Capítulo 1. Participación ciudadana e incidencia pública … · 12 un sentido de igualdad...
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10 Capítulo 1. Participación ciudadana e incidencia pública 1.1 Sociedad civil y espacio público En términos generales, el binomio sociedad civil y participación ciudadana nos refieren a dos grandes campos de discusión teórica de la cual se ha producido mucho en los últimos años. Sin embargo, las relaciones entre ambas categorías es importante para especificar el marco en el cual se desarrollará la argumentación central de este capítulo: el marco de participación de la sociedad civil para influir en los problemas públicos e involucrar a los actores gubernamentales para la solución de los mismos, requiere del establecimiento de ciertas condiciones de incidencia que coloquen a dicho problema en el marco de una acción concertada, negociada o institucionalizada, con un referente ético, moral o normativo que devenga en responsabilidades del Estado. A esto hemos de llamar incidencia en lo público desde una perspectiva de derechos humanos. No obstante, que existen diferentes enfoques de estudio de la sociedad civil podemos comenzar por considerar, de acuerdo con Lucía Alvarez y Emilienne de León, “que la sociedad civil se refiere a una esfera dentro de lo social, básicamente autorregulada, constituida por una enorme variedad de movimientos sociales y formas asociativas, que se distingue entre otras cuestiones por: 1) diseñar y promover distintas formas de autorregulación social; 2) guardar una posición de relativa autonomía frente al poder institucionalizado; 3) constituir un ámbito crítico frente al poder estatal y frente a las dinámicas impuestas por las fuerzas del mercado; 4) ejercer diversos mecanismos de control sobre las acciones del sistema; 5) desarrollar distintas formas de incidencia y ocupación del espacio público, para construir a partir de ahí un importante contrapeso para el poder institucionalizado, y 6) promover en distintos planos la ampliación y defensa de los derechos ciudadanos.” 1 Estas características que Álvarez y De León condensan de las diferentes definiciones que se han producido sobre la sociedad civil, encuentran una posición dentro de la revisión teórica que Nora Rabotnikof llama como tradición neomarxista que dibuja a la sociedad civil como 1 Álvarez, Lucía y Emilienne de León, “la sociedad civil ante la transición democrática en México”, en Álvarez (coord.) La sociedad civil ante la transición democrática, Plaza y Valdés, REMISOC , México, 2002, p. 9.
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Capítulo 1. Participación ciudadana e incidencia pública
1.1 Sociedad civil y espacio público
En términos generales, el binomio sociedad civil y participación ciudadana nos refieren a dos
grandes campos de discusión teórica de la cual se ha producido mucho en los últimos años.
Sin embargo, las relaciones entre ambas categorías es importante para especificar el marco en
el cual se desarrollará la argumentación central de este capítulo: el marco de participación de
la sociedad civil para influir en los problemas públicos e involucrar a los actores
gubernamentales para la solución de los mismos, requiere del establecimiento de ciertas
condiciones de incidencia que coloquen a dicho problema en el marco de una acción
concertada, negociada o institucionalizada, con un referente ético, moral o normativo que
devenga en responsabilidades del Estado. A esto hemos de llamar incidencia en lo público
desde una perspectiva de derechos humanos.
No obstante, que existen diferentes enfoques de estudio de la sociedad civil podemos
comenzar por considerar, de acuerdo con Lucía Alvarez y Emilienne de León, “que la
sociedad civil se refiere a una esfera dentro de lo social, básicamente autorregulada,
constituida por una enorme variedad de movimientos sociales y formas asociativas, que se
distingue entre otras cuestiones por: 1) diseñar y promover distintas formas de
autorregulación social; 2) guardar una posición de relativa autonomía frente al poder
institucionalizado; 3) constituir un ámbito crítico frente al poder estatal y frente a las
dinámicas impuestas por las fuerzas del mercado; 4) ejercer diversos mecanismos de control
sobre las acciones del sistema; 5) desarrollar distintas formas de incidencia y ocupación del
espacio público, para construir a partir de ahí un importante contrapeso para el poder
institucionalizado, y 6) promover en distintos planos la ampliación y defensa de los derechos
ciudadanos.”1
Estas características que Álvarez y De León condensan de las diferentes definiciones que se
han producido sobre la sociedad civil, encuentran una posición dentro de la revisión teórica
que Nora Rabotnikof llama como tradición neomarxista que dibuja a la sociedad civil como
1 Álvarez, Lucía y Emilienne de León, “la sociedad civil ante la transición democrática en México”, en Álvarez (coord.) La sociedad civil ante la transición democrática, Plaza y Valdés, REMISOC , México, 2002, p. 9.
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un espacio delimitado frente al Estado y frente al Mercado. Rabotnikof2, ubica que esta teoría
de la sociedad civil retoma las distinciones de Habermas entre sistema y mundo de vida, en el
que ésta última categoría es propia de la sociedad civil al ser productora de solidaridad social
y regulada por la fuerza comunicativa del entendimiento. La sociedad civil desde esta
perspectiva recupera la fuerza “constituyente” de los movimientos sociales, a partir de la
voluntariedad, la autonomía y la coordinación comunicativa, con el fin de influir en la
dimensión institucional sistémica que siempre opera como reconocimiento de esa acción
colectiva en la medida en que tiende a su institucionalización. De esta manera coloca dentro
de esta tradición, al igual que Alvarez, a la sociedad civil como un espacio autónomo que se
distingue por sus siguientes componentes, recuperando a Cohen y Arato en su disertación
sobre sociedad civil y teoría política3: “1) pluralidad (familia, grupos informales y
asociaciones voluntarias, que representarían una pluralidad de formas de vida), 2) privacidad,
como ámbito de intimidad y de elección moral, 3) publicidad: desarrollo de esferas públicas,
formales e informales y 4) legalidad: estructura jurídica y derechos fundamentales para
garantizar la privacidad, la pluralidad y la publicidad.”4
Esto no quiere decir que Rabotnikoff y Alvarez, ignoren otras tradiciones teóricas
identificadas con diversas concepciones de la sociedad civil. Entre ellas podemos encontrar
las que se refieren a:
1) Las producidas por académicos vinculados con los organismos internacionales que han
desarrollado la idea del “capital social”, en el marco de las estrategias de desarrollo
sustentable y de las reformas económicas de las últimas décadas. Este concepto alude a la
generación de una sociedad civil en contraposición con el Estado, pero que desarrolla
básicamente su lógica desde el punto de vista económico. El capital social es entonces el
imperativo de la preservación del tejido social en medio de una lógica de mercado
individualizante; es la acción concertada del Estado y del Mercado por generar condiciones
para que los individuos puedan acceder al poder y a los recursos a través de mecanismos
colectivos y normas, fincadas en la generación de acuerdos, la toma colectiva de decisiones y
la formulación de políticas. En esta tradición la generación de lazos de solidaridad, la creación
de redes y organizaciones pueden crear compromisos cívicos que tiendan a la generación de
2 Rabotnikof, Nora, “Sociedad civil: cambio político, cambio conceptual”, en Álvarez, 2002, op. cit, pp. 16-20. 3 Arato, Andrew y Jena Cohen, Sociedad civil y teoría política, FCE, México, 2000. 4 Rabotnikof, ibidem, p. 27
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un sentido de igualdad ciudadana como lo apuntaba Tocqueville. El capital social, alude
entonces a las dinámicas en los que los actores se relacionan cara a cara y crean lazos de
solidaridad que el mercado no puede generar por sí mismo. Del mismo modo aluden a la
necesidad de que el Estado invierta en capital social para que la lógica del mercado no borre
los mecanismos distintivos de una ciudadanía activa democráticamente.5
2) Por otro lado se encuentran las discusiones que tratan de vincular el concepto de sociedad
civil directamente con la generación de redes sociales y organizaciones no gubernamentales
de carácter voluntario. Esta tradición es vinculada a la idea del Tercer Sector, que vincula la
tradición anglosajona del asociativismo con la multiplicación de organizaciones civiles con
impacto público a nivel internacional. De la misma forma, la idea del Tercer Sector está
vinculada también con la filantropía y las instituciones de asistencia privada,6 y el surgimiento
de organizaciones promotoras del desarrollo, así se resalta para su vinculación con la idea de
la sociedad civil, el carácter asociativo, autónomo, “de agregación de intereses individuales en
función de intereses colectivos, pareciera que este formato de asociación y de acción colectiva
resulta el candidato ideal para representarla o encarnarla”.7
3) La vinculación de la idea de sociedad civil vinculada con la producción de teoría de los
movimientos sociales que surgieron desde los años 80 hasta la fecha, que trascienden
fronteras, que tienen un carácter cívico, que tratan de influir en las organizaciones políticas y
en el Estado, y que además, tratan de configurar marcos éticos de referencia en función de los
cuales puedan reivindicarse derechos. Estos movimientos sociales estudiados por Claude
Leffort, Claus Offe, Alberto Melucci y Alan Turaine entre otros, ponen de relieve el carácter
social civil de los movimientos y los enmarcan dentro de las acciones que se dan en la vida
pública con el objetivo de la reivindicación pero con un carácter autolimitado; es decir
dejando a los actores políticos y económicos la transformación de estructuras que hacen
posible un cambio en las condiciones que se reivindican.
4) Existe otra producción importante que ha sido vinculada también con la idea de la sociedad
civil y es la que tiene que ver con la participación ciudadana. A ella volveremos más adelante;
sin embargo es importante mencionar aquí que se encuentra ligada a una idea de ciudadanía 5 Putnam, Robert, Making democracy works, Princeton University Press, 1993. 6 Al respecto puede consultarse, Valdés, Guillermo, “Algunos aspectos para entender la filantropía mexicana”, en REMISOC. De lo cívico a lo público, CAM- REMISOC, México, 1998, pp. 65-71. 7 Rabotnikof, ibidem, p. 29.
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estrechamente vinculada con las estructuras del Estado para la consecución de objetivos
comunes al actor gubernamental y al ciudadano. En ella se pueden establecer los mecanismos
que hacen posible que esta relación se dé en un marco administrativo y normativo claramente
establecido dentro de los límites de la vida democrática. En ella se encuentran enmarcados los
procedimientos, las organizaciones, los roles y los actores para la solución de problemas
públicos. Autores como Cunill, Borja, Canto y Bolos han aparecido en la reflexión sobre las
diversas formas de participación ciudadana vinculadas a la idea de una sociedad civil activa
en la vida democrática.
No obstante estas distinciones, lo que acerca a las concepciones de Alvarez y Rabotnikoff
sobre la sociedad civil es su base en la producción teórica que sobre la misma han generado
Arato y Cohen, que a su vez toman como referencia la discusión habermasiana entre sistema y
mundo de vida. Para el desarrollo de esta argumentación, es necesaria una aproximación a
esta perspectiva, pues es desde ahí, como se explicarán las nociones sobre participación que
los actores sociales pueden desarrollar de manera abierta, flexible y disruptiva, pero
organizada, estratégica y dirigida a la incidencia en lo público.
En su tesis de investigación doctoral, Alvarez hace un recuento muy interesante de la teoría de
la acción comunicativa de Habermas identificando las categorías básicas que le distinguen y
aquellas que sirven para explicar la emergencia de una sociedad civil que se diferencia del
Estado y del mercado.8 Alvarez señala cómo Habermas, como heredero de una tradición
neomarxista, se aventura a la construcción de una teoría que reubica a la sociedad civil con
una lógica autónoma de la vida económica (a diferencia de Hegel) o dentro del ámbito estatal
para reproducir la ideología burguesa (como en el caso de Gramsci). La obra de Habermas,
esta fundamentada en la crítica de la teoría de sistemas según la cual la sociedad está
organizada por un conjunto de normas y estructuras que regulan la vida social que provoca
relaciones de interdependencia entre individuos y grupos sociales pero que obedecen a una
lógica externa a ellos. La teoría de sistemas9 invoca así la racionalidad instrumental que
articula al sistema social y que regula dichas relaciones con un funcionamiento propio del que
los actores no pueden prescindir. En esta lógica sistémica, el Estado y el mercado son dos
subsistemas que tienen funciones específicas para la regulación de las relaciones sociales: la
8 Álvarez, Lucía, “La sociedad civil en la ciudad de México, proceso de conformación y aproximación a la vertiente de izquierda”, Tesis doctoral, UNAM, 2002. 9 Luhman, Niklas, Sistemas sociales, Editorial Alianza, UIA, 1991.
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administrativa y la económica. Ambas racionalidades se levantan como sistemas complejos
externos a los individuos pero que constituyen un conjunto de reglas, procedimientos y
normas que regulan la vida social.
A esta idea de regulación Habermas contrapone el mundo de la vida. Es decir, la acción de los
individuos que provoca el movimiento de subjetividades que a través de la comunicación
crean referencias culturales, de reproducción social y de integración social, al margen de la
lógica del sistema. A través de la acción comunicativa los colectivos sociales crean horizontes
de conocimiento, de experiencia y de interpretación comunes, que permiten la renovación del
saber cultural, crea lazos de cooperación, vincula a los colectivos de forma solidaria y ayuda a
modelar identidades personales. “La acción comunicativa se basa en un proceso cooperativo
de interpretación en el que los participantes se refieren simultáneamente a algo en el mundo
objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo… (en el que) los hablantes y oyentes
emplean un sistema de referencia que constituyen los tres mundos, como marco de
interpretación dentro del cual elaboran las definiciones comunes de su situación de acción”.10
Estas relaciones del mundo de la vida crean espacios en el mundo social susceptibles de ser
tematizados y problematizados con relación a las normas establecidas por el sistema y van
configurando componentes con los cuales se renueva el mundo de vida y se dota de sentido a
la acción: la cultura (significados), la personalidad (capacidad) y la sociedad (solidaridad). La
experiencia, la acción y la interpretación colectiva van alimentando estos componentes hasta
hacerlos relativamente autónomos del sistema y, en la medida en que son apehendidos por los
sujetos participantes de manera crítica, forman un orden social de composición y naturaleza
diferentes y dotan de un grado de institucionalidad al mundo de vida. Alvarez lo explica como
“la potencialidad contenida en el mundo de la vida en esta dirección proviene en buena
medida de la cualidad de la acción comunicativa, en tanto a acción racional orientada a lograr
el entendimiento mutuo entre los individuos, a partir de ciertos criterios de validez,
susceptibles de crítica, establecidos por los propios “hablantes”. Estos cuentan con
condiciones previas para la formación de consensos, a partir de la existencia de un conjunto
de conocimientos implícitos que median entre ellos y del reconocimiento intersubjetivo, como
individuos capaces de entendimiento”.11 En tal sentido Habermas en su obra Facticidad y
10 Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa II, Taurus, Madrid, 1998, p. 171. 11 Álvarez, Lucía, “Actualidad y debate en torno a la sociedad civil”, en Bolos, Silvia (coord.) Participación y espacio público, UACM, México, 2003, p. 51.
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Validez apunta, “… su núcleo institucional lo constituye esa trama asociativa no- estatal, no –
económica, de base voluntaria, que ancla las estructuras comunicativas del espacio de la
opinión pública en el componente del mundo de la vida, que (junto con la cultura y la
personalidad) es la sociedad. La sociedad civil se compone de esas asociaciones,
organizaciones y movimientos surgidos de forma más o menos espontánea que recogen la
resonancia que de las constelaciones de problemas de la sociedad, encuentran en los ámbitos
de la vida privada, la condensan y elevándole, por así decir, el volumen y la voz, la trasmiten
al espacio de la opinión pública-política. El núcleo de la sociedad civil lo constituye una
trama asociativa que institucionaliza los discursos solucionadores de problemas,
concernientes a cuestiones de interés general, en el marco de espacios públicos más o menos
organizados…”12
Así pues, Habermas formula en su teoría de la acción comunicativa la idea de la ética
discursiva, en el establecimiento de condiciones para la discusión, la deliberación y la
construcción de consensos en base a los problemas del mundo de la vida elevados a lo
público. Es decir, se requiere de condiciones de garantía para que los interesados puedan
desarrollar su deliberación en condiciones de igualdad, racionalidad y reconocimiento mutuo
y recíproco de que el diálogo se está realizando entre participantes como sujetos racionales.
“No obstante, la dinámica de la esfera pública y en general la reproducción del mundo de la
vida, se ven permanentemente alteradas por la influencia y penetración de las formas de
racionalidad económica y administrativa y por factores de origen sistémico, como son los
valores instrumentales generalizados que representan el poder y el dinero. A través de un
“proceso de colonización” el mundo de la vida se ve sometido por las coacciones sistémicas a
un proceso de instrumentalización, en el que las cualidades de sus componentes sustantivos se
mediatizan, y en el que los “medios de control” (poder y dinero) sustituyen al lenguaje como
“mecanismo de coordinación de la acción”, impregnando a estos ámbitos con la lógica del
sistema y distorsionando la dinámica que les es consustancial”. 13
La institucionalización del mundo de la vida y su consecuente acción colectiva
transformadora, someten a un proceso crítico al orden establecido y a la consecuente
colonización de la que pretende ser objeto. De esta manera, la acción colectiva desenmascara,
a través de la ética discursiva, la racionalidad instrumental del sistema y coloca en el centro de
12 Habermas, Jürgen, Facticidad y Validez, Ed. Trotta, Madrird, 1998, pp. 447. 13 Ibid, pp. 434-436.
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la acción un consenso normativo basado en la reflexión, y en procesos abiertos de acción y
comunicación. Así, la racionalización del mundo de la vida, desarrolla una crítica a la
tradición, al convencionalismo y a la colonización de que es objeto por el sistema. Alberto
Olvera explica como la racionalidad del mundo de la vida debe llevarse a cabo a través de tres
procesos paralelos: 1) la instrumentalización de una reflexión crítica y reflexiva con la
tradición, 2) la ampliación del nivel institucional del mundo de la vida, y 3) la
institucionalización de estos procesos en el plano de la ley, en el de las costumbres, y en el de
la autocomprensión de la sociedad.14
Así pues la teoría de Habermas sobre la acción comunicativa dota de autonomía a la sociedad
civil como portadora y parte de, el mundo de la vida, en contraposición al Estado y la
Economía que coloca como parte de dos susbsistemas mutuamente relacionados. Dentro de
este nuevo modelo, Arato y Cohen desarrollan una teoría de la sociedad civil en la que se
incorpora la idea de que el mundo de la vida a su vez es influenciado por los medios naturales
del sistema (poder y dinero) en dos dimensiones: una pública (la esfera de la opinión pública)
y una privada (las relaciones interpersonales y la familia). De esta manera se complejiza aún
más la noción de colonización del mundo de vida, a través de las relaciones existentes entre
estos cuatro planos. Una relación se desarrolla entre el Estado y la sociedad civil (en su plano
público) y otra entre la esfera económica y la sociedad civil (en su plano privado).15 En medio
de esta complejidad, los componentes del mundo de la vida (personalidad, cultura y sociedad)
se modernizan y crean patrones de asociación voluntaria en el que la ética discursiva
reivindica un estatuto de reconocimiento igualitario de las identidades colectivas racionales y
solidarias, como actores autónomos con capacidad para interpretar y dar significación. “Las
implicaciones de este proceso conducen igualmente a la recuperación del plano de la legalidad
como ámbito para la estabilización de derechos y la inserción de los valores y principios
contenidos en el mundo de la vida; a través de la penetración en las instituciones y la práctica
legal, lo que da como resultado la institucionalización de nuevas significaciones culturales y
morales dentro de la ley positiva.16
La sociedad civil, así definida por Cohen y Arato, es “una estructura institucional de un
mundo de la vida moderno estabilizado por los derechos fundamentales, que incluirían dentro 14 Álvarez, Lucía, la sociedad civil en la ciudad de México, oportunidades políticas y esfera pública, UNAM, Plaza y Valdés, México, 2004, p. 24. 15 Arato y Cohen , 2000, op. cit, p. 486. 16 Ibid. p. 490.
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de su campo las esferas de lo público y lo privado”.17 La institución de los derechos
fundamentales representa en esta concepción un componente esencial para la modernización
del mundo de la vida, a la vez que un elemento distintivo, en la medida que la estructura de
estos derechos lejos de estar sustentadas en reglas normativas está fundada en “principios
legales” (justificados por su carácter universal y establecidos mediante la argumentación).
Por otro lado, los autores nos dicen que si nos concentramos en las esferas institucionales de
la sociedad civil se pueden encontrar tres complejos de derechos: 1) los que se refieren a la
reproducción cultural ( libertades de pensamiento, prensa, expresión y comunicación), 2) los
que aseguran la integración social (la libertad de asociación y de reunión), y 3) los que
aseguran la socialización (la protección de la vida privada, de la intimidad y de la
inviolabilidad de la persona). La institucionalización de estos derechos ha sido producto de la
penetración del mundo de vida en los subistemas poder y dinero, pero a su vez ha creado
nuevos complejos de derechos: a) entre la sociedad civil y el mercado (los derechos de
propiedad, de contrato y de trabajo) y b) entre la sociedad civil y el Estado (los derechos
políticos de los ciudadanos y los derechos de los clientes al bienestar). Los autores nos
alertan también acerca de cómo se ha argumentado que el discurso de los derechos se ha
utilizado para favorecer la colonización del mundo de la vida mediante la vigilancia del poder
del Estado sobre los ciudadanos para el control del mercado. Sin embargo, distinguen también
que “aunque el Estado es la agencia de legalización de los derechos, no es ni la fuente, ni la
base de su validez. Los derechos empiezan como demandas presentadas por grupos e
individuos en los espacios públicos de una sociedad civil emergente. Pueden ser garantizados
por la ley positiva, pero no equivalen a la ley ni son derivadas de la misma; en el dominio del
derecho, la ley asegura y estabiliza lo que se ha logrado en forma autónoma por los actores
sociales”.18
Así, los derechos y su reconocimiento legal o tácito, se vuelven un componente esencial para
la sociedad civil, al reconocer que la ley positiva y los componentes del sistema (poder y
dinero) se han institucionalizado de tal manera que penetran en las esferas pública y privada
en las que se mueve la sociedad civil, como un mecanismo de control legítimo. Pero también
este reconocimiento de derechos universales se vuelve un motor para dotar de significación al
mundo de la vida, constituyendo una ética discursiva, mediante el cual los sujetos de la
comunicación y de la acción del mundo de vida logran penetrar en estos subsistemas para
17 Ibid. p. 493. 18 Ibid. pp. 394 y 395.
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contrarrestar la colonización y marcar un grado de autonomía entre la sociedad civil y la ley
positiva.
Bajo esta perspectiva podemos reconocer la teoría subyacente a la posición de Alvarez y De
León que reseñamos al principio. Una definición de la sociedad civil que tiene estas
características está mediada por las circunstancias propias de ciudadanía y la situación que
guardan los derechos humanos en una sociedad específica. Al respecto Phippe Chanial
describe esta relación como un desafío para toda sociedad civil: “la que ahora puede ser
definida como una sociedad cívica y solidaria, en búsqueda, por decirlo de alguna manera, de
una democracia durable. El reto de una política de la sociedad civil consiste, en este sentido,
no sólo en defender la autonomía de la sociedad civil ante las amenazas que hacen pender
sobre su integridad, el Estado y el mercado, sino también en democratizar esos tres polos,
favoreciendo dentro de la sociedad civil la consolidación de los compromisos y de las
solidaridades voluntarias, rompiendo los marcos jerárquicos tradicionales de dominación, por
una parte, por otra; convirtiendo esa sociedad civil en vector de una democratización de las
instituciones políticas…”.19
Es en este sentido que las organizaciones de la sociedad civil van configurando su ética
discursiva y sus estrategias para incorporar en el mundo de la vida una identidad ciudadana
fincada en los derechos de participación, pero contrapuesta y autolimitada con respecto del
Estado y del mercado. Al respecto nos recuerdan Cohen y Arato, que “… La idea de la
autolimitación supone entonces que la forma de intervención de la sociedad civil en la
dinámica general del orden social no consiste en pretender la extensión, en una perspectiva
totalizadora, del principio comunicativo, al conjunto de la sociedad, sino que debe de llevarse
a cabo a través de buscar una influencia de tipo indirecto en las otras esferas, impulsando
normas y principios del mundo de la vida sobre los otros subsistemas…”.20 Así las
mediaciones posibles entre las esferas Estado, mercado y sociedad civil se encuentran en las
estructuras que hacen posibles las relaciones entre los diferentes actores, siendo los derechos
establecidos como ley positiva o como derechos morales, los que hacen posible que dentro de
estas intermediaciones institucionales entre el mundo de la vida y sus organizaciones, y el
aparato administrativo y político del Estado, como el mercado y su sistema económico 19 Chanial, Philippe, “Autonomía y solidaridad: la sociedad civil como garante de la indivisibilidad de los derechos”, en Canto, Manuel, (ed.) Derechos de ciudadanía. Responsabilidad del Estado, Icaria, Barcelona, 2005, p. 94. 20 Arato y Chen, ibidem, p. 102 y 103.
19
financiero, logren establecer un puente en el que la sociedad civil mantiene su autonomía, su
autorregulación y su vocación crítica y transformadora. Es decir la sociedad civil mantiene
como una orientación de sus acciones estratégicas, la preservación de los derechos de la
sociedad, la posibilidad de intervención social en la regulación del sistema, y la construcción
de escenarios guiados por consideraciones sociales, éticas e institucionalmente viables.
Así, las organizaciones de la sociedad civil, sean del carácter que sean, se mueven en una
esfera autónoma dentro de un sistema democrático que les hace posible esta movilidad. Por
tanto, recuperan la idea de la autolimitación en la medida en que se desarrollan en el plano
cívico del ejercicio de los derechos de asociación; pero reivindican la posibilidad de
establecer parámetros discursivos, nuevos valores y prácticas de interacción social con un
fuerte componente de derechos universales que limitan y a su vez obligan al Estado a regular
a la esfera económica, productora de desigualdades y exclusiones.
Ahora bien, esta autonomía de la sociedad civil y su reivindicación de derecho no la convierte
en una masa homogénea del mundo de vida, sino por el contrario, es una arena permanente de
debate y generación de consensos, de estrategias y acciones dirigidas a lo público, de
gestación de iniciativas y relaciones asimétricas, en una palabra de conflicto. La sociedad civil
así, está inmersa en el conflicto propio de los problemas públicos en los que quiere intervenir,
los que quiere transformar, los que quiere descolonizar. La diversidad de voluntades de los
distintos actores de la esfera social, hacen que el debate y la construcción de una ética
discursiva se centre en los derechos, pues son reconocidos como universales y válidos para
todos.
20
1.2 Ciudadanía y derechos humanos
La noción de que la sociedad civil es una esfera dentro de la cual se reivindica la autonomía
de lo social y los derechos en los que se fundamenta, nos lleva a reflexionar sobre otra
cuestión importante para nuestra argumentación. Los derechos humanos son una mediación
necesaria entre la ciudadanía y el Estado en sociedades específicas. No obstante que los
derechos se reivindican como derechos fundamentales y universales, cada Estado nación los
adopta y los traslada a sus legislaciones específicas con el ánimo de convertirlas en leyes
positivas con las cuales regular la convivencia social y dotar de contenidos culturalmente
específicos para su propia ciudadanía. A pesar de que las reflexiones anteriores nos llevan a
adoptar una perspectiva sobre la sociedad civil que puede referirse a un fenómeno que se
favorece por la globalización de la economía y de las relaciones sociales, debemos de tener
cuidado en lo que toca a la universalización de la ley positiva. Los derechos humanos, los
tratados internacionales y las convenciones que los definen en el plano internacional no
constituyen más que incipientes experimentos de justicia e igualdad globalizada. Las cortes
internacionales y los sistemas de protección todavía no alcanzan a sobrepasar, en forma
amplia y suficiente, las fronteras nacionales y la extraterritorialidad de las leyes positivas de
cada país en materia de derechos humanos. Así pues nos encontramos con la noción de
ciudadanía, como la portadora de la esfera social en medio de la cual el sistema deja que se
desarrolle el mundo de la vida. Y frente a la ciudadanía, Manuel Canto recupera tres
dimensiones de la discusión contemporánea que pesan sobre su relación con los derechos
humanos:21
a) Ciudadanía e individualización. En el discurso de los derechos humanos existe un
sobredimensionamiento de los individuos por encima de la colectividad, diluyendo el
lado socialmente productivo de las distintas formas de solidaridad. Este dilema puede
verse presentado de mejor manera en las palabras de Castellanos de la Plataforma
Latinoamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo: “… en el reclamo
jurídico, puede llevar a que los defensores de derechos humanos devengan en una
relación particular con las personas que han sido víctimas de las violaciones, o los
familiares de éstas, y se vaya consolidando una relación más de cliente y
representante, que es una relación tradicional y no la que debiera ser, si es una causa
en general. Creo que debemos de cambiar el enfoque y apuntar a una movilización
21 Canto (ed.), 2005, op. cit. p. 22.
21
general por los derechos humanos. El movimiento de los derechos humanos no puede
ser una causa más, no puede ser la causa de los abogados defensores, sino la causa de
los interesados en la realización plena de los derechos humanos…”.22 Así Canto nos
recuerda que “el derecho no es otra cosa más que la afirmación y el reconocimiento de
la dignidad común de las personas, derechos cuya conquista y realización no se
pueden pensar de manera aislada, sino que reclaman de la intervención del “demos”,
no sólo como capacidad de ejercicio de la presión política, también como capacidad
deliberativa para resolver en cada caso los derechos contrapuestos de manera
equitativa”.
b) Ciudadanía y exclusión. La reivindicación de los derechos humanos dentro de las
organizaciones de la sociedad civil surge como un intento de pasar por encima de la
exclusión implícita de los derechos de ciudadanía. Es decir la ciudadanía tiene su
definición en contraposición a las instituciones del Estado y de una comunidad política
que excluye a los ciudadanos de la toma de decisiones. Esta exclusión, hace que la
reivindicación de los derechos humanos por parte de colectivos y organizaciones de la
sociedad civil no estén en correlato con aquellos preceptos y ordenamientos positivos
instalados por el Estado para regular la participación de la ciudadanía.
c) Ciudadanía y universalización. Este dilema, ya explicado arriba, lo enunciamos
también por ser de particular importancia para la tesis que nos ocupa. Al no haber un
reconocimiento de la ciudadanía universalizada, a pesar del fenómeno de la
globalización, los ordenamientos legales y su posibilidad de exigibilidad por parte de
la sociedad civil, resultan en complejos sistemas de exclusión y mecanismos legales
que dificultan la justicia hacia las violaciones a los derechos humanos. El caso de los
derechos de los migrantes y las personas víctimas de la trata internacional de personas,
son un claro ejemplo de la dominación del subsistema económico a nivel mundial por
sobre los Estados y la sociedad.
Siguiendo estas coordenadas podemos ubicar cómo la sociedad civil encuentra en la idea de
ciudadanía una camisa de fuerza de la cual quiere salir en un movimiento doble: a) hacia lo
exterior (de los Estados nacionales) creando la idea de la ciudadanía global portadora de
derechos capaces de limitar la dinámica desmesurada del mercado; y b) hacia lo interno (de
los Estados nacionales) tratando de recomponer el tejido social que le da fuerza a través de la
22 Castellanos, Camilo, “la experiencia de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo”, en Canto (ed.), 2005, op. cit. p. 199.
22
generación de sus componentes (cultura, personalidad y solidaridad), para contrarrestar la
anomia e individualización de que es objeto por la lógica individualizante del mercado.
No está demás indicar que una sociedad civil que se distingue de la lógica propia del
mercado, reconoce la subordinación del subsistema Estado y su componente de poder, a la
lógica del mercado y de su componente esencial, el dinero. El fenómeno de la globalización
neoliberal ha provocado la idea de una sociedad orientada por la desmesura del mercado.
Phillipe Chanial la describe de esta forma: “la desmesura en las ganancias especulativas o de
las estratosféricas remuneraciones en stocks options, para los patrones de las megaempresas
(incluso cuando las han llevado a la quiebra); la desmesura en la explotación del trabajo
(informal, infantil, de los inmigrantes clandestinos, prostitución y mafias); la desmesura en la
explotación de los recursos naturales; la desmesura científica presente en la “artificialización”
y la mercantilización de los seres vivos, etcétera. Sin hablar de la desmesura en el poder
militar de algunos estados, dada la actualidad internacional”.23 Esta desmesura de la vida
moderna nos hace recordar a la sociedad de riesgo planteada por Ulrich Beck,24 en la que se
instala como un imperativo de la política moderna el ideal de la autolimitación. La sociedad
civil en esta perspectiva se plantea como ese movimiento de ciudadanía global que trata de
moderar la ilimitación de la lógica del mercado, siendo que los Estados nacionales han
claudicado en la regulación del mismo.
Marcos Villamán, en el mismo seminario recopilado por Canto, señala como la dinámica del
subsistema económico ha producido la exclusión de la ciudadanía en un movimiento perverso
y esquizofrénico. Señala como estas características del mercado, que esencialmente provocan
desigualdad y pobreza de grandes masas de personas en los países periféricos, provocan “esta
exclusión (que) ocurre además en un mundo en el cual el consumismo se hace omnipresente y
gracias a los medios, ha coadyuvado a generar la llamada “revolución de las expectativas”. Se
generan así frustraciones dramáticas en las poblaciones empobrecidas de los países de
América Latina, particularmente en los y las jóvenes, que se convierten en el caldo de cultivo
para las diversas respuestas sociales e individuales, desde la evasión religiosa de corte
fundamentalista, hasta prácticas violentas y delincuenciales. Y es que vivimos en una
sociedad contradictoria y esquizofrénica. Por un lado se produce la inclusión simbólica de la
23 Ibidem, Chanial, p. 90. 24 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1994.
23
población en el mundo del consumo, y por otro, y al mismo tiempo, ella sufre la exclusión
social material del mismo.”25
Decíamos que dentro de esta lógica de la dominación del subsistema económico, la sociedad
civil se encuentra atrapada en su propia paradoja: los problemas públicos sociales que quiere
resolver tienen una dimensión global que traspasa las fronteras territoriales de los Estados
nación y coloca a los ciudadanos en una posición de indefensión frente a las realidades
globales o extraterritoriales cuando no se encuentran en su país de origen; por otro lado
necesita del refuerzo de la ciudadanía local para reconstruir los lazos de solidaridad perdidos
por la dinámica del mercado. El Estado moderno fincado en la reivindicación de los derechos
ciudadanos dio como resultado el registro de una ciudadanía con una tradición política que
pone acento históricamente, y para fines analíticos, en tres formas de vida asociativa: el
liberalismo y los derechos civiles (la libertad individual y el derecho de propiedad y libertad
contractual); la vida republicana y los derechos políticos (que ponen el acento en la
participación de la ciudadanía de forma directa o indirecta en la elaboración de normas que
rigen a la comunidad); y la socialdemocracia (que reivindica los derechos sociales al
bienestar, la protección y la justicia social).
Puede decirse que la reivindicación de los derechos es un fenómeno históricamente
construido, y que sin embargo no puede hablarse de una división de los derechos para su
análisis e interpretación porque éstos son indivisibles, iterdependientes, inalienables y
universales, discusión sobre la que volveremos más tarde. El hecho es que para la vida
política de la ciudadanía, las formas de gobierno y los énfasis de la comunidad política de
cada Estado nación han hecho que la reivindicación de los derechos se vuelva
extremadamente compleja y paradójica. Por un lado se apela a la universalidad de los
derechos humanos y por el otro se limita su aplicación a la ley positiva existente en cada
Estado-nación. De esto último se desprende que la tradición política de cada nación establezca
el énfasis dentro del cual la comunidad política orienta las leyes positivas. No significa que
cada tradición política niegue la existencia de los otros derechos, sino que les otorga un grado
de jerarquía con respecto de los otros. Al respecto Philippe Chanial desarrolla una
argumentación, en la cual los derechos de ciudadanía se expresan en los ideales de los
individuos y de los colectivos de verse libres de dominación y portadores de derechos y
25 Villamán, Marcos, “De deseos y posibilidades: derechos humanos, Estado y democracia”, en Canto (ed), op. cit. p. 71.
24
solidaridad. En ambos casos se apela a las formas en que la ciudadanía desarrolla a partir de
los derechos sociales una autonomía privada (orientada por los derechos civiles) y una
autonomía pública (orientada por los derechos de participación política); y que es ahí donde
radica la paradoja de las sociedades democráticas: “…el problema de la democracia resultaría
del hecho de que la conquista de la libertad, de la independencia individual, solo podría ser
obtenida a costa de la igualdad y de la justicia social, es decir, en beneficio de un
sometimiento cada vez mayor a la lógica del mercado; y, recíprocamente, que la conquista de
la igualdad, de la justicia social, sólo podría ser obtenida a costa de la libertad, es decir, en
beneficio de un sometimiento cada vez mayor al Estado y a sus normas. Pareciera así que la
lucha contra la dominación del mercado habría de conducir a la sustitución de una forma de
dominación (la de los medios de producción) por otra (la de los medios de coerción)”.26
La sociedad civil y sus propias paradojas, trata de dar salida a esta paradoja mayor de la
democracia y sus sistemas político- administrativos. La idea de una ciudadanía activa en la
toma de decisiones, pero que ejerce sus derechos civiles y se hace cargo de los problemas
públicos relacionados con los derechos sociales, supone un principio de autogobierno en el
que se le ponen límites tanto al Estado como al mercado. Estos límites están dados por el
principio de solidaridad recíproca. “Si lo que está en juego, es efectivamente la cuestión de la
solidaridad (con las víctimas, para empezar), esa solidaridad no puede ser sencillamente
comprada con dinero, ni regulada por el mercado, ni obtenida mediante la coerción que
ejercen las regulaciones del Estado”.27 De esta forma la sociedad civil da concreción a su
ideal, a través de la reivindicación de su derecho a participar por un lado, y al ejercicio de la
solidaridad recíproca de su vida múltiple asociativa, por el otro; a través de la convicción de
la necesidad de la realización de la integralidad de los derechos humanos y de la exigencia de
justicia y regulación del mercado y del Estado por medio de las leyes positivas; al ejercicio al
ideal de la ciudadanía global limitadora de la desmesura del mercado, y al ejercicio de una
ciudadanía activa que crea lazos de solidaridad, horizontes de sentido, y modela cultura y
personalidad.
Al respecto Nora Rabotnikof nos ofrece un análisis de la ciudadanía en la que distingue dos
concepciones: una vinculada indisolublemente a los derechos y la otra que la vincula a la
26 Chanial, ibidem, p. 89. 27 Ibid. p. 91.
25
identidad y la pertenencia.28 En cierto sentido esta distinción corresponde al debate entre
liberales y comunitarios, sobre el sentido y apropiación de los derechos humanos. Por un lado,
la argumentación de corte liberal nos muestra la tendencia de la sociedad civil al
establecimiento de una ciudadanía globalizada en la que se resguarden los derechos
individuales de las personas y se establezcan mecanismos para su vigencia por medio de la
positivación de los derechos en el plano internacional y con mecanismos de jurisdicción
global, dado que los derechos son universales y tienen que tender a ser parte de un derecho
positivo global. Dentro de esta concepción liberal de los derechos, se encuentran dos
posiciones respecto a su utilización como derechos morales o como derecho positivo. Una
posición critica de manera abierta la banalización del lenguaje de los derechos humanos,
“como pretensiones que remiten a exigencias de justicia carentes de base empírica en el
derecho vigente”. Esta posición prefiere “restringir el uso del término a las normas e
instituciones jurídicas, cuya existencia y significado están afirmados convencionalmente por
el derecho positivo”,29 transformando paulatinamente las demandas de los derechos morales a
las leyes positivas. La otra posición prefiere que el lenguaje de los derechos se base en las
exigencias de la vida moral de las sociedades, argumentando que sólo así se puede dar cabida
a la creación de nuevos derechos positivos.
Rabotnikof nos recuerda cómo este debate se parece mucho al de los jusnaturalistas y
juspositivistas. En la primera perspectiva “los derechos tendrían una consistencia pre o extra
legal, serían mandatos morales imperativos o tendrían una especie de realidad ontológica
cuyo reconocimiento se impondría antes o independientemente de las convenciones… en
cambio quienes reivindican el principio de la legalidad como criterio de identificación del
derecho vigente, exigen reservar el término para aquellos derechos positivamente
reconocidos”.30
Por otro lado se encuentra la posición de corte comunitarista que critica, igualmente la
retórica de los derechos, pero que la dirige a las consecuencias de la concepción liberal. Al ser
los derechos los esgrimidos como base de toda relación entre los ciudadanos y el Estado, se
argumenta que: 1) la creciente demanda basada en el lenguaje de los derechos hace que la
sociedad se transforme en una sociedad de “claimers”; 2) El lenguaje de los derechos impide
28 Rabotnikof, Nora, “Ciudadanía y derechos”, en Canto (ed.), 2005, op. cit. pp. 29-48. 29 Ibid. pp. 32-33. 30 Ibid.
26
resolver el conflicto entre derechos en situaciones de la vida social que aún no tienen
suficiente diálogo para ser resueltos, como es el caso del aborto en el que se invocan dos tipos
de derechos ( la libertad y la disposición del propio cuerpo contra el derecho a la vida), en el
que se clausura de entrada el debate, porque precisamente los derechos no son negociables; 3)
El florecimiento del lenguaje de los derechos provoca un movimiento en el que las formas
sociales de relación, espontáneas, solidarias, libres y voluntarias se ven mermadas por querer
volver jurídicas las formas sociales, 4) los derechos sociales (y esta es una crítica a la
socialdemocracia) se ven reducidos a formas individualizadas dependientes y pasivas de la
tutela del Estado que liquidan la ayuda mutua, los lazos familiares y las redes de asociaciones
voluntarias sustituyéndolos por individuos clientelares y dependientes.
Este debate sobre los derechos cobra un especial énfasis cuando se trata el tema de la
ciudadanía, pues es en el ejercicio de los derechos donde los comunitaristas ponen el énfasis,
a pesar de la hegemonía lograda por la cultura occidental de corte liberal, que reconoce la
existencia de los derechos como un resultado de luchas históricas que transforman el lenguaje
político moral en un lenguaje jurídico para poder hacer exigibles los derechos. Sin embargo,
para los comunitaristas es imperativo recuperar un modelo de ciudadanía basado en la
pertenencia y en la participación como elementos de identidad política. Esta discusión puede
verse desarrollada en la idea de la ciudadanía global que reivindica el cosmopolitanismo o
universalismo de los derechos humanos y las posturas que plantean la redefinición de los
espacios de la ciudadanía en términos locales.
Rabotnikof nos dice que se trata de la antinomia entre el universalismo de los derechos
humanos y su realización en los límites estatales a partir de la ciudadanía, “… la idea de la
ciudadanía pensada en términos de Estado- nación… la llamada, crisis y redefinición de la
soberanía estatal, el surgimiento de instituciones supraestatales y la realidad de las
migraciones han llevado a muchos analistas a posiciones diferentes en cuanto a los llamados
derechos de ciudadanía y a su relación con la pertenencia nacional-estatal… estos derechos
humanos fundamentales suponían que la titularidad la ejercían las personas , pero el tema de
las migraciones saca a la luz que el ser persona ha dejado de constituir una condición para
poseer dichos derechos, entre otras cosas porque éstos, en los países desarrollados, se han
convertido en derechos de ciudadanía. Esta última se ha fracturado internamente en diferentes
tipos de ciudadanías desiguales, en lo externo funciona como un privilegio, y una fuente de
27
exclusión y discriminación respecto de los no ciudadanos”.31 Esta idea apunta a la
reivindicación de la desnacionalización de la ciudadanía para el ejercicio y realización de los
derechos humanos.
Por otro lado, los comunitaristas plantean la “recolocación de la ciudadanía” en el ámbito de
las diferentes comunidades locales, los espacios de la sociabilidad cotidiana y las redes de la
sociedad civil que tenderían a dar vigencia a los derechos humanos en la medida en que en la
esfera política “este modelo identitario de ciudadanía se traduce en diferentes propuestas de
participación, y aparece ligado a diferentes modos de desconcentración, descentralización y
federalización, que acentúan, otra vez, la dimensión de pertenencia, acortamiento de
distancias y confianza”32; en otras palabras, que los ciudadanos no sólo reivindican sus
derechos sino que los ejercen en un clima de solidaridad. Al respecto Chanial recupera la idea
de Michael Sandel, “en caso de que la esperanza de reanimar el autogobierno siga teniendo
sentido, tal propósito no exige “reubicar” la soberanía, sino más bien dispersarla: la
alternativa más prometedora al Estado soberano no radica en una comunidad mundial basada
en la solidaridad hacia la humanidad entera, sino más bien en una multiplicidad de
comunidades y de cuerpos políticos (algunos más amplios, otros más reducidos que las
naciones) en cuyo seno redifundiría la ciudadanía”.33
Así pues, el debate entre comunitaristas y liberales no escapa de una realidad inherente a la
naturaleza de la sociedad civil. Más allá de la posición prescriptiva que se adopte sobre la
vigencia y realización plena de los derechos humanos, la noción de ciudadanía acota el debate
a los límites de los estados nacionales en contraposición con la idea de la ciudadanía global, al
mismo tiempo que acota el ejercicio de los derechos a las leyes positivas, en contraposición a
la defensa de los derechos morales sin base jurídica. El hecho es que las organizaciones de la
sociedad civil, múltiples y diversas, se mueven permanentemente en esta dialéctica para
limitar la acción devoradora del mercado y estimular la acción reguladora del Estado,
teniendo como base el discurso de los derechos que lo mismo son utilizados con una base
jusnaturalista que juspositivista. La localización de los problemas públicos y su vinculación
intrínseca con los fenómenos globales hacen parecer que las organizaciones de la sociedad
civil se muevan en una especie de eclecticismo; sin embrago, es en su carácter reivindicativo
31 Ibid. p. 41. 32 Ibid. p. 44. 33 Sandel, Michael, Democracy’s discontent, Harvard University Press, 1996, citado por Chanial, op. cit.
28
del mundo de la vida que utilizan los derechos, como la mediación eficaz con los subsistemas
administrativo y económico, atendiendo a situaciones históricamente inacabadas.
Rabotnikof concluye su disertación sobre este debate liberal-comunitario sobre los derechos
de ciudadanía, enumerando una serie de premisas que a su entender constituirían la base para
ampliar la base cívica de la democracia, en un contexto en el que se reconoce la necesidad de
establecer mecanismos de solidaridad que pregonan los comunitaristas para influir en la base
del ejercicio de los derechos que pregonan los liberales: 1) la sociedad civil no es una trama
de autoproducción espontánea de lo social, sino que está enraízada en una base jurídico-
política que está y debe estar respaldada estatalmente; 2) ni el reconocimiento del concepto
tradicional de soberanía, ni el reconocimiento de nuevas formas de acción colectiva supra o
trasnacionales implican dar por muertas las fronteras juridisdiccionales de los Estados, 3)
pensar en la ciudadanía de cualquier forma implica hacer efectivos los mecanismos de
exigibilidad jurídica de los derechos humanos, 4) el ejercicio de los derechos humanos
requiere de recuperar el espacio público como la arena en la que convergen los intereses del
Estado, de la sociedad civil y del mercado, 5) la acción colectiva de los ciudadanos no debe de
pensarse como antiestatal, sino como la posibilidad de devolver la tutela del Estado para la
protección de los derechos humanos.
“… Si con la idea de reconectar la democracia con los derechos de ciudadanía estamos
haciendo referencia a la ampliación de las iniciativas ciudadanas, a la tarea de control y del
ejercicio del ‘accountability’, a la defensa por parte de las asociaciones civiles de los derechos
establecidos (en el plano civil, político y sobre todo en el económico y social), a la
participación crítica en la elaboración de políticas públicas o en la elaboración de
procedimientos para hacer efectiva esa consulta, mediante la vigilancia de su cumplimiento y
de la mejora en los mecanismos de justiciabilidad de los derechos, entonces estamos
reconociendo la dimensión del mercado, pero también estamos redefiniendo el Estado
democrático y social de derecho” .34
Y de esta forma nosotros podemos concluir también que desde el punto de vista de una
sociedad civil activa, en el marco del ejercicio de sus derechos ciudadanos, los derechos
pueden:
34 Op. cit. p. 47.
29
a) Ejercerse, a través de la organización libre y voluntaria, del derecho de asociación, de
la participación en la vida comunitaria y social, de la influencia en la toma de
decisiones, y sobre todo de la participación autónoma en la vida pública, sea como
forma de autogobierno de las fuerzas sociales, como incidencia en la opinión pública o
como regulación del mercado o del Estado.
b) Los derechos pueden exigirse, desde la mediación de los derechos humanos como
derechos positivos o como prescripciones morales. En ambos casos los derechos son
esgrimidos por las organizaciones de la sociedad civil para ser reivindicados tanto en
sus demandas como en sus mecanismos de aplicación por parte del Estado.
c) Pueden hacerse justiciables, en la medida en que aparecen en un ordenamiento legal, y
poseen mecanismos institucionales para resarcir los daños que se provoca en las
víctimas su menoscabo.
d) Desde la sociedad civil, los derechos se promueven, se difunden y se generalizan
como principios orientadores de la ética discursiva y de la acción estratégica que trata
de descolonizar el mundo de la vida.
e) Los derechos se garantizan, y es aquí donde el papel de los subsistemas Estado y
Mercado tienen que autoregularse, el primero para no introducirse en la vida cotidiana
de los individuos y las colectividades pero garantizando y asegurando los mínimos de
bienestar necesarios para el desarrollo de la personalidad, la solidaridad y la cultura de
individuos y colectividades; el segundo para limitar su acción responsablemente,
poniendo límites a la desmesura y participando de la reducción de los diferenciales de
desigualdad.
Así, la acción de la sociedad civil encuentra en el ejercicio de la ciudadanía un punto clave
para tomar la iniciativa en el espacio público con la brújula de los derechos humanos, partir
del ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
Por otro lado, la clave del ejercicio de los derechos de ciudadanía se encuentra en la
participación. El desarrollo de una sociedad civil activa, influyente, autolimitada,
descolonizadora y reguladora de los subsistemas administrativo y económico, requiere de la
participación de sus organizaciones y formas asociativas en el espacio público.
30
1.3 Participación ciudadana: entre el gobierno y la ciudadanía
Por otro lado en el marco de estas reflexiones sobre el ejercicio de los derechos de ciudadanía
por parte de las organizaciones de la sociedad civil se encuentra está discusión respecto a las
formas y mecanismos de participación. La participación significa “tomar parte en”, pero
cuando se habla de participación ciudadana generalmente se le restringe a la relación que se
establece con las autoridades para la instauración de mecanismos que le provean de
soluciones a los problemas públicos. Al respecto, Bolos (2003, p. 7) nos dice: “… el término
participación es utilizados para explicar la incidencia de los individuos y grupos sociales en
las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, es decir, en la
consulta, las discusiones, el planteo de propuestas y, en algunos casos, en la gestión de
recursos… restringiremos el término participación ciudadana a aquellos casos que representan
una respuesta –individual o colectiva- desde lo social a una convocatoria realizada por parte
de las autoridades gubernamentales en aquello espacios institucionales que éstas designan o
crean para involucrar a sectores de la población en alguna actividad especifica en el ámbito de
lo público”.35 Es decir el ejercicio de los derechos de ciudadanía y la movilidad de la
sociedad civil en el marco de los Estados- nación se ve restringida frente a esta definición de
participación ciudadana, que es más instrumental y orientada por la idea de las políticas
públicas.
En el sentido expuesto en el apartado anterior, podríamos decir que la mediación que la
sociedad civil trata de establecer entre el mundo de vida y los otros dos subsistemas se hace
en el marco del ejercicio de derechos de ciudadanía de una sociedad específica o dentro de los
límites del derecho positivo de un Estado – nación. Lo mismo podría decirse de su ética
discursiva que siempre oscila entre las definiciones morales de corte ontológico iusnaturalista
y las definiciones e imperativos de corte juspositivista, que son utilizadas por las
organizaciones de la sociedad civil como un argumento de lucha, sea cual sea la naturaleza de
sus luchas por descolonizar el mundo de la vida. En este sentido, las organizaciones, múltiples
y diversas utilizan el lenguaje de los derechos, como veremos en el apartado siguiente, como
una herramienta dentro de sus estrategias específicas de lucha, pero haciendo uso de sus
derechos de ciudadanía tanto para la influencia en la vida pública como en la regulación del
35 Bolos, Silvia, Participación y espacio público, UACM, México, 2003, p. 7.
31
Estado y del mercado para descolonizar el ámbito de lo privado como señalábamos arriba en
alusión a las consideraciones de Olvera.
Sobre esto volveremos más adelante, para señalar cómo esta idea se contrapone con la que se
ha instalado entre los estudiosos de las ciencias sociales sobre la idea de la participación
ciudadana como ámbito de relación entre el gobierno y la ciudadanía.
Tal pareciera que esta idea de participación ciudadana da sentido por un lado a la promoción
de vida asociativa propio de los comunitaristas y de un cierto tipo de municipalismo que pone
el acento en la desconcentración, la descentralización, la federalización y pugna por el
establecimiento de relaciones cara a cara entre los ciudadanos y las autoridades para la
solución de los problemas públicos. Por otro lado esta idea de participación ciudadana tiene
que ver con la creciente incorporación de la perspectiva de las políticas públicas en el ámbito
de la ciudadanía. Esta perspectiva, propia en sus inicios de modelos eficientistas de ejercicio
del gobierno, pone énfasis en la necesidad de incluir en la perspectiva de la solución de los
problemas públicos a que están abocados los gobiernos, la participación de la ciudadanía
como condición indispensable del éxito de las mismas. Así surgen diversas orientaciones y
prescripciones en el marco de las transiciones a la democracia de nuestros países, en las que
los gobiernos, particularmente los del nivel estadual y municipal deben de acercarse a la
ciudadanía y crear instancias de participación, consulta, delegación y control.
Así, desde la propia sociedad civil se ha ido acotando el término de participación ciudadana a
aquellos espacios de participación que se refieren a la relación gobierno ciudadanía en
diferentes ámbitos. “La participación ciudadana es aquella en la que las personas, ciudadanas
con derechos y obligaciones, toman parte en los asuntos públicos del Estado. Supone el
entorno de una democracia participativa, entendida como el conjunto de mecanismos e
instancias que poseen los ciudadanos y las comunidades para incidir en las estructuras
estatales y las políticas públicas sin requerir necesariamente de la representación partidista,
gremial, clientelista o de las vías de hecho cívicas o armadas”.36
Esta perspectiva se acerca mucho a la definida por Nuria Cunill sobre participación ciudadana
en la que se excluyen los ámbitos de participación de la sociedad civil que no tienen relación
36 Castro, Oscar (coord.), Participación efectiva de las mujeres rurales en al ámbito local, INMUJERES, CONACY, CAM, México, 2007, p. 35.
32
con el Estado, como la participación social, la participación comunitaria y las acciones
autónomas de asociativismo ciudadano de una u otra forma autoreferenciado.37
Desde esta perspectiva, la existencia de canales permanentes de negociación junto a los
diversos órganos del Estado permiten la institucionalización de la participación de la
ciudadanía en las decisiones gubernamentales. Por un lado las estructuras gubernamentales se
encuentran impelidas por un “deber” de institucionalizar la relación a través de mecanismos
de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos; y por el otro, la existencia de una
ciudadanía activa es entendida como, el ciudadano, titular de derechos y deberes, es
esencialmente creador de derechos para abrir nuevos espacios de participación política con la
que se construyen propuestas para alcanzar mecanismos constitucionales de control:
referendo, plebiscito, iniciativa popular, posibilidad de revocación de mandatos, exigencia de
rendición de cuentas, entre otros, asegurando de esta forma complementariedad entre la
representación política tradicional y la participación ciudadana directa.
Esta idea de la participación ciudadana tiene un componente muy instrumental y en las
democracias liberales se traduce en mecanismos específicos que hacen posible el ejercicio de
los derechos de ciudadanía través de la suma de voluntades individuales. Por otro lado, los
espacios que se abren a la deliberación de los ciudadanos en el nivel local son de más difícil
aprehensión, puesto que representan la instalación de mecanismos de consulta, decisión y
contraloría en base al uso de la información y de la generación del debate entre diferentes
opciones, mecanismos que, las más de las veces, requieren de la voluntad política del actor
gubernamental para llevarlas a cabo. En todo caso, estos consejos, contralorías ciudadanas,
comités vecinales y figuras similares, utilizadas por los gobiernos locales o dependencias
sectorializadas, también tienen un fuerte componente de prescripción por el control del
gobierno para lograr el autogobierno. A través de los mecanismos de control, los ciudadanos
dan seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones
del gobierno en sus niveles central, regional y local.
En síntesis, los objetivos estratégicos de la participación ciudadana, según esta perspectiva
serían:
37 Cunill, Nuria, La participación ciudadana, CLADE, Caracas, 1991.
33
Fortalecer la organización social autónoma pero en relación con las directrices del
ejercicio de gobierno.
Fortalecer la capacidad de las comunidades en formular propuestas viables de
superación social.
Fortalecer la interlocución social ante el Estado (mundo político y burocrático).
Incidir en las decisiones, ejecución, evaluación y control de las políticas de interés
colectivo por parte de los implicados por dichas políticas.
Sensibilizar al Estado de las necesidades sociales, para que ajuste sus estructuras y
acciones de manera flexible para hacerlas aprensibles por los grupos sociales.
Así, una de las tareas principales de la participación ciudadana sería según Stewart generar
espacios de deliberación, “un proceso de discusión y de reflexión del que pueda resultar una
visión más precisa de los conflictos que subyacen a una determinada problemática y de cómo
estos pueden ser aclarados”,38 donde los ciudadanos logren incidir en la definición del
problema, el análisis, la implementación y evaluación de las políticas y programas de
desarrollo fomentando la creación de organizaciones, redes y tejidos sociales. Esto supone
que los ciudadanos y los grupos sociales aumenten sus capacidades “para gestionar sus
propios asuntos, para intervenir en la negociación con el sector público, para contribuir a que
los beneficios lleguen realmente a grupos usualmente excluidos, para reducir costos, aumentar
el sentido de propiedad por parte de los ciudadanos, estableciendo mejores bases para el
control social, que permita a su vez retroalimentar la evaluación y las acciones tendentes a
futuras actividades y proyectos”.39
Esta visión de la participación ciudadana establece la necesidad ser producto y productora de
una nueva relación entre el gobierno y la sociedad en diferentes niveles que toma del enfoque
de políticas públicas, para incrementar la influencia de la ciudadanía en las decisiones de
gobierno:40
a) Información: primer nivel de participación ciudadana para el conocimiento de
presupuestos, normatividad, programas, planes, proyectos del sector gubernamental y
que es indispensable para hacer posible cualquier tipo de participación.
38 Stewart, John, “Hacia la democracia deliberativa”, en Joan Font, Ciudadanos y decisiones públicas, Ariel, Buenos Aires, 2001, p. 78. 39 Castro (coord.) 2007, ibidem, p. 36. 40 Aguilar, Luis, “Participación ciudadana, una visión de administración y política pública”, en Presidencia de la República, Taller de análisis sobre participación ciudadana en políticas públicas, México, 2001, pp. 103-107.
34
b) Consulta: cuando además de proporcionar información, el gobierno consulta a los
ciudadanos, a través de reuniones, visitas o entrevistas en el terreno, a través de las
cuales el gobierno se entera de las propuestas y opinión de la ciudadanía sobre
aspectos específicos de la acción pública.
c) Decisión: se participa en la decisión cuando las consultas no se quedan sólo en emitir
una opinión, sino cuando ésta es obligatoria para quien realiza la consulta como es el
caso del plebiscito y del referéndum.
d) Delegación: se establece cuando un gobierno otorga o delega a algunas organizaciones
sociales o ciudadanas la puesta en práctica de algún proyecto o programa relacionado
con la atención a problemas públicos.
e) Asociación: Implica que la iniciativa puede provenir de la ciudadanía o del gobierno
para pactar la realización de políticas o programas en común, cada quien en el ámbito
de sus responsabilidades, participando en consecuencia en las diversas etapas de la
política.
f) Control: de las acciones de gobierno por parte de las diversas formas de organización
de la ciudadanía, lo que por un lado se relaciona con la evaluación y por otro con
diversas formas de escrutinio sobre la acción del sector público.
Por otro lado las organizaciones civiles han sistematizado algunas experiencias de relación
gobierno-ciudadanía, con el objetivo de visualizar cuáles serían, por un lado, una
participación efectiva, y por otro, cuáles serían los indicadores que deberían de tomarse en
cuenta para la incidencia en las políticas públicas.41 Sobre ésta última consideración
volveremos en el último apartado de este capítulo.
La “participación efectiva” es considerada por Berrios “como una cualidad de la
participación ciudadana que implica la concordancia entre la intencionalidad de un actor para
incidir en las políticas públicas y los resultados producidos por su acción. La participación
ciudadana es un elemento central en la formulación de políticas, programas y proyectos,
fomentando la creación de organizaciones, redes y tejidos sociales, que aumenten la
capacidad de los ciudadanos y de los grupos sociales para gestionar sus propios asuntos y para
intervenir en la negociación con el sector público. La existencia de espacios públicos no
41 Al respecto pueden consultarse, los títulos publicados por el Centro Antonio Montesinos, Entre lo cívico y lo gubernamental, México, 2000; y Los cívico en lo público, México, 2002.
35
estatales lejos de debilitar al Estado y su funcionamiento, contribuyen a la legitimación del
mismo y a la eficacia de su desempeño”.42
Desde esta perspectiva la efectividad de la participación ciudadana en políticas públicas
implica la concordancia entre la intencionalidad original y los resultados:
“Es diferente cuando se trata de intereses utilitarios, pecuniarios y materiales, que
cuando se tienen motivaciones simbólicas, no pecuniarias y espirituales. Asimismo, no
es igual cuando lo que se busca es un fin político que cuando se trata de uno
profesional; y, finalmente, la intervención puede tener un alcance o motivación
inmediatos o bien alentar expectativas en una perspectiva de largo plazo”.43
Por tanto, en términos de participación efectiva se ubica como objeto de análisis el proceso
más que el impacto final; es decir, no se trata de valorar el grado de cumplimiento de los
objetivos de la acción o el conjunto de las acciones. Para eso existen métodos propios de la
evaluación de políticas públicas (costo-eficacia, costo-beneficio, balance social y por supuesto
evaluación de impacto, etc.), sino de resaltar aquellos aspectos que han posibilitado imprimir
un carácter realmente público a ese conjunto de acciones guiadas por objetivos claramente
definidos.
El impacto o resultado de la participación, en función de la capacidad ciudadana de influir en
las decisiones y acciones públicas puede ser evaluado o medido, a partir de la disposición del
aparato gubernamental para:
Conectarse con el activismo local con el objetivo de lograr que la asignación y la
dotación de servicios públicos se hagan de acuerdo con la demanda colectiva con base
en la expresión de los deseos locales.44
El grado en que la descentralización impulsa el desarrollo de comunidades políticas
locales a través de administraciones locales descentralizadas que a su vez impulsan
42 Berrios, Pilar, en Castro (coord.) 2007, op. cit. 43 Graizbord, Boris, “Planeación urbana, participación ciudadana y cambio social”, en Economía, sociedad y territorio, enero-junio: vol II, El Colegio Mexiquense, México, 1999, p. 4. 44 Ziccardi, Alicia, Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital, Porrúa, UNAM, 1998.
36
espacios de participación de la ciudadanía en el marco de una gobernabilidad
democrática;45 y
El grado en que las acciones públicas tienen resultados redistributivos en términos
políticos: redistribución del poder a favor de la comunidad local; y económicos:
redistribución del ingreso real a favor de los pobres.
Desde el enfoque de políticas públicas, la legitimidad y eficiencia en las acciones
emprendidas, son también retos para cada uno de los diversos actores involucrados en esta
relación, que generalmente se refieren a un complejo entramado de relaciones de poder entre
actores gubernamentales y actores ciudadanos, teniendo que superar de entrada altos niveles
de desconfianza en la política. Por lo que, para influir en las decisiones políticas y de las
políticas, ampliar los espacios públicos y dotar de contenidos a las democracias formales, es
menester que los ciudadanos desarrollen prácticas efectivas y democráticas.
Este paradigma de participación que acabamos de describir encuentra fuertes restricciones en
la sociedad mexicana actual, heredera de muchas décadas de un estilo antidemocrático,
corporativo y clientelar de participación social. Numerosas investigaciones han puesto de
manifiesto que es precisamente en los ambientes rurales donde son aún mas débiles los
procesos de construcción de ciudadanía, y donde los esfuerzos de organización independiente
de los cacicazgos locales se enfrentan con formas violentas de represión y violación de
libertades fundamentales. Sin embargo, también algunos estudios sobre las ciudades nos
muestran como la complejidad urbana dificulta también las relaciones cara a cara y los
espacios de participación ciudadana se ven limitados por las discusiones sobre la
representatividad de los ciudadanos y la creciente desvinculación de éstos con sus bases
sociales. 46
Para modificar esta situación, es necesario conocer mejor las formas económicas, políticas y
culturales en que se mantienen y recrean los obstáculos y restricciones a la participación
ciudadana, así como las estrategias que siguen los diferentes espacios para transformar estas
restricciones. Esto implica analizar la orientación y mecanismos de las políticas públicas y las
experiencias y prácticas sociales que ya se han dado.
45 Borja, Jordi, et. al., Descentralización y democracia: gobiernos locales en América latina, CLACSO, SUR, CUAMT, Santiago de Chile, 1989. 46 Bolos, Silvia, Organizaciones sociales y gobiernos municipales, UIA, México, 2003.
37
Por otro lado se encuentran un conjunto de consideraciones que ponen acento en una visión
más abarcadora de la participación ciudadana, que si bien distingue en ella el componente de
la relación con la acción gubernamental, también incluye a la participación social y a la
participación comunitaria como formas de participación ciudadana, en tanto se dan como
formas del ejercicio de los derechos de ciudadanía. Esta distinción se ha desarrollado sobre
todo en el ámbito de las discusiones sobre el municipalismo en México.47 Se basa en una
sencilla distinción entre lo que significa la participación ciudadana, la participación social y la
participación comunitaria, que frecuentemente se utilizan como sinónimos, pero que encierran
significados distintos.
“La participación comunitaria… es muy frecuente encontrarla en los municipios rurales y en
algunas colonias de los municipios urbanos. Un grupo de personas que se identifican por tener
intereses e identidades culturales y sociales comunes, se denominan a sí mismos una
comunidad. La comunidad comparte un espacio geográfico determinado e intereses propios
que se distinguen de otras comunidades o del resto de los municipios. Los miembros de la
comunidad forman parte de ella y toman decisiones colectivas y participan en la solución de
problemas y en la satisfacción de las necesidades del colectivo. Hay un fuerte lazo social que
los une, frecuentemente es compuesta por varias familias y ponen el interés común por
encima de los intereses individuales. Esta afirmación parece muy idealista y armoniosa; no
quiere decir que en la comunidad no exista el conflicto y que las familias no quieran proponer
sus propios intereses como intereses de toda la comunidad. Pero lo que les distingue es una
historia compartida, en función de una cultura y de la habitación de una porción de tierra
determinada que se ha puesto en común. Se distingue además porque es una organización que
trata de ser integradora, es decir, las familias enteras son parte de la comunidad y participan
de ella. Un último rasgo que distingue a la participación comunitaria es su independencia
relativa con respecto de las definiciones o acciones del Estado y sus órdenes de gobierno, en
este caso del gobierno local. Es decir, la participación comunitaria es relativamente
autogestiva: trata de resolver sus problemas independientemente de las acciones del gobierno
local, si logra su competencia estará satisfecha, pero si no logra que el gobierno local
participe, resuelve sus problemas y necesidades por su cuenta. La introducción de agua
potable, la organización para gestionar una escuela, la relación con el maestro, la construcción
47 Alvarez, Eréndira y Oscar Castro, Participación ciudadana y gobierno local, Agenda de la Reforma Municipal en México, Cuadernos de Debate, CESEM, IIS-UNAM, CERE, CIDE, México, 2000, p. 20.
38
de una capilla, o la solución de conflictos entre las familias, son parte de los problemas que se
resuelven con la participación comunitaria.”48
También “la participación social ha estado frecuentemente ligada al ejercicio libre y
autónomo de los ciudadanos respecto del gobierno –y en algunos casos antagónicos a él-, y se
ve reflejada en formas de participación sectorial o virtual: demandas sociales reivindicativas y
urbanas, movimientos sociales – feministas, ecologistas, pacifistas juveniles, infantiles, en pro
de la niñez, la salud, la educación, obreros, etc.- . Los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos se organizan frente al gobierno, frecuentemente con independencia de él, sin
importar las restricciones que se autoimponen para reivindicar sus demandas”. 49 Es decir, se
ejercen los derechos de ciudadanía, aunque se reivindiquen demandas particulares o
sectoriales.
Esto significa que la participación social está referida a un conjunto de acciones que nacen
independientes del gobierno: un grupo de colonos que se organiza para solicitar la
pavimentación de su calle, una organización social que se organiza para solicitar terrenos y
pies de casa, un grupo de ecologistas demandan solución a la contaminación de un río, o un
grupo de mujeres que se organizan en función de sus derechos sexuales y reproductivos. Son
los grupos sociales que, en el libre ejercicio de sus derechos se movilizan, se organizan,
demandan, solicitan acciones para la solución de problemas particulares o públicos, con
independencia del gobierno pero teniéndolo como su interlocutor inmediato. La participación
social generalmente es sectorial, es decir, moviliza en acciones a ciertos sectores de la
sociedad para la solución de los problemas que les interesan en particular.
Participar significa tomar parte en y lo ciudadano corresponde a aquellos sujetos portadores
de derechos y obligaciones dentro del Estado nacional. En estricto sentido los ciudadanos son
aquellas personas que tienen garantías individuales y derechos sociales reconocidos por el
Estado. Sin embargo, en distintas naciones, las personas no adquieren carta de ciudadanía
sino hasta determinada edad, y todavía en algunos países, el sexo, la raza o la religión son
motivo de exclusión ciudadana. La participación ciudadana como ya se señaló, se define así
por su intrínseca relación con el Estado, pues es éste quien le dota de derechos y obligaciones. 48 Castro, Oscar, “Incidencia en políticas públicas, participación y gobierno municipal”, en Canto, Manuel y Oscar Castro (coords.) Participación ciudadana y políticas públicas en el municipio, MCD, México, 2002, pp. 98-100. 49 Ibid.
39
Así pues, la participación ciudadana es aquella en la que los individuos –ciudadanos con
derechos y obligaciones- toman parte en los asuntos públicos del Estado.
La participación social y la participación comunitaria son formas de participación ciudadana,
pero en ellas sus participantes, en el libre ejercicio de sus derechos, se reservan el derecho de
relacionarse o no con el gobierno de una determinada forma, mientras que en la participación
ciudadana se buscan formas institucionalizadas de relación entre los ciudadanos y los
gobiernos. En las democracias liberales, estas formas de participación son enunciadas como
derechos constitucionales a la participación por medio del sufragio, para las elecciones, los
referendums, los plebiscitos o las consultas e iniciativas populares, y están reguladas por las
leyes electorales o de participación como derechos constitucionales. Cabe señalar, como lo
haremos en otro capítulo, que en México a nivel federal éstas figuras de participación son
muy limitadas. Pero también están esas formas de participación no establecidas en los
ordenamientos legales de carácter local, aunque se ve con mayor frecuencia como imperativos
normativos de programas y políticas públicas, los consejos ciudadanos sectoriales, comités
vecinales, delegacionales, consejos consultivos, y comités de obras y servicios, la contraloría
social, etc. Son instancias de participación ciudadana que tratan de regular e institucionalizar
las relaciones entre los gobiernos locales y la ciudadanía.
Así pues, para fines de nuestra argumentación, es importante reconocer la participación de la
sociedad civil en los asuntos públicos como formas de participación ciudadana que tienden a
la institucionalización, pero no dejan de serlo otras formas, porque son los ciudadanos, en el
libre ejercicio de sus derechos, los que le dotan de contenidos a su participación. Al respecto
Bolos nos recuerda que “la participación en diversos niveles, ha sido parte de la demanda de
los movimientos sociales latinoamericanos en las últimas décadas; ésta ha surgido vinculada a
los derechos colectivos e individuales de importantes sectores excluidos tales como el respeto
a las identidades particulares, la justicia social y la participación en la esfera pública”.50
50 Bolos, 2003, op. cit. p. 12.
40
1.4 Participación social, organizaciones y movimientos sociales
Hoy día la democracia es una figuración social que nos permite relacionarnos en el marco de
una red de relaciones en la cual establecemos un debate. Una figuración social nos dice
Norbert Elías,51 son aquellas representaciones que nos permiten sostener un marco de diálogo
social en el cual hay una base mínima de significaciones y acuerdos sobre lo que es de nuestro
interés. Por ejemplo, hoy día, nadie puede decir que está en contra de la democracia pues se
quedaría fuera de la discusión pública si es que quisiera incidir en ella. Sin embargo, a la
democracia cada uno de los actores involucrados la entiende de acuerdo a sus intereses. No la
entiende igual un partido que otro, o que una organización social, pero es el marco dentro del
cual nos movemos y nos relacionamos, es una figuración social que nos ayuda a tender un
puente de diálogo.
Así pues podemos desmenuzar un poco lo que ha sido la democracia en nuestras sociedades
modernas. Tenemos la democracia directa en la que los ciudadanos mediante el voto popular
mandatan a una persona para hacer lo que el pueblo quiere y no le dejan margen para que
actúe de acuerdo a las decisiones que pueda tomar. Es el caso de formas de representación en
pequeña escala, en comunidades o gremios no sindicalizados, en los que se puede hacer un
ejercicio de votación a mano alzada para que un ciudadano realice una actividad que se
considera de interés público.
También tenemos la democracia deliberativa, que es aquella en la que se trata de argumentar
y convencer al auditorio por una u otra opción de solución a los problemas de grupo o de
interés público. Esta forma de democracia generalmente se asocia con el asambleísmo de las
organizaciones, y con el sistema parlamentario para el caso de las decisiones de carácter
público.
Por otro lado tenemos la democracia representativa, en la que los ciudadanos votamos por
nuestros representantes y les damos un cierto margen de decisión respecto de las funciones
para los cuales han sido elegidos. En las sociedades modernas esta forma de democracia se
hace mediante un sofisticado sistema electoral que está diseñado para contabilizar los votos
de los ciudadanos hacia representantes que están inmersos en un sistema de partidos.
51 Elías, Norbert, Sociología fundamental, Gedisa, Madrid, 1997.
41
Finalmente, hay estudiosos que han impulsado la idea de una democracia sustancial, que es
aquella en la que los ciudadanos toman parte, no sólo de las decisiones públicas, sino de los
asuntos públicos para el establecimiento de una democracia sustancial.52 Una democracia en
la que opera un segundo circuito de la política en donde los ciudadanos se interesan y actúan
sobre los problemas de interés público y las instituciones del estado fomentan esta
participación y tienen un carácter regulatorio de los recursos públicos empleados.53
Así pues, el papel de los partidos políticos en un sistema democrático liberal implica que la
forma de representación de los ciudadanos se materializa a través de ellos, para la
deliberación en el Congreso y la representación en los poderes ejecutivos.
Sin embargo, los partidos políticos en democracias liberales como la nuestra han
experimentado desgaste y un descrédito, pues se convierten en una élite difícil de controlar
por los mismos ciudadanos. Los políticos, una vez electos se despegan de los ciudadanos y
mantienen una autonomía sobre sus decisiones. Entran en el primer circuito de la política,
según nos lo explica Arditi. Aquel en el que se inmbrincan los intereses económicos con los
intereses públicos y los intereses de grupo, dejando fuera a los ciudadanos que los eligieron.
Los movimientos y organizaciones sociales en todo el mundo surgen como una reacción a la
marginación de los ciudadanos en la política. Cuando un grupo social se siente afectado
directamente en sus intereses legítimos, se siente marginado de los beneficios públicos, o se
siente no tomado en cuenta en las decisiones, surge de sí una fuerza capaz de hacerse
escuchar. Los movimientos sociales se van institucionalizando en la medida que se vuelven
interlocutores del Estado para la resolución de sus demandas y en la medida que van
buscando mantenerse. Van sugiriendo formas de procesar sus discusiones y decisiones, y van
tomando forma de organizaciones sociales capaces de tener estructuras mínimas internas con
las cuales conducirse en el espacio público.
La historia de los movimientos sociales en los países latinoamericanos y en particular en
México, como las de todo el mundo, experimentan en este proceso el corporativismo del 52 Canto, Manuel y Raquel Pastor, “Algunas nociones fundamentales sobre democracia”, en Nuestra Palabra, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, México, 1991. 53 Ardite, Benjamín, “El segundo círculo de la política. Una propuesta para el financiamiento de las organizaciones sociales”, en Bolos, 2003, op. cit. p. 75.
42
Estado y el neocorporativismo de los partidos políticos. El Estado se ve presionado por un
grupo social que ejerce sus derechos civiles (libre asociación, libertad de movimiento, libre
expresión, etc.) y generalmente tiene demandas en el terreno de la reivindicación de sus
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (salud, vivienda, educación, medio
ambiente, mujeres, adultos mayores o personas con capacidades diferentes), y tiende a
absorber, no sólo sus demandas sino el movimiento mismo, el control de sus líderes, la
disolución de su organización o la incorporación de la misma al sistema de control de las
élites del primer circuito. Tal fue el caso de las organizaciones gremiales y populares del
México postrevolucionario que perdura hasta hoy día, aunque existan voces que quieren
negarlo.
Otra forma de absorción de las organizaciones sociales, que en México se ha visto de manera
clara en los últimos veinte años, es la incorporación de los líderes de los movimientos y
organizaciones sociales a las estructuras partidistas. Esta absorción no implica solo al líder
sino que con él se absorbe a toda la organización social, convirtiéndola en clientela política
cautiva para el grupo partidario y de élite al que se haya adherido el líder en cuestión.
Tanto el corporativismo del Estado como el neocorporativismo de los partidos políticos
presentan un desgaste en la medida que se alejan de los ciudadanos a los cuales las
organizaciones y movimientos sociales habían servido originalmente.
Cierto es que los movimientos y las organizaciones sociales necesitan incidir y acumular
fuerzas para ser escuchados en un sistema de élites políticas y económicas, y es la fuerza de
su lucha la que se hace escuchar. Sin embargo, también las organizaciones sociales han
accedido a otras formas de organización y a otras estrategias de acumulación de fuerzas, tales
como el establecimiento de alianzas ciudadanas para el ejercicio de sus derechos y la
legitimación de sus demandas.
A esto se le ha dado en llamar “el segundo circuito de la política”. Aquella estrategia que nace
de la sociedad civil de hacerse visible frente a los poderes públicos. “… los movimientos
sociales impactaron en la forma de hacer política, al mismo tiempo crearon un esquema de
relación entre el Estado y los grupos de interés, más o menos estable; que terminaba
“puenteando” a los partidos políticos al crear arenas, canales, y actores políticos no electorales
y no partidistas. Esta activación política de la sociedad civil ha levado a autores como Offe y
43
Schmitter a hablar de un segundo circuito de la política. Si el primero es la política de los
partidos y las elecciones de las autoridades públicas, el segundo circuito sería uno que ya no
se basa en elecciones, ero sí en una relación entre gobierno y sociedad y en la creación de
actores políticos autónomos dentro de la sociedad civil”.54
Así, los movimientos de los marginados cobran relevancia en la medida en que logran hacer
que sus problemas sean considerados por la opinión pública y sean escuchados también por
miles de ciudadanos que toman posición frente a sus demandas. En 2006 y 2007, en Tlaxcala
hemos sido testigos de dos grandes expresiones de fuerza social frente a las instituciones del
Estado. Una marcha que dio origen a la Red de Organizaciones Sociales y Sindicales, a
propósito de las políticas antipopulares del gobierno federal y la Iniciativa Popular para que se
reconozca el delito de trata de mujeres para la prostitución en el Estado de Tlaxcala, que juntó
más de 25,000 firmas para su propuesta, al margen de los partidos políticos y las instituciones
del Estado.
Dentro de estas nuevas formas de reivindicación de derechos ciudadanos, han surgido las
organizaciones civiles. Agrupaciones de ciudadanos que adquieren una figura legal,
generalmente de asociación civil sin fines de lucro, que se han avocado a tratar de encontrar
soluciones a problemas de los ciudadanos que deberían ser atendidos por el Estado por ser de
interés público. El asociacionismo ciudadano está orientado en México, hacia una infinidad de
intereses y problemas sociales. Existen miles de organizaciones civiles en México que están
orientadas bajo principios de diversa índole: desde la filantropía, pasando por el desarrollo
social, hasta la defensa de los derechos humanos. Muchos movimientos y organizaciones
sociales han encontrado en estas figuras una forma de establecer una institucionalización no
partidaria que resiste a la absorción del Estado pero que se planta como interlocutor de él y de
los ciudadanos necesitados y marginados. Al respecto Olvera (en Canto coord, 1998, p117),
hablando de las organizaciones definidas dentro del espacio del tercer sector o las llamadas
organizaciones civiles, nos dice cómo “las categorías antes señaladas aluden a un mismo
proceso social : el creciente número y visibilidad pública de diversos tipos de asociaciones de
ciudadanos que, haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, capacidades
organizacionales y afinidades emotivas y morales, actúan colectivamente a favor de alguna
54 Ibid, p. 83.
44
causa y persiguen algún interés material o simbólico situándose por fuera del sistema político
y sin seguir la lógica del mercado”.55
Este fenómeno no es privativo de México; en todas las democracias liberales modernas,
particularmente en Europa y en algunos países de América Latina, se han experimentado
formas en las que le Estado también hace un esfuerzo por establecer un orden para dar cause a
las demandas sociales que son independientes de las vías partidarias y que tienen un fuerte
carácter propositivo. El Estado empieza a ver que las organizaciones comienzan a participar
en los asuntos públicos con una fuerte simpatía ciudadana y con una fuerte actividad política
orientada hacia la opinión pública e independiente de los partidos políticos.
Las democracias modernas han estado preocupadas por dar forma y establecer un poco de
orden a este segundo circuito de la política. Y en algunos casos han comprendido que el
sistema democrático no sólo necesita dar orden a esta forma de participación civil, sino que
necesita fomentarla pues comienza a ser una forma de regulación a la participación política
dentro del sistema de partidos que se aleja de las demandas ciudadanas.
Para ello, los Estados han querido regular esta nueva forma de expresión política ciudadana a
través del financiamiento público, a cambio de un cierto grado de regulación. Es decir, se han
establecido ordenamientos legales conforme a los cuales las organizaciones civiles pueden
acceder a los recursos públicos para desarrollar sus actividades que son consideradas de
interés público.
En este sentido se han caracterizado, por ejemplo, modelos de participación de las
organizaciones civiles en países europeos, en los que se identifica; a) un modelo renano
corporatista en el que las organizaciones son fuertes, profesionalizadas y con un carácter
semipúblico, como en Alemania, Suiza, Austria y Bélgica entre otros; b) un modelo
anglosajón o liberal, que se basa en una tradición individualista y cuyos recursos provienen
del voluntariado como en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e irlanda; c) un modelo
escandinavo o socialdemócrata, en el que las organizaciones se basan en la autoayuda, como
en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia; y d) un modelo mediterráneo o emergente, en
las que las organizaciones nacen de la creciente secularización de las actividades de la Iglesia
55 Olvera, Alberto, “Problemas conceptuales en el estudio de las organizaciones civiles: de la sociedad civil al Tercer Sector”, en REMISOC, De lo cívico a lo público, México, 1998, p. 117.
45
Católica, como en España, Portugal, Italia y Grecia.56 En todos estos modelos, se ha
experimentado una aportación de recursos públicos en porcentajes diferenciados en cada uno
de los países.
El estatus semipúblico, por un lado legal y legítimo, y por otro privado con fines públicos, de
estas organizaciones, puede ser engañoso si no está acompañado de una verdadera política de
Estado hacia el sector; es decir, una política que tiene establecido el tipo de acceso a los
recursos, el porcentaje de recaudación que se va a destinar, el tipo de actividades de desarrollo
social que las organizaciones implementarán y la información transparente sobre el correcto
destino de los recursos públicos. Para ello se han creado ordenamientos legales y políticas de
fomento a las organizaciones civiles, bajo la firme convicción del Estado de que este segundo
circuito de la política no sólo hay que regularlo, sino que es necesario para el desarrollo social
y la renovación de la democracia, y por ello hay que fomentarlo.57
Por otro lado nos encontramos con los movimientos sociales, que se caracterizan por que sus
demandas y sus luchas se encuentran en el terreno de reivindicaciones sociales para grupos
sectoriales, generalmente utilizando el espacio público como la arena para la expresión de sus
demandas. El espacio público, la calle, los medios de comunicación masiva y los medios
electrónicos se han combinado de manera sorprendente para que estos movimientos eleven
sus reivindicaciones a demandas de interés público.
La teoría sobre los nuevos movimientos sociales, especialmente en Touraine (1994) y
Melucci (1996), pone de relieve la existencia del conflicto. Olvera nos recuerda respecto a las
definiciones de ambos: “un movimiento social es aquel tipo de accón colectiva que cuestiona
la historicidad, es decir, el núcleo sociocultural del orden establecido, o sea, las instituciones y
valores de las sociedades capitalistas tradicionales, y del monopolio de la información en la
sociedad postindustrial… Melucci es menos radical en su concepto de movimiento social, aún
lo define como una forma de acción colectiva que: i) invoca solidaridad, ii) manifiesta un
conflicto, iii) conlleva una ruptura de los límites del sistema dentro de la cual la acción tiene
56 CAM, Entre lo cívico y lo gubernamental, México, 2000, p. 10. 57 Gordon, Sara, “Reflexiones en torno a la relación Estado- organizaciones civiles”, en REMISOC, De lo cívico a lo público, op. cit. pp 44- 51. En este artículo, Gordon hace un relato de la regulación de las instituciones de asistencia privada pero al respecto ver también la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, aprobada en 2004.
46
lugar”.58 En todo caso, la arena del conflicto se hace sobre la base de reconocer una esfera
pública en la que se mueven los actores sociales sin la intermediación de las representaciones
establecidas por Estado.
Es sorprendente cómo a partir de esta idea del manejo público de los problemas sociales se
llega también a la discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad de las mismos y al ejercicio de
los derechos humanos. Las movilizaciones sociales, marchas, mítines, plantones o bloqueos
de calles o carreteras para ejercer presión por parte de los actores sociales a los actores de
carácter público estatal, han dado lugar a un debate público, provocado e incitado por los
medios de comunicación sobre el ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Cuándo empieza el
derecho de las personas y colectivos a manifestarse y cuándo termina?, ¿cuál es el límite del
ejercicio de ese derecho si las manifestaciones obstaculizan el ejercicio de otros derechos
ciudadanos como el libre tránsito, el derecho a conservar el trabajo, por ejemplo?, ¿cuál es el
papel del Estado frente a esta problemática en la que, como en el caso de todas las violaciones
a los derechos humanos, el actor gubernamental está directamente involucrado en la
generación directa o indirectamente de estas violaciones?
Los movimientos sociales tienen características nuevas a raíz de saberse portadores de
derechos, de saberse ejerciendo un derecho dentro del Estado democrático, o bien ejerciendo
presión para que el Estado se democratice. Se han vuelto más dinámicos, más creativos y más
competitivos a la hora de ejercer presión frente al actor gubernamental, pero sobretodo los
movimientos sociales y las organizaciones que los impulsan o se manifiestan dentro de ellos,
son actores sociales con una fuerte capacidad y conciencia política. En la última década del
siglo XX algunas organizaciones sociales, campesinas y urbanas se aliaron de manera muy
comprometida y fuerte a algunos partidos políticos, viendo sus dirigentes una oportunidad
para canalizar institucionalmente las reivindicaciones y demandas de manera directa, sea para
la gestión de recursos y proyectos que benefician a sus agremiados, o bien para incidir
directamente en las estructuras de el Estado sobre las causas de los problemas y necesidades
que les aquejan, sea en la legislación, políticas públicas, federales o estatales, o en lo
programas de desarrollo social y local en el ámbito municipal o metropolitano.
58 Ibidem, Olvera, p. 130.
47
Esta alianza, que por otro lado también fue leída como un fenómeno de neo-corporativismo
partidario y gubernamental, que se distingue ahora por no ser privativo del partido en el
gobierno, o del partido hegemónico, sino como una práctica común a la mayoría de los
partidos políticos, dio paso en la arena pública y social, a la expresión de movimientos de
carácter civil o ciudadano en el espacio público. Las manifestaciones ambientalistas, por la
paz, por la inseguridad o por la indignación ciudadana frente al comportamiento de un
político en alguna situación abiertamente al margen de la ley y de la ética, han sido el motivo
de nuevas expresiones de movilización social y ciudadana. Estos nuevos movimientos
sociales- ciudadanos apelan a la ética en situaciones límites en las que la razón, las imágenes
de los medios de comunicación o el velo de la manipulación gubernamental o civil de
cualquier tipo, se encuentran en el entredicho de lo permitido socialmente, es decir, del
sentido común de la opinión pública.59 Ciertamente que este fenómeno, ha traído consigo la
manifestación de muy diversas expresiones morales o cívicas de acuerdo a las problemáticas
de que se trata; sin embargo, todos estos movimientos ciudadanos tienen en común, con
respecto a los movimientos sectorializados urbanos, obreros o campesinos, la reivindicación
del espacio público como la arena del conflicto ético de la sociedad.
Son, además, movimientos cuyos métodos se han complementado de muy diversas maneras.
Han desarrollado sistemas de comunicación entre diferentes actores para la movilización
social y ciudadana, hacen combinaciones específicas para objetivos parciales de sus
reivindicaciones y establecen mecanismos de comunicación abierta y masiva con respecto al
público en general. Son movimientos abiertos al espacio comunicativo, no sólo local sino de
la comunidad nacional e internacional a través de los medios electrónicos. Apelan al
conocimiento público de la problemática de que se trata y hacen lo necesario por encontrar
esas vías alternas a los medios de comunicación masiva. El uso del Internet, de los canales
virtuales de videoconferencias, los correos electrónicos y la radio libre son combinados con
las formas tradicionales de lucha, el bloqueo de la carretera, los afiches, los volantes y las
mantas en una marcha. Esas combinaciones han dado lugar además a la introducción de
elementos culturales y de información científica o técnica de las alternativas a los problemas, 59 Como un ejemplo reciente de este tipo de acontecimientos en los que la opinión pública ve, escucha y se moviliza, dando lugar a manifestaciones y movimientos sociales-ciudadanos, son las llamadas telefónicas dadas a conocer por los medios de comunicación social a propósito del contubernio y el tráfico de influencias ejercido por el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla Mario Marín, o bien el proceso de conformación y movilización de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca frente a las sinrazones del gobierno federal por sostener al gobernador Ulises Ruíz en el poder, o bien la movilización social- ciudadana, de la Iniciativa Popular en Tlaxcala para tipificar el delito de trata de personas, frente a las declaraciones reiteradas del gobernador Héctor Ortiz en el sentido de que el problema no existe en la entidad.
48
e incluso de propuestas y/o contrapropuestas a las medidas gubernamentales o privadas que
están generando las problemáticas de que se trate y/o las violaciones a los derechos humanos
como consecuencia. Olvera, siguiendo a Melucci, lo define así: “El fenómeno del que estamos
discutiendo se refiere al conjunto de prácticas solidarias que diversos grupos sociales
desarrollan para defender sus intereses materiales, simbólicos o culturales, construir
identidades colectivas, y ejercer influencia sobre el sistema político. Esto implica hacer uso,
tanto de recursos materiales como simbólicos, así como de capacidades organizacionales,
poniendo en juego valores y capacidades emotivas, definiendo al mismo tiempo nuevos
valores y principios, estableciendo así , las más de las veces, un campo de conflicto.”60
Esta nueva característica de los movimientos sociales y ciudadanos va aparejada también con
su amplio sistema de alianzas. Abordar un problema social y reivindicar un derecho
específico ya no es sólo una expresión de carencia, sino también de comprensión del
problema, reivindicación de derechos en un sentido más universal, y generación de propuestas
alternativas. Los nuevos movimientos sociales- ciudadanos han comprendido eso, a pesar de
la tendencia observada en las últimas décadas del siglo XX a ser movimientos que se
expresan sobre la base de temáticas o nuevas sectorializaciones en estado de exclusión o
marginación social, como las mujeres, los niños, los homosexuales, los indígenas, los
ambientalistas, entre otros muchos. Más aún, estos movimientos ciudadanos han comprendido
que la variedad y diversidad de las expresiones sociales pueden dar lugar a la convergencias
de diversas reivindicaciones que pueden ser o no, expresiones de ese ethos social que intuye
que puede existir un nuevo orden, otro mundo posible y una diversidad de propuestas
alternativas que se convierten en movimientos sociales encadenados a otras propuestas
alternativas. Es decir los movimientos sociales de inicio del siglo XXI se caracterizan por ser
propositivos también, y se entrelazan unos con otros a través de sus acciones alternativas,
además de la reivindicación de sus propios derechos y/o la expresión de sus propios agravios.
Son también, así, movimientos de economía solidaria, salud alternativa, proyectos
productivos, comercio justo, impulso de propuestas legislativas, propuestas de políticas
públicas específicas o desarrollo social y de derechos humanos para amplios sectores de la
población que son vulnerables a esta nueva dinámica económica de las últimas décadas. Así,
múltiples propuestas se entrelazan de manera semiarticulada, como pequeños átomos o
células que están en constante movimiento, que se encuentran y se separan de un momento a
60 Ibidem, Olvera, p. 122.
49
otro, pero se reconocen en su quehacer y se vuelven solidarios y tolerantes de manera
coyuntural. Son movimientos activos y reactivos, propositivos y reivindicativos, generales y
específicos. Son movimientos que van conformando pequeñas células sociales,
organizaciones civiles o sociales pequeñas capaces de movilizar las conciencias de los
ciudadanos comunes frente a un mismo propósito. Pueden encontrar un propósito específico
de sus luchas o intereses pero también son capaces de abrirse a los intereses de otros grupos
de manera solidaria y coyuntural. Se saben parte, por conciencia, por convicción o por
intuición de un sistema abierto y complejo que está queriendo dejar de ser encapsulado y
oprimido por intereses hegemónicos ilegítimos.
Olvera, partiendo de la base de la construcción de la sociedad civil descrita al inicio del
capítulo, señala cómo las organizaciones civiles de carácter político- cultural y los
movimientos sociales son resultado de este impulso por la reivindicación del mundo de vida y
su movimiento anticolonizador de los otros dos subsistemas. En este sentido, ubica a las
organizaciones civiles y los movimientos sociales como parte de una sociedad civil que
tendría dos componentes: “por un lado el conjunto de instituciones que definen y defienden
los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre
asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la
viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otra parte,
estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y
valores, nuevas demandas sociales, así como vigilan la aplicación efectiva de los derechos ya
otorgados”.61
Poco a poco también van teniendo claro el papel del Estado como ente regulador de las
relaciones sociales y como un engranaje de actores políticos, económicos y gubernamentales,
igualmente complejo, que tiene sus estructuras paralelas montadas al margen de lo
institucional. La información formal, científica y tecnológica, como la informal, el
conocimiento de ese otro sistema, subjetivo e inatrapable, clandestino y organizado, ágil y
encubierto, que esconde esos otros intereses particulares y hegemónicos, y administra de
manera lenta y/o expedita según convenga a sus intereses las legislaciones, la burocracia y las
instituciones, es hoy por hoy el arma que tratan de conseguir estos movimientos sociales-
ciudadanos. Un resquicio del sistema dominante, un gozne por medio del cual pueda apelarse
61 Ibid, p. 126
50
a ese saber generalizado, simple, pero que durante años no ha tenido comprobación, de que el
mundo se rige de manera paralela a las instituciones del Estado y que está dominado por el
mercado y la corrupción. Con ello logran apelar a las contradicciones del discurso articulado e
hipócrita con el que se manejan los políticos y empresarios del sector hegemónico, y logran
develar de manera cruda sus intereses. Apelan a la ética y a la indignación ciudadana y son
capaces de movilizar las conciencias aparentemente alienadas de la población.
La movilización es el sentimiento de fuerza y de protección frente a ese poder omnipotente
que se cierne sobre los que de manera aislada quieren denunciar y pelear contra el sistema. La
información en cambio, es hoy por hoy, el engranaje con el cual los diversos actores sociales
se relacionan entre sí, se solidarizan y se apoyan mutuamente. Algunos sectores académicos
han comprendido eso también y ponen sus saberes al servicio de las diferentes causas
contrahegemónicas que tratan de descolonizar el mundo de vida.
Espontáneos cuando apelan a la manifestación contra las formas evidentes de ejercicio del
poder impune y autoritario, organizados y estratégicos cuando tejen y proyectan en el tiempo
sus acciones y sus alianzas, los movimientos sociales y ciudadanos combinan la
comunicación alternativa, la información y el despliegue de sus alianzas con el objetivo de
llegar al corazón de la indignación ciudadana y así tener algún momento, aunque sea fugaz,
parcial y lento, de control del Estado sobre sus gobernantes y su voraz sector financiero y
empresarial.
51
1.5 Organizaciones civiles e incidencia pública
Las organizaciones civiles juegan un papel importante en estos movimientos sociales-
ciudadanos. A pesar de que durante años estuvieron encerradas en sí mismas y en sus
experiencias de incidencia, han llegado a desarrollar una serie de prescripciones que las han
abierto a lo creativo y han encontrado dentro de estos movimientos un espacio de generación
de alianzas políticas y logran poner en juego sus destrezas técnicas y organizativas.
Una tipología interesante de las organizaciones de la sociedad civil es la elaborada por Olvera,
en la que ubica: a) asociaciones de carácter económico-gremial como los sindicatos, grupos y
clubes empresariales, asociaciones de profesionales, etc., b) asociaciones políticas formales
como los partidos, en tanto que representan los intereses de los ciudadanos; c) asociaciones
religiosas que dependen frecuentemente de las jerarquías de pertenencia; d) las asociaciones
políticas de tipo informal que inciden en las reglas de operación del sistema político, tanto
para la reivindicación de los derecho civiles y políticos, como las organizaciones de derechos
humanos, e) las asociaciones de asistencia privada, las de tipo cultural, deportiva o urbano
gremial; y f) las asociaciones de tipo político-cultural, en donde se ubica al conjunto de
organizaciones civiles que son resultado de la vocación transformadora de los sectores
progresistas de la Iglesia católica, la expansión del sistema universitario, el colapso del
socialismo y el desarrollo de los nuevos movimientos sociales (ecologismo, feminismo,
pacifismo, etc.).62
“Estas asociaciones (de tipo político cultural), vistas en su conjunto, constituyen un verdadero
movimiento social por cuanto reflejan nuevos valores morales, políticos y culturales, gestados
después de la Segunda Guerra Mundial y reflejan una vocación deliberada y explícita por
transformar un orden social que se considera injusto a la luz de los principios éticos. Tomadas
individualmente, estas asociaciones son organizaciones formales con algún tipo de registro
legal, normalmente homogéneas y con poca vida institucional, que llevan a cabo tareas
específicas en proyectos de promoción del desarrollo y creación de grupos y movimientos
culturales… postulan un concepto participativo de la democracia y el valor de la autonomía
de la sociedad frente a los sistemas político y económico”.63
62 Ibid, pp. 131-133. 63 Ibid, pp. 134- 135.
52
Estas organizaciones pueden enmarcarse dentro de lo que Scherer-Warren, refiriéndose a los
movimientos sociales, nos dicen que la participación colectiva está orientada por el objetivo
de promover procesos de democratización:
• “La ética de la política, expresando el deseo de moralización del espacio público, de
transparencia en la arena institucional, de priorización de programas que atiendan a
fines públicos no clientelares;
• La democratización de la esfera pública, repensando las relaciones entre lo privado, lo
estatal y lo público, con la garantía de una participación plural en la cual se contemple
la diversidad cultural con las respectivas subjetividades (étnicas, de género, etc.) y que
permita combinar democracia directa con democracia representativa;
• La superación de la exclusión social, económica, cultural, redefiniendo las prioridades
de las políticas públicas y repensando la cuestión de la calidad de vida y del combate a
la pobreza, la injusticia social, la discriminación de las minorías sociales y culturales,
etc.; y
• La solidaridad definida por el principio de responsabilidad individual y colectiva con
lo social y con el bien común, cuyas implicaciones prácticas son la búsqueda de la
cooperación y la complementariedad en la acción colectiva y, por tanto, para el trabajo
conjunto.” 64
Podríamos decir que las organizaciones civiles se rigen por estos principios al tratar de
establecer un puente entre las demandas de los movimientos sociales y las instituciones del
estado y del mercado; en un marco de semi-institucionalización y movilización sociocultural.
Al respecto Canto hace un interesante análisis del énfasis político-cultural de las
organizaciones civiles, distinguiendo diversas lecturas que de ellas se han hecho:65
a) Aquel que está tensionado en su reflexión por su búsqueda de la capacidad subversiva del
sistema, por la búsqueda de nuevos sujetos históricos y que, en tal sentido, tiende más a poner
el acento en el papel político de las organizaciones civiles. Esta visión se identifica con la
autoorganización y la crítica a las grandes instituciones como la Iglesia, el Estado, la empresa,
la escuela y promueve una visión de construcción de la sociedad civil a partir del desarrollo 64 Scherer- Warren, Ilse, Cidadania sem fronteras Acoes coletivas na era da globalizacao, Editora Huatec, Sao Paulo, 1994, p. 61. citado por Colos, 2003, op. cit. p. 15 65 Canto, Manuel, “La discusión sobre la participación de las organizaciones civiles en las políticas públicas, en REMISOC, 1998, op. cit. pp. 6 y 7.
53
de procesos autónomos de organización, donde la movilización tiene un carácter antisistémico
y antigubernamental.
b) Aquel que su búsqueda fundamental es la compensación de los déficits del mercado en la
reproducción social, y que por ello ve a las organizaciones civiles como formas posibles de
respuesta privada y no obligatoria a la contradicción entre igualdad y libertad. Esta visión
busca la eficacia del Estado para compensar las desigualdades del mercado, pone acento, a
partir de la identificación de la expansión del mercado, en la descentralización, la
privatización de servicios y la democracia procedimental como acciones de la sociedad civil.
c) Aquel que desconfía profundamente de las instituciones estableciendo una oposición entre
comunicación y estrategia, y que por ello mismo apuesta más a la socialización de valores que
a la estructuración de formas organizativas. Este enfoque se identifica con la construcción de
una nueva moralidad; de la crítica al utilitarismo y a la visión instrumental tecnológica, surge
la construcción de una sociedad civil basada en la comunicación de valores en la que lo
público adquiere una dimensión fundamentalmente discursiva.
d) Aquel que trata de ubicar las identidades en la tensión entre intercambio político y
comunicación, de lo cual surgen nuevas subjetividades y proyectos políticos en continua
reformulación. Este enfoque identifica la esfera de lo público, como ese espacio de la
sociedad civil que construye nuevas subjetividades, de manera plural y no unicéntrica, y
donde se intercambian proyectos, estrategias e identidades colectivas.
Así, independientemente del énfasis que las organizaciones pongan sobre su actuación
político-cultural, Canto las define como “agrupamientos estables, organizados, con una
estructura de relaciones, con reglas de funcionamiento, con objetivos relativamente estables,
que tienden a profesionalizar las acciones que realizan y que, en la mayoría de los casos
cuentan con personalidad jurídica… no se trata de organizaciones económicas… tampoco
tienen como objetivo la obtención de puestos de representación política… no es su pretensión
ser organización para la defensa de intereses de clase o de gremio… se trata más bien de la
organización libre, en este sentido voluntaria, de ciudadanos, que a partir de la identificación
de sobre campos específicos de la vida social realizan acciones tendentes al bienestar
54
colectivo, para lo cual pretenden influir en las decisiones públicas y en su normatividad, si
bien esto no niega que puedan sustentar un proyecto global…”.66
Al respecto Olvera, coloca un conjunto de características que definen a los organismos
civiles, que tomadas individualmente tienen en común: “a) tienen una organización formal
aunque no necesariamente bien institucionalizada, b) sus miembros se adscriben
voluntariamente a la misma y en la mayor parte de los casos tienen una relación laboral con la
institución, c) ocupan un segmento del mercado laboral en tanto reciben financiamiento y
desarrollan labores bajo convenios, contratos y compromisos, d) tomadas individualmente son
organizaciones cerradas, de carácter privado y por regla, política y culturalmente
homogéneas, e) sus objetivos implican la búsqueda de transformaciones sociales, políticas y
económicas impulsadas desde el campo de la sociedad civil, y f) sus acciones se traducen con
frecuencia en la constitución de nuevos actores sociales o de apoyo a éstos.”67
A diferencia de Canto, Olvera ve, en el conjunto de este tipo de organizaciones de tipo
político- cultural un movimiento social que mezcla dos contenidos programáticos básicos: la
constitución y reproducción de una sociedad civil autónoma, y la intervención pública en la
definición de políticas públicas o en las decisiones políticas de los actores gubernamentales.
“Se trata de un movimiento social en el sentido tourainiano en la medida que los organismos
civiles son un resultado de la acción colectiva de actores urbano-culturales que comparten un
conjunto de normas, principios, valores y capacidades técnico-organizativas orientadas en
sentido cultural, es decir, que tienen como objetivos deliberados incidir en la transformación
de un orden social político y económico que se juzga injusto, incorrecto o violatorio de
principios fundamentales de orden ético. En este sentido se crea un campo de conflicto de tipo
cultural (en su sentido amplio) en el que los valores e instituciones del orden establecido se
oponen a valores nuevos y se instituyen prácticas sociales alternativas”.68
Bajo esta perspectiva, podemos observar cómo la precaria institucionalización de las
organizaciones civiles y sus limitaciones inherentes es sustituida por su acción en red, o por
su acción como movimiento social que participa de otras demandas sociales, moviliza actores
y apela a la ética social para confrontar situaciones injustas provocadas por el Estado o por el
66 Ibid, p. 9. 67 Olvera, Ibidem, p. 136. 68 Ibid.
55
mercado. En este sentido, las organizaciones civiles mantienen una permanente tensión entre
la profesionalización de sus cuadros, el financiamiento para el sostenimiento de sus proyectos,
y la generación de alianzas sociales y cívicas que puedan influir en el actor gubernamental.
Para ello, los mismos organismos civiles han desarrollado una prescripción por la incidencia
en las políticas públicas. Tomadas como metodologías de incidencia y como experiencias
particulares o de un agrupamiento de organizaciones frente a una política pública
determinada, se han adentrado en la perspectiva de políticas públicas para definirlas como:
“cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la
interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de
relaciones de poder que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y
tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad”.69
De esta forma la incidencia en políticas públicas, la definen como el “proceso consciente e
intencionado de la ciudadanía para influir, persuadir o afectar decisiones de élites
institucionales (no necesariamente gubernamentales) que generen un cambio o transformación
en los <<cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos acotados>>70
ordenados en las fases de la política pública: gestación, implementación y evaluación.
Inés González Bombay, para definir la noción de incidencia recupera el concepto de “polícy
advocacy” el cual entiende como “los intentos de influir sobre decisiones de elites
institucionales, en todos sus niveles de acción, en función de intereses colectivos o de grupos
subrepresentados incorporando en esta última categoría al público en general”.71
Según esta noción, desarrollada desde el Centro Antonio Montesinos, para la incidencia se
requiere el desarrollo de capacidades y destrezas para la participación efectiva en las
diferentes fases de las políticas, es decir, “en el proceso de incidencia se pone en juego el
funcionamiento global del sistema marcando énfasis diferenciados de intervención de cada
69 Canto, Manuel, “Introducción al estudio de las políticas públicas”, en Merino, Mauricio (coord.), Políticas públicas y gobierno local, Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública, México, 1996. 70 CAM, Lo cívico en lo público, México, 2005. 71 González, Bombal, Inés, “Incidencia en políticas y construcción de ciudadanía”, cfr. http// www.icd.org.uy/mercosur/informes/encuentro/gonzalez2/htlm
56
uno de los subsistemas o bien de los elementos, lo cual genera estrategias diferentes para cada
una de las etapas de las políticas”,72
Así, se definen las capacidades de incidencia:
a) capacidades organizacionales, “tienen que ver con un funcionamiento sostenible,
entendido como la generación de un ordenamiento sólido y estable con capacidad de
financiamiento necesario para obtener certidumbre económica para la realización de
sus acciones y garantizando autonomía en sus decisiones”73
Variable Indicador
Ordenamiento
organizativo sólido
y estable
Planeación interna
Liderazgo compartido
Decisiones en instancias colectivas o representativas
Mecanismos para la toma de decisiones
Desarrollo profesional al interior del organismo
División del trabajo a partir de las capacidades de sus miembros
Estructura organizativa acorde a los objetivos estratégicos
Infraestructura moderna
Certidumbre
económica
Equipo especializado en manejo de recursos
Estrategia de autofinanciamiento
Porcentaje de autofinanciamiento
Permanencia Sistematización y evaluación constante de la propia experiencia
Construcción de indicadores
Existencia de réplica
72 CAM 2005, ibidem, p. 16. 73 Ibid.
57
b) destrezas técnicas, “el desarrollo de estas destrezas les permite (a las organizaciones
civiles) elaborar propuestas viables, factibles y replicables, ejecutar las acciones,
darles seguimiento y evaluarlas. Las organizaciones que logran mayor incidencia son
aquellas que conocen el funcionamiento del gobierno, aprovechan las coyunturas, así
como sus ventajas comparativas y logran insertarse en la arena de las decisiones”74
Variable Indicador
Concepción de las
políticas públicas
Articulación entre proyectos, programas y políticas
Consistencia entre el diseño de sus propuestas de políticas y los logros
de sus proyectos
Diseño de
propuestas (viables
y factibles)
Claridad del contexto
Conocimiento del funcionamiento del gobierno
Capacidad en la elaboración de diagnósticos
Métodos de análisis de alternativas (costo-beneficio, costo-eficacia,
etc.)
Establecimiento de metas y objetivos claros
Especialización de los miembros
Metodologías y mecanismos claros para su operación
Implementación de
propuestas (viables
y factibles)
Claridad de los procedimientos administrativos y normativos
gubernamentales
Claridad de tareas y funciones de los actores involucrados
Capacidad de la administración de recursos aplicada a los proyectos
Mecanismos de control, seguimiento y monitoreo
Experiencia en la implementación de propuestas
Evaluación de
propuestas (viables
y factibles)
Cumplimiento de metas y objetivos
Construcción de indicadores y criterios de evaluación
Construcción de técnicas de sistematización de experiencias
74 Ibid.
58
c) estrategias políticas, “se refieren al establecimiento de relaciones junto con otros
actores afectados y/o interesados frente a alguna figura de autoridad de manera
corresponsable e institucional... para la generación de consensos frente a los desafíos
constantes que se presentan a lo largo del proceso”75
Variable Indicador
Negociación colectiva Tipo de articulación (redes estructurales, coyunturales, proyecto)
Actores (civiles y sociales)
Mecanismos para la toma de decisiones
Distribución clara de responsabilidades
Corresponsabilidad
con el gobierno
Fases de la política en las que se incide
Niveles de participación (consulta, programa, proyecto, consultoría)
Nivel de decisión y operacionalización
Vías para la relación (institucional, informal)
Instrumentos para el establecimiento de relaciones institucionales
(convenio, acuerdo, contrato)
Presencia en medios
de comunicación
Estrategias de comunicación (de acuerdo a la etapa en que se
encuentra el proceso)
75 Ibid.
59
d) arraigo social, es decir, la articulación “con los diferentes actores de la comunidad o
territorio de trabajo o que inciden en él para el diseño o implementación de la
propuesta o proyecto.”76
Categoría Variable Indicador
Articulación y
negociación con los
diferentes actores
que integran la
comunidad, territorio
o sector
Generación de
demanda
Diagnóstico participativo
Proceso de sensibilización frente a un problema
Capacidad para dotar de herramientas teórico-
metodológicas a través de procesos de capacitación,
para ubicar nuevas demandas de la comunidad,
territorio o sector.
Intervención
de la
comunidad
Construir la propuesta o proyecto junto con los
actores involucrados a través de la planeación
participativa.
Claridad en la
participación de la
organización civil
Rendición de
cuentas
Ubicar con claridad el papel de la organización civil
ene. Proceso en cada etapa, en una lógica de mayor a
menor participación, es decir, definiendo
mecanismos de entrada y salida.
Mecanismos para informar sobre resultados, avances
en las negociaciones y nuevas decisiones
Presencia en el territorio o sector
Presencia en el
territorio o sector
Experiencia
previa
Implementación y evaluación de iniciativas
Ubicación de la organización por diversos sectores
de la comunidad, territorial, relacionados con la
temática o demanda de trabajo.
76 Ibid.
60
Sin embargo, las organizaciones civiles y sociales se han encontrado con una dificultad en su
agenda de discusión con los gobiernos federal, estatal y municipal: “la asimetría de lógicas de
funcionamiento, sobretodo de índole administrativa (que incluye financiamiento, articulación
interna y toma de decisiones), de establecimiento de objetivos y del papel que deben de jugar
los beneficiarios de las acciones” que se determinan en una política pública.77 Por ello este
conjunto de indicadores, también está desarrollado para la fase de implementación en las
políticas públicas de manera sintética, reconociendo que son un conjunto de destrezas que se
ponen en juego de acuerdo al contexto específico donde se da la incidencia:
77 Berrios, Pilar, “Incidencia de las organizaciones civiles en política social”, Boletín Incidencia No. 7, 2001, en Rostros y Voces de la Sociedad Civil, No 22 mayo- junio , 2001.
61
Destrezas técnicas Destrezas políticas Capacidades
organizativas
Arraigo social
Claridad del contexto
Claridad de
procedimientos
administrativos
gubernamentales
Elaboración de metas
y objetivos claros
Profesionalización de
los miembros
Mecanismos claros
para la operación del
programa o proyecto
Claridad de tareas y
funciones de los
actores involucrados
Capacidad de manejo
de recursos
Existencia de
mecanismos de
control y monitoreo
Mecanismos para la
inclusión de
beneficiarios
Construcción de
indicadores
Actuación articulada
con otros actores
Relación con medios
de comunicación
Relación con
agencias de
financiamiento y
organismos
multilaterales
Una relación de
corresponsabilidad,
de colaboración e
institucional
Facilidad y
disposición para la
generación de
consensos entre
diversos actores
Planeación interna
Liderazgo
compartido
Transparencia en la
toma de decisiones
División del trabajo
según capacidades
Fluidez de la
información
Estrategias de
financiamiento
Estrategias técnicas
de seguimiento
Evaluación constante
de la propia
experiencia
Manejo idóneo de los
recursos
Reconocimiento de
la organización en el
medio (territorial o
temático)
Dotar a los
beneficiarios de
herramientas para la
ejecución y
seguimiento
Intervención de los
beneficiarios con una
planeación
participativa
Existencia de
mecanismos de
entrada y salida (no
dependencia)
62
Desde otro punto de vista, en el que se ubica más a los organismos civiles como movimiento
social que trata de incidir en la arena pública no sólo a partir de experiencias en programas y
proyectos susceptibles de convertirse en políticas públicas, sino también en la generación de
agendas ciudadanas que tratan de influir en los candidatos que aspiran a puestos de elección
popular. Las organizaciones para ello se organizan en redes y participan de proceso amplio de
formulación de problemas públicos. Al respecto, hemos elaborado en otro lado las diferencias
en los tipos de incidencia que se desarrollan como movimientos que quieren incidir en las
políticas públicas a partir del ejercicio de derechos civiles y políticos, partiendo de la agenda,
la negociación, la implmentación, la evaluación y aquellas que encuentran en sus estrategias y
tácticas de acción colectiva la incidencia en cualquier fase de la política.78
Así, se desarrolla el concepto de incidencia más como categoría de interpretación que como
prescripción técnica. Se entiende por incidencia la capacidad de los organismos civiles y
sociales para influir, participar, modificar o frenar la toma de decisiones del actor
gubernamental con respecto a cursos de acción que tienden a resolver problemas públicos.
Para ello se hace necesario influir en lo público, y en la opinión pública. Es decir, lograr que
el conjunto de la sociedad tenga una idea de la publicidad de un problema y a través de la
opinión pública lograr que el Estado y el mercado modifiquen, por medio de esa presión, sus
posturas frente a él. El caso de violencia intrafamiliar, es emblemático como ejemplo y
nuestro estudio pretende que lo sea para el caso de la trata de mujeres para la prostitución.
Son problemas que se consideran en el imaginario colectivo como problemas de índole
privado, que un conjunto de organizaciones civiles y sociales, de mujeres principalmente,
ponen en la agenda de discusión pública a partir de la publicidad del problema, logran influir
en la opinión pública y modifican la visión del Estado para obligarle a hacer algo frente a un
fenómeno tan generalizado, grave, injusto y violatorio a los derechos elementales de las
mujeres y los niños. Llevan a diferentes arenas de discusión el tema, a nivel internacional,
nacional, en foros, acciones y campañas de la sociedad civil, al cabildeo con el ejecutivo y el
legislativo el problema hasta convertirlo en un problema reconocido por todos por su
magnitud como un problema socio-cultural, no de carácter privado, logrando que el Estado lo
analice como un problema de salud y moral pública.
78 Castro, 2002, op. cit. pp. 104-110.
63
Las organizaciones civiles, como movimientos político- culturales empujan, acompañan,
provocan, participan, generan, difunden y promueven movimientos sociales- ciudadanos que
tratan de movilizar las conciencias ciudadanas para influir en el Estado y en el mercado, sobre
la base de reconocer injusticias provocadas por la colonización del mundo de vida. En esta
acción colectiva, movilizan conciencias, subjetividades y acciones sociales (personalidad,
cultura y sociedad), que en el libre ejercicio de sus derechos de ciudadanía, y apelando a la
vigencia y realización de los derechos humanos, tratan de incidir en lo público, en la llamada
opinión pública y en las políticas públicas, para la regulación de las fuerzas expansivas e
incontrolables del mercado. Para ello funcionan como “bisagras que vinculan campos sociales
distintos y en circuitos de mediación social y fabricación de consensos”79 y ponen en juego
sus experiencias propias, y sus prescripciones de incidencia, sus habilidades técnicas,
políticas, organizativas y de arraigo social.
La experiencia de la Iniciativa Popular en Tlaxcala trata de recoger está visión de la acción
colectiva, empujada desde el Centro Fray Julián Garcés como una experiencia que coloca el
problema de la trata de mujeres para la prostitución como un problema público, lo lleva a
diferentes arenas de discusión, genera propuestas de incidencia en políticas públicas, una
acción colectiva para su incidencia y utiliza la opinión pública como medida de presión al
Estado y al mercado.
79 Hernández Navarro, 1996, citado por Olvera, en REMISOC, 1998, op. cit. p. 124.
