Capítulo 18. PREMISAS GEOGRÁFICAS DE LA

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Capítulo 18. PREMISAS GEOGRÁFICAS DE LA

ORGANIZACIÓN ECÓLOGO-PRODUCTIVA DEL

TERRITORIO NACIONAL

José Ramón Hernández Santana1

Manuel Bollo Manent2

Ana Patricia Méndez Linares1

Introducción

La aparición de la vida humana sobre el planeta ha demandado, de manera continua y ace-lerada, la utilización de las condiciones y recursos naturales, tanto en sus inicios por la sobrevivencia y la organización comunitaria, como para su ulterior desarrollo socioeco-nómico, expansión territorial y conformación de las múltiples culturas que acrisolan la

civilización globalizada de la actualidad. Diversos momentos fraguan la trayectoria de dicha evo-lución, transitando por las edades antiguas, el Medioevo y la edad moderna renacentista, hasta la contemporaneidad.

Cada una de esas grandes etapas grabó su sello distintivo en la conciencia humana, en la con-solidación del conocimiento acumulado y en las modificaciones del medio ambiente, estas últimas primeramente a nivel muy local, hasta convertirse en el presente, en uno de los factores amenazan-tes de la integridad y sostenibilidad de la biósfera. Esta herencia sombría causada por la explotación desorganizada, desmesurada e irracional de la naturaleza, forjó su propia huella ecológica, como expresión del impacto de las actividades humanas en los territorios, propiciando el caos y la inefi-ciencia de uso, y atentando contra el hábitat, a distintas escalas. Por supuesto, la vastedad de estas huellas ha transitado desde lo insignificante hasta lo colosal, en función del desarrollo de las fuerzas productivas y de las capacidades transformadoras de la civilización.

Por otra parte, el descubrimiento y la ocupación de nuevos territorios para el dominio de ultra-mar, la localización de sus asentamientos y del fomento de sus actividades productivas, a espaldas de las reales vocaciones, potencialidades y limitaciones naturales para cada tipo de actividad, sembró la anarquía urbana y territorial, generando un gran abanico de conflictos de todo género. Estas situa-ciones, a lo largo del tiempo, se abrigaron al amparo de las posiciones e intereses del poder político territorial y de la tenencia de la tierra, todo ello en ausencia del conocimiento científico y técnico, tan necesario para el adecuado designio del uso del suelo. Este patrón generó daños al medio ambiente y determinó una desorganizada y errada ocupación del territorio, en una parte mayoritaria del orbe.

Es por ello que en 1972, en Estocolmo, Suecia, se celebra la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, marcando un parteaguas en la óptica internacional sobre políticas para un desarrollo sostenible e iniciando una época de amplia gestión y educación ambientales. Estas visiones, aparejadas a la incipiente corriente del ordenamiento territorial, man-comunan esfuerzos con el fin de alcanzar la plena optimización del crecimiento económico y de

1 Departamento de Geografía Física, Instituto de Geografía, Circuito de la Investigación Científica, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510, Coyoacán, México, D. F. Correo electrónico: [email protected]; [email protected]

2 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México (CIGA-UNAM), Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Ex Hacienda San José de la Huerta, 58190, Morelia, Michoacán, Mé-xico. Correo electrónico: [email protected]

| 279SECCIÓN II. LA NATURALEZA Y SU INTERACCIÓN CON EL SER HUMANO

la ocupación del territorio en condiciones ambientalmen- te viables.

Ante esta complicada trama del tejido territorial y del deterioro ambiental, varios son los caminos que pueden atajar los desequilibrios e inestabilidades, sobresaliendo el enfoque del ordenamiento ecológico territorial que, unido a las ciencia y tecnología modernas, a las intenciones y em-peños gubernamentales, y al anhelo ciudadano, representa sin duda una de las sendas más viables para lograr mode-los más idóneos y justos para la ocupación territorial (Her-nández, 2014:1). Según Rozga (2002:47), la planeación del territorio “es una rama del conocimiento que consiste en la preparación, elaboración y realización de los planes o programas que contemplan los componentes espaciales y geográficos, y cuyos objetivos son proporcionar una estruc-tura espacial de actividades”, siendo “un proceso continuo de interacción entre el elemento político y el técnico, en una relación de aprendizaje mutuo” (Kosikowski, 1988:35).

Por ello, y paralelamente a las preocupaciones ambien-talistas de esta segunda parte del siglo XX, la agenda guberna-mental de muchas naciones comienza a adoptar políticas, mar-cos jurídicos, normativas técnicas y escenarios democráticos participativos, para la aplicación del ordenamiento territorial y la planificación física, a diferentes escalas político-adminis-trativas. En América Latina un gran número de países asume una posición pujante, tanto desde el ángulo del ordenamiento como de la planificación física del territorio. Entre ellos, en orden alfabético e indicando la fecha de declaración jurídica o administrativa estatal se encuentran: Argentina (1977, 2003), Brasil (1988), Bolivia (1994, 2012), Chile (1990), Colombia (1991, 1997), Costa Rica (1968, 1995), Cuba (1960, 1978), Ecuador (1999, 2010), El Salvador (1998, 2011), Guatemala (2002, 2012), Honduras (2003, 2004), México (1988, 2003), Nicaragua (2012), Panamá (1998), Paraguay (2010), Perú (1993, 2010), Puerto Rico (1991), República Dominicana (1997, 2000), Uruguay (2008) y Venezuela (1983), (Massiris, 2013; Hernández et al., 2014:113-126).

En México, los primeros esfuerzos en la planeación del desarrollo descansaron en la Ley sobre Planeación General de la República de 1930, considerada como la plataforma para los primeros planes sexenales (Sánchez, 2011:1), aunque, según García (2010:103), ya la Constitución Política de 1917 con-templaba la organización del espacio geográfico mexicano.

Un primer impulso en la integración de los aspectos ambientales del desarrollo con la planeación territorial sur-ge con la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 (Palacio et al., 2009:141). Esta ley propicia la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (Sahop; Sedesol, a partir de 1992), dando paso a la ejecución

de los “ecoplanes” (1978-1981), con propósitos urbanísticos y ecológicos, a diferentes escalas territoriales.

La promulgación de la Ley General del Equilibrio Eco-lógico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), de la Semarnat en 1988 y de su reglamento en 2003, así como los esfuerzos de la Sedesol con la ejecución de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial (PEOT), sellan estos tiempos como la “época dorada del ordenamiento territorial en México”, al menos en las voluntades política, académica, jurídica y social, aunque no siempre todos los resultados se han coronado con su implementación.

Según García (2010:120), en la cronología de la pla-neación en el territorio mexicano destacan, por su esencia, la planeación económica a partir de la década de los años treinta, la planeación regional desde los años cuarenta, las planeaciones urbana y ambiental desde los años ochenta, y al ordenamiento territorial a partir de los noventa hasta el presente. En las siguientes páginas se analiza el enfoque geoecológico en el contexto del programa de ordenamien-to ecológico general del territorio mexicano, señalando los métodos del análisis territorial e indicadores cuantitativos básicos para la determinación del estado actual del medio ambiente de las unidades ambientales biofísicas, como uni-dades espaciales de análisis territorial y como premisas geo-gráficas para definir la aptitud sectorial, el carácter priori-tario de las áreas de atención, la regionalización ecológica y el modelo de ocupación territorial, de horizontes federales, con sus lineamientos y estrategias geoecológicas.

Ordenamiento ecológico del territorio mexicano

Ordenamientos ecológicos territoriales: caminando sobre “las primeras piedras” En el 2000, prácticamente como preludio al inicio del sexe-nio 2001-2006, varias Secretarías de la Administración Pú-blica Federal (APF) convergen en la necesidad de fortalecer la planeación territorial, sobre todo en los niveles: estatal y mesorregional. En este sentido, la Sedesol, la Semarnat, el Conapo-Segob y el Inegi

conjugaron esfuerzos para formular programas estatales de

ordenamiento territorial (PEOT), en las entidades federativas,

articulándose un mecanismo de concertación con los gobier-

nos de los estados y el Distrito Federal (D. F.), a propósito de

la elaboración de dichos programas por cada uno de ellos en

el marco de un esquema democrático, participativo y plural

con amplio respeto al federalismo (Legarrea, 2002:36).

| 280 SECCIÓN II. LA NATURALEZA Y SU INTERACCIÓN CON EL SER HUMANO

Precisamente en este sexenio, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo tomaba como marco de re-ferencia el Sistema Nacional de Planeación Participativa (DOF, 2001:1).

La visión académica de esta problemática fue abordada, además, por el Instituto de Geografía de la Universidad Na-cional Autónoma de México (IGg-UNAM), a partir del mismo 2000, generando la primera guía metodológica para el orde-namiento territorial en ese mismo año y, posteriormente en 2005, la segunda guía perfeccionada (Sánchez et al., 2008a) y fortalecida con el empleo de indicadores para la caracterización y diagnóstico territoriales (Palacio et al., 2004; Sánchez et al., 2008b). Estos instrumentos metodológicos marcaron la ruta ejecutiva de los PEOT en 28 de las 32 entidades de la Federación, así como las etapas iniciales del primer programa mesorregio-nal, la mesorregión sur-sureste (Sánchez et al., 2008b).

De acuerdo con el marco legal federal, todos los pro-gramas de ordenamiento territorial ejecutados en esos años tuvieron que asentarse en un conjunto de principios cardi-nales para alcanzar un proceso exitoso y viable en su im-plementación y seguimiento, entre los cuales figuran: a) la creación de un comité de ordenamiento territorial o grupo gubernamental intersectorial; b) la garantía del carácter participativo y democrático del proceso, a través de talleres de presentación, evaluación, debate, consensos y acuerdos; c) la transparencia del proceso y la actualización de avances, acuerdos y soluciones en bitácora electrónica, diseñada en línea y de acceso público; d) la adecuada definición del grupo multidisciplinario de expertos, sobre la base de una visión holística, esencia propia del sistema territorial; e) la previsión de los actores participantes en el proceso de ordenamiento del territorio (gubernamentales, académicos, jurídicos, em-presariales, gremiales, sociales, comunitarios, organizacio-nes no gubernamentales, otros); f) la observancia estricta y el cumplimiento cabal del marco jurídico del territorio, bajo la supervisión de expertos en la materia; g) la selección de la escala apropiada, en función de los objetivos, el nivel de complejidad territorial y el alcance; h) la identificación cla-ra de los insumos informativos, estadísticos y cartográficos en formato digital, para facilitar el proceso automatizado en plataformas de SIG; i) la formulación y el diseño de los pro-ductos en cada una de las etapas del proceso, velando por la adecuada secuencia de interdependencias entre ellos y con otras etapas, y j) el control presupuestario de las investiga-ciones y de las actividades de los talleres participativos, entre los primordiales, pues los estudios de ordenamiento territo-rial deben ceñirse al territorio, que es la esencia del objeto a estudiar.

En el caso del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), el Artículo 5 de la LGEEPA

(DOF, 1988) concede la facultad a la Federación para su for-mulación, aplicación y evaluación, mientras que en su ar-tículo 20 señala, que la Semarnat es la responsable de la formulación, siempre en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, teniendo como objetivo determi-nar la regionalización ecológica, la propuesta de ocupación y los lineamientos y estrategias ecológicas.

El POEGT constituye un estudio de gran visión, de carácter estratégico para la APF, que orienta la planeación y la ejecución de las políticas públicas a nivel nacional, facilita la toma de decisiones y propicia la sinergia en-tre todos los sectores del desarrollo socioeconómico de la nación. Los restantes programas de ordenamiento, a escala media y detallada, poseen un carácter operativo y ejecutivo para las administraciones estatales, municipa-les y comunitarias.

El primer intento para la ejecución del POEGT, delineado en el sexenio 1989-1994, fue malogrado por la falta de an-tecedentes metodológicos, la ausencia de estrechos vínculos de los sectores socioeconómicos con el sector ambiental, el insuficiente volumen de información, sobre todo en formato digital, y la carencia de una cartografía fidedigna a una es-cala apropiada, entre los principales escollos.

En 2003, en el contexto del sexenio 2000-2006, se promulga el reglamento de la LGEEPA (DOF, 2003), pero las Secretarías involucradas en la materia de ordenamiento territorial (Sedesol y Semarnap) no convergieron en sus po-líticas y actuaciones, por lo que continuaron existiendo dos visiones de una misma problemática. La Sedesol desarrolló los programas estatales (PEOT) y la Semarnat los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET). El momento presentaba una oportunidad para conciliar filosofías y em-prender integralmente el programa general del país.

Comenzado el sexenio 2006-2012, surge el Grupo de Trabajo Intersecretarial (GTI), representado por 22 sectores de la APF, para coordinar, orientar y trasmitir una visión, lo más homogénea posible, sobre los principales conceptos del ordenamiento territorial, su secuencia metodológica y los alcances nacionales de su ejecución. Esta concertación sectorial propició la ejecución del POEGT, decretado el 7 de septiembre de 2012 (DOF, 2012).

A manera de síntesis, la formulación de los programas sexenales nacionales para el desarrollo, la aprobación de la legislación pertinente, la actuación institucional y la parti-cipación democrática de la sociedad, permitieron la existen-cia del POEGT, de los ordenamientos ecológicos marinos del Golfo de California, y del Golfo de México y Mar Caribe, decretados en 2006 y 2012, respectivamente, de 40 orde-namientos ecológicos regionales, 60 municipales o locales y 287 comunitarios (González, 2014:15).


Una mirada geoecológica en el ordenamiento territorialEn los siglos XX y XXI, la denominada crisis ambiental global se ha manifestado esencialmente en la incidencia de cam-bios climáticos del sistema planetario, en el desequilibrio del fondo biogeoquímico natural y en el surgimiento de catástrofes ambientales regionales y locales, entre muchas anomalías y rupturas estructurales y funcionales; todo ello como resultado de formas irracionales de gestión de los re-cursos, determinadas por la propia agudización de las raíces económicas y sociales de la crisis, y por nuevas formas de política y de planeación ambientales.

Este panorama amenazante para la sobrevivencia hu-mana ha desencadenado el desarrollo de una Geografía Ambiental dedicada principalmente al estudio de los impac-tos antropogénicos, el monitoreo de los cambios ambienta-les a nivel global, regional y local, el estudio de sus efectos y consecuencias, la identificación y medición de los estados ambientales y el análisis de los factores desencadenadores de las crisis, entre otros aspectos. En este sentido, la partici-pación activa del geógrafo y otros especialistas afines en la planeación y la gestión ambientales han sumado esfuerzos en el intento del nuevo ordenamiento ecológico y producti-vo de los territorios. Sin embargo, en el concepto universal siempre se enuncia el ordenamiento territorial, pero real-mente nos enfrentamos al reordenamiento del territorio, en aras de aprovechar óptimamente su vocación natural, satis-facer las expectativas de la sociedad y contribuir a la agenda productiva para el desarrollo sostenible, erradicando la he-rencia de la deficiente ocupación territorial.

Estas problemáticas han conllevado a una nueva cul-tura de planeación y gestión ambientales, a nivel interna-cional, que establece la necesidad de una visión estratégica de la planeación de sistemas territoriales complejos, de la gestión democrática y participativa de la sociedad y de la ar - ticulación entre las distintas visiones territoriales. Este arsenal conceptual y enfoque multidisciplinario han propi-ciado el desarrollo de una geografía aplicada a la planea-ción y gestión ambientales, la cual se ocupa del diseño y la evaluación de escenarios en la evolución de los sistemas espaciales, bajo una concepción prospectiva, con el estable-cimiento de métodos del pronóstico geográfico, del uso del principio de desempeño espacial y ambiental, y de la defini-ción de conceptos, informaciones e indicadores necesarios para la planeación. La Geografía del Paisaje, antecesora de la Geoecología contemporánea, vista esta última como cien-cia geográfica, han estado dedicadas desde hace más de un siglo a investigar la problemática de la utilización óptima y racional de los territorios.

En este enfoque, la ordenación del territorio, orientada al medio ambiente, se basa en el inventario, la evaluación, el

diagnóstico de la situación ambiental de los paisajes o geo-sistemas y de las propuestas para su optimización. El paisaje físico-geográfico, la unidad ambiental biofísica (UAB) y la unidad geoecológica o paisaje cultural, son las bases espa-ciales que estas ciencias geográficas utilizan en las investi-gaciones ambientales.

En México y en otros países, para el análisis territorial se utilizan estas unidades en los trabajos de ordenamiento ecológico o de planeación ambiental. Por otro lado, los límites de cuencas hidrográficas, el paisaje percibido o perceptual, los límites político-administrativos, las unidades geomor- fológicas u otras unidades espaciales, generalmente no ofre-cen una explicación lógica o no siguen criterios sólidos en su definición. En México, tan solo en las últimas décadas, se co- noce el desarrollo metodológico y pragmático alcanzado por las ciencias físico-geográficas y, en particular, por la Geoe-cología, como ciencia que proporciona una base sólida para el análisis holístico y sistémico en el ordenamiento ecológi-co del territorio.

El concepto de paisaje ha sido adoptado en las investi-gaciones de diversas disciplinas científicas, sin embargo, es en la geografía donde tiene su origen. De este modo, dentro de la ciencia se puede definir al paisaje como la fisonomía, la morfología o la expresión formal del espacio y de los te-rritorios, y refleja la visión que la población tiene sobre su entorno. Dentro de sus límites es que se establecen las in-terrelaciones sociales, económicas y culturales con el medio natural, y con las transformaciones históricas que éste ha experimentado. “Es por lo tanto, parte del ambiente de los seres humanos” (Mateo, 1984).

En todas las acepciones del concepto de paisaje se pre-senta la apropiación y ocupación del espacio en función de aspectos socioeconómicos, culturales, históricos, incluso psicológicos, como la percepción y las emociones (Bollo y Hernández, 2008:8). Actualmente, existe una tendencia al reconocimiento de las formas en que los grupos socia-les utilizan, transforman y perciben el paisaje que habitan, se trata de integrar en las investigaciones a los elementos físico-geográficos y socioculturales, bajo una visión socio-geoecológica (Mateo y Da Silva, 2007).

La geoecología representa una ciencia interdisciplinaria con una tendencia cada vez más transdisciplinaria, que enmarca componentes del paisaje natural y cultural, enten- didos como dos elementos interconectados que conforman un determinado espacio (Ibid.). En este orden de ideas, el enfoque geoecológico de la ciencia del paisaje ha resultado útil al integrar elementos naturales, productivos y socioculturales del paisaje, con base en una visión sistémica y holística de tales elementos, ya que establece bases teóricas y metodológicas para el planeamiento y la gestión ambiental


(Santos, 2009). En ocasiones, dada la escala de análisis, como la usada en el POEGT, se toman como unidades de análisis territorial a las UAB, las cuales ofrecen informa-ción analítica y sintética del territorio.

El ordenamiento ecológico territorial en México es de-finido como

El instrumento de política ambiental, que permite articular,

regular e inducir el uso del suelo y las actividades productivas

con el fin de lograr la protección del medio ambiente y el pro-

vechamiento sustentable de los recursos naturales y huma-

nos, a partir del análisis de las tendencias del deterioro y las

potencialidades de aprovechamiento de los mismos, con el fin

de alcanzar la máxima armonía posible en las interrelaciones

de la sociedad con el ámbito donde esta se desarrolla

(INE-Semarnap, 1996).

La esencia principal de la investigación geoecológica en relación con el ordenamiento ecológico o ambiental es el modelo de optimización de los paisajes del territorio. Para ello, el enfoque geoecológico, con el uso de herramientas como los SIG y la PR, ha reunido un arsenal de métodos, los cuales en un determinado orden permiten lograr el objetivo de la planeación y del ordenamiento, ya sea ambiental o te-rritorial. Estos métodos se han aplicado a diferentes formas de ordenamiento o planeación en diversas partes del mun-do, esencialmente en estudios geográficos, y en México, en particular, constituyeron la base para la propuesta del POEGT y de otros ordenamientos de alcance regional.

La primera etapa de las investigaciones geoecológicas para la planeación u ordenamiento de un territorio consiste en la definición de las unidades espaciales del paisaje, como unidades espaciales de gestión durante la propuesta de opti-mización ambiental. En esta etapa, se cartografía el paisaje, se estudian sus atributos naturales, su funcionamiento o la forma en que se relacionan sus componentes naturales, y las potencialidades naturales para diferentes usos o funciones productivas (Bollo et al., 2010).

La siguiente etapa consiste en el estudio de las formas de apropiación del paisaje por los grupos sociales, que in-cluye el estudio de los impactos antropogénicos derivados de las funciones socioeconómicas, demográficas y cultura-les asignadas históricamente, de la forma en que los dife-rentes sectores de las administraciones públicas han utili-zado y utilizan el territorio, del estudio de las poblaciones y grupos sociales que habitan y transforman los paisajes, y de las relaciones económicas al interior de cada paisaje y entre los paisajes que conforman el territorio.

Seguidamente, se transita a una etapa de evaluación y síntesis de las consecuencias de los impactos de la actividad

humana sobre los paisajes, los conflictos entre los potencia-les naturales de cada uno y su uso histórico, o entre las ac-ciones de determinado sector de la economía en las unida-des espaciales y las potencialidades reales de ese paisaje para asimilar dichas acciones. También se identifican los proble-mas ambientales que originan los conflictos en cada unidad espacial, los niveles de degradación del paisaje original, los niveles de degradación de las condiciones socioeconómicas de la población que los habita y utiliza; todo ello expresado en una síntesis paisajística de la situación ambiental en dife-rentes momentos históricos, lo que permite realizar pronós-ticos geográficos para diferentes plazos temporales.

Finalmente, a partir de esta evaluación se establecen las propuestas de usos que permitirán la optimización del territorio, de acuerdo con su capacidad para cumplir con di-chas funciones, en el sentido de lograr su sostenibilidad, y se proponen las medidas de restauración para la recuperación de los paisajes más degradados, las normas para la utiliza-ción de acuerdo con la función socioeconómica propuesta en el modelo, las formas más adecuadas de manejo para cada unidad de gestión; de modo que pueda mantenerse una situación ambiental óptima que asegure la sostenibilidad.

Indicadores básicos para una auténtica planeación territorial con propósitos estratégicos El sistema territorial se compone de varios subsistemas claramente diferenciados: natural, social, urbano-regional y económico, con la adición del marco jurídico que regula el aprovechamiento del territorio. Cada uno de estos sub-sistemas se analiza a lo largo del proceso de ordenamiento ecológico territorial en diversas etapas: I. Caracterización y análisis territorial; II. Diagnóstico territorial; III. Pros-pectiva o de pronóstico, de propuesta de escenarios ten-denciales; IV. Formulación del programa de ordenamiento territorial; y V. Implementación y gestión del programa de ordenamiento territorial.

Complementando el arsenal metodológico de cada una de las ciencias y técnicas que intervienen en las diferentes etapas del ordenamiento territorial, a partir de la década de los noventa surgen el diseño y la aplicación de indicadores o índices, que rubrican situaciones de estado de los facto-res geográficos, en general, y los procesos en el diagnóstico territorial, y de sus tendencias en la prospección. Actual-mente, el empleo de indicadores de esta naturaleza es in-dispensable para el desarrollo de cualquier investigación ambiental y de ordenamiento del territorio.

En México, varias instituciones (Conapo, 2000 y 2001; Inegi, 2000) y autores (Cespedes, 2001; Masera et al., 1999; Reygadas, 2003; Palacio et al., 2004) han desarrollado el diseño de indicadores orientados a la caracterización y


evaluación del sistema territorial que, como señala Reyga-das (2003:3), deben tener preferentemente representación cartográfica, metodologías sencillas, fuentes de datos ac-cesibles y confiables, actualización periódica y permitir el establecimiento de tendencias.

Como producto académico de la etapa inicial de aseso-ramiento metodológico para los programas estatales (2000-2005) se enunciaron 51 indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial (Palacio et al., 2004), de am-plio uso en el ámbito geográfico general y, en particular, en el subsistema natural (Palacio et al., 2009). Por otra parte, durante sus investigaciones geográficas sobre la interfase rural-urbana en la cuenca alta del río Lerma, Estado de Mé-xico, Hernández et al. (2009:256-257) diseñaron los índices específicos y generales de la compatibilidad del uso agrícola del suelo con las condiciones geomorfológicas del territorio, muy importante para la optimización de la agricultura.

El enfoque geoecológico utiliza indicadores e índices naturales, de modificación antropogénica, sociodemográfi-cos y económicos, al interior de las unidades paisajísticas, para evaluar la situación ambiental del territorio, conside-rando al paisaje o a su medio ambiente “como un sistema complejo y abierto de conformación histórica, como produc-to de las interacciones entre la naturaleza, la sociedad y su economía” (Bucek, 1983; Arcia, 1994; Mateo y Ortiz, 2001).

De acuerdo con la LGEEPA, el proceso del POEGT debe conducir al establecimiento de tres pilares básicos para obtener la regionalización ecológica: las áreas de atención

prioritaria, las políticas ambientales, y la aptitud sectorial. Para ello, en 2008 se adoptó el enfoque geoecológico para determinar el estado actual del medio ambiente nacional en varios escenarios tendenciales (2012, 2023 y 2033), lo que permitió definir las políticas de manejo en cada UAB.

Para poder obtener una valoración integral y equilibra-da del estado medioambiental, se partió del concepto de me-dio ambiente como expresión de la interacción naturaleza- sociedad, lo que propició seleccionar cuatro indicadores de degradación biofísica, dos de presencia o ausencia de con-diciones hídricas imprescindibles para el desarrollo, cuatro de modificación antropogénica, cinco de carácter social, y tres de tipo económico, con un total de 18 indicadores (Figura 1).

Estos indicadores de corte ambiental permitieron co-nocer el estado del medio ambiente en cada una de las uni-dades de análisis territorial y constituyeron una de las bases para la aplicación del enfoque geoecológico al proceso del POEGT (Figura 2).

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (2012): un aporte y decreto indispensables Transcurridas casi dos décadas de la promulgación de la LGEEPA, en 1988 la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología (INE, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cam-bio Climático-Inecc), adjudican la ejecución del POEGT al Instituto de Geografía en colaboración con el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) y del Cen-

FIGURA 1. Indicadores seleccionados para la evaluación del estado actual del medio ambiente.


tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), ambos de la UNAM, conjuntamente con la Universidad Autónoma de Querétaro; esta última enfocada a las polí-ticas públicas (Ongay y Zorrilla, 2008a) y al análisis de la aptitud sectorial (Ongay y Zorrilla, 2008b). Además, con-tó con la permanente supervisión de la Semarnat y del INE, y de facilitadores en los talleres regionales celebrados en las regiones noroeste, noreste, occidente, centro, sur y sureste, así como en las dos consultas públicas nacionales en línea, en 2010 y 2011.

Los principales objetivos del POEGT se enfocaron a la iden-tificación de los insumos informativos, estadísticos y cartográ-ficos necesarios para el desarrollo del proceso, la integración de una base cartográfica de datos con las variables temáticas nece-sarias para la caracterización ambiental y la formulación de los productos de la caracterización y del diagnóstico territoriales. Entre estos productos están las zonas más vulnerables a deter-minados procesos naturales, los estados de la degradación de los recursos naturales, la regionalización ambiental a partir de las UAB (López, 2007 y 2008) como soporte del análisis terri-torial (Figura 3), y la identificación de las regiones con necesi-dad de protección, conservación y restauración ambiental. Todo ello enfocado a las determinaciones del estado actual del medio ambiente (2008), sus escenarios tendenciales (2012, 2023 y 2033) y estratégico de políticas ambientales, las áreas de aten-ción prioritaria, la aptitud sectorial, la regionalización ecológi-ca (ecoproductiva), los conflictos entre la aptitud sectorial y las

áreas de interés sectorial, y la propuesta de ordenamiento terri-torial o modelo de ocupación, con sus lineamientos y estrategias ecológicas y acciones de implementación (Figura 2).

Las UAB, como unidades de análisis territorial, fueron determinadas por López (2007 y 2008), sobre una base multifactorial, considerando el substrato geológico; las ca-tegorías geomorfológicas, la altitud, la altura relativa, las pendientes y la morfogénesis del relieve; el dominio morfo-climático imperante, y la vegetación y el uso del suelo.

Como se muestra en la Figura 2, la secuencia conceptual-metodológica para el desarrollo del proceso se fragmentó en dos grandes vertientes: la selección de in-dicadores (Figura 1) y la identificación de escenarios. La selección de indicadores estuvo orientada a la caracteriza-ción ambiental del territorio nacional y al análisis territo-rial en cada UAB de indicadores biofísicos, tales como:

• Degradación superficial del suelo (López, 2008a), índice de degradación de los suelos (López, 2008b), degrada-ción de la vegetación (Sánchez et al., 2008a y b), degra-dación por desertificación (Hernández, 2008a y b).

• De modificación antropogénica, como señales del nivel de acceso a los recursos y su consecuente degradación: longitud y densidad de carreteras de primer orden, su-perficie de zona urbana y superficie de cuerpos de agua (Hernández et al., 2013a y b), densidad de población (Casado, 2008b).

FIGURA 2. Enfoque conceptual geoecológico y secuencia general aplicada al programa de ordenamiento

ecológico general del territorio (POEGT).


FIGURA 3. Regionalización ambiental biofísica (López, 2007 y 2008): 145 UAB.

9

1

8

62

3

14

6

2

10

31

4

19

36

23

27

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18

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17

110

21

90

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137

40

25

104

29

88

67

37

75

44

79

92

20

32

13

65

109

4830

108

94

115

5

16

5253

95

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26

24

91

81

61

57

111

41

69

49

70134

43

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93

64

98

54

121

105

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15

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117

102

135

74

72

55

12

51 118

71

66

97

106

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83

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60

128136

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138

101

141

143

132

139

56

39

131

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125

96

120 12268

103

100

77130

140

50

59

7

38

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85

84

58119

34

33

73

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144142

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1. Sierras de Baja California Norte; 2. Desierto de San Sebastián Vizcaíno; 3. Sierra La Giganta; 4. Llanos de la Magdalena; 5. Sierras y piedemontes El Cabo; 6. Desierto de Altar; 7. Volcanes El Pinacate; 8. Sierras y llanuras sonorenses occidentales; 9. Sierras y valles del norte; 10. Sierras y cañadas del norte; 11. Sierras y llanuras tarahumaras; 12. Pie de la Sierra sinaloense central; 13. Meseta chihuahuense norte; 14. Sierras y llanuras de Durango; 15. Meseta duranguense norte; 16. Cañones de Nayarit y Durango; 17. Sierras y valles zacatecanos; 18. Llanuras y médanos del norte; 19. Sierras plegadas del norte; 20. Bolsón de Mapimí; i; 21. Llanuras y sierras volcánicas del norte; 22. Laguna de Mayrán; 23. Sierras y llanuras coahuilenses; 24. Serranía de El Burro; 25. Sierra de La Paila; 26. Pliegues Saltillo-Parras; 27. Sierras Transversales; 28. Gran sierra plegada; 29. Sierras y llanuras noroccidentales; 30. Karst huasteco norte; 31. Llanuras de Coahuila y Nuevo León norte; 32. Llanuras costeras y deltaicas de Sinaloa; 33. Llanura costera de Mazatlán; 34. Delta del Río Grande de Santiago; 35. Islas Marías; 36. Llanuras y lomeríos de Nuevo León y Tamaulipas; 37. Llanura costera tamaulipeca; 38. Sierra de San Carlos; 39. Sierra de Tamaulipas; 40. Sierras y lomeríos de Aldama y Río Grande; 41. Sierras y llanuras del norte; 42. Llanuras y sierras potosino-zacatecanas; 43. Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes; 44. Sierras y llanuras del norte de Guanajuato; 45. Sierra Cuatralba; 46. Sierra de Guanajuato; 47. Sierras neovolcánicas nayaritas; 48. Altos de Jalisco; 49. Sierra de Jalisco; 50. Sierras y piedemontes de Guadalajara; 51. Bajío guanajuatense; 52. Llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo; 53. Depresión de Chapa-la; 54. Sierras y bajíos michoacanos; 55. Sierras Mil Cumbres; 56. Sierra de Chiconguiaco; 57. Depresión central; 58. Sierra neovolcánica tarasca; 59. Volcanes de Colima; 60. Escarpa limítrofe del sur; 61. Sierras del sur de Puebla; 62. Karst de Yucatán y Quintana Roo; 63. Karst y lomeríos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán; 64. Karst del sur de Quintana Roo; 65. Sierras de la costa de Jalisco y Colima; 66. Cordillera costera michoacana del noroeste; 67. Depresión del Río Balsas; 68. Depresión del Tepalcatepec; 69. Sierras y valles guerrerenses; 70. Sierras orientales del norte de Oaxaca; 71. Sierras nororientales de Oaxaca; 72. Mixteca alta; 73. Costas meridionales del noroeste de Guerrero; 74. Sierras y valles de Oaxaca; 75. Llanura costera del norte de Veracruz; 76. Llanuras fluviodeltaicas de Tabasco; 77. Sierra de los Tuxtlas; 78. Sierras del norte de Chiapas; 79. Sierra Lacandona; 80. Sierras bajas del Petén; 81. Altos de Chiapas; 82. Depresión central de Chiapas; 83. Sierras del sur de Chiapas occidental; 84. Llanuras del Istmo; 85. Llanura costera de Chiapas y Guatemala; 86. Volcanes de Centroamérica; 87. Islas Revillagigedo; 88. Llanuras costeras del Golfo norte; 89. Sierras y lomeríos de Baja California norte; 90. Cañones chihuahuenses del norte; 91. Meseta chihuahuense meridional; 92. Cañones chihuahuenses meridionales; 93. Cañones duranguenses del norte; 94. Cañones duranguenses del sur; 95. Meseta duranguense meridional; 96. Sierras de Guanajuato y San Luis Potosí; 97. Cordillera costera centro-occidental de Guerrero; 98. Cordillera costera centro-oriental de Guerrero; 99. Cordillera costera del sureste de Guerrero; 100. Cordillera costera occidental de Oaxaca; 101. Cordillera costera orien-tal de Oaxaca; 102. Sierras y llanuras del norte sonorense; 103. Sierras y llanuras del noreste sonorense; 104. Sierras y llanuras orientales de Sonora; 105. Lla-nuras y lomeríos del norte; 106. Llanuras costeras y deltaicas de Sonora; 107. Pie de la sierra sonorense; 108. Llanuras y sierras volcánicas del sur; 109. Llanuras de Coahuila y Nuevo León sur; 110. Bolsón de Mapimí sur; 111. Sierras y llanuras de Coahuila y Nuevo León; 112. Pie de la sierra sinaloense norte; 113. Pie de la sierra sinaloense sur; 114. Pie de la sierra nayarita; 115. Mesetas de Jalisco, Nayarit y Zacatecas; 116. Sierras y llanuras suroccidentales; 117. Karst huasteco sur; 118. Lomeríos costeros del Golfo norte; 119. Lomeríos costeros de Jalisco y Colima; 120. Depresión de Toluca; 121. Depresión de México; 122. Volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote; 123. Llanura costera de Colima; 124. Sierra costera de Colima; 125. Cordillera costera del sur de Michoacán; 126. Cordillera costera oriental de Michoacán; 127. Sierras y piedemontes de Veracruz y Puebla; 128. Sierras de Oaxaca, Puebla y Veracruz; 129. Pie de la sierra michoacana; 130. Cordillera costera del sureste de Michoacán; 131. Cordillera costera del noroeste de Guerrero; 132. Sierras de Guerrero, Oaxaca y Puebla; 133. Llanuras y lomeríos costeros de Guerrero; 134. Llanura costera del sur de Veracruz; 135. Llanuras aluviales occidentales de Tabasco; 136. Llanuras aluviales y lagunares de Campeche; 137. Karst y lomeríos de Campeche; 138. Llanuras aluviales de Tabasco y Chiapas; 139. Costas meridionales del sureste de Guerrero; 140. Sie-rras orientales de Oaxaca; 141. Sierras del sureste de Oaxaca; 142. Costas meridionales de Oaxaca occidental; 143. Cordillera costera del centro de Oaxaca; 144. Costas meridionales de Oaxaca oriental; 145. Sierras del sureste de Chiapas.


• De carácter social y económico: marginación municipal (Casado, 2008a), índice medio de educación (Juárez y García., 2007a), índice medio de salud (Juárez y García, 2007b), hacinamiento y consolidación de la vivienda (Juárez, 2007a y b), capitalización industrial (Morales y Coll, 2007), tasa de dependencia económica munici-pal (Casado, 2008c) y trabajadores por actividades re-muneradas por municipio (Casado, 2008d). Además, contempló la presencia y/o ausencia de agua en cuencas superficiales y en acuíferos subterráneos, según la Se-marnat (2009).

Estos 18 indicadores se evaluaron y clasificaron en cinco categorías (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto), y se ponderaron como expresión general del estado actual de cada subsistema del sistema territorial y del medio ambiente como un todo.

Este estatus del medio ambiente se clasificó en nueve categorías, en función del cumplimiento o no de sus funcio-nes socioeconómicas (indicadores económicos), la conser-vación o degradación de los recursos naturales (indicadores biofísicos y de modificación antrópica) y el aumento del nivel y calidad de vida de la población (indicadores sociales): estable, estable a medianamente estable, medianamente estable, medianamente estable a inestable, inestable, inesta-ble a crítico, crítico, crítico a muy crítico, y muy crítico (Bollo et al., 2014).

Conocido el estado del medio ambiente para el 2008, se analizaron, consensuaron y avalaron en talleres regiona-les de expertos (Tabla 1) escenarios tendenciales para 2012, 2023 y 2033 en las ciudades de Guadalajara, Tuxtla Gu-tiérrez, Distrito Federal, Hermosillo, Oaxaca, Monterrey y Mérida. El principio metodológico básico se fundamentó en la experticia de los funcionarios y expertos regionales y estatales, quienes ponderaron y pronosticaron la evolu-

ción medioambiental, en función de los proyectos sectoria-les futuros, y el grado de conflictos y sinergias sectoriales existentes en cada unidad de análisis espacial (las unidades ambientales biofísicas, o UAB).

En los talleres se reconoció la categoría ambiental asignada a cada UAB para 2008, considerada como línea basal, según los 18 indicadores biofísicos, de modifica-ción antropogénica y socioeconómicos (Hernández et al., 2011:93-98), y de acuerdo con los proyectos sectoriales actuales y futuros presentados y debatidos por los exper-tos regionales. Se evaluaron las categorías sobre el esta-do del medio ambiente para cada plazo temporal (2012, 2023 y 2033), tomando en consideración las funciones socioeconómicas, la calidad de las potencialidades natu-rales y la calidad de vida de la población en cada UAB, de acuerdo con el nivel de presión y estrés generado por cada proyecto de aprovechamiento, preservación, restauración y protección.

En el escenario tendencial para el 2023, 39.89% (762 863.67 km2) del territorio mexicano (en sus regiones septentrionales) se encontraría en un estado estable a me-dianamente estable, mientras que las categorías de inestable a muy crítico ocuparían 30.01% (583 269.28 km2), funda-mentalmente en la mesorregión sur-sureste y algunas re-giones centrales. El panorama se agrava hacia 2033, cuando solo 20.07% (199 349.11 km2) del país presentaría un medio ambiente entre estable y medianamente estable en su región septentrional; mientras las categorías de crítico a muy crítico y muy crítico ocuparían 5.97% (16 013.90 km2) en las regio-nes central y sur-sureste (Hernández et al., 2013b).

Estos escenarios consideraron otros criterios para la asignación de cada una de las políticas ambientales en las UAB, tales como: a) la evaluación de los indicadores sociales y económicos para considerar la política de aprovecha-miento sustentable; b) la evaluación del porcentaje de áreas

Tabla 1. Estado actual del medio ambiente (2008) y su pronóstico en escenarios tendenciales (2012, 2023 y 2033)

Estado del medio ambiente

Escenarios medioambientales tendenciales (en superficie y porcentaje del territorio nacional)

2008 2012 2023 2033

Sup. (km2) % Sup. (km2) % Sup. (km2) % Sup. (km2) %

Estable 186 046.83 9.58 186 046.83 9.58 148 316.40 7.63 404.89 0.02

Estable a medianamente estable 288 062.91 14.83 102 445.25 5.27 106 238.67 5.47 50 667.65 2.61

Medianamente estable 288 375.95 14.84 400 139.88 20.59 208 024.59 10.71 123 066.23 6.33

Medianamente estable a inestable 265 478.07 13.66 280 896.67 14.46 387 447.73 19.94 165 671.23 8.53

Inestable 558 392.51 28.74 479 576.13 24.68 306 422.05 15.77 605 486.55 31.16

Inestable a crítico 207 970.86 10.70 290 346.45 14.94 373 803.12 19.24 385 978.45 19.87

Crítico 123 317.93 6.35 131 120.32 6.75 278 711.07 14.34 270 924.70 13.94

Crítico a muy crítico 25 394.19 1.30 72 467.72 3.73 574 52.24 2.96 134 111.81 6.90

Muy crítico 0.00 0.00 0.00 0.00 766 23.38 3.94 206 727.74 10.64


Tabla 2. Implementación de las políticas ambientales en el territorio nacional

Políticas ambientales (según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1988, 2013) Superficie (km2) %

Preservación 74 717.31 3.85

Preservación y Aprovechamiento sustentable 35 159.25 1.81

Preservación y Protección 102 799.02 5.29

Preservación, Aprovechamiento sustentable y Restauración 42 439.80 2.18

Aprovechamiento sustentable 481 168.48 24.76

Aprovechamiento sustentable y Preservación 85 403.41 4.40

Aprovechamiento sustentable y Protección 17 414.55 0.90

Aprovechamiento sustentable y Restauración 506 902.01 26.08

Aprovechamiento sustentable, Preservación y Restauración 31 827.70 1.64

Aprovechamiento sustentable, Protección y Restauración 22 057.50 1.14

Protección y Aprovechamiento sustentable 34 258.92 1.76

Protección y Preservación 14 568.31 0.75

Protección y Restauración 29 598.12 1.52

Protección, Aprovechamiento sustentable y Restauración 118 631.38 6.11

Protección, Preservación y Aprovechamiento sustentable 29 308.07 1.51

Restauración y Aprovechamiento sustentable 291 167.18 14.98

Restauración, Preservación y Aprovechamiento sustentable 13 397.07 0.69

Restauración, Protección y Aprovechamiento sustentable 12 221.17 0.63

naturales protegidas, las áreas relevantes de endemismo y de especies amenazadas o en peligro de extinción, la ri-queza de biodiversidad por ecosistemas, áreas de suelos no degradados para la necesidad de aplicar la política de pre-servación; c) el análisis de las categorías de manejo de las áreas naturales protegidas, para identificar las que requie-ren una política de protección, considerando el significado de uso forestal, la recarga de acuíferos y otros servicios am-bientales, y d) la evaluación de problemas de degradación biofísica para la restauración (Tabla 2).

La aptitud sectorial de cada unidad ambiental biofí-sica y los intereses sectoriales en el contexto nacional son parte del diagnóstico sectorial para la identificación de los atributos ambientales condicionantes del desarrollo de cada sector (Figura 2). Se analizaron las políticas sectoriales e identificaron los atributos para luego someterlos a un pro-ceso de ponderación estadística y de evaluación multicrite-rio, a fin de conocer la aptitud predominante o principal por cada unidad ambiental. Para las áreas de interés sectorial, se confeccionaron 22 esquemas sectoriales, como método para valorar el grado de compatibilidad entre el interés y la apti-tud de la unidad ambiental para cada desarrollo sectorial de manera optimizada.

Valorado el estado actual del medio ambiente, y deter-minado el grado de conflictos y sinergias intersectoriales, se procedió a identificar y clasificar los niveles de atención prioritaria para las 145 UAB (Bollo et al., 2013; Tabla 3).

La trilogía de áreas de atención prioritaria con las po-líticas ambientales y la aptitud sectorial condicionaron la

clasificación de la regionalización ecológica (ecoproductiva) en 80 regiones, para las cuales fue evaluada la compatibili-dad entre la aptitud y el interés sectorial, que determinaron regiones compatibles con su vocación y el uso sectorial, y regiones incompatibles.

En estas condiciones, y contando con el debate y el consenso de los sectores involucrados, se estableció el modelo de ordenamiento ecológico general del territorio (Figura 4), donde se destacan los sectores rectores, coadyu-vantes, asociados e interesados para cada UAB. Los rectores tienen un papel esencial en el devenir del desarrollo susten-table de una UAB, reconocen la necesidad de liderazgo en la construcción de los acuerdos en el seno del GTI para el cum-plimiento de los lineamientos ecológicos correspondientes.

Los coadyuvantes tendrán un papel de colaboradores, generando la sinergia necesaria para mantener los acuerdos establecidos por los rectores. Los asociados son los sectores comprometidos a participar coordinadamente con los de- más sectores, desarrollando actividades acordes con los

Tabla 3. Áreas de atención prioritaria, según el estado del medio ambiente y el grado de conflictos territoriales

intersectoriales de la Administración Pública Federal (APF)

Nivel de atención prioritaria Superficie (km2) %

Muy alto 17 409.01 0.90

Alto 131 303.11 6.76

Medio 765 520.68 39.40

Bajo 423 783.03 21.81

Muy bajo 605 023.42 31.13


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lineamientos ecológicos. Por último, los interesados se ca-racterizan por su interés en desarrollar sus programas en la UAB, bajo el compromiso de participar en las acciones desarrolladas en el seno del GTI. Finalmente, se postularon diez lineamientos ambientales, 44 estrategias ecológicas (dirigidas a la sustentación ambiental, al mejoramiento del sistema e infraestructura urbana, y al fortalecimiento de la gestión y coordinación institucional) y 273 acciones de implementación.

Con la brújula hacia el futuro Aun en la actualidad, múltiples y de diferente naturaleza son los óbices en el camino del ordenamiento territorial mexicano: unos de tipo filosófico, técnico, docente y cul-tural; otros propios del ámbito jurídico, organizativo y administrativo. Durante las últimas décadas, pero sobre todo en la primera del siglo XXI, ha imperado el dualis-mo filosófico y metodológico, por parte de la Sedesol y de Semarnat, en el diseño y ejecución de los programas de ordenamiento territorial; la primera privilegiando las exi-gencias sociales, y la segunda muchas veces radicalizando el conservacionismo del patrimonio natural. En este se-xenio 2012-2018 surge la Secretaría de Desarrollo Agra-rio, Territorial y Urbano (Sedatu), también inspirada, de cierta manera, en la organización del territorio, dado que el desarrollo demanda una adecuada planeación territo-rial. Estas actuaciones gubernamentales tendrán que ar-monizar sus campos de acción, en aras de consolidar el concepto de ordenamiento territorial y de crear e instru-mentar la base informativa necesaria para la ejecución e implementación de programas de ordenamiento más in-tegrales y plenos, rompiendo toda duplicación o triplica-ción de esfuerzos.

Las capacidades académicas y técnicas están fuerte-mente ligadas al desarrollo educativo del país y a la expe-riencia acumulada en materia de ordenamiento territorial. No obstante haber muchas nuevas carreras y estudios de posgrado nacionales que inciden directa o indirectamen-te en esta temática, más de 35 planes universitarios de estudio (Sánchez y Hernández, 2011; Hernández et al., 2014:126-127), la visión debe sembrarse desde la prime-ra y segunda enseñanzas, pues además de constituir una problemática académica, es también una misión y un compromiso de toda la sociedad. A esto se añade la in-suficiente cultura cartográfica, tanto en algunos sectores gubernamentales como en la mentalidad ciudadana; la in-completa generación de bases informativas y estadísticas apropiadas, bajo estándares que faciliten la compatibilidad para el ordenamiento territorial.

Una realidad que atenta contra la óptima calidad y es-tricto rigor de estos estudios de organización del territorio

es la desarticulación e incompatibilidad entre los tiempos necesarios para la actuación académica y los tiempos po-líticos plasmados en los términos de referencia durante las licitaciones de proyectos. Esto influye también en la oferta de un presupuesto escuálido, incoherente con el holismo de la problemática, que clama por una participación técnica in-tegral y amplia. Por otra parte, en ocasiones los POET quedan inconclusos durante procesos electorales o las nuevas auto-ridades no los implementan. La planeación territorial es de naturaleza continua en el tiempo y obedece al mandato sa-grado de la democracia territorial, expresado en el consenso de la mayoría ciudadana.

Especial atención merecen las zonas costeras mexi-canas, que sufren de innumerables inundaciones fluviales y penetraciones marinas, y ocasionan mediante la necesaria y sensata indemnización, grandes pérdidas al producto inter-no bruto (PIB) de la nación, a partir del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Ante las previsiones de ascenso del ni-vel medio del mar, es hora de una planeación precisa y de un reordenamiento territorial riguroso que reviertan costos y protejan a la población civil y las infraestructuras ante este fenómeno cíclico anual.

Por último, aunque los programas de ordenamiento territorial poseen diferentes alcances y niveles de precisión (unos a escala detallada y analíticos, y otros a escala pe-queña y sintéticos), resulta ineludible el engarce compati-ble entre sus niveles de propuesta de ocupación, para que las visiones estratégicas de la nación se correspondan con las operativas, plasmadas estas últimas en los ordenamientos ecológicos regionales y locales.

Conclusiones

El proceso de elaboración del POEGT y de sus propuestas de regionalización ecoproductiva y de modelo de ocupación tuvieron un carácter analítico y sintético multidisciplinario e intersectorial en las condiciones geográficas y producti-vas mexicanas, dirigido a la sustentabilidad nacional, bajo la óptica de la APF, siempre como visión estratégica de gran horizonte, en armonía con las escalas estatal y municipal, más locales, tácticas y operativas.

La aplicación de la metodología del análisis geoeco-lógico del estado del medio ambiente por UAB, basado en el análisis espacio-temporal de indicadores de degradación ambiental, de modificación antropogénica y de estado de desarrollo social y económico, y en la influencia de cambios climáticos futuros, permitió “espacializar” los principales problemas ambientales e intersectoriales de 2008, proyec-tar sus tendencias (2012, 2023 y 2033), identificar las áreas de atención prioritaria, la aptitud sectorial de cada una de


ellas y establecer la regionalización ecoproductiva como oferta natural al desarrollo sustentable de la nación.

El análisis de las políticas ambientales establecidas en la LGEEPA indica que de las 18 combinaciones para México, las de mayor extensión y necesidad de aplicación inmediata son: aprovechamiento sustentable y restauración (26.09% del país), aprovechamiento sustentable (24.76%), restauración y aprovechamiento sustentable (14.99%), protección, aprove-chamiento sustentable y restauración (6.11%) y preservación y protección (5.29%). Las restantes son inferiores al cinco por ciento de la superficie continental del territorio nacional.

La regionalización ecoproductiva contempló, como en-foque de sustentabilidad, las políticas ambientales apoyadas en el análisis del estado del medio ambiente y las evalua-ciones de la aptitud sectorial territorial más eficiente, junto con el nivel de atención prioritaria del territorio, como ins-trumento federal robusto para el desarrollo de actividades sectoriales compatibles con la vocación natural de las UAB y su ajuste en función de la dinámica nacional.

El desarrollo de este programa de ordenamiento eco-lógico territorial, como estudio de gran visión, aportó para-lelamente al modelo de ocupación una eficiente interacción entre los sectores de la APF, consolidó sus vínculos y ampli-ficó sus sinergias, vislumbró la necesidad de la creación de indicadores más emblemáticos para diagnosticar el estado medioambiental nacional y de difundir con mayor ímpetu una cultura cartográfica al interior de las diferentes secreta-rías, y propició el debate constructivo en aras de jerarquizar los distintos niveles de rectoría y de colaboración intersecto-rial en el aprovechamiento optimizado del territorio.

Referencias

ARCIA Rodríguez, M. I. (1994), La Geografía del Medio Am-biente, Facultad de Planeación Urbana y Regional, Univer-sidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.

BOLLO Manent, M. y J. R. Hernández Santana (2008), “Paisa-jes físico-geográficos del noroeste del estado de Chiapas, México”, Investigaciones Geográficas, Boletín, núm. 66, Instituto de Geografía, UNAM, México, pp. 7-24.

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Glosario

Aptitud sectorial. Presencia o ausencia de variables o indicadores ambientales (atributos sectoriales), to-mados como descriptores y condicionantes del de-sarrollo de cada actividad sectorial en específico, siempre cumpliendo el requisito de su representa-ción cartográfica.

Áreas de atención prioritaria. Son aquellas unidades de gestión territorial en las que el estado del medio ambiente y el carácter de los conflictos intersecto-riales demandan atención preferente para mejorar la calidad ambiental, así como el desarrollo social y económico.

Estrategia ecológica. Constituye la integración de objeti-vos específicos, acciones, proyectos, programas y res-ponsables de su realización, dirigida al logro de los li-neamientos ecológicos aplicables en un territorio. En síntesis, representan la forma en que se cumplirá el lineamiento ecológico.

Lineamiento ecológico. Una meta o enunciado general que refleja el estado deseable de una unidad de gestión am-biental (DOF, 2003).

Regionalización ecológica. Clasificación ecogeográfica de un territorio sobre la base de sus diferentes potencialida-des con vistas a la planeación territorial, considerando el estado del medio ambiente, las políticas ambienta-les, el grado de atención prioritaria según el nivel de conflictos intersectoriales y degradación ambiental, y la aptitud sectorial óptima de aprovechamiento de los recursos naturales.

Capítulo 18. PREMISAS GEOGRÁFICAS DE LA

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