CASO DE CONFLICTO:

RODOLFO ORELLANA: MAFIA AMAS 100 MILLONES DE DLARES

El abogado y empresario que es el cabecilla de una red de estafa y lavado de activos quelogr amasar unos US$ 100 millones.

Pero quin es realmenteOrellana y por qu se dice esto de l?

La primera denuncia que apareci contra este empresario en la prensa se remonta a junio del 2005. La hizo elColegio de Abogados de Lima (CAL). En ese entonces, este gremio dio a conocer que le haban retirado la confianza a Orellana por sus malos manejos presupuestales, por haber tomado decisiones unilaterales y por una serie de inconductas cuando estaba al frente de la Direccin de Economa del CAL. l, por supuesto, se declar inocente de los cargos.

Paralelamente, en elMinisterio Pblicoya le seguan el rastro, pues exista la sospecha de que comandaba una organizacin dedicada al trfico de terrenos y al lavado de activos.

Pero eso fue solo el preludio de una serie de denuncias que luego presentaran personas perjudicadas por este empresario de 50 aos, nacido en Tocache.

Una de ellas esGiovanni Paredes, quien logr, luego de una interminable batalla judicial contra los allegados a Orellana, recuperar su propiedad: el camal de Yerbateros.

Paredes sindic a este empresario, en televisin nacional, como el jefe de una mafia dedicada al trfico de terrenos. Rodolfo Orellana Rengifo es un gnster jurdico que, a travs de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus legtimas propiedades, afirm Paredes en setiembre de 2011.

CMO LO HACIA?

La primera de ellas:el laudo arbitral para despojar a los privados de sus propiedades.

Orellana se aprovecha de que existe un vaco legal en la ley de arbitraje para crear un falso proceso arbitral que termina en un laudo declarado como cosa juzgada. El verdadero propietario recin se entera de esta operacin cuando ya est inscrita en Registros Pblicos y lo estn por desalojar, seala.

Para realizar este tipo de operaciones, Orellana contaba con el apoyo de un equipo de notarios, jueces, policas e incluso funcionarios municipales. Bajo este mecanismo, cerca de 100 personas y asociaciones se han visto despojadas de sus bienes.

La segunda modalidad que emple Orellanafue la creacin de liquidadoras que levantaban las hipotecas de los bancos.

Ellos se aprovechan de un vaco en la ley concursal y simulan una deuda con el propietario de un bien que le est adeudando al banco. Esto se da a travs de un testaferro de Orellana. Ellos utilizan empresas liquidadoras para fabricar una deuda y ejecutar la liquidacin. Al final, este proceso termina en un remate, y as los embargos, hipotecas y todas las deudas con la entidad financiera se cancelan. Cuando el banco se entera de lo que hicieron, ya es demasiado tarde, sostiene.

El tercer artilugio era laemisin de las cartas-fianza de Coopex.

Esta cooperativa las elabora para que sean presentadas por empresas constructoras a los respectivos organismos del Estado con el fin de demostrar su solvencia en un proceso de licitacin. Una vez concretado el contrato, estas compaas piden un adelanto por la obra, pero despus no cumplen con la obra y sencillamente desaparecen. La fiscala ha denunciado que, a travs de Coopex, Orellana ha estafado al Estado por ms de S/.56 millones, pues estas cartas seran falsificadas.

Para tener xito, Coopex tuvo entre sus socios a ex jueces, figuras polticas, personajes vinculados tanto al narcotrfico como al trfico de terrenos.

Detectivismo:

Si hablamos del engranaje con el que funcionaba estared delictiva, no se puede dejar de mencionar a su operador de choque: el coronel PNP (r)Benedicto Jimnez, quien fue abogado de Orellana yhoy est preso en Piedras Gordas.

Jimnez y su patrocinado fundaron en junio del 2008la empresa Investigaciones Corporativas S.A.C. En ella tambin particip el coronel (r) scar Cnepa Ruiz, quien, segn inform la revista Caretas, fue destituido de su institucin por cambiar 45 kilos de cocana por sal en un almacn de la divisin antidrogas que tena la polica en Ayacucho. Segn la ficha de inscripcin, esta firma capta todo tipo de informacin usando mtodos como el detectivismo.

El congresista Garca Belaunde sostiene que esta empresa es usada como fachada para realizar acciones de espionaje. Un informe de la Procuradura Anticorrupcin seala que Orellana habra suministrado a la corrupcin que liderCsar lvarezen Ancash informacin obtenida mediante interceptacin telefnica.

Red de impunidad:

Durante aos, Rodolfo Orellana consigui operar de esta manera. Consigui armar una red de fiscales y jueces gracias a que, entre otras cosas,Asociacin de Jueces Unidos por la Democracia, ONG creada por l,firm con el Poder Judicial una red para capacitar magistrados.

Adems, Orellana cre la revista "Juez justo", mediante la cual difamaba a los fiscales, jueces y procuradores que lo investigaban y exaltaban a quienes lo encubran.

Lavado de activos:

Los millones queRodolfo Orellana y sus cmplices obtuvieron en todos estos aos, de acuerdo a la fiscala, han sido lavados a travs de una serie de empresas. Hoy se conoce que sus allegados viajaron a parasos fiscales, que el hijo adoptivo de Orellana, Churchill Orellana,lav dinero a travs de 9 empresas, y que incluso Benedicto Jimnez y sus hijosparticiparon de estas actividades.

Rodolfo Orellanasiempre se jactde conocer muy bien la ley. Virtud que, como ya conocemos, habra convertido en vicio para as identificar vacos y deficiencias legales que le habran permitido penetrar en diversas organizaciones pblicas a efectos de cometer actos delictivos.

No obstante, sorprende en particular la facilidad con la que se vulner una institucin que justamente es la encargada de velar por la seguridad y la transparencia del trfico jurdico en el pas: la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos (Sunarp).

Inocencia interrumpida:

La sunarp es una entidad del estado adscrita alministerio de justiciaque se encarga de inscribir actos y transferencias sobre ciertos bienes muebles y bienes inmuebles cuando as lo solicitan los propios interesados.

La finalidad del registro es garantizar pblicamente que quien vende un inmueble, por ejemplo, sea el verdadero propietario de este y as evitar posibles fraudes. en principio cuenta con recursos para verificar que los actos que se pretenden inscribir sean lcitos.As, existen normas que establecen los requisitos y plazos que permiten el registro o transferencia de bienes y aseguran la participacin de un notario en las transacciones, lo que constituye un primer filtro ante cualquier intento de acto fraudulento.

Adems, la Sunarp opera bajo sistemas electrnicos que permiten conocer a la ciudadana quin es el propietario de un inmueble para facilitar que se realicen negocios de manera segura. Todo ello bajo el seguimiento de un funcionario (registrador) que determina, finalmente, si procede la inscripcin de cualquier transaccin.

No obstante, la presunta red criminal que habra encabezado RodolfoOrellana transgredi sistemticamente dichos mecanismos de defensa para apropiarse de inmuebles en perjuicio de sus legtimos propietarios. Esta situacin dej en evidencia que estos recursos presentan serias carencias y son insuficientes.

El arte del engao:

El sindicato de trabajadores de la Sunarp se negaba la responsabilidad de sus miembros y afirmaba que Rodolfo Orellanautilizaba principalmente dos modalidades para estafar a la entidad: presentacin de documentacin falsa y de laudos arbitrales.

Sobre el primer caso, la ex registradora Yolanda Zaplana explica que existe un grave problema para identificar documentos fraguados. Si bien los registradores analizan la legalidad de las solicitudes (ttulos) que ingresan al registro para su inscripcin, no existe un rea de peritaje que permita garantizar la autenticidad de los documentos.

ANTECEDENTES:

Sus vnculos con la red de corrupcin de ncash

No hay parte en el pas donde no se hable del empresario y abogado Rodolfo Orellana Rengifo. Su nombre est relacionado a supuestos actos de corrupcin y hechos delictivos que han causado asombro por la forma cmo se gestaron y cmo perduraron impunemente durante muchos aos.

Asociacin ilcita, lavado de activos, estafa, trfico de drogas y de terrenos, pertenecientes al Estado y particulares, son los graves delitos por los que se le investiga y por los que una Sala Penal ha ordenado su detencin preventiva. Pese a que este letrado mova sus hilos desde la capital, no es un desconocido en el departamento de ncash.

La Procuradura Anticorrupcin de la Provincia del Santa ha pretendido vincularlo a uno de los casos de corrupcin ms grandes de la historia de nuestra regin: La Centralita.

CUL FUE SU PARTICIPACIN:

De acuerdo a la informacin ofrecida por fuentes de esta entidad del Estado, el empresario Rodolfo Orellana tendra relacin con el principal operador de La Centralita, el presidente regional suspendido de ncash, Csar lvarez Aguilar, mediante la participacin que tuvo su empresa Cooperativa de Ahorro y Crdito Para Empresas Exportadoras (Coopex), en la licitacin de obras de impacto en el Gobierno Regional de ncash (GRA).

Sucede que tras una investigacin de Inteligencia Financiera, se descubri que Coopex emiti indebidamente en todo el pas al menos 54 cartas fianza, sin contar con la autorizacin de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

CONSTRUCTORAS:

Estos documentos ilegales eran ofrecidos a empresas constructoras que ganaban licitaciones o contratos con entidades pblicas. La finalidad era hacer acreditar solvencia y seriedad de las compaas que iba a ejecutar la obra, pero se descubri que esas cartas fianza eran supuestamente falsificadas debido a que Coopex no contaba con el respaldo econmico. Una vez que se adjudicaba una obra pblica y cobraba un adelanto, se hacan humo.

Pese a ello, Rodolfo Orellana a travs de su empresa Coopex y sus carta fianza supuestamente falsificadas lograron que dos empresas constructoras ganarn la licitacin para ejecutar la obra de la remodelacin de la avenida Jos Pardo y el coliseo cerrado Gran Chavn. La primera an no ha sido concluida, mientras que la segunda est paralizada.

DENUNCI:

El ex comando Juan Caldern Altamirano, quien est preso en el penal de Piedras Gordas, junto a Csar lvarez Aguilar, precisamente por su implicancia en el caso la Centralita, denunci la irregularidad con las cartas fianza de Coopex, pero lamentablemente el Cuarto juzgado de Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, emiti una resolucin declarando fundada una medida cautelar presentada por los abogados de Rodolfo Orellana, obligando al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), incluir y aceptar a Coopex como entidad autorizada para emitir cartas fianzas.

En su momento el consejero regional, Jess Rodrguez Fuentes, pidi un informe sobre todas las obras que se estaban ejecutando con cartas fianza de Coopex, pero nunca se revel estos datos. Se presume que hay muchas en la regin ncash.

UCAYALI Y HUNUCO:

Pero Rodolfo Orellana y su famosa empresa Coopex no solo acreditaron con cartas fianza a empresas que participaron en licitaciones en la regin ncash, sino que hizo lo propio en las regiones de Ucayali y Hunuco, coincidentemente en sectores del pas donde Csar lvarez Aguilar tena muy buenas relaciones con los presidentes regionales de esos sectores y juntos promocionaban la carretera Interocenica ncash- Hunuco-Ucayali.

CHOPONEO:

Otro indicio que podra vincular a Rodolfo Orellana en el caso la Centralita, ha sido las declaraciones del colaborador eficaz Juan Barrios valos, quien dijo en un video que el aludido empresario le entregaba audios de los telfonos chuponeados de los enemigos polticos de Csar lvarez.

Barrios revel tambin que Orellana fue el que presuntamente identific a los que hablaban mal de Csar lvarez y dispuso chuponearlos. De esto habra estado enterado el hoy congresista Heriberto Bentez, quien de acuerdo a la informacin de la Procuradura Anticorrupcin del Santa, tambin debera estar incluido en el caso la Centralita, pues es considerado el supuesto operado poltico en todo lo que signific el funcionamiento de este lugar, donde presuntamente se haca espionaje y se planificaba atentados.

NO RESUELVEN:

El pedido de ampliacin hecho por la Procuradura Anticorrupcin, para comprender dentro del caso La Centralita a Rodolfo Orellana y Heriberto Bentez; pero el caso fue llevado a Lima y ahora es la Fiscala Supranacional la que tendr que pronunciarse al respecto.

Carlos Camacho, vocero del empresario Rodolfo Orellana, asegur que su patrocinado se pondr a derecho hoy, aunque seal que se evaluar las condiciones apropiadas.

Dijo que la orden de detencin emitida por la jueza Juana Caballero, es un atropello toda vez que nunca fueron notificados de esta resolucin y solo se enteraron de esta situacin a travs de los medios de comunicacin.

Esto es un atropello, el seor Orellana no est escondido, sino reunido con sus abogados. Esto es un acto de persecucin poltica.

Trascendi que Rodolfo Orellana alegara en su defensa que tiene un mal de salud, esto con el fin de no ir preso.

La jueza y los traficantes:

La liberacin de los abogados que constituan el brazo legal de la organizacin criminal de Rodolfo Orellana suscit crticas de un sector de juristas. Opinan que la Sala Penal Nacional debi mantener la prisin preventiva dispuesta por el juez Ricardo Manrique. Los miembros del colegiado han defendido su posicin. La fiscala, indican, no sustent por qu haba peligro de fuga, un elemento fundamental para privar de la libertad a alguien mientras se lo investiga. Adems, el juez Manrique se bas en una norma ya modificada, como seala otro sector de especialistas. As, el ex vocal supremo Robinson Gonzales, de quien se presumen actividades para corromper a magistrados que vean asuntos de Orellana, podra haber sido puesto en libertad correctamente.

OTRA PERSPECTIVA:

An no se conoce pblicamente la resolucin de la Sala Penal. Walter Albn, director ejecutivo de Pro tica, la pidi basndose en la Ley de Transparencia a la coordinadora de la Sala Penal Nacional, Ins Villa Bonilla. Pidi tambin el audio de la audiencia pblica de apelacin, para analizar el alegato de la fiscala. Con esta informacin podremos esclarecer muchas cosas, dijo Albn. Sin embargo, es posible ver el asunto desde otro lado.

Hay un distinto punto de partida para objetar el rol de la presidenta de la Sala Penal que liber a Robinson Gonzales, Edita Condori. Pues, con qu legitimidad acta una magistrada que resuelve sobre personajes acusados de fabricar compradores de buena fe para convalidar la usurpacin de propiedades mediante ttulos falsos, cuando ella misma es compradora de buena fe de un predio usurpado? Hasta podra no ser de buena fe. Este hecho, en s mismo, no es causal que permita apartar a un juez de un juicio. Pero lean lo que sigue y despus respndanse.

Los hechos tuvieron lugar en el distrito de Carabayllo, donde en 1992 Promotora Torreblanca compr, con fines urbanizables, tierras que fueron propiedad del Grupo Nicolini. En los Registros Pblicos estaban asentados los ttulos desde haca cien aos atrs. La compradora transfiri la propiedad a Total Inmuebles y a F y F Maquinarias, que se asociaron a su vez con Inmobiliaria Gesmold. En esta gran superficie deba levantarse an son los planes la Nueva Urbanizacin Torreblanca. Limitaba, por un lado, con la comunidad de Jicamarca, y por otro, con la avenida Tpac Amaru. La primera anomala fue una gran invasin, entre el 25 y 27 de febrero del 2012.

LA USURPACIN:

Los invasores fueron unas cien familias procedentes de la comunidad de Jicamarca. Los lideraba Marcial Mendoza, un dirigente de este grupo, hoy denunciado por criminalidad organizada. En el momento de la ocupacin an no estaban inscritas en Registros Pblicos de Lima los predios de Gesmold y F y F Maquinarias, pero s 15.7 hectreas de Total Inmuebles. Esta empresa hizo la denuncia. A pesar de ser un rea anotada en los Registros Pblicos, los usurpadores contaron con apoyo judicial. Estaba all, en apoyo de la toma de tierras, el titular de la Primera Fiscala de Prevencin del Delito en Lima Norte, Augusto Lozano.

De acuerdo con la denuncia de Total Inmuebles, los invasores mostraron una escritura pblica, segn la cual Marcial Mendoza y otras dos personas haban comprado el predio a Jess Bravo, un representante de la comunidad de Jicamarca. Apareca que una asamblea del 19 de noviembre del 2006, convocada por su presidente, Dionisio Huapaya, haba aprobado la venta. Con posterioridad a la invasin, Huapaya ha declarado que la firma que aparece en el documento no es la suya. Acredit, por otra parte, que ninguna asamblea de los miembros de Jicamarca autoriz alguna vez la operacin.

Los ttulos, pues, eran falsos, pese a que los aval el notario pblico Jorge Velarde. La Tercera Fiscala Mixta de Carabayllo, ante la que Total Inmuebles denunci la falsificacin de documentos, le ha pedido a Velarde que confirme la informacin que tuvo a la vista para elaborar las escrituras pblicas. Hasta el momento no hay respuesta. Los falsos dueos, por su parte, empezaron a vender lotes para que las familias que deseen pudieran levantar su vivienda en esa zona de Carabayllo.

LA JUEZA COMPRA:

Aqu es donde entra a tallar la jueza Edita Condori. En agosto del 2013, junto con su pareja, el Fiscal Superior Lester Quispe, adquiri 620.32 metros cuadrados de un predio perteneciente a Total Inmuebles y F y F Maquinarias. Corresponde al Lote 2, Manzana J, de la urbanizacin que promueve la sociedad Virgen del Carmen, comercializadora de los predios usurpados. De acuerdo con la minuta, elevada a escritura pblica por el mismo notario Velarde a fines de ese ao, los vendedores fueron los ya mencionados Marcial Mendoza y Jess Bravo, quienes declararon haber adquirido el bien a la comunidad campesina de Jicamarca. Los magistrados pagaron 34 mil soles, entonces unos 13 mil dlares. Lo primero que impresiona es lo poco que invirtieron.

Actualmente Virgen del Carmen, segn sus anuncios publicitarios, vende lotes a ciento ochenta dlares el metro cuadrado. Los compradores habran debido pagar no trece mil sino ms de cien mil dlares. Hay un segundo contraste. El terreno adquirido por Condori y Quispe es, con mucho, el mejor ubicado de todos los lotes de la invasin. Un agente inmobiliario estim, para esta nota, que actualmente su valor sera de quinientos dlares el metro cuadrado, pues est en la esquina ms comercial, a la altura del kilmetro 23.5 de la avenida Tpac Amaru. De ser cierto, valdra unos trescientos mil dlares. De todas maneras tenemos un precio encubierto, algo poco esttico para dos altos magistrados. Y eso no es todo, porque la compraventa se hizo al margen de las formalidades que deben respetar quienes hacen cumplir la ley.

PARA INVESTIGAR:

Por ejemplo, por qu compraron los magistrados un bien no inscrito en Registros Pblicos? Por qu lo pagaron en efectivo y no con una transaccin bancaria? Por qu no consideraron los antecedentes sobre Mendoza y sobre el terreno, dado que la denuncia por usurpacin y falsificacin de documentos ya era conocida por el Ministerio Pblico y el Poder Judicial? Un comprador comn, y con mayor razn un abogado, fiscal o juez, se cerciora de que la propiedad adquirida est debidamente saneada, y sus ttulos perfeccionados. En el contrato, la entrega de documentos relativos a la propiedad se menciona de modo relativo. Los linderos estn indefinidos. Por qu a Condori y Quispe no les import?

Quiz no eran compradores de buena fe. Es pertinente investigarlo. Como en las operaciones de Orellana, esta usurpacin tuvo apoyo en el sistema de justicia. Primero, hubo un fiscal amparando la invasin. Luego, las acciones denunciadas por los dueos no tuvieron eco en el Poder Judicial. A instancias del fiscal Quispe, un juez de Condevilla desaloj de su propiedad al dueo de F y F Maquinarias, el empresario Domingo Palermo. En 2014, Total Inmuebles hizo una denuncia ante las fiscalas de criminalidad organizada. Los invasores, dijo, tenan suficiente poder para detener las acciones legales en su contra. Haba veintids procedimientos municipales, dos judiciales y tres intervenciones penales que no produjeron ningn resultado durante ms de dos aos. Ms an, un fiscal y una jueza terminaron comprando a los invasores.

La fuga y captura de Rodolfo Orellana:

El jefe de la Direccin Antidrogas de la Polica Nacional, general Vicente Romero, cont hoy algunos detalles de la captura del hasta hoy prfugo empresarioRodolfo OrellanaRengifo, capturado en Cali (Colombia) esta maana.

Segn indic, fue intervenido a las 6:50 a.m. por un equipo combinado integrado por miembros del grupo especial policial Orin y de la Polica de Colombia. Esto, luego de dos das de haberlo ubicado en una vivienda de la carrera 891, 13 A -125, Conjunto Residencial Ciudadela Paso ancho, Sector 2 Casa 43, en la referida ciudad.

"Hace dos das pudimos haberlo capturado, haba la certeza de 80%, pero se logr hoy", indic Romero a la vez que inform que Orellana "no puso ninguna resistencia".

El general PNP tambin precis que hace 45 das manejaban la informacin de que Orelllana haba salido del pas va terrestre haciendo breves paradas en Chimbote y Piura, para luego salir por Ecuador rumbo a Colombia.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro del Interior,Daniel Urresti, se mostr imgenes de la casa donde fue detenido y desde donde sali vistiendo un buzo deportivo. Cmo se ha visto en las imgenes, Orellana luce bastante delgado.

Las autoridades evitaron dar detalles del propietario de la vivienda para no entorpecer las investigaciones.

CMO COMENZ LA BSQUEDA:

El ministro del Interior, Daniel Urresti, inform que luego de superar algunas diferencias con la fiscal del Caso Orellana,Marita Barreto, se reunieron en setiembre ltimo con ella para coordinar la captura del empresario.

Indic que se form un equipo especial de la Polica para que trabaje de la mano de la fiscal y, adems, se coordin con la DEA (Polica Antidrogas de EE.UU.) y la Diandro.

"Cuando se tuvo bastante certeza, de acuerdo a las acciones de inteligencia, y con conocimiento de la fiscal, viaj un equipo que captur a Orellana", mencion.

"Anoche se tuvo la certeza y se comenz a gestionar el permiso correspondiente", agreg Urresti.

El titular del sector tambin destac la captura de la hermana de Orellana,Ludith, en Huaral, considerada la nmero dos de la red criminal.