “Había urgencia y no se contrató a Blue Oil porque no llegaba a tiempo y, además, tocaba hacer trasbordos del combustible, lo que tarda más”.

Sin embargo, en la versión rendida en la Fiscalía por Lauro Pazmiño, coordinador de Gestión Marítima del Terminal de Balao en Esmeraldas, se explicó que no había tal emergencia. El Fiscal, José Jiménez, preguntó a Pazmiño: ¿Indique si podría darse un desabastecimiento en el caso anterior?. Y la respuesta del funcionario fue: “No, no está dentro de la tolerancia permitida, que es de un máximo de 15 días”. Las declaraciones de Pazmiño muestran que existía abastecimiento suficiente para 15 días. El funcionario de Balao especificó también que, “en relación a los embarques, aquí se efectúan los operativos con todos los procedimientos y la normalidad del caso, una vez que se recibe la instrucción de la Gerencia de Comercio Internacional en Quito”, que está a cargo de Nilsen Arias, Subgerente de Comercialización de EP Petroecuador.

Entre las razones para no calificar la propuesta de Blue Oil Trading Limited, que ofertó para la mencionada transacción un diferencial de 12 dólares por barril, frente al de PMI de 13,87 dólares por barril, -es decir una pérdida para el Estado de 1,87 US/BL-, se planteó que el producto no se entregaría en el tiempo que requería EP Petroecuador y, según la propia versión de Marco Calvopiña, la descarga “hubiese demorado más tiempo”. Pero, Lauro Pazmiño

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afirmó al fiscal que el cargamento de la estatal mexicana PMI llegó dos días más tarde de la fecha acordada. El argumento central de Comercio Internacional para descalificar la oferta de Blue Oil, fue que no podía cumplir con la ventana de entrega, pero a la final PMI tampoco cumplió las bases y, para hablar en los términos de “urgencia“ que usó Calvopiña, se puso en riesgo el abastecimiento de diesel.

4) La presencia de Glencore

La presencia de un intermediario como Glencore, a tras de la estatal PMI, convertida en otra intermediaria, efectivamente constituye un hecho irregular, por cuanto, como sostiene el ex Viceministro Pareja, incrementa los costos del producto, pero además, porque vulnera y mancha el rol de las compañías estatales, quienes aparecen como cortinas para negocios privados. Pero, el rol de Glencore, no es nuevo, desde el año 2009, luego de haber sido retirada del registro por contratista incumplida, ha venido entregando combustibles a través de PDVSA, directamente, aunque también se escuda en otras empresas intermediarias, como Citizen, así lo señaló el entonces Presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo, el 21 de agosto de 2009, a través de Oficio No. 35-CAD-JV-2009, dirigido a Diario el Universo, en el cual dice: “A través de los años bajo diferentes nombres como Rich Company, Rescor, Glencore y amparado en otras compañías como Citizens, Río Energy ha controlado más del 60% del mercado de exportación PETROLERO como intermediario”.

5) Informe de la Comisión Especial

El informe de la Comisión conformada por el Directorio de la EP PETROECUADOR, confirma la denuncia de que, en el caso de la compra de 240.000 barriles de diesel premium a la Compañía PMI Trading Limited, se generó un perjuicio de 1,87/Bl, además de que el buque salió con destino a Esmeraldas el 24 de agosto del año 2011, desde Texas EE UU, es decir que, -cual pitonisa- dos días antes de que se abran los sobres ya sabían que iban a ganar el concurso. En la parte pertinente, la Comisión señala: “La salida de un Buque con el pedido exacto requerido por EPP en volumen y calidad desde CORPUS CHRISTI – TEXAS con destino ESMERALDAS – ECUADOR y como consignatario el BCE y/o EPP, de fecha 24 de agosto del 2011, ocurrió dos días antes de que se abran los sobres en EPP.“

6) Informe de la Contraloría

La Controlaría General del Estado, a través de la Dirección de Auditoría 3, con fecha 28 de septiembre de 2012, aprueba el informe del examen especial, practicado a los procesos precontractual, contractual y ejecución del contrato para la compra de diésel premium, adjudicado el 26 de agosto de 2011, por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, cuya conclusión central dice: “como resultado del análisis a los procesos precontractual, contractual, ejecución para la adjudicación de 240 000 barriles de diésel premium a la compañía estatal PMI Trading Limited, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 11 de octubre de 2011, se emitió en forma independiente el informe con indicios de responsabilidad penal, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 65 y 67 de la Ley Orgánica de la

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Contraloría general del Estado”.

Petición

Señor Contralor, hechos como el expuesto, no debían quedar en el olvido, no solo porque se desconoce el informe en firme del máximo organismo de control del país, sino porque se ha mancillado a la justicia, al haber desestimado y archivado un caso de peculado, con suficiente prueba para que los autores, cómplices y encubridores de este delito estén en la cárcel; por esa razón investigué y ejerciendo mi obligación de periodista y mis convicciones éticas, escribí el libro “Ecuador Made in China, cuya primera edición fue publicada en enero del 2013 y la segunda en febrero del mismo año. Esto Obviamente, trajo la ira y el odio al periodista y autor del libro, por lo que debían buscar la forma de enjuciarme y callarme; pero se equivocaron, porque a mi nadie me ha podido comprar ni me ha podido silenciar o atemorizar, por el contrario doy la cara, para que la verdad salga a la luz y los funcionarios y empleados responsables de Petreecuador, puedan ser sancionados, pues se trata de un delito de peculado y éste como tal es imprescriptible. Si no es hoy, por las circunstancias plenamente conocidas por el pueblo ecuatoriano, será mañana, pero ya llegará su hora, llegará la luz ( Anexo 5).

Sin embargo que EP Petroecuador, cuenta con decenas de Abogados, se atreven a cometer un nueva ilegalidad, cuando el señor Marco Calvopiña, Gerente General de esta empresa, contrató al estudio jurídico Vizueta &Asociados S.A. para enjuiciar penalmente al autor del libro ECUADOR MADE IN CHINA, trabajito cotizado en la desorbitante suma de USD 580.000, valor que, como se manifesta en su oferta de servicios profesionales es neta, libre de impuestos, costas, gastos procesales, movilizaciones, hospedajes y otros, dentro y fuera del país; indudablemente, una maravilla y un festin de los fondos públicos, característica de este gobierno.

Usted señor Contralor, es un Juez de Cuentas, con amplias facultades que le otorga la Constitucion de la Republica, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento, no puede dejar de auditar y realizar exámenes especiales, sobre actos y contratos, como es el caso de la referida contratación del estudio Juridico. Si quería el señor Calvopiña, debía pagar al estudio de su bolsillo, porque el libro Ecuador Made in China, se refiere a una serie de irregularidades e ilegalidades comeditas por funcionarios de Petroecuador, quienes a través de sus actos han perjudicado al Estado ecuatoriano.

Por lo expuesto, solicito a usted señor Contralor, disponga un examen especial al proceso de contratación del Estudio Juridico Vizueta & Asociados, a fin de establecer las responsabilidades de orden adminsitrativo y civil, facultad propia de la Contraloría, y los indicios de responsabilidad penal que exisitieren, debiendo mantenerse vigilante, pues no es posible que, fiscales y jueces, desestimen y archiven los informes de la Contraloria General del Estado.

Firmo con mi abogado

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Fernando Villavicencio Valencia Dr. Manuel Rodríguez DalgoPeriodista

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