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Beatriz Brinkmann CINTRASIrarrzaval 688-A, uoa, Santiago, Chile

Santiago, noviembre de 1999

Registro de propiedad intelectual N 111.181ISBN 956-7260-02-8

Diseo portada: JanoDiagramacin lser: Ins BecerraImpresin: LOM EdicionesSantiago de Chile

Imagen portada: Mural pintado en la Poblacin LaVictoria, Santiago de Chile, en 1985. Tomado dellibro de Ebe Bellange "El mural como reflejo de larealidad social en Chile" por gentileza de la autora.Intervenido por Jano.

Publicado con la colaboracin del InternationalRehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) deDinamarca y el Fondo Internacional de Solidaridadde Bndnis 90/Die Grnen, Alemania.

En memoria y homenaje aSola Sierra,

destacada protagonista de esta historia

Dedicado a la Agrupacin de Familiares deDetenidos Desaparecidos

y a la Agrupacin de Familiares deEjecutados Polticos

VGYUM

Fue Amrica Latina ylos movimientos encabezados

por las propias vctimasquienes impusieron el tema

de la verdad y la justicia,y la lucha contra la impunidad

como concepto tico,generando un impacto

poltico y culturaldesconocido en el mundo.

Luis JoinetRelator Especial de Naciones

Unidas sobre Impunidad

7Indice

Presentacin ................................................................. 11

Prlogo ......................................................................... 15

CAPITULO IEstablecimiento de la dictadura militar .............................. 19

Poder judicial ampara la represin ................................ 21Apoyo poltico a los golpistas ...................................... 26Creacin de la DINA y nacimiento de la AFDD ............... 27Una farsa que se convierte en bumerang....................... 31La represin se "legaliza" ............................................ 33Las Actas Constitucionales ......................................... 39Un recurso de amparo acogido..................................... 40"Mi vida por la verdad" ............................................... 43La disolucin de la DINA y el DL 2.191 de Amnista ....... 45La AFDD intensifica sus actividades de denuncia ........... 47La verdad brota de la tierra ......................................... 50Organismos de defensa de la vida ................................ 53

CAPITULO IILa dictadura se proyecta hacia una "democracia protegida" 57

La Constitucin de 1980 y el afincamiento de la institucionalidad militarista ..................................... 59

Fortalecimiento del movimiento opositor ....................... 62Diversificacin de la represin ..................................... 65

8La lucha contra la tortura y por el respeto ala dignidad humana ................................................ 67

La creacin de FEDEFAM ............................................ 70La ley antiterrorista .................................................... 72Un triple degollamiento ............................................... 76Encuentro regional contra la impunidad ......................... 79Transitoria unidad de la oposicin ................................ 82El caso de los trece .................................................... 87Pactos y acuerdos con el poder militar .......................... 89

CAPITULO IIILos gobiernos post dictadura ........................................... 93

La gran deuda social: verdad y justicia .......................... 95Las promesas del Programa de la Concertacin y

su reduccin a "la medida de lo posible" ................... 96Primeras medidas del gobierno de Patricio Aylwin .......... 99Las Leyes Cumplido y el "acuerdo marco" ................... 100Hallazgo de osamentas en Pisagua ............................. 101Reservas en la ratificacin de la Convencin

Americana sobre Derechos Humanos ...................... 103El Informe Rettig ...................................................... 105Juez impedido de ingresar a recinto militar .................. 109Proyecto de anulacin del Decreto Ley de Amnista ...... 110Acusacin constitucional contra ministros de

la Corte Suprema ................................................. 114El "boinazo" y la "Ley Aylwin" ................................... 115Ayuno por verdad y justicia ....................................... 118Balance desalentador del primer gobierno de

la transicin......................................................... 121El Presidente Frei y el "caso Stange" .......................... 122Convenios de Ginebra v/s Ley de Amnista .................. 123Parque por la Paz en Villa Grimaldi y Memorial ............. 125Condena al ex jefe de la DINA ................................... 127Negociaciones en torno a la amnista .......................... 127La "propuesta Frei" .................................................. 131La propuesta de la AFDD .......................................... 133La "propuesta Otero-Figueroa"................................... 134

9Aplicacin sistemtica de la amnista.......................... 137Juicio tico a la dictadura militar ................................ 139Acusacin constitucional contra ministros de

la Corte Suprema ................................................. 145Peticin de extincin de responsabilidad

penal generalizada ................................................ 147Seminario internacional sobre la impunidad y sus

efectos en los procesos democrticos..................... 148Nuevos criterios de la Corte Suprema ......................... 151

CAPITULO IVLa impunidad enfrentada a la normativa internacionalde derechos humanos ................................................... 155

Denuncias ante la Comisin Interamericana deDerechos Humanos .............................................. 157

Inicio del juicio contra Pinochet en Espaa .................. 160Acusacin constitucional contra Augusto Pinochet ....... 163Detencin de Pinochet en Londres.............................. 167Reacciones en Chile y en el exterior ........................... 173Cmara de los Lores confirma juicio a Pinochet ............ 178Querellas en contra del ex dictador en Chile ................ 184Transicin chilena al desnudo .................................... 188Justicia: nada ms, pero nada menos ......................... 193El "caso Pinochet" en la comunidad internacional ......... 196

Anexo ........................................................................ 207

Bibliografa .................................................................. 211

OPOO

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Presentacin

Sin riesgo alguno de exagerar, puede decirse que la impunidades el conflicto sociopoltico, tico, jurdico y psicosocial ms graveque enfrenta la sociedad chilena emergente despus de la dicta-dura de Pinochet. Tragedia social que, transcurrida una dcada detransicin hacia la democracia, ha derivado en un pathos quecorroe el mundo ciudadano, las conciencias individuales y lasinstituciones del Estado. Teniendo en especial consideracin laexperiencia actual de Amrica Latina, los discursos jurdicos msmodernos en el campo del derecho internacional han instalado elargumento de que la impunidad frente a las violaciones al derechoa la vida de parte de los Estados nacionales, cualquiera sea susigno, constituye en s misma una forma especfica de violacina los derechos humanos. Nos anima la fuerte conviccin de quea no muy largo plazo esta propuesta pasar a enriquecer el cuerpodoctrinal de estos derechos.

Mientras tanto, conscientes de la plena legitimidad de estavisin, estamos obligados a observar la realidad nacional conmxima objetividad y rigurosidad, esto es, desde el fluctuanteprisma de un campo violatorio del derecho a la vida. Es justamentela ausencia casi total de oportunidades para acceder a la verdady la justicia en relacin a los crmenes de la dictadura, lo que hadesencadenado dentro del tejido social un conjunto polimorfo defenmenos que han acabado por prolongar esta llamada transicin

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al punto de llevarla a una situacin de statu quo con alarmantesseales involutivas. Al mismo tiempo han transformado la aspira-cin a la reconciliacin nacional en un slogan desprestigiado en elque lamentablemente ya casi nadie cree.

La paradoja ms notable que caracteriza a la impunidad en suactual fase de desarrollo deriva del posicionamiento poltico quefrente a ella han tomado los dos gobiernos de la transicin: lanecesidad, por un lado, de mantenerse insertos en el campo de lacultura de los derechos humanos -lo que refleja su necesidad deconservar un vnculo con su propia experiencia histrica junto aotros sectores que lucharon por la reconquista de la democracia-y, por otro, la exigencia de respetar compromisos polticossecretos con las fuerzas armadas en orden a evitar la accin de lajusticia sobre sus miembros. Esta ideologa se materializa en elimaginario social como un mensaje oficial pleno de realismopoltico, de ponderacin y de bsqueda de equilibrio en la solucinde los grandes conflictos nacionales que en este caso se vinculan,en ltima instancia, con el bien supremo de la paz social. Talestrategia no ha hecho sino confundir a la sociedad, debido a laincorrecta resolucin de los conflictos ticos y jurdicos quesubyacen a esta paradoja, de lo cual ha resultado un desacreditadodiscurso pblico de las autoridades que representan diversospoderes del Estado, exactamente como est siendo demostradoen la actualidad frente a la detencin de Pinochet por los tribunalesingleses. Esta actitud ha dejado perplejos no slo a la mayora delos chilenos sino tambin a la comunidad democrtica del mundoentero.

La sociedad vive momentos crticos alrededor de esta proble-mtica los que, probablemente, definirn para las prximasgeneraciones una determinada forma de desarrollo de la concien-cia ciudadana, una cultura social hegemnica en relacin a losderechos humanos y una cierta normativa axiolgica y tica quedarn cuenta -bien en un sentido regresivo y alienante o bien, enotro progresivo y liberador- del carcter que habr tenido en estapoca la resolucin final de este conflicto social. Dicho de otromodo, una eventual renuncia hoy a la multiaxial tarea de repara-cin del dao producido por la impunidad, se ver fatalmentereflejada en el futuro prximo en una serie de fenmenos disrruptivos

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-desde los ms masivos y colectivos (fenmenos sociopolticos yculturales) hasta los ms subjetivos e individuales (fenmenospsicosociales y psicolgicos)- arriesgando inmerecidamente a losciudadanos a un proyecto de pas y de sociedad cuyos componen-tes fundantes resulten espreos y terminen siendo detonantes deun nuevo fracaso del proyecto social.

En sus catorce aos de existencia CINTRAS ha dado asistenciamdico-psicolgica a ms de tres mil personas que fuerontraumatizadas por la represin poltica dictatorial. En las historiasindividuales de cada una de ellas est escrita, a partir de supsiquismo perturbado por este trauma psicosocial, un segmentosignificativo de la historia negada de este pas. Desde el campo delas ciencias biomdicas y sociales hemos contribuido al conoci-miento de las consecuencias deshumanizantes de las violacionesal derecho a la vida y de la impunidad. Hemos hecho, adems,esfuerzos por colaborar con el desarrollo de una fuerza culturalcontrahegemnica que persevere desde el interior de la base socialen la batalla por la primaca de los principios universales queimpulsa la comunidad internacional progresista en favor de unahumanidad digna.

El trabajo que presentamos ofrece a los estudiosos en la materiay al pblico en general una acabada informacin sobre el itinerariode la impunidad, desde el once de septiembre hasta nuestros das.Es algo as como la biografa de un demiurgo que flota, invisible,sobre las cabezas de los ciudadanos, influenciando subrepti-ciamente su existencia. Nuestro discurso corresponde al de unsujeto-objeto de esta historia, inmerso plenamente en su devenir,de principio a fin, que ha tomado posicin. No es un anlisis quepretenda validarse amparado en una pseudoneutralidad; por elcontrario, revela desde la primera lnea un compromiso inequvococon los fundamentos doctrinales de la Declaracin Universal de losDerechos Humanos. Refleja, por lo tanto, una mirada particular, decompromiso con esta perspectiva, con las organizaciones dederechos humanos que han luchado por la democracia, connuestros consultantes.

Beatriz Brinkmann, la autora, es hablante privilegiada de esteperodo histrico. Protagonista discreta y silenciosa de sus facetasms indignas. Vctima de la tortura, la crcel y el exilio; sujeto-

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objeto, decamos, de esta narracin en filigrana que desnuda lasecuencia horrorosa de delitos, transacciones, inconsistencias einconsecuencias que la pueblan de punta a cabo. Una rigurosainvestigacin precede a este trabajo ofreciendo un texto de granriqueza al ordenar cronolgicamente los hechos, rescatando delolvido un sinfn de datos que sern importante fuente nutricia parala reconstruccin de la memoria histrica. Investigadora acuciosa,Beatriz Brinkmann nos interpela con este trabajo: no hay razonespara el solaz, no se ha restablecido la dignidad, la tarea an estpendiente.

Carlos Madariaga ArayaMdico Psiquiatra

Comit Directivo CINTRAS

Santiago de Chile, octubre de 1999

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Prlogo

El complejo proceso a travs del cual se fue imponiendo y luegose ha procurado consolidar la impunidad para los crmenes de lesahumanidad cometidos por la dictadura militar en Chile responde noslo a factores jurdicos sino, esencialmente, a motivacionespolticas y sociales.

En el devenir histrico que se inici el 11 de septiembre de 1973se han contrapuesto aquellos sectores de la sociedad que come-tieron los crmenes, los avalaron o los aceptaron tcitamente, conel movimiento social que se gener denunciando las violaciones alos derechos humanos, en defensa de las vctimas y exigiendo elesclarecimiento de los hechos y la sancin legal a los responsablesde ellos. Obviamente no se trata de grupos homogneos conlmites claramente definidos y permanentes, sino sometidos acontradicciones internas y en constante variacin, lo que vagenerando mltiples cambios en la correlacin de fuerzas entre lasdiferentes posiciones. Por lo mismo, la lucha contra la impunidades un proceso que, lejos de desarrollarse en forma lineal, ha estadomarcado por avances y retrocesos, y cuyo final an est abierto.

La proclamacin de la Declaracin Universal de los DerechosHumanos en diciembre de 1948 sent la pauta tica para elaccionar de las personas y los Estados. Desde entonces lacomunidad internacional ha ido multiplicando y perfeccionandolos instrumentos legales destinados a regular la convivencia

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humana sobre la base del respeto mutuo. Sin embargo, enmltiples oportunidades y en todo el mundo ha quedado demos-trado que no es suficiente con la firma de tratados y convencionesinternacionales por parte de los Estados para garantizar surespeto. Se ha hecho imprescindible la accin de personas yorganizaciones de la sociedad civil que -movidas por profundosvalores ticos- asumen la defensa y promocin de los derechoshumanos, muchas veces exponindose de este modo a ser ellasmismas vctimas de la violacin de esos derechos.

Al adoptar la posicin tica dictada por la Declaracin Universalde los Derechos Humanos para el anlisis de los hechos ocurridosen Chile a partir del golpe militar de 1973, se cristaliza como hiloconductor en la difcil lucha por el respeto a la vida y a la dignidadhumana la presencia de los familiares de las vctimas y en especialde la Agrupacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos,AFDD.

En los primeros aos de la dictadura, las mujeres de laAgrupacin eran las nicas que salan a la calle para denunciar larepresin y exigir una respuesta sobre el destino corrido por susseres queridos secuestrados por agentes del Estado. Contaban enese entonces con el valioso respaldo de la Iglesia Catlicaencabezada por el cardenal Ral Silva Henrquez. Con el correr deltiempo se fueron sumando organismos de derechos humanos,polticos y sociales, hasta culminar en un fuerte movimiento socialque exiga el trmino de la dictadura y haba incorporado en suproyecto de reconstruccin democrtica el respeto irrestricto atodos los derechos humanos consagrados en la Carta de NacionesUnidas.

En el perodo post dictadura ese programa no ha sido cumplidoy la AFDD se ha convertido en la conciencia moral de la nacin quenos recuerda una y otra vez que sin el restablecimiento del valortico de la justicia no es posible alcanzar una convivencia socialsustentada en un rgimen genuinamente democrtico. La deten-cin del ex dictador Augusto Pinochet en Londres ha dado unanueva dimensin a su lucha contra la impunidad, al poner a pruebala efectividad de la normativa internacional de derechos humanos.

Ha habido momentos en que pareca que en nuestro pas laimpunidad -definida por el Relator Especial de Naciones Unidas

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Louis Joinet como la injusticia organizada- ya constitua un hechoconsumado. Sin embargo, la experiencia de naciones comoAlemania demuestra que mientras los culpables estn con vidaexiste la posibilidad de hacerlos comparecer ante la justicia, sipermanecen activos sectores -por pequeos que sean- que man-tengan viva la conciencia tica de la sociedad.

El presente trabajo naci del convencimiento de que es impres-cindible rescatar la memoria histrica, enfrentarla y asumirla paraproyectar un futuro en el que nunca ms se repitan los mismoshechos que han dejado tan dolorosamente marcada a la sociedadchilena en su conjunto. Pretende realizar un aporte a esta tarea quenecesariamente es y ser la de muchos.

Beatriz Brinkmann

OIU

CAPITULO I

Establecimiento de ladictadura militar

"qu dices, que encontraron otro?que en el ro, que no te oigo, esta maana dices,flotando otro ms?que habla fuerte, as que no te atreviste,tan irreconocible est?que la polica ha dicho que ni su madre podra

que ni la madre que lo parique ni ella podra,

eso han dicho?"

Ariel Dorfman, Identidad

OPOO

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Poder judicial ampara la represin

El perodo inmediatamente posterior al golpe militar del 11 deseptiembre de 1973 fue de represin desenfrenada. La Junta deGobierno asumi el poder ejecutivo, anul el poder legislativo ymediante los Decretos Leyes N 3 y N 5 declar el estado de sitiocon el carcter de "estado o tiempo de guerra", lo que implicabael funcionamiento de tribunales militares en tiempo de guerra y laaplicacin de la correspondiente penalidad agravada.

Decenas de miles de prisioneros llenaron las crceles, recintosmilitares y campos de concentracin creados para este efecto.Nunca se sabr la cifra exacta de personas torturadas y asesina-das durante estos das en que en Chile rein el terror sincontrapeso1. El rgimen militar comenzaba as a aplicar unapoltica represiva de carcter institucional, sistemtica y masivaque persegua el exterminio de la izquierda chilena, calificadadentro de la doctrina de seguridad nacional como el "enemigointerno".

1 La Comisin Especial de la Organizacin de Estados Americanosenviada a Chile en julio de 1974 seal en su informe que "los clculosmoderados hablan de 1500 muertos, 80 de los cuales pertenecan a lasFuerzas Armadas" durante el perodo inmediatamente posterior al golpemilitar. Segn la misma fuente, ms de 220 personas fueron fusiladas enesa poca, sin haber sido sometidas a proceso previo.

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Un considerable nmero de vctimas detenidas en los primerosmeses despus del golpe militar se encuentran "desaparecidas".El Informe de la Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacinseala al respecto:

"Las detenciones al parecer fueron practicadas, en distintospuntos del pas, por diversas unidades de uniformados, aveces acompaados de civiles. En el fondo, consistieron enuna ejecucin sumaria o asesinato de la vctima, disponin-dose luego del cadver (por lo comn lanzndolo a un ro oenterrndolo clandestinamente) todo ello seguido de nega-cin de los hechos o de la entrega de versiones falsas. Ladesaparicin en estos casos es ms bien un modo de ocultaro encubrir los crmenes cometidos, antes que el resultado deacciones sujetas a una coordinacin central que tuvieran porobjeto eliminar a categoras predeterminadas de personas"2.

La nica respuesta organizada y valiente frente a la represindirigida especialmente contra los partidos polticos de izquierda,las organizaciones sindicales y populares provino de las iglesiaschilenas las que, a instancias del arzobispo de Santiago, cardenalRal Silva Henrquez, crearon el Comit de Cooperacin para laPaz en Chile3, el que comenz a funcionar en octubre de 1973.

El Comit Pro Paz debi enfrentar el perodo ms terrible de larepresin, cuando era la nica instancia donde podan acudir losfamiliares de los ejecutados, detenidos, torturados y procesadospor consejos de guerra. Entre sus primeros colaboradores volun-tarios estuvieron el socilogo Jos Manuel Parada, la asistentesocial Mara Luisa Seplveda, as como los abogados RobertoGarretn, Hernn Montealegre, Jos Zalaquet, Fabiola Letelier yRose Marie Bornand. El Comit fue creciendo rpidamente y en el

2 Informe de la Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin, volmenesI y II [en adelante Informe Rettig], Secretara de Comunicacin y Culturadel Ministerio Secretara General de Gobierno, Santiago, 1991, p. 22.3 Estuvo integrado por las Iglesias Catlica, Evanglica Luterana,Evanglica Metodista, Ortodoxa, Pentecostal y la Comunidad Hebrea deChile.

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curso de pocas semanas ya contaba con un centenar de funcio-narios en Santiago y representaciones en las 25 provincias delpas. Adems de la defensa judicial, brind asistencia social,psicolgica y laboral a personas perseguidas por el rgimen militar.Pero las posibilidades de accin de sus colaboradores, queestuvieron permanentemente sometidos a amedrentamientos yexponan su propia seguridad personal en esta labor, eran restrin-gidas. El nico instrumento de que disponan para tratar deproteger y salvar la vida de los detenidos consista en la presen-tacin de recursos de amparo ante los tribunales de justicia.

Este recurso, llamado tambin habeas corpus, es una accinlegal que tiene por objeto velar por el respeto a la libertad personalimpidiendo detenciones arbitrarias y proteger a los detenidos paraprevenir la prctica de la tortura. Mediante el recurso de habeascorpus se solicita al juez que ordene traer al detenido a supresencia, lo que normalmente debe decidir dentro de un plazo de48 horas.

Sin embargo, el poder judicial hizo odos sordos al clamor de lasvctimas de violaciones a los derechos humanos. La actitud de laCorte Suprema fue de pleno respaldo a la dictadura, incluyendosus mtodos represivos. El 13 de septiembre de 1973 el entoncespresidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, endeclaracin pblica manifest "su ms ntima complacencia" porel pronunciamiento militar y el cambio de gobierno. Posteriormen-te fue l quien impuso en junio de 1974 la banda presidencial aPinochet, sellando as simblicamente una alianza entre ambospoderes del Estado.

El poder judicial no slo renunci a su tarea de defender losderechos humanos de los ciudadanos, sino que adems favorecila impunidad de los crmenes que se estaban cometiendo aldeclarar la Corte Suprema, por sentencias del 13 de noviembre de1973 y 21 de agosto de 1974 entre otras, que los tribunalesmilitares en tiempo de guerra no estaban sometidos a su super-intendencia, quedando los consejos de guerra supeditados exclu-sivamente al comandante en jefe del Ejrcito, es decir, al generalAugusto Pinochet.

Para darle un cariz de legalidad a las innumerables detenciones,la Junta Militar promulg el 3 de enero de 1974 el Decreto Ley 228

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que declaraba ajustados a derecho los arrestos practicados hastaesa fecha por policas y militares en contravencin a la Constitu-cin Poltica del Estado4. Adems, este decreto ley facult alMinistro del Interior para ordenar detenciones bajo la frmula "pororden de la Junta de Gobierno". De hecho, la mayora de lasdetenciones eran practicadas por personal de los organismos deseguridad sin orden previa alguna. Al presentarse recursos deamparo en favor de los afectados, las cortes de apelacionesdilataban la resolucin de estos recursos hasta que el Ministeriodel Interior haca llegar la orden, declarando luego la privacin delibertad como ajustada a derecho. En muchos casos inclusoaceptaron como vlidas rdenes de detencin no emanadas delMinisterio del Interior.

Esta absoluta concomitancia entre la junta militar y el poderjudicial fue reconocida por el propio presidente de la CorteSuprema cuando al inaugurar el ao judicial 1974 indic:

"[...]puedo asegurar de una manera enftica que los tribuna-les de nuestra dependencia han funcionado en la formaregular que establece la ley, que la autoridad administrativaque rige el pas cumple nuestras resoluciones y a nuestrosjueces se les respeta con el decoro que merecen"5.

Restndole toda gravedad a la brutal represin que se habadesatado en el pas agreg:

"El Presidente que habla se ha podido imponer de que granparte de los detenidos, que lo fueron en virtud de disposicio-nes legales que rigen el Estado de Sitio, han sido puestos enlibertad. Otros se encuentran procesados en los Juzgadosordinarios o militares, y con respecto a aquellos que seencuentran detenidos en virtud de las facultades legales delEstado de Sitio en vigencia, se hace un esfuerzo para aliviar

4 En los estados de sitio contemplados en la Constitucin de 1925, lafacultad de disponer arrestos estaba radicada exclusivamente en elPresidente de la Repblica, quien no poda delegarla.5 El Mercurio, Santiago, 2 de marzo de 1974.

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su situacin de detenidos y clarificar cuanto antes suparticipacin en actividades reidas con la ley"6.

Coment tambin que a los delegados de Amnista Internacio-nal, quienes le haban manifestado su preocupacin por lasnumerosas ejecuciones ordenadas por los consejos de guerra -quela Corte Suprema haba renunciado a fiscalizar- les haba hechopresente que stos tenan su pleno fundamento en las leyesvigentes en Chile, las cuales se encontraban en concordancia conlos tratados internacionales sobre derechos humanos7. Caberecordar al respecto que, entre el 4 y el 19 de octubre de 1973,la denominada "caravana de la muerte" encabezada por el generalSergio Arellano Stark haba recorrido las ciudades de Cauquenes,La Serena, Copiap, Antofagasta y Calama ejecutando a su pasoa 75 personas, la mayora de ellas bajo el pretexto de la "ley defuga". Los cuerpos de 19 de las vctimas no fueron entregados asus deudos sino inhumados en lugares que no se dieron a conocer.

Por otro lado, Urrutia Manzano seal que algunos funcionarioshaban sido "separados" del poder judicial en virtud de un nuevoprocedimiento de calificaciones. Este se basaba en los decretosleyes 169 y 170 dictados el 6 de diciembre de 1973, los quepermitan calificaciones secretas, contra las cuales no era posibleinterponer recurso alguno. De este modo, entre 1973 y 1975 msde 250 magistrados y funcionarios considerados "izquierdistas"fueron trasladados, removidos u obligados a renunciar, segn lodenunciado en un estudio realizado por el Colegio de Abogados en19868.

6 Ibid.7 Sobre las irregularidades cometidas en los consejos de guerra ver:Informe Rettig, pp. 79-94.8 Mayores antecedentes sobre la "razzia" realizada al interior del poderjudicial en: Matus, Alejandra: El Libro Negro de la Justicia Chilena,Santiago, 1999, pp. 232-237.

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Apoyo poltico a los golpistas

Los partidos polticos representativos de los sectores de de-recha, que junto a los del centro poltico haban formado laConfederacin Democrtica (CODE) para luchar contra el gobiernode Salvador Allende y que prepararon el terreno para el golpemilitar, lo apoyaron unnimemente, esgrimiendo como argumentoprincipal que ste haba evitado la implantacin de una dictaduracomunista.

En el mismo sentido se pronunciaron importantes personerosdel Partido Demcrata Cristiano. El ex Presidente de la Repblica,Eduardo Frei Montalva, en declaraciones formuladas al diariomadrileo ABC el 11 de octubre de 1973, manifest que ladecisin de la junta militar de asumir el mando habra "salvado" alpas, ya que los marxistas chilenos disponan de armas superioresen potencia y nmero a las fuerzas armadas. Seal que la gestinde Allende haba creado condiciones tan desfavorables para el pasque "justificaban el derecho al levantamiento, convirtindolo en sudeber"9. Junto con asumir la defensa del rgimen militar, Freicritic los juicios peyorativos de los europeos sobre lo ocurrido enChile. Patricio Aylwin, a la sazn presidente de esa colectividadpoltica, en una larga carta dirigida al general Pinochet en enero de1974 ofreci a ste su "leal cooperacin"10. Por su parte, el actualPresidente de la Repblica, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para simbo-lizar su apoyo al rgimen golpista, entreg pblicamente a la juntade gobierno cinco das de sueldo del personal de la empresa en queentonces trabajaba "con el fin de colaborar al Fondo de Recons-truccin Nacional"11.

El apoyo que durante ms de un ao le prest el PartidoDemcrata Cristiano al rgimen militar tambin se manifest en la

9 Ver: El Mercurio, edicin internacional, 8 al 14 de octubre de 1973, p.8.10 Documentos secretos desclasificados por el gobierno de EstadosUnidos. Citado en La Tercera, Santiago, 4 de julio de 1999.11 La Tercera, Santiago, 26 de noviembre de 1973.

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defensa que de l hicieron dirigentes sindicales de ese conglome-rado poltico como Eduardo Ros y Ernesto Vogel ante centralessindicales internacionales.

Solamente un pequeo grupo de connotados dirigentes dem-crata cristianos, encabezados por Bernardo Leighton, rechazarondesde el primer momento el golpe militar. El 13 de septiembre de1973 emitieron una declaracin en que sealaban: "Condenamoscategricamente el derrocamiento del presidente constitucionalde Chile, Seor Salvador Allende, de cuyo gobierno[...] fuimosinvariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacri-ficio que l hizo de su vida en defensa de la autoridad constitucio-nal"12. Al mismo tiempo expresaron su preocupacin por lasviolaciones a los derechos humanos que comenzaron a hacersemanifiestas. Algunos abogados colaboraron activamente en ladefensa de los perseguidos, incorporndose al trabajo del ComitPro Paz y asumiendo los riesgos que esto implicaba, a pesar de quecon ello entraban en contradiccin con la posicin oficial de supartido.

Creacin de la DINA y nacimiento de la AFDD

Pasados los primeros meses de represin muchas vecesdescontrolada, pues ni siquiera los organismos de la dictaduratenan una visin acabada de la cantidad de asesinatos producidosa lo largo del pas ni tampoco de los detenidos, quienes eranpermanentemente trasladados de un lugar de reclusin a otro, el14 de junio de 1974 Pinochet cre formalmente la Direccin deInteligencia Nacional, DINA, mediante el DL 521, un texto legal

12 Ver texto completo de la declaracin suscrita por Bernardo Leighton,Jorge Donoso, Jorge Cash, Claudio Huepe, Andrs Aylwin, RennFuentealba, Fernando Sanhueza, Mariano Ruiz-Esquide, Sergio Saavedra,Belisario Velasco, Ignacio Palma e Ignacio Balbontn en: Revista PuntoFinal, Santiago, 11 al 24 de septiembre 1998, p. 9.

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con clusulas secretas13. Junto a los servicios de inteligencia delas diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, laDINA, que por decreto dependa directamente de la Junta Military estaba dirigida por el coronel Manuel Contreras, se convirti enel principal y ms temido instrumento represivo de la dictadura14.En la prctica, al poco tiempo comenz a depender slo delPresidente de la Repblica, es decir, del general Pinochet, a quienManuel Contreras deba informar regularmente sobre su accionar.Apenas iniciadas sus operaciones, las detenciones se hicieronms selectivas, afectando en 1974 especialmente a militantes delMovimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, los que fueronsometidos a brutales torturas en crceles clandestinas desdedonde se perdi para siempre el rastro de muchos de ellos.

El Comit Pro Paz sigui siendo en este perodo la nicainstancia que acoga y daba orientacin a las familias de lasvctimas, apoyndolos en la presentacin de recursos de amparo.Despus de una minuciosa investigacin de los casos de detencio-nes denunciados, los abogados del Comit Pro Paz constataronque haba 131 detenidos que no figuraban en ningn recintocarcelario. Por ello, el 29 de marzo de 1974 se present el primerrecurso de amparo masivo por esas 131 personas desaparecidas.Al igual que todos los anteriores, fue rechazado por los tribunalesde justicia, lo que en la prctica equivala a una condena a muertede los detenidos, pues el mensaje implcito para la DINA significa-ba que poda disponer de ellos a su arbitrio.

13 Sus artculos 9, 10 y 11 se publicaron en un anexo de circulacinrestringida del Diario Oficial. Slo al cabo de unos aos se supo que estosartculos permitan a la Junta disponer la participacin de todos losorganismos de inteligencia de las instituciones de la defensa nacional enfunciones propias de la DINA y facultaban a sta para practicarallanamientos y aprehensiones.14 Sobre la estructura y el accionar de la DINA vase: Informe Rettig, pp.451-458 y "Reportaje Especial sobre la DINA" en: Semanario El Siglo,Santiago, 4-11 de febrero de 1995.

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Pero la Corte Suprema fue incluso ms all. El 30 de julio de1974 cre un nuevo mecanismo de impunidad al aceptar la validezde las incomunicaciones administrativas, argumentando que "ascomo el arresto mismo y su duracin (en estado de sitio) dependendel criterio excluyente del ejecutivo, as tambin es lgico quedependa de la misma autoridad la forma en que se cumple"15. Conello se hizo cmplice del terrorismo de Estado y de la prcticacriminal que llev a que muchos de los detenidos se convirtieranirremediablemente en "detenidos-desaparecidos".

Ante esta realidad, los familiares de las vctimas, quienes sehaban ido conociendo al concurrir en busca de ayuda al ComitPro Paz, a fines de 1974 constituyeron la Agrupacin de Familiaresde Detenidos Desaparecidos, AFDD16, que se propuso como tareacentral llegar a saber la verdad de lo sucedido con sus seresqueridos, recuperarlos con vida y exigir justicia.

Arriesgando su propia seguridad, los miembros de la AFDD, ensu gran mayora mujeres, realizaron mltiples gestiones con laesperanza de rescatar a los detenidos de los centros clandestinosde reclusin, pero slo reciban respuestas mentirosas, insultos ymofas. Los argumentos ms recurrentes de las autoridades eranque los presuntos desaparecidos seguramente haban salido delpas, que vivan ilegalmente en la clandestinidad o que simplemen-te haban decidido abandonar a su familia.

El 28 de mayo de 1975 la AFDD present ante los tribunales dejusticia una solicitud para que se nombrara un ministro en visitaencargado de investigar el destino de 163 personas detenidas ydesaparecidas. La solicitud que tuvo el co-patrocinio de prestigio-sos profesionales, pastores y abogados, se acompa de nume-rosas pruebas y declaraciones juradas de testigos presencialesque demostraban los arrestos de los amparados a manos defuncionarios gubernamentales. Sin embargo, al igual que tantas

15 Cita extrada de: Informe Rettig, p. 101.16 La creacin formal de la AFDD se realiz en julio de 1975.

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otras, esta iniciativa judicial no prosper. El 4 de julio de 1975 elobispo Fernando Arizta y el pastor Helmut Frenz reiteraron lapresentacin, pero tambin obtuvieron una respuesta negativa.Ante ello, los familiares enviaron una carta al general Pinochet,para que respondiera a las denuncias concretas que se estabanhaciendo, la que no obtuvo reaccin.

La situacin de los detenidos desaparecidos se convirti en eltema central de las violaciones a los derechos humanos en Chile.Organismos internacionales como la OEA y la Asamblea Generalde la ONU exigieron una respuesta aclaratoria al rgimen chileno17,pero ste sigui negando los hechos, siendo avalado en estapostura por el presidente de la Corte Suprema.

Enrique Urrutia Manzano, que entre tanto haba sido nombradoVicepresidente del Consejo de Estado de Pinochet, en su discursoinaugural del ao judicial el 1 de marzo de 1975 abord expresa-mente el tema de las violaciones a los derechos humanossealando:

"Este pas adhiri en su oportunidad a la DeclaracinUniversal de los Derechos Humanos, y Chile, que no es unatierra de brbaros, como se ha dado a entender en el exterior,ya por malos patriotas o por individuos extranjeros queobedecen a una poltica interesada, se ha esmerado en darestricto cumplimiento a tales derechos."En cuanto a torturas y otras atrocidades de igual naturaleza,puedo afirmar que aqu no existen paredones ni cortinas de

17 La ONU desempe un papel muy relevante a travs de la elaboracinde informes anuales de su Comisin de Derechos Humanos sobre lasituacin que se viva en Chile. Adems, fue designado un grupo detrabajo ad hoc para Chile y cada ao en las resoluciones de la AsambleaGeneral y de la Comisin de Derechos Humanos se expresaba el malestarde la comunidad internacional y la condena al rgimen del generalPinochet por las graves violaciones a los derechos humanos. Sobre estamateria vase: El caso chileno en la comunidad internacional, Revistachilena de derechos humanos N 12. Programa de Derechos HumanosUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 1990.

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hierro, y cualquier afirmacin en contrario se debe a unaprensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrnprosperar en nuestra patria"18.

Neg que existieran personas detenidas desaparecidas y decla-r que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema:

"han sido abrumadas en su trabajo con los numerossimosrecursos de amparo que se han interpuesto, so pretexto dedetenciones que ha decretado el poder ejecutivo en virtud delas facultades que le otorga el estado de sitio que ha regidoel pas". Agreg: "Y digo con el pretexto, porque ... en lamayora de los casos el recurso se deduca en favor depersonas que, segn los propios recurrentes, se encontra-ban desaparecidas ... y que en verdad, por lo general, setrataba de individuos que viven en el pas en clandestinidad,o que de la misma manera, han salido a los pases vecinos"19.

Incluso lleg a culpar a los propios familiares de la imposibilidadde acceder a la verdad al manifestar:

"Pero, para la ubicacin y probanza de desaparecidosfracasan todas las investigaciones, porque siendo los pro-pios parientes, amigos o allegados, cmplices en talesactitudes, dicha complicidad entorpece el establecimientode la verdad"20.

Una farsa que se convierte en bumerang

A fin de otorgar mayor credibilidad a estas aseveraciones, ladictadura mont una farsa publicitaria que fue acogida por laprensa nacional. Entre el 22 y el 25 de julio de 1975 varios rganos

18 Cita extrada de: Coleccin Reflexin y Debate, Serie Poltico InstitucionalN 18 "Proceso a la Justicia Chilena" (1era Parte), Santiago, 1987, p. 14.19 Ibid. p. 15.20 Ibid. p. 16.

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de prensa chilenos reprodujeron informaciones del semanarioargentino Lea y del diario brasileo Novo ODia, segn las cuales119 chilenos, en su mayora militantes del MIR, habran muerto enel exterior en enfrentamientos partidarios internos o con laspolicas locales; otros habran huido con destino desconocido. Los119 nombres correspondan a casos de detenidos-desaparecidosdenunciados por la Agrupacin de Familiares en Chile. Al intentarrecoger mayor informacin, se constat que tanto Lea como NovoODia haban aparecido en un slo nmero y no haban sidodistribuidos en su supuesto pas de origen. La macabra farsa slohaba sido montada para "demostrar" que en Chile no existandetenidos-desaparecidos.

Sin embargo, la crueldad de este montaje despert tal indigna-cin en amplios crculos de la opinin pblica nacional e interna-cional que se convirti en un bumerang para sus inventores. El 5de agosto de 1975 se realiz en la Baslica de Lourdes una liturgiaa la cual haba invitado el obispo Enrique Alvear y en la que tambinparticiparon el obispo luterano Helmut Frenz y el sacerdoteCristin Precht, secretario ejecutivo del Comit Pro Paz. Estacelebracin, en la que se mantuvieron 119 sillas vacas y a la cualasistieron ms de cuatro mil personas, constituy el primer granacto por los desaparecidos y uno de los primeros en protestacontra los atropellos a los derechos humanos en Chile desde elgolpe de 1973.

La gran solidaridad nacional e internacional que despert elcaso de los 119 oblig a Pinochet a referirse pblicamente al temapor primera vez y en un acto efectuado el 20 de agosto de 1975en San Bernardo, se comprometi a realizar una investigacinexhaustiva del caso. Este compromiso nunca se cumpli.

El caso de los 119, denominado "Operacin Colombo" por laDINA, fue una de las mayores maniobras para el ocultamiento desus crmenes realizada por agentes de la dictadura chilena con elapoyo de servicios de seguridad de otros pases latinoamericanos.Ya en 1974 haba existido una colaboracin entre los serviciossecretos chilenos y argentinos para llevar a cabo el atentado quecost la vida al general Carlos Prats y a su esposa en septiembrede ese ao en Buenos Aires. A partir de 1975 la DINA cre yencabez una coordinacin de los aparatos de seguridad de las

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dictaduras militares del Cono Sur, conocida como "OperacinCndor", cuyos objetivos fundamentales eran localizar, secues-trar y asesinar a opositores polticos fuera de las fronterasnacionales. Esta estructura estuvo integrada por las policaspolticas de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil yEcuador21. Las pruebas de su accionar se hicieron pblicas cuandoen diciembre de 1992 fueron descubiertos los "Archivos delTerror" por el abogado Martn Almada y el juez Jos AgustnFernndez, ambos paraguayos, en un departamento de polica deese pas.

La represin se "legaliza"

Pese a las mltiples denuncias y protestas nacionales e inter-nacionales, la DINA sigui deteniendo y haciendo desaparecer aopositores al rgimen y el gobierno se mantuvo en su posicinoficial de negar los hechos. El 7 de noviembre de 1975 el delegadode Chile ante las Naciones Unidas Sergio Diez afirm en suexposicin ante la Tercera Comisin de la Asamblea General deese organismo que muchos de los desaparecidos no tendranexistencia legal, mientras que con respecto a otros el InstitutoMdico Legal de Santiago habra certificado su fallecimiento. Lamisma argumentacin la repiti ante los delegados de la SextaAsamblea General de la Organizacin de Estados Americanos quese realiz a comienzos de junio de 1976 en Santiago. Segn suinforme, del total de 768 personas presuntamente desaparecidasse habra comprobado que 153 no tenan existencia legal segn losregistros del Servicio de Identificacin, 64 se encontraran muer-

21 Entre sus vctimas se puede mencionar a Orlando Letelier, asesinadoen septiembre de 1976 en Washington, y al general boliviano Juan JosTorres, quien muri el 2 de junio de 1976 vctima de un atentado realizadoen Argentina.

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tas, otras siete asiladas en diferentes embajadas, doce habransido expulsadas del pas, ocho se encontraran detenidas, seishabran sido puestas en libertad en tanto que otras siete jamshabran sido detenidas22. En esa oportunidad, cuatro connotadosabogados defensores de los derechos humanos presentaron atodos los cancilleres participantes, incluido el de Chile, un docu-mento en que denunciaban las violaciones a los derechos huma-nos que se cometan en el pas. Poco tiempo ms tarde, dos deellos, Jaime Castillo y Eugenio Velasco, fueron expulsados delpas.

A travs de la promulgacin de decretos leyes, el rgimenmilitar busc darle apariencia legal a la represin. As, el 8 de mayode 1975 fueron difundidos en el Diario Oficial los decretos leyes1.008 y 1.009, que se referan a las restricciones de la libertadpersonal. El DL 1.008 estipulaba que al tratarse de delitos contrala seguridad del Estado y durante la vigencia de regmenes deemergencia resultaba insuficiente el plazo de detencin de cuaren-ta y ocho horas contemplado en el artculo 15 de la Constitucin,por lo que fue ampliado hasta cinco das, debiendo dentro de eselapso informarse al juez competente y poner a su disposicin aldetenido.

El DL 1.009 facultaba "a los organismos especializados paravelar por el normal desenvolvimiento de las actividades nacionalesy por la mantencin de la institucionalidad constituida", es decirentre otros a la DINA, para detener a las personas "a quienes sepresuma fundadamente culpables de poner en peligro la seguridaddel Estado" y mantenerlas en su poder hasta por cinco das(facultades que ya le haba otorgado uno de los artculos secretosdel DL 521). Estas disposiciones favorecieron la prctica sistem-tica de la tortura y facilitaron el desaparecimiento de las personasdetenidas por dichos organismos. La disposicin del mismo DL1.009 que estipulaba que "la aplicacin de apremios ilegtimos a

22 Ver: El Mercurio, Santiago, 8 de junio de 1976.

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los detenidos se castigar con arreglo al artculo 150 del CdigoPenal o 330 del Cdigo de Justicia Militar, segn corresponda"jams se cumpli. Tampoco se cumplieron las indicaciones deldecreto supremo 187 de enero de 1976 en el sentido de que losfamiliares de los arrestados deban ser informados a ms tardar alas 48 horas del arresto y que en ese mismo plazo deba remitirsecopia escrita de la orden de detencin, sealndose el servicio deseguridad que detena, la individualizacin del detenido y delaprehensor as como el lugar al que aqul sera llevado.

A pesar de ello, el nuevo presidente de la Corte Suprema, JosMara Eyzaguirre, quien mantuvo la misma actitud coludida con elrgimen militar que su antecesor, celebr la dictacin de estasnormas expresando en su discurso inaugural del ao judicial el 1de marzo de 1976 que ellas "son de gran importancia para elrespeto de la integridad y dignidad de la persona humana ydemuestran la preocupacin del Supremo Gobierno para que esosvalores esenciales tengan el resguardo adecuado"23. En el mismodiscurso se refiri tambin al tema de los detenidos-desapareci-dos, sealando:

"Los ministros visitadores [encargados de las visitas a losjuzgados] han expedido sus informes, y de ellos se despren-de que en numerosos casos las personas cuyodesaparecimiento se investigaba, se encuentran en libertad,otras han salido al extranjero; otras estn detenidas en virtuddel Estado de Sitio; otras procesadas en tribunales militares,y finalmente, respecto de algunas, se trata de delincuentesde derecho comn, cuyos procesos se tramitan"24.

De este modo, la Corte Suprema segua otorgndole no slo unalegitimacin jurdica sino tambin poltico-moral a la dictadura.Amparada por el manto de impunidad que le ofreca la CorteSuprema, la DINA continu deteniendo a su arbitrio, torturando yhaciendo desaparecer en forma cada vez ms planificada, selec-

23 El Mercurio, Santiago, 2 de marzo de 1976, p. 8.24 Ibid.

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tiva y procurando no dejar rastros. Si durante el ao 1974 y laprimera mitad de 1975 la represin se dirigi especialmente contramilitantes del MIR y dirigentes del Partido Socialista, a fines de1975 y durante todo el ao 1976 la accin de la DINA, a la quese sum el Comando Conjunto25, afect sobre todo a militantes delPartido Comunista.

La indolencia ante el dolor humano del presidente del mximotribunal chileno se manifestaba tambin, adquiriendo visos decrueldad, en el trato que daba a los familiares de personassecuestradas por agentes del Estado que cifraban la esperanza deque hara uso de sus facultades para proteger la vida y la integridadfsica de los detenidos. En agosto de 1976 acudieron a l la esposay las hijas de Vctor Daz Lpez, subsecretario general del PartidoComunista, quien haba sido secuestrado tres meses antes ydesde entonces se encontraba desaparecido. Al enterarse a travsde prisioneros de la DINA que haban recuperado la libertad de quel se encontraba en un recinto denominado "Villa Grimaldi" en muymalas condiciones fsicas producto de las torturas y el confina-miento, acudieron a Jos Mara Eyzaguirre para solicitarle que seconstituyera en dicho lugar. Al respecto Viviana Daz expres enun desgarrador testimonio: "A esa fecha, nuestro padre anestaba vivo y todava hubisemos podido salvarlo de la tortura yde la muerte. La respuesta que recibimos fue que 'tenamos muchaimaginacin' y que todo lo que habamos contado no era cierto"26.

25 El Comando Conjunto fue una agrupacin de inteligencia que operdesde fines de 1975 hasta el trmino del ao 1976, teniendo comoprincipal objetivo la represin del Partido Comunista. Estaba formadoprincipalmente por agentes de la Direccin de Inteligencia de la FuerzaArea (DIFA) y de la Direccin de Inteligencia de Carabineros (DICAR).Cont adems, en menor medida, con la participacin de agentes delServicio de Inteligencia Naval (SIN), de la Direccin de Inteligencia delEjrcito (DINE), de miembros de la Polica de Investigaciones as como deciviles provenientes de grupos de extrema derecha. Ver Informe Rettig,pp. 458-462.26 Revista Punto Final N 446, Santiago, 28 de mayo al 10 de junio de1999, p. 12.

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En relacin a las "desapariciones" producidas durante esteperodo, el Informe de la Comisin Nacional de Verdad y Recon-ciliacin seala:

"La segunda forma de 'desapariciones' fue practicada prin-cipalmente entre los aos 1974 y 1977, siendo responsableprincipal, pero no nica, la Direccin de Inteligencia Nacional(DINA). En el conjunto de estos casos s ha podido conven-cerse la Comisin de que haba detrs una voluntad deexterminio, dirigida sistemticamente y por motivacionespolticas, en contra de ciertas categoras de personas"27.

El 20 de agosto de 1976 el vicario episcopal Cristin Precht, anombre de la Vicara de la Solidaridad del Arzobispado de Santia-go, hizo una presentacin de 383 casos de detenidos desapareci-dos a la Corte Suprema, solicitando que se designara un ministroen visita para realizar la investigacin correspondiente.

En el fallo emitido por el mximo tribunal dos meses despus(13 de octubre de 1976) se declar que "no ha lugar a lo solicitadopor don Cristin Precht Baados a fs. 1 ni a las dems peticionesformuladas por innumerables personas que dicen ser familiares depresuntos desaparecidos"28. El vicario episcopal pidi reposicinde la misma peticin, la que tambin fue rechazada el da 22 deoctubre de 1976. En los meses siguientes se continuaron produ-ciendo numerosas detenciones que fueron negadas por las auto-ridades, por lo que el vicario Cristin Precht solicit el 24 dediciembre de 1976 por segunda vez que se reconsiderara ladesignacin de un ministro en visita adjuntando, adems, losantecedentes de los nuevos casos producidos. Tambin estapeticin fue rechazada por la Corte Suprema y los aparatosrepresivos siguieron aplicando su poltica de detener y hacerdesaparecer a los opositores al rgimen.

27 Informe Rettig, p. 23.28 Vicara de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago: Informe sobre383 casos de personas desaparecidas. Separata Solidaridad N 4,Santiago, octubre de 1976.

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Uno de los casos que produjo mayor conmocin fue el secues-tro de 13 personas entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembrede 1976, once de ellas pertenecientes al Partido Comunista -algunas miembros de su Comit Central- y dos del MIR. Todos losarrestos fueron practicados en la va pblica, pero negados por lasautoridades. Los familiares presentaron una peticin conjunta a laCorte Suprema para que designara un ministro en visita para elcaso, peticin que fue apoyada por numerosas personalidades,entre ellas Andrs Aylwin, Roberto Garretn, el sacerdote Fernan-do Salas, Elena Caffarena, Mario Luxoro y Luis Izquierdo. Porprimera vez la Corte Suprema dio acogida a una peticin de estetipo y el 2 de febrero de 1977 el ministro Aldo Guastavino inicila investigacin del caso. Una semana ms tarde, el Ministerio delInterior inform que prcticamente todos registraban salida deChile a Argentina a pie o en auto. Incluso de Reinalda Pereira, quepresentaba un embarazo de cinco meses, se afirm que habaabandonado el pas a pie. Pronto se comprob que los documentoscon que se pretenda probar esa aseveracin haban sido falsifica-dos. A pesar de ello, el ministro en visita dio por agotada lainvestigacin.

Una seal de lo que efectivamente ocurra con las personascuya detencin era negada por las autoridades se produjo cuandoel 12 de septiembre de 1976 apareci el cadver descompuestode la profesora Marta Ugarte en la playa de Los Molles. Haba sidosecuestrada un mes antes por agentes de la DINA y llevada alcentro de detencin y tortura de Villa Grimaldi. Fue encontradasemidesnuda y dentro de un saco amarrado a su cuello conalambre. Segn el informe de la autopsia, "la afectada sufri envida una luxo fractura de columna, traumatismo traco-abdominalcon fracturas costales mltiples, ruptura y estallido del hgado ydel bazo, luxacin de ambos hombros y cadera y una fracturadoble en el antebrazo derecho"29.

29 Informe Rettig, p. 551.

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Las Actas Constitucionales

Asediada por las condenas internacionales debido a las flagran-tes, masivas y sistemticas violaciones a los derechos humanos,en 1976 la dictadura ide nuevas operaciones de maquillaje paraproyectar una imagen de legalidad institucional y de respeto a losderechos civiles y polticos fundamentales. El 11 de septiembre de1976 se dieron a conocer las Actas N 2, N 3 y N 430, referidasa las bases esenciales de la institucionalidad chilena, a losderechos y deberes constitucionales, y a los regmenes deemergencia, respectivamente.

El Acta N 4 contena todas las restricciones, suspensiones yprdidas de derechos y libertades pblicas que podan ser decre-tadas durante los regmenes de emergencia y entregaba alPresidente la facultad de determinar su aplicacin.

El catlogo de derechos asegurados a todas las personas en elActa N 3 era completsimo, pero quedaba debilitado en suvigencia por otras disposiciones del mismo cuerpo normativo. As,por ejemplo su artculo 11 sealaba:

"Todo acto de personas o grupos destinados a difundirdoctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violen-cia o una concepcin de la sociedad fundada en la lucha declases, o que sean contrarias al rgimen constituido o a laintegridad o funcionamiento del Estado de Derecho, es ilcitoy contrario al ordenamiento institucional de la Repblica".

Se introdujo el recurso de proteccin que poda ser deducido porcualquier persona para defenderse, por ejemplo, de la aplicacinde apremios ilegtimos o para preservar la inviolabilidad del hogar.Al mismo tiempo fue ampliado el recurso de amparo, permitiendointerceder en favor de toda persona que, ilegalmente, sufrieracualquier privacin, perturbacin o amenaza en su derecho a lalibertad personal y seguridad individual.

30 Decretos ley Nos 1551, 1552 y 1553 publicados en el Diario Oficial el13 de septiembre de 1976.

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En los meses inmediatamente posteriores a la promulgacin deestas actas constitucionales, abogados de derechos humanosesgrimieron estos recursos en favor de varios detenidos. Esto lleva que a inicios del ao 1977 la junta militar reformara sus propiasactas. Mediante el decreto ley 1.684 del 31 de enero de ese aodeclar improcedente el recurso de proteccin durante los reg-menes de emergencia y a travs del artculo 13 del Acta N 4aument hasta 10 das el plazo para presentar al juez competentea los arrestados por la autoridad31 . Una demostracin ms decmo los preceptos legales eran ajustados a las necesidadespolticas del rgimen, favoreciendo la impunidad de sus crmenes.

Un recurso de amparo acogido

El primer caso en que la Corte de Apelaciones acogi un recursode amparo fue el de Carlos Contreras Maluje, que revisticaractersticas muy particulares, algunas de las cuales slopudieron ser aclaradas varios aos despus de acaecidos loshechos.

El joven ex regidor de Concepcin y miembro del comit centralde las Juventudes Comunistas fue secuestrado por agentes delEstado el 2 de noviembre de 1976 en Santiago. Estaba enconocimiento de que varios otros miembros de la direccin de supartido anteriormente haban sido detenidos y se encontrabandesaparecidos. Por eso, con la esperanza de poder hacer pblicasu detencin, al ser torturado seal a sus captores que debaefectuar un "contacto" con uno de sus compaeros al dasiguiente. Al ser llevado alrededor del medioda al lugar indicadoen la calle Nataniel, se arroj a las ruedas de un microbs, gritandoque era perseguido por la DINA y que avisaran de su detencin a

31 DL 1.689 publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo de 1977.

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la farmacia Maluje en Concepcin. Un capitn de Carabineros quese encontraba prximo al lugar comenz a hacerse cargo delprocedimiento de rigor correspondiente a un accidente de trnsito.Sin embargo, en el mismo momento lleg al lugar un automvil Fiat125 color celeste, patente EG-388, del cual se bajaron cuatrosujetos que se identificaron ante el polica como funcionarios dela DINA, redujeron a viva fuerza al joven que se encontraba heridopero se resista a entregarse, lo introdujeron en el vehculo y se lollevaron.

Testigos de los hechos informaron en forma annima a laVicara de la Solidaridad y a la familia de Contreras Maluje enConcepcin. Luis Contreras Aburto, padre del afectado, interpusoun recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones deSantiago, el que fue rolado con el N 1.020-76. El 16 denoviembre la Corte orden requerir informes a la 6a Comisara y alMinisterio del Interior. El 23 de noviembre el Ministerio informque Carlos Contreras Maluje no se encontraba detenido por ordende esa Secretara de Estado. Tambin la 6a Comisara asegurcarecer de informacin sobre el afectado y los hechos ocurridos.Luis Contreras Aburto insisti en su presentacin y adjuntdeclaraciones juradas de testigos de los hechos. A fines de enerode 1977 la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiagopidi a la Municipalidad de Las Condes antecedentes sobre el Fiat125 patente EG-388, recibiendo la informacin que ese vehculocorresponda a la Direccin de Inteligencia del Estado MayorGeneral de la Fuerza Area de Chile.

Con estos antecedentes, la Quinta Sala de la Corte el 31 deenero de 1977 acogi el recurso de amparo interpuesto y declarque el ministro del Interior "a fin de restablecer el imperio delDerecho y asegurar la debida proteccin del amparado CarlosHumberto Contreras Maluje, deber disponer su inmediata liber-tad"32. El fallo se sustent en el Acta Constitucional N 3 de

32 Cita extrada de: Arzobispado de Santiago, Vicara de la Solidaridad:Detenidos Desaparecidos. Documento de trabajo. Santiago, 1993, Tomo6, p. 2089.

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septiembre de 1976 que aseguraba a todas las personas elderecho a la libertad personal y la garanta de que nadie podra "serarrestado o detenido sino por orden de funcionario pblicoexpresamente facultado por la ley y despus de que dicha ordenle sea intimada en forma legal". Haban transcurrido casi tresmeses desde la detencin de Carlos Contreras Maluje y elMinisterio del Interior nunca cumpli la orden de la Corte deApelaciones.

La querella por secuestro interpuesta por la cnyuge de CarlosContreras Maluje ante el 5 Juzgado del Crimen de Santiago sufriel mismo destino que todas las similares. A pesar de los mltiplestestimonios de testigos presenciales de los hechos, el 5 de julio de1978 se decret sobreseimiento temporal en la causa que sesegua ante el juzgado de Aviacin por "no estar suficientementeacreditada la perpetracin del delito denunciado"33.

La verdad de lo ocurrido con Carlos Contreras Maluje pudo serreconstruida mucho tiempo despus, a la luz de los testimoniosaportados en el ao 1984 por el ex-miembro de la Fuerza AreaAndrs Valenzuela Morales, quien integr el llamado ComandoConjunto Antisubversivo. Valenzuela declar en forma extrajudicialque Carlos Contreras haba sido secuestrado por dicho comandoen una operacin dirigida por Roberto Fuentes Morrison. Posterior-mente fue asesinado y enterrado clandestinamente en la cuestaBarriga en las afueras de Santiago. El testigo al finalizar sudeclaracin jurada seal que "despus de ocurrido el escndaloque se produjo con la accin de Carlos Contreras Maluje en calleNataniel, la agrupacin antisubversiva en la que trabajaba sedisolvi y los miembros de la Fuerza Area nos reintegramos a

33 Los abogados de derechos humanos lograron mantener abierta la causadurante un largo perodo, pero el 30 de diciembre de 1996 la CorteMarcial confirm el sobreseimiento definitivo por aplicacin de la Ley deAmnista y prescripcin, dictado por el juez de Aviacin. El 26 de octubrede 1998 la Corte Suprema revoc el sobreseimiento definitivo, volviendoel proceso a estado de sumario.

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nuestras labores institucionales"34. El Comando Conjunto, que eraresponsable de la desaparicin forzada de cerca de 30 personas,muchas de ellas altos dirigentes del Partido Comunista o de suJuventud, dej de operar.

Carlos Contreras Maluje an se encuentra desaparecido. Apesar de los datos entregados por el ex agente no ha sido posibleencontrar sus restos y sus asesinos siguen impunes.

"Mi vida por la verdad"

Con el mtodo de detener y hacer desaparecer, la dictadurapersegua varios objetivos: eliminar fsicamente a dirigentes opo-sitores, sembrar el miedo e inmovilizar a la poblacin, no dejarhuellas de los crmenes para evitar una mayor condena nacionale internacional y asegurar la impunidad de sus autores intelectua-les y materiales. Es decir, pretenda perpetrar el crimen perfecto.Sin embargo, este fatdico clculo le fall a la dictadura, funda-mentalmente debido a la tenaz y valiente lucha que dieron losfamiliares de los detenidos-desaparecidos.

Al ver bloqueada toda posibilidad de recibir una respuestasatisfactoria sobre el destino corrido por sus seres queridos, 26personas -24 mujeres y 2 hombres- optaron por realizar una accinaudaz que remeciera las conciencias, aun cuando sta significaraponer en riesgo la propia vida. El da 14 de junio de 1977ingresaron uno a uno y con diferentes pretextos a la sede deCEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina de las NacionesUnidas) en Santiago, comunicando luego a los funcionarios querealizaran all una huelga de hambre bajo el lema "mi vida por la

34 Arzobispado de Santiago, op. cit., p. 2086. Ver tambin AFDD:Documento: Un trozo de la verdad. Confesiones del ex agente de la FACHAndrs Valenzuela M., Santiago, 1985.

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verdad". Todos los participantes en esta primera huelga dehambre eran familiares de dirigentes y militantes del PartidoComunista detenidos en su gran mayora entre abril y diciembre de1976 y que desde entonces se encontraban desaparecidos, pueslas autoridades negaban su detencin. Carmen Vivanco habaperdido de ese modo a su cnyuge, a su hijo, a su hermano, a sucuada y a un sobrino; Ana Gonzlez no saba del destino corridopor su cnyuge, dos de sus hijos y su nuera, que tena tres mesesde embarazo; Mnica Araya haba sufrido la detencin y desapa-ricin de su madre y de su padre; Max Santelices, de su esposa,que al momento de su detencin en diciembre de 1976 tena cincomeses de embarazo; Sola Sierra, de su cnyuge; tambin participen esta accin Mara Adriana Pablos, esposa de Carlos ContrerasMaluje35 .

A travs de esta accin exigan de las autoridades un informeveraz sobre la detencin de sus familiares, a los que esperabanrecobrar con vida. A la misma hora en que se inici la huelga dehambre, otras integrantes de la agrupacin entregaban simult-neamente a 16 rganos de informacin de Santiago una declara-cin sobre el inicio de la accin y los objetivos de ella.

La noticia de la huelga de hambre estremeci al pas. La prensay las radios informaron sobre su desarrollo, lo que signific quemuchos chilenos por primera vez tuvieran conocimiento del dramade las desapariciones forzadas. En las calles se distribuyeronvolantes y se rayaron paredes dando a conocer y apoyando elhecho. Se fue generando una gran ola solidaria tanto en Chilecomo en el extranjero, lo que oblig a Pinochet a comprometerseante el Secretario General de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim,

35 Los dems participantes en esta huelga de hambre fueron: AnitaAltamirano, Ernestina Alvarado, Wilma Antoine, Raquel Ardiles, IrmaArellano, Mercedes Arvalo, Caupolicn Cruz, Edith Daz, Cecilia Escobar,Ninfa Espinoza, Josefina Gajardo, Irene Godoy, Norma Matus, MaraLuisa Ortiz, Estela Ortiz, Isolina Ramrez, Violeta Reyes, Mara FlorianaRocco, Tania Toro y Aminta Traverso.

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a entregar informacin sobre los 36 familiares desaparecidos delos participantes en la huelga. Una vez concertado ese compromi-so, se puso fin a la accin.

La respuesta que Pinochet hizo llegar tres meses ms tarde ala ONU fue tan insatisfactoria como todas las dadas anteriormentepor la dictadura: nicamente comunic que las personas "presun-tamente" desaparecidas no se encontraban detenidas por losservicios de seguridad en Chile.

La disolucin de la DINA y el DL 2.191 de Amnista

El rechazo internacional que provocaban las mltiples denun-cias sobre los horrendos mtodos de tortura practicados en loscentros de reclusin clandestinos de la DINA, as como la presinejercida por el gobierno de Estados Unidos debido al asesinato deOrlando Letelier por agentes de la DINA en su territorio36 , llev aque el general Pinochet adoptara otra de sus medidas de cambioaparente: el 13 de agosto de 1977 decret la disolucin de laDINA, la que mediante el DL 1.878 fue reemplazada por la CentralNacional de Informaciones, CNI, integrada por el mismo personalque su antecesora. En los hechos, la represin poltica no dismi-nuy sustancialmente, slo modific algunos de sus mtodos.

En diciembre de ese ao, la Asamblea General de NacionesUnidas conden por cuarto ao consecutivo y con una mayoraabrumadora al rgimen imperante en Chile por "la continua einadmisible violacin de los derechos humanos". Pinochet rechaz

36 El ex canciller del gobierno de Salvador Allende fue asesinado el da 21de septiembre de 1976 en Washington. En el atentado muri tambin laciudadana norteamericana Ronnie Moffit. La investigacin llevada adelanteen Estados Unidos logr establecer que en el crimen haban estadoimplicados agentes de la DINA y exiliados cubanos.

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tajantemente esa "intromisin extranjera" y anunci la realizacinde una consulta nacional en que la ciudadana deba definir suposicin frente al gobierno. El texto del voto usado en el plebiscitorealizado el 4 de enero de 1978 expresaba: "Frente a la agresininternacional desatada en contra de nuestra Patria, respaldo alPresidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile yreafirmo la legitimidad del Gobierno de la Repblica para encabe-zar soberanamente el proceso de institucionalizacin del pas: S- No". En el S haba una bandera chilena, en el No, un cuadronegro.

Como era de esperar bajo estado de excepcin, sin registroselectorales y con un control absoluto de la poblacin, el resultadode la consulta arroj un 75% de votos a favor de Pinochet.

Por otro lado, ante la evidencia de que no era posible ocultar loscrmenes y garantizar de ese modo la impunidad de los responsa-bles de ellos, el gobierno tom una decisin que ha marcado hastael da de hoy la problemtica de los derechos humanos. El 19 deabril de 1978 se public en el Diario Oficial el decreto ley 2.191,que pas a ser conocido como la Ley de Amnista del gobiernomilitar. Este decreto ley concede "amnista a todas las personasque, en calidad de autores, cmplices o encubridores hayanincurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia del Estado deSitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 demarzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmentesometidas a proceso o condenadas", y "a las personas que a lafecha de vigencia del presente Decreto Ley se encuentren conde-nadas por Tribunales Militares, con posterioridad al 11 de septiem-bre de 1973". Se exclua de la amnista a delitos como robo confuerza o intimidacin, sustraccin de menores y estafas. Porpresiones del gobierno de Estados Unidos, tambin quedaronexpresamente excluidas de la amnista las personas afectadas porel proceso 192-78 referido al asesinato de Orlando Letelier y susecretaria en septiembre de 1976 en Washington. Segn susautores, esta ley se fundamentaba en el imperativo tico de"fortalecer los vnculos que unen a la nacin chilena, dejando atrsodiosidades hoy carentes de sentido y fomentando todas lasiniciativas que consoliden la reunificacin de los chilenos". Larealidad ha demostrado, sin embargo, que desde el mismo da de

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su publicacin hasta el presente, esta ley de autoamnista y suaplicacin por los tribunales chilenos ha conseguido, precisamen-te, todo lo contrario. Su simple existencia es un obstculoinsalvable para lograr una convivencia basada en un valor tico tanfundamental como es la justicia. Esto sin desmedro de que, en sumomento, haya favorecido la libertad de algunos prisionerospolticos -34 recluidos en la Penitenciara y siete del Anexo CrcelCapuchinos37- que haban sido arbitrariamente encarcelados por elrgimen militar.

El 20 de mayo de 1978 el ministro Israel Brquez fue elegidocomo nuevo presidente de la Corte Suprema, reemplazando en elcargo a Jos Mara Eyzaguirre. Consultado sobre los desapareci-dos, en uno de sus primeros contactos con la prensa Brquez dejclara su absoluta insensibilidad al responder que "los desapareci-dos me tienen curco", una frase que por su inhumana crueldadpermanece como marca de fuego en la memoria de los familiaresafectados.

La AFDD intensifica sus actividades de denuncia

La permanente negativa del poder judicial a hacerse cargo dela desaparicin forzada de cientos de personas que haban sidodetenidas por agentes del Estado, llev a las dirigentes de la AFDDal convencimiento de que las acciones jurdicas, aunque importan-tes, eran insuficientes. Iniciaron entonces un proceso de moviliza-ciones pblicas de denuncia de esta grave situacin, que fuegenerando el apoyo de dirigentes sociales, de los partidos polticosopositores al rgimen, grupos de arte y personalidades represen-tativas de diferentes mbitos de la vida nacional. La primeraactividad de este tipo que caus un gran impacto fue la yamencionada huelga de hambre realizada en junio de 1977. En

37 Cifras entregadas por FASIC.

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octubre del mismo ao viaj al exterior la primera delegacin dela AFDD para denunciar ante la Asamblea General de la ONU y endiferentes pases europeos la problemtica de la desaparicinforzada. A su regreso, a las tres integrantes de la delegacin -UldaOrtiz, Ana Gonzlez y Graciela Lorca- se les prohibi el ingreso alpas, intentando hacerlas desistir de su actividad de denuncia. Sinembargo, las acciones continuaron y fueron adquiriendo nuevasformas. En noviembre de 1977 algunos miembros de la AFDD sesentaron en las gradas de la plaza frente a La Moneda con las fotosde sus familiares desaparecidos prendidas en sus ropas. Fuerondetenidas, pero dejadas en libertad despus de algunas horas.

Desde el 29 al 31 de diciembre de ese ao, 90 familiaresrealizaron un nuevo ayuno en la Iglesia San Francisco, con el finde sensibilizar a la prensa y a la opinin pblica en relacin al dramaque vivan. El mismo objetivo a nivel internacional cumpli el viajeal exterior que realiz otra delegacin de ellos entre marzo y juniodel ao siguiente. En esos momentos, la AFDD ya haba adquiridocarcter nacional, manteniendo grupos organizados en La Serena,Valparaso, Talca, Parral, Chilln, Concepcin, Los Angeles,Temuco y Osorno.

La AFDD recurri, adems, a diversas formas artsticas paraexpresar su dolor y su esperanza . En todo el mundo se conocieronlas arpilleras bordadas por estas mujeres, en que plasmaron noslo su propia realidad, sino tambin aspectos centrales del dramasocial que se viva en Chile. Crearon un conjunto musical que atravs de las letras de sus canciones y de la "cueca sola"contribuy a difundir su anhelo de encontrar con vida a sus seresqueridos. Este conjunto se present por primera vez el 8 de marzode 1978 en un acto realizado en el Teatro Caupolicn.

Al promulgar la dictadura en abril de 1978 el Decreto Ley deAmnista, los familiares de detenidos desaparecidos comprendie-ron que el fin ltimo de ste era impedir el esclarecimiento de loscrmenes cometidos. En coordinacin con diversas instanciassociales y polticas que apoyaban sus demandas, la AFDD dio aconocer que realizara una huelga de hambre indefinida. Estetercer ayuno, "la huelga de hambre larga", fue iniciado el 22 demayo de 1978 por ms de 60 personas, todas familiares dedetenidos desaparecidos, en las parroquias Jess Obrero, Don

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Bosco, La Estampa y en la UNICEF. En un primer comunicado deprensa sealaron las razones que las motivaban una vez ms aexponer su vida:

"1. Que las autoridades de gobierno cumplan de una vez portodas los compromisos adquiridos en cuanto a respondercon la verdad sobre lo sucedido con nuestros familiaresdespus de su arresto.2. Denunciar que la amnista slo beneficia a los agentes delos servicios de seguridad del gobierno responsables de lossecuestros, allanamientos, torturas e incluso asesinato demuchos chilenos. Estos crmenes no pueden quedar sinaclarar y los responsables deben ser juzgados.3. Por ltimo hacemos un llamado a todos y cada uno de loschilenos a solidarizar con nosotros para que de una vez y parasiempre se aclare la situacin de cada uno de nuestrosfamiliares, y para que en nuestra patria no se vuelvan arepetir hechos tan dolorosos como stos"38.

En cuanto se hizo pblica la accin de los familiares, comenza-ron a sumarse huelgas solidarias de comunidades cristianas,bolsas de cesantes, grupos juveniles y de estudiantes, comedorespopulares, partidos polticos, grupos vecinales y poblacionales,adems de mltiples movimientos similares en ms de 35 pases.Decenas de sacerdotes, monjas y representantes de organizacio-nes humanitarias extranjeras se sumaron al ayuno.

Esta huelga de hambre, que los miembros de la AFDD estabandispuestos a llevar hasta las ltimas consecuencias ("nuestra vidapor la vida"), logr incorporar a sectores muy dispares en loideolgico y en lo social, produciendo una gran conmocin enamplios crculos de la sociedad.

Se le puso trmino despus de 17 das, al asumir la IglesiaCatlica como propio el drama de los detenidos-desaparecidos ycomunicar que el Ministerio del Interior se haba comprometido adar respuesta en el plazo de un mes. Antes de cumplirse ese lapso,

38 Archivo documentos de la AFDD.

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el 15 de junio de 1978, el Ministro del Interior Sergio Fernndezexpres la "posicin definitiva" del gobierno, sealando:

"Frente a la nmina de presuntos desaparecidos a queactualmente se ha reducido el problema, declaro categrica-mente que el Gobierno no tiene antecedentes que comprue-ben la detencin de ninguna de estas personas, por lo cualrechaza en forma tajante la sugerencia de que ellos podranestar detenidos ocultamente por las autoridades. [...] consi-derando que la gran mayora de presuntos desaparecidoscorresponde precisamente a activistas comunistas, socialis-tas y miristas, es muy factible no slo que esas personashayan pasado al clandestinaje sino que hayan podido caer enenfrentamientos con las fuerzas de seguridad, bajo lasidentidades falsas que portaban, lo cual impidi su oportunaindividualizacin real"39.

Al no ser aceptada esta respuesta ni por el cardenal Ral SilvaHenrquez ni por la Comisin de Derechos Humanos de la ONU, ladictadura propuso como solucin la modificacin de una ley paradeclarar la "muerte presunta"40 de todos los detenidos-desapare-cidos, lo que fue enrgicamente rechazado por los familiares.

La verdad brota de la tierra

Desmintiendo todas las declaraciones oficialistas, la verdadcomenz a abrirse paso en forma dramtica. El 1 de diciembre de1978, gracias a una informacin entregada en confesin, fueronencontrados en una mina de cal en Lonqun los restos mortales de15 personas de Isla de Maipo, que haban sido detenidas enoctubre de 1973 y desde entonces se consideraban desapareci-

39 Cita extrada de: Informe Rettig, p. 747.40 Al declararse la muerte presunta se extingue la responsabilidad penal,por lo que puede servir tambin como mecanismo de impunidad.

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das. La evidencia de la horrible masacre, cruelmente ocultada ynegada, conmocion a la opinin pblica.

De los 15 detenidos en Isla de Maipo, 8 aparecan en el listadoque Sergio Diez haba presentado a la ONU y la OEA, tratando deconvencer a la comunidad internacional de que no se encontrabandesaparecidos. En ese listado se calificaba a Sergio Maureira Lillocomo sin existencia legal y de otros siete -entre ellos sus hijosJos, Rodolfo y Segundo Maureira Muoz- se haban presentadocertificados de defuncin extendidos por el Instituto Mdico Legalde Santiago en que se afirmaba que sus restos haban ingresadoa ese recinto entre el 6 y el 15 de octubre de 1973.

Ante la gravedad de los hechos, la Corte Suprema nombrministro en visita al magistrado Adolfo Baados, quien se declarincompetente al comprobar que el crimen haba sido efectuado porcarabineros de la Tenencia de Isla de Maipo. El caso pas a laSegunda Fiscala Militar, la que el da 2 de julio de 1979 declarreos a los ocho carabineros que haban practicado la detencin yprobablemente tambin perpetrado el crimen. Sin embargo, per-manecieron slo poco ms de un mes arrestados, ya que aldictarse la sentencia a mediados de agosto fueron dejados enlibertad incondicional en virtud del Decreto Ley de Amnista,resolucin que fue confirmada por la Corte Marcial en octubre de197941. El mecanismo de impunidad poco antes promulgadocomenz as a demostrar su efectividad.

Los familiares de las vctimas debieron soportar todava otrogolpe: a pesar de que el rgimen de Pinochet se haba comprome-tido a entregar los cadveres a sus deudos, el da 12 de septiembrestos fueron enterrados una vez ms en secreto. Los hornos deLonqun fueron dinamitados el 14 de marzo del ao siguiente,para borrar toda huella de lo sucedido y evitar que se convirtieranen smbolo de la crueldad y la mentira dictatorial.

41 Ver: Arzobispado de Santiago, Vicara de la Solidaridad. DetenidosDesaparecidos. Documento de Trabajo. Santiago, 1993, Tomo 2, pp.413-419.

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Lonqun no fue el nico lugar que sac a luz su verdad.Posteriormente fueron encontradas nuevas fosas comunes clan-destinas en Cuesta Barriga, en el cementerio de Yumbel, en Laja,San Rosendo y Mulchn, siendo tambin favorecidos en estoscasos los responsables de los crmenes con la aplicacin de la leyde autoamnista.

La lucha tenaz e incesante de los familiares de detenidos-desaparecidos que se caracteriz, adems de las huelgas dehambre, por mltiples manifestaciones callejeras, actos pblicos,cartas de denuncia, encadenamientos a las rejas del ex CongresoNacional y diversas otras acciones en que las participantes fuerongolpeadas, detenidas, vejadas e insultadas, no logr su fin ltimo:rescatar con vida a sus seres queridos. Sin embargo, logr otroobjetivo no menos importante: probar ante la opinin pblicanacional y mundial que en Chile haba efectivamente detenidos-desaparecidos. Se desbarat as el plan del "crimen perfecto" dela dictadura. De este modo, a partir de 1978 el rgimen dej deaplicar en forma sistemtica este siniestro mtodo de represincontra los opositores, constatndose una notoria disminucin delos casos42.

Por otro lado, el tema de los desaparecidos dej de ser unproblema asumido slo por la Iglesia Catlica, los organismos dederechos humanos y los opositores activos, para convertirse enuna preocupacin nacional que convocaba a amplios sectores dela sociedad.

Adems, la situacin de las desapariciones forzadas ocurridasen Chile concit especial atencin en la comunidad internacional.En una resolucin adoptada en marzo de 1979, la Comisin deDerechos Humanos de la ONU autoriz a su presidente para

42 De acuerdo a un listado elaborado por la Agrupacin de Familiares deDetenidos Desaparecidos en 1995, la distribucin de vctimas segn elao de la desaparicin es la siguiente:1973 - 632 1976 - 136 1979 - 1 1982 - 0 1985 - 1 1988 - 01974 - 279 1977 - 35 1980 - 2 1983 - 2 1986 - 0 1989 - 11975 - 85 1978 - 11 1981 - 5 1984 - 3 1987 - 5

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designar como expertos a ttulo personal a dos destacadaspersonalidades, con la finalidad de que "estudien en cooperacincon el Relator Especial y en contacto con las autoridades chilenas,la cuestin de la suerte de las personas desaparecidas o cuyoparadero se desconoce en Chile"43. La Asamblea General de laONU seal en diciembre del mismo ao que las desaparicionesocurridas en el pas constituyen "una permanente situacin deviolaciones patentes y flagrantes de los derechos humanosmientras no sean resueltas"44.

Organismos de defensa de la vida

De vital importancia en la difcil defensa del respeto a la vida ya la integridad psquica y fsica de las personas durante losprimeros aos de la dictadura fue tambin la accin de lasinstituciones de derechos humanos, creadas para brindar apoyo alas vctimas de la represin poltica y a sus familiares.

Ya hemos mencionado al Comit Pro Paz, el que tuvo que serdisuelto a fines de 1975 por orden del general Pinochet. En sureemplazo, el cardenal Ral Silva Henrquez cre el 1 de enero de1976 la Vicara de la Solidaridad, la que acogi bajo su techo a laAgrupacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos. A travsde su rea jurdica present en ese perodo ms de cuatro milrecursos de amparo. Aunque stos fueron rechazados por lostribunales, cumplieron la importante funcin de servir de base paradenunciar a nivel nacional e internacional los abusos en contra delos derechos humanos del rgimen de Pinochet.

43 Snchez, Domingo: Las resoluciones internacionales sobre Chile: Undesafo para la futura democracia. En: Revista Chilena de DerechosHumanos N 12, edicin del Programa de Derechos Humanos, UniversidadAcademia de Humanismo Cristiano, Santiago, 1990, p. 75.44 Ibid., p. 76.

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El compromiso de la Iglesia Catlica y concretamente delCardenal Ral Silva Henrquez por la defensa de las vctimas de larepresin poltica tambin qued de manifiesto cuando la Vicarade la Solidaridad proclam el ao 1978 como el "Ao de losDerechos Humanos" y decidi realizar un Simposio Internacionalen conmemoracin del 30 aniversario de la Declaracin Universalde los Derechos Humanos. Bajo el lema "Todo hombre tienederecho a ser persona", el 22 de noviembre de 1978 el cardenaly sus vicarios inauguraron el simposio en la catedral de Santiago.Las sesiones se prolongaron durante cuatro das y en ellasparticiparon reconocidas personalidades del mbito de los dere-chos humanos a nivel internacional como Theo van Boven,director de la Divisin de Derechos Humanos de las NacionesUnidas y Miguel Bonino, co-presidente del Consejo Mundial deIglesias.

Este importante evento fue interpretado por la dictadura comouna franca provocacin, especialmente al considerar que en elmismo momento en la ONU se iniciaba la discusin sobre elinforme de la comisin especial para el caso chileno que presidael pakistan Ali Allana y que culmin con una nueva condena alrgimen. A pesar de las presiones de Pinochet, la Vicara de laSolidaridad mantuvo su trabajo de apoyo humanitario y en 1979edit la coleccin Dnde Estn, que en siete tomos recoge elestudio de 478 casos de detenidos desaparecidos, con antece-dentes que prueban la responsabilidad de agentes del Estado enestos crmenes.

El 1 de abril de 1975 fue creada la Fundacin de Ayuda Socialde las Iglesias Cristianas, FASIC, como institucin de carcterecumnico, por iniciativa del obispo de la Iglesia EvanglicaLuterana Helmut Frenz. Su finalidad inicial fue brindar apoyo a lospresos polticos condenados, quienes acogindose al DecretoSupremo 504 podan solicitar la conmutacin de la pena depresidio por la de extraamiento. De este modo, centenares depersonas que haban recibido altas condenas de tribunales milita-res y civiles pudieron salir del pas con su familia. Posteriormentela labor de FASIC se extendi a otras vctimas de la represin. En1977 abri un programa de asistencia mdico-psicolgica que

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favoreci tanto a personas torturadas y sus familias como afamiliares de ejecutados y de detenidos desaparecidos.

A partir de comunidades cristianas de base surgi a fines de1977 el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, como parte de SERPAJinternacional. Se organiz en forma independiente de las estruc-turas de iglesia y centr su atencin en la promocin de losderechos humanos, poniendo nfasis en la educacin popular y lamovilizacin en contra de la dictadura. En 1978 particip activa-mente en la huelga de hambre de la AFDD.

La primera institucin de derechos humanos que surgi comoiniciativa de sectores polticos de la oposicin fue la ComisinChilena de Derechos Humanos, creada el 10 de diciembre de1978. Su objetivo fue la defensa de los derechos fundamentalesde las personas en Chile sobre la base de la Declaracin Universalde los Derechos Humanos de Naciones Unidas, es decir, de losderechos civiles y polticos, pero tambin de los derechos econ-micos, sociales y culturales. En ella participaron representantes deun amplio espectro poltico que iba desde el Partido DemcrataCristiano hasta el Partido Comunista. Para realizar su trabajoestableci fuertes vnculos con organizaciones internacionales dejuristas y de derechos humanos.

En el ao 1978 inici tambin sus actividades la Agrupacin deFamiliares de Ejecutados Polticos, AFEP que, al igual que la AFDD,ha defendido inclaudicablemente el derecho a esclarecer la verdady ha exigido el enjuiciamiento de los responsables de las gravesviolaciones a los derechos humanos.

Una cualidad que ha caracterizado desde el inicio a todos losorganismos de defensa de los derechos humanos en Chile es elestricto apego a la verdad que han guardado en sus informes ydenuncias. El abogado Roberto Garretn, que colabor tanto conel Comit Pro Paz como con la Vicara de la Solidaridad, seal alrespecto en una entrevista: "En todos los departamentos [de laVicara] haba algunos criterios comunes. Primero, no mentamos.Segundo, no exagerbamos, no calificbamos [...]. A los tribuna-les siempre les dijimos la verdad, y cuando apareca un detenidodesaparecido, de inmediato un escrito al tribunal. Esto nos fuedando una credibilidad muy fuerte"45.

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Esta confiabilidad de los informes emitidos por las institucioneschilenas de derechos humanos fue un factor que contribuy enforma importante a la fundamentacin de las resoluciones conde-natorias del rgimen de Pinochet, evacuadas por organismosinternacionales como las Naciones Unidas, la OEA y AmnistaInternacional. Los antecedentes provenientes desde el interior delpas -donde era casi imposible su difusin debido a la fuertecensura y autocensura de los medios de comunicacin- sirvieronde base para la amplia campaa de solidaridad internacionalimpulsada por los miles de chilenos que haban sido forzados a viviren el exilio.

45 Becker, Nubia y Torres Oswaldo: Sistematizacin de la experiencia dedefensa de los derechos humanos en Chile, Ediciones ALDHU, Santiago,1992, p. 67.

CAPITULO II

La dictadura se proyecta haciauna "democracia protegida"

"La vieja compr una cadenacon otras cuarenta mujeres,

y otra vez ms, una vez ms, se van a encadenartodas ellas.

Se acuerdan de aquel magistradoel que no quiso investigar

el caso de mi hermana?Mam lo explic, le prob lo que haba que probar.

A mi nia yo la vi, seor, con estos ojos mos.Qu ms explicarle despes de eso

al magistrado este?"

Ariel Dorfman, Cadena Perpetua

JUY

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1 La nueva Constitucin Poltica de la Repblica de Chile fue promulgadael 24 de octubre de 1980 y entr en vigencia el 11 de marzo de 1981.

La Constitucin de 1980 y el afincamientode la institucionalidad militarista

Bajo estado de emergencia, con control sobre los medios decomunicacin y con slo un mes de antelacin, el rgimen militarllam a la ciudadana a pronunciarse en un plebiscito respecto asu propuesta de una nueva Constitucin Poltica. Esta fue aproba-da el da 11 de septiembre de 19801 con un 67 por ciento de votosa favor, en un proceso que la oposicin defini como farsademocrtica. Los objetivos que perseguan las autoridades milita-res a travs de esta Constitucin eran evidentes: dar un manto delegitimidad a su rgimen represivo, asegurar el ejercicio del poderdurante al menos ocho aos ms y mantener su influencia inclusodespus de finalizado su rgimen. Pinochet y el equipo asesor quetrabaj en su elaboracin la conceban como el marco institucionalque permitira el trnsito hacia una democracia "protegida" por elpoder militar.

Diversos estudios constataron que la llamada "Constitucin dela libertad" estaba muy lejos de cumplir lo que se haba prometido.En una conferencia dictada el da 21 de agosto de 1980, elabogado Hernn Montealegre hizo un anlisis de algunas de susprincipales disposiciones, demostrando que stas reforzabantodos los aspectos negativos que