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BOLETIN Nº 691 LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P Del 01 al 15 de diciembre 2013
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BOLETIN Nº 691
LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P
Del 01 al 15 de diciembre 2013
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INDICE
01. RAJOY: “TRABAJARÉ PARA ACENTUAR LO QUE NOS UNE DESPUÉS DE TANTOS SIGLOS JUNTOS”
02. RAJOY: “ESA CONSULTA ES INCONSTITUCIONAL Y NO SE VA A CELEBRAR”
03. LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA QUE RAJOY TESTIFIQUE POR EL „CASO BÁRCENAS‟
O4. RAJOY : "SI ALGUIEN TENÍA CONTABILIDAD B, SERÍA DE ÉL"
05. MONCLOA DECIDE A DEDO QUÉ PERIODISTAS PUEDEN PREGUNTAR A RAJOY
06. RAJOY SE LIBRA DE SU SEGUNDA COMPARECENCIA PÚBLICA GRACIAS AL FUNERAL DE MANDELA 07. RAJOY SACA EL „PROGRAMA DURO‟ DEL PP
08. LA LEY DE SEGURIDAD CHIRRÍA EN EUROPA
09. INTERIOR CAMBIA LA LEY PARA AMPLIAR EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 10. DEFENSA ACONSEJA A MILITARES EXTRANJEROS ESTUDIAR ESPAÑOL EN UN CENTRO PRIVADO
11. DIECISÉIS PARTICIPACIONES EN LOS CURSOS DE FAES „AVALAN‟ AL NUEVO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
12. EL PASADO SIGUE EN EL PODER JUDICIAL
13. JPD ANTE LA RENOVACIÓN DEL CGPJ
14. CON AZNAR SALIERON CON PENAS REDUCIDAS 56 ETARRAS, IGUAL NÚMERO QUE CON LA ANULACIÓN DE 'PAROT'
15. AZNAR INTENTÓ CONVENCER A BLESA DE QUE CAJA MADRID COMPRASE VARIAS OBRAS DE ARTE
16. LOS CORREOS DE BLESA. “EL PP ENVIÓ DOS FACTURAS PARA SU ABONO POR LA CAJA. LAS TENGO BIEN GUARDADAS”
17. LOS CORREOS DE BLESA. CAJA MADRID PAGABA UNA LUJOSA SELECCIÓN DE VINOS PARA "USO EXCLUSIVO" DE MIGUEL BLESA
18. LOS CORREOS DE BLESA. ESPERANZA AGUIRRE IMPULSABA ENCHUFES EN CAJA MADRID MIENTRAS CRITICABA LOS GASTOS DE BLESA
19. JUEZ SILVA: "EN CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO BLESA ESTARÍA EN PRISIÓN"
20. LA AUDIENCIA NACIONAL AVALA INVESTIGAR A BLESA POR "PLANEAR" LAS PREFERENTES
21. EL JUEZ SILVA RELACIONA LOS CORREOS DE BLESA CON GÜRTEL, AZNAR Y AGAG
22. EL TSJ DE MADRID DECLARA 'ÍNTIMOS' 8.700 EMAILS DE MIGUEL BLESA
23. C.A. ANDALUCIA. LA AUDIENCIA DE SEVILLA LEVANTA LA IMPUTACIÓN DE CHAVES Y GRIÑÁN EN EL CASO DE LOS ERE
24. C.A BALEARES. MATAS PONE EN UN BRETE A RAJOY AL PEDIR EL INDULTO PARA EVITAR LA CÁRCEL
25. C.A BALEARES. BAUZÁ NO LOGRA IMPEDIR QUE SE LE JUZGUE POR SU FARMACIA Y DEMÁS NEGOCIOS
26. C.A CASTILLA Y LEÓN. EL PP DARÁ AL IMPUTADO LAMELA 60.000 EUROS PARA QUE PUEDA REHABILITAR UNO DE SUS EDIFICIOS
27. C.A CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL DESPIDIÓ A UNA EMBARAZADA PORQUE NO DIJO QUE LE
DOLÍA LA ESPALDA AL ENTRAR A TRABAJAR PARA LA JUNTA 27 BIS. C.A CASTILLA LA MANCHA. LISTA DE ESPERA FUGAZ PARA LA MUJER DE UN CONSEJERO DE COSPEDAL
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27.TRIS. C. A CASTILLA LA MANCHA. EL EXSECRETARIO GENERAL DE SANIDAD DE COSPEDAL ASESORA A LA EMPRESA A LA QUE DIO 36 MILLONES EN CONTRATOS
28. COMUNIDAD DE MADRID : EUROVEGAS. ¿Y AHORA QUÉ?
29. COMUNIDAD DE MADRID. EUROVEGAS: UNA PROMESA EVAPORADA EN CINCO MOMENTOS Y UNAS CUANTAS FRASES CRUZADAS
30. C.A MADRID. LA FISCALÍA RECHAZA LA PERSONACIÓN DE IGNACIO GONZÁLEZ “PARA DEFENDERSE” EN EL CASO DEL ÁTICO INVESTIGADO
31. C.A MADRID. CRISTINA CIFUENTES.LA DELEGADA VUELVE A LA CARGA
32. C.A MADRID. CIFUENTES: 'MI ÚNICO OBJETIVO EN ESTE MOMENTO ES ACABAR LA LEGISLATURA EN LA DELEGACIÓN'
33. C.A MADRID. LA COMUNIDAD AVALÓ LA CALIDAD DE LA EMPRESA QUE LE ESTAFÓ 4,4 MILLONES
34. C.A MADRID. EL TSJM DESESTIMA LA RECUSACIÓN DEL JUEZ TRISTÁN EN EL CASO DE LA PRIVATIZACIÓN
35. C.A MADRID. EL „RELAXING CUP‟ DE BOTELLA, ENTRE LAS METEDURAS DE PATA DEL AÑO PARA „TIME‟
36. C. VALENCIANA. ASÍ SE „COCINÓ‟ IKEA EN ALICANTE
37. C. VALENCIANA. ORTIZ: “HAY QUE CONTENTAR AL AYUNTAMIENTO”
38. C. VALENCIANA. EL EXALCALDE DE ALICANTE QUEDA AL BORDE DEL BANQUILLO POR FRAUDE FISCAL Y COHECHO
39. C. VALENCIANA. FABRA NOMBRA JEFA DE COMUNICACIÓN A QUIEN FUE LA PORTAVOZ DE CAMPS
40. C. VALENCIANA. LOS JUECES SUSPENDEN EL INGRESO EN PRISIÓN DEL EXALCALDE DE TORREVIEJA
41. C. VALENCIANA. ROBAN DE CANAL 9 EL VÍDEO QUE IMPLICA A COTINO EN EL „PELOTAZO‟ DE LA GÜRTEL CON LA VISITA DEL PAPA
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01. RAJOY: “TRABAJARÉ PARA ACENTUAR LO QUE NOS UNE DESPUÉS DE TANTOS SIGLOS JUNTOS”
La crisis soberanista entre el Gobierno y Artur Mas ha impregnado este sábado un
acto de despedida de Ramón Luis Valcárcel, en el que Mariano Rajoy ha convertido el
homenaje al presidente murciano en un homenaje a la unidad de España. "Yo no voy a
trabajar para acentuar las diferencias, voy a trabajar para acentuar lo que nos une
después de tantos siglos juntos y lo que tenemos por delante, las oportunidades que
tenemos en el futuro, ahí es donde va a estar el presidente del Gobierno", ha
proclamado el jefe del Ejecutivo, apuntando indirectamente a un proceso de diálogo
con el presidente de la Generalitat dos días después de la convocatoria de la
consulta soberanista y ante la escalada de la tensión. Hoy mismo, ERC ha afirmado
que el Gobierno "no podrá hacer nada" para frenar el referéndum independentista.
"Hablemos de lo que le importa a la gente. Todos habéis conocido los acontecimientos
que se han producido en España y todos conocéis mi posición, pero quiero decir una
cosa. España es la nación más antigua de Europa, la primera nación de Europa en
conseguir su unidad", ha enfatizado el líder del PP, que el pasado jueves dejó claro
que no se celebrará ninguna consulta, recalcando que la decisión sobre lo que es
España les corresponde "a todos los españoles, que son los que tienen la soberanía
nacional".
"España es una historia de éxito y queremos ser protagonistas de esta historia de
éxito. España es uno de los mejores países del mundo, tiene una Constitución que
defiende los derechos de la gente, y con ella hemos progresado como nunca, y eso es
lo que queremos seguir haciendo los españoles", ha proseguido Rajoy, que al final de
su intervención de clausura en la convención del PP de Murcia ha destacado "los
principios" del PP: "Amor a España, libertad, igualdad y derechos de las personas".
También el secretario general de los populares europeos, Tono López-Istúriz, se ha
pronunciado antes que Rajoy sobre los planes de Mas. ―La UE no tiene ni ganas ni
energías para afrontar este tipo de aventuras que generan problemas. Estoy
convencido de que no hay Gobiernos europeos que pudiesen aceptar ni política ni
económicamente‖ un hipotético escenario de independencia. ―Una pena que una región
hasta ahora puntera y hasta ahora en la vanguardia del ideal europeo se vea
embarcada en esta aventura‖, ha considerado.
Por su parte, el presidente murciano, que ha afirmado que "queda Valcárcel para
rato" y que "el futuro siempre reserva lo mejor", dejará la Presidencia de la Región
de Murcia en primavera, al menos un mes y medio antes de la celebración de las
elecciones europeas del 25 de mayo. Así lo confirmó la semana pasada en un encuentro
informal con periodistas, en el que ha dejado abierta la posibilidad de incorporarse
en las listas para esos comicios. Se trata de una decisión que tomará en las
próximas semanas, aunque fuentes de su entorno dan por hecho que concurrirá, eso sí,
sin encabezar la candidatura del PP. En cualquier caso, Valcárcel quiere dejar el
cargo un año antes de las autonómicas de mayo de 2015 para dar a su sucesor "la
oportunidad de darse a conocer" a los electores.
Para ello, el veterano dirigente popular, que dejará la Presidencia después de 19
años, abrirá un proceso sucesorio entre tres candidatos. El actual vicepresidente
económico, Juan Bernal, el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, y el
portavoz en la Asamblea de Murcia, Juan Carlos Ruiz.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/14/actualidad/1387018916_267293.html
02. RAJOY: “ESA CONSULTA ES INCONSTITUCIONAL Y NO SE VA A CELEBRAR”
Los partidos catalanes se van a encontrar con un muro muy alto. El que representa la
suma del PP, el PSOE y las instituciones europeas. Quiso la casualidad que el día
clave del anuncio de la consulta soberanista catalana coincidiera con una reunión en
La Moncloa entre Mariano Rajoy y Hermann van Rompuy, presidente del Consejo Europeo.
El presidente del Gobierno fue tajante: ―Garantizo que ese referéndum no se va a
celebrar. Es inconstitucional‖. Pero aún más claro fue Van Rompuy, que dejó de lado
la diplomacia y le lanzó un cable político a Rajoy muy importante: ―Si una parte de
un Estado de la UE se separa, desde el día de su independencia ese territorio
dejaría de ser parte de la UE, los tratados no se aplicarían. Tendría que pedir el
ingreso y eso es algo que tendrían que decidir todos, y repito todos, los Estados
miembros de la UE. Espero que España siga siendo un país unido. Toda mi carrera he
estado en contra de las separaciones en los países‖.
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El presidente del Consejo, que fue primer ministro de Bélgica, un país con graves
problemas de este tipo, llevaba escrito el texto y leyó incluso los artículos que
avalaban su afirmación, en un discurso claramente hablado con Rajoy.
El Gobierno, aunque públicamente no quería adelantar acontecimientos, en privado
estaba preparado para este momento. Aunque aún había una última esperanza de que los
partidos catalanes no lograran ponerse de acuerdo, en el fondo los estrategas de La
Moncloa contaban con una decisión de este tipo, aunque no tan rápida y contundente:
pregunta y fecha antes de que acabe el año. A partir de ahora la entrada en el
Gobierno catalán de ERC también está en la agenda de los asesores de Rajoy en este
asunto. ¿Y después? La consulta se parará, 2014 será un año de gran tensión política
y este proceso acabará probablemente en unas elecciones plebiscitarias que La
Moncloa augura para 2016, aunque nadie se atreve a hacer cálculos.
Lo más importante para el Gobierno en este momento es tranquilizar a su electorado y
al ala conservadora de su partido. Este jueves en el Congreso había diputados, unos
pocos, que planteaban que tal vez ha llegado el momento de usar el artículo 155 de
la Constitución y suspender la autonomía catalana. ―Para algo se puso en la
Constitución, para momentos como este‖, resumía uno. Sin embargo, en el Gobierno
descartan esa opción. ―No va a hacer falta‖, insisten. Hay muchas otras formas de
parar esta ofensiva, y la más eficaz es la del Tribunal Constitucional, repiten.
Por eso Rajoy quiso lanzar ese mensaje de tranquilidad a un electorado que está muy
inquieto con la crisis independentista, como recordó la semana pasada Ana Botella,
alcaldesa de Madrid y esposa de José María Aznar. Rajoy no quiso decir nada sobre el
artículo 155 pese a las preguntas reiteradas.
El presidente le dio incluso mayor solemnidad al transformar la respuesta en una
especie de declaración institucional leída ante Van Rompuy antes de dar paso a las
preguntas, que por primera vez en 10 años fueron realizadas por periodistas elegidos
por la secretaría de Estado de Comunicación y no por los informadores.
―Aunque no sea costumbre, permítanme que me refiera a un asunto que está hoy de
actualidad, y es el anuncio realizado por varios partidos catalanes de plantear una
consulta de autodeterminación. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no
se va a celebrar, es inconstitucional y no se va a celebrar. Choca con el fundamento
de la Constitución, que es la indisoluble unidad de España. El Gobierno no puede
negociar sobre algo que es propiedad de los españoles, la soberanía. A los españoles
corresponde decir qué es España y cómo se organiza. Les garantizo que esta consulta
no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión ni negociación‖, aseguró el
presidente. Esa era la consigna, y el mensaje repetido tanto por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como por el portavoz parlamentario del PP, Alfonso
Alonso.
El Ejecutivo sigue convencido de que Artur Mas, que tiene una presión clara de Josep
Antoni Duran, no llegará a realizar una consulta no autorizada. ―No daremos la
imagen de una consulta popular con urnas en las calles y con la Guardia Civil. CiU
siempre ha dicho que quiere una consulta pactada‖, señaló en el Congreso Duran. El
Ejecutivo se aferra a eso e incluso algunos interlocutores señalan que ese es el
pacto no escrito con Mas, que tiene una enorme presión del gran empresariado
catalán, al que La Moncloa está empujando. El Ejecutivo confía así en que el
presidente catalán acate la resolución del Constitucional que impedirá la consulta y
convoque elecciones.
Lo que no está claro es qué pasará el día después. El Gobierno sigue apelando a la
responsabilidad de Mas y no quiere hablar de la ciudadanía que presiona para esa
consulta y que se verá frustrada si no se realiza, lo que provocará un nuevo
problema político. La Moncloa atribuye toda la clave a Mas y CiU, y cree que si
cambia de idea y la suaviza, los catalanes, o al menos una buena parte, bajarán
también sus expectativas. ―Antes de abrir un proceso apelo a la responsabilidad del
presidente de la Generalitat y al compromiso político que firmó de no violentar las
leyes‖, le espetó Rajoy desde La Moncloa.
En el Gobierno aseguran que Rajoy está tranquilo y le da una gran importancia a la
posición clarísima del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue de los
primeros en asegurar que la consulta no se celebrará. ―Mi coincidencia en este
asunto es total‖, remachó Rajoy.
El presidente esquivó el asunto del artículo 155 de la Constitución: ―No voy a
entrar en detalles de lo que vamos a hacer, les digo que no se va a celebrar. La
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soberanía española no es negociable. No puedo ni quiero ni pretendo negociar, porque
es disparatado‖. También evitó entrar en el problema del crecimiento de los
independentistas, pero sí quiso lanzar un mensaje amable a los catalanes: ―No es
cierto que en el resto de España no se quiera a Cataluña. No es cierto que no se
valore lo mucho que han aportado. Los saben los catalanes que viven fuera de
Cataluña. Lamento las iniciativas que alientan la división y fragmentan a la
sociedad‖.
La declaración de Rajoy
La declaración que ha hecho Rajoy de manera solemne en La Moncloa es la siguiente:
"Aunque no sea costumbre, permítanme que me refiera a un asunto que está hoy de
actualidad y es el anuncio realizado por varios partidos catalanes de plantear una
consulta de autodeterminación. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no
se va a celebrar, es inconstitucional y no se va a celebrar.
Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es
radicalmente contrario a la Constitución y a la ley, esa iniciativa choca
frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución que es la indisoluble unidad
de la nación española.
Por lo tanto, el Gobierno que presido no puede autorizar ni negociar sobre algo que
es propiedad de todos los españoles. Solo al conjunto de los españoles, --el titular
único de la soberanía--, les corresponde decir qué es España y cómo se organiza, y
nadie puede privarles de ese derecho.
Ningún Gobierno puede ceder lo que corresponde a los españoles. Ni yo ni ningún
presidente del Gobierno puede permitir o consentir que se prive a los españoles de
lo que la Constitución y las leyes les garantiza.
Como presidente del Gobierno he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
leyes, y por tanto les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera
de toda discusión y de toda negociación.
Desde el Gobierno hemos trabajado siempre por el fortalecimiento de los lazos
afectivos, políticos, económicos y sociales que nos unen a catalanes y al resto de
los españoles. Por ello lamento profundamente iniciativas que fracturan a la
sociedad, alientan la división y generan profundas incertidumbres a la ciudadanía en
un tiempo necesitado de certezas.
Voy a dedicar todo mi esfuerzo para que los catalanes que siempre han sido una parte
fundamental y querida de España no se vean perjudicados por las consecuencias de esa
iniciativa.
Recuerdo el respeto que todos debemos a la ley y especialmente quienes tenemos
responsabilidades de Gobierno. Por eso, antes que se formalice esta propuesta y se
intente abrir un proceso manifiestamente contrario a la Constitución y a los
derechos de los españoles, apelo a la responsabilidad del presidente de la
Generalitat y al compromiso político por él asumido de no violentar las leyes".
El presidente del Gobierno ha explicado después que en el rechazo a la iniciativa
impulsada desde Cataluña está "totalmente de acuerdo" con la postura del líder de la
oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien también ha rechazado lo que ha denominado
un "un referéndum de autodeterminación". Rajoy, sobre el simposio España contra
Cataluña: "No es cierto que en el resto de España no se quiera a Cataluña".
Por su lado, Van Rompuy ha recordado que si una parte de un territorio de un Estado
miembro deja de ser parte de ese Estado, quedará fuera de la Unió Europea, y "dejan
de aplicarse los tratados".
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/12/actualidad/1386874919_926329.html
03. LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA QUE RAJOY TESTIFIQUE POR EL „CASO BÁRCENAS‟
Definitivamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no declarará como
testigo en el caso de los Papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad irregular
del Partido Popular. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha confirmado la
decisión del juez Pablo Ruz de no citar como testigo al jefe del Ejecutivo así como
a los antiguos líderes populares Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. La sala,
presidida por la magistrada Ángela Murillo, considera ―extemporánea‖ la declaración
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del expresidente, que había solicitado el pasado julio la Asociación de Abogados
Demócratas de Europa (Adade), una de la acusaciones populares en la causa.
La sala explica en un auto –resolución razonada- que ya han declarado ante el juez
Ruz tres secretarios generales del PP –la actual, Dolores de Cospedal, y sus
predecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos- con lo que el magistrado
instructor ―se habrá hecho cabal idea de lo que por vía de mas testificales la parte
recurrente pretende que prosiga la investigación‖.
En lo que se refiere a Rajoy, el tribunal no ve la necesidad de corroborar
anotaciones de los papeles de Bárcenas sobre otras personas que figuran como
perceptoras de fondos, ya que las diligencias practicadas han confirmado ―la
realidad de varios apuntes contables‖. La sala recuerda que no es necesario acordar
la práctica de todas las pruebas solicitadas por las partes y que le corresponde al
instructor disipar los hechos y su relevancia penal.
En cuanto a Rato y Mayor Oreja, la resolución incide en que el periodo que pudiera
afectarles no es objeto de investigación. En otro auto, la sección cuarta rechaza
pedir a la Xunta de Galicia el expediente de adjudicación y contratación de la
Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. Esta petición, también formulada por
Adade, había sido rechazada también por el juez Ruz el pasado septiembre. La Sección
Cuarta entiende que los acusadores particulares no indican cuál es el indicio
delictivo y el nexo de unión con la causa de los papeles de Bárcenas de los
contratos de la Ciudad de la Cultura.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/12/actualidad/1386857281_714986.html
O4. RAJOY : "SI ALGUIEN TENÍA CONTABILIDAD B, SERÍA DE ÉL"
Entrevista a Mariano Rajoy en El País
P. Un elemento importante del debate sobre la crisis es la corrupción. Transparencia
Internacional ha publicado los últimos datos según los cuales España pierde puntos
al nivel de Libia, Mali o Guinea Bissau. ¿No es esto un gran problema para la imagen
de España? ¿Cómo serán los instrumentos para luchar contra la corrupción?
R. Sin duda es un problema. Todos hemos visto lo que han recogido los medios de
comunicación a lo largo de los últimos tiempos. Yo le haría una reflexión y le
explicaría luego qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos hecho. Hay un
problema, hay corrupción, la hemos visto aquí y en muchos otros países. Ahora, yo
llevo en política 32 años. Yo empecé en política en 1981. Tenía 26 años entonces. Y
yo he conocido a muchísima gente haciendo política. Yo empecé de concejal de pueblo,
en mi tierra, allí en Galicia. Y yo he visto gente trabajando en los pequeños
pueblos durante muchas horas, cobrando cero. Porque la gente dice: es que hay cien
mil políticos, pero los concejales de pueblo, que es la mayoría de esos cien mil, no
cobran, ni han cobrado en su vida, porque ni el Ayuntamiento da para eso. Puede
haber casos, que además están en la mente de todos, pero la inmensa mayoría de la
gente es gente honrada y decente. Y tampoco debemos contribuir a que se instale una
idea de corrupción generalizada que no es cierta. Esa es la reflexión que dejo.
Segundo, nosotros hemos presentado a las Cortes y aprobado ya dos leyes. La orgánica
de Financiación de los Partidos Políticos, para intentar hacerlo todo más reglado, y
una Ley de Transparencia que me parece muy avanzada. Y este año 2013 presentaremos
la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos,
la ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración general del
Estado, y medidas penales y procesales en la lucha contra la corrupción. Todo eso
hace las cosas más difíciles, las hace más regladas, también creo que mucha gente
habrá aprendido de muchas cosas que hemos visto en los últimos tiempos. Sin duda, yo
no puedo estar satisfecho con este asunto y estamos intentando hacer todo lo
posible.
P. Dice usted que mucha gente habrá aprendido muchas cosas de lo que hemos visto en
los últimos tiempos. ¿Se refiere a lo sucedido en su partido con el caso Gürtel,
específicamente?
R. Como comprenderá no me gusta nada, y lo que me hubiera gustado es que jamás se
hubiera producido esto. A mí, a los dirigentes del PP, a los militantes, y a
personas que no sean del PP sino que son españoles que se dedican a sus cosas o que
piensan de forma diferente a nosotros. Yo espero que esto no se vuelva a producir
nunca.
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P. El nivel de insatisfacción de los ciudadanos con los políticos aquí está 17
puntos por encima de la media en Europa. La reputación que tenía España hace 10 años
era de un país moderno y progresivo, pero ahora es de un país con un problema de
corrupción bastante grande. ¿Por qué no dimite nunca ningún político aquí cuando hay
pruebas por todas partes? ¿Y qué piensa de la reputación internacional de España
hoy?
R. Todas las personas afectadas por los casos que han estado en los medios de
comunicación han dimitido. Yo no conozco que haya ninguno que ocupe un cargo público
y que esté imputado en este momento. Pero cuando digo ninguno, es ninguno. Si usted
conoce uno que esté imputado y que no haya dimitido pues me lo dice. Pero, vamos, yo
desde luego no recuerdo ninguno. Aquí en Madrid todos han dimitido, el extesorero
del partido también, hasta donde yo sé, todas las personas que estaban implicadas en
el caso Gürtel han dimitido. No descarto que pueda quedar alguno, pero la inmensa
mayoría hace mucho que ya no ocupan sus cargos. Segundo, claro, dice usted lo de los
partidos y el crédito de los partidos. No voy a hablar de lo que ha ocurrido en
otros países de la Unión Europea porque me parece que no tiene ningún sentido. Pero
yo le voy a decir una cosa: España, a pesar de lo que se dice de los partidos, tiene
un sistema de partidos muy estable. Es decir, en España ha gobernado el centro
derecha o el centro izquierda, es decir el Partido Popular, la UCD o los
socialistas. En España no hay partidos eurófobos ni hay partidos euroescépticos, ni
hay partidos de extrema derecha, ni hay partidos de cómicos, no los hay. En otros
sitios puede haber esas cosas sin duda, pero eso en España no existe. Es decir,
España es un país moderado, equilibrado y la inmensa mayoría de la gente apuesta por
opciones clásicas.
P. Pero eso no explica la insatisfacción del pueblo con los políticos.
R. Bueno, pues en otros sitios deben estar más insatisfechos cuando le dan su apoyo
a partidos extremistas o antisistema. Esto de la insatisfacción es muy difícil de
medir. Pero desde luego a la hora de votar, generalmente los españoles votan con
mucho sentido común. Y desde luego aquí no han surgido partidos extremistas ni
antieuropeos ni xenófobos. Aquí no, en otros sitios es posible, pero aquí no han
surgido. Aquí la gente es bastante moderada, bastante equilibrada y bastante
sensata. Se puede acertar o equivocar como todo el mundo.
P. Usted ha defendido que Fabra es ejemplar o que no hay contabilidad b del PP. ¿No
teme la pérdida de credibilidad de su palabra?
R. Es que, oiga, yo digo que contabilidad b en mi partido no la hay. Y si alguien
tenía una contabilidad b sería de él, pero es que en mi partido nunca ha tenido una
contabilidad b, no la hay, es que no la hay. Si alguien tiene una contabilidad b o
tiene unas notas, son las suyas, pero no son las del Partido Popular. Alguien habrá
hecho unas notas. Y por tanto yo eso lo mantengo. Nosotros no teníamos una
contabilidad b, solo tenemos una contabilidad a.
P. Pero la pregunta es: ¿no teme perder la credibilidad de su palabra?
R. Pues espero que no.
P. Pero la distancia entre lo que dice usted y lo que dice el pueblo es bastante
grande y es un problema de credibilidad porque con todo el mundo con quien hablo yo
habla de la corrupción política de España. ¿Qué responsabilidad tiene usted en eso?
R. Mire, el pueblo normalmente habla en unas elecciones. Es decir, esto ya lo
veremos. Yo he planteado esto en el Congreso de los Diputados, he tenido un debate
en el Congreso de los Diputados. He presentado una serie de normas anticorrupción
que se han aprobado, y otras que les he dicho que se presentarán en pocos días. Sin
duda usted puede tener una opinión, pero tiene que pensar que otros pueden tener una
opinión diferente a la suya. Por resumir: nosotros ya sabemos lo que nos ha
ocurrido, la gente implicada en estos casos ya no está, vamos a intentar que esto no
se pueda producir en el futuro.
P. Pero si hay evidencia de que eliminaron los discos duros, por ejemplo, ¿pensaría
usted en dimitir?
R. Perdón, es que yo no conozco ese tema. Créame que no conozco ese tema.
P. Pero bajo su liderazgo, todo el mundo habla de ese tema, hay que tratarlo.
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R. Ya, ya, lo único que sé es que eso se ha mandado a un juzgado y que el juzgado ha
archivado la causa. ¿Qué quiere usted que haga yo? ¿Tiene usted las pruebas
distintas a las que valoró el juez? Es que yo no lo sé, me pregunta usted por una
cosa que desconozco.
P. Es una reacción que para el pueblo es muy difícil de aceptar. Por eso hay tanta
distancia entre la ciudadanía y la clase política, porque es una respuesta evasiva.
R. Que a la gente no le gusta eso, es evidente, que a mí no me gusta, eso es
evidente. Que hemos tomado decisiones para que esto no vuelva a ocurrir en el
futuro, también. A partir de ahí usted puede tener su opinión, que puede coincidir
con la de alguna gente y con la de otra no.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/08/actualidad/1386520536_280805.html#sum
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05. MONCLOA DECIDE A DEDO QUÉ PERIODISTAS PUEDEN PREGUNTAR A RAJOY
Desde hace diez años, los periodistas pactan entre ellos quiénes formulan las dos
preguntas autorizadas en las ruedas de prensa con mandatarios extranjeros
La Secretaría de Estado de Comunicación consigue su objetivo de cambiar la fórmula
que ABC se saltó por primera vez
Como muestra de su respeto a la libertad de prensa, Moncloa decidirá a dedo a partir
de ahora qué periodistas pueden preguntar a Mariano Rajoy en las ruedas de prensa
para vetar al resto. El acuerdo vigente hasta hoy de decidir entre ellos quién y qué
se preguntaba al presidente ha sido roto de forma unilateral por la Secretaria de
Estado de Comunicación. Pocos minutos antes de la comparecencia del presidente en
rueda de prensa con Herman van Rompuy, Carmen Martínez Castro, ha indicado a los
representantes de la prensa que se ha acabado el acuerdo interno puesto en práctica
desde hace más de diez años para los dos turnos de palabra autorizados a los medios
españoles cuando Rajoy comparece en rueda conjunta con un mandatario extranjero.
Los medios elegidos en esta ocasión han sido Antena 3, Tele 5 y el medio considerado
de cabecera del Gobierno, el diario ABC. Este diario fue el primero en saltarse el
pacto con el visto bueno previo de Moncloa. En esa ocasión, estaba previsto que una
de las preguntas la formulara la redactora de El Mundo, Marisa Cruz. Cuando llegó el
momento de dar los turnos de palabra, Rajoy señaló al redactor de ABC, Mariano
Calleja, que había avisado de que su director le había encargado que formulara otra
pregunta por su cuenta. La redactora de El Mundo abandonó la sala de prensa en ese
momento. También abandonó la rueda de prensa la periodista de Telecinco, que decidió
no hacer uso del turno de palabra que Moncloa le había concedido.
Esta vez, la maniobra ha resultado evidente cuando el presidente ha contestado al
periodista de ABC leyendo una respuesta que llevaba escrita y preparada. El resto de
la prensa presente en la sala han respondido a la censura del Gobierno levantando la
mano todos a la vez para que resultara evidente la protesta.
Las dos primeras cuestiones formuladas han tratado sobre la respuesta del Gobierno
al anuncio de la fecha y la pregunta de la consulta sobre la independencia de
Cataluña, anunciada para el 9 de noviembre. Rajoy ha insistido en el mensaje
trasladado por Moncloa esta mañana: la consulta no se celebrará por ser
"radicalmente contraria a la Constitución y a la Ley". El presidente ha insistido en
que la Constitución no permite el referendum porque "la soberanía nacional es de
todos los españoles" y la iniciativa de la Generalitat "choca frontalmente con la
indisolubilidad de la nación española". "Ni yo ni ningún presidente puede
autorizarla. Se lo garantizo. Está fuera de toda discusión y negociación", ha
remachado Rajoy.
Una vez ha quedado claro el mensaje dedicado a Artur Mas, ABC ha insistido en
preguntar a Rajoy sobre la respuesta jurídica que dará el Gobierno y si suspenderá
la autonomía de Cataluña como contempla el artículo 155 de la Constitución. También,
sobre el simposio inaugurado hoy con el título "España contra Cataluña". El
presidente ha declinado insistir sobre lo primero pero ha empezado a leer una ficha
preparada para contestar a lo segundo. Así, ha asegurado que "no es cierto que en el
resto de España no se quiera a los catalanes" o no se aprecie "lo mucho que
aportan".
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http://www.eldiario.es/politica/Moncloa-quiere-decidir-pregunta-
Rajoy_0_206480286.html
06. RAJOY SE LIBRA DE SU SEGUNDA COMPARECENCIA PÚBLICA GRACIAS AL FUNERAL DE MANDELA
El presidente no acudirá a la sesión de control del Congreso del miércoles. Hoy
martes tenía una rueda de prensa el Roma tras la bilateral italo-española
Esta semana, contrariamente a lo que es habitual en su agenda, el presidente del
Gobierno comparecía tres veces públicamente para responder a las preguntas de la
prensa y de la oposición. Al final, Mariano Rajoy sólo comparecerá una vez, el
jueves 12 por la tarde, en rueda de prensa conjunta en La Moncloa con el presidente
del Consejo Europeo, Herman van Rompuy.
El funeral del expresidente sudafricano Nelson Mandela hoy martes ha permitido a
Rajoy librarse de dos de las tres comparecencias: la rueda de prensa conjunta con el
primer ministro italiano, Enrico Letta, que habría tenido lugar esta misma mañana en
Roma tras la celebración de la cumbre bilateral italo-española, y la sesión de
control al Gobierno, en la que el presidente debía responder mañana miércoles en el
Congreso a tres preguntas de la oposición.
Concretamente, Rajoy debía responder a una pregunta de Rosa Díez, líder de UPyD,
sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); otra del
responsable de IU, Cayo Lara, sobre los compromisos incumplidos del Ejecutivo, y una
tercera del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acerca de la
reforma de la ley de régimen local, que se aprueba definitivamente en el Senado la
semana que viene a pesar de rechazo de la oposición y de algunas comunidades del PP,
como Galicia.
Diez horas por trayecto
Cuando se conoció la fecha del funeral de Mandela y la asistencia del jefe del
Ejecutivo y el príncipe de Asturias, el Gobierno ya expresó sus dudas sobre los
plazos del jefe del Ejecutivo para regresar a Madrid desde Sudáfrica a tiempo para
responder en el Congreso. Hoy mismo, La Moncloa confirmó a la Junta de Portavoces
que Rajoy no va a llegar a las 9 de la mañana del miércoles, hora de inicio de la
sesión de control en la Cámara Baja. Los funerales del líder sudafricano estaban
previstos para las 11 de la mañana de hoy (10:00 hora española), aunque comenzaron
con retraso debido a la fuerte lluvia que caía sobre el estadio Soccer City de
Johannesburgo. El viaje desde Madrid hasta aquí dura alrededor de diez horas.
Las preguntas que los diputados iban a hacer a Rajoy mañana miércoles se pasarán a
la sesión parlamentaria de la semana que viene, mientras que de buscar una nueva
fecha para la bilateral entre España e Italia se ocuparán los ministros de Asuntos
Exteriores de ambos países.
http://www.publico.es/488230/rajoy-se-libra-de-su-segunda-comparecencia-publica-
gracias-al-funeral-de-mandela
07. RAJOY SACA EL „PROGRAMA DURO‟ DEL PP
Reformas como la 'ley Fernández' o ladel aborto son gestos hacia el electorado más
derechista
El presidente prepara una segunda parte de la legislatura más política
Todo empezó con la entrevista a José María Aznar en Antena 3, el 21 de mayo, pero la
manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo el 27 de octubre fue el
verdadero punto de inflexión. El PP es cada vez más consciente de que su electorado
más conservador está muy molesto. Se ve en los medios conservadores, lo perciben los
ministros y dirigentes en su entorno más cercano y sobre todo lo detectan las
encuestas que como siempre interpreta para Mariano Rajoy el gurú Pedro Arriola. Dos
asuntos clave tienen alterada a la derecha española. El fin de la doctrina Parot,
que implica la salida a la calle de conocidos etarras y otros delincuentes como
Miguel Ricart, y por otro lado la tensión independentista en Cataluña.
Consciente de este problema creciente, el Gobierno, que cree tener ahora algo más de
margen político porque la prima de riesgo ya no aprieta como antes, ha empezado a
concentrarse en algunas leyes que son gestos claros al electorado conservador aunque
implican abrir un frente importante en el sector moderado, indignan a la izquierda y
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pueden perjudicar la imagen de Rajoy en Europa. La más evidente es la ley de
seguridad. Si algo gusta y reclaman los sectores conservadores es dureza con las
manifestaciones y los escraches. Ante la polémica suscitada, el Gobierno ha
suavizado algunos aspectos, pero sigue siendo una norma pensada para satisfacer al
electorado conservador, en especial con esa nueva infracción por ―ofensas a España‖.
El responsable de esta ley, Jorge Fernández, un ministro catalán, muy conservador y
cercano a Rajoy, se ha convertido en el ariete de esta nueva estrategia del
Gobierno. Mientras, para cerrar el flanco sobre Cataluña, además de estas ―ofensas a
España‖, Rajoy lleva semanas lanzando la idea de que ―la soberanía nacional y los
artículos 1 y 2 de la Constitución no se van a tocar‖. Y ha dejado claro que no se
va a mover.
El fin de la doctrina Parot y las excarcelaciones tienen muy alterado al mundo
conservador, tanto que hasta Ana Botella, hasta ahora muy cauta, aseguró que este
tipo de cuestiones pueden ―fragmentar el electorado del PP‖ y llegó a decir que hay
―dudas sobre el proyecto político‖ de este partido. El Gobierno, aseguran los
ministros, no tiene margen. Sin embargo, sí intenta hacer cosas. La semana pasada,
por ejemplo, en un intento de atraerse al mundo de las víctimas, introdujo una
enmienda en el Senado para que los condenados por terrorismo no reciban el subsidio
por desempleo si no han mostrado arrepentimiento y pedido perdón a las víctimas.
Además, Hacienda podrá embargar sus bienes por el procedimiento administrativo de
apremio si no pagaron las cantidades a las que fueron condenados como
responsabilidad civil y que fueron adelantadas por el Estado a las víctimas.
Rajoy parece así iniciar una segunda parte de la legislatura más política, en un
claro intento por conectar con su votante natural. Aunque en el Ejecutivo admiten
que la verdadera respuesta para ganar las elecciones en 2015 está en la economía, en
la esperada recuperación y en la reforma fiscal que se presentará en marzo de 2014 y
que es clave en la estrategia electoral del PP.
De momento la preocupación urgente, desde el punto de vista electoral, son las
europeas de junio de 2014. El PP ya está en campaña. Ya ha presentado incluso su
comité, aunque Rajoy no haya decidido aún su candidato, que anunciará probablemente
después de Navidad. El PP teme un voto de castigo enorme al Gobierno, aunque cree
que le salvará que el PSOE tampoco tendrá un buen resultado.
Son unas elecciones en las que, como dice uno de los expertos del partido, ―solo
votan los muy cafeteros‖, esto es, la gente más politizada (en las últimas, en 2009,
votó el 45%). Y esos ―muy cafeteros‖, en el PP, los votantes tradicionales, son muy
conservadores. No es casual que en las últimas, en 2009, en una decisión que no
gustó nada a los marianistas más moderados, Rajoy colocó de nuevo de cabeza de lista
a Jaime Mayor, genuino representante del ala dura del PP. Y no le fue nada mal: las
ganó por 500.000 votos. Ahora Mayor querría repetir como cabeza de lista. Esta vez
parece más difícil, está muy distanciado de Rajoy. Aunque lo que es seguro es que el
presidente, que pretende volcarse más en el partido a partir de enero, se
concentrará en recuperar al electorado conservador, el que más problemas internos le
está generando.
Gallardón, del Código Penal al aborto
Otro ministro dedicado a la estrategia de satisfacer al electorado conservador es
Alberto Ruiz Gallardón. Suya es la reforma del Código Penal, que introduce la
prisión permanente revisable y está en plena tramitación. Hasta el Consejo de Estado
ha dicho que el Ejecutivo no ha justificado esta medida y se ha dejado llevar por la
―alarma social‖ que generan algunos crímenes, aunque también ha dicho que cree que
sí es constitucional.
Gallardón tiene en sus manos una reforma clave para el electorado conservador: el
aborto. El propio Rajoy aseguró el viernes a los periodistas que se aprobará este
mes de diciembre, en uno de los tres consejos de ministros que quedan. La tensión
interna en el Gobierno con este asunto parece en vías de solución. Rajoy eliminará
la ley de plazos, el sistema que rige en casi toda Europa, y volverá a supuestos.
Pero el tratamiento de esos supuestos y de los abortos en casos de malformaciones
dividen al Ejecutivo hasta el último minuto, en el que Rajoy decidirá. El aborto es
una ley muy complicada porque todos los ministros asumen que no gustará del todo a
nadie, aunque sacarla adelante ahora es un claro gesto hacia el electorado
tradicional.
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Otro mensaje hacia este sector es el anuncio de una ley de servicios mínimos, algo
que según la oposición es una forma encubierta de tocar por primera vez en
democracia la ley de huelga.
En otro plano, la tan criticada ley de educación, con el tratamiento que da a la
educación concertada y a la asignatura de la religión o la eliminación de educación
para la ciudadanía, también tiene la intención de lanzar el mensaje de que el PP va
a empezar en esta segunda parte de la legislatura a cumplir su programa electoral
para conectar de nuevo con su electorado natural
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/07/actualidad/1386443628_850062.html
08. LA LEY DE SEGURIDAD CHIRRÍA EN EUROPA
El Ministerio del Interior afirma que la norma que ha diseñado es similar a las
europeas
El Ministerio del Interior afirma que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
que quiere sacar adelante es ―absolutamente imprescindible‖ para evitar que
conductas ―antisociales‖ queden impunes, al dejar de ser faltas cuando estas sean
eliminadas por la reforma del Código Penal.
El departamento que dirige Jorge Fernández se muestra sorprendido por la polémica
política, judicial y ciudadana que suscita el proyecto, y sostiene que la futura ley
es similar a la que rige en países europeos vecinos. En algunos aspectos es así,
pero en otros no, tales como los relativos a las manifestaciones callejeras, el
cultivo de marihuana, fotografiar a los policías antidisturbios y la prostitución
(ver el gráfico).
El ministro Fernández argumenta que el año pasado hubo en España 14.721
manifestaciones y este año (hasta el 31 de octubre pasado) más de 7.300. ―Es ahora,
en el ecuador de la legislatura, cuando se ha superado la recesión y se vislumbra la
salida de la crisis, cuando parece razonable impulsar una ley para que queden mejor
afianzados los derechos y libertades públicas, garantizando mejor la seguridad
ciudadana, y eso sí, impidiendo la aparición de conductas ilegales violentas y
vandálicas‖, dijo el pasado 27 de noviembre en el Congreso.
El ministro espetó en esa misma sesión al diputado socialista Eduardo Madina: ―¿Le
parece que las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones a un policía (...) deben
quedar sin reproche siquiera administrativo? ¿Le parece a usted que la ocupación de
cualquier espacio común público o privado, fuera de los casos permitidos por la ley
o la autoridad competente, no merece reproche administrativo?‖.
Madina, en un agrio y durísimo enfrentamiento con Fernández, le replicó: ―Son sus
políticas y su miedo los que gritan en esta ley: ‗Silencio todo el mundo‖
La oposición considera que la ley Fernández contempla cuantiosas multas
gubernativas, contra las que es más difícil y costoso presentar recurso. Pero el
ministro promete que su norma será ―más garantista que la vigente‖ Ley de Seguridad
Ciudadana.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/07/actualidad/1386439800_243497.html
09. INTERIOR CAMBIA LA LEY PARA AMPLIAR EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA
Representantes de policías y guardias civiles rechazan la nueva norma
Jorge Fernández, ministro del Interior, se ha convertido en uno de los grandes
protagonistas políticos de este final de 2013, que políticamente para el Gobierno
marca el punto de inflexión —se cumplen dos años de mandato— en el que ahora se
quieren concentrar para dar satisfacción a su electorado natural. Ahora Fernández
vuelve a primer plano con esta nueva ley que regula el trabajo de vigilantes y
detectives privados, tras ser el responsable de la Ley de Seguridad Ciudadana que
limita las protestas sociales.
El asunto de la seguridad privada, habitualmente bien acogido en este electorado
natural, es algo que ha generado polémicas políticas siempre que el PP, en el
Gobierno, ha defendido ampliar sus espacios. La oposición siempre ha acusado a los
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populares de tener mucha vinculación con las empresas de seguridad privada, un lobby
importante en España, que tiene importantes multinacionales en este sector.
Lo cierto es que el propio ministro ha reconocido que esta ley está pensada, entre
otras muchas cosas, para que las empresas de seguridad privada tengan más negocio.
Interior asegura que en España hay margen para crecer porque hay menos vigilantes
privados por habitantes que en Alemania o Francia y muchos menos que en Reino Unido,
aunque más que en Italia. Interior ha redactado por tanto esta norma para satisfacer
a un sector que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros
anuales.
Interior admite una realidad: con la actual limitación de contratación pública —en
el sector de la seguridad solo se repone un 10% de los puestos de trabajo que quedan
vacantes— hay que sacar a policías y guardias civiles de muchas labores de
vigilancia. La nueva ley va a dar entrada a la seguridad privada en todos los
espacios posibles, como el exterior de las cárceles y de algunos edificios públicos.
Interior admite que la ley está pensada para eso, para que crezca la seguridad
privada, pero en ningún caso, asegura, para que sustituya a la pública en asuntos
fundamentales. De hecho, el departamento de Fernández insiste en que los vigilantes
ya podían detener a personas antes y asegura que la oposición exagera la polémica.
Sin embargo, Fernández no solo va a tener enfrente el PSOE, IU y UPyD. Tampoco a los
representantes de policías y guardias civiles les ha gustado esta última redacción
aprobada este martes. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José
María Benito, auguró que habrá ―muchos problemas‖ entre la policías y los vigilantes
privados con esta nueva norma, informa Servimedia. Mientras, la Asociación Unificada
de Guardias Civiles aseguró que está ―rotundamente en contra‖ porque considera que
supone ―una privatización encubierta‖ de la seguridad pública y habilita a ―policías
baratos‖ y menos formados.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/10/actualidad/1386709736_438678.html
10. DEFENSA ACONSEJA A MILITARES EXTRANJEROS ESTUDIAR ESPAÑOL EN UN CENTRO PRIVADO
El ministerio envío un correo a todas las agregadurías militares aconsejando Aula
Intercultural
El departamento que dirige Pedro Morenés reconoce que la iniciativa fue
"desafortunada"
La recomendación ha causado un hondo malestar en el Instituto Cervantes
El Ministerio de Defensa ha pedido a sus agregadurías militares que recomienden a
los militares extranjeros que quieran aprender español que siguan los cursos de una
empresa privada, Aula Intercultural, que no posee ninguna sede fuera de Madrid pero
que sí imparte clases online.
Este consejo prodigado por el ministerio que encabeza Pedro Morenés ha causado
sorpresa y malestar en el Instituto Cervantes, un centro estatal que además de
ofrecer cursos a través de Internet posee una amplia red de 75 sedes en 42 países
sufragados con dinero público. El Cervantes concede además cada año unas cuantas
becas a militares extranjeros.
A principios de octubre pasado, el subdirector general de Planes y Relaciones
Internacionales de Defensa, el vicealmirante Ignacio Horcada Rubio, remitió un
correo oficial titulado ―Solicitud de colaboración con una empresa española‖ a todas
las agregadurías militares excepto a aquellas acreditadas en países de América
Latina cuyo idioma oficial es el español.
―(…) Ruego informen de la existencia de esta empresa y de sus actividades a las
correspondientes autoridades de esos países [en los que están acreditados],
favoreciendo también el contacto entre esa empresa y los posibles interesados‖ en
estudiar español, señalaba el mensaje enviado a más de 30 agregadurías militares
junto con un folleto electrónico explicativo de los servicios que ofrece Aula
Intercultural. Cuando Defensa formuló esta recomendación la hoja de la empresa había
sido cerrada en el Registro Mercantil de Madrid ―por no depósito de las cuentas
anuales‖.
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Un portavoz del Ministerio de Defensa aseguró que el objetivo de la iniciativa, que
surgió de la dirección general de enseñanza de dicho departamento, era propiciar el
aprendizaje previo del español por parte de aquellos militares extranjeros que van a
realizar cursos en España, por lo que únicamente debía dirigirse a países de habla
no hispana en los que no haya una sede del Instituto Cervantes. Se da la
circunstancia de que el Instituto Cervantes dispone de sede en todos los países en
los que España tiene agregadurías militares. En todo caso, el mismo portavoz
reconoció que la redacción de la circular había resultado ―desafortunada‖.
Aula Intercultural es una empresa que tiene firmados contratos para la enseñanza de
idiomas con el Estado Mayor del Ejército y con academias militares, así como con La
Moncloa y otros departamentos de la Administración central. Entre sus clientes
figuran también empresas privadas. La dirige Elena Gutiérrez Espasandín en
colaboración con su hermano Miguel Ángel. Ambos colaboran con el periódico digital
Diario Ya que intenta recuperar el espíritu del desaparecido periódico madrileño Ya
–cerró en 1996-que perteneció a la Conferencia Episcopal española.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/11/actualidad/1386778222_834459.html
11. DIECISÉIS PARTICIPACIONES EN LOS CURSOS DE FAES „AVALAN‟ AL NUEVO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
Los momentos 'estelares' de la carrera de Carlos Lesmes: doble director general en
los gobiernos de Aznar; se quedó solo defendiendo el indulto del kamikaze, la
ilegalización de Sortu que después tumbó el Constitucional
―Es un jurista sólido, pero muy de derechas, muy conservador, aunque claro, eso en
la judicatura no significa novedad alguna…‖. Es el resumen que hace a ELPLURAL.COM
un fiscal que coincidió con Carlos Lesmes Serrano cuando éste, en los últimos años
80, era un fiscal que preparaba sus oposiciones a magistrado de lo contencioso
¿Entonces se podía pensar que acabaría como ‗jefe‘ de los jueces? ―Lo cierto es que
siempre se movió muy bien en el entorno del Partido Popular‖, nos responden a modo
de explicación.
¿Por qué Lesmes es el elegido?
Porque la pregunta es lícita. En una carrera, como la judicial, donde la gran
mayoría es ideológicamente tan conservadora ¿qué permite a alguien destacar hasta
convertirse en el ‗elegido‘ para ser el que dirija el tercer poder del estado,
cuando resulta absolutamente necesario para alcanzar ese puesto el apoyo político?
La carrera de Carlos Lesmes permite quizás responder a la pregunta.
De lo evidente de su curriculum resulta fácil hacer un rápido resumen. Madrileño, de
55 años, comenzó su carrera como fiscal en los años 80, y una década después se pasó
a la magistratura, dentro del cuerpo de jueces de lo contencioso-administrativo.
Mientras ejercía su labor, su relación con los miembros del Partido Popular fue
siempre lo suficientemente estrecha como para que se acordaran de él ya en el primer
gobierno de Aznar. En 1996 le sacaron de su puesto de magistrado de los Contencioso-
Administrativo en Valencia y ya no se bajaría de puestos en la Administración hasta
que el PP perdió las elecciones en 2004.
Un hombre de confianza del PP
Porque primero le nombraron director general de Objeción de Conciencia. Una tarea
que ahora puede parecer menor, pero que en su momento tenía miga, porque se trataba
de canalizar el fin del servicio militar obligatorio. Y en el segundo mandato de
Aznar le ‗ascendieron‘ a un puesto clave en el Ministerio de Justicia, el de
director general de Relaciones con la Administración de Justicia. No es este
cualquier cargo, porque como su nombre indica es la persona responsable de realizar
el enlace entre Gobierno y jueces. O sea, de ‗vender órdenes y filosofía‘ del
Ejecutivo a la magistratura y recibir ‗quejas y peticiones‘ de los jueces hacia el
Gobierno.
Después de su ‗carrera política‘, Carlos Lesmes volvió a la carrera judicial, pero
ya en ‗otro escalón‘. En 2005 fue elegido presidente de lo Contencioso de la
Audiencia Nacional, y en 2010, siempre con el creciente apoyo del PP, pasó a ocupar
un puesto de magistrado de lo Contencioso, pero ya en el Supremo. De su trabajo en
el Supremo quedan en la memoria de todos con quienes se habla tres actuaciones que
admiten ‗elaboración‘ por su contenido ideológico y por los implicados en los casos:
fue el ponente de la sentencia de la ilegalización de Sortu, que acabaría siendo
anulada por el Constitucional; fue el ponente de la anulación parcial del indulto al
banquero Alfredo Sanz; y por un tiempo fue el candidato a ser ponente de la
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resolución del tristemente famoso indulto al kamikaze de Valencia, una ocupación de
la que no pudo llegar a hacerse cargo porque se quedó literalmente solo defendiendo
el indulto y ante una opinión tan minoritaria debió ser sustituido como ponente por
otro magistrado más capacitado para lograr consenso.
Gallardón, un hombre clave en su carrera
Como se recordará, el asunto del kamikaze de Valencia lo llevó el bufete de abogados
donde trabaja el hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Pero además,
conviene también recordar, y esto se subraya menos en los medios, que quien defendía
al conductor kamikaze era Esteban Astarloa, hermano del influyente político del PP
Ignacio Astarloa.
Estos dos nombres, los de Gallardón y el de Astarloa no resultan para nada ajenos a
la carrera política de Lesmes. El primero, amigo personal, según todas las fuentes
ha jugado un papel decisivo en la elección de Lesmes para presidir a los jueces, e
incluso este verano, por su trabajo en la redacción de la nueva Ley Orgánica del
Poder Judicial, le impuso la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. El
segundo es un hombre de FAES, con el que el ahora presidente del Consejo General del
Poder Judicial ha coincidido en cursos.
En el caladero ideológico del PP, la FAES
Porque, aquí está quizás la gran clave para entender la respuesta a la pregunta que
planteábamos inicialmente ¿Qué hace destacar a Carlos Lesmes entre tantos otros
magistrados conservadores? ¿Por qué es el él que ha elegido el Partido Popular para
un cargo relevante, y que lo va a ser aún más en los próximos meses y años dados los
casos que tendrán que verse en el Tribunal Supremo? Carlos Lesmes es un hombre no
sólo cercano al PP, es un hombre parte del PP. O así puede deducirse de un hecho
relevante: ha participado al menos en 16 cursos organizados por FAES, la gran
fundación ideológica del Partido Popular, en los últimos diez años. Muy intensamente
entre 2003 y 2010.
FAES, la fundación que como se sabe preside José María Aznar, es el gran caldero
donde se cuecen las ‗ideas del PP‘, donde se preparan los argumentos que van a
encaminar el paso del partido, pero también el lugar donde a través de sus cursos y
ponencias se encuentran, forman y tamizan los cuadros de relevancia del partido
conservador.
Una vida ‗paralela‘ a Enrique López, el ‗ultrajuez‘ que llegó al Constitucional
Como se puede ver en el archivo adjunto, realizado a partir de las memorias de FAES,
Carlos Lesmes comenzó a asistir a los cursos de esta fundación en el año 2003. Y en
ellos, como coordinador o como asistente, ha ido participando en la elaboración del
pensamiento ‗popular‘ en materia de justicia: el nuevo derecho penal y
penitenciario, los nuevos juzgados de lo mercantil, el proyecto de Ley en relación
con la violencia contra las mujeres, la reforma de la Ley del Tribunal
Constitucional, la modernización de la Justicia, los juicios rápidos…
Pero, para darse cuenta del peso de lo que sucede en FAES, no es menos relevante que
el contenido de lo que se debate, comprobar los nombres de las personas que
coinciden en los cursos y su posterior proyección. Por ejemplo si se ve el listado
de asistentes a los cursos y ponencias en los que participó Carlos Lesmes entre 2003
y 2009 se notará una persistente coincidencia de otro nombre junto al suyo, el de
Enrique López López, otro juez con historia y proyección por su adscripción
ideológica y por el que el PP apostó muy fuerte.
Refrescamos la memoria sobre Enrique López (se puede ver su historial más detallado
pinchando en este perfil recogido en Losgenoveses.net): es el magistrado que el PP
se empeñó en incluir en todas las candidaturas para la renovación del Constitucional
a partir de 2008, a pesar de que incluso un informe de los letrados del Senado
señalaba que no cumplía los requisitos para entrar en el alto tribunal, entre otras
cosas por la simple razón de que no tenía entonces la necesaria antigüedad de 10
años como magistrado. Lo que sucedía era que se le utilizaba, con su consentimiento,
para bloquear la renovación del Constitucional durante los gobiernos socialistas, a
la espera de poder contar con mayoría conservadora. Eso sí, los populares le han
agradecido a Enrique López su gesto, y, aunque entró con forceps, ya es miembro del
Constitucional.
Papel clave para cuando asuntos como la trama Gürtel lleguen al Supremo
Pero volvamos a Carlos Lesmes. Su rol en el futuro inmediato va a ser fundamental. Y
es que quien preside el CGPJ, también es presidente del Tribunal Supremo, por lo que
Lesmes tendrá un papel lógicamente decisivo en la renovación de plazas vacantes que
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se deben llevar a cabo en este tribunal, y que, según ha sabido ELPLURAL.COM, ahora
son cuatro y a las que se sumarán por jubilación alguna más en las próximas semanas.
Jueces, en algunos casos, que tendrán que ver los recursos de procesos en estos
momentos abiertos, en los que se ve envuelto el Partido Popular (de manera muy
destacada el asunto por la trama Gürtel-Bárcenas) y que, es más que previsible,
acabarán con sus sentencias recurridas en el Alto Tribunal.
Decía en una entrevista Carlos Lesmes, al tiempo que reconocía ser un hombre de
profundas ideas religiosas que ―en este país, si tienes convicciones religiosas te
encasillan como conservador…, y si encima tienes 5 hijos, ya tienes que ser el
Opus‖. Y a continuación se preguntaba ―¿qué supone ser conservador?‖. Se inicia este
jueves su carrera al frente del gobierno de los jueces, con sus acciones quizás nos
dé él mismo contestación a su retórica pregunta
http://www.elplural.com/2013/12/12/dieciseis-participaciones-en-los-cursos-de-faes-
avalan-al-nuevo-presidente-del-poder-judicial-carlos-lesmes/
12. EL PASADO SIGUE EN EL PODER JUDICIAL
La reforma del consejo no ha alterado el esquema básico de reparto de poder entre
los partidos
Entre los 20 flamantes vocales del Poder Judicial que jurarán sus cargos el próximo
día 4 ante el Rey, hay de todo: esposas y esposos de…, amigos y apadrinados de…,
militantes de…, ex políticos y hasta políticos. La sensación gatopardista de que el
ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha tirado del BOEpara que todo siga igual, pero con
la apariencia de que todo se ha cambiado, está instalada en amplios sectores de la
judicatura; convencidos de que PP y PSOE podían haber conformado un Consejo similar
al actual con la anterior normativa reguladora de la elección de vocales y
funcionamiento del órgano de gobierno de los 5.000 jueces españoles. E incluso se ha
dado entrada a jueces no asociados (cinco), tradicionalmente proscritos pese a
representar a más de la mitad de la carrera. Pero todos ellos son de contrastada
afinidad ideológica con quienes les nombran.
Y es que la esencia del sistema se mantiene: es decir, como siempre, PP y PSOE se
han repartido las vocalías del Consejo en lo que podría catalogarse de extrapolación
de sus cuotas de poder parlamentarias. Si el PP tiene mayoría absoluta en el
Parlamento, también la tendrá en el Poder Judicial, donde se ha reservado diez
vocalías. Y se ha pactado pese a que en la misma ley, que aparentemente todo lo
cambia, el PP introdujo una cláusula que, en esta legislatura y con mayoría
cualificada en el Senado, le habría permitido renovar el Poder Judicial y
garantizarse la mayoría absoluta aunque el PSOE hubiese bloqueado la negociación en
el Congreso. Si el PP se ha reservado diez hombres en el Consejo, el PSOE se ha
conformado con siete (no anda sobrado de cargos públicos y había muchas bocas
deseosas de acceder a un cargo con unos 6.000 euros netos de sueldo). A IU le han
dejado poner a una consejera (la secretaria judicial Concepción Sáenz) y dos a los
nacionalistas de CiU (su diputada Mercè Pigem) y PNV (el abogado Enrique Lucas). PP
y PSOE han meditado mucho sus listas antes de cerrarlas. Huyen de experiencias
anteriores de vocales díscolos.
En el anterior Consejo había dos fiscales (en este ninguno, lo que ha disgustado al
ministerio público), y solo una juez del Supremo (en este hay tres, que serán cuatro
cuando se sume y sea votado el presidente, que lo propone el PP).
Desde el Supremo, cuya sede está enfrente de la del Consejo, a veces se ha visto con
cierto desdén algunas decisiones del Poder Judicial. No por la institución en sí,
sino por sus integrantes, normalmente, de inferior categoría en la carrera judicial.
Pero, aunque les tumbaban decisiones, la realidad, el poder, se imponía: y es que,
por ejemplo, para ser magistrado del Supremo hay que pasar por la criba del Consejo.
Acabar con esa percepción de que mayoritariamente el Consejo lo integraban jueces de
la escala básica o intermedia, unido al escándalo de los viajes caribeños del
expresidente del Consejo y del Supremo Carlos Dívar —que tuvo que dimitir—, fue uno
de los elementos que influyeron en Ruiz-Gallardón para poner patas arriba la forma
de elección de los vocales. Y, de camino, restar el tradicional poder de las
asociaciones hermanas de los grandes partidos (la conservadora APM y la progresista
JpD) en la designación de sus miembros. Tres huelgas de jueces le costó al ministro
el cambio normativo, que se vendió como un arma para aumentar la calidad del
Consejo, la de sus integrantes y, en consecuencia, su independencia del poder
político. Pero eso es solo sobre el papel. Y, como ejemplo, el hecho de que la
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aspirante que dispuso de más avales de sus compañeros, la juez Rocío Pérez-Puig, ni
siquiera ha estado en las listas que se han intercambiado PP y PSOE.
Un consejero recusado por el PSOE
El nombramiento como vocal del Poder Judicial del magistrado Gerardo Martínez
Tristán ha sido la causa de la dimisión como senador del secretario general de los
socialistas madrileño Tomás Gómez. Opina que el PSOE debió vetarle como consejero.
Desde 2006, Martínez Tristán es presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Madrid. También es marido de una consejera de la Junta de Castilla-La
Mancha que preside la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Tristán está
recusado como juez por el PSOE por haber abocado a los 50 jueces de su Sala para
unificar criterios sobre los recursos que penden del proceso de privatización de
hospitales de Madrid. Dado que había resoluciones dispares, Martínez Tristán convocó
a toda la Sala a un pleno a finales de octubre. No logró su objetivo: por 13 votos a
favor de su tesis y 33 en contra, los jueces optaron por no unificar ningún criterio
y que cada sección resuelva como mejor entienda. Gómez vio en esa jugada un intento
de Tristán de que la justicia no obstaculice el proceso. Al estar recusado por el
PSOE, el Tribunal Superior de Madrid ha tenido que constituir una sala especial para
decidir si procede o no la recusación. El presidente de la Sala de lo Penal del TSJ,
Francisco Vieira, preside también esta sala especial, y coincide que ha pedido una
de las dos plazas que han quedado vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo (la de los magistrados Perfecto Andrés y Carlos Granados).
Según fuentes judiciales, en este nuevo Consejo, como ocurrió en los anteriores, ha
primado la afinidad ideológica o el amiguismo. También, y en no pocos casos, la
solvencia profesional. Entre los elegidos por el PSOE se halla la magistrada del
Supremo Clara Martínez, esposa del exfiscal general Cándido Conde-Pumpido; o Roser
Bach, apuesta de los socialistas catalanes, aunque es esposa del consejero de
Justicia del líder de CiU Artur Mas; o la de Pilar Sepúlveda, amadrinada para el
Consejo por la presidenta socialista de Andalucía; o la de magistrada María Victoria
Cincto, apoyada por los socialistas vascos; o María del Mar Cabrejas, del juzgado 55
de Madrid, apadrinada por el negociador socialista para este Consejo, Antonio
Camacho. O la del diputado Álvaro Cuesta, exdiputado socialista.
En el lado del PP ocurre por el estilo y también todos tienen sus padrinos. Como el
presidente de la Sala de lo Contencioso de Madrid, Gerardo Martínez Tristán, marido
de una consejera en Castilla-La Mancha de la número dos del PP, Dolores de Cospedal;
o la juez valenciana Carmen Llombart, apadrinada por el vicepresidente saliente,
Fernando de Rosa; y la de María Ángeles Carmona con el vocal saliente Antonio
Dorado. También han pesado las buenas relaciones con el ministerio de Ruiz-
Gallardón, como en los casos de los presidentes de los tribunales superiores de
Navarra y Murcia (Juan Manuel Fernández y Juan Martínez); o las que mantiene el
presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska
con los populares.
Está previsto que el lunes de la próxima semana los nuevos vocales se reúnan para
elegir al presidente. Los dos nombres que más suenan son el del presidente de la
Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y el magistrado de la Sala de lo
Contencioso, y exalto cargo de Justicia con el PP Carlos Lesmes. Algunos vocales
juran que aún no les han dicho a quién han de votar. En conclusión, una reedición
del gatopardismo (cambiarlo todo para que todo siga igual).
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/01/actualidad/1385923909_753062.html
13. JPD ANTE LA RENOVACIÓN DEL CGPJ
Jueces para la Democracia valora negativamente todo el proceso de renovación del
CGPJ y la elección del nuevo presidente. Se trata de un Consejo que nace devaluado
sensiblemente, porque la reforma de la LOPJ ha limitado no solo sus competencias
sino también su operatividad. Además, la amplia designación como vocales del CGPJ de
cargos gubernativos que podrán compatibilizar sus funciones genera riesgos para la
independencia judicial. No ha existido ninguna evaluación de méritos de los vocales
judiciales, ni tampoco transparencia en el proceso. Y la reducción de los avales a
la cifra mínima de 25 ha permitido un amplio margen de discrecionalidad y
arbitrariedad a las cúpulas de los fuerzas políticas mayoritarias para nombrar a las
personas que han querido en función de intereses estrictamente partidistas.
Por otro lado, la elección de Carlos Lesmes ha seguido la misma línea. Se trata de
un presidente que ha sido decidido realmente por los partidos políticos y no por los
18
vocales del CGPJ. Con ello la mayoría de los integrantes del CGPJ han mostrado que
será muy difícil que puedan actuar con autonomía, ya que decisiones de semejante
relevancia son acordadas al margen de este órgano constitucional. El hecho de que el
PP haya impuesto el nombre de Carlos Lesmes, ex director general de Justicia en el
gobierno de Aznar, es una muestra más de que el ministro Ruiz Gallardón ha
conseguido una mayoría afín a sus intereses para controlar la institución.
Jueces para la Democracia decidió no presentar candidaturas a este proceso de
renovación, ante la disconformidad con una reforma del CGPJ que subordinaba la
institución al poder político y reducía de manera importante sus competencias. Las
personas asociadas a JpD que han sido elegidas vocales se han presentado a título
personal y no son representantes de nuestro proyecto asociativo. En todo caso,
hacemos un llamamiento a dichos vocales y al resto para que, más allá de la forma de
nombramiento, no actúen como correas de transmisión de las fuerzas políticas. Y para
que ejerzan sus elevadas funciones constitucionales, como máximos garantes de la
independencia judicial y como gestores eficaces de las funciones para la mejora de
la administración de justicia.
Lamentamos que este proceso haya provocado un mayor descrédito de las instituciones
judiciales a los ojos de la ciudadanía. En una situación de amplia crisis social
como la presente, nuestra sociedad necesita de un poder judicial fuerte,
independiente y con una credibilidad suficiente. Para ello debe visibilizarse de
forma clara la existencia de división de poderes, como rasgo característico de un
Estado de Derecho. La notable interferencia del poder político en el poder judicial
que se ha escenificado con esta renovación del CGPJ supone un nuevo paso atrás en
las legítimas expectativas ciudadanas.
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
http://juecesparalademocracia.blogspot.com.es/2013/12/jpd-ante-la-renovacion-del-
cgpj.html?m=1
14. CON AZNAR SALIERON CON PENAS REDUCIDAS 56 ETARRAS, IGUAL NÚMERO QUE CON LA ANULACIÓN DE 'PAROT'
El PP, las víctimas y la derecha mediática que ahora se indignan por la puesta en
libertad de etarras tras la anulación de la 'doctrina Parot' nunca protestaron
cuando salían a la calle con penas reducidas en el anterior gobierno conservador
Muchos dirigentes del Partido Popular, la mayoría de agrupaciones de víctimas y los
medios de comunicación conservadores han cargado contra el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos por la anulación de la doctrina Parot, desatando una considerable
alarma social por cada preso que queda libre tras cumplir su condena reducida por
buena conducta. Sin embargo, durante la primera legislatura del Gobierno de José
María Aznar salieron a la calle un total de 56 miembros de ETA a los que se les
aplicó esa misma reducción de condena, el mismo número de los que se han beneficiado
ahora de la anulación de Parot. Lo hicieron cuando la cartera de Interior estaba
ocupada por Mayor Oreja, posteriormente por Mariano Rajoy y luego por Ángel Acebes.
Pero ni en ese momento ni ahora les han criticado por ello. Dependiendo de si está
en el Gobierno o en la oposición y de si está negociando o no con ETA, el PP tiene
una doble vara de medir las políticas y la legislación antiterrorista.
Dado que en esos años ETA estaba en activo, sí había un riesgo real de que los
presos que salían a la calle volvieran a reincorporarse a la organización para
atentar de nuevo, tal y como lo hicieron varios de ellos. Sin embargo, el 20 de
octubre de 2011 la banda anunció el "cese definitivo de la actividad armada" y a día
de hoy está a la espera, manifestado así por sus últimos miembros, de la entrega de
armas y la disolución, por lo que no hay riesgo alguno de que los condenados que
abandonan la prisión vuelvan a integrarse en ella.
El 28 de febrero de 2006 se instauró la jurisprudencia de la doctrina Parot, según
la cual la reducción de penas por beneficios se aplica respecto de cada una de ellas
individualmente y no sobre el máximo legal permitido de 30 años. La jurisprudencia
anterior era la existente desde 1944, en tiempos de la dictadura franquista, con la
que una condena de 30 años, con buena conducta, solía quedar en en menos de 25. Esta
situación es a la que se ha vuelto ahora desde que el TEDH echara para atrás la
doctrina dictada por el Tribunal Supremo español.
19
Con la orden del TEDH España ha de liberar a 56 presos de ETA, de los que sólo
quedan "dos o tres", como recordó este jueves el ministro Fernández Díaz. 56 son
también los que salieron a la calle en la primera legislatura de Aznar, el
presidente que autorizó "contactos con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional" y
que posteriormente azuzó la ofensiva contra Zapatero por las negociaciones durante
la tregua.
Este diario ha tenido acceso ahora a una lista con los nombres, condenas impuestas y
tiempo real cumplido de estos 56 miembros de ETA que se beneficiaron de rebajas
penitenciarias durante el Gobierno de José María Aznar.
Uno de los que aparece en la lista es Ignacio Bilbao Goicochea, condenado en 1983 a
52 años de prisión. Cumplió 17 y en el 2000, cuando Mayor Oreja era ministro del
Interior, salió a la calle gracias a diversas redenciones de pena. Menos de dos años
después, en marzo de 2002, asesinó de un tiro en la nuca a Juan Priede, el único
concejal socialista de Orio (Guipúzcoa). Mayor Oreja nunca hizo ninguna declaración
al respecto. Es más, en los últimos tiempos se ha mostrado abiertamente crítico con
el Gobierno de Rajoy por haber liberado a Josu Uribetxeberria Bolinaga, enfermo
terminal de cáncer.
Los presos que salieron con condena reducida durante el Gobierno Aznar
1) Artola Santiesteban, José Ramón - 327 años -02/09/1986-04/08/2002 - Ángel Jesús
Acebes
2) Letona Viteri, Enrique - 311 años - 09/10/1987 -14/05/2003 - Ángel Jesús Acebes
3) Larriaga Echevarría, Juan José - 221 años -28/11/1980 - 14/11/2000 - Mayor Oreja
4) Rementería Beotegui, Jaime - 220 años - 11/08/1983- 08/01/2004 - Ángel Jesús
Acebes
5) Esquisabel Echevarría, Francisco - 180 años -13/10/1980 - 17/08/2002 - Ángel
Jesús Acebes
6) Ugarte Zincunegui, Jon J. - 174 años - 19/06/1987 -03/07/2003 - Ángel Jesús
Acebes
7) Echeandia Zorroza, Juan Carlos - 172 años -26/05/1983 - 06/07/2001 - Mariano
Rajoy
8) Otegui Arrezabala, Luis Mª - 162 años - 28/04/1987- 20/06/2003 - Ángel Jesús
Acebes
9) González García, Fidel - 160 años - 19/06/1981- 05/09/2000 - Mayor Oreja
10) Alberdi Olano, Ernesto - 135 años - 28/11/1980- 15/09/2001 - Mariano Rajoy
11) Bengoa Unzurrazaga, Félix - 134 años -14/11/1980 - 21/10/1999 - Mayor Oreja
12) Aguirre Aguirre, José Ángel - 134 años - 28/10/1985- 26/05/2003 - Ángel Jesús
Acebes
13) Ancizar Tellechea, Fermín - 126 años - 19/05/1981- 23/07/2001 - Ángel Jesús
Acebes
14) Cabello Pérez, Francisco - 120 años - 05/11/1986- 12/02/2003 - Ángel Jesús
Acebes
15) Nazabal Auzmendi, Juan - 106 años - 03/10/1979- 20/1998 - Mayor Oreja
16) Galardi Sagarcía, Itziar - 101 años -01/03/1982 - 12/02/2002 - Mariano Rajoy
17) Anza Ortuartez, Juan Mª - 101 años - 20/02/1982- 18/10/2002 - Ángel Jesús Acebes
18) Iraculis Albizu, Fernando - 99 años - 30/03/1982 - 27/11/2002 - Ángel Jesús
Acebes
19) Irastorza Fernández, Eugenio - 96 años - 28/02/1980- 09/09/2003 - Ángel Jesús
Acebes
20
20) Echevaría Ayesta, José Antonio - 94 años -09/07/1980 - 18/01/2002 - Mariano
Rajoy
21) Jiménez Zurbano, Jesús - 94 años - 22/11/1988 -31/05/2003 - Ángel Jesús Acebes
22) Zabaleta Meddía, Ángel - 94 años - 13/06/1989- 08/03/2004 - Ángel Jesús Acebes
23) Ormaechea Antepara, Jesús Mª - 88 años - 08/05/1984- 24/01/2003 - Ángel Jesús
Acebes
24) Muiatos Díaz, Agustín - 88 años - 16/05/1984- 25/02/2002 - Mariano Rajoy
25) Ostolaza Alcocer, Manuel - 85 años - 05/02/1981- 07/07/1999 - Mayor Oreja
26) Pagola Cortajarena, José A. - 78 años - 27/06/1984- 17/10/2003 - Ángel Jesús
Acebes
27) Garciandía Solano, Ricardo - 73 años -20/10/1981 - 23/11/1999 - Mayor Oreja
28) Guridi Arocena, Pedro Juan - 68 años -14/11/1980 - 11/04/2001 - Mariano Rajoy
29) Alberti Zubizarreta, Miguel - 68 años -06/12/1984 - 14/11/2001 - Mariano Rajoy
30) Araizaga Arozamena, Salvador - 67 años - 17/11/1981- 12/12/2002 - Ángel Jesús
Acebes
31) Zabaleta Garmendía, José R. - 66 años - 12/12/1987- 07/02/2003 - Ángel Jesús
Acebes
32) Recarte Gutiérrez, Gloria Mª - 65 años -29/10/1981 - 24/11/200 - Mayor Oreja
33) Jaio Bustinduy, Jon Yanqui - 64 años - 09/06/1985- 11/09/2003 - Ángel Jesús
Acebes
34) González Merino, Juan Manuel - 63 años -20/06/1984 - 04/03/2000 - Mayor Oreja
35) Aldanondo Luzuiriaga, Joaquín Mª - 58 años -21/12/1986 - 27/10/1999 - Mayor
Oreja
36) Merino Quijano, José Luis - 57 años - 28/03/1984 - 27/09/2001 - Mariano Rajoy
37) Eguibar Michelena, Coro - 53 años - 20/02/1982- 05/08/2000 - Mayor Oreja
38) Bilbao Goicoechea, Ignacio J. - 52 años -06/07/1983 - 28/09/2000 - Mayor Oreja.
39) Marcos Olaizola, Luis M. - 51 años - 04/02/1981- 07/10/2001 - Mariano Rajoy
40) Apecechea Arozamena, Juan M. - 50 años -17/05/1980 - 08/04/1999 - Mayor Oreja
41) Arluciaga Iribar, José A. - 48 años -19/05/1981 - 27/05/1999 - Mayor Oreja
42) Zomárraga Luzuriaga, Miguel G. - 48 años -31/12/1986 - 14/02/2003 - Ángel Jesús
Acebes
43) Pastor Landa, Luis Alberto - 46 años -22/01/1982 - 19/11/1999 - Mayor Oreja
44) Izaga González, Ricardo - 45 años - 07/03/1986- 21/04/2002 - Mariano Rajoy
45) Izaguirre Iglesias, Teodoro - 44 años -22/01/1981 - 12/06/2003 - Ángel Jesús
Acebes
46) Aguirre Arín, Gervasio - 43 años - 01/01/1980- 17/05/2002 - Mariano Rajoy
47) Viata Balda, Emiliano - 42 años - 27/10/1987 -10/09/1999 - Mayor Oreja
48) Arzallus Eguiguren, José M. - 42 años - 02/06/1980- 15/04/2000 - Mayor Oreja
49) Aguirre Echetía, Enrique - 42 años - 16/07/1980- 14/05/2000 - Mayor Oreja
21
50) Olagorta Arana, Juan A. - 41 años - 16/07/1980- 11/04/2001 - Mariano Rajoy
51) Izaga González, Luis Javier - 36 años - 03/07/1981 - 19/06/2002 - Mariano Rajoy
52) López Domaica, Saturnino - 36 años - 03/04/1981- 19/02/2003 - Ángel Jesús Acebes
53) Arnaiz Echevarría, José J. - 35 años - 06/09/1982 -20/03/2004 - Ángel Jesús
Acebes
54) Beloqui Cortajerena, José J. - 33 años -01/10/82 - 08/06/2000 - Mayor Oreja
55) Martínez Apestegía, Francisco J. - 32 años -03/03/1979 - 16/03/2000 - Mayor
Oreja
56) Astola Ituretagoyena, José M. - 30 Años -22/01/1982 - 17/01/2002 - Mariano Rajoy
http://www.publico.es/488979/con-aznar-salieron-con-penas-reducidas-56-etarras-
igual-numero-que-con-la-anulacion-de-parot
15. AZNAR INTENTÓ CONVENCER A BLESA DE QUE CAJA MADRID COMPRASE VARIAS OBRAS DE ARTE
El expresidente del Gobierno medió para que el entonces presidente de la entidad
impulsase la compra de cuadros de Gerardo Rueda por 54 millones de euros, según
informa El País
La operación, cuyo coste se redujo a 6 millones tras las negociaciones y que
implicaba el acondicionamiento de un edificio como museo, se frustró finalmente por
la negativa a realizarla de la Fundación Caja Madrid, presidida entonces por Rafael
Spottorno
El mismo diario cuenta que en 2009 el PP madrileño envió dos facturas a la caja
madrileña para que las pagase en su nombre, una de ellas a una empresa que "aparece
en prensa estos días" por su supuesta relación con el caso Gürtel
El expresidente del Gobierno José María Aznar buscó convencer en 2008 al
expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa de que comprase obras de arte por 54
millones de euros a través de la entidad. El coste de la operación ascendía a los 54
millones por varios cuadros que pertenecían al artista Gerardo Rueda, que habían
sido ofrecidos por el sobrino del pintor a Aznar.
Según revela el diario El País, que ofrece más correos de Blesa como los ya
publicados por eldiario.es, la compra fue rechazada en primera instancia por el
entonces presidente de la Fundación Caja Madrid Rafael Spottorno (actual jefe de la
Casa Real). Sin embargo, éste acabó aceptando tras la reducción del precio inicial a
6 millones de euros. Pero los intentos del expresidente de la caja fueron en vano:
la operación se frustró por su alto coste, al implicar a el acondicionamiento de un
edificio cedido por el ayuntamiento de Madrid para usarlo de museo.
Los mensajes entre Blesa y Aznar revelan la insistencia del exlíder del PP en que la
caja se hiciese con las obras de arte de Rueda. Una operación que desde el principio
contó con la oposición de Spottorno, que se justificaba con el "precio disparatado"
que conllevaba. Las conversaciones con el sobrino de Rueda fructificaron ya en 2009
para que el coste inicial se redujese de forma generosa hasta algo más de 6 millones
de euros, lo que hizo que el ahora jefe de la Casa Real y su consejo aceptasen.
Todo se complicó por el edificio que iba a ceder el ayuntamiento de Madrid para
hacer las veces de museo de dichas obras. José María Aznar también medió con el
alcalde de la ciudad en 2008, Alberto Ruiz Gallardón, para obtener el inmueble. Tras
la firma de un acuerdo entre el sobrino de Rueda y Caja Madrid para llevar a cabo el
proyecto, las dificultades aumentaron.
El edificio cedido por Madrid necesitaba ser derruido para que se construyese otro.
Spottorno comunicó entonces a Blesa que serían necesarios "entre entre 69 y 115
millones de euros" para ello. De esta manera, considera que lo que tienen entre
manos "resulta inabordable para la Fundación Caja Madrid y por lo tanto debería ser
abandonado".
En junio de 2009, Spottorno volvió a mandar un email al expresidente de la caja para
advertirle de que la Comisión de propuestas de la Fundación rechazaba la operación
22
por "inabordable" y "su coste prohibitivo". Blesa terminó por aceptar su derrota y
el proyecto no se llevó a cabo.
Las facturas del PP madrileño
El País también ofrece este sábado el intercambio de correos durante 2009 entre
Blesa y Enrique de la Torre, secretario del Consejo de Caja Madrid, a cuentas de dos
facturas remitidas por el PP de Madrid "para su abono por la Caja" a dos empresas. A
la vez, le advirtió de que una de las compañías "aparece estos días en prensa", por
su supuesta relación con la trama Gürtel.
Dichas facturas correspondían "a las anteriores elecciones de 2006", según relata De
la Torre a Blesa. Esta operación apunta a que Caja Madrid abonó gastos que no eran
de su competencia al PP regional, y que correspondían a comicios internos de la caja
para elegir impositores, dado que en ese año solo hubo elecciones en Cataluña.
Las facturas fueron remitidas "vía Engracia", como cuenta de la Torre. Dicha
identidad correspondería a Engracia Hidalgo, consejera de Hacienda en la Comunidad
de Madrid en 2009 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Pero la preocupación del
secretario del Consejo estaba en que una de esas compañías apareciese en las
informaciones relacionadas con el caso Gürtel, no en abonar las cantidades.
Aquellos comicios internos eran importantes para que Blesa pudiese mantener la
presidencia de la caja. Había que renovar en aquel año a 112 consejeros generales,
de los que el PP finalmente obtuvo 31. Así, Blesa mantuvo la presidencia.
http://www.eldiario.es/politica/Moncloa-quiere-decidir-pregunta-
Rajoy_0_206480286.html
16. LOS CORREOS DE BLESA. “EL PP ENVIÓ DOS FACTURAS PARA SU ABONO POR LA CAJA. LAS TENGO BIEN GUARDADAS”
El secretario de la entidad alertó a Blesa del pago de gastos para elecciones
El victimismo del juez y del banquero
Enrique de la Torre, secretario del consejo de Caja Madrid, envió el 28 de
septiembre de 2009 a Miguel Blesa, presidente de la entidad, una alarma por correo
electrónico: ―Tienes que estar avizor. De las dos facturas que enviaron del PP de
Madrid para su abono por la Caja, vía Engracia, en las anteriores elecciones de
2006, una es de una sociedad que aparece en la prensa estos días. Yo tengo los
papeles bien guardados, pero no respondo ya del entorno‖. Ese día la prensa recogía
un informe policial que citaba a las empresas de Gürtel.
El e-mail, uno de miles que obran en la causa que abrió el juez Elpidio Silva contra
Miguel Blesa, sugiere que Caja Madrid pagó a dos empresas gastos que no le
correspondían sino que eran servicios prestados al PP para unas ―elecciones de
2006‖.
Exconsejeros de la entidad financiera consultados por EL PAÍS no ven ninguna
explicación legal a ese aviso —―Caja Madrid no pagaba facturas a los partidos
políticos‖— y señalan que las elecciones que se celebraron en 2006 fueron internas
para elegir impositores. Ese año solo hubo elecciones políticas en Cataluña, en cuya
campaña intervino Esperanza Aguirre.
La candidatura del PP en Caja Madrid ganó esas elecciones internas celebradas en
junio de aquel año. Eran importantes para consolidar la mayoría que atesoraba en la
entidad y que permitía a Miguel Blesa mantener el cargo de presidente. En aquel año
había que renovar a 112 consejeros generales y el PP obtuvo 31. La segunda fuerza,
CC OO, se hizo con 23. Esta victoria del PP arrebató un sillón al PSOE en el consejo
de administración de Caja Madrid. ―Vía Engracia‖, señala otro exconsejero en
referencia al correo electrónico que envía De la Torre a Blesa, ―querrá decir que
las facturas fueron remitidas por Engracia Hidalgo, entonces consejera de Hacienda
de la Comunidad de Madrid‖. Hidalgo era una persona de máxima confianza de Aguirre,
que ya la fichó diez años antes, en 1996, como directora general de programación
económica y control presupuestario, cuando Aznar la eligió ministra de Cultura.
Ninguno de los implicados explica el abono de gastos del PP de Madrid
El secretario del consejo de Caja Madrid avisaba a Blesa de otro hecho supuestamente
preocupante: que una de las empresas que hizo la campaña del PP y de la que tenían
23
una de las dos facturas pagadas por la entidad financiera estaba saliendo esos días
en prensa, en septiembre de 2009. Por aquellas fechas se difundían las actuaciones
irregulares de las sociedades de la trama Gürtel, alimentada, entre otras
administraciones del PP, por la Comunidad de Madrid, y que solía organizar los actos
electorales del partido en la región. El e-mail aflora una conexión nueva de Gürtel
con el Gobierno de Aguirre, distinta de la del imputado exconsejero Alberto López
Viejo. De la Torre mostraba su temor a Blesa de que esas facturas saliesen a la luz:
―Yo tengo los documentos bien guardados, pero no respondo ya del entorno‖. EL PAÍS
ha solicitado, sin éxito, la versión de Blesa y De la Torre sobre ese correo
electrónico. Hidalgo lo refuta: ―Si eran facturas del PP, imposible‖.
El documento forma parte de un voluminoso paquete de casi 9.000 correos
electrónicos, de los que Infolibre y eldiario.es han publicado una parte en los
últimos días. Infolibre detalló que la firma Einsa envió en 2008 a Blesa el
siguiente mensaje: ―Aznar ya está en marcha en Argelia y lo que acordemos con Agag
es como si lo acordásemos con él‖. Aznar ha precisado que no concluyó ningún
contrato con Einsa ni cobró comisión alguna ni participó en ningún tráfico de
armamento.
eldiario.es hizo público un correo electrónico en el que Blesa celebra la exitosa
salida en 2009 de las preferentes, hoy causa de ruina de miles de depositarios y
objeto de múltiples querellas. ―Lo que he aprendido es que si a los sindicatos no
les gusta probablemente es un buen producto‖, explica. ―Qué bárbaro. Y eso que
habíamos engañado a los clientes‖, señala para festejar el dinero captado en la
venta de ese producto financiero.
Mientras que las presiones de amigos de Blesa para recibir tratos de favor de Caja
Madrid queda reflejada en los correos, una figura emerge en sentido contrario: el
entonces director de la Fundación Caja Madrid y hoy jefe de la Casa Real, Rafael
Spottorno, quien utiliza un tono descarnado para oponerse a la rapiña ajena con
cargo a Caja Madrid. Consta en correos en poder de este diario y en los publicados
por eldiario.es. Spottorno reprueba las subvenciones a la Fundación Dos de Mayo: ―La
desvergüenza y el despilfarro están llegando a unos límites que no resultan
aceptables aun con anchas tragaderas‖. Y llega a enfrentarse y frustrar un costoso
plan pictórico apadrinado nada menos que por Aznar.
Los correos electrónicos que enviaba y recibía el expresidente de Caja Madrid
arrojan así una cara de su mandato que evidencia una notable dosis de
discrecionalidad en su gestión vinculada al trato de favor que le reclamaban sus
amigos políticos, ajena a los controles oficiales.
―Una de las facturas es de una de las sociedades que sale en prensa‖
El material documental de los correos de Blesa se halla bajo disputa judicial. El
juez José Elpidio Silva, que abrió la causa contra Blesa y encarceló al expresidente
de Caja Madrid, ha pedido usar esas pruebas para justificar el calado de su
instrucción. El juez ordenó encarcelar a Blesa por presuntas irregularidades en su
gestión relacionadas con un préstamo al empresario Gerardo Díaz Ferrán y por la
compra de un banco en Estados Unidos a un precio supuestamente superior al real.
Su actuación en la causa contra Blesa le valió una querella por presunta
prevaricación de la fiscalía y, además, fue apartado del juzgado por un expediente
disciplinario. El Tribunal Superior de Justicia le ha impedido acceder al material
incautado para defenderse, y el magistrado ha recurrido esa decisión.
La documentación requisada tiene un valor notable para poder probar las gestiones y
presiones secretas en el mandato de Blesa al frente de Caja Madrid. En unas
ocasiones, las recomendaciones de financiar negocios vienen de la mano de su amigo
el expresidente José María Aznar. Las operaciones, cuajaran o no, muestran cómo el
aparato de Caja Madrid se movía para intentar satisfacer las peticiones de favor o
recomendaciones. En ningún caso prueban que Aznar tuviera interés económico en esos
negocios, pero sí que sus movimientos fueron constantes para que salieran adelante.
En sentido contrario, algunos de tales e-mails revelan el hartazgo de Blesa ante las
presiones y quejas sufridas desde la familia Aznar.
El victimismo del juez y del banquero
El juez Elpidio Silva se presenta hoy como víctima de una conjura para defenestrarlo
del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por haber encarcelado a Miguel Blesa,
expresidente de Caja Madrid, cuando lo investigaba por un supuesto crédito irregular
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al expresidente de la CEOE y la compra de un banco norteamericano a un precio
supuestamente excesivo. El ingreso en prisión de Blesa no solo fue considerado
injustificado por el afectado sino por la Fiscalía de Madrid, cuyo máximo
responsable, Manuel Moix, tuteló la querella interpuesta contra el juez por
prevaricación. Silva no fue apartado del juzgado durante cuatro meses por esa
querella, sino por dos hechos menores vinculados a su supuesta mala gestión y una
entrevista que concedió sobre el caso Blesa, lo que provocó la sanción, hoy ya
cumplida, del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, puede darse la
situación de que juez e imputado vuelvan a reencontrarse. Blesa también se siente
víctima, pero del juez. Defiende la legalidad del crédito a Díaz Ferrán y la compra
del banco en EE UU, y ve arbitrario su ingreso en prisión. El juez requisó casi
9.000 correos del expresidente de Caja Madrid. Blesa invoca su privacidad, pero
Silva alega que apuntan nuevos delitos. ―Si la ciudadanía tuviera un relato completo
de cómo en los últimos 15 años determinadas cajas de ahorro se han gestionado, si
supiera quiénes han intervenido, cuáles han sido los protocolos de actuación, el
sistema institucional no lo soportaría‖, ha avisado el juez.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/13/actualidad/1386962708_954063.html
17. LOS CORREOS DE BLESA. CAJA MADRID PAGABA UNA LUJOSA SELECCIÓN DE VINOS PARA "USO EXCLUSIVO" DE MIGUEL BLESA
Los correos de Miguel Blesa revelan que la caja pública pagaba una bodega con vinos
exclusivos para el presidente
Había dos cartas de vinos en Caja Madrid: una para los directivos y otra, con
botellas de más de 600 euros, que solo podía beber Blesa
"Para ti hay una [carta] con 'vinos finos' (Château d'Yquem, incluido)". "Se nos va
cayendo el pelo de la dehesa", presumía uno de los altos directivos de Caja Madrid
que presentaba la carta de vinos ante Blesa
Caja Madrid no escatimaba en gastos para agradar a su presidente. Sólo la bodega
reservada a Miguel Blesa está valorada en miles de euros, con algunas botellas que
superan los 600 euros y que se pagaban con cargo a la entidad financiera. Lo revelan
los correos electrónicos del presidente de la caja de ahorros a los que ha tenido
acceso eldiario.es a través de una fuente anónima derivada por colaboradores de la
Red Ciudadana Partido X.
"Estas son las cartas de vino que hemos preparado [...]. Hay una para ti con 'vinos
finos' (Château d'Yquem, incluido)", informó en noviembre de 2007 uno de los
principales directivos de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, a Blesa, que estaba
al tanto con anterioridad de la elaboración de la selecta lista. "Se nos va cayendo
el pelo de la dehesa", presumía Sánchez Barcoj.
Caja Madrid, que años después tuvo que ser rescatada con fondos públicos, pagaba la
lujosa y cara vinoteca de los directivos de la entidad, que reservaba los vinos
"sublimes" al presidente, Miguel Blesa. Según revela el correo electrónico enviado
por Sánchez Barcoj, existían dos listas bien diferenciadas por la calidad de las
bebidas: una destinada al presidente, Miguel Blesa, y otra para los directores. Para
ellos había "buenos vinos", pero sin acceso a los "sublimes", que eran "de uso
exclusivo de la Presidencia.
El hombre de confianza de Blesa le informó de la exclusividad de su carta de vinos y
se la adjuntó en el correo. El presidente disfrutaba de 32 tipos de vino de
distintas denominaciones de origen, entre las que destacan Ribera del Duero, Rioja y
Sauternes, y cuatro tipos de champán . La carta de los directores contenía los
mismos, exceptuando los "sublimes", como Vega Sicilia, Château d'Yquem y dos tipos
de champagne (ni Louis Roederer, ni Krug Brut).
Entre los vinos "sublimes" que la entidad reservaba para Presidencia hay dos Vega
Sicilia Magnum. El de 1981, cuya añada fue excelente, está valorado en el mercado en
unos 680 euros, y el de 1985, en 640, que corrían a cargo de los presupuestos de la
caja de ahorros. Los precios son en bodega, pero en un restaurante pueden
multiplicarse. El siguiente escalón ronda los 200 euros, la mayoría de ellos de
bodegas exclusivas de Ribera del Duero, y también un francés Château d'Yquem que
está valorado en unos 220 euros. Las demás variantes tienen precios que van desde
los diez euros hasta las cifras anteriores.
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La lujosa carta de vinos seleccionada para Blesa le define como un "bebedor clásico,
que no arriesga mucho y apuesta por marcas y zonas conocidas", según explica a
eldiario.es el experto enólogo Paco Berciano. "No parece un gran entusiasta del
vino, sino que bebe lo más seguro y conocido", explica el vinatero, gran conocedor
de vinos exclusivos como los que bebía Blesa mientras presidía Caja Madrid.
El expresidente de la entidad financiera sólo variaba en el caso de los vinos
franceses, todos procedentes de Sauternes, en la parte sur de Burdeos. "Se trata de
vinos dulces, elaborados con la botrytis cinerea o podredumbre noble", matiza
Berciano.
Las marcas de champagne que la entidad reservaba para Blesa –Louis Roederer (Cristal
Brut 2000), Krug Brut (Grande Cuvée), Moët & Chandon (Brut Impérial) y Billecart
Salmon (Brut Rosé)– también eran "clásicas pero de alto nivel de prestigio y
calidad, con la excepción de Moët Chandon, que es una marca más del montón, la más
vendida pero no de las mejores". Destaca especialmente el Brut Cristal de Roederer,
"una botella especial de cristal transparente que la bodega creó de forma exclusiva
para el zar Alejandro II y que es la preferida de Madonna", según explica Berciano.
La carta de vinos remitida por Sánchez Barcoj no es el único mensaje en el que se
informaba al presidente de la adquisición de botellas para Caja Madrid. En octubre
de 2008, una trabajadora de la entidad financiera escribió a Blesa para informarle
de las botellas de 75 centilitros que les ofrecía Bodegas Santa Cecilia -una tienda
de vinos muy reputada en Madrid- para que él las eligiera. En ese email, también se
aludía al encargo a esa compañía de las "botellas mágnum para planificación".
"Si te parece que hay pocas unidades, podríamos preguntar si podrían hacerse con
más", añadía la remitente de la información. A continuación, figuraban los tipos de
vino que ofrecía Santa Cecilia de "vino tinto francés". El más caro era el Château
Palmer 2005, a 278 euros, del que disponían de una docena de unidades, seguido de
Château Pichon Comtesse 2003, a 118,80 euros cada una de las diez botellas. Blesa
podía elegir también entre 125 botellas cuyo precio abarcaba de los 28 a los 66
euros.
http://www.eldiario.es/politica/Caja-Madrid-sublimes-exclusivos-
Presidencia_0_206829803.html
18. LOS CORREOS DE BLESA. ESPERANZA AGUIRRE IMPULSABA ENCHUFES EN CAJA MADRID MIENTRAS CRITICABA LOS GASTOS DE BLESA
La expresidenta de la Comunidad de Madrid intercedió a favor de una joven que quería
un trabajo en Caja Madrid
El puesto requería estudios universitarios, pero la protegida de Aguirre no contaba
con ellos
"Esta es la chica por la que se interesa Esperanza Aguirre", reza uno de los correos
que recibió Blesa en 2009. El presidente de Caja Madrid respondió a su equipo: "Lo
hablaremos antes de contestar nada"
En esa época las relaciones entre Blesa y Aguirre eran muy tensas, entre otras cosas
por las críticas de la presidenta a un coche oficial de medio millón de euros que
había pagado el banquero con dinero de la caja
La expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre utilizó la agencia de colocación en Caja
Madrid de Miguel Blesa mientras criticaba en público los gastos desorbitados del
todopoderoso presidente de la entidad bancaria. El 21 de mayo de 2009, Aguirre
cuestionó públicamente a Miguel Blesa, tras publicarse que había gastado 500.000
euros de la caja en un coche oficial. Las críticas de Aguirre indignaron al
presidente de Caja Madrid. "No tiene ni puta idea", le dedicó en uno de sus correos
al recibir la noticia de estas declaraciones de Aguirre.
Solo ocho días después de ese enfrentamiento ahora desvelado en su totalidad, al
buzón de correo de Blesa llegó indirectamente una petición de la expresidenta
madrileña, que circulaba por los emails de los altos cargos de la entidad. Aguirre –
según aparece en los correos– se interesaba por la contratación de una joven para
una de las oficinas de Caja Madrid. En un email fechado el 28 de mayo, la secretaria
de dirección de Blesa advertía: "Es la chica por quien se interesa Esperanza
Aguirre".
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Las relaciones entre Aguirre y Blesa no atravesaban su mejor momento y el banquero
no fue tan sensible como en otras ocasiones. En un correo del 28 de mayo Blesa
contesta a su secretaria de dirección: "Lo hablaremos antes de contestar nada".
El distanciamiento entre Aguirre y Blesa era para entonces evidente, pero fueron
unas declaraciones de la presidenta madrileña las que desataron la ira del banquero.
En aquellas semanas de mayo había trascendido con gran polémica que Blesa se había
comprado un coche de medio millón de euros a cargo de la entidad para su uso
personal. Cuando Aguirre fue preguntada por el escándalo, no dudó en responder que
ella se tenía a sí misma por "una persona austera por naturaleza" y advirtió que "no
le parece correcto" que los cargos públicos no tengan más cuidado con el dinero de
todos que con el suyo propio. Paralelamente Aguirre patrocinaba un nuevo enchufe en
la caja y Blesa lo sabía.
eldiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de Esperanza Aguirre que ha
declinado realizar comentario alguno sobre las revelaciones que apuntan a la
expresidenta madrileña como solicitante de favores laborales.
La petición de ayuda a Blesa no fue la primera que partió del entorno de la
expresidenta madrileña para acabar en la bandeja de entrada del email del banquero.
En 2007, como adelantó eldiario.es, la secretaria de Aguirre pidió ayuda para
facilitar la concesión de una hipoteca a un familiar. Corría el año 2007, las
relaciones entre ambos eran buenas, Aguirre no criticaba despilfarro alguno en la
Caja y Blesa se limitó a ordenar "hágalo". En este caso, de los correos electrónicos
que se refieren a la nueva petición del entorno de Aguirre no se desprende con
certeza que la gestión solicitada se llevase finalmente a cabo.
Enchufe sin título universitario
La lectura de esas comunicaciones, a las que ha tenido acceso eldiario.es gracias a
una fuente anónima que ha sido derivada por colaboradores de la Comisión
Anticorrupción del Partido X, pone de relieve que Aguirre "se interesaba" por una
joven cuya contratación era casi imposible. Su patrocinada carecía de título
universitario y además exigía ser contratada en los alrededores de Ávila, donde
residía.
El 26 de mayo de 2009, la secretaria de presidencia de Caja Madrid, Blanca de Pedro,
escribió a cuatro personas con responsabilidad en la entidad la siguiente
comunicación: "Necesitamos que nos informéis, a la mayor brevedad posible, sobre
S.S.N.. Hizo unas pruebas para entrar a trabajar en la Caja. Esperamos que nos
digáis. Muchas gracias. Un saludo".
El correo tuvo contestación inmediata por parte de los servicios de personal de la
entidad, que solo tardaron dos días en conseguir la información que Blesa quería
conocer antes de decidir si daba luz verde al enchufe planteado por Aguirre.
En un correo de 28 de mayo de 2009, la secretaria de Blesa recibe toda la
información sobre la patrocinada por la presidenta madrileña. En esa comunicación se
aportan los siguientes datos sobre la persona que Aguirre estaba promocionando:
"Colaboró en la Entidad durante cuatro meses, en el verano de 2008 (...) Dado que la
valoración obtenida en la oficina fue buena, realizó el proceso de selección. El
resultado fue positivo (R+). No obstante, al no haber finalizado la Diplomatura en
Empresariales que estaba cursando, fue incluida en la bolsa de trabajo como superado
el proceso de selección pero supeditado a que finalizara su formación. Por otra
parte, mostraba movilidad limitada a Ávila (donde reside), provincias adyacentes y
Sierra de Madrid en las que habitualmente existe una alta demanda de traslados
internos, limitando su posibilidad de colaboración".
"Esperamos vuestras indicaciones en caso de tener que hacer alguna gestión
adicional", rezaba ese correo que acabó en poder de Blesa. Tras el análisis de esos
datos, la secretaria de Blesa advirtió al presidente de Caja Madrid que "es la chica
por quien se interesa Esperanza Aguirre", pero Blesa no mostró en su respuesta la
diligencia de otras ocasiones ("lo hablaremos antes de contestar"). Tan sólo había
pasado una semana tras haber sido criticado por la entonces presidenta de la
comunidad de Madrid.
Los manejos de Aguirre con Blesa no eran novedad para el presidente de Caja Madrid.
Según la correspondencia electrónica de Blesa, Aguirre tenía mando en plaza. Así se
desprende del correo que este sábado publica el diario El Mundo en el que Ignacio
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González traslada a Blesa órdenes concretas para nombrar consejeros en Iberia. En
ese correo que reproduce un mensaje de Ignacio González a Blesa se lee: "Me dice la
jefa que tienes que poner a dos consejeros de la Caja en Iberia, y uno es ejecutivo
de la caja, el otro que sea Mercedes Rojo. estoy en desayuno de Mariano y luego te
llamo".
http://www.eldiario.es/politica/Esperanza-Aguirre-Caja-Madrid-Blesa_0_207179318.html
19. JUEZ SILVA: "EN CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO BLESA ESTARÍA EN PRISIÓN"
El magistrado declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que los correos
electrónicos del expresidente de Cajamadrid probaban su gestión delictiva de la
entidad
"En cualquier país del mundo este señor estaría en prisión". La frase es del juez
Elpidio José Silva y se refiere al expresidente de Cajamadrid Miguel Blesa. Fue
pronunciada en el interrogatorio al que fue sometido el pasado 21 de noviembre en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dentro de la instrucción de la querella
formulada contra él por la Fiscalía por delitos de prevaricación, retardo malicioso
en la administración de justicia y dos delitos contra la libertad (por decretar por
dos veces prisión para Blesa).
En la transcripción de su declaración en calidad de imputado, a la que ha tenido
acceso Público, el juez Silva insiste en la importancia de los correos electrónicos
intervenidos a Miguel Blesa como fuente de prueba de la gestión delictiva que hizo
en la entidad de ahorros que presidió durante 13 años (1996-2009), y se queja de no
poder referirse pormenorizadamente a cada uno de ellos por el veto del instructor de
su querella, el magistrado Jesús Gavilán, a dar acceso a las partes de esos e-mails,
por considerarlos de contenido íntimo.
"No hay más de un 10% de correos personales y de esos realmente personales sólo hay
uno", declaró Silva al juez Gavilán. A preguntas de su abogado, el juez del 'caso
Blesa' también contestó a si había indicios de que el expresidente de Cajamadrid
hubiera condonado alguna hipoteca.
"El sr. Blesa captaba señoritas casadas o solteras --dijo el juez Silva-- y hay un
correo en el que el marido de una de esas señoritas le dice a Blesa que ya que está
con su mujer que le condone una hipoteca".
La comparecencia del juez Silva estuvo marcada por las constantes interrupciones y
protestas del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, y el abogado de Blesa, Carlos
Aguilar, que consideraban que las preguntas de los letrados del querellado eran
impertinentes. Entre las frases más destacadas de la declaración que prestó el juez
Silva están las siguientes:
No relación previa ni con Blesa ni con Cajamadrid
(El juez Silva declara) "que no conoce personalmente al sr.Blesa hasta que va a
declarar al Juzgado, que antes no lo conocía ni por nombre. Que tampoco tiene
relación con el señor Bernard (secretario general de Manos Limpias, denunciante
contra Blesa), que no supo su nombre hasta hace tres semanas. Que no ha tenido
ninguna relación comercial con Caja Madrid, y que no tiene ningún interés en la
causa, (...) que tampoco tuvo en cuenta si esa causa le podía traer algún perjuicio,
que no lo pensó, de hecho al principio lo archivó y no pensó tampoco si eso le
perjudicaría".
Prisión "totalmente justificada"
"No era imprescindible reproducir los correos en el auto de prisión, pues la prisión
estaba totalmente justificada. Le consta que había correos entre el sr. Blesa y el
sr. Díaz Ferrán en los que éste pedía a Blesa su intervención para la concesión de
los créditos, que había una clara conciencia de que cuando Díaz Ferrán pedía dinero
no lo iba a devolver, que se lo estaba dejando a un amigo".
Riesgo de fuga
"Como ya estaban en una tesitura tan grave, la pena se incrementaba de forma
considerable o bien se utilizaba ese banco como instrumento para cometer el delito o
bien habría perjuicio económico considerable y por tanto ahí el riesgo de fuga sí
saltaba, y le impone una fianza de 2 millones de euros, porque además del riesgo de
fuga la clave era la posible destrucción de elementos de prueba".
Causa por la compra de Cajamadrid de un Banco de Miami
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"La causa de Banco de Miami (en el marco de la cual encarceló dos veces a Blesa)
está viva y no se puede desconectar. Considera que la Fiscalía no se interesó por
esta causa. Ningún fiscal apareció por el Juzgado para examinar esta causa".
Crédito de 26 millones de euros de Caja Madrid a Díaz Ferrán
Declara que "cuando lee la denuncia de Manos Limpias vio que había noticia criminis,
vio que había una estrategia delictiva por parte de un estafador que podría ser el
señor Díaz Ferrán, y la Audiencia avaló su decisión de instruir diligencias respecto
de esa denuncia".
Blesa manipulaba a los medios de comunicación
"Consta en los correos corporativos como sistemáticamente el sr. Blesa intoxicaba a
los medios de comunicación, consta en una carpeta llamada Aguirre de las que están
en los correos electrónicos y que pudo examinar junto a la Secretaria Judicial".
Hundimiento de las cajas de ahorro
"Cualquier conocedor mínimo de la materia sabe que las Cajas no se hunden sin más, y
que el hundimiento de una entidad como ésta enciende todas las alarmas, que el
hundimiento de una entidad bancaria sin explicación alguna e un hecho gravísimo, que
no es algo que a él se le ocurra. Que esos mismos hechos notorios han servido de
base a otros órganos judiciales en decisiones similares, y de hecho la causa Blesa
está reaperturada por la Audiencia Nacional".
Los correos recogían delitos más graves
"Al examinar los correos salieron cuestiones delictivas más graves que el crédito a
Díaz Ferrán".
"El correo corporativo era necesario para adoptar las decisiones (...). No era
particular (...) Lo estaba usando para otras cosas a través del banco. Lo que
mostraba eran actividades realizadas a través de Caja Madrid. No hay más de un 10%
de correos personales y de ésos realmente personales sólo hay uno".
"Intento que Manos Limpias no tuviera acceso a los correos y por esto los encapsuló
y los metió en la caja fuerte y fue analizando uno por uno, y sólo uno era de una
señora en la playa y era íntimo".
Gestión criminal de Caja Madrid
"La Policía Judicial consideró esos correos como una fuente necesaria para probar
algunas cuestiones, lo que más claramente dicen los correos es que el régimen de
comisión delictual era de gestión criminalizada, que en cualquier país del mundo
este señor estaría en prisión, pero cuando dictó el primer auto (prisión con fianza
de 2 millones de euros) no tenía conocimiento de los correos".
Análisis de todos los correos
Señala que "ha examinado y analizado todos los correos y los tiene clasificados, y
que la Guardia Civil examinó prácticamente todos, que hay algún correo que
constituye prueba plena y del que había que dar traslado a las partes".
Blesa enfrentaba a facciones de partidos políticos
Dice que "hasta ahora no ha detallado el número tan grande de aletas criminógenas en
que incurren los imputados, que le constaba que el comité financiero se atribuía
competencias que no le correspondían, que hay varios correos que hablan de la
'trampita', que además engañaron al Banco de España, que no todos los correos de los
que extrae esas conclusiones constan en el informe de la Guardia Civil, que las
cajas tienen un control político pero el gestor debería encargarse de salvaguardar
la caja, y que había correos en los que el presidente se dedicaba a enfrentar a
diferentes corrientes de partidos políticos, que para su derecho de defensa sería
fundamental señalar ese correo".
Revocación de oficio de la prisión de Blesa
"Siempre salvaguardo los derechos del imputado y cuando la Sección 30 de la
Audiencia de Madrid revocó la resolución (de reapertura del caso) acordó la libertad
inmediatamente de oficio, que no se trataba de una causa general sino de unos hechos
muy concretos". "Nunca manifestó que quería investigar toda la gestión del sr.BLesa
y Caja Madrid y sus efectos en la crisis en general, que ésa nunca fue su intención,
que aquí no había causa general, había delitos muy concretos".
http://www.publico.es/489177/juez-silva-en-cualquier-pais-del-mundo-blesa-estaria-
en-prision
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20. LA AUDIENCIA NACIONAL AVALA INVESTIGAR A BLESA POR "PLANEAR" LAS PREFERENTES
El tribunal, en cambio, rechaza que se investigue a los consejeros de la caja de
ahorros madrileña por la comercialización en las sucursales o case de operaciones
La Audiencia Nacional ha avalado investigar al expresidente de Caja Madrid Miguel
Blesa y otros seis exconsejeros de la entidad, entre ellos el ex jefe de CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, por "planificar" la emisión de participaciones preferentes para
capitalizarla. Además de Blesa y Díaz Ferrán, la investigación afecta al
exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella (PP); el
expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista
de Móstoles José María Arteta; el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito; y el
representante de UGT Gonzalo Martín Pascual.
El tribunal apoya admitir parcialmente a trámite una querella planteada por un
empresario contra la cúpula de Caja Madrid el pasado mes de junio. El empresario,
que invirtió 340.000 euros en estas participaciones, les acusaba de la comisión de
delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad
engañosa y omisión del deber de denunciar delito.
Si bien respalda la investigación en lo referente a "la planificación llevada a cabo
desde los órganos directivos de las entidades", la Audiencia rechaza que se les
investigue por la comercialización en las sucursales o case de operaciones.
El tribunal argumenta que este empresario firmó un documento en su banco en el que
manifestaba que había sido informado de que el producto presentaba un alto riesgo y
que cabía la posibilidad de incurrir en pérdidas. Los magistrados Alfonso Guevara,
Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado agregan que de la documentación
aportada "se hace difícil creer que el querellante no sabía en que estaba
invirtiendo, es decir cual era la naturaleza del producto que adquirió con sus
posibles consecuencias". Aseguran, además, que tampoco se puede investigar en el
caso el empresario querellante que el case de operaciones le perjudicara puesto que
adquirió las participaciones en el mercado primario (Caja Madrid) y no en el
secundario por mediación de Bankia, "que es donde al parecer se produjo el
perjuicio".
No obstante aseguran que "cuestión distinta" es que a raíz de "la situación
financiera de las entidades donde los querellados ocupaban puestos del Consejo de
Administración" estos "para retrasar y ocultar el deterioro utilizaran la emisión de
participaciones preferentes para disfrazar la situación de insolvencia en que se
encontraban". Los magistrados hacen suyo el argumento de la Fiscalía Anticorrupción,
que recurrió la admisión a trámite de la querella, de que la existencia de un
presunto plan ideado para casar irregularmente las operaciones con participaciones
preferentes, pese a ser "difícil de concebir" es susceptible de ser investigado.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite el pasado mes de
junio tres querellas cursadas por empresarios y particulares por la venta
fraudulenta de participaciones preferentes. La primera de ellas fue presentada por
Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que solicitaba la apertura de una investigación
sobre el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión del producto y
pedía que se investigara a cinco directivos de Caja Madrid y Bancaja. Andreu se
inclinó por la admisión a trámite de las querellas en contra del criterio de la
Fiscalía Anticorrupción que recurrió su decisión al considerar que el lanzamiento y
la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera "un
plan preconcebido" para su gestión y diseño.
http://www.publico.es/dinero/488785/la-audiencia-nacional-avala-investigar-a-blesa-
por-planear-las-preferentes
21. EL JUEZ SILVA RELACIONA LOS CORREOS DE BLESA CON GÜRTEL, AZNAR Y AGAG
Reclama al TSJ de Madrid que le permita el acceso a los mails por ser esenciales
para defenderse de la querella de la Fiscalía por el encarcelamiento del exbanquero
El juez Elpidio José Silva, que encarceló dos veces al exbanquero Miguel Blesa, ha
recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la prohibición de acceso a
8.000 correos electrónicos obtenidos de los ordenadores del expresidente de
Cajamadrid. El magistrado, en el marco de la querella que la Fiscalía ha presentado
contra él por prevaricación, eleva el tiro y señala que en el paquete de mails
algunos hacen referencia al pago de facturas por parte de la caja madrileña a la
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trama Gürtel, y que hay otros donde se menciona a José María Aznar, su yerno
Alejandro Agag y una operación de compra de armas, según fuentes jurídicas.
El juez Silva sólo apunta alguno de los contenidos de los correos, que considera
esenciales para su defensa por mostrar la actuación de Blesa y otros exdirectivos de
Cajamadrid imputados para desarrollar operaciones irregulares. El magistrado los
conoció cuando instruía las causas contra Blesa, y ahora están incorporados a la
causa del TSJ de Madrid pero sin acceso para él.
Entiende que el contenido de los mails demuestra que actuó con extrema prudencia,
sigilo y discreción como instructor de las causas contra Blesa, que le han costado
la querella de la Fiscalía por delitos de prevaricación, contra la libertad y de
retardo malicioso en la administración de justicia. El magistrado insiste en que en
los correos se reflejan actuaciones extravagantes, que apuntan a tráfico de
influencias y concesión de créditos a sabiendas de que no se cobrarían y que
supondrían perjuicios para la entidad.
Con esos argumentos, el objeto del recurso es permitir que tanto sus abogados como
él mismo puedan examinar los correos electrónicos, lo que el instructor del TSJ de
Madrid, Jesús Gavilán, denegó al considerar que afectan a la esfera de la intimidad
de Blesa.
Asimismo, y en otro escrito, el juez Silva propone al instructor la práctica de una
batería de pruebas para contrarrestar la querella de la Fiscalía. En primer término,
pide al juez Jesús Gavilán que le cite a él mismo. Su comparecencia como imputado
fue pospuesta en tres ocasiones a lo largo del pasado mes de octubre, ante la
alegación del juez querellado de que sus abogados y él no habían tenido opción de
analizar la totalidad de la causa.
El juez pide que se cite a sus colegas de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y
Javier Gómez Bermúdez
Para armar su defensa, los letrados del magistrado objeto de la querella de la
Fiscalía piden además, como diligencias de prueba, que se cite a los jueces
centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del
'caso Bankia' y que tiene imputado a Blesa por la emisión de preferentes; así como a
Javier Gómez Bermúdez, que investiga la causa contra la Caja de Ahorros del
Mediterráneo.
Silva defiende que el testimonio de ambos es relevante para conocer la práctica
forense y procesal en relación a delitos como los que investigó él en el 'caso
Blesa'.
Otros testigos propuestos por la defensa son los guardias civiles de Rivas
Vaciamadrid que investigaron la causa contra Blesa a las órdenes de Silva, y que
solicitaron medidas para el esclarecimiento de la causa que el juez acordó
posteriormente, siendo algunas de ellas consideradas prevaricadoras por la Fiscalía.
Entre ellas destaca la solicitud de que se decretase secreto de sumario, la
intervención de comunicaciones y orden de entrada y registro.
También piden que declaren como testigos ante el juez los peritos de la auditora
KPMG, que realizaron un informe que certificaba irregularidades en la concesión del
crédito de 26 millones de euros por Cajamadrid al expresidente de la CEOE y entonces
consejero de la propia Caja Gerardo Díaz Ferrán. Asimismo, quiere que confirmen si
fueron objeto de presiones por parte de consejeros de la caja madrileña como
Estanislao Rodríguez Ponga o José Antonio Moral Santín, proximos el primero al PP y
el segundo a IU.
Su petición de prueba incluye la comparecencia de su sustituto en determinadas
fechas de 2012 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Juan Antonio Toro
Peña, que firmó la inhibición de la causa en julio de 2012 confirmando la reapertura
de las actuaciones, ambas decisiones cuestionadas por la Fiscalía por injustificadas
e inmotivadas. Y la de dos secretarios judiciales relacionados con el caso del
crédito y el de la compra de un banco de Miami por Cajamadrid.
Asimismo, quiere que testifiquen el secretario general de Manos Limpias, Miguel
Bernad, y los abogados de Ausbanc que representaron a dicho sindicato como acusación
en la causa contra Blesa, Luis Pineda y Almudena Velázquez, para explicar detalles
de su personación en la causa --negada por el fiscal--, su petición de prisión para
el expresidente de Cajamadrid, y otras cuestiones procesales defendidas por Blesa y
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su abogado, Carlos Aguilar. También solicita la citación de cuatro directivos de
Bankia, y que se lleve a cabo en el Tribunal el visionado de las grabaciones
audiovisuales de las declaraciones testificales y de imputados en el caso del
crédito y en el del Banco de Miami
http://www.publico.es/482402/el-juez-silva-relaciona-los-correos-de-blesa-con-
gurtel-aznar-y-agag
22. EL TSJ DE MADRID DECLARA 'ÍNTIMOS' 8.700 EMAILS DE MIGUEL BLESA
Usa ese argumento para prohibir al juez que encarceló al exbanquero acceder a sus
correos electrónicos. Elpidio José Silva pedía revisar su contenido antes de
declarar
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha incorporado a la causa que sigue por
prevaricación contra el juez Elpidio José Silva, que encarceló a Miguel Blesa, unos
8.700 correos electrónicos del expresidente de Cajamadrid, pero, sorprendentemente y
a petición de Blesa, no se los dejará leer al acusado alegando que pertenecen a la
esfera de la intimidad del exbanquero, pese a que fueron enviados con los
ordenadores profesionales de la caja madrileña.
El juez Silva y sus abogados querían revisar el contenido de dichos correos para
preparar su declaración judicial, dado que el contenido de varios de ellos explica,
según su postura, las resoluciones del magistrado consideradas prevaricadoras por la
Fiscalía.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene encausado a Silva por delitos
contra la libertad, prevaricación y retardo malicioso en la administración de
justicia. El instructor de la querella, Jesús Gavilán, permitió el pasado 28 de
octubre que tanto Silva como su abogado estudiaran en la misma sede judicial algunos
de esos correos de Blesa ahora considerados 'íntimos' e inaccesibles, ya que el
acusado consideraba necesario hacerlo antes de prestar declaración.
Ese mismo día, 28 de octubre, dictó un auto que autorizaba el examen de los correos
por Silva o sus representantes, incluso asistidos por un técnico informático, aunque
previo examen por Gavilán para excluir los que 'cercenaran' la intimidad de Blesa.
Sin embargo, el 31 de octubre, día en que el juez Gavilán tomó declaracion a Blesa,
éste le manifestó expresamente que se oponía al examen de dichos correos
electrónicos "por afectar a su intimidad".
En un nuevo auto, con fecha 4 de noviembre, el instructor de la querella comparte la
posición de Blesa y declara que "no ha lugar al examen por la defensa del querellado
de los restantes correos electrónicos incluidos en la base documental aportada, por
afectar a la intimidad del perjudicado y ser irrelevantes para esta causa".
El magistrado Gavilán indica que, salvo los escasos correos electrónicos tenidos en
cuenta por la Guardia Civil en el caso del crédito de 26 millones de euros concedido
por Cajamadrid a Gerardo Díaz Ferrán (una de las investigaciones de Silva contra
Blesa), que sí estaban relacionados con la investigación, el resto son irrelevantes
"por tener un contenido totalmente personal, de la esfera íntima y de amistad, o
estrictamente laboral y profesional con terceras personas, o intrascendente a los
efectos aquí debatidos".
Cree que el examen de esos correos por el juez Silva vulneraría el derecho a la
intimidad de Blesa, y carece de finalidad, ya que no puede pretender ahora el
querellado buscar o justificar en esos emails una motivación de las resoluciones
denunciadas como prevaricadoras por la Fiscalía (como los dos autos de prisión del
exbanquero).
Gavilán recuerda que el examen de los correos ya fue realizado por la Guardia Civil
y por el propio instructor en el marco de la causa principal contra Blesa, por lo
que permitir la nueva revisión supondría además una injustificada dilación de la
causa. Por ello, en el mismo auto pide a la defensa de Slva, a la Fiscalia y a las
acusaciones particulares (Blesa y Díaz Ferrán) que planteen en tres días las
diligencias de prueba que estimen pertinentes,"especialmente la propia declaración
del querellado".
http://www.publico.es/480350/el-tsj-de-madrid-declara-intimos-8-700-emails-de-
miguel-blesa
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23. C.A. ANDALUCIA. LA AUDIENCIA DE SEVILLA LEVANTA LA IMPUTACIÓN DE CHAVES Y GRIÑÁN EN EL CASO DE LOS ERE
Estima, de acuerdo con la Fiscalía, que la jueza Alaya no ha concretado los motivos
de su supuesta implicación en los hechos, por lo que anula su auto y le ordena
repetirlo
La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado el auto en el que la juez que
investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares 'preimputó' a
los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco
exconsejeros. Así, entiende que "no se ajusta a las exigencias que el derecho a una
tutela judicial efectiva y de defensa harían deseables en la llamada al proceso de
las personas aforadas que menciona al amparo del artículo 118 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal".
En un auto notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección
Séptima estima de este modo el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción
por falta de motivación -la Sala en ningún momento ataca la aplicación del citado
artículo- contra el auto dictado el pasado mes de septiembre por la magistrada
Mercedes Alaya y deja sin efecto éste para que la juez dicte una nueva resolución
donde se concreten y motiven mejor los hechos que atribuye a los aforados
mencionados.
En un auto dictado el pasado 10 de septiembre, la magistrada comunicó la existencia
del procedimiento "en calidad de imputados" y a tenor del artículo 118 bis de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal a Chaves, Griñán y a los exconsejeros de la Junta José
Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio
Ávila, lo que fue recurrido por la Fiscalía.
Así, Anticorrupción solicitó la nulidad de la resolución y el dictado de un nuevo
auto en la que la instructora concrete los hechos "por los que cada uno de los
aforados puede ser objeto de investigación", pues al no hacerlo "genera la misma
indefensión que pretende evitar", todo ello en un recurso donde dejó claro que al
instructor "le está vedado imputar o siquiera investigar de manera directa a una
persona aforada, pues el conocimiento de estas causas corresponde a la Sala de lo
Penal del Supremo".
La Sala, que deja claro en primer lugar que la Fiscalía "está plenamente legitimada
para solicitar la nulidad de dicho auto por falta de motivación por ser garante de
la pureza del proceso en materia penal", pone de manifiesto que, en el caso ERE, "la
imputación previa o preimputación, en palabras de la doctrina y la jurisprudencia,
de este artículo 118 bis, ha sido acordada por propia iniciativa por la juez de
Instrucción en el auto que se recurre por el Ministerio Público, puesto que ninguna
de las acusaciones ha solicitado la imputación de las personas aforadas" aludidas.
A continuación, la Sección Séptima recuerda su propia resolución en la que anuló
parcialmente el auto de 28 de junio en lo referente a la imputación de la
exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez,
solicitando a la juez que dictara una nueva resolución en relación a la exministra
en la que "concretara" y "precisara" los hechos que le atribuye.
Al hilo de ello, entiende que el auto donde la juez 'preimputó' a Chaves, Griñán y
los cinco exconsejeros "ha de ser considerado como un complemento del dictado el 28
de junio pasado, no recurrido por el fiscal, en el que se ampliaba la instrucción" a
un total de 20 cargos o exaltos cargos.
"Especial complejidad"
"Y decimos complemento porque en el auto recurrido se dice expresamente que se han
utilizado 'modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios,
desde abril de 2000, ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización
palmariamente irregular de las transferencias'", añade.
En el auto referente a Magdalena Álvarez "ya destacábamos la necesidad de una
motivación reforzada" cuando, "como vuelve a ser el caso, se plantearía la
posibilidad de un actuar ilegal por parte de poderes propios de la comunidad
autónoma de Andalucía".
"Dicho de otro modo, cuando, como es el caso, la eventual extensión del proceso a
terceras personas se basa en una decisión propia del juez instructor con base en el
33
resultado de lo investigado, en un asunto además de tan especial complejidad, es más
que razonable esperar que se explicite, de un lado, en qué se fundamenta el nuevo
giro dado al proceso, y, de otra parte, qué concretas conductas penales relevantes -
-si quiera mínimamente esbozadas-- atribuye a cada una de las personas a las que se
refiere la nueva orientación de la causa", asevera.
"Construcción sugerente" del auto de Alaya
La Sala vuelve a insistir en que el auto de la juez "está basado en una construcción
sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación de sucesivos
gobiernos autonómicos a lo largo de, al menos, una década", lo cual "refuerza las
exigencias de una máxima precisión en la descripción de los supuestos hechos
punibles, y, dada la excepcionalidad del caso, una --mínima siquiera-- exposición,
como en otros autos similares ha hecho, de los indicios derivados de lo instruido".
En este punto, la Audiencia insiste en que, en su auto, la juez "no razona qué
participación pudiera tener cada uno de los aforados en dichas modificaciones
presupuestarias, para el caso de que esa sea la razón de la preimputación, pues
tampoco se puede descartar, dada la generalidad de los hechos descritos, que quiera
decir que alguno o todos los aforados hayan podido participar en la concesión de
sobrecomisiones a las aseguradoras que han actuado como mediadoras en las pólizas
colectivas con las que se afrontaba el pago a los trabajadores afectados por los
ERE, que igualmente son objeto de investigación en esta prolija, compleja y
voluminosa causa".
"Como se infiere de la propia lectura del artículo 118 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se remite al contenido del artículo 118 de la misma ley,
por lo que a la comunicación de imputación a los aforados se ha de exigir los mismos
mimbres que a la imputación del artículo citado en último lugar", sostiene la Sala.
El papel de Manuel Recio
La Audiencia agrega que los aforados han sido 'preimputados' por los delitos de
prevaricación y malversación "por hechos que se dice en el auto acontecieron desde
el año 1999 al 2010", no obstante lo cual la juez Alaya "no explica en el auto
recurrido ni siquiera someramente qué hechos concretos haya podido cometer cada uno
de los aforados que pudieran ser constitutivos de delito".
De este modo, "tan solo en cuanto" a Manuel Recio "se dice que durante su mandato
como consejero de Empleo suscribió orden de 27 de abril de 2010 por la que se
formalizó la encomienda de gestión de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía a la que, con carácter general, corresponde la promoción y desarrollo de
la actividad económica en Andalucía y, en concreto, entre sus competencias se
encuentra la de ejecutar actuaciones singulares en el apoyo a empresas que
atraviesan dificultades coyunturales".
"Con esta única concreción parece que se excluye su posible participación delictiva
durante los años en los que fue secretario general de Economía en la Junta, frente a
la preimputación que parece se dirige por ostentar este último cargo al aforado
Antonio Ávila, sin que se pueda descartar, dada la generalidad de la preimputación,
que se pretenda que también haya cometido este último aforado algún hecho con
apariencia delictiva durante el desempeño de los cargos de consejero de la
Presidencia o consejero de Economía, Ciencia e Innovación", dice.
A ello se suma que el auto de la juez "tampoco razona si a todos los aforados se les
preimputa tanto el delito de malversación como el de prevaricación, o tan solo
alguno de ellos, ni si esos delitos han sido cometidos presuntamente y en su caso
por acción u omisión".
Como anécdota, la Audiencia rechaza la adhesión al recurso del fiscal de la
expresidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto, ya que además
de que no cabe adhesión, no está legitimada para ello, pues el auto de Alaya "se
limita a la preimputación de personas aforadas con las que no tiene relación
alguna".
http://www.publico.es/489034/la-audiencia-de-sevilla-levanta-la-imputacion-de-
chaves-y-grinan-en-el-caso-de-los-ere
24. C.A BALEARES. MATAS PONE EN UN BRETE A RAJOY AL PEDIR EL INDULTO PARA EVITAR LA CÁRCEL
La Audiencia de Palma había ordenado el inmediato ingreso del político en la cárcel
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Matas tiene pendiente una condena de nueve meses de privación de libertad
El expolítico del PP Jaume Matas, reo por corrupción, condenado a nueve meses de
cárcel, ha solicitado al Gobierno Rajoy la concesión del indulto. Es una acción in
extremis para intentar evitar tener que cumplir la orden de ingreso inmediato en
prisión que este martes ordenó, por segunda vez, la Audiencia de Palma.
Las tres magistradas subrayan que Matas no se ha arrepentido. El por dos veces
presidente de Baleares, en dos mandatos alternos entre 1996 y 2007, y ministro de
Medio Ambiente desde 2000 hasta 2003, ―ha sido incapaz de satisfacer a la opinión
pública reconociendo que cometió el delito y que está arrepentido para reparar el
grave perjuicio social‖. Los hechos, dice el tribunal, generan ―gran rechazo social‖
porque se cometieron dentro de las estructuras de poder. ―El peligro de este tipo de
acciones es innegable‖ porque son ―un atentado frontal contra el Estado de derecho‖.
El exlíder balear carga con la pena por un delito por tráfico de influencias, en la
sentencia firme del Tribunal Supremo que diluyó la condena inicial de seis años de
cárcel. Matas tiene otra condena, provisional, una multa de 9.000 euros, por cohecho
impropio, dictada por unanimidad el 5 de diciembre por un jurado popular en Palma.
Decidir sobre el indulto en las actuales circunstancias de escándalos y condenas
sobre la petición de perdón de Matas es una papeleta para el PP; es más que un mero
trámite político para Mariano Rajoy. Matas fue su amigo y compañero en el PP y en el
Consejo de Ministros. Con un grueso expediente aún abierto de causas penales por
supuesta corrupción, el exmandatario autonómico era remiso a formular la petición de
gracia. Tramitar el indulto lleva implícito la necesaria asunción del delito —la
condición de delincuente—, lograr el aval del tribunal y el informe favorable del
fiscal, así como de las partes perjudicadas, en este caso el actual Gobierno balear
del PP, que pidió la condena.
La pena de nueve meses nació del juicio por el contrato y subvenciones al redactor
de discursos de Jaume Matas en la Presidencia de Baleares, Antonio Alemany, que fue
condenado a dos años y tres meses de cárcel por este asunto del caso Palma Arena. La
Audiencia suspendió hace unas semanas la orden de ingreso en prisión de Alemany,
antiguo periodista de El Mundo, cuando éste tramitó el indulto.
El expresidente se afirma inocente. El indulto lo reclama por razones de ―humanidad‖
y ―proporcionalidad‖ ante una ―pena muy corta‖, según su letrada, Pilar Gómez Pavón,
quinto abogado que nombra Matas desde 2009. El trámite del indulto irá acompañado de
un recurso de amparo ante al Tribunal Constitucional.
La letrada reveló la petición de indulto pocos minutos después de que la Audiencia
de Palma rechazara su recurso de súplica, su petición de sustitución de la pena por
una multa. La magistrada considera que el grave delito de Matas ―no queda penalmente
satisfecho con el abono de una ridícula y exigua multa (...) ni tampoco imponiendo
una mayor a discreción del tribunal‖.
La Audiencia de Palma dice que se trata de ―un caso de gravedad palmaria‖ cometido
por quien era la primera autoridad balear, que ―pervirtió los valores
constitucionales‖, al usar el cargo en beneficio propio y con ―menoscabo del interés
público y colectivo‖. La Audiencia observa ―la peligrosidad criminal‖ de Matas,
porque no ha ―realizado acto alguno ni ha mostrado interés en reparar o rehabilitar‖
el daño causado.
Peligrosidad criminal y casos pendientes
Jaume Matas se sentará otras veces más en el banquillo de los acusados. Tiene un
rosario de acusaciones por ―corrupción política‖, según resume la Audiencia de
Palma, donde se ha rubricado por dos veces el ingreso inmediato en la cárcel del
exministro del PP y expresidente auronómico, con una primera condena firme, del
Tribunal Supremo, de nueve meses y un día de cárcel.
Además, un jurado popular condenó por unanimidad al expresidente de Baleares a una
pena de tres meses y una multa de 9.000 euros y el retorno de la dádiva de 42.111
euros que cobró su mujer, Maite Areal, de un empresario. El jurado rechazó en esa
ocasión que se indultara al reo y se le concediera el beneficio de suspensión de
condena.
La sala de la Audiencia, formada por Francisca Ramis, Rocío Martín y Gemma Robles,
subraya la ―peligrosidad criminal‖ del penado. El fiscal Pedro Horrach destaca la
grave ―conducta delictiva‖ para oponerse que se le conmute la pena con multa.
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Matas retornará a los tribunales. Con toda seguridad será juzgado con Iñaki
Urdangarin y su socio Diego Torres por el caso Nóos. Además irá a juicio por
supuesta falsedad documental y prevaricación por pagos del velódromo Palma Arena a
través de la fundación Illesport.
Figura como imputado en más de una decena de causas de la pieza global del caso
Palma Arena de 2008, con 27 piezas segregadas. De este sumario se han celebrado tres
juicios, dos con Matas de acusado y condenado.
El exlíder del PP balear está imputado, además, en una causa paralela por supuesta
financiación del PP en el caso Over por pagos ilegales desde el Gobierno balear y
con dinero negro desde el PP
La ópera de Calatrava
Un juicio de peso será el que está previsto con el arquitecto Santiago Calatrava,
por el caso del pago millonario de la maqueta del proyecto de la Ópera sobre la
bahía de Palma. El expresidente Matas en vísperas electorales, en 2007, encargó un
gran teatro sobre el mar y un complejo de ocio al aire kuwaití.
Matas y el PP perdieron el poder y no se pudo completar una época de mega
infraestructuras estrella en Baleares. Quedan treinta años de deuda gigante, más de
4.000 millones y una cadena de escándalos. Siete altos cargos del PP balear cumplen
penas de cárcel por corrupción, de esta época Matas.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/10/actualidad/1386683132_107291.html
25. C.A BALEARES. BAUZÁ NO LOGRA IMPEDIR QUE SE LE JUZGUE POR SU FARMACIA Y DEMÁS NEGOCIOS
El Tribunal Superior desestima las alegaciones del presidente y le da 19 días para
contestar la demanda de incompatibilidad
El Tribunal Superior de Justicia de Balears hizo público ayer un auto por el que se
desestiman las alegaciones presentadas por el presidente. Con esta resolución se
cierran las cuestiones previas del litigio y en consecuencia se dirimirá el fondo
del asunto. Se entra pues en la fase de prueba, por lo que Bauzá tiene 19 días para
contestar la demanda en su contra interpuesta por la oposición.
Bauzá pretendía que los magistrados declararan la inadmisibilidad del recurso que
presentaron PSOE y Més "por falta de legitimación" de ambos partidos, ya que,
sostenía, "el único beneficio" que obtendrían en caso de una sentencia favorable
sería "un rédito consecuente con su posicionamiento político".
Anteriormente la Abogacía de la Comunidad Autónoma ya había esgrimido la misma
tesis, pero los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo
desestimaron. Ahora vuelven a tumbar las alegaciones de Bauzá porque "no se puede
negar interés legítimo a parlamentarios del Parlament de les Illes Balears para
cuestionar si el Presidente de Illes Balears está incurso o no en causa de
incompatibilidad para dicho cargo por la sencilla razón de que son los electores
para su nombramiento y, por ello, no les puede ser indiferente lo que se decida
acerca de si está o no afectado por causa de incompatibilidad para el cargo en cuyo
nombramiento tuvieron que decidir".
Como en la anterior ocasión, no ha habido un pronunciamiento unánime de la Sala: el
acuerdo se ha tomado por mayoría de tres de sus miembros –Gabriel Fiol, Pablo
Delfont y Fernando Socías–, mientras que las magistradas Carmen Frigola y Alicia
Esther Ortuño han emitido un voto discrepante como ya hicieron la otra vez.
Curiosamente, la sala despacha la cuestión con un auto de solo 5 folios, frente a
los 18 del voto particular.
PSOE y Més consideran que Bauzá incurre en causa de incompatibilidad por ser el
titular de una farmacia que en su mayor parte factura al propio Govern que él
preside. Además, recuerdan que el líder del PP ocultó que era administrador de dos
sociedades mercantiles –una vinoteca y una comercializadores de productos
ortopédicos– siendo ya presidente, circunstancia que prohíbe la ley balear de
Incompatibilidades para altos cargos.
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Tras dar carpetazo el Govern por vía administrativa al posible conflicto de
intereses, la izquierda acudió a los tribunales solicitando que se declare la
incompatibilidad de Bauzá, lo que de facto podría implicar su inhabilitación.
La Sala de lo Contencioso zanja ahora definitivamente la cuestión planteada por el
Govern y Bauzá a la par, ya que –reza el auto–, "de seguirse el criterio que
postulan quienes invocan la causa de inadmisibilidad, al no venir referida la
incompatibilidad a actuación concreta, nadie –parlamentarios o no parlamentarios-
estaría legitimado para cuestionar judicialmente si el Presidente de la Comunidad
Autónoma está o no incurso en causa de incompatibilidad, por lo que bastaría una
decisión de su Consejo de Gobierno en sentido negativo, para enterrar para siempre
el debate".
Aunque el auto no se conoció hasta ayer, lleva fecha del 2 de diciembre y el sentido
de su parte dispositiva ya circulaba el martes por los pasillos del Parlamento,
sobre todo después de que la directora de la Abogacía del Govern, Antònia Perelló,
se encerrara en un despacho con Bauzá y el vicepresidente Antonio Gómez. El
encuentro dio pie a especular que Perelló ya conocía todo o parte de la resolución
judicial y quiso comunicársela en persona al presidente.
En cuanto a los dos votos particulares, las magistradas reiteran la sentencia del
Tribunal Supremo que salvó´ al expresidente de Andalucía, el socialista Manuel
Chaves, de someterse a un contencioso similar al de Bauzá. Así, las juezas repiten
que "el Tribunal Supremo ha negado esta legitimación a los parlamentarios, ya que
los intereses legítimos que representan se deben ejercer mediante los mecanismos
parlamentarios, no ante los Tribunales de Justicia. Partiendo de las consideraciones
expuestas, el recurso contencioso-administrativo debió ser declarado inadmisible",
remachan, aunque por mayoría se impone el criterio del resto de la Sala.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/12/12/bauza-logra-impedir-le-
juzgue/896440.html
26. C.A CASTILLA Y LEÓN. EL PP DARÁ AL IMPUTADO LAMELA 60.000 EUROS PARA QUE PUEDA REHABILITAR UNO DE SUS EDIFICIOS
El Ayuntamiento de Burgos, que ha previsto la ayuda, explica que la finca está
encima de una puerta histórica. La que junto con el exconsejero madrileño es dueña
del inmueble, que es también la madre del exdirigente, no descarta que su hijo haya
tratado con el consistorio "porque tenga amigos"
El Ayuntamiento de Burgos, controlado por el PP, ha reservado una partida
presupuestaria para sufragar el 50% de los gastos de la rehabilitación de un
céntrico edificio del municipio que es propiedad de una empresa del exconsejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela. El 31 de octubre, éste fue imputado
por cohecho y prevaricación por las supuestas irregularidades que cometió durante el
proceso de privatización de diferentes hospitales madrileños.
Apenas 13 días antes, el 18 de ese mes, el Gobierno municipal había firmado un
convenio (ver PDF) con la entidad Inversiones Lamela Campos S.L., de la que el
exdirigente madrileño y hombre de confianza de Aguirre es administrador solidario -
según la información que figura en el registro mercantil-, para darle 60.000 euros,
la mitad de 120.000, el total de la obra presupuestada. A pesar de la imputación de
Lamela el convenio no ha sido revocado. La otra administradora solidaria de la
empresa es Carolina Fernández Blay, la madre del exconsejero madrileño tal y como ha
reconocido ella misma en declaraciones a este diario.
El acuerdo, al que Público ha tenido acceso, nace para sufragar el gasto de la
remodelación de las galerías existentes en las dos fachadas del edificio propiedad
de la empresa de Lamela, y que están encima de la conocida como Puerta o Arco de San
Juan. Se trata de una edificación que según establece el convenio está "descrito en
el catálogo de bienes protegidos del centro histórico de Burgos", y cuyos vestigios
se remontan al siglo XIII, si bien el arco ahora construido es del XIX.
"Por el interés de la ciudad"
El arco lo cruzan al día cientos de personas para entrar en el centro histórico de
la ciudad, pero ahora el Ayuntamiento quiere hacer el edificio "visitable", según
explica a este diario el concejal de Fomento del consistorio burgalés, Ángel Ibáñez.
Y es que la contrapartida de la subvención municipal es que la empresa de Lamela se
compromete a dejar entrar a su edificio, en el que viven diferentes vecinos, a al
menos 20 personas cada año,
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Ibáñez apunta a que únicamente existe "una partida presupuestaria" en las cuentas
del municipio para el próximo año destinada a sufragar esas obras, así como el
mencionado convenio. Pero explica que aún no hay nada ejecutado ni cerrado. En todo
caso, el concejal precisa que "el único objetivo" que persigue la financiación de la
obra es "el interés de la ciudad" por habilitar como "visitable" la "única puerta
histórica de la ciudad que queda en pie". "No se ha tenido en cuenta, como nunca se
tiene, quién es el propietario de la sociedad ni su situación judicial", ha
remarcado.
"Una puerta única" en la ciudad
El espacio objeto de la rehabilitación sería, en todo caso, el inmueble propiedad de
la mencionada Inversiones Lamela Campos S.L., una empresa que tiene ánimo de lucro
ya que entre su objeto social se encuentran, entre otros, las "operaciones
inmobiliarias de cualquier naturaleza" o el "asesoramiento jurídico".
Asimismo, y a diferencia de lo que suele ser habitual en este tipo de reformas, la
entidad de Manuel Lamela no ha tenido que concurrir a ninguna convocatoria pública
para poder optar esas ayudas. Ibáñez explica que el hecho de que se haya acordado
hacerlo a través de un convenio entre la empresa y la Consejería de Economía se debe
a que "es una puerta única" en la ciudad.
Lamela evita hacer declaraciones
La que junto con el exconsejero madrileño es la propietaria del inmueble -por ser
también la administradora solidaria de Inversiones Lamela Campos S.L.-, que resulta
ser además la madre de Lamela, explicó ayer a este diario que si se ha llegado a ese
acuerdo con el consistorio burgalés ha sido porque ella es "la dueña" y hace "lo que
quiere" con el edificio. Respecto a la ayuda solicitada Fernández Blay la justificó
porque se trata de un edificio "de más de 200 años" que "es monumento artístico
nacional".
Además, si bien en un principio trató de desvincular a Lamela de sus negocios, al
recordarle que es con él con quien comparte la administración de la empresa explicó
que es así por su relación familiar. Finalmente, no descartó "que él haya tratado
con el ayuntamiento porque tenga amigos". "No lo sé", zanjó. Este diario también se
puso ayer en contacto con el despacho del exconsejero madrileño, si bien tras
explicar desde el mismo que se dejaría "constancia" de la llamada de Público, no se
obtuvo ninguna respuesta.
El PSOE denuncia que ya son dos años sin ayudas
El caso fue denunciado hace una semana por el PSOE local, tal y como recogieron
medios locales como El Diario de Burgos. El concejal socialista Antonio Fernández
Santos lamentaba entonces la "desfachatez que tienen los que gobiernan pensando que
esto es suyo y pueden hacer con la ciudad lo que les dé la gana". Él explica ahora
que el Ayuntamiento de Burgos lleva "dos años" sin conceder ninguna ayuda económica
para la rehabilitación de viviendas en el Centro Histórico de Burgos.
Y enfatiza en el hecho de que la convocatoria de ayudas a edificios de la zona vieja
de la ciudad establece que "en ningún caso se otorgarán ayudas" para la realización
de "obras en edificio de propiedad o uso exclusivo de personas jurídicas que
realicen sus actividades con ánimo de lucro". En consecuencia, explica, "ni aunque
hubiera habido convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas a la
rehabilitación se hubiera podido conceder ninguna a la mercantil Inversiones Lamela
Campos S.L". Así, "dado que no existía ningún resquicio legal para conceder esta
subvención directa", Fernández Santos denuncia que se ha recurrido a la fórmula de
un convenio
http://www.publico.es/488739/el-pp-dara-al-imputado-lamela-60-000-euros-para-que-
pueda-rehabilitar-uno-de-sus-edificios
27. C.A CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL DESPIDIÓ A UNA EMBARAZADA PORQUE NO DIJO QUE LE DOLÍA LA ESPALDA AL ENTRAR A TRABAJAR PARA LA JUNTA
El mPIédico dio la baja a la profesora por una lumbalgia que le diagnosticó cuatro
días después de tomar posesión en el instituto donde realizaba una sustitución, en
2012. Educación "deduce" que la docente ya padecía esas molestias desde el primer
día.
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La Junta de Castilla-La Mancha que preside la número dos del PP, María Dolores de
Cospedal, despidió en enero de 2012 a una profesora embarazada por no confesar que
le dolía la espalda el día que entró a trabajar a un instituto público de la
comunidad, para cubrir una sustitución. El entonces viceconsejero de Educación,
Tomás García-Cuenca, argumentaba en un escrito que se puede "deducir" que cuando
tomó posesión de su cargo, la docente ya padecía la lumbalgia causada por su estado
de gestación por la que cuatro días después le dieron la baja.
La resolución del que fuera viceconsejero del departamento que dirige Marcial Marín,
que se incluye en la demanda presentada por la docente a la que Público ha tenido
acceso (ver PDF), explica que el 13 de enero de 2012 se adjudicó a la profesora,
Silvia Campos, una plaza en el I.E.S. Antonio Jiménez Landi de Méntrida (Toledo)
para sustituir al titular de una plaza de Lengua Castellana y Literatura. Asegura
que el primer día, el 16 de enero, la maestra llegó al centro "con retraso" y firmó
una "declaración responsable" jurando no estar incursa "en proceso alguno de
incapacidad".
Pero añade que, dos días después, la profesora, que estaba embarazada de siete meses
y medio, faltó al instituto tras justificar su ausencia por asistir al ginecólogo.
Que las dos jornadas siguientes acudió a trabajar con normalidad pero que
finalmente, el 20 de enero visitó al médico de cabecera, el cual le dio la baja
médica por la lumbalgia. La Junta solicitó entonces un informe a la Inspección
Médica de la propia Consejería de Educación, que descartó "un posible origen agudo o
repentino" de esa dolencia al ser "una de las complicaciones más frecuentes de las
embarazadas".
La Junta rechazó el recurso
Así, el informe de la propia administración regional concluyó que "existen
argumentos médicos suficientes para deducir y sostener" que la profesora "ya padecía
molestias lumbares y de dificultad para deambulación motivadas por su avanzado de
gestación cuando firmó la documentación de toma de posesión como funcionaria
interina". Por eso, porque considera que Campos faltó a la verdad en su declaración
jurada, a fecha de 30 de octubre de 2012 la Junta rechazó el recurso de alzada que
interpuso ella el 15 de febrero de ese año, y consideró que estaba justificada la
revocación de su nombramiento que había sido dictada por la administración
autonómica el 31 de enero.
Tras conocer la versión del Gobierno de Cospedal a través de la mencionada
resolución, este diario se puso ayer en contacto con la propia afectada, Silvia
Campos, que relató la suya. Según explica, después de haber pasado meses en paro, en
enero de 2012 le llamaron para la mencionada sustitución en Méntrida (Toledo),
localidad que está "a unas tres horas" de Ciudad Real, municipio en el que reside.
Un estado de gestación "evidente"
Siempre según su relato, el primer día llegó "media hora tarde" a su puesto de
trabajo porque se perdió tratando de encontrar el pueblo. E insiste en que cuando
firmó la declaración responsable era "evidente" su estado de gestación ya que estaba
embarazada de siete meses y medio."¡Y no voy a rechazar un trabajo por estar
embarazada!", exclama. Campos reconoce que, en efecto, a los dos días faltó al
instituto por tener que acudir al ginecólogo, una cita que le habían dado "hacía
meses", e insiste en que entonces no padecía "de ninguna manera" los dolores que
empezaría a sufrir dos días después, cuando fue a la cita con su médico de cabecera
y le dio la baja por lumbalgia.
Por eso interpuso el recurso, y por eso denunció caso ante los tribunales. "Es una
clara discriminación, porque si por ejemplo hubiera tenido un accidente de coche en
esos cuatro días me hubieran dado la baja igual, pero no me hubieran despedido",
afirma. Campos, que parió a su hija el 24 de febrero de ese año, no ha conseguido
volver a trabajar de lo suyo desde entonces y confía en que todo se aclare durante
el juicio del caso que se celebrará el próximo 10 de abril.
Marín y la lista de espera de su mujer
A raíz de que este caso saliera a la luz, el sindicato STE-CLM ha exigido a la
Consejería de Educación "que deje de atentar contra los derechos del personal
interino y contra los derechos de las mujeres". "Esta es la paradoja del gobierno
del PP que dice defender a la familia, que pretende penalizar la interrupción
39
voluntaria del embarazo. En cambio, en la práctica no deja que las mujeres podamos
decidir por nosotras mismas, no deja que haya igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres", sostiene en una nota.
Marín, el consejero de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha, protagonizó la
semana pasada otra polémica que contó la Cadena Ser. Su mujer se saltó la lista de
espera del Hospital Universitario de Albacete y, en sólo 15 días, fue operada de una
hernia discal, dolencia para cuya intervención otros pacientes llevan más de un año
esperando.
http://www.publico.es/488584/cospedal-despidio-a-una-embarazada-porque-no-dijo-que-
le-dolia-la-espalda-al-entrar-a-trabajar-para-la-junta
27 BIS. C.A CASTILLA LA MANCHA. LISTA DE ESPERA FUGAZ PARA LA MUJER DE UN CONSEJERO DE COSPEDAL Aguardó solo 15 días para una operación de hernia discal en el hospital de Albacete
El cirujano que la operó sostiene que la prisa obedeció a criterios médicos
La mujer del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, fue
intervenida de la hernia discal que padecía en el hospital de Albacete solo 15 días
después de entrar en lista de espera. Había otras 20 personas por delante de ella
con su misma patología —trastorno discointervertebral en región cervical con
mielopatía, es decir, con compresión de la médula—, una de las cuales llevaba más de
un año aguardando su cita con el quirófano.
La operación la practicó el neurocirujano Vicente Calatayud, jefe del servicio del
centro sanitario público, el 22 de octubre del año pasado, como informó la Cadena
SER el jueves. Calatayud ha relatado a este diario que, pese a esta rapidez, no hubo
ningún trato de favor y que hubiera actuado de la misma forma si se hubiera tratado
de otro paciente. ―El caso requería una actuación urgente porque la paciente sufría
daños motores, con pérdida de fuerza en brazo y mano‖, añade.
La paciente pasó por delante de 20 personas con su misma patología
―Siempre que detectamos paresia [parálisis leve] de brazo aceleramos la intervención
por si fuera irreversible, e incluso intentamos operar ese mismo día o el
siguiente‖, sostiene Calatayud. ―En este caso, la paciente quiso tomarse un tiempo
para pensárselo por si optaba por un tratamiento de rehabilitación y a los 15 días
operamos‖. El cirujano insiste en que no se priorizó la intervención, aunque admite
que sabía que estaba tratando a la mujer del consejero. En todo el servicio, la
lista de espera alcanzaba en ese momento los 319 pacientes, según el registro al que
ha tenido acceso este diario; 38 personas aguardaban más de un año su paso por el
quirófano.
En un sentido similar al cirujano, el portavoz del Gobierno de María Dolores de
Cospedal, Leandro Esteban, manifestó ayer que es ―absolutamente falso‖ que se haya
favorecido a la mujer del consejero, ya que la premura con la que fue asistida
respondió a ―criterios médicos‖.
Meses después de este incidente, en abril de este año, Calatayud y parte de su
equipo se trasladaron al hospital de Hellín —también público— para operar a la madre
de quien entonces era su gerente, José Luis Sánchez Plaza, un episodio que le costó
el cargo al directivo. En Hellín no existe la especialidad de neurocirugía y la
intervención, también una hernia discal, fue por la tarde, cuando solo se suelen
usar los quirófanos si se presenta alguna urgencia.
Al ser preguntado por la sucesión de estos dos casos, el jefe de neurocirugía de
Albacete sostiene que se trata de una ―casualidad‖. ―Esto [en relación a la
operación de la madre del exgerente] no tiene nada que ver‖. ―En mi tiempo libre yo
hago lo que quiero, no hubo ningún mandamiento político, me trasladé con mi coche,
usé mi instrumental personal y fui por hacer un favor al amigo de un conocido‖.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/05/actualidad/1386248546_870558.html
27.TRIS. C. A CASTILLA LA MANCHA. EL EXSECRETARIO GENERAL DE SANIDAD DE COSPEDAL ASESORA A LA EMPRESA A LA QUE DIO 36 MILLONES EN CONTRATOS
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José Miguel Benito Notario, según juristas consultados por la SER, habría vulnerado
la Ley de Incompatibilidades al fichar por la empresa CLECE solo 8 semanas después
de abandonar la Consejería de Sanidad manchega
Tras dejar su cargo político, el ex alto cargo manchego asesoró a CLECE sobre como
reestructurar plantillas en los hospitales madrileños donde esta filial de ACS se ha
adjudicado la prestación de servicios privatizados.
Tras un año y medio en el cargo, José Miguel Benito Notario cesó como secretario
general de Sanidad de Castilla-La Mancha el pasado 28 de enero. De inmediato, volvió
a su bufete de abogados en Madrid. Un despacho (Abbigton Abogados) del que es
principal accionista y también socio fundador y director.
Solo ocho semanas después de su salida de la Consejería de Sanidad manchega, José
Miguel Benito Notario fue contratado por la empresa CLECE a la que el mismo había
adjudicado contratos por valor de 36,5 millones de euros durante su mandato como
número tres de la sanidad manchega. Contratos, firmados por él mismo, en concepto en
servicios sanitarios auxiliares, servicios sociales y mantenimiento de centros de
discapacitados y mayores en distintos municipios manchegos.
Como Secretario General de Sanidad (un nombramiento firmado por la propia Presidenta
manchega María Dolores Cospedal) José Miguel Benito está sujeto al régimen de
incompatibilidades vigente en Castilla-La Mancha por el que "durante los dos años
siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades
privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el
ejercicio del cargo".
El último contrato adjudicado a CLECE y firmado por José Miguel Benito como
Secretario General tiene fecha del 12 de diciembre. Sólo tres meses después y, a
pesar del régimen de incompatibilidades, se invirtieron las tornas y fue CLECE quien
contrató al ya ex alto cargo.
En conversación con la Cadena SER, José Miguel Benito ha reconocido que "no tenía
ninguna experiencia" en el sector sanitario antes de su paso por la Consejería de
Sanidad manchega pero niega haber vulnerado el régimen de incompatibilidades al ser
contratado por CLECE ya que , dice "se trató de un contrato específico y de poco
dinero"
El trabajo en cuestión fue un informe jurídico encargado el pasado mes de Abril por
la filial de ACS al despacho del ex alto cargo manchego para reestructurar la
plantilla del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid) donde
CLECE gestiona todos los servicios no sanitarios por encargo del Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
El que fuera número tres de la sanidad manchega insiste en que no fue él, sino uno
de los cuatro abogados que trabajan en su bufete, quien realizó el informe para
CLECE, no obstante reconoce que sí fue él quien lo facturó al ser el principal
accionista y director del despacho.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/exsecretario-general-sanidad-cospedal-asesora-empresa-dio-36-millones-contratos/csrcsrpor/20131212csrcsrnac_1/Tes 28. COMUNIDAD DE MADRID : EUROVEGAS. ¿Y AHORA QUÉ?
Tras el fiasco olímpico, el PP pierde su última apuesta para Madrid
El fracaso de Eurovegas, un ‗capricho‘ de Esperanza Aguirre, deja al Gobierno
regional sin escudo ante los recortes presupuestarios y el conflicto de la
privatización sanitaria
Apenas tres meses después de la decepción olímpica de Madrid 2020, la inversión de
17.000 millones de euros que se le presuponía a Eurovegas, un espejismo de
proporciones colosales que convertiría a Alcorcón en la capital europea del juego y
en un pabellón internacional de las convenciones de negocios, se desvaneció dejando
a la región sin más castillos en el aire a los que aferrarse. Si Ana Botella (PP)
acusó el coste político por la decisión del Comité Olímpico Internacional del pasado
7 de septiembre, que encumbró a Tokio y relegó a Madrid a la última casilla, el
turno de encajar el golpe le ha llegado ahora a Ignacio González (PP).
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No será el primer sapo que se trague en sus 15 meses como presidente de la
Comunidad, tras la espantada de Esperanza Aguirre en septiembre de 2012. Al fiasco
que la apuesta del magnate estadounidense Sheldon Adelson por Asia —y de Aguirre por
Adelson— supone para el Gobierno regional se suman un sinfín de reveses que
González, lugarteniente de Aguirre durante sus nueve años en la Puerta del Sol, ha
heredado de su predecesora y aún presidenta del PP de Madrid. Agotados los ases en
la manga, se impone la gestión mundana. Un escenario especialmente complejo para
González, que se estrenó en el cargo recortando de una sentada 2.700 millones para
2013, en los que fueron los presupuestos regionales más austeros en una década.
A ese tajo monumental hay que añadir los encontronazos con el Ejecutivo de Mariano
Rajoy para relajar la ley antitabaco, según reclamaba Las Vegas Sands, y para
revisar el sistema de financiación autonómica. Un pulso que, por el momento, ha
ganado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que también impuso a González el
objetivo de déficit asimétrico. La esperanza de Madrid es que el modelo de
financiación se revise en verano de 2014 con carácter retroactivo.
A falta de año y medio para las elecciones autonómicas y sin conejos en la chistera
a los que aferrarse, González no conoce ni siquiera si será el candidato elegido por
Rajoy para optar a gobernar la Comunidad. Y todavía le queda un conflicto dormido
por resolver: la privatización de la gestión de seis hospitales de la red pública,
paralizada por la justicia desde septiembre. A la espera de que se resuelva el gran
frente abierto que a la Comunidad le queda pendiente, lo que está claro es que las
consecuencias de lo que decida la justicia afectarán, de forma puede que decisiva, a
González.
Eurovegas es la prueba. Pese a que el más escéptico con el proyecto en el equipo de
Aguirre, desde que supo de él por primera vez en 2007 —en unas negociaciones
apadrinadas por Miguel Sebastián, ministro del Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero— y de sus cifras megalómanas, fuera el actual presidente
autonómico.
En el PP matizan que, cuando Aguirre dice que Adelson ―se encaprichó‖ de Madrid, en
realidad era ella ―la que estaba encaprichada‖ con el proyecto. Su relación con el
magnate de los casinos —especialmente cordial, ahí están las invitaciones a
Guadalajara o a almorzar en el palacete que Aguirre posee en el centro de Madrid- y
uno de los principales benefactores del Partido Republicano de EE UU, en una
sintonía ideológica parecida, no encontró la misma calidez en González.
El propio Adelson, tras el relevo de Aguirre en septiembre de 2012, se reunió con el
nuevo presidente al poco de su nombramiento para testarle y comprobar que sus planes
coincidían con los de Aguirre. Aunque la conexión personal con González nunca fue la
misma y las negociaciones se endurecieron, el multimillonario valoró los incentivos
fiscales y otros cambios legales que aprobó González antes de final de año.
Prueba de ello es el comunicado que Las Vegas Sands emitió el jueves, agradeciendo,
―en concreto a la Comunidad de Madrid‖, que ―trabajara de forma continua en esta
oportunidad con los intereses de los españoles en mente. Deberían ser elogiados‖.
Resueltas las competencias regionales y municipales, quedaba lo más complejo:
atender a los cambios a nivel estatal que exigía Adelson, y negociar con la UE para
que no pusiera trabas. La Comunidad percibió sin embargo que las negociaciones se
habían enquistado. Ni siquiera las tres recepciones con las que Rajoy agasajó a
Adelson en La Moncloa parecieron desatascar la situación. Adelson se ofuscó
especialmente a raíz de las promesas de Rajoy la pasada primavera, cuando el
presidente le aseguró que cumpliría con todas sus peticiones, según fuentes
regionales. En septiembre seguían sin solucionarse, lo que derivó en una bronca
mayúscula de los Gobiernos de Rajoy y de González, y por ende entre la dirección
nacional de Génova y el PP de Madrid. A la gresca, la Comunidad reclamó con urgencia
a Rajoy que se resolviese el marco legal que requería Eurovegas.
Las nuevas peticiones de la multinacional de Las Vegas hace dos semanas lo hicieron
innecesario, pues sentenciaron definitivamente el proyecto. Las exigencias,
especialmente ―radicales‖, dejaron a Rajoy y González sin margen de maniobra. La
principal de ellas, asegurar que ni los posibles cambios en la legislación
comunitaria ni que un cambio de partido en el Gobierno regional y/o estatal tumbasen
el proyecto.
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Las constantes advertencias del PSOE e IU de que en caso de gobernar revertirían el
proceso inquietaron al presidente de Las Vegas Sands (que posee además el 52% de las
acciones de la empresa).
En una petición ―innegociable‖ para Adelson e ―imposible‖ de cumplir, según la
calificó González, el empresario reclamaba revertir toda la inversión que realizara,
más las pérdidas que se podrían generarse, en caso de que un cambio normativo
obstaculizara el proyecto. Ya puestos, también exigía indemnizaciones.
Y así finalizó la partida de póquer con Eurovegas como premio. Cumpliendo el augurio
que el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, pronunció el
pasado julio: ―Tenemos la información de que Eurovegas se ha caído‖. Hasta qué punto
las negociaciones fueron o no un farol, solo lo sabe Adelson
Rajoy: ―A ver cómo se hace y a ver cómo molesta‖
Esperanza Aguirre: ―Si hay que hacer cualesquiera modificaciones, legislativas,
reglamentarias o del tipo que sean, se harán, dentro de mis principios‖. (Noviembre
2011)
Miguel Sebastián: ―Animé a Adelson a invertir y lo volvería a hacer. Tiene un
proyecto espectacular‖. (Septiembre 2012)
Artur Mas: ―Nos interesa. Es una inversión impresionante‖. (Febrero 2012). ―Aquí
tendrá que haber alguna legislación específica‖. (Junio 2012)
Mariano Rajoy: ―La Comunidad de Madrid quiere hacerlo, el Gobierno no lo ve mal. Son
muchísimos puestos de trabajo. Todavía hay que darle una vuelta, ver cómo se hace y
ver cómo molesta y crea menos problemas a los ciudadanos‖. (Noviembre 2013)
Elena Valenciano: ―En principio, no es necesario ni una buena idea modificar la ley,
pero es verdad que el país necesita inversión‖. (Abril 2012)
Ignacio González: ―Son necesarias modificaciones a medida para un proyecto tan
singular‖. (Septiembre 2012)
Las Vegas Sands: ―En enero tendremos más información sobre qué leyes son las que se
van a aprobar a nuestro favor‖. (Septiembre 2012)
David Pérez: ―Hay muchas contradicciones y cinismo. Eurovegas no será Sodoma y
Gomorra‖. (Febrero 2013)
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/madrid/1387050441_819102.html
29. COMUNIDAD DE MADRID. EUROVEGAS: UNA PROMESA EVAPORADA EN CINCO MOMENTOS Y UNAS CUANTAS FRASES CRUZADAS
El proyecto que impulsó un ministro socialista y que los populares madrileños
convirtieron en promesa de prosperidad enfrentó a Madrid con Cataluña y hasta al
Gobierno con la Comunidad de Madrid
El espejismo del megacasino ha dado para que Esperanza Aguirre, Ignacio González,
Ana Mato y Mariano Rajoy se enviaran mensajes cruzados
En el origen de la historia de Eurovegas no estaba el PP sino el PSOE. Allá por
2011, cuando comienza la fallida andadura del complejo de casinos, quien impulsaba
el proyecto era el exministro de Industria Miguel Sebastián. Él y el entonces
vicepresidente de Madrid, Ignacio González, empezaron a hablar de una "gran ciudad
del ocio" en el corazón de España. Pero el complejo de hoteles y casinos del magnate
Sheldon Adelson acabó enfrentando a los dos partidos y creando resquemores incluso
dentro del PP. Un recorrido por estos dos años deja una colección de frases para el
recuerdo y varios hitos de hemeroteca.
1. Esperanza Aguirre lo apuesta todo a las ruletas
El proyecto de Eurovegas fue una de las apuestas claras de la entonces presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, que no perdió ninguna oportunidad para alfombrarle el
camino al proyecto de Sheldon Adelson. Ya en diciembre de 2011, se comprometió:
"Haré todo lo que pueda para que se ubique en Barajas". Y le atribuyó 261.000
puestos de trabajo. Su voluntad la resumía así: "Si hay que hacer cualquier
modificación –legal–, se hará".
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Para Aguirre, Eurovegas era "un rayo de esperanza" que merecía que se convirtiera en
una "isla legal". Dicho y hecho. La líder popular dejó los deberes bien perfilados
en la región. La Asamblea regional aprobó una legislación ad hoc para limpiar de
trabas tributarias la implantación del megacomplejo. "Nuestro sistema tributario no
era atractivo para las inversiones extranjeras, y las pretendemos solucionar.
Los Centros Integrados de Desarrollo [pensados para Eurovegas] son proyectos de gran
envergadura, que supondrán la inversión de miles de millones", defendió el PP en el
Parlamento regional al votar los cambios legales anunciados por Aguirre.
2. Políticos madrileños y catalanes 'seducen' a Adelson
Cuando se empieza a hablar de cifras de inversión, a Adelson le salen más novias.
Cataluña muestra interés por albergar los casinos. El president Artur Mas se reúne
con Adelson y el magnate se deja querer. Empieza un largo periodo de deshojar la
margarita para el empresario del juego.
Ante la 'promiscuidad' de Adelson, en febrero de 2012, Aguirre no dudó en sacar
pecho y reivindicar su atractivo: "Yo me he reunido con el empresario cinco o seis
veces".
Cuando la puja entre regiones llegaba a su resolución final en septiembre de 2012,
Aguirre se atrevió a juguetear con los pronósticos y adelantar tres días antes del
anuncio oficial la elección del norteamericano: "De impresiones no vive el hombre.
Las mujeres vivimos de intuiciones... Y mi intuición, que no me suele fallar, es
positiva". El 8 de septiembre, Las Vegas Sands admitió que se iría a Madrid.
Doble página de 'ABC' sobre Eurovegas.
Días después, el 10 de septiembre, Aguirre puso fecha y dimensión al enlace:
"Eurovegas estará en dos o tres años. Va a crear 200.000 puestos de trabajo sin
contar con todo lo relacionado con la construcción". La presidenta dimitió de su
puesto sólo siete jornadas después: el 17 de septiembre cerró su periplo al frente
del Ejecutivo regional, pero no abandonó su romance con Eurovegas.
El 19 de octubre aleccionaba sobre admitir el tabaco en los casinos: "No hay que ser
hipócritas..., lo importante es que tenemos cinco millones de parados y nos hacen
falta inversiones creadoras de empleo".
3. Ignacio González mete prisa para cambiar las leyes a favor de Eurovegas
La necesidad de poder fumar en los casinos y las prisas por cambiar las leyes
estatales a gusto del proyecto han estado en el centro de la polémica del plan. Una
vez que se hizo público que los terrenos para construir los hoteles y casas de juego
serían los del municipio madrileño de Alcorcón, el promotor de la idea y sucesor de
Aguirre, el presidente Ignacio González, se puso al servicio del complejo.
En febrero de 2013 decía: "Es un día muy importante para Madrid, para la Comunidad
de Madrid y para España. Este proyecto, en el que hemos trabajado a lo largo de
meses de manera intensa, empieza a ver la luz. Como saben, a lo largo del año
pasado, trabajamos duramente con los responsables de Las Vegas Sands. Es la
inversión más importante que se va a producir en España y en el mundo en los
próximos años".
Pero como los meses pasaron sin concretarse nada, el líder de los socialistas en
Madrid, Tomás Gómez, se atrevió en julio de este año a augurar lo peor para el
proyecto: "Se ha caído". Y aunque el acierto del líder de los socialistas madrileños
no había sido de destacar en otros temas, en este sus palabras sonaron con fuerza.
El aplomo anterior de los dirigentes del Partido Popular se diluyó. El vaticinio de
Gómez sólo fue desmentido por el portavoz del Gobierno de Madrid, Salvador
Victoria, que aseguró que todo marchaba "con normalidad". Luego el PP envió a uno de
los aguirristas más acérrimos, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, a mancharse:
"Antes de seis meses se van a producir miles de contrataciones". Era agosto de 2013.
4. Mariano Rajoy se pone de perfil
En septiembre, y ante el silencio que rodeaba el tema, Ignacio González perdió la
paciencia y apremió públicamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Si no
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corre en los próximos días, existe el serio riesgo de que una empresa de esta
naturaleza decida dedicar sus inversiones en otros sitios".
Al final de ese mes la ministra de Sanidad, Ana Mato, intentó crear una fórmula
viable para que el tabaco estuviera admitido. Y trató de explicar que la ley
funciona "para proteger la salud" pero hay que "hacerla compatible" con todas las
posibilidades que puedan comportar creación de empleo.
El presidente Mariano Rajoy, fiel a su estilo, no pareció tener mucha prisa. En su
entrevista en Radio Nacional del 21 de noviembre se limitó a decir: "Todavía hay que
darle una vuelta, ver cómo se hace y ver cómo molesta y crea menos problemas a los
ciudadanos".
Así que, mientras no terminaban de concretarse las modificaciones legales e Ignacio
González apretaba porque veía alejarse Eurovegas, otros políticos implicados han ido
tirado cada uno por su lado sin, parecer enterarse por dónde iban los tiros. David
Pérez (el alcalde de Alcorcón) ha seguido insistiendo en el otoño que "no he dudado
ni un momento" de que Eurovegas existiría. El consejero de Economía de Madrid,
Enrique Ossorio, vaticinaba el 21 de noviembre que la primera piedra estaría puesta
"a principios o mediados de 2014".
5. El 'fuego amigo' de la prensa
Quizá Adelson pueda protestar (y así lo ha hecho) de poca celeridad en las reformas
por parte del Gobierno central. Pero seguro que el promotor de casinos y hoteles no
puede quejarse de no haber contado con buena publicidad.
Durante estos años de negociaciones, los empujones de los dirigentes del PP de
Madrid se han multiplicado a través de algunas campañas mediáticas nada modestas.
Cuando Eurovegas era todavía un embrión virtual y tan lejano en el tiempo como el 9
de septiembre de 2012, el diario ABC aseguraba ya en su portada: "las obras
comenzarán en un año". La Comunidad de Madrid acababa de ser elegida como sede por
Las Vegas Sands.
Despliegue de 'La Razón'.
En julio de 2013, poco después de que el socialista Tomás Gómez asegurara que no
habría Eurovegas, los diarios La Razón y ABC publicaban, ambos el mismo día 27,
sendas dobles páginas. El primero describía el proyecto como "una verdad sobre
plano". El segundo iba un poco más allá: "Más visitas al día que El Prado, el
Thyssen y el Reina Sofía juntos".
El 22 de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicaba un acuerdo entre los
Ejecutivos de Madrid y Central para no pisarse en cuestiones de competencias sobre
la legislación de Eurovegas. La Razón interpretó: "Moncloa inicia el blindaje para
Eurovegas". Por lo que se ha visto, un blindaje bastante endeble.
http://www.eldiario.es/sociedad/historia-Eurovegas-mediante-frases-
promotores_0_206829572.html
30. C.A MADRID. LA FISCALÍA RECHAZA LA PERSONACIÓN DE IGNACIO GONZÁLEZ “PARA DEFENDERSE” EN EL CASO DEL ÁTICO INVESTIGADO
El fiscal jefe de Málaga le advierte que esa pretensión sólo sería posible como
imputado y aún no lo es
También le indica que tiene otras vías en los tribunales para defender su honor
Varapalo para los intereses del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, al ver frustrado, por el momento, su deseo de personarse para ejercer su
"derecho a la defensa" en la causa penal sobre la adquisición de su famoso y lujoso
ático que instruye la titular del Juzgado Número 5 de Estepona, Mariana Peregrina.
Según ha podido saber eldiario.es de fuentes jurídicas el fiscal jefe de la
Audiencia Provincial de Málaga, Juan Carlos López Caballero, encargado personalmente
del caso, se ha opuesto a la personación pretendida por el presidente madrileño en
un escrito enviado a la juez Peregrina recientemente. Tras dicho trámite procesal la
magistrada deberá pronunciarse en respuesta al presidente del Ejecutivo madrileño.
Todo indica que rechazará su deseo, tras el contundente informe de la Fiscalía.
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Considera la acusación pública que la única forma que tendría González para
defenderse, tal y como pretende, sería en calidad de imputado, pero no puede ser
tenido como tal en la causa, "pues en el momento presente no consta que tenga
relación alguna con la entidad Coast Investors LLC, cuya inversión en España es el
objeto de la investigación", en alusión a la operación de compra-venta del inmueble.
El Ministerio Público argumenta que la investigación seguida en dicha causa "lo que
pretende acreditar, ante la existencia de una estructura societaria ciertamente
opaca, es quién o quiénes sean las personas físicas que sean los dueños de la
referida entidad, y por ende, de los inmuebles que la misma adquirió en la localidad
de Estepona (Málaga), extremo que es el presupuesto lógico, y necesario, de una
posterior imputación".
Así pués, según se hace constar en el escrito del fiscal, "la personación pretendida
por el Sr. González, dado su tenor literal-para ejercer su derecho a la defensa- es
en calidad de imputado, puesto que en nuestro sistema procesal y a diferencia de lo
que ocurre en otros países (el arguido del Derecho portugués) dicha condición es el
punto de partida para defenderse en el proceso penal".
El fiscal va más allá en el documento al recalcar que "no cabe, pues, una
personación preventiva de una futura e hipotética imputación". De hecho, sostiene
que tal situación estaría "vetada" para González en las diligencias previas que
sigue la juez de Estepona, "dada la condición de persona aforada" que ostenta el
gobernante autonómico.
En el escrito dirigido a la juez también se le recuerda al sucesor de Esperanza
Aguirre el artículo 25 de la Ley Orgánica 3/1.983, de 25 de febrero, del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, "careciendo el Juzgado que conoce del presente
procedimiento de competencia para dictar un auto incriminatorio contra dicho señor",
en alusión a Ignacio González.
Por lo que respecta a la "apreciación" de González sobre la "falsedad de los hechos
denunciados" por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el fiscal le recuerda que
"nada impide el ejercicio de las acciones que estime pertinentes en defensa de su
honor", en referencia a la jurisdicción civil y penal que tiene a su alcance.
La admisión a trámite de la denuncia formulada en su día por el SUP, "no supone,
como parece entender el solicitante" (González) , que la juez instructora "tenga por
ciertos los hechos expuestos en la misma, pues si se ha iniciado la investigación
judicial es para verificar la realidad de los mismos y su certeza", según se recoge
también en la respuesta de López Caballero.
No menos relevante resulta el criterio para seguir el rastro de quiénes están detrás
de la estructura societaria que engloba Coast Investors, la sociedad radicada en
Delaware (EE.UU.) que adquirió el inmueble de Estepona, primero alquilado y luego
vendido a González y su esposa. Sostiene el fiscal que cuando se produjo la
inversión de Coast Investors, en 2008, todavía no se contemplaba en el Código Penal
la responsabilidad penal de las personas jurídicas (sociedades). Dicho supuesto se
introdujo con motivo de una reforma en junio de 2010. "Es por ello que la
investigación deba centrarse en esas personas físicas que sean las titulares reales
de la inversión referida".
La juez instructora quiere saber quién se esconde tras la empresa Coast Investors
LLC . Dicha mercantil vendió el ático, el 18 de diciembre de 2012, a Ignacio
González, su mujer, María Lourdes Cavero Mestre, por 770.000 euros.
Coast Investors aseguró que la citada mercantil radicada en Estados Unidos, que
tiene como administrador al testaferro profesional Rudy Valner, adquirió el inmueble
el 12 de mayo de 2008 por el precio de 750.000 euros, abonados mediante dos
transferencias.
La magistrada está aún a la espera del resultado de una comisión rogatoria al banco
Lloyds TSB Bank PLC de Londres, para que informe de las cuentas corrientes que la
empresa tiene en esa entidad, identifique a sus titulares o autorizados, y concrete
los movimientos contables de origen o destino a España, con indicación de las
cuentas o destinatarios. Paralelamente, ha solicitado al Banco Popular, donde
también posee cuenta Coast Investors, que le remita todas las operaciones realizadas
por la empresa y Rudy Valner. Este último ha figurado como secretario en la entidad
Egeda US, filial norteamericana de Egeda España, encargada de la gestión de derechos
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cinematográficos, y en la que aparece el productor y presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo.
La investigación judicial se inició en octubre de 2012, tras una denuncia del SUP,
cuando el 31 de mayo de 2012 el sindicato policial puso en conocimiento de la
Fiscalía de Málaga que el ático, valorado en un millón de euros según los
denunciantes, no estaba escriturado y "podría tratarse de una adquisición en dinero
'negro' procedente de actividades delictivas'.
http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-personacion-Ignacio-Gonzalez-
investigado_0_206829743.html
31. C.A MADRID. CRISTINA CIFUENTES.LA DELEGADA VUELVE A LA CARGA
Cristina Cifuentes pide el alta voluntaria tras su gravísimo accidente de moto
La batalla por las candidaturas del PP en Madrid no es ajena a las prisas
La delegada del Gobierno en Madrid, herida grave en un accidente de moto
Ventilados los discursos, los entusiastas militantes del Partido Popular de Alcalá
de Henares se abalanzan sobre la homenajeada en su copa de Navidad del pasado
miércoles en el añejo restaurante Oliver‘s, un clásico de bodas, bautizos y
comuniones de la ciudad. La concurrencia, desde el alcalde hasta las señoronas de
peluquería y los jóvenes de flequillo al bies, se la comen a besos, palmadas en la
espalda y abrazos de los que crujen las costillas. Lo último que le conviene a
Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, proclamada ―Popular del Año‖ en
la fiesta, y recién incorporada al puesto tras el accidente de moto que casi le
cuesta la vida el pasado 20 de agosto. Ya las tiene rotas.
Siete, por varios sitios, además de la escápula y el coxis, fracturas que solo
sueldan con tiempo y paciencia. Sufre, además, las secuelas de un neumotórax, dos
tubos torácicos, una traqueotomía, un derrame pleural de 2,5 litros y sendos
hematomas en el corazón y el pulmón derecho. Le duele el cuerpo desde que se levanta
hasta que se acuesta. Para soportarlo, lleva adherido al omóplato un parche de
morfina. Acarrea en el bolso pastillas de rescate, por si el zarpazo arrecia, pero
se las está autorretirando porque está tan acostumbrada a aguantarlo que, en la
escala del dolor que los médicos estipulan de 0 a 10, lo que para ella antes era un
9, ahora es un 4. Aún así, los achuchones de los compañeros de partido le deben de
estar fastidiando lo suyo. Pese a ello, sonríe a boca llena. Se hace la última foto
con el último pesado. Ha vuelto a la arena.
Hace días, pidió a los médicos el alta voluntaria y se reincorporó oficialmente al
trabajo. Le ha dicho a los suyos que no es una descerebrada. Que regresa por
responsabilidad. Por sentido del deber. Porque son tiempos complicados y están
pasando cosas. Porque la nueva subdelegada del Gobierno, María del Mar Angulo, a la
que nombró ella misma estando de baja en octubre, está recién aterrizada y no va a
dejarla sola con el marrón del comienzo. Porque nadie es imprescindible, pero
algunos más que otros. No oculta, sin embargo, que desea estar exactamente ahí. En
su sitio. En primera línea. Porque cree que el trabajo forma parte de su curación.
Porque así piensa menos en el dolor. Pero quizá, también, porque para algunos
políticos, la ambición es un estimulante más potente que los analgésicos que le
hacen tolerable el tormento.
Así que aquí está, ocho horas después de la velada de Alcalá, en un desayuno
informativo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz —Dios padre, le llaman
algunos subordinados, por su profunda devoción católica— en un lujoso hotel
madrileño. Cifuentes, republicana, defensora del matrimonio gay y que por ella no
hubiera tocado la ley de plazos del aborto, comparte mesa con la vicepresidenta
Sáenz de Santamaría, los ministros Gallardón y Báñez, la secretaria Cospedal y otros
notabilísimos de su partido. Faltan Ana Botella e Ignacio González, alcaldesa y
presidente madrileños. Pero nadie parece echarles de menos. Primorosamente
maquillada, con una raya verde subrayando sus ojos claros, oscuros en las fotos
antiguas, una delgadísima Cifuentes —ha perdido ocho kilos y dos tallas— escucha al
ponente. El ministro se ha olvidado de ella en la salutación a las autoridades. Pero
luego la resarce con un largo aparte fusilado por los fotógrafos y respetado
religiosamente por la selecta concurrencia. Parece que los cuchillos vuelan en todas
partes, aunque sean los de alpaca fina del hotel Villamagna. La delegada está de
nuevo en su salsa.
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En el hospital creyó morir. Luego, quiso morir. Finalmente decidió no morir allí
En realidad, nunca se fue del todo, salvo los 12 días que permaneció en coma, y los
otros tantos que pasó en la UVI del Hospital La Paz, de Madrid, a donde fue
trasladada después de que su ciclomotor fuera embestido por un BMW mientras
circulaba por el carril bus de La Castellana. En ese tiempo y ese lugar, que ha
descrito a sus íntimos como la antesala del infierno, primero temió morir, después
deseó morir para acabar con su sufrimiento, y, por fin, un día, decidió que no iba a
morir allí y se puso a ello. Con disciplina castrense. Su padre, general de
Artillería de 83 años, estaría orgulloso si el Alzheimer se lo permitiera. Ya en
planta, empezó a regresar a la vida. Y a la política.
Dos días después de recibir el alta, el 25 de septiembre, ya estaba en la
Delegación, —se distribuyó foto al efecto— para supervisar el operativo de seguridad
de la manifestación Jaque al Rey. Una supuesta amenaza al orden público que al final
quedó en nada, entre otras cosas porque la lluvia que arreció sobre Madrid mermó la
asistencia a unas 1.000 personas, bastantes menos que los policías que Cifuentes
envió a vigilarles pertrechados hasta las cejas.
―Prefiero pasarme que no llegar, y tener que recurrir a las cargas. Una carga es
para mí un fracaso‖, ha dicho en alguna ocasión la delegada más criticada por el uso
de la fuerza contra las movilizaciones ciudadanas. Y aporta datos: de las 2.509
manifestaciones en las que ha intervenido la Unidad de Intervención Policial desde
enero de 2012, solo en 6 se ha usado material antidisturbios. Jaque al Rey no fue
una de ellas.
Ya entonces, en aquella primera y prematura vuelta a la arena, le dijo a la familia
que no era una descerebrada. Que debía y quería estar allí. Por responsabilidad, por
sentido del deber. Pero puede que también para demostrar que estaba viva a algunos
que la daban por muerta políticamente. Ya dijo Konrad Adenauer que hay enemigos,
enemigos mortales y compañeros de partido.
Tras el fiasco de los Juegos y Eurovegas, todas sus opciones siguen intactas
Política vieja a sus 49 años, y casi de dedicación exclusiva desde que, en 1979,
ingresara en Alianza Popular —menos los cinco años que fue directora de un colegio
mayor de la Complutense donde las pupilas la llamaban Barbie—, Cifuentes sabe que
quien no está, no cuenta. Y ahora, en Madrid, hay demasiado en juego como para estar
esperando a que se suelden los huesos en casa. Con la popularidad de la alcaldesa
Botella y el presidente González por los suelos tras los fiascos de los Juegos
Olímpicos y Eurovegas, la delegada conserva sus opciones intactas a cualquier puesto
en cualquier lista. Ella no gobierna. Ella no ha dicho una palabra más alta que otra
sobre Rajoy. Aunque discrepa, ella acata las mayorías.
―Bienvenida de vuelta, Cristina, te necesitamos más que nunca, con las calles llenas
de vándalos‖, saludaba Javier Bello, alcalde de Alcalá de Henares a Cifuentes el
miércoles. En su respuesta, la delegada agradeció las flores pero de vándalos no
dijo palabra. Criticada por algunos por su mano dura fuera y dentro de la Delegación
—hay quien la acusa de despreciar a algunos funcionarios en beneficio de su círculo
de confianza—, en la distancia corta la delegada exhibe una notable cintura con el
prójimo y consigo misma.
Vilipendiada en las redes sociales, guarda en dos carpetas insultos irreproducibles
por si alguna vez los denuncia, pero también una galería de fakes con los que, en
privado, se ríe a carcajadas. Esa cintura, y ese humor, le ha granjeado amigos en su
partido y en la oposición. A tomar un café con alguno se dirigía el 20 de agosto,
cuando el BMW se la llevó por delante. Pero ha vuelto a la carga.
La moto con la que se escapaba sola por la ciudad ya no la espera en el paso de
carruajes de la Delegación. Le ha prometido a sus hijos no volver a usarla. También
les ha dicho a sus amigas que se le ha quitado la ansiedad. Que valora las cosas
pequeñas. Ese café en una terraza que, admite, no tiene tiempo de tomarse. Hay, sin
embargo, cierto brillo en los ojos y cierta fragilidad en una figura que antes fue
robusta, que habla de una Cifuentes distinta. ―Cuidaos, al salir de casa no sabemos
si regresaremos‖. Así se despidió de los populares alcalaínos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/14/actualidad/1387021673_954885.html
32. CIFUENTES: 'MI ÚNICO OBJETIVO EN ESTE MOMENTO ES ACABAR LA LEGISLATURA EN LA DELEGACIÓN'
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"Me repugna la existencia de corruptos. Hay que devolver la confianza a los
ciudadanos"
"Estoy a favor de que los ciudadanos puedan elegir a sus políticos en listas
abiertas"
Tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado 20 de agosto, la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya se ha reincorporado al trabajo tras 34
ingresado en el Hospital de la Paz. Dice que tras el accidente ha aprendido a
preocuparse más de su familia "y en definitiva a dar más importancia a las cosas
verdaderamente importantes de la vida, que son muy pocas. Yo ahora quiero vivir cada
día como si fuera el último". Desde su despacho en la Delegación ha respondido a las
preguntas de los lectores de ELMUNDO.es:
VOLVER A SUBIR EN MOTO
"Creo que en la vida no hay que tener miedo a nada y además a mí la moto me gusta
mucho. Soy motera desde hace más de 20 años. Sin embargo, al salir del hospital les
hice a mis hijos la promesa de que no volvería a subir en moto y tengo el propósito
de cumplir esta promesa. De momento no me voy a subir".
MUESTRAS DE APOYO
"Afortunadamente fueron tantas las muestras de apoyo que recibí durante esos días,
no sólo de compañeros sino de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
y sobre todo de personas anónimas, que compensan cualquier otra cosa. Yo me he
sentido muy apoyada y muy querida".
LOS POLÍTICOS Y LA CORRUPCIÓN
"Comprendo el recelo que existe de una gran parte de la población hacia la clase
política y desde luego comparto el malestar por los casos de corrupción política.
Los partidos tenemos que tener tolerancia cero hacia la corrupción, pero deben ser
los jueces los que determinen cuando se ha producido. A mí me repugna la existencia
de corruptos. El Partido Popular está tomando medidas para atajar la corrupción en
la vida pública. Es imprescindible devolver la confianza a los ciudadanos en los
políticos".
LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
"Yo siempre, antes del accidente también, he defendido la sanidad pública. Soy
usuaria de la sanidad pública y creo que en Madrid y en España tenemos la suerte de
tener una de las mejores sanidades públicas del mundo. Respecto a las declaraciones
de mis compañeros, algunas las comparto y otras no. Pero entiendo que estamos en un
momento muy difícil de grave crisis y muchas de las medidas que se han tomado en
materia sanitaria lo que buscan es hacer sostenible el sistema sanitario y que la
sanidad pública pueda continuar siendo gratuita y universal".
REFORMAR LA LEY ELECTORAL
"Personalmente estoy a favor de que los ciudadanos puedan elegir a sus políticos en
listas abiertas, pero la reforma de la Ley Electoral requiere un amplísimo consenso
político y ya en la última legislatura esta ley se reformó, por tanto no parece
previsible que vaya a haber una nueva reforma en el futuro cercano".
ASPIRAR A LA ALCALDÍA
"Mi único objetivo en este momento es acabar la legislatura trabajando en la
Delegación de Gobierno, que para eso me han nombrado. Adopté el compromiso de
permanecer en este puesto durante la legislatura completa y en ello estoy".
DIVISIÓN EN EL PP
"Yo no creo que haya riesgo de fractura en las bases del Partido Popular, pero sí
creo que todos los militantes, afiliados y cargos públicos del Partido Popular
tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para explicar al conjunto de la
ciudadanía las difíciles medidas que ha habido que tomar para salir de la crisis,
muchas de las cuales van en contra de nuestro programa electoral, pero que eran
imprescindibles en el momento actual".
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SUS PRÓXIMAS TAREAS EN LA DELEGACIÓN
"Sobre todo las que tienen que ver con garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos y la seguridad. En ese sentido, que la Comunidad de Madrid continúe
siendo una de las regiones más seguras de España. Hay que recordar que en el último
año la criminalidad en la Comunidad de Madrid ha bajado 2 puntos y en la ciudad de
Madrid casi 3, cosa que se debe sin duda al magnífico trabajo realizado por la
Policía Nacional y la Guardia Civil".
REFERÉNDUM EN CATALUÑA
"Yo espero que no lo haya. Es un reférendum ilegal. No se puede tomar
unilateralmente por parte de unos españoles una decisión que afecta a España en su
conjunto. Yo no concibo Cataluña sin España ni España sin Cataluña".
COCHES OFICIALES
"Yo sí creo que sobran coches oficiales. El coche oficial debería usarse
exclusivamente para cuestiones que tengan que ver con el trabajo y yo desde luego
siempre he tratado de hacer el uso mínimo indispensable. Hacer un uso indebido de un
coche oficial me parece lamentable".
RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE PARTIDO
"Con cada uno diferente. Con Mariano Rajoy es muy buena y yo le agradezco la
confianza que puso en mí para nombrarme en un cargo de tantísima responsabilidad. Le
estoy muy agradecida. He tenido el privilegio de trabajar con Esperanza Aguirre
durante 10 años y actualmente estoy en su equipo en el Partido Popular de Madrid. De
ella he aprendido muchísimo. Es una gran política y además la quiero y la admiro. Lo
mismo puedo decir de Ignacio González, con el que tengo muy buena relación. Es un
gran presidente. Con Ana Botella he tenido quizá menos relación personal. Tiene
mucho mérito gobernar la ciudad de Madrid en un momento tan complicado".
MADRID ARENA
"Un año más tarde, sigo lamentando la muerte de 5 niñas la fatídica noche del Madrid
Arena. Espero además que la Justicia actúe lo antes posible para deteminar las
responsabilidades y que los responsables paguen por ello. Dicho esto, la Policía
Nacional no tuvo ninguna responsabilidad en estos trágicos sucesos, puesto que no es
competencia suya vigilar ni supervisar este tipo de eventos privados y menos aún
cuando se realizan en un espacio municipal. La competencia de la Policía Nacional es
exclusivamente vigilar los entornos para impedir que se produzcan hechos delictivos
como asaltos o violaciones (tal como había ocurrido en años anteriores). Por otra
parte, la Delegación de Gobierno y la Policía Nacional estamos colaborando como no
puede ser de otra manera con el juez, aportando documentos y mediante la propia
investigación policial para ayudarle en todo lo que nos ha requerido".
LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
"Las sanciones de la ley son prácticamente iguales que la vigente ley socialista del
año 92. Y, desde luego, inferiores a las sanciones que recoge la también ley actual
socialista del deporte. No se va a restringir en modo alguno el derecho de protesta,
que es un derecho constitucionalmente protegido. Al contrario ,se va a proteger para
que pueda realizarse de manera pacífica, conforme a la ley y con más garantías para
quienes quieran ejercer este derecho".
ATAJAR LA PROSTITUCIÓN
"Es un tema muy complejo. Yo creo que cualquier medida tiene que ir dirigida a
evitar el ejercicio de la prostitución en determinadas zonas, como por ejemplo el
entorno de los centros escolares o donde hay menores, pero creo que no se puede ni
se debe criminalizar a la prostituta, que en una inmensa mayoría ejerce contra su
voluntad y es víctima de trata de seres humanos. Hay que cargar las tintas contra
los proxenetas, contra quienes las explotan y, si acaso, contra los clientes. Nunca
contra las prostitutas. La Policía Nacional está de manera permanente actuando
contra estas bandas mafiosas que explotan a las mujeres, como por ejemplo en la
colonia Marconi de Madrid. Es otro compromiso mío asumido con los vecinos".
CAMBIAR EL SENADO
50
"Estoy a favor de modificar radicalmente la concepción del actual Senado. Mi opinión
personal es que una cámara de segunda lectura en un país como España si no
representa verdaderamente los intereses de las diferentes comunidades autónomas que
la integran no tendrían sentido. Sería importante hacer una modificación del Senado
cuanto antes".
http://www.elmundo.es/madrid/2013/12/11/52a8555163fd3d3a578b45a3.html?a=9f37d1d4d5b0
1f4c2aac0fa6507ff08a&t=1386780249
33. C.A MADRID. LA COMUNIDAD AVALÓ LA CALIDAD DE LA EMPRESA QUE LE ESTAFÓ 4,4 MILLONES
Madrid Excelente le concedió en noviembre su marchamo por buena gestión
Sinergia Empresarial Avanzada, la empresa de José Luis Aneri, el hombre que
supuestamente ha estafado 4,4 millones de euros a la Comunidad de Madrid en cursos
de formación, recibió del Ejecutivo regional la etiqueta de Madrid Excelente. Esta
marca de calidad, según la definición de su propia web, ―reconoce y certifica la
calidad y la excelencia en gestión de las empresas con el fin de fomentar la
competitividad del tejido empresarial‖.
Sinergia Empresarial obtuvo el marchamo el pasado noviembre. La página de Facebook
de Madrid Excelente lo anunció el 27 de ese mismo mes y el empresario José Luis
Aneri hizo clic en el ―Me gusta‖ de la red social. Sin embargo, la Comunidad ya
tenía conocimiento de las irregularidades de Sinergia Empresarial desde febrero de
2013. En un informe de octubre de la Dirección General de Empleo, se explica que
José Luis Aneri había conseguido hacerse con el control de las subvenciones que la
Comunidad daba a asociaciones empresariales para cursos de formación. Ese dinero,
procedente de las arcas públicas del Estado, tiene que justificarse después. La
investigación, por ahora, señala que Aneri no ha justificado las subvenciones de
2011 ejecutadas en 2012. También se afirma que duplicaba alumnos o suplentaba
identidades para obtener más dinero. En total, la Comunidad señala que la estafa es
de 4,4 millones de euros. A eso habría que añadir otros 2,2 millones que el Estado
investiga de fondos procedentes de la Fundación Tripartita.
Pese a todo, Aneri consiguió hacerse con la concesión de Madrid Excelente. Un
portavoz de la marca señaló ayer que esta se le revocará en los próximos días por la
―falta de ética‖. Asegura que consiguió la marca porque ―cumplía los requisitos‖ y
que estos los certifica un evaluador profesional que se subcontrata. Madrid
Excelente señala que este es el único caso detectado desde que empezaron su andadura
en el año 2000.
Una trabajadora de Aneri admite que copiaba de Internet el temario de los cursos
Entre los requisitos para obtener la marca, por ejemplo, las empresas deben
demostrar un compromiso de mejora continua y de involucración en temas de calidad,
según señala Madrid Excelente en su web. Ese es uno de los puntos que más llama la
atención a las exempleadas de Sinergia Empresarial. ―Éramos todas mujeres jóvenes‖,
dice una de las extrabajadoras, que prefiere no dar su nombre. La mujer se extraña
mucho de cómo pudo obtener el sello de calidad una empresa en la que ella misma y
otras trabajadoras eran las que diseñaban los cursos que hacían después los alumnos.
―No me lo explico. Yo soy administrativo, pero me decían que diseñara un curso de
escaparatista. Yo no tengo ni idea de eso. Lo buscaba en Internet, en índices y en
otras informaciones que encontrábamos‖, explica.
Las trabajadoras han demandado a Aneri porque les debe tres meses y no han recibido
ni despido, ni finiquito ni el dinero de las vacaciones. Consideran, además, que sus
contratos eran irregulares. ―Nos hacían contratos de formación. A él le convenía
porque ahorraba dinero. A cambio nos tenía que dar cursos que nunca recibimos‖. Cada
una de ellas estaba contratada por alguna de las 20 empresas que posee Aneri.
La mujer asegura que Aneri lleva un año y medio sin aparecer casi por la oficina. El
perfil que ella dibuja de su jefe encaja con lo ya expresado por otras personas que
le conocen o que han tenido que ver con la investigación del caso: un hombre que
hacía ostentación de las marcas que usaba, que siempre iba a los restaurantes más
caros y que frecuentaba mucho el mundo de la noche. Aneri sigue en paradero
desconocido y sin que nadie, ni las empresas supuestamente estafadas ni la
Comunidad, le hayan denunciado.
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Cobrando cursos desde 2010
La sombra del empresario José Luis Aneri se amplía con el paso de los días. El
informe sobre las presuntas irregularidades elaborado por la Comunidad de Madrid se
centra en su actividad de 2011 y el Estado investiga, por su parte, los cursos que
fueron adjudicados a las asociaciones empresariales que contrataron sus servicios en
2012. Pero el responsable de Sinergia Empresarial lleva trabajando con dinero de las
Administraciones, al menos, desde 2010 y ha seguido también en 2013, según distintas
fuentes relacionadas con el caso.
Distintas asociaciones empresariales obtuvieron financiación estatal para los cursos
de Aneri a través de la Fundación Tripartita, un organismo de carácter privado y
adscrito al Ministerio de Empleo, cuyo cometido es la gestión de iniciativas de
formación. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) trasladó a la Sección de
Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional un expediente abierto en
2012 a una de las empresas tras detectar irregularidades. Pese a la investigación
abierta, la misma empresa a la que le hacía los cursos José Luis Aneri ha vuelto a
obtener financiación para formación en 2013, sin que la Fundación Tripartida o el
SEPE lo hayan frenado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/11/madrid/1386791746_779892.html
34. C.A MADRID. EL TSJM DESESTIMA LA RECUSACIÓN DEL JUEZ TRISTÁN EN EL CASO DE LA PRIVATIZACIÓN
El Tribunal Superior de Madrid asegura que su designación como vocal del Poder
Judicial por el PP no afecta a su imparcialidad
El auto niega que su matrimonio con una consejera de Cospedal lo convierta en
persona interesada en el caso
El presidente de la Sala Social aprecia un interés indirecto del magistrado al haber
trabajado su esposa para el Ejecutivo madrileño
El hecho de que Gerardo Martínez Tristán, haya sido nombrado vocal del Poder
Judicial a propuesta del Partido Popular no significa que el presidente de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
vaya a "inclinar su ánimo" a favor de la privatización de la sanidad madrileña que
defiende ese partido. Tampoco el hecho de que esté casado con una consejera
castellanomanchega del gobierno castellanomanchego, dirigido por la número dos de
ese partido, María Dolores de Cospedal. Así lo estima la Sala de Recusaciones del
TSJM que ha desestimado por mayoría la petición de los socialistas madrileños de
apartarlo del caso. En contra ha votado el presidente de la Sala Social del órgano,
Juan Miguel Torres Andrés, que en un voto particular ha recordado, además, que la
esposa de Tristán también tuvo un cargo en la Comunidad de Madrid, que es parte en
el proceso.
Tristán recabó para el pleno de su Sala (formado por 50 magistrados) los dos
recursos contra la privatización presentados por el PSOE y la asociación médica
AFEM, y Comisiones Obreras turnados respectivamente a las secciones tercera y octava
de lo contencioso. La primera paralizó el pasado 11 de septiembre el proceso
privatizador de seis hospitales madrileños puesto en marcha por el Gobierno de
Ignacio González (PP), mientras que la segunda desestimó un mes después la demanda
del sindicato. Martínez Tristán decidió entonces avocar a pleno ambos casos
considerando que podrían dar lugar a resoluciones contradictorias. Los socialistas
lo recusaron alegando que con esa decisión el presidente parecía "haber buscado
cualquier excusa para atraer la competencia hacia el Pleno y de esta forma
atribuirse a sí mismo su intervención personal", la intervención de un magistrado
muy ligado al PP, el partido que gobierna en Madrid.
La Sala de Recusaciones, sin embargo, lo niega. Asegura, en primer lugar, que
recabar al Pleno de la Sala ambos asuntos es una facultad que la ley atribuye a
Tristán como presidente. Los magistrados también afirman que con quien está casado
el magistrado, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, no pertenece al órgano
que ha dictado el acto recurrido, es decir, no forma parte de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, de donde parte la medida de la privatización
sanitaria. Además, ese vínculo familiar con un alto cargo del PP, "no convierte al
recusado", es decir, a Tristán, "en persona interesada en la resolución del
procedimiento", ya que, a su juicio, la parcialidad que permitiría apartarlo del
caso solo podría derivarse de sus propios actos, y no de los de su esposa.
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El auto, que califica de "conjeturas, presunciones y cábalas" los argumentos de los
socialistas, rechaza igualmente que la reciente designación de Tristán como vocal
del Poder Judicial por el PP afecte a su imparcialidad. Ese nombramiento no implica
que "su ánimo se incline" hacia los postulados de esa formación "o que resuelva con
posturas preconcebidas y dirigidas a obtener algún tipo de beneficio o ventaja".
El presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andrés, ha redactado un
voto particular discrepante en el que muestra su desacuerdo con el resto de los
magistrados de la Sala y que se basa en dos argumentos. En primer lugar, que la
esposa de Tristán, no solo forma parte de un Gobierno autonómico del Partido
Popular, sino que, anteriormente, también tuvo un cargo designado por el Ejecutivo
madrileño, que sí es parte en el caso de la privatización sanitaria. La titular de
Fomento de María Dolores de Cospedal fue previamente miembro del Tribunal de Defensa
de la Competencia de la Comunidad de Madrid.
"Tampoco es desdeñable el hecho notorio de que el partido que gobierna en ambas
comunidades [Madrid y Castilla-La Mancha] haya preconizado en reiteradas ocasiones
un modelo de gestión del servicio público de la sanidad diferente del que, cuando
menos, ha venido rigiendo hasta la fecha con carácter general", asegura Torres
Andrés. "Por todo ello creo que existen indicios serios y fundados objetivamente de
la existencia de un interés indirecto del magistrado recusado", concluye el
magistrado discrepante.
―Respeto, pero no puedo compartir la decisión de la Sala de no aceptar nuestra
petición de recusación para el Juez Martinez Tristán", dice José Manuel Freire,
portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Madrid. "No es racionalmente
defendible que la imparcialidad –o la apariencia de imparcialidad- de este Juez no
se vea afectada por su gran vinculación social, familiar y profesional con el
Partido Popular, en un tema de tanta trascendencia para e importancia política para
el gobierno del PP de Madrid como es la privatización de la atención especializada
de 1,8 millones de personas, incluyendo sus seis hospitales", añade.
Para Freire, "están en juego muchos intereses económicos, políticos y de modelo de
sociedad" y "es tan obvio que hay un conflicto de interés potencial y real que lo
insólito es que no haya salido del Juez la decisión de apartarse él mismo del caso".
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/10/actualidad/1386687801_766829.html
35. EL „RELAXING CUP‟ DE BOTELLA, ENTRE LAS METEDURAS DE PATA DEL AÑO PARA „TIME‟
La publicación estadounidense asegura que "su dificultad con el inglés fue muy
criticada"
La alcaldesa dice que se "toma con humor" estar en la lista
El famoso "relaxing cup of café con leche" de Ana Botella no ha pasado inadvertido
para el mundo. La revista estadounidense Time considera la célebre frase de la
alcaldesa de Madrid como una de las mayores meteduras de pata política de 2013 y la
condena al "purgatorio político". Bajo el título de The year in mayors' gaffes (Las
meteduras de pata de los alcaldes), la publicación dibuja una pista de carreras en
la que sitúa a la alcaldesa en la cuarta posición a partir de la línea de salida. En
la meta, como la torpeza ganadora, se encuentra el alcalde de Toronto, Rob Ford, que
confesó que consumió crack durante el actual mandato.
Time destaca las contestaciones erróneas a las preguntas de los periodistas en la
rueda de prensa previa a la elección de la ciudad olímpica del año 2020, y su lucha
con el inglés. "Su discurso fue puesto a parir por los medios locales", señala la
publicación, "y los Juegos finalmente fueron para Tokio", concluye.
La alcaldesa comparte clasificación con el norteamericano Bob Filner, que renunció a
su cargo después de recibir 17 acusaciones de mujeres por acoso sexual, el ruso
Mikhail Stolyarov por extorsión, el ugandés Erias Lukwago por incitar a la
desobediencia civil en forma de no pagar los impuestos, el norteamericano Barry
Moore por vender oxicodina, el japonés Toru Hashimoto, quien justificó la violencia
sexual contra las mujeres en la Segunda Guerra Mundial para "relajar" a los
soldados, la americana Linda Thompson por sus insultos a la población y el también
norteamericano Thomas Menino, por desear que su equipo de fútbol ganase un trofeo
que no existe.
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Botella se lo ha tomado con humor. "Me lo he tomado con mucho humor", ha declarado
de forma escueta en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su
Gobierno. Preguntada sobre si tiene intención de presentarse a la alcaldía en 2015,
la alcaldesa ha asegurado que no le "preocupa en este momento" porque está "ocupada"
en otras cuestiones.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/12/madrid/1386842777_723067.html
36. C. VALENCIANA. ASÍ SE „COCINÓ‟ IKEA EN ALICANTE
Ortiz transmitía a Castedo todas las demandas de la multinacional sueca
Ikea, sí. El plan Rabassa, ya se verá
Nuevos documentos de Brugal revelan la connivencia entre Castedo y Ortiz
Hacer negocio en el barrio alicantino de Rabassa ha sido una prioridad para el
empresario Enrique Ortiz, que a través de una sociedad acumula más de la mitad del
terreno. Y en ese objetivo el promotor contó con el aliento y la colaboración de la
alcaldesa, Sonia Castedo. Primero fueron 12.500 viviendas, que los tribunales
anularon, y luego un área comercial cuyo principal atractivo es Ikea.
Ortiz y Castedo están imputados en el caso Brugal que investiga una presunta trama
de corrupción política en Alicante. El análisis detallado de los documentos
aportados al juez por Esquerra Unida, si cotejamos las fechas en las que el
Ayuntamiento introdujo modificaciones, desvela cómo actuaba Ortiz. El empresario
proponía, y la alcaldesa ejecutaba. En medio de todas estas gestiones el exalcalde,
Luis Díaz Alperi, dimitió y hubo viajes de placer y de negocios. Es la crónica de
cómo se cocinó la llegada de Ikea a Rabassa.
Esquerra Unida ha aportado al juzgado de instrucción número 6 de Alicante, que
instruye esta causa, un primer contrato de compraventa entre Ikea y Ortiz (febrero
2007) que hace referencia a una parcela ubicada en el PAU 1 (en la zona de Maristas-
Salesianos) con un precio de 35 millones de euros.
El promotor pidió a la familia Cotino un avión privado para Castedo y Alperi
Pero un segundo contrato (junio 2008 cambia la ubicación a Rabassa, con un precio
por la venta del terreno de 67 millones de euros. En esas fechas empresario, según
el informe policial en el que basa EU su denuncia inicial, se sumerge en un ―frenesí
de contactos‖ para hacer valer su influencia y conseguir el informe favorable del
Ministerio de Fomento, referente a los accesos. En octubre de 2008 el promotor
empieza a ponerse nervioso al ver que la tramitación del Plan Rabassa no avanza
porque el Gobierno, entonces presidido por los socialistas, presentó un recurso.
Ortiz llama a Alperi y éste lo calma: ―Ya he hablado con Sonia [Castedo] y le he
dicho que espabile‖. La todavía concejal de Urbanismo, en agosto de 2008,
tranquilizó al promotor al asegurar que no era necesario incluir Ikea en el PGOU, ya
que ―sería más rápido‖ una vez aprobado el Plan Rabassa modificarlo para incluirlo.
La edil emplaza a Ortiz a que prepare la modificación para en ese momento: ―Pum,
tramitarla rápidamente‖.
Uno de los informes de la policía (septiembre de 2008), según el escrito de EU, pone
de relieve la ―absoluta subordinación de Sonia Castedo a los intereses de Ortiz en
relación con las modificaciones a las que Ikea condiciona su instalación en
Rabassa‖. Las llamadas y negociaciones son constantes. En esos días Alperi dimite de
alcalde sin explicar claramente los motivos y cede la vara de mando a Castedo,
elegida alcaldesa el 17 de septiembre de 2008.
En octubre se aprobó la exposición pública del PGOU, en el que figura en Rabassa un
centro cívico. La operación atraviesa unos momentos delicados al atascarse la
tramitación del Plan Rabassa y la multinacional sueca pedir una rebaja del precio
del suelo, según consta en la denuncia. Alperi y Castedo por esas fechas viajaron de
urgencia a Oporto (Portugal) para reunirse con los responsables de Ikea, según
informan al empresario. La policía descubre que Ortiz gestionó supuestamente para su
regreso desde Galicia un avión privado a través de Vicente Cotino, sobrino del
actual presidente de las Cortes Valencianas, y entonces consejero de la Generalitat.
La investigación, según EU, muestra la ―absoluta subordinación de Castedo a los
intereses de Ortiz"
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El 5 de diciembre el pleno del Ayuntamiento aprobó el texto refundido con la
homologación y el plan parcial de Rabassa, aunque todavía no figura el área
comercial para Ikea. El plan deberá superar los exámenes de la consejería, y
requiere la firma del entonces consejero, José Ramón García Antón, antes de ser
aprobada por el pleno del Ayuntamiento. Y esas Navidades, según la investigación
policial, Castedo y Ortiz viajan con sus respectivas familias y amigos a Andorra.
El 14 de abril de 2009, Sonia Castedo, firma una carta dirigida a los responsables
de Ikea en España manifestando el interés del Ayuntamiento en que la tienda de la
multinacional sueca se instale en Alicante, asegura ―ser consciente‖ de sus demandas
urbanísticas y se compromete a firmar un convenio que ―plasme‖ todas estas
necesidades. En mayo de 2009 la Generalitat aprueba definitivamente el Plan Rabassa,
pero la delegación del Gobierno recurre esa decisión alegando falta de agua.
Las negociaciones entre las partes interesadas prosiguen y el 3 de julio de ese año
se firma un nuevo convenio entre los promotores e Ikea por 97 millones de euros, y
unos días más tarde los promotores modifican el Plan Rabassa para dar cabida a un
área comercial, se prepara un convenio entre Ikea, el Ayuntamiento y Ortiz, y el
pleno del Ayuntamiento de ese mes aprueba que la multinacional sueca solo se podrá
instalar en esos terrenos.
Pero las malas noticias llegarían en diciembre de 2009 cuando el TSJ suspende
cautelarmente el Plan Rabassa, atendiendo el recurso del Gobierno. Pese al revés en
los tribunales la alcaldesa, Sonia Castedo, por tierra mar y aire pretende rescatar
la zona comercial y garantizar que Ikea se instale en Rabassa, y el 29 de enero de
2010 el Ayuntamiento somete a exposición pública la modificación del PGOU para
autorizar la instalación de una tienda de la cadena sueca y un convenio entre Ikea y
Viviendas Sociales del Mediterráneo. Los dos puntos cuentan con el apoyo de los 15
votos del PP y 14 en contra de la oposición.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/valencia/1387045130_616689.html
37. C. VALENCIANA. ORTIZ: ―HAY QUE CONTENTAR AL AYUNTAMIENTO‖
El juez incorpora las escuchas policiales y pide documentación a Orihuela
Los cambios introducidos en el proyecto para lograr que Ikea se instale en Rabassa
coinciden también con regalos y prebendas recogidas en el sumario del caso Brugal y
en la investigación de la policía. En la documentación incorporada por el juez a
esta pieza figura un listado de personas a las que supuestamente Ortiz regaló
tarjetas vips para poder aparcar gratis durante 24 horas en el aparcamiento de
Alfonso El Sabio. En la lista figuran técnicos municipales y políticos, tanto del PP
como del PSPV. El exedil de Urbanismo, José Ramón García Santos, en la época de
Alperi, el actual concejal de Hacienda, Juan Seva, la técnica de Urbanismo, Isabel
Campos, imputada en la pieza de Brugal del amaño del PGOU, o el ingeniero Florentino
Regalado, y el exedil socialista, Luis Almarcha. En el listado también figura Miguel
Peralta, exconsejero de Justicia y exalcalde de Alcoi, municipio en el Ortiz ejecutó
varias obras como las del Teatro Calderón o el aparcamiento de La Rosaleda.
El sumario del caso Brugal recoge viajes y regalos que supuestamente Ortiz dio
durante años a los dirigentes municipales. En una conversación interceptada por la
policía con su esposa el empresario argumenta la cantidad de regalos navideños en
que ―a los del Ayuntamiento hay que tenerlos contentos porque hay un huevo de
intereses‖.
El caso Brugal, que investiga una trama político-empresarial en Alicante que
supuestamente benefició durante años al promotor, se ha disgregado en 21 piezas
diferentes. Una de ella es la que investiga el juzgado de instrucción número 6 de
Alicante sobre la tramitación del Plan Rabassa, un macroproyecto urbanístico de
Ortiz que contemplaba 12.500 viviendas y que incorporó un área comercial para
albergar Ikea.
El Plan Rabassa ha sufrido en la vía administrativa varios reveses en los
tribunales. El TSJ tumbó, en cuatro sentencias diferentes este proyecto. El recurso
que presentó Esquerra Unida en septiembre de 2009 sigue sin resolverse, y el
Ayuntamiento de Alicante ha solicitado a la sala que no dicte sentencia hasta que el
Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados por el
promotor contra las sentencias que anularon el plan.
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Pero la vía penal de Rabassa sigue abierta, y encara su recta final. El juez Juan
Carlos Cerón, acaba de incorporar al sumario todas las escuchas telefónicas y vídeos
realizados por los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía
Nacional, que durante meses tuvieron pinchado el teléfono de Ortiz, y pide al
juzgado de Orihuela la ―urgente remisión‖ de toda una serie de expedientes
incorporados al sumario del caso Brugal.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/valencia/1387046479_372311.html
38. C. VALENCIANA. EL EXALCALDE DE ALICANTE QUEDA AL BORDE DEL BANQUILLO POR FRAUDE FISCAL Y COHECHO
El magistrado del TSJ impone a Díaz Alperi, también diputado, una fianza de 1,4
millones
Da traslado a las partes para que se pronuncien sobre el juicio oral
Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008, y diputado del PP en las
Cortes Valencianas, quedó este viernes a un paso de ser juzgado como autor de tres
delitos fiscales y otro de cohecho pasivo impropio. Alperi se benefició, según cree
el juez, del pago por terceros de un crédito cercano a un millón de euros sin
declararlo a Hacienda. Disfrutó, dando la apariencia de ser suyo, de un catamarán de
lujo de 15,5 metros de eslora abonado también por otros. Y utilizó un amarre en la
marina deportiva de Alicante de forma gratuita, cuando ―los restantes usuarios de
las instalaciones, por un punto de amarre de similares características‖ pagan
―alrededor de 12.000 euros anuales, impuestos y tasas aparte‖, recoge el auto.
Alperi, que está también imputado en el caso Brugal, está ahora a expensas de que la
fiscalía y la Abogacía del Estado pidan la apertura de juicio oral contra él, lo que
parece más que probable. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia Antonio
Ferrer le impone una fianza de 1,4 millones de euros. Y 1,5 millones más a otros dos
empresarios imputados.
Alperi está imputado también en el caso Brugal por amañar presuntamente el plan
urbano de Alicante
El exalcalde, diputado autonómico desde 2007, adscrito en su momento a las filas del
campismo, habría ocultado al fisco más de un millón y medio de euros y habría dejado
de tributar 682.681 euros. El fraude se habría producido en los años 2007, 2008 y
2010. En este último ejercicio, además, Alperi habría utilizado una sociedad
inactiva para facturar por su actividad privada como perito mercantil, obteniendo
una ganancia neta aproximada de 52.397 euros y eludiendo el pago de los impuestos
correspondientes por su labor de asesoría.
Una de las empresas que pagó a Alperi por trabajos privados fue, según la resolución
judicial, Salvetti Abogados, propiedad en parte de José Luis Castedo, hermano de la
actual alcaldesa de Alicante que según el sumario del caso Brugal habría participado
en el amaño del plan urbanístico de Alicante. Los hermanos Castedo también están
imputados en esa causa.
Cobró siendo diputado de varias empresas eludiendo el pago de impuestos. Una fue el
despacho de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante
Salvetti Abogados abonó a Alperi 2.750 euros, IVA aparte, ―por un trabajo denominado
Estudio y Asesoramiento Estratégico de Varios Inmuebles sitos en Madrid‖. El
exalcalde facturó igualmente a las empresas Convalesa, Sorea, Sdad, Reg
Abastecimiento, Blaurban y Ancon Levante ―por el concepto de abono cuota mensual
según contrato por asesoramiento urbanístico y medioambiental, intermediación,
tasación pericial y similares‖ por un importe de 59.975 euros (sin IVA) siendo
parlamentario.
El juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio Ferrer no da mucha credibilidad a
las explicaciones ofrecidas por Alperi y el resto de imputados. Respecto a uno de
ellos Antonio Moreno, que canceló por Alperi una deuda cercana al millón de euros,
el magistrado señala: ―Es difícil admitir o cuando menos sospechosa la justificación
que se nos pretende dar al respecto, dado que no resulta creíble que una persona que
se tiene por un prudente y experimentado comerciante (Moreno), otorgue un crédito
cercano a un millón de euros, a una persona (Alperi) al que en su declaración
admitió no conocer de antes, ser consciente de su falta de solvencia y tenerlo por
un mal pagador‖. Y hacerlo, además, sigue el auto, ―sin exigir garantía, ni pago de
interés alguno, aparte de otorgar sucesivas renovaciones a ese supuesto crédito‖.
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Un imputado canceló una deuda de un millón por Alperi a pesar de admitir que lo
tenía por "mal pagador"
El juez considera poco serio el intento de mejorar la apariencia de los hechos
comunicando al tribunal que, hace unos días, Alperi habría abonado 50.000 de los
942.678 euros que debía a una de las empresas de Moreno.
El magistrado asume igualmente las sospechas de la fiscalía y de la Agencia
Tributaria respecto a las numerosas compraventas cruzadas entre Alperi y el
empresario Antonio Solana de las acciones de la sociedad inactiva Andarx Business.
La única función de la empresa pareció ser ostentar la titularidad del catamarán
Akra Uno y servir de velo para ocultar que el diputado disfrutaba en exclusiva de la
―embarcación de grandes proporciones‖.
El juez también deja al borde del juicio a Javier Palacio, dueño de la marina
deportiva del puerto de Alicante, por no cobrarle el amarre a Alperi, lo que
constituiría un delito de cohecho impropio. El mismo delito que llevó al banquillo
al expresidente valenciano Francisco Camps.
La oposición exige que deje las Cortes
La presidenta del grupo socialista en las Cortes, Ana Barceló, ha pedido al
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "cumpla sus líneas rojas" y pida el
acta de diputado al exalcalde de Alicante y diputado del PP. Barceló ha manifestado
que "nuevamente son los tribunales los que vuelven a poner a prueba el compromiso de
Fabra contra la corrupción", y ha asegurado que "si tanto le repugna, tiene de nuevo
una oportunidad para demostrarlo porque hasta el momento su discurso es solo papel
mojado".
Ha recordado que el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra acaba de
ser condenado a cuatro años por fraude fiscal "mientras que el presidente Alberto
Fabra no solo no actuó sino que lo defendió siempre hasta el último momento".
"No es posible que un cargo público del PP sea procesado por delitos contra la
Hacienda Pública y el presidente siga mirando hacia otro lado", ha reiterado.
Por su parte, la diputada autonómica de Esquerra Unida del País Valencià Esther
López ha coincidido en pedir el acta de diputado a Díaz Alperi y ha calificado de
"insoportable" que se siga "manteniendo con dinero público y como representante del
pueblo valenciano a un personaje de la calaña del señor Alperi".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/valencia/1386951762_818501.html
39. C. VALENCIANA. FABRA NOMBRA JEFA DE COMUNICACIÓN A QUIEN FUE LA PORTAVOZ DE CAMPS
Lola Johnson entra en Presidencia y Ciscar, aún portavoz, queda desautorizado
Presidencia dicta nuevas normas para impedir las filtraciones de documentos
El mismo rostro que defendió públicamente a Francisco Camps contra viento y marea en
los estertores de su presidencia, una persona que venía de dirigir Canal 9 en medio
de la tormenta por la manipulación informativa de los casos de corrupción que
salpicaban la gestión del jefe del Consell, es desde este viernes la responsable de
comunicación del Gobierno de Alberto Fabra. Lola Johnson, que fue consejera de
Cultura, Turismo y Deporte, cargo al que accedió en 2011 tras haber dirigido Canal 9
y del que fue apeada cuando Fabra prescindió de la herencia de Camps en diciembre de
2012, es la nueva secretaria autonómica de Comunicación, en una recuperación inédita
de un cargo político con menor rango.
Fabra decidió mirar hacia atrás para relevar a Paula Meseguer en la secretaría
autonómica de Comunicación por Lola Johnson, así como a los responsables del área
vinculados a un devaluado número dos del Consell, el vicepresidente, José Ciscar,
que anunció, tras el pleno del Gobierno autonómico, los ceses como una decisión
colegiada propiciada por el presidente. Solo a regañadientes reconoció que los había
propuesto ―formalmente‖ él mismo ante los consejeros.
Dos semanas después del cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y tras la
publicación de varias informaciones supuestamente filtradas desde el Palau de la
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Generalitat que han afectado a la imagen de Fabra, el presidente sustituyó también,
en una decisión con aires de involución, a José Santamans en la dirección general de
Relaciones Informativas por Maite Fernández, que fue subdirectora de informativos de
Canal 9, coincidiendo con Johnson, y después subdirectora de Comunicación y
Marketing de la cadena. Tanto Santamans como Rubén Cortés, que ha sido sustituido en
la dirección general de Análisis por Manuel Rosalén, asesor de Presidencia, eran
hombres de confianza de Ciscar,
El vicepresidente dice que Fabra no le ha manifestado que quiera relevarlo
El vicepresidente del Consell negó que la remodelación esté relacionada con las
filtraciones que han afectado a Presidencia, o con un ―fracaso‖ de la política de
comunicación. Con los cambios se pretende ―dar un impulso‖ al gabinete de Fabra,
señaló Ciscar, que evitó responder qué papel ha tenido en ellos la secretaria
autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, Esther
Pastor, a quien se apunta como valedora de Johnson junto al secretario general del
PP valenciano y consejero de Gobernación, Serafín Castellano, en cuyo equipo
desempeña Johnson una secretaría ejecutiva.
Ni los nombramientos ni los ceses se producen porque sean ―en teoría personas más
cercanas a unos presidentes o expresidentes u otros‖, respondió Ciscar a una
pregunta sobre la vinculación de Lola Johnson a Camps. ―Ha estado, está y estará
involucrada en este proyecto‖, dijo el vicepresidente sobre la nueva secretaria
autonómica. ―El presidente se ha manifestado respecto de los cambios que se han
operado hoy‖, indicó Ciscar de la posibilidad de que Johnson lo sustituya como
portavoz del Consell. "Entre los temas no estaba la portavocía. Si no estuviera
contento, yo no estaría aquí"
Ni Lola Johnson ni Maite Fernández tienen ―ninguna tacha‖, añadió el vicepresidente,
pese a que tenían responsabilidades en Canal 9 cuando tres trabajadoras denunciaron
al secretario general Vicente Sanz, por acoso sexual y declararon haberse sentido
desamparadas al revelar lo ocurrido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/valencia/1386934581_215077.html
40. C. VALENCIANA. LOS JUECES SUSPENDEN EL INGRESO EN PRISIÓN DEL EXALCALDE DE TORREVIEJA
El TSJ valenciano adopta la decisión hasta que el Gobierno resuelva la petición de
indulto
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha suspendido el ingreso en
prisión del exalcalde de Torrevieja y exdiputado del PP en las Cortes autonómicas,
condenado a tres años de cárcel por corrupción. Los jueces adoptan la decisión
después de que Hernández Mateo solicitara el indulto al Gobierno, una vez agotadas
sus posibilidades de recursos.
La medida, que ha contado con el informe favorable de la fiscalía, se adopta
atendiendo a la pena relativamente baja (con sentencias de menos de dos años, si no
hay condenas previas, no se ingresa en prisión) y el riesgo de que si finalmente se
concede el indulto el reo ya haya cumplido buena parte de la misma, según ha
establecido el Tribunal Constitucional. Los jueces argumentan también que el
político ha abonado la multa de 10.500 euros que le fue impuesta, la indemnización
de 12.000 euros al Ayuntamiento de Torrevieja y las costas del proceso.
Hernández Mateo fue condenado a tres años de prisión y nueve de inhabilitación para
cargo electivo local como autor de un delito de prevaricación y otro de falsedad
documental en la adjudicación del contrato de basuras de Torrevieja, por 10 millones
de euros a lo largo de una década, a la unión de empresas Necso Entrecanales y
Cubiertas y Grupo Generala.
La condena del TSJ fue confirmada por el Tribunal Supremo, lo que llevó a Hernández
Mateo, a finales del año pasado, a dejar su escaño en el Parlamento valenciano,
donde formaba parte del numeroso grupo de diputados autonómicos del Grupo Popular
implicados en casos de corrupción.
Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado la suspensión, y
han reprochado al nuevo fiscal superior, Antonio Montabes, que haya informado
favorablemente. Montabes, que comparecía en el Parlamento para presentar la memoria
de la físcalía, ha defendido la postura del ministerio público.
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"Todos somos iguales ante la ley, a esta persona se la ha tratado como a las demás.
He llevado muchas ejecutorias (de condenas en su etapa en la Audiencia de Valencia)
y los ciudadanos, que tienen derecho, han solicitado muchos indultos, muchos iguales
a este, y en todos los casos, si la pena no excede de cuatro años, hemos informado
siempre favorablemente", ha afirmado Montabes.
"No veo por qué hay indignación, esta pendiente de resolución el indulto que ha
solicitado, sé que es una noticia mediática, pero se hace lo mismo que si hubiese
sido cualquier otro ciudadano, la justicia debe ser igual para todos", ha añadido el
fiscal.
El ministerio público, que defendió la condena de Hernández Mateo en el juicio, así
como los jueces que lo condenaron deberán opinar sobre el fondo del asunto durante
la tramitación del indulto. En ese caso, según apuntan fuentes jurídicas, se
opondrán a la medida de gracia.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/11/valencia/1386758724_769585.html
41. C. VALENCIANA. ROBAN DE CANAL 9 EL VÍDEO QUE IMPLICA A COTINO EN EL „PELOTAZO‟ DE LA GÜRTEL CON LA VISITA DEL PAPA
El material audiovisual, que habría sido vendido a laSexta por 300 euros y ofrecido
a otros medios, contiene información sensible del caso, aún bajo secreto de sumario
El nombre de presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, aparece en muchos de
los escándalos que afectan al PP en esa comunidad, especialmente en el caso Gürtel.
No es para menos, comentan fuentes políticas valencianas a ELPLURAL.COM: ―es uno de
los hombres con más poder en Valencia, a nivel político y empresarial‖. La última en
la que se ha visto envuelto el exconseller de Camps es en unas revelaciones hechas
por un exdirectivo de Radio Televisión Valenciana, en las que le acusa de ser el
promotor de la idea de instalar aquellas pantallas gigantes durante la visita del
Papa en 2006 por las que la trama Gürtel facturó a la cadena valenciana 7,5 millones
de euros. Pues bien, las cintas en las que fue grabada esa entrevista han sido
robadas de Canal Nou.
Declaraciones de un exdirectivo de Canal Nou
Fuentes conocedoras del material audiovisual han confirmado al digital Levante que
contienen declaraciones comprometedoras del exjefe del departamento técnico de Canal
Nou, Lluís Sabater, quien formaba parte de la mesa de compra de la cadena, y que
está actualmente imputado en la rama del caso Gürtel que investiga la visita del
Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Cotino ―organizó y orquestó‖ la visita del Papa
Cotino era en aquellas fechas conseller de Agricultura, pero, según confirman
fuentes políticas conocedoras de aquel acontecimiento fue quien ―organizó y
orquestó‖ la visita de Benedicto XVI y quien ―dio la orden a RTVV‖ para manipular
las informaciones sobre el accidente del Metro de Valencia, ocurrido aquel año,
―para no enturbiar‖ la visita papal. Un reportaje de Salvados, en laSexta, recogió
los supuestos manejos políticos de Cotino para que el Gobierno de Camps eludiera las
responsabilidades políticas en aquella tragedia.
Vendidas a laSexta por 300 euros
Al parecer, una parte de las cintas robas a Canal Nou fueron compradas por laSexta
por unos 300 euros y han sido ofrecidas, además, a otros medios de comunicación.
Puede haber en ellas información sensible de caso judicial, aún bajo secreto de
sumario.
Un juzgado investiga el robo de las cintas
Lluís Sabater explicaría en la entrevista que mantuvo una reunión con otros jefes de
RTVV y con Juan Cotino y que éste insistió en la idea de instalar pantallas por toda
la ciudad de Valencia para dar cobertura a la visita del Papa. Un juzgado de Paterna
investiga tras una denuncia de un particular, realizada el pasado lunes 2 de
diciembre, el robo del material en la sede de RTTV en el Centro de Producción de
Programas de Burjassot. El escrito de esta persona fue presentado el mismo día en
que el vídeo empezó a circular y se ofreció a varios medios de comunicación.
El juez mantendrá el secreto de sumario un mes más
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha prolongado
durante un mes más el secreto de sumario sobre la investigación del contrato a
Teconsa, la empresa pantalla usada por la Gürtel, para el montaje de las pantallas
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que dieron seguimiento a la visita del Papa. De la escandalosa adjudicación, por 7,5
millones de euros, sólo se ha podido justificar la mitad y los investigadores creen
que el resto se lo repartieron en comisiones los cabecillas de la trama corrupta y
altos cargos de la Generalitat de entonces, entre ellos, el exdirector general de
RTVV Pedro García.
Adjudicaciones a los Cotino por 800 millones
Pero el asunto de las pantallas y la visita del Papa no es el único escándalo que
envuelve el nombre de Juan Cotino. Su apellido aparece en los papeles de Bárcenas,
por una presunta donación al PP realizada por su sobrino, Vicente Cotino,
administrador de la empresa Sedesa. Los investigadores han concluido que esta
constructora recibió entre 1997 y 2009 adjudicaciones por 800 millones de euros de
la Generalitat.
La familia de Cotino actúa como testaferro del político
Las fuentes consultadas por ELPLURAL.COM repiten lo que es ―un secreto a voces‖ en
Valencia: ―todo el mundo cree que la familia de Cotino actúa como testaferro del
político en Sedesa‖, de la que era accionista, y que sus acciones las vendió ―de
manera ficticia, porque él es quien sigue moviendo los hilos‖.
A principios de este año la empresa de los Cotino volvió a ocupar titulares por la
renovación de uno de los contratos que mantiene con la Generalitat , el de las
residencias para la tercera edad, por 40 millones de euros al año.
http://www.elplural.com/2013/12/08/roban-de-canal-nou-las-cintas-que-implican-a-
cotino-en-el-pelotazo-de-la-gurtel-con-la-visita-del-papa/
