BOLETIN N° 10 C.E. “Leoncio Amaya Tume” – Frente Salud JUNIO 2015

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Todo empieza en 1991 con la creación de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada-COPRI y en el año 2002 se crea Pro-inversión que constituye un pliego presupuestal y promueve la

incorporación de la inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades estatales, en base a iniciativas

públicas y privadas de competencia nacional. El objetivo es el traspaso de actividades al sector privado causando el desprendimiento estatal de sus responsabilidades.

Las APP son originarias de la experiencia inglesa, son reguladas en el ordenamiento jurídico peruano en el

año 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1012. La misma que tiene 03 etapas: a) Privatizaciones, b) Concesiones, c) APPs. El objetivo es delegar las obligaciones del Estado al sector privado causando

que el desprendimiento estatal descargue sus responsabilidades en los trabajadores de salud, es el costo para que los financistas puedan lucran en el sector salud.

de las políticas neoliberales que han venido

implementando los diferentes gobiernos de turno, el Ministerio de Salud ha cumplido con su papel de implementación del Decreto Legislativo N°1012, para ello se trazó una hoja de ruta desde el año

2008 con la creación del Comité de Inversión del MINSA, conformación de un Grupo Impulsor para a partir de ello impulsar los eventos que van dando forma a sus planes, primero nacional,

posteriormente con eventos internacionales y participación de grandes grupos internacionales que invierten en salud como un negocio. A la fecha el MINSA ha creado la Unidad Funcional de AGPP que no existe estructuralmente, pero si funcionalmente.

Existe una cartera de proyectos de hospitales de la

ciudad de Lima (Cayetano Heredia, Sergio Bernales, Arzobispo Loayza, Hipólito Unanue, Hospital Huaycán) que se han concesionado a las APPs que incluyen el diseño, financiamiento, construcción,

equipamiento, mantenimiento y gestión de algunos servicios, los mismos que están en la etapa de evaluación (Formulación de estudios de preinversión), así como los servicios de radioterapia

de los hospitales María Auxiliadora, Hipólito Unanue, Sergio Bernales y Dos de Mayo; así también se están concesionando los servicios de patología clínica en 45 establecimientos de las DISAs de Lima.

A la fecha se cuenta con 03 Hospitales con contratos APP:1) Hospital Callao, 2) Hospital Villa María el

Triunfo (ambos de Essalud) y el Instituto del Niño de San Borja. Los dos primeros están concesionados con la gestión bata blanca por 30 años y el último por 10

años. El mismo que fue construido con inversión del estado para finalmente entregar la gestión en concesión (APP) a una empresa privada.

Estas concesiones se dan con 03 tipos de gestión: Bata Blanca (El estado le cede al operador privado la posibilidad de gestionar y administrar a los

profesionales médicos y otros profesionales de la salud), Bata Verde (Gestionar servicios intermedios como laboratorio, radiología, etc.) y Bata Gris (Gestionar los servicios de Lavandería, seguridad, mantenimiento, etc.)

DEBATE:

Operador Financiero, contratando prestadores de servicios de salud con diferentes tarifas, saliendo perjudicadas las instituciones estatales en el

convenio con la financieras y en donde el privado como el hospital de la solidaridad y las clínicas tendrán un trato mejor.

pagar un monto por cada afiliado al año. Por ej. En Tacna cada afiliado cuesta 40 a 46 nuevos soles al año, eso debe incluir

una atención a la demanda que supera la oferta de nuestros establecimientos e incluso de nuestros ingresos. Su pobre conocimiento acerca de estos procesos – no solo en quienes dirigen los

establecimientos de salud sino también de los trabajadores, trae como consecuencia el progresivo desfinanciamiento de los presupuestos de los establecimientos año tras año; las presiones en el

cumplimiento de nuevos indicadores en el cumplimiento de las metas institucionales firmadas por el MINSA representado por sus directores regionales y el SIS y avalado por los Consejos

Directivos CLAS en los casos que hubiere, de forma tal que si no logran las metas convenidas habrá sanción no solo para la institución prestadora

(establecimientos de salud) sino también a los trabajadores que no han logrado la parte de su productividad programada en su documento de gestión - PSL, esto será un indicador malo para el

trabajador que por no lograr las metas planteadas por la Reforma pero seremos evaluados y podemos perder nuestro trabajo gracias a la Ley SERVIR.

Política garantizando la salud pública y el derecho al trabajo digno. La entrega de los establecimientos a

las APPs es la privatización de salud, por cuanto las empresas concesionarias ven a la salud como un negocio, más no como un derecho; así mismo vulneran el derecho al trabajo digno. (EM)

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La larga y magna secuencia que ha tenido en el gremio médico español

la adhesión del doctor Marañón al Partido Socialista, convida a enfocar el tópico de las profesiones liberales y el socialismo. No cabe duda acerca

de que si Marañón y otros ases de la Medicina han pedido su inscripción en los registros del Partido Socialista español, es porque previamente los

había ganado ya la política. Tampoco cabe duda respecto a que han entrado en el Partido Socialista, no por razones de expresa y excluyente

suscripción del programa proletario, sino porque sólo podían enrolarse en un partido viviente. Los partidos españoles están muertos. Lo que rechaza en ellos a los intelectuales activos e inquietos, sensibles y atentos a la

vitalidad, no es tanto su ideología como su inanidad. El Partido Socialista español, en fin, más que una función revolucionaria clasista tiene una función liberal.

Pero todo esto deja intacta la cuestión central: la permeabilidad de la medicina, entre las profesiones liberales, a las ideas socialistas. Desde Marx y Engels está constatada la

resistencia reaccionaria de los hombres de leyes a estas ideas. El abogado es, ante todo, un funcionario al servicio de la propiedad. Y la abogacía, por razones pragmáticas, se comporta como una profesión conservadora. Este es un hecho

que se observa a partir de la Universidad. Los estudiantes de Derecho son, generalmente, los más reaccionarios. Los de Pedagogía constituyen el sector más avanzado. Los de Medicina, menos proclives, por su práctica científica, a la

meditación política, no tienen otros motivos de reserva o abstención que los sentimientos heredados de su ambiente familiar. Mas la Medicina como la Pedagogía no temen absolutamente al socialismo. Quienes las ejercen, saben que un

régimen socialista, si algo supone respecto al porvenir de estas profesiones, es su utilización más intensa y extensa. El Estado socialista no ha menester, para su funcionamiento, de muchos

hombres de leyes; pero, en cambio, ha menester de muchos médicos y de muchos educadores. Los ingenieros, por

las mismas razones, cuentan igualmente con su favor.

Lo más sugestivo en el caso de Marañón y

sus colegas de la Medicina española es que estos intelectuales eminentes y célebres se incorporan, sin hesitación, en un partido fundado hace años por un

obrero oscuro, por un tipógrafo, con otros hombres previdentes y abnegados del proletariado. El Partido Socialista español ha hecho solo y exiguo muchas

largas jornadas antes de atraer a sus rangos a los magnates de la inteligencia. Marañón y sus colegas se dan cuenta de que sería absurda por su parte la

tentativa de crear un partido nuevo. Los partidos no nacen de un conciliábulo académico. El diagnóstico de la situación política española a que han llegado esos

médicos insignes es bastante sagaz para comprenderlo

NOTA: Publicado en Mundial: Lima, 13 de

Diciembre de 1929.

JOSÉ CARLOS

MARIÁTEGUI LA CHIRA (14 junio 1894 – 16

abril 1930)

Únete, por otra democracia

6. Para iniciar la superación de la aguda desigualdad social que padece el Perú se tiene que terminar con las desigualdades que tienen un origen de clase, género, etnia, orientación sexual, edad y procedencia regional, para respetarnos y hacer efectivos los derechos de todos y todas. Un Estado democrático y promotor debe garantizar los derechos sociales de la población, a través de sistemas públicos universales, gratuitos, y de calidad en la educación y la salud, y proveer un sistema público de pensiones. También debe garantizar la plena igualdad en los derechos civiles de minorías como la comunidad LGTBI.

10. Consideramos que la recuperación de la soberanía también debe darse en la definición de alunas actividades estratégicas para el desarrollo y la defensa nacional, mediante políticas públicas concertadas entre los sectores público y privado en beneficio del país. Otros temas claves son la alimentación y la salud. La soberanía alimentaria se orienta a lograr “Hambre Cero”, promoviendo la agricultura familiar, que es la principal fuente de nuestra alimentación y agro-diversidad. La salud y la producción y comercialización de medicamentos se pondrán al servicio de los intereses de la comunidad y no de un pequeño grupo de empresas trasnacionales.

Dr. Miguel Palacios Celi

¡GOYO

LIBERTAD!