CAPITULO 1 GENERALIDADES · 2011. 4. 4. · CAPITULO 1 GENERALIDADES CONTENIDO 1. ... 3 1.3...

CAPITULO 1

GENERALIDADES

CONTENIDO

1. GENERALIDADES ........................................................................................................ 2

1.1 Introducción................................................................................................................... 2

1.2 Antecedentes ................................................................................................................ 3

1.3 Justificación................................................................................................................... 4

1.4 Objetivos ....................................................................................................................... 5

1.5 Alcance ......................................................................................................................... 6

1.6 Metodología General..................................................................................................... 7

1.6.1 Etapas de elaboración del EIA ...................................................................................... 7

1.6.2 Cronograma de Actividades del desarrollo del EIA........................................................ 8

Lista de Cuadros

Cuadro Nº 1.1 Cronograma de actividades para el desarrollo del EIA................................... 9

ABENGOA TRANSMISION SUR 9488-5-007-0

Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca Nueva – Marcona Nueva – Ocoña – Montalvo 2 Capítulo 1

Estudio de Impacto Ambiental Revisión: 0

Informe Final Fecha: Marzo 2011

PEPSA - PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A. 2 948850070 (Capítulo 1).doc

1. GENERALIDADES

1.1 Introducción

El Estado Peruano (representado por el Ministerio de Energía y Minas) y Abengoa

Transmisión Sur S.A. (ATS), empresa Concesionaria constituida por Abengoa Perú, firmaron

el contrato para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento durante

30 años, de la línea de transmisión eléctrica en 500 kV que unirá las subestaciones de

Chilca Nueva, Marcona Nueva, Ocoña y Montalvo 2.

El proyecto consiste además de la construcción de la línea de transmisión de 500 kilovoltios,

de 916 km de longitud (concebida inicialmente con 872 kilómetros), la construcción de 3

subestaciones: Marcona Nueva 500/220 KV, Ocoña 500/220 KV y Montalvo 2 500/220 KV y

las ampliaciones de la subestación Chilca Nueva 500/220 KV, Marcona 220 KV y Montalvo

220 KV. El objetivo principal de este proyecto es reforzar la conducción de energía eléctrica

en el sistema integrado del sur, perteneciente al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional,

SEIN.

El presente estudio tiene como finalidad obtener el permiso ambiental respectivo para dar

lugar a la etapa constructiva del proyecto, además de constituirse en el instrumento de

gestión ambiental que oriente el manejo adecuado y seguro del entorno en el que se

desarrolle el proyecto.

Con el objeto de obtener las autorizaciones o permisos ambientales pertinentes, ABENGOA

TRANSMISION SUR S.A., en adelante el titular del proyecto, contrata los servicios de

PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A. - PEPSA en adelante la consultora, a fin de

elaborar y lograr la probación de Estudio de Impacto Ambiental.

Este estudio se ha desarrollado siguiendo una serie de pautas técnicas y metodológicas con

el fin de describir la situación actual del área o el entorno del emplazamiento del proyecto al

cual denominaremos Línea de Transmisión 500 kV SGT Chilca Nueva – Marcona Nueva –

Ocoña – Montalvo 2 y las diferentes actividades comprometidas como parte de la

implementación o ejecución del mismo. Para fines más prácticos se hace caracterizaciones

de los diferentes componentes ambientales involucrados de manera general implicando

escalas de análisis local-regional.






El trabajo y la intervención de los especialistas ha sido enfocado con criterios

multidisciplinarios y transdisciplinarios. El trabajo conjunto ha permitido por lo tanto la

descripción de los componentes ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos y de

interés humano desde cada disciplina siguiendo las orientaciones o sugerencias grupales,

como fruto del consenso de los especialistas. Esta dinámica de trabajo permitió además

identificar los impactos ambientales y sociales, luego de conocerse los detalles de cada

actividad implicada en el proyecto. Las diferentes dinámicas e interacciones grupales de los

consultores permitieron establecer una serie de medidas que permitirán prevenir, controlar

y/o mitigar los impactos ambientales negativos y una serie de riesgos que pudieran

presentarse durante la ejecución y desarrollo del proyecto.

Como parte del proceso de transparencia y participación ciudadana se han desarrollado dos

series de talleres participativos en 8 sedes a lo largo del entorno general del proyecto, en los

que se ha dado a conocer al público de interés, los alcances del proyecto y las implicancias

ambientales del mismo, se han recogido opiniones y recomendaciones de los interesados,

las cuales han sido incluidas y forman parte del presente informe.

1.2 Antecedentes

La Resolución Ministerial Nº 197-2009-MEM/DM, del Ministerio de Energía y Minas

publicada el 25/04/09, incluyó el Proyecto “Refuerzo de la Interconexión Centro-Sur Medio-

Sur en 500 kV” - L.T. Chilca-Marcona-Caravelí, en el Plan Transitorio de Transmisión, y

encargó a PROINVERSIÓN ejecutar el proceso de licitación de dicho proyecto.

La Resolución Suprema Nº 068-2009-EF (publicada el 27/06/09), ratificó el acuerdo del

Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 13/05/09, conforme

al cual se acuerda incorporar al proceso de promoción de inversión privada el proyecto

“Refuerzo de la Interconexión Centro-Sur Medio-Sur en 500 kV” - L.T. Chilca-Marcona-

Caraveli (en adelante la Línea Eléctrica) bajo los mecanismos establecidos en el Decreto

Legislativo Nº 1012, el TUO y su Reglamento, aprobados por Decretos Supremos Nos. 059-

96-PCM y 060-96-PCM, respectivamente; encarga al Comité de PROINVERSIÓN en

Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la

conducción del proceso; y, ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN






adoptado en su sesión de fecha 22/05/09, que aprueba el Plan de Promoción que regirá el

Concurso.

La Resolución Ministerial Nº 024-2010-MEM/DM, del Ministerio de Energía y Minas

publicada el 17/01/10, incluyó el Proyecto “Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca-

Marcona-Montalvo”, en el Plan Transitorio de Transmisión, disponiendo que

PROINVERSIÓN modifique el alcance del proceso de licitación del proyecto “Refuerzo de la

Interconexión Centro-Sur Medio-Sur en 500 kV” y considere la configuración L.T. Chilca-

Marcona-Montalvo en 500 kV.

Con el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN Nº 327-03-2010, adoptado en su

sesión de fecha 27/01/10, y publicado el 29/01/10, se establece aprobar la modificación del

Plan de Promoción aprobado en su sesión de fecha 22/05/09.

PROINVERSIÓN como el ente encargado de la promoción de oportunidades de negocios en

nuestro país abrió el proceso de concesión de la línea de transmisión del sistema

garantizado de transmisión (SGT) en 500 kV Chilca – Marcona – Montalvo, adjudicando la

concesión de la referida línea a la empresa española ASA Iberoamericana el 30/04/2010.

El Estado Peruano (representado por el Ministerio de Energía y Minas) y Abengoa

Transmisión Sur (ATS), empresa Concesionaria constituida por Abengoa Perú, firmaron el

contrato para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento durante 30

años, de la línea de transmisión eléctrica en 500 KV que unirá las subestaciones de Chilca,

Marcona, Ocoña y Montalvo.

1.3 Justificación

De acuerdo a lo establecido en el D.S. 029-94-EM “Reglamento de Protección Ambiental

para las Actividades Eléctricas” tiene por objeto normar la interrelación de las actividades

eléctricas con el medio ambiente en los sistemas de generación, transmisión y distribución.

Los estudios de Impacto ambiental, como parte del proceso de la Evaluación, se constituyen

en uno de los principales instrumentos de gestión ambiental en nuestro País. La importancia

de su aplicación, es su ubicación en niveles operativos de gestión, como lo es a nivel de

proyectos, es decir, que es aplicado a obras o actividades previamente a su ejecución, lo






que permite adecuar el proyecto en lo posible a las condiciones ambientales a fin de

prevenir posibles impactos negativos. A esto debe añadirse su carácter obligatorio para

este tipo de actividades de acuerdo a la legislación ambiental.

De este modo, los estudios de impacto ambiental se realizan bajo un carácter preventivo, y

bajo el criterio que resulta ambientalmente más factible y viable, evitar desde un principio la

generación de cualquier tipo de daño, o contaminación al ambiente, combatir posteriormente

sus efectos, constituyéndose así en un documento técnico que busca internalizar los costos

ambientales que surgen de la ejecución de proyectos, permitiendo desarrollarlos de manera

moderna y con una adecuada gestión ambiental.

Finalmente podemos mencionar, que los EIA´s permiten establecer las medidas necesarias

para la prevención de los potenciales impactos negativos, la reducción y/o mitigación de los

mismos y por otro lado desarrollar las estrategias necesarias para maximizar aquellos

impactos beneficiosos para el ambiente y para la población.

1.4 Objetivos

En ese sentido, los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental contemplan lo siguiente:

A. Objetivo General

Identificar y evaluar los impactos potenciales ya sean positivos o negativos del desarrollo del

proyecto y así poder definir los planes, programas o acciones más adecuados para prevenir,

mitigar, minimizar y/o eliminar los impactos negativos, y maximizar los positivos, con relación

a los componentes físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos y de interés humano que

podrían ser afectados por el proyecto.

B. Objetivos Específicos

� Establecer el área de influencia ambiental y social de la puesta en marcha de la

actividad, para lo cual se elaborará el estudio de línea de base ambiental-social.

� Evaluar y determinar los impactos ambientales de las actividades de implementación y

operación del proyecto.






� Evaluar los impactos ambientales, a fin de determinar aquellos de mayor significancia,

para el diseño de sus respectivas medidas de manejo ambiental.

� Diseñar un Plan de Manejo Ambiental donde se establezca las medidas preventivas,

correctivas, y de mitigación para los impactos ambientalmente significativos del

proyecto, de manera tal que se garantice su sostenibilidad. El plan contemplará el

manejo ambiental antes, durante y después de la puesta en marcha de la actividad.

� Implementar y desarrollar un programa de seguimiento y control ambiental, a fin de

garantizar la protección ambiental, durante las etapas de implementación y ejecución del

proyecto.

� Cumplir con la legislación ambiental vigente en nuestro país y aplicable a este tipo de

proyectos.

1.5 Alcance

El Estudio de Impacto Ambiental tendrá los siguientes alcances:

� Determinación del Área de Influencia Ambiental, entendida como la zona hasta donde

los impactos ambientales son percibidos, sobre la base de la interrelación de los

diferentes componentes ambientales, como sociales y económicos.

� Se estudiará y diagnosticará las condiciones actuales del medio ambiente físico,

biológico y social en el área de influencia ambiental del proyecto.

� Identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales de las diferentes

fases del proyecto, así como el análisis y selección de aquellos de gran significancia.

� Estudio, evaluación y selección de las medidas y estrategias más apropiadas, para el

manejo ambiental en las diversas fases del proyecto, a fin de prevenir, reducir y/o

mitigar los posibles impactos ambientales. Elaboración de los planes de contingencia

necesarios.

� Diseño y elaboración de los planes y programas sociales a implementar.

� Diseño de los Planes y Programas de monitoreo ambiental necesarios para asegurar el

cumplimiento de la legislación aplicable y las condiciones de calidad ambiental.

� Análisis de costos de cada una de las medidas, planes y programas a implementar para

asegurar un adecuado manejo ambiental.






1.6 Metodología General

Para llevar a cabo un eficiente EIA es imprescindible seguir la siguiente secuencia de

actividades que se señalan a continuación:

- Numerar y señalar específicamente todas aquellas normas, leyes y reglamentos

inherentes a la preservación de los recursos naturales.

- Describir los componentes del proyecto

- Elaborar una Línea Base Ambiental, en donde se caracterizan los componentes físico-

químicos, biológicos, socio-económicos y culturales.

- Identificar y evaluar los impactos negativos y positivos.

- Elaborar un plan de manejo ambiental, constituido por programas de prevención,

mitigación y contingencia, y cierre de operaciones.

1.6.1 Etapas de elaboración del EIA

La ejecución del EIA comprende la realización de las siguientes etapas o fases:

A. Etapa Preliminar

Esta etapa consiste en la búsqueda de información bibliográfica y cartográfica de la zona de

estudio y la evaluación y análisis de esta información, así como el conocimiento de los

aspectos ambientales representados por los componentes abióticos, bióticos,

socioeconómicos y culturales del área de influencia del estudio. Con dicha información, se

confecciona el material básico cartográfico necesario para continuar con la etapa de campo.

B. Etapa de Campo

En esta fase se realiza la evaluación sistemática de los componentes ambientales

involucrados dentro de la zona de influencia del estudio, tomando en cuenta las siguientes

actividades:

� Evaluación de los componentes ambientales de toda el área de influencia del proyecto,

tales como: el componente abiótico o físico (ecológicos, geológicos, fisiográficos, suelos,

aire y agua), componente biótico (flora, fauna y recursos hidrobiológicos), componente

socio económico (actividades económicas, demografía, educación, salud, vivienda, etc.) y

componente de interés humano.






� Asimismo se procederá a la identificación de impactos con la finalidad de sistematizar el

presente estudio. Además se utilizará como método inicial, la lista de verificación (check

list) este método interrelaciona los aspectos ambientales potenciales y los componentes

del proyecto, lo cual resulta útil en la identificación de impactos potenciales.

� Monitoreo y ensayo de contaminantes a fin de determinar los niveles de concentración en

los componentes ambientales a afectarse.

C. Etapa de Gabinete

En esta tercera y última etapa del EIA, se realiza el procesamiento de la información

obtenida en las fases anteriores, lo que permitirá obtener datos estadísticos, mapas, gráficos

e indicadores de utilidad para el análisis ambiental correspondiente; aspectos que se

ejecutarán en coordinación con los especialistas integrantes del equipo técnico asignado al

estudio. Esta fase dará como resultado la elaboración del informe respectivo, en

concordancia con las exigencias de normatividad legal ambiental existente en el Perú.

1.6.2 Cronograma de Actividades del desarrollo del EIA

En el cuadro N° 1.1, se puede observar el cronograma de las actividades a desarrollarse

durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, el tiempo previsto o referencial es

de aproximadamente de 11 meses teniendo como condicionantes la realización de talleres

de información y participación ciudadana. Los tiempos son referenciales y permiten

establecer orden cronológico desde la puesta en marcha del desarrollo del estudio, sin que

esto signifique que no puedan o deban darse cambios como adelantos y demoras o recorte

y ampliación de algunas actividades.






Cuadro Nº 1.1 Cronograma de actividades para el desarrollo del EIA

TIEMPO (meses) ACTIVIDADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Revisión y consulta bibliográfica G X X X X X X

Revisión de Informes del Titular G X X

Scooping G X

Screening G X

Procesamiento de información cartográfica G X X X X X X

Visitas Preliminares C X

Taller de Participación Ciudadana I C X

Monitoreo Ambiental y toma de datos para la LB C X X

Calidad de agua C X X

Calidad de suelos C X X

Calidad de aire C X X

Fisiografía y geología C X

Biológicos (Flora, Fauna y Ecosistemas) C X X

Socio-económicos C X

Interés Humano C X

-Taller de Participación Ciudadana II C X X X X

- Procesamiento de Información G X X X X

- Identificación de Impactos Ambientales G X X X

- Elaboración del Plan de Manejo Ambiental G X X X

- Impresión y Entrega del Informe de EIA G X

- Taller de Participación Ciudadana III C X

- Audiencia Publica C X

- Absolución de Observaciones G X X

- Aprobación del EIA G X

*PEPSA (Elaboración propia) // G: trabajo en Gabinete y C: Trabajo en Campo.

CAPITULO 2

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

CONTENIDO

2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 11

2.1. Marco Legal………………………………………………………………………………… 11

2.1.1 Normas Generales 12

2.1.2 Normas Específicas 21

2.2. Marco Institucional……………………………………………………………………….... 27

2.2.1 Ministerio del Ambiente - MINAM 27

2.2.2 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN. 28

2.2.3 Ministerio de Energía y Minas - MINEM 29

2.2.4 Ministerio de Agricultura - MINAG 30

2.2.5 Ministerio de Cultura 32

2.2.6 Ministerio de Salud - MINSA 33

2.2.7 Gobiernos Regionales y locales 34

2.3 Convenios y Compromisos Internacionales………………………………………………. 36

2.3.1 Declaración de Río (adoptado por UNCED) 36

2.3.2 Conservación de la Naturaleza y Otros 36





PEPSA TECSULT - PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A. 11 948850070 (Capítulo 2).doc

2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

En este capítulo se hace un breve análisis del marco legal-ambiental mediante una

descripción de las principales disposiciones de protección ambiental aplicable al desarrollo

de la actividad eléctrica de transmisión, de acuerdo a los alcances establecidos en el

proyecto, normas generales y específicas, tanto a nivel nacional como internacional.

Dentro de la legislación nacional las normas más importantes relacionadas al desarrollo del

proyecto son el Decreto Supremo Nº 29-94-EM, que aprueba el Reglamento de Protección

Ambiental en las actividades eléctricas.

Asimismo, se han considerado las Normas de Transparencia, Acceso a la Información

Publica Ambiental, Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales relativas al

proceso de consulta y participación ciudadana Decreto Supremo 002-2009-MINAM, y

normas complementarias como el Reglamento de Participación Ciudadana para el desarrollo

de actividades energéticas dentro de los procesos administrativos de Evaluación de los

Estudios Ambientales, Resolución Ministerial N° 535-2004-MEM-DM y la Resolución

Ministerial N° 223-2010-MEM/DM que aprueba los lineamientos para la participación

ciudadana en las actividades eléctricas.

2.1. Marco Legal

El marco legal es el sustento que regula la participación de los titulares de proyectos y del

público en general interesado en los procesos de elaboración, evaluación, aprobación, y

seguimiento de estudios ambientales.

En este ítem se identifica y se hace un breve análisis de la normativa ambiental, respecto a

los derechos y obligaciones, responsabilidades y competencias institucionales de los

titulares, representantes gubernamentales y el público de interés. Para el presente caso son

un conjunto de normas nacionales, locales, sectoriales y transectoriales, de diferentes

jerarquías.






2.1.1 Normas Generales

Constitución Política del Perú (1993)

La norma de mayor jerarquía en nuestro país es la Constitución Política del Perú de 1993.

Ésta señala en su Art. 2º, inc. 22º, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. La Constitución clasifica los recursos

naturales como renovables y no renovables, y los considera patrimonio de la nación (Art.

66º).

El marco general de la política ambiental en el Perú se rige por el artículo 67º, en el que se

señala que el Estado Peruano determina la política nacional ambiental y promueve el uso

sostenible de sus recursos naturales.

Asimismo, se protege el derecho de propiedad, ya que nadie puede ser privado de su

propiedad (artículo 70°); sin embargo, cuando se requiera desarrollar proyectos de interés

nacional declarados por Ley, se podrán expropiar propiedades para su ejecución; para lo

cual, se deberá indemnizar previamente a las personas y/o familias que resulten afectadas.

Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611

El inciso 7.1 del artículo 7 establece que las normas relacionadas a la protección y

conservación del medio ambiente y sus recursos son de orden público.

En su artículo 9º, la Ley establece que “la Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo

mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas

saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país,

mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera

responsable y congruente con el respecto de los derechos fundamentales de la persona”.

El Capítulo 3 de “Gestión Ambiental” trata el tema de los Estudios de Impacto Ambiental

estableciendo algunas de las siguientes consideraciones: Los Estudios de Impacto

Ambiental son instrumentos de gestión que contendrán una descripción de la actividad

propuesta, y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio

ambiente físico y social, a corto y largo plazo. Deben indicar, igualmente, las medidas

necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, e incluirá un breve resumen del






estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que

deban contener los EIA.

Decreto Legislativo Nº 1055: Modifica la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente

El objetivo de dichas modificaciones es complementar el Decreto Legislativo 1013, que

aprobó la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, en lo

relativo a los Límites Máximos Permisibles (LMP) y el Sistema de Información Ambiental, a

fin de que la mencionada norma incorpore los mecanismos de transparencia, participación

ciudadana y las sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones contenidas en

ella.

Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

El sector ambiental, conforme lo establece el artículo 5°del Decreto Legislativo N° 1013 de

creación del Ministerio del Ambiente, comprende el Sistema Nacional de Gestión Ambiental

como sistema funcional, el que integra al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

Ambiental, El Sistema Nacional de Información Ambiental y Sistema Nacional de Áreas

Naturales Protegidas; así como, la gestión de los recursos naturales, en el ámbito de su

competencia, de la biodiversidad, del cambio climático, del manejo de los suelos y de los

demás ámbitos temáticos que se establecen por ley.

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones

estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos

descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan

competencias y funciones sobre el ambiente y recursos naturales; así como los sistemas

regionales y locales de gestión ambiental, contando con la participación del sector privado y

la sociedad civil.

Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Mediante esta ley se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que

estará a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, el mismo

que desarrollará su gestión como ente rector del mencionado sistema, además de temas

sobre las entidades competentes que forman parte del sistema, sus órganos y las funciones






de la OEFA, así como su potestad sancionadora, administrativa, su régimen laboral y

económico, entre otros.

Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

Esta ley tiene por finalidad: a) crear el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto

Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención,

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados

de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión; b) Establecer un

proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las

evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión y c) establecer los

mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de

impacto ambiental.

Decreto Legislativo N°1078 Modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Impacto

Ambiental

Este Decreto Legislativo modifica los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 15º, 16º, 17º,

18º, de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que

crea el mencionado Sistema como herramienta transectorial de la gestión ambiental que

permite la conservación ambiental y la protección de la salud de la población. Sin embargo,

con la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de creación del Ministerio del Medio

Ambiente, donde se estableció que el nuevo Ministerio se encargaría de dirigir el Sistema

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es necesario adecuar la Ley Nº 27446 para

que este en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 1013.

Decreto Legislativo Nº 1013, Norma que crea el Ministerio del Ambiente

La presente ley crea el Ministerio del Ambiente, establece su ámbito de competencia

sectorial y regula su estructura orgánica y sus funciones.

El objeto de la creación del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de

modo tal que: se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los

recursos naturales y del medio que los sustenta; y que permita contribuir al desarrollo

integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su






entorno, y así asegurar, a las presentes y futuras generaciones, el derecho a gozar de un

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Evaluación de Impacto Ambiental

El reglamento establece diversas modalidades de gestión de la evaluación de impacto

ambiental, para que sean aplicables a los diversos proyectos de inversión que están

comprendidos en el SEIA. El Reglamento reafirma lo ya establecido en la Ley Nº 27446, la

cual establece que el Ministerio del Ambiente – MINAM es el encargado de dirigir y

administrar el SEIA y de esta manera, asegura el carácter transectorial del mismo y la

debida coordinación en la administración, dirección y gestión del proceso de evaluación de

impacto ambiental.

Decreto Supremo Nº 056-97-PCM

Establece casos en que la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Programa de

Adecuación de Manejo Ambiental requerirán la opinión Técnica del INRENA.

Decreto Supremo Nº 061-97-PCM

Esta norma modifica el Decreto Supremo Nº 056-97-PCM mediante el cual se establecieron

casos en que la aprobación del EIA o PAMA requerirán opinión técnica del INRENA.

Decreto Supremo Nº 030-2008-AG

Esta norma aprueba la fusión del INRENA con el Ministerio de Agricultura (MINAG) siendo

este último el ente absorbente y asumiendo, de esta manera, las funciones derivadas. No

obstante, deja a salvo la fusión regulada por D.S. N° 014-208 AG de la intendencia de

Recursos Hídricos del INRENA en la Autoridad Nacional del Agua - ANA creada por DL

N°997. Asimismo, la tercera disposición de transitoria del Decreto Legislativo N° 1013 que

creó el Ministerio del Ambiente reguló la fusión de la intendencia de Áreas Naturales

Protegidas del Ministerio del Ambiente - SERNANP.

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

Esta ley promueve y regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales -

renovables y no renovables- estableciendo un marco adecuado para el fomento a la






inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación

de los recursos naturales y del ambiente, y el desarrollo integral de la persona. .

Ley 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad

Biológica

La presente ley norma la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible

de sus componentes en concordancia con los artículos 66° y 68° de la Constitución Política

del Perú. Los principios y definiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica rigen para

los efectos de aplicación de la presente ley.

Decreto Supremo Nº 068-2001-PCM Reglamento de la Ley Orgánica sobre la

Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica

Esta norma regula la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de

sus componentes en concordancia con las normas y principios establecidos por la Ley Nº

26839 sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.

Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

La presente ley regula y supervisa el uso sostenible y la conservación de los recursos

forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la

valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés

social, económico y ambiental de la Nación.

Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna

Este decreto reúne los principios orientados a la actividad forestal y de fauna silvestre: el

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, la participación

del sector empresarial privado, los gobiernos locales y regionales, la conservación de la

diversidad biológica, entre otros.

Decreto Supremo Nº 034-2004-AG. Aprueba la Categorización de especies

amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, captura, tenencia, transporte o

exportación con fines comerciales

Esta norma aprueba la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre. Un total

de 301 especies -65 mamíferos, 172 aves, 26 reptiles y 38 anfibios- se distribuyen






indistintamente en las siguientes categorías: en peligro crítico, en peligro, vulnerable y casi

amenazado.

Decreto Supremo Nº 043-2006-AG. Aprueba la categorización de especies amenazadas

de flora silvestre

Esta norma aprueba la categorización de especies amenazadas de flora silvestre y las reúne

de la siguiente manera: 121 especies en peligro crítico, 42 especies en peligro, 155 en

situación vulnerable y 86 especies casi amenazadas. Asimismo, identifica especies

amenazadas de orquídeas y las clasifica de la siguiente manera: 62 especies en peligro

crítico, 19 especies en peligro, 220 especies en situación vulnerable, y 31 especies casi

amenazadas. Finalmente, clasifica 11 especies de cactus en peligro crítico, 21 en peligro, 16

en situación vulnerable y 2 casi amenazadas.

Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas

La presente Ley norma los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas Naturales

Protegidas y su conservación de conformidad con el Artículo 68° de la Constitución Política

del Perú. Las áreas naturales protegidas constituyen patrimonio nacional.

Las normas de protección de estas áreas se estipulan y especifican en el Artículo 2º de esta

Ley. En el Artículo 3º se estipula que estas áreas naturales protegidas se establecen con

carácter definitivo; su adecuación física o modificación legal sólo podrá ser aprobado por

Ley. En el Artículo 4º se define que estas áreas son de dominio público y no pueden ser

adjudicados en propiedad a los particulares.

Decreto Supremo Nº 038-2001-AG. Reglamento de la Ley de Áreas Naturales

Protegidas

Este Reglamento consolida el marco conceptual y normativo para que el desarrollo de las

Áreas Naturales Protegidas contribuya al logro de beneficios sociales, económicos,

ambientales, educativos y culturales de los pobladores locales comprendidos en su ámbito.

También, promueve el desarrollo de alianzas estratégicas con las poblaciones locales -en

particular con las comunidades campesinas y nativas sobre la base del respeto a los

derechos legítimos- así como a sus sistemas de organización social y económica, los que






deben ejercerse en concordancia con los objetivos y fines de las ANP y en armonía con las

propuestas de la Mesa de Diálogo establecida mediante Decreto Supremo Nº 015-2001-

PCM que constituyó la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas.

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en el Perú, D.L. N° 757

Mediante esta ley se define el contexto de la política ambiental para la actividad privada y la

conservación del ambiente. En el artículo 49º se estipula que “el Estado Peruano estimula el

equilibrio racional entre el desarrollo socio–económico, la conservación del ambiente y el

uso sostenido de los recursos naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los

inversionistas mediante el establecimiento de normas claras de protección del medio

ambiente”.

En los artículos 50° y 51° se establece que la autoridad sectorial competente determinará las

actividades que por su riesgo ambiental pudieran exceder los niveles de estándares

tolerables de contaminación o deterioro del medio ambiente, de tal modo, que requerirán

necesariamente la elaboración de estudios de impacto ambiental, previo al desarrollo de

dichas actividades.

“Código Penal” (03.04.91), D.L. N 635

En el Título XIII “Delitos Contra la Ecología” se establecen los comportamientos o conductas

que, de verificarse en la realidad, constituirán los llamados delitos ecológicos o delitos contra

la ecología, siendo los más importantes los siguientes:

� Contaminación del medio ambiente;

� Formas agravadas de contaminación del medio ambiente;

� Responsabilidad del funcionario público por otorgamiento ilegal de licencias,

� Desechos industriales o domésticos;

� Depredación de flora y fauna legalmente protegidas;

� Extracción de especies acuáticas prohibidas;

� Depredación de bosques protegidos;

� Uso indebido de tierras agrícolas;

� Autorización ilícita de habilitación urbana;

� Alteración del ambiente o paisaje.






Resolución Suprema Nº 004-2000-ED, Reglamento de Investigaciones Arqueológicas

Esta norma define los conceptos y procedimientos necesarios para el desarrollo de

Proyectos Investigación y Evaluaciones Arqueológicas en sus diferentes modalidades, así

como organismos técnicos competentes para la calificación y supervisión de Proyectos y la

obtención del “Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos“ (CIRA)

estableciéndolo como requisito indispensable para el desarrollo de proyectos productivos,

extractivos y/o de servicios tanto sector privado o estatal, con el fin de proteger el

Patrimonio Arqueológico-Histórico Nacional.

Ley 24656, Ley de Comunidades Campesinas

Mediante esta ley se declara de necesidad nacional e interés social y cultural, el desarrollo

integral de las Comunidades Campesinas. Con dicha norma el Estado garantiza la

integridad del derecho de propiedad sobre su territorio, les otorga competencia para regular

el acceso al uso de la tierra por parte de sus miembros y señala que sus tierras son las

que señala la Ley de Deslinde y Titulación y que son inembargables e imprescriptibles.

También son inalienables.

Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos

La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos los que comprende el agua

superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a ésta. Se extiende al agua

marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. Esta Ley tiene por finalidad regular el uso

y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así

como en los bienes asociados a ésta.

Por Decreto Supremo N° 014-2008-AG se fusiona la intendencia de Recursos Hídricos del

INRENA en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, que aprueba Reglamento de Organización y

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua - ANA

Este reglamento, define la estructura orgánica, así como, las funciones generales y

específicas de cada uno de los órganos y unidades orgánicas de la Autoridad Nacional del

Agua- ANA.






Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos

Esta ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad

en su conjunto y de este modo asegurar una gestión y manejo ambiental y sanitario

adecuado de los residuos sólidos, con sujeción a los principios de minimización, prevención

de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona.

Decreto Legislativo Nº 1065

Este decreto introduce modificaciones a la Ley General de Residuos Sólidos incorporando

competencias a los gobiernos regionales y locales.

Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos

Sólidos

Esta norma reglamenta la Ley 27314 a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los

residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la

calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona.

Ley 26842, Ley General de Salud

Esta ley establece los principios que guían las políticas en materia de Salud. Regula la

disposición final de residuos peligrosos, señalando que no deben verterse directamente a

las fuentes, cursos o reservorios de agua, suelo o aire, bajo responsabilidad. Toda persona

natural o jurídica debe adoptar precauciones de depuración al verter desechos o sustancias

contaminantes en el agua, aire o suelo.

Ley Orgánica de Municipalidades

Entre otras esta ley establece como materia de competencia municipal la emisión de normas

técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como

sobre protección y conservación del ambiente.

En materia de saneamiento ambiental debe formular los planes ambientales en su

jurisdicción, así como controlar la preservación del medio ambiente.






2.1.2 Normas Específicas

Normas de Calidad Ambiental

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

para Agua

La norma establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, cuyos niveles de

concentración no deberán representar riesgo significativo para la salud de las personas ni

para el ambiente.

El cumplimiento de esta norma será considerada en análisis de parámetros de calidad de

agua evaluados en los cuerpos y cursos de agua que involucra el presente proyecto.

Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, Disposiciones para la implementación de los

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.

En su artículo 2 precisa las categoría s y sub-categorías de los ECA para agua: 1)

Poblaciones y Recreacional; 2) Actividades Marino Costeras, 3)Riego de Vegetales y Bebida

de Animales y 4)Conservación del Medio Acuático.

Corresponde a la Autoridad Nacional del Agua asignar la categoría a los cuerpos de agua

respecto a su calidad.

Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental de Aire

La norma tiene como objetivo principal la protección de la salud de las personas. Establece

los valores de estándares nacionales de calidad ambiental del aire para cada contaminante,

además de los lineamientos de estrategia para alcanzarlos progresivamente. Los estándares

primarios de calidad del aire consideran los niveles de concentración máxima de los

siguientes contaminantes del aire: a) Dióxido de Azufre (SO2), b) Material Particulado con

diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10), c) Monóxido de Carbono (CO ) d) Dióxido

de Nitrógeno (NO2) e) Ozono (03) f) Plomo (Pb) g) Sulfuro de Hidrógeno (H2S).

Deberá realizarse el monitoreo periódico del Material Particulado con diámetro menor o igual

a 2.5 micrómetros (PM-2.5) con el objeto de establecer su correlación con el PM10.

Asimismo, deberán realizarse estudios semestrales de especiación del PM10 para






determinar su composición química, enfocando el estudio en partículas de carbono, nitratos,

sulfatos y metales pesados. Para tal efecto se considerarán las variaciones estacionales. Al

menos cada dos años se realizará una evaluación de las redes de monitoreo.

D.S. N° 003-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire

La norma actualiza el valor permitido para el dióxido de azufre, una de las principales

causas de contaminación ambiental en las ciudades y regula los niveles de PM 2.5 Entró en

vigencia a partir del 01 enero de 2009.

Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental para Ruido

El decreto aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para

Ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la

calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.

Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM, Estándares de Calidad Ambiental para

Radiaciones No Ionizantes

Establece los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya

presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no excederlas

para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. Estos estándares se consideran

primarios por estar destinados a la protección de la salud humana.

Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos

Ambientales

Esta norma busca reglamentar el procedimiento de acceso a la información pública

ambiental por parte de los ciudadanos. Según el Reglamento, las solicitudes pueden

presentarse sin necesidad de invocar justificación de ninguna clase, y la obligación de

atenderlas se extiende a los diferentes Organismos del Estado así como a las entidades

públicas o privadas que prestan servicios públicos.

El plazo para atender las solicitudes de información es de 07 días hábiles, pudiendo

extenderse por 05 días hábiles adicionales. Asimismo, en lo que concierne a la participación

ciudadana, el reglamento señala que en los procedimientos de elaboración y aprobación de






Estudios de Impacto Ambiental se deben realizar talleres participativos y audiencias

públicas.

De igual manera, el Reglamento prevé mecanismos de participación ciudadana a través de

la fiscalización, que pueden realizarse a través de los Comités de Vigilancia Ciudadana,

Seguimiento de Indicadores, Denuncias, etc.

Resolución Ministerial N° 535-2004-MEM-DM, Reglamento de Participación Ciudadana

para la realización de actividades energéticas dentro de los procedimientos

administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales.

El gobierno peruano ha desarrollado la legislación necesaria para incorporar la consulta

pública al proceso del desarrollo del Proyecto. La consulta pública dentro de este contexto

es considerada como una herramienta para desarrollar una comunicación de dos vías entre

el promotor del Proyecto y el público. La meta de este proceso es mejorar la toma de

decisiones y propiciar una comprensión integral del proyecto al involucrar activamente a los

individuos, los grupos de interés y las organizaciones con una participación en el Proyecto.

Se considera que esta participación protege la viabilidad a largo plazo del Proyecto y mejora

los beneficios para las personas localmente afectadas y para los accionistas.

La Constitución Política en su artículo 2° numerales 5) y 17) consagran el derecho a la

información pública y el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida

política, económica, social y cultural de la Nación.

La Ley General del Ambiente reconoce también en sus artículos 41º al 51º el derecho de la

ciudadanía a estar informado y participar en la toma de decisiones que podrían afectar el

medio ambiente y los recursos naturales.

Resolución Ministerial N°223-2010-MEM/DM que aprueba Lineamientos para la

Participación Ciudadana en la Actividades Eléctricas

Define lineamientos para la realización de la consulta y la efectiva participación ciudadana

relacionada con los aspectos propios de las actividades eléctricas, fortaleciendo la

participación de la población involucrada en el área de influencia de los proyectos eléctricos.

La norma tiene por objeto establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de os

procedimientos de Consulta y mecanismos de Participación Ciudadana que son aplicables






durante la tramitación de procedimientos relacionados al otorgamiento de derechos

eléctricos, durante la elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y, durante el

seguimiento y control de los aspectos ambientales de los Proyectos y Actividades Eléctricas.

2.1.2.2 Normas del Sub-sector Electricidad

Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas

Es norma regula todo lo referente a las actividades relacionadas con la generación,

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

En su artículo 9° establece que el estado previene la conservación del medio ambiente y el

patrimonio cultural de la nación, así como el uso racional de los recursos naturales en el

desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de la

energía.

Asimismo en su artículo 24° que la concesión definitiva permite utilizar bienes de uso

público; mientras que el artículo 109° inciso b, los concesionarios, sujetándose a las

disposiciones que establece el reglamento, están facultados a cortar árboles o ramas que se

encuentren próximos a los electroductos aéreos y que puedan ocasionar perjuicios a la

instalaciones, previo permiso de la autoridad competente.

Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas.

En esta norma se establece que el Ministerio de Energía y Minas establecerá un registro de

Concesiones Eléctricas, que será público, en el que se inscribirá todo lo relacionado con la

solicitud, el otorgamiento, la renuncia y caducidad de las concesiones; así como los

gravámenes, actos y contratos que las afecten. La norma estipula la cancelación de la

concesión en caso de se cometa reiteradas infracciones al medio ambiente.

Decreto Supremo Nº 029-94-EM, Reglamento de Protección Ambiental en las

Actividades Eléctricas.

Precisa de manera específica, la adecuación de las empresas eléctricas a los lineamientos

de la política general del estado.

Esta norma estipula que en la solicitud de una Concesión Definitiva, el solicitante presentará

ante la DGE del Ministerio, un Estudio de Impacto Ambiental. Establece además el

contenido y los alcances del mismo.






Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM/DM,

En esta norma se aprueba los lineamientos para la Participación Ciudadana en las

Actividades Eléctricas.

Resolución Ministerial Nº 111–88–EM/DGE, Norma de Imposición de Servidumbre.

Esta norma establece los procedimientos destinados para obtener el derecho de

servidumbre; establece las distancias mínimas de las franjas de servidumbre según la

tensión nominal de la línea de transmisión.

Resolución Ministerial Nº 366-2001 EM/VME, Código Nacional de Electricidad –

Suministro.

El código contiene una serie de reglas cuyo objetivo es el de salvaguardar a las personas

(de la concesionaria, o de las contratistas en general, o terceros o de todas ellas) y las

instalaciones durante la construcción, operación o mantenimiento de las líneas eléctricas

tanto de suministro eléctrico como de comunicaciones, y sus equipos asociados sin afectar

a las propiedades públicas y privadas, ni al medio ambiente, ni al Patrimonio Cultural de la

Nación.

Estas reglas contienen criterios básicos que son considerados necesarios para la seguridad

del personal propio (de la empresa concesionaria, de las contratistas y subcontratistas) y

del público durante condiciones especificadas. Este código no ha sido concebido como un

compendio de especificaciones de diseño ni como manual de instrucciones.

Resolución Ministerial Nº 037-2006-MEM/DM, Código Nacional de Electricidad –

Utilización

El Código Nacional de Electricidad - Utilización, tiene como objetivo establecer las reglas

preventivas para salvaguardar las condiciones de seguridad de las personas, de la vida

animal y vegetal, y de la propiedad, frente a los peligros derivados del uso de la electricidad;

así como la preservación del ambiente y la protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

El Código también contempla las medidas de prevención contra choques eléctricos e

incendios, así como las medidas apropiadas para la instalación, operación y mantenimiento

de instalaciones eléctricas.






11El Código no está destinado a ser un compendio de especificaciones para proyectos, ni

un manual de instrucciones.

Cumpliendo con las reglas del Código, utilizando materiales y equipos eléctricos aprobados

o certificados y efectuando la instalación, operación y mantenimiento apropiados, con

personal calificado y autorizado, se logrará una instalación esencialmente segura.

Resolución Ministerio Nº 175-2008-MEM/DM, Modificaciones al Código Nacional de

Electricidad.

Las modificaciones son referidas principalmente a las instalaciones eléctricas de

edificaciones de uso público, al uso del conductor o cable no propagador de la llama y al

conductor o cable no propagador del incendio, con baja emisión de humos, libre de

halógenos y ácidos corrosivos, entre otros.

Resolución Ministerial Nº 161-2007 MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el

trabajo de las Actividades Eléctricas,.

Mediante esta norma se pretende proteger la integridad de las personas que participan en el

desarrollo de las actividades eléctricas, así como de los usuarios y público en general,

mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, con el fin de reducir la

ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades durante el desarrollo de la actividad

eléctrica. Además, se establecen lineamientos para la formulación de los planes y

programas de control, eliminación y reducción de riesgos

Resolución Directoral Nº 008-97-EM/DGAA.

Establece los Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos producto de las

actividades de generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica.

Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN

Resolución Nº 028-2003-OS/CD

Modifica los numerales 2.2.3 y 2.9 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de

Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones

de OSINERGMIN aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD.






2.2. Marco Institucional

Los aspectos institucionales están relacionados con las disposiciones, alcances y

lineamientos a seguirse de cada una de las instituciones públicas y privadas relacionadas

con el proyecto en temas ambientales. Como son:

· Ministerio del Ambiente (MINAM).

· Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

· Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

· Ministerio de Agricultura (MINAG).

· Ministerio de Educación (MINEDU).

· Ministerio de Salud (MINSA).

· Gobierno Regional, Provincial y Local correspondientes.

2.2.1 Ministerio del Ambiente - MINAM

Con Decreto Legislativo N° 1013 (14 de mayo de 2008), se aprobó la ley de creación,

organización y funciones del MINAM. El MINAM es un organismo del poder ejecutivo cuya

función es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial

ambiental. Es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal.

El objeto del MINAM es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure

el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los

sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la

persona, a fin de asegurar a las generaciones presentes y futuras el derecho de gozar de un

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

Según la Tercera Disposición Complementaria Final, se aprueba la fusión del Consejo

Nacional del Ambiente-CONAM en el MINAM, siendo este último el ente incorporante.

Asimismo, se aprueba la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del

INRENA con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del MINAM, siendo este

último también el ente incorporante. Las competencias ambientales del MINEM son

ejercidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), la Dirección

General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) y la Dirección General de Minería

(DGM). Los asuntos relacionados con los hidrocarburos son responsabilidad de la Dirección

General de Hidrocarburos (DGH) y aquellos relacionados con la energía, de la Dirección






General de Electricidad (DGE) y del Organismo Supervisor para la Inversión en Energía y

Minería (OSINERGMIN).

Las responsabilidades y autoridades ambientales del MINEM están distribuidas básicamente

entre los tres Subsectores principales: minería, hidrocarburos y electricidad. Cada dirección

es responsable del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a su Subsector.

Finalmente, la Sexta Disposición Complementaria Final señala que se encuentran adscritos

al MINAM los siguientes organismos públicos: Servicio Nacional de Meteorología e

Hidrología (SENAMHI), Instituto Geofísico del Perú (IGP), Organismo de Evaluación y

Fiscalización Ambiental (OEFA), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(SERNANP), Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

2.2.2 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN.

El 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N° 26734 se creó el OSINERG (hoy

OSINERGMIN), encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones

legales y técnicas de las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de

electricidad e hidrocarburos, así como el cumplimiento de las normas legales y técnicas

referidas a la conservación y protección del medio ambiente. Mediante Ley Nº 27332,

publicada el 29 de julio del 2000, se promulgó la Ley Marco de los Organismos Reguladores

de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, por la cual se asignan a los organismos

reguladores las funciones de supervisión, regulación, fiscalización y sanción, normativa,

solución de controversias y de solución de reclamos.

Finalmente, el 24 de enero del 2007, mediante La Ley 28964, se otorgó al OSINERG, el que

pasa a denominarse Organismo Supervisor de La Inversión en Energía y Minería

(OSINERGMIN), las funciones de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que

desarrollan las personas jurídicas de derecho público interno o privado y las personas

naturales, en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, siendo integrante del

Sistema Supervisor de la Inversión en Energía compuesto por el Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual y el Organismo

Supervisor de la Inversión en Energía. Tiene personería jurídica de derecho público interno

y goza de autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y financiera. La misión

del OSINERGMIN es regular, supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento






de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores

de electricidad, hidrocarburos y minería, así como el cumplimiento de las normas legales y

técnicas referidas a la conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de

dichas actividades.

2.2.3 Ministerio de Energía y Minas - MINEM

El MINEM tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades minero

energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento;

cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.

Dirección General de Electricidad

La DGE es el órgano técnico normativo encargado de: (i) proponer y evaluar la política del

Subsector Electricidad; (ii) proponer y/o expedir, según sea el caso, la normatividad

necesaria de dicho subsector; (iii) promover el desarrollo de las actividades de generación,

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; y (iv) coadyuvar a ejercer el

rol concedente a nombre del Estado para el desarrollo sostenible de las actividades

eléctricas.

Dicha autoridad está constituida por la Dirección Normativa de Electricidad, la Dirección de

Concesiones Eléctricas y las Dirección de Estudios y de Promoción Eléctrica; depende

jerárquicamente del Viceministro de Energía.

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos

La DGAAE es el órgano técnico normativo encargado de: (i) proponer y evaluar la política,

proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de

actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente referidas al

desarrollo de las actividades energéticas; y (ii) promover el fortalecimiento de las relaciones

armoniosas de las empresas sectoriales con la sociedad civil que resulte involucrada con las

actividades del Sector. Está a cargo de un Director General, quien depende jerárquicamente

del Viceministro de Energía.






Dicha autoridad está constituida por la Dirección Normativa de Asuntos Ambientales

Energéticos y la Dirección de Gestión Ambiental Energética; y depende jerárquicamente del

Viceministro de Energía.

La Dirección de Gestión Ambiental Energética es el órgano encargado de proponer y

evaluar la política y los planes para garantizar el desarrollo sostenible de las actividades

energéticas así como evaluar y recomendarla aprobación de los estudios ambientales y

sociales presentados al Ministerio de Energía y Minas.

Dirección Regional de Energía y Minas - DREM

De acuerdo con la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, las Regiones tienen

competencias compartidas con el Gobierno Nacional para alentar la concertación entre los

intereses públicos y privados en todos los niveles como parte de las actividades de

participación ciudadana, para realizar la promoción, gestión y regulación de actividades

económicas y productivas en su ámbito y nivel correspondientes, entre otros, a los sectores

energía, hidrocarburos, minas y medio ambiente.

En este sentido, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) asume el rol promotor y

fiscalizador para el desarrollo integral de la actividad minero energético y ambiental, en

concordancia con la política general del Gobierno y los planes sectoriales de desarrollo en

su ámbito. A la fecha, se viene coordinando la transferencia de una serie de funciones y

competencias en relación a la participación ciudadana en la formulación, debate y

concertación de planes de desarrollo, presupuestos y gestión pública.

2.2.4 Ministerio de Agricultura - MINAG

El ministerio tiene como lineamientos dictar las normas de alcance nacional, realizar

seguimientos y evaluación de la aplicación de las mismas, en las siguientes materias:

protección, conservación, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales (agua,

suelos, flora y fauna silvestre, encauzamiento de recursos naturales)

Autoridad Nacional del Agua.

La Autoridad Nacional del Agua, creada por Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, es un Organismo Técnico

Especializado (DS Nº 034-2008-PCM) adscrito al Ministerio de Agricultura.






La Autoridad Nacional del Agua es el organismo encargado de realizar las acciones

necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por

cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la

gestión de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los

gobiernos regionales

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)1.

Es un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura. Tiene las funciones de

formular, concertar las estrategias, planes y programas para el aprovechamiento de los

recursos naturales; caracterizar, evaluar y vigilar permanentemente los recursos naturales

renovables; coordinar con los sectores públicos y privados, el aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales renovables.

De acuerdo con el Reglamento de Organizaciones y Funciones del INRENA, aprobado por

Decreto Supremo Nº 002-2003-AG, publicado el 15 de enero de 2003 (modificado por los

Decretos Supremos Nº 018-2003-AG, 004-2005-AG y 012-2007-AG) las dependencias que

están relacionadas con el proyecto son la Oficina de Gestión Ambiental Transectorial,

Evaluación e Información de Recursos Naturales (OGATEIRN) y la Intendencia de Recursos

Hídricos.

Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR). La Ley de Promoción de las

Inversiones en el Sector Agrario, Decreto Legislativo N° 653 (modificada por Decreto

Legislativo Nº 667 y por Decreto Ley Nº 25509) del 1º de agosto de 1991, establece que la

ATDR es la autoridad de aguas en el ámbito del distrito de riego respectivo y tiene por

función administrar las aguas de uso no-agrario y agrario, de acuerdo a los Planes de

Cultivo y Riego aprobados, teniendo en cuenta las realidades hidrológicas, agrológicas y

climatológicas en el ámbito geográfico de su competencia. La ATDR otorga derechos de

agua siguiendo las disposiciones establecidas por la Ley General de Aguas, sus

reglamentos y disposiciones modificatorias.

1 Por Decreto Supremo N°030-2008-AG se aprobó la fusión del INRENA en el Ministerio de Agricultura, siendo éste último el ente absorbente, asumiendo como tal todas sus funciones. No obstante deja a salvo la fusión, regulada por Decreto Supremo N° 014-2008-AG, de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA en la Autoridad Nacional del Agua -ANA creada por Decreto Legislativo N° 997. Asimismo, la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N°1013 que creó el Ministerio del Ambiente reguló la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente - SERNANP






2.2.5 Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia,

exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gestión en todo el territorio nacional.

Fue creado mediante Ley Nº 29565, el 21 de julio de 2010.

Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus

competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado son

las siguientes: a) Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial; b) Creación cultural

contemporánea y artes vivas; c) Gestión cultural e industrias culturales; y d) Pluralidad

étnica y cultural de la Nación.

A partir del 01 de octubre del presente, la estructura orgánica del Instituto Nacional de

Cultura (INC) pasó a convertirse en la estructura del Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo

establecido en el Decreto Supremo Nº 001-2010-MC.

La función del Instituto Nacional de Cultura (INC), se determinó mediante Ley Orgánica del

Ministerio de Educación D.L. N° 25762 (12/10/92), entre sus funciones se encuentra el

formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural,

defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio Cultural de la Nación

(conforme a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 28296).

Dirección de Arqueología. Órgano dependiente de la Dirección de Registro y Estudio del

Patrimonio Histórico. Entre sus varias funciones:

Expide el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos -CIRA y el Certificado de

Monumento Arqueológico integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

Detalle de la R.S. N° 004-2000-ED. Reglamento de Investigaciones Arqueológicas:

Este Reglamento define los conceptos y procedimientos necesarios para las Evaluaciones

Arqueológicas en sus diferentes modalidades, así como los organismos técnicos

competentes para la calificación y supervisión de Proyectos y la obtención del CIRA; por

ejemplo, su Art. 8° indica expresamente que “Los proyectos de Evaluación Arqueológica

están referidos a trabajos en el marco del desarrollo de Proyectos productivos, extractivos

y/o servicios, tanto del sector privado como estatal, con fines de proteger el patrimonio

arqueológico-histórico nacional...”.






El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos es la única constancia oficial que,

después de una previa Evaluación, declara la no-existencia de evidencias o sitios

arqueológicos en el área de las obras a realizarse. Los Proyectos de Evaluación

Arqueológica, que a su conclusión permiten solicitar el CIRA, tienen tres modalidades según

sea el caso:

- Proyecto de Evaluación Arqueológica de Reconocimiento, sin excavaciones y

consistente en una minuciosa prospección de superficie en un Área de Estudio,

previamente determinada.

- Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones, que implica la intervención

física en el área de estudio y considera, también, la Delimitación y Señalización de los

sitios. Es consecuencia de la previa realización de un Proyecto de Reconocimiento.

- Proyectos de Rescate Arqueológico, referidos a proyectos de Excavación y, de ser

necesario, recuperación de evidencias en sitios arqueológicos ineludiblemente

afectados. Es consecuencia de las modalidades de Proyectos antes citados o de los

Monitoreos Arqueológicos de Supervisión de las Obras en ejecución.

La norma refiere que el Monitoreo Arqueológico es un requisito que el INC puede establecer

para la ejecución de Obras, y es resultado de la previa emisión del CIRA para un Proyecto

de Ingeniería; el Monitoreo consiste en el control y supervisión permanentes del proceso de

construcción de las mismas por un Arqueólogo inscrito en el Registro Nacional de

Arqueólogos del INC. Quedando este profesional obligado, bajo su responsabilidad, a

presentar al INC un Plan de Monitoreo y un Informe Final a la conclusión de las obras.

2.2.6 Ministerio de Salud - MINSA

El Ministerio de Salud, por medio de las Direcciones Regionales, regula el Sistema Nacional

Coordinado y Descentralizado de Salud. Sus funciones son promover, proteger y mejorar la

salud y calidad de vida de la población. El Ministerio es responsable de asegurar la

participación de todas las entidades que comprenden el Sistema Nacional Coordinado y

Descentralizado de Salud en políticas de salud nacional, y de promover la participación

activa de la población en la implementación de medidas para lograr dichos objetivos, de

acuerdo a la Ley del Ministerio de Salud, Ley 27657 del 29 de Febrero de 2002, su

Reglamento, Decreto Supremo Nº 013-2002-SA del 22 de noviembre de 2002 y sus

Regulaciones Organizacionales, Decreto Supremo N° 014-2002-SA del 22 de noviembre de

2002.






Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA

DIGESA es una dependencia del MINSA que está a cargo de regular, supervisar, controlar y

evaluar los aspectos de protección ambiental para productos químicos, radiación y otras

sustancias que pudieran poseer un riesgo potencial o causar daños a la salud de la

población dentro del marco de la política de salud nacional. Es la entidad a cargo de otorgar

autorizaciones para la descarga de residuos a la superficie o a cuerpos de agua. Regula el

cumplimiento relacionado con la descarga de residuos sólidos, líquidos o hidrocarburos que

pudieran contaminar el agua. Las atribuciones de DIGESA están establecidas en el artículo

25 de la Ley del Ministerio de Salud del 29 de Febrero del 2002, y en el artículo 55 del

Reglamento de Organización y Funciones del MINSA, Decreto Supremo N° 014-2002-SA de

fecha 22 de noviembre de 2002.

Las tareas de DIGESA son efectuadas también por las Direcciones Regionales de Salud

Ambiental (DISA), que son autoridades a cargo de evaluar las acciones de salud ambiental

requeridas para preservar el ambiente a nivel regional. Adicionalmente, la Dirección

Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), que representa una autoridad regional, está a cargo

de coordinar con los gobiernos locales y regionales el establecimiento de planes, programas

y proyectos para controlar la contaminación ambiental que pudiera perjudicar la salud de las

comunidades o que pudiera representar un riesgo potencial en el caso de accidentes o

desastres naturales.

También está facultada para aplicar sanciones establecidas por la legislación de la salud.

2.2.7 Gobiernos Regionales y locales

Desde el año 2003 el Perú está inmerso en un proceso de lograr una completa

descentralización. Dicho esfuerzo incluye como normas principales la Ley de Reforma

Constitucional que modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política, Ley N°

27680 del 7 de marzo de 2002; la Ley Orgánica para las Bases de Descentralización, Ley N°

27783, del 20 de julio de 2002; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 del 18

de noviembre de 2002; y, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 de mayo de

2003. De acuerdo con las leyes señaladas, los gobiernos regionales y locales asumen

facultades ambientales, exclusivas y compartidas en las materias de su competencia. Entre

dichas facultades se encuentran las de promover el uso sustentable de bosques y la






biodiversidad, así como el manejo sustentable de los recursos naturales y el mejora

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