SEMANARIOSEMANARIONo. 236 | 27 Abril 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Otra mirada de la realidad

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Más de 300 mil familiasestán sin tierrasE l abandono del campo por

parte de los gobiernos hizo que muchos hombres

y mujeres, sobre todo jóvenes, se vinieran para el área urbana, aban-donando la tierra para dedicarse a otras labores que le permitieran subsistir. Esta migración interna conllevó al abandono del campo hasta quedar sin la fuerza laboral.

“El problema es que hemos tenido por 20 años consecutivos una po-lítica de reconcentración de la tie-rra, una política de liberalización, de mercantilización de la tierra y hoy se habla de extranjerización de la tierra. Eso significa que la tierra nacional que es del Estado, la tierra ejidal que es de la municipalidad, la tierra fiscal que le han donado o comprado al Estado, prácticamen-te están en manos privadas y las tierras privadas tienen inafectabi-lidad del régimen, es decir que no se pueden tocar esas tierras”, dijo a Radio Progreso Rafael Alegría de Vía Campesina.

Luchanacional

Los conflictos por el acceso a la tierra se presentan a nivel nacional. Aunque en los últimos años el foco de atención ha estado puesto en el Bajo Aguán en el departamento de Colón donde suman 57 campesinos asesinados en los últimos dos años

y medio. Las reuniones y acuerdos se quedan plasmados en papel mientras tanto la realidad no cam-bia en el Aguán. “El incumplimiento de los acuerdos que firmamos con el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa y el Movi-miento Unificado Campesino del Aguán, Muca, podría agravar la pro-blemática agraria en el Bajo Aguán” dijo Yonny Rivas, vocero de dicha organización campesina.

En el sur la cosa no pinta nada bien, al igual que en oriente y occidente, las tomas de tierras se desarrollan en aquellos lugares dónde hay tie-rras ociosas o que perteneciendo al Estado las pelean potentados dipu-tados o empresas transnacionales

que se instalaron en el país.Es el caso del Valle de Sula. “Hemos investigado y estamos enterados que éstas hectáreas de tierras no le pertenecen a ninguna azucarera sino que son del Estado y por eso las estamos pidiendo para noso-tros poder cultivarlas, las queremos para reforma agraria” reclamaba un campesino desde el sector conoci-do como Cowle en el Valle de Sula.

Represión comorespuestas

Al menos 136 campesinos fueron detenidos tras el desalojo violento de unas tierras nacionales acapa-radas por las azucareras del Valle de Sula. “Fuimos desalojados y no nos dejan decir la verdad de lo que está pasando, no hemos cometido un delito, estamos recuperando lo nuestro” explicaba a Radio Progre-so un campesino desde la celda de detención en San Pedro Sula.

Unos 13 grupos campesinos exigen al régimen de Porfirio Lobo que les entreguen unas 4,000 hectá-reas de tierras para cultivarlas. El comisario de Policía, Juan Róchez, dijo al momento del desalojo que los campesinos están acusados de usurpación y daños. Mientras tanto las organizaciones campesinas ad-

vierten que regresarán a ocupar de nuevo las tierras hasta lograr ser escuchados. “Hasta hace algunos años nosotros contabilizábamos 300 mil familias sin tierras, y ahora, el 17 de abril, sólo 3 mil familias son las que por la vía de la recuperación ocuparon esas tierras, ósea que estarían pen-dientes 297 mil familias y con este “lloriqueo” que tienen los empresa-rios sobre unas pequeñas parcelas de tierra que tienen ocupadas los campesinos, yo me preguntaba qué tal si fueran 20 mil familias, 50 mil familias, a saber qué pasaría en este país” reflexionó Alegría.

El dirigente dijo que de cada 100 campesinos, 40 están en extrema pobreza, en indigencia de acuer-do a la Comisión Económica para América Latina, Cepal. “Honduras es el país que vive con más exclu-sión social, con más pobreza y sin ninguna esperanza en el área rural de mejorar las condiciones de vida, entonces ante esa situación lo que cabe es la lucha”.

SeguridadAlimentaria

Según Rafael Alegría, Honduras en-frenta serios problemas para pro-

ducir el alimento que consume su población. “Tenemos una acumula-ción terrible de la seguridad alimen-taria. Hoy estamos importando al-rededor de 16 millones de quintales de maíz, más de un millón y medio de quintales de arroz y más de un millón de frijoles. Las hortalizas en su mayoría también son importa-das. Estamos importando el 70% de los alimentos en Honduras”.

Actualmente el agro hondureño está en peores condiciones al no funcionar la reforma agraria que re-cibió el tiro de gracia por parte del gobierno nacionalista que dirigió Rafael Leonardo Callejas al aprobar en 1992 la ley de modernización agrícola.

“No existe una política pública agrí-cola para reordenar el campo. Qué significaría eso, contar los recursos que tenemos y darle a cada quién lo suyo, porque aquí no está escrito en una ley que la tierra le perte-nece a los Rosenthal, los Kafati, a los Larach, a los Abufele, o que los recursos naturales le pertenecen a diez familias, no hay nada de eso”, se quejó Rafael Alegría de Vía Cam-pesina.

Un fuerte contingente de policías y militares fueron utilizados para desalojar a los campesinos en el Valle de Sula.

Rafael Alegría de la organización Vía Campesina.

» Rafael Alegría, Vía Campesina

“Hoy estamos importando alrede-dor de 16 millones de quintales de maíz, más de un millón y medio de quintales de arroz y más de un millón de frijoles. Las hortalizas en su mayoría también son importa-das. Estamos importando el 70% de los alimentos en Honduras”. Rafael Alegría.

Pero en los últimos años hemos visto como los cam-

pesinos han iniciado un proceso de recuperación de tierras para volver a produ-cir los granos básicos y las

hortalizas que les permitan garantizar los alimentos, en primer lugar para su

familia y para salvar de la crisis alimentaria al país. Pero esta lucha enfrenta

serias trabas por parte de los terratenientes que junto a los órganos represores del

Estado persiguen y asesi-nan a los campesinos sin

tierras.

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S i un candidato utiliza su car-go y los dineros que tienen que ver con su cargo para

hacer campaña política, eso se lla-ma actuar con impunidad. Si esa misma persona utiliza los medios de comunicación para difundir logros de su trabajo, con el fin de apare-cer como bondadoso y presentar lo que hace como si se tratase de fa-vores que hace a la gente a cambio de ganar votos, eso se llama actuar con impunidad. Justo lo que hace el actual presidente del Congreso Na-cional, junto con sus colaboradores y cómplices más cercanos, entre los que se cuenta el titular del ejecutivo.

Si una persona con su cargo como defensora de derechos humanos decía que cumplía con su trabajo,

pero por debajo se dedicaba a ha-cer arreglos con los que delinquen, como ocurrió con el caso de los je-fes policiales responsables de la es-capatoria de los presuntos policías que asesinaron dos jóvenes en oc-tubre del año pasado, eso se llama actuar a favor de la impunidad. Justo lo que hizo durante muchos años la que hasta hace muy pocas semanas fungió como fiscal especial de Dere-chos Humanos.

Si una persona utiliza su puesto como funcionaria pública para elevar su perfil y va realizando las obras de infraestructura conforme a sus cál-culos políticos de cara a su carrera electoral, eso se llama promover y actuar bajo el manto protector de la impunidad. Justo lo que calcula-

doramente hizo el hasta hace unos días Ministro de Obras Públicas, o lo que hacen no pocos de los alcaldes que buscan reelegirse y avanzar en el peldaño hacia una diputación en las próximas elecciones.

Si una persona conoce a carta ca-bal los nombres de las personas que están detrás de los diversos contrabandos de bienes importados evadiendo todo tipo de responsabi-lidad fiscal, eso se llama sostener el sistema de impunidad. Justo lo que hace el titular del Poder Ejecutivo, cuando ha protegido a los que han contrabandeado con el arroz y mu-chos otros bienes de consumo en detrimento de las arcas, de la pro-ducción y comercialización nacional.

Si un fiscal posee información preci-sa para remitir a los juzgados a una persona que ha cometido crímenes o delitos, y no actúa eso se llama actuar con impunidad. Justo lo que está ocurriendo con el Ministerio Público y con la Corte Suprema de Justicia en donde existen indicios muy fuertes de la confabulación de sus funcionarios con el delito y los criminales.

Si una persona o una organización conocen situaciones de corrupción en instituciones públicas o en orga-nismos gremiales, de malversación de recursos públicos o de viola-ciones a los derechos humanos y prefieren callar por miedo a repre-salias, eso se llama ser cómplices de la impunidad. Justo lo que ocu-

rre con organizaciones sociales de base o gremiales que conociendo la corrupción de sus dirigentes o los delitos que cometen las autoridades municipales, guardan un silencio cómplice.

Jugar a la impunidad

Esta semana el gremio periodístico nuevamente se vistió de luto con la muerte de Noel Alexis Valladares, más conocido como el “Tecolote” que presentaba un programa de pronósticos sobre la lotería local en Tegucigalpa, el joven comunicador social fue atacado a tiros por cua-tro desconocidos en las afueras del canal Maya TV.

En lo que va del año tres comunica-dores sociales han perdido la vida de forma violenta, según informes del Comité por la Libre Expresión, C-Libre. “Esto demuestra que en nuestro país existe una intolerancia respecto a la libertad de opinión y en cuanto a la diversidad de cri-terios que debe existir en una so-ciedad que dice ser democrática”, señala Héctor Longino Becerra coordinador de C-Libre.

Becerra menciona que con el ase-sinato del comunicador Noel Valla-dares, suman 37 agresiones a la libertad de expresión, entre ellas 13 amenazas a muerte a periodistas. Sin embargo las reacciones de las autoridades que imparten justicia siguen siendo las mismas, engave-

tar los casos y mantenerlos en total impunidad.

No hayinvestigación

La periodista Sandra Maribel Sán-chez asegura que mientras el Esta-do no presente resultados de inves-tigaciones hechas científicamente sobre las causas de las muertes de los periodistas y comunicadores so-ciales, asumirán estos actos crimi-nales como atentados a la libertad de expresión.

La negligencia en la investigación de las muertes, amenazas e inti-midaciones a periodistas se da a

todo nivel. “El propio presidente de la república no ha dado señales de querer investigar. El Ministerio Público a pesar que tiene cerca de cinco meses de tener una denuncia nuestra para que se investiguen esos hechos, no ha actuado, mucho menos se ha presentado algún re-querimiento fiscal a pesar de tener todas las evidencias”, agrega la pe-riodista Sandra Sánchez.

Mientras la impunidad sigue favo-reciendo a los delincuentes y ase-sinos, el ejercicio del periodismo y el trabajo de los comunicadores sociales seguirán siendo una activi-dad de riesgo en el país, a vista y paciencia de las autoridades.

La impunidad es todo aquello que oculta la verdad, tuerce las leyes y entierra la digni-

dad y justicia de las víctimas. Mientras no nos movilicemos

para romper el silencio y evitar que los delitos se olviden, nos

hundiremos, sea como res-ponsables, cómplices o como víctimas. Hoy todavía pode-

mos hacer frente para derribar la impunidad, mañana sin

duda será demasiado tarde.

Impunidad campea enasesinatos a periodistasy comunicadores sociales

La libertad de expresión es base fundamental para la democracia.

Invitan al análisis de realidad

Analistas: Periodista Héctor Becerra Director Ejecutivo de C-Librey el sociólogo Arnaldo Rodríguez presidente de C-Libre.

Fecha: Viernes 4 de mayo 2012.Hora: 2 p.m en adelante.Lugar: salón de reuniones del ERIC-SJ,Casa San Ignacio, Zona de la Compañía, El Progreso, Yoro.

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Una mirada a las cárcelesReportaje GRáFICO

1. El hacina-miento en la cárcel de San Pedro Sula, es similar en el resto de las 24 prisiones hondureñas.

2. Interior del penal de Co-mayagua, don-de aún no han terminado de entregar los cuerpos de las víctimas del incendio del 14 de febrero de este año.

3. Las muje-res privadas de libertad son las que más sufren el abandono de sus familias, especialmente de sus hijos y esposos.

4. La mayor parte de la población penitenciaria del país, son jóvenes y de bajos recursos económicos.

5. El hacina-miento, la so-brepoblación, falta de asis-tencia médica e higiene, son características que constató la Relatoría especial para personas privadas de libertad de la CIDH que estuvo toda la semana en Honduras.

6. Al térmimo de su visita de trabajo, Rodri-go Escobar Gil, Relator de la CIDH aseguró que las condi-ciones en las que viven los reclusos son el resultado de la “ausencia” de políticas públi-cas orientadas a lograr “la reforma y la readaptación social de los condenados”.

Ver informede su visita en

nuestras webs.

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E l observatorio de los de-rechos humanos de los pueblos indígenas y ne-

gros de Honduras, ODHPINH, denunció amenazas y hostiga-mientos contra sus líderes y diri-gentas en conferencia de prensa.El ODHPINH, es un espacio que aglutina al Consejo Cívico de Orga-nizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh y, a la Orga-nización Fraternal Negra Hondure-ña, Ofraneh, fundado para articular propuestas desde la cosmovisión de pueblos con culturas diferencia-das.

Los pueblos indígenas advirtieron que mientras Honduras siga sien-do un país ocupado por tropas de Estados Unidos, el pueblo seguirá desangrándose con 86 muertos por cada cien mil habitantes y el terri-torio hondureño permanecerá “al servicio de los cárteles de la droga, que controlan gran parte del país”.

Amenazas

Bertha Cáceres, dirigenta del Co-pinh entiende que las amenazas contra las comunidades indígenas se dan porque hay intereses de grandes inversionistas “debido a la enorme riqueza mineral, hídrica, petrolera y cultural que se encuen-tra en sus territorios” y agrega “quienes nos oponemos de manera

articulada, somos una amenaza”.Cáceres denunció que han recibido ofrecimientos de sobornos millona-rios a cambio de olvidarse de la lu-cha, por ello dijo “queremos denun-ciar este proceso de saqueo, porque es nuestro derecho, denunciarlo”.

Por su parte Miriam Miranda, de la Ofraneh recordó que el Estado de Honduras, firmó y ratificó el Conve-nio 169 de la OIT y otros convenios que le obligan entre otras, a garan-tizar el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas. Sin embargo actualmente se imponen en los pue-blos de la Moskitia y Lencas la cons-trucción de represa hidroeléctricas.

Miranda calificó como “ministerios de cartón” a los ministerios de Jus-ticia y el de las Étnias de reciente creación en la administración de Lobo Sosa. Según la dirigenta ne-gra “están diseñados para lavar la deprimente imagen que posee el país, más que para defender los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas”.

Medios decomunicación

El ODHPINH, denunció que la so-brevivencia de los pueblos indíge-nas como culturas diferenciadas se encuentra en un inminente peligro, ante la homogeneización cultural promovida a través de los medios de comunicación masivos, parte de la estrategia de colonialismo inter-no. “La ausencia de medios de comuni-cación en nuestros idiomas facilita la aculturación, y con el agravante que CONATEL ha emitido una Ley que prohíbe la facilitación de las radios comunitarias. Las existentes se ven acosadas, tal como sucedió recientemente en dos ocasiones

con las radios del pueblo Lenca” señala un comunicado difundido esta semana.

Educación

La crisis evidenciada en las diversas denuncias de corrupción en el siste-ma educativo público, también tiene un agravante entre los pueblos indí-genas, según los denunciantes por-que en “repetidas ocasiones hemos señalado el fracaso de la Educación Bilingüe Intercultural” ya que las plazas de maestros en las comu-nidades indígenas se les confiere a personas que no manejan el idioma y cosmovisión de los pueblos, o se envían a maestros como de castigo” sostuvo la dirigenta del pueblo ne-gro de Honduras.

En febrero del año pasado, se efectuó la Asamblea de Pueblos Indígenas y Negros de Honduras donde se acordó sentar las bases para convocar una Asamblea Constituyente, desde la visión de los Pueblos Indígenas y Negros, como una salida pacífica a la grave crisis que atraviesa Hon-duras.

Asamblea

Pueblosindígenasy negros

denuncianpersecuciones

y amenazas

Esta semana en Tegucigalpa denunciaron la ofensivas que padecen “por parte del neoli-beralismo fundamentalista, que viene saqueando Hon-

duras como si fuera un trofeo de guerra, después de haber defenestrado la democracia”

en junio 2009.

Las poblaciones indígenas y negras luchan juntas hasta conseguir el respeto a sus tradiciones y el ejercicio pleno de derechos ciudadanos.

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» Ante tanta violencia en Honduras

¿Cómo podrías anotar “un gol por la paz”?Este domingo en la ciudad de El Progreso, Yoro en el marco de la campaña de Cultura de Paz impul-sada por la Compañía de Jesús, se desarrollará el torneo de futbolito “Un Gol Por La Paz”, con el ob-jetivo de propiciar un espacio que promueva menos violencia en Hon-duras, en momentos de alarmante criminalidad.

Este torneo que comenzará desde tempranas horas, contará con la participación de 19 equipos de fút-bol tanto de mujeres como de hom-bres y aparte de estar cargado de mucha emoción por la pasión que produce el deporte, tendrá un com-ponente extra: impulsar una cultura de paz en Honduras.

“Que sirva de recreación para la familia, para los chavos y chavas, que sirva para sensibilizar sobre el tema de la violencia que estamos viviendo en el país” aseguró Joksan Flores coordinador del área de Pro-gramación de Radio Progreso.

Esta actividad nace como propues-ta ante las cifras escalofriantes de muertes violentas en nuestro país. Según el Observatorio de la Violen-cia de la Universidad Nacional Autó-noma de Honduras el año pasado murieron, hasta el pasado 15 de diciembre, 6 mil 723 personas, en su mayoría jóvenes.

Mayra Peña de la aldea Arena Blan-ca de El Progreso aseguró que lo más importante en este campeo-nato es compartir y unirse, ya que debemos “unirnos por la paz, y aunque no ganemos el primer lugar lo importante es unirnos” apuntó.

L a Plataforma de Sindicatos Públicos, Centrales Obre-ras, Magisterio y el Frente

Nacional de Resistencia Popular, FNRP, informaron que todo está lis-to para conmemorar en Honduras el 1 de mayo, Día del Trabajador y la trabajadora.

Los planteamientos que han sido consensuados por la clase trabaja-dora versan en torno a la crisis eco-nómica en la que está sumergido el país, aseguró la profesora Dunia Mejía, presidenta de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, Fomh, en el departa-mento de Cortés.

“Las marchas van a girar alrede-dor de condenar los incrementos constantes a los precios de los pro-ductos de la canasta básica, el alto

precio de los combustibles, el alza de las tarifas de energía eléctrica, la privatización de los servicios públi-cos como la educación, del Registro Nacional de las Personas y la más reciente, la privatización de la Em-presa Nacional Portuaria y todas aquellas instituciones del Estado que le prestan servicios gratuitos al

pueblo hondureño”, dijo Mejía.

Así mismo la Plataforma de Sin-dicatos Públicos y el Magisterio, presentarán al Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, propuestas de cómo ir solventando la crisis que agobia a los hondureños, como muestra para que éste régimen entienda que los

sectores organizados son capaces de elaborar propuestas encamina-das a legislar a favor de los más necesitados.

A las marchas también se sumarán organizaciones de mujeres, cam-pesinos, estudiantes y personas desempleadas. Dunia Mejía, hizo el llamado a la población en general a sumarse a las acciones de protesta contra el actual Gobierno.

Movilizaciones urbanas

Representantes de las centrales obreras, dieron a conocer que en las ciudades más importantes del país se aseguran acciones de pro-testa.

En la capital hondureña, Tegucigal-pa, el recorrido comenzará a las 7 de la mañana, en la sede del Stibys, culminando en el Parque Central donde se realizará un acto político en el que representantes de las tres centrales obreras y del FNRP, darán lectura al documento unificado con 14 tema donde abordarán con sen-tido crítico las medidas neoliberales adoptadas por el Gobierno, mani-festó Benjamín Vásquez, miembro

de la Central General de Trabajado-res, CGT.

En San Pedro Sula, la movilización iniciará en horas de la mañana, desde el puente a desnivel de Me-gaplaza, marchando por la primera calle hasta llegar a la quinta aveni-da, en las cercanías de la alcaldía sampedrana. En la norteña ciudad de El Progreso, Yoro, las acciones comenzarán en el Puente de Que-brada seca, salida al Puerto de Tela, luego harán un recorrido por el Bu-levar Helena Kulman, culminando en el Parque Las Mercedes.

También se esperan acciones simi-lares en la ciudad de La Ceiba, en Atlántida, y en Choluteca al sur de país. A nivel nacional se ha pedido a los hondureños que salgan con sus cacerolas vacías, carretas haladas por caballos, bicicletas, como una muestra de la situación de crisis que se vive en Honduras.

Radio Progreso y el periódico A Mecate Corto darán cobertura a las movilizaciones bajo el lema: Callar la verdad, aplasta la dignidad de las víctimas ¡Movilicémonos no más impunidad¡

Los participantes en este torneo pertenecen a colonias,

barrios, aldeas y caseríos de todo el país, con edades entre

los 16 y 24 años. Algunos de los protagonistas están

consientes de la necesidad de hacer algo para que disminu-ya la violencia en Honduras.

Para este año los obreros y obreras del país han prepara-

do un manifiesto que contiene las demandas de los diferentes sectores organizados, mismo que se hará público durante

las movilizaciones de protesta que se han convocado.

Trabajadores convocan a masiva movilización del 1 de mayo

La clase obrera demandará soluciones concretas al alto costo de la vida

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La Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras ante la comunidad na-cional e internacional manifestamos lo siguiente:

• PRIMERO: Declaramos que la conservación de la memoria histórica es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad en Honduras, por ello no olvidamos que el 15 de septiembre de 2010 fue repri-mida violentamente por la Poli-cía Nacional una manifestación pacífica en la que participaban colegios de educación media, escuelas públicas, sindicatos, grupos artísticos, organizacio-nes sociales y varios colectivos de profesionales, dejando como saldo manifestantes con frac-turas de costillas, fracturas de

cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabe-za, así como la detención de 37 personas, entre ellas, 3 meno-res de edad.

• SEGUNDO: Denunciamos que esta estrategia de repre-sión que criminaliza cualquier manifestación de disidencia se ha constituido en una de las más recurridas violaciones a derechos humanos a partir del golpe de Estado, y su impu-nidad se ha institucionalizado de tal forma que representa la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondure-ños y hondureñas, y en conse-cuencia, para la existencia mis-ma del proceso de construcción democrática.

• TERCERO: Celebramos que después de casi dos años, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula por fin presentó un requerimiento fiscal contra los subcomisio-nados de policía Héctor Iván Mejía Velásquez y Daniel Mata-moros Ávila, por los delitos de detención ilegal, lesiones leves y violación de los deberes de los funcionarios, cuya audiencia inicial se celebrará el próximo 3 de mayo.

• CUARTO: Exigimos que las instancias encargadas de impartir justicia estén cons-cientes que la deducción de responsabilidades penales y administrativas en este caso es una oportunidad histórica para

enviar un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del Estado en el sentido que en una sociedad que se precie demo-crática no puede permitirse el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza; abiertos excesos e inexistencia de control respecto del uso de fuerza letal y no le-tal, con el objetivo de castigar a quienes participan en tales manifestaciones; y la inobser-vancia de los criterios de pro-porcionalidad, oportunidad, ne-cesidad y legitimidad en el uso de la fuerza.

• QUINTO: Exhortamos a la ciudadanía en general y a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en particular, a estar vigilantes con respecto al des-

enlace de este proceso contra los subcomisionados Mejía Velásquez y Matamoros Ávila, pues si nuevamente la impu-nidad se coloca por encima de la justicia, se tendrá un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la de-mocracia que queremos cons-truir, en tanto que se seguirá fomentando la vulnerabilidad de las personas al generar la per-cepción de que es posible violar los derechos humanos sin reci-bir castigo y se enviará a toda la sociedad un mensaje intimi-datorio que puede causar temor generalizado, y desanimar y si-lenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones sociales.

San Pedro Sula, Cortés,24 de abril de 2012

Pronunciamiento público

» Convergencia por los derechos humanos, Zona norte

Busca caminos ciudadanospara construir propuestasL a situación de violencia

e inseguridad en el país erosiona la sociedad y la

institucionalidad a extremos de un colapso, lo que obliga a analizar sus causas, identificar los autores prin-cipales, especialmente los que se escudan en la impunidad, y buscar posibles salidas.

Por esta razón, la Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental convocó el pasado 24 de abril a diferentes sectores de la sociedad hondureña a un foro de-nominado “Seguridad ciudadana y crisis policial: Caminos ciudadanos para construir propuestas” Para ello se contó con la participación del Padre Ismael Moreno, sj, quien ex-puso sobre el contexto en el que se sitúa el fenómeno de la inseguridad.

La Comisionada de Policía en con-dición de retiro, María Luisa Borjas, abordó el tema desde su experien-cia. Y finalmente, María Silvia Gui-llén, ex Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos, CIDH, expuso sobre la seguri-dad ciudadana desde la perspectiva del Sistema Interamericano de los derechos humanos.

El Padre Ismael Moreno, sj enfa-tizó que la seguridad remite a un asunto de inequidad, desigualdad y exclusión estructural en la sociedad

hondureña, y que las respuestas al mismo hay que buscarlas no de manera aislada, sino desde la arti-culación con todos los problemas y conflictos nacionales.

Por su parte, la Comisionada Bor-jas hizo una breve reseña histórica sobre la creación y los cambios que ha ido teniendo la policía en el país, cambios que en lugar de lograr una profesionalización de la misma, ha acentuado la influencia militar que la ha corroído desde su creación. Tanto la policía como los militares se sustentan en la violación a las leyes, se escudan y fomentan la im-punidad.

María Luisa Borjas dijo que “la de-puración debe ser en todos los ope-radores de justicia, pero que aún no ha arrancado la depuración de la

policía”.

Guillén amplió la visión de Honduras desde la perspectiva del Sistema Interamericano, dejando estableci-do, por una parte, los acentos de la CIDH en torno a exigir a los Esta-dos la protección de las víctimas, al tiempo que, por otra parte, recono-ció las fragilidades del Sistema ante poderes tan grandes como el cri-men organizado que cada vez tiene más influencia sobre los Estados.

Asimismo, Guillén hizo el llama-do a fortalecer el Sistema Intera-mericano porque es uno de los pocos organismos con los cuales se puede contar para la protec-ción de los derechos humanos frente a la fragilidad y la corrup-ción imperantes en los Estados.“Es responsabilidad de todos y to-

das presionar al gobierno, porque en estos momentos están solo al servicio de los poderes políticos y económicos. Me parece que aquí las violaciones a los derechos hu-manos son muy graves, por eso se necesita una lucha más regional, porque su problemática está muy escondida”.

La ex comisionada de la CIDH, ori-ginaria de El Salvador, dijo que lo importante es que los gobiernos se pongan a la altura de los pueblos, porque hay una profunda exclusión y una descarada apropiación de los recursos de los pueblos.

1. La seguridad ciudadana es un derecho humano y una obligación del Estado proveerla. Cualquier política de seguridad que sea definida, ha de partir de un concepto más amplio e integral que es el de seguridad humana.

2. Siendo el fenómeno de la inseguridad un problema regional, la solución o la búsqueda de soluciones, debe ser también regional.

3. Si no se atienden los problemas estructurales del fenómeno, se puede caer en el error de abordar el tema desde sus efectos conduciéndonos a la estigmatización y criminalización de sectores como la juventud, los campesinos, entre otros.

4. Los militares son generadores de impunidad y corrupción, y no se puede justificar su protagonismo por la corrupción y criminalidad de la policía. Los militares son los que más “ han educado” a la sociedad hondureña en la impunidad, la corrupción, la criminalidad y la represión.

5. Todo proceso de hacer frente a la impunidad de la policía y de otras ins-tituciones del Estado han de suponer la plena participación ciudadana, si es que se quiere avanzar con éxito hacia la construcción de estado de derecho y democracia. La depuración no puede estar desligada de los procesos de nueva institucionalidad, como tampoco se puede esperar que sean los mismos actores de la impunidad los que protagonicen la lucha contra la misma.

6. Es necesaria la creación de un colectivo, desvinculado del Estado y de los partidos políticos, que contribuya a la coordinación y vigilancia sobre el tema, acompañado de análisis permanente, organización, capacitación y movilización de la sociedad.

Entre las conclusionesdestacamos las siguientes:

Más de un centenar de personas atendieron la invitación al foro.