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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

UNA APROXIMACIÓN A LOS REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD

SOCIAL: EL CASO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS DEL ECUADOR

AUTOR

CÉSAR AUGUSTO TAMAYO HERRERA

DIRECTOR

XAVIER VENCE DEZA

Santiago de Compostela, 2015

3

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

UNA APROXIMACIÓN A LOS REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD

SOCIAL: EL CASO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS DEL ECUADOR

AUTOR

César Augusto Tamayo Herrera

Tesis realizada en el Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela,

bajo la dirección de Xavier Vence Deza y entregada

como parte de los requerimientos para la obtención del

título de DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO E

INNVOVACIÓN.

Santiago de Compostela, 2015

i

Dedicatoria

A mis padres que han sido mi fuerza

A mi esposa e hija que han sido mi inspiración

A mi hermano que ha sido mi ejemplo

Y sobre todo te la dedico a ti mi Señor

iii

Agradecimientos

Resultaría un gran desafío nombrar a todas las personas que han contribuido a

la terminación de este estudio, no por su menor o mayor grado de contribución

académica o moral, sino porque, al ser un gran número, no quisiera omitir a alguna.

Por tal motivo mencionaré a aquellas que de manera directa han sido valiosas para

alcanzar este objetivo. A los no mencionados les estaré agradecido eternamente.

Al Estado ecuatoriano, quien a través de su política de revolución educativa

está apostando por un mejor futuro para el país, al afrontar los grandes desafíos que

representa el incursionar en un verdadero desarrollo académico-científico de

excelencia. Propósito que no sería factible sin la gran inversión educativa realizada y

la confianza depositada en los jóvenes ecuatorianos que un día decidimos emprender

este camino de superación, aprovechando esta gran oportunidad de prepararnos en

una de las mejores universidades del mundo.

A la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e

Innovación (SENESCYT), Cartera de Estado que ha sido el instrumento gubernamental

que ejecuta la política educativa por medio del otorgamiento de becas, mediante un

proceso de selección justo, honesto y transparente.

A mis queridas Fuerzas Armadas y en especial a la Fuerza Terrestre, que a

través de su Ex Comandante General GRAD. (S.P) Patricio Cárdenas Proaño y de

BGRAL (SP) Eduardo Esparza Paula Ex Director General del ISSFA, depositaron en

mí su total confianza y apoyo.

Al Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela, en especial a los

docentes investigadores del Grupo ICEDE, y a todos demás profesores y doctorandos

que me brindaron incondicionalmente sus conocimientos, hospitalidad y cooperación

desinteresada.

Al Dr. Rubén Camilo Lois por su amistad y cooperación sincera. Sus reflexiones

y apoyo fueron muy importantes para el exitoso fin de la investigación.

A Ana Guerra que siempre ha sido un puntal importante en el Departamento, no

solo con su apoyo administrativo académico, sino por su amistad y don de gente.

A Ángeles Pereira, por ser aquella compañera y amiga con la que pasé muchas

horas de estudio, con quien compartí alegrías y frustraciones, pero sobre todo valorar

ese noble sentimiento de la amistad y lealtad a toda prueba.

A Hugo Martínez, Giovanni Herrera y Danny Zambrano, grandes amigos y

compañeros cuyos brazos estuvieron siempre listos para levantarme y con una palabra

de ánimo para seguir siempre adelante.

iv

A Severino Lavandeira Rey, gran hombre y amigo que con sus consejos y ayuda

hizo que mi estancia en esta hermosa ciudad haya sido tan acogedora como mi hogar.

Un especial agradecimiento a mi Director, el Catedrático Dr. Xavier Vence

Deza, quien ha sido un referente profesional, académico, humano, y que con su apoyo

incondicional y conocimiento me ha permitido desarrollar una nueva concepción del

pensamiento. Cualidad que solo tienen los verdaderos líderes sobre sus discípulos.

Egoísta resultaría no mencionar a aquellas personas que han permanecido a mi

lado y me han ayudado a levantarme en el trayecto del estudio.

A la Dra. María Teresa Orduña Domingo quien con su amistad a toda prueba

nos supo guiar a acompañar durante todo este largo camino.

A mis amadas esposa e hija que cambiaron su vida durante este tiempo para

emprender un nuevo camino en pos de un gran sueño.

A mis adorados padres quienes, aunque ausentes físicamente, cada día supieron

infundirme esa confianza y amor, factores que me impulsaron a no decaer.

A mi hermano mayor que con sus palabras de aliento y ejemplo ha sido mi

referente profesional.

A ti mi Señor por siempre estar conmigo

A toda Galiza por ser a miña segunda patria!

1

Contenido

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 13

METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 25

ESTRUCTURA POR CAPITULOS ........................................................................................ 29

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y SUS LIMITACIONES ........................................... 31

PARTE I El Estado de bienestar y la evolución de la protección social en el Contexto

Latinoamericano ....................................................................................................................... 33

Introducción ............................................................................................................................... 33

Capítulo I El Estado de bienestar ...................................................................................... 35

Introducción ........................................................................................................................... 35

1.1 Conceptualización y configuración del Estado de bienestar ......................... 37

1.1.1 Estados de bienestar en Europa .................................................................... 39

1.1.2 El origen de los Estados de bienestar en América Latina.......................... 41

1.2 Teorías sobre el Estado de bienestar ............................................................... 42

1.2.1 El Estado de bienestar como resultado del proceso democrático ............ 43

1.2.2 El Estado de bienestar como elemento de legitimación del sistema

capitalista ........................................................................................................................... 46

1.2.3 El Estado de bienestar como resultado del proceso modernización de la

sociedad ............................................................................................................................. 49

1.3 Las corrientes de pensamiento de la Protección Social. ................................ 50

1.3.1 El inicio de la Protección Social de Bismarck en Alemania ....................... 51

1.3.2 Beveridge por una Seguridad Social para todos ......................................... 52

1.4 Modelos de Desarrollo ......................................................................................... 54

1.4.1 Aproximación a la Modelización Teórica de la Protección Social en el

Estado de bienestar ......................................................................................................... 56

1.4.2 Modelos por la forma de institucionalización de la Protección Social como

Seguridad Social ............................................................................................................... 60

Capítulo II La protección Social en Latinoamérica .......................................................... 65

Introducción ........................................................................................................................... 65

2.1 Breve repaso de la Protección Social en América Latina .............................. 66

2.1.1 Diversidad de la Protección Social por niveles de gasto............................ 67

2.1.2 Uniformidad de los sistemas de la Protección Social ................................. 75

2.1.3 Cobertura contributiva a la Protección Social .............................................. 75

2.2 Los sistemas públicos versus los sistemas privados de Protección Social 76

2.2.1 Los Sistemas Públicos y Regímenes Especiales de Protección Social .. 78

2

2.2.2 Regímenes Especiales de Protección Social en América Latina ............. 81

2.2.3 Los sistemas Privados de Protección Social ............................................... 83

2.3 Estructuras para el financiamiento de los sistemas de pensiones ............... 85

2.3.1 Sistema de pensiones con Beneficio Definido ............................................. 89

2.3.2 Fuentes de Financiamiento ............................................................................. 90

2.3.3 Desfinanciamiento de los sistemas de pensiones ....................................... 92

2.4 La Sostenibilidad de los sistemas de pensiones en la Protección Social ... 93

2.4.1 El efecto del cambio demográfico en la sostenibilidad ............................... 95

2.4.2 Reformas a los sistemas de pensiones ........................................................ 96

2.4.3 La sostenibilidad en los Regímenes Especiales – Régimen Militar ......... 97

Capítulo III La Protección Social en el Ecuador .............................................................. 99

Introducción ........................................................................................................................... 99

3.1 Contexto Socio-económico ............................................................................... 100

3.1.1 Pobreza en el Ecuador .................................................................................. 101

3.1.2 Estructura demográfica .................................................................................. 103

3.2 Marco constitucional y de gestión de la política social ................................. 105

3.2.1 Cobertura de la Seguridad Social ................................................................ 107

3.2.2 Estructura de la Seguridad Social ................................................................ 108

3.2.3 Gasto Social del Ecuador .............................................................................. 110

PARTE II La Protección Social Militar en América Latina ................................................ 115

Introducción ............................................................................................................................. 115

Capítulo I El Gasto Social y la Influencia del Sector Militar en América Latina ........ 116

Introducción ......................................................................................................................... 116

1.1 Tendencias de Gasto Social ............................................................................. 117

1.2 Grupos de Presión en Latinoamérica .............................................................. 117

1.2.1 Grupo de Presión Militar ................................................................................ 122

1.2.2 Influencia Militar en la Política Social .......................................................... 124

1.3 Gasto en Defensa ............................................................................................... 125

1.3.1 Presupuesto de Defensa en América Latina .............................................. 133

1.3.2 Estructura de personal de las Fuerzas Armadas a nivel mundial ........... 137

1.3.3 La pensión de jubilación como parte de la compensación militar ........... 139

1.3.4 Los efectos del prematuro retiro sobre el sistema de pensiones ............ 141

Capítulo II La Seguridad Social Militar en América Latina: El Caso ecuatoriano ..... 143

Introducción ......................................................................................................................... 143

3

2.1 La Seguridad Social Militar ............................................................................... 144

2.1.1 La Seguridad Social Militar Mexicana ......................................................... 146

2.1.2 La Seguridad Social Militar Chilena ............................................................. 147

2.1.3 La Seguridad Social Militar Argentina ......................................................... 149

2.1.4 La Seguridad Social Militar Uruguaya ......................................................... 151

2.1.5 La Seguridad Social Militar Ecuatoriana ..................................................... 152

2.2 El Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador .... 154

2.2.1 Cobertura de la Seguridad Social Militar del Ecuador .............................. 158

2.3 Las Pensiones Militares del Ecuador .............................................................. 161

2.3.1 Estructura demográfica .................................................................................. 162

2.3.2 Sostenibilidad del sistema de pensiones .................................................... 164

2.3.3 Cotizaciones sociales .................................................................................... 169

2.3.4 Fondo de reserva............................................................................................ 170

PARTE III Métodos de análisis de los sistemas de pensiones ....................................... 175

Introducción ............................................................................................................................. 175

Capítulo I Tipos de modelos para el análisis de los sistemas de pensiones ............ 177

Introducción ......................................................................................................................... 177

1.1 Mecanismos de análisis en sistemas privados de pensiones. .................... 178

1.2 Mecanismos de análisis en sistemas de pensiones públicas: El caso de

España ............................................................................................................................. 181

1.3 Modelo de análisis del sistema de pensiones basado en el Fondo de

Reserva ............................................................................................................................ 184

1.4 Modelo actuarial del sistema de pensiones militares del Ecuador ............. 185

1.5 Análisis de sensibilidad del gasto en pensiones militares ............................ 188

Capítulo II Análisis Econométrico del Sistema de pensiones militares ecuatoriano 206

Introducción ......................................................................................................................... 206

2.1 Base de datos y muestra ................................................................................... 207

2.2 Modelo econométrico en función de los determinantes del gasto agregado

en pensiones ................................................................................................................... 208

2.2.1 Descripción de las Variables......................................................................... 210

2.2.2 Metodología y resultados .............................................................................. 213

2.2.3 Interpretación de los Coeficientes ................................................................ 215

2.2.4 Análisis y discusión de resultados ............................................................... 216

2.3 Modelo Econométrico por el Saldo Financiero .............................................. 217

2.3.1 Descripción de Variables ............................................................................... 217

4


2.3.3 Interpretación de Coeficientes ...................................................................... 223

2.3.4 Análisis y discusión de resultados ............................................................... 223

2.4 Estabilidad del Saldo Financiero ...................................................................... 225


2.4.2 Interpretación de Coeficientes ...................................................................... 226

Capítulo III Propuesta de reformas al Sistema de Pensiones Militares ..................... 227

Introducción ......................................................................................................................... 227

3.1 Reformas propuestas en el Estudio Actuarial del año 2010 ........................ 228

3.2 Proyecto de Ley de Reformas al Sistema de Pensiones Militares ............. 232

3.3 Efectos de la reestructuración demográfica sobre la sostenibilidad del

sistema de pensiones .................................................................................................... 233

3.4 Análisis de la situación actual del sistema y propuesta de reformas ......... 234

3.5 Supuestos para la aplicación de las reformas propuestas .......................... 241

PARTE IV Conclusiones Generales .................................................................................... 245

Bibliografía ............................................................................................................................... 257

Anexos ..................................................................................................................................... 289

5

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Modelos de Protección Social .................................................................................. 57

Tabla 2 Diversidad del gasto público social en los países de América Latina y el Caribe

..................................................................................................................................................... 71

Tabla 3 Estructura de la Seguridad Social en América Latina .......................................... 82

Tabla 4 Fuentes de Financiamiento de los Sistemas Protección Social ......................... 92

Tabla 5 Indicadores de Sostenibilidad Financiera en América Latina ............................. 95

Tabla 6 Marco constitucional y características del Sistema de Protección Social ....... 106

Tabla 7 Estructura del Sistema de Seguridad Social del Ecuador ................................. 109

Tabla 8 Relación del subsidio de la Seguridad Social con respecto al Gasto Social

(2000-2012) ............................................................................................................................. 112

Tabla 9 Conflictos armados mundiales por región 1989-2000 ........................................ 128

Tabla 10 Relación en los presupuestos de defensa de Latinoamérica con otros países

................................................................................................................................................... 134

Tabla 11 Evolución del Presupuesto de Defensa 2008 - 2012 ....................................... 136

Tabla 12 Presupuestos de Defensa de los países de América del Sur, en relación con

el PIB 2013 .............................................................................................................................. 136

Tabla 13 Número personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas 2012 .............. 138

Tabla 14 Tiempo de servicio requerido para el retiro de la Seguridad Social Militar en

América Latina ........................................................................................................................ 145

Tabla 15 Reseña Histórica de la Seguridad Social Militar de México ............................ 146

Tabla 16 Prestaciones Sociales de la Seguridad Social Militar Mexicana .................... 147

Tabla 17 Reseña Histórica y servicios de la Seguridad Social Militar de Chile ............ 149

Tabla 18 Reseña Histórica y servicios de la Seguridad Social Militar del Uruguay ..... 151

Tabla 19 Reseña Histórica y servicios de la Seguridad Social Militar del Ecuador ..... 152

Tabla 20 Prestaciones sociales de la Seguridad Social Militar del Ecuador ................ 153

Tabla 21 Características de la Seguridad Social Militar del Ecuador ............................ 155

Tabla 22 Evolución y comportamiento de los Ingresos y Egresos de la Seguridad

Social Militar en relación al PIB y PIB Per cápita 2000 – 2013 ....................................... 156

Tabla 23 Cartera de aportaciones de la Seguridad Social Militar ................................... 157

Tabla 24 Estructura demográfica de la Población Protegida por el Sistema de

Seguridad Social de las FF.AA. 2013 ................................................................................. 162

Tabla 25 Evolución anual de la Población Militar Activa y Pasiva 2000-2013 .............. 165

Tabla 26 Evolución anual de la Masa Pensional, Pensión Media e Indicadores

macroeconómicos 2000-2013 .............................................................................................. 167

Tabla 27 Definición de los Modelos de Análisis Financiero Dinámico DFA .................. 180

Tabla 28 Desarrollo y ámbitos de aplicación de los MEGA ............................................. 183

Tabla 29 Escenarios de sensibilidad del sistema de pensiones militares ..................... 190

Tabla 30 Hipótesis económicas de las pensiones militares ............................................ 193

Tabla 31 Estadísticos Descriptivos ...................................................................................... 208

Tabla 32 Evolución del Portafolio de Inversiones ............................................................. 297

Tabla 33 Proyección de Rendimiento de las Inversiones ................................................ 306

7

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Evolución y participación del Gasto Público Social en el Gasto Total América

Latina y El Caribe 1991-1992 A 2012-2013 ......................................................................... 68

Gráfico 2 Sistema de pensiones mediante Prima Media General .................................... 87

Gráfico 3 Evolución de la pobreza y extrema pobreza en el Ecuador ........................... 102

Gráfico 4 PEA y PEI urbana en condiciones de pobreza (2007-2012) .......................... 103

Gráfico 5 Población en edad de trabajar y Relación de dependencia ........................... 104

Gráfico 6 Distribución porcentual de los Subsidios 2006, 2008, 2010, 2012................ 111

Gráfico 7 Evolución Mundial del Gasto Militar 1988-2013 ............................................... 127

Gráfico 8 El gasto militar, en salud y en educación como acciones de PIB de América

Latina, 1995-2010 ................................................................................................................... 130

Gráfico 9 Evolución del porcentaje de gasto en defensa con respecto al PIB (2008-

2012)......................................................................................................................................... 131

Gráfico 10 Nivel de participación de los gastos de Defensa por país en Sudamérica 131

Gráfico 11 Composición Porcentual del Gasto de Defensa en Sudamérica 2012 ...... 132

Gráfico 12 Estructura en porcentaje del gasto de Defensa en América del Sur 2012 133

Gráfico 13 Pirámide Poblacional Activa 2013 .................................................................... 163

Gráfico 14 Evolución del Fondo de Reservas de las Pensiones Militares .................... 172

Gráfico 15 Horizonte de Sostenibilidad del Sistema de Pensiones Militares con el

soporte del Fondo de Reserva y los aportes del Estado ................................................. 173

Gráfico 16 Evolución del Aporte Estatal del sistema de pensiones militares (reparto

puro) ......................................................................................................................................... 194

Gráfico 17 Evolución del Aporte estatal al sistema de pensiones militares (reparto

puro) con el incremento del porcentaje de cotizaciones individuales ............................ 196


puro) con el aporte del 7,25 % de los pensionistas .......................................................... 197


puro) con el incremento del porcentaje de cotizaciones individuales y los aportes de los

pensionistas............................................................................................................................. 198

Gráfico 20 Evolución del Aporte estatal y sostenibilidad del sistema de pensiones

militares en las condiciones actuales .................................................................................. 200

Gráfico 21 Proyección de la Evolución de los Aportes del Estado ................................. 201


militares con el incremento de las cotizaciones individuales ........................................... 202

Gráfico 23 Evolución de los Aportes del Estado ............................................................... 203


militares con el incremento del aporte de los pensionistas ............................................. 204

Gráfico 25 Evolución de los Aportes del Estado ............................................................... 205

Gráfico 26 Esquema financiero del Fondo de Reservas de la Seguridad Social Militar

del Ecuador ............................................................................................................................. 295

Gráfico 27 Evolución de las Variables Macroeconómicas del Ecuador ......................... 296

Gráfico 28 Evolución de la Rentabilidad de las Inversiones Financieras ...................... 299

Gráfico 29 Evolución de la Rentabilidad de las Inversiones en Préstamos .................. 300

Gráfico 30 Evolución de la rentabilidad sobre activos (ROI) ........................................... 301

Gráfico 31 Alineamiento Estratégico de la Seguridad Social Militar .............................. 303

9

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Haber Militar y Pensión Individual por grados militares ................................... 291

Anexo 2. Simulación demográfica del sistema de pensiones militares del Ecuador ... 293

Anexo 3. Análisis del proceso de Inversiones de la Seguridad Social Militar del

Ecuador .................................................................................................................................... 295

Anexo 4. Simulación del sistema de pensiones militares, visto como un sistema de

reparto puro ............................................................................................................................. 307

Anexo 5. Simulación del sistema de pensiones militares, como un sistema de reparto

puro, con el incremento de las cotizaciones individuales del 12,4 % al 14,4 %. .......... 309

Anexo 6. Simulación del sistema de pensiones militares, visto como un sistema de

reparto puro, con el incremento de la aportación de 7,25 % de los pensionistas ........ 311

Anexo 7. Simulación del sistema de pensiones militares, como un sistema de reparto

puro, con el incremento de las cotizaciones individuales y el aporte de los

pensionistas. ........................................................................................................................... 313

Anexo 8. Simulación del sistema de pensiones militares con una estructura de Prima

Media General en las condiciones actuales. ...................................................................... 315


Media General, con el incremento de las cotizaciones individuales. ............................. 317


Media General, con el aporte del 7,25 de los pensionistas. ............................................ 319

Anexo 11 Componentes del sistema de pensiones militares .......................................... 321

Anexo 12 Correlaciones cruzadas mediante el coeficiente de correlación de Pearson

................................................................................................................................................... 323

Anexo 13 Test de Análisis Estadístico del Modelo ........................................................... 327

Anexo 14 Test de Análisis Estadístico del Modelo de Saldo Financiero ....................... 335

Anexo 15 El Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM) clásico o de tipo

discreto ..................................................................................................................................... 343

11

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

BCE Banco Central del Ecuador

CAPREDENA Caja de Previsión de Defensa Nacional

CCTP Conditional Cash Transfer Programmes

CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe

DFA Dynamic Financial Analysis

DIPRECA Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

FF.AA. Fuerzas Armadas

I.A.F.P.R.P.M

Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones

Militares

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

IDH Impuesto Directo de los Hidrocarburos

IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

IPS Instituto de Previsión Social

IPSFA Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas de El Salvador

ISSFA Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador

ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

ISSPOL Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional

IVSS Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

MEGA Modelo de equilibrio general aplicado

OLAP On-Line Analytical Processing

OIT Organización Internacional del Trabajo

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RAND Research and Development Corporation

RESDAL Red de Seguridad y Defensa de América Latina

RGPS Régimen General de Previsión Social

RIM Retiro, Invalidéz y Muerte

RMC Regular Military Compensation

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute

SODEM Sistema Integrado Automatizado

GRAE. General de Ejército

ALM. Almirante

GRAA. General del Aire

GRAD. General de División

VALM. Vicealmirante

TGRAL. Teniente General

GRAB. General de Brigada

CALM. Contralmirante

BGRAL. Brigadier General

CRNL. Coronel

12

CPNV. Capitán de Navío

TCRN. Teniente Coronel

CPFG. Capitán de Fragata

MAYO. Mayor

CPCB. Capitán de Corbeta

CAPT. Capitán

TNNV. Teniente de Navío

TNTE. Teniente

TNFG. Teniente de Fragata

SBTE. Subteniente

ALFG. Alférez de Fragata

SBUM. Suboficial Mayor

SBUP. Suboficial Primero

SBUS. Suboficial Segundo

SGOP. Sargento Primero

SGOS. Sargento Segundo

CBOP. Cabo Primero

CBOS. Cabo Segundo

SLDO. Soldado

MAR. Marinero

13

INTRODUCCIÓN

Esta tesis se centra en la problemática de la estructuración y

mantenimiento del régimen especial de sus Fuerzas Armadas como parte del

Estado de bienestar en el Ecuador. Los regímenes especiales de seguridad

social de las Fuerzas Armadas instaurados en América Latina, se caracterizan

porque en su gran mayoría son el resultado de la influencia que han tenido

sobre las decisiones políticas y de seguridad de los países, así como por la

influencia que muchas de ellas siguen manteniendo sobre la conducción de los

estados. Los regímenes de seguridad social de las Fuerzas Armadas, y en

especial sus sistemas de pensiones, guardan profundas diferencias con

relación al régimen general, tanto en sus estructuras como en sus beneficios

sociales.

La configuración de los sistemas de pensiones de la fuerza pública de la

región, en su gran mayoría, es el resultado del nivel de participación de las

Fuerzas Armadas en los procesos democráticos, políticos y de seguridad de

Latinoamérica. El nivel de influencia que han tenido y que muchas de ellas

siguen manteniendo sobre las decisiones de los Estados, las ubica como un

grupo de poder cuyos esquemas sociales se vuelven sensibles en el momento

de valorar su conveniencia en la relación coste-beneficio (Mesa-Lago, 1978,

2004b).

El caso del sistema de pensiones de la seguridad social militar del

Ecuador no es ajeno a esta realidad y, al igual que otros esquemas, es parte

del sistema de protección social del país que, junto con otros mecanismos

sociales, materializa su Estado de bienestar. De este modo, el estudio parte de

la definición del Estado de bienestar como elemento fundamental en el

desarrollo de la economía.

El rol del Estado en el sostenimiento económico de los sistemas de

pensiones de los regímenes especiales es un tema controvertido y sensible en

el debate político y social. Lo cierto es que, de acuerdo a las demandas de los

ciudadanos debido a la concepción del Estado como el gran proveedor de

bienes y servicios, su responsabilidad recae en la resolución de todos sus

14

problemas. Unos problemas que se han incrementado con mayor rapidez que

la misma capacidad del sistema político y económico para satisfacer tales

demandas. En este sentido, partimos del análisis del Estado de bienestar

desde su conceptualización y fundamentación teórica, para finalizar en el

análisis de la situación del sistema de la seguridad social de las Fuerzas

Armadas del Ecuador.

El Estado de bienestar o Estado social ocupa una parte central de la

función del Estado que se ha ido añadiendo al concepto de Estado de la

tradición liberal, que establecía como funciones esenciales la conservación de

la paz, el orden y la justicia. Hoy en día se lo relaciona con el desarrollo de la

democracia moderna de masas, como una respuesta a las crecientes

demandas de igualdad socio-económica (Ritter, 1991).

La definición de Estado de bienestar implica distintos procesos y

experiencias históricas cuyo fin es la construcción de un sistema de mediación

institucional que contribuya al crecimiento económico vía demanda agregada,

garantice la reproducción social y la sustitución solidaria entre generaciones de

activos y pasivos, y medie en los conflictos de intereses entre las clases y

grupos organizados de la sociedad, siendo este un factor indudable de

legitimidad política. De esta manera, el Estado de bienestar asume funciones,

no solo de carácter económico con la corrección de los fallos de mercado y

equilibrando el ciclo económico, sino también en el campo social, mediante la

redistribución de la renta de manera positiva, reduciendo las desigualdades

más profundas y generando políticas que propendan a la estabilidad social y el

orden político de los sistemas democráticos (Rodríguez Cabrero, 2004).

Por otra parte, se aborda el papel político que juega el sistema de

pensiones de las Fuerzas Armadas en la estructura institucional y de poder del

Estado, los impactos que, por mantener este sistema, se generan en la

economía de una sociedad que los ha heredado de sistemas políticos

dictatoriales predominantes entre las décadas del 1960 a 1970 en América

Latina.

15

La intervención del Estado en el desarrollo social es un tema de debate

permanente. En estos tiempos en los que la tendencia mundial gira en torno a

los intentos por limitar sus espacios de acción e intervención, es una

controversia que ocupa un lugar central en el debate económico y social, más

aún cuando el Estado asume un papel relevante en el desarrollo (Hirst, 1996).

El Estado, a través de sus políticas económicas y sociales y de sus

instituciones, es el principal agente de desarrollo social, no solo debido al

volumen de recursos que moviliza por medio del gasto público, sino también

por sus múltiples y variadas formas de actuación de la inversión pública, que

buscan dar solución a problemas vinculados con el mal funcionamiento del

mercado de trabajo y la familia. Al respecto, Esping-Andersen (2000) señala

que la razón de su mal funcionamiento se encuentra en que ambos se hallan

inmersos en un cambio revolucionario, incapaz de proporcionar el pleno

empleo e igualdad al mismo tiempo. Por el contrario, Mishra (1992) determina

que los problemas del Estado de bienestar no son de carácter político ni

económico, sino que recaen en el campo de la confianza.

Una de las dimensiones más amplias y acertadas es lo que se ha

definido como “Estado de bienestar”, ya que engloba todo el conjunto de

funciones centradas en la prestación de políticas públicas para la cohesión

social y el bienestar de la población. Barroso & Castro (2011) señalan que el

Estado de bienestar no se trata de otra cosa que de la materialización de la

acción social desarrollada por el mismo Estado, siendo la protección social uno

de los pilares más esenciales.

El elemento clave en el nacimiento del Estado de bienestar o Estado

social fue la creación de diferentes sistemas de protección social a finales del

siglo XIX en varios países. Estos sistemas de protección se irán ampliando a lo

largo del siglo XX como resultado del proceso democrático, con una base

conceptual sustentada en el Estado de derecho. En este sentido, la libertad de

las personas y de propiedad del ciudadano fundamenta el bienestar del

individuo en el ámbito jurídico-político (Ritter, 1991). Años más tarde se

considerará al Estado como una unidad independiente que actúa con medios

de poder propio y claramente delimitados en lo personal y territorial (Heller,

16

2002), cuyo objetivo será el solventar las condiciones de vida de los segmentos

más pobres (Vrooman, 2009).

En el contexto latinoamericano, el desarrollo de la protección social

como mecanismo en el que se fundamenta el Estado de bienestar se origina

cuando se reconoce la pobreza como un problema social (Fleury & Molina,

2000). Esta situación permitió la construcción de grandes mecanismos

institucionales de protección social, que sin embargo han sido incapaces de

combatir los altos niveles de desigualdad y exclusión social. De hecho, la

región se ha caracterizado por las grandes brechas sociales y de pobreza, lo

cual ha propiciado la estructuración de sistemas especiales dirigidos hacia

aquellos grupos más sensibles de riesgo social.

Es importante diferenciar aquellos sistemas especiales establecidos para

atender grandes riesgos sociales, de aquellos que se han configurado gracias

al nivel de influencia, presión y poder sobre las decisiones políticas del Estado

de colectivos específicos de la sociedad. Estos últimos, como son los

conformados para las Fuerzas Armadas, han alcanzado condiciones

diferenciales de protección social que demandan una gran cantidad de

recursos provenientes del presupuesto gubernamental para sostenerse (Mesa-

Lago, 1978).

El sistema de pensiones, puesto que es uno de los pilares

fundamentales del Estado de bienestar, constituye el punto central de su

análisis económico como consecuencia de la demanda financiera que ejerce

sobre el presupuesto estatal (González Calvet, 1998). Más aun cuando su

coste se ve incrementado de manera significativa desde el momento en que el

Estado asume las ventajosas condiciones de protección y de acceso a los

beneficios previsionales de determinados sectores de la sociedad, como el

caso militar (Ignacio & Pérez, 2006).

Las Fuerzas Armadas se encuentran inmersas en actividades con altos

niveles de riesgo y bajo condiciones de extrema exigencia física. Estas, entre

otras, son las razones por las que su seguridad social se estructura bajo

condiciones especiales (Cazorla, 2010; Cotino Hueso, 2007; Fernández

17

Domínguez, 2009). La seguridad social militar en determinados países de

América Latina se sustenta, por un lado, en el alto reconocimiento social a sus

Fuerzas Armadas debido a su participación en las gestas independentistas1 y,

por otro, en el rol desempeñado por las Fuerzas Armadas dentro del proceso

democrático de la región. Esta situación permitió que las Fuerzas Armadas

alcanzasen un alto grado de influencia sobre las decisiones políticas de los

Estados de la región (Kruijt & Koonings, 2002).

Siendo el tema central del presente trabajo de investigación el sistema

de pensiones de la seguridad social de las fuerzas armadas del Ecuador, se

profundiza en la valoración de su sostenibilidad y la presión financiera que se

ejerce sobre el presupuesto del Estado. No obstante, sin dejar de considerar la

importancia que significa para el sistema el aporte económico estatal, se han

valorado las demás fuentes de financiamiento que conforman la cartera de

cotizaciones de las pensiones militares.

Si nos fijamos en la evolución del gasto en pensiones y la relacionamos

con la capacidad de generación de ingresos del sistema militar, nos

encontramos con que el sistema se enfrenta a graves problemas financieros

(ISSFA, 2014). La repercusiones sociales y económicas que esta situación

puede generar para la sociedad ecuatoriana, hace imprescindible que el tema

de las pensiones militares sea sometido a un análisis crítico y pragmático del

cual se deriven reformas técnicas que permitan alargar el actual horizonte de

sostenibilidad, sin que esto implique una mayor carga para el presupuesto del

Estado. Ante la situación económica presente y futura, las reformas propuestas

podrían enfrentarse a determinadas resistencias sociales del colectivo militar,

considerado como grupo de poder, derivadas del efecto de medidas

redistributivas, incrementos en los porcentajes de cotización, ampliación de la

cartera de cotizaciones, aumento en el número de años de cotización,

modificaciones en la fórmula de cálculo de las pensiones, etc.

En este sentido, se considera de fundamental importancia analizar el

impacto financiero que significa para el presupuesto estatal sostener

1 Véase ISSFA (1992ª); ISSFAM (2013); Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas

Armadas, n.d.; Subsecretaría de Previsión Social de Chile (2013)

18

económicamente este esquema de pensiones. Así como recomendar

mecanismos que mejoren las condiciones financieras del sistema sin que

afecten aún más a las altas tasas de cotización individual actuales o se

reduzcan los beneficios sociales establecidos. Todo esto considerando el

efecto financiero que ocasionará a la sostenibilidad del sistema la nueva

política de defensa orientada hacia la reestructuración de las Fuerzas

Armadas2.

La elección del tema de tesis parte de la convicción de que un sistema

de pensiones público (en el que se incluyen las pensiones militares), debe

establecer adecuados niveles de sostenibilidad, de suficiencia y de cobertura

(Pérez Ruiz, 2010). Estos aspectos aseguran las condiciones de vida de la

población y, a su vez, minimizan los efectos financieros sobre el presupuesto

estatal provocados por los requerimientos previsionales de los regímenes

especiales (CEPAL, 2006). De esta manera, buscar un equilibrio financiero que

garantice al largo plazo el pago de las pensiones es fundamental. Un

mecanismo que permite mejorar las condiciones financiera son las reformas del

sistema, ya sea en su estructura asistencial como en la financiera (CEPAL,

2010b; Cetrángolo, 2009).

La implementación de reformas en el sistema militar implica un mayor

grado de complejidad debido a que, por un lado, las pensiones constituyen un

componente importante del sistema de compensación cuyo objetivo es

incorporar profesionalmente al mejor talento humano (Asch & Warner, 1994).

Por otro lado, hay que considerar que cualquier tipo de reforma orientada a la

regulación de beneficios ocasionaría una seria resistencia social (Lahera &

Ortúzar, 1998). Más aún si se tiene en cuenta que el sector militar en América

Latina, como grupo de poder, ha logrado establecer una estructura social muy

beneficiosa en comparación con el sistema general (Kruijt & Koonings, 2002;

Mesa-Lago, 1978).

Si nos fijamos en el origen histórico de los sistemas de seguridad social

militar en Latinoamérica, y tomando como referencia el trabajo de Bonniec

(2002), se observaría que, de manera general, estas estructuras habrían

2 Entre otros aspectos, la reducción de 7.500 efectivos militares hasta el año 2025.

19

servido como base para la configuración de los sistemas de seguridad social.

En cuanto a su estructura, la mayoría de sistemas militares latinoamericanos

tienen una configuración legal, financiera y demográfica homogénea3 (Mesa-

Lago & Witte, 1992).

La responsabilidad absoluta del financiamiento de las pensiones

militares recae, en la mayoría de los casos, en el propio Estado (Florián

Plasencia, 2009; Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2011; Hacienda, 1967;

Quesada, 2013; Rodríguez Cardo, 2008; Subsecretaría de Previsión Social de

Chile, 2013). Es importante destacar que las cifras del presupuesto militar

generalmente no incluyen los costos de las pensiones militares (Bromley &

Solmirano, 2012; Centro de Estudios Nueva Mayoría, 2013). En el caso de

estudio, el 60% de los recursos estatales que financian las pensiones militares

proviene del presupuesto consignado a subsidios sociales, independientemente

del gasto de defensa (Durán Valverde, 2008), y el 40% restante se completa

con las aportaciones patronales y cotizaciones individuales de los miembros en

servicio activo (ISSFA, 1992b).

El sistema de pensiones militares ecuatoriano, al estar estructurado

financieramente como un sistema de prima media general, impulsa la

búsqueda permanente de mecanismos de autofinanciamiento para incrementar

los recursos de su fondo de reservas y, de esta manera, garantizar

parcialmente las pensiones actuales (Dirección de Inversiones, 2014). Es así

que la suficiencia del fondo de reservas se alimenta de los recursos excedentes

provenientes de la propia gestión del sistema y de la rentabilidad de sus

inversiones. La cartera de cotizaciones suministra recursos al sistema y se

conforma con el aporte individual de los miembros en servicio activo, el aporte

del patrono (Ministerio de Defensa) y un aporte del Estado no superior al 60%

del gasto en pensiones (ISSFA, 1992b).

Un aspecto que reduciría aún más la débil estructura financiera del

sistema de pensiones militares del Ecuador es el provocado por la eliminación

del 7,25% de aporte de los pensionistas militares. El efecto económico implicó

3 Edad mínima para acceder al beneficio de la pensión, las fórmulas de cálculo para el

establecimiento de la pensión o el déficit financiero que afrontan, entre otras

20

que la brecha financiera existente aumente y supuso que su financiamiento

requiera, por un lado, incrementar el nivel de rendimiento de sus inversiones y,

por otro, que el Estado tenga que aportar el máximo porcentaje permitido por la

ley (Dirección de Inversiones, 2014).

Con la finalidad de determinar los niveles de sostenibilidad del sistema

se realizaron tres tipos de análisis. En el primero, mediante el aprovechamiento

del modelo actuarial construido para la seguridad social militar por parte de la

empresa Actuaria, se realizó el análisis de sensibilidad, con la simulación del

comportamiento del sistema bajo la influencia de reformas en su estructura

demográfica y financiera. En este sentido, se redujeron los aportantes de los

actuales 42.000 efectivos a 34.500, y se incrementaron las fuentes de ingresos

mediante el aumento del porcentaje de cotización individual y el aporte del

7,25% de los pensionistas. De esta manera se determinó el horizonte de

sostenibilidad y la presión financiera del sistema sobre el Estado en cada uno

de los siete escenarios construidos, considerando el sistema de pensiones

militares, por un lado, como un sistema de reparto puro y, por otro, como una

estructura de prima media general.

En un segundo análisis, tomando como referencia el modelo de

regresión lineal desarrollado por Conde-Ruiz & Meseguer (2004) para el

sistema de pensiones español, se aplica al sistema de pensiones militares

ecuatoriano analizando la relación de dependencia a largo plazo de los

determinantes del gasto agregado (factor demográfico, factores institucionales

y el factor mercado laboral).

En un tercer enfoque se toma en consideración el modelo desarrollado

por Jimeno (2004) el cual, aplicado al caso militar, determina la sostenibilidad

del sistema de pensiones en base al análisis de los ingresos (se incluye el

fondo de reservas) y los gastos orientado en dos relaciones: 1) la pensión

media del sistema, y 2) un ratio medido entre los pensionistas y el número de

cotizantes.

Con estos tres análisis se determinó que los regímenes especiales no

son autosostenibles. El alto coste que genera su mantenimiento al presupuesto

21

nacional sugiere la implementación de medidas tendientes a aliviar la presión

económica ejercida sobre el presupuesto del Estado mediante: 1) la reducción

directa del gasto corriente fiscal, y 2) alargar su horizonte de sostenibilidad, vía

redistribución de recursos. Cabe mencionar que, debido a la relación del tema

con los asuntos de seguridad nacional, la información y contrastación con

casos similares han sido muy restringidas.

En este sentido, la hipótesis central de la tesis es la de determinar si el

sistema especial de pensiones militar es insostenible. Se han planteado

hipótesis secundarias relacionadas con las siguientes cuestiones: ¿las

condiciones económico-financieras del sistema de pensiones militares

minimizan la presión financiera ejercida sobre el Estado? Además ¿las

variaciones en la composición de sus variables influyen en los niveles de

sostenibilidad? Con estas suposiciones se pretende evidenciar la necesidad de

configurar diversas propuestas destinadas a fortalecer las condiciones

económico-financieras del sistema de pensiones militares.

Con estas premisas, y considerando la evolución y estructura de los

sistemas especiales de seguridad social, se ha definido la siguiente pregunta

de investigación. ¿Tiene sentido hablar hoy en día de un régimen especial para

las Fuerzas Armadas en el Ecuador teniendo en cuenta que su singular

estructura requiere de un gran esfuerzo económico gubernamental?

En la coyuntura actual, la acción del Estado sobre la responsabilidad

social se enfrenta a cuestionamientos desde tres ópticas: el nivel de

participación pública sobre los sistemas de protección (Uthoff & Szalachman,

1992), la necesidad de contar o no con regímenes especiales de seguridad

social (Rodríguez Escaciano, 2008), o la inversión de defensa contra la

inversión social (Freeman, 2011). Estos aspectos dirigidos hacia el análisis de

la realidad socio-económica del Ecuador y de la seguridad social de sus

Fuerzas Armadas, permitirán que se establezcan bases sólidas para la toma de

decisiones en este campo de estudio.

El punto de partida fue situar en el contexto histórico el nivel de

intervención del Estado en la protección social, de donde se determinó que

22

esta se ha enfrentado a dos corrientes de carácter ideológico (Cazorla, 2010;

Uthoff & Szalachman, 1992). Una orientada hacia la responsabilidad universal

sobre la protección social y los sistemas de protección social públicos

sustentados bajo el principio de solidaridad (Viana, Elias, & Ibañez, 2005), y

otra en la que se pretende focalizar el accionar del Estado en una función

principalmente de control y regulación (Ajzenstadt & Rosenhek, 2000).

Una segunda perspectiva en la que se detalla la estructura y nivel de

dependencia económica gubernamental de los sistemas especiales de

seguridad social, fortalece el debate acerca de la necesidad de contar con este

tipo de esquemas dentro de un Estado. Las condiciones bajo las que se

estructuran los regímenes especiales (edad de jubilación menor, primas de

cotización más bajas, pensiones más altas, etc.) serían una de las razones

centrales de esta dependencia (Couso, 2004; Habermas, 1996; Mesa-Lago,

1978). De esta manera, sostener los regímenes especiales provoca un

permanente déficit4 financiero en el que el Estado, al ser responsable directo de

su sostenimiento, soporta una fuerte presión económica sobre su presupuesto

general (Ignacio & Pérez, 2006). Este aspecto es uno de los argumentos que

permiten fortalecer aquellas tendencias orientadas a la reducción de la carga

económica gubernamental. Una de las líneas busca establecer esquemas de

protección más homogéneos, pero en muchos casos sus esfuerzos han sido

infructuosos ya que no ha sido posible eliminar o reducir los regímenes

especiales ni tampoco regular sus privilegios sociales (Ignacio & Pérez, 2006).

Una tercera perspectiva se sustenta en la conveniencia o no de invertir

ingentes recursos económicos en el campo de la defensa, frente a los limitados

recursos disponibles en el área social. En este contexto, la definición de gasto

militar, metodológicamente, tiene dos niveles de expresión: el primero con una

definición básica de lo que se considera gasto militar, exclusivamente orientado

a las operaciones militares, y el segundo incluyendo aquel gasto que no lo es,

como el caso de la salud, educación o las pensiones (Scheetz, 2001). Se ha

procurado confrontar aspectos relacionados con la tendencia mundial por

incrementar los mecanismos para la mitigación de los riesgos sociales, frente a

4 Es la diferencia negativa que resulta de la comparación entre los ingresos y los gastos

destinados al sistema de pensiones

23

la propensión global por aumentar el gasto de defensa (Freeman, 2011). La

tendencia incremental del gasto militar, según Stockholm International Peace

Research Institute (2012), no es ajena para América Latina, sobre todo si se

fundamenta en la histórica presencia que tienen las Fuerzas Armadas en los

gobiernos y sus decisiones (Kruijt & Koonings, 2002; Mesa-Lago, 1978).

En definitiva, estos enfoques han provocado que las bases para discutir

la pertinencia o no de mantener un importante gasto militar cobren mayor

relevancia cuando los recursos destinados a mantener estructuras especiales

son financiados por la sociedad a través del Estado.

Luego de los análisis realizados desde el punto de vista actuarial y

econométrico, se concluyó que el sistema de pensiones militares del Ecuador

debe en un corto plazo realizar reformas inmediatas en cuanto a su estructura

social y de financiamiento a fin de poder mantener el sistema en niveles

aceptables de sostenibilidad.

Desde la estructura social, es pertinente la regulación de la escala de

pensiones establecida mediante una reformulación de la fórmula de cálculo, la

ampliación de los años mínimos de cotización y la regulación de los techos de

aquellos niveles con mayores montos de pensión.

Desde la estructura financiera, es necesaria la ampliación de la cartera

de cotizaciones considerando que el patrimonio de la seguridad social militar

representada en el fondo de reservas, en caso de que el sistema sea

insostenible, no podrá garantizar el pago de las pensiones en el mediano o

largo plazo. De esta manera, la regulación de la escala de pensiones actuales

es importante, ya sea por la vía de la reformulación de una nueva escala más

homogénea o por la vía del incremento de los ingresos con el aporte de los

pensionistas. Con estas medidas el sistema de pensiones militares podrá

extender su horizonte de sostenibilidad al mediano y largo plazo sin que el

Estado se vea obligado a incrementar el porcentaje de aportación establecido

por Ley.

25

METODOLOGÍA

La metodología empleada es la misma disciplina económica, en la que

se combina el estudio teórico con un trabajo empírico que permite contrastar la

hipótesis propuesta en el trabajo. El ámbito espacial se circunscribe al Ecuador,

orientado hacia la Seguridad Social Militar administrada por el Instituto de

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el lapso temporal comprende el

período 2000-2050. El año base coincide con el cambio de estructura

monetaria de la dolarización implantada en el Ecuador durante el año 1999. La

elección de este período obedece al interés particular por conocer la evolución

del gasto en pensiones y el nivel de aporte económico estatal al sistema

prestacional en este período reciente de la historia, además del

condicionamiento impuesto por la limitada disponibilidad de los datos.

La revisión de la literatura está centrada fundamentalmente en la

perspectiva de la estructura social, en la que se destaca la importancia del

gasto dirigido a la protección social y, dentro de este, el destinado a los

regímenes especiales de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. En el referido

estudio se considerará un enfoque según el cual el Estado de bienestar en

América Latina no ha sido el resultado de un fenómeno social determinado,

sino que es consecuencia de una constante evolución de cada Estado-nación

(Wallerstein, 2004).

Se consideran enfoques como el social de Álvarez García (1997), en el

que el Estado de bienestar es considerado como un tipo de capitalismo

corporativo, donde los grupos de presión buscan alcanzar mejores condiciones,

mientras que el Estado busca regular los conflictos sociales a través del

direccionamiento de la economía. De esta manera, cuando se habla del Estado

de bienestar, no se trata de otra cosa que la materialización de la acción social

desarrollada por el mismo Estado (Barroso & Castro, 2011).

Se eligió la visión de la seguridad social militar, y en especial su sistema

de pensiones, por considerar que constituye un andamiaje importante en la

aplicación de la protección social del Ecuador. El sistema de protección social

del país se encuentra complementado por regímenes especiales de seguridad

26

social para la fuerza pública. Estos regímenes especiales se estructuraron con

el objetivo de proteger a segmentos de la sociedad que por sus características

laborales, niveles de riesgo entre otros, requieren un tratamiento específico en

el momento de otorgar beneficios de jubilación.

Para el trabajo empírico se utilizan fuentes principales de información

cuantitativa, entre las que se consideró la limitada información financiera

remitida por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del

Ecuador (ISSFA) y de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.

Las bases de datos del ISSFA fueron agrupadas de acuerdo a su estructura

demográfica, escala remunerativa, escala de pensiones, evolución financiera

del fondo de reservas, etc. Ante la insuficiencia de datos institucionales, se

utilizó la información del último estudio actuarial para el seguro de Retiro,

Invalidez y Muerte realizado por Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010).

En cuanto a la información estadística secundaria de carácter social y

económico, se tomó como referencia la derivada de estudios y bases de datos

de la CEPAL, Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del

Ecuador INEC, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas

del Ecuador, entre otros. Entre los estudios que se fundamentan en

estadísticas del sector militar, se tuvo acceso a información del Stockholm

International Peace Research Institute (2012) relacionada con el gasto de

defensa mundial, y del Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013) y RESDAL

(2005), (2013) que analiza el gasto militar en América del Sur y del Ecuador.

Partiendo de estos datos, se realizaron tres análisis de carácter

cuantitativo. Un primer estudio en el que, tomando como base el modelo

actuarial construido por Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010), se ejecutaron

varias simulaciones derivadas de las nuevas condiciones demográficas y

financieras a ser aplicadas sobre las fuerzas armadas. Estas simulaciones se

fundamentan en la política de defensa encaminada hacia un proceso de

reestructuración del número de efectivos en servicio activo. Como resultado se

obtuvieron siete escenarios en los que se evidencia el impacto económico que

representaría para el Estado el mantener este sistema especial.

27

En un segundo análisis basado en el modelo propuesto por Conde-Ruiz

& Meseguer (2004), se analiza la relación entre el envejecimiento de la

población y el gasto en pensiones. En este análisis se consideran los

determinantes fundamentales del gasto en pensiones. Para ello se

descompone el gasto en pensiones como porcentaje del PIB en tres factores:

Factor Demográfico, Factor Mercado de Trabajo y Factor Institucional,

compuesto por la elegibilidad y la generosidad del sistema.

Un último análisis basado en el modelo de Jimeno (2004), que analiza la

sostenibilidad financiera del modelo de reparto de la seguridad social española

a partir del análisis del nivel de sustentabilidad del fondo de reservas, se aplicó

al sistema de pensiones militares del Ecuador considerando que, al ser un

sistema de prima media general, su fondo de reservas garantiza el pago de las

pensiones actuales y futuras.

29

ESTRUCTURA POR CAPITULOS

Esta tesis se encuentra estructurada en cuatro partes, además de las

consabidas “Introducción” y “Bibliografía”. La primera parte está dividida en tres

capítulos. El primer capítulo está dedicado a una revisión de la literatura sobre

la evolución del Estado de bienestar y de la protección social desde las

diferentes perspectivas del pensamiento económico en el mundo, y a una

aproximación hacia los modelos de desarrollo y forma de institucionalización de

la protección social en América Latina. El segundo capítulo se consagra al

análisis de la evolución de la protección social en Latinoamérica en cuanto a la

diversidad del gasto social y los niveles de cobertura, prestando una especial

atención al análisis del rol que desarrollan los sistemas públicos y privados en

cuanto a sus estructuras y financiamiento. En un tercer capítulo, relacionado

con la descripción de la protección social en el Ecuador, se analiza el contexto

socio-económico en función de la cobertura y niveles de gasto.

Una segunda parte de este trabajo se divide en dos capítulos que tratan

la situación de la protección social en América Latina desde dos perspectivas.

Por un lado, se analiza el comportamiento del gasto social en los países en

función de su tendencia y de la influencia que sobre este ejerce el sector

militar. En este sentido, se aborda una temática que ha sido base para un

profundo debate social. La presencia de las Fuerzas Armadas en la política ha

permitido que hayan desempeñado un rol determinante en el ejercicio del poder

de los Estados latinoamericanos. La conformación como grupo de poder habría

permitido que las Fuerzas Armadas hayan estructurado sistemas sociales

preferentes para sus miembros.

Por otro lado, se realiza una comparación de los sistemas de protección

militar tomando como ejemplos sistemas de varios países de América Latina en

cuanto a su estructura y nivel de cobertura. Finalmente, dentro de esta

segunda parte, se realiza una aproximación al sistema militar ecuatoriano y sus

niveles de sostenibilidad.

En una tercera parte se desarrolla un análisis empírico del sistema de

seguridad social militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador. El contenido

30

parte de una descripción de diferentes métodos empleados para evaluar un

sistema de pensiones, ya sea desde el punto de vista financiero, actuarial o

econométrico. En una segunda parte, mediante un análisis de tipo cuantitativo,

se evidencian las complicadas condiciones económicas a las que se enfrenta el

sistema de pensiones militares. De esta manera se ejecutaron tres tipos de

análisis:

1) en base al modelo actuarial desarrollado para el sistema militar

ecuatoriano por la empresa Actuaria Consultores Cía. Ltda., que fue sometido a

nuevas condiciones demográficas y financieras con la finalidad de determinar

los nuevos horizontes de sostenibilidad del sistema y la presión que este ejerce

sobre el presupuesto del Estado.

2) sustentado en la base de datos proporcionada por el ISSFA, se tomó

como referencia el modelo propuesto por Conde-Ruiz & Meseguer (2004), en el

que se analiza la relación entre el envejecimiento de la población y el gasto en

pensiones, a través de la descomposición del gasto en pensiones como

porcentaje del PIB en tres factores: demográfico, mercado de trabajo e

institucional, compuesto por la elegibilidad y la generosidad del sistema,

3) a partir del modelo desarrollado por Jimeno (2004) adaptado al

sistema de pensiones militares, a diferencia del modelo de Conde-Ruiz &

Meseguer (2004), se evalúa el sistema en función de la sustentabilidad del

fondo de reservas. Complementariamente a este modelo, se realizaron pruebas

específicas relacionadas con la determinación de la Estabilidad del Saldo

Financiero.

Finalmente, se presentan en la “Parte IV” las conclusiones generales del

trabajo, basadas en los resultados, y las recomendaciones, tendientes a

fortalecer la situación económica financiera del sistema de pensiones militares.

31

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y SUS LIMITACIONES

Esta investigación aborda el problema del sistema de pensiones

militares del Ecuador desde una perspectiva empírica, por lo que resulta

evidente que la amplitud y calidad de la información estadística y de gestión

son aspectos claves para la realización de esta tesis.

Una de las limitaciones de esta investigación se refiere al acceso y

disponibilidad de los datos. La información relacionada con los aspectos de

gastos en defensa y los relacionados con el sector militar, ha sido tratada con

restricción porque es considerada de interés estratégico con carácter

reservado. En el caso de América Latina, se ha avanzado en este tema con la

elaboración del libro blanco en el que se detallan los gastos realizados en las

Fuerzas Armadas.

En cuanto a los gastos de pensiones militares en América Latina, estos

son tratados de manera general sin que se disponga un detalle específico. A

excepción del Ecuador, los recursos previsionales en general son incluidos

dentro del gasto en defensa, junto con las inversiones militares, servicios y

otros gastos. Otro aspecto importante es el referente a los escasos estudios

científicos disponibles relacionados con el gasto en pensiones y la protección

social de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El acceso a información estadística ha sido limitado debido a la

obstaculización provocada por trámites por demás burocráticos y de seguridad

de la información. Pese a los intentos por acceder a sus bases de datos,

incluso a través de otros canales gubernamentales como la Superintendencia

de Banco y Seguros del Ecuador, todos los requerimientos fueron canalizados

al ISSFA, quien facilitó información considerada como de difusión y no aquella

relacionada con el monto de pensiones individuales, entre otros. Esta es una

de las razones por la que el estudio empírico se fundamentó en los datos del

informe actuarial del 2010 y en información histórica otorgada por el ISSFA.

Los análisis del gasto en defensa se realizaron a partir de la base de

datos del Stockholm International Peace Research Institute (2012) (SIPRI) y de

los estudios de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL).

32

La información de los gastos de defensa considerados para este análisis

corresponde a los países de América del Sur, entre los que se incluyó México.

Los datos del gasto social de América Latina se sustentan en los diferentes

estudios realizados por la CEPAL y la OIT, como organismos supranacionales

que disponen de la información.

Se ha recopilado información estadística del Instituto de Estadísticas y

Censos del Ecuador (INEC), basada en el censo de población y vivienda del

2010, datos económicos del Banco Central del Ecuador a partir del año 2000 al

2012, del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, etc. Estos datos se

dirigen a establecer la situación de los sistemas de pensiones del país y de la

región, así como el comportamiento de las variables macroeconómicas que

inciden en los niveles de sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

33

PARTE I El Estado de bienestar y la evolución de la protección

social en el Contexto Latinoamericano

Introducción

La primera parte de este trabajo busca identificar el papel del Estado

como eje fundamental en el sostenimiento de los sistemas de pensiones

públicos, dentro de los que se encuentran los regímenes especiales. En su

estructura se han considerado tres capítulos en los que se realiza un análisis

del Estado de bienestar desde su conceptualización y fundamentación teórica.

Es importante definir el Estado de bienestar considerando que su

configuración comprende distintos procesos y experiencias históricas, cuyo fin

ha sido la construcción de un sistema de mediación institucional mediante: 1)

su contribución al crecimiento económico vía demanda agregada, 2) el

aseguramiento de la reproducción social y la sustitución solidaria entre

generaciones de activos y pasivos, y 3) como instrumento que ha mediado

entre los conflictos de intereses entre las clases y grupos organizados de la

sociedad.

La participación del Estado en el desarrollo social es un tema que

genera un profundo y permanente debate debido a sus políticas económicas y

sociales y al empleo de sus instituciones, aspectos que lo convierten en el

principal agente de desarrollo social. Su capacidad para movilizar recursos

mediante el gasto público y a través de sus múltiples y variadas formas de

inversión, busca dar solución a problemas vinculados con el mal

funcionamiento del mercado de trabajo y la familia.

Un elemento clave en el origen del Estado de bienestar o Estado social

se relaciona con la creación de diferentes sistemas de protección social a

finales del siglo XIX, que se irán ampliando a lo largo del siglo XX. Estos

sistemas de protección social no serán homogéneamente desarrollados, sino

que, por el contrario, presentarán determinados niveles de desigualdad social

como consecuencia del mayor o menor grado de desarrollo de los países

(Alonso-Martínez, 2011).

34

De esta manera, en esta primera parte, también se han considerado las

corrientes teóricas de la protección social basadas en la concepción

biskmarckriana y beveridgediana que permitieron la configuración de una serie

de tipologías y modelos de protección social en América Latina.

En un segundo capítulo, se efectúa un breve repaso de la situación de la

protección social en América Latina, tomando en consideración la diversidad de

sus estructuras, ya sea por sus niveles de gasto, de cobertura, etc. De esta

manera, al ser América Latina una región donde prevalece una profunda

estratificación, es importante identificar los tipos de sistemas de protección

social, sean estos de carácter público o privado, así como los diferentes

regímenes instaurados con la finalidad de suplir las necesidades de protección

social de segmentos específicos de la sociedad.

Finalmente, en un tercer capítulo se realiza una aproximación a la

situación del sistema de protección social del Ecuador, en la que se identifica

su contexto socio-económico, estructura demográfica, cobertura, niveles de

pobreza y la evolución del gasto social. Todo esto con el objetivo de orientar y

encuadrar el estudio dirigido al régimen especial de protección social de sus

Fuerzas Armadas.

35

Capítulo I El Estado de bienestar

Introducción

En este capítulo se analizará la conceptualización teórica del Estado de

bienestar desde su configuración en Europa y los intentos por ser replicados en

la realidad de América Latina. Es así que se realiza un análisis del Estado de

bienestar desde tres enfoques de desarrollo: como resultado del proceso

democrático de la sociedad, como elemento de legitimización del sistema

capitalista y como resultado del proceso de modernización.

En este sentido, el papel que desempeña el Estado en el campo social

es una temática que conlleva una permanente discusión. En la actualidad, la

tendencia mundial busca limitar sus espacios de acción e intervención, sobre

todo cuando el Estado asume un papel relevante en el desarrollo. El Estado,

con sus políticas económicas y sociales y sus instituciones, es el principal

agente de desarrollo social, debido al volumen del gasto e inversión pública

que busca atender las necesidades provocadas por el mal funcionamiento del

mercado de trabajo y la familia. Esping-Andersen (2000) apunta que el mal

funcionamiento se debe a que ambos están inmersos en un cambio

revolucionario, incapaz de proporcionar pleno empleo e igualdad al mismo

tiempo. Problemas que en opinión de Mishra (1992) no se relacionan con el

campo político ni económico, sino que recaen en el campo de la confianza.

A lo largo de este capítulo se abordarán las concepciones de la

protección social desde la óptica bismarckriana y la óptica beveridgediana, así

como sus intentos de adaptación a la realidad latinoamericana. Si bien el rol

central del Estado en la protección social se enmarca en las diferentes

orientaciones del pensamiento social, se han promovido esquemas que

pretenden incrementar la participación del sector privado, incluso con la pérdida

del papel del Estado para compensar las diferencias, fallos y desigualdades.

Aspecto que se contrapone a la necesaria acción colectiva y solidaria como

factor importante que permita alcanzar el desarrollo económico y humano a

cargo del Estado (Alonso-Martínez, 2011).

36

De esta forma, tomando como referencia que el objetivo central de

Estado es la reducción de la pobreza y la mitigación de sus efectos mediante la

inclusión de todas las personas en el desarrollo de la sociedad, se ha

procurado identificar los variados modelos de desarrollo de la protección social,

así como los diferentes modelos y tipologías instaurados en América Latina,

considerando las políticas redistributivas, el desarrollo de sistemas de

protección social y las políticas de inclusión y control social como aspectos

básicos demandados por la sociedad (Santibáñez Servat & Sánchez Díez,

2001).

37

1.1 Conceptualización y configuración del Estado de bienestar

Como ya se ha señalado, la definición de Estado de bienestar involucra

distintos procesos y experiencias históricas. En general, todos ellos se

caracterizan por la construcción de un sistema de mediación institucional que,

por un lado, contribuya al crecimiento económico por la vía demanda agregada,

por otro lado, garantice la reproducción social y la sustitución solidaria entre

generaciones de activos y pasivos, y, finalmente, medie entre los conflictos de

intereses entre las clases y grupos organizados de la sociedad. De esta

manera, el Estado de bienestar asume una función social tendiente a la

disminución de las desigualdades y a la promoción de la estabilidad social y

política (Rodríguez Cabrero, 2004).

Los diferentes estudios relacionados con el Estado de bienestar lo han

considerado como el generador del desarrollo, cuya finalidad es la integración

social, el mejoramiento de la calidad de vida y la justicia. De manera general,

esta condición social se refiere a todas las medidas adoptadas por la sociedad

con el fin de satisfacer las necesidades de las personas y grupos sociales. Es

así que se considera acción social, de manera independiente de su origen —

administración pública o el sector privado—, aquella que tiene por objetivo

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos dentro de una

sociedad (Alemán, Gracía, & García, 1999; Esping-Andersen, 2000; Ritter,

1991).

Svallfors (2004) describe al Estado de bienestar como aquel encargado

de la redistribución de los recursos, promotor de las oportunidades de vida y la

reducción de los riesgos ocasionados por la dependencia del mercado, lo que,

a través de la seguridad social, requiere financiamiento, y de la prestación de

los servicios públicos orientados hacia el bienestar. Para Acosta (2010), el

Estado de bienestar es reemplazado por una propuesta en construcción del

“Buen Vivir”.

Este enfoque se contrapone al tradicional concepto occidental, basando

su concepción en la configuración de un Estado plurinacional e intercultural que

conforma una sociedad y donde se convive estrechamente con el respeto a la

naturaleza. Así, se valoran los derechos del medio ambiente, que

38

permanentemente han sido supeditados a los Derechos Humanos. Se obliga a

la construcción democrática de sociedades sostenibles pensadas también

desde lo ambiental.

Según Donati & Lucas (1987), el Estado de bienestar es la garantía

gubernamental que asegura la provisión de niveles mínimos de renta,

alimentación, salud, alojamiento y educación, como parte de los derechos

políticos del ciudadano, sin que sean considerados como caridad. Esta función

se estructura mediante la participación del conjunto de instituciones públicas y

privadas, formales o no, que permiten materializar estos derechos a los

miembros de una sociedad.

Los diversos riesgos a los que se ven enfrentados los individuos y que

atentan contra el Estado de bienestar, según Pierson (2001), son atendidos por

el Estado por medio de la promulgación de políticas sociales, que son

materializadas en forma de acciones sociales como la dotación de prestaciones

en efectivo para encarar eventos sociales de desempleo, invalidez, vejez,

enfermedad, o, frente a los riesgos de mercado, como financiación y prestación

de bienes y servicios públicos.

El Estado de bienestar será el producto de un determinado grado de

desarrollo al que llega una sociedad (Chomsky, 2007). Es así que, considerado

como un mecanismo de eficiencia, el Estado de bienestar asegura la

integración social, la cohesión, la prosperidad y la justicia. La protección social

dentro del Estado de bienestar atiende una amplia gama de actividades

gubernamentales y disposiciones formales de atención, que incluyen

prestaciones en efectivo con el objetivo de contrarrestar los efectos del

desempleo, la vejez, la invalidez o enfermedad.

Según Moreno (2003), se entiende como Estado de bienestar al

“conjunto de instituciones estatales proveedoras de políticas sociales dirigidas

a la mejora de las condiciones de vida, a facilitar la integración de clases y

grupos sociales, nivelando e igualando sus recursos materiales”.

Fonseca (2006), cuando se refiere al nacimiento de los Estados de

bienestar en el mundo desarrollado, señala que este concepto surgió en tres

39

etapas: en la década de 1930, en el período de posguerra y durante la década

de 1960. Así también menciona que el Estado de bienestar surge como

respuesta a los riesgos vinculados con el trabajo, que previamente deberían

ser identificados para su posterior atención.

En este sentido, determinadas condiciones permitieron el surgimiento del

Estado de bienestar. Durante el período de la posguerra estas condiciones

tuvieron que ver con la expansión del empleo y la indexación de los

incrementos de la productividad con el incremento salarial, el crecimiento del

consumo de masa, la teoría keynesiana que legitima la intervención pública y el

crecimiento de la capacidad de administración estatal. Esta situación

evoluciona hasta el punto en que Leibfiied (2000) concibe que la integración de

los mercados en el mundo ha ocasionado la remodelación de los Estados de

bienestar.

1.1.1 Estados de bienestar en Europa

El proceso de integración experimentado en Europa permitió que sus

Estados de bienestar fuesen revisados y reestructurados según el contexto

específico. Estas condiciones les obligaron a establecer complejos sistemas

bajo la formulación de políticas sociales vinculadas a las políticas de carácter

nacional (Leibfiied, 2000). Las particularidades específicas de cada entorno les

permitieron establecer las bases de operación y financiamiento de sus servicios

asistenciales. En este contexto, Esping-Andersen (1990), a fin de facilitar su

estudio social, clasifica los países en tres tipos de regímenes básicos de

bienestar, que posteriormente Hamnett (2009) ampliará a cuatro.

El modelo liberal anglosajón, desarrollado por países como Reino Unido e

Irlanda, se caracteriza por ser el Estado de bienestar más orientado al

mercado y por establecer como objetivo social la asistencia universal

mediante moderadas transferencias o planes de seguro social.

El modelo social-demócrata, en el que sitúa a Dinamarca y al resto de

países escandinavos, establece un sistema integral y universal

caracterizado por ser favorable a las mujeres, romper las barreras entre la

clase trabajadora y la clase media, entre otros aspectos.

40

El modelo corporativista o conservador, en el que se sitúan países de

Europa Central como Alemania y los casos de Francia y Bélgica, donde

los beneficios sociales están estrechamente vinculados al empleo regular.

Las contribuciones obrero-patronales están dirigidas al financiamiento de

los sistemas de seguridad social en la que las prestaciones se establecen

en función del nivel de ingresos de los trabajadores.

El modelo residual, mediterráneo o sur, aplicado en países como Portugal

y España, se caracteriza por su política familiar, relativamente menos

desarrollada que en el resto de Estados, tanto por su alcance como por la

cobertura de beneficios. En este modelo, las familias constituyen el

elemento central del orden social, dejando al Estado ejercer un rol

complementario (Hamnett, 2009).

Si bien es cierto que los límites entre los diferentes sistemas estatales de

bienestar no están bien definidos, la clasificación propuesta por Hamnett (2009)

supone que un país debe pertenecer a un único régimen de bienestar (Ferrera,

1996; Moreno Fuentes & Bruquetas Callejo, 2011; Moreno, 2006). Para Geist

(2005), esta clasificación establece y analiza las diferencias entre países. La

identificación de los efectos institucionales de las políticas en torno a salarios y

educación permitirá identificar sus diferencias y similitudes, establecidas por un

conjunto de factores históricos, culturales, sociales, económicos y políticos

(Rodríguez-Pose & Tselios, 2011).

Esping-Andersen (1990) va más allá de las políticas y de las prácticas

gubernamentales e incorpora el aspecto social. Así, se centra en investigar la

manera en cómo las sociedades se estructuran para producir bienestar y

generar una mayor interacción entre el Estado, el mercado y las familias.

Probablemente el Estado de bienestar será siempre el factor de discrepancia

en la medida en que se mercantilizan las necesidades sociales, se

redistribuyen los costes de los riesgos sociales y se busca construir

solidaridades colectivas, priorizándolas de las individuales o familiares (Esping-

Andersen, 2000).

Los retos futuros del Estado de bienestar se concentran en atender los

problemas generados por el envejecimiento de la población, la ampliación del

41

mercado de trabajo, el incremento del número de familias inestables, la

independencia económica de las mujeres, la generación de pleno empleo y la

creación de condiciones enmarcadas en la igualdad. De esta manera es

importante que se refuerce la base impositiva que lo financia, factor que

únicamente las familias y el mercado de trabajo pueden producir (Esping-

Andersen, 2000; Mishra, 1992; Rodríguez Cabrero, 2004).

1.1.2 El origen de los Estados de bienestar en América Latina

El Estado de bienestar nace entre finales del siglo XIX y principios del

siglo XX. Es el resultado de las luchas sociales provocadas por las desiguales

condiciones derivadas de la Revolución Industrial y del establecimiento de un

pacto social. La presión social, con el objetivo de mejorar las condiciones

laborales a los trabajadores, impulsa a que la burguesía acceda a incrementar

sus niveles de impuestos. Los recursos son destinados al financiamiento de

programas de lucha contra la pobreza y de reducción de los niveles de

desigualdad social.

En este sentido, el Estado tendría la facultad de intervenir de manera

directa sobre las áreas de educación, salud, y, en general, sobre lo que

posteriormente se conocería como los servicios sociales. Para Chevalier

(2002), estas medidas permitieron que la clase obrera, al sentirse atendida en

sus demandas sociales, cediera al desarrollo del sistema de producción. Este

pacto social tuvo un mejor desempeño en aquellos países relativamente

pequeños y homogéneos, pero no periféricos, en los que parte del coste del

Estado de bienestar era financiado por las colonias.

En América Latina, el Estado de bienestar tardaría mucho más tiempo

en establecerse. Las élites sociales empleaban otros mecanismos

(políticos/militares) para controlar las demandas sociales. En el contexto

internacional, los Estados Unidos reemplazaron al Reino Unido en el control del

sistema mundial. Según Justin Goldstein (2001), desde esta posición, el

problema de acuerdos sociales habría sido resuelto de manera diferente

partiendo de las tradiciones ideológicas más individualistas y casi “darwinistas”,

etapa que coincide con un ciclo económico largo (Martínez, 2001).

42

Durante el período entre 1945 a 1973, se amplían las condiciones sobre

las que se asienta el Estado de bienestar en países periféricos y

semiperiféricos. Este proceso, para países centrales y semiperiféricos, sufre

una ruptura con la crisis de 1968, y posteriormente, según Tortosa (2011), con

la crisis del petróleo de 1973 las “repúblicas petroleras” se verán beneficiadas

con el aumento de ingresos, de manera que promoverán un mayor alcance del

Estado de bienestar.

El cambio de ciclo económico hace posible que se analicen las

condiciones sobre las que se asienta el Estado de bienestar. El estatismo

comienza a debilitarse y se fortalece la concepción neoliberal, en la que

comienzan a aparecen las Organizaciones No Gubernamentales de carácter no

estatal (Hopkins & Wallerstein, 1996). En este sentido, el Estado de bienestar,

al no ser una entidad abstracta, representa a las diversas coyunturas que se

interrelacionan dentro de la sociedad sobre la que se construye.

1.2 Teorías sobre el Estado de bienestar

A la hora de analizar el Estado de bienestar es necesario tener muy

presente tanto la gran diversidad de configuraciones presentes como la gran

variedad histórica en la génesis del Estado de bienestar en cada país, así como

también el abanico de teorías explicativas de la propia naturaleza y funciones

del Estado de bienestar.

El nacimiento del Estado de bienestar no ha sido resultado de un

fenómeno social determinado, sino que es consecuencia de una constante

evolución de cada Estado-nación (Français, 2000; G. E. Reyes, 2001;

Wallerstein, 2004). Esta mutación ha sido impulsada por la influencia de una

diversidad de ideologías que han dominado determinadas épocas y que han

mantenido como base los principios de libertad e igualdad, soportados por el

establecimiento de una seguridad jurídica con el objetivo de enfrentar la lucha

contra la pobreza extrema (Cazorla, 2010).

Álvarez García (1997) realiza un análisis del Estado de bienestar desde

dos enfoques, uno desde el punto de vista económico y otro desde la

perspectiva jurídica. Desde la visión de un sistema de economía de mercado,

43

parte de la generación de pleno empleo, bienestar social y el crecimiento

económico, objetivos característicos del neocapitalismo5. Desde lo social, se

pretende implantar un tipo de capitalismo corporativo en donde los grupos de

presión buscan alcanzar mejores condiciones mientras que el Estado busca

regular los conflictos sociales a través del direccionamiento de la economía.

Es así que el Estado de bienestar, bajo estas consideraciones, se

resume en que el sistema económico y el sistema político alimentan su

desarrollo. Cuando se habla del Estado de bienestar, no se trata de otra cosa

que de la materialización de la acción social desarrollada por el mismo Estado

(Barroso & Castro, 2011). Esta situación otorga el reconocimiento

constitucional de los derechos civiles y políticos que los individuos tienen

dentro de la sociedad. En este contexto, la configuración del Estado de

bienestar puede haber surgido a partir de la profundización de la democracia y

del proceso de modernización de la sociedad.

La multiplicidad de estudios y teorías sobre el Estado de bienestar

podría clasificarse en tres grandes familias teóricas, que de forma sintética

exponemos a continuación.

1.2.1 El Estado de bienestar como resultado del proceso democrático

El elemento clave en el nacimiento del Estado de bienestar o Estado

social fue la creación de diferentes sistemas de protección social a finales del

siglo XIX en varios países, que se irán ampliando a lo largo del siglo XX como

resultado del proceso democrático, con una base conceptual sustentada en el

Estado de derecho. A este respecto, la libertad de las personas y de propiedad

del ciudadano fundamenta el bienestar del individuo en el ámbito jurídico-

político (Ritter, 1991). La base conceptual radica en la libertad de las personas

y de propiedad del ciudadano, donde el objetivo es fomentar el bienestar del

individuo. En este sentido, lo que se pretende es construir una sociedad bajo

un orden estatal justo, en el que se reconozcan los derechos de los individuos y

se garantice la separación de poderes (Villar Borda, 2007).

5 Para mayor profundidad acerca del neocapitalismo, véase Reich (1993) y Galbraith (2007)

44

Años más tarde, Heller (2002) considera al Estado como “una unidad de

dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo

continuo, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y

territorial”, lo que es materializado cuando se dispone de recursos económicos

y sociales que le permiten adaptarse a su entorno y le permiten solventar las

condiciones de vida de los segmentos más pobres (Ritter, 1991; Rodríguez

Cabrero, 2004), además de enfrentarse a aquellos conflictos surgidos desde

las esferas dominantes cuando buscan la prevalencia de sus propios intereses.

Según Álvarez García (op.cit.), desde el punto de vista del pensamiento

socialdemócrata, muchos analistas en esta línea del pensamiento consideran el

origen de esta teoría como el acuerdo de cuatro corrientes ideológicas:

socialismo, liberalismo, conservadurismo y socialcristianismo. Desde el

pensamiento liberal clásico, no se admite la existencia de la pobreza, sino que

existen pobres que se han automarginado del progreso.

Según los principios de Keynes y Beveridge, una forma de solventar este

problema social es el reconocimiento, no solo de los derechos políticos y

civiles, sino también de los derechos sociales de los individuos (Leibfiied, 2000;

T. H. Marshall, 1950). En este sentido, la libertad será el mecanismo por medio

del cual el Estado de bienestar, sin eliminar la desigualdad, enfrente los riesgos

de los altos niveles de pobreza, a través de un conjunto medidas de carácter

irrenunciable para atender las necesidades individuales básicas y alcanzar un

orden social deseable6.

El Estado del bienestar, desde el enfoque conservador, se explica a

partir de la óptica del funcionalismo7. Como parte del sistema capitalista, el

Estado, al permitir su desarrollo, justifica su participación en la vida económica

y social de la sociedad. Es así que, desde la creación de seguros sociales por

Bismark en Alemania en el siglo XIX, el Estado dio atención a las necesidades

de seguridad de la sociedad en un proceso de modernización. El sistema

6 La Seguridad Social se implanta mediante el aseguramiento de todos los ciudadanos a

percibir una renta mínima y garantizar la participación de los seguros privados para incrementar libremente el grado de satisfacción de las necesidades (Informe Beveridge de 1942). 7 En un marco de construcción teórica, considera la sociedad como un sistema complejo, cuyos

componentes trabajan en conjunto y promueven la solidaridad y estabilidad.

45

capitalista, cuyo fundamento radica en el desarrollo económico del sector

privado en el que el capital funge como herramienta de producción, se ve

sometido a un alto nivel de inseguridad económica. Es así que se requiere de

un mecanismo que promueva la integración social, a la vez que corrige los

fallos del sistema.

El Estado de bienestar desde la perspectiva socialista considera al

Estado como ente central planificador y regulador de la economía (Coraggio,

2002). En este sentido, el Estado de bienestar se considera como un triunfo de

la lucha de clases, proceso del que se desprenden tanto el reconocimiento de

la igualdad social como la integración de la clase obrera. Esta situación obliga

al diseño de políticas sociales muy complejas que permitan emprender la lucha

contra la pobreza.

Finalmente el socialcristianismo, basado en la doctrina social de la

iglesia, se materializa con el desarrollo de los movimientos sindicales y políticos

que se inspiraron en el Evangelio. Esta corriente del pensamiento, establecida

por el Papa León XIII, se opone al individualismo liberal y al materialismo

colectivista. Entre otras características, se desprende su énfasis por el bien

común y la solidaridad, el apoyo a la economía de mercado —la economía al

servicio de la humanidad— y oposición a la lucha de clases, y otorga directa

responsabilidad al Estado respecto a la sociedad (Vergara Estévez, 2005).

Frente a estas teorías de pensamiento, otros grupos de analistas

presentan sus discrepancias con este tipo de Estado. Las posturas y

argumentaciones se describen a continuación.

En la línea del pensamiento conservador, se establecieron criterios

contrarios al establecimiento del Estado del bienestar. La crisis de los años

setenta permitió que teóricos como Hayek8, Mises, Rawls, Friedman, Nozick,

Nisbet, desarrollasen tesis contrarias a la intervención del Estado en la

sociedad. Para Vergara Estévez (2005), Hayek y Mises, catalogados como los

precursores del pensamiento neoliberal, cuestionaron la teoría económica de

8 Relaciona la libertad con la libertad económica individual y sin considerar otros ámbitos como

la libertad social y colectiva, la política, intelectual, cultural y otras. Para más detalle véase Hayek (1998)

46

Keynes, contrarios a la transformación del sistema que permitiría establecer el

Estado de bienestar.

Mantienen la teoría de que el mercado tiene la capacidad de

autorregulación, señalando que la participación del Estado atenta contra la

libertad de los individuos. Consideran que la desigualdad económica es el

resultado de la libertad que tienen los individuos de participar en la economía y

que los argumentos que defienden la justicia social son inaceptables por ser

equivocados y peligrosos. Es así que mantienen su oposición a cualquier tipo

de intervención en la que el Estado emprenda su lucha contra la pobreza con la

atención de las necesidades básicas de la población.

Friedman (1975) considera que existe una falacia básica esencial

respecto al Estado de bienestar. Esta radica en que “es factible y posible hacer

el bien con el dinero de otra gente”, y para ello el “Estado benefactor” deberá

previamente obtenerlo de otra gente. Esto, para Friedman, representa una

filosofía violenta de coercitiva que atenta contra la libertad.

Dieterlen (1988) realiza una crítica a la postura de Nozick (1974). Hace

referencia a uno de los principales rasgos de su pensamiento, que se refiere a

la irrenunciabilidad e inviolabilidad de los derechos individuales aun cuando la

intervención del Estado sea en beneficio de esa persona o con un fin colectivo.

Nisbet (1995), desde su análisis de la crisis del conservadurismo, del

que se extrae que la base principal sobre la que se asienta el conservadurismo

es el derecho de supervivencia que tienen todas las estructuras intermedias de

una nación, sin que estas sean anuladas por el poder del Estado, concluye que

esta crisis es provocada en buena medida por la adopción de principios

fundamentales del liberalismo económico y del Estado de bienestar.

1.2.2 El Estado de bienestar como elemento de legitimación del sistema

capitalista

Desde el enfoque marxista no es novedad que existe una marcada

discrepancia con el Estado de bienestar. La mayor cantidad de postulados en

esta línea fueron redactados a finales de los años setenta y sus principales

enfoques se fundamentan en dos líneas explicativas del aparecimiento del

47

Estado de bienestar. Por un lado, la visión instrumentalista fundamentada en la

idea de que el Estado es un mecanismo de la clase dominante para atender a

sus intereses de clase y cada capitalista en particular. Por otro lado están otras

visiones del Estado como reflejo y condensación de las contradicciones

existentes en la sociedad (O’Connor, 1981).

En ese sentido, el Estado puede cumplir un papel de legitimización del

sistema capitalista, en función de compensar el desequilibrio provocado por la

acumulación del capital (Miliband, 1969) o como aquella instancia que posee

una determinada autonomía que proporciona una sensación de seguridad

económica a la clase trabajadora (Jessop, 2002). No obstante, estos dos

enfoques contrapuestos pueden llegar a determinar que el Estado esté al

servicio de la clase trabajadora dependiendo de un posible cambio de

correlaciones de poder (Boyer, 2007).

Según Palazuelos et al. (1990), el Estado, desde el enfoque

instrumentalista, es considerado como un monopolio controlado por la clase

capitalista. Sweezy (1943) lo define como “un instrumento en manos de las

clases dominantes para hacer efectiva y garantizar la estabilidad de la

estructura de clase”; es decir, su trabajo tendrá como base central la

acumulación del capital. La acción estatal se ejerce mediante relaciones

personales y sociales entre las élites dominantes y los dirigentes políticos

(Domhoff, 1973; Miliband, 1969).

En este sentido, Álvarez García (1997) menciona que el Estado se

convierte en un poderoso instrumento empleado a favor de un determinado

grupo social dominante, además de “retomar la idea de la división de las clases

dominantes entre los gestores del capital y los gestores de los intereses

generales del capital desde el Estado, los capitalistas y los políticos”.

Es así que se reconoce la autonomía del Estado, pero exclusivamente

para los capitalistas individuales. Se asume que las medidas en beneficio del

conjunto de la sociedad capitalista adoptadas por el Estado pueden, en el corto

plazo, afectar los intereses de los capitalistas individuales. Esto se visualiza

cuando se forma un tipo de Estado Asistencial que implica una importante

48

carga sobre las rentas del capital, cuyo efecto es la anulación de la lucha de

clases y garantiza al mismo tiempo la paz social y permite la dinámica del

sistema en forma armoniosa e ininterrumpida.

Offe (1984), en su análisis sobre el Estado capitalista de bienestar,

señala su incapacidad por atender las necesidades y solventar los problemas

de las sociedades capitalistas, proponiendo una reestructuración del Estado.

Es así que, desde su enfoque marxista, considera que la regulación privada de

la economía capitalista genera períodos de crisis. En su estudio sobre las

contradicciones del capitalismo maduro, se basa en la teoría de la integración

social, según la cual se considera el Estado de bienestar como un mecanismo

que organiza, planifica y controla el desarrollo económico, mediante una red de

instituciones políticas y administrativas en la que el Estado clasifica a los

individuos en función de las necesidades capitalistas.

En este contexto, la desigualdad social no se origina en las condiciones

de los individuos dentro del proceso de producción, sino que radica en el

interés gubernamental por atender las necesidades del capital, de donde un

determinado sector de la sociedad resultará beneficiado. Vence (1998) se

refiere al efecto desigual que genera la acción de políticas orientadas a la

creación de nuevos recursos dentro del sistema de producción. O’Connor

(1981) señala las contradicciones de la sociedad ya que el Estado ejecuta sus

funciones en beneficio de una determinada clase social en desmedro de otra.

De esta manera, la contradicción del sistema no es la mantenida por el

pensamiento marxista clásico —las diferencias se presentan entre las fuerzas

productivas, dinámicas, y las estancadas relaciones de producción—, sino que

es fruto de la relación entre la intensa producción capitalista y la capacidad

normalizadora del Estado. En este sentido, la acción del Estado se torna

fundamental, en especial cuando debe alcanzar un equilibrio económico en el

que se integre a la población y se controlen los desequilibrios externos, al

pretender resolver la crisis del sistema cuando este es regido por el interés

privado (Álvarez García, 1997).

49

El rol que desempeña el Estado se valorará en la medida en que este

permita el mejor funcionamiento de la sociedad, su cohesión y su

legitimización. Sin embargo, más allá del efectivo accionar del Estado sobre la

sociedad, la clase dominante será la que al final sea favorecida en tanto en

cuanto el sistema capitalista como tal funcione. Esta situación no significa que

toda la acción gubernamental sea en beneficio directo de las empresas, sino

que, para que el sistema se mantenga, es necesario que las funciones se

orienten en beneficio de otros sectores sociales (Fine & Harris, 1985).

1.2.3 El Estado de bienestar como resultado del proceso modernización

de la sociedad

La aproximación de las políticas y las instituciones ha sido un tema

recurrente dentro del estudio estructura social. Los países con el tiempo se han

homogenizando y convergido en determinadas características de sus

estructuras institucionales y de sus Estados de bienestar. La comparación entre

el sistema pasado con el sistema actual se ha asociado con el cambio de

conceptos y temáticas, tales como la modernización, el industrialismo,

postindustrialismo, postfordismo y la globalización, por el hecho de compartir

ciertas perspectivas teóricas (Montanari, 2001)

En este sentido, la idea de la convergencia ha sido empleada para

entender el desarrollo de las políticas de bienestar en aquellos países

económicamente desarrollados. Para Flora (Ed.) (1986), la evolución que ha

mantenido el Estado de bienestar es una característica universal del proceso

de modernización. Es así que los aspectos específicos de sus estructuras

institucionales de política social serán de manera general considerados como

equivalentes funcionales y resultado de su especificidad cultural (Form, 1979),

de los valores según Wilensky (1975) y de la estatalidad o la centralidad de la

política en general para Flora (Ed.) (1986).

Entre las principales teorías de la modernización, se encuentra la teoría

de la perspectiva ortodoxa. Esta se refiere a la división existente entre las

sociedades tradicionales y las actuales, en donde las características de las

primeras se definen en relación con las de las segundas. Según Bula Escobar

(1994), este tipo de neoevolucionismo se basa en el contraste de valores

50

sociales característicos de cada sociedad, en donde la universalidad es la

característica básica de las sociedades modernas.

Asimismo, los neoevolucionistas americanos, según Álvarez García

(1997), consideran la modernización como la acción recíproca de dos procesos

similares, diferenciación y reintegración, que preparan a la sociedad para

adaptarse a su medio ambiente. De esta forma, el inicio del proceso

modernizador tiene dos orígenes: en el campo económico, la Revolución

Industrial (Peemans, 1992) y, desde en el campo político, la Revolución

Francesa (Fukuyama, 2011).

El proceso de evolución de la economía de subsistencia a una economía

de mercado (Franco, 1986) dentro del proceso de modernización, según

Álvarez García (1997), se asocia con el cambio a una economía de

urbanización e industrialización (Gollin, Jedwab, & Vollrath, 2013), en la que las

personas y las familias ya no son capaces de atender sus necesidades,

obligando a que el Estado se haga cargo de sus necesidades básicas.

Forsthoff (1961) hace hincapié en la responsabilidad general de la sociedad,

centrando su atención en el funcionamiento del gobierno cuando el individuo es

incapaz de subsistir por sí solo.

Desde estos enfoques, el Estado de bienestar a futuro se enfrenta a una

crisis irreversible debido a que su crecimiento y establecimiento dependía del

fuerte progreso económico y del pleno empleo, características que difieren del

sistema capitalista actual. De este modo, la sociedad se ve ante la necesidad

de gestionar una nueva estructura de riesgos de tal forma que ningún grupo se

convierta en “perdedor” sistemático. El replanteamiento de los objetivos del

Estado de bienestar debe considerar un nuevo énfasis a favor de las familias

jóvenes y, en especial, hacia atender las necesidades de los servicios (Esping-

Andersen, 2000).

1.3 Las corrientes de pensamiento de la Protección Social.

El rol que desempeña el Estado en el desarrollo social es un tema de

debate permanente. En la actualidad, la tendencia mundial se encuentra

orientada a limitar los espacios de acción del Estado. El debate central gira en

51

torno al rol del Estado ya que su intervención es necesaria y relevante para el

desarrollo económico y social, no solo por el volumen de recursos que moviliza

a través del gasto público, sino por las múltiples y variadas formas de actuación

gubernamental (regulación, legislación general, aportes a la seguridad social,

etc.) (González Calvet, 1998; Mishra, 1992; Ritter, 1991; Rodríguez Cabrero,

2004).

La protección social se inicia con la implementación del seguro de

enfermedad para los trabajadores y posteriormente con el desarrollo de los

seguros sociales. Los seguros sociales constituyen un mecanismo cuyo

objetivo busca alcanzar la universalización de la protección social, en donde el

Estado constituye el eje fundamental que la garantiza. En este sentido, se

generan dos corrientes teóricas sostenidas por Bismarck y Beveridge (op. cit).

1.3.1 El inicio de la Protección Social de Bismarck en Alemania

La corriente del pensamiento desarrollada por Otto von Bismarck surge

de las deplorables condiciones laborales y de indefensión a las que se

encontraban sometidos los trabajadores: los largos e intensos períodos de

trabajo y bajos niveles salariales, la restricción al derecho de asociación

profesional y huelga, la desprotección patronal frente a los gastos por

enfermedades y accidentes de trabajo9, los salarios destinados a atender los

riesgos y contingencias sociales que obligaba a la incorporación de las mujeres

y los hijos menores edad al trabajo, entre otras. Estas fueron las condiciones

que situaban a los trabajadores en una posición de desamparo frente a los

riesgos sociales y que iban a impulsar la reacción social que desencadenó la

Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX.

La fuerte presión a favor del bienestar de los trabajadores impulsó la

necesidad de reducir el impacto de estas condiciones y, así, de manera

progresiva se iniciaron los sistemas sociales de protección, como el ahorro

privado, la mutualidad, el seguro privado, la responsabilidad civil y la asistencia

pública (Nugent, 1997). Las bases de la protección social tienen su inicio a

9 Los gastos por enfermedad eran considerados egresos que incrementaban los costos de

producción, por lo que eran trasladados a los trabajadores

52

partir de 1883, año en el que se promulgan en Alemania una serie de leyes que

configuran un sistema conformado por tres seguros básicos:

El seguro de enfermedad, promulgado mediante la ley del 15 de junio de

1883, establece la obligación de que la contribución se repartiese en dos

terceras partes a los obreros y el tercio restante para los empresarios. Los

beneficios son el resultado de la cuantía de la cotización y de la entidad

aseguradora.

El seguro de accidentes de trabajo, promulgado en la ley de 1884, obliga

a los empleadores a cotizar a las cajas para cubrir la invalidez

permanente provocada por los accidentes de trabajo; además, los costes

de este seguro eran asumidos totalmente por el patrono.

Finalmente, con la ley de 1889, se instituyó un primer sistema obligatorio

de jubilación. El seguro se establece para aquellos obreros cuyo salario

no era superior a los dos mil marcos anuales. El beneficio de la pensión

era concedida a aquellos trabajadores cuya edad era superior a los 70

años y su monto era proporcional al número de cotizaciones del

asegurado.

1.3.2 Beveridge por una Seguridad Social para todos

La promoción del bienestar de los trabajadores hizo que Bismarck sea

tildado de “socialista”10. Esta configuración de la protección social fue replicada

años más tarde por presidente de los EE.UU. Franklin D. Roosevelt que, en

1935, conseguiría la aprobación de la Ley de la Seguridad Social, basada en

una combinación de la “seguridad económica” con el “seguro social”.

El fin de la Primera Guerra Mundial permitió que los sistemas de seguros

sociales se desarrollaran rápidamente en varias regiones. Es así que en los

programas de las organizaciones internacionales como la OIT ya se consideró

la inclusión de la protección social. Durante la Segunda Guerra Mundial, el

gobierno del Reino Unido hizo público el Plan Beveridge, llamado así por su

10

El bienestar de los trabajadores se da a raíz de la puesta en marcha del seguro social diseñado por Bismarck, con la finalidad de que economía alemana continúe funcionando con la máxima eficiencia y minimizar la demanda de los socialistas radicales que exigían mayores derechos.

53

principal autor, Lord Beveridge, quien promovió la creación del primer sistema

unificado de seguridad social.

El Plan Beveridge contempla tres aspectos que permiten que el sistema

de seguridad social sea efectivo, y que están dirigidos a las asignaciones

familiares, a los servicios completos de salubridad y convalecencia y a la

continuidad en el trabajo para evitar el desempleo colectivo (Peris, 2009). En

este contexto, para alcanzar su efectividad, es necesario guiarse por estos tres

principios básicos de la seguridad social: la reestructuración total, que se

considere parte de la política de progreso social, y que sea parte de la

cooperación entre el Estado y el individuo.

Para Etala (2002), las previsiones deben combinarse con tres métodos

distintos: Seguro Social —incluye la solidaridad y mancomunidad—, Asistencia

Nacional —beneficios mediante la verificación de necesidad—, Seguros

Voluntarios —la prima del seguro es ajustada al riesgo y requiere de la

creación de un fondo con el pago de cuotas periódicas que permitan atender

las pensiones y la acumulación de reservas para enfrentar adversidades

futuras—. En este sentido, el Plan Beveridge es consecuencia de los seguros

sociales de carácter obligatorio que buscan combinar la asistencia y con el

seguro voluntario.

La construcción de un Plan de Seguridad Social busca que los individuos

puedan atender sus necesidades básicas. El seguro social se estructura como

un seguro con un alcance nacional que reemplaza la concepción de la garantía

frente al riesgo por la garantía de la satisfacción de las necesidades sociales

(Ruiz & Ruiz Medina, 2011). El Plan Beveridge marca la diferencia entre lo que

es el seguro social y el alcance que tiene la seguridad social. Es así que la

seguridad social se plasma cuando toda la población está protegida por los

seguros sociales. Para IMSS (1983), la importancia radica en la protección

universal de la población, bajo un eficiente sistema de seguridad social.

Uzcátegui Díaz (1990) señala que los seguros sociales son parte de la

seguridad social; se constituyen como una herramienta que permite la

implementación de los planes de la Seguridad Social. En este sentido, los

54

seguros sociales tienen un carácter parcial y en determinados momentos hasta

inadecuados, mientras que la Seguridad Social tiene una concepción social

integral.

1.4 Modelos de Desarrollo

La configuración de los diferentes “Modelos de Desarrollo” se caracteriza

por la influencia de ciclos importantes de la actividad económica, como la crisis

económica de 1929 y la crisis de la deuda externa en los años 80. En América

Latina, el desarrollo de la protección social se fue asumiendo de manera

progresiva en función del grado de participación del Estado, en pos de la

universalización de la protección social (Cecchini & Martínez, 2011).

Los modelos de desarrollo implementados en la sociedad se originan

dependiendo de cómo organiza sus recursos materiales y sus instituciones

para establecer un eficiente Estado de bienestar, sus posibilidades científico-

tecnológicas, su capacidad productiva y económica, su historia, su cultura, sus

necesidades, su marco jurídico, el respeto a la naturaleza, entre otros aspectos

(Mejía Ortega & Franco Giraldo, 2007). Este conjunto de factores permite que

la sociedad pueda alcanzar el progreso y proporcionar satisfacción de

necesidades de todos sus miembros.

Los modelos de desarrollo económico fueron objeto de nuevas

tendencias en relación con la participación del Estado y la aparición de

privatizaciones (Sánchez Carreira, 2005). Es así que, en el campo social, el

derecho universal de protección en América Latina se convertía en una

exclusividad de quienes disponían de recursos económicos. Los enfoques de

los diversos modelos de desarrollo considerados por Mejía Ortega & Franco

Giraldo (2007) se sintetizan en los siguientes:

El Modelo Keynesiano, según Schwartz (2001), se basa en la teoría general

de la ocupación11 y se centra en factores adicionales como el ingreso, el

ahorro, la inversión, el consumo y la determinación de los precios. En

América Latina, durante los años 30 y 40, en casos como el de Costa Rica y

Uruguay, se promovió el incremento del gasto público con el fin de

11

Véase Keynes (2005)

55

incentivar la demanda de bienes y servicios desde un enfoque estatista

central de la protección social orientado hacia la integración universal.

Desde esta perspectiva se destaca la importancia de los cambios en los

niveles de producción y el empleo como factores reguladores de la

economía cuyo objetivo es el equilibrar la renta nacional total y la

producción nacional. Además se evidencia la importancia que tienen los

ingresos para el desarrollo humano, a través de indicadores como las tasas

de ocupación (Cecchini, 2005) .

El modelo basado en la sustitución de importaciones se caracteriza por

favorecer la modernización, el desarrollo y el crecimiento económico de la

región, así como por el incremento del mercado laboral y de esta manera

superar niveles de pobreza12(Ocampo, 2001). Su orientación se encamina a

la protección social mediante la instrumentación de los seguros sociales y la

asistencia social. Este modelo fue aplicado por países como Brasil, México,

Argentina, Chile o Colombia durante los años 40, con un enfoque estatista

pero de economía mixta, dirigida especialmente hacia la ampliación del

empleo y del gasto público.

El modelo Neoliberal, desde un enfoque de la protección social basada en

la interacción de los individuos en el que el Estado es controlado por las

fuerzas del mercado13. Laurell (1992) determina, entre otras características:

establecer una política social excluyente, un gasto social focalizado en la

promoción de privatizaciones y descentralización de la protección social,

amplios mercados de bienes, servicios y valores sociales convertidos en

mercancías —vendedores privados buscan obtener rentabilidad económica

bajo el principio de la libre competencia— y el consumidor tiene la opción de

elegir de acuerdo con su capacidad de compra. Este concepto fue aplicado

12

Según Rey de Marulanda (2000), este modelo tuvo su declive en la década de los 70. En este periodo, la región perdió sus niveles de competitividad y se originó la denominada “crisis de la deuda” caracterizada por la caída de las tasas de crecimiento, incremento de los niveles de desempleo, desigualdad y pobreza, disminución de los salarios, a consecuencia de los altos índices de inflación. 13

Se refiere a las críticas al Estado benefactor establecidas por Hayek y Friedman, desde la perspectiva los principios de la libertad individual y desigualdad (Prebisch, 1981)

56

por países como Perú, Argentina, Chile y Colombia durante los años 80 y

90.

El modelo de planificación económica central se basa en el enfoque

socialista o sociocéntrico (Cardona Osorio, 1987). Entre sus principales

características se destaca: su política social integral, incluyente y

redistributiva con énfasis en el campo social —establecidos en países como

Cuba y Nicaragua en los años 60 y 70—, donde el Estado es propietario de

los recursos dentro de la economía y por lo tanto decide la organización

productiva, la asignación de las recursos, el tipo de industrias y el uso de la

tecnología.

1.4.1 Aproximación a la Modelización Teórica de la Protección Social en

el Estado de bienestar

El Estado de bienestar (Welfare State) en América Latina se vio abocado

al desarrollo de sistemas de protección social específicos, estructuras que

permitían atender sus problemas sociales dentro de un contexto social

determinado. La evolución de la sociedad, a raíz de la Revolución Industrial y la

caída de las condiciones de vida de las personas, junto al reconocimiento de la

pobreza como un problema social, permitió que se construyesen grandes

mecanismos institucionales de protección social (Fleury & Molina, 2000).

Los sistemas de protección social en la región presentan una gama de

políticas caracterizadas por la superposición, la acumulación y el cruce de

instituciones, situación que ha profundizado la diversidad y complejidad en la

planificación y desarrollo de las políticas sociales (Rosenthal, 1999). Para

Fleury (2000), la caracterización de los “modelos de política social”, basada en

la clasificación europea, se fundamentó en las políticas y estructura de los

sistemas públicos de protección social, en la que la función del Seguro Social

era el pago de pensiones y salud.

La evolución de los diferentes Estados de bienestar con base en la

experiencia de regiones con mayor desarrollo, permitió que Fleury (1997),

mediante el agrupamiento de las diferentes características, establezca una

propuesta de tipos ideales de protección social. En esta propuesta, se

57

consideran elementos base de tipo ideológico y valorativo, elementos

organizativos e institucionales para la implementación de las políticas sociales,

las relaciones entre los modelos de protección social y las condiciones de

sociedad en cada caso.

Fleury & Molina (2000) propone tres modelos de Protección Social

relacionados con los modelos de desarrollo del Estado de bienestar, la

Seguridad Social, el Seguro Social y la Asistencia Social14 (véase la Tabla 1).

Para esto, se considera como un supuesto clave “la existencia de un círculo

virtuoso de la economía en el cual, el desarrollo económico, es capaz de

generar una tendencia al pleno empleo, acompañada del crecimiento de la

masa salarial”, situación que, alejada de este condicionamiento, lo convierte en

inviable15.

Tabla 1 Modelos de Protección Social

Estructura organizacional específica

Modalidad de Asistencia Social

Asistencia Social Seguro Social Seguridad Social

Rasgos

Denominaciones “Residual” “Meritocrático” “Institucional”

Ideología Liberal Corporativa Social-Democracia

Principio Caridad Solidaridad Justicia

Efecto Discriminación Manutención Redistribución

Status Descalificante Privilegio Derecho

Finanzas Donaciones % Salarial Presupuesto

Actuarial Fondos Acumulación Público

Cobertura Focal Ocupacional Repartición

Beneficio Bienes/servicios Proporción/Salario Universal

Acceso Prueba de medios Afiliación Mínimo vital

Administración Filantrópica Corporativa Necesidad

Organización Local Fragmentada Pública

Referencia "Poor laws" Bismark Central Beveridge

Invertida16

Regulada17

Universal

Modalidad de Ciudadanía

Perspectiva jurídico – política de la articulación del Estado sobre la sociedad

Elaboración a partir de Fleury (1997)

14

Vrooman, J.C. (2009), los clasifica en tres pilares: Primer Pilar la Seguridad Social Colectiva, Segundo Pilar la Seguridad Social Laboral y Tercer Pilar el Contrato Privado de Seguridad Social impulsado por el gobierno. 15

El nivel de pobreza ha crecido hasta convertirse en un segmento mayoritario, el crecimiento del trabajo formal es inversamente proporcional al crecimiento del trabajo del mercado informal, los recursos provenientes del Estado no son suficientes para atender las necesidades de la sociedad. 16

Fleury (1984) la considera como una “ciudadanía invertida”, cuya la referencia histórica son las "Poor Laws", que existieron antes del Estado de bienestar como un sistema de ayuda a los pobres, cuya asistencia social tiene un carácter preventivo y punitivo más que ser una garantía de los derechos ciudadanos. 17

Dos Santos (1979) identifica como “ciudadanía regulada” al efecto causado cuando los derechos sociales son condicionados para la inserción laboral de los individuos.

58

En este aspecto, Fleury & Molina (2000) recalcan que no existe un curso

ascendente e irreversible de desarrollo de la protección social a pesar de que

determinados países desarrollados, como es el caso de Inglaterra y los

Estados Unidos, iniciaron sus políticas sociales con un modelo asistencial para

posteriormente pasar a la seguridad social. En este sentido, no se puede

determinar la existencia de sistemas que reproduzcan modelos exactos, razón

por la que determinadas ideologías y modelos hegemónicos, por naturaleza

contrarios, conviven y se subordinan a la lógica dominante.

Modelo de Asistencia Social

El modelo se basa, fundamentalmente, en contextos socioeconómicos

que ponen el énfasis en el comportamiento del mercado. Se enfoca en la

atención del segmento económicamente más débil de la sociedad, quien no

puede aportar a una caja de previsión (Zuñiga Cisneros, 1963). Según Fleury &

Molina (2000), la predominancia del mercado reduce al mínimo la presencia del

Estado, por lo que su rol se orienta a la atención de aquellas personas que no

tuvieron la capacidad para mantenerse adecuadamente en el mercado, con la

participación de asociaciones de carácter caritativo y de voluntariado.

Modelo de Seguro Social

El modelo de Seguro Social, para Titelman & Uthoff (2003), es la

aplicación estratégica de una política de seguridad social sustentada en los

principios de solidaridad y universalidad, y no como un proceso independiente.

Según Sojo (2003), una de sus estrategias es el aseguramiento18. En este

sentido, no permite que se cubran todos los riesgos, es insuficiente para

mantener las condiciones mínimas del bienestar, limita la cobertura a riesgos

por enfermedad y a determinados riesgos económicos, sin garantizar los

derechos sociales ya que obedecen a los desafíos de la industrialización.

Fleury & Molina (2000) lo definen como un modelo que involucra la

protección en base a una relación contractual. El Seguro Social difiere del

seguro privado en cuanto que el Estado impide la posibilidad de la afiliación

18

Se considera como "el conjunto de transacciones mediante las cuales el pago de un monto determinado permite recibir otro pago si ocurren ciertos eventos".

59

voluntaria y establece una organización burocrática fuerte, encargada de

legitimar y reconocer las diferencias entre los grupos ocupacionales, cuyo

objetivo es obtener la lealtad de los beneficiarios y, basándose en el principio

de solidaridad, lograr la correspondiente compensación de manera proporcional

a sus contribuciones.

La estructura financiera de este modelo enlaza la política social con la

inserción en el mercado laboral, debido a que se financian las contribuciones

porcentuales provenientes de los aportes personales, patronales y la

contribución realizada por el Estado. La financiación de este modelo requiere

que el cotizante, aun en situación de pérdida de su capacidad de trabajo,

mantenga un nivel socioeconómico semejante al que poseía cuando se

encontraba como trabajador activo, mantenga una relación proporcional entre

su contribución y el beneficio y mantenga la acumulación de las reservas.

Modelo de Seguridad Social

Este modelo se constituye en un sistema público de protección frente a

diversas situaciones de necesidad legalmente previstas o riesgos que limitan la

actividad laboral de los individuos (Tarancón Pérez & Romero Rodenas, 2013;

Zuñiga Cisneros, 1963). En este sentido, Fleury & Molina (2000) consideran

necesario establecer una política redistributiva, en razón de que el nivel de

desigualdad es considerable. En las regiones más desarrolladas como el caso

europeo, el modelo de Seguridad Social incluye, entre otros, pleno empleo,

acceso universal a la educación, redistribución del ingreso, regulación de

relaciones laborales, mientras que en otras regiones las condiciones apenas

son parciales, sustentadas en ciertos mecanismos de protección (Mesa-Lago,

2006).

La Seguridad Social se orienta desde dos perspectivas: por un lado, se

concentra específicamente en la seguridad social19 y, por otro, se dirige hacia

áreas como la educación y la salud pública20. Estas dos ópticas se diferencian

en cuanto a su forma de institucionalización (Fleury & Molina, 2000). La red de

19

Se caracteriza por la gran estratificación de los grupos con cobertura y la exclusión de gran parte de la población, que, por lo general, no pertenece a la economía formal 20

Este tipo de políticas ofrece iguales beneficios, aunque muy diversos para la población.

60

instituciones públicas que estructuran el modelo, basado en la propuesta de

Beveridge (1942), busca establecer la universalidad del derecho de las

personas mediante del aseguramiento mínimo de sus beneficios, desvincular

los derechos sociales de la relación contractual de los asalariados, y a través

de un mecanismo de redistribución, corregir las desigualdades ocasionadas por

fallos del mercado (Barroso & Castro, 2011).

En este contexto, este modelo se fundamenta en el principio de

solidaridad —principio concebido como el compromiso que se establece entre

generaciones de manera cíclica—, en el que la generación actual —que

activamente se encuentra aportando los recursos al sistema—, financia los

beneficios destinados a la generación que la antecedió. (Fleury & Molina,

2000).

1.4.2 Modelos por la forma de institucionalización de la Protección Social

como Seguridad Social

Muchos y permanentes han sido los intentos por clasificar los sistemas

de protección social de América Latina. Los esquemas propuestos han

procurado guardar una determinada lógica pedagógica considerando

similitudes en sus estructuras políticas y sociales derivadas de experiencias

internacionales. Para la región la tarea ha resultado difícil y complicada. Según

Lautier (2012), las diferencias entre los países se fundamentan en

características específicas en cuanto a sus políticas de gasto, tipos de

organización institucional y la extrema complejidad de sus estructuras —

compuestas por su múltiples instrumentos de protección social—, además de

que, por efecto de la acumulación histórica de estos factores —no han sido

sometidos a un proceso de integración o eliminación de los anteriores—, son

aspectos que han agravado la tarea.

La Seguridad Social definida como el derecho fundamental de la

persona base de la estructura de la Protección Social (Ritter, 1991) ha ido

desarrollando con el tiempo redes institucionales responsables de la seguridad

social. Valencia Lomelí (2010) señala que en función de establecer una

metodología de comparación de los diferentes regímenes de bienestar, esta

debe ir mucho más allá de la confrontación de tipologías a fin de comprender

61

procesos evolutivos del bienestar en la región, siendo necesario analizar el rol

del Estado, el mercado y el hogar. Para Adelantado (2005) y Gough (2005),

estos agentes involucrados deben ser complementados con un cuarto actor,

que es la sociedad, a la que en conjunto denomina como “Welfare Mix”.

Uno de los primeros estudios en los que se analizan comparativamente

los regímenes de bienestar de los países de Latinoamérica, es el realizado por

Mesa-Lago (1978). Dicho estudio clasificó los países en grupos, basados

particularmente por la fecha en la que introdujeron sus primeros programas de

seguro social en pensiones y enfermedad-maternidad, así como el grado de

desarrollo alcanzado en esos programas. En su análisis, identifica tres tipos de

países en América Latina: pionero alto, intermedio y tardío-bajo.

El grupo “pionero alto”, se caracteriza porque sus países fueron los

primeros en establecer los sistemas de seguros sociales en la región (años

20 y 30), alcanzaron la mayor cobertura social entre el 62 y el 96%,

establecieron un mayor nivel de desarrollo, una población relativamente

más envejecida, una esperanza de vida mayor, promulgaron leyes de

protección a los obreros frente a riesgos de trabajo, enfermedades

profesionales, vejez, invalidez, muerte y enfermedad común (Cruz Saco &

Mesa-Lago, 1998).

En este grupo se incluye a países como Costa Rica, Brasil, Argentina,

Cuba, Chile y Uruguay, los cuales, pese a sus progresos en materia de

protección social, adolecían de varios problemas como la estratificación, los

altos costos, el déficit creciente y el desequilibrio financiero actuarial

(Guzmán Gameros, 2005). Para Mesa-Lago (1986), durante los primeros

años del siglo XX, permitieron ampliar gradualmente la cobertura de los

servicios de salud, educación y seguridad social, además de casos como el

de Argentina, que desarrolló el sistema de seguridad social con mayor

grado de universalidad de la región, instituyendo el seguro de desempleo.

El grupo “intermedio” implementa programas principalmente en los años

cuarenta y cincuenta, influenciado por los convenios de la OIT. Se

caracteriza porque sus sistemas estaban menos estratificados, su costo era

62

menor y su situación financiera mejor que la del primer grupo, aunque

algunos ya se enfrentaban a desequilibrios, alcanzando una cobertura y

desarrollo medio que oscilaba entre el 18 y el 50% (Cruz Saco & Mesa-

Lago, 1998).

En este grupo se encuentran países como Panamá, México, Perú,

Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, los cuales, según Mesa-Lago

(1986), presentan un mayor desarrollo relativo, y cuyos sistemas fueron

estructurados con instituciones de seguridad social que protegían a los

grupos de presión más poderosos21, antes de la creación del instituto gestor

general.

El grupo “tardío-bajo”, con una población más joven y una esperanza de

vida menor. Sus sistemas se caracterizan por ser relativamente más

unificados y con menos problemas financieros, pero con una menor

cobertura y desarrollo. Este grupo lo conformaron países como Paraguay,

República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y

Haití. Fue el último que introdujo sus programas, en los años sesenta y

setenta.

Según Lautier (2012), la estructura social existente en Latinoamérica es

un entrelazamiento de diversos subsistemas cuyas brechas (en términos de

riesgos o de poblaciones desprotegidas) son grandes. Esta diversidad y

complejidad en sus estructuras no han permitido que se desarrolle una

homogenización de sus sistemas, incluso para aquellos países cuyo objetivo

primordial ha sido el establecimiento una protección social universal, ni

tampoco para aquellos caracterizados por mantener un predominio del

"régimen general" (Mesa-Lago, 2004a).

La configuración de un sistema o grupo de sistemas de protección social

homogéneos en América Latina ha sido complicada y confusa, lo que ha

dificultado el desarrollo de metodologías de análisis similares a las

desarrolladas en Europa. En este sentido, Mesa-Lago (2005) propone que

21

Fuerzas Armadas, empleados públicos, maestros, trabajadores de energía y ferrocarriles

63

cualquier estudio relacionado con los sistemas de protección social

latinoamericanos deberán ser abordados por separado.

Otro de los intentos por clasificar los sistemas de protección en América

Latina, se encuentra en los estudios desarrollados por Filgueira (1998). En esta

clasificación, se establecen tres grupos de países basados en el alcance de

protección de sus sistemas: el “universalismo estratificado”, el “dual” y el

“excluyente”.

El grupo “universalismo estratificado”, caracterizado por la protección de

la mayor parte de la población, a través de mecanismos de seguridad social

con altos grados de desmercantilización, estratificación de beneficios y

condiciones de acceso, encuadrados dentro de la lógica de modelo

conservador europeo establecido por Esping-Andersen (1990).

El grupo “dual”, en el que se enfatiza la estratificación del modelo

universalista y el papel de la heterogeneidad territorial, como factor

relevante que provoca una baja intensidad democrática a determinados

sectores de la sociedad. Barba Solano (2004) considera incrementar

factores como la heterogeneidad étnico-cultural, el alto grado de

informalidad de los mercados laborales y el carácter regresivo de los

sistemas de protección social, como factores relevantes (Del Valle, 2010).

El grupo “excluyente”, conformado por países cuyos sistemas elitistas y

excluyentes de seguridad social, donde las élites se apoderan del aparato

estatal, extraen rentas de economías primarias y evita la generación de

bienes colectivos.

Desde otra perspectiva, Martínez Franzoni (2007) identifica tres grupos

considerados como conglomerados: aquellos que se diferencian por el grado

de mercantilización y familiarización de la protección social —efectividad y

suficiencia de sus mercados laborales, etc.—, aquellos que establecen

diferencias cualitativas en términos de desmercantilización —nivel de oferta y

demanda de mano de obra— y aquellos que han desarrollado menores grados

de mercantilización de la fuerza de trabajo y mínimos niveles de familiarización

del bienestar.

65

Capítulo II La protección Social en Latinoamérica

Introducción

En el contexto latinoamericano la protección social aparece como un

mecanismo en el que se fundamenta el Estado de bienestar, y se origina

cuando se reconoce a la pobreza como un problema social (Fleury & Molina,

2000). Esta situación permitirá que se desarrollen grandes mecanismos

institucionales de protección social, que sin embargo han sido insuficientes

para combatir los altos niveles de desigualdad y exclusión social de la región, a

fin de evitar condiciones de inestabilidad (Judt, 2010).

De esta manera es pertinente hacer un recorrido por la situación de la

protección social en Latinoamérica, tomando en cuenta la diversidad del gasto,

la uniformidad de sus sistemas de protección y sus niveles de cobertura. Se

requiere comparar los diferentes sistemas de protección de carácter público y

privado instaurados en la región.

El análisis de las diversas estructuras y fuentes de financiamiento, así

como los problemas financieros a los que se encuentran expuestos los

sistemas de protección social tienen singular importancia. Factores que

provocan problemas de desfinanciamiento e insostenibilidad y que han

motivado el desarrollo de reformas, sobre todo, si el tema de la sostenibilidad

financiera se relaciona con los regímenes especiales, deben ser estudiados

En este sentido, en los regímenes especiales de protección social

instaurados para las Fuerzas Armadas, es necesario detallar las

características, tipo de estructura, financiamiento y sostenibilidad y las razones

que han motivado a los países a establecerlos y mantenerlos a pesar del coste

que representa para el presupuesto gubernamental.

66

2.1 Breve repaso de la Protección Social en América Latina

El desarrollo de sistemas de protección social en América Latina no ha

sido suficiente para alcanzar una posición sólida y efectiva que permita

materializar los derechos económicos y sociales de la población. Según

Naciones Unidas (2013), los retos son aún más grandes si se pretende reducir,

significativamente, sus niveles de hambre y pobreza22. Se ha pretendido

proyectar la protección social en la región como un instrumento que permita la

construcción de sociedades más justas y equitativas.

Uno de los objetivos prioritarios dirigidos a los segmentos de la

población más pobre, es el permitir que alcancen niveles de vida dignos con la

atención necesidades básicas. Es así que la protección social es considerada

como “un mecanismo que contribuye a la plena realización de los derechos

económicos y sociales de la población”23. En este sentido, el Estado será quien

garantice que estos derechos se cumplan por ser considerado como un

derecho universal de la sociedad y no como un privilegio específico de un

segmento de la población.

La responsabilidad del Estado por garantizar un sistema de protección

social eficiente, requiere de la participación de otros agentes de la población —

las familias, el mercado y las organizaciones sociales y comunitarias—. La

integración de estos grupos sociales, según la CEPAL (2011), constituye uno

de los retos más complicados. Su participación permite asegurar la

implementación de programas de protección social, considerando que es la

base central de la política social.

Naranjo Bonilla (2013) se refiere a la protección social como un

componente que, junto a otras políticas de carácter sectorial como la salud,

educación o vivienda, y políticas de promoción social como la capacitación y la

intermediación laboral, entre otras, en su conjunto estructuran las políticas

sociales. Según Cecchini & Martínez (2011), la protección social asegura un

22

América Latina registró, a finales del 2011, alrededor de 174 millones de personas que vivían en la pobreza y de estos, 73 millones en extrema pobreza (CEPAL, 2012). 23

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

67

nivel de bienestar básico en lo económico y social, las políticas sectoriales

están a cargo de la provisión de servicios sociales para fortalecer el desarrollo

humano y las políticas de promoción refuerzan las capacidades de generación

autónoma de ingresos de la población.

En este contexto, la protección social buscará alcanzar tres objetivos

fundamentales y de carácter universal: que la sociedad alcance un nivel de

bienestar que le permita sostener niveles básicos de calidad, que facilite el

acceso a los servicios sociales y que fomente el trabajo decente.

2.1.1 Diversidad de la Protección Social por niveles de gasto

La Protección Social en el contexto mundial es un tema que, por la

importancia que reviste para la sociedad y por el coste que significa mantener

sus estructuras24, se ha visto sometido permanentemente a reformas. La

composición de los sistemas de protección social difieren entre cada país,

debido entre otros factores a sus políticas sociales, pero en general estos

sistemas se basan en tres pilares fundamentales: pensiones públicas,

educación y salud. Estos tres aspectos han sido claves para enfrentar los

riesgos de pobreza de los grupos más vulnerables y, entre ellos, las personas

mayores.

Para determinados países, los objetivos de las reformas varían entre la

eliminación del déficit público y los efectos provocados por los cambios

demográficos o el reordenamiento de los regímenes que se han deformado por

efecto de medidas coyunturales (Tostes Vieira, 2003). Para Musgrave (1959),

el gasto público, como una de las funciones de la política fiscal, es una

herramienta que incentiva y asegura la economía, redistribuye el ingreso hacia

los sectores más vulnerables y destina recursos públicos para la dotación de

bienes y servicios sociales de manera eficiente.

En América Latina, estas funciones se implementaron de manera

paulatina. Además la región se ha caracterizado por haber experimentado tres

ciclos de desarrollo en su protección social: en los años 1980, las reformas de

24

Según Piketty (2014), la protección social a través de las pensiones en Europa continental representa entre el 12 % y 13 % de la renta nacional y en los Estados Unidos oscila entre el 6 % y 7 % de su ingreso total.

68

ajuste y control ocasionaron un gran caída del sistema; en los años 90 se

consigue un crecimiento moderado, el cual se ve limitado a consecuencia de la

crisis de los años 1995 y 1996; durante los años 2001 y 2002 se logra un

crecimiento sustancial y sostenido por efecto de la aplicación de las reformas

en el campo social (Gráfico 1).

Gráfico 1 Evolución y participación del Gasto Público Social en el Gasto Total

América Latina y El Caribe 1991-1992 A 2012-2013 (En porcentajes del PIB y del gasto público total)

*

* Promedio ponderado de los países. Elaboración propia a partir de CEPAL (2012), (2014)

La CEPAL (2012) se refiere a que el crecimiento del gasto en protección

social no coincidía con la evolución de la economía. Aspectos como el

incremento de los productos básicos de exportación iniciado en 2003, el

aumento de precio de los alimentos y combustibles en el 2008, la crisis

financiera de 2008 y la desaceleración del crecimiento económico mundial,

podrían haber frenado el desarrollo de los sistema de protección social. Por el

contrario, las reformas permitieron que determinados programas sociales,

como el combate a la pobreza, y los de carácter solidario y no contributivo se

hayan fortalecido. Según la CEPAL (2014) estos incrementos obedecieron a

contracciones del gasto público no social.

11,2 12,9

13,7 13,9 14,4 14,8 14,9 15,5 16,7

18,3 18,9 19,1

45,7

52,7 54,4

52,4 55,9

59,3 62,4

63,9 64,1 63,7 65,2 65,4

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Como porcentaje del PIB

Gasto público social como porcentaje del gasto público total

69

Para comprender el desarrollo de la protección en América Latina, es

pertinente observar el comportamiento del gasto social a fin de establecer la

diversidad de gasto público social. En la Tabla 2 se ha considerado presentar el

gasto público social per cápita, el gasto social como porcentaje del PIB y el

gasto social como parte del gasto público total de 21 países de América Latina

en el año 2009.

71

Tabla 2 Diversidad del gasto público social en los países de América Latina y el Caribe

Gasto social público per cápita (en dólares a precios constantes

de 2005)

Gasto público social como porcentaje del PIB

Gasto público social como porcentaje del gasto público total

País (selección entre 21 países) PIB per cápita en 2009 (en dólares a precios constantes de 2005)

1990-1991 2000-2001 2008-2009 1990-1991 2000-2001 2008-2009 1990-1991 2000-2001 2008-2009

Argentina 9.870,00 1.166,00 1.683,00 2.387,00 19,10 21,80 24,20 62,20 62,80 62,80

Uruguay 8.238,00 841,00 1.314,00 1.740,00 16,80 21,60 21,70 62,30 68,10 75,40

México 6.563,00 358,00 621,00 889,00 6,50 9,70 12,50 41,30 61,30 68,70

Chile 6.106,00 381,00 747,00 945,00 12,00 15,10 15,30 61,20 68,40 67,00

Panamá 5.732,00 229,00 371,00 559,00 7,50 9,50 9,80 38,10 42,50 41,60

Venezuela (República Bolivariana de) 5.493,00 433,00 549,00 1.275,00 8,80 11,60 20,10 32,80 37,80 35,33

Costa Rica 5.084,00 486,00 727,00 1.006,00 15,60 18,00 19,30 38,90 40,50 35,60

América Latina y el Caribe* 4.778,00 440,00 642,00 917,00 12,20 15,50 18,40 44,10 57,30 63,90

Cuba 4.426,00 864,00 661,00 1.793,00 27,60 23,70 40,80 35,60 47,00 53,40

Brasil 4.416,00 554,00 785,00 1.165,00 16,60 21,20 26,20 48,90 62,10 73,60

República Dominicana 3.764,00 69,00 188,00 358,00 3,80 6,80 7,20 43,10 49,90 30,53

Jamaica 3.589,00 294,00 331,00 … 8,40 9,50 … 26,80 17,10 …

Colombia 2.951,00 129,00 264,00 401,00 5,90 11,10 13,50 28,80 68,55 69,50

Perú 2.916,00 64,00 179,00 229,00 3,90 8,80 7,80 33,00 52,20 51,20

El Salvador 2.566,00 … 222,00 378,00 … 10,00 12,70 … 38,60 27,60

Ecuador 1.770,00 99,00 66,00 231,00 7,40 4,90 7,20 42,80 20,90 51,95

Guatemala 1.656,00 49,00 105,00 127,00 3,70 6,80 7,60 29,90 47,30 54,10

Paraguay 1.438,00 45,00 107,00 135,00 3,20 8,00 8,90 39,90 38,30 55,00

Honduras 1.395,00 67,00 97,00 162,00 6,30 8,40 11,40 40,70 45,40 50,00

Bolivia (Estado Plurinacional de) 1.192,00 … 165,00 140,00 … 16,30 12,30 … 42,80 48,16

Nicaragua 870,00 45,00 63,00 110,00 6,60 8,10 12,30 34,00 38,40 53,80

*Promedio ponderado de los países. Incluye estimaciones en casos de países sin información disponible.

Fuente: CEPAL (2010a); CEPAL-División de Desarrollo Social (2014) Elaboración propia

73

De la tabla anterior se desprende el ritmo de crecimiento del gasto

público social en la región. En lo que respecta al gasto social per cápita, en

casos como el de Chile y Argentina o el de Cuba y Brasil, se aprecia que su

gasto es alto. Los dos primeros han ido moderando su gasto en los últimos

años, mientras que para los segundos, este sigue siendo elevado a diferencia

de países con menores niveles desarrollo económico.

En cuanto al gasto público social como porcentaje del gasto público total,

el comportamiento es el mismo. Los países que lo han ido profundizando son

justamente aquellos que han tenido mejores niveles económicos, como Chile

(61,20%), Uruguay (62,30%), Brasil (48,90%) y Argentina (62,20%). Al contrario

que aquellos países cuya inversión se ha situado entre las más bajas, como

Nicaragua (34%), Guatemala (29,90%), Colombia (28,80%) y Perú (33%).

En un tercer grupo se sitúan países que han presentado un

comportamiento moderado. Es el caso de Honduras (40,70%), Ecuador

(42,80%) y República Dominicana (43,10%), cuyos niveles oscilan alrededor de

la media de la región (44,10%).

En el período 2008-2009, la tendencia sigue siendo más o menos la

misma: Chile 67%, Brasil 73,60%, Argentina 62,80% y Uruguay con el 75,40%.

En este período, se destacan países cuyo gasto social se ha ido incrementado

desde finales de los años 80, como es el caso de Brasil (48,90% - 62,10% - 73-

60%), Colombia (28,80%-68,55% - 69,50%) y Ecuador25 (42,80% - 20,90% -

51,95%). El nivel de crecimiento a principios del 2000, según CEPAL (2010a),

se debe al intenso aumento de los programas de pensiones no contributivas o

de salud pública en Brasil y Colombia respectivamente, sin considerar el

crecimiento de los Conditional Cash Transfer Programmes (CCTP) cuyo costo

es de alrededor del 0,4% del PIB (Lautier, 2012).

25

El decrecimiento en el período 2000-2001 se debió específicamente a la grave crisis económica que cambió su estructura monetaria del país y se desarrolló el programa de CCTP denominado bono solidario y posteriormente, bono de desarrollo humano. A partir del año 2006, la política social ecuatoriana toma un nuevo rumbo que se ve reflejado en los niveles de inversión del período 2008-2009.

74

En este sentido, Lautier (2012) considera que el incremento del gasto

social en la mayoría de los países se debe, entre otros factores, al gasto en

pensiones y a la orientación política de los gobiernos. El gasto en pensiones,

para aquellos países que tienen un sistema de capitalización26 a diferencia de

aquellos con sistemas de reparto27, es mucho mayor y, de no entrar en un

proceso de renacionalización, el problema de insostenibilidad de cara al futuro

será muy grande. La orientación política de los gobiernos agrupa a los países,

quienes, dependiendo del tipo de política social, destinan determinada cantidad

de recursos al gasto social.

Para Filgueira (2005), el factor principal del Estado social no es el

aspecto político sino el económico. Sin dejar de considerar el nivel de influencia

que tiene la tendencia política sobre el gasto social, se denota que, para

aquellos lugares en donde la democracia se ha mantenido por períodos mucho

más largos que en aquellos regímenes con una democracia débil o inexistente,

el aspecto político juega un papel fundamental en el desarrollo económico y,

más aún, permite determinar el nivel de importancia que se le otorga al gasto

social, como lo sucedido en la última década en los países latinoamericanos.

En aquellos países caracterizados por su bajo respaldo social e

insuficiente capacidad política, resulta complicado desarrollar profundas

reformas fiscales que mejoren los niveles de inversión de gasto social. En

países como Brasil, que el coeficiente de Gini designa como uno de los más

desiguales de América Latina, pese a que su gasto social como parte del gasto

público es alto, se debe recurrir a programas CCTP para reducir los altos

niveles de desigualdad.

26

Una estructura de Capitalización corresponde a un sistema de ahorro cuyo único objetivo es financiar una pensión. Se caracterizan por aislar el riesgo demográfico de envejecimiento de la población al asignar cuentas a cada beneficiario, garantizar recursos suficientes para el pago de la pensión y por la participación del sector privado en la administración de los fondos de reservas 27

Un sistema con una estructura de Reparto se caracteriza por establecer un nivel de cotización con la finalidad de financiar solo los gastos de las pensiones en curso de pago y por lo tanto no genera reservas

75

2.1.2 Uniformidad de los sistemas de la Protección Social

Las diferencias y similitudes establecidas por cada país o grupo de

países, dentro de sus sistemas nacionales de protección social, permiten

establecer bases sólidas respecto a sus tipos de financiación y servicios

asistenciales. En lo referente al marco legal y la forma de aplicación de los

sistemas de protección social, en general, los países no se ven sometidos a

limitaciones en cuanto al alcance o formas de organización y estructura. Cada

sistema estatal supone que un país pertenece a un único régimen de bienestar,

basado en sus propias realidades, potencialidades, condiciones e idiosincrasia,

según Rodríguez-Pose & Tselios (2011).

Según Geist (2005), el determinar las diferencias y similitudes existentes

entre los países en torno a sus estructuras resulta relevante para evidenciar el

tipo de política social que se está desarrollando. Es así que Lautier (2012)

señala que, en el caso de América Latina, sus sistemas de protección figuran

con una diversidad de redes organizativas y financieras que han dificultado su

agrupación en torno a la lógica aplicada en Europa.

2.1.3 Cobertura contributiva a la Protección Social

Los sistemas de protección social se enfrentan a serios desequilibrios

entre la necesidad de atención y la disponibilidad de recursos financieros

necesarios para cubrir sus demandas (Titelman & Uthoff, 2003). En este

sentido, es necesario establecer reformas de protección social que permitan la

provisión de recursos para el aumento de la cobertura, sin dejar de considerar

los mecanismos de financiamiento adicional que esto demande, a fin de cumplir

con los principios básicos de solidaridad y universalidad del sistema.

La protección social mediante la cobertura contributiva, pese a los

intentos por volverla de carácter universal en la actualidad, solo ha logrado

cubrir un segmento de la población trabajadora. Esta situación se agrava en los

sectores rurales e informales de la sociedad, sin que eso asegure que ciertos

segmentos de la población formal se encuentren contribuyendo al sistema y,

por ende, protegidos por esta vía (Curcio, 2013). Según la CEPAL (2006), la

falta de protección está vinculada con las reducidas oportunidades para

76

generar suficientes recursos por parte de los sectores más pobres y con sus

escasas opciones de desarrollo que les permita insertarse en empleos de alta

productividad.

Esta situación, según Hernández (2011), habría provocado que la

cobertura contributiva se relacione con la ubicación de los hogares en lo que

respecta a la distribución de ingresos y por tanto una reducción niveles de

cobertura de la población ocupada.

La cobertura contributiva refleja la realidad del comportamiento del

mercado laboral (Bertranou & De Mesa, 2003), en la que, para la CEPAL

(2006), se demuestra que los trabajadores con mayor grado de experiencia o

educación acceden a un mercado de trabajo constituido por empresas de

mayor tamaño o en sectores caracterizados por su estabilidad laboral. De esta

manera tienen una mayor probabilidad de poder cotizar.

2.2 Los sistemas públicos versus los sistemas privados de Protección

Social

Políticas sociales como las concernientes al sistema de pensiones han

generado profundos debates y de estas controversias se han generado

propuestas de reforma o de nuevos esquemas de implementación. Para Uthoff

& Szalachman (1992), esas divergencias en cierta medida responden a

cuestiones ideológicas, pero, principalmente, obedecen a que el objetivo de las

reformas busca establecer un sistema de pensiones autosustentable, equitativo

y eficiente.

Entre los problemas que han sufrido los sistemas públicos, el de más

relevancia tiene que ver con la sostenibilidad financiera, aspecto que no ha sido

el resultado exclusivo del desfinanciamiento actuarial, sino que a este se le han

sumado las insuficientes medidas para enfrentar los permanentes desafíos. En

este sentido, se han planteado dos enfoques de estructura. Por un lado, se

impulsa la tesis en la que el Estado debe desvincularse del sistema de

pensiones dejando la tarea al sector privado. Por otro lado, hay sectores de la

sociedad que responsabilizan al Estado de su futuro económico y social,

77

considerando que el mercado es incapaz crear las condiciones necesarias para

asumir este rol.

Uthoff & Szalachman (1992) consideran que la incapacidad del mercado

y la cultura social dificulta el ahorro, aspecto que provoca la intervención del

Estado en busca del establecimiento de tres principios básicos: la equidad28, la

solidez financiera actuarial y la universalidad. En lo que respecta a los sistemas

privados de pensiones, estos involucran gastos a largo plazo basados en

diferentes modalidades de financiamiento: capitalización completa (prima

media uniforme), capitalización parcial (prima media escalonada) y reparto29.

Según De la Fuente (2010), propuestas del Banco Mundial y de la OECD

señalan al mercado como agente principal en la provisión de pensiones. Es así

que el Estado se limita a la lucha contra la pobreza. Este enfoque

responsabiliza a la gestión individual del riesgo social, lo que provoca una

reducción de las prestaciones intergeneracionales y amplía el campo de acción

de los sistemas privados. Sistemas que, según Torres López & Navarro (2013),

no tienen una sólida fuente financiera que les proporcione sostenibilidad,

eliminando además los principios sociales de la solidaridad y universalidad.

Desde cualquiera de estos enfoques, los riesgos sociales en cuanto al

aseguramiento económico de las personas en su vejez cada vez son mayores.

Aspectos como los cambios demográficos, incrementos en la esperanza de

vida, reducción del mercado laboral, decrementos en la productividad, empleo y

de la distribución de los ingresos entre beneficios y salarios, permiten

balancear el sistema soportado principalmente con recursos públicos, donde el

Estado tiene un rol fundamental, ya sea como actor directo o como agente

regulador de políticas sociales (De la Fuente Lavín, 2007; De la Fuente, 2010).

28

Impulsa mecanismos de solidaridad entre quienes están en condiciones de ahorro para la vejez vía intergeneracional (reparto) o intrageneracional (capitalización) o mediante políticas de subsidiaridad con las que se aseguran pensiones mínimas para aquellos segmentos con bajos ingresos 29

El primero mantiene el equilibrio por tiempo indefinido, sobre la base de una prima fija que se calcula actuadamente proyectando las obligaciones futuras, el segundo mantiene el equilibrio por períodos más cortos, estableciendo un prima dentro de cada período y elevándola en períodos sucesivos, mientras que el de reparto, busca establecer su equilibrio en términos anuales, lo que exige ajustes más frecuentes de las contribuciones.

78

2.2.1 Los Sistemas Públicos y Regímenes Especiales de Protección

Social

Un sistema de protección constituye una estructura que responde a una

política social destinada a establecer las bases sobre las que se asienta y se

regula la sociedad. La protección social se desarrolla a través de instituciones,

normas y recursos, sin dejar de considerar el pacto social como aspecto

fundamental que orienta la protección de carácter universal. Es necesario

definir y garantizar previamente la viabilidad de los derechos de las personas, a

fin de establecer un sistema eficiente (CEPAL, 2006).

Las políticas sociales y los sistemas de protección social públicos, según

Viana, Elias, & Ibañez (2005), se sustentan bajo el principio de solidaridad. El

fundamento de la solidaridad, ajusta el aspecto individual con la

responsabilidad colectiva, responsabilidad que es asumida por el marco

institucional de los sistemas de protección social. En este sentido, el Estado

reemplaza las actividades de carácter humanitario, propias del siglo XIX y XX,

centrado en la aplicación del seguro social como mecanismo de protección

social que se vinculaba con el trabajo (CEPAL, 2006).

El establecimiento de un sistema de protección eficiente, desde la acción

pública, busca salvaguardar a los individuos de los efectos de riesgos sociales

como enfermedad, vejez, invalidez, desempleo, etc. (Fonseca, 2006). Es así

que las variaciones macroeconómicas, en especial las que afectaron América

Latina de la década de los 90, motivaron que el Estado desempeñe un rol

directo, a fin solventar las grandes inestabilidades sociales (Itzigsohn, 2001).

Estas, según Hicks & Wodon (2001), se caracterizan por la reducción del

ingreso real, el incremento de los niveles de desempleo y el subempleo, entre

otros.

La intervención del Estado, no solo se limitó a acciones de carácter

asistencial, sino que su acción ha sido dirigida a la protección de la persona y

la prevención de riesgos, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los

segmentos de la población (Rodríguez Vignoli, 2001). Un sistema de protección

eficiente, más allá de ser una estructura organizativa, es un acuerdo político del

que la sociedad se nutre para regular y construir su convivencia, no limitándose

79

al bienestar individual o dinámicas de mercado. América Latina estableció un

sistema de protección basado en el empleo formal, que garantizaba dos tipos

de prestaciones: asistencia de salud, pensiones y accidentes de trabajo (Mesa-

Lago, 2005).

En ciertos países como Venezuela se estableció el seguro por

desempleo, modelo considerado por Fonseca (2006) como altamente protector

por no establecer ninguna acción redistributiva, sino que por el contrario se

mantenían las posiciones salariales de la sociedad. El período de crisis

económica ocasionó el deterioro de los seguros sociales y limitó incluso la ya

superada asistencia social (Mesa-Lago, 2006). Es así que la estrategia por

enfrentar la crisis y mantener el sistema se orientó en dos direcciones: las

privatizaciones de empresas y servicios públicos, y las reformas en la

protección social, mediante objeciones a su funcionamiento (Bresser Pereira,

1998).

El impacto de la crisis económica, así como las reformas aplicadas,

agravaron los niveles de pobreza de la región. Es en este contexto en el que se

desarrollaron redes de protección social con el objetivo de atender a los grupos

más vulnerables y surgen los primeros programas de transferencias

condicionadas de ingreso a los sectores más pobres (CEPAL, 2009).

Regímenes Especiales de Protección Social

La necesidad de los Estados por configurar una estructura de Protección

Social que le permita a la sociedad convivir en armonía, enfrentar una

diversidad de concepciones políticas, sociológicas, riesgos que atenten contra

su Estado de bienestar, mantener una estructura económica financiera solvente

y sostenible entre otras causas, ha permitido la implementación de una serie de

políticas que, lejos de unificar las consideraciones para los diferentes grupos

sociales, han dado lugar a la configuración de diversos regímenes especiales

dentro del marco general de la Seguridad Social (Gala, 1970).

La estructura de los sistemas de protección financiados con los recursos

del Estado, como se ha mencionado, se basan en principios de universalidad,

igualdad y solidaridad. Factores políticos, históricos, económicos o sociales,

80

han impulsado que los Estados, considerando aspectos como la importancia de

sus actividades, riesgos laborales, nivel de influencia política, riesgos sociales

extremos, actividades con un excesivo desgaste fisiológico o nocivo para el

trabajador, etc., implementen estructuras de protección para determinados

sectores de trabajo30, esquemas que dieron origen a los Regímenes Especiales

(Couso, 2004).

Los intentos por unificar los sistemas de protección se basan en la

premisa de la existencia de profundas diferencias en los beneficios otorgados

para atender los siguientes aspectos: riesgos causados por la vejez,

incapacidad, muerte y supervivencia, contingencias comunes y profesionales y

el acatamiento a las regulaciones de ley para la fijación, limitación y

revalorización del pago de pensiones (Fernández Domínguez, 2009). En este

sentido, la existencia de una protección social paralela al régimen general, en

determinados casos, no justificaría su aplicación, sino que respondería al

hecho de atender “ancestrales privilegios o castas de profunda raigambre en el

sector público” (Gete Castrillo, 1997; p.272).

En este sentido, Rodríguez Escaciano (2008) señala que la existencia de

la diversidad de regímenes no necesariamente responde a una lógica de la

realidad socio-económica y que la excesiva fragmentación del régimen general

provoca confusión y dificulta su gestión. Los regímenes especiales operan en la

realidad como “una modalidad asistencial esencialmente desigual, pues una

misma situación protegida dispone de atención diferenciada, en extensión o

intensidad, según cual sea el grupo profesional al que el necesitado pertenece”.

La estructuración de la Protección Social, en general, ha sido compleja y

con un nivel de cobertura excluyente y estratificada. La naturaleza misma de la

Protección Social ha permitido que sea utilizada bien como medio para obtener

apoyo electoral de un sector determinado, o como mecanismo para legitimar un

régimen político o para alcanzar, mediante la satisfacción de sus necesidades,

el apoyo de poderosos grupos de presión que en determinadas circunstancias

30

Mesa-Lago (1978) hace un análisis de los sistemas especiales como producto de la presión ejercida por los “Grupos de Poder”.

81

estarían en capacidad de atentar contra su statu quo y, de esta manera,

afianzar la estabilidad política.

2.2.2 Regímenes Especiales de Protección Social en América Latina

América Latina, al igual que otras regiones, incluso en aquellas con un

mayor grado de desarrollo económico y social, ha permitido que determinados

segmentos de la sociedad posean su propia reglamentación que en su

generalidad pertenece al sector público. Los grupos más comunes están

vinculados con los sectores minero, petrolero, agrícola, pecuario, pesquero,

etc., empleados públicos de la seguridad social, Fuerzas Armadas, políticos; en

definitiva, colectivos que tienen el poder social suficiente para lograr sus

intereses a cambio de la estabilidad política de los centros de decisión (Couso,

2004; Habermas, 1996; Mesa-Lago, 1978).

Según Merchán (2002a), el establecimiento de estructuras especiales

que establecen determinadas diferencias e inequidades deben ser mantenidas

por un tiempo determinado. Cuando estas condiciones se mantienen por

períodos amplios o de manera permanente, provoca que sus costes de

mantenimiento sean muy altos, además de la incapacidad legal estatal para

modificar sus estructuras. Las reformas, sean de carácter público o privado,

pretenden lograr que las estructuras de protección social sean más

homogéneas, objetivos que no han podido eliminar regímenes especiales y

reducir privilegios sociales (Ignacio & Pérez, 2006).

De manera general, los regímenes especiales, a diferencia del régimen

general, gozan de mayores beneficios y de condiciones más flexibles de

acceso al sistema. Por ejemplo, la edad de jubilación es menor, las primas de

cotización son más bajas, las pensiones más altas, etc. En este sentido, la

presión que ejercen sobre el presupuesto general del Estado es muy grande

(Ignacio & Pérez, 2006). El déficit generado suele ser cubierto mediante la

reasignación de recursos de otros sectores o a través de recursos externos

provenientes de las empresas públicas, salvo que el Estado obtenga

financiación vía incremento de los impuestos (Merchán, 2002b).

82

En Latinoamérica existe una gran fragmentación de sistemas de

protección. México. por ejemplo, establece sistemas para los trabajadores

públicos, las Fuerzas Armadas, empresa de petróleos, beneficios adicionales

para sectores de seguridad social y banca en desarrollo, entre otros (Solís

Soberón, 2001). En el caso argentino, se encuentran los jueces de la Corte

Suprema de Justicia, premios nobel, clero, familiares de desaparecidos,

Fuerzas Armadas y de seguridad, etc. En casi todos los países, el sistema

establecido para las Fuerzas Armadas es recurrente, a excepción de Costa

Rica que no posee Fuerzas Armadas.

Los sistemas de protección especiales fueron instaurados previamente

al régimen general, con el objetivo de afrontar los riesgos de trabajo de

determinados sectores de la sociedad. Algunos beneficios que incluían eran:

permisos de enfermedad con sueldo parcial o total, permisos por maternidad,

derecho a jubilación anticipada, pensión extraordinaria por invalidez o

fallecimiento ocurrido en actos del servicio, prestación de servicios médicos y

farmacéuticos gratuitos, pensiones de retiro o jubilación y de viudedad y

orfandad. En la Tabla 3 se detallan ejemplos de la diversidad en la estructura

de los sistemas de seguridad social latinoamericanos.

Tabla 3 Estructura de la Seguridad Social en América Latina

País Programas Estructura

Bolivia 1 (Integrado) Las Fuerzas Armadas con condiciones especiales

Cuba 3 General, Fuerzas Armadas y Seguridad Interna

Guatemala 3 General, funcionarios públicos y Fuerzas Armadas.

14 esquemas de pensiones complementarias para empleados públicos y privados.

Brasil31

4

General (Régimen General de Previsión Social: RGPS) para asalariados privados urbanos y en empresas estatales,

empleados de dos tercios de los municipios, funcionarios públicos federales o de la Unión, incluyendo a los tres

poderes y las Fuerzas Armadas, empleados en los 27 estados y un tercio de los municipios (hay numerosos

programas en los estados y municipios)

Honduras 7 General (Instituto Hondureño de Seguridad Social: IHSS), poderes ejecutivo, legislativo y judicial, e instituciones

autónomas, maestros, la universidad principal, Fuerzas Armadas, periodistas y el Banco Central

Ecuador 3 General (en el que incluye al Seguro Social Campesino), Fuerzas Armadas, Policía Nacional

Paraguay 7

General (Instituto de Previsión Social: IPS) para asalariados privados, empleados de entidades públicas

descentralizadas, servidores domésticos y trabajadores independientes, poderes ejecutivo y judicial, poder

legislativo, maestros, Fuerzas Armadas y Policía, bancarios, municipios, ferrocarriles y gráficos, hay dos programas

de pensiones complementarias.

Venezuela Sistema muy

segmentado

General (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales: IVSS) para asalariados privados, obreros y funcionarios

públicos, trabajadores independientes y servidores domésticos, funcionarios del gobierno central, estados y

municipios (hasta 1991) y regímenes especiales para poder judicial, poder legislativo, Fuerzas Armadas, Policía,

Banco Central, Contraloría, Fiscalía, Ministerio de Educación, docentes universitarios, petróleo y electricidad, así

como unos 400 programas más, integrados en lay de 2002.

Fuente: Balsells (2002); Durán Valverde (2001); González (2002); Mesa-Lago (2000); (2003); Ministério da

Previdência Social (2003); Saldaín (2003); Legislación de 8 países

Elaboración propia

31

Brasil tiene el mayor número de esquemas voluntarios de pensiones complementarias en la región.

83

Los diferentes esquemas de seguridad social de los países de América

Latina mantienen una gama de regímenes relativamente de privilegio. La

multiplicidad de programas de seguridad social existentes en la región, a

excepción de Panamá32, evidencian que sus estructuras están constituidas por

una diversidad de programas especiales. Estos sistemas están dirigidos a

determinados grupos de influencia como los funcionarios públicos o los

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, maestros, fuerzas de seguridad y otros

grupos bien organizados e influyentes.

Implícitamente, en todos los países existen programas de carácter

voluntario que otorgan pensiones complementarias a determinados grupos con

niveles socioeconómicos relativamente altos. Las diferencias notables que

generan problemas de inequidad se establecen en las condiciones de acceso y

en las prestaciones otorgadas a diferencia del régimen público general. Los

programas separados tienen condiciones de acceso mucho más generosas. En

varios de ellos, se otorgan retiros por antigüedad, basados en años de servicios

sin tener en cuenta la edad. Mientras mayor sea la segmentación del sistema,

mayores serán las diferencias que, de manera injustificada, mantienen las

condiciones de acceso (Mesa-Lago, 2004b).

2.2.3 Los sistemas Privados de Protección Social

La situación económica de América Latina por efecto de la crisis y sus

sistemas de protección social, obligó a que ciertos países incorporasen al

sector privado en su sistema de protección. Entre los primeros países en

realizar cambios estructurales se encuentra Chile, que introdujo un modelo de

financiación capitalizada (Pensiones & Seguros y BBVA Research, 2011). La

presencia del sector privado en el sistema de seguridad social, en especial en

el campo de la pensiones por jubilación, está siendo de relevancia en la región

y, más aún, se ha convertido en el foco de discusión del debate ideológico

(Cazorla, 2010; Uthoff & Szalachman, 1992).

Aspectos de carácter económico, social y demográfico como son las

limitaciones del mercado laboral, las regulaciones del gasto social público, el

32

Panamá tiene un sistema general unificado y programas voluntarios de pensiones complementarias.

84

nuevo rol de la familia, que abandona el tradicional como agente informal de

protección social, y el envejecimiento de la población, han generado un cambio

en las estructuras de protección social. En este escenario surge el sector

privado como “solución” para mitigar debilidades financieras de los sistemas

públicos. La propuesta de modelo se sustenta en la financiación de las

pensiones de jubilación con una gran base capitalizada, similar al desarrollado

en el caso chileno (Cazorla, 2010).

Este nuevo esquema de financiación pretende sustituir a los

tradicionales de reparto que, a su vez, reemplazaron esquemas en donde los

regímenes previsionales se financiaban por medio de un modelo de

capitalización parcial conformado por los aportes de trabajadores, una parte de

cuyos recursos alimentaba un fondo de reserva. Estos esquemas iniciales no

pudieron superar el desequilibrio financiero generado por los altos costes que

demandaban, siendo obligados a recurrir a sus reservas y dando de esta

manera paso a los regímenes de reparto (SAFP, 2002). Es así que Uthoff &

Szalachman (1992), señalan que:

“Todo sistema de pensiones se funda en el reconocimiento de que el

mercado es incapaz de proveer señales e incentivos adecuados para que las

personas y familias ahorren durante su vida adiva un porcentaje suficiente

como para sustentarse durante su vejez, sin transformarse en una carga para

el resto”.

Los sistemas de seguridad social varían conforme a la realidad de cada

país y muestran, según Schulthess & Demarco (1993), serias deficiencias y

limitaciones. Los sistemas privados de protección se caracterizan porque sus

programas de pensiones actuariales, sean de contribución o beneficio definido,

son administrados por organizaciones especializadas y descentralizadas de

carácter privado, así como también por la acumulación de reservas financieras,

las cuales, para Baeza V. (1991), garantizan el pago de las pensiones. En este

sentido, el carácter especial de este tipo de sistemas son las pensiones de

vejez, invalidez y sobrevivencia, dejando al Estado la responsabilidad social.

85

Los sistemas de pensiones privados son financiados mediante un

mecanismo de capitalización colectivo o individual. Estos sistemas definen una

cotización fija y continua basada en el tipo de jubilación y riesgo en el que,

dependiendo del nivel de aportación, se estipula el monto del ahorro

acumulado. Córdoba Herrera (1995) destaca entre sus características la

libertad de elección que se tiene respecto a las condiciones de prestación y la

equidad del sistema, basada en que los beneficios recibidos son acordes con la

cantidad de los aportes, independientemente de la actividad específica o rama

económica en la que trabaje.

Posturas como la de Ajzenstadt & Rosenhek (2000) sostienen la

importancia de los sistemas privados, sin que se constituyan responsables del

debilitamiento del Estado de bienestar. Mediante la transferencia de los

servicios prestados al sector privado, se atiende a la demanda y presión

ejercida por la sociedad, además de permitir paralelamente el desarrollo de

mecanismos de control y regulación. De esta forma se alivia la responsabilidad

estatal en el campo social, debido a que las políticas de privatización no

implican la eliminación del Estado de bienestar, sino que corresponde a una

ayuda, muy necesaria, al modo de intervención del Estado.

2.3 Estructuras para el financiamiento de los sistemas de pensiones

Los sistemas con los que se financian las pensiones dependen de

criterios como su organización interna, la administración, las políticas de

acumulación de reservas y el nivel de la participación del Estado y del mercado

(Merchán, 2002b). Los sistemas pueden clasificarse en dos grupos: informales

y formales. Dentro de estos últimos, y teniendo en cuenta la naturaleza de las

pensiones, se derivan dos: beneficio definido (BD) y contribución definida (CD).

La combinación de ambas puede dar origen a los denominados sistemas mixto

y paralelo.

Los Sistemas Informales se caracterizan por establecer estructuras en

las que la manutención de los ancianos corre a cargo de los hijos y/o con la

participación de las comunidades locales, los clubes de ancianos, las redes de

parientes, los patronos y otras organizaciones no gubernamentales y religiosas.

86

Los Sistemas Formales se caracterizan por mantener la presencia activa

del Estado, la obligatoriedad de las afiliaciones, la existencia de reglas

definidas a través de normas estatales y la constitución de sistemas

especializados para la administración de los recursos. Merchán (2002b) los

subdivide en los siguientes subsistemas:

Reparto Puro, caracterizado por establecer un nivel de cotización que solo

financia los gastos de las pensiones en curso de pago, por no generar

reservas y porque su aplicación es limitada para prestaciones de corto plazo

como las de riesgos de trabajo.

Reparto de Capitales, un sistema que se caracteriza porque su

contribución anual se basa en la cantidad de recursos necesarios para

cubrir las pensiones de ese año. Los recursos que conforman las reservas

son consecuencia de que el gasto anual de pensión es menor que su valor

presente del flujo de la pensión. Las reservas garantizan el pago de la renta

pactada a los pensionados.

Prima media escalonada, que establece una prima por un período

predeterminado, para luego establecer un nivel de cotización superior para

el siguiente período. La cuantía de la reserva es mucho menor que la

establecida en el reparto de capitales.

Prima Media General, que determina una tasa de cotización constante

durante toda la vigencia del sistema. Los ingresos serán los capaces de

cubrir los gastos corrientes y sus excedentes permiten constituir un fondo

de reservas que tiene por objetivo afrontar pagos y gastos futuros. En las

primeras etapas de aportación, los ingresos y las reservas superan los

gastos pero, a medida que las obligaciones, en especial las destinadas al

pago de las pensiones, crecen por efecto del envejecimiento de la

población, van generando un equilibrio actuarial en el largo plazo (Gráfico

2).

87

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mile

s d

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Pri

ma

de

Co

tiza

ció

n %

Pagos

Tiempo en años

Gráfico 2 Sistema de pensiones mediante Prima Media General

Tomado de Merchán (2002b, p. 13)

La configuración de este sistema procura evitar que las últimas

generaciones tengan que aportar más que las primeras y/o que reciban

beneficios reducidos por efecto del incremento de la esperanza de vida. Los

efectos causados por los problemas intergeneracionales obligan a que el

sistema realice modificaciones, como por ejemplo que la edad de jubilación

se ajuste a los cambios en la esperanza de vida, procurando un período fijo

de disfrute de la pensión.

Frente a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la equidad

intergeneracional y los recursos financieros necesarios, el período para la

transición demográfica afecta aún más el ratio de dependencia entre

afiliados/pensionados, razón por la que es fundamental mantener un control

permanente del sistema (ya sea de reparto puro, prima escalonada, etc.) y

efectuar los ajustes pertinentes.

Contribución definida o Capitalización individual, en la que la legislación

determina la cuantía del aporte. No define el monto de las prestaciones o

beneficios basándose en un salario de referencia. El monto de la pensión es

incierto, depende de la cantidad efectiva acumulada que es conocida en el

momento del retiro. Es un sistema de ahorro cuya tarea es financiar y

Ingresos + Reservas

Prima

88

garantizar los recursos para el pago de una pensión mediante el aislamiento

del riesgo demográfico provocado por el envejecimiento de la población.

La suficiencia de recursos permite cumplir con el denominado “principio de

equivalencia” que se establece en el momento del retiro. El valor presente

(actuarial) del flujo de pensiones debe ser equivalente al ahorro acumulado.

El sector privado se encarga de la administración de los fondos de reservas.

Reduce la probabilidad de fomentar el gasto ineficiente gubernamental. No

permite la función de redistribución, propia de los sistemas públicos. Es

vulnerable a choques financieros de tipo doméstico o internacional.

Multipilar o mixto, un tipo de sistema promovido por el Banco Mundial

(1994) que se sustenta en un primer pilar público financiado con impuestos

y limitado a reducir la pobreza en la vejez. Pretende evitar la presión

generada por el excesivo gasto y las nocivas transferencias generacionales

o intergeneracionales. Redistribuye el ingreso hacia sectores más

necesitados, garantizando su solidez frente a períodos de recesión y de

baja rentabilidad de las inversiones.

Un segundo pilar de carácter obligatorio recomienda la existencia de

cuentas de ahorro individual administradas por el sector privado con

regulación del gobierno. Vincula beneficios y costos para cumplir con la

función de uniformidad del ingreso o ahorro. Impulsa la acumulación de

capital, desarrolla el mercado financiero y reduce la presión política a favor

de la expansión del pilar público.

Finalmente, un tercer pilar se apoya en planes de ahorro voluntario que

proveen una protección adicional para las personas de altos ingresos que

deseen más de lo ofrecido por los otros dos pilares.

Paralelo o dual, un sistema en el que los pilares de Contribución Definida y

Beneficio Definido no se complementan, por el contrario, cada uno busca

incrementar su número de afiliados. El beneficio definido es característico

del sistema público, mientras que en el sistema privado los beneficios se

sujetan al comportamiento establecido en el sistema de capitalización

89

individual. La predominancia del régimen depende de las condiciones

existentes en cada uno de ellos.

La coexistencia de los dos regímenes posibilita la competencia entre ellos,

estimula la eficiencia en la utilización de los recursos, mejora la atención a

afiliados y pensionados, y brinda mayores rentabilidades en las reservas.

Dependiendo de la preferencia de afiliación de los estratos con altos

ingresos al régimen de capitalización individual, el sistema público solo

podría afiliar a personas de bajos recursos, en detrimento de su equilibrio

financiero.

Los sistemas de financiamiento tratados por Merchán (2002) son

propensos a desequilibrios financieros causados por cambios demográficos y

medidas correctivas tardías. Muchos países de América Latina financiaron sus

déficits con recursos del presupuesto estatal. Esta situación provocó profundas

afectaciones sobre sus políticas redistributivas. Así también se suma la

intervención de grupos influyentes o grupos de poder, como los denomina

Mesa-Lago (1978), que, bajo su presión política, generaron condiciones

favorables en detrimento de los segmentos cuya participación política es nula o

escasa.

2.3.1 Sistema de pensiones con Beneficio Definido

Un sistema de Beneficio Definido (BD), compromete el pago de una

determinada pensión sobre la base de otras variables como el salario, número

de años de trabajo, etc., sin depender exclusivamente del resultado de las

inversiones (Hormazábal, 2010). La responsabilidad legal para dotar fondos

suficientes destinados al pago de la pensión de los afiliados recae en el

empleador sea de carácter privado o el Estado (Valdés P., 2002).

Un sistema de BD en el que el patrocinador es financieramente frágil o

un Estado fiscalmente débil, puede transmitir más riesgo de inversión a los

afiliados. En este sentido, el riesgo financiero agregado33, que no se diversifica

y que afecta al sistema, tiene al menos dos orígenes externos: los riesgos de

33

El riesgo financiero agregado es la variabilidad en la diferencia entre el valor de los activos y pasivos

del plan, sean estos implícitos o explícitos, antes de que opere el modo de distribución del riesgo.

90

carácter económico34 y los riesgos demográficos35, como los cambios en la

longevidad de los pensionados y en la fertilidad respecto a las proyecciones

actuariales. En otras palabras, el plan no sufre riesgo cuando existe equilibrio

entre sus activos y pasivos.

El sistema llega a una situación financiera ideal cuando la estructura del

sistema adopta un modo de distribución del riesgo tal, que genere una

estabilidad financiera automática. Ante la presencia de una inestabilidad, al

tratarse de un sistema obligatorio, el Estado asume la responsabilidad

financiera que garantice el pago de las obligaciones (Valdés P., 2002). Los

modelos de Beneficio Definido, dado que estipulan una edad legal de jubilación

para acceder al beneficio máximo y que se haya cumplido con los aportes

correspondientes, provoca un notable desincentivo a seguir aportando al

sistema (CEPAL, 2006).

2.3.2 Fuentes de Financiamiento

La financiación de los sistemas contributivos de pensiones suele

establecerse mediante las cotizaciones aplicadas sobre el salario de los

asegurados, las cuales pueden estar a cargo del afiliado, el empleador, el

Estado o alguna combinación entre estos. Según Merchán (2002b), el Estado

puede participar como aportador tripartito, como empleador y como garante de

última instancia cubriendo los eventuales déficit que se presenten. Los

rendimientos de las reservas se consideran como otro mecanismo importante

de financiación, en especial para aquellos sistemas de capitalización plena.

Córdoba Herrera (1995), al respecto, determina los principales

instrumentos con los que cuenta la seguridad social para el financiamiento de

las pensiones. Son, en primer lugar, las cotizaciones, sean individuales o

patronales. Las cotizaciones individuales, según la Organización Internacional

del Trabajo (O.I.T.) (1970), son descuentos generalmente de carácter

34

En este tipo riesgos se encuentran: el riesgo de una caída en los precios de las inversiones del plan, el

riesgo de reinvertir a tasas de interés inferiores a las esperadas, el riesgo de crédito. En aquellos sistemas en los que los planes son financiados en parte por reparto interesa el riesgo de una caída en las cotizaciones individuales (reducción o limitación del número de aportantes, adelantamiento de la edad de jubilación, disminución en el crecimiento de los salarios, etc,). 35

Si cae la fertilidad se puede reducir el valor presente de los flujos de ingresos de un plan de reparto. Si

aumenta la longevidad se elevan los pasivos del plan

91

obligatorio con un destino específico. Las cotizaciones sobre los salarios se

consideran convenientes siempre y cuando no sean muy representativas sobre

estos. Merchán (2002b) considera que se puede desestimular la generación de

empleo y el deseo de aportación o afiliación de los propios asegurados, lo que

sería un riesgo para la seguridad social. Las cotizaciones patronales, de

conformidad con los sistemas internacionales de contabilidad nacional, suelen

ser consideradas como parte de la remuneración del trabajo (Córdoba Herrera,

1995).

En segundo lugar, los aportes del Estado son otro componente

importante que financia el sistema de pensiones públicas. Se pueden encontrar

sistemas que dependen total o parcialmente del presupuesto del Estado, a

través de impuestos directos o indirectos. El Estado financia el pago total o

parcial de pensiones, dependiendo el tipo de cobertura y las prioridades de

inversión de los recursos públicos36 (Merchán, 2002b).

En tercer lugar, las tasas e impuestos especiales, cuya recaudación

tiene como destino específico el financiamiento total o parcial de los fondos de

pensiones y jubilaciones, o generando una financiación entre sistemas, en

donde los recursos provenientes de grupos con mayores niveles de ingresos

financian sistemas deficitarios. La clasificación de las Fuentes de financiación

consideradas por el Centro Internacional de Formación O.I.T. (2011) se detalla

en la Tabla 4.

36

Los ingresos derivados como consecuencia de los rendimientos de las inversiones, serán dirigidos a fortalecer sus reservas.

92

Tabla 4 Fuentes de Financiamiento de los Sistemas Protección Social

Cotizacio

nes S

ocia

les

En relación de quien asume el pago

Cotizaciones a cargo de los empleadores

Cotizaciones a cargo de las personas protegidas

En relación a la cuantía de la misma

Fija Una misma suma del conjunto de las personas aseguradas

Proporcional Una proporción del total del salario

Proporcional con límites Una proporción del salario pero existe un tope máximo de aseguramiento

Aport

es p

úblic

os

Por su destino

Aportes financiados totalmente

Aportes que contribuyen a la financiación conjunta de las prestaciones

Por su Origen

Provenientes de los recursos fiscales generales

Provenientes de recursos fiscales afectados

Provienen de impuestos específicos

Otros Recursos Son aquellos activos financieros de la Seguridad Social prestados a terceros o invertidos en activos

Fuente: Centro Internacional de Formación O.I.T. (2011)

En esta clasificación el Estado participa como una fuente de

financiamiento fundamental que soporta la estructura del sistema de pensiones,

ya sea asumiendo el gasto total de los costes del sistema, participando de su

financiación o como ente de control.

2.3.3 Desfinanciamiento de los sistemas de pensiones

El financiamiento de las pensiones únicamente con cotizaciones sociales

no es suficiente para sostener el sistema. Esta situación ha generado dos

posturas contrapuestas respecto al rol del Estado en el financiamiento del

sistema de pensiones —más de carácter político que económico—. Por un

lado, se encuentran países cuyos Estados tienen una participación cada vez

mayor en el soporte financiero (Bertranou, 2004; Pino, 2004). Por otro, países

como Israel que buscan reducir la participación y responsabilidad del Estado a

través de una reducción de personal y la marginación del Estado de bienestar a

grupos específicos de la población37 (Doron, 2001).

Los permanentes retos de financiamiento de los sistemas de pensiones

debido a los insuficientes recursos provenientes de las cotizaciones sociales,

obligan a la participación del Estado con el objetivo de financiar sus costes de

forma cada vez más significativa (Mesa-Lago, 2006; Pino, 2004). Según

Holzmann (2012), el financiamiento de las pensiones es un tema de

37

Holzmann (2012) se refiere a las reformas de los regímenes hacia los grupos de bajos ingresos.

93

fundamental interés no solo desde la perspectiva económica, sino también

desde el enfoque social a causa del impacto que tiene sobre la sociedad,

aspecto que, según Moral-Arce, Patxot, & Souto (2008), recae en el ambiente

político debido a su papel protagónico en la sociedad. Desde la perspectiva

económica, González Calvet (1998) señala que cualquier sistema de pensiones

no garantiza el poder adquisitivo ya que su comportamiento dependerá del

crecimiento de la economía.

La sostenibilidad de las pensiones, según la OECD (2011), puede ser

tratado desde tres aspectos: el incremento de la vida laboral, la concentración

de los esfuerzos de los fondos de pensiones públicos en los más vulnerables y

la motivación del ahorro individual para su jubilación. Sin embargo, muchos

países han optado por reducir las generosas condiciones de sus sistemas de

pensiones, a fin dotar de sostenibilidad financiera (Hinz et al., 2013; Vrooman,

J.C. 2009). Para Cipolletta & Archaga (1997), la existencia de multiplicidad de

regímenes es otra de las causas que afectan a la sostenibilidad, pues atañen a

los principios de equidad y solidaridad.

La mayor parte de la sostenibilidad del sistema de pensiones depende

de la adecuación presente y futura de sus ingresos con respecto a sus gastos.

Esto supone una disminución de población activa frente a una creciente

población pensionista (Anido Crespo, Álvarez-Santullano, & López-Corrales,

2014; Belmonte, Corrales, & Ruiz, 2009; Frades, 2011; Knell, Köhler-Töglhofer,

& Prammer, 2006; Mesa-Lago, 2011; OECD, 2011; World Bank, 2001). Al

respecto, Belmonte et al. (2009) señala que la debilidad de los sistemas de

pensiones se debe a su vulnerabilidad frente a los cambios demográficos

ocasionados por la disminución del ratio de dependencia.

2.4 La Sostenibilidad de los sistemas de pensiones en la Protección

Social

El debate y las reformas de los sistemas públicos de pensiones

derivadas de la necesidad establecer un equilibrio financiero a largo plazo,

plantean repercusiones estructurales tanto de tipo político como económico.

Desde el punto de vista político, se plantea el problema de la contribución

pública al mantenimiento de la cohesión social. Y desde el punto de vista

94

económico, existen problemas de suficiencia en los modelos tradicionales de

tipo contributivo y también de sostenibilidad de los sistemas de reparto

(Rodríguez Cabrero, 2004).

Por lo general, los sistemas de pensiones son analizados a partir de tres

aspectos básicos: 1) por su cobertura, relacionada con la proporción de adultos

protegidos en relación con la Población Económicamente Activa (PEA); 2) por

su suficiencia, es decir, el nivel de beneficios proporcionados con respecto a la

población demandante; y 3) por su sostenibilidad, representada con la

capacidad del Estado y de la sociedad para mantener el sistema (Rofman,

2006).

La sostenibilidad de los sistemas de protección social —parte importante

del Estado de bienestar— es el gran reto al que se enfrentan tanto países

industrializados como países en desarrollo y cuya superación permitirá

mantener la cohesión social en el futuro (Barroso & Castro, 2011). Según

Cadena Castillo (2006), la sostenibilidad no es un objetivo ya que esta depende

de la decisión política.

El término de sostenibilidad ha sido tratado desde muchas ópticas. Para

Knell, Köhler-Töglhofer, & Prammer (2006) la sostenibilidad se refiere a la

política fiscal del sector público frente al sistema público de pensiones. Una de

las definiciones más aceptadas en el ámbito de las pensiones se refiere a

aquella situación en la que no se considera elevar la tasa de cotización en el

futuro (Boado-Penas, Settergren, & Valencia, 2011). Para el Comité de

Expertos sobre el factor de sostenibilidad (2013), es la aspiración de quien

otorga el mandato para que el sistema de pensiones sea autosostenible.

La sostenibilidad financiera, según Cadena Castillo (2006), es el proceso

de creación de reservas suficientemente robustas que permitan asumir el coste

que demande el pago de las pensiones actuales y futuras, siendo la generación

de reservas su principal problema financiero. En este sentido, contar con un

sistema equilibrado financieramente permite que la sociedad se beneficie de

una estructura de prestaciones sociales eficiente. Esta situación constituye un

reto para los países que en general resulta complicado de establecer.

95

Es así que muchos estudios coinciden en determinar ciertos aspectos

que provocan las debilidades en los sistemas de pensiones, como las

condiciones laborales, la economía sumergida, el fraude fiscal y laboral o la

productividad, entre otros. Navarro et al. (2011) señala que las variaciones

provocadas por cualquiera de estos aspectos influye directamente sobre la

sostenibilidad del sistema.

Mesa-Lago (2010) define los siguientes Indicadores de sostenibilidad

financiera para los sistemas de pensiones en América Latina: a) afiliados que

cotizan, b) valor del fondo acumulado en dólares por asegurado y como

porcentaje del PIB, c) composición de la cartera por instrumento, d) rentabilidad

real (ajustada a la inflación) anual promedio, y e) balance del sistema como

porcentaje del PIB (véase la Tabla 5).

Tabla 5 Indicadores de Sostenibilidad Financiera en América Latina

Indicador Descripción

Afiliados que cotizan Permite determinar la cantidad de ingresos con la que cuenta el sistema.

Valor del fondo acumulado en dólares por asegurado y como porcentaje del PIB

Se refiere a la evolución de las Reservas del sistema de pensiones Para los sistemas de capitalización parcial colectiva. Sus reservas son invertidas con el objetivo de generar rentabilidad.

Composición de la cartera por instrumento

Los países están sometidos a dos tipos de riesgos. 1) Político: depende del comportamiento estatal la que mediante la

diversificación busca disminuir riesgos. 2) Financiero: incurren los sistemas con una proporción excesiva de

inversión en acciones y emisiones extranjeras.

Rentabilidad real (ajustada a la inflación) anual promedio

Mide la rentabilidad de las inversiones realizadas

Balance del sistema como porcentaje del PIB

Es el indicador más difícil de evaluar, por su complejidad, escasez de cifras confiables recientes e imposibilidad de comparación técnicamente adecuada entre los sistemas privados y los públicos

Elaboración propia a partir de Mesa-Lago (2010)

Los indicadores de sostenibilidad para los regímenes generales de

pensiones determinados por Mesa-Lago (2008), son susceptibles de aplicación

en aquellos regímenes especiales de carácter contributivo. Pese a que estos

sistemas adolecen de problemas de sostenibilidad, deficiencia que es asumida

por el Estado, los indicadores pueden servir para evidenciar el nivel de presión

económica ejercida sobre el presupuesto estatal.

2.4.1 El efecto del cambio demográfico en la sostenibilidad

El cambio demográfico es un factor que plantea grandes problemas para

los sistemas de pensiones debido a los efectos del envejecimiento vinculados

con la sostenibilidad (Peinado Martínez, 2011). El problema del cambio

96

demográfico es el resultado de la disminución de las tasas de fecundidad, junto

con el aumento de la longevidad. La capacidad de los sistemas de reparto para

atender las pensiones al envejecimiento se debilita por dos factores: la

disminución en el número de trabajadores y el considerable aumento de la

esperanza de vida (Gil, López-García, Onrubia, Patxot, & Souto, 2007).

Una población que envejece rápidamente38 aumenta la importancia de la

seguridad del ingreso en la vejez, situación que afecta significativamente a la

financiación de las pensiones públicas (Hinz et al., 2013; World Bank, 2001).

En este sentido, el envejecimiento poblacional no sería el único y determinante

factor por medio del cual se valora la sostenibilidad del sistema de pensiones

(Navarro et al., 2011).

Así, Wöss & Türk (2011) consideran que el desarrollo del mercado

laboral constituye un factor determinante del efecto del envejecimiento de la

población en la sostenibilidad, además del impacto derivado de los efectos de

la estratificación social (Anido Crespo et al., 2014; Boado-Penas et al., 2011;

Vrooman, J.C. 2009).

2.4.2 Reformas a los sistemas de pensiones

El papel del Estado en la administración de la seguridad social39 ha

generado un cierto grado descontento en algunos países, situación que ha

impulsado una serie de reformas que buscan definir el nivel de participación del

Estado y las responsabilidades de los actores sociales como el sector privado y

afiliados (O.I.T., 2001). Sea cual sea el nivel de participación del Estado, el

financiamiento de las pensiones se ha establecido bajo esquemas

estrictamente contributivos basados en cotizaciones que se sustentan en la

responsabilidad individual40, cuya principal motivación, según la CEPAL (2006)

y Oorschot (1997), se enmarca en el interés personal sobre los beneficios

sociales. 38

La población militar se caracteriza por cumplir, prematuramente, con los requisitos para acogerse a la jubilación. En el caso de las Fuerzas Armadas del Ecuador, la edad promedio oscila de entre los 42 a los 43 años de edad. 39

Lindert, Skoufias, & Shapiro (2006) señalan que los subsidios públicos a las pensiones financiados mediante impuestos generales absorben alrededor del 5% del PIB en algunos países de América Latina 40

En el mundo, la tasa de cotización promedio oscila entre el 18 y el 20% del ingreso de un trabajador (Riaño Barón, 2004).

97

Las reformas buscan establecer mecanismos que permitan que las

personas mayores mantengan un ingreso conveniente (Hinz et al., 2013).

Desde muchas perspectivas de solución puestas en debate, Belmonte et al.

(2009) consideran necesaria la ampliación de la base reguladora y el aumento

de la edad legal de jubilación. Las Naciones Unidas (2008) plantean medidas

que garanticen la asequibilidad y sostenibilidad de los sistemas, tanto del lado

de los ingresos como de los gastos. Según Knell et al. (2006), el incremento de

la presión fiscal sobre la sociedad o la reducción del nivel de las pensiones

serían una solución viable. Ochando Claramunt (2010)41 define medidas

complementarias a aquellas orientadas a la reducción de la evasión, la

morosidad y el fraude, y el aumento de la calidad del trabajo informal, pero,

ante la insuficiencia de recursos para financiar las pensiones, es necesaria la

participación del Estado.

La insostenibilidad financiera ha originado que se planteen una serie de

reformas, como la modificación de la tasa de cotización, el incremento de la

edad de jubilación, la reducción de prestaciones sociales, etc. (Oficina

Internacional del Trabajo, 2013). La O.I.T. (2001) propone que para reforzar la

sostenibilidad se puede optar por diversos mecanismos, entre los que se

encuentran el establecimiento de un fondo común o la afiliación a sistemas de

seguro social obligatorio.

2.4.3 La sostenibilidad en los Regímenes Especiales – Régimen Militar

El problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones es un aspecto

que no solo afecta a la población en general, sino que compromete

radicalmente a otros regímenes de carácter especial. En regímenes especiales

de reparto caracterizados por sus elevados niveles de reemplazo como es el

caso de las pensiones militares, sus niveles de sostenibilidad pueden verse

afectados significativamente (Smith & West, 2012). El mantener y operar estos

regímenes especiales resulta en la actualidad muy costoso y la proyección de

sus niveles de gasto tiende a incrementarse en el futuro (Antolin, Payet, &

Yermo, 2012).

41

Medidas consideradas dentro de las reformas del régimen de pensiones de Venezuela.

98

Los regímenes militares se caracterizan, entre otros rasgos, por la

limitación en el incremento de la base de cotizantes42, el aumento de la

esperanza de vida, las flexibles condiciones para acogerse a los beneficios de

jubilación y las relativamente generosas pensiones. Estos aspectos provocan

un aumento de los niveles de desfinanciamiento de las pensiones militares

(Freeman, 2011; Leier, 2012). Mesa-Lago (2008) determina que la

sostenibilidad financiera de estos sistemas se ve afectada por el alto costo que

significa su mantenimiento, generando a su vez severos déficits actuariales.

El aumento de los costos de compensación, según el U.S. Government

Accountability Office (2005), obliga a que se aborden reformas tales como la

adecuación y razonabilidad de la composición de la indemnización y la

asequibilidad a largo plazo, a fin de mejorar la sostenibilidad del sistema de

pensiones militares de manera inédita (Leier, 2012). El impacto de las medidas

se puede determinar examinando el crecimiento del gasto previsto (Pensiones

& Seguros y BBVA Research, 2011), cuya financiación debe ser responsable y

sostenible (Alda & Gómez, 2002).

El aumento de los costos impulsa a buscar mecanismos que

proporcionen sostenibilidad al sistema de pensiones militares a largo plazo

(U.S. Government Accountability Office, 2005). El tema de sostenibilidad de las

pensiones militares se sustenta en la gestión de financiamiento de sus

reservas. El fondo de reservas, según el World Bank (2001), tiene un efecto

directo en la sostenibilidad financiera y en los niveles potenciales de beneficios.

Así también, tiende a generar efectos indirectos en la economía en general

cuando dichos fondos son de gran tamaño, aspecto que, por otra parte, no

garantiza la viabilidad futura de un sistema de pensiones (Anido Crespo et al.,

2014).

42

La Fuerzas Armadas dependen de una estructura piramidal en la que, tanto los grados militares y el tiempo de permanencia en cada uno, son predeterminados.

99

Capítulo III La Protección Social en el Ecuador

Introducción

El estudio de la protección social en el Ecuador requiere incorporar temas que

involucren el contexto socio-económico, con especial énfasis en el

fortalecimiento de la acción social derivada de un cambio de orientación política

a partir del año 2006. El abordaje de los mecanismos puestos en marcha para

combatir la pobreza y los resultados alcanzados en términos de desarrollo

social y reducción de los niveles de desigualdad, permite situar al país en las

condiciones actuales de desarrollo. Las variables demográficas básicas son

requeridas para cumplir con este objetivo.

El marco constitucional y la gestión política son elementos

fundamentales en el momento de analizar el sistema ecuatoriano, ya que

brindan el soporte legal al sistema de protección social. En este sentido, es

importante observar la evolución de sus niveles de cobertura frente a su

estructura demográfica, considerando que antes del 2006 el Ecuador no tenía

gran desempeño dentro de la región. A partir del giro en su política social, el

país alcanza niveles superiores a la media regional, junto a otros países que

históricamente han sido referentes en el desarrollo social.

Es importante analizar el incremento que han tenido los niveles de gasto

e inversión social realizados por el Ecuador en los últimos años, aspecto que

denota la preocupación gubernamental para que la sociedad, no solo tenga

acceso a adecuados servicios asistenciales, sino que también pueda afrontar

en mejores condiciones los riesgos sociales como la pobreza y extrema

pobreza, y de esta manera crear las condiciones necesarias que permitan

mejorar sus perspectivas de desarrollo.

100

3.1 Contexto Socio-económico

El cambio de modelo de desarrollo propuesto por el Ecuador a raíz de la

crisis económica del año 1999 —caracterizado por la reducción del Estado y el

fortalecimiento del mercado—, aunque fue desarrollado de forma paulatina,

provocó profundos conflictos sociales y una marcada inestabilidad política

(Burneo, Diego y Oleas, 1996). Los factores que desencadenaron la crisis se

remontan a mediados de la década de los 90, cuando el país se vería abocado

al establecimiento de medidas económicas como el desmantelamiento de su

protección arancelaria con la liberalización del tipo de cambio y las tasas de

interés, la apertura de sus mercados mediante la eliminación de subsidios y

modificaciones en los precios relativos de sus productos, y la desregularización

parcial del sistema financiero y del mercado laboral.

Estas medidas, según Larrea Maldonado (2004), lejos de mejorar la

situación económica, ocasionaron la contracción del desarrollo del país,

considerando que el sistema productivo dependía de una limitada oferta de

productos primarios como el café, el banano, el cacao, el camarón, las flores y

el petróleo, que en su conjunto generaban el 90% de las exportaciones. A la

débil situación económica se sumaba la creciente deuda pública de USD.

13.240 millones y una deuda privada de USD. 3.160 millones, que

representaban en conjunto cerca del 10% del PIB en el período 1995-2002.

Estas condiciones dificultaban la inversión productiva, el desarrollo económico

y el debilitamiento del Estado de bienestar.

La paralización económica y comercial del país se unió a los problemas

estructurales de inequidad social y exclusión, siendo así que los niveles de

pobreza en el año 1995 alcanzaron el 55.90%, con una incidencia del 76% en

el área rural. Niveles que sobrepasaron la media latinoamericana, y, junto al

coeficiente de Gini de 0.57, la baja productividad, el analfabetismo, etc.,

crearon las condiciones ideales para que el país entrase en crisis en el año

1999, con el resultante del shock del sistema monetario que obligaría al país a

dolarizar su economía (Larrea Maldonado, 2004).

A partir del año 2006, el Ecuador asume una nueva orientación en su

modelo de desarrollo económico y social, un nuevo modelo dirigido hacia el

101

bienestar social, fundamentado en mecanismos redistributivos y de inversión

en sectores de desarrollo como el energético y el educativo. Según Correa

Delgado (2012), los resultados de este cambio en la política de desarrollo

podrán ser visualizados en la década siguiente con el mejoramiento en la

calidad de vida.

3.1.1 Pobreza en el Ecuador

La situación social y económica del Ecuador en las dos últimas décadas

tiene dos momentos importantes. El primero, de 1995 al 2000, etapa en la que

la pobreza y extrema pobreza alcanzan sus niveles más altos —en este

período se originó la crisis económica que desembocó en el cambio de

estructura monetaria a la dolarización, sistema que estabilizó la economía y

redujo el nivel de crecimiento de los niveles de pobreza y extrema pobreza—.

El segundo a partir del año 2006, en el que se da un giro al modelo de

desarrollo y se logran reducir los niveles de pobreza del país de manera

significativa (véase el Gráfico 3).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013), el

Ecuador ha impulsado importantes avances para reducir los niveles de pobreza

y extrema pobreza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y

Censos (INEC) (2012), la línea de pobreza43 mensual se ubicaba en USD 72,9,

es decir, USD 2,4 diarios.

43

La pobreza por ingresos se determina mediante la identificación de aquel segmento poblacional cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza. La Línea de Pobreza o Indigencia es el valor monetario de una canasta básica de bienes alimenticios que refleja el costo necesario para satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. Aquellos hogares cuyo consumo no alcanza para cubrir ni siquiera los requerimientos nutricionales mínimos son considerados indigentes. La valoración de una canasta de 2,236 kilocalorías por persona y por día, representa la Línea de Extrema Pobreza o Indigencia.

102

Gráfico 3 Evolución de la pobreza y extrema pobreza en el Ecuador

(1995-2011)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2014); León & Vos (2000); Naranjo Bonilla (2013) Elaboración propia

El primer período se caracteriza por el aumento de los niveles de

pobreza y por factores como la reducción de los salarios, el aumento del

desempleo, la eliminación temporal de los créditos formales y el incremento

significativo de la migración. En el campo económico, la migración permitió que

el nuevo esquema monetario se mantuviese gracias a los recursos enviados al

país desde el exterior (Larrea Maldonado, 2004).

En el segundo período, los efectos económicos impulsados por la

migración y los crecientes precios del petróleo motivaron que sectores como el

de la construcción y de la exploración petrolera promuevan una reducción de

las tasas de desempleo, el mejoramiento del consumo y la calidad de vida de la

población. Así también, la salida de mano de obra no cualificada, obreros

especializados, técnicos y profesionales, llevó a que, por efecto de la demanda

en ciertos sectores, los salarios se eleven y, con ello, se mejore el nivel

económico de la sociedad, disminuyendo los índices de pobreza y extrema

pobreza.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2012a),

mediante el estudio de los ingresos de los hogares se confirma que el país está

logrando reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza. En el Gráfico 4 se

aprecia la evolución de la Población Económicamente Activa (PEA) y de la

103

17,20%

19,70%

17,60% 18,10%

16,10%

17,40%

17,40% 15,60%

13,70%

10,50% 10,40%

12,20%

23,40%

27,60%

26,40%

28,10%

25,20% 24,60%

25,90%

24,60%

22,20%

19,40%

18,10%

21,30%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

22,00%

24,00%

26,00%

28,00%

30,00%

PEA pobre

PEI pobre

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

PEA pobre

PEI pobre

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Título del eje

PEA pobre

PEI pobre

Población Económicamente Inactiva (PEI), que a partir del segundo período

denotan una disminución de los índices de pobreza

Gráfico 4 PEA y PEI urbana en condiciones de pobreza (2007-2012)

Elaboración propia a partir del Banco Central del Ecuador (2012; 2013)

Según los datos del Banco Central del Ecuador (2012; 2013), a

mediados del 2012, la PEA tuvo una disminución de 5 puntos porcentuales con

un ingreso mensual promedio de USD 76,73. En el caso de la PEI, al ser un

grupo social que no trabaja ni está disponible para hacerlo, también redujo su

tasa de pobreza en 2 puntos porcentuales, esto por efecto de la acción directa

del Estado con subsidios como el “Bono de Desarrollo Humano”, entre otras

políticas.

3.1.2 Estructura demográfica

La estructura demográfica obtenida en base a los datos del Censo

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2010), mostró que la

mayoría de la población ecuatoriana se encuentra en edad de trabajar, cuya

edad promedio oscila en alrededor de los 29 años. En lo que respecta a la tasa

de dependencia (ratio de dependencia), definida como la población menor de

15 años de edad y mayor a 64 años de edad expresadas en relación a cada

1.000 personas entre 15 y 64 años de edad, decreció del 76% al 66% en el

período de 1990 al 2001. En el año 2010 este porcentaje cae al 61% (Gráfico

5).

104

Gráfico 5 Población en edad de trabajar y Relación de dependencia

Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2010)

La población en condiciones de trabajar, cuya edad fluctúa entre los 15 y

64 años, se ubica en el 62,2%. Con estos resultados, según el INEC (2010), el

Ecuador ha ingresado en lo que se conoce como “bono demográfico”44. Estos

datos determinan que la mayoría de la población se encuentra en edad de

trabajar y por lo tanto en el mayor potencial productivo de la economía.

En este contexto, el Ecuador debe prever acciones que le permitan

enfrentar los riesgos futuros, considerando que la tendencia del

comportamiento de la tasa de dependencia disminuye por efecto de la

modificación de la estructura poblacional. Ante este comportamiento

demográfico, es preciso establecer la importancia de la evolución de las tasas

de natalidad y mortalidad considerando que, según la proyección de los datos,

no es pertinente mantener una tasa de natalidad decreciente e inclusive

cercana a nivel de reemplazo.

44

Denominando así al fenómeno que ocurre dentro del proceso de transición demográfica en el que se cuenta con una mayor proporción de población en edad de trabajar, ahorrar, invertir y producir, y un menor número de personas dependientes que requieren inversiones en salud y educación. .

5.490.782,00

7.302.964,00

9.014.169,00

75,7%

66,5% 60,7%

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1990 2001 2010

Población entre 15 y 65 años Relación de dependencia

105

3.2 Marco constitucional y de gestión de la política social

La grave situación económica, social y política que afrontó el Ecuador

durante la crisis del año 1999 y las consecuencias acaecidas en los años

posteriores, obligaron a que el país tomase un nuevo rumbo en su estrategia

de desarrollo. La elaboración de una nueva estructura constitucional en el año

2008 enmarca a la sociedad ecuatoriana en “(…Una nueva forma de

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para

alcanzar el buen vivir, el “Sumak Kawsay”. Una sociedad que respeta, en todas

sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades…)”.

En la sección octava, artículo 34 referente al Trabajo y seguridad social

de la Carta Magna, se determina que “EI derecho a la seguridad social es un

derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad

primordial del Estado”. Es así que la seguridad social se rige sobre los

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia,

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, cuyo objetivo es la

atención de las necesidades individuales y colectivas.

En este sentido, el Estado se constituye como el garante del efectivo

derecho a la seguridad social, en el que se incluye al segmento poblacional que

realiza trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento

en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en

situación de desempleo (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). El nuevo

marco legal constitucional, adicionalmente, se complementa con las

consideraciones y características que se detallan en la Tabla 6.

106

Tabla 6 Marco constitucional y características del Sistema de Protección

Social

Marco Constitucional Características

Fundamento constitucional del sistema de seguridad social

Atención a la sociedad a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales

La seguridad social como un derecho público y universal, que no podrá privatizarse.

Los seguros privados no son parte del sistema de seguridad social

Los seguros complementarios no cubren prestaciones adicionales del seguro general obligatorio.

Principios que rigen el sistema nacional de inclusión y equidad social

Obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad.

El seguro universal obligatorio

Población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Art 369

Personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado (financiadas con aportes y contribuciones del Estado).

Financiamiento de las prestaciones de la seguridad social

Aporte personal, patronal

Aportes voluntarios

Aportes voluntarios de ecuatorianos domiciliados en el exterior

Aportes y contribuciones del Estado

Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio

Recursos propios y distintos de los del fisco, administrados por el Banco del IESS (BIESS)

Estructura del Sistema de Seguridad Social

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como entidad autónoma responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio

Regímenes Especiales

Seguro Social Campesino

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA)

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)

El Seguro Social campesino

Régimen especial del seguro universal obligatorio, parte del IESS

Protege a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal.

Financiamiento

Aportes solidarios de las personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad social

Aportaciones diferenciadas de las jefas o jefes de las familias protegidas

Asignaciones fiscales

Contribución de los seguros públicos y privados.

Fuente: Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2008) Elaboración propia

El nuevo marco constitucional adoptado por el Ecuador en el año 2008

pretende mejorar y fortalecer el sistema público de protección social. Uno de

los mayores retos que el Estado se ha propuesto superar se encamina a la

universalización de la cobertura de la protección social, pero este objetivo solo

será posible si se combate directamente sobre la base estructural de la

pobreza y sus brechas existentes. Los programas de desarrollo social

requieren grandes recursos si se esperan resultados efectivos. De ahí que su

financiamiento se considera uno de sus principales obstáculos.

107

No obstante, otros problemas como una inadecuada coordinación,

planificación y estructura en el desarrollo de programas sociales, sumados a la

gran cantidad de órganos de gestión existentes, han dificultado la atención de

los grupos más vulnerables (Durán Valverde, 2008). El nuevo modelo de

desarrollo social por medio del que el Estado toma el control de la planificación

y coordinación del sistema social, está permitiendo que estas deficiencias se

estén superando (Minteguiaga, 2012), considerando además la voluntad

política materializada en la importante cantidad de recursos destinados a la

provisión de servicios sociales.

3.2.1 Cobertura de la Seguridad Social

El modelo de desarrollo social implementado en el país a partir del año

2008, considera la protección social como un derecho y bien superior de

carácter universal que debe ser garantizado por el Estado. Pese al gran

esfuerzo y a los grandes avances en este campo, la reducción la pobreza y

desigualdad existentes no han sido suficientes ya que los problemas todavía se

mantienen. La baja cobertura de la seguridad social al año 2012 apenas

alcanzaba el 41% de la PEA, el cual estaba bajo el régimen ya sea del IESS,

del ISSFA o del ISSPOL (Carranza Barona & Cisneros, 2014).

En este sentido, las políticas sociales están direccionadas a ampliar la

cobertura de la seguridad social contributiva para aquellos sectores que se han

encontrado marginados, como es el caso del trabajo doméstico, autónomos,

profesionales en libre ejercicio, familiares de los afiliados, adultos mayores que

no han accedido a un aseguramiento previsional, entre otros. Es así que, para

lograr una efectiva universalización de la política social, es necesaria la

implementación de medidas y estructuras que permitan atender a aquellos

sectores que requieren mecanismos especiales de contribución.

Las deficiencias del sistema fortalecen la percepción de los trabajadores

y sus empleados de que sus contribuciones son una pérdida de recursos, junto

a la incapacidad económica de determinados sectores de la población en

situación de subempleo o desempleo. El debilitamiento estructural del sistema

y la ineficiencia de la prestación de servicios sociales, provocada por la falta de

financiamiento, son la preocupación central del Estado en materia social. El

108

estudio actuarial del sistema general de seguridad social señala que el déficit

actuarial del fondo de pensiones se ha incrementado de USD 3.701 millones en

el 2003 a 5.142 millones en el 2013 (Carranza Barona & Cisneros, 2014).

En este contexto, es necesaria la incorporación de nuevos afiliados que,

con sus contribuciones, permitan financiar el sistema. La estrategia social que

se ha venido implementando tiene dos líneas. Por un lado el financiamiento,

cuyos objetivos son la inserción de nuevos afiliados eliminando barreras de

afiliación voluntaria y la aportación al sistema contributivo de aquellos

trabajadores sin relación de dependencia. Por otro, el mejoramiento de los

servicios sociales, a través de la integración de la red de salud pública entre las

prestaciones de salud del régimen contributivo y las del sistema nacional de

salud del Estado.

La política social del Estado pretende la creación de un sistema nacional

de inclusión y equidad social, mediante la vinculación de la seguridad social

con un sistema integral de salud. De esta manera, hay que establecer que el

campo de acción de la seguridad social no sea exclusivamente el acceso a la

salud, sino que permita atender una serie de contingencias que son

consideradas como derechos de los ciudadanos. Se convierte en un importante

objetivo que el Estado asuma su responsabilidad de garante de la protección

social universal, sustentado en un marco regulatorio estructurado para este

efecto.

3.2.2 Estructura de la Seguridad Social

El Sistema de Seguridad Social de ecuatoriano, al ser un sistema público

y universal, basado en principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad,

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia, se implementa mediante la

organización y funcionamiento del seguro general obligatorio a cargo del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), complementado por tres

regímenes especiales (Congreso Nacional de la República del Ecuador &

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 2001), tal y como se muestra

en la Tabla 7.

109

Tabla 7 Estructura del Sistema de Seguridad Social del Ecuador

INSTITUCIÓN RÉGIMEN POBLACIÓN OBJETIVO

FUNCIÓN PRINCIPAL

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Obligatorio La población ecuatoriana de manera general

Protección de la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella.

Seguro Social Campesino

Especial Población rural y personas dedicadas a la pesca artesanal

Protección de los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y a aquellos que habitan en el sector rural, que laboran habitualmente en el campo, que no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a terceros externos a la comunidad

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA)

Especial

Los miembros de las Fuerzas Armadas y los pensionistas militares y sus familias

Protección social mediante un sistema de prestaciones y servicios sociales al colectivo militar.

Instituto de Seguridad Social de la Policía nacional (ISSPOL)

Especial

Los miembros del colectivo policial, sus dependientes y derechohabientes

Protección social integral frente a los riesgos asistenciales y económicos y, asistencia y protección a los más necesitados y no asalariados de la mutualidad de la Policía Nacional

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (2001); ISSFA (1992); ISSPOL (1992) Elaboración propia

La política social basada en el marco legal del año 2008, cuyo objeto

central es la universalización de la protección social, busca atender las

necesidades de la sociedad ecuatoriana, mediante una estructura que atienda

los diferentes sectores sociales, siendo uno de sus mayores logros la

incorporación a la protección social de aquellas personas que realizan trabajo

doméstico no remunerado, cuya financiación se encuentra en análisis. Dentro

del sistema obligatorio, se encuentra uno de los regímenes especiales dirigido

a la protección de los trabajadores del sector rural que habitualmente trabajan

en el campo y aquellos que se dedican a la pesca artesanal.

Así también, a diferencia del Seguro Social Campesino que es parte del

IESS, se establecieron dos regímenes especiales adicionales dirigidos a la

fuerza pública y que se administran por un conjunto de programas típicos de la

seguridad social que forman parte de la red pública integral de salud y del

sistema de seguridad social ecuatoriano. El IESS, el ISSFA y el ISSPOL son

entidades autónomas, regidas por legislaciones propias y recursos públicos

distintos del fisco, lo que les permite atender las necesidades del sector

poblacional al cual están dirigidos. En su estructura de beneficios, sus afiliados

en el momento de acogerse a la jubilación recibirán dos tipos de pensiones:

110

una básica, establecida por la ley, y una complementaria, de acuerdo con el

monto acumulado en su cuenta individual (Sandra & Robalino, 2004).

3.2.3 Gasto Social del Ecuador

La política de desarrollo social que se viene ejecutando en el país se

caracteriza por el incremento del gasto, incluso superando los niveles de

sectores como el de producción. Los recursos son provenientes de los ingresos

petroleros, los impuestos y la emisión de una importante deuda interna y

externa45. En el período posterior a la crisis del año 2000, en especial del 2006

en adelante, el gasto público social se ha incrementado significativamente. Es

así que, del 5,6% de crecimiento promedio anual durante el período 2000-2006,

en adelante alcanzará el 15% de crecimiento social (Naranjo Bonilla, 2013).

La recuperación del gasto social en relación al PIB, pasó del 8,7% en el

año 2000, al 15% en el 2012, equivalente al 37,5% y 34% del presupuesto del

Estado, respectivamente. El gasto social per cápita subió de los USD 130 en el

2000 a USD 315 en el 2012, colocando al Ecuador en el nivel intermedio de los

países de la región. Según Naranjo Bonilla (2013), este incremento se debe a

dos factores: el aumento en los sueldos de docentes y médicos y la baja de la

tasa de natalidad, con el relativo descenso en las tasas de crecimiento de la

población.

El gasto social se realiza en tres niveles: 1) políticas sociales regulares,

a través del Gobierno Central y sus ministerios; 2) programas sociales

específicos, mediante entidades autónomas descentralizadas de carácter para-

ministerial; 3) subsidios, a través de empresas públicas y/o entidades

autónomas. El gasto social ejecutado en el 2012 por el Gobierno Central fue

aproximadamente el 58% del gasto social total ampliado y el 8,7% del PIB,

alrededor del 97% del gasto del presupuesto general, los programas

específicos, alrededor del 23% del gasto, mientras que los subsidios a los

derivados del petróleo y a la seguridad social el 55% y el 20%,

respectivamente.

45

Durante el período 2007 y 2012, el Estado asume una deuda estructurada de la siguiente forma: 1) deuda interna (Banco Central, IESS y Banco del Estado) y emisión de bonos por USD. 1.000 millones cada una; 2) deuda externa de alrededor de los USD. 3.000 millones.

111

21,6% 17,4% 18,0% 19,9%

59,4% 55,3% 54,9% 55,0%

10,1%

5,4% 5,7% 5,7%

8,9% 22,0% 21,4% 19,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2008 2010 2012

Pensiones Derivados del Petróleo Sector eléctrico Otros subsidios pro-pobres

En lo que respecta al gasto social por medio de subsidios, desde los

años 70 han sido empleados como mecanismos predominantes de la política

pública del país, con el objetivo de disminuir las brechas sociales existentes.

Entre estos se encuentran el subsidio a las pensiones de los trabajadores

públicos a través del IESS, ISSFA, ISSPOL, el subsidio al consumo de los

combustibles y el subsidio al consumo de energía eléctrica (Gráfico 6). En años

recientes se han instaurado otros subsidios dirigidos principalmente a

pequeños productores agropecuarios46.

Gráfico 6 Distribución porcentual de los Subsidios 2006, 2008, 2010, 2012

Elaboración propia, tomado de Naranjo Bonilla (2013), p.31

La composición del gasto en subsidios durante el período 2006-2012 ha

mantenido una tendencia sin mayores variaciones. En el caso de los subsidios

al sector eléctrico, estos se redujeron del 10,1% en el 2006 al 5,7% en el 2012,

y los subsidios dirigidos a los programas pro-pobres se incrementaron en más

del doble en seis años, pasando del 8,9% al 19,4% en el 2012. El sector al que

mayormente se destinan recursos es el de los derivados de petróleos con el

55%, seguido por los de la seguridad social con el 19,9% del total.

La mayor parte de los recursos son entregados al sistema general

obligatorio del sistema de seguridad social a través del IESS, los recursos

46

Los subsidios, de manera general, no son considerados como gasto social. El carácter universal y permanente de muchos de ellos o por no estar relacionados con la educación y salud, no son valorados y registrados como gasto social, pese a que en los últimos años, alrededor del 15 % del presupuesto anual, fue destinado a subsidios.

112

asignados a las Fuerzas Armadas por medio del ISSFA y los correspondientes

a la Policía Nacional mediante el ISSPOL. En la Tabla 8 se puede apreciar la

composición del subsidio por régimen de seguridad social, así como también la

relación que estos recursos tienen sobre el PIB, el gasto social total y el gasto

per cápita.

Tabla 8 Relación del subsidio de la Seguridad Social con respecto al Gasto

Social (2000-2012)

A ÑOS IN ST IT UC IÓN

Gasto to tal

del seguro

so cial

(millo nes de

dó lares)

P o rcentaje

P IB

P o rcentaje

Gasto to tal

P o rcentaje

Gasto so cial

Gasto per

cápita

(dó lares)

T OT A L 130,60 0,70% 3,00% 4,30% 10,60

IESS 95,40 0,50% 2,20% 3,10% 7,80

ISSFA 14,00 0,10% 0,30% 0,50% 1,10

ISSPOL 21,20 0,10% 0,50% 0,70% 1,70

T OT A L 158,00 0,70% 3,90% 4,50% 15,80

IESS 115,50 0,50% 2,90% 3,30% 11,50

ISSFA 16,90 0,10% 0,40% 0,50% 1,70

ISSPOL 25,60 0,10% 0,60% 0,70% 2,60

T OT A L 191,20 0,70% 4,40% 4,20% 21,20

IESS 139,70 0,50% 3,20% 3,10% 15,50

ISSFA 20,50 0,10% 0,50% 0,40% 2,30

ISSPOL 31,00 0,10% 0,70% 0,70% 3,40

T OT A L 231,40 0,70% 5,50% 4,60% 28,10

IESS 166,80 0,50% 3,90% 3,30% 20,20

ISSFA 36,00 0,10% 0,90% 0,70% 4,40

ISSPOL 28,60 0,10% 0,70% 0,60% 3,50

T OT A L 325,20 0,90% 7,20% 5,50% 41,10

IESS 230,50 0,60% 5,10% 3,90% 29,10

ISSFA 32,30 0,10% 0,70% 0,50% 4,10

ISSPOL 62,40 0,20% 1,40% 1,10% 7,90

T OT A L 432,20 1,10% 8,50% 6,20% 57,60

IESS 332,10 0,80% 6,60% 4,70% 44,30

ISSFA 32,30 0,10% 0,60% 0,50% 4,30

ISSPOL 67,80 0,20% 1,30% 1,00% 9,00

T OT A L 489,80 1,10% 9,40% 6,20% 68,90

IESS 379,70 0,80% 7,30% 4,80% 53,40

ISSFA 78,00 0,20% 1,50% 1,00% 11,00

ISSPOL 32,10 0,10% 0,60% 0,40% 4,50

T OT A L 551,00 1,10% 8,90% 6,10% 82,20

IESS 418,90 0,80% 6,80% 4,60% 62,50

ISSFA 87,90 0,20% 1,40% 1,00% 13,10

ISSPOL 44,20 0,10% 0,70% 0,50% 6,60

T OT A L 624,90 1,00% 6,50% 4,30% 102,20

IESS 442,20 0,70% 4,60% 3,00% 72,30

ISSFA 127,20 0,20% 1,30% 0,90% 20,80

ISSPOL 55,50 0,10% 0,60% 0,40% 9,10

T OT A L 778,60 1,20% 8,10% 5,60% 119,90

IESS 510,00 0,80% 5,30% 3,70% 78,60

ISSFA 194,40 0,30% 2,00% 1,40% 29,90

ISSPOL 74,20 0,10% 0,80% 0,50% 11,40

T OT A L 803,30 1,10% 7,70% 4,80% 131,30

IESS 493,40 0,70% 4,70% 2,90% 80,60

ISSFA 213,50 0,30% 2,10% 1,30% 34,90

ISSPOL 96,40 0,10% 0,90% 0,60% 15,80

T OT A L 827,30 1,00% 6,70% 3,70% 142,80

IESS 493,50 0,60% 4,00% 2,20% 85,20

ISSFA 230,60 0,30% 1,90% 1,00% 39,80

ISSPOL 103,20 0,10% 0,80% 0,50% 17,80

T OT A L 1039,90 1,30% 7,50% 4,20% 179,90

IESS 706,10 0,90% 5,10% 2,90% 122,10

ISSFA 230,60 0,30% 1,70% 0,90% 39,90

ISSPOL 103,20 0,10% 0,70% 0,40% 17,90

2005

2000

2001

2002

2003

2004

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Elaboración propia, a partir de Naranjo Bonilla (2013)

El promedio anual del subsidio destinado al gasto social, durante el

período 2000-2012, es de aproximadamente 506,42 millones de dólares. En

113

cuanto a la evolución del gasto social en pensiones con relación al PIB, este

rubro se incrementó el 0,6% en el mismo período. El gasto total aumentó al

7,5%, mientras que, dentro del gasto social, el porcentaje se mantuvo sin

mayores variaciones. Finalmente, la asignación que ha tenido mayor transición

es la referente al gasto per cápita. Este valor sube de los USD 10,60 al USD

179,90 en el 2012, situación que muestra el gran impulso que se viene

desarrollando en el campo social.

115

PARTE II La Protección Social Militar en América Latina

Introducción

En la segunda parte de este trabajo se ha considerado pertinente tratar

un tema muy sensible que corresponde al gasto militar. El objetivo que se

pretende alcanzar es el de colocar en la mesa del debate argumentos que

permitan confrontar dos temáticas que son el centro de la discusión mundial.

Por un lado, como se ha venido tratando a lo largo de este estudio, la

necesidad de desarrollar y fortalecer un sistema que permita atender las

necesidades de la sociedad a través del fortalecimiento del Estado de bienestar

y, por otro, la necesidad permanente de los países por fortalecer cada vez más

sus sistemas de defensa como política prioritaria de gasto.

De esta manera y de acuerdo a varios estudios de referencia, la

tendencia del gasto social mundial ha sido incremental y, aunque en los últimos

años sus niveles de crecimiento se han reducido, la tendencia se mantiene,

comportamiento ha sido similar en el sector de defensa. En este sentido, la

discrepancia se centra en torno a la conveniencia o no de limitar el bienestar de

la sociedad a cambio de una creciente inversión en defensa. En el caso de

América Latina, una de las causas por las que el gasto en defensa se ha visto

incrementado es debido a la misma influencia de los gastos prestacionales que,

en muchos países de la región, se encuentran considerados dentro de sus

presupuestos de defensa. En el caso del Ecuador, el gasto de defensa, pese a

ser alto, no incluye los gastos previsionales sino que el aporte estatal a su

sistema de pensiones proviene de los subsidios del sector social.

Se abordan temas como el relacionado con el nivel de influencia del

sector militar sobre las decisiones políticas de los gobiernos de Latinoamérica,

lo que le permitió configurar sus beneficiosos sistemas de seguridad social y

sistemas de compensación. Así, también se analizan aspectos como el

presupuesto, los gastos de defensa y la cantidad de efectivos. Estos factores

permitirán la comparación con sistemas de seguridad social militar de países

de la región, a fin de identificar similitudes en cuanto a financiamiento, servicios

y estructura.

116

Capítulo I El Gasto Social y la Influencia del Sector Militar en

América Latina

Introducción

La protección social militar en Latinoamérica ha tenido una evolución

vinculada con el propio desarrollo democrático de la sociedad, con sus

avatares y con el papel que las FF.AA. han jugado en las diferentes

coyunturas. Las Fuerzas Armadas, configuradas como un grupo de poder, y

por haber sido parte de muchos de los gobiernos de la región, han establecido

condiciones diferenciales en sus esquemas de protección social que

constituyen un elemento clave en la definición de su estatus y posición en la

jerarquía social. Las estructuras sociales del sector militar son similares en

buena parte de los países de Latinoamérica, tanto en servicios prestacionales

como en los requisitos de acceso.

Los sistemas de protección social, en especial el de pensiones, tienen la

garantía gubernamental por ser un régimen público especial. Pese a ser

sistemas públicos, su administración, como en el caso ecuatoriano, es

independiente y bajo condiciones específicas. El nivel de sostenibilidad de

estos sistemas, por la misma estructura, adolece de graves problemas de

financiamiento. Estos problemas se derivan de aspectos como el ratio de

dependencia, la esperanza de vida y las escalas de pensiones, lo que impulsa

que el Estado atienda estos requerimientos.

Es fundamental comparar el gasto social con el gasto de defensa ya

que, según muchos estudios, el gasto en defensa sería el responsable del

deterioro del gasto social. En este sentido, es importante señalar que, si bien el

gasto en defensa no infiere en el gasto social para aquellos países con

economías desarrolladas, el efecto provocado para aquellos países en

desarrollo sí puede ser un factor determinante que impida el desarrollo social a

causa de la magnitud del gasto militar. Aspecto que impulsaría una inmediata

revisión respecto al gasto militar y, dentro de este, al gasto previsional, cuyos

efectos se derivan de la propia estructura caracterizada, entre otros aspectos,

por el prematuro retiro de sus miembros.

117

1.1 Tendencias de Gasto Social

La tendencia del gasto social en América Latina, pese a las variaciones

económicas como las crisis financieras del 2008 y 2009, ha sido incremental

respecto a los recursos destinados al financiamiento de los servicios sociales y

las transferencias monetarias en los hogares. A partir del 2012, la tendencia de

crecimiento del gasto social tiende a ser menor, debido a que los países se

vieron obligados a afrontar la crisis financiera internacional (CEPAL, 2014).

Tomando en consideración la evolución y la diversidad de la protección

social por niveles de gasto (Parte I, Capítulo II, punto 1.1.1), a partir del año

2000, varios países iniciaron procesos para fortalecer sus programas sociales.

En particular, se trata de programas dirigidos a la lucha contra la pobreza,

medidas de protección social no contributivas (con el objetivo de hacer frente a

los choques externos) y mecanismos de reorientación del gasto e impuestos

para evitar los efectos regresivos del aumento de precios de los productos

básicos durante los años 2007 y 2008 (CEPAL, 2014). De este estudio se

deriva que, por efecto de la crisis financiera internacional, se aplicaron medidas

no sociales, como la estabilización de la demanda interna (aumento del gasto

público con inversión en infraestructura), y sociales mediante programas de

empleo, de fomento productivo (créditos a microempresas) y de vivienda.

Los datos macroeconómicos no reflejan por completo el esfuerzo que

realizan los países de la región por sostener los niveles de gasto social. A

inicios de la última década, el gasto social se vio incrementado en casos como

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, el Paraguay y el

Perú. Según los datos de CEPAL-División de Desarrollo Social (2014), se

denota que la tendencia se mantendrá aunque con un aumento menor en la

participación en el PIB.

1.2 Grupos de Presión en Latinoamérica

Los antecedentes pueden remontarse a la época precolombina y a los

gobiernos españoles coloniales, aunque la institucionalidad actual floreció a

partir de la época republicana de 1920 (Mesa-Lago, 1978). La evolución de los

diferentes grupos sociales en un mismo país se concretó sobre la necesidad de

118

protección, a través de la seguridad social. Las instituciones que se fueron

creando, de manera general, configuraron una gama de esquemas de

protección social caracterizados por la falta de coordinación y la diversidad en

cuanto a sus niveles de cobertura y protección de la población.

Los objetivos de las estructuras que se diseñaron buscaban afrontar

riesgos sociales como la pérdida total o parcial de su fuente de ingresos y el

desarrollo de políticas de redistribución de ingresos. Así también se utilizaban

como medio de difusión de programas de ayuda y protección social y del nivel

de influencia de las organizaciones internacionales sobre estos programas. Por

último, se trataba de emplearlas como un instrumento por medio del cual el

gobierno buscaba expandir su imagen y poder, mediante la introducción de la

seguridad social de forma paternalista, ayudar a los sectores más necesitados

y evitar la lucha social.

Otros enfoques pretenden explicar que el desarrollo heterogéneo de la

Protección Social es el resultado de la estructura socioeconómica y política de

cada país. Fonseca (2006) y Rosales (2003) señalan que el origen de las

diferencias sociales es el propio efecto del proceso de industrialización,

modernización y urbanización que se ha venido experimentando, proceso que

para Draibe (2006) mina los medios tradicionales de protección social. Sin

embargo, aspectos administrativos y aspectos relacionados con el entorno

también serían determinantes en el momento de priorizar a los beneficiarios de

la protección social.

Mesa-Lago & Witte (1992) infieren que para el Estado resulta más fácil y

menos costoso proteger a la sociedad asalariada urbana que al segmento de

campesinos o autónomos. Los primeros se caracterizan por su concentración

geográfica, identificación relativamente sencilla, salarios susceptibles de

impuestos, capacidad de pago de los empleadores, una situación que para los

campesinos y autónomos resulta ser más compleja. El Estado, mediante la

protección social, busca incrementar la productividad laboral y evitar la

depresión económica, a través del incentivo a determinadas capacidades de

mano de obra y de la entrega de ingresos mínimos a las personas en

desocupación, respectivamente.

119

Desde la perspectiva política, la protección social será considerada

como la resultante del poder ejercido por determinados grupos de influencia,

quienes mediante la presión obtienen concesiones por parte de Estado (W. E.

Schulthess, 1998). También desde el Estado se emplea la protección social

como herramienta que neutraliza y capta el apoyo de estos grupos de

influencia. Su propósito es el de evitar graves conflictos sociales conservando

su statu quo y la estabilidad política del gobierno. Es así que se evidencia la

estrecha relación existente entre la estructura de los sistemas de protección, la

estratificación de la sociedad y la intervención de los grupos de presión.

En este sentido, la injerencia de los grupos de presión es el nexo que

enlaza la estratificación de la seguridad social con la estratificación de la

sociedad (Mesa-Lago, 1978). Entre los diversos factores que caracterizan a la

estratificación social se encuentran la ocupación, el nivel de ingreso, el estatus,

el lugar de residencia, la raza, el nivel educativo y el acceso a las armas

(García Francés, 2009). De estos, la estratificación resultante de la estructura

ocupacional surge como dominante47, y de ella se derivan tanto los beneficios

como la desigualdad de la Protección Social.

En sociedades industrializadas, basadas en economía de mercado,

Mesa-Lago (1978) jerarquiza sus ocupaciones de la siguiente manera: 1)

profesionales, empresarios y funcionarios administrativos de alto rango, 2)

semiprofesionales, funcionarios administrativos de nivel inferior y empleados

altos, 3) empleados comunes y obreros calificados, 4) obreros semicualificados

y 5) obreros no cualificados. En este contexto, se deriva que cuanto más alta

sea en la escala jerárquica, mayor será su reconocimiento por parte de la

sociedad (salarios, sueldos, beneficios adicionales al salario, entre otros).

Atria (2004) define que el poder constituye la base de las relaciones

entre el nivel de ocupación y el nivel de recompensa. Para Parsons (1999), el

poder sobre el sistema social depende del grado de institucionalización del

derecho a los patrimonios particulares y de su generalización se origina la

cualificación. Según Mesa-Lago (1978), la delimitación de capacidades tiene un

alto valor dentro de una economía industrializada y su posesión constituye un

47

Véase Dahrendorf (1959)

120

“poder de mercado”, el cual es el principal determinante de la recompensa

ocupacional y, por ende, factor predominante de la desigualdad.

En economías más tradicionales y con menor desarrollo, se admiten otro

tipo de influencias sociales que se convierten en fuente de recompensas, como

son el estatus, la organización sindical, la influencia del control militar de las

armas (poder militar) o el prestigio de determinadas carreras (capacitación

laboral en términos de educación), el lugar de residencia, la raza, etc. Hogg

(2008) se refiere a que el poder puede interpretarse como aquella capacidad o

habilidad por ejercer influencia. Es así que Raven (2012) señala seis aspectos

sobre los que se origina el poder como resultado del nivel de influencia:

coercitivo, recompensa, legítimo, experto, de referencia e informativo.

Bauman (2013) apunta como causa principal de la estratificación la

libertad de desplazarse y el acceso a una mercancía escasa y distribuida de

manera desigual. La profundización de la estratificación en las sociedades en

desarrollo será consecuencia directa de los niveles de influencia (Mesa-Lago,

1978). Determinados privilegios, no necesariamente relacionados con la

protección social, están en relación con el grado del “poder de negociación

político”, propio de grupos sociales de estratos medios y altos (empleados),

quienes buscan articular e influir en función de sus intereses frente a grupos

menos poderosos y con niveles más bajos (obreros).

En la generalidad de países de América Latina, los mecanismos de

protección social como los sistemas de pensiones no cumplen con su objetivo

redistributivo, sino que buena parte de las pensiones constituyen un subsidio

puro a favor de los grupos con mejores ingresos (Cetrángolo, 2009). La

influencia que los grupos de presión ejercen sobre el Estado, en especial

cuando el marco constitucional no pone límites claros a sus obligaciones frente

a los derechos sociales, permite que se demanden obligaciones incluso de

carácter no social, de beneficio para determinados sectores.

De acuerdo con el modelo propuesto en el Inter-American Research

Training Seminar de 1975, se desprende que la estratificación desarrollada en

sociedades democráticas y pluralistas no es provocada únicamente por los

121

grupos de poder que, a través de la presión ejercida sobre el Estado, buscan

obtener mejores condiciones de protección por parte del sistema de seguridad

social. En este sentido, será el mismo Estado quien promueva la estratificación

con el objetivo de cooptar a determinados grupos de presión provenientes de

clase económica media y que se desenvuelven en las zonas urbanas, mediante

la preservación de su statu quo (Mesa-Lago, 1978).

Estos últimos se caracterizan por su buen nivel educativo, su

cualificación y/o fuerza sindical o política, ya sean empleados públicos,

profesionales, empleados y obreros de sectores estratégicos. Dichos grupos,

denominados por Mesa-Lago (1978) como “enclaves ocupacionales”, se han

beneficiado de mejores condiciones de seguridad social otorgadas por las élites

del poder. El Estado, al tener la iniciativa sobre las condiciones de la seguridad

social, está en posición de mantener el control y neutralizar la oposición a

cambio de mejoras en su calidad de vida, situación que ha profundizado la

brecha social en perjuicio de los grupos marginales.

Complementarios a estos dos modelos generadores de la estratificación

social, Mesa-Lago (1978) considera la participación de otros grupos vinculados

con los partidos políticos y la burocracia del sistema de seguridad social,

quienes, desde sus intereses y nivel de control, infieren en el marco de entrega

de beneficios. Los primeros con el objetivo de expandir su clientela política y

los últimos buscando obtener una relativa independencia al decidir la

ampliación de su cobertura social a nuevos grupos.

La clasificación de los grupos de poder basados en el tipo y calidad de

asistencia médica recibida, denominados por Roemer (1964) como “clases

sociales”, considera los grupos sociales en la siguiente jerarquización: 1) la

élite social compuesta por los terratenientes, grandes comerciantes,

industriales y profesionales de alto nivel, 2) los militares, policías y empleados

públicos, 3) los empleados y pequeños empresarios, 4) los trabajadores

industriales manuales, 5) los campesinos peones y subempleados urbanos y 6)

los indios.

122

Marshall (1968), en relación a los grupos sociales existentes en América

Latina, los segmenta de la siguiente forma: 1) los hacedores y ejecutores de la

ley, diputados y miembros de las Fuerzas Armadas respectivamente, 2)

empleados públicos, 3) asalariados urbanos, 4) obreros de gremios

organizados, 5) personas de estratos de bajos ingresos, como las trabajadoras

domésticas y personal no cualificado. De estas clasificaciones de la sociedad

respecto al nivel de influencia en las políticas sociales se desprende que la

principal base para la estratificación radica en la estructura ocupacional.

1.2.1 Grupo de Presión Militar

En el contexto de la evolución de la sociedad latinoamericana desde las

épocas de independencia, sus gobiernos se han establecido bajo sistemas

políticos autoritarios. Según García (2002), se han caracterizado por tener

gobiernos con un presidencialismo fuerte, ejércitos cercanos al poder

presidencial, ciudadanos pasivos y receptivos más que participativos, con

grandes diferencias entre élites y pueblo. El “grupo de poder” conformado por

los miembros de las Fuerzas Armadas ha basado su poder en el control de las

armas y el control del orden, constituyéndose como actor directo del

ordenamiento y de la recuperación del statu quo en determinados momentos

históricos de la región.

Una tipología militar elaborada por García (2002) presenta cuatro

características que difieren de otras evoluciones militares en el mundo. En

primer lugar, se las considera como fundacionales, ya que permitieron el

nacimiento del Estado-nación. En segundo lugar, son merecedoras del

reconocimiento social, por su participación en importantes roles nacionales,

algunos ellos no fueron considerados en sus marcos constitucionales. En tercer

lugar, las gestas militares, por medio de las que han sido merecedoras del

prestigio y reconocimiento de la sociedad, considerándolas héroes en ese

campo. Finalmente, fueron protagonistas directas del ejercicio del poder por

períodos más o menos prolongados, dotándolas de un fuerte posicionamiento

político.

Lowenthal (1973) señala que las Fuerzas Armadas, en gran parte de los

países de América Latina, participan activamente en la política sin necesidad

123

de ser gobierno. Esto ayuda a entender la razón del apoyo gubernamental que

mantienen, sumado al reconocimiento de la sociedad. Para Kruijt & Koonings

(2002), la posición política y de influencia de las Fuerzas Armadas permitió que

se estableciese un sistema “envidiable de seguridad social”, sumado a criterios

en la misma línea planteados por Mesa-Lago (1978).

Según Mesa-Lago (op. cit.), los sistemas establecidos para las Fuerzas

Armadas se han fundamentado en el relevante rol desempeñado para el

reestablecimiento de un determinado orden social. Esta situación ha permitido

que sean grabadas en la conciencia social como un “sentido de compromiso”,

que, a su vez, ha impulsado una determinada posición de privilegio mediante la

concesión a sí mismas o a través de sus gobernantes de mejores condiciones

en sus sistemas de seguridad social48.

Las Fuerzas Armadas, basándose en la naturaleza y el riesgo que

involucran sus actividades, ya sean en período de entrenamiento o durante el

desarrollo mismo de una acción militar (guerras coloniales y de independencia

o en guerras con estados limítrofes), fueron las primeras que presionaron para

lograr pensiones de invalidez y protección de sus sobrevivientes. En cuanto a

la cobertura sanitaria, este grupo cuenta con los más modernos y mejor

equipados centros de atención médica de Latinoamérica, justamente porque su

objetivo es brindar atención general a las necesidades resultantes de un

conflicto armado.

En el caso ecuatoriano, la mayoría de los miembros de las Fuerzas

Armadas no se retiran a una edad avanzada. La edad mínima requerida para

jubilarse, como se verá más adelante, es de alrededor de 20 años de servicio,

con una edad mínima que oscila entre los 42 y 45 años de edad. Esta situación

provoca que la institución militar se caracterice por el alto nivel de rotación

institucional.

48

Frühling, Portales, & Varas (1982), desde el análisis del caso chileno, determinan el papel que han desarrollado las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad, así como su evolución dentro del poder político. Kruijt & Koonings (2002) profundizan en el papel político que los militares desempeñaron durante el siglo XX en el contexto latinoamericano.

124

1.2.2 Influencia Militar en la Política Social

La influencia militar en la política de los Estados de Suramérica desde la

primera mitad del siglo XX, según Leal Buitrago (2003), tiene su base en la

doctrina de Seguridad Nacional. Sus raíces se remontan al siglo XIX, de las

que sobresalen el desarrollo simultáneo de las instituciones militares y los

Estados nacionales y la influencia ibérica y europea. El proceso de formación

de los Estados nacionales, caracterizado por la inestabilidad económica, las

difíciles condiciones para la integración social y la fortaleza de las estructuras

militares frente a otras instancias estatales, facilitaría la autoproclamación de

estas como dinamizadoras de la economía e integradoras de la sociedad.

La fuerte tradición ibérica en América del Sur (reforzada por la tendencia

militar a influir en los asuntos civiles), complementada por la absorción de

principios militares de la España franquista (como presupuesto doctrinario de la

seguridad nacional), permitieron la formación de los Estados nacionales en la

región (Loveman, 1993). Esta influencia ibérica reafirmada por las nociones de

defensa nacional, según Tapia Valdés (1988), hicieron énfasis en la concepción

orgánica del Estado, en el carácter estratégico de los recursos naturales y las

fronteras y en el conflicto potencial entre países vecinos, motivado por la

competencia por el control del espacio y los recursos limitados.

En este sentido, al ser la carrera militar el camino más rápido y seguro

para llegar a la jefatura máxima de diversión países de América Latina, como

sucedió en el caso de Argentina, Bolivia, Brasil o Ecuador, entre otros, (Kruijt &

Koonings, 2002), las Fuerzas Armadas tendrían la función de colaborar con el

desarrollo nacional, lo que facilita que los militares tengan intereses en algunas

áreas de la economía y la educación (Alcántara Saez, 1991; Montecinos,

2010).

El involucrar a las Fuerzas Armadas en las políticas públicas hace muy

difícil marginarlas de la toma de decisiones, razón por la que Montecinos

(2010) determina que los militares seguirán siendo actores en la política de

América Latina. Davies & Loveman (1997) señalan que, bajo estas premisas,

las Fuerzas Armadas han sido un actor determinante en las decisiones políticas

de los países de América Latina y su presencia permitirá conseguir la

125

modernización, el desarrollo económico y la estabilidad social. El rol

desempeñado por las Fuerzas Armadas les habría permitido estructurar un

sistema de seguridad social preferencial respecto al resto de la sociedad

(Mesa-Lago, 1978).

1.3 Gasto en Defensa

La definición de gasto militar, metodológicamente, debería tener dos

niveles de expresión: el primero, una definición básica de encuadramiento de lo

que se considera gasto militar orientado a las operaciones militares, y aquel

gasto que no lo es como salud, educación, pensiones (Scheetz, 2001). La

naturaleza de los gastos militares va más allá del ámbito de la economía

(Cypher, 2007). Es así que el nivel de los gastos de defensa, en especial el

realizado por los países de Latinoamérica, puede verse incrementado por

efecto de los rubros orientados al mantenimiento de personal en el que se

incluyen los gastos previsionales.

La tendencia mundial por incrementar los niveles de gasto militar y la

adquisición de armas, no es ajena al comportamiento en América Latina

(Stockholm International Peace Research Institute, 2013). Es además

justificada la preocupación gubernamental respecto a la racionalización de los

recursos dirigidos al gasto militar, considerando que, al igual que cualquier otro

gasto público, es necesario determinar el impacto, la eficacia y la eficiencia del

gasto militar (Lahera & Ortúzar, 1998). Los estudios realizados evidencian cada

vez más y con más fuerza, el efecto negativo de los gastos militares en el

crecimiento de la economía (Duffield, 2004; Dunne & Tian, 2013).

El impacto de los gastos militares, con frecuencia, no es considerado

como significativo para el crecimiento económico49. Sin embargo, la mayoría de

países dirigen ingentes recursos de su PIB para gastos de defensa (Aizenman

& Reuven, 2003). En este sentido, Chowdhury (1991) determina que la relación

entre el gasto en defensa y el crecimiento económico no puede ser general

para todos los países. Los recursos asignados a la defensa tienen dos

enfoques. Por un lado se consideran un despilfarro que no estimula el

49

El gasto militar mundial se redujo en 2013 un 1,9 por ciento en términos reales, para llegar a USD. 1,747,000 millones (Freeman & Solmirano, 2014).

126

desarrollo, sino que, por el contrario, genera destrucción social y económica a

raíz de un conflicto (Collier, 2006). Por otro, se concibe que las inversiones en

defensa no favorecen el crecimiento económico, salvo cuando el gasto militar

es consecuencia de la presencia de grandes amenazas externas que obligan a

la intervención armada (Aizenman & Reuven, 2003; Dunne, Smith, &

Willenbockel, 2005).

Ante la necesidad de identificar los principales factores que afectan a la

relación entre el gasto militar y el crecimiento, Saadet & Sen (1995)

desarrollaron varios modelos teóricos de análisis, cuyas líneas se sustentan en

tres enfoques:

Relacionar la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de ahorro o inversión, la

balanza comercial y la cuota de los gastos militares en el PIB, para estimar

el impacto del gasto militar.

Enfatizar que la externalidad, positiva o negativa, puede surgir de un

subsector de la economía global (en este caso el de defensa).

Considerar la seguridad como bien público básico e imprescindible50.

En este contexto, según Samuelson (2009), los bienes puramente

públicos son aquellos relacionados con la defensa nacional. Es así que el coste

que demanda su provisión y suministro deberá ser asumido por los sectores

civiles mediante sus aportes. Los beneficios de esta financiación no se verán

reflejados en el crecimiento económico pero son necesarios para el desarrollo.

La inversión en defensa implica un costo de oportunidad para la economía

productiva. La seguridad, según Saadet & Sen (1995), al ser un bien público

proporcionado por la fuerza militar a coste cero, no tiene precio en el mercado.

En esta misma línea, Grautoff & Jaramillo-Jassir (2010) definen el gasto

de defensa como un bien público que afecta a la producción nacional, en la

medida en que se alimenta de los recursos de los sectores productivos y

provoca perturbaciones al Estado de bienestar. En el contexto internacional, a

50

Esta línea de análisis y de fundamento del gasto en defensa es la que permite direccionar recursos hacia este sector, en especial a la seguridad social, inclusive conscientes del gran esfuerzo económico que significa para un país el mantener a sus Fuerzas Armadas.

127

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Co

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ant

(20

11

) U

S$ b

illio

n

partir del fin de la Guerra Fría los gastos militares comenzaron a disminuir

(Gráfico 7). Saadet & Sen (1995) vinculan esta tendencia con la crisis mundial

de armas, mientras que Coulomb & Fontanel (2005) señalan que este

comportamiento parecería ser el resultado de que el gasto militar es

considerado como una carga económica en lugar de una fuerza del desarrollo

económico.

Gráfico 7 Evolución Mundial del Gasto Militar 1988-2013

Fuente: SIPRI (2012)

El gasto militar es uno de los más significativos del mundo. Representa

el 2,5% del PIB y aproximadamente USD. 251 de PIB per cápita. La tendencia

mundial se incrementó un 19,7%, pasando de USD 1.464.000 millones a USD

1.753.000 millones entre el 2008 y 2012. Uno de los presupuestos más

representativos es el de los Estados Unidos con el 40% del gasto mundial.

Según el Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013)51, sus gastos se redujeron

en el 6%, como medida para enfrentar los efectos de la posguerra con Irak,

situación que produjo reajustes en su economía interna.

El gasto militar, tradicionalmente, se encontraba estrechamente

relacionado con los conflictos interestatales (Duffield, 2004). En la actualidad,

como se detalla en la Tabla 9, son mucho menos comunes que los conflictos

internos. Según Wallensteen & Sollenberg (2001), para finales del año 2000 de 51

El estudio realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013) se concentra en el análisis del gasto en defensa de América del Sur. Para efectos de este estudio y por incluir países como México, la información referenciada se ha señalado como la correspondiente a América Latina en general.

128

los 33 conflictos armados existentes en el mundo, 31 correspondían a

problemas internos y dos, el caso de India-Pakistán y el de Eritrea-Etiopía,

fueron de carácter internacional. Este comportamiento global estaría

impulsando a países con un menor desarrollo, cuya presencia militar global no

es determinante para reestructurar sus presupuestos, a dirigir mayores

recursos a otros sectores de la economía.

Tabla 9 Conflictos armados mundiales por región 1989-2000

Año Europa Medio Oriente Asia África América Total

1989 2 4 19 14 8 47

1990 3 6 18 17 5 49

1991 6 7 16 17 5 51

1992 9 7 20 15 4 55

1993 10 7 15 11 3 46

1994 5 5 15 13 4 42

1995 5 4 13 9 4 35

1996 1 5 14 14 2 36

1997 0 3 15 14 2 34

1998 2 3 15 15 2 37

1999 3 2 14 16 2 37

2000 1 3 13 14 1 32

Elaboración propia a partir de Wallensteen & Sollenberg (2001)

En América Latina el fantasma de las guerras parecería ser un problema

del pasado. Latinoamérica sería una de las regiones más pacíficas del mundo

en función de la cantidad de conflictos armados tanto de carácter interestatal

como interno. Para finales de la década de 1980, se desarrollaban 8 conflictos

armados52. A día de hoy la región se enfrenta a un conjunto de realidades

distintas propias de la transición de las épocas de dictaduras (Garzón Vergara,

et. al 2012). El problema regional evolucionó con una lógica propia de la Guerra

Fría, debido a su carácter de ser una guerra contra el terrorismo y el

narcotráfico (Pizarro Leongómez, 2002).

El conflicto interno de Colombia se ha extendido sobre sus fronteras

involucrando a los países de la región, en especial al Ecuador en cuanto al

problema de seguridad fronteriza. Esta amenaza contra la seguridad impulsó

que el Ecuador haya ido incrementando sus presupuestos de defensa. Para el

año 2015, la proforma presupuestaria de defensa es de alrededor de USD

52

En la actualidad se encuentra latente el escenario colombiano con su conflicto interno armado.

129

1.682 millones53. En el caso venezolano, sus incrementos de gasto, según

Grautoff & Jaramillo-Jassir (2010), han sido justificados en la lógica que

relaciona la posibilidad de una “Guerra Asimétrica” con Estados Unidos, sobre

el conflicto interno colombiano.

El caso mexicano, caracterizado por el violento aumento del narcotráfico

y su penetración en las élites del poder y en los diversos sectores de la política,

ha sido motivo para que el problema de las drogas se incorpore en la agenda

de seguridad interna del país (Alvarado & Serrano, 2010). El caso chileno, a

diferencia del mexicano y colombiano, trata de uno de los litigios territoriales

mantenidos con Bolivia a raíz de la Guerra del Pacífico (1879-1883) (Bonilla,

1980). Brasil, por su parte, al no tener conflictos internos y externos en el siglo

XX, es considerado una potencia pacificadora (Gratius, 2007).

Las condiciones de seguridad en América Latina, por su posición frente

a las amenazas internas y externas y a las necesidades de desarrollo social de

la región, han generado profundos debates respecto a la pertinencia o no de

los gastos en defensa y seguridad. Las diversas posturas se ciñen en torno a la

discusión de cuándo estos gastos, por un lado, se consideran atentatorios

contra otras prioridades relacionadas con la economía social como salud y

educación (Freeman, 2011). Por otro, en relación a que estos gastos pueden

generar niveles de bienestar, promover la paz y minimizar riesgos de violencia

(Grautoff & Jaramillo-Jassir, 2010), son considerados pertinentes.

En este contexto, estudios realizados como el de Freeman (2011), en el

que se relaciona el impacto de gasto militar sobre los destinados a salud y

educación en América Latina, determinan que no se presentan evidencias en

torno a que el aumento del presupuesto al sector militar afecte a las inversiones

en áreas de carácter social o resten prioridad a otras áreas como la salud y la

educación. Por el contrario, la tendencia regional del gasto en salud y de

53

El Ministerio de Defensa tiene una asignación solo por debajo del de Educación, Salud, Recursos Naturales y de Electricidad y Energía y por encima de sectores como Inclusión Social, Transporte, Agricultura, entre otros.

130

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Salud Educación Militar

educación54 durante el período 1995-2009, aumenta, mientras que disminuye la

carga militar (Gráfico 8).

Gráfico 8 El gasto militar, en salud y en educación como acciones de PIB de

América Latina, 1995-2010

Fuente: Tomado de Freeman (2011 p.2), p.2

De los datos obtenidos del SIPRI (2012), se denota que mientras la

tendencia del gasto militar es decreciente a partir del 2003, el gasto en salud

como porcentaje del PIB, aumenta. Según Freeman (2011), ningún país de

América Latina evidencia vínculos que relacionen los gastos militares con los

de salud y educación; es decir, la propensión hacia inversión en el sector de

defensa, sea alta o baja, no incide sobre la inversión social. Es así que en el

tiempo, los niveles altos de gasto militar y salud como porcentaje del PIB, han

sido simétricos y en igualdad de condiciones.

El gasto en defensa respecto al PIB de América del Sur, pasó del 1,70%

en el año 2008 al 1,47% en el año 2012. Se destacan países como Ecuador,

Chile y Colombia, que tienen las mayores inversiones en defensa. Así también,

aunque con menores niveles, Surinam, Guyana y Argentina (Gráfico 9). La

reducción del gasto militar, según el Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013),

obedece a una de las medidas adoptadas por la región, con el fin de hacer

frente a la crisis financiera y económica, y reducir los altos niveles de

desempleo.

54

El gasto en educación a partir de 1998 tiende a incrementarse de manera más moderada que el gasto en salud.

131

0,87

1,52 1,67

2,8 2,88 3,15

1,02 1 1,28

0,7

2,07

1,05

1,7

0,84 1,22 1,41 2,27 2,06 3,29 0,8 1,63 1,03 0,7 1,84 1,3 1,47

2008 2012

Argentina; 6,40%

Bolivia; 0,50%

Brasil; 53,70%

Chile; 9,70%

Colombia; 12,00%

Ecuador; 4,30%

Guyana; 0,04%

Paraguay; 0,70% Perú; 3,30%

Surinam; 0,05% Uruguay;

1,50% Venezuela; 7,90%

Gráfico 9 Evolución del porcentaje de gasto en defensa con respecto al PIB

(2008-2012)

Elaboración propia a partir del Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013)

Los índices de gasto en defensa respeto al PIB regional de 1,47% y el

PIB mundial de 2,5%, más allá de ser destinados al desarrollo de proyectos de

reequipamiento de su potencial bélico, muestran que, en general, América del

Sur mantiene una política moderada en materia de defensa. En el Gráfico 10,

se muestra el nivel de participación de los gastos de defensa en Sudamérica.

Gráfico 10 Nivel de participación de los gastos de Defensa por país en Sudamérica

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013)

En el nivel de participación de los gastos en defensa por país, en el total

regional es destacable la situación de Brasil, país que representa más del 50%

132

Gastos de Personal (Incluye

Prestaciones Previsionales)

65,30%

Bienes y Servicios 14,80%

Inversiones 18,50%

Otros Gastos 1,40%

de los gastos de la región, seguido por Chile y Colombia, que constituyen el

22% del total regional. Aquellos países que mantienen un nivel medio de gasto

en defensa son Argentina, Venezuela, Ecuador y Perú, siendo el grupo de

Paraguay, Uruguay, Bolivia y Surinam el que menor nivel de gasto dirigen al

sector de defensa.

En la composición porcentual del gasto en defensa, se han considerado

aquellos gastos que están destinados a solventar las necesidades de personal,

inversión, bienes y servicios, y otros gastos. El mayor porcentaje del gasto se

destina a los gastos a personal, seguido por las inversiones, que, en relación a

los gastos de personal, se benefician de aproximadamente la tercera parte. En

el Gráfico 11 se aprecia el nivel de participación que tiene cada rubro en la

generalidad de la región.

Gráfico 11 Composición Porcentual del Gasto de Defensa en Sudamérica

2012


En el 65% de los gastos de personal, se incluyen los de miembros en

servicio activo, así como aquellos destinados a cubrir los beneficios de retiro

del personal de las Fuerzas Armadas. Para el Estado, el sostener total o

parcialmente el gasto de pensiones del personal de las Fuerzas Armadas y

bajo las especificidades de sus regímenes, representa el comprometimiento de

altos porcentajes del presupuesto destinado a la defensa. En la Gráfico 12 se

presenta la estructura del gasto en defensa de los países de América del Sur.

133

Gráfico 12 Estructura en porcentaje del gasto de Defensa en América del Sur

2012

Nota: El porcentaje correspondiente a otros gastos de Bolivia, fue reajustado


Los gastos de personal, en los que se incluyen las prestaciones

previsionales, constituyen el mayor rubro en el presupuesto de defensa. Una de

las razones es el gasto ocasionado por el pago de pensiones al personal militar

en situación de retiro, así como los gastos destinados al pago de sueldos del

personal en servicio activo. A continuación, dependiendo de la planificación en

defensa de cada país, se encuentran los recursos destinados a inversiones

militares o gastos en bienes y servicios.

En este aspecto se destaca que, en razón de la proporción de los gastos

realizados, el objetivo de los presupuestos, más allá de incrementar su

operatividad con equipo y armamento, está destinado a la atención de las

necesidades de personal. En el caso del Ecuador, el gasto en defensa no

incluye la asignación correspondiente a gastos previsionales. Estos se

entregan por medio del presupuesto asignado al subsidio de la Seguridad

Social Militar; es decir, para tener una referencia total de los recursos

entregados a este sector, se considerarán los gastos militares y el

correspondiente el subsidio a la seguridad social militar.

1.3.1 Presupuesto de Defensa en América Latina

Las políticas nacionales que involucran decisiones sobre el sector de

defensa son, para la generalidad de los países, cuestiones muy sensibles,

77,97%

68,59%

68,30%

60,90%

54,97%

76,49%

69,80%

56,86%

84,40%

48,73%

19,03%

27,39%

12,07%

11,20%

28,39%

11,83%

10,46%

30,70%

12,82%

8,86%

2,88%

3,26%

18,67%

26,70%

11,79%

11,22%

18,50%

12,20%

2,78%

41,00%

0,12%

0,76%

0,96%

1,20%

4,85%

0,46%

1,24%

0,24%

1,41%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Gastos de personal… Bienes y Servicios Inversiones Otros Gastos

134

especialmente cuando estas se vinculan con la asignación de recursos

económicos. Los temas de defensa, regularmente, son aspectos que no tienen

mucho interés para la sociedad, salvo cuando las Fuerzas Armadas hacen

frente a otro tipo de amenazas regionales como el narcotráfico, conflictos

internos que se extienden sobre sus fronteras, o se prima la atención en la

solución de problemas sociales ligados al desempleo, la delincuencia o la

pobreza (Corporación Latinobarómetro, 2010).

Los presupuestos en defensa, a nivel mundial, son tratados bajo un alto

grado de discrecionalidad. El acceso total a los datos se dificulta debido a que

la información, por razones que responden a la naturaleza de los aspectos de

seguridad, requiere un manejo discreto (Sibilla, 2003). Al ser un área sensible,

los gobiernos prefieren mantener en reserva este tema, lo que no significa que

la inversión pública destinada a la defensa no tenga control (Veloso, 2006). En

la Tabla 10 se compara los presupuestos de defensa de América Latina con

otros países del mundo.

Tabla 10 Relación en los presupuestos de defensa de Latinoamérica con otros

países

País

Presupuesto de Defensa

año 2012(en millones de

USD)(a)

Presupuesto total de Defensa

países sudamericanos año 2012

(en millones de USD) (b)

Relación (b/a)

Estados Unidos 677.900

62.694*

9,2 %

China 106.400 58,9 %

Rusia 61.680 101,6 %

Reino Unido 61.100 102,6 %

Japón 58.823 106,6 %

Francia 55.512 112,9 %

Arabia Saudí 50.800 123,4 %

Alemania 48.123 130,3 %

India 40.800 153,7 %

MUNDIAL 1.753.000 3,6 %

Nota: El gasto corriente al 2013 fue de 67.383,2 según SIPRI (2012)


América del Sur, a partir del 2003, en concordancia con la mayoría de

regiones del mundo, incrementa su gasto militar a una tasa promedio del 8,5%

anual, alcanzando los USD 67,3 mil millones en 2013 (SIPRI, 2012). Los

factores de seguridad que impulsan el reforzamiento militar en Latinoamérica

son, entre otros, el conflicto interno en Colombia y México, los altos niveles de

violencia criminal organizada, los altos niveles de pobreza e inequidad en la

135

región. Aspectos de seguridad caracterizados por la inexistencia de amenazas

de conflictos interestatales.

El presupuesto de defensa, durante el período 2008-2012 en

Latinoamérica, se incrementó en un 25,06%, mientras que en el período 2008-

2013 el incremento fue del 34,41%55. El destino de los recursos difiere en

función de cada política de defensa: pueden ser orientados al crecimiento (p.

ej. Paraguay destinó sus recursos al mejoramiento sustancial y la

infraestructura de las FF.AA.), al reequipamiento de las FF.AA (p. ej. Argentina

compensó su nivel de operatividad frente a la inflación en torno al gasto de

personal, inversiones, mantenimiento de equipo y armamento). Asimismo, los

recursos se orientan al gasto de personal56 (Centro de Estudios Nueva

Mayoría, 2013).

En el caso del Ecuador, los recursos de defensa se destinan al

desarrollo del proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Según la

Presidencia de la República del Ecuador (2014), se prevé una inversión de

USD. 1.558,4 millones hasta el 2017, recursos destinados a la mejora de

infraestructura, personal y mejoramiento de las capacidades estratégicas.

Venezuela con un incremento de su gasto militar al 7,15%, destinó recursos a

la compra de armamento y equipo (Tabla 11).

55

Los datos presentados por Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013), para el año 2008, difieren de los presentados por el SIPRI (2012), pese a que no se considera el gasto de defensa de Surinam, el gasto del 2008 es de USD. 59.428,6 millones. 56

Por ejemplo, Uruguay destinó recursos hacia una importante actualización de salarios

136

Tabla 11 Evolución del Presupuesto de Defensa 2008 - 2012 (Incluye Sistema Previsional y Organismos descentralizados. No incluye fuerzas intermedias)

País Presupuestos de Defensa (en millones de dólares)

(1)

Año 2008 Año 2012 Año 2013(2)

Argentina 2.830,467 4.003,190 4.929,00

Bolivia 258,672 335,951 404,00

Brasil 27.540,831 33.665,870 36.165,00

Chile (2)

5.019,714 6.095,264 5.309,00

Colombia 6.764,721 7.529,000 12.465,00

Ecuador 1.914,732 2.662,277 2.596,00

Guyana 19,700 22,304 31,20

Paraguay 186,854 423,040 458,00

Perú 1.622,473 2.047,510 2.638,00

Surinam 24,000 33,166 n/d

Uruguay 629,429 912,551 942,00

Venezuela (3)

3.321,487 4.964,807 4.487,00

Total 50.133,080 62.694,930 67.383,200 (1)

Los presupuestos fueron transformados de la moneda de cada país a dólares estadounidenses corrientes al tipo de cambio

promedio de cada año considerado según las cotizaciones de los respectivos Bancos Centrales. (2)

Según el Stockholm International Peace Research Institute SIPRI (2012) (3)

Incluye el aporte de la Ley 13.196 Reservada del Cobre. (4)

Incluye la Guardia Nacional.

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013); SIPRI (2012)

En el caso de Brasil, en la relación entre los presupuestos de defensa y

los presupuestos nacionales, la magnitud de estos últimos es tan grande que,

aunque dedican un importante esfuerzo al sector de la defensa, su relación

resultante no parece significativa57. Entre los países de América Latina que más

invierten en defensa nacional con relación al PIB se destacan Chile, Ecuador,

Colombia y Uruguay, cuya tendencia no ha variado desde el año 2008 (Tabla

12).

Tabla 12 Presupuestos de Defensa de los países de América del Sur, en relación con el PIB 2013

(En millones de dólares)

País PIB 2013 Presupuesto de defensa Porcentaje respecto al PIB

Argentina 501.758,21 4.766,703 0,95%

Bolivia 29.629,29 456,291 1,54%

Brasil 2.285.175,49 32.449,492 1,42%

Chile 330.883,63 6.286,789 1,90%

Colombia 260.094,59 8.843,216 3,40%

Ecuador 121.038,59 2.057,656 1,70%

Guyana 3.011,00 33,121 1,10%

Paraguay 30.876,99 512,558 1,66%

Perú 166.391,64 2.329,483 1,40%

Surinam - n/d -

Uruguay 50.384,26 957,301 1,90%

Venezuela 533.813,64 7.473,391 1,40%

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013); SIPRI (2012)

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay invierten un

porcentaje superior al 1,5% del PIB al sector de defensa. En términos

57

Su porcentaje de gasto en defensa del 2,94 % del presupuesto nacional, lo posiciona en el undécimo lugar a nivel mundial.

137

absolutos, aquellos países que mayor cantidad de recursos dirigen a sus

Fuerzas Armadas son Brasil, Colombia, Venezuela y Chile.

La composición del presupuesto de defensa suele presentar dificultades

en el momento de analizar los diferentes tipos de gastos que contiene. Entre

los más complejos se encuentra el correspondiente a las Prestaciones

Previsionales. En este sentido, los países han configurado una red de

instituciones destinadas a la planificación, ejecución y control de los servicios

asistenciales y beneficios sociales como el pago de los retiros y pensiones. En

muchos casos se han estructurado bajo un esquema de regímenes especiales

y en otros a cargo total del Estado.

1.3.2 Estructura de personal de las Fuerzas Armadas a nivel mundial

La presencia de las Fuerzas Armadas en el contexto mundial obliga a

que se desarrollen políticas de defensa que involucran, entre otras, estrategias

dirigidas a mantener un eficiente y motivado recurso humano. El mantenimiento

de las fuerzas militares requiere ingentes recursos del presupuesto estatal para

mantener toda su estructura, no solo en recursos dirigidos al personal en

servicio activo, sino también el orientado al sostenimiento de sus reservas y

pensionistas. En este contexto, es importante determinar la magnitud de las

Fuerzas Armadas en cuanto al número de sus efectivos.

Los gastos asumidos por el Estado no terminan cuando sus miembros

pasan al servicio pasivo. De hecho, uno de los motivantes para formar parte de

las Fuerzas Armadas son los complementos a sus compensaciones (Asch &

Warner, 1994). El mayor empleador en las economías del mundo es el sector

militar, tanto por su cantidad de personal como por las asignaciones

económicas que requieren (Asch, Hosek, & Mattock, 2013). En la Tabla 13 se

aprecia la cantidad de efectivos militares de las Fuerzas Armadas de América

Latina y de los países más representativos a nivel mundial.

138

Tabla 13 Número personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas 2012

AMÉRICA LATINA RESTO DEL MUNDO

PAÍS EFECTIVOS

TOTALES

*POBLACIÓN

TOTAL % PAÍS

EFECTIVOS

TOTALES

POBLACIÓN

TOTAL %

Argentina 75.700 41.424.822 0,18 Alemania 200.500 80.425.823 0,25

Bolivia 46.300 30.389.596 0,15 Bélgica 34.500 11.128.246 0,31

Brasil 337.400 199.985.126 0,17 EEUU 1.450.000 313.873.685 0,46

Chile 64.200 17.602.946 0,36 España 124.500 46.761.264 0,27

Colombia 268.500 48.373.997 0,55 Francia 228.000 65.676.758 0,35

Ecuador 60.800 15.768.918 0,38 Países

Bajos

37.500 16.754.962 0,22

Guyana 1.100 *795.369 0,14 Gran

Bretaña

170.500 63.695.687 0,27

Paraguay 10.690 6.782.282 0,16 Italia 180.000 59.539.717 0,30

Perú 117.000 30.297.279 0,39 Polonia 104.300 38.535.873 0,27

Surinam 1.840 *534.541 0,34 Rumania 71.000 20.076.727 0,35

Uruguay 24.600 3.406.545 0,72 Rusia 810.000 143.178.000 0,57

Venezuela 97.900 30.389.596 0,32 China 2.120.000 1.350.695.000 0,16

México** 330.000 119.321.339 0,28 Japón 241.000 127.561.489 0,19

* Datos correspondientes al año 2013

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013); **Tapen (2012); CELADE -

División de Población de la CEPAL (2013); World Data Bank (2012)

Elaboración propia

El balance militar de América Latina, así como de otros países cuyas

Fuerzas Armadas son más representativas a nivel mundial, determina que en

ningún caso superan el 1% de su población. El ranking de países del resto del

mundo revela que los países con mayor gasto militar son Rusia, Estados

Unidos, Francia y Rumania. Entre los países con un porcentaje más bajo se

ubican China y Japón. En términos absolutos, los países con un mayor número

de efectivos son China, Estados Unidos y Rusia, situación que estrechamente

se vincula con la magnitud poblacional.

En el caso de América Latina, los países que porcentualmente tienen

mayor número de miembros en las Fuerzas Armadas son Uruguay, Colombia,

Perú, Ecuador y Chile. En términos absolutos, los países más representativos

son Brasil, México, Colombia y Argentina. En la generalidad de la región, las

Fuerzas Armadas se encuentran en un proceso de reestructuración. Este

aspecto no es ajeno a la realidad mundial. En el caso de los Estados Unidos, la

gran magnitud de sus Fuerzas Armadas ha provocado una reestructuración

que se ha traducido en una reducción de 2 millones de efectivos a un total de

1,4 millones (Asch & Warner, 2014).

139

Según el Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013), la evolución en la

cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica no ha tenido

alteraciones sustanciales. La variación de la región oscila entre 1.004.000

efectivos en el 2004, 1.083.000 en el 2008 y 1.106.000 en 2012. El caso de las

Fuerzas Armadas de Colombia, debido a su situación interna, al contrario de

entrar en un proceso de reestructuración con la reducción de sus efectivos,

incrementó sus miembros de 213.200 en el 2004 a 268.500 en el 2012.

Aspecto que también sucedió en Venezuela con el incremento de sus efectivos

de 56.000 a 97.900 miembros en el 2012.

Por el contrario, en países como el caso de Chile y Paraguay, sus

Fuerzas Armadas fueron reducidas de los 80.900 efectivos a 64.200 y de

18.500 miembros a 10.690, respectivamente. El Ecuador también está

ingresando en esta lógica de reestructuración, con una reducción de sus

Fuerzas Armadas. Se estima reducir sus efectivos profesionales activos en

34.500 en el año 2025, acompañado por un proceso de modernización y

fortalecimiento de sus capacidades.

1.3.3 La pensión de jubilación como parte de la compensación militar

La cuestión de cómo compensar de manera eficiente y equitativa el

personal militar tanto en servicio activo como pasivo, es una preocupación

constante para el Estado. Las decisiones que involucran a las Fuerzas

Armadas son determinantes para la seguridad nacional, ya sea en el campo de

operativo como en el económico y social. En el ámbito de la seguridad social,

es pertinente dotar de medidas que proporcionen sostenibilidad al sistema

militar, bien a través del incremento de las fuentes de ingresos o bien

reduciendo el nivel de obligaciones en la asistencia social o bien reformando su

esquema de pensiones.

El nivel de compensación de la institución militar es un aspecto que para

la sociedad resulta atractivo. Las Fuerzas Armadas, mediante una estructura

de beneficios para sus miembros activos, jubilados y familiares, buscan

compensar los riesgos y exigencias propias de la carrera militar. Este esquema

exige un esfuerzo económico grande por parte del Estado. Las reformas

planteadas en la generalidad de países giran en torno al financiamiento de los

140

gastos que ocasiona mantener unas Fuerzas Armadas operativas, así como a

una población de pensionistas en condiciones de afrontar los riesgos derivados

de la vejez.

Los beneficios de la jubilación, para los miembros de las Fuerzas

Armadas, son un aspecto valorado de manera muy significativa en el momento

de decidir su ingreso o continuar en sus filas (Smith & West, 2012). De esta

forma, el tema de las generosas pensiones militares y sus reformas, así como

la flexibilidad en sus procedimientos para acceder a los beneficios, tiene un

gran impacto en el momento de atraer y retener al personal en todos los países

en donde existe una fuerza militar.

El sistema de retiro militar es uno de los aspectos distintivos de la

compensación militar pues, dependiendo de la estructura económica y la

política social de cada país, se financia total o parcialmente con los recursos

del Estado (Cetrángolo, 2009; Tapen, 2012). Las pensiones militares, por sus

específicas consideraciones, han impulsado profundas reformas que buscan

corregir aspectos del sistema como inequidad58, inflexibilidad e ineficacia. El

objetivo de las diferentes medidas aplicadas al sistema es el compensar los

recursos dirigidos al pago de pensiones militares (Office, 2012).

Para Jeffrey (2009), las reformas de los sistemas de pensiones militares,

buscan alcanzar tres objetivos: 1) dotar de mejores condiciones a sus

miembros, 2) encontrar un equilibrio financiero, 3) fortalecer económicamente

el sistema. La Congressional Budget Office (2007) señala que la estructura

diferencial de los sistemas de pensiones militares con los sistemas generales

se sustenta en las exclusivas características de la vida militar, aspecto que

históricamente ha justificado medidas de tutela específicas (Rodríguez Cardo,

2008).

La jubilación militar, como en el caso de las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos, constituye un beneficio importante de la compensación militar,

costando aproximadamente USD 13 mil millones por año o más de un 7% de la

58

Las medidas aplicadas, entre otras, han estado dirigidas hacia aspectos como la edad mínima de retiro o la estructura de su financiamiento.

141

compensación militar actual59, situación que no es ajena al resto de países y

regiones del mundo, como se vio anteriormente. Del gasto destinado a defensa

en América Latina, el 65,30% corresponde a gastos de personal, en los que se

incluyen las prestaciones previsionales.

Los Estados Unidos canalizan alrededor de los USD. 14 mil millones al

gasto en pensiones militares (Congressional Budget Office, 2007; Departament

of Defense U.S.A, 2008). La estructura de su sistema difiere de los planes de

jubilación civiles en tres aspectos: 1) Predominio de un sistema de beneficio

definido que no requiere de las contribuciones de los empleados (los miembros

del servicio pueden contribuir a las cuentas de jubilación en el Plan de Ahorros

Federal, un plan de contribución definida). 2) Requiere de al menos 20 años de

servicio para la consolidación de la concesión60. 3) El beneficio inicia cuando el

usuario ha dejado el servicio (Congressional Budget Office, 2007).

En América Latina, este gasto gira en torno a los USD. 17 millones,

representando el 29% del presupuesto en defensa (Alda & Gómez, 2002).

Según el Centro de Estudios Nueva Mayoría (2013), el gasto de personal

militar de América del Sur del 2013, en los que se incluyen los gastos

previsionales, fue del 65,3%. En otros esquemas, los gastos en pensiones se

analizan desde el impacto que tiene el gasto en defensa sobre la región (Dunne

& Tian, 2013).

1.3.4 Los efectos del prematuro retiro sobre el sistema de pensiones

El prematuro retiro del servicio activo tiene efectos no solo de carácter

económico sobre el sistema de pensiones, sino que se presentan otros efectos

como el institucional, por no poder contar con una estructura demográfica que

le permita atender sus objetivos operacionales61; efectos para los pensionistas,

que se retiran en una edad productiva tanto en sus capacidades físicas como

por la preparación y experiencia (competencias útiles institucionalmente pero

59

El costo financiero del sistema de retiro militar de los Estados Unidos alcanzará los USD 116.9 mil millones hasta el 2035 (Office of the Actuary, 2012). 60

Bonnet, Buffeteau, & Godefroy, (2006) se refieren a que una “relativa temprana” edad de jubilación genera desigualdad y afecta a los ingresos a los sistemas de pensiones 61

En estas circunstancias, la reducción de personal entrenado y debidamente cualificado es suplida por la incorporación de tecnología y medios que le permitan mantener e incrementar sus capacidades militares.

142

con limitadas oportunidades en el mercado laboral); sobre el personal militar en

servicio activo que consideran su permanencia; y sobre aquellas personas que

optan por ingresar a la carrera militar (Asch, Hosek, Mattock, & Panis, 2008;

Asch, Warner, & Johnson, 1998; Asch & Warner, 1994, 2014; Slijper, 2013;

Smith & West, 2012).

Entre los requisitos establecidos para que el segmento militar tenga

acceso a una pensión de retiro, el principal es el concerniente al tiempo mínimo

de permanencia en el servicio activo, que oscila entre los 15, 20 y 25 años

dependiendo de cada país. Esta consideración es el resultado de, entre otras

causas, el reconocimiento social por las exigencias profesionales de la carrera

militar (Cotino Hueso, 2007), ser un grupo de poder (Mesa-Lago, 1978), su rol

desempeñado en la historia (Kruijt & Koonings, 2002). Para los Estados

Unidos, el retiro militar busca atraer a los mejores al establecer un sistema en

relación con el sistema privado y público.

El prematuro retiro del servicio activo sin lugar a dudas es un mecanismo

que representa un aspecto atractivo de la carrera militar. Se suman, desde el

punto de vista económico, los generosos beneficios que el sistema otorga a sus

pensionistas. Desde la perspectiva de su financiamiento, estas condiciones

representan un gasto importante en el presupuesto estatal, inclusive en

Fuerzas Armadas donde sus pensiones son cofinanciadas con el aporte de sus

afiliados, como es el caso del Ecuador. En estas circunstancias, la presión

ejercida sobre el presupuesto nacional es menor, pero depende de una

estructura demográfica de aportantes previamente establecida.

143

Capítulo II La Seguridad Social Militar en América Latina: El Caso

ecuatoriano

Introducción

Las numerosas ocasiones en las que los gobiernos de América Latina

impulsaron la creación de subsistemas de protección social, con el tiempo se

convirtieron en deficitarios crónicos al no regular y homogenizar el gasto

(Cazorla, 2010), fueron el resultado de la influencia y presión social de ciertos

grupos de poder, que buscaban a través de este medio perpetuar sus

beneficios a largo plazo sobre la base de los “derechos adquiridos”. En esta

situación, el Estado se ve obligado a asumir, en último término, el coste social y

económico de su quiebra técnica (W. E. Schulthess, 1998).

La comparación de los sistemas de seguridad social con otros países de

la región, en especial con aquellos que guardan similitudes en cuando a

estructura, financiamiento y beneficios sociales, permite que se identifiquen los

principales factores que provocan problemas de sostenibilidad, así como

también el interés gubernamental por mantener las estructuras, más allá del

peso económico que representa mantener este tipo de sistemas.

Entre los factores que se destacan en este tipo de regímenes especiales

se encuentran la edad de jubilación, los requisitos de acceso a los beneficios,

el gasto en pensiones en relación al PIB, el gasto en defensa respecto al PIB,

la tasa de empleo efectivo, los mecanismos de financiamiento del sistema,

entre otros. Un aspecto que se ha considerado es el nivel de influencia del

sector militar sobre las decisiones políticas del Estado, en especial las

orientadas a la protección social militar.

144

2.1 La Seguridad Social Militar

Los regímenes especiales, en el caso de Latinoamérica, se instauraron

originalmente para proteger a las Fuerzas Armadas. Su evolución data de la

época de independencia de manera fragmentaria y sus antecedentes pueden

remontarse a la época precolombina y a los gobiernos españoles coloniales.

Según Mesa-Lago (1978), la institucionalidad actual floreció a partir de la época

republicana posterior a 1920, cuyo establecimiento se caracterizó por las

discrepancias y descoordinación entre instituciones, lo que ocasionó profundas

diferencias entre los niveles de cobertura y la calidad de la protección de la

población, en especial en los programas de pensiones.

La configuración de programas paralelos dirigidos a grupos específicos

de la sociedad no es exclusiva de América Latina. Para Mesa-Lago (2004b), el

esquema de programas separados ocurre de manera similar en países

industrializados. Los regímenes instaurados tanto para servidores públicos

como para las Fuerzas Armadas gozan de condiciones de acceso más liberales

que el sistema general. Así por ejemplo, su jubilación se otorga en base a los

años de servicio, independientemente de la edad, o se establece una fórmula

de cálculo más generosa, tomando como base de cálculo el último salario, a fin

de que sus pensiones sean más altas.

La argumentación general para el sector militar se basa en que sus

carreras son más cortas, sometidas a riesgos más altos en comparación a las

demás actividades laborales, sus miembros están inmersos en limitaciones que

les restringe las posibilidades de reinserción laboral a su retiro, su alto grado de

siniestralidad y la imposibilidad de sindicalización (Florián Plasencia, 2009)62.

En este sentido, Asch, Hosek, Mattock, & Panis (2008) consideran que la gran

cantidad de habilidades requeridas demandan de juventud, vigor y son

susceptibles a riesgos extremos. Esto hace necesario adaptar su sistema de

jubilación a un esquema de una carrera profesional relativamente corta con una

solidez financiera propia de una carrera más larga.

62

Mesa-Lago (1978) señala que estos razonamientos no serían exclusivos de este sector de la sociedad. Sin embargo, estas consideraciones no se aplican a otros grupos, como los relacionados con el sector minero, ya que no constituye un “grupo de poder”.

145

La posición privilegiada con relación al tiempo de servicio mínimo

necesario para acceder al beneficio de la jubilación en las Fuerzas Armadas, se

puede notar en ciertos ejemplos de países América Latina detallados en la

Tabla 14. La edad aproximada para tener acceso a los beneficios de retiro se

encuentra alrededor de los 20 años. Esta edad no es exclusiva de los países

de América Latina, una situación similar sucede en los Estados Unidos y

demás países industrializados.

Tabla 14 Tiempo de servicio requerido para el retiro de la Seguridad Social

Militar en América Latina

País Tiempo de servicio mínimo (años)*

Observaciones

Argentina 25 Edad promedio de retiro 43 años

Ecuador 20 Edad promedio de retiro 42 años

Honduras 35 (aprox.)

Tendrán derecho a jubilación los afiliados que hayan cumplido cincuenta y ocho (58) años de edad y diez (10) años de cotizar como mínimo. La jubilación será obligatoria a los sesenta y cinco (65) años de edad.

El Salvador

28 (aprox.) Acceso al beneficio con 50 años de edad (10 menos que el sistema general

Colombia 15 Edad promedio de retiro 37 años

Chile 20 Pensión para FFAA se basa en el 100% del último salario

Perú 15 Pensión mensual tantas treintavas partes de las remuneraciones pensionables de su grado.

*Se considera una edad de 22 años promedio en la que pasan a formar parte profesional de las Fuerzas Armadas

Fuente: Ayala & Acosta (2001); IPSFA (2002); Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) (2002); ISSFA (2012); legislación de 7 países Elaboración propia

Los regímenes especiales de Protección Social, considerados como

“Grupos de Presión”, constituyen uno de los factores predominantes en el inicio

de la estructuración del sistema de protección social “estratificado” en

Latinoamérica. Así, figuran como una de las causas generadoras de

desigualdad en la distribución de los servicios sociales. Tomando con

referencia el estudio realizado por Mesa-Lago (1978), situaré al sistema de

protección social de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica como un grupo de

presión debido a su nivel de influencia en el aparato estatal, tanto por su grado

de organización como por su importancia estratégica.

En el siguiente apartado, se describe la evolución de la seguridad social

militar en cinco países: México, Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador. En estos

ejemplos se evidencia lo descrito en el apartado anterior respecto a las

características que se fueron desarrollando durante la historia para conseguir

146

establecer su estructura de protección social, sus exclusivos beneficios y sus

relativamente flexibles condiciones de acceso a los beneficios.

2.1.1 La Seguridad Social Militar Mexicana

La seguridad social mexicana, desarrollada a través del Instituto de

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), es un

organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y

patrimonio propio. Su misión es la de proporcionar prestaciones sociales y

económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas y sus

beneficiarios, así como de salud al personal militar retirado, pensionistas y

derechohabientes, contribuir a su bienestar social mediante capital humano con

identidad institucional y vocación de servicio, herramientas tecnológicas y

procesos eficientes con apego a derecho (Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión, 2012). La reseña histórica se detalla en la Tabla 15.

Tabla 15 Reseña Histórica de la Seguridad Social Militar de México

AÑO EVENTO OBSERVACIÓN

1829 Aprobación del Reglamento General de la Gran Casa Nacional de Inválidos

Se establecen reglas para su funcionamiento y las condiciones para el otorgamiento del beneficio.

1917 Incorporación de garantían sociales, normas y regulaciones en la Constitución.

A continuación se especificarían los sujetos y objetos, materia de la seguridad social y la participación de instituciones que, en la actualidad, ocupan diversos e importantes sectores de la sociedad.

1925 Creación de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro

Proporciona a los prestadores de servicios del estado, los beneficios de seguridad social.

1926 Se expide la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada Nacionales.

1929 Se establece un Sistema de Seguros Obligatorio

Resultado de la evolución del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, como precursor de la Seguridad Social en la historia de México

1936 Se crea el Fondo de Ahorro del Ejército y su Reglamento.

1939

Se modifica la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada Nacionales

El objetivo es el de incrementar los beneficios

1946 Se crea el Banco Nacional del Ejército y la Armada.

1953 Se establece la Ley del Seguro de Vida Militar.

1955 Se reforma la Ley de Retiros y Pensiones Militares y se crea la Dirección de Pensiones Militares.

Institución con personalidad jurídica y patrimonio propio que, entre otros objetivos, el manejo de pensiones, compensaciones y haberes de retiro.

1961 Se emite la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Se deroga la Ley de Seguro de Vida Militar.

1976 Se emite la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Se eliminan: La Ley de Retiros y Pensiones Militares El decreto de creación de la Dirección de Pensiones Militares de 1955 La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de 1961.

1995

Se revoca el acuerdo del 19 de agosto de 1988 y se establece el derecho a recibir los nuevos beneficios del Seguro Colectivo de Retiro.

Se establece en beneficio militar y a los beneficiarios de retiro, invalidez y muerte

2000 Se otorga el beneficio del Seguro Institucional.

Para aquellos Militares que ostentan un puesto como Servidor Público, mediante un convenio que regulaba la operación y administración del mismo.

2003 Entra en vigor la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

2006 Se actualiza la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)

En materia de Control Interno, Servicio Médico y Requisitos de los Extractos de Antecedentes.

2008 Se reforma significativamente la seguridad social militar

Se sustituye el porcentaje del 70% que percibían los militares en situación de retiro y el 60% de los pensionistas por el 80% Se incrementa la pensión de los militares que pasen a situación de retiro y los que se encuentren en dicha situación con 30 o más años de servicios efectivos.

147

2011 Se reforma la Ley del ISSFAM, Referente a los ascensos de los militares que pasan a situación de retiro, al grado inmediato superior, para efectos de cálculo de beneficio económico.

2012

Se incrementan las pensiones militares Para aquellos militares que pasen al retiro y a los que se encuentren en dicha situación entre los 20 a los 29 años de servicios efectivos.

2012 Se otorga becas educativas a los hijos de los militares en activo

El ISSFAM provee de becas de Manutención, Escolar y Especial.

2013 Se mejora la redacción para el cálculo de la cuantía de la suma asegurada para el seguro colectivo de retiro.

Para los militares que causen baja del servicio activo y alta en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro o a sus beneficiarios

Fuente: ISSFAM (2013) Elaboración propia

La evolución del sistema de seguridad social militar en México ha tenido

etapas en las que se han ido alcanzando beneficios exclusivos para las

Fuerzas Armadas. A consecuencia de las reformas realizadas en la estructura

de la ley de seguridad social militar, se ha configurado un esquema de

beneficios exclusivos como los requisitos de acceso, el monto de pensiones,

fórmula de cálculo de la cuantía de la pensión, becas para los hijos, entre otros

aspectos. Las prestaciones sociales se detallan en la Tabla 16.

Tabla 16 Prestaciones Sociales de la Seguridad Social Militar Mexicana

Prestación Social Beneficios

Haber de retiro, compensación y

muerte del militar

Prestación económica vitalicia y de una única prestación, para el militar o a familiares en caso

de su fallecimiento

Pago de los gastos generados en caso de muerte y pagas de defunción y ayudas de gasto de

sepelio.

Prestaciones al Fondo de trabajo,

fondo de ahorro, seguro de vida

militar y seguro colectivo de

retiro.

Fondo de trabajo para el personal de tropa hasta el momento que se le otorgue licencia

ilimitada o ascienda a oficial

Fondo de ahorro para los Oficiales en servicio activo

Seguro colectivo a los beneficiarios o familiares de los militares por su fallecimiento

Vivienda y otras prestaciones Cubre las necesidades de habitación familiar del militar, mediante la construcción, reparación,

ampliación o mejora su vivienda.

Becas y créditos de capacitación

científica y tecnológica

Para la resolución de los problemas relacionados con la formación científica y técnica y el

mejoramiento social de los hijos de los militares en el activo y retirados

Servicio médico integral Sistema integral de salud que trata de conservar y preservar la salud de las personas

Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2012) Elaboración propia

Las prestaciones sociales involucran beneficios tanto de carácter

económico como asistencial. El esquema propende a la protección del militar y

su familia en eventos como el retiro, invalidez y muerte, así como la protección

preventiva y atención de salud al militar y su familia, sea en servicio activo o

pasivo, beneficio económico dirigido a asegurar la educación de los hijos y

prestaciones para vivienda sin discriminar la condición de activo o retirado.

2.1.2 La Seguridad Social Militar Chilena

El Sistema de Pensiones que poseen las Fuerzas Armadas y de Orden

es distinto al Sistema civil de Capitalización Individual. Se encuentra

compuesto por dos sistemas que coexisten con este último: el de la Caja de

148

Previsión de Defensa Nacional (CAPREDENA)63 y la Dirección de Previsión de

Carabineros de Chile (DIPRECA). En este estudio nos centraremos en la

descripción del CAPREDENA, por ser el organismo encargado de la seguridad

social militar.

El Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de Chile se

basa en la entrega prestaciones en materia de salud (bonificaciones y

prestaciones), pensiones, y servicios sociales y financieros a sus beneficiarios.

La estructura se rige por la Ley de Presupuesto del Sector Público, la misma

que es aprobada anualmente por el Poder Legislativo. El Ministerio de Defensa

Nacional se encarga del control y supervisión de la gestión en cuanto al

cumplimiento de sus objetivos y actividades institucionales.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social se encargará de todos los

aspectos presupuestarios, en razón de que el carácter del sistema de

seguridad social militar es previsional (Subsecretaría de Previsión Social de

Chile, 2013). La evolución histórica y las prestaciones sociales otorgadas por el

CAPREDENA como organismo encargado de ejecutar las acciones de

seguridad social militar, se resumen en la Tabla 17.

63

Es uno de los Servicios de la Administración Descentralizada del Estado que conforman el Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio

149

Tabla 17 Reseña Histórica y servicios de la Seguridad Social Militar de Chile

1879 Se crea la “Sociedad Protectora de viudas y huérfanos de los mártires de la Patria"64

1915 Se crea la Caja de Retiro y Montepío para el personal de Ejército y de la Armada, como una sección

de la Caja Nacional de Ahorros65

.

1953 Pasa a denominarse Caja de Previsión de la Defensa Nacional66

.

Servicios y Asistencia Social

Pensión de Retiro

Pago mensual al cumplir un mínimo de 20 años de servicios efectivos o padecer de

alguna invalidez por enfermedad o derivada de accidente en acto determinado de

servicio.

Pensión de Montepío

Pago mensual a los herederos a consecuencia del fallecimiento del militar, siempre

y cuando el imponente haya cumplido los requisitos para acceder a la pensión o

cuando el militar fallece a consecuencia de un accidente en acto determinado del

servicio.

Pago de Asignación Familiar Pago mensual a los pensionados, por cada persona que éste tenga reconocida

como carga familiar.

Pago de Asignación por Muerte Beneficio que se paga a la persona encargada de los gastos de funeral.

Fondo de Desahucio Administra el pago de los beneficios de dicho fondo.

Fondo de Auxilio Social Dirigido a otorgar préstamos de Auxilio y Habitacionales.

Fondo de Medicina Curativa Orientado a financiar las atenciones de Salud de los Pensionados y sus Cargas

Familiares, el desarrollo de Centros de Salud y Rehabilitación.

Fondo Solidario Su objetivo es generar un sistema de seguros complementarios a la bonificación de

salud.

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social de Chile (2013)

Elaboración propia

La base de la creación de la seguridad social militar chilena se origina a

raíz de la Guerra del Pacífico. De este modo, como retribución social a los

actos desempeñados por las fuerzas militares y con el compromiso de velar por

los inválidos y los familiares de los fallecidos, se configura el esquema de

protección social militar que otorga beneficios económicos y de asistencia

social a sus miembros, enmarcados en retribuciones económicas a

consecuencia del retiro, invalidez, muerte y asistencia en el campo de salud

para el militar y sus familiares.

2.1.3 La Seguridad Social Militar Argentina

Los beneficios sociales otorgados a los miembros de las Fuerzas

Armadas argentinas, relacionados con el reconocimiento económico por

concepto de retiros y pensiones militares, se rige por la Ley para el Personal

Militar Nº 19.101, sus reformas y por los reglamentos para cada una de sus

64

El Estado se preocupa por el otorgamiento de montepíos a los deudos de los soldados de la Independencia. Su objetivo es proteger a los inválidos, a las viudas, a los huérfanos y a las demás personas que quedaren en desamparo por motivo de la guerra. 65

Este documento jurídico es la norma legal que da origen a la actual Caja de Previsión de la Defensa Nacional CAPREDENA. 66

El Decreto DFL N° 31 de 1953 estableció su actual Ley Orgánica. En esta se define su personalidad jurídica, objetivos, funciones, beneficiarios, fondos, organización y beneficios que otorgará, siendo de suma importancia la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional.

150

Fuerzas Armadas. Este sistema, según el Instituto de Ayuda Financiera para

pago de retiros y pensiones militares, corresponde a un Régimen Especial de

retiros y pensiones que nada tiene que ver con los llamados Regímenes de

Privilegios.

La Ley N° 12913 crea el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de

Retiros y Pensiones Militares (I.A.F.P.R.P.M.), que entró en funcionamiento en

el año 1947, con la misión de responder por los retiros y pensiones militares y,

con esto, eliminar la posibilidad de que el sistema quede expuesto a las

fluctuaciones del presupuesto nacional. El sistema de pensiones constituye,

para el Estado argentino, una efectiva y sensible ayuda financiera, mediante

capitalización de reservas con los recursos provenientes de los militares en

servicio activo, pasivo y pensionistas, con lo cual se pretende dar solución

estructural a sus necesidades financieras.

El sistema de pensiones se caracteriza porque su financiamiento, a

diferencia de otros sistemas de pensiones militares donde el Estado asume la

totalidad del coste en pensiones, es de carácter contributivo. Es así que las

pensiones militares son financiadas tanto por el aporte del personal militar en

servicio pasivo y activo, como por las contribuciones del Tesoro Nacional en

proporciones fijadas periódicamente por el presupuesto nacional. Este aspecto

permite dotarlo de un cierto nivel de sostenibilidad financiera ya que los

militares retirados y sus pensionistas continúan aportando el 11% de su

pensión hasta la extinción del beneficio67.

Entre los requisitos mínimos para que el personal militar acceda al retiro,

se encuentra la obligatoriedad de cumplir al menos veinticinco años de

servicios simples militares. La Seguridad Social Militar de Argentina cuenta con

84.043 beneficiarios entre su población de retirados y pensionistas, y una

población activa de 75.700 hombres que, conjuntamente con el aporte del

Estado, financian el sistema de pensiones militares.

67

La finalidad de su aporte es la formación de capital que origina los fondos, además de contribuir con el Estado para la financiación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión, según lo considera la Ley Nº 22.919 que rige el Instituto de Ayuda Financiera.

151

2.1.4 La Seguridad Social Militar Uruguaya

La ley Nº 14.157, promulgada por el Poder Legislativo (1974), dispone

que la Dirección General de los Servicios dirigirá, coordinará y supervisará las

actividades de los servicios comunes de las Fuerzas Armadas, entre los que se

encuentra la seguridad social. El sistema considera servicios y asistencias

sociales como los siguientes: el servicio para la adquisición de viviendas, el

servicio de retiros y pensiones militares (control administrativo, liquidación de

pensiones militares y servicios de seguridad social del personal militar y sus

familiares) y el servicio de tutela social (atiende a segmento de las Fuerzas

Armadas y sus familiares no considerados en las funciones anteriores) (véase

la Tabla 18).

Tabla 18 Reseña Histórica y servicios de la Seguridad Social Militar del Uruguay


1811 Concesión de la primera pensión vitalicia

de montepío

En reconocimiento del Estado, por los encomiables actos

militares

1911 Creación de la Caja de Pensiones Militares Se considera como el nacimiento del Sistema de Seguridad

Social Militar (Ley Nº 3.739)

1942 La Caja de Pensiones Militares adquiere

personería jurídica (Ley Nº 10.273)

1956 Reconocimiento de su calidad de Servicio

Descentralizado. Sin dejar de depender del Ministerio de Defensa Nacional

1960 Se cambia la denominación a Caja de

Retirados y Pensionistas Militares Ley Nº 12.803

1974

La Caja de Retirados y Pensionistas

Militares, pasa a denominarse “Servicio de

Retiros y Pensiones Militares”

De ser una persona jurídica estatal con patrimonio propio y

descentralización administrativa, pasa a depender de una

dirección del Ministerio de Defensa Nacional. (Ley Nº 14.157

y Nº 14.189)

1992

Cambia su denominación a Servicio de

Retiros y Pensiones de las Fuerzas

Armadas

Ley Nº 16.320

Fuente: Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas Elaboración propia

El sistema de pensiones es un sistema de reparto basado en el principio

de solidaridad intergeneracional entre activos y pasivos. El requisito mínimo

para que un militar pueda acceder al beneficio de retiro, en el caso de los

oficiales es contar con 20 años de servicio y en el caso del personal subalterno

15 años de servicio y treinta años de edad. La población militar cuenta con

24.600 efectivos en servicio activo y con alrededor de 50.858 beneficiarios

entre su población de retirados y pensionistas (Centro de Estudios Nueva

Mayoría, 2013; Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, n.d.).

152

2.1.5 La Seguridad Social Militar Ecuatoriana

La seguridad social militar se define como el servicio público obligatorio

promovido por el Estado que comprende medidas preventivas, reparadoras y

de recuperación, legalmente establecidas en un régimen especial. Así también,

se configura como un sistema solidario y estructurado por instituciones de

previsión, servicios y asistencia social a favor del profesional militar y el

pensionado militar y sus familias, a fin de precautelar su bienestar y el

aseguramiento del nivel de vida (ISSFA, 1992b).

La Constitución de la República del Ecuador define la Seguridad Social

de las Fuerzas Armadas como un régimen especial, legalmente autónomo que

es parte del Sistema Nacional de Seguridad Social. Este régimen especial

proporciona cobertura social militar integral ya que protege al militar frente a

todos los riesgos profesionales propios de la carrera militar (véase la Tabla 19).

A diferencia de los otros países, la seguridad social militar es de carácter

contributivo pues el militar ecuatoriano aporta al financiamiento de las

pensiones militares, la salud y los riesgos de trabajo (ISSFA, 1992b).

Tabla 19 Reseña Histórica y servicios de la Seguridad Social Militar del Ecuador


1928 Expedición de la ley de jubilación, montepío civil,

ahorro y cooperativa y la ley de retiro militar.

Legaliza el retiro a favor de los oficiales y extiende el

beneficio a todo el colectivo militar. Se considera el

punto de partida de la seguridad social ecuatoriana

1939

Promulgación de la Ley de pensiones de las

Fuerzas Armadas y se crea el seguro de

cesantía militar para oficiales en servicio activo.

Iniciativa de las Fuerzas Armadas

1949 Se crea la Cesantía militar para la tropa del

Ejército y la Aviación

1951 Se crea la Cesantía militar para la tropa de la

Marina

1953

La cesantía militar para oficiales y tropa, cambia

de denominación por el de “cooperativa de

cesantía militar”

Los fondos son administrados por la caja de pensiones.

1957 Creación de la Caja Militar, como caja

independiente. Administrada por la caja de pensiones

1982 Se presenta el primer proyecto de

Institucionalización de la Seguridad Social Militar Desestimado por el Ejecutivo por cuestiones políticas

1988 Se retoma el proyecto contemplado en el plan

estratégico de Fuerzas Armadas.

So objetivo era la creación del Instituto de Seguridad

Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA)

1992 Se expide la Ley de Seguridad Social de las

FF.AA

Fuente: ISSFA (1992a)

Elaboración propia

153

Las necesidades derivadas de protección de la población militar

permitieron que, a partir de la aprobación de la ley de retiro militar, se

estructurase el sistema de seguridad social ecuatoriana. Situación que, luego

de un proceso de evolución del sistema de protección militar, deriva en la

expedición de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En este

sentido, se configura el régimen especial de seguridad social, implementado a

través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador

como organismo autónomo, con finalidad social, con personería jurídica,

patrimonio propio, que atiente a la población militar en servicio activo, pasivo y

sus familiares (véase la Tabla 20).

Tabla 20 Prestaciones sociales de la Seguridad Social Militar del Ecuador

Segu

ro d

e

Retiro

,

Invalid

ez

y M

uert

e

(RIM

)

Retiro Beneficio destinado al pago de una pensión vitalicia cuando se separa del servicio activo y

acredita un mínimo de 20 años de servicio activo y efectivo.

Invalidez Beneficio otorgado cuando el militar en servicio activo, se incapacita fuera de actos de servicio.

Muerte Es el pago de una pensión vitalicia a los derechohabientes a la muerte del militar

Seguro de Cesantía Beneficio económico otorgado cuando al militar se separa del servicio activo y acredita un

mínimo de 20 años de servicio activo y efectivo.

Seguro de Enfermedad y

Maternidad

Protege al militar en servicio activo y pasivo, a sus dependientes y derechohabientes, aspirantes

a oficiales y tropa y conscriptos, mediante la atención médica general y especial.

Seguro de Mortuoria Recursos destinados cubrir los gastos que demandan sus funerales.

Segu

ro d

e V

ida

y d

e A

ccid

ente

s

Pro

fesio

nale

s De Vida

Beneficio destinado a resarcir a los derechohabientes, la pérdida del ingreso familiar originada

por el fallecimiento del militar en servicio activo.

Accidentes

Profesionales

Beneficio que pretende compensar el ingreso del militar que se incapacita por enfermedad o

accidente profesional.

Fondo de Reserva Beneficio proporcionado por el Ministerio de Defensa, el que anualmente se entrega al ISSFA y

es el equivalente a un mes de sueldo imponible, a partir del segundo año de servicio.

Otr

os s

erv

icio

s

socia

les

Fondo de Vivienda Financia la compra o construcción de su vivienda.

La Indemnización

global

Beneficio en la que el militar que sin tener derecho a los seguros de Retiro y Cesantía, se

separa de la Institución y que acredita un mínimo de 5 años de servicio activo y efectivo, recibe

por concepto de una indemnización global equivalente.

Préstamos Percibir préstamos quirografarios, ordinarios y de emergencia, préstamos hipotecarios y

préstamos prendarios.

Fuente: ISSFA (1992b)

La seguridad social militar se fundamenta en la necesidad de dar

cobertura al militar contra los riesgos a los que se expone en el ejercicio

profesional, además de establecer adecuadas condiciones de bienestar para el

militar y su familia, permitiendo ajustarse a las determinantes de la

organización. La creación de las pensiones militares se considera como uno de

los logros sociales y profesionales más significativos de la institución militar

(ISSFA, 2013b). Este reconocimiento social fue producto de las gestas militares

desarrolladas por la Revolución Juliana de 1925 (Paz y Miño Cepeda, 2013).

154

El Ecuador, con la expedición de la ley de retiro militar y de montepío

militar de 1928, se convertirá en el pionero en instaurar un esquema de

seguridad social militar en Latinoamérica. La seguridad social militar se concibe

como un régimen contributivo y solidario, esquema que tiene por objetivo aliviar

la presión económico-financiera que el sistema ejerce sobre el presupuesto del

Estado. La seguridad social militar atiende a una población militar compuesta,

hasta diciembre del 2013, por 36.054 miembros entre pensionados y

pensionistas y 41.354 militares en servicio activo, situación que será tratada

más al detalle en el siguiente apartado.

2.2 El Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador

El sistema de seguridad social militar del Ecuador, que forma parte del

sistema de seguridad social ecuatoriano, es desarrollado a través del Instituto

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). El ISSFA se encarga de

planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los programas de

seguridad social para los miembros de las Fuerzas Armadas. Al constituirse

como un organismo autónomo con finalidad social, personalidad jurídica y

patrimonio propio, no está sujeto a la intervención de la Contraloría General del

Estado. Entre sus principales funciones se encuentran:

Planificar y ejecutar programas de capacitación, bienestar, rehabilitación y recreación

Financiar programas de atención médica, provisión de medicinas, vivienda, educación y otros.

Adquirir bienes necesarios para la consecución de sus objetivos.

Ejecutar planes de inversión.

Asumir las obligaciones económicas establecidas por la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

El patrimonio de la seguridad social militar se conforma con los bienes,

derechos y obligaciones establecidos en la ley y por aquellos recursos que

integraron el patrimonio de la Caja Militar, Cooperativas de Cesantía Militar,

Junta Calificadora de Servicios Militares y Junta Administradora de Consulta de

manera interna. Externamente incluye todas las aportaciones de los

asegurados, las aportaciones patronales del Ministerio de Defensa Nacional,

155

las asignaciones de Ley que anualmente constan en el Presupuesto General

del Estado, los bienes que por cualquier título adquiera el ISSFA, así como la

rentabilidad que obtenga de sus inversiones, donaciones, cesiones y

contribuciones a favor del ISSFA (ISSFA, 1992b).

La peculiaridad del sistema de seguridad social militar, entre otros

aspectos de carácter legal, económico y demográfico, se resumen en la Tabla

21. La estructura de financiamiento requiere de una permanente inyección de

recursos que le permita soportar la carga económica resultante de los elevados

niveles de gasto, en especial el generado por las pensiones militares. El

sistema de pensiones presenta un déficit actuarial que, para mantenerlo bajo

niveles de aceptabilidad, necesita recurrir al financiamiento ya sea con recursos

provenientes del Estado, de los afiliados, pensionistas68 o los resultantes de la

generación interna del Instituto.

Tabla 21 Características de la Seguridad Social Militar del Ecuador

Oficiales Tropa

ASPECTO LEGAL

Edad Promedio de Ingreso a FF.AA. 22 años 23 años

Tiempo de Servicio Mínimo para el Retiro 20 años

Edad mínima de Retiro 42 años 43 años

Tiempo de Retiro Promedio 24 años 28 años

Edad Promedio de Retiro 46 años 51 años

Tiempo de Servicio para acceso al nivel máximo de pensión de Retiro 30 años

ASPECTO ECONÓMICO

Tasa de Rendimiento Financiero 6,3 %

Porcentaje de Financiamiento de las pensiones por parte del Estado 60% Máximo

Base Reguladora (en % al último haber militar) 88 %

Pensión de Retiro Mínima en % de base Reguladora 70 %

Pensión de Retiro Máxima en % de base Reguladora 100 %

Porcentaje de Actualización de pensiones Art. 10069

Tasa proyectada de largo plazo de crecimiento de salarios 3,5 %

Tasa proyectada en el largo plazo de la inflación 3,5 %

Aporte individual, miembros en servicio activo, al RIM 12,40 %

Aporte individual, miembros en servicio pasivo, al RIM 00,00 %

Aporte patronal del Haber Militar al RIM 13,15 %

Porcentaje de inversión (reservas) en bonos o títulos Gubernamentales

10 %

Porcentaje de las reservas en inversiones sociales y de alta rentabilidad

90%

Gastos administrativos del fondo 1 %

ASPECTO DEMOGRÁFICO

Expectativa de vida para un militar jubilado de 60 años 16, 1 años

Expectativa de vida para un militar jubilado de 70 años 9,6 años

Expectativa de vida para un militar jubilado de 80 años 4,9 años

Promedio de retiros por año 1.225

Base de aportantes a octubre 2010 37.950

Fuente: Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010); ISSFA (1992) Elaboración propia

68

En el año 2007 se derogan las aportaciones por parte de militares en servicio pasivo para los seguros del RIM, Enfermedad y Maternidad y Mortuoria, rubros que a partir de esa fecha son asumidos por las aportaciones del personal en servicio activo. 69

“Cada vez que se aumenten los sueldos del personal militar en servicio activo, el ISSFA procederá de oficio a la revalorización automática de las pensiones en curso de pago, en la misma proporción en que se incrementen los salarios de los activos, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Nº 166, publicada en el Registro Oficial Nº 761 del 14 de junio de 1984…”

156

Las características del sistema militar evidencian las favorables

condiciones instituidas como régimen especial. El sostener a la población

militar en estas condiciones resulta económicamente complicado, más aún si

se considera que como regulación específica para el sector militar, en general,

se establece la posibilidad de que sus miembros puedan acogerse a su retiro

(con todos los beneficios otorgados a una persona de tercera edad) luego de

20 años de aportaciones continuas y efectivas, con una edad mínima promedio

que oscila entre los 42 y 43 años de edad, aspecto que, vinculado con la

esperanza de vida, ahondan su financiamiento.

El comportamiento del sistema (ingresos y gastos) y la presión

económica ejercida sobre el presupuesto general del Estado (necesario para

mantener el sistema de seguridad social militar) en relación con el PIB y el PIB

per cápita del Ecuador durante el período 2000-2013, se detallan en la Tabla

22.

Tabla 22 Evolución y comportamiento de los Ingresos y Egresos de la Seguridad

Social Militar en relación al PIB y PIB Per cápita 2000 – 2013

(Millones de dólares)

AÑO INGRESOS DEL ISSFA

(A)

PIB (B)

EGRESOS DEL

ISSFA (C)

PIB-PERCAPITA

(D)

RELACIÓN (A/B)

RELACIÓN (C/B)

RELACIÓN (C/D)

2000 104 15.934 72 1.296 0,65% 0,45% 5,56%

2001 135 21.250 112 1.703 0,64% 0,53% 6,58%

2002 155 24.899 128 1.967 0,62% 0,51% 6,51%

2003 162 28.636 141 2.230 0,57% 0,49% 6,32%

2004 169 32.642 143 2.506 0,52% 0,44% 5,71%

2005 201 37.187 164 2.814 0,54% 0,44% 5,83%

2006 250 41.763 193 3.115 0,60% 0,46% 6,20%

2007 296 45.789 243 3.366 0,65% 0,53% 7,22%

2008 368 61.763 331 3.748 0,60% 0,54% 8,83%

2009 424 61.550 486 3.719 0,69% 0,79% 13,07%

2010 655 67.856 554 3.770 0,97% 0,82% 14,69%

2011 702 78.189 614 4.004 0,90% 0,79% 15,33%

2012 750 88.186 599 4.405 0,85% 0,68% 13,60%

2013 821 93.746 615 4.949 0,88% 0,66% 12,43%

TASA MEDIA DE

CRECIMIENTO 17,23% 14,60% 17,94% 10,86% 2,29% 2,91% 6,39%

NOTA: Cambio de año base 2007

Fuente: Boletines del Banco Central del Ecuador, estados financieros ISSFA 2008-2013 Elaboración propia

157

Los ingresos de la seguridad social militar han evolucionado a una tasa

media de crecimiento del 17,23%, pasando de los USD. 104 millones en el

2000 a los USD. 821 millones en el 2013. El PIB del Ecuador ha tenido una

menor tasa crecimiento media (14,60%). Los gastos incurridos por el sistema

se han incrementado de los USD. 72 millones en el 2000 a los USD. 615

millones en el 2013 con una tasa media de crecimiento del 17,94%. Situación

que muestra que los egresos crecen en una proporción mayor al nivel de

crecimiento del PIB y que los ingresos institucionales.

En cuanto a la relación de los ingresos y gastos del sistema con el PIB

per cápita, este se ha incrementado desde el año 2000 a una tasa media del

10,68%, en donde la relación entre los egresos sociales del sistema militar con

el PIB per cápita ha tenido un importante crecimiento medio del 6,39% al año

2013.

Según la CEPAL (2006), los regímenes especiales afrontan cada vez y

con más intensidad limitaciones en sus fuentes de financiamiento. El régimen

especial militar, por la naturaleza de su configuración, no es la excepción. En

estas condiciones, la estructura de su cartera en porcentajes de aportación se

sostiene con los aportes individuales del militar en servicio activo equivalente al

23% de su sueldo imponible70 y con el aporte patronal del Ministerio de

Defensa Nacional del 26% (Tabla 23). Recursos que no son suficientes para

sostener los niveles de gasto.

Tabla 23 Cartera de aportaciones de la Seguridad Social Militar

Seguro Aporte

Individual Aporte

Patronal Distribución del aporte Estatal

(bajo un máx. de 60 %)

RIM (Pensiones Militares) 12,40 % 13,13 % 75 %

Mortuoria 0,20 % 0,20 % 3 %

Enfermedad y Maternidad 3,35 % 5,85 % 4 %

Vida y Accidentes Profesionales 0,15 % 0,15 % 3 %

Cesantía 6,25 % 6,25 % 10 %

Servicio de Vivienda 0,65 % 0,40 % 5 %

Total 23,00 % 26,00 % 100 %

Fuente: ISSFA (1992b) Elaboración propia

70

El sueldo imponible, equivalente al haber militar y que sirve de base para el cálculo de las prestaciones que concede el ISSFA, es el correspondiente al 88% del total de la remuneración recibida en el último mes previo a la baja del militar. Lo que es una política regular en los programas de pensiones de las fuerzas armadas y seguridad interna de Latinoamérica, que para su cálculo consideran al último mes de salario (Mesa-Lago, 2003; Sandó, 2003).

158

La estructura de la cartera de aportaciones, en especial el porcentaje

destinado al financiamiento de las pensiones es el de mayor relevancia

económica. Debido al porcentaje de cotización individual (23%), el ISSFA

promueve medidas encaminadas a reducir el ritmo porcentual del crecimiento

de revalorización anual de las pensiones, ya que este se encuentra sobre el

nivel de la inflación. La imposibilidad, por el efecto socioeconómico, que

supondría incrementar el aporte individual y la necesidad de asegurar el

sistema de pensiones con el fortalecimiento de sus reservas, hacen necesario

el establecimiento de reformas encaminadas a incrementar la fuente de

ingresos.

2.2.1 Cobertura de la Seguridad Social Militar del Ecuador

La cobertura del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas

protege a todos los miembros en servicio activo, pasivo y sus familiares,

mediante la concesión de prestaciones y beneficios sociales (cobertura

prestacional) incluidos en: el Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM),

Seguro de Cesantía, Seguro de Enfermedad y Maternidad, Seguro de

Mortuoria, Seguro de Vida y Accidentes Profesionales y Servicio de Vivienda. A

continuación realizaremos una breve descripción de cada uno de los seguros

para, posteriormente, profundizar el estudio de las pensiones militares del

Seguro de Retiro.

Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM)

El seguro del RIM es el más importante del sistema de seguridad social de

las Fuerzas Armadas para el militar en el momento de su salida del servicio

activo, pues constituye su mayor fuente de liquidez. El RIM se compone de

tres asistencias sociales de carácter económico: el beneficio por retiro, a

través de las pensiones militares, el aseguramiento económico por causa

de invalidez y el ocasionado por la muerte del militar. Por la relevancia que

reviste este seguro se hace imprescindible la permanente evaluación de

sus niveles de sostenibilidad, en especial el que se relaciona con el sistema

de pensiones.

159

El Seguro de Retiro es la prestación que genera el pago de una pensión

vitalicia al militar que se separa del servicio, luego de haber acreditado un

mínimo de 20 años de servicio activo y efectivo en la Institución. El cálculo

de la pensión toma como base el sueldo imponible. Así, al cumplir 20 años

de servicio tendrá derecho al 70%, el 3% adicional por cada año adicional a

los 20 años y el 0,25% por cada mes completo de servicio, hasta alcanzar

el 100% del sueldo imponible, en el caso de aquellos militares que hayan

permanecido un tiempo igual o superior a los 30 años de servicio.

El Seguro de Invalidez es la asistencia social que ampara al militar en

servicio activo que se incapacita fuera de actos de servicio, ya sea por

efecto de enfermedad común, ya por accidente no profesional. La base

mínima de aportación activa y efectiva es de por lo menos cinco años en la

Institución. Esta prestación se da por terminado una vez que el asegurado

alcance la rehabilitación orgánica-funcional o se produzca su fallecimiento.

El Seguro de Muerte permite que los miembros de las Fuerzas Armadas,

sea en calidad de activo o pasivo (en ambos casos con o sin pensión de

invalidez o discapacidad), generen el derecho de pago de una pensión

vitalicia a sus derechohabientes una vez producido su fallecimiento.

Seguro de Mortuoria

Es la prestación otorgada a los derechohabientes del asegurado fallecido,

destinada a cubrir los gastos funerales.

Seguro de Enfermedad y Maternidad

Es la protección contra riesgos de enfermedad del militar, tanto en servicio

activo como pasivo, de sus dependientes y derechohabientes, otorgada a

través de los servicios de atención de medicina preventiva, asistencia

clínica y quirúrgica, asistencia obstétrica y odontológica, rehabilitación,

órtesis y prótesis, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, asistencia

farmacológica. El Seguro de Maternidad comprende la cobertura de

servicios asistenciales pre y postnatal, asistencia de ginecobstetricia.

160

Seguro de Vida y accidentes Profesionales

El Seguro de Vida corresponde a la prestación destinada a compensar a

los derechohabientes designados por el militar por la pérdida del ingreso

familiar originada por el militar en servicio activo. Este seguro es de

carácter obligatorio para el militar en servicio activo y voluntario para el

militar en servicio pasivo. La cuantía otorgada corresponde a un

equivalente de 50 veces el sueldo imponible medio determinado tanto para

oficiales y para tropa.

El Seguro de Accidentes Profesionales se corresponde con la prestación

destinada a compensar el ingreso del militar que se incapacita, ya sea por

enfermedad o por accidente profesional, para desempeñar sus funciones

profesionales habituales después de haberse sometido al proceso de

rehabilitación. Este beneficio se hace efectivo mediante el pago de la

indemnización de la discapacidad y de la pensión de discapacidad.

Seguro de Cesantía

Comprende el beneficio obtenido por el militar una vez que se separa del

servicio activo y acredita un mínimo de 20 años de servicio activo y efectivo

en la institución71. No se consideran abonos por tiempo de servicio, ni

tiempo adicional por servicio civil. Este seguro se hace efectivo por una

sola vez y es equivalente al sueldo imponible percibido por el militar a la

fecha de baja, multiplicado por el tiempo de servicio activo y efectivo en la

Institución (acreditado en años completos) y por el factor de ponderación

de 2.5.

Seguro de Servicio de Vivienda

La seguridad social militar estructuró el fondo de vivienda con la finalidad

de financiar los recursos necesarios para que el militar pueda obtener su

vivienda o mejorarla. Las condiciones económicas a las que se sujetan son

71

El militar dado de baja antes de los cinco años efectivos en la Institución no tendrá derecho a este beneficio ni a la devolución de sus aportaciones individuales realizadas a este seguro. Para el militar que se retira antes de cumplir los 20 años de servicio y tiene más de 5 años efectivos en la Institución, se le acreditará una indemnización equivalente al monto de sus aportaciones capitalizadas a la tasa de interés actuarial.

161

preferenciales, debidamente establecidas en la reglamentación específica

para tal efecto.

2.3 Las Pensiones Militares del Ecuador

El sistema de seguridad social militar del Ecuador entró en ejecución en

la década de los 90, conforme fueron introducidos los planes capitalizados en

América Latina. El sistema militar se estructuró a favor de los afiliados con una

modalidad de pensión vitalicia fija, que garantiza su pensión sin sufrir alteración

por efecto de pérdidas o ganancias de sus inversiones, ni por efecto de

choques demográficos.

El sistema de pensiones se basa en un sistema contributivo financiado

vía reparto y administrado bajo el régimen de capitalización a prima media

general. El sistema mantiene un fondo de reserva que se alimenta de los

recursos provenientes del rendimiento financiero de los préstamos y las

inversiones institucionales y de los excedentes de los demás seguros sociales,

cuyo objetivo es el de garantizar el financiamiento del sistema. La seguridad

social militar del Ecuador, al igual que todos los regímenes establecidos para

las Fuerzas Armadas, genera una fuerte presión económica, necesaria para

cubrir sus costes, sobre el presupuesto del Estado.

El sistema de pensiones militares ha demandado USD. 464.450.434

millones, de los cuales el 40% es financiado mediante cotizaciones patronales72

(13,15%) e individuales (12,40%) y el 60% con recursos provenientes del

Estado. El financiamiento de las pensiones militares se vincula estrechamente

con la cada vez más reducida Ratio de Dependencia (Afiliados/Pensionistas),

que para finales de 2013 se situaba en 1.086.

El último estudio actuarial realizado al sistema de pensiones militares del

Ecuador por Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010) determinó que el sistema

se encuentra con un grave problema de sostenibilidad y que para superarlo se

72

Las aportaciones se realizan sobre la base imponible denominada “Haber Militar”, que es la remuneración mensual unificada que percibe el militar en servicio activo, como retribución inmediata y directa por el ejercicio de su jerarquía, cargo militar, ámbito de operación militar, responsabilidad y nivel de jurisdicción. Su valor se establece de acuerdo con la Escala de Nivel Jerárquico Superior y la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas, vigentes para el Sector Público y reconocimiento por tiempo de servicio en el grado.

162

debían efectuar reformas encaminadas a mejorar el rendimiento de las

inversiones, reducir el ritmo de crecimiento del porcentaje de revalorización

anual de las pensiones73, modificar la edad mínima y máxima de jubilación,

incrementar en el porcentaje a aportación al Seguro del RIM del actual 12,40%

al 14,40%.

2.3.1 Estructura demográfica

La afiliación a la seguridad social militar es de carácter obligatorio e

irrenunciable. Se produce inmediatamente cuando la persona es dada de alta

militar. La condición de afiliado se pierde cuando al militar se le separa del

servicio activo sin haber cumplido los requisitos para tener derecho a las

prestaciones sociales, es condenado a sentencia por el delito de alta traición a

la Patria o fallece. La estructura demográfica de la población militar en servicio

activo se detalla en la Tabla 24.

Tabla 24 Estructura demográfica de la Población Protegida por el Sistema de

Seguridad Social de las FF.AA. 2013

Activos 41.041

Dependientes de Activos 101.041

Pasivos del ISSFA 27.808

Dependientes de pasivos ISSFA74

52.887

Montepíos ISSFA 8.377

Aspirantes y conscriptos 17.219

Pensionistas del Estado 234

Montepíos de pensionistas del Estado 2.100

Pensionistas Ex - Combatientes del 4175

393

Montepíos de pensionistas Ex - Combatientes del 41 1.414

Pensionistas del Cenepa76

12

Montepíos de pensionistas del Cenepa 98

Pensionistas Taura77

60

Total 252.684

Nota: El campo de aplicación corresponde a la población total protegida del sistema Fuente: ISSFA (2013a)

La población militar del Ecuador, a finales del 2013, asciende a un total

252.684 miembros entre afiliados, pensionistas y familiares. Los beneficios del

73

En el momento actual se encuentra por encima del nivel de la inflación. 74

Los dependientes comprenden cónyuges, hijos, padres y hermanas del grupo, a excepción del grupo excombatientes del 41 que no posee dependientes padres. 75

Pensionistas Ex - Combatientes del 41, corresponde al grupo de beneficiarios de la guerra en la campaña internacional de 1941. 76

Pensionistas del Cenepa, corresponde al grupo de beneficiarios en base a la Ley 83 del 31 de marzo de 1996. 77

Pensionistas de Taura, corresponde al grupo de beneficiarios por mandato de Asamblea Constituyente del año 2008 en Decreto Nº35

163

segmento militar de los pensionistas, familiares de pensionistas, familiares de

militares en servicio activo y montepíos, se financian con los recursos

provenientes de la cartera de aportaciones previstas en la ley. Los demás

miembros de la población militar, que en términos generales no representan

una carga financiera al sistema, son cubiertos con el financiamiento

proveniente de las asignaciones directas del Estado ecuatoriano.

La carrera militar se estructura demográficamente conforme a la

pirámide jerárquica propia de las instituciones militares. Su sistema de

pensiones, al ser financiado a través de un sistema de reparto, lo hace

susceptible a riesgos de insostenibilidad financiera provocados por las

variaciones en la distribución demográfica. La pirámide demográfica

presentada en el Gráfico 13 denota que su estructura no guarda una simetría

debido a que, entre otras causas, los retiros de personal del servicio activo se

realizan apenas cumplen con los requisitos mínimos.

Gráfico 13 Pirámide Poblacional Activa 2013

OF

ICIA

LE

S

General de Ejército/Almirante/Gral. del Aire 1

Gral. De División/Vicealmirante/ Teniente Gral. 5

Gral. De Brigada/Contralmirante/Brigadier Gral. 51

Coronel / Capitán de Navío 461

Teniente Coronel / Capitán de Fragata 576

Mayor / Capitán de Corbeta 995

Capitán / Teniente de Navío 1.443

Teniente / Teniente de Fragata 874

Subteniente / Alférez de Fragata 912

TR

OP

A

Suboficial Mayor 47

Suboficial Primero 714

Suboficial Segundo 1.329

Sargento Primero 5.850

Sargento Segundo 7.235

Cabo Primero 8.116

Cabo Segundo 5.378

Soldado / Marinero 7.060

Fuente: ISSFA (2013a) Elaboración propia

La distribución en los diferentes grados militares no permite que el

sistema, por la propia acción del comportamiento demográfico, pueda atender

los gastos derivados de las pensiones militares. En este contexto, el sistema se

ve enfrentado a retos derivados de la restricción en la incorporación de nuevos

miembros aportantes y la acumulación de personas en determinados grados,

en especial en jerarquías en las que pueden optar por su retiro. Estos

164

aspectos, sumados a otros factores como el período de retiro y la esperanza de

vida, provocan que el sistema soporte una carga financiera muy grande,

imposible de mantenerla sin la ayuda del Estado.

2.3.2 Sostenibilidad del sistema de pensiones

Uno de los regímenes por medio de los cuales se pueden canalizar las

prestaciones de la seguridad social son los seguros sociales. Los seguros

sociales afrontan cada vez más y con mayor intensidad deficiencias en sus

fuentes de financiamiento. Las “excesivamente generosas” reglas aplicadas a

esquemas de beneficio definido78, como las establecidas para los regímenes

especiales de las Fuerzas Armadas, generan problemas de desequilibrio

financiero que, sumado a la escasa relación con las contribuciones, hace

necesario estrechar la relación entre aportantes y beneficios (CEPAL, 2006).

El reto del financiamiento del sistema de pensiones no es específico del

sistema militar. Tanto los sistemas de carácter general como los especiales

adolecen de problemas de sostenibilidad. Esta condición se deriva, entre otras

causas, de los retos del cambio demográfico, de las oportunidades de

incorporación al mercado laboral y de la esperanza de vida. El sistema de

pensiones militares, desde la perspectiva demográfica, se caracteriza por la

limitación numérica generada por depender de una cantidad fija de afiliados

aportantes79, aspecto que será determinante en el momento de evaluar el nivel

de sostenibilidad del sistema de pensiones.

En la Tabla 25 se muestra la evolución demográfica del personal militar

tanto en servicio activo como de sus pensionistas durante el período 2000-

2013. El segmento militar en servicio activo se ha clasificado dependiendo de

su relación con las Fuerzas Armadas (oficial o tropa). A la población jubilada se

la ordenó conforme a su relación con la seguridad social, esto es, si el beneficio

pensional (entendido como todos aquellos aspectos referidos a las pensiones)

78

Beneficios extraordinarios otorgados a la mayoría de los pensionados —sin ser equilibrados con mayores tasas de aporte—, una edad legal de jubilación relativamente temprana con relación a la creciente esperanza de vida de la población, generosa garantía de pensión mínima, entre otras. 79

Las Fuerzas Armadas en conjunto tienen un orgánico máximo de 42.000 efectivos y que, de acuerdo a las políticas de reestructuración, deberán reducir su número a 34.500 hasta el año 2025

165

es directo a través de la pensión de retiro, o es otorgado a sus dependientes

mediante una pensión de montepío.

Tabla 25 Evolución anual de la Población Militar Activa y Pasiva 2000-2013

(Por tipo de clasificación)

CLASIFICACIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ACTIVOS

OFICIALES 4.358 4.344 4.423 4.378 4.401 4.411 4.439 4.448 4.541 4.647 4.753 4920 5.108 53.18

TROPA 31.415 31.133 31.479 32.493 33.925 44.099 33.965 34.053 33.992 33.287 33.131 33.407 34.848 35.723

TOTAL 35.773 35.477 35.902 36.871 38.326 38.510 38.404 38.501 38.533 37.934 37.884 38.327 39.956 41.041

PENSIONADOS

RETIRO 16.481 17.277 18.228 18.872 19.450 20.037 20.722 21.372 22.148 23.677 25.065 26.427 27.161 27.766

MONTEPÍO 6.691 6.823 6.820 6.892 7.102 7.253 7.462 7.679 7.854 7.965 8.107 8.180 8.238 8.289

TOTAL 23.172 24.100 25.048 25.764 26.552 27.290 28.184 29.051 30.002 31.642 33.172 34.607 35.399 36.055

RATIO DE DEPENDENCIA 1,54 1,47 1,43 1,43 1,44 1,41 1,36 1,33 1,28 1,20 1,14 1,11 1,13 1,14

Fuente: Base de Datos ISSFA Elaboración propia

La evolución demográfica permite relacionar a los afiliados (aportantes)

con los pensionistas (beneficiarios) del sistema y así obtener el ratio de

dependencia. La reducida evolución del ratio de dependencia no ha permitido

que el sistema pueda autofinanciarse. La tendencia ha ido disminuyendo desde

el 1,54 en el año 2000 al 1,086 en el 2013. En otras palabras, en el año 2013

un afiliado en servicio activo financiaba la pensión de 1,086 jubilados militares.

En este sentido, para evitar la insostenibilidad financiera del sistema, se

requiere obligatoriamente la intervención del Estado.

Desde la perspectiva financiera, en la Tabla 26 se muestra la evolución

que ha tenido la masa pensional (entendido como el monto total destinado al

pago de las pensiones) a partir del año 2000, respecto al esfuerzo económico

que representa sostener el sistema contributivo de las pensiones militares. Así

también, se ha considerado la evolución de la pensión media del sistema

dirigido a proveer el ingreso del militar y de su familia cuando este fallece.

167

Tabla 26 Evolución anual de la Masa Pensional, Pensión Media e Indicadores macroeconómicos 2000-2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RETIRO 36389221 55544617 67874960 75006700 78270683 86301182 102290245 136874675 193979789 264457337 301992067 358376697 393765310 408194164

MONTEPÍO 5323485 7117213 8766265 9983435 10666943 12064491 13687782 18007162 25339397 34473660 39531546 44329384 52528658 56256270

TOTAL 41712705 62661831 76641225 84990135 88937626 98365672 115978027 154881837 219319186 298930997 341523613 402706081 446293968 464450434

PENSIÓN MEDIA DE RETIRO

N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 641,9 843,42 996,10 1123,60 1225,40 1256,92

PENSIÓN MEDIA MONTEPÍO

N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 227,7 305,10 379,40 430,40 476,32 498,96

Inflación, precios al consumidor (% anual)

96,09 37,67 12,48 7,93 2,74 2,40 3,03 2,27 8,40 5,16 3,55 4,47 5,10 2,74

Canasta Básica 269,77 319,15 361,75 381,39 417,57 440,81 453,97 478,82 512,03 528,90 544,71 578,04 595,70 620,86

Canasta Vital 202,49 242,91 275,86 267,20 278,72 298,56 317,34 334,74 361,72 377,87 390,10 419,25 431,32 444,78

Ingreso Familiar Mensual

200,73 221,76 253,17 265,95 268,09 298,67 317,34 373,34 406,93 406,93 448 492,80 545,07 593,60

Tasa de Crecimiento Promedio

RETIRO MASA PENSIONAL 20,44 %

PENSIÓN MEDIA 19,89 %

MONTEPÍO MASA PENSIONAL 14,38 %

PENSIÓN MEDIA 16,99 %

MASA PENSIONAL TOTAL 20,37 %

Fuente: Base de Datos ISSFA, Banco Mundial (2014) Elaboración propia

169

La variación de la masa pensional se ha incrementado a una tasa

promedia del 20,37% desde el año 2000. La masa pensional de retiros tuvo un

crecimiento promedio del 20,44% y de montepíos del 14,38%. Si se confronta

con el incremento anual de la inflación, las pensiones militares han tenido un

significativo crecimiento. Al comparar la pensión media de montepío (la pensión

de menor cuantía en el sistema), equivalente a USD. 498,9680, con el ingreso

familiar mensual general de USD. 593,60, la canasta básica y la canasta vital,

la pensión de montepío se encuentra dentro de los parámetros normales.

Los recursos necesarios para mantener las pensiones militares provocan

que la seguridad social militar tenga que hacer frente al desafío de su

financiamiento. El estudio realizado por Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010),

recomienda implementar reformas encaminadas a fortalecer y diversificar las

fuentes de financiamiento de su sistema de pensiones. Es así que, entre otras

medidas, se prevé incrementar el porcentaje de cotización de 12,40% a

14,40%, aumentar los años de aportación de 20 a 25, mejorar de la tasa de

rentabilidad de sus inversiones, limitar los gastos de asistencia social y

asegurar el aporte del Estado por el 60% del total de las pensiones81.

2.3.3 Cotizaciones sociales

La efectiva aplicación de la política social frente a una eficiente

estructura del sistema de jubilaciones y pensiones, destinada a enfrentar los

riesgos de vejez, invalidez y muerte, se enmarca en la relación existente entre

la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, definida por

Vrooman (2009) como el principio de equivalencia. Según Peinado (2012), las

cotizaciones sociales son aquellas que los trabajadores realizan durante su

vida laboral y sobre las que reciben beneficios dependiendo de la historia

salarial, años de trabajo o directamente de sus contribuciones.

Los aportes personales o cotizaciones individuales de los militares

destinados a pensiones, dependen de las políticas y estructura específica de

cada sistema. Así, por ejemplo, en Australia las contribuciones oscilan entre el

80

No se consideran los costes que representan de los beneficios asistenciales, en especial en de salud, a los que tiene derecho 81

La Ley de Seguridad Social Militar, en vigencia, considera que el aporte máximo del Estado al sistema de pensiones militares es de hasta un máximo del 60 %.

170

5% y el 10% de los ingresos (Bateman & Piggott, 2011). En las Fuerzas

Armadas de los Estados Unidos el porcentaje de la compensación dirigida al

retiro del miembro alistado oscila entre el 8% al 10%82, luego de lo que tendrá

derecho al 50% del salario básico correspondiente al 34% de la RMC83.

Las pensiones militares, sean contributivas o no contributivas, adolecen

de fallas en cuanto a sus niveles de eficiencia, equidad y eficacia en la

prestación de la jubilación como una herramienta de gestión al interior de las

Fuerzas Armadas (Office of the Actuary, 2012). La estructura de las pensiones

militares del Ecuador, al ser de carácter contributivo, presentan un

financiamiento compuesto tanto por los aportes individuales de los miembros

en servicio activo como de los recursos provenientes de los subsidios al gasto

social84.

La característica general de las Fuerzas Armadas a nivel mundial de

establecer como requisito mínimo para pasar a una situación de retiro 20 años

de servicio efectivos en la carrera militar, sumada a la edad mínima en la que

una persona pasa a formar parte del sistema militar profesional (alrededor de

los 22 años) y al deseo individual por salir del servicio activo apenas cumplir la

base mínima de permanencia institucional, son factores determinantes que

lesionan el nivel de sostenibilidad del sistema de pensiones.

2.3.4 Fondo de reserva

El Fondo de Reserva es el monto con el que el sistema de pensiones

deberá contar para cubrir totalmente el pago de los beneficios previsionales de

todos los afiliados. Anido Crespo et al. (2014) lo definen como un mecanismo

empleado para corregir situaciones de desequilibrio actuarial de los sistemas

de pensiones, provocados por efecto de crisis demográficas y económicas.

82

El salario reserva básico de un jubilado de 20 años es de aproximadamente 68 % ciento de la “Regular Military Compensation” (RMC) (Office of the Actuary, 2012). El sistema de jubilación militar es uno de los únicos esquemas abiertos financiados sobre una base de reparto. El personal de Defensa alcanza los 138.639 miembros, que comprenden 54.525 empleados actuales, 76.430 personales de defensa jubilados y pensionados 7684. El costo de los planes de prestaciones definidas financiadas parcialmente totalizan $ 205,4 mil millones. 83

RMC es la suma de (1) salario básico, (2) el subsidio de vivienda, el cual varía según el grado, la ubicación y la situación de dependencia, (3) las dietas, y (4) las ventajas fiscales resultantes para los subsidios porque no son sujetos al impuesto sobre la renta federal. 84

El costo de las pensiones militares alcanzaría los 1.5 mil millones hasta el 2035 (Actuaria Consultores Cía. Ltda., 2010).

171

Según la OECD (2012), estos recursos permiten prever el pago de las

pensiones públicas futuras.

Los esquemas de pensiones, en especial aquellos estructurados para

los sistemas militares, por lo general se encuentran bien definidos en cuanto a

su tipo de gestión, políticas de inversiones y riesgos, órganos de control y

supervisión, costes de gestión, entre otros aspectos. El régimen especial de las

Fuerzas Armadas se caracteriza por su estricto y bien definido mercado laboral

que garantiza el flujo de ingresos al sistema. El nivel de gasto en pensiones del

sistema, por otro lado, dependerá de las variaciones del número de

pensionistas y de la esperanza de vida, entre otras.

Este comportamiento demográfico genera desequilibrios financieros que

afectan a los niveles de sostenibilidad. Es así que el desafío de la gestión de

este sistema, radica en la capacidad de canalizar adecuadamente la inversión

de sus reservas, ya que su rentabilidad garantiza la sostenibilidad de las

pensiones (García Jiménez, 2000), y en el caso de no ser suficientes, el

aspecto político será determinante en su futuro, en el momento de requerir de

un mayor financiamiento estatal (W. E. Schulthess, 1998).

Los fondos de reservas de manera general se alimentan principalmente

de dos fuentes: las contribuciones individuales y los aportes que realiza el

Estado85 (Vida Soria, Monereo Pérez, Molina Navarrete, & Quesada Segura,

2009). El fondo de reserva de la seguridad social militar del Ecuador, además

de estas fuentes, dispone de otras como la rentabilidad de sus inversiones

(financieras, inmobiliarias, créditos y empresas) y los excedentes financieros

provenientes de los demás seguros del sistema de seguridad social militar. La

evolución del fondo se muestra en el Gráfico 14.

85

Ochando Claramunt (2010) considera importante la cuantía del fondo, ya que estimula la inversión de todo tipo de proyectos rentables sean de carácter público o privado.

172

1 1 2 3 5 7 16 25 34 41 59 62 68 95

120 142 158

414 430

495

582 613

0

100

200

300

400

500

600

700

Dolarización

Gráfico 14 Evolución del Fondo de Reservas de las Pensiones Militares (En millones de USD.)

Se incluyen las cuentas por cobrar Fuente: Base de Datos del ISSFA Elaboración propia

El fondo de reserva, desde su constitución en el año 1992, soporta el

efecto de tres factores importantes. El primero relacionado con el cambio de

sistema monetario (dolarización), cuyo efecto vulneró la débil y creciente

reserva financiera militar. Un segundo y tercer aspecto durante el período

2010-2013, que se vinculan con la finalización del proceso de equiparación

salarial de los miembros de la fuerza pública86 (Presidencia de la República del

Ecuador, 2006), y la transferencia de acciones y utilidades de las empresas de

propiedad de las Fuerzas Armadas, respectivamente. Estos últimos provocaron

un importante fortalecimiento financiero del sistema.

La estructura financiera del sistema de pensiones militares, a raíz del

fortalecimiento del fondo de reservas, denota un significativo mejoramiento de

la proyección de los niveles de sostenibilidad establecidos por Actuaria

86

Las remuneraciones del personal militar en servicio activo y pensionistas de las Fuerzas Armadas, se igualan con el referente de las escalas de remuneración previstas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Publico para el nivel jerárquico superior. La equiparación de las compensaciones anuales entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional se fundamenta en la Ley Orgánica del Servicio Público que en su art. 115 establece “…las servidoras/es públicos de las fuerzas armadas y la policía nacional en servicio activo y de los cuerpos de bomberos que, por sus peculiaridades y particularidades en el ejercicio de la profesión militar, policial y de bomberos no perciban horas extraordinarias o suplementarias, subrogación, encargos u otros beneficios económicos por los conceptos previstos en esta ley para las servidoras y servidores públicos…”.

173

Consultores Cía. Ltda. (2010). En el Gráfico 15 se aprecia el comportamiento

de los gastos pensionales (entendidos como los gastos destinados a atender el

pago de las pensiones) en relación a los ingresos de la cartera de aportaciones

y el financiamiento requerido por parte del Estado, en concordancia con la

disposición de los recursos potencialmente utilizables del fondo de reservas.

Gráfico 15 Horizonte de Sostenibilidad del Sistema de Pensiones Militares con el soporte del Fondo de Reserva y los aportes del Estado

(En millones de USD.)

Fuente: Base de datos del ISSFA; Actuaria Consultores Cía. Ltda.( 2010) Elaboración propia

El gasto de las pensiones se ha financiado con la totalidad de los

recursos establecidos en la cartera de aportaciones del sistema. Los aportes

del Estado han representado el porcentaje máximo permitido por la ley, es

decir, la sostenibilidad del sistema no era posible sin el aporte del 60% del

Estado. La brecha entre los gastos y los recursos disponibles se da a partir del

2014 agravándose desde ese momento en adelante. El financiamiento deberá

provenir ya sea de los recursos del fondo de reservas, o mediante la

generación inmediata de reformas al sistema.

-100

100

300

500

700

900

1100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Fondo de Reservas Presión Fiscal Gasto en Pensiones Ingresos del Sistema

175

PARTE III Métodos de análisis de los sistemas de pensiones

Introducción

El establecimiento de un adecuado Estado de bienestar cuya base es la

Seguridad Social, implica el comprometimiento de recursos que garanticen las

prestaciones y los servicios sociales. Esta situación vuelve imperante la

obligatoriedad de contar con ingresos económicos que doten de sostenibilidad

al sistema, mediante diversas fuentes de financiamiento. El propósito de la

sostenibilidad es encontrar un equilibrio económico-financiero en el presente y

en el futuro, cuyo alcance queda definido por el nivel, el tipo de prestaciones y

las políticas de financiación puestas en marcha por la sociedad.

Los principales criterios para evaluar los sistemas de pensiones según

Holzmann, Paul, & Dorfman (2008), son la adecuación, la asequibilidad, la

sostenibilidad, la equidad, la previsibilidad y la robustez. Mientras que para

Naciones Unidas (2008) estos criterios se resumen en tres: accesibilidad,

asequibilidad y sostenibilidad. De estos, considerando el segmento de la

sociedad que se está tratando, el análisis se centrará en el estudio de

determinadas variables sobre las cuales se asienta la sostenibilidad del sistema

de pensiones militares.

Analizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones involucra

incorporar una serie de herramientas financieras y económicas. Dentro de las

primeras se encuentran los modelos actuariales que evalúan las condiciones

financieras del sistema en función de los cambios demográficos. El segundo

grupo de herramientas toma los modelos econométricos para evaluar la

sostenibilidad del sistema en función del comportamiento de sus variables,

tales como el mercado laboral, la elegibilidad, demografía, entre otras.

Se pueden identificar una serie de estudios que evalúan tanto los

sistemas privados de pensiones, como los sistemas públicos, los sistemas de

pensiones basados en la solidez de su fondo de reserva y los sistemas

basados en estudios actuariales, los mismos que permiten una evaluación de

las decisiones técnicas y políticas y su efecto económico financiero.

176

Un sistema de pensiones será sostenible desde el momento en el que su

situación financiera sea sólida y se pueda mantener en un horizonte previsible

y bajo un amplio conjunto de supuestos de aceptabilidad. En regímenes

especiales, los sistemas de pensiones como el de los militares adolecen de

debilidades financieras a largo plazo. Estos sistemas se encuentran

caracterizados por su fuerte influencia en las decisiones gubernamentales en

este campo, por lo que la evaluación de estas configura un componente

esencial en la toma de decisiones.

177

Capítulo I Tipos de modelos para el análisis de los sistemas de

pensiones

Introducción

El control de los riesgos y el análisis de la solvencia del sistema

financiero, especialmente en lo que respecta a sus pensiones, ha constituido

tradicionalmente una de las preocupaciones principales de la Seguridad Social

Militar. Las pensiones militares en Latinoamérica en su generalidad son de

entera responsabilidad financiera a cargo del Estado, ya que se considera

como un servicio de coste cero. En casos como el ecuatoriano, su

financiamiento es asumido con la participación de los cotizantes. Sea cual sea

su estructura financiera, la sensibilidad y el coste del sistema promueven el

análisis permanente de sus niveles de sostenibilidad.

En este sentido, el sistema de pensiones militares del Ecuador, al tener

una estructura de reparto con prima media general, requiere identificar los

diferentes mecanismos de análisis de los sistemas de pensiones. De este

modo, los sistemas de pensiones de carácter privado se caracterizan por su

especialidad en la administración de fondos de capitalización, los sistemas

públicos se basan en su capacidad de administrar sistemas de reparto y los

actuariales se definen porque permiten la proyección los recursos financieros

necesarios en función de la evolución demográfica.

De esta manera, al tener un marco de análisis claro, se consideró

fundamental que, en base al modelo actuarial propuesto para el sistema militar

ecuatoriano, se realice una análisis de sensibilidad en el que se someta el

modelo a las nuevas condiciones de financiamiento y estructura demográfica.

La proyección del horizonte de sostenibilidad del sistema de pensiones

militares se realizó en 7 escenarios que difirieron en torno a una reducción del

número de efectivos militares y al incremento de sus fuentes de cotización.

Estas últimas derivadas de las recomendaciones del estudio actuarial del año

2010, más una regulación de las pensiones vía aporte de los retirados.

178

1.1 Mecanismos de análisis en sistemas privados de pensiones.

El Análisis Financiero Dinámico (Dynamic Financial Analysis o DFA) es

un término empleado en el ámbito actuarial debido a las tendencias del entorno

financiero, competitivo y regulador (Otero González & Durán Santomil, 2011).

Estas nuevas tendencias, unidas a las innovadoras metodologías financieras y

al desarrollo tecnológico, han desarrollado la aplicación de herramientas de

gestión de riesgo como el DFA.

Según Otero González, Durán Santomil, & Rodríguez Sandiás (2008), la

técnica del DFA permite el análisis integral del riesgo, tanto en el campo

financiero como en el actuarial, y la configuración de modelos internos. Los

modelos internos son la base que soporta la técnica DFA, ya que permiten el

análisis exhaustivo del riesgo, mediante la evaluación del impacto en la

capacidad y la rentabilidad en la toma de decisiones del negocio asegurador

(Durán Santomil & Otero González, 2010).

En el sector de los seguros, generalmente se establecía una división

entre las áreas financiera y actuarial, lo que permitía que se formasen dos

visiones independientes, una de ellas dirigida hacia los seguros y la otra

encargada de las finanzas (Wang, 2002). Según Blum & Dacorogna (2004), la

herramienta del DFA realiza un completo análisis de la posición de la

organización frente a factores de riesgo tanto de carácter asegurador como de

inversión. Según Hodes & Feldblum (1999), el DFA era una herramienta muy

poco conocida, cuya presencia se extiende por efecto del riesgo financiero en

el sector de los seguros a inicios del 2000 (Berliet & Lowe, 1999).

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos surge la

necesidad de conectar la planificación militar con la investigación y el

desarrollo. La creación del Proyecto RAND87 permite que, mediante sus

trabajos de planificación estratégica a través de escenarios, se dé origen a los

modelos DFA (Charles C. et al., 1999). RAND es una institución que ayuda a

mejorar la política y la toma de decisiones, mediante la investigación y el

87

La Corporación RAND (Research and Development) es un laboratorio de ideas norteamericano que forma a las Fuerzas Armadas norteamericanas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_los_Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica

179

análisis. Su investigación abarca temas como la energía, la educación, la salud,

la justicia, el medio ambiente y los asuntos internacionales y militares.

La aplicación de los modelos DFA en el sector de los seguros data de

trabajos de grupos británicos como los de Daykin & Hey (1990); Daykin et al.

(1987) y de finlandeses como Pentikäinen, Bonsdoff, Pesonen, Rantala, &

Ruohonen (1989); Pentikäinen & Rantala (1982), cuyos estudios se basan en el

análisis de la solvencia de las compañías de vida. Según Durán Santomil &

Otero González (2010), el objetivo de dichos trabajos consistía en probar la

poca suficiencia de documentos contables para evaluar la solvencia de las

compañías en el futuro. Sus evaluaciones, al ser muy estáticas y

retrospectivas, hacían necesario que se redefiniera su solvencia sobre una

base dinámica dirigida al flujo de liquidez.

En la actualidad, los modelos DFA se consideran una herramienta

versátil que analiza las ventajas y riesgos de la toma de decisiones en la

planificación estratégica (Correnti, Sonlin, & Isaac, 1998; Hodes, Neghaiwi,

Cummins, Phillips, & Feldblum, 1996). Para Kaufmann, Gadmer, & Klett (2001),

el objetivo general del DFA es la comparación de estrategias en términos de

rentabilidad–riesgo. Posteriormente, la técnica del DFA fue implantada por los

Estados Unidos y Canadá con un objetivo estrictamente regulador bajo la

denominación de Test de Solvencia Dinámico o también Análisis de la

Condición Financiera.

El DFA como herramienta de análisis en el sector de los seguros

privados.

A diferencia de los modelos tradicionales de evaluación de riesgo, el

DFA considera las interacciones entre la política de inversión y la política de

aseguramiento. El DFA, a través de técnicas de modelación apoyadas en un

soporte informático, proporciona una retroalimentación instantánea a sus

usuarios (D’Arcy, Gorvett, Hettinger, & Walling III, 1998). Los modelos

dinámicos evolucionan a partir de los modelos estocásticos tradicionales y son

capaces de establecer hipótesis críticas en términos de conjuntos de resultados

180

posibles, en lugar presentar valores fijos basados en técnicas deterministas

(Durán Santomil & Otero González, 2010).

En la actividad aseguradora, los DFA son considerados como aquellos

procesos que se fundamentan en la simulación de escenarios de forma

integral, mediante una modelización estocástica de variables determinantes de

la evolución de los activos y pasivos. En general, buscan establecer los niveles

de solvencia y de la gestión del riesgo, a fin de que, por medio de un modelo

financiero integrado, se logre promover una mejor comprensión en torno a las

decisiones económicas que afectan a toda la organización.

El DFA constituye una herramienta útil para medir la evolución de la

situación financiera de las compañías aseguradoras a través de sus

proyecciones88. El establecer una metodología única para los DFA resulta

complejo y para ciertos analistas, como Kaufmann et al. (2001), el establecer

una definición específica es imposible. Muchos autores buscan otorgar una

definición a los modelos DFA, algunas de cuyas conceptualizaciones se

resumen en la Tabla 27.

Tabla 27 Definición de los Modelos de Análisis Financiero Dinámico DFA

Referencia Conceptualización Observación

Shiu (2006) Proceso que proyecta la situación financiera de un asegurador bajo un conjunto de hipótesis consistentes.

La finalidad es evaluar su solvencia o determinadas decisiones estratégicas

D’Arcy et al. (1998)

Proceso que examina la situación financiera de una aseguradora a lo largo del tiempo.

Considera las interrelaciones entre las distintas partes y la naturaleza estocástica de los factores que pueden influir en los resultados.

Blum & Dacorogna (2004)

Herramienta para la gestión del riesgo global de la empresa en la toma de decisiones estratégicas.

Plataforma que usa varios modelos y técnicas de las finanzas y de la ciencia actuarial y las integra en un modelo de simulación estocástica dinámica

Eling & Parnitzke (2007)

Herramienta para el análisis y la toma de decisiones de las compañías aseguradoras

Se caracteriza por su acercamiento explícito multiperíodo orientado a los movimientos de flujos de caja.

Szkoda (1997) Proceso que analiza la condición financiera de una compañía aseguradora

Herramienta para evaluar la solvencia

Canadian Institute of Actuaries (1999)

Técnica para supervisar la fortaleza financiera de un asegurador y su capacidad de resolver las obligaciones con los asegurados


Casualty Actuarial Society (1995)

Proceso que implica probar un número de escenarios adversos y favorables con las operaciones de una compañía de seguros


Brooke-Taylor (2003)

Herramientas de gerencia para los aseguradores generales y aseguradores de vida

Durán Santomil & Otero González (2010)

Proceso de simulación de la actividad aseguradora, o de otra actividad financiera, de forma integral a través de la modelización estocástica de las variables determinantes de la evolución de los activos y pasivos con fines alternativos.

El DFA es la evaluación del riesgo y las necesidades de capital inherentes al mismo, sus usos se extienden a la evaluación de distintas estrategias de la compañía, es una herramienta útil para la toma de decisiones.

Elaboración propia

88

Según Durán Santomil & Otero González (2010) permiten: i) evaluar los diferentes escenarios para la toma de decisiones, ii) la capacidad futura del excedente para soportar los riesgos y proporcionar rentabilidad sobre el capital invertido, iii) el nivel de solvencia mediante la identificación y cuantificación de los riesgos financieros, iv) ponderar el impacto de las futuras condiciones del entorno interno y externo de la compañía, basados en los resultados obtenidos y v) diseñar y/o modificar planes de negocio.

181

La metodología sobre la cual se asienta el modelo DFA se basa en la

simulación estocástica. Esta técnica permite la generación estocástica de los

flujos de caja y de los activos y pasivos para un período de proyección en una

organización vinculada al sector de los seguros. El análisis de variables de

resultado se realiza mediante la simulación de escenarios de tipo Monte Carlo.

1.2 Mecanismos de análisis en sistemas de pensiones públicas: El caso

de España

El sistema de seguridad social de España es un sistema contributivo

estructurado en varios regímenes. Por una parte, el Régimen General, que

cubre a los trabajadores por cuenta ajena de la industria y de los servicios, y,

por vía de asimilación, otras categorías profesionales. Por otro lado, los

Regímenes Especiales, cuyo ámbito de aplicación específico es dirigido a

aquellos colectivos que, por sus características socioeconómicas específicas,

precisan de una acción protectora diferenciada (Jimeno, 2000). El sistema

público de pensiones proporciona cinco tipos de pensiones: incapacidad

permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares.

En el régimen general, la pensión por jubilación establece como

requerimientos de acceso haber cumplido 65 años y tener cubiertos un periodo

mínimo de cotización de 15 años de los cuales, al menos dos, deberán estar

comprendidos dentro de los ocho años inmediatamente anteriores al momento

de acceder al derecho. Asimismo, se considera la posibilidad de adelantar la

jubilación a los 60 años bajo determinadas condiciones previamente

establecidas en la ley y que, para el cálculo de la base reguladora de la

pensión, se realizará en función de las cotizaciones de los últimos 15 años

(Estado, 2011).

El sistema de pensiones público se financia con las cotizaciones sociales

correspondientes al 28,3% de la base de cotización89. Del porcentaje total de

cotización, el 23,6% está a cargo del empleador y el 4,7% es asumido por el

trabajador.

89

Aproximadamente igual al salario bruto excepto por la aplicación de bases mínimas y máximas de cotización.

182

El Modelo de equilibrio general aplicado (MEGA) como herramienta de

análisis del sistema de pensiones públicas

Entre los diferentes modelos desarrollados para el análisis del sistema

de pensiones públicas, se ha considerado como ejemplo la herramienta de

análisis económico denominada “modelo de equilibrio general aplicado”

(MEGA). Mediante esta técnica se simulan los efectos provocados por los

cambios en la financiación de la seguridad social y en las prestaciones a

personas mayores. Según Viejo Rubio (2008), un MEGA es un modelo

matemático numérico que busca reflejar las principales características de una

economía de mercado mixta y abierta, donde las familias, empresas,

administradoras públicas y sectores exteriores interaccionan regidos por los

precios en función de sus intereses u objetivos.

Este tipo de modelos responde a una serie de datos observados de la

economía y con los que, aplicados sobre un año base (asumido en equilibrio),

se realizan simulaciones económicas. En este sentido, un MEGA suministra

valores de sus variables endógenas en equilibrio tras haber modificado algún

componente exógeno del mismo. El modelo de equilibrio general aplicado

construye relaciones entre los principales agentes de una economía, así como

mide los efectos provocados por un cambio realizado sobre una variable

económica exógena o un parámetro de las variables endógenas del modelo.

En el supuesto de un descenso de las cotizaciones sociales, este tipo de

modelos tienen en cuenta los efectos sobre el mercado laboral y en los

ingresos de las administradoras públicas, así como en otros ámbitos

aparentemente muy alejados como los precios y la demanda de bienes y

servicios, o incluso las importaciones. Para Viejo Rubio (2008), los MEGA

permiten analizar el impacto de una política fiscal desde las perspectivas de

recaudación, distribución y provisión de servicios públicos, sobre la actividad

económica y el bienestar.

Es así que si se analiza desde el lado del impacto las políticas tributarias

(impuestos y subvenciones) cualquier actividad económica, estas pueden

perturbar el contexto de su desarrollo, pudiendo incluso influir tanto en el nivel

183

de participación en el mercado laboral como en el grado de emprendimiento en

una actividad empresarial. Desde la perspectiva de la política de gasto, la

misma establece la cantidad, calidad y composición de los servicios que

proporcionan las administradoras públicas. Aunque sus efectos resultan

difíciles de determinar, las regulaciones en la provisión de servicios públicos

afectan tanto al desempeño de las empresas como al bienestar de las familias.

Al respecto, en la Tabla 28, se resumen algunos aspectos característicos del

desarrollo y aplicación de los MEGA.

Tabla 28 Desarrollo y ámbitos de aplicación de los MEGA

Autor Características

Johansen (1960) Origen de los MEGA, aplicables en el contexto noruego

Harberger (1962) Origen de los MEGA, con aplicación en los Estados Unidos

Shoven & Whalley (1972, 1973)

Los MEGA, evalúan los efectos de la política fiscal en las economías de Estados Unidos y Reino Unido. Amplían el modelo de equilibrio general teórico de Arrow-Debreu

90, hacia las

actividades de las Administradoras públicas y los intercambios internacionales

Shoven & Whalley (1992), El MEGA es considerado como una herramienta indispensable de investigación de la Economía Pública.

(Kehoe, Manresa, Polo, & Sancho, (1989); (1985)

El MEGA evalúa los efectos de la reforma fiscal española de 1986, en especial, la introducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Sancho & Polo (1990) El MEGA analiza aspectos como: la reducción del 30% en las cotizaciones sociales de los empleadores y sus beneficiosos efectos sobre el empleo y producción

Sancho & Polo (1993) El MEGA analiza los efectos de la eliminación de barreras comerciales y la homogenización de impuestos indirectos consecuencia de la puesta en marcha del Mercado Único en la CEE

Fernández & Polo (2004) El Mega analiza las consecuencias derivadas de la reducción del 1 % del PIB del déficit público

Viejo Rubio (2008) Analiza el grado de desagregación de los sectores productivos, bienes, hogares y un desglose de la recaudación impositiva

Elaboración propia

El interés por la financiación de las pensiones, como en el caso del

sistema público español, se deriva de las expectativas provocadas por la

evolución en esta materia ya que, en su mayoría, se vincula con las

cotizaciones de los trabajadores. De esta manera, la financiación del sistema

social, en general, afecta negativamente al coste de producción y a la demanda

de factor trabajo. En este sentido, la aplicación de este modelo se orienta a

definir un sistema de financiación alternativo de interés para los trabajadores y

empresarios que paralelamente mejoren tanto los niveles de competitividad

como el nivel de prestaciones sociales.

90

Lozano G., Villa P., & Monsalve G. (1997) señalan que el modelo es estático y que sobre este no pueden derivarse consideraciones dinámicas

184

1.3 Modelo de análisis del sistema de pensiones basado en el Fondo de

Reserva

El problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones está sujeto a

la restricción presupuestaria del Estado. La escasez de recursos económicos

estatales hace necesario establecer mecanismos que propendan a la

maximización del bienestar de la población. Es así que para Cadena Castillo

(2006), “un sistema es viable cuando es auto sostenible”, será factible cuando

los aportes de los cotizantes puedan, al menos, cubrir los gastos de las

pensiones actuales. En este sentido, dependiendo de la capacidad del fondo de

reservas, permitirá establecer un mayor grado de sostenibilidad del sistema al

mediano o largo plazo.

Sin embargo, en el corto plazo un sistema será sostenible si entre las

cotizaciones individuales y los aportes estatales son capaces de solventar el

gasto de las pensiones actuales, más aún si los recursos disponibles permiten

acumular reservas para el pago de las pensiones futuras. Por el contrario,

cuando las cotizaciones son insuficientes para cubrir los requerimientos

financieros del sistema, el problema se centra en determinar cuál es el nivel de

gasto que debe asumir el Estado para garantizar el pago de las pensiones.

Más adelante se profundizará en el modelo propuesto por Jimeno (2004)

el cual, aplicado al sistema de pensiones militares, valora la cuantía del fondo

de reserva. El modelo relaciona la solvencia del fondo de reservas en

consideración con la tasa de cotización, la pensión media, el número de

cotizantes y pensionados y la tasa de rendimiento de los recursos acumulados.

Este modelo, por su estructura correspondiente a un sistema de

capitalización colectiva con capitales de cobertura, permite que sea aplicado al

sistema militar ecuatoriano debido a sus similitudes. De este modo, la cantidad

de reservas necesarias para garantizar el pago de las pensiones se obtiene de

la sumatoria de los aportes en el tiempo más los rendimientos de las reservas,

menos la sumatoria del pago de las pensiones. Si a la sostenibilidad financiera

se la entiende como la acumulación de reservas dada una tasa de interés y un

nivel de cotización, el problema financiero, según Cadena Castillo (2006), está

sujeto al nivel de crecimiento de las reservas al finalizar el período.

185

Considerando que el sistema de pensiones militares del Ecuador

garantiza el pago de sus pensiones actuales y futuras en función de mantener

el fondo de reservas, se ha visto pertinente aplicar el modelo de Jimeno (op.

cit.) bajo las condiciones y demás información estadística y financiera

proporcionada por el ISSFA.

1.4 Modelo actuarial del sistema de pensiones militares del Ecuador

El sistema de pensiones del régimen especial de las Fuerzas Armadas

del Ecuador, se sustenta en un sistema de reparto con una estructura de

financiamiento de prima media general. El nivel de sostenibilidad calculado por

Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010), se fundamenta en la construcción de un

balance actuarial basado en un modelo con metodología de financiamiento total

a largo plazo. El análisis desarrollado confronta los valores actuales de

ingresos y egresos con los valores futuros del sistema de pensiones.

Según Boado & Vidal (2008), un balance actuarial es definido como

herramienta de análisis de los sistemas de reparto91, así como instrumento

efectivo que provee estímulos dirigidos a la mejora para la gestión financiera

del sistema. En este sentido, el balance actuarial es un estado financiero que

relaciona las cotizaciones con las obligaciones (gasto en pensiones) a una

fecha establecida, con la capacidad total de activos disponibles (financieros,

reales y por cotizaciones) que respaldan esas obligaciones.

El balance actuarial representa una radiografía de la estructura del

patrimonio financiero del sistema de pensiones en un ejercicio económico

específico. El modelo de gestión y de información externa permite que se

desarrolle un adecuado proceso de toma de decisiones considerando también

que tanto los cotizantes y los pensionistas como el Estado dispongan de

información clara relacionada con la situación financiera del sistema. En un

sistema de reparto, las cuentas que conforman las principales partidas del

balance actuarial son el Total Activo y Total Pasivo.

91

La finalidad es la de establecer el nivel de transparencia del sistema y un indicador de la solvencia, sostenibilidad o solidez financiera

186

Según Boado-Penas (2009), la solvencia de un sistema de pensiones

basado con una estructura financiera de reparto, se determina cuando el activo

financiero más el activo por cotizaciones o activo oculto92 es igual o mayor al

pasivo de los pensionistas y de los cotizantes. El resultado implica que el déficit

acumulado sea igual cero. En este esquema, y según la fecha de referencia del

balance actuarial, los cotizantes y pensionistas tienen la certeza de cobrar la

pensión sin necesidad de que el Estado intervenga más allá de lo permitido por

ley.

El sistema de pensiones militares ecuatoriano, al estar estructurado bajo

un sistema de beneficio definido, permite que la capacidad total del fondo de

reserva (necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema) se pueda

determinar mediante la sumatoria de los valores resultantes del cálculo

individual. El análisis realizado se basó en la proyección derivada de la

aplicación del modelo matemático de acuerdo a los parámetros involucrados.

Es así que para poder determinar el valor presente de la obligación establecida

para los miembros en servicio activo 𝑉𝑃𝑂(𝑗)∝ se construyó el siguiente modelo:

𝑉𝑃𝑂(𝑗)∝ = ∑ 𝐵(𝑡)12𝐼��𝑥𝑦12

𝜔𝑗−𝑥−1

𝑡=0

𝑡 𝑝𝑥𝜏𝑞𝑥+1

(𝑗)𝑣𝑡

Donde:

VPO Valor presente de la obligación

ωj Es la edad en la que se interrumpe la aplicación del decremento j

v Es el factor de descuento para el valor presente

ω Es la edad máxima de sobrevivencia

j Es la Tasa de incremento anual en el monto de las pensiones

B(t) Es el Monto de beneficio en el año t

Iaxy12 Es el Valor presente actuarial de una anualidad vitalicia creciente

que paga 1/12 cada mes, incrementando el beneficio en 100*j%

cada año.

92

Véase Valdés-Prieto (2002)

187

t pxτ Es la probabilidad de que una persona de edad x sobreviva hasta

la edad x+t

qx+1(j)

Es la probabilidad de que una persona de edad x sufra el

decremento antes de cumplir la edad x+1

La fórmula aplicada para el cálculo del valor presente de la obligación

total de los miembros en servicio activo ∝, es la siguiente:

𝑉𝑃𝑂𝑇 = ∑ 𝑉𝑃𝑂𝑇∝

𝑁

∝=1

Donde:

VPOT Es el valor presente de la Obligación

N Es el total de miembros en servicio pasivo

VPOT∝ Es el valor presente de la obligación total debida al empleado ∝

El valor presente del beneficio correspondiente al miembro en servicio

pasivo VPOTω es:

𝑉𝑃𝑂𝑇𝜔 = 12𝑃𝐼��𝑥𝑦(12)

+ 13𝑎𝑃𝑎𝑥𝑦 + 14𝑎𝑃𝑎𝑥𝑦

Donde:

P Es la pensión mensual que recibe el miembro en servicio en el

año cero

La fórmula aplicada para el cálculo del valor presente del beneficio total

correspondiente al miembro en servicio pasivo ∝, es la siguiente:

𝑉𝑃𝑂𝑇 = ∑ 𝑉𝑃𝑂𝑇∝

𝑁

∝=1

Los resultados derivados del análisis del sistema de pensiones se

determinaron en función de las hipótesis generadas en el estudio actuarial, que

involucra la asignación de parámetros invariables (fecha de valuación, sueldo,

población de cotizantes, cartera de cotizaciones) y variables (tasas de inflación

188

anual promedio en el largo plazo, de crecimiento promedio de sueldos y de

interés aplicada para el cálculo del valor presente de las obligaciones futuras).

1.5 Análisis de sensibilidad del gasto en pensiones militares

La información demográfica, salarial y de aportaciones fue procesada

mediante el uso de hojas electrónicas en formato Excel, con datos actualizados

hasta el 2013 y algunos hasta julio de 2014. Las proyecciones del estudio

actuarial 2010 permitieron determinar las tendencias de los datos simulados.

Se consideró la información ejecutada en el período 2000 al 2013, a diferencia

del estudio actuarial, cuya temporalización fue hasta el año 2010.

De análisis realizado se determinaron posibles escenarios basados en la

legislación vigente, así como propuestas de reformas orientadas a incrementar

los niveles de ingresos. En este sentido, se efectuaron modificaciones en la

cartera de cotizaciones y el número de aportantes al sistema, y se consideró el

efecto económico que provoca sobre el sistema la disponibilidad del fondo de

reserva. A continuación se hará referencia a cada uno de los factores

participantes en el financiamiento del sistema.

Masa Imponible (Remunerativa)

Es el rubro que considera el valor anual generado por la seguridad social

militar, proveniente del aporte de los afiliados (miembros en servicio activo)

durante todo el año (12 aportaciones). Las cotizaciones individuales al

sistema de seguridad social militar representan el 23% del haber militar,

porcentaje que es distribuido para todos los seguros previsionales

otorgados a los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador en servicio

activo y pasivo. El gasto generado por concepto de pensiones individuales

recibido por los militares se detalla en el Anexo 1.

Base remunerativa

Es el valor registrado al mes de enero de cada año, resultante de dividir la

masa remunerativa general del personal militar para el número de

efectivos.

189

Masa Pensional

Los recursos representan el 12,40% de porcentaje de cotización individual

aplicado a la Masa Remunerativa. En otras palabras, es el valor

correspondiente al 12,40% del 23% de la cotización individual de los

miembros en servicio activo acumulados durante un año a la seguridad

social militar.

Aporte Personal / Cotizaciones Individuales

Representa el 12,40% (prima de aportación al seguro de Retiro, Invalidez y

Muerte (RIM)), porcentaje considerado dentro de los aportes a la seguridad

social militar (23%), proveniente del Haber Militar de los miembros de las

Fuerzas Armadas en servicio activo.

Aportes Patronal

Representa el 13,15% (prima de aportación al seguro de Retiro, Invalidez y

Muerte (RIM)), porcentaje de la prima de aportación a la seguridad social

militar (26%) entregado por el empleador, Ministerio de Defensa Nacional,

al sistema de seguridad social militar del Ecuador.

Aporte del Estado

Recursos entregados por el Estado para sostener el sistema de pensiones

(por ley se establece hasta un máximo del 60%).

El modelo propuesto por Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010) será la

base por medio del cual se simulará el horizonte de sostenibilidad del sistema

de pensiones y el esfuerzo económico que representa para el Estado el

sostener las pensiones militares. Los escenarios desarrollados consideran: 1)

el sistema de pensiones militares como un sistema de reparto puro, 2) el

sistema de pensiones como un sistema de capitalización, 3) el incremento del

porcentaje de cotización individual (recomendación del estudio actuarial 2010),

4) el incremento del 7,25% correspondiente a los aportes de la población en

servicio pasivo (derogado en el año 2007).

190

El ejercicio propuesto parte de la proyección demográfica realizada tanto

de los cotizantes como la población pasiva (retirados y sus beneficiarios

cuando el pensionista fallece). Para la proyección demográfica de la población

de aportantes (Anexo 2), se ha considerado la nueva política de defensa que

busca reestructurar la cantidad de miembros en servicio activo que considera:

Una disminución anual de ingresos de las escuelas de formación militar

en un 50%.

Aplicación de cuotas de eliminación93 del 15%, regulaciones que no se

han venido aplicando en las Fuerzas Armadas.

El 2% de reducción de los miembros en servicio activo a consecuencia

de autodepuración institucional.

La evolución de la estructura de la población militar se detalla en la

Tabla 29.

Tabla 29 Escenarios de sensibilidad del sistema de pensiones militares

POBLACIÓN EN SERVICIO ACTIVO

EVOLUCIÓN ANUAL DE RETIROS EVOLUCIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN DE PENSIONISTAS

AÑO OFICIALES TROPA TOTAL OFICIALES TROPA TOTAL

PENSIONISTAS RETIROS MONTEPÍO TOTAL

PORCENTAJE DE

RETIRADOS

PORCENTAJE DE

MONTEPIOS

2000 4.358 31.415 35.773 63 1.113 1.176 16.481 6.691 23.172 71,12% 28,88%

2001 4.344 31.133 35.477 115 897 1.012 17.277 6.823 24.100 71,69% 28,31%

2002 4.423 31.479 35.902 80 1.096 1.176 18.228 6.820 25.048 72,77% 27,23%

2003 4.378 32.493 36.871 115 756 871 18.872 6.892 25.764 73,25% 26,75%

2004 4.401 33.925 38.326 88 783 871 19.450 7.102 26.552 73,25% 26,75%

2005 4.411 34.099 38.510 111 744 855 20.037 7.253 27.290 73,42% 26,58%

2006 4.439 33.965 38.404 134 851 985 20.722 7.462 28.184 73,52% 26,48%

2007 4.448 34.053 38.501 109 837 946 21.372 7.679 29.051 73,57% 26,43%

2008 4.541 33.992 38.533 107 992 1.099 22.148 7.854 30.002 73,82% 26,18%

2009 4.647 33.287 37.934 93 1.732 1.825 23.677 7.965 31.642 74,83% 25,17%

2010 4.753 33.131 37.884 136 1.620 1.756 25.065 8.107 33.172 75,56% 24,44%

2011 4.920 33.407 38.327 75 1.518 1.593 26.427 8.180 34.607 76,36% 23,64%

2012 5.108 34.848 39.956 103 940 1.043 27.161 8.238 35.399 76,73% 23,27%

2013 5.318 35.723 41.041 - 27.776 8.377 36.153 76,83% 23,17%

TOTAL 514 6.802 7.316 152.254 48.721 200.975 75,76% 24,24%

Fuente: ISSFA Elaboración propia

La población militar ha tenido un comportamiento evolutivo en el que su

tasa de dependencia ha alcanzado un nivel máximo de 1,544 con una

93

Con el propósito de asegurar una adecuada selección del personal militar en los diferentes grados, garantizar la idoneidad de la carrera militar y para satisfacer las necesidades orgánicas de la Institución, se establecieron en el Art. 141, del Título Sexto DE LA ELIMINACION DE PERSONAL MILITAR de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador, cuotas de eliminación del personal en servicio activo en todos sus grados (Congreso Nacional de la República del Ecuador, 1991).

191

tendencia decreciente que en la actualidad es de 1,086. En otras palabras, la

parte del financiamiento del sistema de pensiones militares que recae en la

responsabilidad individual de los aportantes es de 0,86; es decir, la pensión de

un jubilado está siendo soportado con el financiamiento de 0,86 afiliados

activos. Como se aprecia en el Anexo 1, la reestructuración demográfica del

sistema provocará que la tasa de dependencia se reduzca aún más y alcance

en el año 2025 el 0,671 (la cantidad de pasivos será de 51.391 y de afiliados

activos de 34.500).

El comportamiento de los datos estadísticos y financieros sobre los que

se asienta el sistema de pensiones militares, presentaba antes del 2007 una

cartera de cotizaciones estructurada con el aporte individual, el aporte patronal,

el aporte de los pensionistas, el aporte del Estado. El financiamiento de las

pensiones se garantiza a través del fondo de reservas, fondo que es

alimentado por el rendimiento del proceso de inversiones (Anexo 2).

A raíz de la reforma realizada al sistema de pensiones en el año 2007,

se elimina el aporte del 7,25% de los pensionistas militares. La disminución de

ingresos impulsó que la brecha financiera sea cubierta tanto por el aporte

máximo del Estado, como con los recursos provenientes de la gestión

institucional. En este sentido, la gestión institucional se vio en la necesidad de

mejorar sus niveles de rentabilidad y optimizar el gasto de los recursos del

sistema de seguridad social. Los excedentes financieros generados permitieron

no solo cubrir la demanda de las pensiones militares, sino que se fortaleció la

solvencia del fondo de reservas.

Los análisis realizados se han basado en la proyección de la masa

imponible, masa pensional, la disponibilidad de efectivos aportantes al sistema

de seguridad social militar y la evolución demográfica de los pensionados. Las

simulaciones basadas en el modelo actuarial evidencian los diferentes

horizontes de autosostenibilidad del sistema militar, así como el peso

económico financiero que significará para el presupuesto nacional la reforma

de la política de defensa y su influencia en el sistema de pensiones militares.

192

En los ejercicios desarrollados, el sistema de pensiones militares se ha

visto afectado en el aumento de su cartera de aportaciones, los porcentajes de

cotización individual y la influencia del fondo de reservas sobre la solvencia

financiera del sistema. Es así que se han desarrollado 7 escenarios:

1) El sistema de pensiones militares visto como un sistema de reparto

puro.

2) El sistema de pensiones militares como un sistema de reparto puro,

con el incremento de las cotizaciones individuales del 12,4% al

14,4%94.

3) El sistema de pensiones militares visto como un sistema de reparto

puro, con el incremento de la aportación de 7,25% de los

pensionistas.

4) El sistema de pensiones militares como un sistema de reparto puro,

con el incremento de las cotizaciones individuales y el aporte de los

pensionistas.

5) El sistema de pensiones militares con una estructura de Prima Media

General en las condiciones actuales.


General, con el incremento de las cotizaciones individuales


General, con el aporte del 7,25% de los pensionistas.

Hipótesis actuariales consideradas para el estudio actuarial

En función de la realidad económica del país, se utilizaron como

hipótesis económicas las siguientes tasas: tasa de inflación, tasa de incremento

futuro del haber militar, tasa técnica actuarial, tasa de descuento financiero y

tasa de crecimiento poblacional (Tabla 30). Fueron consideradas las bases

salariales definitivas del año 201295 (Anexo 1) y el envejecimiento de la

población activa. Además el valor presente de las obligaciones estará

compensado por efecto de la tasa de descuento financiero.

94

Esta es una de las recomendaciones que realizó el estudio actuarial del 2010, sin que se hayan considerado las condiciones actuales 95

Resultado del proceso de homologación realizada para las Fuerzas Armadas (Ministerio de Relaciones Laborales, 2012)

193

Tabla 30 Hipótesis económicas de las pensiones militares

Tasa de Inflación promedio anual en el largo plazo 3,5 %

Tasa de Incrementos futuros del haber militar promedio anual a largo plazo 3,5 %

Tasa de interés de descuento financiero 6,3 %

Tasa de rendimiento esperada de los activos del fondo de reservas 6,3 %

Elaboración propia

En la determinación de la tasa de descuento financiero fue considerado

un valor intermedio entre la tasa de rendimiento de los Bonos del Estado

(6,5%) y la tasa de rendimiento del portafolio de inversiones del ISSFA (6,1%).

El Estado financia el 60% del gasto total en pensiones y el 40% lo sostienen las

cotizaciones individuales de los miembros en servicio activo y las cotizaciones

patronales del Ministerio de Defensa.

El sistema militar ecuatoriano debe enfrentarse a riesgos derivados de 1)

el incremento del número de pensionistas, a consecuencia del deseo individual

de acogerse a los beneficios de retiro apenas cumplidos los requisitos mínimos

de aportación (20 años), 2) la reducción del número de cotizantes, por efecto

de reformas al número de miembros en servicio activo96, 3) los incrementos en

la esperanza de vida del conglomerado militar, 4) el aporte estatal al sistema de

pensiones militares, vinculado con el crecimiento de la economía nacional y el

precio del petróleo, 5) la indexación de las pensiones militares con los

miembros en servicio activo, 6) la ausencia de niveles máximos de pensiones

militares.

Escenario legal

La creación del régimen especial de las Fuerzas Armadas en el Ecuador

supuso un modelo de administración tendiente a atender las necesidades del

personal militar. Las pensiones militares constituyen un componente importante

para las Fuerzas Armadas en lo que respecta a atraer y retener personal

profesional, debido a que se establece un paquete de compensaciones y

beneficios competitivos frente a los demás sectores de la sociedad.

96

La reforma en la política de defensa del Ecuador prevé que el número de efectivos en las Fuerzas Armadas deberá reducirse de los actuales 42.000 efectivos, hasta los 34.500 en el 2025 (Presidencia de la República del Ecuador, 2014a).

194

60%

50%

60% 61%

68% 74%

77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

20

22

20

24

20

26

20

28

20

30

20

32

20

34

20

36

20

38

20

40

20

42

20

44

20

46

20

48

20

50

Mill

on

es

USD

.

APORTE DEL ESTADO HASTA EL 60 % APORTE DEL ESTADO PRESIÓN ESTATAL

El financiamiento de las pensiones, configurado en su creación, se

establecía con el financiamiento máximo por parte del Estado del 60%. El 40%

restante debía ser asumido mediante cotizaciones y la gestión institucional

derivada de la administración de sus propios recursos. Es así que este 40% se

suministra con la cotización patronal del Ministerio de Defensa (13,15%), las

cotizaciones individuales (aportaciones al sistema de pensiones) de los

militares en servicio activo (12,40%), las aportaciones de los militares en

servicio pasivo (7,25%) y los resultados financieros provenientes de la gestión

institucional (7,20%).

El sistema de pensiones militares considerado como un sistema de

reparto puro

En un primer ejercicio, el sistema de pensiones militares se considera

como un sistema de reparto puro; es decir, no se toma en consideración la

influencia financiera del fondo de reserva (Anexo 3). La simulación realizada

presenta una proyección hasta el año 2050 donde se determina la magnitud de

la presión económica generada por el sistema de pensiones militares al

presupuesto nacional (véase el Gráfico 16).

Gráfico 16 Evolución del Aporte Estatal del sistema de pensiones militares (reparto puro)

Elaboración propia

En el supuesto de que el sistema de pensiones militares se financie

exclusivamente con los aportes del Estado y con las cotizaciones sociales

(patrono e individuales), sin considerar los recursos provenientes del fondo de

195

reserva, su financiación provocaría una presión económica superior al 60%

máximo permitido por la ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. El

porcentaje requerido a partir del año 2016 responde a un comportamiento

tendencial creciente, que ascendería inicialmente al 61% y que, por efecto de

causas como la reducción progresiva de la cantidad de efectivos aportantes al

sistema de pensiones o el incremento de población jubilada, alcanzaría el 77%

en el año 2050. Los recursos provenientes de la gestión institucional, a través

del proceso de inversiones (Anexo 2), ahorrarían al Estado alrededor de USD.

622 millones.

La situación financiera del sistema provocada por el déficit estructural

que adolece al no verse sustentada por el fondo de reservas, requiere del

financiamiento adicional por parte del Estado. A continuación se presentan

escenarios en los que se ha considerado incrementar la fuente de ingresos del

sistema así como confrontarla con la creciente masa pensional, a fin de alargar

el horizonte de sostenibilidad del sistema.

El sistema de pensiones militares, como un sistema de reparto puro, con

el incremento de las cotizaciones individuales

El estudio actuarial del sistema de pensiones militares del año 2010

recomendó, entre otros aspectos, el incremento del porcentaje de aportación

de los afiliados en servicio activo del 12,4% al 14,4%, con la finalidad de que,

con el soporte financiero provocado en conjunto con otras medidas de carácter

financiero y demográfico, se estabilicen las condiciones de sostenibilidad del

sistema de pensiones. En este sentido, la siguiente simulación busca

determinar la solvencia del sistema (reparto puro) afectado por el incremento

del porcentaje de cotización individual (Anexo 4). En el Gráfico 17 se presenta

el comportamiento financiero del sistema y la evolución del aporte estatal en

estas condiciones.

196

Gráfico 17 Evolución del Aporte estatal al sistema de pensiones militares (reparto puro) con el incremento del porcentaje de cotizaciones individuales

Elaboración propia

Un incremento de los ingresos provenientes de la subida de las

cotizaciones en 2 puntos porcentuales, generaría sobre el sistema un alivio

financiero de 3% en el corto plazo. El comportamiento incremental del gasto en

pensiones a consecuencia de esta medida, se vería reducido de tal forma que

el Estado ecuatoriano para el año 2050 deberá aportar al sistema de pensiones

militares un 16% más al actual porcentaje. Esta simulación consideró los

efectos financieros provocados por la reducción del ratio de dependencia.

En el siguiente ejercicio se ha considerado el fortalecimiento del sistema

derivado de la incorporación de las dos reformas a su cartera de cotizaciones.

En este sentido, el objetivo de esta simulación será el de determinar el efecto

económico que ocasionarían estas medidas sobre el aporte económico que

realiza el Estado a las pensiones militares.

El sistema de pensiones militares, visto como un sistema de reparto puro,

con el incremento de la aportación de los pensionistas

En un tercer ejercicio, se presenta una simulación del sistema de

pensiones militares como un sistema de reparto puro, que se ve afectado por

un incremento de sus ingresos provenientes de los aportes realizados por los

pensionistas equivalente al 7,25% del gasto en pensiones, derogado en el 2007

(Anexo 5). En el Gráfico 18, se aprecia la evolución del aporte del Estado en

70%

50%

60%

57%

59%

65% 72%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

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00

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02

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20

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38

20

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20

42

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20

46

20

48

20

50

Mill

on

es

USD

APORTES DEL ESTADO HASTA EL 60 % APORTE DEL ESTADO PRESIÓN ESTATAL

197

70%

50%

60%

63%

53%

59% 60%

63%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,002

000

20

02

20

04

20

06

20

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20

10

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30

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38

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20

42

20

44

20

46

20

48

20

50

Mill

on

es

USD


función de la situación financiera del sistema al incorporarse el aporte del

7,25% de los pensionistas militares.

Gráfico 18 Evolución del Aporte estatal al sistema de pensiones militares (reparto puro) con el aporte del 7,25 % de los pensionistas

Elaboración propia

La solidez financiera que le proporciona el aporte del 7,25% de los

pensionistas, tiende a regular el aporte del Estado. Es así que, de aplicarse

medidas reformatorias a la ley de seguridad social militar al corto plazo (2015),

la presión financiera se vería reducida al 53%. La tendencia del soporte estatal

será incremental pero menos intensiva, por efecto de la inyección de recursos.

El aporte de los pensionistas permitirá que el Estado reduzca su porcentaje de

aportación actual. En el año 2024, por acción de la magnitud del gasto en

pensiones, será necesario que el sistema requiera periódicamente del aporte

gubernamental superior al 60% hasta alcanzar el 70% en el año 2050.

Aun cuando en apariencia la insostenibilidad no porcentualmente

elevada, la acumulación de esta presión estatal en el mediano plazo es

demasiado muy alta. Por lo que ya alrededor del 2033 el modelo debería

considerarse colapsado.

A continuación, sobre este escenario se ha considerado otra fuente de

ingresos: la que, por recomendación del estudio actuarial del 2010, se

establecía en el incremento del porcentaje de las aportaciones individuales.

Este aspecto no se ha puesto en ejecución, ni tampoco se consideró la

198

reducción del universo de sus afiliados. Por el contrario, se asumió como

hipótesis demográfica el incremento de sus miembros en servicio activo a los

42.000 afiliados.

El sistema de pensiones militares, como un sistema de reparto puro, con

el incremento de las cotizaciones individuales y el aporte de los

pensionistas.

La financiación de las pensiones militares, como se ha visto en los

ejercicios anteriores, tendría un efecto importante si se incrementan sus

fuentes de cotización. En la siguiente simulación, se ha incorporado tanto el

aporte de los pensionistas (7,25%) como el aumento del porcentaje de

cotización individual (del 12,4% al 14,4%) (véase el Anexo 6). La incorporación

de recursos provenientes de estas dos medidas provocaría un efecto positivo

sobre el sistema, tanto en el alargamiento de su horizonte de sostenibilidad

como en el alivio de la presión financiera requerida para garantizar el pago de

las pensiones actuales y futuras por parte del Estado (véase el Gráfico 19).

Gráfico 19 Evolución del Aporte estatal al sistema de pensiones militares (reparto puro) con el incremento del porcentaje de cotizaciones individuales y

los aportes de los pensionistas

Elaboración propia

Los ingresos resultantes del aumento del 2% en las cotizaciones

individuales representan alrededor de los USD. 15,7 millones, que sumados a

los USD. 36,7 millones de los aportes de los jubilados, en el año 2015,

70%

50%

60% 63%

50% 52%

56% 60%

61% 64%

68%

0%

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30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

20

00

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02

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20

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20

44

20

46

20

48

20

50

Mill

on

es

USD

.


199

permitirían que el Estado se ahorre el 10% de sus aportes a las pensiones

militares. En este sentido, la evolución de la presión financiera ejercida sobre el

Estado, por efecto del incremento del gasto en pensiones, se verá

relativamente aliviada en el largo plazo. En el año 2029, el aporte del Estado

tenderá a incrementarse de manera progresiva hasta requerir del soporte

financiero del 68% en el año 2050.

Un factor importante para el financiamiento de las pensiones militares es

la estructuración del fondo de reservas. El sistema militar, al ser configurado

como un sistema de prima media general, permite que se establezca un fondo

de reservas como una medida que garantice el pago de las pensiones actuales

y futuras. En los escenarios siguientes, se simula la sostenibilidad del sistema

de pensiones militares con la influencia de los recursos del fondo de reservas y

el fortalecimiento de su cartera de cotizaciones.

El sistema de pensiones militares con una estructura de Prima Media

General en las condiciones actuales.

En la estructura del sistema de seguridad social militar, los recursos

destinados a la cobertura prestacional están garantizados con los acumulados

en el fondo de reservas. Dependiendo de la posición financiera y de gestión de

cada seguro del sistema social militar, se pueden generar excedentes

periódicos que, en función de cada régimen financiero aplicable, pasan a

formar parte del fondo de reserva, ya sea para constitución, liquidez o

contingencia, entre otros.

Los recursos del fondo de reservas se gestionan productivamente a

través de la diversificación de su inversión en varias líneas: Inversiones

Financieras, Inversiones Empresariales, Inversiones Inmobiliarias, Inversiones

en Préstamos. El proceso de fortalecimiento (capitalización) de las reservas a

través del sistema de inversiones se ejecuta observando los principios, políticas

y estrategias que rigen la gestión de los recursos institucionales,

implementando adecuados sistemas de control y gestión que permitan contar

con un portafolio de inversiones con la mejor relación riesgo-rendimiento que

200

genere valor (niveles de rentabilidad igual o mayor que la tasa técnica del

sistema) (Anexo 2).

La situación económica financiera del sistema de pensiones militares, de

acuerdo a la simulación realizada, confrontó el activo total, el pasivo total y los

recursos provenientes del fondo de reservas (Anexo 7). De este ejercicio se

determina que los recursos de financiación proveniente de la cartera de

cotizaciones del sistema, en las condiciones actuales, serán insuficientes a

partir del año 2035 (Gráfico 20). Para sostener los gastos pensionales en el

futuro, será necesario demandar mayores recursos económicos estatales.

Gráfico 20 Evolución del Aporte estatal y sostenibilidad del sistema de pensiones militares en las condiciones actuales

Elaboración propia

La financiación del sistema, en las condiciones actuales y de manera

general, se enfrenta a un debilitamiento de su capacidad de

autofinanciamiento. La proyección financiera tiene tres momentos importantes,

considerando para ello que, entre las hipótesis económicas y financieras

establecidas, se determinó el 6,3% para la tasa de rendimiento de los recursos

del fondo de reservas:

1) Hasta el año 2023, la estructura financiera del sistema de pensiones

militares alcanzará el pico más alto de generación de recursos. En

este momento, el gasto en pensiones superará los ingresos

provenientes de la cartera de cotizaciones, por lo que se recurrirá a

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

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36

Mill

on

es

USD

.

SOSTENIBILIDAD APORTES DEL ESTADO

201

los recursos del fondo de reservas para cubrir el déficit financiero y

garantizar el pago de las pensiones.

2) A partir del año 2029, la presión financiera provocada por el nivel de

incremento de los gastos pensionales frente a una menor tasa de

rendimiento de las inversiones de los recursos del fondo de reservas,

provocará que la solvencia del fondo de reservas vaya reduciéndose

progresivamente.

3) En el año 2035, los gastos pensionales serán de tal magnitud que se

habrán liquidado los recursos disponibles del fondo de reservas. El

Estado, a partir de este instante, asumirá la responsabilidad total del

saldo entre el gasto en pensiones y la cartera de cotizaciones del

sistema (Gráfico 21).

Gráfico 21 Proyección de la Evolución de los Aportes del Estado

Elaboración propia

Los aportes del Estado al sistema de pensiones militares, de acuerdo a

lo establecido en la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, será

de un máximo del 60% del gasto. Las medidas planteadas deberán alcanzar

dos objetivos: 1) dotar de un nivel de autosostenibilidad al sistema de

pensiones, y 2) evitar que el sistema militar tenga que recurrir al soporte del

Estado, en el corto plazo, con un porcentaje superior al establecido y que,

complementariamente, se extienda el horizonte de sostenibilidad del sistema.

De acuerdo con la gráfica, en las condiciones actuales el sistema no requerirá

de un porcentaje superior al 60% hasta el año 2035. De no aplicarse reformas

70%

60%

50%

60% 60% 60%

72% 75% 77%

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20

48

20

50

PRESIÓN ESTATAL

202

inmediatas al sistema de pensiones, los recursos institucionales se encuentran

en riesgo de desaparecer.

A continuación se presentarán dos escenarios en los que la cartera de

cotizaciones será fortalecida por el incremento de las cotizaciones individuales

(Anexo 8) y por el incremento de los aportes de los pensionistas (Anexo 9).

El sistema de pensiones militares con una estructura de Prima Media

General, con el incremento del porcentaje de cotización individual.

El comportamiento financiero del sistema de pensiones militares con el

incremento de las cotizaciones individuales, al pasar de los 12,4% al 14,5%

(una de las recomendaciones del estudio actuarial del 2010 realizado al

sistema), tendrá un efecto positivo sobre la autosostenibilidad financiera del

sistema. Es así que el horizonte de sostenibilidad se alargará 6 años respecto

al establecido en las condiciones actuales. Sin embargo, dados los análisis

precedentes, 6 años no son suficientes. En este sentido, el incremento de la

tasa de cotización no es suficiente por sí solo (Gráfico 22).

Gráfico 22 Evolución del Aporte estatal y sostenibilidad del sistema de pensiones militares con el incremento de las cotizaciones individuales

Elaboración propia

El reforzamiento financiero del sistema con medidas como el incremento

porcentual de las cotizaciones, permite asegurar el pago de las pensiones a

futuro. La naturaleza misma del sistema requiere de un conjunto de medidas

tendientes a mejorar los niveles financieros. La proyección financiera, con este

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

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1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

Mill

on

es

USD

.

SOSTENIBILIDAD APORTE DEL ESTADO

203

incremento, tiene tres momentos importantes. Se ha considerado, entre las

hipótesis económicas y financieras, el 6,3% para la tasa de rendimiento de los

recursos del fondo de reservas:

1) Hasta el año 2028, la estructura financiera del sistema de pensiones

militares alcanzará el pico más alto de generación de recursos. En

este momento, el gasto en pensiones superará los ingresos

provenientes de la cartera de cotizaciones, y se recurrirá a los

recursos del fondo de reservas para cubrir el déficit financiero y

garantizar el pago de las pensiones.

2) A partir del año 2035, la presión financiera provocada por el nivel de

incremento de los gastos pensionales frente a una menor tasa de

rendimiento de las inversiones de los recursos del fondo de reservas,

provocará que la solvencia del fondo de reservas vaya reduciéndose

progresivamente.

3) En el año 2041, los gastos pensionales serán de tal magnitud que se

habrán liquidado los recursos disponibles del fondo de reservas. El

Estado, a partir de este instante, asumirá la responsabilidad total del

saldo entre el gasto en pensiones y la cartera de cotizaciones del

sistema (Gráfico 23).

Gráfico 23 Evolución de los Aportes del Estado

Elaboración propia

La medida de fortalecimiento financiero permite que se mejore el nivel de

autosostenibilidad del sistema de pensiones y se limite la necesidad de recurrir

70%

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20

46

20

48

20

50

PRESIÓN ESTATAL

204

al presupuesto del Estado. De acuerdo con la gráfica, el impacto de la medida

provocará que el aporte del Estado no se vea afectado hasta el año 2040,

cuando se requerirá que de manera progresiva se incremente al 76% en el año

2050.

El sistema de pensiones militares con el incremento de cotizaciones de

los pensionistas

En un siguiente ejercicio, se ha previsto incorporar a la cartera de

cotizaciones el aporte del 7,25% de los pensionistas, a fin de atender el gasto

en pensiones (Anexo 9). En el Gráfico 24, se muestra la evolución del sistema

con la influencia del rendimiento de los recursos del fondo de reservas y el

aporte de los pensionistas. El nivel de autosostenibilidad proyectado hasta el

año 2050, con esta medida, permitirá que el sistema garantice el pago de las

pensiones por un período superior al establecido en la simulación.

Gráfico 24 Evolución del Aporte estatal y sostenibilidad del sistema de pensiones militares con el incremento del aporte de los pensionistas

Elaboración propia

El fortalecimiento económico del sistema se ve reflejado en el

alargamiento de su nivel de sostenibilidad. La influencia del fondo de reservas y

el aporte de los pensionistas provocarán que el patrimonio institucional alcance

su nivel más alto en el año 2042. A partir de este momento, el nivel de

crecimiento económico va a ser menor al porcentaje de evolución de la masa

pensional; es decir, posteriormente a este año, la magnitud del gasto en

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Mill

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es

USD

.

SOSTENIBILIDAD APORTES DEL ESTADO

205

pensiones superará a los disponibles en la cartera de cotizaciones, razón por la

cual será necesario recurrir a los fondos institucionales para atender el pago de

las pensiones.

Las condiciones económicas institucionales para el Estado significarán

un alivio financiero ya que, como se aprecia en el Gráfico 25, el aporte

económico estatal se mantendrá en los niveles establecidos en la ley de

seguridad social militar.

Gráfico 25 Evolución de los Aportes del Estado

Elaboración propia

La medida propuesta permitirá mantener constante el nivel de aportes

del Estado sobre el período simulado. El Estado, con el aporte 60% de la masa

pensional, no se verá inmerso en presiones económicas superiores a lo

dispuesto por ley. El sistema establecerá niveles de sostenibilidad aceptables,

proyectando un horizonte de sostenibilidad superior al año 2050, con lo cual se

asegura el pago de las pensiones sin que el sistema sufra problemas

económicos.

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60% 60%

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50

PRESIÓN ESTATAL

206

Capítulo II Análisis Econométrico del Sistema de pensiones

militares ecuatoriano

Introducción

En vista de la realidad que se vive y con la persistente preocupación por

la equidad y la correcta distribución de la riqueza, la teoría sobre pensiones y

los estudios sobre este tema han avanzado con el tiempo, llegando a niveles

de desarrollo que convergen sobre el grado y la importancia del funcionamiento

del sistema financiero y por ende de la economía del país.

Estos estudios tratan de contribuir a la formación de ahorro y

capitalización de los sistemas de pensiones, ya que llegan a la dimensión

social, incorporando configuraciones de instrumentos preventivos sobre la

previsión social, lo que se transforma en coberturas a las posibles

contingencias como la jubilación, viudedad, orfandad o invalidez.

El hecho de ser sistemas de pensiones que tratan las compensaciones

complementarias y no sustitutivas a las otorgadas por el sistema militar de la

Seguridad Social, lo diferencia de otras alternativas de ahorro.

En la literatura se han encontrado diferentes aspectos relacionados con

este tema. Se han generado distintas líneas de investigación, identificando

principalmente estudios en el campo actuarial, desde la perspectiva de la

economía industrial y desde la económico-financiera.

La econometría permite un análisis cuantitativo de los efectos que son

generados por la aplicación de diferentes decisiones de nivel político-

económico. Una posibilidad es la presentada por Conde-Ruiz & Meseguer

(2004), en la que se estudia la relación de dependencia a largo plazo de la

evolución de la población, los cambios estructurales de la economía y el

mercado laboral.

Otro enfoque de corte cuantitativo es el presentado por Jimeno (2004),

que estudia la sostenibilidad entre los ingresos y gastos de un sistema de

pensiones orientado en dos relaciones: 1) la pensión media del sistema que se

evalúe y 2) un ratio medido ente los pensionistas y el número de cotizantes.

207

2.1 Base de datos y muestra

Los datos empleados corresponden a la recolección de informes

estadísticos del sistema de pensiones militares y a la base de datos del Oracle

Discoverer Plus97, proporcionado por el Instituto de Seguridad Social de las

Fuerzas Armadas del Ecuador. El horizonte temporal parte del año 1992 al año

2014, pero lastimosamente no para todas las series. Ante esta situación se ha

realizado la mayoría de los cálculos con la temporalidad de 2000 a 2014. Las

estimaciones están comprendidas y cuidadosamente calculadas dentro de la

teoría de la estimación con muestras pequeñas. La evolución de las series

empleadas en el análisis (Anexo 11) corresponde a los distintos componentes

del sistema de pensiones militares de Ecuador.

Las series evidencian su componente cíclico y se denota un

comportamiento con mínimos y máximos. El año 2008 se puede considerar

como un punto de referencia debido a que en este año se aprecia el efecto de

la crisis económica mundial ocasionada por la quiebra del sistema financiero

(Lehman Brothers). En este sentido, la economía ecuatoriana también se vio

afectada por este hecho, siendo una de las causas, sin lugar a dudas, el

sistema monetario establecido en el país en el año 1999.

Aparte de ese hecho, también queda reflejado que en el sistema de

pensiones militares se encuentran componentes estacionales e inherentes a

los procesos deterministas de las series temporales. En la Tabla 31 se muestra

la información estadística de las series empleadas en este estudio. Se ha

puesto especial interés en recabar información sobre el tipo de distribución de

las mismas, considerando que se requiere tener certeza estadística sobre el

cumplimiento de normalidad en los modelos econométricos que

desarrollaremos en este capítulo.

97

Es la herramienta que permite explorar la base de datos del sistema, realizar análisis relacionales y en diversos niveles de profundidad de la información, construir informes, mantenerlos, modificarlos, actualizarlos en instantes y visualizarlos de diferentes formas, inclusive gráficas. Permite a los usuarios acceder a los almacenes de datos relacionales y a los sistemas de transacciones en línea, en correspondencia con los esquemas de seguridad del conjunto de las aplicaciones. Discoverer proporciona facilidades de uso y un muy buen desempeño en la exploración de datos del ISSFA.

208

Tabla 31 Estadísticos Descriptivos

COTZINDV COTZPATRO FONDORESS GDEFENSA GPENSIONES INVERSIONES INVERSIONES01 NPENSIONISTAS

Media 40113376 42543488 1.53E+08 1289.87 1.54E+08 1968918 6635557 25877.43

Mediana 32745926 34729710 60249207 945 84990135 426557.8 1094047 25764

Máximo 85739081 90933248 6.13E+08 2803 4.64E+08 17009554 58857562 36054

Mínimo 6224768.00 6601871.00 656505.80 467.00 29158501.00 50863.38 0.00 17260.00

Std. Dev. 31183567 33072701 2.05E+08 782.0488 1.46E+08 4485383 15969752 6102.862

Skewness 0.297678 0.297678 1.266481 0.704671 1.124932 2.983802 2.695132 0.161679

Kurtosis 1.421099 1.421099 3.011133 1.937265 2.722217 10.50054 8.975921 1.834129

Jarque-Bera 1.66097 1.66097 5.881353 2.985832 4.496674 53.59102 40.47912 1.280838

Probabilidad J-

B 0.43584 0.43584 0.05283 0.22472 0.10558 0.00000 0.00000 0.52707

Suma Tot 5.62E+08 5.96E+08 3.37E+09 29667 3.22E+09 27564851 99533359 543426

Sum Sq. Dev. 1.26E+16 1.42E+16 8.83E+17 13455207 4.26E+17 2.62E+14 3.57E+15 7.45E+08

Observaciones 14 14 22 23 21 14 15 21

OFICIALES PENMEDIA PIB TOTALEJER TOTCOMPCOTIZ TOTEFECTIVOS TTROPA TROPA

Media 222.7826 529.9408 55932.74 1813.739 2.06E+08 36333.18 1813.739 1590.957

Mediana 203 347.92 50989.64 1721 1.41E+08 36782 1721 1517

Máximo 411 1126.32 82609.09 3125 4.56E+08 39167 3125 2922

Mínimo 144.00 162.32 40490.85 1104.00 42009988.00 29790.00 1104.00 938.00

Std. Dev. 63.24768 357.1659 12815.91 461.4097 1.55E+08 2680.954 461.4097 450.2212

Skewness 1.339858 0.564842 0.65014 0.800764 0.513227 -1.239468 0.800764 1.005243

Kurtosis 4.527687 1.678311 2.194808 3.950213 1.630397 3.581671 3.950213 4.409327

Jarque-Bera 9.11826 1.637484 2.144142 3.323303 1.70883 5.943177 3.323303 5.777084

Probabilidad J-

B 0.01047 0.44099 0.34230 0.18983 0.42553 0.05122 0.18983 0.05566

Suma Tot 5124 6889.23 1230520 41716 2.88E+09 799330 41716 36592

Sum Sq. Dev. 88005.91 1530810 3.45E+09 4683776 3.11E+17 1.51E+08 4683776 4459381

Observaciones 23 13 22 23 14 22 23 23

Elaboración propia

Como se puede observar en el remarcado azul, el valor de la

probabilidad asociada al estadístico de Jarque-Bera, denota una distribución

normal N~(0,1), cuya Regla de Decisión aplicada es:

Si el JB es menor 5.99 no se rechaza la hipótesis nula

Por lo tanto, en la tabla anterior todas las series que tienen los

resultados en remarcados en color rojo no se distribuyen como una normal

N~(0,1). Por otro lado, en el Anexo 12 se presentan las correlaciones cruzadas

obtenidas mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.

2.2 Modelo econométrico en función de los determinantes del gasto

agregado en pensiones

Este apartado trata respecto a la influencia que tienen ciertos

determinantes de carácter demográfico sobre el sostenimiento financiero del

sistema de pensiones de la seguridad social militar. El sistema de pensiones

militares del Ecuador, como se ha mencionado anteriormente, es un sistema de

209

reparto con una estructura de prima media general. Para este análisis, no se ha

considerado la influencia del fondo de reservas sobre la sostenibilidad del

sistema.

El efecto que tiene el envejecimiento poblacional sobre la sostenibilidad

de los sistemas de pensiones, según Conde-Ruiz & Meseguer (2004), tiene dos

causas: el aumento de la esperanza de vida y el descenso en la tasa de

fecundidad. Este último no influye en el sistema militar ya que su estructura

demográfica es fija. De este modo, el aumento de la esperanza de vida provoca

que la proporción de la relación aportantes/jubilados (Ratio de Dependencia)

tenga una tendencia decreciente importante sobre la sostenibilidad del sistema.

En la estructura militar la edad mínima para acceder al beneficio de la

jubilación es de 20 años de aportación. La edad promedio de retiro mínima

oscila entre los 42 y 43 años de edad. Si se compara esta condición con el

sistema general, donde la edad de jubilación son los 65 años, se aprecia que

existe un déficit de 22 años de aportación. Este aspecto afecta directamente a

la estructura financiera del sistema de pensiones, ya que se reduce el número

de cotizaciones individuales a cambio de un incremento del número de

pensiones.

En este sentido, de ejecutarse la política gubernamental —considera una

reducción del número de efectivos de alrededor del 17% de la estructura

demográfica militar—, obligaría a que el sistema, para financiarse, recurra a las

otras fuentes de financiamiento como los aportes del Estado, el aumento en los

porcentajes de las cotizaciones individuales, o el aporte de jubilados militares

(aportación derogada en el año 2007).

Si se observan sistemas de pensiones militares de otros países

latinoamericanos, la diferencia recae en las formas de financiación, ya que los

requisitos de acceso a la jubilación son generalmente los mismos. Como se

mencionó en apartados anteriores, la estructura de financiamiento difiere en

cuanto al porcentaje de participación económica que realiza el Estado al

sistema de pensiones. En el caso ecuatoriano, este aporte no debe ser superior

al 60% del gasto en pensiones. Por lo tanto, se puede afirmar que, de reducirse

210

el número de efectivos militares (aportantes) y al tener una estructura de

reparto, el Estado se verá en la obligación de garantizar la sostenibilidad del

sistema con un porcentaje superior al 60% —estipulado en la Ley de Seguridad

Social de las Fuerzas Armadas—.

Las consecuencias financieras de la reducción de efectivos militares

sobre los niveles de sostenibilidad del sistema son claras para el Estado.

Complementariamente a esta disminución en el número de cotizantes, se prevé

una reforma constitucional que elimine el techo del porcentaje de aportación

gubernamental a cambio de garantizar el pago de las pensiones actuales y

futuras.

En cuanto al envejecimiento y al gasto en pensiones —factores que

influencian directamente a la sostenibilidad del sistema militar— tomaremos

como referencia el trabajo realizado por Conde-Ruiz & Meseguer (2004),

quienes analizan los determinantes fundamentales del gasto agregado en

pensiones descomponiendo el gasto en pensiones como porcentaje del PIB en

tres factores98:

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝐼𝐵=

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟×

1

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜× (

𝑁º 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎×

𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎)

Factor Demográfico

Factor Mercado de Trabajo

Factor Institucional

2.2.1 Descripción de las Variables

Gasto en Pensiones sobre el porcentaje del PIB

La variable relevante en el análisis de las pensiones públicas es el gasto

en pensiones como % del PIB, es decir, se relaciona el gasto público en

pensiones con la riqueza del país. Esta variable depende del comportamiento

del factor demográfico, el mercado de trabajo y el factor institucional. El

98

La ecuación no es más que una identidad contable.

211

desfinanciamiento de las pensiones se basa en que, en el supuesto de que la

evolución de las variables sea relativamente razonable, la estructura del ratio

de dependencia militar provocará que el gasto público de las pensiones se

incremente más allá del 60% actual.

Esta situación requiere el establecimiento de reformas orientadas en tres

líneas de acción: 1) incrementos en los ingresos de la cartera de cotizaciones

para afrontar el gasto, 2) reducir el gasto en las pensiones, 3) incrementar la

presión económica para que el Estado asuma el déficit.

Factor Demográfico

Este factor depende del comportamiento demográfico y equivale a la

Ratio de Dependencia del colectivo militar, que actualmente encuentra en el

1,12, con una tendencia decreciente. Es interesante resaltar que las

previsiones demográficas a largo plazo de los afiliados (aportantes) no varían,

al contrario del universo de pensionistas cuyo número tiende a incrementarse

(Anexo 2).

La explicación radica en el efecto provocado por la misma estructura del

sistema, que permite a los miembros militares acogerse al retiro con 20 años

de aportación. Este aspecto, sumado al incremento de la esperanza de vida

agravan las condiciones y debilitan aún más los niveles de sostenibilidad del

sistema de pensiones militares. Es por esta razón que, para que el gasto de

pensiones como porcentaje del PIB se mantenga en niveles aceptables, es

necesario que el factor de mercado de trabajo y factor institucional disminuyan

el efecto negativo del factor demográfico.

Factor mercado de trabajo

La mayoría de trabajos se centran en prever el comportamiento a futuro

de los sistemas de pensiones bajo el supuesto que la economía es la más

favorable posible (Conde-Ruiz & Meseguer, 2004). Este factor depende del

funcionamiento del mercado de trabajo en el futuro, el cual, para el caso militar,

se mantiene estable. En este sentido, aspectos como el incremento de los

212

salarios y de las pensiones del colectivo militar, constituyen factores que

influyen directamente sobre los niveles de sostenibilidad del sistema.

El factor mercado de trabajo en el sector militar, pese a su limitación de

incrementar el número de cotizantes, sí puede inferir en el mejoramiento de los

niveles de sostenibilidad, a través de que aquellos miembros en servicio activo

que se encuentren en condiciones mínimas para acogerse al retiro (20 años),

no lo hagan, de manera que continúen cotizando y financiando el sistema de

pensiones a cambio de un mejoramiento a futuro de sus pensiones.

Factor Institucional

Este factor está compuesto por dos variables. La primera es la

representada por la relación entre el número de pensiones y la población en

condiciones de acogerse a la jubilación, la cual depende de la elegibilidad legal

para recibir una pensión. En este sentido, este factor depende de las normas

establecidas para el acceso a las pensiones contributivas. El sistema de

pensiones militares reconoce prestaciones contributivas por retiro, invalidez,

muerte (véase en la Tabla 20). La segunda variable corresponde a la relación

entre la pensión media y la productividad media, y depende de las normas de

cálculo de las pensiones y de la evolución de la productividad, que para el caso

corresponde al gasto de defensa. Esta ratio es un indicador del grado de

generosidad del sistema.

El nivel de evolución de esta relación no dependerá únicamente de los

cambios que experimente el gasto en defensa, sino también de las políticas por

medio de las que se orienten los recursos asignados al sector de defensa y al

sector social para el sistema de pensiones militares.

En este sentido, bajo el supuesto de que la economía ecuatoriana

continúe con el mismo ritmo de crecimiento y que además se mantenga el

porcentaje de aportación al sistema del 60%, como escenario más favorable,

implica que, si se pretende mantener constante el porcentaje de gasto de las

pensiones militares sobre el PIB, es necesario que se disminuya el grado de

cobertura de las pensiones (ratio entre el número de pensiones y la población

en condiciones de optar por el retiro), o bien, disminuya el grado de

213

generosidad de las mismas (ratio entre la pensión media y productividad

media), o ambas opciones.

El factor institucional (elegibilidad y generosidad), al estar sujeto a la

legislación, requiere de una reforma estructural de la norma constitucional.

Tomando como referencia el estudio actuarial realizado para el sistema de

pensiones militares, este determina que el problema de la sostenibilidad

financiera del sistema se inició en el año 2014. A partir de esta fecha, la brecha

entre los gastos y los ingresos del sistema comienza a aumentar. Esta

situación obliga a que la brecha financiera sea cubierta con los recursos

disponibles en el fondo de reservas. De no aplicarse medidas que fortalezcan

la cartera de ingresos, regulen los beneficios de las prestaciones sociales o

ambas, el sistema de pensiones liquidará sus recursos a partir del año 2035

(véase el Gráfico 20).

2.2.2 Metodología y resultados

Para visualizar y analizar los efectos sobre la sostenibilidad del sistema

de pensiones militares del Ecuador, utilizaremos el método de minimización de

los errores al cuadrado. El objetivo de esta metodología se basa en permitir

que los resultados de las ecuaciones teóricas sean aplicadas a un caso en

concreto, tal y como pretendemos aplicar en esta tesis.

El modelo de sostenibilidad con datos agregados que proponemos se

basa en indicadores de sostenibilidad que intervienen en el sistema de

pensiones militares del Ecuador. Se ha planteado de esta forma debido a que

no hay muchos modelos econométricos que utilicen los datos disponibles,

además de que los modelos existentes han sido construidos para sistemas de

pensiones no militares, que usan datos tipo panel o encuestas como la de

condiciones de vida o similares y que no son aplicables a la vida militar.

En este sentido, siguiendo la metodología que evalúa la sostenibilidad

financiera del sistema de pensiones, vemos que esta depende en el largo plazo

de la evolución de la población, los cambios en la economía y en el mercado

laboral (Conde-Ruiz & Meseguer, 2004).

214

𝐺𝑃

𝑃𝐼𝐵=

𝑀

𝑃𝐸𝑇∗

1

𝑇𝐸∗

𝑃𝐸𝑁

𝑀∗

𝑃𝐸𝑁. 𝑀

𝑃𝑟. 𝑀

Donde:

PIB Producto Interior Bruto GP Gasto en Pensiones PET Población en edad de trabajar M Población pensionista TE Tasa de empleo PEN Número de pensiones. Pr.M Productividad media (facturación del sector

defensa/ del número de empleados) PEN.M Pensión media.

En este contexto, la sostenibilidad del sistema de pensiones se evalúa

relacionando el PIB sobre el gasto en pensiones militares y sus variables

explicativas. Daría lugar a cuatro estructuras:

La primera corresponde al factor demográfico PET/M.

La segunda corresponde al factor del mercado laboral TE.

La tercera corresponde al factor de elegibilidad M/PEN y,

El cuarto corresponde a la generosidad del sistema.

Las dos últimas estructuras (3ª y 4ª) componen el factor institucional.

La estimación del modelo propuesto con término constante proporciona

los siguientes resultados, que serán interpretados en tasas porcentuales por la

construcción de las variables.

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 % 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵

= 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑎𝑐_𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 + 𝛽2𝑓𝑎𝑐_𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 + 𝛽3𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝛽4𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑠𝑖𝑠

215

Variable Gasto en Pensiones

como % del PIB Prob.

Factor demográfico -0.019234*

(0.006476) 0.0179

Factor mercado laboral 6.64E-07*

(2.36E-07) 0.0229

Elegibilidad -7.21E-08**

(1.75E-08) 0.0033

Generosidad del sistema 116.7863***

(8.613846) 0.0000

Constante 0.002434**

(0.000501) 0.0013

Nota: Errores estándares entre paréntesis; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

2.2.3 Interpretación de los Coeficientes

Coeficiente Valor Interpretación

Contraste de Nulidad Estadística del Parámetro 𝜢𝟎: 𝜷𝒋 = 𝟎

t-Statistic

Nivel de Significació

n Estadística

Significación

1 (Factor

demográfico)

-0.019234

A un incremento de una unidad del Factor demográfico, mientras todo lo demás queda constante, la Sostenibilidad se ve afectada negativamente en 0.24 %.

-2.970088 0.0179 Al 5%

2 (Factor

del mercado laboral)

6.64E-07

A un incremento de una unidad del Factor de mercado laboral, mientras todo lo demás queda constante, la Sostenibilidad se ve afectada positivamente en 0.000000664 %.

2.809161 0.0229 Al 5 %

3

(Elegibilidad)

-7.21E-08

A un incremento de una unidad del Factor de Elegibilidad, mientras todo lo demás queda constante, la Sostenibilidad se ve afectada negativamente en -0.0000000721 %.

-4.127089 0.0033 Al 1 %

4

(Generosidad del sistema)

116.7863

A un incremento de una unidad del Factor de Generosidad del Sistema, mientras todo lo demás queda constante, la Sostenibilidad se ve afectada positivamente en 116.7863 %.

13.55798 0.0000 Al 0,1 %

El ajuste del modelo por el valor del 𝑅2 es muy alto. De hecho,

aproximadamente el 99% de la variabilidad de la Sostenibilidad del sistema de

pensiones es explicada por el Factor demográfico, Factor del mercado laboral,

Factor de Elegibilidad y la Generosidad del sistema.

No obstante, esto significa que el ajuste es bueno, pero realizaremos un

análisis de los test estadísticos correspondientes a las pruebas formales de

cumplimiento de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico

(Anexo 13).

216

2.2.4 Análisis y discusión de resultados

El factor demográfico, tal y como señala la Conferencia Interamericana

de Seguridad Social (2010), desempeña un rol importante en la viabilidad

financiera y el rendimiento de los programas de pensiones. Asimismo evidencia

la complejidad de vincular la política de seguridad social, más aún en sistemas

como el establecido para el sector militar. Montero Muñoz (2000) define que los

cambios suscitados en la estructura demográfica permiten evaluar los efectos

de mantener constante el ratio del gasto en pensiones de jubilación sobre el

PIB. En este sentido, con el impacto negativo a una variación del 1% de este

factor, mientras el resto se mantienen constantes, la relación del gasto de

pensiones sobre el PIB se ve afectada en -0,019234%.

Si bien es cierto que las variaciones en la ratios de dependencia son

importantes para mantener los niveles de sostenibilidad de sistemas de

pensiones, en sistemas especiales como el analizado, este aspecto es menos

importante frente a otros de carácter político que inciden directamente en su

financiamiento (Cremer & Pestieau, 2000; Mesa-Lago & Müller, 2002).

El factor mercado laboral reproduce los patrones de la cobertura

contributiva. Las Fuerzas Armadas se caracterizan por presentar una mayor

estabilidad laboral y mantener su tasa máxima de empleo. Este aspecto

permite que se mantengan relativamente estables los niveles de cotización.

Una reducción de la cantidad de miembros cotizantes afectará negativamente

los niveles de sostenibilidad. Ante esta situación, el Estado se verá obligando a

incrementar su porcentaje de aportación para financiar el gasto pensional.

El factor de elegibilidad como primera variable del factor institucional,

evidencia el impacto que tiene sobre el nivel de sostenibilidad la facultad legal

que permite acogerse al retiro a partir de los 20 años de aportación. Este

aspecto, sumado a la reducción del mercado laboral actual, ocasionaría un

incremento del gasto pensional frente a una reducción de los ingresos. Ante

esta situación, es pertinente desarrollar incentivos institucionales que motiven

la permanencia en el servicio activo de sus miembros, a fin de que, en lugar de

elegir retirarse, decidan continuar aportando al sistema en condición de servicio

activo.

217

El factor de generosidad del sistema como segunda variable

institucional, muestra que el gasto pensional supera el porcentaje de

cotizaciones individuales, y esto es por efecto del subsidio realizado por el

Estado. De esta forma, para mejorar el nivel de sostenibilidad aliviando el peso

económico que tiene el sistema sobre el Estado, es recomendable regular la

pensión media estableciendo techos basados en parámetros instaurados en el

régimen general.

2.3 Modelo Econométrico por el Saldo Financiero

El problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones se sujeta a la

restricción presupuestaria del Estado. La escasez de recursos económicos

estatales hace necesario establecer mecanismos que propendan a la

maximización del bienestar de la población. Cadena Castillo (2006) señala que

para que un sistema sea viable debe ser autosostenible. En este sentido, los

aportes de los cotizantes deberán, al menos, cubrir los gastos de las pensiones

actuales. Es así que, dependiendo de la capacidad del fondo de reservas, será

posible establecer un mayor grado de sostenibilidad del sistema al mediano o

largo plazo.

Sin embargo, en el corto plazo, un sistema como el estructurado para las

Fuerzas Armadas del Ecuador será sostenible si, entre las cotizaciones y los

aportes estatales, son capaces de solventar el gasto de las pensiones actuales,

sobre todo si los recursos disponibles permiten acumular reservas para el pago

de las pensiones futuras. Por el contrario, cuando las cotizaciones son

insuficientes para cubrir los requerimientos financieros del sistema, el problema

se centra en determinar cuál es el nivel de gasto que debe asumir el Estado

para garantizar el pago de las pensiones.

2.3.1 Descripción de Variables

Fondo de reserva

El sistema de pensiones militares se basa en un sistema contributivo

financiado vía reparto y administrado bajo el régimen de capitalización a prima

media general. En este sentido, el sistema dispone de un fondo de reserva que

se alimenta de los recursos provenientes del rendimiento financiero de los

218

préstamos y las inversiones institucionales y de los excedentes de los demás

seguros sociales. El objetivo del fondo es el de garantizar el financiamiento del

sistema en el momento en el que la cartera de cotizaciones no sea suficiente

para atender la demanda de las pensiones actuales o futuras (Cadena Castillo,

2006).

El fondo de reservas, según el World Bank (2001), tiene un efecto

directo en la sostenibilidad financiera y en los niveles potenciales de beneficios.

Tiende a generar efectos indirectos en la economía en general cuando sus

recursos son de gran tamaño. Anido Crespo et al. (2014) señalan que el

mantener un fondo de reservas no garantiza la viabilidad futura de un sistema

de pensiones, situación que, para el caso de estudio, permite aliviar la presión

económica del sistema sobre el presupuesto gubernamental.

Tasa de cotización

En los sistemas de reparto, la tasa de cotización como porcentaje del

salario representa los recursos de un año dado destinados al pago de las

pensiones del mismo período. Córdoba Herrera (1995) señala que es

recomendable prever una reserva mínima para emergencias y fluctuaciones a

fin de que permita mantener un porcentaje de tasa constante durante varios

años. Otro factor que influye en la determinación del valor de la cotización es la

Ratio de Dependencia. Este sistema de financiamiento se caracteriza por la

solidaridad de las generaciones, debido a que el gasto de las pensiones es

asumido por los contribuyentes activos.

Ingreso base de la cotización media

Este ingreso se refiere al monto del salario sobre el cual se aplica el

porcentaje de cotización durante vida laboral de un trabajador (Peinado, 2012).

Las cotizaciones de los militares dependen de las políticas y del tipo de

estructura específica para cada país. De este modo, como se describió en

apartados anteriores, el porcentaje de cotización oscila entre el 5% y 10% de

los ingresos en el caso de Australia (Bateman & Piggott, 2011), en Estados

Unidos entre el 8% y el 10%, en Ecuador es el 12,4%, en Colombia el 5%, en

Perú el 6% (Actuaria Consultores Cía. Ltda., 2010).

219

El ingreso por cotizaciones es complementado mediante el

financiamiento de otras fuentes, como el aporte del Estado (en muchos casos

financia el 100% del gasto en pensiones), el aporte de los jubilados, la

rentabilidad de las inversiones, entre otras.

Número de cotizantes

Un aspecto determinante en este tipo de sistemas especiales se refiere

al número de cotizantes que conforman el universo del sector militar. Los

regímenes especiales orientados a las Fuerzas Armadas dependen de un alto

grado de financiamiento del presupuesto estatal, incluso cuando tienen una

estructura de reparto donde la Ratio de Dependencia tiende a ser 1 o menos.

Las peculiaridades de este tipo de sistemas provocan que el desfinanciamiento

sea el resultado de la misma composición demográfica que lo caracteriza.

Tasa de interés que devengan las reservas

Uno de los factores más importantes del sistema de Seguridad Social

Militar, se corresponde con la Tasa Técnica Actuarial que, en términos

financieros, equivale a la tasa real (tasa nominal menos la inflación). Esta se

refiere a la tasa de rendimiento real de las inversiones basada en la hipótesis

de los estudios actuariales anualmente. La tasa considerada en este estudio

fue la del año 2013, de 3,3%.

En sistemas dolarizados esta tasa suele estar ubicada en el 3%, es

decir, el rendimiento promedio ponderado del portafolio de inversiones debe

observar este condicionante para el respectivo ejercicio económico. El

portafolio de las inversiones de seguridad social militar está conformada por

cuatro tipos de inversiones que alimentan los recursos del fondo de reserva:

financieras, inmobiliarias, empresarial y los préstamos. El rendimiento

establecido por el ISSFA, según Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010), es del

7,64%.

Número de pensionados

El colectivo conformado por los pensionistas militares se caracteriza

porque la misma estructura del sistema permite que este segmento poblacional

220

tienda a ser mayor al número de afiliados. Las causas tienen su origen en: 1) la

edad mínima para acogerse al retiro, 2) el incremento de la esperanza de vida,

3) gastos generados por el sistema en un tiempo


A continuación se describe una de las herramientas que permiten definir

la suficiencia financiera del sistema de reparto mediante la valoración del fondo

de reserva propuesta por Jimeno (2004). El modelo relaciona la solvencia del

fondo de reservas en consideración con la tasa de cotización, la pensión

media, el número de cotizantes y pensionados, y la tasa de rendimiento de los

recursos acumulados. El modelo propuesto es el siguiente:

(1) 𝑅𝑡+1 = 𝜏𝑡 ∗ 𝑊𝑡 ∗ 𝑁𝑡 + 𝑅𝑡(1 + 𝑖𝑡) − 𝐵𝑡 ∗ 𝑃𝑡

Donde:

𝑅𝑡+1 Reservas al finalizar el período t

𝜏 Tasa de cotización del período t

W Ingreso base de la cotización media

N Número de cotizantes

R Reservas actuales

(1 + 𝑖) Tasa de interés que devengan las reservas actuales

B Pensión media

P Número de pensionados

𝐵𝑡 ∗ 𝑃𝑡 Gastos generados por el sistema en un tiempo t

La cantidad de reservas necesarias para un período siguiente se obtiene

de la sumatoria de los aportes en el tiempo más los rendimientos de las

reservas, menos la sumatoria del pago de las pensiones. Si a la sostenibilidad

financiera se la entiende como la acumulación de reservas destinadas al pago

de pensiones actuales y futuras, dada una tasa de interés y un nivel de

cotización, el problema financiero, según Cadena Castillo (2006), se sujeta al

crecimiento de las reservas al finalizar el período.

En este sentido, el esfuerzo financiero recae sobre las cotizaciones

individuales, patronales y las aportaciones del Estado. Para el caso de las

221

pensiones militares, los ingresos provendrán de los recursos establecidos por

la cartera de cotizaciones —individuales, patronales y los aportes del Estado—.

Si se pretende determinar la sostenibilidad del sistema de reparto en el

supuesto de que las reservas del sistema de pensiones sean cero y sin que

existan otros ingresos como para el caso son los aportes de Estado, el modelo

de Jimeno (2004) sería el siguiente:

(2) Saldofinanciero = 𝜏𝑡 ∗ 𝑊𝑡 ∗ 𝑁𝑡 − 𝐵𝑡 ∗ 𝑃𝑡

(3) Saldofinanciero (%)=1-𝐵

𝜏𝑊∗

𝑃

𝑁

De esta forma el modelo permite observar dos ratios importantes. Por un

lado, la ratio entre la pensión media y la cotización media —relacionada con la

tasa de sustitución de las pensiones—, de la que se obtienen tres herramientas

para lograr suficiencia: 1) la base del salario, 2) la tasa de cotización, y 3) la

prestación del sistema. Por otro, la ratio de dependencia, que permite

determinar cómo el número de pensionados puede incrementar la edad de

jubilación, prohibir la compatibilidad de pensiones y aumentar el período de

cotizaciones.

En definitiva, el modelo del saldo financiero dependerá del

comportamiento de la tasa de sustitución de pensiones y de la tasa de

dependencia. Si nos ceñimos a la ecuación proporcional propuesta por Jimeno

(2004), la sostenibilidad del sistema estará dada inicialmente por la definición

de cuál es el nivel de la tasa de sustitución que se quiere mantener (sea cual

sea la tasa de dependencia). En este sentido, si se reduce suficientemente el

coeficiente de la tasa de sustitución, se puede lograr que el saldo financiero no

sea negativo.

La reducción puede lograrse si se rebajan las prestaciones del sistema

(𝐵), o incrementando el nivel de cotización (𝜏) o la base de cotización (𝑊). Por

el contrario, si su resultado es negativo se tendrá un déficit. Esta situación no

implica una insostenibilidad del sistema, ya que el déficit tendrá que ser

solventado inicialmente con los recursos del fondo de reserva y, en última

instancia, a través de recursos adicionales al 60% entregado por el Estado. Los

222

recursos empleados en primera instancia y que son acumulados en el fondo de

reserva del sistema, representan el esfuerzo específico de los cotizantes, a

través de la acertada inversión de los mismos por parte del ISSFA, mientras

que un incremento de la financiación adicional por parte del Estado supone que

la sociedad es la que asume el déficit generado por el sistema.

El saldo financiero, al depender de la tasa de sustitución y de

dependencia, provoca que en el caso de la primera medida, las reformas estén

determinadas por modificaciones legislativas, a través de las cuales se

establecen nuevos porcentajes y períodos de cotización, edad mínima de

jubilación, fórmula de cálculo de la base reguladora, niveles de pensiones, etc.

En la segunda, referida al número de pensionistas y de cotizantes, influyen los

cambios demográficos y la capacidad del mercado laboral —corresponde a la

totalidad de miembros en servicio activo—.

La acumulación de reservas implica que la garantía del pago de las

pensiones en primera instancia recaiga sobre la generación actual de

trabajadores. Si no se acumulan reservas (𝑅 = 0), la garantía del pago de las

pensiones recaerá en la responsabilidad del Estado.

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎

= 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛. 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 + 𝛽2𝐴𝑐𝑢. 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎

− 𝛽3𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

Variable Fondo de Reserva Prob.

Componentes de Financiamiento del Sistema (TAU*W*N)

-7.82E-09**

(1.72E-09) 0.0014

Fondo de Reservas (ACUMULADO)

2.37E-09***

(7.03E-11) 0.0000

Gastos del Sistema -(PENMEDIA*NPENSIOINISTAS)

-3.165713**

(0.900459) 0.0066

Constante -3914119

(5648912) 0.5059


223

2.3.3 Interpretación de Coeficientes



t-Statistic Nivel de

Significación Estadística

Significación

1

(Componentes Ingresos del Sistema)

-7.82E-09

A un incremento de una unidad de los componentes del sistema, mientras lo demás permanece constante, el fondo de reserva tiene una influencia negativa desdeñable de -0,00000000782 unidades

-4.544873 0.0014 Al 1 %

2

(Acu.Fondo de Reservas)

2.37E-07

A un incremento de una unidad en la acumulación del fondo de reserva, mientras lo demás permanece constante, el fondo de reserva tiene una influencia positiva de 0,000000237 unidades

33.73778 0.0000 Al 0,1 %

3

(Gastos del Sistema)

-3.165713

A un incremento de una unidad en el factor Gastos del sistema, mientras lo demás permanece constante, el fondo de reserva tiene una influencia negativa de -3.165713 unidades

-3.515666 0.0066 Al 1 %

El ajuste del modelo por el valor del 𝑅2 es muy alto. De hecho,

aproximadamente el 99% de la variabilidad de la Sostenibilidad del sistema de

pensiones es medido por el fondo de reservas que es explicada por las

variables en la ecuación.

Esto significa que el ajuste es bueno, pero realizaremos un análisis de

los test estadísticos correspondientes a las pruebas formales de cumplimiento

de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico (Anexo 14).

2.3.4 Análisis y discusión de resultados

La variable de los componentes del sistema (tasa de cotización, número

de cotizantes e ingreso base de la cotización media) permite determinar la

cantidad de recursos disponibles, producto de las cotizaciones individuales,

patronales y los aportes del Estado al sistema de pensiones, es decir, aquellos

que financian las pensiones bajo la estructura de reparto. El sistema de

pensiones militares, de ser autosostenible, no tendría necesidad de la

acumulación de reservas. Ahora bien, el problema de la estructura demográfica

y la cada vez menor ratio de dependencia, generan una presión sobre el

sistema, que se ve obligado a establecer medidas para equilibrar sus finanzas.

En este efecto, como se han descrito anteriormente, las reformas

planteadas en la generalidad de sistemas de pensiones se orientan en torno al

224

incremento de los años de aportación (aumento del número de aportaciones),

el incremento en la tasa de cotización y el incremento del número de

aportantes (aspecto que es restringido para el caso de las Fuerzas Armadas).

De los resultados obtenidos se deriva que existe una muy baja relación entre la

variable componentes del sistema y el fondo de reserva, considerando que

todos los recursos han sido empleados al pago de las pensiones actuales y que

el fondo de reservas se corresponde a excedentes del sistema de seguridad

social y a la rentabilidad de sus inversiones.

La variable Acumulado del Fondo de Reservas corresponde a los

recursos generados en el tiempo, producto de las inversiones a una tasa de

rentabilidad determinada por la seguridad social militar. El proceso por medio

del cual se genera el proceso de inversiones (Anexo 3), evidencia que tiene

una significación del 1% sobre el Saldo Financiero.

En cuanto a la variable de Gastos del sistema (pensión media por el

número de pensionados), al tratarse de obligaciones financieras que se deben

solventar, un incremento de esta variable afecta negativamente al Saldo

financiero, ya que este deberá cubrir los saldos existentes en caso de que los

recursos provenientes de las cotizaciones y aportes del Estado no sean

suficientes. Cuando los recursos disponibles en el sistema son insuficientes

para atender las obligaciones del sistema, la magnitud del fondo de reserva no

permite cubrir la brecha financiera por periodos prolongados en el tiempo. De

hecho, el fondo sirve como un mecanismo emergente en casos de insolvencia

por un período reducido de tiempo.

Una medida aplicable a este tipo de sistema es el aumento del número

de cotizaciones existentes (240, que representan 20 años). El efecto provocado

por este aumento permitirá 1) mantener una mayor cantidad de aportaciones

de los miembros en servicio activo, 2) reducir el número de pensionistas, 3)

reducir el tiempo de pago del beneficio de la pensión, 4) reducir la brecha

financiera, 5) reducir la carga financiera del Estado.

225

2.4 Estabilidad del Saldo Financiero

Para la estimación del modelo que Jimeno (2004) diseña, se ha

desarrollado un modelo que evalúa la rentabilidad del Saldo Financiero, lo que

Jimeno denomina como “el futuro del fondo de reservas”.


Para el cálculo de la rentabilidad del Saldo Financiero, la ecuación (1),

expresada como proporción de los ingresos del sistema, viene dada por la

diferencia entre la unidad y el producto de dos cocientes: la tasa de sustitución

de las pensiones y la ratio de dependencia descrita en la ecuación (2)

La ecuación (3) Saldofinanciero (%)=1-𝐵

𝜏𝑊∗

𝑃

𝑁 , ilustra de forma sencilla

el concepto de sostenibilidad financiera de un sistema de pensiones de reparto.

Para determinar si un sistema es sostenible es necesario establecer cuál es la

tasa de sustitución de las pensiones que se quiere financiar. Si se reduce

suficientemente el primero de los cocientes, puede hacer que el saldo

financiero no sea negativo, sea cual sea la evolución de la tasa de

dependencia. Dicha reducción puede conseguirse reduciendo las prestaciones

del sistema (B) o aumentando el tipo de cotización (𝜏) o la base de cotización

(W).

Sin embargo, el aumento de la cotización está sujeto a determinadas

restricciones, en especial en un contexto del sector militar, donde su estructura

difiere del sistema general. Por otra parte, aun cuando el saldo financiero sea

negativo, puede sostenerse ante una determinada la tasa de sustitución

recurriendo a fuentes alternativas de ingresos, ya sea mediante la constitución

de reservas en previsión de futuros déficit o mediante un incremento en el

porcentaje de aportaciones por parte del Estado.

226

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 = 𝛽0 − 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Variable Sostenibilidad Prob.

-(PENMEDIA/TAU*W)*(NPENSIONISTAS/NCOTIZANTES) -1127.265***

(86.14282) 0.0000

Constante

17.32629*

(0.127186) 0.0000


2.4.2 Interpretación de Coeficientes



t-Statistic Nivel de

Significación Estadística

Significación

1

(Tasa de Sustitución * Ratio de Dependencia)

-1127.265

A un incremento de una unidad monetaria de los componentes del Saldo Financiero (Tasa de Sustitución * Ratio de Dependencia), mientras todo lo demás queda constante, el saldo financiero se ve afectado negativamente en -1127.265 unidades monetarias.

-13.08600 0.0000 Al 0,1 %

El producto entre la tasa de sustitución y el ratio de dependencia influye

en la rentabilidad del saldo financiero ya que, a un incremento de esta variable,

los recursos del fondo de reserva se reducirán y, por efecto, la rentabilidad de

las inversiones será menor.

Las pruebas de estabilidad y el Test de Análisis Estadístico del Modelo

de Saldo Financiero de este modelo se presentan en el Anexo 14.

227

Capítulo III Propuesta de reformas al Sistema de Pensiones Militares

Introducción

El sistema de pensiones militares se ha venido analizando desde la

necesidad de la sociedad por establecer condiciones de bienestar para el

desarrollo de las personas y proteger a los individuos frente a los riesgos

sociales, entre ellos la vejez, invalidez y muerte. La temática de la protección

social orientada a sectores específicos como el militar, ha sido motivo de

profundos debates sobre la pertinencia o no de su establecimiento. De este

modo, las pensiones constituyen una parte importante dentro de la estructura

de la protección social militar debido al impacto económico y social que tiene

sobre las personas y el Estado.

La necesidad por establecer sistemas de protección social en el sector

militar ha enfrentado y se sigue enfrentado posiciones fundamentadas en tres

líneas: en primer lugar, el gasto militar frente al gasto social, en segundo lugar,

la homogenización de la protección social y, en tercer lugar, la estructura de

financiamiento de los sistemas de pensiones. En este sentido, los sistemas de

pensiones en aquellos países que poseen Fuerzas Armadas tienen similares

estructuras en cuanto a financiamiento, requisitos de acceso y beneficios. En

América Latina, los sistemas especiales de pensiones serían el resultado del

importante rol de sus Fuerzas Armadas en las decisiones político-económicas

de los Estados.

El sistema de pensiones militares ecuatoriano no difiere de este tipo de

estructuras, salvo por la necesidad gubernamental de reorientar la misión de

las Fuerzas Armadas. La estrategia considera, entre otras acciones, la

reestructuración del número de efectivos. Esta propuesta, que afecta

directamente a la estructura demográfica, sumada al esquema de

financiamiento del sistema de protección social, infiere directamente en la

sostenibilidad del sistema de pensiones.

228

3.1 Reformas propuestas en el Estudio Actuarial del año 2010

El estudio actuarial elaboró un balance actuarial con corte al 31 de

octubre del 2010 empleando valores de los activos financieros del ISSFA,

estimando los valores de las cuentas de activos y pasivos actuariales del

seguro del RIM.

El estudio determinó la suficiencia actuarial del RIM basado en la

población activa, pensionistas y beneficiarios, recursos financieros, reservas y

entorno económico y social del año 2010.

Del estudio se derivó la proyección a futuro del RIM, y de este, las

correspondientes propuestas de reformas para la racionalización del sistema y

fortalecimiento de sus niveles de sostenibilidad.

Situación del sistema de pensiones al año 2010

El RIM presentaba un déficit actuarial de USD. 969,9 millones (se incluye

el aporte del Estado de hasta el 60%) debido a:

La dolarización implementada en el año 2000 provocó una disminución de

la rentabilidad que eliminó las reservas con el significativo incremento del

monto de las obligaciones.

El incremento de la esperanza de vida implicó el pago de las pensiones

por períodos más largos99 .

La revalorización incremental de las pensiones, a consecuencia de la

indexación de las pensiones a los sueldos del personal militar en servicio

activo a un porcentaje superior al de la inflación.

La disminución de la Ratio de Dependencia del 1,32 en el año 2007 al

1,15 en el 2010.

El significativo incremento anual promedio del número de pensionistas

(4,36%).

En el período 2007-2010 la revalorización de las pensiones tuvo un

incremento porcentual más alto que la del Haber Militar. La pensión mensual

99

La esperanza de vida considerada fue: de 16.1 años para un jubilado de 60 años, de 9.6 años para uno de 70 años y de 4.9 para uno de 80 años.

229

promedio ascendió de USD. 485 a USD. 950 (incremento del 95%) y la pensión

de montepío pasó de USD. 171 a USD 372 (incremento del 106%), mientras

que el haber militar promedio pasó de los USD. 720 a USD 1258, equivalente al

75%. Se consideró como número promedio anual de retiros 1225 personas. Un

aspecto importante constituyó la eliminación del aporte de los pensionista a

partir del 31 de julio del 2007 (Ley 2007-82, publicada en el Suplemento del

Reg. Oficial Nº 138), reforma que agravó el nivel de sostenibilidad del RIM.

Reformas propuestas por el Estudio Actuarial

Incremento del número de efectivos militares hasta alcanzar los 60.000

efectivos en el 2059.

La pensión mensual será equivalente al 70% del promedio de los haberes

militares de los últimos tres años.

Edad mínima de jubilación de 47 años para el personal de tropa y de 48

para los oficiales.

Controlar y limitar en un máximo del 88% del haber militar los beneficios

mediante la fijación de topes máximos y mínimos en la pensiones en

curso de pago.

Incrementar la tasa de aportación individual del 12,4% al 14,4%.

Mejorar los niveles de rentabilidad de las inversiones a una tasa mínima

de 7.64% anual.

Incrementar a 25 años el tiempo mínimo para acceder al retiro, con un

incremento anual del 1% hasta alcanzar un máximo del 80% a los 35

años de servicio.

Asegurar el 60% de aportes del Estado al gasto en pensiones.

Aplicación de las reformas propuestas

Las condiciones para la aplicación de las reformas propuestas variaron al año

de 2015. Las medidas no aplicadas se explican a continuación.

El incremento del número de efectivos militares. Pese a que la proyección

actuarial en el período 2010-2015 tuvo una tasa de crecimiento media de

1,058%, la evolución real de la tasa de crecimiento media es del 1,55%;

230

es decir, la cantidad de aportantes reales fue superior a la simulada. Este

aspecto favorece a los niveles de sostenibilidad.

Evolución demográfica de

personal activo Evolución demográfica de

pensionistas

Año Proyección Actuarial

Evolución Real

Proyección Actuarial

Evolución Real

2010 37.950 38.196 32.947 33.172

2011 38.351 38.285 34.385 34.607

2012 38.757 39.301 36.038 35.399

2013 39.167 40.493 37.506 36.065

2014 39.581 41.302 38.781 37.195

2015 40.000 41.249 40.334 N.D.

Tasa media de

crecimiento 1,058% 1,550% 4,129% 2,903%

En cuanto a la tasa de crecimiento del número de pensionistas, la

simulación estableció un crecimiento de 4,129%, mientras que la

evolución real tuvo una tasa media de 2,903% (1,22% menos). Esta

relación eleva el nivel de sostenibilidad del sistema de pensiones. La

inconsistencia de la proyección demográfica se basa en que, a partir del

2015, se establece un máximo de 40.000 efectivos con la perspectiva de

60.000 miembros al año 2059. Como se verá en el apartado siguiente, el

proyecto de reforma del Sistema de Seguridad Social Militar considera

una reducción de número de efectivos a 34.500, contradiciendo la lógica

de la proyección aplicada en el estudio actuarial. Sin duda alguna, este

aspecto de la ley inhabilita la solidez y confiabilidad de las simulaciones

realizadas.

La pensión mensual será equivalente al 70% del promedio de los haberes

militares de los últimos tres años.

Esta propuesta no se ha ejecutado ya que se mantiene la reglamentación

correspondiente al pago de una pensión entre el 70% y 80% del último

haber militar.

Edad mínima de jubilación de 47 años para el personal de tropa y de 48

para los oficiales.

231

La modificación de la edad mínima promedio no ha sufrido cambio alguno.

La edad mínima que sigue siendo aplicada es de 42 años para la tropa y

43 años para los oficiales. Esto significa que los años mínimos de

cotización al sistema de pensiones continua siendo 20 años o 240

aportaciones. Los cinco años adicionales no han sido incorporados a la

ley de Seguridad Social.

Incremento de la tasa de aportación individual del 12,4% al 14,4%.

El incremento del 2% en la cotización individual no ha sido modificado. El

impacto financiero de este incremento se encuentra en la simulación

(véase el Anexo 5).

Mejorar los niveles de rentabilidad de las inversiones a una tasa mínima

de 7.64% anual.

Los recursos del Fondo de Reservas, desde su creación como régimen

especial, afrontaron tres momentos importantes en su evolución desde el

cambio de sistema monetario.

Período Tasa media de Crecimiento

Capital Inicial Capital Final Observación

Período 2000-2005 27,64% 24.539.714,72 68.103.059,17 Dolarización

Período 2006-2009 18,48% 95.241.071,50 158.398.538,11 Homologación Salarial

Período 2010-2014 10,30% 414.149.636,8 612.677.777,84 Patrimonio de la empresas

Un primer momento caracterizado por el fuerte impulso financiero dado

por el Estado al sistema de seguridad social militar, que permitió que las

escasas reservas (resultantes de proceso de dolarización), durante el

período 2000-2005, creciesen a una tasa media del 27,64%. En un

segundo momento, los recursos se ven afectados por el proceso de

homologación salarial, que provocó una alta recaudación de recursos.

Pero, a su vez, la política de revalorización de las pensiones influyó

directamente en la capacidad del fondo. Pese a esta situación, la tasa de

crecimiento alcanzó el 18,48% con USD. 158 millones de dólares.

Finalmente, en el año 2010 se transfiere el paquete accionario de las

empresas de propiedad de las FFAA, aspecto que incrementa

ostensiblemente los recursos del fondo de reservas, de cuya inversión

se ha logrado mantener un rendimiento medio del 10.30%.

232

En definitiva, la gestión financiera de los recursos está sobre la tasa de

7,64% proyectada por el estudio actuarial necesaria para que, en

complemento con otras medidas, se alcancen niveles aceptables de

sostenibilidad.

El incremento mínimo para acceder a los beneficios de la jubilación de 20

a 25 años, así como la reducción del porcentaje máximo de cálculo del

88% al 80% del haber militar y la reducción del 2% al 1% de incremento

anual, no han sido reformados.

Actual Reforma

Años de Servicio

% de Pensión aplicable al

Haber Militar

Incremento anual

Años de Servicio

% de Pensión aplicable al Haber

Militar

Incremento anual

20 70 %

2 %

25 70 %

1 %

21 72 % 26 71 %

22 74 % 27 72 %

23 76 % 28 73 %

24 78 % 29 74 %

25 80 % 30 75 %

26 82 % 31 76 %

27 84 % 32 77 %

28 86 % 33 78 %

29 88 % 34 79 %

30 88 % 35 80 %

Asegurar el 60% de aportes del Estado al gasto en pensiones.

La situación económica-financiera del sistema de pensiones ha obligado a

que el Estado asuma el porcentaje máximo de aportación del 60%.

Considerando que la ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas lo

establece como un techo máximo de aportación, este puede variar

dependiendo de la necesidad de financiamiento.

3.2 Proyecto de Ley de Reformas al Sistema de Pensiones Militares

El Estado ecuatoriano, impulsado por afrontar las nuevas amenazas

externas, se ha visto en la necesidad de reorientar su política de defensa

nacional. Es así que las Fuerzas Armadas han ingresado en un proceso de

modernización, fortalecimiento y cooperación regional. El nuevo rol que

asumirán las FF.AA. involucra la participación y coordinación con otros entes

gubernamentales del sector seguridad y defensa, entre otras: Secretaría

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Ministerio de Finanzas y

Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP).

233

Esta reestructura implica el mejoramiento de la calidad de vida del

personal militar y sus familias (se incluye la seguridad social), el mejoramiento

del diseño operacional, el fortalecimiento de las capacidades operativas y el

empleo eficiente del talento humano. Este último prevé la reducción

programada y progresiva de los militares en servicio activo, aspecto que no

afectará al personal en servicio activo actual, sino a los nuevos ingresos de

personal profesional.

La reducción de personal profesional implica una disminución de 7.500

efectivos militares hasta el año 2025, bajo cuatro líneas de acción: 1) el 50%

mediante restricciones de ingreso a los aspirantes a Oficiales y Tropa a las

Escuelas Militares, 2) el 2% correspondiente a la aplicación de las cuotas de

eliminación reglamentaria, 3) el 15% por la reducción de personal a

consecuencia de un proceso de autodepuración institucional, y 4) tras causas

institucionales y personales (retiros, muertes, bajas, etc.).

3.3 Efectos de la reestructuración demográfica sobre la sostenibilidad

del sistema de pensiones

Las reformas propuestas en el estudio actuarial para el sistema de

pensiones no consideraron este escenario, sino que por el contrario, simuló sus

horizontes de sostenibilidad basados en un incremento de aportantes. Este

aspecto, en el supuesto que el resto de factores ocurriesen, deja sin fiabilidad

las proyecciones realizadas.

La sostenibilidad del sistema de pensiones al no ser sometido a las

reformas propuestas, entró en un proceso de insuficiencia de recursos frente al

gasto en pensiones. De no aplicarse otras medidas, el sistema no será

autosuficiente para afrontar la brecha financiera con los recursos del fondo de

reservas. Frente a este hecho, el Estado tendrá la obligación de asumir el costo

que demande el gasto previsional del sistema militar100.

100

El proyecto de Ley propuesto por el Ejecutivo considera la ampliación ilimitada del aporte Estatal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del RIM, además de la reformulación del Artículo 370 de la Constitución Política del Estado señalando que “el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de la fuerza pública", cuyo alcance sería exclusivo al RIM, dejando sin afectación alguna a los otros seguros.

234

Tomando el modelo en el que se analizan los determinantes

fundamentales del gasto agregado en pensiones (Capítulo II), a continuación

se simulará el efecto que tendrá el proyecto de reducción paulatina de los

actuales 42.000 efectivos (41.000 reales) a 34.500 hasta el año 2025.

𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑎𝑐_𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 + 𝛽2𝑓𝑎𝑐_𝑚𝑒𝑟𝑐_𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 + 𝛽3𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝛽4𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑠𝑖𝑠𝑡

En este sentido, al reemplazar los valores de total efectivos en la multiplicación

de 𝛽1 ∗ 𝑓𝑎𝑐_𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 dejando todo lo demás constante, céteris paribus tenemos:

Como vemos, la reducción del personal efectivo año a año de 3.450

personas reduce la sostenibilidad en -66.35661, pero en este formato la lectura

es que se va reduciendo la carga a la sostenibilidad en esas magnitudes; es

decir, se podría entender el signo negativo como el ahorro a la sostenibilidad:

está claro que, mientras menos personal efectivo hay, el efecto es menor a la

hora de la carga en la sostenibilidad.

Si antes, con 41.000 efectivos, la sostenibilidad es -788.58 unidades

monetarias, con 34.500 el efecto es de -663.5661 unidades monetarias.

Frente a la propuesta de ampliar los años mínimos de cotización de 20

años a 30 años, la limitación de datos entregados por el ISSFA no permite

realizar el cálculo correspondiente. Es necesario tener información relacionada

con la cantidad de pensionistas que se retiran por cada año a partir de los 20

años y la cantidad de militares que se acogen al retiro al cumplir 30 años y

más.

3.4 Análisis de la situación actual del sistema y propuesta de reformas

Siendo el objeto de estudio del presente trabajo el Seguro de Retiro y no

la totalidad del ISSFA, la mayoría de propuestas harán hincapié en el mismo.

Sin embargo, algunas medidas podrían integrar los otros seguros y acciones

Personal o

𝒇𝒂𝒄_𝒅𝒆𝒎𝒐𝒈𝒓á𝒇𝒊𝒄𝒐 𝜷𝟏 Resultado

Población actual 41.000 -0.019234 -788.5858

Reducción en 10 años 34.500 -0.019234 -663.5661

Reducción anual 3.450 -0.019234 -66.35661

235

que deberían ser parte de una política de saneamiento y sostenibilidad del

Sistema de Pensiones Militar.

En importante mencionar que la mayoría de los sistemas de pensiones

en Latinoamérica colapsaron por varias razones. W. E. Schulthess (1998) lo

atribuye a los graves problemas económicos que enfrentaron los países y a

consecuencia de una serie de imperfecciones dentro de los sistemas, como la

incapacidad del Estado para administrar los sistemas públicos. Otros analistas

como Devesa, Martínez, & Vidal (2000), lo imputan además a la baja cobertura

de la población, a los elevados costes administrativos, a la mala gestión de los

saldos financieros existentes, entre otros.

Frente a este hecho, se destacan propuestas individuales, alternativas o

en algunos casos complementarias entre sí, dependiendo de la libertad que

otorgue el nuevo contexto político y legal. Es pertinente tomar en cuenta que

las reformas llevadas a cabo en los sistemas de pensiones en América Latina

han exceptuado a los establecidos para el sector militar. El World Bank (2001)

señala que uno de los factores por los que se les ha permitido configurar sus

propios y privilegiados regímenes especiales es por constituirse como un grupo

de poder.

Las medidas propuestas por Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010) no

han involucrado propuestas innovadoras o aquellas aplicadas en sistemas

militares de otros países. Estas medidas corresponden a las regularmente

planteadas en sistemas generales: incrementos en las tasas de cotización,

incremento de los años mínimos para acceder a la jubilación, sustento

financiero gubernamental, etc. No se han aplicado mecanismos como

regulaciones en las pensiones a los niveles jerárquicos más altos, base de

cálculo para el establecimiento del monto de la pensión tomando como

referencia el promedio de los últimos años, acceso al derecho de la pensión al

cumplir un mínimo de edad (65 años) y no basado en un mínimo de

aportaciones, entre otros.

Del análisis de sensibilidad presentado en el punto 1.5 de la Parte III, se

desarrollaron una serie de simulaciones en las que se muestra el efecto de

236

reformas orientadas a fortalecer la cartera de cotizaciones, mediante el

incremento del porcentaje individual de cotización y el aporte de los jubilados.

Es importante tener en cuenta que la misma naturaleza de poder e influencia

de este grupo de la sociedad puede generar un cierto grado de resistencia en

la aplicación de reformas, en especial aquellas orientadas a la regulación de

beneficios sociales (Lahera & Ortúzar, 1998; Mesa-Lago, 1978).

En este sentido, cualquier tipo de reforma requiere de un alto grado de

negociación previa, a fin de consensuar la ejecución de medidas orientadas al

sistema de pensiones y reducir la presión social (Piazze & Flaño, 2006;

Vásquez Colmenares, 2012). Asimismo, tomando como referencia la

conceptualización del Estado de bienestar de Moreno (2003), en la que queda

manifiesta la necesidad de delimitar lo que se entiende por el Estado de

bienestar, el Estado debe salvaguardar las estructuras sociales y a sus

integrantes. Sin embargo, la salvaguardia no significa que un Estado deba

asumir un papel excesivamente proteccionista o que permita establecer

sistemas que fomenten la estratificación con regímenes extremadamente

diferenciales.

En este sentido, Monereo Pérez (2011) señala que es pertinente la

reevaluación de los alcances del Estado de bienestar, a través de la

configuración de los sistemas de pensiones del sistema general y especial,

debiendo tenderse en su regulación a la homogeneidad con el Régimen

General. En el sistema configurado para el sector militar, a pesar de ser el

recurso humano de suma importancia para la subsistencia de un Estado,

muchas medidas socialmente proteccionistas pueden conducir a todo lo

contrario de un Estado de bienestar, favoreciendo a unos en desmedro de otros

(Rodríguez Escaciano, 2008).

Las medidas propuestas deben evaluarse de forma concreta, sin que

esto signifique una reducción del gasto social necesario, sino, más bien, la

reestructuración del mismo en pro de la eficiencia y eficacia del aparato

público. Las reformas buscan garantizar el logro de objetivos y valores

comunes, como la prevención de la exclusión social, el mantenimiento del nivel

237

de vida de los pensionistas, la integración, solidaridad, la viabilidad de los

sistemas de pensiones, la sostenibilidad financiera, entre otros.

Es un desafío para el sistema de pensiones militares el otorgamiento de

pensiones “adecuadas y sostenibles” para todos los militares,

independientemente de que sean oficiales o de tropa. Así como garantizar que

los costes de mantener el sistema sean los más bajos y eficientes, de manera

que se puedan alcanzar metas financieras como la reducción de los déficits y

se promueva la autogeneración de recursos del ISSFA.

El sistema de seguridad social militar cuenta con un mix de prestaciones

sociales (Tabla 20), financiadas de manera tripartita (cotizaciones individuales y

patronales y el Estado). Si bien cada seguro cuenta con su propio fondo

independiente de gestión y reglamentación propia, la carga de financiamiento

más fuerte es la asumida por el Estado (Tabla 23). Es pertinente definir el

monto de aportación del Estado, considerando que el sistema por estructura es

cada vez más insostenible y que el 60% de su aporte será insuficiente a futuro.

En este contexto, para evitar una reducción de la asistencia social o que

se transfiera el coste de financiamiento mediante el incremento del ya elevado

porcentaje de la cotización individual, es necesario que el Estado garantice el

pago de las pensiones actuales y futuras, sin que se establezca un porcentaje

máximo de aportación al sistema. Este aspecto se fundamenta en que las

Fuerzas Armadas son las encargadas de garantizar la seguridad nacional y que

el gasto de defensa, al ser considerado un bien público, no tiene precio en el

mercado (Saadet & Sen, 1995). Además de que las actividades relacionadas

con la defensa afectan a la producción nacional con perturbaciones al Estado

de bienestar (Grautoff & Jaramillo-Jassir, 2010); en tal razón, su coste de

mantenimiento es de entera responsabilidad de la sociedad, a través del

financiamiento del Estado.

Sin embargo, esta situación no limita la gestión de autofinanciamiento

del sistema, sino que la eliminación del techo máximo de aportaciones

estatales garantiza la sostenibilidad del sistema (Merchán, 2002a). Ante los

efectos de la dinámica evolución de la Ratio de Dependencia que reduce los

238

ingresos disponibles y frente a la necesidad de minimizar la presión económica

que ocasiona el gasto en pensiones militares sobre el Estado, es necesario

fortalecer los niveles de sostenibilidad desde la misma gestión interna de la

seguridad social militar (Florián Plasencia, 2009).

Es necesaria la adopción de mecanismos que permitan economizar

recursos, sin que esto implique una reducción de la asistencia social; el

incremento de los recursos disponibles, sin que esto sea consecuencia de

elevar, aún más, las tasas de cotización individual; racionalizar el gasto

pensional mediante el establecimiento de techos máximos en las pensiones

individuales (Fernández Domínguez, 2009); establecer medidas coherentes

para la revalorización de la pensiones (Ochando Claramunt, 2010), que no

necesariamente estén vinculadas con la indexación al haber militar.

Si continuamos sobre la base en la que el Estado financia el 60% del

gasto en pensiones y el 40% es responsabilidad de la gestión institucional, el

horizonte de sostenibilidad cada vez menor —provocado especialmente por el

comportamiento de la Ratio de Dependencia— obliga a que se implementen

medidas, ya sea vía reformas en los gastos sociales, con el aumento de

ingresos (cartera de cotizaciones), o ambos.

Un factor determinante para el sistema es la reducción del efecto

demográfico, donde la Ratio de Dependencia muestra una cada vez más

mermada relación entre los pensionistas del sistema y los afiliados que

financian sus pensiones (Rofman, 2006). Este fenómeno, como se ha visto, se

fundamenta en el reducido período de cotización necesario para jubilarse en

compensación con las exigencias físicas y riesgos de trabajo a los que los

miembros de las Fuerzas Armadas se ven involucrados (Ryan et al., 2007).

Es necesaria una reformulación de la escala de pensiones establecida.

La escala de las pensiones está fundamentada en la propia naturaleza de la

estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, así como en los porcentajes de

cotización. Es importante una reforma orientada hacia el establecimiento de

mecanismo de revalorización de las pensiones vinculado con el entorno

económico y social del país, a fin de evitar niveles diferenciales de

239

estratificación entre el sector militar y la población en general (Bertoncino &

Flanagan, 1999).

La política de revalorización de las pensiones que indexa el incremento

de las pensiones en función del haber militar, ha provocado un aumento

significativo del valor de las pensiones, en especial las establecidas para los

niveles más altos de la jerarquización. La reforma de actualización de las

pensiones deberá estar en función de fórmulas de revalorización automática de

las pensiones fundamentadas en el Índice de Precios de Consumo (IPC), de

manera de que quede asegurado el poder adquisitivo (Lopez García & Pérez

Forniés, 1997)

Por otro lado, la fórmula de cálculo de la pensión aplicada en función del

último haber militar ocasiona que el nivel de la pensión promedio sea más alto

que la pensión del sistema general (Morales Mora, 2004). La propuesta de

reforma se orienta a la reformulación del tiempo de la base reguladora al

promedio del haber militar obtenido durante del último grado militar previo al

retiro. Esta reforma permitirá que la pensión mensual sea más homogénea y

sobre todo que el monto de la pensión no sea superior al haber militar neto.

El shock económico producido por la adopción del sistema de la

dolarización, provocó la eliminación del Fondo de reservas. Como resultado de

esta situación, se incrementaron los gastos por pensiones, que fueron cubiertos

por el Estado. Sin embargo, la prácticamente extinción de este fondo significó

en suma la ausencia de garantías de sostenibilidad del sistema de pensiones,

recursos que sustentan por un determinado tiempo el desfase entre los

ingresos y egresos del gasto en pensiones (Etxezarreta, Iglesias Fernández,

Idoate, & Junyent Tarrida, 2009).

En este sentido, todos los excedentes provenientes de las inversiones y

gestión financiera del ISSFA, deben aportarse para la restitución del Fondo de

Reservas, que debe capitalizarse a una razón de no menos de 7.64% anual o

la tasa inflacionaria, con el fin de preservar su valor. El Fondo de Reservas

corresponde a un factor clave para el logro de la sostenibilidad de largo plazo

del ISSFA y particularmente en cuanto a RIM compete. Sin embargo, su

240

instrumentación debe ser motivo de una reforma adicional para evitar shocks

externos.

En cuanto a la revisión de la edad de jubilación y prolongación voluntaria

de la edad de jubilación, se ha evidenciado como un factor importante. Así,

diversos estudios recomiendan como una medida efectiva para disminuir el

efecto de la insostenibilidad del sistema de pensiones, la revisión de la edad de

jubilación (Fernández Domínguez, 2009; Gómez & Martí, 2003; Utrilla de la Hoz

& Ubago Martínez, 2005). En la actualidad los pensionistas se retiran tras 20

años de servicio como mínimo, lo que implica una edad de jubilación promedio

de 42 años.

Si se toma como referencia el estudio de Actuaria Consultores Cía. Ltda.

(2010), la esperanza de vida de una persona en Ecuador es de 75 años

promedio para varones y 80 para mujeres. Las cargas por jubilación se realizan

por al menos 33 años en el caso de los hombres (5 años adicionales para su

cónyuge en caso de supervivencia) y 38 años en el caso de las mujeres. Ante

esta necesidad de financiamiento y de las obligaciones financieras, es lógico

que el seguro de retiro presente insostenibilidad.

En razón de las simulaciones realizadas y considerando las reformas

propuestas en el estudio actuarial, es pertinente considerar como un

mecanismo necesario el incremento de los ingresos del sistema vía

modificaciones en la edad mínima de jubilación bajo los siguientes argumentos:

La política de defensa involucra nuevas misiones para las Fuerzas

Armadas resumidas en la protección de la vida de la población y los

recursos del país (Jarrín Roman, 2013). Aspecto que no prioriza ni

considera un eminente conflicto armado en el corto plazo.

La edad promedio establecida para acogerse al retiro es considerada como

un importante componente de la compensación militar. Esta constituye un

eficaz incentivo para atraer personal y que estos, a su vez, decidan

mantenerse en el servicio activo (Departament of Defense U.S.A, 2008).

Dada la actividad militar que exige, no tan solo buen estado físico y mental,

sino también buen nivel de salud general (Cazorla, 2010; Cotino Hueso,

241

2007; Fernández Domínguez, 2009), dado que las condiciones de

formación y entrenamiento hacen que un militar se encuentra en mejores

condiciones físicas con relación al resto de la población promedio (Cotino

Hueso, 2007) y dado que, se ha reducido el nivel de ocurrencia de un

conflicto bélico en la región (Mercado-Jarrín, 1982), es pertinente

considerar una reforma que incremente la edad mínima de retiro.

3.5 Supuestos para la aplicación de las reformas propuestas

Las reformas propuestas deberán considerar ciertos supuestos del

contexto económico, político y militar, a fin de que su aplicación permita

alcanzar los resultados esperados:

Económico

Es importante que el país continúe con un crecimiento económico anual

como el mantenido a partir del 2010 (aunque con un cierto grado de

desaceleración progresiva) con tasas de crecimiento del 3,5%, el 7,8%, el

5,2%, el 4,6% y el 3.8%, tras recuperarse de los efectos de la crisis global

(Banco Mundial, 2015). Los niveles alcanzados para ser sostenibles

económicamente, deberán superar desafíos vinculados a su alta dependencia

al sector petrolero donde, “la condición social de la población se satisface con

el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales”(G. Reyes, 2009).

Político

El factor político es un aspecto determinante en la configuración del

sistema social del sector militar, en especial cuando lo que se pretende es

regular, reformar o limitar su sistema de pensiones.

Durante esta tesis se han venido citando trabajos en los que se señala el

importante rol que desempeñan y han desempeñado las Fuerzas Armadas en

el desarrollo político-económico de los países, en especial de los de América

Latina (Álvarez Veloso et al., 2012; Kruijt & Koonings, 2002; Montecinos, 2010).

Es así que, tomando como referencia el trabajo de Mesa-Lago (1978), hemos

de evidenciar el papel que ha desarrollado el sector militar en la política social,

242

donde este sector ha sido beneficiado con medidas mucho más beneficiosas

que las aplicadas en el sistema general (Vásconez, 2005).

De esta forma y con estos antecedentes, es necesario alcanzar un

acuerdo con el sector militar acerca de una propuesta de reformas al sistema

de pensiones para lograr un consenso, bajo la premisa de la necesidad de

fortalecer la sostenibilidad del sistema a futuro (Piazze & Flaño, 2006).

Militar

El tema del gasto militar es un aspecto de gran debate en la actualidad,

sobre todo cuando se lo enfoca desde sus efectos negativos sobre el

crecimiento económico (Dunne & Tian, 2013). Múltiples son las posturas que se

contraponen al gasto en el sector de la defensa. Por un lado señalan su

innecesaria inversión ya que merma recursos a sectores como el de la salud y

de la educación (Lahera & Ortúzar, 1998), o exponen que una reducción de los

gastos militares podrían aumentar las tasas de crecimiento y a su vez reducir el

riesgo de amenazas contra la seguridad (Collier, 2006). Por otro, existen

estudios que no determinan una significativa relación, ya que se evidencia que

los gastos en salud y educación tienden a ser superiores al gasto militar

(Freeman, 2011).

Es pertinente tomar en consideración que es necesaria la inversión

militar en conjunto con una indiscutible necesidad del fortalecimiento del Estado

de bienestar. Desde este punto de vista, un plan de reformas al sistema de

pensiones militares al corto plazo, permitirá que se equilibre el coste de

mantener la estructura social militar con los limitados recursos estatales. Si

bien es cierto que muchos de los presupuestos estatales incluyen dentro de los

gastos de defensa los correspondientes a las prestaciones sociales (Centro de

Estudios Nueva Mayoría, 2013), en el caso de estudio, los recursos destinados

al gasto en pensiones provienen de los subsidios sociales y que, lejos de la

posibilidad de ser considerados como no militares, estos son destinados al

sector militar.

En este sentido, la actual política de defensa del Ecuador permite que su

tratamiento en relación a la economía y al bienestar social, posibilite la

243

ejecución de un plan de reformas que fortalezca el sistema social militar y dé

sostenibilidad al sistema de pensiones, sin descuidar la operatividad de las

Fuerzas Armadas.

245

PARTE IV Conclusiones Generales

En esta tesis se analiza la problemática de los regímenes especiales de

la Seguridad Social y de forma específica el estructurado para las Fuerzas

Armadas del Ecuador. Se parte por definir al Estado de bienestar como

elemento fundamental en el desarrollo de las economías, pues su surgimiento

puede ser considerado como el intento del sistema capitalista por incluir a

todos aquellos segmentos de la población que han sido tradicionalmente

excluidos y más desfavorecidos por su situación socio-económica.

El papel del Estado en el sostenimiento económico de los sistemas de

pensiones de los regímenes especiales para las Fuerzas Armadas, es un tema

controvertido y sensible en el debate político y social. Lo cierto es que debido a

las demandas de los ciudadanos por concebir al Estado como el gran

proveedor de bienes y servicios, su responsabilidad recae en la resolución de

todos sus problemas, que se han incrementado con mayor rapidez que la

misma capacidad del sistema político y económico para satisfacerlas.

La participación del Estado como principal agente promotor del

desarrollo social ha variado a lo largo de la historia. Múltiples han sido sus

intentos por mejorar las condiciones sociales y se ha visto enfrentado a superar

diversos paradigmas de carácter político, económico y social. Uno de los

grandes desafíos ha consistido en dar atención a la insuficiente y deficiente

prestación de los servicios públicos, aspecto que ha generado una

desconfianza en la gestión del sistema. Por otra parte, el crecimiento del

Estado ha generado una sobrecarga económica que complica su

financiamiento, en especial para aquellos países con economías en desarrollo.

Los Estados, ante las demandas sociales presentadas por parte de

influyentes grupos sociales, ante el riesgo enfrentar diversas concepciones de

índole política y sociológica que puedan atentar contra su estabilidad o al ser

promovido por las condiciones laborales de riesgo, han estructurado sistemas

paralelos o especiales con esquemas y beneficios específicos. Estos sistemas

especiales, además de diversificar los sistemas sociales y volverlos más

excluyentes, han profundizado la brecha de desigualdad social.

246

El sistema de pensiones de las FFAA es el resultado de privilegios que

fueron heredados de procesos dictatoriales militares que predominaron en

América Latina a lo largo de las décadas de los años 1960 y 1970, por lo que

se convierte en un instrumento de consolidación de poder sobre la sociedad. La

sostenibilidad de este sistema no es una función típica del Estado de bienestar,

no corresponde a un tema de redistribución intergeneracional, ni cohesión entre

clases o desigualdad social, sino que es una forma de captura de recursos

públicos por parte de un segmento de la sociedad.

Los regímenes especiales han sido un mecanismo que protege a

determinados grupos sociales bajo la justificación de estar sometidos a

funciones de riesgos extremos o indefensión frente a riesgos sociales. Sin

embargo, el mismo esquema especial ha permitido otorgar una suerte de

exclusividad a otros segmentos de la sociedad, quienes, fundamentados en sus

niveles de influencia y poder, están en condiciones de debilitar la posición de

gobierno. Es así que este mecanismo, más allá de otorgar protección social, ha

servido como una herramienta que ha profundizado los niveles de

estratificación, no solo por sus diferenciales estructuras sino también por el

coste que representa mantenerlo.

Los regímenes especiales para las Fuerzas Armadas se han justificado

no solo en el riesgo, exigencia y desgaste físico en el que se encuentran

inmersos, sino que, en el caso de América Latina, estos han sido el resultado

de la influencia política que como grupo de poder han tenido o siguen teniendo.

En el siglo XX la estructura democrática y política de los países de la región se

ha caracterizado por mantener sistemas democráticos débiles y dictaduras, lo

que ha significado vías efectivas para la incidencia del poder militar de los

Estados Unidos en la región.

Los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas son considerados

como un tema sensible de análisis, en especial por la limitada información

relacionada con su financiamiento, mantenimiento y estructura. La restricción

para el acceso a la información constituye una de las medidas de seguridad

aplicadas frente a riesgos de fuga que puedan atentar contra la seguridad

nacional. Pese a esto, se ha logrado tener acceso a fuentes de difusión oficial y

247

de carácter privado, como la del SIPRI, con las que se ha podido comparar de

manera general las bases estructurales de los sistemas.

Entre los aspectos determinantes de estos regímenes están los

relacionados con las tempranas edades de jubilación, el mecanismo de

actualización de las pensiones, las tasas de cotización individuales, los aportes

del Estado como patrono, el subsidio del Estado al sistema de pensiones, los

entes administrativos exclusivos y el amplio periodo de asignación de

beneficios independiente de la edad. Estos esquemas representan un elevado

coste de mantenimiento para el presupuesto del Estado. En este sentido, los

proyectos de reformas pretenden encontrar medidas que proporcionen un nivel

aceptable de sostenibilidad financiera, sin que esto represente una reducción

radical a su statu quo, o un mayor peso financiero del que ya tienen sobre las

finanzas públicas.

En la actualidad, la percepción social y política respecto a los gastos

militares en Latinoamérica refleja la intención por otorgarle una menor

importancia frente a otros sectores considerados como prioritarios. Es así que

los mayores esfuerzos están orientados a la atención de los profundos

problemas sociales que han afectado a la región, anteponiéndolos a los temas

de defensa. Al contraponer el tema de los gastos de defensa frente al

estrictamente social que involucra los sistemas de pensiones, nos encontramos

con la problemática enmarcada, por un lado, en la necesidad de mantener un

sistema de pensiones al sector militar, y por otro, el relacionado con el alto

coste que representa mantenerlo. Es así que surge la necesidad de contar con

un sistema configurado conforme al actual entorno económico y social que

obliga a disponer de un sistema universal, homogéneo y sostenible,

desvirtuando el hecho de que los sistemas militares responden a las

particulares condiciones de la carrera y que ameritan un trato especial.

El sistema de pensiones militares, al estar estructurado bajo un sistema

de beneficio definido, permite que se realice un análisis de sensibilidad basado

en la proyección derivada de los parámetros involucrados con la aplicación del

modelo matemático actuarial. De esta forma se establecen 7 posibles

escenarios basados tanto en la legislación vigente, como en propuestas de

248

reformas orientadas a incrementar los niveles de ingresos, con el fin de ampliar

el horizonte de sostenibilidad y disminuir o mantener la presión financiera que

el sistema ejerce sobre el presupuesto del Estado.

En las primeras cuatro proyecciones se considera la hipótesis de que el

sistema de pensiones militares tiene una estructura de reparto puro y se

mantienen constantes las condiciones financieras del sistema y el aporte

económico máximo del Estado al gasto en pensiones (60%). A las simulaciones

se les incorpora la reforma de su estructura demográfica que involucra la

reducción paulatina del número de cotizantes de los actuales 41.000 miembros

a 34.500 en el 2025 (proyecto de reestructuración de las Fuerzas Armadas). En

este sentido, se llega a establecer las siguientes conclusiones: el resultado del

primer escenario muestra que el sistema de pensiones es insostenible a partir

del año 2016. En el segundo escenario, el sistema, al ser sometido a un

incremento del porcentaje de cotización individual del 12,4% al 14,4%,

(recomendación del estudio actuarial), provoca que el sistema sea insostenible

a partir del año 2018. El tercer escenario, influenciado por el incremento de los

ingresos provenientes del aporte del 7,25% de los pensionistas (aporte

derogado en el 2007), su horizonte de sostenibilidad se alargaría al año 2024.

Finalmente, en un cuarto escenario, el sistema se ve afectado por el

incremento tanto del aporte de los pensionistas (7,25%) como del incremento

del porcentaje de cotización individual (del 12,4% al 14,4%); estas reformas

permitirán alargar el horizonte de sostenibilidad hasta el año 2029.

En los siguientes tres escenarios, se parte de la hipótesis de que el

sistema de pensiones militares, además de considerar constantes las

condiciones financieras anteriores y la reducción de su estructura demográfica,

tiene una estructura de Prima Media General; es decir, dispone de los recursos

del fondo de reservas. La disponibilidad del fondo de reservas determina tres

momentos financieros en cada simulación. El primero, cuando el gasto en

pensiones supera los ingresos, aspecto que obliga a recurrir a los recursos

acumulados del fondo. El segundo, en el que el nivel de crecimiento del gasto

en pensiones supera la tasa de rendimiento de los recursos acumulados en el

fondo (6.3%) y, por ende, los recursos disponibles comienzan a reducirse. El

249

tercero, en el que el fondo de reservas se termina y la responsabilidad de

financiación recae por completo sobre el Estado.

Bajo estas condiciones, se concluye que el quinto escenario propuesto

alcanzará el primer momento en el año 2023, un segundo momento en el año

2029 y un tercer momento en el año 2035; el sexto escenario, sometido al

incremento del porcentaje de cotización individual del 12,4% al 14,4% (estudio

actuarial), alcanzará su primer momento en el año 2028, un segundo momento

en el año 2035 y un tercer momento en el año 2041; el séptimo escenario,

influenciado por el incremento de los ingresos derivados del aporte del 7,25%

de los pensionistas (aporte derogado en el año 2007), alcanzará su primer

momento en el año 2042, y un segundo y tercer momentos más allá del

período de simulación realizado hasta el año 2050.

De las simulaciones realizadas, y considerando la actual estructura

financiera del sistema de pensiones militares, así como la facultad legal

atribuida al Estado de aportar un máximo del 60% al sistema de pensiones, se

concluye que, de mantenerse las condiciones actuales, el sistema de

pensiones requerirá a partir del año 2016 una reforma constitucional a la Ley

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que permita al Estado

incrementar su porcentaje de aportación o, en su defecto, implementar al corto

plazo un paquete de reformas que permitan equilibrar los niveles de

sostenibilidad del sistema.

Las siete simulaciones desarrolladas a través del modelo actuarial

incorporan la corrección de la variable demográfica del sistema de pensiones

militares que influye directamente sobre su estructura de financiamiento. Los

escenarios desarrollados se derivan desde dos perspectivas: en la primera se

considera el sistema con una estructura de reparto puro, mientras que la

segunda incorpora al análisis el efecto financiero provocado por el fondo de

reservas. En el primer enfoque, los escenarios muestran sus niveles de

sostenibilidad, además de evidenciar la necesidad imperativa de que el Estado,

en esas condiciones, asuma una mayor carga económica a futuro para

mantener el sistema. En el segundo, se incorpora al sistema el fondo de

250

reservas, cuya eficiencia financiera aliviará a futuro la responsabilidad

económica a cargo del Estado.

Con el fin de realizar un estudio integral del sistema de pensiones

militares, se han considerado dos metodologías que caen en el campo de la

econometría. La primera realiza el análisis de la relación porcentual que las

pensiones tienen sobre el PIB (Conde-Ruiz & Meseguer, 2004); la segunda

analiza el sistema mediante la aplicación del modelo del Saldo Financiero

(Jimeno, 2004). Para Conde-Ruiz & Meseguer (2004), las pensiones militares

como % del PIB dependen del comportamiento de tres factores (demográfico,

mercado de trabajo y el factor institucional), considerados importantes ya que

de estos se derivarán las reformas orientadas desde tres líneas de ejecución:

incrementos en los ingresos de la cartera de cotizaciones, reducción del gasto

en las pensiones y las aportaciones estatales. Por otra parte, Jimeno (2004)

analiza el impacto económico que ocasiona el fondo de reservas dentro del

autofinanciamiento del sistema y que permitirá garantizar el pago de pensiones

provocando que la responsabilidad financiera del Estado de inicio no sea muy

grande.

El primer modelo de regresión lineal fue desarrollado para el sistema de

pensiones español por Conde-Ruiz & Meseguer (2004) y es aplicado al sistema

de pensiones militares ecuatoriano. Por medio de él se analiza la relación de

dependencia a largo plazo de los determinantes del gasto agregado: el factor

demográfico, los factores institucionales y el factor mercado laboral. Es

importante indicar que en este análisis no se considera el efecto financiero que

ejerce el fondo de reservas sobre el nivel de sostenibilidad del sistema de

pensiones militares.

El factor demográfico desempeña un rol importante en la viabilidad

financiera y el rendimiento de los programas de pensiones, más aún en

sistemas militares, cuya estructura determina un límite máximo en el número de

afiliados cotizantes, frente a un creciente número de pensionistas generando

una reducción permanente de su Ratio de Dependencia. En este sentido, se

concluye que a una variación del 1% de este factor, manteniendo el resto de

factores constantes, el nivel de sostenibilidad del sistema se verá afectado en -

251

0,019234%. Situación que determina que, frente a una potencial reducción del

número de cotizantes, la relación dada por la Ratio de Dependencia se verá

aún más disminuida y en consecuencia afectará el nivel de sostenibilidad.

El factor mercado de trabajo, al reproducir los patrones de la cobertura

contributiva del sector militar, presenta una mayor estabilidad laboral debido a

que mantiene constante su tasa máxima de empleo Esto permite concluir que a

un incremento del 1% de este factor, mientras todo lo demás queda constante,

la sostenibilidad del sistema de pensiones militares se verá afectada en

0.000000664%. En este sentido, cualquier medida tendiente a la reducción del

número de efectivos militares ocasionará una afectación negativa sobre el nivel

de sostenibilidad del sistema.

El factor de elegibilidad como primera variable del factor institucional,

evidencia que a un incremento de una unidad del número de retirados,

mientras todo lo demás queda constante, la sostenibilidad del sistema se ve

afectada negativamente en -0.0000000721%. Esto permite concluir que cuanto

mayor sea la flexibilidad legal que permita al militar acogerse al retiro a una

edad relativamente temprana (20 años) y mayor sea el deseo voluntario por

retirarse, provocará una mayor reducción del nivel de sostenibilidad, por lo que

es necesario desarrollar incentivos institucionales que motiven la permanencia

en el servicio activo.

El factor de generosidad del sistema como segunda variable

institucional, muestra que el gasto pensional supera el porcentaje de

cotizaciones individuales. De esta forma, a un incremento de una unidad en

este factor, mientras todo lo demás queda constante, la sostenibilidad se ve

afectada en un 116.7863%. En este sentido, se concluye que, ya que se trata

de un factor significativo del sistema, las reformas orientadas sobre él, como la

reestructuración tanto de la fórmula de cálculo de la pensión media como de la

en la escala de pensiones, permitirán mejorar el nivel de sostenibilidad del

sistema

El segundo enfoque econométrico toma en consideración el modelo

desarrollado de Jimeno (2004) que también fue aplicado al sistema de

252

pensiones español y que, al aplicarse en este estudio, permite determinar la

sostenibilidad en base al análisis de los ingresos (incluye el fondo de reservas)

y los gastos de un sistema de pensiones orientado en dos relaciones: 1) la

pensión media del sistema, y 2) un ratio medido entre los pensionistas y el

número de cotizantes. Si se considera que para que un sistema sea viable

debe ser autosostenible, en el caso del sistema de pensiones militar, este

objetivo se verá limitado a que su estructura financiera al menos le permita

mantener aceptables niveles de sostenibilidad, minimizando el impacto

económico provocado por el sistema sobre la economía del Estado por ser el

garante del sistema.

El modelo permitió determinar el nivel de influencia que tienen sobre la

sostenibilidad del sistema militar, la cantidad de recursos acumulados en el

sistema de pensiones. De esta forma, el modelo del Saldo Financiero, al

depender del comportamiento de la tasa de sustitución de pensiones y de la

tasa de dependencia, donde la sostenibilidad del sistema estará dada

inicialmente por el nivel de la tasa de sustitución que se quiere sostener (sea

cual sea la tasa de dependencia), concluye que si se reduce el coeficiente de la

tasa de sustitución se puede lograr que el saldo financiero no sea negativo.

Dado que el saldo financiero depende de la tasa de sustitución y de

dependencia (componentes de los ingresos del sistema), las reformas

aplicables para mejorar el nivel de la tasa de sustitución estarán relacionadas

con modificaciones legislativas mediante las que se establecen nuevos

porcentajes y períodos de cotización, edad mínima de jubilación, fórmula de

cálculo de la base reguladora, niveles de pensiones, etc. La segunda relación

se refiere al número de pensionistas y de cotizantes, por lo cual sobre ella

influyen los cambios demográficos y la capacidad del mercado laboral.

En este sentido, se concluye que un incremento de una unidad en los

componentes de ingresos del sistema (tasa de sustitución y dependencia),

mientras lo demás permanece constante, el fondo de reserva se ve afectado en

-0,00000000782 unidades, por lo que, si el sistema permite mantener un nivel

de financiamiento tal que la Ratio de Dependencia se mantenga como la actual

de 1,12, el fondo de reserva tendría una afectación mínima. Pero, como el

253

comportamiento demográfico de los sistemas de pensiones con el tiempo

tiende a reducir la relación entre el número pensionistas y el número de

afiliados (el sistema militar limita el incremento del número de cotizantes), el

sistema en estas condiciones es insostenible.

En cuanto a la variable de la Acumulación del Fondo de Reserva, un

incremento de una unidad en esta, mientras lo demás permanece constante,

provocará una influencia positiva de 0,000000237 unidades en el fondo de

reserva. Por tanto, se concluye que esta variable responde positivamente a un

incremento de los recursos disponibles por efecto de las inversiones

institucionales bajo el esquema de rendimiento financiero establecido en el

portafolio de inversiones.

Finalmente, la variable de los gastos del sistema resultantes del pago de

las pensiones jubilares, frente a un incremento de una unidad manteniendo

constantes las demás variables, afecta negativamente en -3.165713 unidades

al fondo de reserva. Se concluye que, de incrementarse el número de

pensionistas, provocando a su vez una reducción de la Ratio de Dependencia,

obligará al fondo de reservas a cubrir la brecha financiera cada vez mayor,

hasta que sus recursos se terminen y el sistema entre en insostenibilidad.

Como parte del modelo, Jimeno (2004) desarrolló un modelo que evalúa

la rentabilidad del Saldo Financiero. Este permite proyectar la capacidad del

fondo de reservas de modo que, a un incremento de una unidad monetaria de

los componentes del Saldo Financiero (Tasa de Sustitución y Ratio de

Dependencia), mientras todo lo demás queda constante, esta variable se verá

afectada negativamente en -1127.265 unidades monetarias. Se concluye que,

dependiendo de la flexibilidad de las condiciones legales del sistema, frente a

la estructura demográfica actual, de no desarrollarse mecanismos que motiven

la permanencia en servicio activo de los miembros de las Fuerzas Armadas, los

recursos excedentes del sistema van a ser afectados negativamente de

manera que la suficiencia del fondo de reservas será cada vez menor.

De los análisis realizados se concluye que no existen razones para

conservar la actual estructura del sistema de pensiones militares, ya que

254

permanentemente se requiere de un mayor esfuerzo institucional y del aporte

financiero del Estado para poder darle sostenibilidad. En consecuencia, se

valida la hipótesis de que el sistema de pensiones militares de las Fuerzas

Armadas del Ecuador, por la misma naturaleza de su estructura, en las

condiciones actuales no es autosostenible, por lo que, al ser un servicio público

irremplazable, el coste de su mantenimiento debe ser asumido por la sociedad

a través del Estado. Así también, queda evidenciado que la responsabilidad

financiera del Estado puede ser compartida con agentes que conforman el

sistema, de tal forma que, mediante la aplicación de otras medidas, se puede

lograr que el sistema de pensiones militares extienda su horizonte de

sostenibilidad y no requiera de mayores recursos económicos estatales que los

ya establecidos en la ley. Así lo evidencian otros sistemas de pensiones

tomados como referencia en este estudio, de manera especial los de los países

de América Latina que se enmarcan dentro de un contexto de realidades

similares tanto sociales, económicas y de defensa.

Para que esto sea viable, es importante reestructurar el mecanismo de

actualización de las pensiones. Para ello se debe considerar una nueva

composición de las variables financieras y demográficas, a fin de que permita

moderar los beneficios previsionales, ampliar el período mínimo de cotización y

ampliar la cartera de cotizaciones, para hacer frente a los nuevos escenarios y

se equilibre el sistema en el largo plazo, aliviando de esta manera la presión

financiera ejercida sobre el presupuesto estatal.

Es preciso afrontar la necesidad de reducir los niveles de desigualdad

social regulando la estructura de las pensiones dentro del sistema militar, que

por su naturaleza se fundamenta en un orden jerárquico. Este aspecto provoca

la existencia de altos niveles de estratificación dentro del sistema y que, en

conjunto, generan una demanda financiera cada vez más fuerte, que es

financiada por el Estado y por el limitado número de cotizantes. Es necesario

reformar la fórmula de cálculo de las pensiones. El considerar que la

actualización de las pensiones se fundamente en la indexación al sueldo de los

militares en servicio activo y no a otro factor como el IPC, provoca que el

255

sistema demande ingentes recursos, además de generar desigualdades

sociales que son contraproducentes con la teoría del Estado de bienestar.

Finalmente, la situación de la sociedad ecuatoriana dentro del contexto

geográfico, económico, social y de defensa, hace que sea prioritario definir y

reformar aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas que por años han

sido tabúes, ya sea por su nivel de sensibilidad, por las repercusiones sobre la

estabilidad política o simplemente porque era considerado un tema privado de

análisis público. La orientación del desarrollo social en la región impulsa a que,

por un lado, se invierta en defensa y, por otro, se garanticen las condiciones

sociales de protección social, estas últimas consideradas como prioritarias

dentro de un marco de homogeneidad y universalidad de la sociedad en

general.

Queda abierto el debate académico que permita la profundización de la

investigación en aspectos relacionados con el sector social-militar, que

involucra temas como el tratamiento financiero del sistema de salud militar, el

bienestar social familiar de los miembros de Fuerzas Armadas cuando estos

sufren los efectos de un conflicto, el aprovechamiento del capital humano

militar más allá de la jubilación, entre otros.

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289

Anexos

291

Anexo 1. Haber Militar y Pensión Individual por grados militares

OFICIALES TROPA

TIEMPO DE

SERVICIO (años)

GRADO TIEMPO

EN EL GRADO

HABER MILITAR

COTIZACIÓN 12,4 %

PENSIÓN GRADO TIEMPO

EN EL GRADO

HABER MILITAR

COTIZACIÓN 12,4 %

PENSIÓN

47 GRAE/ALM/GRAA 2 5.560,00 689,440 4.892,80

46 GRAE/ALM/GRAA 1 5.481,00 679,644 4.823,28

45 GRAD/VALM/TGRAL 3 5.358,00 664,392 4.715,04

44 GRAD/VALM/TGRAL 2 5.340,00 662,160 4.699,20

43 GRAD/VALM/TGRAL 1 5.242,00 650,008 4.612,96

42 GRAB/CALM/BGRAL 5 5.111,00 633,764 4.497,68

41 GRAB/CALM/BGRAL 4 5.011,00 621,364 4.409,68

40 GRAB/CALM/BGRAL 3 4.913,00 609,212 4.323,44

39 GRAB/CALM/BGRAL 2 4.817,00 597,308 4.238,96 SBUM 2 2.669,00 330,956 2.348,72

38 GRAB/CALM/BGRAL 1 4.713,00 584,412 4.147,44 SBUM 1 2.618,00 324,632 2.303,84

37 CRNL/CPNV/CRNL 7 4.419,00 547,956 3.888,72 SBUP 3 2.481,00 307,644 2.183,28



34 CRNL/CPNV/CRNL 4 4.164,00 516,336 3.664,32 SBUS 4 1.804,00 223,696 1.587,52




30 TCRN/CPFG/TCRN 7 3.541,00 439,084 3.116,08 SGOP 7 1.643,00 203,732 1.445,84





292



23 MAYO/CPCB/MAYO 7 2.944,00 365,056 2.059,62 SGOS 7 1.408,00 174,592 985,04




19 MAYO/CPCB/MAYO 3 2.721,00 337,404

SEG

UR

O D

E V

IDA

Y D

E A

CC

IDEN

TES

PER

SON

ALE

S

SGOS 3 1.301,00 161,324

SEG

UR

O D

E V

IDA

Y D

E A

CC

IDEN

TES

PER

SON

ALE

S

18 MAYO/CPCB/MAYO 2 2.669,00 330,956 SGOS 2 1.275,00 158,100

17 MAYO/CPCB/MAYO 1 2.618,00 324,632 SGOS 1 1.254,00 155,496

16 CAPT/TNNV/CAPT 7 2.537,00 314,588 CBOP 7 1.244,00 154,256







9 TNTE/TNFG/TNTE 5 1.810,00 224,440 CBOS 5 1.102,00 136,648





4 SBTE/ALFG/SBTE 4 1.548,00 191,952 SLDO/MAR/SLDO 4 987,00 122,388




Nota: El monto de pensión individual está calculado en años exactos

293

Anexo 2. Simulación demográfica del sistema de pensiones militares del Ecuador

ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN 7.500 EFECTIVOS EVOLUCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

RETIROS MONTEPÍOS TOTAL

PENSIONISTAS

PENSIONISTAS QUE

FALLECEN

PENSIONISTAS DE MONTEPIO QUE DEJAN EL

BENEFICIO

NUEVOS PENISONISTAS DE MONTEPIO

PENSIÓN PROMEDIO

NUEVOS JUBILADOS

AÑO ACTIVOS

REDUCCIÓN DE

EFECTIVOS (50 %)

CUOTAS DE ELIMINACIÓN

(2%)

DEPURACIÓN INSTITUCIONAL

(15 %)

OTROS CONCEPTOS

(33%) INGRESOS MUERTES SEPARACIÓN INVALIDEZ RETIRO

2.014 42.000 42.000

2.466 65 246 3 1.733 29.771 9.010 38.781 447 180 335 1.086,00

2.015 41.249 375 15 113 248 1.406 65 269 4 1.068 31.659 9.557 41.216 466 186 350 1.124,00

2.016 40.500 375 15 112 247 1.485 64 286 4 1.131 32.315 9.841 42.156 475 191 356 1.163,00

2.017 39.749 375 15 113 248 1.728 66 292 3 1.367 33.197 10.129 43.326 485 197 364 1.204,00

2.018 39.000 375 15 112 247 1.830 68 290 3 1.469 34.168 10.424 44.592 498 203 374 1.246,00

2.019 38.249 375 15 113 248 1.535 68 292 3 1.172 34.827 10.729 45.556 513 208 385 1.289,00

2.020 37.500 375 15 112 247 1.502 67 283 3 1.149 35.454 11.036 46.490 522 215 392 1.334,00

2.021 36.749 375 15 113 248 1.670 67 286 3 1.314 36.236 11.347 47.583 532 221 399 1.381,00

2.022 36.000 375 15 112 247 1.614 67 288 3 1.256 36.948 11.664 48.612 544 227 408 1.429,00

2.023 35.249 375 15 113 248 1.626 66 287 3 1.270 37.664 11.985 49.649 554 233 416 1.480,00

2.024 34.500 375 15 112 247 1.464 68 287 3 1.106 38.205 12.310 50.515 565 240 424 1.531,00

2.025 34.500 3.750 150 1.125 2.475 1.482 69 288 3 1.122 38.754 12.637 51.391 573 246 430 1.585,00

2.026 34.500

1.404 70 289 3 1.042 39.215 12.965 52.180 581 253 436 1.640,00

2.027 34.500

1.479 69 286 3 1.121 39.748 13.624 53.372 588 259 441 1.698,00

2.028 34.500

1.466 69 276 4 1.117 40.517 13.956 54.473 596 266 447 1.757,00

2.029 34.500

1.191 69 267 3 852 40.846 14.285 55.131 604 272 453 1.819,00

2.030 34.500

1.268 69 259 3 937 41.066 14.612 55.678 608 279 456 1.882,00

2.031 34.500

1.158 71 251 3 833 41.298 14.936 56.234 613 286 460 1.948,00

2.032 34.500

1.168 71 246 3 848 42.118 15.256 57.374 616 292 462 2.016,00

2.033 34.500

1.752 70 240 3 1.439 42.919 15.583 58.502 619 299 464 2.087,00

2.034 34.500

1.738 70 232 3 1.433 43.721 15.915 59.636 632 305 474 2.160,00

2.035 34.500

1.748 68 231 3 1.446 44.323 16.253 60.576 644 312 483 2.236,00

2.036 34.500

1.559 68 230 3 1.258 45.341 16.593 61.934 656 318 492 2.314,00

294

2.037 34.500

1.988 67 235 3 1.683 45.492 16.941 62.433 665 325 499 2.395,00

2.038 34.500

1.141 67 240 3 831 45.760 17.284 63.044 680 332 510 2.479,00

2.039 34.500

1.265 67 245 3 950 46.394 17.624 64.018 682 339 512 2.565,00

2.040 34.500

1.636 68 245 3 1.320 46.989 17.968 64.957 686 346 515 2.655,00

2.041 34.500

1.607 69 244 3 1.291 47.470 18.314 65.784 696 352 522 2.748,00

2.042 34.500

1.507 69 249 3 1.186 47.885 18.660 66.545 705 359 529 2.844,00

2.043 34.500

1.439 68 242 2 1.127 48.444 19.005 67.449 712 366 534 2.944,00

2.044 34.500

1.595 68 247 3 1.277 48.978 19.352 68.330 718 373 539 3.047,00

2.045 34.500

1.581 68 249 3 1.261 49.488 19.700 69.188 727 380 545 3.154,00

2.046 34.500

1.566 68 250 3 1.245 49.893 20.048 69.941 735 387 551 3.264,00

2.047 34.500

1.470 68 252 3 1.147 50.309 20.395 70.704 742 394 557 3.378,00

2.048 34.500

1.490 68 255 3 1.164 50.669 20.742 71.411 748 401 561 3.496,00

2.049 34.500

1.445 68 259 3 1.115 51.063 21.087 72.150 755 408 566 3.619,00

2.050 34.500

1.483 68 258 3 1.154 51.444 21.431 72.875 760 415 570 3.745,00

Nota:

Las políticas de reducción de 7.500 efectivos militares se implementarán en base a 4 líneas de acción: 1) La reducción de 3.750 miembros (50 %),

mediante restricciones de ingreso a los aspirantes a Oficiales y Tropa a las Escuelas Militares, 2) Aplicación de la política Institucional de

separación del servicio activo a consecuencia de incurrir, en las causales previstas en la ley, correspondiente a la cuota de eliminación (2 %), 3)

Aplicación del 15 % de reducción de personal, a consecuencia de un proceso de auto-depuración Institucional y, 4) Otras causas que de acuerdo a

las normas internas Institucionales así como de carácter personal, promuevan la salida del personal (retiros, muertes, bajas, etc).

295

Anexo 3. Análisis del proceso de Inversiones de la Seguridad Social

Militar del Ecuador

La sostenibilidad del sistema de pensiones militares depende del

equilibrio entre sus fuentes de financiamiento y los gastos que genere la

prestación de servicios. En regímenes especiales como el sistema de

pensiones de la seguridad social militar del Ecuador, cuya estructura adolece

de un déficit de origen, su proceso de inversiones desenvuelve un papel

sumamente fundamental en su sostenibilidad y que debe ser adecuadamente

dimensionado.

El circuito financiero del sistema de seguridad social militar determina

que aquellos recursos que ingresan como parte de sus fuentes de

financiamiento y no son utilizados para cubrir el pago de las prestaciones

(otorgados por los respectivos seguros dentro de la cobertura del sistema),

sean destinados a formar parte de sus reservas. Los recursos son gestionados

productivamente, a través del proceso de inversiones (Gráfico 26).

Gráfico 26 Esquema financiero del Fondo de Reservas de la Seguridad Social

Militar del Ecuador

Elaboración Propia

El sistema de inversiones se sujeta a principios de seguridad,

rentabilidad y liquidez, con la finalidad de que la rentabilidad de sus inversiones

incremente su fondo de reservas. Este enfoque determina que la gestión de

recursos no se fundamente exclusivamente en el cumplimiento de metas

presupuestarias, sino que con la creación de valor del sistema —reflejado en el

296

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Precio del Crudo USD 27,73 23,01 23,14 26,12 33,74 46,55 50,75 59,86 82,95 52,56 71,93 96,96 98,18 97,01 96,31

PIB % 1,09 4,02 4,1 2,72 8,21 5,29 4,1 2,19 6,36 0,57 3,5 7,8 5,1 4,5 5

Inflación % 91 22,44 9,36 6,07 1,95 3,14 2,87 3,32 8,83 4,31 3,33 5,41 4,16 2,7 3,67

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

nivel de rentabilidad real alcanzado— fortalezca el nivel de reservas y, por

ende, proporcione mayor sostenibilidad al sistema de pensiones.

Proyecciones Macroeconómicas

El comportamiento de las variables macroeconómicas, de interés para el

sistema de pensiones militares (Gráfico 27), muestra que el Ecuador ha

mantenido un crecimiento económico moderado. Este aspecto tiene

importancia, ya que la liquidez del presupuesto depende en un gran porcentaje

del precio del barril de petróleo. Dicha liquidez permite la transferencia

oportuna de los recursos destinados a la seguridad social militar, a través de

cada uno de sus seguros. En el caso de las pensiones militares, estos recursos

permitirán cubrir los porcentajes considerados en la cartera de cotizaciones.

Gráfico 27 Evolución de las Variables Macroeconómicas del Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador (2014); Ministerio Coordinador de Política Económica (2012), (2013)

Las interrupciones o demoras en la asignación de recursos influyen

directamente en los niveles de liquidez inmediata, así como en la gestión de

recursos como los destinados a inversiones financieras de cortísimo plazo (no

mayores de 90 días). Otra variable a considerar es la inflación, ya que afecta

directamente a los niveles de rendimiento real de las inversiones

297

institucionales. La evolución de la inflación no ha tenido cambios significativos,

debido a la estabilidad macroeconómica del país.

Estructura del Portafolio de Inversiones

La inversión de los recursos de la Seguridad Social Militar se da

básicamente a partir de cuatro segmentos específicos:

Préstamos a los Afiliados (Inversiones Privativas)

Inversiones Inmobiliarias (Inversiones Privativas)

Renta Fija Sector Financiero y Público (Inversiones No Privativas)

Renta Variable (acciones) (Inversiones No Privativas)

La gestión del sistema de inversiones permitió que el portafolio se

incremente en 4,3% al pasar de USD 1.179,8 en el 2012 a USD 1230,1

millones en 2013, debido al aumento de los préstamos a USD. 44,5 millones

otorgados a los afiliados.

La estructura del portafolio entre inversiones privativas y no privativas,

denota un crecimiento de 3,4% en las inversiones privativas (de 49,9% a

53,3%). Estos recursos provienen, principalmente, de la reducción de las

inversiones en renta fija en el sector privado financiero. En lo que se relaciona

al comportamiento de las inversiones inmobiliarias, estas muestran un

crecimiento del 24,1% durante el 2013, debido a la actualización de los avalúos

de ciertos inmuebles (Tabla 32).

Tabla 32 Evolución del Portafolio de Inversiones (En millones de dólares

Tipo de Inversión 2011 2012 2013 Variación 2012-2013

USD % USD % USD % USD %

Inversiones Privativas 562,6 58,2 589,3 49,9 656,1 53,3 66,8 11,3

Préstamos 506 52,3 531,3 45 584,1 47,4 52,8 9,94

Inversiones Inmobiliarias 56,6 5,9 58 4,9 72 5,9 14 24,1

Inversiones No Privativas 403,6 41,8 590,5 50,1 574,1 46,7 -16,4 -2,8%

Renta Fija Sector Público 6,5 0,7 74,8 6,3 104,6 8,5 29,8 39,9

Renta Fija Sector Privado 120,1 12,4 182,7 15,5 161,2 13,1 -21,5 -11,8

Renta Fija Sector Privado (Vivienda)

26,9 2,8 41,3 3,5 17,0 1,4 -24,3 -58,8

Renta Variable (Empresas) 250,1 25,9 291,7 24,7 291,3 23,7 -0,4 -0,1

Total 966,2 100 1179,8 100 1230,2 100 50,4 4,3

Fuente: Dirección de Inversiones del ISSFA Elaboración propia

298

En las inversiones en renta fija del sector privado (sistema financiero

más títulos a través del mercado de valores), no se observa una importante

reducción neta. La ejecución presupuestaria, al generar una mayor liquidez,

debe ser absorbida por el sistema de créditos. El Flujo de Caja institucional

registra USD 532 millones, liquidez que es colocada en el sistema financiero en

inversiones de corto plazo (Renta Fija Sector Privado) y en títulos a través del

mercado de valores (obligaciones y titularizaciones).

En este sentido, la gestión financiera institucional afecta a los niveles de

liquidez del sistema y los plazos de colocación. Las inversiones en renta

variable (paquetes accionarios en empresas), que en su totalidad forman parte

de las reservas del sistema de pensiones militares, no observan mayor

variación.

Rentabilidad Real de las Inversiones institucionales

Uno de los indicadores más importantes del sistema de Seguridad Social

Militar es la Tasa Técnica Actuarial, que en términos financieros equivale a la

tasa real (tasa nominal menos la inflación). La misma constituye la tasa de

rendimiento real de las inversiones, utilizada como hipótesis en los estudios

actuariales, de manera anual. Para el año 2013, esta tasa fue establecida en

3,3%, un 0,7% menos que la del 2012101. En sistemas dolarizados, esta tasa

suele estar ubicada en el 3%, es decir, el rendimiento promedio ponderado del

portafolio de inversiones debe observar este condicionante para el respectivo

ejercicio económico.

Las Inversiones Financieras se encuentran reguladas según el Banco

Central del Ecuador (2010). En esta norma se define el techo de la tasa

efectiva en 3,5% para las inversiones de la Seguridad Social mayores a 360

días, y una tasa efectiva máxima de 2,5% para inversiones a 90 días. Estas

tasas se encuentran por debajo de la tasa actuarial demandada por el sistema

de seguridad social militar. Sin embargo, estas inversiones son necesarias para

101

La Tasa Técnica Actuarial es aprobada por el Consejo Directivo de la Seguridad Social Militar, y es considera como referencia para el análisis del valor agregado del proceso de inversiones al sistema.

299

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

dic

-08

abr-

09

ago

-09

dic

-09

abr-

10

ago

-10

dic

-10

abr-

11

ago

-11

dic

-11

abr-

12

ago

-12

dic

-12

abr-

13

ago

-13

Tasa Técnica Rend. Inv Financieras Tasa Real Inv. Fin. ISSFA

atender los requerimientos del flujo de caja institucional. En el Gráfico 28, se

aprecia la evolución de la rentabilidad de las inversiones financieras.

Gráfico 28 Evolución de la Rentabilidad de las Inversiones Financieras


La rentabilidad real, resultante de las inversiones en Préstamos a los

Afiliados durante el período 2009–2013, presenta notables variaciones con

respecto a la tasa actuarial. Este tipo de inversión cumple con los

requerimientos mínimos del sistema. Para agosto de 2013, la rentabilidad

nominal fue de 9,6% (sin considerar los préstamos de vivienda), lo cual, en

comparación con la inflación registrada en el mes de agosto de 2013, que fue

de 2,27%, resulta muy positivo. El sistema de créditos genera una tasa real de

6,73%. La evolución se muestra en el Gráfico 29.

300

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Tasa Técnica Rend. Inv. Prestamos Tasa Real Inv. Prest. ISSFA

Gráfico 29 Evolución de la Rentabilidad de las Inversiones en Préstamos


Este rendimiento de los préstamos es superior al establecido por la Tasa

Técnica Actuarial vigente, situación que permite que los recursos resultantes

puedan ser capitalizados a un ritmo mayor a la tasa establecida.

Las inversiones inmobiliarias, como otro tipo de inversión privativa, están

sujetas a los resultados provenientes de la gestión de comercialización. Su

valor contable es ajustado basándose en el precio de mercado reflejado en las

evaluaciones periódicas.

Las inversiones de la seguridad social militar, desarrolladas en el sector

empresarial, constituyen la mayor y más importante reserva del seguro de

pensiones militares. Considerando que las inversiones en préstamos están

constituidas principalmente con recursos de los otros seguros y fondos de la

seguridad social militar, su rentabilidad mejora sustancialmente la

sostenibilidad del sistema de pensiones militares, situación que la convierte

como una inversión crítica (Gráfico 30).

301

15,0%

19,0%

17,0%

8,0% 8,0% 8,0%*

9,4%

12%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rendimiento Rendimiento esperado

Gráfico 30 Evolución de la rentabilidad sobre activos (ROI)

Nota: * Porcentaje estimado Fuente: Dirección de Inversiones (2012) Elaboración propia

La rentabilidad de las inversiones de renta variable, generadas por la

gestión de las empresas de la seguridad social militar, se ubica en alrededor

del 9,4% y sobre el patrimonio en torno al 14% para el año 2012 (Dirección de

Inversiones, 2014). Este rendimiento cumple el requerido por el sistema de

7,64%, según Actuaria Consultores Cía. Ltda. (2010).

Análisis del Entorno de la Seguridad Social Militar

Los factores de carácter interno y externo de la seguridad social militar

del Ecuador, que afectan directamente al proceso de inversiones y por efecto

directo al sistema de pensiones militares, se describen en el siguiente

apartado.

Situación Política y de Influencia de las Fuerzas Armadas

El respaldo del Gobierno a las decisiones de gestión y políticas de la

seguridad social militar, se vinculan directamente con la política y objetivos del

Estado ecuatoriano establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir

(SENPLADES, 2013). Es así que, al ser la seguridad social militar parte del

Sistema de Seguridad Social del Ecuador, es considerada dentro de la

Planificación Estratégica Institucional alineada con la Política 2.10 del Objetivo

2 del mencionado plan, como se aprecia en el Gráfico 31.

303

Nivel de responsabilidad:

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10

O O O O O O O O O O O O R C

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

C O C

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9

O O

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

O O

Objetivo 9: Garantizar el

trabajo digno en su

divers idad de formas

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz

productiva

Objetivo 3: Mejorar la ca l idad de vida de la población

Objetivo 4: Forta lecer las capacidades y

potencia l idades de las personas a lo largo

de la vida

Objetivo 5: Construir espacios

de encuentro común y

forta lecer la identidad

nacional , las identidades

diversas , la plurinacional idad

y la intercultura l idad

2.10 Garantizar la protección y la seguridad

social a lo largo del ciclo de vida, de forma

independiente de la situación laboral de la

persona

Objetivo 8: Consol idar el s i s tema económico socia l y

sol idario de forma sostenible

Transformación económica y productiva

Objetivo 1: Consol idar el Estado democrático y la construcción

del poder socia l para el buen vivi r

Poder Popular y Estado

R= Responsable C=Corresponsable O= Observacia

Objetivo 2: Aus iciar la igualdad, la cohes ión, la inclus ión

y, la equidad socia l y terri toria l en la divers idad

Derechos y libertades para el Buen Vivir

Objetivo Estratégico2 ISSFA

Incrementar la cobertura de los

servicios y la gestión de las prestaciones

Gráfico 31 Alineamiento Estratégico de la Seguridad Social Militar

Fuente: ISSFA (2013b); SENPLADES (2013) Elaboración propia

305

Las Fuerzas Armadas del Ecuador desde la época republicana han

alcanzado un prestigio institucional y respaldo a nivel nacional. El trabajo

realizado desde las luchas de independencia configuró una posición fuerte en

el contexto nacional, incluso siendo fortalecido luego de su retorno al régimen

democrático en los años 70. Esta vinculación ha permitido que se establezca

un ambiente favorable para la toma de decisiones en el tema de la seguridad

social militar y que, a su vez, el sistema se vea fortalecido con la entrega de

recursos (activos). Estos recursos le otorgan un cierto grado de fortaleza

económica, sin que esto signifique que el sistema sea sostenible.

Sin embargo, la verdadera fortaleza del sistema radica en que es

considerado como un régimen especial y autónomo. Esto le permite gestionar

sus recursos buscando las mejores condiciones económicas y bajo ciertas

consideraciones exclusivas. En este sentido, la situación económica financiera

del sistema recae en la responsabilidad directa del Estado, aunque su

autonomía busca permanentemente encontrar nuevas formas de

financiamiento, a fin de disminuir la presión sobre el Estado.

Entre las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones militares

se encuentran aquellas oportunidades de inversión en el sector empresarial,

así como la entrega de los excedentes económicos de las empresas públicas

por parte del Estado. El déficit financiero anual del 2012, equivalente al 1,5%

en las pensiones militares, fue cubierto con parte de las utilidades generadas

por el grupo empresarial de propiedad de la seguridad social militar.

Meta Global – Rentabilidad Esperada

Las proyecciones de rentabilidad de las inversiones (tasa efectiva) de la

seguridad social militar, establecidas con el fin de mantener sus niveles de

sostenibilidad, se muestran en la Tabla 33.

306

Tabla 33 Proyección de Rendimiento de las Inversiones

Tipo de inversión

Rendimiento Esperado

Política de regulación

Préstamos* 8,3% El rendimiento en préstamos, no debe ser menor que la tasa técnica actuarial

Financieras 3% El rendimiento financiero está sujeto por ley al 3 % en inversiones de 60 y 90 días

Inmobiliarias 9,3% El rendimiento mínimo es el 1% superior al rendimiento de los préstamos

Empresas 12% La rentabilidad establecida sobre activos gestionados (ROI)

* El rendimiento se establecen considerando los niveles de inflación. (Año 2012 = 4,16%) y la tasa técnica actuarial del 4%. ((1,0416 * 1,04) -1) = 8,3%

Fuente: Dirección de Inversiones (2014) Elaboración propia

307

Anexo 4. Simulación del sistema de pensiones militares, visto como un sistema de reparto puro

AÑO MASA IMPONIBLE

(A) MASA PENSIONAL

(B)

CARTERA DE COTIZACIONES SALDO

FINANCIERO (I)=G-B

APORTE DEL ESTADO

K=F+J

APORTE ESTATAL

APORTE PERSONAL

(C)=A*12,4 %

APORTE PATRONAL

(D)=A*13,15 %

APORTE DE PENSIONISTAS (E)=B*7,25 %

APORTES DEL ESTADO (F)=B*60

%

TOTAL DE APORTES

(G)=C+D+E+F

2000 60.483.371,00 41.712.706,00 6.224.767,60 6.601.870,77 3.024.171,15 29.183.349,84 29.183.349,84 70%

2001 87.790.851,00 62.661.830,00 9.072.796,71 9.622.436,56 4.542.856,82 43.869.811,74 43.869.811,74 70%

2002 102.619.247,00 76.641.225,00 10.775.280,28 11.428.058,44 5.556.488,81 49.635.029,50 49.635.029,50 65%

2003 108.562.937,00 84.990.135,00 11.195.922,48 11.874.183,60 6.161.784,76 52.748.060,00 52.748.060,00 62%

2004 112.008.585,00 88.937.626,00 11.570.156,25 12.271.088,85 6.447.977,90 53.337.224,00 53.337.224,00 60%

2005 123.930.386,00 98.365.673,00 12.785.998,54 13.560.588,20 7.131.511,24 59.083.515,74 59.083.515,74 60%

2006 222.092.386,00 115.978.027,00 26.665.152,59 28.280.556,43 8.408.406,94 69.562.411,76 69.562.411,76 60%

2007 325.476.716,00 154.881.837,00 38.826.699,37 41.178.862,90 6.046.348,63 77.701.798,84 77.701.798,84 50%

2008 417.944.031,00 219.319.186,00 52.460.759,52 55.638.889,20 117.979.247,79 117.979.247,79 54%

2009 546.919.663,00 298.930.997,00 62.305.574,97 66.080.114,23 179.358.598,22 179.358.598,22 60%

2010 559.771.771,00 341.523.613,00 72.732.951,23 77.139.192,24 204.914.167,78 204.914.167,78 60%

2011 614.147.765,00 402.706.081,00 77.713.019,85 82.420.958,82 241.623.648,40 241.623.648,40 60%

2012 658.217.635,00 446.293.969,00 83.519.103,96 88.578.781,81 267.776.381,12 267.776.381,12 60%

2013 678.460.311,00 464.450.434,00 85.739.081,38 90.933.247,86 279.123.958,35 279.123.958,35 60%

2014 755.063.500,00 471.472.600,00 85.048.500,00 90.192.500,00 282.883.560,00 458.124.560,00 -13.348.040,00 296.231.600,00 63%

2015 789.737.900,00 506.846.100,00 97.927.499,60 103.850.533,85 304.107.660,00 505.885.693,45 -960.406,55 305.068.066,55 60%

2016 817.339.100,00 535.533.700,00 101.350.048,40 107.480.091,65 321.320.220,00 530.150.360,05 -5.383.339,95 326.703.559,95 61%

2017 845.892.400,00 566.366.900,00 104.890.657,60 111.234.850,60 339.820.140,00 555.945.648,20 -10.421.251,80 350.241.391,80 62%

2018 875.431.000,00 601.843.300,00 108.553.444,00 115.119.176,50 361.105.980,00 584.778.600,50 -17.064.699,50 378.170.679,50 63%

2019 905.989.500,00 640.451.000,00 112.342.698,00 119.137.619,25 384.270.600,00 615.750.917,25 -24.700.082,75 408.970.682,75 64%

2020 937.603.600,00 676.575.700,00 116.262.846,40 123.294.873,40 405.945.420,00 645.503.139,80 -31.072.560,20 437.017.980,20 65%

2021 970.310.100,00 714.007.400,00 120.318.452,40 127.595.778,15 428.404.440,00 676.318.670,55 -37.688.729,45 466.093.169,45 65%

2022 1.004.147.300,00 755.722.300,00 124.514.265,20 132.045.369,95 453.433.380,00 709.993.015,15 -45.729.284,85 499.162.664,85 66%

2023 1.039.154.900,00 798.437.300,00 128.855.207,60 136.648.869,35 479.062.380,00 744.566.456,95 -53.870.843,05 532.933.223,05 67%

2024 1.075.373.700,00 843.347.100,00 133.346.338,80 141.411.641,55 506.008.260,00 780.766.240,35 -62.580.859,65 568.589.119,65 67%

2025 1.112.846.200,00 887.471.000,00 137.992.928,80 146.339.275,30 532.482.600,00 816.814.804,10 -70.656.195,90 603.138.795,90 68%

2026 1.151.616.200,00 933.842.200,00 142.800.408,80 151.437.530,30 560.305.320,00 854.543.259,10 -79.298.940,90 639.604.260,90 68%

2027 1.191.729.200,00 980.787.700,00 147.774.420,80 156.712.389,80 588.472.620,00 892.959.430,60 -87.828.269,40 676.300.889,40 69%

2028 1.233.232.100,00 1.031.299.000,00 152.920.780,40 162.170.021,15 618.779.400,00 933.870.201,55 -97.428.798,45 716.208.198,45 69%

2029 1.276.173.600,00 1.083.960.600,00 158.245.526,40 167.816.828,40 650.376.360,00 976.438.714,80 -107.521.885,20 757.898.245,20 70%

2030 1.320.604.100,00 1.133.490.200,00 163.754.908,40 173.659.439,15 680.094.120,00 1.017.508.467,55 -115.981.732,45 796.075.852,45 70%

2031 1.366.575.700,00 1.186.888.800,00 169.455.386,80 179.704.704,55 712.133.280,00 1.061.293.371,35 -125.595.428,65 837.728.708,65 71%

2032 1.414.142.200,00 1.240.257.200,00 175.353.632,80 185.959.699,30 744.154.320,00 1.105.467.652,10 -134.789.547,90 878.943.867,90 71%

2033 1.463.359.600,00 1.296.170.100,00 181.456.590,40 192.431.787,40 777.702.060,00 1.151.590.437,80 -144.579.662,20 922.281.722,20 71%

2034 1.514.285.600,00 1.368.321.800,00 187.771.414,40 199.128.556,40 820.993.080,00 1.207.893.050,80 -160.428.749,20 981.421.829,20 72%

2035 1.566.980.000,00 1.443.626.400,00 194.305.520,00 206.057.870,00 866.175.840,00 1.266.539.230,00 -177.087.170,00 1.043.263.010,00 72%

2036 1.621.504.700,00 1.522.686.500,00 201.066.582,80 213.227.868,05 913.611.900,00 1.327.906.350,85 -194.780.149,15 1.108.392.049,15 73%

308

2037 1.677.923.700,00 1.600.431.900,00 208.062.538,80 220.646.966,55 960.259.140,00 1.388.968.645,35 -211.463.254,65 1.171.722.394,65 73%

2038 1.736.303.500,00 1.693.082.100,00 215.301.634,00 228.323.910,25 1.015.849.260,00 1.459.474.804,25 -233.607.295,75 1.249.456.555,75 74%

2039 1.796.712.500,00 1.766.229.900,00 222.792.350,00 236.267.693,75 1.059.737.940,00 1.518.797.983,75 -247.431.916,25 1.307.169.856,25 74%

2040 1.859.221.800,00 1.845.775.700,00 230.543.503,20 244.487.666,70 1.107.465.420,00 1.582.496.589,90 -263.279.110,10 1.370.744.530,10 74%

2041 1.923.905.000,00 1.939.684.100,00 238.564.220,00 252.993.507,50 1.163.810.460,00 1.655.368.187,50 -284.315.912,50 1.448.126.372,50 75%

2042 1.990.838.000,00 2.036.831.800,00 246.863.912,00 261.795.197,00 1.222.099.080,00 1.730.758.189,00 -306.073.611,00 1.528.172.691,00 75%

2043 2.060.099.800,00 2.134.865.700,00 255.452.375,20 270.903.123,70 1.280.919.420,00 1.807.274.918,90 -327.590.781,10 1.608.510.201,10 75%

2044 2.131.771.700,00 2.235.151.500,00 264.339.690,80 280.327.978,55 1.341.090.900,00 1.885.758.569,35 -349.392.930,65 1.690.483.830,65 76%

2045 2.205.938.100,00 2.344.831.500,00 273.536.324,40 290.080.860,15 1.406.898.900,00 1.970.516.084,55 -374.315.415,45 1.781.214.315,45 76%

2046 2.282.686.300,00 2.458.697.300,00 283.053.101,20 300.173.248,45 1.475.218.380,00 2.058.444.729,65 -400.252.570,35 1.875.470.950,35 76%

2047 2.362.106.700,00 2.576.886.500,00 292.901.230,80 310.617.031,05 1.546.131.900,00 2.149.650.161,85 -427.236.338,15 1.973.368.238,15 77%

2048 2.444.292.900,00 2.696.427.000,00 303.092.319,60 321.424.516,35 1.617.856.200,00 2.242.373.035,95 -454.053.964,05 2.071.910.164,05 77%

2049 2.529.341.500,00 2.821.674.700,00 313.638.346,00 332.608.407,25 1.693.004.820,00 2.339.251.573,25 -482.423.126,75 2.175.427.946,75 77%

2050 2.617.352.900,00 2.950.214.900,00 324.551.759,60 344.181.906,35 1.770.128.940,00 2.438.862.605,95 -511.352.294,05 2.281.481.234,05 77%

Notas:

Los datos del año 2014 corresponden a una información parcial hasta el mes de junio.

La proyección de datos desde el año 2000 al 2014 fue ejecutada por el sistema de pensiones militares.

A partir del año 2014 hasta el año 2025, la reforma en la política de defensa del país dispone que las Fuerzas Armadas entren en un proceso

de reestructuración. Esto implica una reducción de 7.500 efectivos. La capacidad total de las Fuerzas Armadas, en la actualidad, es de 42.000

miembros en servicio activo (cotizantes del sistema).

309

Anexo 5. Simulación del sistema de pensiones militares, como un sistema de reparto puro, con el incremento de las

cotizaciones individuales del 12,4 % al 14,4 %.

AÑO MASA IMPONIBLE

(A) MASA PENSIONAL

(B)

CARTERA DE COTIZACIONES SALDO

FINANCIERO (I)=G-B

APORTE DEL ESTADO

K=F+J

APORTE ESTATAL

APORTE PERSONAL

(C)=A*14,4 %

APORTE PATRONAL

(D)=A*13,15 %



%

TOTAL DE APORTES

(G)=C+D+E+F

2000 60.483.371,00 41.712.706,00 6.224.767,60 6.601.870,77 3.024.171,15 29.183.349,84 29.183.349,84 70%

2001 87.790.851,00 62.661.830,00 9.072.796,71 9.622.436,56 4.542.856,82 43.869.811,74 43.869.811,74 70%

2002 102.619.247,00 76.641.225,00 10.775.280,28 11.428.058,44 5.556.488,81 49.635.029,50 49.635.029,50 65%

2003 108.562.937,00 84.990.135,00 11.195.922,48 11.874.183,60 6.161.784,76 52.748.060,00 52.748.060,00 62%

2004 112.008.585,00 88.937.626,00 11.570.156,25 12.271.088,85 6.447.977,90 53.337.224,00 53.337.224,00 60%

2005 123.930.386,00 98.365.673,00 12.785.998,54 13.560.588,20 7.131.511,24 59.083.515,74 59.083.515,74 60%

2006 222.092.386,00 115.978.027,00 26.665.152,59 28.280.556,43 8.408.406,94 69.562.411,76 69.562.411,76 60%

2007 325.476.716,00 154.881.837,00 38.826.699,37 41.178.862,90 6.046.348,63 77.701.798,84 77.701.798,84 50%

2008 417.944.031,00 219.319.186,00 52.460.759,52 55.638.889,20 117.979.247,79 117.979.247,79 54%

2009 546.919.663,00 298.930.997,00 62.305.574,97 66.080.114,23 179.358.598,22 179.358.598,22 60%

2010 559.771.771,00 341.523.613,00 72.732.951,23 77.139.192,24 204.914.167,78 204.914.167,78 60%

2011 614.147.765,00 402.706.081,00 77.713.019,85 82.420.958,82 241.623.648,40 241.623.648,40 60%

2012 658.217.635,00 446.293.969,00 83.519.103,96 88.578.781,81 267.776.381,12 267.776.381,12 60%

2013 678.460.311,00 464.450.434,00 85.739.081,38 90.933.247,86 279.123.958,35 279.123.958,35 60%

2014 755.063.500,00 471.472.600,00 85.048.500,00 90.192.500,00 282.883.560,00 458.124.560,00 -13.348.040,00 296.231.600,00 63%

2015 789.737.900,00 506.846.100,00 113.722.257,60 103.850.533,85 304.107.660,00 521.680.451,45 14.834.351,45 289.273.308,55 57%

2016 817.339.100,00 535.533.700,00 117.696.830,40 107.480.091,65 321.320.220,00 546.497.142,05 10.963.442,05 310.356.777,95 58%

2017 845.892.400,00 566.366.900,00 121.808.505,60 111.234.850,60 339.820.140,00 572.863.496,20 6.496.596,20 333.323.543,80 59%

2018 875.431.000,00 601.843.300,00 126.062.064,00 115.119.176,50 361.105.980,00 602.287.220,50 443.920,50 360.662.059,50 60%

2019 905.989.500,00 640.451.000,00 130.462.488,00 119.137.619,25 384.270.600,00 633.870.707,25 -6.580.292,75 390.850.892,75 61%

2020 937.603.600,00 676.575.700,00 135.014.918,40 123.294.873,40 405.945.420,00 664.255.211,80 -12.320.488,20 418.265.908,20 62%

2021 970.310.100,00 714.007.400,00 139.724.654,40 127.595.778,15 428.404.440,00 695.724.872,55 -18.282.527,45 446.686.967,45 63%

2022 1.004.147.300,00 755.722.300,00 144.597.211,20 132.045.369,95 453.433.380,00 730.075.961,15 -25.646.338,85 479.079.718,85 63%

2023 1.039.154.900,00 798.437.300,00 149.638.305,60 136.648.869,35 479.062.380,00 765.349.554,95 -33.087.745,05 512.150.125,05 64%

2024 1.075.373.700,00 843.347.100,00 154.853.812,80 141.411.641,55 506.008.260,00 802.273.714,35 -41.073.385,65 547.081.645,65 65%

2025 1.112.846.200,00 887.471.000,00 160.249.852,80 146.339.275,30 532.482.600,00 839.071.728,10 -48.399.271,90 580.881.871,90 65%

2026 1.151.616.200,00 933.842.200,00 165.832.732,80 151.437.530,30 560.305.320,00 877.575.583,10 -56.266.616,90 616.571.936,90 66%

2027 1.191.729.200,00 980.787.700,00 171.609.004,80 156.712.389,80 588.472.620,00 916.794.014,60 -63.993.685,40 652.466.305,40 67%

2028 1.233.232.100,00 1.031.299.000,00 177.585.422,40 162.170.021,15 618.779.400,00 958.534.843,55 -72.764.156,45 691.543.556,45 67%

2029 1.276.173.600,00 1.083.960.600,00 183.768.998,40 167.816.828,40 650.376.360,00 1.001.962.186,80 -81.998.413,20 732.374.773,20 68%

2030 1.320.604.100,00 1.133.490.200,00 190.166.990,40 173.659.439,15 680.094.120,00 1.043.920.549,55 -89.569.650,45 769.663.770,45 68%

2031 1.366.575.700,00 1.186.888.800,00 196.786.900,80 179.704.704,55 712.133.280,00 1.088.624.885,35 -98.263.914,65 810.397.194,65 68%

2032 1.414.142.200,00 1.240.257.200,00 203.636.476,80 185.959.699,30 744.154.320,00 1.133.750.496,10 -106.506.703,90 850.661.023,90 69%

2033 1.463.359.600,00 1.296.170.100,00 210.723.782,40 192.431.787,40 777.702.060,00 1.180.857.629,80 -115.312.470,20 893.014.530,20 69%

2034 1.514.285.600,00 1.368.321.800,00 218.057.126,40 199.128.556,40 820.993.080,00 1.238.178.762,80 -130.143.037,20 951.136.117,20 70%

2035 1.566.980.000,00 1.443.626.400,00 225.645.120,00 206.057.870,00 866.175.840,00 1.297.878.830,00 -145.747.570,00 1.011.923.410,00 70%

310

2036 1.621.504.700,00 1.522.686.500,00 233.496.676,80 213.227.868,05 913.611.900,00 1.360.336.444,85 -162.350.055,15 1.075.961.955,15 71%

2037 1.677.923.700,00 1.600.431.900,00 241.621.012,80 220.646.966,55 960.259.140,00 1.422.527.119,35 -177.904.780,65 1.138.163.920,65 71%

2038 1.736.303.500,00 1.693.082.100,00 250.027.704,00 228.323.910,25 1.015.849.260,00 1.494.200.874,25 -198.881.225,75 1.214.730.485,75 72%

2039 1.796.712.500,00 1.766.229.900,00 258.726.600,00 236.267.693,75 1.059.737.940,00 1.554.732.233,75 -211.497.666,25 1.271.235.606,25 72%

2040 1.859.221.800,00 1.845.775.700,00 267.727.939,20 244.487.666,70 1.107.465.420,00 1.619.681.025,90 -226.094.674,10 1.333.560.094,10 72%

2041 1.923.905.000,00 1.939.684.100,00 277.042.320,00 252.993.507,50 1.163.810.460,00 1.693.846.287,50 -245.837.812,50 1.409.648.272,50 73%

2042 1.990.838.000,00 2.036.831.800,00 286.680.672,00 261.795.197,00 1.222.099.080,00 1.770.574.949,00 -266.256.851,00 1.488.355.931,00 73%

2043 2.060.099.800,00 2.134.865.700,00 296.654.371,20 270.903.123,70 1.280.919.420,00 1.848.476.914,90 -286.388.785,10 1.567.308.205,10 73%

2044 2.131.771.700,00 2.235.151.500,00 306.975.124,80 280.327.978,55 1.341.090.900,00 1.928.394.003,35 -306.757.496,65 1.647.848.396,65 74%

2045 2.205.938.100,00 2.344.831.500,00 317.655.086,40 290.080.860,15 1.406.898.900,00 2.014.634.846,55 -330.196.653,45 1.737.095.553,45 74%

2046 2.282.686.300,00 2.458.697.300,00 328.706.827,20 300.173.248,45 1.475.218.380,00 2.104.098.455,65 -354.598.844,35 1.829.817.224,35 74%

2047 2.362.106.700,00 2.576.886.500,00 340.143.364,80 310.617.031,05 1.546.131.900,00 2.196.892.295,85 -379.994.204,15 1.926.126.104,15 75%

2048 2.444.292.900,00 2.696.427.000,00 351.978.177,60 321.424.516,35 1.617.856.200,00 2.291.258.893,95 -405.168.106,05 2.023.024.306,05 75%

2049 2.529.341.500,00 2.821.674.700,00 364.225.176,00 332.608.407,25 1.693.004.820,00 2.389.838.403,25 -431.836.296,75 2.124.841.116,75 75%

2050 2.617.352.900,00 2.950.214.900,00 376.898.817,60 344.181.906,35 1.770.128.940,00 2.491.209.663,95 -459.005.236,05 2.229.134.176,05 76%

Notas:





Se simula una de las reformas planteadas (hasta el momento no ejecutadas), que corresponde al incremento del porcentaje de aportación

individual.

311

Anexo 6. Simulación del sistema de pensiones militares, visto como un sistema de reparto puro, con el incremento

de la aportación de 7,25 % de los pensionistas

AÑO MASA IMPONIBLE

(A) MASA PENSIONAL

(B)

CARTERA DE COTIZACIONES

SALDO FINANCIERO (I)=G-B

APORTE DEL ESTADO

K=F+J

APORTE ESTATAL

APORTE PERSONAL

(C)=A*12,4 %

APORTE PATRONAL

(D)=A*13,15 %



%

TOTAL DE APORTES

(G)=C+D+E+F

2000 60.483.371,00 41.712.706,00 6.224.767,60 6.601.870,77 3.024.171,15 29.183.349,84 29.183.349,84 70%

2001 87.790.851,00 62.661.830,00 9.072.796,71 9.622.436,56 4.542.856,82 43.869.811,74 43.869.811,74 70%

2002 102.619.247,00 76.641.225,00 10.775.280,28 11.428.058,44 5.556.488,81 49.635.029,50 49.635.029,50 65%

2003 108.562.937,00 84.990.135,00 11.195.922,48 11.874.183,60 6.161.784,76 52.748.060,00 52.748.060,00 62%

2004 112.008.585,00 88.937.626,00 11.570.156,25 12.271.088,85 6.447.977,90 53.337.224,00 53.337.224,00 60%

2005 123.930.386,00 98.365.673,00 12.785.998,54 13.560.588,20 7.131.511,24 59.083.515,74 59.083.515,74 60%

2006 222.092.386,00 115.978.027,00 26.665.152,59 28.280.556,43 8.408.406,94 69.562.411,76 69.562.411,76 60%

2007 325.476.716,00 154.881.837,00 38.826.699,37 41.178.862,90 6.046.348,63 77.701.798,84 77.701.798,84 50%

2008 417.944.031,00 219.319.186,00 52.460.759,52 55.638.889,20 117.979.247,79 117.979.247,79 54%

2009 546.919.663,00 298.930.997,00 62.305.574,97 66.080.114,23 179.358.598,22 179.358.598,22 60%

2010 559.771.771,00 341.523.613,00 72.732.951,23 77.139.192,24 204.914.167,78 204.914.167,78 60%

2011 614.147.765,00 402.706.081,00 77.713.019,85 82.420.958,82 241.623.648,40 241.623.648,40 60%

2012 658.217.635,00 446.293.969,00 83.519.103,96 88.578.781,81 267.776.381,12 267.776.381,12 60%

2013 678.460.311,00 464.450.434,00 85.739.081,38 90.933.247,86 279.123.958,35 279.123.958,35 60%

2014 755.063.500,00 471.472.600,00 85.048.500,00 90.192.500,00 282.883.560,00 458.124.560,00 -13.348.040,00 296.231.600,00 63%

2015 789.737.900,00 506.846.100,00 97.927.499,60 103.850.533,85 36.746.342,25 304.107.660,00 542.632.035,70 35.785.935,70 268.321.724,30 53%

2016 817.339.100,00 535.533.700,00 101.350.048,40 107.480.091,65 38.826.193,25 321.320.220,00 568.976.553,30 33.442.853,30 287.877.366,70 54%

2017 845.892.400,00 566.366.900,00 104.890.657,60 111.234.850,60 41.061.600,25 339.820.140,00 597.007.248,45 30.640.348,45 309.179.791,55 55%

2018 875.431.000,00 601.843.300,00 108.553.444,00 115.119.176,50 43.633.639,25 361.105.980,00 628.412.239,75 26.568.939,75 334.537.040,25 56%

2019 905.989.500,00 640.451.000,00 112.342.698,00 119.137.619,25 46.432.697,50 384.270.600,00 662.183.614,75 21.732.614,75 362.537.985,25 57%

2020 937.603.600,00 676.575.700,00 116.262.846,40 123.294.873,40 49.051.738,25 405.945.420,00 694.554.878,05 17.979.178,05 387.966.241,95 57%

2021 970.310.100,00 714.007.400,00 120.318.452,40 127.595.778,15 51.765.536,50 428.404.440,00 728.084.207,05 14.076.807,05 414.327.632,95 58%

2022 1.004.147.300,00 755.722.300,00 124.514.265,20 132.045.369,95 54.789.866,75 453.433.380,00 764.782.881,90 9.060.581,90 444.372.798,10 59%

2023 1.039.154.900,00 798.437.300,00 128.855.207,60 136.648.869,35 57.886.704,25 479.062.380,00 802.453.161,20 4.015.861,20 475.046.518,80 59%

2024 1.075.373.700,00 843.347.100,00 133.346.338,80 141.411.641,55 61.142.664,75 506.008.260,00 841.908.905,10 -1.438.194,90 507.446.454,90 60%

2025 1.112.846.200,00 887.471.000,00 137.992.928,80 146.339.275,30 64.341.647,50 532.482.600,00 881.156.451,60 -6.314.548,40 538.797.148,40 61%

2026 1.151.616.200,00 933.842.200,00 142.800.408,80 151.437.530,30 67.703.559,50 560.305.320,00 922.246.818,60 -11.595.381,40 571.900.701,40 61%

2027 1.191.729.200,00 980.787.700,00 147.774.420,80 156.712.389,80 71.107.108,25 588.472.620,00 964.066.538,85 -16.721.161,15 605.193.781,15 62%

2028 1.233.232.100,00 1.031.299.000,00 152.920.780,40 162.170.021,15 74.769.177,50 618.779.400,00 1.008.639.379,05 -22.659.620,95 641.439.020,95 62%

2029 1.276.173.600,00 1.083.960.600,00 158.245.526,40 167.816.828,40 78.587.143,50 650.376.360,00 1.055.025.858,30 -28.934.741,70 679.311.101,70 63%

2030 1.320.604.100,00 1.133.490.200,00 163.754.908,40 173.659.439,15 82.178.039,50 680.094.120,00 1.099.686.507,05 -33.803.692,95 713.897.812,95 63%

2031 1.366.575.700,00 1.186.888.800,00 169.455.386,80 179.704.704,55 86.049.438,00 712.133.280,00 1.147.342.809,35 -39.545.990,65 751.679.270,65 63%

2032 1.414.142.200,00 1.240.257.200,00 175.353.632,80 185.959.699,30 89.918.647,00 744.154.320,00 1.195.386.299,10 -44.870.900,90 789.025.220,90 64%

2033 1.463.359.600,00 1.296.170.100,00 181.456.590,40 192.431.787,40 93.972.332,25 777.702.060,00 1.245.562.770,05 -50.607.329,95 828.309.389,95 64%

2034 1.514.285.600,00 1.368.321.800,00 187.771.414,40 199.128.556,40 99.203.330,50 820.993.080,00 1.307.096.381,30 -61.225.418,70 882.218.498,70 64%

2035 1.566.980.000,00 1.443.626.400,00 194.305.520,00 206.057.870,00 104.662.914,00 866.175.840,00 1.371.202.144,00 -72.424.256,00 938.600.096,00 65%

312

2036 1.621.504.700,00 1.522.686.500,00 201.066.582,80 213.227.868,05 110.394.771,25 913.611.900,00 1.438.301.122,10 -84.385.377,90 997.997.277,90 66%

2037 1.677.923.700,00 1.600.431.900,00 208.062.538,80 220.646.966,55 116.031.312,75 960.259.140,00 1.504.999.958,10 -95.431.941,90 1.055.691.081,90 66%

2038 1.736.303.500,00 1.693.082.100,00 215.301.634,00 228.323.910,25 122.748.452,25 1.015.849.260,00 1.582.223.256,50 -110.858.843,50 1.126.708.103,50 67%

2039 1.796.712.500,00 1.766.229.900,00 222.792.350,00 236.267.693,75 128.051.667,75 1.059.737.940,00 1.646.849.651,50 -119.380.248,50 1.179.118.188,50 67%

2040 1.859.221.800,00 1.845.775.700,00 230.543.503,20 244.487.666,70 133.818.738,25 1.107.465.420,00 1.716.315.328,15 -129.460.371,85 1.236.925.791,85 67%

2041 1.923.905.000,00 1.939.684.100,00 238.564.220,00 252.993.507,50 140.627.097,25 1.163.810.460,00 1.795.995.284,75 -143.688.815,25 1.307.499.275,25 67%

2042 1.990.838.000,00 2.036.831.800,00 246.863.912,00 261.795.197,00 147.670.305,50 1.222.099.080,00 1.878.428.494,50 -158.403.305,50 1.380.502.385,50 68%

2043 2.060.099.800,00 2.134.865.700,00 255.452.375,20 270.903.123,70 154.777.763,25 1.280.919.420,00 1.962.052.682,15 -172.813.017,85 1.453.732.437,85 68%

2044 2.131.771.700,00 2.235.151.500,00 264.339.690,80 280.327.978,55 162.048.483,75 1.341.090.900,00 2.047.807.053,10 -187.344.446,90 1.528.435.346,90 68%

2045 2.205.938.100,00 2.344.831.500,00 273.536.324,40 290.080.860,15 170.000.283,75 1.406.898.900,00 2.140.516.368,30 -204.315.131,70 1.611.214.031,70 69%

2046 2.282.686.300,00 2.458.697.300,00 283.053.101,20 300.173.248,45 178.255.554,25 1.475.218.380,00 2.236.700.283,90 -221.997.016,10 1.697.215.396,10 69%

2047 2.362.106.700,00 2.576.886.500,00 292.901.230,80 310.617.031,05 186.824.271,25 1.546.131.900,00 2.336.474.433,10 -240.412.066,90 1.786.543.966,90 69%

2048 2.444.292.900,00 2.696.427.000,00 303.092.319,60 321.424.516,35 195.490.957,50 1.617.856.200,00 2.437.863.993,45 -258.563.006,55 1.876.419.206,55 70%

2049 2.529.341.500,00 2.821.674.700,00 313.638.346,00 332.608.407,25 204.571.415,75 1.693.004.820,00 2.543.822.989,00 -277.851.711,00 1.970.856.531,00 70%

2050 2.617.352.900,00 2.950.214.900,00 324.551.759,60 344.181.906,35 213.890.580,25 1.770.128.940,00 2.652.753.186,20 -297.461.713,80 2.067.590.653,80 70%

Notas:





Se ha considerado la aportación del 7,25% de los jubilados.

313

Anexo 7. Simulación del sistema de pensiones militares, como un sistema de reparto puro, con el incremento de las

cotizaciones individuales y el aporte de los pensionistas.

AÑO MASA IMPONIBLE

(A) MASA PENSIONAL

(B)

CARTERA DE COTIZACIONES

SALDO FINANCIERO (I)=G-B

APORTE DEL ESTADO

K=F+J

APORTE ESTATAL

APORTE PERSONAL

(C)=A*14,4 %

APORTE PATRONAL

(D)=A*13,15 %



%

TOTAL DE APORTES

(G)=C+D+E+F

2000 60.483.371,00 41.712.706,00 6.224.767,60 6.601.870,77 3.024.171,15 29.183.349,84 29.183.349,84 70%

2001 87.790.851,00 62.661.830,00 9.072.796,71 9.622.436,56 4.542.856,82 43.869.811,74 43.869.811,74 70%

2002 102.619.247,00 76.641.225,00 10.775.280,28 11.428.058,44 5.556.488,81 49.635.029,50 49.635.029,50 65%

2003 108.562.937,00 84.990.135,00 11.195.922,48 11.874.183,60 6.161.784,76 52.748.060,00 52.748.060,00 62%

2004 112.008.585,00 88.937.626,00 11.570.156,25 12.271.088,85 6.447.977,90 53.337.224,00 53.337.224,00 60%

2005 123.930.386,00 98.365.673,00 12.785.998,54 13.560.588,20 7.131.511,24 59.083.515,74 59.083.515,74 60%

2006 222.092.386,00 115.978.027,00 26.665.152,59 28.280.556,43 8.408.406,94 69.562.411,76 69.562.411,76 60%

2007 325.476.716,00 154.881.837,00 38.826.699,37 41.178.862,90 6.046.348,63 77.701.798,84 77.701.798,84 50%

2008 417.944.031,00 219.319.186,00 52.460.759,52 55.638.889,20 117.979.247,79 117.979.247,79 54%

2009 546.919.663,00 298.930.997,00 62.305.574,97 66.080.114,23 179.358.598,22 179.358.598,22 60%

2010 559.771.771,00 341.523.613,00 72.732.951,23 77.139.192,24 204.914.167,78 204.914.167,78 60%

2011 614.147.765,00 402.706.081,00 77.713.019,85 82.420.958,82 241.623.648,40 241.623.648,40 60%

2012 658.217.635,00 446.293.969,00 83.519.103,96 88.578.781,81 267.776.381,12 267.776.381,12 60%

2013 678.460.311,00 464.450.434,00 85.739.081,38 90.933.247,86 279.123.958,35 279.123.958,35 60%

2014 755.063.500,00 471.472.600,00 85.048.500,00 90.192.500,00 282.883.560,00 458.124.560,00 -13.348.040,00 296.231.600,00 63%

2015 789.737.900,00 506.846.100,00 113.722.257,60 103.850.533,85 36.746.342,25 304.107.660,00 558.426.793,70 51.580.693,70 252.526.966,30 50%

2016 817.339.100,00 535.533.700,00 117.696.830,40 107.480.091,65 38.826.193,25 321.320.220,00 585.323.335,30 49.789.635,30 271.530.584,70 51%

2017 845.892.400,00 566.366.900,00 121.808.505,60 111.234.850,60 41.061.600,25 339.820.140,00 613.925.096,45 47.558.196,45 292.261.943,55 52%

2018 875.431.000,00 601.843.300,00 126.062.064,00 115.119.176,50 43.633.639,25 361.105.980,00 645.920.859,75 44.077.559,75 317.028.420,25 53%

2019 905.989.500,00 640.451.000,00 130.462.488,00 119.137.619,25 46.432.697,50 384.270.600,00 680.303.404,75 39.852.404,75 344.418.195,25 54%

2020 937.603.600,00 676.575.700,00 135.014.918,40 123.294.873,40 49.051.738,25 405.945.420,00 713.306.950,05 36.731.250,05 369.214.169,95 55%

2021 970.310.100,00 714.007.400,00 139.724.654,40 127.595.778,15 51.765.536,50 428.404.440,00 747.490.409,05 33.483.009,05 394.921.430,95 55%

2022 1.004.147.300,00 755.722.300,00 144.597.211,20 132.045.369,95 54.789.866,75 453.433.380,00 784.865.827,90 29.143.527,90 424.289.852,10 56%

2023 1.039.154.900,00 798.437.300,00 149.638.305,60 136.648.869,35 57.886.704,25 479.062.380,00 823.236.259,20 24.798.959,20 454.263.420,80 57%

2024 1.075.373.700,00 843.347.100,00 154.853.812,80 141.411.641,55 61.142.664,75 506.008.260,00 863.416.379,10 20.069.279,10 485.938.980,90 58%

2025 1.112.846.200,00 887.471.000,00 160.249.852,80 146.339.275,30 64.341.647,50 532.482.600,00 903.413.375,60 15.942.375,60 516.540.224,40 58%

2026 1.151.616.200,00 933.842.200,00 165.832.732,80 151.437.530,30 67.703.559,50 560.305.320,00 945.279.142,60 11.436.942,60 548.868.377,40 59%

2027 1.191.729.200,00 980.787.700,00 171.609.004,80 156.712.389,80 71.107.108,25 588.472.620,00 987.901.122,85 7.113.422,85 581.359.197,15 59%

2028 1.233.232.100,00 1.031.299.000,00 177.585.422,40 162.170.021,15 74.769.177,50 618.779.400,00 1.033.304.021,05 2.005.021,05 616.774.378,95 60%

2029 1.276.173.600,00 1.083.960.600,00 183.768.998,40 167.816.828,40 78.587.143,50 650.376.360,00 1.080.549.330,30 -3.411.269,70 653.787.629,70 60%

2030 1.320.604.100,00 1.133.490.200,00 190.166.990,40 173.659.439,15 82.178.039,50 680.094.120,00 1.126.098.589,05 -7.391.610,95 687.485.730,95 61%

2031 1.366.575.700,00 1.186.888.800,00 196.786.900,80 179.704.704,55 86.049.438,00 712.133.280,00 1.174.674.323,35 -12.214.476,65 724.347.756,65 61%

2032 1.414.142.200,00 1.240.257.200,00 203.636.476,80 185.959.699,30 89.918.647,00 744.154.320,00 1.223.669.143,10 -16.588.056,90 760.742.376,90 61%

2033 1.463.359.600,00 1.296.170.100,00 210.723.782,40 192.431.787,40 93.972.332,25 777.702.060,00 1.274.829.962,05 -21.340.137,95 799.042.197,95 62%

2034 1.514.285.600,00 1.368.321.800,00 218.057.126,40 199.128.556,40 99.203.330,50 820.993.080,00 1.337.382.093,30 -30.939.706,70 851.932.786,70 62%

2035 1.566.980.000,00 1.443.626.400,00 225.645.120,00 206.057.870,00 104.662.914,00 866.175.840,00 1.402.541.744,00 -41.084.656,00 907.260.496,00 63%

314

2036 1.621.504.700,00 1.522.686.500,00 233.496.676,80 213.227.868,05 110.394.771,25 913.611.900,00 1.470.731.216,10 -51.955.283,90 965.567.183,90 63%

2037 1.677.923.700,00 1.600.431.900,00 241.621.012,80 220.646.966,55 116.031.312,75 960.259.140,00 1.538.558.432,10 -61.873.467,90 1.022.132.607,90 64%

2038 1.736.303.500,00 1.693.082.100,00 250.027.704,00 228.323.910,25 122.748.452,25 1.015.849.260,00 1.616.949.326,50 -76.132.773,50 1.091.982.033,50 64%

2039 1.796.712.500,00 1.766.229.900,00 258.726.600,00 236.267.693,75 128.051.667,75 1.059.737.940,00 1.682.783.901,50 -83.445.998,50 1.143.183.938,50 65%

2040 1.859.221.800,00 1.845.775.700,00 267.727.939,20 244.487.666,70 133.818.738,25 1.107.465.420,00 1.753.499.764,15 -92.275.935,85 1.199.741.355,85 65%

2041 1.923.905.000,00 1.939.684.100,00 277.042.320,00 252.993.507,50 140.627.097,25 1.163.810.460,00 1.834.473.384,75 -105.210.715,25 1.269.021.175,25 65%

2042 1.990.838.000,00 2.036.831.800,00 286.680.672,00 261.795.197,00 147.670.305,50 1.222.099.080,00 1.918.245.254,50 -118.586.545,50 1.340.685.625,50 66%

2043 2.060.099.800,00 2.134.865.700,00 296.654.371,20 270.903.123,70 154.777.763,25 1.280.919.420,00 2.003.254.678,15 -131.611.021,85 1.412.530.441,85 66%

2044 2.131.771.700,00 2.235.151.500,00 306.975.124,80 280.327.978,55 162.048.483,75 1.341.090.900,00 2.090.442.487,10 -144.709.012,90 1.485.799.912,90 66%

2045 2.205.938.100,00 2.344.831.500,00 317.655.086,40 290.080.860,15 170.000.283,75 1.406.898.900,00 2.184.635.130,30 -160.196.369,70 1.567.095.269,70 67%

2046 2.282.686.300,00 2.458.697.300,00 328.706.827,20 300.173.248,45 178.255.554,25 1.475.218.380,00 2.282.354.009,90 -176.343.290,10 1.651.561.670,10 67%

2047 2.362.106.700,00 2.576.886.500,00 340.143.364,80 310.617.031,05 186.824.271,25 1.546.131.900,00 2.383.716.567,10 -193.169.932,90 1.739.301.832,90 67%

2048 2.444.292.900,00 2.696.427.000,00 351.978.177,60 321.424.516,35 195.490.957,50 1.617.856.200,00 2.486.749.851,45 -209.677.148,55 1.827.533.348,55 68%

2049 2.529.341.500,00 2.821.674.700,00 364.225.176,00 332.608.407,25 204.571.415,75 1.693.004.820,00 2.594.409.819,00 -227.264.881,00 1.920.269.701,00 68%

2050 2.617.352.900,00 2.950.214.900,00 376.898.817,60 344.181.906,35 213.890.580,25 1.770.128.940,00 2.705.100.244,20 -245.114.655,80 2.015.243.595,80 68%

Notas:





Se ha considerado el aporte de los pensionistas militares, así como el incremento de las cotizaciones individuales.

315

Anexo 8. Simulación del sistema de pensiones militares con una estructura de Prima Media General en las

condiciones actuales.

AÑO MASA IMPONIBLE

(A) MASA PENSIONAL

(B)

CARTERA DE COTIZACIONES FONDO DE

RESERVAS 6,3 % (I)

SALDO FINANCIERO

(J)=G-B+I

APORTE DEL ESTADO

K=F+J

APORTE ESTATAL

APORTE PERSONAL

(C)=A*12,4 %

APORTE PATRONAL

(D)=A*13,15 %



%

TOTAL DE APORTES

(G)=C+D+E+F

2000 60.483.371,00 41.712.706,00 6.224.767,60 6.601.870,77 3.024.171,15 29.183.349,84 24.539.714,72 29.183.349,84 70%

2001 87.790.851,00 62.661.830,00 9.072.796,71 9.622.436,56 4.542.856,82 43.869.811,74 33.918.056,73 43.869.811,74 70%

2002 102.619.247,00 76.641.225,00 10.775.280,28 11.428.058,44 5.556.488,81 49.635.029,50 40.722.857,13 49.635.029,50 65%

2003 108.562.937,00 84.990.135,00 11.195.922,48 11.874.183,60 6.161.784,76 52.748.060,00 58.634.309,04 52.748.060,00 62%

2004 112.008.585,00 88.937.626,00 11.570.156,25 12.271.088,85 6.447.977,90 53.337.224,00 61.864.105,25 53.337.224,00 60%

2005 123.930.386,00 98.365.673,00 12.785.998,54 13.560.588,20 7.131.511,24 59.083.515,74 68.103.059,17 59.083.515,74 60%

2006 222.092.386,00 115.978.027,00 26.665.152,59 28.280.556,43 8.408.406,94 69.562.411,76 95.241.071,50 69.562.411,76 60%

2007 325.476.716,00 154.881.837,00 38.826.699,37 41.178.862,90 6.046.348,63 77.701.798,84 119.530.017,41 77.701.798,84 50%

2008 417.944.031,00 219.319.186,00 52.460.759,52 55.638.889,20 117.979.247,79 142.289.293,38 117.979.247,79 54%

2009 546.919.663,00 298.930.997,00 62.305.574,97 66.080.114,23 179.358.598,22 158.398.538,11 179.358.598,22 60%

2010 559.771.771,00 341.523.613,00 72.732.951,23 77.139.192,24 204.914.167,78 414.149.636,82 204.914.167,78 60%

2011 614.147.765,00 402.706.081,00 77.713.019,85 82.420.958,82 241.623.648,40 429.875.989,11 241.623.648,40 60%

2012 658.217.635,00 446.293.969,00 83.519.103,96 88.578.781,81 267.776.381,12 495.453.805,97 267.776.381,12 60%

2013 678.460.311,00 464.450.434,00 85.739.081,38 90.933.247,86 279.123.958,35 581.953.503,40 279.123.958,35 60%

2014 755.063.500,00 471.472.600,00 85.048.500,00 90.192.500,00 282.883.560,00 458.124.560,00 622.946.258,36 609.598.218,36 282.883.560,00 60%

2015 789.737.900,00 506.846.100,00 97.927.499,60 103.850.533,85 304.107.660,00 505.885.693,45 647.042.499,57 304.107.660,00 60%

2016 817.339.100,00 535.533.700,00 101.350.048,40 107.480.091,65 321.320.220,00 530.150.360,05 682.422.837,09 321.320.220,00 60%

2017 845.892.400,00 566.366.900,00 104.890.657,60 111.234.850,60 339.820.140,00 555.945.648,20 714.994.224,03 339.820.140,00 60%

2018 875.431.000,00 601.843.300,00 108.553.444,00 115.119.176,50 361.105.980,00 584.778.600,50 742.974.160,65 361.105.980,00 60%

2019 905.989.500,00 640.451.000,00 112.342.698,00 119.137.619,25 384.270.600,00 615.750.917,25 765.081.450,02 384.270.600,00 60%

2020 937.603.600,00 676.575.700,00 116.262.846,40 123.294.873,40 405.945.420,00 645.503.139,80 782.209.021,17 405.945.420,00 60%

2021 970.310.100,00 714.007.400,00 120.318.452,40 127.595.778,15 428.404.440,00 676.318.670,55 793.799.460,05 428.404.440,00 60%

2022 1.004.147.300,00 755.722.300,00 124.514.265,20 132.045.369,95 453.433.380,00 709.993.015,15 798.079.541,18 453.433.380,00 60%

2023 1.039.154.900,00 798.437.300,00 128.855.207,60 136.648.869,35 479.062.380,00 744.566.456,95 794.487.709,23 479.062.380,00 60%

2024 1.075.373.700,00 843.347.100,00 133.346.338,80 141.411.641,55 506.008.260,00 780.766.240,35 781.959.575,26 506.008.260,00 60%

2025 1.112.846.200,00 887.471.000,00 137.992.928,80 146.339.275,30 532.482.600,00 816.814.804,10 760.566.832,60 532.482.600,00 60%

2026 1.151.616.200,00 933.842.200,00 142.800.408,80 151.437.530,30 560.305.320,00 854.543.259,10 729.183.602,15 560.305.320,00 60%

2027 1.191.729.200,00 980.787.700,00 147.774.420,80 156.712.389,80 588.472.620,00 892.959.430,60 687.293.899,69 588.472.620,00 60%

2028 1.233.232.100,00 1.031.299.000,00 152.920.780,40 162.170.021,15 618.779.400,00 933.870.201,55 633.164.616,92 618.779.400,00 60%

2029 1.276.173.600,00 1.083.960.600,00 158.245.526,40 167.816.828,40 650.376.360,00 976.438.714,80 565.532.102,59 650.376.360,00 60%

2030 1.320.604.100,00 1.133.490.200,00 163.754.908,40 173.659.439,15 680.094.120,00 1.017.508.467,55 485.178.892,60 680.094.120,00 60%

2031 1.366.575.700,00 1.186.888.800,00 169.455.386,80 179.704.704,55 712.133.280,00 1.061.293.371,35 390.149.734,18 712.133.280,00 60%

2032 1.414.142.200,00 1.240.257.200,00 175.353.632,80 185.959.699,30 744.154.320,00 1.105.467.652,10 279.939.619,54 744.154.320,00 60%

2033 1.463.359.600,00 1.296.170.100,00 181.456.590,40 192.431.787,40 777.702.060,00 1.151.590.437,80 152.996.153,37 777.702.060,00 60%

2034 1.514.285.600,00 1.368.321.800,00 187.771.414,40 199.128.556,40 820.993.080,00 1.207.893.050,80 2.206.161,83 820.993.080,00 60%

2035 1.566.980.000,00 1.443.626.400,00 194.305.520,00 206.057.870,00 866.175.840,00 1.266.539.230,00 -174.742.019,97 1.040.917.859,97 72%

316

2036 1.621.504.700,00 1.522.686.500,00 201.066.582,80 213.227.868,05 913.611.900,00 1.327.906.350,85 -194.780.149,15 1.108.392.049,15 73%

2037 1.677.923.700,00 1.600.431.900,00 208.062.538,80 220.646.966,55 960.259.140,00 1.388.968.645,35 -211.463.254,65 1.171.722.394,65 73%

2038 1.736.303.500,00 1.693.082.100,00 215.301.634,00 228.323.910,25 1.015.849.260,00 1.459.474.804,25 -233.607.295,75 1.249.456.555,75 74%

2039 1.796.712.500,00 1.766.229.900,00 222.792.350,00 236.267.693,75 1.059.737.940,00 1.518.797.983,75 -247.431.916,25 1.307.169.856,25 74%

2040 1.859.221.800,00 1.845.775.700,00 230.543.503,20 244.487.666,70 1.107.465.420,00 1.582.496.589,90 -263.279.110,10 1.370.744.530,10 74%

2041 1.923.905.000,00 1.939.684.100,00 238.564.220,00 252.993.507,50 1.163.810.460,00 1.655.368.187,50 -284.315.912,50 1.448.126.372,50 75%

2042 1.990.838.000,00 2.036.831.800,00 246.863.912,00 261.795.197,00 1.222.099.080,00 1.730.758.189,00 -306.073.611,00 1.528.172.691,00 75%

2043 2.060.099.800,00 2.134.865.700,00 255.452.375,20 270.903.123,70 1.280.919.420,00 1.807.274.918,90 -327.590.781,10 1.608.510.201,10 75%

2044 2.131.771.700,00 2.235.151.500,00 264.339.690,80 280.327.978,55 1.341.090.900,00 1.885.758.569,35 -349.392.930,65 1.690.483.830,65 76%

2045 2.205.938.100,00 2.344.831.500,00 273.536.324,40 290.080.860,15 1.406.898.900,00 1.970.516.084,55 -374.315.415,45 1.781.214.315,45 76%

2046 2.282.686.300,00 2.458.697.300,00 283.053.101,20 300.173.248,45 1.475.218.380,00 2.058.444.729,65 -400.252.570,35 1.875.470.950,35 76%

2047 2.362.106.700,00 2.576.886.500,00 292.901.230,80 310.617.031,05 1.546.131.900,00 2.149.650.161,85 -427.236.338,15 1.973.368.238,15 77%

2048 2.444.292.900,00 2.696.427.000,00 303.092.319,60 321.424.516,35 1.617.856.200,00 2.242.373.035,95 -454.053.964,05 2.071.910.164,05 77%

2049 2.529.341.500,00 2.821.674.700,00 313.638.346,00 332.608.407,25 1.693.004.820,00 2.339.251.573,25 -482.423.126,75 2.175.427.946,75 77%

2050 2.617.352.900,00 2.950.214.900,00 324.551.759,60 344.181.906,35 1.770.128.940,00 2.438.862.605,95 -511.352.294,05 2.281.481.234,05 77%

Notas:





La tasa de rendimiento del portafolio de inversiones, según las hipótesis financieras, es del 6,3%.

El saldo financiero es el resultado de los recursos del portafolio de inversiones menos el gasto en pensiones; conforme el gasto se va

incrementando se va disponiendo de los recursos del portafolio de inversiones.

La autosostenibilidad del sistema se determina en función de la capacidad que tiene el fondo de reservas para cubrir el déficit financiero

resultante del saldo financiero.

317

Anexo 9. Simulación del sistema de pensiones militares con una estructura de Prima Media General, con el

incremento de las cotizaciones individuales.

AÑO MASA IMPONIBLE

(A) MASA PENSIONAL

(B)

CARTERA DE COTIZACIONES FONDO DE RESERVAS

(I)

SALDO FINANCIERO

(J)=G-B+I

APORTE DEL ESTADO

K=F+J

APORTE ESTATAL

APORTE PERSONAL

(C)=A*14,4 %

APORTE PATRONAL

(D)=A*13,15 %



%

TOTAL DE APORTES

(G)=C+D+E+F

2000 60.483.371,00 41.712.706,00 6.224.767,60 6.601.870,77 3.024.171,15 29.183.349,84 24.539.714,72 29.183.349,84 70%

2001 87.790.851,00 62.661.830,00 9.072.796,71 9.622.436,56 4.542.856,82 43.869.811,74 33.918.056,73 43.869.811,74 70%

2002 102.619.247,00 76.641.225,00 10.775.280,28 11.428.058,44 5.556.488,81 49.635.029,50 40.722.857,13 49.635.029,50 65%

2003 108.562.937,00 84.990.135,00 11.195.922,48 11.874.183,60 6.161.784,76 52.748.060,00 58.634.309,04 52.748.060,00 62%

2004 112.008.585,00 88.937.626,00 11.570.156,25 12.271.088,85 6.447.977,90 53.337.224,00 61.864.105,25 53.337.224,00 60%

2005 123.930.386,00 98.365.673,00 12.785.998,54 13.560.588,20 7.131.511,24 59.083.515,74 68.103.059,17 59.083.515,74 60%

2006 222.092.386,00 115.978.027,00 26.665.152,59 28.280.556,43 8.408.406,94 69.562.411,76 95.241.071,50 69.562.411,76 60%

2007 325.476.716,00 154.881.837,00 38.826.699,37 41.178.862,90 6.046.348,63 77.701.798,84 119.530.017,41 77.701.798,84 50%

2008 417.944.031,00 219.319.186,00 52.460.759,52 55.638.889,20 117.979.247,79 142.289.293,38 117.979.247,79 54%

2009 546.919.663,00 298.930.997,00 62.305.574,97 66.080.114,23 179.358.598,22 158.398.538,11 179.358.598,22 60%

2010 559.771.771,00 341.523.613,00 72.732.951,23 77.139.192,24 204.914.167,78 414.149.636,82 204.914.167,78 60%

2011 614.147.765,00 402.706.081,00 77.713.019,85 82.420.958,82 241.623.648,40 429.875.989,11 241.623.648,40 60%

2012 658.217.635,00 446.293.969,00 83.519.103,96 88.578.781,81 267.776.381,12 495.453.805,97 267.776.381,12 60%

2013 678.460.311,00 464.450.434,00 85.739.081,38 90.933.247,86 279.123.958,35 581.953.503,40 279.123.958,35 60%

2014 755.063.500,00 471.472.600,00 85.048.500,00 90.192.500,00 282.883.560,00 458.124.560,00 622.946.258,36 609.598.218,36 282.883.560,00 60%

2015 789.737.900,00 506.846.100,00 113.722.257,60 103.850.533,85 304.107.660,00 521.680.451,45 662.837.257,57 304.107.660,00 60%

2016 817.339.100,00 535.533.700,00 117.696.830,40 107.480.091,65 321.320.220,00 546.497.142,05 715.559.446,85 321.320.220,00 60%

2017 845.892.400,00 566.366.900,00 121.808.505,60 111.234.850,60 339.820.140,00 572.863.496,20 767.136.288,20 339.820.140,00 60%

2018 875.431.000,00 601.843.300,00 126.062.064,00 115.119.176,50 361.105.980,00 602.287.220,50 815.909.794,86 361.105.980,00 60%

2019 905.989.500,00 640.451.000,00 130.462.488,00 119.137.619,25 384.270.600,00 633.870.707,25 860.731.819,18 384.270.600,00 60%

2020 937.603.600,00 676.575.700,00 135.014.918,40 123.294.873,40 405.945.420,00 664.255.211,80 902.637.435,59 405.945.420,00 60%

2021 970.310.100,00 714.007.400,00 139.724.654,40 127.595.778,15 428.404.440,00 695.724.872,55 941.221.066,58 428.404.440,00 60%

2022 1.004.147.300,00 755.722.300,00 144.597.211,20 132.045.369,95 453.433.380,00 730.075.961,15 974.871.654,93 453.433.380,00 60%

2023 1.039.154.900,00 798.437.300,00 149.638.305,60 136.648.869,35 479.062.380,00 765.349.554,95 1.003.200.824,14 479.062.380,00 60%

2024 1.075.373.700,00 843.347.100,00 154.853.812,80 141.411.641,55 506.008.260,00 802.273.714,35 1.025.329.090,41 506.008.260,00 60%

2025 1.112.846.200,00 887.471.000,00 160.249.852,80 146.339.275,30 532.482.600,00 839.071.728,10 1.041.525.551,20 532.482.600,00 60%

2026 1.151.616.200,00 933.842.200,00 165.832.732,80 151.437.530,30 560.305.320,00 877.575.583,10 1.050.875.044,03 560.305.320,00 60%

2027 1.191.729.200,00 980.787.700,00 171.609.004,80 156.712.389,80 588.472.620,00 916.794.014,60 1.053.086.486,40 588.472.620,00 60%

2028 1.233.232.100,00 1.031.299.000,00 177.585.422,40 162.170.021,15 618.779.400,00 958.534.843,55 1.046.666.778,60 618.779.400,00 60%

2029 1.276.173.600,00 1.083.960.600,00 183.768.998,40 167.816.828,40 650.376.360,00 1.001.962.186,80 1.030.608.372,45 650.376.360,00 60%

2030 1.320.604.100,00 1.133.490.200,00 190.166.990,40 173.659.439,15 680.094.120,00 1.043.920.549,55 1.005.967.049,46 680.094.120,00 60%

2031 1.366.575.700,00 1.186.888.800,00 196.786.900,80 179.704.704,55 712.133.280,00 1.088.624.885,35 971.079.058,93 712.133.280,00 60%

2032 1.414.142.200,00 1.240.257.200,00 203.636.476,80 185.959.699,30 744.154.320,00 1.133.750.496,10 925.750.335,74 744.154.320,00 60%

2033 1.463.359.600,00 1.296.170.100,00 210.723.782,40 192.431.787,40 777.702.060,00 1.180.857.629,80 868.760.136,69 777.702.060,00 60%

2034 1.514.285.600,00 1.368.321.800,00 218.057.126,40 199.128.556,40 820.993.080,00 1.238.178.762,80 793.348.988,11 820.993.080,00 60%

2035 1.566.980.000,00 1.443.626.400,00 225.645.120,00 206.057.870,00 866.175.840,00 1.297.878.830,00 697.582.404,36 866.175.840,00 60%

318

2036 1.621.504.700,00 1.522.686.500,00 233.496.676,80 213.227.868,05 913.611.900,00 1.360.336.444,85 579.180.040,68 913.611.900,00 60%

2037 1.677.923.700,00 1.600.431.900,00 241.621.012,80 220.646.966,55 960.259.140,00 1.422.527.119,35 437.763.602,59 960.259.140,00 60%

2038 1.736.303.500,00 1.693.082.100,00 250.027.704,00 228.323.910,25 1.015.849.260,00 1.494.200.874,25 266.461.483,81 1.015.849.260,00 60%

2039 1.796.712.500,00 1.766.229.900,00 258.726.600,00 236.267.693,75 1.059.737.940,00 1.554.732.233,75 71.750.891,04 1.059.737.940,00 60%

2040 1.859.221.800,00 1.845.775.700,00 267.727.939,20 244.487.666,70 1.107.465.420,00 1.619.681.025,90 -149.823.476,93 1.257.288.896,93 68%

2041 1.923.905.000,00 1.939.684.100,00 277.042.320,00 252.993.507,50 1.163.810.460,00 1.693.846.287,50 -245.837.812,50 1.409.648.272,50 73%

2042 1.990.838.000,00 2.036.831.800,00 286.680.672,00 261.795.197,00 1.222.099.080,00 1.770.574.949,00 -266.256.851,00 1.488.355.931,00 73%

2043 2.060.099.800,00 2.134.865.700,00 296.654.371,20 270.903.123,70 1.280.919.420,00 1.848.476.914,90 -286.388.785,10 1.567.308.205,10 73%

2044 2.131.771.700,00 2.235.151.500,00 306.975.124,80 280.327.978,55 1.341.090.900,00 1.928.394.003,35 -306.757.496,65 1.647.848.396,65 74%

2045 2.205.938.100,00 2.344.831.500,00 317.655.086,40 290.080.860,15 1.406.898.900,00 2.014.634.846,55 -330.196.653,45 1.737.095.553,45 74%

2046 2.282.686.300,00 2.458.697.300,00 328.706.827,20 300.173.248,45 1.475.218.380,00 2.104.098.455,65 -354.598.844,35 1.829.817.224,35 74%

2047 2.362.106.700,00 2.576.886.500,00 340.143.364,80 310.617.031,05 1.546.131.900,00 2.196.892.295,85 -379.994.204,15 1.926.126.104,15 75%

2048 2.444.292.900,00 2.696.427.000,00 351.978.177,60 321.424.516,35 1.617.856.200,00 2.291.258.893,95 -405.168.106,05 2.023.024.306,05 75%

2049 2.529.341.500,00 2.821.674.700,00 364.225.176,00 332.608.407,25 1.693.004.820,00 2.389.838.403,25 -431.836.296,75 2.124.841.116,75 75%

2050 2.617.352.900,00 2.950.214.900,00 376.898.817,60 344.181.906,35 1.770.128.940,00 2.491.209.663,95 -459.005.236,05 2.229.134.176,05 76%

Notas:






El saldo financiero es el resultado de los recursos del portafolio de inversiones menos el gasto en pensiones; conforme el gasto se va

incrementando se va disponiendo de los recursos del portafolio de inversiones.

La autosostenibilidad del sistema se determina en función de la capacidad que tiene el fondo de reservas para cubrir el déficit financiero

resultante del saldo financiero.

Se consideró un incremento del 2% en las cotizaciones individuales.

319

Anexo 10. Simulación del sistema de pensiones militares con una estructura de Prima Media General, con el aporte

del 7,25 de los pensionistas.

AÑO MASA IMPONIBLE

(A) MASA PENSIONAL

(B)

CARTERA DE COTIZACIONES FONDO DE RESERVAS

(I)

SALDO FINANCIERO

(J)=G-B+I

APORTE DEL ESTADO

K=F+J

APORTE ESTATAL

APORTE PERSONAL

(C)=A*12,4 %

APORTE PATRONAL

(D)=A*13,15 %



%

TOTAL DE APORTES

(G)=C+D+E+F

2000 60.483.371,00 41.712.706,00 6.224.767,60 6.601.870,77 3.024.171,15 29.183.349,84 24.539.714,72 29.183.349,84 70%

2001 87.790.851,00 62.661.830,00 9.072.796,71 9.622.436,56 4.542.856,82 43.869.811,74 33.918.056,73 43.869.811,74 70%

2002 102.619.247,00 76.641.225,00 10.775.280,28 11.428.058,44 5.556.488,81 49.635.029,50 40.722.857,13 49.635.029,50 65%

2003 108.562.937,00 84.990.135,00 11.195.922,48 11.874.183,60 6.161.784,76 52.748.060,00 58.634.309,04 52.748.060,00 62%

2004 112.008.585,00 88.937.626,00 11.570.156,25 12.271.088,85 6.447.977,90 53.337.224,00 61.864.105,25 53.337.224,00 60%

2005 123.930.386,00 98.365.673,00 12.785.998,54 13.560.588,20 7.131.511,24 59.083.515,74 68.103.059,17 59.083.515,74 60%

2006 222.092.386,00 115.978.027,00 26.665.152,59 28.280.556,43 8.408.406,94 69.562.411,76 95.241.071,50 69.562.411,76 60%

2007 325.476.716,00 154.881.837,00 38.826.699,37 41.178.862,90 6.046.348,63 77.701.798,84 119.530.017,41 77.701.798,84 50%

2008 417.944.031,00 219.319.186,00 52.460.759,52 55.638.889,20 117.979.247,79 142.289.293,38 117.979.247,79 54%

2009 546.919.663,00 298.930.997,00 62.305.574,97 66.080.114,23 179.358.598,22 158.398.538,11 179.358.598,22 60%

2010 559.771.771,00 341.523.613,00 72.732.951,23 77.139.192,24 204.914.167,78 414.149.636,82 204.914.167,78 60%

2011 614.147.765,00 402.706.081,00 77.713.019,85 82.420.958,82 241.623.648,40 429.875.989,11 241.623.648,40 60%

2012 658.217.635,00 446.293.969,00 83.519.103,96 88.578.781,81 267.776.381,12 495.453.805,97 267.776.381,12 60%

2013 678.460.311,00 464.450.434,00 85.739.081,38 90.933.247,86 279.123.958,35 581.953.503,40 279.123.958,35 60%

2014 755.063.500,00 471.472.600,00 85.048.500,00 90.192.500,00 282.883.560,00 458.124.560,00 622.946.258,36 609.598.218,36 282.883.560,00 60%

2015 789.737.900,00 506.846.100,00 97.927.499,60 103.850.533,85 36.746.342,25 304.107.660,00 542.632.035,70 662.191.872,64 683.788.841,82 304.107.660,00 60%

2016 817.339.100,00 535.533.700,00 101.350.048,40 107.480.091,65 38.826.193,25 321.320.220,00 568.976.553,30 741.950.410,27 760.310.392,16 321.320.220,00 60%

2017 845.892.400,00 566.366.900,00 104.890.657,60 111.234.850,60 41.061.600,25 339.820.140,00 597.007.248,45 824.243.039,17 838.850.295,31 339.820.140,00 60%

2018 875.431.000,00 601.843.300,00 108.553.444,00 115.119.176,50 43.633.639,25 361.105.980,00 628.412.239,75 908.741.041,04 918.266.803,67 361.105.980,00 60%

2019 905.989.500,00 640.451.000,00 112.342.698,00 119.137.619,25 46.432.697,50 384.270.600,00 662.183.614,75 994.234.509,58 997.850.227,05 384.270.600,00 60%

2020 937.603.600,00 676.575.700,00 116.262.846,40 123.294.873,40 49.051.738,25 405.945.420,00 694.554.878,05 1.079.973.053,16 1.078.693.969,40 405.945.420,00 60%

2021 970.310.100,00 714.007.400,00 120.318.452,40 127.595.778,15 51.765.536,50 428.404.440,00 728.084.207,05 1.167.123.221,78 1.160.728.496,52 428.404.440,00 60%

2022 1.004.147.300,00 755.722.300,00 124.514.265,20 132.045.369,95 54.789.866,75 453.433.380,00 764.782.881,90 1.255.615.630,65 1.242.914.973,70 453.433.380,00 60%

2023 1.039.154.900,00 798.437.300,00 128.855.207,60 136.648.869,35 57.886.704,25 479.062.380,00 802.453.161,20 1.344.350.813,94 1.325.234.478,25 479.062.380,00 60%

2024 1.075.373.700,00 843.347.100,00 133.346.338,80 141.411.641,55 61.142.664,75 506.008.260,00 841.908.905,10 1.433.313.775,67 1.407.286.055,48 506.008.260,00 60%

2025 1.112.846.200,00 887.471.000,00 137.992.928,80 146.339.275,30 64.341.647,50 532.482.600,00 881.156.451,60 1.522.083.742,36 1.489.630.528,57 532.482.600,00 60%

2026 1.151.616.200,00 933.842.200,00 142.800.408,80 151.437.530,30 67.703.559,50 560.305.320,00 922.246.818,60 1.611.262.653,18 1.571.881.870,47 560.305.320,00 60%

2027 1.191.729.200,00 980.787.700,00 147.774.420,80 156.712.389,80 71.107.108,25 588.472.620,00 964.066.538,85 1.700.446.309,90 1.654.189.267,16 588.472.620,00 60%

2028 1.233.232.100,00 1.031.299.000,00 152.920.780,40 162.170.021,15 74.769.177,50 618.779.400,00 1.008.639.379,05 1.789.799.833,12 1.735.743.570,04 618.779.400,00 60%

2029 1.276.173.600,00 1.083.960.600,00 158.245.526,40 167.816.828,40 78.587.143,50 650.376.360,00 1.055.025.858,30 1.878.470.045,54 1.816.160.673,26 650.376.360,00 60%

2030 1.320.604.100,00 1.133.490.200,00 163.754.908,40 173.659.439,15 82.178.039,50 680.094.120,00 1.099.686.507,05 1.966.056.027,98 1.896.775.102,72 680.094.120,00 60%

2031 1.366.575.700,00 1.186.888.800,00 169.455.386,80 179.704.704,55 86.049.438,00 712.133.280,00 1.147.342.809,35 2.053.984.232,14 1.976.725.943,54 712.133.280,00 60%

2032 1.414.142.200,00 1.240.257.200,00 175.353.632,80 185.959.699,30 89.918.647,00 744.154.320,00 1.195.386.299,10 2.141.347.850,70 2.056.388.777,09 744.154.320,00 60%

2033 1.463.359.600,00 1.296.170.100,00 181.456.590,40 192.431.787,40 93.972.332,25 777.702.060,00 1.245.562.770,05 2.228.554.997,64 2.135.333.940,09 777.702.060,00 60%

2034 1.514.285.600,00 1.368.321.800,00 187.771.414,40 199.128.556,40 99.203.330,50 820.993.080,00 1.307.096.381,30 2.315.158.370,75 2.208.634.559,62 820.993.080,00 60%

2035 1.566.980.000,00 1.443.626.400,00 194.305.520,00 206.057.870,00 104.662.914,00 866.175.840,00 1.371.202.144,00 2.395.930.728,03 2.275.354.280,87 866.175.840,00 60%

320

2036 1.621.504.700,00 1.522.686.500,00 201.066.582,80 213.227.868,05 110.394.771,25 913.611.900,00 1.438.301.122,10 2.469.887.379,77 2.334.316.222,67 913.611.900,00 60%

2037 1.677.923.700,00 1.600.431.900,00 208.062.538,80 220.646.966,55 116.031.312,75 960.259.140,00 1.504.999.958,10 2.535.788.627,99 2.385.946.202,80 960.259.140,00 60%

2038 1.736.303.500,00 1.693.082.100,00 215.301.634,00 228.323.910,25 122.748.452,25 1.015.849.260,00 1.582.223.256,50 2.594.099.157,31 2.425.401.970,07 1.015.849.260,00 60%

2039 1.796.712.500,00 1.766.229.900,00 222.792.350,00 236.267.693,75 128.051.667,75 1.059.737.940,00 1.646.849.651,50 2.639.684.453,58 2.458.822.045,69 1.059.737.940,00 60%

2040 1.859.221.800,00 1.845.775.700,00 230.543.503,20 244.487.666,70 133.818.738,25 1.107.465.420,00 1.716.315.328,15 2.679.083.370,00 2.484.267.462,72 1.107.465.420,00 60%

2041 1.923.905.000,00 1.939.684.100,00 238.564.220,00 252.993.507,50 140.627.097,25 1.163.810.460,00 1.795.995.284,75 2.710.249.247,04 2.497.087.497,62 1.163.810.460,00 60%

2042 1.990.838.000,00 2.036.831.800,00 246.863.912,00 261.795.197,00 147.670.305,50 1.222.099.080,00 1.878.428.494,50 2.728.253.738,99 2.496.000.704,47 1.222.099.080,00 60%

2043 2.060.099.800,00 2.134.865.700,00 255.452.375,20 270.903.123,70 154.777.763,25 1.280.919.420,00 1.962.052.682,15 2.731.751.010,80 2.480.435.731,00 1.280.919.420,00 60%

2044 2.131.771.700,00 2.235.151.500,00 264.339.690,80 280.327.978,55 162.048.483,75 1.341.090.900,00 2.047.807.053,10 2.720.151.086,51 2.449.358.735,15 1.341.090.900,00 60%

2045 2.205.938.100,00 2.344.831.500,00 273.536.324,40 290.080.860,15 170.000.283,75 1.406.898.900,00 2.140.516.368,30 2.692.373.457,90 2.399.353.203,77 1.406.898.900,00 60%

2046 2.282.686.300,00 2.458.697.300,00 283.053.101,20 300.173.248,45 178.255.554,25 1.475.218.380,00 2.236.700.283,90 2.644.806.000,75 2.328.515.439,50 1.475.218.380,00 60%

2047 2.362.106.700,00 2.576.886.500,00 292.901.230,80 310.617.031,05 186.824.271,25 1.546.131.900,00 2.336.474.433,10 2.575.445.950,68 2.234.799.845,29 1.546.131.900,00 60%

2048 2.444.292.900,00 2.696.427.000,00 303.092.319,60 321.424.516,35 195.490.957,50 1.617.856.200,00 2.437.863.993,45 2.482.141.018,46 2.117.029.229,00 1.617.856.200,00 60%

2049 2.529.341.500,00 2.821.674.700,00 313.638.346,00 332.608.407,25 204.571.415,75 1.693.004.820,00 2.543.822.989,00 2.363.663.426,66 1.972.550.359,42 1.693.004.820,00 60%

2050 2.617.352.900,00 2.950.214.900,00 324.551.759,60 344.181.906,35 213.890.580,25 1.770.128.940,00 2.652.753.186,20 2.217.217.853,75 1.799.359.318,27 1.770.128.940,00 60%

Notas:






Se incorpora el aporte de los pensionistas del 7,25% al sistema de pensiones.

En el 2042, el porcentaje de incremento de la masa pensional será superior a la del rendimiento de las reserva; en tal razón, el patrimonio

inicia su decrecimiento.

321

Anexo 11 Componentes del sistema de pensiones militares

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

00 02 04 06 08 10 12 14

COTZINDV

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

00 02 04 06 08 10 12 14

COTZPATRO

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

00 02 04 06 08 10 12 14

FONDORESS

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

00 02 04 06 08 10 12 14

GDEFENSA

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

00 02 04 06 08 10 12 14

GPENSIONES

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

00 02 04 06 08 10 12 14

INVERSIONES

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

00 02 04 06 08 10 12 14

inversiones

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

00 02 04 06 08 10 12 14

NPENSIOINISTAS

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

00 02 04 06 08 10 12 14

NPENSIONISTAS

150

200

250

300

350

400

450

00 02 04 06 08 10 12 14

OFICIALES

0

200

400

600

800

1,000

1,200

00 02 04 06 08 10 12 14

PENMEDIA

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

00 02 04 06 08 10 12 14

PIB

800

1,200

1,600

2,000

2,400

00 02 04 06 08 10 12 14

TOTALEJER

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

00 02 04 06 08 10 12 14

TOTCOMPCOTIZ

35,000

36,000

37,000

38,000

39,000

40,000

00 02 04 06 08 10 12 14

TOTEFECTIVOS

800

1,200

1,600

2,000

2,400

00 02 04 06 08 10 12 14

TTROPA

800

1,200

1,600

2,000

2,400

00 02 04 06 08 10 12 14

TROPA

323

Anexo 12 Correlaciones cruzadas mediante el coeficiente de correlación

de Pearson

N 95 % de confianza

99 % de confianza

n 95 % de confianza

99 % de confianza

3 1.00 1.00 15 0.51 0.64

4 0.95 0.99 16 0.50 0.61

5 0.88 0.96 17 0.48 0.61

6 0.81 0.92 18 0.47 0.59

7 0.75 0.87 19 0.46 0.58

8 0.71 0.83 20 0.44 0.56

9 0.67 0.80 22 0.42 0.54

10 0.63 0.76 24 0.40 0.52

11 0.60 0.73 26 0.39 0.50

12 0.58 0.71 28 0.37 0.48

13 0.53 0.68 30 0.36 0.46

14 0.53 0.66

Por su importancia, el coeficiente mínimo de correlación (r) para un 95%

de confianza con una muestra de 10, debe ser de al menos 0,63. Por lo tanto,

presentamos a continuación la matriz de correlaciones cruzadas de las

variables de nuestra muestra a un 95% de confianza.

325

Matriz de Correlaciones Cruzadas

Nota: Todas aquellas variables con un porcentaje superior al 53% tienen un nivel de correlación alto.

COTZINDV COTZPATRO FONDORESS GDEFENSA GPENSIONES INVERSIONES INVERSIONES01 NPENSIOINISTAS NPENSIONISTAS OFICIALES PENMEDIA PIB TOTALEJER TOTCOMPCOTIZ TOTEFECTIVOS TTROPA TROPA

COTZINDV 1

COTZPATRO 1 1

FONDORESS 0.96 0.96 1.00

GDEFENSA 0.98 0.98 0.93 1.00

GPENSIONES 0.98 0.98 0.99 0.96 1.00

INVERSIONES 0.73 0.73 0.81 0.68 0.79 1.00

INVERSIONES01 0.67 0.67 0.76 0.64 0.76 0.95 1.00

NPENSIOINISTAS 0.97 0.97 0.95 0.99 0.97 0.74 0.70 1.00

NPENSIONISTAS 0.97 0.97 0.95 0.99 0.97 0.74 0.70 1.00 1.00

OFICIALES 0.53 0.53 0.55 0.41 0.55 0.61 0.60 0.40 0.40 1.00

PENMEDIA 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.75 0.70 0.97 0.97 0.54 1.00

PIB 0.95 0.95 0.91 0.97 0.95 0.74 0.70 0.99 0.99 0.37 0.95 1.00

TOTALEJER 0.13 0.13 0.26 0.07 0.25 0.32 0.39 0.11 0.11 0.30 0.20 0.02 1.00

TOTCOMPCOTIZ 0.99 0.99 0.98 0.97 1.00 0.78 0.73 0.97 0.97 0.56 1.00 0.94 0.23 1.00

TOTEFECTIVOS 0.60 0.60 0.52 0.71 0.57 0.39 0.37 0.72 0.72 -0.10 0.58 0.79 -0.38 0.56 1.00

TTROPA 0.13 0.13 0.26 0.07 0.25 0.32 0.39 0.11 0.11 0.30 0.20 0.02 1.00 0.23 -0.38 1.00

TROPA 0.07 0.07 0.19 0.02 0.18 0.25 0.32 0.06 0.06 0.18 0.13 -0.03 0.99 0.16 -0.38 0.99 1

MATRIZ DE CORRELACIONES CRUZADAS

327

Anexo 13 Test de Análisis Estadístico del Modelo

Intervalos de confianza

Los grados de libertad de la estimación son (n-k) 14-1=13. Para esos

grados de libertad, los valores de la “t” de Student (tε∕2) para los distintos niveles

de significación son:

Al 99%, el valor de t0,01∕2=2,779

Al 95%, el valor de t0,05∕2=2,055

Al 90%, el valor de t0,3∕2=1,057

90% CI 95% CI 99% CI

Variable Coefficiente Low High Low High Low High

C 0.002434 0.001503 0.003366 0.001279 0.003589 0.000753 0.004115

Factor

demográfico -0.019234 -0.031276 -0.007192

-

0.034167 -0.004300 -0.040963 0.002495

Factor mercado

laboral 6.64E-07 2.24E-07 1.10E-06 1.19E-07 1.21E-06 -1.29E-07 1.46E-06

Elegibilidad -7.21E-08 -1.05E-07 -3.96E-08 -1.12E-07 -3.18E-08 -1.31E-07 -1.35E-08

Generosidad

del sistema 116.7863 100.7685 132.8042 96.92279 136.6499 87.88356 145.6891

Coeficiente de Determinación

Para la 𝑅2 se considera la Desviación Típica de la Variable Endógena

(0.000278) y la suma cuadrática residual (5.80E-09) de modo que:

993736.0)0.000278(

13

09-5.80E

112

ˆ2 y

U

y

y

S

S

S

SR

La 𝑅2corregida se obtiene mediante:

990604.010

13)0.9937361(1

1)1(1 22

kn

nRR

328

Elipse de Confianza

Prueba de multicolinealidad

Factores de Inflación de Varianza (VIF)

Coefficient Variance

Uncentered VIF

Centered VIF Variable

C 2.51E-07 12108.06 NA

Factor demográfico 4.19E-05 12384.54 394.6571

Factor mercado laboral 5.58E-14 11230.04 311.7552

Elegibilidad 3.05E-16 10421.66 140.1557

Generosidad del sistema 74.19834 24.16420 5.990534

Existe presencia de multicolinealidad aproximada.

-.03

-.02

-.01

.00

C(2

)

.0000000

.0000004

.0000008

.0000012

C(3

)

-1.2E-07

-1.0E-07

-8.0E-08

-6.0E-08

-4.0E-08

-2.0E-08

C(4

)

100

110

120

130

140

.001 .002 .003

C(1)

C(5

)

-.03 -.02 -.01 .00

C(2)

.0000000 .0000008

C(3)

-1.2E-07 -8.0E-08 -4.0E-08

C(4)

329

Normalidad de los Residuos del Modelo

Si el JB es menor 5.99 no se rechaza la hipótesis nula

Estadístico Jarque - Bera

Los residuos son normales.

Contrastes de detección de Heteroscedasticidad

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.636143 Prob. F(4,8) 0.6511

Obs*R-squared 3.137107 Prob. Chi-Square(4) 0.5351

Scaled explained SS 1.261757 Prob. Chi-Square(4) 0.8678

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey




Heteroskedasticity Test: Glejser




El modelo no presenta heteroscedasticidad.

0

1

2

3

4

5

6

-0.00004 -0.00002 0.00000 0.00002 0.00004

Series: Residuals

Sample 2000 2012

Observations 13

Mean -2.46e-19

Median -6.29e-07

Maximum 4.63e-05

Minimum -3.62e-05

Std. Dev. 2.20e-05

Skewness 0.341577

Kurtosis 3.124140

Jarque-Bera 0.261144

Probability 0.877593

330

Comportamiento autorregresivo del Modelo

El residuo de la estimación no indica un claro patrón de autocorrelación

positiva; pese a que la evolución de la endógena real y la estimada parece muy

similar, lo cierto es que el componente autorregresivo del error es muy difícil de

ver.

La nube de puntos se distribuye con claridad alejándose alrededor de

una hipotética recta de regresión con elevada pendiente lo que, lógicamente,

revela que no habría una relación entre cada error y el error estimado del

período previo.

Pruebas formales con Estadísticos

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:



El modelo no presenta autocorrelación.

Contrastes de Especificación y Estabilidad

Ramsey RESET Test

Value df Probability

t-statistic 1.545062 7 0.1662

F-statistic 2.387216 (1, 7) 0.1662

Likelihood ratio 3.814702 1 0.0508

-.00004

-.00002

.00000

.00002

.00004

.00006

.0000

.0002

.0004

.0006

.0008

.0010

.0012

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Residual Actual Fitted

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

-12,000 -4,000 0 4,000 8,000 12,000

RESID

ES

TA

BF

331

Notemos que la probabilidad asociada al F estadístico del test de

Ramsey RESET, es igual a 0.1662% (p>5% por lo no se rechaza la hipótesis

nula). Las variables regresoras cumplen con el objetivo de explicar bien el

modelo.

Estimaciones Recursivas

En ninguna de las estimaciones se presenta una evolución constante en

el tiempo (las figuras se alejan de mucho de la recta horizontal), con lo que no

habrá estabilidad estructural.

333

Estimaciones recursivas

-.004

-.002

.000

.002

.004

.006

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recursive C(1) Estimates

± 2 S.E.

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


± 2 S.E.

-.0000015

-.0000010

-.0000005

.0000000

.0000005

.0000010

.0000015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


± 2 S.E.

-2.0E-07

-1.0E-07

0.0E+00

1.0E-07

2.0E-07

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


± 2 S.E.

0

40

80

120

160

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


± 2 S.E.

334

Estimaciones CUSUM y CUSUM2

El modelo es estable.

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CUSUM 5% Significance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CUSUM of Squares 5% Significance

335

Anexo 14 Test de Análisis Estadístico del Modelo de Saldo Financiero

Tabla de Correlación

N 95 % de confianza

99 % de confianza

n 95 % de confianza

99 % de confianza

3 1.00 1.00 15 0.51 0.64

4 0.95 0.99 16 0.50 0.61

5 0.88 0.96 17 0.48 0.61

6 0.81 0.92 18 0.47 0.59

7 0.75 0.87 19 0.46 0.58

8 0.71 0.83 20 0.44 0.56

9 0.67 0.80 22 0.42 0.54

10 0.63 0.76 24 0.40 0.52

11 0.60 0.73 26 0.39 0.50

12 0.58 0.71 28 0.37 0.48

13 0.53 0.68 30 0.36 0.46

14 0.53 0.66

Por su importancia el coeficiente mínimo de correlación (r) para un 95%

de confianza con una muestra de 10, debe ser de al menos 0,63. En la matriz

de correlaciones cruzadas de las varíales de nuestra muestra a un 95% de

confianza.

Matriz de Correlaciones Cruzadas

Rt+1 TAU*W*N R(1+i) (-B*P)

Rt+1 1

TAU*W*N 0.486049544 1

R(1+i) 0.982698032 0.611975173 1

(-B*P) -0.517725069 -0.989220089 -0.62768164 1

Normalidad de los residuos del modelo de MCO

Regla de Decisión:

99.52

)2%;5( JB

336

Estadístico Jarque – Bera

Elaboración propia

El test nos indica que los residuos son normales.

Comportamiento autorregresivo del Modelo

Pese a que la evolución de la endógena real y la estimada parece muy

similar, el ajuste es bueno. La línea verde y roja son prácticamente las mismas;

los residuos en azul se comportan relativamente estables, excepto las

innovaciones que salen de los límites de confianza.

0

1

2

3

4

5

-9999975 -4999975 25.0000 5000025 1.0e+07

Series: Residuals

Sample 2000 2012

Observations 13

Mean 7.16e-09

Median 786273.3

Maximum 7932065.

Minimum -8587050.

Std. Dev. 5069640.

Skewness -0.172987

Kurtosis 1.873909



-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,0000

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Residual Actual Fitted

337

Contrastes de Detección de Heteroscedasticidad

Heteroskedasticity Test: White








Heteroskedasticity Test: Glejser





Contrastes de Auto-correlación

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:



El modelo no presenta autocorrelación.

Intervalos de confianza

Los grados de libertad de la estimación son (n-k) 14-1=13. Para esos

grados de libertad, los valores de la “t” de Student (tε∕2) para los distintos niveles

de significación son:

Al 99%, el valor de t0,01∕2=2,779

Al 95%, el valor de t0,05∕2=2,055

Al 90%, el valor de t0,3∕2=1,057

90% CI 95% CI 99% CI

Variable Coefficient Low High Low High Low High

C -3914119. -14269212 6440975. -16692846 8864608. -22272154 14443916

TAU*W*N -7.82E-09 -1.10E-08 -4.67E-09 -1.17E-08 -3.93E-09 -1.34E-08 -2.23E-09

ACUMULADO 2.37E-09 2.24E-09 2.50E-09 2.21E-09 2.53E-09 2.14E-09 2.60E-09

-(PENMEDIA*NPENSIONISTAS) -3.165713 -4.816356 -1.515070 -5.202693 -1.128733 -6.092056 -0.239369

338

Coeficientes de Determinación

Para la 𝑅2 se considera la Desviación Típica de la Variable Endógena

(68402097) y la suma cuadrática residual (3.08E+14) de modo que:

0.994507)68402097(

13

14+3.08E

112

ˆ2 y

U

y

y

S

S

S

SR

La 𝑅2corregida se obtiene mediante:

0.99267610

13)0.9945071(1

1)1(1 22

kn

nRR

Como podemos comprobar el ajuste global es bueno.

Elipse de Confianza

-1.0E-08

-8.0E-09

-6.0E-09

-4.0E-09

C(2

)

1.0E-09

2.0E-09

3.0E-09

4.0E-09

C(3

)

-5

-4

-3

-2

-1

-20,000,000 0 10,000,000

C(1)

C(4

)

-1.2E-08 -8.0E-09 -4.0E-09

C(2)

2.2E-09 2.4E-09

C(3)

339

Pruebas Gráficas de Estabilidad


Las líneas azules se mantienen dentro de las bandas de confianza. Si

saliese del modelo, este sería inestable como demuestra el grafico de

CUSUM2.

Prueba de multicolinealidad

Factores de Inflación de Varianza (VIF)

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C 3.19E+13 12.10542 NA

TAU*W*N 2.96E-18 81.90907 46.92252

ACUMULADO 4.94E-21 2.144626 1.660334

-(PENMEDIA*NPENSIOINISTAS) 0.810826 132.4448 48.43009

Existe presencia de multicolinealidad aproximada, ya que algunas de las

variables superan el valor de 10 esperado.


Test de Ramsey

Ramsey RESET Test

Value df Probability

t-statistic 0.468770 8 0.6517

F-statistic 0.219746 (1, 8) 0.6517


-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


340

La probabilidad asociada al F estadístico del test de Ramsey RESET es

igual a 0.6517% (p>5%, por lo no se rechaza la hipótesis nula). Las variables

regresoras cumplen con el objetivo de explicar bien el modelo.

Multicolinealidad mediante la U de THEIL

Pruebas Gráficas de Estabilidad


El modelo es estable.


Ramsey RESET Test

Value Df Probability

t-statistic 1.584241 10 0.1442

F-statistic 2.509820 (1, 10) 0.1442


Elaboración propia

Notemos que la probabilidad asociada al F estadístico del test de

Ramsey RESET es igual a 0.1442% (p>5%, por lo no se rechaza la hipótesis

El R2 del modelo Restringido no debe ser mayor al R2 del modelo sin restringir.

R2 del modelo sin restringir 0.994507 No hay multicolinealidad.

R2 del modelo Restringido 0.978688

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


341

nula). Las variables regresoras cumplen con el objetivo de explicar bien el

modelo.

Contrastes de Detección de Heteroscedasticidad






Normalidad de los Residuos del Modelo

Los residuos son normales.

0

1

2

3

4

5

6

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50

Series: Residuals

Sample 2000 2012

Observations 13

Mean 4.80e-16

Median -0.025915

Maximum 0.468501

Minimum -0.444786

Std. Dev. 0.242637

Skewness 0.165757

Kurtosis 2.724773



342

Eficiencia predictiva del Modelo

El coeficiente de desigualdad de Theil tiene como valor 0.063101 cercano a

cero, lo cual indica fiabilidad en la predicción del modelo.

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FONDORESSF ± 2 S.E.

Forecast: FONDORESSFActual: FONDORESSForecast sample: 1992 2014Adjusted sample: 2000 2012Included observations: 13Root Mean Squared Error 36088955Mean Absolute Error 28519598Mean Abs. Percent Error 18.65834Theil Inequality Coefficient 0.063101 Bias Proportion 0.001853 Variance Proportion 0.148279 Covariance Proportion 0.849868

343

Anexo 15 El Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM) clásico

o de tipo discreto

Se utilizó el método de Capital Asset Pricing Model (CAPM) para calcular

la estimación del futuro del fondo de reserva. Al utilizar esta metodología

pretendemos ajustar de forma correcta el valor de la variable dependiente

desconocida en su futuro para aproximarla a una función esperada.

El CAPM clásico se basa en la explicación de la prima de riesgo para los

activos financieros, permitiendo que el inversionista se relacione en el mercado

a través de sus agentes o bien de sus activos. Además, posee un componente

introducido por Markowitz (op.cit.), que instaura la disyuntiva de los agentes

económicos entre el riesgo y el retorno, estableciendo la relación directa entre

estas variables.

El punto de partida de la modelización del CAPM es la condición de

eficiencia, es decir, el diseño de un portafolio de activos con riesgo que otorgue

un rendimiento esperado minimizando el riesgo. Formalmente la condición se

puede resumir como sigue.

𝜇1 − 𝑟0

𝛽1=

𝜇2 − 𝑟0

𝛽2= ⋯ =

𝜇𝑛 − 𝑟0

𝛽𝑛= 𝜇𝑧 − 𝑟0

Para i = 1, 2,…. n

Donde

n: número de activos con riesgo

r0: retorno sobre un activo libre de riesgo

µi: es el retorno esperado sobre el activo

Por construcción,

𝛽𝑖 = 𝜎𝑖𝑍 𝜎𝑍2⁄

Siendo Z el portafolio eficiente, la ecuación indica que pequeños

cambios en la composición del portafolio, provocados por cambios en la

344

participación de un activo i, afectan en igual proporción a todos los otros activos

del portafolio.

Entonces, si la ecuación no se cumple, es posible obtener un mayor

retorno del portafolio sin que esto implique un aumento del riesgo. Bajo esta

condición de eficiencia se puede encontrar el equilibrio de mercado con el

modelo CAPM, como se muestra a continuación.

Sea el valor de la posición sobre el activo i dada por la siguiente

expresión:

𝑧𝑖𝐵𝑗

Para todo j = 1, 2,…m

Donde,

Bj: valor total del portafolio del inversionista102j

Zi: la ponderación103 destinada al activo i

Bajo una condición de equilibrio de mercado, el valor del activo i está

dada por:

𝑝𝑖𝑋𝑖 = ∑ 𝑧𝑖𝐵𝑗 =

𝑚

𝑗=1

𝑧𝑖 ∑ 𝐵𝑗

𝑚

𝑗=1

= 𝑧𝑖𝐵

Para todo i = 1, 2,…n

De la anterior expresión de obtiene 𝑍𝑖 =𝑝𝑖𝑋𝑖

𝐵≡ 𝑚𝑖 , para i = 1, 2,…n. Esta

expresión implica que el equilibrio de mercado se da cuando los precios de los

activos se ajustan de manera tal que zi iguala a la ponderación del activo i en el

portafolio 𝑝𝑖𝑋𝑖/𝐵.

102

El subíndice j se excluye de z debido a que, bajo el supuesto de expectativas homogéneas, la matriz de varianzas y covarianzas es igual para todos los inversionistas. Entonces, la ponderación sobre el activo i también será idéntica. 103

Según la condición ∑ 𝑧𝑖𝑛𝑖=1 = 1

345

El portafolio construido por el inversionista debe igualar al portafolio de

mercado respetando la condición de equilibrio. Por tanto, la elección de activos

de riesgo debe dar como resultado un portafolio eficiente que tenga

ponderaciones iguales a las del equilibrio. Para este efecto pueden emplearse

métodos de media-varianza.

Se identifica una relación de aversión al riesgo que poseen los agentes

económicos; por tanto se abre la posibilidad de negociar un activo a tasas libre

de riesgo. En este caso, cada portafolio difiere en la posición que se tiene

sobre este activo. Entonces, los portafolios óptimos se encuentran sobre la

Línea de Mercado de Capital o CML por su nombre en inglés104.

𝐶𝑀𝐿 ≡ 𝜇𝑧 = 𝑟0 +𝜎𝑧

𝜎𝑀(𝜇𝑀 − 𝑟0)

La expresión anterior corresponde al CML dado el retorno libre de

riesgo. Realizando operaciones entre las anteriores expresiones, se observa

que la igualdad se cumple:

𝜇𝑖 − 𝑟𝑜

𝛽𝑖= 𝜇𝑀 − 𝑟0 ≡ 𝜇𝑖 = 𝑟0 + 𝛽𝑖(𝜇𝑀 − 𝑟0)

Donde, 𝛽𝑖 = 𝜎𝑖𝑀 𝜎𝑀2⁄ . Para i = 1, 2,…n

La útil relación que representa la predicción principal del CAPM,

establece que el retorno esperado sobre un activo i es la función lineal de la

prima de riesgo (𝜇𝑀 − 𝑟0) cuya pendiente es igual a 𝛽𝑖. Entonces, el CAPM

posibilita la predicción del retorno esperado de un activo. Para simplificar este

análisis, de las ecuaciones antes presentadas, se deriva la Línea de Seguridad

de Mercado o SML105, en la cual para valores dados de 𝜇𝑀 − 𝑟0 es posible

encontrar y graficar la interrelación existente entre 𝜇𝑖y 𝛽𝑖, teniendo como

intercepto a 𝑟0.

104

Capital Market Line, este concepto emplea el cociente de Sharpe, que establece que todos los portafolios eficientes generan un mismo retorno sobre una unidad de riesgo. Formalmente debe cumplir la siguiente ecuación:

𝜇𝑧 − 𝑟0

𝜎𝑧

=𝜇𝑀 − 𝑟0

𝜎𝑀

Donde, Z es un portafolio eficiente y M es el portafolio de mercado. 105

Security Market Line.

346

Línea de Seguridad del Mercado (SML)

Fuente: Bailey (2005)

Se puede observar que para cualquier valor de 𝛽𝑖 la SML es capaz de

mostrar el retorno esperado para el activo i. Si esta condición se cumple,

entonces todos los activos deben estar sobre la SML; por tanto, existe equilibrio

en el mercado financiero.

Solo existen dos posibilidades de desequilibrio:

a) Si un activo está por encima de la SML, esta situación identificaría un

retorno observado mayor al predicho por el modelo CAPM. Por tanto, se

puede decir que el precio estaría subestimado. Entonces los

inversionistas deberían esperar a que el precio del activo se ajuste a la

alza en busca del equilibrio de mercado, por lo que la demanda por este

activo tendería a incrementarse.

b) Si un activo está por debajo de la SML, su precio estaría sobreestimado,

el caso opuesto al anterior, por lo que el mercado, en aras de corregir el

fallo, bajaría su precio hasta lograr el equilibrio y así la demanda por el

activo tendería a la baja.

347

Dado que las estimaciones del modelo CAPM consideran a 𝜇𝑖 y 𝜇𝑀

variables aleatorias, la anterior ecuación puede reescribirse como la que sigue,

donde 𝜀𝑖 es un término de pertubación estocástica.

𝑟𝑖 − 𝑟0 = 𝛼0 + 𝛽𝑖(𝑟𝑀 − 𝑟𝑜) + 𝜀𝑖

Para i = 1, 2,…n

Como sabemos.

∝𝑖 hace referencia a la rentabilidad normal del activo i-ésimo sobre el

benchmark, en nuestro caso las series de los mercados de USA.

𝑟𝑖,𝑡 es la rentabilidad continua del activo i en el periodo t en exceso sobre el

activo libre de riesgo.

𝑟𝑚,𝑡 es la rentabilidad continua en exceso del benchmark en el periodo t.

𝛽𝑖 es el riesgo sistemático del activo i.

𝜀𝑡 es el error de la ecuación.

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