N°1. 2014

[Boletín de Política Indígena] Primera Semana de Agosto, 2014

Camila Peralta García Socióloga. Encargada de Comunicaciones Programa Política Indígena, Fundación Felipe Herrera

Índice Contraloría respalda a Endesa por aplicación del Convenio 169 por hidroeléctrica Neltume ........... 4

Suprema aún no analiza fallo de CIDH por aplicación de Ley Antiterrorista a dirigentes mapuche .. 7

Ministro Gómez y fallo de la CIDH: En Chile la Ley Antiterrorista ha sido totalmente inútil ............ 12

Lonko Juan Pichún insta a Bachelet a pedir perdón por uso de Ley Antiterrorista .......................... 13

Comuneros mapuche terminan huelga de hambre tras 13 días y serán trasladados a Angol ......... 14

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de aplicación de la Ley

Antiterrorista ..................................................................................................................................... 15

Mapuches de Galvarino ocupan fundo, demandan restitución de tierras y fin a manipulación y

engaño de los Gobiernos................................................................................................................... 17

JUSTICIA CONDENA AL ESTADO A INDEMNIZAR A MENOR MAPUCHE DETENIDO POR PDI ............ 20

Patricia Troncoso: "La Corte Interamericana nos da la razón de que en la zona mapuche no hay

terrorismo" ........................................................................................................................................ 22

En conferencia de prensa en Temuco:Solicitan a Bachelet pedir perdón públicamente al Pueblo

Mapuche tras fallo de la CIDH ........................................................................................................... 24

Disculpas públicas de Bachelet ......................................................................................................... 25

Ministerio de Desarrollo Social inicia oficialmente primera etapa de consulta indígena ................ 27

Ordenan paralización de obras de central hidroeléctrica en Río Cautín .......................................... 29

Martín Correa: El Gobierno es “errático” en el tema mapuche ....................................................... 30

MINISTERIOS COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS ................... 34

SEA se blinda ante posible judicialización de consultas indígenas ................................................... 35

Bachelet encabezó Consejo de Ministros de Asuntos Indígenas ...................................................... 37

Inédito: CIDH falla a favor de los mapuches en Chile y el Estado debe resarcirlos económicamente

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Comunidades mapuche de La Araucanía anuncian movilizaciones por retraso en entrega de tierras

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Proceso de consulta para la creación de Ministerio Indígena en Chile comienza en septiembre .... 43

PEÑI JOSÉ HUENCHUNAO MARIÑAN UN CASO EMBLEMÁTICO DEL CRUEL USO DE LA LEY

ANTITERRORISTA ............................................................................................................................... 45

Represas impuestas por gobiernos chilenos en territorio Mapuche y la decisión de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos ............................................................................................ 48

Madre de hermanos Huenchullan fue víctima de secuestro frustrado ............................................ 50

Víctor Ancalaf: Justificamos la autodefensa, no el terrorismo ......................................................... 51

Héctor Llaitul: Presos mapuche no descartan nueva huelga de hambre ......................................... 53

OIT acoge petición de privados y encarga estudio regional para evaluar ajustes a aplicación del

Convenio 169..................................................................................................................................... 59

Comunidades Mapuche en resistencia exigen al traslado de Machi Celestino al C.E.T. de Vilcun ... 61

Contraloría respalda a Endesa por aplicación del Convenio 169 por

hidroeléctrica Neltume1 Comunidades mapuche solicitaron revisar el proceso de calificación ambiental del proyecto (de US$781 millones), acusando fallas en la consulta indígena. "No se advierte que (...) se haya infringido el Convenio", dijo Mendoza. Otro proceso se sigue en la Suprema. De manera inédita, la Contraloría se refirió a la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios, acuerdo que Chile suscribió en 2008 y que tiene en jaque la tramitación de una serie de proyectos mineros y energéticos. Uno de estos es la central hidroeléctrica Neltume de Endesa. El proyecto ingresó la tramitación ambiental por segunda oportunidad en 2010, siempre teniendo que enfrentar a comunidades mapuche detractoras de la iniciativa fundamentadas en el Convenio 169. Incluso, las comunidades mapuche de Lago Neltume y el Parlamento de Koz Koz de Panguipulli, presentaron una apelación ante la Corte Suprema en junio pasado, debido a la negativa de la Corte de Apelaciones de Valdivia de acoger un recurso de protección contra el Servicio de Evaluación Ambiental de Los Ríos, al que se le acusa de no respetar los estándares internacionales del convenio de la OIT, proceso que está en curso. En paralelo, las comunidades recurrieron a la Contraloría, solicitando que se realice una investigación con el fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Los Ríos por infringir, a su juicio, las normas en materia ambiental y el principio de probidad administrativa. Las comunidades denunciaron al contralor Ramiro Mendoza que se habría desarrollado una participación funcional y no sustantiva de las comunidades afectadas por el proyecto Neltume, lo que infringiría lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y otras normas que se menciona; se habrían ejercido presiones indebidas, hostigamientos reiterados, prácticas divisorias y descalificación permanente por parte del director regional (S) del SEA y su equipo técnico, desconociendo acuerdos de las comunidades y se habría faltado a la transparencia al impedir el registro audiovisual de las reuniones. No obstante, el contralor desestimó las denuncias. “Resulta forzoso anotar que de los antecedentes tenidos a la vista no se aprecia que las conductas denunciadas hayan tenido lugar, por lo que no es posible estimar que los funcionarios del servicio (SEA) recurrido han incurrido en alguna infracción al principio de probidad administrativa”, dijo Mendoza en un dictamen emitido hace unos días.

1Fuente: http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/08/11-47644-9-contraloria-respalda-a-endesa-por-aplicacion-del-convenio-169-por-hidroelectrica.shtml

Y añadió: “No se advierte que la modalidad de desarrollo de la consulta de que se trata haya infringido el Convenio169 de la OIT, toda vez que, por una parte, y tal como lo afirma el organismo recurrido, aquel no contiene procedimientos determinados para dicho efecto y, por otra, de la documentación acompañada no se aprecia que se haya impedido u obstaculizado una participación efectiva y útil de las comunidades afectadas con los pertinentes proyectos, ni que la Administración haya obrado de mala fe al implementar esa instancia de participación”. Proceso en la Suprema. La compañía ligada al grupo ENEL manifestó en el proceso que sigue la Corte Suprema que la comunidad indígena Inalafken se ha restado de participar en las distintas etapas de consulta “vulnerando la buena fe de este proceso”. Según Endesa, “la consulta indígena, actualmente en trámite, ha contemplado a lo menos cinco sesiones de encuentro entre la autoridad ambiental y seis comunidades”. Sin embargo, la agrupación demandante “hasta este momento se ha negado a participar”. Según la eléctrica, se invitó a la comunidad el pasado 15 de enero, a una cita clave para conocer las alternativas de descarga del lago Neltume, dando cuenta de los impactos y costos que cada una de ellas implicaría. “Llama la atención que una comunidad que ha sido renuente a participar en el proceso de consulta, y otra que se manifiesta escéptica a su respecto, puedan efectuar observaciones y alegaciones”, expresa un escrito enviado por la firma al máximo tribunal del país. La Tercera Sala de la Suprema pidió que se oficiara al SEA de la Región de los Ríos con el objeto que informe si la consulta indígena se ha adecuado a la normativa del nuevo reglamento del Convenio 169. En paralelo, el pasado 28 de julio, el intendente de Los Ríos, Egon Montecinos, extendió el proceso de consulta indígena en dos meses, por lo que debiera concluir a fines de septiembre próximo.

Ministerio de Desarrollo Social convocó a consulta a los nueve

Pueblos Indígenas2 El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) dio inicio formal al proceso de Consulta a los Pueblos Indígenas través de la publicación en un diario de circulación nacional, con el que se convoca a los y las representantes de las organizaciones indígenas a las primeras reuniones de este proceso, que consisten en la planificación del mismo. La convocatoria incluye a todas las comunidades y asociaciones constituidas bajo el marco de la Ley Indígena 19.253, correspondientes a los nueve pueblos reconocidos por esta normativa: Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Yagán y Kaweskar. En todas las regiones, desde Arica a Magallanes, se realizarán 58 encuentros en esta etapa del proceso. La primera de ellas, que es para planificar, se realizará durante septiembre, para lo que ya están definidas las localidades y fechas. En los próximos días se informará -a través de los medios de comunicación y web- la dirección exacta de estas reuniones que esperan contar con una amplia participación de los nueve pueblos del país. En cada región, el seremi de Desarrollo Social junto al intendente liderarán este proceso, con el apoyo técnico de la Conadi. La consultas tienen por objetivo dialogar sobre los principios generales de la norma legal que el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o los Consejos de Pueblos Indígenas. Toda la información estará disponible en el portal www.consultaindigena.gob.cl, en las oficinas regionales ministeriales de Desarrollo Social, en las oficinas de Conadi y en el fono 800-45-27-27.

2Fuente: http://noticias.terra.cl/nacional/ministerio-de-desarrollo-social-convoco-a-consulta-a-los-nueve-pueblos-indigenas,1299b16860e87410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

Suprema aún no analiza fallo de CIDH por aplicación de Ley

Antiterrorista a dirigentes mapuche3 La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que el pleno del máximo tribunal no ha analizado formalmente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado de Chile por violar el principio de legalidad y presunción de inocencia en los casos de los comuneros mapuches Pascual Pichún y Aniceto Norín, entre otros. La magistrada hizo presente que el fallo se conoció solo en las últimas horas. "Este es un fallo que recientemente salió de la Corte Interamericana, el tribunal pleno no ha tomado conocimiento formal de dicha sentencia, pero los fallos hay que cumplirlos. Hay que leerlos en profundidad, analizarlos y adoptar las medidas pertinentes para que se cumplan en Chile" , afirmó. Consultada si con anterioridad fallos de la Corte Suprema han sido anulados por sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ministra respondió que "mientras no se analicen los planteamientos y consideraciones que tuvo la Corte Interamericana, no se puede emitir un pronunciamiento al respecto. Tendrá que ser analizado por el pleno o por las instancias jurisdiccionales pertinentes para cumplir el fallo" . DIRECTORA DEL INDH: FALLO SEÑALA LA NECESIDAD DE ADECUAR LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA Violación al debido proceso, a la libertad de pensamiento y discriminación fueron algunas de las vulneraciones que constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Norín Catrimán y otros y que informó al Estado de Chile ayer, al hacer pública la sentencia en relación a este caso. "El fallo señala la necesidad de adecuar la legislación antiterrorista en relación a aspectos procesales como el uso de testigos protegidos y testigos con reserva, la necesidad de adecuar las prisiones preventivas que han sido usadas de manera abusiva en estos casos y que deben ir en la línea del principio de protección a la familia de manera de que quienes han sido objeto de su aplicación puedan ser visitados, y también revisar qué pasa con la proporcionalidad de la pena en relación a la interferencia de los ejercicios de derechos políticos de las personas condenadas, situaciones que el INDH ya anunció en sus informes anuales" , sostuvo la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries. Expresó además que "en 2010 hubo una reforma a Ley Antiterrorista que no está considerada en este fallo, por lo tanto hay aspectos a considerar y otros no, y por supuesto el legislador siempre

3Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/suprema-aun-no-analiza-fallo-de-cidh-por-aplicacion-de-ley-antiterrorista-a-dirigentes-mapuche/CPIngD!@sedS6B1LhNSASQoaKlabg/

tiene la obligación en Chile –independiente de lo que digan los tribunales internacionales-, de actualizar las leyes y hacerlas totalmente acordes a los principios de derechos humanos" . Fries agregó también que "Chile está absolutamente obligado a acatar el fallo pues el Estado concurrió voluntariamente allí al ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la competencia de la Corte IDH, por lo que aceptó que lo que diga la Corte es obligatorio" , expresó. Las ocho víctimas de este caso fueron condenadas entre 2003 y 2004 como autores de delitos calificados de terroristas por la Ley Antiterrorista. En la sentencia, la CIDH concluyó que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 1º de la Ley Antiterrorista (modificado en 2010), que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la conducta de carácter terrorista de la que no lo es. La Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley. El Tribunal concluyó, entre otros, que Chile violó el derecho de la defensa de interrogar testigos en los procesos penales contra Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, así como que violó el derecho de recurrir los fallos penales condenatorios de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia y Juan Ciriaco Millacheo Licán y Patricia Roxana Troncoso Robles. En cuanto al derecho a la libertad personal, la Corte consideró que las decisiones de adopción y mantenimiento de las medidas de prisión preventiva a que fueron sometidas las ocho víctimas de este caso no se ajustaron a los requisitos de la Convención Americana. El Tribunal también determinó que Chile incurrió en violaciones al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y a los derechos políticos, debido a que, en las circunstancias del presente caso, las penas accesorias que restringían esos derechos fueron impuestas de forma contraria al principio de proporcionalidad de las penas y constituyeron una grave afectación de esos derechos. Dicha afectación fue particularmente grave en el caso de los señores Ancalaf Llaupe, Norín Catrimán y Pichún Paillalao, por su condición de líderes y dirigentes tradicionales de sus comunidades. Asimismo, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho a la protección a la familia en perjuicio del señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe al haberlo recluido en un centro penitenciario muy alejado del domicilio de su familia y al denegarle en forma arbitraria las reiteradas solicitudes de que se le trasladara a un centro penitenciario más cercano.

Por último, el Tribunal ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación: Debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas de este caso. Brindar, de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; Realizar las publicaciones y radiodifusión de la Sentencia indicadas en la misma. Otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas en beneficio de los hijos de las ocho víctimas del presente caso que así lo soliciten. Regular con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida excepcional, sujeta a control judicial en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena, así como regular las correspondientes medidas de contrapeso. Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia, por concepto de indemnización de los daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos. Asimismo, la Corte ordenó al Estado reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente caso. El juicio que condenó a los dirigentes y activistas mapuche los lonkos Aniceto Norín Catrimán y Pascual Pichún Paillalao (quien falleció en 2013 producto de un paro cardiorespiratorio) fueron condenados en 2003 como autores del delito de amenaza de incendio terrorista y les impusieron la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Los comuneros Juan Ciriaco Millacheo Licán, y los comuneros Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Roxana Troncoso Robles fueron condenados en 2004 como autores del delito de incendio terrorista por el incendio de un fundo y les impusieron la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio. En tanto, el werken Ancalaf Llaupe fue condenado en 2004 como autor de conducta terrorista por la quema de un camión de una empresa privada y le impusieron la pena de cinco años y un día de presido mayor en su grado mínimo. En todos los casos se impusieron, además, penas accesorias de inhabilitación que restringían el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos.

SCHUBERT: "EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA REAFIRMA LO QUE HA SOSTENIDO LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA" Como "un respaldo que reafirma los criterios y argumentos jurídicos que ha sostenido la Defensoría Penal Pública sobre estos temas" evaluó el defensor nacional, Georgy Schubert, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ayer condenó al Estado chileno por violar el principio de legalidad y el principio a la presunción de inocencia de siete comuneros mapuche y una activista que defiende sus derechos. Para Schubert, el fallo genera una relevante jurisprudencia, que tendrá efectos directos sobre el sistema general de justicia en Chile, más allá del actual debate sobre la Ley Antiterrorista y sus instrumentos. "En puntos muy sustanciales, el fallo le da la razón a la Defensoría en los debates que hemos planteado permanentemente desde el inicio de la reforma procesal penal. Sobre todo respecto de la necesidad de fundamentación de las medidas cautelares -en particular sobre los estándares para la aplicación de la prisión preventiva al caso concreto-, sobre el uso de la Ley Antiterrorista en general y el uso restrictivo y fundado en cada caso de la institución de los testigos sin identidad, y sobre interpretación correcta que se debe dar al derecho al recurso, entre otros temas" , afirmó. El defensor nacional sostuvo también que el fallo de la Corte reitera la importancia del principio de legalidad y los problemas que mantiene la legislación antiterrorista en Chile –más allá de los cambios legislativos que ya se le han efectuado-, tema que es analizado actualmente por una comisión ad hoc de expertos, que preside el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla. "El fallo dice, por ejemplo, que el uso de testigos sin identidad tiene que ser excepcional y que debe analizarse la necesidad y proporcionalidad en cada caso específico. Esta interpretación no permite que este tipo de testigos constituyan una medida de aplicación general para cualquier proceso. También exige un fuente control judicial, para ver si en cada caso específico se requiere o no el uso de esta institución, y exige -además- medidas compensatorias para la defensa cuando finalmente estos testigos intervienen en el caso, de modo que éstos no pueden ser prueba determinante o única para fundar un fallo condenatorio, sin más antecedentes" , explicó. MEDIDAS DE REPARACIÓN En cuanto a las diversas medidas reparatorias que el Estado de Chile deberá ejecutar en favor de los denunciantes -incluyendo el pago de 50 mil dólares a cada uno de los ocho afectados-, Schubert explicó que la Corte fijó un plazo de seis meses para su cumplimiento, contexto en que reiteró el problema que implica la inexistencia en nuestra legislación de un "mecanismo o procedimiento claro" que sistematice el cumplimiento de estos fallos y la aplicación de medidas como éstas en Chile. "Esto va a obligar a una serie de coordinaciones, que no están muy claras, entre distintos ministerios y el Poder Ejecutivo. Por lo pronto, está claro que habrá que dictar una serie de actos

administrativos en relación a las condenas y los efectos que éstas tuvieron. El Poder Ejecutivo tendrá que ver la manera en que cumple con el pago de las indemnizaciones" , aseguró. TUMA: "NO SE PUEDE SEGUIR APLICANDO LA LEY ANTITERRORISTA" "Este fallo le dice a Chile que hay que cambiar la Ley Antiterrorista" , dijo el senador de la región de La Araucanía, Eugenio Tuma, al conocer la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete integrantes del pueblo mapuche y una activista. Tuma afirmó que "Chile no se puede exponer a un reproche internacional por vulnerar los derechos humanos, el respeto de éstos es un principio fundamental de la recuperación de la democracia y es inaceptable que los organismos del Estado se aparten" . "No se puede seguir aplicando la Ley Antiterrorista porque viola los derechos humanos, por lo que no comprendo que algunos pidan que se continúe utilizando sin modificarse y creo que lo que están diciendo los organismos internacionales justifica aún más la actitud del ministro del Interior y del Gobierno de revisar dicha Ley y modificarla porque fue hecha en Dictadura y no está vigente a los estándares de la democracia" , señaló el legislador de La Araucanía. FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE En tanto los familiares de los llamados Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, valoraron la resolución del CIDH, la que a su parecer "viene a remediar en parte las injusticias cometidas en contra de nuestras autoridades y hermanos y hermanas mapuche que fueron procesados y condenados a través de la Ley Antiterrorista" . "Dicha resolución viene a ratificar lo que hemos denunciado en múltiples ocasiones respecto de la Ley Antiterrorista, promulgada durante la Dictadura Pinochetista, la que ha sido aplicada durante la " democracia " exclusivamente en contra de dirigentes y militantes de la causa del Pueblo Nación Mapuche, lo cual es un evidente acto de discriminación y de persecución en contra del " enemigo interno", consigna la declaración. Asimismo sostienen que se validó uno de sus reclamos en cuanto a que "se establece claramente, en relación a la utilización de testigos con reserva de identidad, que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena" . Advierten en la declaración que "denunciamos que el Estado Chileno, a través de sus diferentes instituciones, ha continuado violando todos estos derechos, independiente de los gobiernos de turno, y que en caso particular de los PPM-CAM (caso Elgueta y Jorquera) se suman otras violaciones a las garantías judiciales y derechos humanos" .

Ministro Gómez y fallo de la CIDH: En Chile la Ley Antiterrorista ha

sido totalmente inútil4 El jefe de Justicia se refirió esta mañana al dictamen internacional, enfatizando que se acatará la resolución que ordena indemnizar y reparar a las ocho personas del pueblo mapuche condenadas de manera ilegal. El ministro de Justicia José Antonio Gómez se refirió esta mañana a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que responsabilizó al Estado chileno de violar los principios de legalidad y presunción de inocencia de ocho personas del pueblo mapuche condenadas bajo la Ley Antiterrorista- enfatizando que el Gobierno acatará la orden del tribunal internacional una vez recibidos todos los antecedentes del caso. En la instancia, el secretario de estado cuestionó la Ley 18.314 que está vigente, enfatizando que "en Chile la Ley Antiterrorista ha sito totalmente inútil desde el punto de vista de lo que se perseguía con ella", agregando que es por esa razón que su cartera trabaja en reformar dicha legislación con parámetros utilizados a nivel internacional. "Aplicar la Ley Antiterrorista a veces no es la solución del problema", reafirmó, destacando que por ello un equipo de especialistas estudia una ley que permita sanciones a actos con ánimo terrorista. Sobre la etapa de reparación, Gómez explicó que el proceso y los términos serán discutidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, reiterando que se cumplirán todos los puntos contemplados en la resolución de la corte internacional. El ministro, sin embargo, evitó referirse a las decisiones de los tribunales adoptadas respecto a en relación a los comuneros, argumentando que "las decisiones se toman en un contexto y en un tiempo". "Hoy, con la distancia, uno podrá tener opinión y no es correcto que después de tanto tiempo diga si fue un error o no", concluyó.

4Fuente: http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/30/672473/ministro-de-justicia-dice-que-acataran-fallo-de-la-corte-idh.html

Lonko Juan Pichún insta a Bachelet a pedir perdón por uso de Ley

Antiterrorista5 Como algo “histórico para el pueblo mapuche” calificó el lonko de la comunidad de Temulemu, Juan Pichún, el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que anula las condenas por ley antiterrorista en contra de ocho comuneros mapuche. “Estamos en un tiempo histórico para nuestra comunidad y el pueblo mapuche”, dijo el lonko, cuyo padre, Pascual Pichún (fallecido en 2013) fue uno de los encarcelados durante ese proceso. “Mi padre esperó durante toda su vida explicaciones por parte del Estado“, agrega Juan. Según publica La Segunda, el joven lonko demandó que la Presidenta Michelle Bachelet pida perdón a los condenados y a las comunidades que han sufrido a causa de sus reivindicaciones territoriales. “Solicitamos y le pedimos a ella (Bachelet), que públicamente le pida perdón a la familia, a la comunidad y también al pueblo mapuche por los errores que ha cometido por haber encarcelado a los lonkos, encarcelado a nuestros peñis y lamiénes que han sufrido la represión de la Ley Antiterrorista”, manifestó Pichún. Junto al lonko, también valoraron el fallo de la Corte IDH los demandantes Jaime y Juan Marileo Sarvia; José Huenchunao Mariñán y Juan Ciriaco Millacheo Licán.

5Fuente: El Dínamo http://www.eldinamo.cl/2014/07/31/lonko-juan-pichun-insta-a-bachelet-a-pedir-perdon-por-uso-de-ley-antiterrorista/

Comuneros mapuche terminan huelga de hambre tras 13 días y serán

trasladados a Angol6 Después de 13 días finalizó la huelga de hambre de 2 comuneros mapuche al interior de la Cárcel de Temuco. Gendarmería se comprometió nuevamente de trasladarlos de penal, esta vez al Centro de Estudio y Trabajo de Angol. Cristian Levinao Melinao y Luis Marileo Cariqueo, habían retomado una primera huelga de hambre que se extendió durante 39 días, luego que el Gobierno no cumpliera su compromiso de trasladarlos al Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, debido al rechazo que manifestaron las autoridades comunales. Finalmente el nuevo acuerdo alcanzado este jueves con el Gobierno, les permitió que sean trasladados a la Cárcel de Victoria junto a Leonardo Quijón y a más tardar el 13 de septiembre, serán llevados hasta el Centro de Estudio y Trabajo de Angol. Así lo detalló uno de sus voceros, Fredy Marileo. Participó de la firma del acuerdo, el Director Nacional de Gendarmería, Juan Letelier, quien indicó que antes que se concrete el traslado de los tres comuneros mapuche al Centro de Estudio y Trabajo de Angol, éste será sometido a trabajos en su infraestructura. Leonardo Quijón, Cristian Levinao Melinao y Luis Marileo Cariqueo, están condenados a 10 años de cárcel por los delitos de robo con homicidio y homicidio frustrado.

6Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/07/31/comuneros-mapuche-terminan-huelga-de-hambre-tras-13-dias-y-seran-trasladados-a-angol.shtml

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el

caso de aplicación de la Ley Antiterrorista7 Esta semana fue notificada la sentencia de la Corte IDH que dispuso que el Estado de Chile debe dejar sin efecto en todas sus partes las sentencias penales dictadas por los tribunales chilenos entre los años 2003 y 2004 que condenaron a dirigentes y comuneros mapuches, más una activista, utilizando la legislación antiterrorista. El fallo internacional deja claro que para poder condenar por terrorismo los tribunales chilenos incurrieron en contravenciones tan graves como que se utilizó como fundamento para dictar las sentencias la condición étnica de los acusados, se violó un principio básico para el derecho penal como es la presunción de inocencia (suponiendo el carácter terrorista por el solo hecho de haberse utilizado ciertos medios), como también que se violó el debido proceso al obstaculizar la interrogación a testigos de cargo y la revisión efectiva de las condenas por un tribunal superior. Asimismo, se dispuso en estos casos de largas prisiones preventivas sin que existieran elementos que permitieran suponer la participación de los inculpados al momento de disponer las medidas cautelares. Por último, que la afectación a la libertad de expresión que conllevan las condenas, y la privación de la ciudadanía, son sanciones que resultan desproporcionadas y no se justifican en un régimen democrático, más todavía tratándose, en algunos de los casos, de dirigentes y autoridades indígenas. El contenido del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la confirmación de lo que se ha venido diciendo reiteradamente por organismo internacionales y por observadores comprometidos con los derechos de las personas. El Estado de Chile al reprimir los hechos de violencia ocurridos en el sur del país ha incurrido en graves violaciones a derechos que el mismo país se ha comprometido a respetar, proteger y garantizar. Es decir, en este caso, como en otros, el mismo Estado ha violado el Estado de Derecho. Lamentablemente este no es un hecho aislado. Junto con reconocer una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas, el Estado chileno en reiteradas ocasiones abandona su deber de protección y deja entregada a quienes tienen más poder la definición de las condiciones de vida de los mapuches y otros pueblos indígenas. Y, es más, rompe sus deberes más primordiales y utiliza su propio aparato policial y judicial en contra de sus habitantes. Nadie afirma, ni menos la Corte Interamericana, que no se puedan utilizar las leyes y los procesos penales para reprimir los delitos, pero deben utilizarse bajo los parámetros que entrega la ley. De otro modo el Estado pierde su legitimidad y deja de ser tal para devenir en simple opresión. Las causas más profundas de los hechos de violencia deben ser decididamente abordadas. Muchos estamos persuadidos de que nada de esto va a cambiar y, es más, se seguirá agravando si no se desarrolla un proceso para implementar las obligaciones que el mismo Estado se ha comprometido a cumplir. Para nombrar sólo algunos de estos compromisos, recordemos los 7Fuente: http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/08/02/la-sentencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-en-el-caso-de-aplicacion-de-la-ley-antiterrorista/

siguientes: protección de los territorios indígenas, mecanismo eficaz de restitución de tierras, participación política, consulta de medidas susceptibles de afectarles a fin de alcanzar el consentimiento, autonomía en sus asuntos internos, etc. Esto exige mucho. Mucho para una estructura estatal centralizada y fundada en la idea de nación única. Mucho para pueblos y comunidades indígenas muchas veces desavenidas. Pero no hay otra salida. O nos ponemos de acuerdo, reconociéndonos como distintos pero con igual dignidad y derechos, o empecemos desde ya a construir muros, enormes muros para no vernos, no olernos, no tocarnos. Aunque sabemos, todos lo sabemos, que siempre y en cualquier momento puede aparecer algo o alguien que nos salte a la cara.

Mapuches de Galvarino ocupan fundo, demandan restitución de

tierras y fin a manipulación y engaño de los Gobiernos8 Según la Coordinación de Comunidades Mapuche en Reivindicación Territorial de la Comuna de Galvarino, el fundo que ocuparon este jueves “seria adquirido a una comunidad de la comuna de Padres Las Casas, lo que vendría a ser considerado una provocación y muy mala decisión del Estado”, lo que además podría generar conflictos internos, y representa una pésima gestión de los funcionarios de Conadi. Galvarino, 01 de agosto de 2014. (Mapuexpress.org)– Las comunidades Mapuche de la comuna de Galvarino, al norte de Temuco, iniciaron un proceso coordinado de recuperación del territorio ancestral ocuparon este jueves el Fundo Nilpe, de 1300 hectareas, el que en una pésima gestión estaba siendo negociado por funcionarios estatales para ser entregado a comunidades de otras comunas. “Hemos analizado nuestra condición de pobreza y de la larga lucha que llevan comunidades mapuche de la comuna, donde podemos decir que hay comunidades con más de 16 años de procesos de lucha y trámites ante la Conadi, donde autoridades tradicionales ya han fallecido sin poder lograr la restitución de las tierras ancestrales demandadas”, afirma una declaración pública. Según la Coordinación de Comunidades Mapuche en Reivindicación Territorial de la Comuna de Galvarino, el fundo en cuestión “seria adquirido a una comunidad de la comuna de Padres Las Casas, lo que vendría a ser considerado una provocación y muy mala decisión del Estado”. Las comunidades indígenas movilizadas agregan que de todas formas “apoyan todas las demandas de las comunidades mapuche del Wallmapu”. Frente a esto exigen “al Estado Chileno, proceda a comprar dicho predio para las comunidades mapuche de Galvarino en el corto plazo, y que están en proceso de compra, que han cumplido con los procesos administrativos y tienen por más de 16 años su demanda instalada en la CONADI, con aplicabilidad positiva y todavía sin solución”. Agregan que “fuimos engañados por un supuesto dialogo con el Ex -Ministro José Antonio Viera Gallo, donde se firmaron acuerdos de compras que solo fueron una vez más; puras mentiras. Que nos hemos encontrado en la discriminación, en la falta de oportunidades a nuestra gente a nuestros niños y jóvenes; nos hemos encontrado también en la manipulación y el engaño que cada cierto tiempo en época de elecciones (parlamentarias y presidenciales) donde debemos soportar a toda la clase política chilena prometiendo la solución a nuestros problemas, cuando finalmente no se ha asumido la responsabilidad política del Estado que permita generar la reparación y restitución de nuestro territorio”.*****FIN***** ESTA ES LA CARTA DE LOS MAPUCHE DE GALVARINO 8 Fuente: http://mapuexpress.org/docs/mapuche-galvarino.html

Coordinación de Comunidades Mapuche en Reivindicación Territorial de la Comuna de Galvarino. Galvarino, 01 de agosto de 2014. Al Estado de Chile, representado hoy por la Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet Jeria; A la sociedad chilena local, regional y nacional, a los colonos, particulares y empresas forestales que hoy ocupan y usurpan nuestro territorio ancestral; A las autoridades y funcionarios de las distintas reparticiones del Estado en esta comuna, la región y a nivel nacional; A nuestro pueblo, a nuestras comunidades, a nuestros niños que son el presente y futuro de nuestro pueblo mapuche; les decimos: Que nos hemos reunido, hemos conversado, hemos reflexionado de manera colectiva sobre la base de nuestra condición de miembros de un pueblo, del Pueblo Mapuche y hemos decidido fortalecer la demanda colectiva de las comunidades mapuche de la comuna de Galvarino planteada comunalmente desde septiembre de 2009 al Estado Chileno, que hasta la fecha; no se ha restituido a ninguna comunidad las tierras demandadas por estas. Que hemos analizado nuestra condición de pobreza y de la larga lucha que llevan comunidades mapuche de la comuna, donde podemos decir que hay comunidades con más de 16 años de procesos de lucha y trámites ante la Conadi, donde autoridades tradicionales ya han fallecido sin poder lograr la restitución de las tierras ancestrales demandadas, que fuimos engañados por un supuesto dialogo con el Ex -Ministro José Antonio Viera Gallo , donde se firmaron acuerdos de compras que solo fueron una vez más; puras mentiras. Que nos hemos encontrado en la discriminación, en la falta de oportunidades a nuestra gente a nuestros niños y jóvenes; nos hemos encontrado también en la manipulación y el engaño que cada cierto tiempo en época de elecciones ( parlamentarias y presidenciales)donde debemos soportar a toda la clase política chilena prometiendo la solución a nuestros problemas, cuando finalmente no se ha asumido la responsabilidad política del Estado que permita generar la reparación y restitución de nuestro territorio. Que también, hemos analizado los alcances y efectividad de las actuales políticas de tierras impulsadas por el Gobierno, a través de la CONADI. Así y en este contexto, hemos acordado lo siguiente: El inicio de un proceso coordinado de recuperación de nuestro territorio ancestral en la comuna de Galvarino y sus alrededores, lo que debe significar la devolución de las tierras para las comunidades que componen esta Coordinación.

Exigir al estado chileno, una ley de expropiación de tierras para de una vez por todas se restituya y se repare el daño causado a las comunidades y al pueblo mapuche. Exigir al Estado Chileno, que las tierras y el territorio sea restituido a las comunidades demandantes de la comuna de Galvarino y no de otras comunas, debido a la alta demanda comunal, se respete los años de los proceso de estas, se repare a través de la compra efectivas de tierras a partir de los acuerdos sustraídos con el Ex -Ministro Viera Gallo en el corto plazo. Que en este contexto, en el día de hoy hemos hecho ocupación del Fundo Nilpe de 1300 has aproximadamente, que según informaciones extraoficiales seria adquirido a una comunidad de la comuna de Padres Las Casas, lo que vendría a ser considerado una provocación y muy mala decisión del estado, sin perjuicio que apoyamos todas las demandas de las comunidades mapuche del Wallmapu. Ante esta situación exigimos al Estado Chileno, proceda a comprar dicho predio para las comunidades mapuche de Galvarino en el corto plazo que están en proceso de compra, que han cumplido con los procesos administrativos y tienen por más de 16 años su demanda instalada en la CONADI, con aplicabilidad positiva y todavía sin solución. Para finalizar, hacemos un llamado a todas las comunidades mapuche de la comuna a levantarse y exigir sus derechos territoriales mediantes acciones coordinadas que permita la restitución territorial por más de 40.000 has y así expulsar a los usurpadores de la comuna, para autodefinir nuestro futuro colectivo. POR LA RECUPARACION DE NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL POR LA AUTONOMIA Y LIBREDETERMINACION DE LA NACION MAPUCHE MARICHIWEW!!! GALVARINO, 01 DE AGOSTO DE 2014. Unidad de comunicaciones Coordinación de Comunidades Mapuche en Reivindicación Territorial de la Comuna de Galvarino.

JUSTICIA CONDENA AL ESTADO A INDEMNIZAR A MENOR MAPUCHE

DETENIDO POR PDI9 El día 28 de julio el tercer tribunal civil de la ciudad de Temuco resolvió dar lugar a la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el comunero mapuche de la Comunidad de Temucuicui Juan Patricio Queipul Millanao en contra del Fisco de Chile y condenó a pagar la suma de 15 millones de pesos por concepto de daño moral. La causa ROL 6104-2012, patrocinada por los abogado/as del Centro de Investigación y Defensa Sur; Karina Riquelme Viveros, Carolina Contreras Rivera y Sebastián Saavedra Cea, fue interpuesta a raíz del secuestro y malos tratos de que fue objeto el comunero el día 4 de diciembre del año 2008, cuando tenía la edad de 14 años, fecha en que fue detenido en horas de la mañana por funcionarios de la Policía de Investigaciones y trasladado al cuartel policial de Traiguén, en donde se le mantuvo privado de libertad efectuándosele diligencias policiales durante todo el día y la noche sin dar aviso a su familia ni a su abogado/a. Fue dejado en libertad al día siguiente en el campo, descalzo, a varios kilómetros del lugar donde fue detenido, debiendo trasladarse a pie hasta su comunidad, donde fue encontrado por sus familiares en muy malas condiciones. Su familia ya había interpuesto un recurso de Amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco al momento de los hechos, pues un primo vió como era llevado en una camioneta sin tener información sobre su paradero. El tribunal resolvió que “ conforme se ha analizado en los fundamentos precedentes, se encuentra acreditado que los funcionarios policiales no cumplieron con las normas tanto legales como de rango constitucional que regulan el procedimiento policial efectuado respecto del actor, con infracción asimismo a aquellas que están destinadas a resguardar los derechos del adolescente” La abogada Contreras Rivera señaló que ” si bien nos mostramos conformes con este fallo de primera instancia, que viene a reparar en alguna medida el daño causado a Patricio, hacemos notar que ha quedado probado el comportamiento ilegal y discriminatorio que tuvo la Policía de Investigaciones de Victoria con un mapuche que a la época de los hechos era sólo un niño, confirmando de este modo el estado de vulnerabilidad frente al comportamiento del Estado en que se encuentran los/as niños/as y adolescentes mapuche de comunidades que reivindican derechos territoriales y políticos”. Cabe recordar que Juan Patricio Queipul formó parte de los adolescentes que durante los años 2009 a 2013 fueron acusados bajo la ley n° 18.314 sobre conductas terroristas, constituyendo uno de los episodios que mayor preocupación despertó en órganos de derechos humanos y de protección de los derechos del niño a nivel nacional como internacional, siendo finalmente absuelto de todos los cargos imputados. Por Centro de Investigación y defensa Sur.- 9Fuente: http://cidsur.cl/2014/08/justicia-condena-al-estado-a-indemnizar-a-menor-mapuche-detenido-por-pdi/

Patricia Troncoso: "La Corte Interamericana nos da la razón de que en

la zona mapuche no hay terrorismo"10 "La Chepa", ex líder de la CAM, analiza la sentencia internacional que ordenó dejar sin efecto su condena por caso Poluco Pidenco. “Nuestra lucha no se termina con esto”, advierte Patricia Troncoso Robles (45), con voz firme y casi desafiante, pero aclarando también que “al menos es un paso, un reconocimiento positivo”. La “Chepa”, como se la conoce, habla con ímpetu. Actualmente reside, junto a su pareja y su hija de cinco años, en el sector de Lleulleu, entre Tirúa y Cañete, Región del Biobío, en un pequeño campo, entre cultivos y animales. Y su reflexión se refiere al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete comuneros mapuches y una activista: ella. El tribunal argumentó que Chile había violado varios principios, como la presunción de inocencia, la no discriminación y la igualdad ante la ley, en juicios por hechos ocurridos en 2001 y 2002 en las regiones del Biobío y La Araucanía. Y, además, condenó al Estado a pagar indemnizaciones (cercanas a $ 27 millones) a cada uno de los afectados. “La verdad es que yo esperaba este fallo, porque nosotros siempre hemos tenido la certeza de que nuestra lucha es justa y correcta, por la recuperación de nuestro territorio. Pero lo más importante, es que el fallo de la Corte Interamericana nos da la razón en cuanto a que en la zona mapuche no hay terrorismo, y no es necesaria una ley que lo controle; eso debe quedar muy claro”, lanza Patricia, cercana a los ex líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y considerada entre sus fundadores. En 2004, ella fue condenada a 10 años de prisión, acusada de provocar un incendio, calificado como terrorista, en el predio Poluco Pidenco, propiedad de la Forestal Mininco. Pese a ser un fallo favorable, no se la escucha demasiado feliz. Es que lo nuestro ha sido un genocidio de siglos. De 10 millones de hectáreas, nuestro pueblo quedó reducido a poco más de 300 mil, en medio de mucha pobreza. Y el Estado nos sigue considerando parte de sus enemigos internos. ¿Cree que esta sentencia marcará un cambio? Se pide una modificación a la Ley Antiterrorista y en la utilización de los testigos protegidos, lo que me parece bien, ya es un comienzo, pero no sabemos ahora con qué más nos amarrarán. El tema de fondo persiste. 10Fuente: http://diario.latercera.com/2014/08/02/01/contenido/pais/31-169986-9-patricia-troncoso-la-corte-interamericana-nos-da-la-razon-de-que-en-la-zona.shtml

¿Qué espera o qué pide usted? Una solución de fondo, donde los mapuches tengan acceso a las tierras y sus recursos. Pedimos la derogación completa de la Ley Antiterrorista y el fin de los testigos protegidos, es decir, que esto no quede al arbitrio de la autoridad y de si ella quiere o no aplicarla. Pido que se libere a los presos políticos mapuches y a los territorios por parte de las empresas. Pido también revisar todas las causas donde muchos compañeros fueron buscados, investigados y acusados por la Ley Antiterrorista, lo que fue un abuso, aunque finalmente no los condenaran por ella. Sin embargo, el gobierno ya ha dicho que no invocará la Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche. Así espero, pero la ley sigue allí y la historia continúa repitiéndose. Hoy existe una práctica sistemática que en los tribunales vulnera los derechos humanos de todos los mapuches. La justicia tiene un sesgo racista que no se va a acabar con una sentencia internacional. En ese sentido, ¿le parece que el intendente Huenchumilla ha sido un aporte? Él tiene su tema, porque también es mapuche, pero debe definirse si es mapuche del pueblo o sólo de apellido, y si está de acuerdo en la implementación de todas nuestras demandas históricas. El intendente le pidió perdón al pueblo mapuche por lo que denominó “atropellos del Estado”… Sí, pero el perdón tiene que ver también con la reparación. Este pueblo ha sabido de palabras incumplidas. Las definiciones no son sólo en base a buenas intenciones. Además, Huenchumilla, por más que quiera hacer cosas, no tiene un peso real ni la capacidad de dar soluciones. El problema mapuche debe ser abordado en su integridad y no adecuándose a los intereses de las empresas. ¿Estaba al tanto de que usted también recibirá una indemnización? No, no lo sabía y nadie aún me ha notificado de nada. Ojalá que llegue algo, para ayudar a mi familia. Yo no tengo nombre mapuche, pero vivo aquí, he luchado aquí y en una de mis huelgas de hambre, en Chillán, cuando estuve cinco días en coma, se murió todo lo que tenía de huinca. Y sé que nos falta mucho. Pero no nos rendiremos.

En conferencia de prensa en Temuco:Solicitan a Bachelet pedir

perdón públicamente al Pueblo Mapuche tras fallo de la CIDH11 Comuneros mapuche afectados por la aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista y la violación a su derecho a un debido proceso valoraron la sentencia del tribunal internacional, y llaman al gobierno a cumplir con sus disposiciones, aunque advierten ello no garantiza que no se siga criminalizando la protesta social mapuche si no se aborda este conflicto como una prioridad de estado, como señala el histórico fallo. En conferencia de prensa realizada hoy en las oficinas del Observatorio Ciudadano en Temuco, los distintos denunciantes ante el sistema de derechos humanos de la OEA, que concluye con el reciente fallo que condena al estado chileno por la aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista a integrantes del pueblo mapuche, la violación a su derecho a un debido proceso, así como al derecho a la vida y la integridad física de miembros de este pueblo y sus comunidades, entregaron su parecer en torno a esta histórica resolución. Juan Pichun, lonko de Temulemu e hijo del lonko Pascual Pichun, condenado a 5 años y un día por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista y querellante en este caso, quien falleció el año pasado sin alcanzar a conocer esta resolución que reconoce la violatoria e injusta prisión de la que fue objeto, señaló que “estamos en un tiempo histórico para nuestra comunidad y el pueblo mapuche.Ahora el Estado ha sido condenado, y mi padre esperó toda su vida explicaciones por este hecho. Él fue el primero al que se condenó por incendio -a una propiedad de Agustín Figueroa- bajo esta cuestionada ley, y nunca supo por qué se le aplicó. Mi padre se pidió siempre explicaciones al estado, en particular al gobierno de Lagos. Hoy la Corte Interamericana le dio la razón y a los abogados que se dieron a la labor de defenderlo. Es por eso una alegría encontrada, pues hubiéramos querido que nuestro padre estuviera aquí”, sostuvo visiblemente afectado. Consultado respecto sobre qué esperan tras esta sentencia, dijo “que el gobierno de Bachelet cumpla cada uno de los puntos que la Corte le ha señalado y que se haga justicia con las familias y comunidades afectadas, que hemos sufrido el estereotipo de ser terrorista”. Agregando que “también Agustín Figueroa tiene que responder ante estos hechos, pues él nunca fue un bien vecino, y como mal vecino esperamos que responda por los daños causados. Nosotros nunca le hicimos daño alguno, al contrario, por lo que debe dejar el derecho que tiene sobre tierras de la comunidad y devolver las 2mil hectáreas del fundo Nancahue. El sabe que tiene usurpadas estas tierras y tiene que devolverlas”, aseguró. En la misma línea Flora Collonao Millanao, esposa del lonko ya fallecido, expreso estar por un lado “contentos y un poco con pena, porque el lonko debería estar acá. Él siempre decía, junto con mis hijos un día, cuando salga de acá, seguiremos luchando para que el estado pague por el daño que nos ha causado. Eso siempre decía él, cuando veníamos caminando a verlo junto con mi hija, porque nosotros fuimos condenados injustamente. Ojalá que el estado ponga ahora la mano y 11Fuente: http://www.elciudadano.cl/2014/08/01/110337/solicitan-a-bachelet-pedir-perdon-publicamente-al-pueblo-mapuche-tras-fallo-de-la-cidh/

devuelva todo el daño causado a la familia y que sigan acusando a la gente por terrorismo. El lonko siempre decía, acá no hay ningún terrorista. Ni él ni mi hijo, ni nadie de la familia. A nosotros por pelear por la tierra nos acusaron de terroristas”, concluyó.

Disculpas públicas de Bachelet Por su parte Rafael Pichun, werken de la comunidad, agregó que “nosotros hemos llevado años de lucha y vemos esto como un tema de pueblo, del pueblo mapuche que ha ganado el juicio en la CIDH, por eso exigimos al estado que libere a todos los presos, devuelva las tierras usurpadas, desmilitarice a las comunidades y deje de reprimir a nuestro pueblo. Nosotros lucharemos de ahora en adelante, nacional e internacionalmente, porque se cumpla este fallo. A nosotros el estado nos persiguió criminal y militarmente, ha reprimido a los peñi en lucha, han reprimido a nuestros amigos mapuche y no mapuche. Ahora lo único que pedimos es que el estado cumpla y que públicamente le pida perdón a la familia, a las comunidades y al pueblo mapuche por los atropellos que nos han causado, quien era ministra de defensa cuando se dieron los hechos, lo que conocía muy bien”, finalizó. Condena “política” a la resistencia mapuche José Huenchunao del territorio de Lleu-Lleu y condenado por incendio terrorista al fundo Poluko Pidenco, destacó que “esta resolución, de un tribunal internacional, significa que se plantea un cuestionamiento sobre todo al procedimiento y a la ley antiterrorista como forma de procesar a los mapuche, eso es lo más valorable para nosotros. Aquí hubo procedimientos que no fueron justos para los miembros que fueron condenados, utilizados para castigar a la resistencia mapuche, a la lucha de nuestro pueblo. Por eso nosotros estábamos pidiendo que la ley antiterrorista fuera derogada. Pues para nosotros no se buscaba con ella sancionar los hechos, sino una condena política”, aseguró. Desnudando a su vez a otras motivaciones tras esta persecución política: “Nosotros sabemos que en este país hay gente que lo único que quisiera es que los mapuche desapareciéramos, pues somos la piedra de tope para los proyectos neoliberales que quieren implementar en nuestros territorios”, sostuvo. Reparación e indemnizaciones En cuanto a las medidas de reparación ordenadas, Huenchunao aclaró que “aquí no hay un beneficio personal porque se nos vaya a indemnizar. No sé si tendrá mayor importancia, pero es lo que ordena la corte, y nosotros no hemos hecho una evaluación de cuánto sirve esto para la lucha del pueblo mapuche. No luchamos por nosotros, sino por nuestro pueblo”. Coincide con esto Jaime Marileo, de la comunidad José Quiñon en Ercilla, al plantear que “nunca he tenido acuerdo ni entendimiento con el estado, es lo que dice el fallo y el gobierno tiene un año de plazo para cumplirlo todo lo que se exige, y nosotros estaremos observando este proceso. No sabemos bien como es el procedimiento, pues es la primera vez que el estado es condenado por la persecución que ha hecho del pueblo mapuche y nadie del gobierno se ha comunicado hasta

ahora. Lo que a nosotros nos interesa es la solución política y no los beneficios personales”, apuntó. Mientras que Juan Pichun sostiene que en el caso de su familia “en que nuestro padre falleció hace más de un año, eso es difícil repararlo. El tiempo en la cárcel debilitó su cuerpo y terminó falleciendo, y no hay forma de reparar eso, ya es demasiado tarde. Nuestro padre siempre fue inocente, fue condenado por reivindicar los derechos territoriales de nuestro pueblo. Por eso nos pueden pedir mil disculpas, pero eso no nos resuelve esta tremenda pérdida, ni ninguna reparación económica”. Asunto de estado, reforma a la institucionalidad y autonomía Advirtieron finalmente que este fallo, aunque histórico, no asegura en si mismo medidas de no repetición. “Pues si bien hay una recomendación de la Corte, y es que no se aplique esta ley (antiterrorista) al pueblo mapuche, y es lo que esperamos, a nosotros ni a nadie. Pero nada nos garantiza que esta ley no sea aplicada nuevamente a nuestro pueblo, ya que hasta ahora es solo una decisión de este gobierno, de su programa, no de estado”, señaló Rafael Pichun. Algo que comparte José Huenchunao, al afirmar que “el que la Corte hoy condene al estado, no quiere decir que seamos intocables, ni tampoco que hechos similares no vuelvan a repetirse. Además nosotros vamos a seguir luchando por recuperar nuestras tierras. Este es un problema de estado, como se dijo en la sentencia y en esa línea se debe avanzar”. Agregando que “si no se aborda el tema de la autonomía, se van a seguir dando conflictos, pues la entrega de tierras parciales no resuelven el problema de fondo. Cuando el gobierno se atreva a hacer esto, se comenzará a resolver el conflicto. Algunos actores de gobierno quieren ayudar en esta línea, pero desde la institucionalidad, la misma institucionalidad que generó el conflicto. En la actualidad, no hay condiciones políticas ni viabilidad. Por eso más allá de las buenas intenciones, esta institucionalidad no está con la voluntad de resolver el problema. Antes hay que tener una reforma política profunda y a la institucionalidad, pues la existente solo tiene la intensión de reprimir al pueblo mapuche”, concluyó. Por Paulina Acevedo /Observatorio Ciudadano

Ministerio de Desarrollo Social inicia oficialmente primera etapa de

consulta indígena12 El pasado 24 de junio la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en medio de la celebración del día de los pueblos originarios, anunció la agenda de temas indígenas con un nuevo foco en la integración y nueva relación entre el Estado y los 9 pueblos originarios reconocidos legalmente. Dentro de esa política, se anunciaba la concreción de un proceso de consulta, exigido por el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile en 2008, para concretar tres de las promesas de campaña redactadas para los primeros cien días: la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo de los Pueblos Indígenas y la formación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Luego de esa decisión, el pasado 31 de julio se dio comienzo oficial al proceso de consulta para los dos primeros organismos. Así, por medio de la publicación de avisos en diarios de circulación nacional, partió la primera etapa. La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, tiene la responsabilidad de que esta consulta a nivel nacional resulte exitosa, para que pueda ser replicada en su metodología más adelante por otros ministerios que así lo requieran, como el de Cultura próximamente. La secretaria de Estado, en conversación con DF, explica los alcances de este proceso y apunta respecto al importante paso que se está dando reconociendo que es una deuda histórica que se tiene con los derechos de los pueblos originarios: “tenemos que empezar a convivir con una nueva forma de relación con los pueblos indígenas, en donde la gestión de lo público debe adecuarse a ella”, expresa. Villegas explica que uno de los puntos trascendentales en este proceso radica en el espíritu que plantea la buena fe, como dice el Convenio 169, pues asegura que este concepto es clave dentro del derecho internacional, para concretar el fondo de dicho convenio: llegar a acuerdos y que se respeten.

Las etapas Ya se inició el proceso de convocatoria, que se deberá hacer llegando a los lugares más recónditos donde habiten comunidades indígenas que, según los registrados en la ley 19.253, suman un total de 4.500. Luego, se iniciarán cerca de 58 reuniones, donde se acordarán los métodos para realizar el proceso de consulta. Mismo que debiera completarse en 20 días. Tras ello, viene el debate de contenidos, donde el gobierno pondrá en la mesa la idea, en este caso, de la creación de las dos instituciones. Posteriormente, el Estado se retira y se deja deliberar a cada pueblo de forma independiente. Finalmente, se establece un proceso de diálogo y acuerdos que deberían emanar en la redacción de los proyectos finales de ley. Todo este proceso podría ser fiscalizado por Naciones Unidas.

12Fuente: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/gobierno/ministerio-de-desarrollo-social-inicia-oficialmente-primera-etapa-de-consulta-indigena/2014-08-01/204840.html

Desafío La ministra Villegas sabe que esta tarea no será fácil, no sólo por la enorme logística en la que se deberá incurrir. Cree que como todo emprendimiento pueden surgir problemas, que deberán ser oportunamente detectados. Además, confiesa que a nuestra sociedad aún le falta madurez para enfrentar este tema: “Chile ha sido adelantado en muchas cosas, respecto a la madurez nos falta, va a hacer una tarea importante, pero tiene que gatillar en que todos nos pongamos en sintonía”,enfatiza. Y agrega que, también, este proceso de consulta, como otros que puedan venir, representa una señal de reglas claras, por ejemplo, para futuros inversores que valoran que no existan “sorpresas”, y que en temas de pueblos originarios se cumplan con todos los estándares internacionales. “Los organismos financieros internacionales tempranamente advirtieron sobre reconocer derechos y avanzar, el BID generó programas económicos para pueblos indígenas. Nosotros estamos bastante atrasados. A ningún país le ha causado ningún impacto en la economía o el desarrollo, al revés son países muy respetados”, finaliza.

Ordenan paralización de obras de central hidroeléctrica en Río

Cautín13 Las obras que se estaban realizando en Curacautín para la construcción de una hidroeléctrica fueron paralizadas por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió un recurso de no innovar interpuesta por las comunidades mapuche de la comuna. En dicha solicitud pedían el pronunciamiento de la justicia, luego de que una central hidroeléctrica ocupara sus terrenos, donde además existen bosques nativos que han sido talados. Las obras quedan inmediatamente paralizadas luego de la determinación de la Corte de Apelaciones, quedando a la espera de la resolución de fondo a la acción legal presentada por los mapuche del sector aledaño a donde se levanta la central hidroeléctrica de paso en el Río Cautín

13 Fuente: http://redaraucania.com/ordenan-paralizacion-de-obras-de-central-hidroelectrica-en-rio-cautin/

Martín Correa: El Gobierno es “errático” en el tema mapuche14 Una lluvia de críticas ha generado la propuesta de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural en La Araucanía. Entre ellas destacan las del diputado Hugo Gutiérrez (PC) quien señaló que es paradojal que la oposición y los grandes hacendados se presenten como “víctimas” cuando han formado parte del sistema de explotación y exterminio del pueblo mapuche y advirtió que “sería un pésimo precedente que el gobierno cediera ante esta demanda”. Por su parte, los parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI defienden a mano tendida la postura de los agricultores e interpelan al gobierno para exigir reparaciones. Ante este escenario, y producto de su cercanía con diversas comunidades y su trabajo en terreno conversamos de éste y otros temas relacionados con el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, con el historiador Martín Correa autor de los libros “La Reforma Agraria y las Tierras Mapuche” y “Las Razones del Illkun/Enojo”, éste último Premio Mejor Obra Literaria 2011 del Consejo Nacional del Libro y la Cultura. ¿Cómo observa usted el clima de tensión en La Araucanía, en particular las peticiones de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en la zona? Lo encuentro de la máxima gravedad. Se está planteando una suerte de “teoría del empate” entre los pobres colonos que llegaron a Chile y que no sabían que había mapuches y los pobres mapuche que fueron despojados de su territorio. Y aquí hay que remitirse a la historia, no hay que seguir negándola, que es lo que se está haciendo. Es una situación más que comprobada el que, cuando llegan los colonos, queman rucas, matan, persiguen, amplían sus dominios. Estoy hablando de situaciones que están documentadas en los juzgados, en el Parlamento de Koz Koz, en las memorias del Ministerio de Tierras y Colonización, entre otras instancias que forman parte de la historia mapuche, más no de la historia chilena. Cuando llegan los colonos a ellos se les entrega una cantidad de tierras mucho mayor que la que se les da a los mapuche, a quienes se les reconocen en dominio a través de los Títulos de Merced 200 o 300 hectáreas para 30 familias y al colono vecino y su familia cerca de tres mil hectáreas, y cómo no venían con bienes materiales, se les entrega además un una yunta bueyes, una vaca parida, tablas, clavos, salud, pasajes, sueldos y gran cantidad de tierras. A los mapuche en cambio se les reduce porque no tenían bienes materiales. Así, mientras a unos se les castiga y se les reduce, a otros se les premia y apoya. ¿Se podría tender a percibir que los parceleros o colonos son las víctimas por el efecto de la memoria reciente, dado los hechos que estamos recordando ocurrieron hace bastante más tiempo?

14Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/08/04/martin-correa-el-gobierno-es-erratico-en-el-tema-mapuche

Es que hay muy poca foto, muy pocos documentos y la mayoría escondidos, de lo que fue la quema de rucas, de lo que fue la Matanza de Forrahue, de lo que fue la Marcación Painemal, colonos marcando a mapuches como si fueran animales. Todo eso forma parte de la memoria mapuche, y ésta, a diferencia de la memoria chilena, no es de corta duración. Por ejemplo, hace poco tiempo se hablaban de los 40 años del Golpe de Estado, y mucha gente dijo que ya estaba bueno de preocuparse del pasado, cuando eso ocurrió hace muy poco. En el caso de las familias mapuche la memoria se transmite oralmente de abuelo a nieto y, desde la ocupación militar de La Araucanía hasta hoy día, desde 1880, 1870, hay tres generaciones de abuelos. En definitiva lo que les pasa hoy a los jóvenes mapuche les pasó a sus abuelos, y al abuelo de su abuelo, que son 100 años que, para un pueblo con memoria, como el pueblo mapuche, es ayer. ¿Cómo observa el nivel de la discusión que se está sosteniendo hoy sobre la entrega de tierras a las comunidades mapuche? De un tiempo a esta parte, se viene planteando que el problema territorial se solucionaría reconstituyendo los Títulos de Merced, cosa que no es verdad y que es irresponsable decir. Los Títulos de Merced ya son las tierras reduccionales, son fruto de la ocupación militar de La Araucanía, de la llegada de los colonos y de la adjudicación a éstos de las tierras mapuche. Por algo se llaman “reducciones”. Lo que está hoy en discusión para las comunidades y las organizaciones mapuche son las tierras antiguas y también las tierras que faltan en los títulos de Merced, fruto de las “corridas de cerco” y la ampliación hacia ellas de los fundos colindantes. Si se toma en cuenta las últimas tierras que compró el Estado, de Urban, de Seitz, para las familias de Temucuicui, no son los Títulos de Merced, son antiguas. Las que están en conflicto en Chiguaihue, son las tierras antiguas que fueron usurpadas y entregadas a los colonos y que dieron forma al ‘Fundo Chiguaihue’, donde fueron asesinados Álex Lemún y Jaime Mendoza Collío y que hoy son objeto de reivindicación por las comunidades de Chequenco, Wente Winkull Mapu y Ranquilco, entre otras, y forman parte de las tierras antiguas. Las tierras que entregó (Joaquín) Lavín en el Gobierno de Piñera con gran parafernalia mediática son el fundo Santa Rosa de Colpi, que era de Forestal Mininco y que también son tierras antiguas, en este caso de la comunidad de Temulemu. De hecho, las tierras de los fundos forestales, en su gran mayoría son tierras antiguas. Sin ir más lejos, todos los presos políticos mapuche que están hoy día encarcelados están luchando por la reivindicación de sus tierras antiguas, no por las tierras tituladas por el Estado a través de los Títulos de Merced, las tierras reduccionales. Por eso plantearse la fórmula reduccionista como una solución al conflicto mapuche es desconocer la demanda territorial mapuche en su completa amplitud. Es de una gravedad mayor desconocer una verdad que está además clara y profusamente documentada. En ese sentido, ¿cuál observa que podría ser la vía de solución?

Yo creo que tiene que haber voluntad política, y en ese sentido el camino de la expropiación se viene planteando hace un buen tiempo, y por requerirlo el interés nacional, como dice la Ley indígena. Yo creo que se debe tomar a fondo esta situación, sino no tiene sentido, por ejemplo, el artículo 20 B de la Ley indígena dictada por los gobiernos de la Concertación en 1993 y que habla precisamente de la adquisición de “tierras en conflicto”. Entonces, todo es contradictorio y enfrentar la situación en su real magnitud significa tomar en serio a las comunidades, tomar en serio al movimiento, tomar en serio la demanda territorial y no estar permanentemente actuando de acuerdo a “la peor herencia del gobierno de Aylwin que es actuar y presentar soluciones “en la medida de lo posible”. Entiendo entonces que evalúa como contradictora la forma en que el gobierno está enfrentando las principales demandas del pueblo mapuche. Creo que hay una actitud errática, y de eso ejemplos sobran. Mientras la demanda territorial hace referencia a las tierras antiguas y a la reconstrucción de los lof (territorios), desde el gobierno se responde con la reconstitución de las tierras reduccionales. Luego de la huelga de hambre de los comuneros mapuches de Chequenco se crea una mesa de dialogo con el fin de terminar con la huelga, el gobierno se compromete al traslado a un centro de reclusión agrícola, y cumplido el plazo comprometido, desde el gobierno se dice que el traslado no se puede realizar, que no existen las condiciones. Se plantea no aplicar la Ley Antiterrorista, y en los procesos judiciales en que se ven involucrados mapuches se siguen utilizando “testigos sin rostro”. A diferencia de aquello, creo que las demandas mapuches, sean éstas territoriales, de desarrollo o políticas, se deben tomar en su integridad y con seriedad, no con el afán de bajarles el perfil. ¿Y cuál es su mirada de la figura del Intendente Francisco Huenchumilla en este escenario? Mi experiencia en el trabajo con las comunidades, es que el Intendente Huenchumilla está diciendo una verdad que es conocida por todos, no está descubriendo nada nuevo. Su virtud es que ha hecho pública una situación que las comunidades vienen planteando hace tiempo, y que lo ha presentado como un problema del que el Estado se tiene que hacer cargo. Sin embargo, también hay algo que no se ha dicho y es que lo que hoy dice Huenchumilla es fruto de la lucha y del movimiento mapuche, es fruto de un trabajo que ha sido largo, muy doloroso, que tiene muertes, tiene persecución, que tiene una represión permanente y una fuerte militarización en el territorio mapuche, situaciones que se remontan a la ocupación militar de La Araucanía, a la llegada de los colonos y al proceso de reducción territorial, y que la situación actual no es sino continuidad de aquel proceso de despojo y usurpación. Usted elaboró la parte histórica de la demanda al Estado chileno por la violación de derechos de los dirigentes mapuche que hace pocos días falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿Cuál es su visión sobre la sentencia? La sentencia de la Corte vino a poner en su lugar una situación largamente denunciada por las organizaciones y comunidades mapuche, y que dice relación con el encarcelamiento y persecución

de un número importante de dirigentes en juicios en los cuales no se cumplió el debido proceso. Recuerdo el juicio de los lonkos Pichun y Norin, sin prueba contundente alguna y basada en testimonios de testigos sin rostro, en un procedimiento tan burdo que finalmente concluyó con la absoluta inocencia de los demandados y la posterior presión ejercida por el ex Ministro y Presidente del Tribunal Constitucional Juan Agustín Figueroa sobre la Corte Suprema, tribunal que anuló el juicio y ordeno la realización de un nuevo proceso, el cual “deberá conducir a una sentencia totalmente diferente”, señaló textualmente el máximo tribunal. Eso no es sino abierta intromisión y presión hacia los tribunales menores. Hoy la sentencia de la Corte revierte la situación y declara la ilegalidad del actuar descrito, sin embargo el Lonko Pascual Pichun falleció hace poco más de un año, fruto de una neumonía adquirida en la cárcel de Traiguén, en los 5 años que estuvo preso por este mismo juicio en el que no se respetó el debido proceso, lo que es absolutamente irreversible y de lo que no se hace cargo nadie.

MINISTERIOS COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTA A

PUEBLOS INDÍGENAS15 En reunión con la Presidenta Bachelet las carteras competentes abordaron el trabajo y los tiempos que tendrá el proceso ajustado a lo que exige el Convenio 169 de la OIT. Conforme a lo que dispone el calendario previamente fijado y que comenzó a regir el pasado 31 de julio, la Presidenta Michelle Bachelet encabezó este lunes Consejo de Ministros de Asuntos Indígenas ara abordar las fechas y tiempos de la consulta con que el Gobierno tomará el parecer de los pueblos originarios para aplicar diversas políticas en su beneficio. Según explicó la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, el objetivo de la cita que tuvo lugar en el comedor presidencial de La Moneda, fue coordinar cómo se realizará en la práctica la disposición que exige el Convenio 169 de la OIT en cuanto a la participación de las etnias en la definición de los programas, beneficios y otras leyes destinados a su desarrollo e integración. “La Presidenta hizo un llamado a trabajar coordinadamente en los temas de la agenda indígena, recordando que esta es una agenda que tiene un componente político, uno institucional y uno de desarrollo integral de los pueblos, y especial atención tuvo en esta reunión el tratamiento de la consulta ligado a coordinación de los tiempos de las consultas del ministerio de Desarrollo Social y de las del ministerio de Cultura”, indicó la secretaria de Estado en referencia a los primeros temas a abordar a contar del próximo 3 de septiembre en 58 jornadas en los asentamientos indígenas de todo el país. En la reunión participaron también los titulares de Interior, Rodrigo Peñailillo; de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón; de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Bienes Nacionales, Víctor Osorio; de la Mujer, Claudia Pascual; de Cultura, Claudia Barattini y el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier.

15 Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/ministerios-coordinan-implementacion-de-consulta-a-pueblos-indigenas/2014-08-04/195424.html

SEA se blinda ante posible judicialización de consultas indígenas16 Director ejecutivo del servicio, Jorge Troncoso, explica que el sistema de evaluación de impacto ambiental está sobre exigido. Una serie de medidas tendientes a tener un registro macizo de los procesos de consulta indígena que se están encarando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) está aplicando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A casi cinco meses de haber asumido, el director ejecutivo del organismo, Jorge Troncoso, explica que están en una etapa de aprendizaje en este tema y esto se está traduciendo en que cada vez logran procesos más exitosos. Una de las lecciones que han aprendido es que es necesario documentar mejor todas las gestiones que se hacen antes comunidades para realizar las consultas. Por ejemplo, en el caso del proyecto Neltume, incluso se lleva un registro detallado de los kilómetros que se recorren para llegar a las comunidades (que están en zonas rurales), así como las localidades se visitan, las actividades y reuniones que se han realizado, etc. Todo esto, con el objeto de tener un expediente lo más preciso posible que dé cuenta de los esfuerzos que el servicio hace para realizar las consultas, porque -explica Troncoso- cuando se judicializan estos procesos, los tribunales piden documentos y antecedentes concretos. El personero agrega que las consultas tienen el estándar del Convenio 169, donde la buena fe es algo central. De hecho, como los plazos de estos mecanismos generalmente no cuadran con los de la tramitación ambiental, no han tenido problema en tomarse el tiempo que sea necesario para realizarlas.Según destaca Troncoso, el SEA ha liderado los temas de participación ciudadana y, ahora, en consulta indígena, pese a las complejidades que implican y la inexperiencia que hay en el país respecto de estos asuntos.

Revisión y exigencia No obstante, según la visión del director del servicio, el SEIA está sobre exigido porque se le pide más lo que su diseño le permite. “Se le exige que resuelva problemas que no son de su naturaleza, como la planificación del territorio o conflictos sociales”, precisa. Agrega que ésta es la principal causa de los cuestionamientos que pesan sobre la institucionalidad. Con todo, señala que esta percepción comenzará a mejorar cuando comiencen a funcionar otras herramientas de gestión, como la Evaluación Ambiental Estratégica -que sirve para agregar el

16Fuente: https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/sea-se-blinda-ante-posible-judicializacion-de-consultas-indigenas/2014-08-04/213414.html

componente medioambiental a políticas públicas-, el ordenamiento territorial y nuevas normas ambientales. Estas tres herramientas, con procesos de participación ciudadana, ayudarán a canalizar mejor cuestionamientos a temas que no son responsabilidad del sistema para evaluar proyectos, como es la definición de una vocación para el territorio. Respecto a la revisión que se hará del SEIA el próximo año, Troncoso agrega que según su percepción, éste ha cumplido con su objetivo de incorporar la variable medioambiental en los proyectos. Por eso -dice- su foco está mejorar la gestión a nivel nacional y regional, que es lo que hace falta.

Bachelet encabezó Consejo de Ministros de Asuntos Indígenas17 La Presidenta Michelle Bachelet encabezó este lunes, en el Palacio de La Moneda, el primer Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas, en el marco del proceso de Consulta Indígena que está ejecutando el Ministerio de Desarrollo Social. En la reunión participaron la ministra de esa cartera, María Fernanda Villegas; de Interior, Rodrigo Peñailillo; de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón; de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Bienes Nacionales, Víctor Osorio; de la Mujer, Claudia Pascual; de Cultura, Claudia Barattini y el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier. La ministra Villegas destacó la importancia de este Consejo en el que se abordaron la agenda de desarrollo para los pueblos y especialmente el proceso de Consulta que se inició el jueves 31 de julio. Asimismo, recalcó que la Presidenta hizo un llamado a participar coordinadamente en los temas de la agenda indígena, recordando que la ella tiene un componente de político, uno institucional y otro de desarrollo integral de los pueblos. Especial atención tuvo el tratamiento de la Consulta a los Pueblos Indígenas que convoca a los nueve pueblos existentes en todo el territorio y las coordinaciones necesarias entre el Ministerio de Desarrollo y el Consejo Nacional de la Cultura de las Artes como instituciones responsables de los procesos. "Tenemos claridad de cómo abordarlos, se socializó el calendario, las etapas y el fortalecimiento de la una nueva relación con los pueblos indígenas y de dar cumplimiento a los estándares del 169" , sostuvo la ministra. La titular también recordó que el 3 se septiembre se inician las jornada en las distintas regiones, 58 reuniones a lo largo del país, "donde esperamos clarificar las características propias en los territorio que va tener esta consulta" . Respecto de la presencia del Canciller en el Consejo, la Ministra explicó que ello "implica la importancia que tiene también el cumplimiento de los estándares de normas internacionales y cómo esto repercute en nuestra imagen como país" . La Consulta Indígena a cargo del Ministerio de Desarrollo, tendrá 5 etapas que contemplan la Convocatoria (ya iniciada), Planificación, Entrega de Información, Deliberación Interna, Diálogo y Sistematización de los resultados y comunicación de éstos. Se estima que todo el proceso tenga una duración de entre 100 a 125 días hábiles. Posteriormente se realizará la consulta a cargo del Consejo de Cultura para la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Las direcciones de cada uno de los encuentros serán difundidas a través de radios locales y otros medios de comunicación, por todo el país. Toda la información del primer proceso está disponible

17 Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/bachelet-encabezo-consejo-de-ministros-de-asuntos-indigenas/CPInhd!FtBXPasiWfu6y8zvpYGkw/

en la web www.consultaindigena.gob.cl, en las Oficinas Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y en las oficinas de Conadi.

Inédito: CIDH falla a favor de los mapuches en Chile y el Estado debe

resarcirlos económicamente18 Habla el abogado de los mapuches condenados a prisión bajo la Ley Antiterrorista. Es el primer caso por discriminación a mapuches que se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos El 30 de julio pasado se dio a conocer la resolución sobre el renombrado caso Norín Catrimán y otros, el cual había sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante agosto del año 2011. En él se recogía el irregular proceso penal al que había sido sometido el werkén Victor Ancalaf, y otros mapuches, en el año 2002, quien había sido procesado bajo la Ley Antiterrorista chilena y condenado como autor del delito de amenaza de incendio terrorista. El caso Norín Catrimán y otros es emblemático porque fue el primer caso por discriminación a mapuches que se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también el primero que logró una resolución en contra de las prácticas del Estado chileno. De esta forma se cerró uno de los ciclos que han tenido que vivir los presos mapuche debido a las prácticas irregulares a las que han sido sometidos a partir de la Ley Antiterrorista. Dentro de la presentación contra el Estado chileno, se recogían casos particulares sobre violaciones a los procesos penales regulares que vivieron los mapuches entre los años 2001 y 2004. Se consideraban los casos de Segundo Norín Catrimán, Pascual Huenchunao, Florencio Marileo, José Huenchunao, Juan Patrinio Marileo, Victor Manuél Ancalaf, y otros. Respecto a ellos, la CIDH señala por medio de su sentencia que “la calificación de ‘terrorista’ aplicada a los líderes indígenas violó la presunción de inocencia y la obligación estatal de definir las conductas delictivas con precisión y claridad”. Además, indica que las decisiones judiciales se realizan a partir de un prejuicio discriminatorio en contra el pueblo mapuche, ya que es en esos casos cuando se utiliza la llamada Ley Antiterrorista. El viernes pasado, pasado tan sólo un día desde la entrega de la resolución, el Mirador entrevistó a Liliana Tojo, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Bolivia y el Cono Sur. Dicha institución fue la encargada de representar a uno de los acusados mapuche, el líder indígena y Werkén Víctor Ancalaf Llaupe. Este es el primer caso que se llevó hacia la Corte Interamericana de DDHH y también el primero que logra una pronunciación en contra de las prácticas judiciales chilenas en relación con los casos de presos mapuches. En este sentido, ¿cree que esta condena será un precedente fundamental a la hora de resolver judicialmente otros de los casos de presos políticos mapuche en Chile? 18 Fuente: http://diarioelmirador.com.ar/15044/inedito-cidh-falla-favor-de-los-mapuches-en-chile-y-el-estado-debe-resarcirlos-economicamente.html#sthash.WzrbFNYN.dpuf

Esperamos que lo sea. La Corte IDH ha sido muy clara señalando que la aplicación de prejuicios y estereotipos sobre el pueblo Mapuche en los procesos judiciales es una violación a la igualdad y a la no discriminación. Es importante que esta decisión sea un punto de partida para revisar la forma en que se tratan los casos judiciales vinculados con las reivindicaciones ancestrales del pueblo Mapuche. ¿Cuáles fueron las irregularidades que se llevaron a cabo dentro del caso Norín Catrimán y otros, y que los llevaron a pronunciarse como organización ante la Corte interamericana de DDHH? Es una pregunta compleja, porque el caso acumula varios procesos judiciales que afectaron a diferentes líderes mapuche y eso hace que haya algunas cuestiones específicas para cada caso. Pero en términos generales, las irregularidades se basaron en que los procesos judiciales presumieron -desde su inicio- que los mapuche eran “terroristas”, invirtiendo de este modo la carga de la prueba y violentando el principio de inocencia, que es una piedra basal del derecho a un juicio justo. Adicionalmente, basaron las condenas de manera casi exclusiva en los testimonios de testigos de identidad reservada; esto significa que fueron pruebas sobre las cuales la defensa no tuvo ningún control que permitiera verificar la veracidad de lo que se había declarado. Por último, todos los líderes fueron sometidos a un régimen de prisión preventiva durante el juicio que violentó los criterios que establece la Convención Americana, y que no tuvo en cuenta la forma en que la privación de la libertad afecta a los líderes indígenas en razón de la especificidad de ser líderes indígenas. ¿Cuáles son las formas de compensación o reparación integral que exigió la Corte interamericana para ser cumplidas por el Estado chileno? ¿Cuál es el plazo para que las reparaciones sean realizadas de manera efectiva? La Corte IDH ordenó reparaciones económicas -que deberán pagarse en el término de 1 año- en favor de las víctimas por los daños materiales e inmateriales, y la provisión de becas de estudio para sus hijos e hijas, además de atención médica para todos. Por otro lado, se incluye la publicación de la Sentencia en español y mapudungun. Ordenó también que en el plazo de 6 meses se anulen todos los efectos de las sentencias emitidas bajo la Ley Antiterrorista, y se eliminen todos los antecedentes judiciales y administrativos de los registros individuales de estas personas. En relación con los testigos de identidad reservada y los criterios para la aplicación y revisión de la prisión preventiva, estableció que el Estado regule su uso y recordó al Poder Judicial que, debido a su obligación de control de convencionalidad, deben resolver sus casos a la luz de los criterios que la Corte IDH -como interpretación autorizada de la Convención Americana- establece. ¿Qué principios deberían ser considerados a la hora de modificar la Ley Antiterrorista chilena?

La Corte marca un camino también en este sentido, al hacerse cargo de las recomendaciones que diversos organismos internacionales han hecho a Chile al respecto. En particular, por las inconsistencias en la aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile a los mapuche en el contextos de reclamos por sus derechos ancestrales. La Sentencia puede ser una hoja de ruta para revisar cuestiones vinculadas con la definición de delitos terroristas y su aplicación en estricto cumplimiento del marco de derechos humanos. En relación al Estado chileno y el pueblo mapuche, ¿cuáles piensa que son las tensiones principales y de qué manera cree que podrían éstas ser resueltas? Creemos que el aporte que esta decisión de la Corte ofrece tiene que ver con aceptar que, cualquiera sea la respuesta estatal en relación con la agenda pendiente con el pueblo mapuche, debe hacerse en estricto respeto del marco legal de derechos humanos. ¿En qué medida cree que han cambiado las demandas mapuches desde el inicio del caso Norín Catrimán y otros? La agenda de demandas del pueblo mapuche tiene muchas dimensiones. El caso solo atiende alguna de ellas que tiene que ver con denunciar el tratamiento que se le da a los líderes mapuche al considerarlos “terroristas”, y someterlos a una ley que violaba el marco de derechos humanos. Desde la época de los hechos hasta la fecha, esta ley ha sido revisada y reformada parcialmente como consecuencia no solo de este caso sino de la persistencia de la lucha del pueblo mapuche. Aún quedan aspectos que deben ser mejorados y esperamos que la Sentencia sea vista como una nueva oportunidad para hacerlo.

Comunidades mapuche de La Araucanía anuncian movilizaciones por

retraso en entrega de tierras19

Comunidades mapuche de La Araucanía solicitaron reuniones con ministros y anunciaron

movilizaciones, debido al atraso en la entrega de tierras, que en algunos casos se extiende por más

de 20 años.

Se trata de 141 comunidades que mantienen aplicabilidad para la compra de tierras, y que

aseguran que han seguido todos los trámites administrativos a través de la Conadi. No obstante,

durante años no han tenido una respuesta.

Para analizar este conflicto, se conformó una comisión integrada por dirigentes indígenas de toda

la región, quienes este lunes se reunieron para buscar una solución, la que en todo caso parece

estar lejana, ya que aseguran que no están los recursos económicos suficientes.

Uno de ellos, Aquiles Conejero, solicitó en Temuco la presencia de los ministros de Interior,

Hacienda y Desarrollo Social para analizar la demanda de las comunidades.

La Consejera Nacional Mapuche ante la Conadi, Ana Llao, indicó que la presidenta Michelle

Bachelet debe destinar un presupuesto mayor para concretar la compra de tierras para

comunidades indígenas.

Las comunidades mapuche además convocaron a una marcha para el próximo 1 de septiembre en

Temuco, donde también manifestarán su exigencia al Gobierno para que aumente los recursos

que permitan acelerar la compra y entrega de tierras.

19Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/04/comunidades-mapuche-de-la-araucania-

anuncian-movilizaciones-por-retraso-en-entrega-de-tierras.shtml

Proceso de consulta para la creación de Ministerio Indígena en Chile

comienza en septiembre20 Así también la conformación del Consejo o los Consejos de Pueblos Indígenas. Revisa el calendario de consultas previas en la Región Antofagasta. A través de dos insertos en un medio de circulación nacional, el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer el calendario para convocar a las y los representantes de los pueblos originarios de Chile para convocarlos a los procesos de consultas tanto para la creación del Ministerio de de Pueblos Indígenas como el Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas, tal como indica el programa de gobierno. Los 58 encuentros organizados en una primera etapa comenzarán enseptiembre y tienen como objetivo la planificación de los procesos de consulta. En la Región de Antofagasta las reuniones se realizarán: Calama: miércoles 3 de septiembre a las 8.30 horas (reunión por Ministerio), 12.00 horas (reunión por Consejo). San Pedro de Atacama: jueves 4 de septiembre a las 8.30 horas (reunión por Ministerio), 12.00 horas (reunión por Consejo). Ollagüe: viernes 5 de septiembre a las 8.30 horas (reunión por Ministerio), 12.00 horas (reunión por Consejo). Según el Ministerio de Desarrollo Social la convocatoria incluye a todas las comunidades y asociaciones constituidas bajo el marco de la Ley Indígena N° 19.253, correspondientes a los nueve pueblos reconocidos por esta normativa: Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Yagán y Kaweskar. Ambas Consultas, basadas en el cuestionado reglamento por sectores de los pueblos originarios, "tienen por objetivo dialogar sobre los principios generales de la norma legal para crear el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o los Consejos de Pueblos Indígenas", cita el comunicadodel Ministerio. Mayor información en consultaindigenamds.gob.cl, en las oficinas regionales ministeriales de Desarrollo Social, en las oficinas de CONADI y en el fono 800 452727.

20Fuente: http://www.elnortero.cl/noticia/politica/proceso-de-consulta-para-la-creacion-de-ministerio-indigena-en-chile-comienza-en-se

Revisa desde el calendario nacional de convocatorias del proceso de consultas para:

PEÑI JOSÉ HUENCHUNAO MARIÑAN UN CASO EMBLEMÁTICO DEL

CRUEL USO DE LA LEY ANTITERRORISTA21 La Corte Interamericana Ordenó a Chile anular condenas por Terrorismo a siete Mapuches, entre ellos está el Caso emblemático de José Huenchunao Mariñan. En dicha sentencia, la Corte interamericana de derechos Humanos, condena a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de Igualdad y no discriminación mas el derecho a la igual protección de la ley a las Victimas. Dicha Corte anuncio un fallo en el que ordena a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete Indígenas mapuches y una activista. Uno de los casos emblemáticos de la zona del Lleu-Lleu es la figura de José Benicio Huenchunao Mariñan, hoy con 44 años de vida, nacido un día 01 de Junio y que se inicio en la lucha social a los 18 años. José Huenchunao fue perseguido y condenado por “Quema de Bosques y Pastizales en 100 Hectareas”,en la zona de Ercilla a la Forestal Mininco,calificado como Incendio Terrorista, donde el Estado se hizo parte de la querella de mano de la Gobernación e Intendencia de la Novena Regiòn,se les aplico la ley antiterrorista porqué según los hechos con ese acto se generaba terror en la Población, pues con ello paso 5 años en las cárceles de Concepción y Angol en donde en la actualidad se encuentra firmando cada domingo en el Reten de Tirua hasta el año 2016.La noticia fue recibida con alegría por parte de este mapuche querellante que habita en las riberas del Lago Lleu-lleu,”afirmo que este fallo, después de tanto tiempo, viene simplemente a ratificar la inocencia de nosotros los condenados; este fallo dice Josè,es de la situación que hemos venido denunciando por muchos años por parte del pueblo Mapuche, de tantas personas que han sufrido y que siguen sufriendo esta errada política de criminalización de nuestro pueblo “. Afirmo que, obviamente esos tiempos, esas pérdidas, el maltrato psicológico y físico nadie lo va a devolver, pero es una aliciente saber que se ha podido llegar al cierre de un proceso y que deja un referente a todas las causas en donde el pueblo Mapuche lucha por la recuperación de sus territorios, y es que en todos los casos hay de fundamento una reivindicación territorial, tal como señala la parte Histórica de la demanda elaborada por el historiador Martín Correa, agregando las demandas en contra del Estado Chileno por “Ocupación Militar “violando Todos los Tratados al sur del Rio Bio-Bio por el Jurista Abogado José Lincoqueo Huenuman. Huenchunao dice; que se aplico ese instrumento en contra de ellos, mas para castigar la expresión de rebeldía dirigida especialmente en contra de aquellos dirigentes y mapuches conscientes de lo que significa la lucha Mapuche en General. El historial de la ley antiterrorista sabemos que se hizo con un objetivo claro, que era la de perseguir a los opositores políticos del régimen Militar para oprimir al pueblo y es la misma ley que se nos aplica a nosotros que somos un pueblo oprimido; estamos oprimidos por el estado y por el sistema capitalista de los ricos que operan en nuestro territorio, las empresas turisticas,las forestales, las Hidroelectricas,las pesqueras y esta Ley 21 Fuente: http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/pe%C3%B1i-jos%C3%A9-huenchunao-mari%C3%B1-un-caso-emblem%C3%A1tico-del-cruel-uso-de-la-ley-antiterrorista

favorecía el libre actuar de todas estas empresas que en el fondo los más perjudicados son los chilenos pobres y el pueblo Mapuche. En mi caso personal señala Huenchunao,es del año 2001 al 2016,donde se aplico prisión preventiva, periodos de cumplimiento de condena, incluido cuatro años en la clandestinidad ya que opte dice por no presentarme ante la Justicia Chilena ya que sabía que el proceso era injusto porque todas las pruebas que se hicieron en mi contra fueron pruebas que se armaron, donde se utilizaron los testigos protegidos; es más sabíamos que las Fiscalìas,las Policías los representantes del Estado se reunían constantemente pues antes que se iniciara el Juicio ellos los testigos protegidos habían recibido cada uno de los dos una suma de cerca de los seis Millones de pesos que no eran Policías sino comuneros vecinos que aún no conozco, todo muy bien preparado; y en el caso de los Loncos Aniceto Norin Y Pascual Pichun(fallecido)es por una causa de amenaza Terrorista por una carta hecha a máquina que supuestamente la firmaron los Loncos Pichun y Norin,pues en esa carta habían expresiones de “Amenaza Terrorista”, pues esa causa llega al extremo de ser Ridicula,en donde pasaron cinco años encarcelados. Mi caso es el Poluco Pidenco por incendio Terrorista a la propiedad de Forestal Mininco. José entrega detalles inéditos de su captura, dice que hubo una brigada especial de “Carabineros de Chile”, y mujeres policías sabíamos hasta cuantos eran; enviados desde Santiago, sé vestían de deporte, zapatillas hasta les tenemos fotos de quienes son; él lo sabía y en el sector ésta gente hacía trote, se hacían pasar por turistas; sabíamos quienes eran pero es tanto lo que los financian que tardaron un año en mi captura, la verdad mía es que me deje descuidar y no le tome el peso en su momento pero si no hubiera querido simplemente nunca me habrían atrapado y otros detalles que no daremos a conocer de cómo se infiltran en las organizaciones y hasta su forma de hablar. Según señala el fallo publicado este martes por la corte, “el estado debe adoptar todas las medidas Judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos las sentencias penales condenatorias emitidas”. Los mapuches condenados por Terrorismo a partir del año 2003, son Segundo Aniceto Norìn Catriman, Pascual Huentequeo Pichùn Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licàn, La activista Patricia Troncoso Robles y Josè Benicio Huenchunao Mariñan. Los Mapuches fueron Procesados bajo la polémica “Ley Antiterrorista “por hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las Regiones del Bio-Bio y la Araucanìa.Las condenas fueron por delitos como “Amenaza de incendio Terrorista”, “Incendio Terrorista”y”Conducta Terrorista”, los castigos dictados oscilaron entre los 5 y 10 Años de Prisión. La corte también ordenó el pago indemnizaciones a las víctimas que consisten en 50.000 mil dólares a cada uno por daños materiales e inmateriales, y cerca de 100.000 mil dólares por costos y gastos del proceso.

La Corte interamericana, ente Autónomo de la OEA, Consideró que “la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias, Configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación”. Esta información se extrajo de un medio de comunicación cuyo crédito se menciona al final de la noticia. El contenido de la noticia no representa necesariamente la postura de Amnistía Internacional.

Represas impuestas por gobiernos chilenos en territorio Mapuche y la

decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos22 La Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó en evidencia el cruel y abusivo actuar de funcionarios del poder judicial, legislativo y gubernamental respecto a la aplicación de la pinochetista Ley Antiterrorista aplicada a Mapuches. Uno de esos emblemáticos casos judiciales es la represión y criminalización a los opositores de las represas en el alto Bio-Bio, donde ahora funciona la Represa Hidroeléctrica de Ralco manejada por Endesa. Por: Paola Henriquez Santiago, 05 de agosto de 2014. (Mapuexpress)— Victor Ancalaf fue detenido el 6 de noviembre del 2002 en el marco de la persecución política a las personas, familias, comunidades y organizaciones que se opusieron a la imposición de las represas en el río Bio-Bio, especialmente a la más emblemática, la central hidroeléctrica Ralco, que hace más de una década funciona en la alta cordillera de la zona Pehuenche. Víctor fue procesado en base a la Ley Antiterrorista y pagó con prisión las acusaciones que realizaron los cuestionados “testigos sin rostro” quienes dijeron que este dirigente mapuche participó en el “lanzamiento de artefactos incendiarios”. Quien gobernaba Chile en ese entonces era el socialdemócrata Ricardo Lagos que lideraba la camaleónica Concertación por la Democracia, coalición que en el sistema binominal de elecciones derrotó a Pinochet y que ahora se ha transformado en la gobernante Nueva Mayoría. Ancalaf, el weichafe Mapuche, y Lagos el republicano Presidente de Chile estaban en ese entonces atentos a lo que sucedía en el Alto Bio-Bio. A su alrededor circulaban lobistas españoles, observadores de empresas mineras y, entre otros, funcionarios de partidos políticos que rozan la trinchera ecologista para terminar sumergidos en la institucionalidad ambiental. “A mí me detuvieron primero y después investigaron. Luego de un año de investigación yo fui condenado, sometido a torturas e incomunicado. Yo pienso que partió todo al revés, porque no había ninguna argumentación solida en mi contra” comentó Ancalaf a Mapuexpress. Para Víctor el tema lo indigna, “¿De qué terrorismo a nosotros nos pueden acusar, de qué violencia?, si este sistema es violento, si las instituciones de Estado son violentas. Los pueblos indígenas no hemos creado asociaciones ilícitas terroristas como el caso de la CNI, el caso de la DINA que creo el Estado de Chile”.

22 Fuente: http://mapuexpress.org/docs/represas-cidh.html

La mirada internacional El proceso internacional comenzó durante los años 2003 y 2005, cuando se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres casos de condenas por Ley Antiterrorista a dirigentes Mapuche. La respuesta de este Foro Interamericano vino el 2010 cuando se estipuló una serie de recomendaciones dirigidas al Estado de Chile. Tras no haber una respuesta favorable de los funcionarios de gobierno a cargo del Estado de Chile, la Comisión presentó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado defendió la aplicación de la Ley Antiterrorista en base al nuevo Código Penal que rige en el país pero no logró justificar ni desmentir la injusta aplicación de la ley Antiterrorista en temas indígenas. Para Sergio Fuenzalida, Coordinador Programa de DDHH. Universidad Central, el fallo de la CIDH cambiará el escenario judicial del país. “Creo que es una señal muy importante para el Estado chileno en el orden de limitar la aplicación de la Ley Antiterrorista o derechamente no aplicarla de aquí para adelante al menos hasta que no se modifiquen cuestiones sustanciales de ella, y un llamado de atención también a los jueces”. La corte Interamericana procura eliminar el racismo y la discriminación de las prácticas judiciales. Así lo asegura Juliana Bravo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quién comenta que los jueces, “no deben basar sus condenas y los procesos en estereotipos, en conceptos sobre lo que significa, o por el hecho de que una persona sea miembro de un grupo indígena”. Entre lo que contempla la ley, está la modificación de la prisión preventiva, el control de los testigos sin rostros, la no aplicación de la ley antiterrorista en delitos penales simples y solicita garantizar la comunicación de las familias y las comunidades con sus presos políticos. Estas medidas son de obligatorio cumplimiento con plazos extendidos. Para Víctor es un momento de alegría, “nunca pensamos que a nosotros nos iban a condenar por la ley antiterrorista, nunca pensamos que íbamos a llegar a la corte interamericana, tan poco pensamos que íbamos a obtener los resultados que hoy día obtuvimos”. Añade “Sienta un precedente histórico, una experiencia única que nos permite a nosotros estar en un mejor escenario para reclamar nuestras demandas”

Madre de hermanos Huenchullan fue víctima de secuestro frustrado23 Miembros de grupo paramilitar Hernán Trizano quisieron secuestrarla hoy en la ciudad de Victoria. Era alrededor de las 12.00 hrs. del día de hoy (martes 5 de agosto), cuando la madre de los hermanos Huenchullan, Ana Lucía Cayul Queipul, de 60 años de edad y miembro de la comunidad Autónoma Temucuicui, se encontraba en la ciudad de Victoria, y mientras caminaba sola por la ciudad, se acerca un vehículo particular el cual llevaba 2 personas dentro, quienes se detuvieron junto a ella, se bajaron e intentaron subirla a la fuerza a dicho vehículo. Mientras la lamngen Ana Cayul forcejeaba con los sujetos, quienes lograron subirla al vehículo, y gracias a sus gritos de auxilio y a la acción de transeúntes, apareció una patrulla de carabineros, quienes al ver esta situación se acercaron, logrando con su presencia que estos sujetos desertaran de este secuestro y huyeran. La lamngen Ana Cayul, señala que los sujetos expresaron odio y racismo absoluto, diciendo “queremos matarte a ti y a tus hijo india de mierda “. A continuación, un grupo de carabineros se quedo acompañándola y supuestamente otro grupo de ellos, salio en búsqueda de estas personas. Procedimiento que hasta el momento no ha arrojado ningún resultado. La ñuke de los hermanos Huenchullan, se encuentra en estos momentos en la comisaria de la ciudad de Victoria, acompañada por sus familiares y a la espera de los resultados de la búsqueda. Según el relato de uno de sus hijos, esta situación se enmarca dentro del constante hostigamiento, persecución y amedrentamiento del cual muchos mapuche de la zona son víctimas, y en particular los integrantes de la comunidad Autónoma de Temucuicui, pues este grupo paramilitar Hernán Trizano, se organiza precisamente para atemorizar y realizar acciones, principalmente, contra autoridades tradicionales o dirigentes mapuche. Noticia en desarrollo… Para mayor información, llamar al número de Jorge Huenchullán: 8 310 12 23 ¡¡Los verdaderos terroristas son la policía militarizada y los grupos paramilitares!! ¡¡ Fuera asesinos y paramilitares del territorio Mapuche!!

23Fuente: http://piensachile.com/2014/08/madre-de-hermanos-huenchullan-fue-victima-de-secuestro-frustrado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=madre-de-hermanos-huenchullan-fue-victima-de-secuestro-frustrado

Víctor Ancalaf: Justificamos la autodefensa, no el terrorismo24 Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), aseguró este lunes no justificar actos "terroristas" que pudieran darse en el marco de procesos reivindicativos, como el que hoy mantienen varias comunidades mapuche. Ancalaf es uno de los siete comuneros beneficiados por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto condenas por terrorismo por hechos ocurridos en 2001 y 2002. "Nosotros justificamos la autodefensa como herramienta frente a la agresión que mucha gente ha sufrido –niños y mujeres al interior del territorio mapuche-, pero no el terrorismo; son cosas totalmente distintas", afirmó Ancalaf de visita a los estudios de Cooperativa. "Yo he sido torturado por policías, carabineros, y la violencia no ha venido de mi parte, ha venido de la Policía; del sistema agresivo, violento, en el cual estamos insertos (...) Aquí hay un terrorismo de Estado por parte de las instituciones", insistió Ancalaf, que pasó cinco años tras las rejas. Consultado por el asesinato de matrimonio Luchsinger Mackay, el ex vocero descartó calificarlo como un acto terrorista e indicó que este caso "se colocó incluso como ejemplo en la Corte Interamericana". "No es un acto terrorista porque no se configura el delito de acto terrorista. Los hechos que ocurrieron –por graves y lamentables que sean- están dentro de un domicilio particular, no hubo uso de explosivos ni armas de grueso calibre, no tenía la intención de desarticular la seguridad interior de Estado. Sí se aplica una condena bastante alta por tratarse de delitos que son bastante graves; hechos de sangre", expresó Ancalaf, que también dijo valorar, en principio, la gestión del intendente Francisco Huenchumilla. "Me parece que es respetable él; es uno de los pocos intendentes que se han tirado a la piscina en decir que aquí hay una herida que no ha sido sanada, y que esta herida debe ser destapada y sanada (...) Yo tengo confianza, en la medida que nuestra gente, la fuerza de nuestras comunidades puedan hacer presión en torno a nuestras demandas", expresó. El dirigente cree que tras el fallo la actitud de las autoridades, "por la imagen país, a nivel internacional, debe cambiar. Esperamos que los políticos de este país tengan altura de miras y que no haya discursos de doble estándar. Esperamos que la actitud que han tenido hasta ahora los políticos pueda cambiar", señaló. subir "Un logro del pueblo mapuche"

24 Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/victor-ancalaf-justificamos-la-autodefensa-no-el-terrorismo/2014-08-04/130947.html

También de visita en Cooperativa la abogada Juliana Bravo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, remarcó que "el Estado chileno debe cumplir todas y cada una de las reparaciones impuestas" por el tribunal. "La sentencia de la Corte Interamericana nosotros la leemos como un logro del pueblo mapuche. Es el resultado de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales en Chile. Es un precedente supremamente importante, porque es el primer caso donde la Corte tiene la posibilidad de mirar el conflicto mapuche y, a partir de hechos específicos de violación, determinar que el Estado chileno vulneró los derechos de los indígenas mapuches", señaló la jurista.

Héctor Llaitul: Presos mapuche no descartan nueva huelga de

hambre25 Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emplazó al Estado a definir los criterios con que implementará el fallo para los afectados y los presos políticos mapuche, y afirmó que, de no haber una solución en un plazo breve, analizan iniciar una nueva huelga de hambre. La sentencia de la Corte-IDH abarca la causa del dirigente Víctor Ancalaf, el llamado caso Poluco Pidenco y el conocido como “caso de los lonkos”, la Corte tomó los tres juicios y los unificó en una sola causa. Sin embargo, en este juicio se condenó a nuestro país por la forma en la que se realizaron los procesos, que se fundaron en una Ley Antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia y se afirmó que las sentencias condenatorias incurrían en “razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios”. En entrevista exclusiva con Radio Universidad de Chile, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, quien hoy cumple una condena en la Cárcel El Manzano de Concepción en un juicio avalado por la Corte Suprema, pero altamente cuestionado, se refirió al fallo del organismo internacional, su caso particular y otros temas relacionados con la Ley Antiterrorista y las políticas del Gobierno para hacer frente al conflicto en el sur. ¿Cuál es su evaluación del fallo de la Corte Interamericana? El denominador común de estos tres casos es que los conflictos eran entre comunidades y empresas forestales, ese es un antecedente que habría que dejar en claro. Fueron procesos donde efectivamente se aplicó y se condenó sobre la base de la Ley Antiterrorista, lo que da cuenta de que estamos frente a una situación de indebido proceso de falta de garantías y por lo tanto, la resolución es muy clara al respecto; la violación de derechos fundamentales para los miembros de nuestro pueblo. Nosotros no estamos contentos en un sentido amplio con esto, pero si entendemos que hay una reparación, una mayor comprensión de los organismos internacionales del modo cómo la Justicia trata al pueblo mapuche cuando de criminalización se trata. Vamos a analizar con mayor detención los alcances de este fallo para tomar una postura mucho más acabada. Se ha dicho que el fallo de la Corte cuestiona la forma en la que nuestro país está impartiendo Justicia, y eso tendría un alcance mucho mayor que estos tres casos en concreto. Sí eso es efectivo. Una de las razones para tener un pronunciamiento al respecto dice relación precisamente con nuestro caso, conocido como “El Juicio de Cañete”. Para nosotros esta resolución sienta un precedente con respecto a nuestra causa, porque el caso de nosotros también está presentado ante la Corte Interamericana en su fase de admisibilidad en este momento, por lo tanto hay un cuestionamiento, efectivamente, a la figura del testigo protegido, 25 Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/08/06/hector-llaitul-presos-mapuche-no-descartan-nuevas-huelgas-de-hambre

cuestión que es central y muy importante de considerar a la hora de analizar nuestra situación, porque nosotros fuimos condenados sobre la base principalmente del testimonio de un testigo protegido y, por lo tanto, sentimos que se nos ha vulnerado el derecho al debido proceso. Ahora, tanto el fallo como organismos internacionales han sido muy claros al respecto, en decir que no se puede condenar sobre la base de estos testimonios y que si esto ocurre es una falta grave a las garantías, por lo tanto existe un cuestionamiento a la Ley Antiterrorista en el sentido en que todavía se sigue manteniendo esta figura del testigo protegido. Pero independiente de que sea una figura que se utiliza en el marco de la aplicación de la Ley Antiterrorista también se sigue ocupando en otro tipo de causas contra comuneros mapuche. En nuestro caso hay un antecedente que nos interesa recalcar y volver a denunciar que es que estos casos se presentaron con anterioridad, son hechos situados en el contexto del 2002, 2003. La resolución de la Corte tiene una data de demora de cerca de doce años. Nosotros fuimos condenados a principios del 2010 por un hecho del 2008 y lo presentamos ese mismo 2010 a la Corte. Por lo mismo si hubiera una resolución ésta implicaría cierto tiempo y no sé qué alcances puede tener en el sentido de hacer Justicia ante nuestra prisión política. Pero no es menor el hecho de que sienta un precedente jurídico y a nosotros también nos interesaría que tuviera un alcance también de orden político para ver la posibilidad de los desprocesamientos en el sentido de validar una demanda, una reclamación sobre aquellos casos en que estamos condenados de este tipo de forma. Entiendo que a raíz de este fallo surge de parte de ustedes un emplazamiento al Estado, ¿no? Sí, considerando que la condena de la Corte Interamericana al Estado de Chile, particularmente al sistema de justicia, dice relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y al indebido proceso situado en el marco de esta normativa. Ese es un elemento que a nosotros también nos provoca una vulneración de derechos en el Juicio de Cañete, pero el otro tema que agrava la situación del indebido proceso en nuestro caso es el que fuimos doblemente procesados, lo que seguramente la Corte Interamericana va a revisar con bastante detención y hacer un pronunciamiento categórico al respecto, creemos porque entendemos que en ninguna legislación moderna o de contexto democrático se puede utilizar una forma de enjuiciamiento en donde se vulnera el derecho a que una persona no sea procesada dos veces por el mismo hecho y nosotros efectivamente fuimos procesados paralelamente por la justicia civil en Cañete y por la justicia militar de Concepción. Incluso hubo dos sentencias contradictorias entre sí. Reclamamos con mucha fuerza que la condena de nosotros fue absolutamente injusta. De alguna manera nos sentimos respaldados por esta resolución de la Corte Interamericana, porque nuestra causa, en la sentencia en particular, quedó muy claro que fuimos condenados sobre la base de la utilización del testigo protegido, eso es así, fue visto por los jueces, la Corte Suprema y quedó a firme, con lo que hay concretamente una vulneración del derecho a la defensa y faltas de garantía. Ahora, queremos aclarar que en el caso del Juicio de Cañete tuvimos la aplicación de la Ley Antiterrorista, su uso desde el momento en que se presentan las querellas por parte de las autoridades y desde que comienza la investigación, implicó recursos como intervenciones telefónicas y otras situaciones relacionadas con el actuar de la policía y los fiscales. Cuando tuvimos la detención se generaron situaciones de largas prisiones preventivas, lo que no está bien

regulado por parte de la ley, la que incluso permite vulneraciones de derechos como los apremios ilegítimos y la aplicación de tortura contra los detenidos. Esto además del secreto de la investigación y otra serie de situaciones. En el juicio se hacen además varias maniobras para entrampar u obstruir cualquier tipo de defensa que pudieran hacer nuestros abogados. En suma: La Ley Antiterrorista no permite debidos procesos, y así lo ratifica la Corte Interamericana. En concreto, ¿qué están exigiendo a las autoridades? Nosotros siempre hemos emplazado, más allá de presentar un cuestionamiento a la institucionalidad política y jurídica como mapuche que vivimos en un estado de opresión. Más allá de cuando somos llevados a tribunales por luchar por nuestras reivindicaciones políticas y territoriales, emplazamos directamente al Estado a que nos otorgue garantías de algún tipo. Si ya estamos en una situación de desventaja por decirlo así, por lo menos la exigencia básica es que se nos otorgue un juicio justo, sin leyes de este tipo, leyes especiales, extraordinarias, que tienen vienen de otros contextos que no compartimos y no comparten tampoco sectores democráticos. Decimos que la demanda mínima es tener un juicio justo, acceso a la defensa, porque en el contexto en que fuimos procesados, siempre reclamamos y aducimos que había un enfrentamiento al interior de una comunidad, cuando las fuerzas de ocupación y policiales ingresan a las comunidades a allanar, ante un conflicto por la tierra, un conflicto de justas reivindicaciones. Allí se provoca un enfrentamiento donde hay una desventaja considerable, estamos hablando de una situación injusta de por sí, y en ese contexto se da este hecho de una supuesta “emboscada” a un fiscal, cuando siempre argumentamos que existía un enfrentamiento, muy desigual por cierto. Por eso lo consideramos un montaje y, en el contexto de la Ley Antiterrorista y la persecución de la que hemos sido objeto, nunca pudimos comprobar que existía una situación distinta a la tesis de la Fiscalía. Cuestionamos este tipo de legislación porque en situaciones de conflicto estas leyes se utilizan como un instrumento de persecución política y esa es la razón por la que seguimos reivindicando el derecho a tener un debido proceso. Además, nosotros fuimos víctimas de una verdadera campaña mediática que demonizó la postura de nuestra gente, de nuestro sector, y tuvimos en total de ventaja. Nosotros fuimos objeto de la utilización de la ley en toda su magnitud, pero al momento antes de provocarse la sentencia el gobierno pidió la recalificación de los hechos y quitó la tipificación de terrorista, pero eso no quita que se haya utilizado, o que hayan quedado establecidos los estándares de prueba para poder condenar. Los abogados se dan cuenta de que todo el proceso fue bajo esta ley y que es indesmentible su utilización. Eso es lo que seguimos denunciando ya a cinco años de esos hechos. Vamos a seguir reclamando y exigiendo el derecho a un juicio justo, no sólo sobre la base del nuevo antecedente, la resolución de la Corte Interamericana,sino también de las observaciones que ha hecho el relator de Naciones Unidas, Ben Emerson, quien planteó que las personas que hayan sido condenadas con testigos protegidos debieran tener el derecho a un nuevo juicio bajo o a una revisión de sus condenas. Todos los organismos internacionales le han dicho al Estado chileno que no tiene que ocupar esta ley en el conflicto mapuche, por ser de orden político, social, histórico, que tiene que ver con una demanda de justicia, de ética, de moral y eso ha hecho que el gobierno tenga una cierta postura

respecto a su utilización, pero se sigue ocupando, ya que se sacan aspectos de esta ley en otros procedimientos. Nosotros aún no tenemos ninguna solución, ni en lo judicial ni político respecto a las demandas iniciales. Exigimos una revisión o un nuevo juicio porque de no ser así seguramente estamos a los pies de una futura condena por parte de los organismos internacionales a la Justicia chilena. ¿Y qué camino tomarán si el gobierno insiste en mantener el caso Cañete cerrado, es decir, no volver a revisar la situación? Nosotros vemos que se nos ha dado la razón y en ese sentido, hay que dejar en claro que si hay un intento de parte del gobierno actual de buscar alguna solución al respecto, también tiene que darse una solución a los presos políticos mapuche y, muy particularmente en una cuestión que para nosotros es esencial que es la posición, coherente o incoherente, que va a tener este gobierno sobre la Ley Antiterrorista. Han dicho que no van a aplicarla y si acogen las recomendaciones internacionales de la ONU y la reciente resolución de la Corte-IDH, emplazamos directamente a las autoridades ¿cuál va a ser la situación de los presos políticos que hoy estamos condenados sobre la base de la Ley Antiterrorista y la figura del testigo protegido?, ¿cuál sería la situación de Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul?, porque si no nos dan una solución en el corto plazo, inmediatamente vamos a tener que movilizarnos, seguramente con otra huelga de hambre para denunciar estos hechos y eso lo estamos evaluando muy seriamente. Estamos dando la oportunidad de buscar un mecanismo destino, pero si no vamos a tener que emplazar de la única forma que nosotros hemos venido emplazando a las autoridades. Hemos hecho cuatro huelgas de hambre denunciando esto, cuatro huelgas en las que no ha habido una solución, así que seguramente si vamos a seguir luchando por nuestros desprocesamientos va a tener que ser nuevamente a través de una huelga, y esa es una situación que está buscando el gobierno, de hecho nosotros tratamos de evitarla, pero si no hay una respuesta, la nuestra va a ser en ese sentido. Pese a las voces que apuntan a la derogación de la Ley Antiterrorista, el gobierno convocó a una comisión de expertos para su probable modificación, ¿cómo ven esto? Desde la huelga del 2010 fuimos muy claros al respecto, pedíamos el fin a la Ley Antiterrorista. Eso se traduce hoy en día a la derogación. Consideramos que no debiera existir una Ley Antiterrorista del tipo que existe, sobre todo ésta que tiene resabios del tiempo de dictadura que por su origen y forma no se condice con un Estado democrático. Más aun considerando que el fenómeno del terrorismo no corresponde, y menos en la causa mapuche. Quienes lo abordan desde ese ángulo son sectores con intereses comprometidos, particularmente sectores empresariales y de la derecha económica, quienes ven al pueblo mapuche como “el enemigo interno” y sus expresiones o formas de protesta como “delitos terroristas” o lo enmarcan en la delincuencia, no en el contexto de justicia que en realidad solicitamos. La situación de protesta social tiene sus antecedentes, no es un tema tan simple, tiene que ver con la pobreza, la negación, la opresión, vulneraciones de derecho como el Estado y las autoridades violentan a nuestro pueblo constantemente. Consideramos, y así lo han dicho los organismos internacionales, que en Chile lo que existe es protesta social, una lucha de un pueblo que trata de defender sus derechos políticos,

territoriales y eso no amerita esta ley ni solución ni la criminalización exacerbada como ha estado sucediendo hasta el día de hoy. En ese sentido, ¿cómo interpreta el clima que de estos últimos días sobre la violencia en La Araucanía y la colocación de artefactos explosivos o incendiarios en la capital?, ¿ve algún vínculo? Sí, efectivamente la situación de ciertos episodios muy puntuales de colocación de artefactos explosivos menores en Santiago ha tenido una mayor resonancia y ha contribuido comunicacionalmente en los medios de comunicación, entendiendo que son cajas de resonancia del empresariado, la derecha y los sectores conservadores. No es menor ver allí atrás un interés de generar una situación de alarma, por lo tanto nosotros creemos que hay un contexto que se está creando, un clima que no necesariamente busca hacer frente a situaciones particulares, sino que tiene que ver con seguir adelante con políticas de criminalización de la protesta social y, particularmente, con la mantención de la Ley Antiterrorista u otras formas de normativas que permitan la represión en contra de los movimientos sociales. En el caso mapuche, claro, hay una campaña muy fuerte y se nota de parte de los sectores más conservadores. Son verdaderas campañas del terror por hacer la analogía, en el sentido que si uno observa los diarios; El Mercurio, La Tercera, los diarios locales afines a esta línea, permanentemente están planteando una situación distinta, tratando de crear una alarma generalizada y presionar con esto a las autoridades políticas para que tomen medidas sobre tener estos mecanismos vigentes y en ese mismo sentido se entiende lo que está sucediendo con la crítica que se está haciendo en torno a la Ley Antiterrorista. La derecha quiere mantenerla, perfeccionarla a su favor para recrudecer la persecución en contra de los movimientos, y en caso del centro político están en una posición ambigua sobre si modificar, modernizar, pero aún no queda claro cuáles son los alcances de estos conceptos, cuando creemos que lo más correspondiente debiera ser derogarla, pero bueno, estamos en un país donde las fuerzas políticas están bajo lo que el poder determina, así que seguramente van a buscar un consenso en el marco del perfeccionamiento de esta ley, ajustándola entre comillas a ciertos estándares, pero la van a dejar vigente para seguir criminalizando, como se ha dado en el marco de la gobernanza neoliberal que tenemos en este tiempo. En este escenario, ¿cuál es el llamado que hace la CAM a los dirigentes mapuche? Nosotros siempre hemos estado claros de la situación de nuestro pueblo. De hecho la existencia de la CAM tiene ese denominador: surgimos producto de la agudización de contradicciones entre nuestro pueblo y el Estado, además del capital nacional e internacional que opera en el Wallmapu. Esa es la particularidad de que exista un conflicto mapuche, una crítica más firme a la forma en la que el Estado defiende el interés de los particulares. Nosotros sabíamos que venían los procesos de criminalización, de judicialización, y una persecución política muy direccionada contra algunos movimientos que luchaban por la territorialidad y la autonomía. La Ley de Seguridad del Estado primero y luego la Ley Antiterrorista, que existe desde el año 84 pero se ha aplicado principalmente en la gobernanza de la Concertación, desde el 2002. De hecho yo soy uno de los primeros que fue querellado por la Ley Antiterrorista en la zona de Arauco y en ese momento estaba de gobernador, y fue quien presentó la querella, el actual ministro del interior, Rodrigo

Peñailillo. Hablamos ya de más de una década de aplicación de la Ley Antiterrorista, la que se le ha aplicado muy específicamente a la Coordinadora Arauco Malleco, de hecho, las personas sobre las que cae esta resolución de la Corte Interamericana, fueron parte de la Coordinadora, y entre los procesos de la CAM fueron criminalizados. ¿Cómo proyecta la relación entre las comunidades y el gobierno con los mecanismos que han anunciado para hacer frente al conflicto? Se aplique o no se aplique la Ley Antiterrorista, tenemos que tener claro que los conflictos van continuar porque hay una posición de parte de las autoridades de dar continuidad a estas políticas, lo que se ven en el desarrollo, los planes y programas, el plan de entrega de tierras, ante lo que hemos dicho que el actual intendente de la novena región, Francisco Huenchumilla, muy pronto iba a demostrar cuál era su verdadera cara en relación a asumir el conflicto mapuche y hoy vemos que su posición en cuánto a la entrega de tierras lo está retratando en esa línea, porque pensamos que esa política ya colapsó, hizo crisis, y es uno de los elementos principales en cuánto a la mantención de conflictos o la posible agudización. Se esbozó de parte de los sectores más progresistas de la sociedad la posibilidad de las expropiaciones, pero inmediatamente los sectores más neoliberales se pronunciaron en contra de esta fórmula. En eso creemos que las autoridades están equivocándose al abordar esto manteniendo la política ya conocida, la que se enmarca en la lógica del mercado y bajo el modelo capitalista, generando una serie de situaciones injustas desde la cosmovisión mapuche. Eso va a agravar el conflicto.

OIT acoge petición de privados y encarga estudio regional para

evaluar ajustes a aplicación del Convenio 16926 Una consultoría para analizar el efecto de la aplicación del Convenio 169 sobre los proyectos de inversión en Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala, encargó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El análisis, que está en plena ejecución, surgió a raíz de la solicitud de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), instancia que en el caso chileno está integrada por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). “El objetivo es aclarar el marco normativo vigente para la implementación del convenio, así como determinar el flujograma del proceso de consulta previa, paso a paso, institución por institución, haciendo notar los tiempos transcurridos en cada etapa, así como identificar recomendaciones y sugerencias para lograr un proceso más inclusivo, más eficaz, eficiente y predecible”, explicaron en la OIT. En la industria comentan que la visión en torno al Convenio 169, que entre otras cosas establece la obligación de consulta a las comunidades originarias afectadas, tanto para proyectos productivos como actos administrativos del Estado y que desde 2008 en Chile tiene rango de ley, hasta ahora ha sido una piedra de tope para la inversión. Por esta razón, estiman, es necesario que el organismo haga recomendaciones que mejoren la aplicación del Convenio. En la CPC están expectantes sobre el estudio, en particular respecto a la evolución tras la entrada del mecanismo de consulta, especialmente en lo relativo a la adecuación del convenio a “la realidad social del país y su contribución al desarrollo sostenible de la actividad empresarial y la materialización de los proyectos de inversión, cumpliendo el requisito de la certeza jurídica”. Una encuesta que Pwc divulgó en marzo y que aplicó a empresas mineras y de energía con proyectos en evaluación ambiental, estableció que el 91% de los consultados cree que el nuevo reglamento del SEIA –vigente desde diciembre de 2013- no basta para minimizar la judicialización de proyectos por conflictos con pueblos indígenas. El sondeo arrojó, además, que un 65% de las compañías no tiene un plan de acción para cumplir las disposiciones del Convenio 169.

Millonarias paralizaciones

26Fuente: https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/oit-acoge-peticion-de-privados-y-encarga-estudio-regional-para-evaluar-ajustes-a-aplicacion-del-convenio-169/2014-08-06/221236.html

Aunque en el último tiempo la paralización de proyectos por órdenes judiciales basadas en la no aplicación de la consulta indígena ha bajado, en 2012 hubo 12 iniciativas por más de US$ 13.000 millones que estuvieron en esta situación. La más emblemática fue El Morro, mina de oro de GoldCorp, cuyo permiso ambiental fue anulado en 2012 por la justicia (que retrotrajo el proceso de evaluación) por no realizar la consulta. Tras realizar este procedimiento, el proyecto está nuevamente en tribunales, esta vez por el reclamo de algunas comunidades que la autoridad no consideró como parte del proceso. Firmas como Endesa (Neltume) o de Celco (MAPA), también están en esta situación. La consultoría incluye la revisión del marco jurídico y técnico actual del Convenio 169, especialmente la implementación de la consulta. Además, se dimensionarán su impacto sobre las inversiones. Todo lo anterior permitirá a la OIT -que fue la gestora de este convenio que sólo 22 países han ratificado- evacuar recomendaciones para los gobiernos y las empresas en torno a la mejor aplicación de la consulta indígena. A nivel local el organismo internacional le encargó este trabajo a Matías Abogabir, ex jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, y actual director ejecutivo de la consultora Local, dedicada al relacionamiento comunitario. El resultado de esta medición se entregaría en octubre, en el marco de un encuentro al que la OIT convocará a representantes empresariales de todo el continente. HISTORIA DE LA POLÉMICA NORMATIVA En junio de 1989 la Conferencia General de la OIT adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En Chile éste fue aprobado por el Congreso que le dio rango de ley y desde septiembre de 2009 forma parte de la legislación chilena. La normativa establece la obligación de consulta, cuya aplicación comenzó bajo la forma del decreto 124, que fue derogado en 2013 cuando entró en vigencia el mecanismo actual de consulta, que tiene su aplicación en dos ámbitos. Los proyectos de inversión quedaron al alero del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y debe ser aplicada por el servicio del área a las comunidades que tienen alguna afectación. Para los actos administrativos del Estado, en tanto, se definió un reglamento y la consulta se realiza a un consejo de comunidades, cuya estructura está actualmente sometida a consulta por parte del gobierno.

Comunidades Mapuche en resistencia exigen al traslado de Machi

Celestino al C.E.T. de Vilcun27 Respecto de la sentencia que rechaza el recurso de protección señalar lo siguiente: 1. No es sorprendente el fallo que rechaza el recurso de protección, ya que la discusión sin duda es compleja. El propio recurso denuncia que varios órganos del Estado no están a la altura de los tiempos, y los informes de ellos no indican otra cosa: Consta en el proceso desarrollado - y se puede revisar públicamente - que ningún órgano del Estado ha tomado ninguna medida al respecto del trato penitenciario a los miembros de pueblos indígenas. Gendarmería reconoce que no contempla en sus reglamentos la variante cultural, el Ministerio de Justicia reconoce que la Unidad de Asuntos Indígenas no ha tratado para nada el tema penitenciario – en circunstancias que desde 2.010 se presentan urgencias referidas a este tema-, el Estado de Chile dice que basta con tener a los mapuches en un módulo aparte para dar respeto a su diferencia étnica… ¿Basta el hecho de encerrar a todos los mapuches en una misma jaula para sostener una protección a sus derechos culturales? En fin; el fallo de Temuko es sólo una primera instancia, correspondiendo dirigirse ahora a la Corte Suprema. El fallo de la Corte es sólo una etapa más del proceso, frente a la cual se reaccionará en tiempo y forma oportunos. 2. Llama la atención que el Ministerio de Justicia no se haya pronunciado hasta la fecha sobre el recurso, más allá del informe que evacuó: parece querer decir que sólo medidas extremas como las huelgas de hambre permiten acaparar su atención, para obtener el respeto a los derechos de los pueblos. Se insta al Ministerio de Justicia a referirse al tema, para dilucidar por qué reaccionan únicamente cuando se extreman medidas, y no cuando se utilizan los cauces legales a los cuales ellos mismos instan a seguir, cuando llaman a “respetar la institucionalidad”. 3. Aprovechar la instancia para invitar a los diferentes actores sociales a que se pronuncien sobre el tema y a apoyar las demandas del pueblo mapuche. Muchas personas y órganos, como el INDH, defensores públicos, antropólogos y otros, ya se han pronunciado desde que el machi fue puesto en prisión preventiva, sobre los graves perjuicios de encarcelar a un mapuche sin el debido respeto a su cultura. Sin embargo, aún falta generar conciencia social y difusión de información respecto de este tema. Es necesario que existan pronunciamientos mayores, que denuncien que el Estado Chileno está incumpliendo los compromisos internacionalmente adquiridos, y que está violando los derechos humanos de manera sistemática y estructural, al no adecuar su legislación. Hace rato se sabe que la Ley Antiterrorista debe modificarse, pero es necesario profundizar el debate: hay mucho más que modificar, no sólo las normas de persecución, sino que también aquellas que tiendan a generar encuentros entre culturas diversas. Aquí hay temas graves, de igual relevancia que la criminalización de la protesta mapuche: el etnocidio, el aplastamiento de las culturas mediante su anulación. La familia y comunidad del machi (quien nunca ha dejado de reconocerse como inocente de los hechos que lo mantienen preso) están sufriendo ya embates espirituales serios a consecuencia de su encarcelamiento, perjuicios que podrían evitarse con la simple disposición del Estado a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos 27 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=TaFO8Usu5XI

Asimismo, es un hecho que los simpatizantes del machi están siendo vigilados en sus rutinas diarias por personas cuya identidad se desconoce, cuestión que puede desembocar a futuro en montajes delictuales, que profundicen en la criminalización del pueblo mapuche, para desalentar a quienes alzan la voz en defensa de sus derechos mediante el miedo y la cárcel. ¡Libertad a los presos politicos mapuche! ¡Wewaiñ! Jorge Guzmán. Abogado Recurso de Protección Córdova y otros con Estado de Chile y Otros. Rol 1655-2014, Corte de Apelaciones de Temuco.