SUMARIO

PAÍS CONTENIDO NºPG.

AMÉRICA LATINA CÓMO OPERA ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA. COMANDO SUR 2

BOLIVIA

EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES ANTE LA REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, SOBRE LA VERDADERA DEUDA EXTERNA. (30-06-2013)

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EVO MORALES APUESTA POR LA “CONTINUIDAD DEL CAMBIO” 6

COLOMBIA

LOS PEQUEÑOS MINEROS BLOQUEARON EL PUERTO DE BUENAVENTURA E IMPORTANTES VÍAS EN TODO EL PAÍS - MINEROS EN PARO CONTRA LAS MULTINACIONALES SE TOMAN EL AEROPUERTO DE QUIBDÓ

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LAS FARC ANUNCIAN CAPTURA DE PRISIONERO DE GUERRA ESTADOUNIDENSE Y SU DISPOSICIÓN A LIBERARLO

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ECUADOR ECUADOR, HACIA EL FIN DE LA POLÍTICA DE AMNESIA 11

GUATEMALA FAMILIAS DESALOJADAS EN EL POLOCHIC SIGUEN SUFRIENDO HAMBRE Y REPRESIÓN

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HONDURAS ASESINATO DE LUCHADOR DEL COPINH FUE UNA "ACCIÓN DESESPERADA Y CRIMINAL"

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MÉXICO MÉXICO REHÚYE COMPROMISO CON DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES

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NICARAGUA PROGRAMAS MUNICIPALES ATENDERÁN A ADULTOS MAYORES 17

PANAMÁ ¿ES POSIBLE UN MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL? 18

PUERTO RICO

PUERTO RICO INVOLUCRADO EN EL ESPIONAJE DENUNCIADO POR SNOWDEN

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BASE DE ESPIONAJE Y GUERRA DE BAJA INTENSIDAD CONTRA VENEZUELA Y EL ALBA

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VENEZUELA

CONVOCAN A CONGRESO MUNDIAL POR LA PAZ EN COLOMBIA 21

CAPRILES, LA CARA VIVA DEL FASCISMO 22

DESAPARICIÓN DE LILIA DE JESÚS SUAREZ Y JUBER ADOLFO FRANCO 23

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BOLETIN DE NOTICIASCOMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 174 FECHA: 22 de Julio de 2013

AMÉRICA LATINACÓMO OPERA ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA. COMANDO SUR

Un ex topo de la CIA destapó un peligroso programa de espionaje e intervención política en la región. Quiénes y cómo trabajan para desestabilizar a los gobiernos populares de la Unasur. Edward Snowden no es un héroe, pero la humanidad le debe un enorme favor. Los documentos que el ex topo de la CIA filtró al mundo demuestran lo que hasta acá la política global sabía pero no se atrevía a denunciar: que Estados Unidos no ahorrará en crímenes para seguir siendo lo que es. Un imperio voraz.

Los habitantes de América latina podríamos presumir que no necesitábamos de Snowden para saberlo. En esta región, Estados Unidos propició golpes, dictaduras genocidas, políticas económicas predatorias y elites financieras mafiosas con el evidente objetivo de succionar sus recursos naturales, materiales y humanos. La intervención fue tan vasta y letal que en la diplomacia regional aún se intercambia un viejo chiste: “¿Sabe por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado? Porque allí Estados Unidos no tiene embajada”.

A pesar de las evidencias históricas, en varios países de Latinoamérica, como la Argentina, abundan quienes creen que la intervención estadounidense en asuntos domésticos es pura ficción. El equívoco fue alimentado por formadores de opinión aliados o cooptados por la diplomacia estadounidense, como lo revelaron los cables difundidos por Wikileaks, donde abundan referencias a los vínculos entre La Embajada y el sistema tradicional de medios que en nuestro país conduce el multimedios Clarín. Un detalle: referirse a la sede diplomática estadounidense como “La Embajada” explicita hasta qué punto se naturalizó a EE.UU. como faro político. Pero no son las sedes diplomáticas las únicas que perpetran las actividades intervencionistas de EE.UU. en la región. El país del Norte cuenta con una compleja red de organismos que, con fachadas varias, fueron y son utilizados para tareas sucias que van desde el espionaje y la formación de cuadros dirigenciales adictos hasta la desestabilización de gobiernos y economías con su consecuente costo político y social.

Una de las organizaciones más activas es la United States Agency International Development (USAID), un organismo que EE.UU. creó con la proclamada intención de desplegar tareas humanitarias en los países del Tercer Mundo. Su origen se remonta a la Alianza para el Progreso, creada el 13 de marzo de 1961 por los mismos funcionarios que varios años antes habían alumbrado el Plan Marshall con la intención de poner a su país a la cabeza de la reconstrucción de la Europa de posguerra. La Alianza fracasó a poco de nacer luego de que los países de la región rechazaran las condiciones de la “revolución pacífica y democrática” que pretendía imponer EE.UU. a cambio de los 20.000 millones que prometía invertir. Pero antes de que fuera cancelada, en noviembre de 1961 se fundó la USAID, una de sus agencias que, en las formas, debía vehiculizar parte de las inversiones a programas de desarrollo humanitario, fachada que se mantiene hasta hoy.

La fantasía filantrópica le permitió forjar, a través de generosos aportes financieros, una red de fundaciones y ONGs destinadas a difundir los beneficios del alineamiento con EE.UU. y su “american way of life” mediante propaganda y programas de formación. Pero esa es apenas la cara amable de su tarea. Apenas maquillado, el verdadero rostro de la agencia es más hostil: intervenir en los procesos políticos de la región con el pretexto de proteger la seguridad nacional de su país.La militarización de los objetivos de la USAID tocó cumbre en 2010 cuando el presidente Barack Obama incluyó al general Jeam Smith –un estratega militar que estuvo en la OTAN– en el Consejo de Seguridad sólo para que atendiera los programas de “asistencia social” que llevaba adelante la agencia. Y como director adjunto se nombró a Mark Feierstein, cuya hoja de servicios encajaba con los desafíos que EE.UU. percibe en la región: experto en guerras de cuarta generación –o campañas de desinformación–, y dueño de Greenbarg Quinlan Rosler, una firma que ofrece orientación estratégica sobre campañas electorales, debates, programación e investigación.

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Alérgico a los gobiernos populares que se extienden por América latina, Feierstein probó la eficacia de su método como asesor de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la campaña que lo depositó en la presidencia de Bolivia. Goñi, como lo llamaban en su patria, fue el paroxismo del coloniaje político que EE.UU. impartió en los noventa sobre los países del Sur. Criado, educado y formado en suelo estadounidense, Sánchez de Lozada volvió a su tierra de nacimiento para ser presidente de la mano de Feierstein. Duró en el cargo algo más de un año: la denominada “Masacre del Gas”, en 2003, donde murieron más de sesenta personas, lo eyectó del poder y lo devolvió a EE.UU., donde vive como prófugo de la Justicia boliviana amparado por el gobierno que nombró a su amigo Feierstein al frente de la USAID.

Las correrías de su director no es lo único que liga a la agencia con Bolivia. El pasado 1 de mayo, el presidente Evo Morales no sabía que el escándalo Snowden lo llevaría a protagonizar una vergonzosa detención en Europa (ver nota aparte). Pero sí sabía de lo que la USAID era capaz. Por eso, en esa jornada emblemática donde los trabajadores celebran su día, el presidente anunció que expulsaba a la agencia de suelo boliviano por “injerencia política” y “conspiración”. Días después, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, detalló: “No se trata de una agencia inocente de cooperación filantrópica de Estados Unidos a Bolivia y al mundo. La agencia estadounidense sirvió para legitimar las dictaduras entre 1964 y 1982, para promover el neoliberalismo entre 1985 y 2005, además es un factor externo que alimenta la inestabilidad en el país desde 2006”.

Uno de los hechos que llamó la atención del gobierno boliviano fue la materialización, en 2007, de un convenio entre el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la USAID para llevar adelante “programas sociales” en Bolpedra, Cobija y El Porvenir. El apoyo logístico estuvo a cargo del Comando Sur y la cobertura institucional de la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica. Otro episodio que motivó la expulsión fue la activa participación de la agencia estadounidense vía Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre) en la disputa violenta entre los pobladores de Caranavi y Palos Blancos por el lugar de instalación de una planta procesadora de frutas en enero de 2010, a pocos días de que Evo Morales asumiera su primer mandato dentro del Estado Plurinacional.

La utilización de fundaciones y ONGs para tercerizar operaciones es una práctica habitual de la USAID. En la Argentina, por caso, hay una decena de fundaciones que operan por cuenta y orden de la agencia estadounidense. Que los movimientos sean más sigilosos no implica que sean menos potentes. Un ejemplo: entre el 8 y el 12 de abril de este año, la USAID financió una cumbre de la derecha internacional. Organizada por la Fundación Libertad –el tentáculo predilecto de la agencia en nuestro país–, a la cita concurrieron el Nobel Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro –reactivos a los gobiernos populares que habitan la región–; José María Aznar –ex presidente español que impulsó la invasión a Irak–; el pinochetista Joaquín Lavín; Marcel Granier, presidente de la emisora venezolana RCTV que apoyó e impulsó el golpe a Hugo Chávez en 2002, y la cubana anticastrista Yoani Sánchez, quien a último momento desistió de la visita.

El seminario abundó en críticas contra los procesos emancipadores de la región. Y los expositores, sin sutilezas, pidieron terminar con los gobiernos populares en curso para reemplazarlos por otros más “modernos”, a tono con los conceptos de “democracia” que EE.UU. impuso como doctrina global. No fue, por cierto, un planteo original. Cinco años atrás, en el mismo escenario empachado de prosperidad sojera, se había realizado un seminario similar, con el propio Vargas Llosa como animador principal.

Aquel seminario contó con varios “expertos” alineados con las políticas del Consenso de Washington como el periodista de La Nación Carlos Pagni, el ex candidato presidencial Ricardo López Murphy, y Mauricio Macri, regente del Pro y de la Fundación Pensar, co-organizadora del evento.

Estas fundaciones, como otras similares que operan en la región, cuentan con el aval financiero del National Endowment for Democracy (NED, Fundación Nacional para la Democracia), financiada oficialmente por el Congreso norteamericano. Pero la vinculación no se agota en los aportes. En los ochenta, mucho antes de ser director de la USAID, el inefable Feierstein trabajó para la NED en Nicaragua. Su objetivo: evitar el triunfo del sandinista Daniel Ortega. Lo logró patrocinando la candidatura de Violeta Chamorro.

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Las operaciones de la dupla USAID-NED en América latina fueron reveladas por Wikileaks, el sitio que difundió millones de telegramas internos del Departamento de Estado. En uno de ellos, el ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, reveló cómo su país alimentó la oposición a Hugo Chávez con ideas y millones. El telegrama, enviado desde la embajada de EE.UU. en Caracas en noviembre de 2006, detallaba cómo docenas de organizaciones no gubernamentales recibían financiamiento del gobierno norteamericano por intermedio de la USAID y de la Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives –OTI–). Este operativo incluyó “más de 300 organizaciones de la sociedad civil venezolana”, que iban desde defensores de los discapacitados hasta programas educativos.

En apariencia, esos programas tenían objetivos humanitarios, pero fue el propio embajador Brownfield quien detalló los objetivos reales de esas inversiones: “La infiltración en la base política de Chávez... la división del chavismo... la protección de los intereses vitales de EE.UU... y el aislamiento internacional de Chávez”.

Brownfield escribió que el “objetivo estratégico” de desarrollar “organizaciones de la sociedad civil alineadas con la oposición representa la mayor parte del trabajo de USAID/OTI en Venezuela”. A confesión de partes…

En una excepción a su modus operandi, en Paraguay la agencia hizo el trabajo sucio sin intermediarios. Invirtió 65 millones de dólares en el proyecto “Umbral”, un programa que incluyó la confección de un Manual Policial, lo que le permitió hacer pie en una institución que resultaría clave en el devenir político del país. Fue la policía, con una brutal e injustificada represión rural, la que sirvió en bandeja la excusa para derrocar al presidente Fernando Lugo. Ya lo predijo el ministro de la Corte argentina Raúl Zaffaroni: sepultado el partido militar, son las fuerzas de seguridad quienes ejercerán el rol de fuerza de choque de los poderes fácticos de la región interesados en interrumpir procesos políticos que contraríen sus intereses.

Las operaciones de la agencia revelan que la verdadera amenaza para la consolidación del proceso político de la región no es el espionaje, sino las decisiones que EE.UU. tome a partir de esa información. Como se demostró en Irak –donde el Pentágono utilizó información falsa para justificar la invasión–, ni siquiera es necesario que los datos sean fiables. Basta con que la CIA o algún organismo similar evalúe que algún país de América latina representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense para que se avance con ataques preventivos hacia esa nación. La avanzada puede ser brutal, como en Irak, o más sofisticada, ejecutando tareas que desestabilicen a un gobierno popular. Una conspiración que nunca descansa.

Todos bajo la lupa

A partir de las revelaciones de Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos, se descubrió un manto que confirma la red de espionaje del gobierno de Barack Obama. Todo comenzó cuando le ofreció a The Guardian y The Washington Post la publicación de documentos e información confidencial. Siguió con el episodio del secuestro del presidente Evo Morales luego de visitar Rusia, donde se suponía que estaba Snowden, cuando no le permitieron usar el espacio aéreo de España, Italia, Portugal y Francia por sospechar que estaba escondido en su avión. El hecho mereció el repudio de todos los mandatarios de la Unasur que se reunieron en forma urgente en Bolivia, para brindar apoyo a Evo. Mientras Snowden buscaba asilo político y con Estados Unidos tratando de cazarlo en todo el planeta, hace pocos días volvió a revelar nuevos documentos, esta vez fueron publicados en el diario brasileño O Globo. Se conoció que la red de espionaje de Estados Unidos se expandió por toda América latina, operando fuertemente en Brasil, México y Colombia, pero con una rigurosa vigilancia en países como la Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Panamá. Los datos confirman el espionaje vía satélite de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y conversaciones online, hasta por lo menos marzo de este año. El monitoreo se realizaba a través de los programas de software: el Prism (Prisma) que permite el acceso a e-mails, conversaciones online y llamadas de voz de usuarios de Google, Microsoft y Facebook y el Boundless Informant (Informante Sin Límites), que permitían violar toda clase de comunicaciones internacionales, faxes, e-mails, entre otros. Los temas más controlados por los espías fueron petróleo y acciones militares

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en Venezuela, energía y drogas en México, un mapeo de los movimientos de las FARC en Colombia, además de la agonía y muerte de Hugo Chávez.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró su preocupación en el acto del 9 de julio en Tucumán y señaló: “Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones. Más que revelaciones, son confirmaciones que teníamos de lo que estaba pasando”. De paso, aprovechó para hacer un llamado de atención: “Los gobernantes de los pueblos de la América del Sur, que hemos dado batalla en esta década incluyendo a millones de compatriotas, tenemos el deber de mirar lo que está pasando y unir nuestras fuerzas”. El viernes se reúnen los representantes del Mercosur y la Presidenta espera “un fuerte pronunciamiento y pedido de explicaciones” al gobierno de Obama.

Fuente: Adrián Murano. Revista Veintitrés

BOLIVIAEXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES ANTE LA REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, SOBRE LA VERDADERA DEUDA EXTERNA. (30-06-2013)

Aquí pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro.

Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo quinientos años.

Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo que somos, y es bastante. Nunca tendremos otra cosa.

El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme.

El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América.

¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su Séptimo Mandamiento.

¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano!

¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos!

¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América, destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no sólo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios.

Yo, Evo Morales, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis.

Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan ‘MARSHALLTESUMA”, para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización.

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Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del Empréstito, podremos preguntarnos: ¿Han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional?

Deploramos decir que no.

En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal.

En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el Tercer Mundo.

Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles, para su propio bien, el pago del capital y los intereses que, tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar.

Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarle a nuestro hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30 por ciento de interés, que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del Tercer Mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento, acumulado solo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia.

Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número para cuya expresión total, serían necesarias más de 300 cifras, y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra.

Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre?

Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo.

Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos.

Pero sí exigimos la firma de una Carta de Intención que discipline a los pueblos deudores del Viejo Continente, y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera, como primer pago de la deuda histórica.

EVO MORALES APUESTA POR LA “CONTINUIDAD DEL CAMBIO”

Bolivia se ha metido de lleno en la campaña electoral luego de que el Tribunal Constitucional avalara, en abril pasado, la decisión de Evo Morales de buscar un tercer mandato. Aunque la Constitución de 2009 incluyó una cláusula transitoria que especificaba que el primer mandato (2006-2010) sí cuenta, el máximo órgano judicial consideró que al haberse “refundado” el país con la nueva Carta Magna, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera tienen allanado el camino a una re-reelección. Tal como vienen dando las encuestas, el presidente boliviano le ganaría hoy a cualquiera de sus contrincantes. Si en 2005 Evo Morales tenía a su favor la épica del cambio hoy tiene de su lado un Estado que cuenta con recursos inéditos en la historia boliviana, gracias a los elevados precios de las materias primas y a la nacionalización de los hidrocarburos, todo ello sumado a un manejo económico prolijo a cargo del ministro de Hacienda Luis Arce Catacora. Junto al canciller David Choquehuanca, la cara indígena del gobierno, Arce ha sobrevivido en el gabinete desde la llegada de Morales al poder a principios de 2006 cuidando la caja del “proceso de cambio”.

Si Morales ha experimentado en varias áreas de su gobierno, por ejemplo nombrando a una ex empleada doméstica a la cabeza del Ministerio de Justicia, en la económica no ocurrió lo mismo. En el terreno económico/financiero apeló a fórmulas que combinaron una nacionalización progresiva de

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empresas de servicios públicos y recursos estratégicos con una gran prudencia fiscal. Así, se jacta de haber logrado lo que los neoliberales no pudieron. Hoy Bolivia cuenta con 14.000 millones de dólares de reservas (60% del PBI), y la demanda interna creció de la mano de la expansión del gasto público, que se triplicó desde 2005. La inversión estatal se sextuplicó en un lustro y ahora equivale al 11% del PIB, mientras que la privada extranjera y la privada nacional son, cada una, de 4%. Todo ello ha aumentado la confianza en el boliviano en detrimento de dólar, fomentando unabolivianización de los depósitos bancarios, que hoy llega al 82% según la asociación de bancos. Con esas cifras, Bolivia volvió al mercado de capitales después de casi un siglo y consiguió financiamiento a una tasa del 4,875%.

En campaña...

Para pavimentar su re-reelección, Morales apela a varios grandes proyectos. Un satélite de comunicaciones -bautizado Túpac Katari- que debe ser lanzado en diciembre desde China; una planta petrolera separadora de líquidos recientemente inaugurada -expresión de la “industrialización de los hidrocarburos”-, un teleférico que unirá La Paz y El Alto (el más largo del mundo); la reactivación de la demanda marítima frente a Chile y la incorporación de Bolivia al rally Dakar. Todo ello motorizará una batería de símbolos, que se sumarán a las políticas sociales, el aumento del salario mínimo y el derrame de la bonanza económica. En el caso del juicio a Chile, Morales nombró al ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé como embajador ante la Corte de la Haya, transformando esa histórica demanda de restitución del litoral marítimo en una política de Estado.

Con todo esto, el aun líder cocalero busca contrarrestar el desgaste en el apoyo urbano, luego de siete años en el poder. Recientemente, en Oruro la población se movilizó para evitar que el aeropuerto local fuera rebautizado con el nombre de Evo Morales, logrando frenar la iniciativa. Y más recientemente una serie de bloqueos de la Central Obrera Boliviana (sobre todo de mineros y maestros) en demanda de mejores jubilaciones puso de relieve que el hecho de ser “el gobierno de los movimiento sociales” no garantiza la desaparición de los conflictos sociales. Aunque los pedidos de la COB suelen ser poco realistas -y su fuerza histórica está muy erosionada- los bloqueos de rutas y las explosiones de dinamita recuerdan que la bonanza económica no ha sido suficiente para modificar la estructura económica del país. Y a ello se suman avances muy limitados en educación y salud (más allá de la presencia de médicos cubanos). Incluso en una oportunidad Morales recomendó a los campesinos enviar a sus hijos a las universidades privadas porque las públicas “están en decadencia”.

Pero como ironizó el economista Carlos Toranzo en un reciente debate de la oposición en La Paz, “la pobreza es más llevadera con plata”. En estos años, la extrema pobreza urbana bajó de 24 a 14%, y la pobreza extrema rural de 63 a 43%. Los “bonos” que el gobierno da a los ancianos, las mujeres embarazadas y algunos grupos de estudiantes benefician al 33% de la población, es decir, 3,3 millones de personas, con montos que van de 28 a 340 dólares por persona/año.

Hegemonía nacional

Los opositores se dividen hoy entre pesimistas y moderadamente optimistas. Todos saben que vencer a Morales no es tarea fácil. El presidente boliviano ganó holgadamente varias batallas en las urnas: en agosto de 2008 fue ratificado con el 67% en el referéndum revocatorio y en diciembre de 2009 fue reelecto con el 64% consiguiendo dos tercios del congreso. La clave hoy es cuánto apoyo urbano perdió, dado que en el campo, donde sigue viviendo casi el 40% de la población, la adhesión al mandatario indígena es más estable y está sostenida en una “confianza étnica” más perdurable en el tiempo y alimentada con un programa de pequeñas obras de rápido llamado “Bolivia cambia, Evo cumple” y con viajes diarios del presidente a las regiones más alejadas del país.

Por el momento, tres candidatos se decidieron a dar batalla a Morales a fines de 2014: el ex alcalde paceño Juan del Granado (del centroizquierdista Movimiento sin Miedo, ex aliado de Morales); el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas (del conservador partido Los verdes), y ex constituyente y empresario del cemento Samuel Doria Medina (del partido centrista Unidad Nacional). Doria Medina viene llamando a los opositores a imitar a los venezolanos y elegir un candidato único. De lo contrario, advierte, el escenario será como el ecuatoriano, donde Rafael Correa se impuso cómodo ante una oposición fragmentada. La postulación de un “candidato de unidad” permitió a la oposición

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ganar las últimas elecciones para gobernador en el departamento de Beni, pero es difícil transpolar los resultados de esa región amazónica a la arena nacional. Las encuestas aún mantienen la popularidad de Morales alrededor del 50%. Y Del Granado dice que no hay acuerdo posible entre opositores de centroderecha y de centroizquierda.

“Esto no es un castillo de naipes como creen muchos opositores de izquierda y derecha, Bolivia vivió una revolución política, con un fuerte recambio de élites”, dice el analista liberal Fernando Molina, quien cree que para ganarle a Evo hay que entender por qué el presidente aún es popular. “Si Evo se desgasta será por errores del propio gobierno más que por aciertos de la oposición”, decía recientemente un influyente asesor presidencial.

Donde se verifica que el gobierno ha construido una hegemonía nacional es en el oriente del país, que alguna vez desafiara a Morales con las banderas de la autonomía. Como ha explicado el periodista de Santa Cruz Pablo Ortiz “hoy los miembros de la élite empresarial cruceña o se autoexiliaron por problemas judiciales o se dieron cuenta que es muy lucrativo llevarse bien con el gobierno”. Ello ha debilitado a la dirigencia local que aún quiere dar batalla. Y el gobierno logró lo que una vez exigiera Álvaro García Linera: que los empresarios se dediquen a hacer negocios y no política.

La disputa por el “cambio”

Los intentos de construir alternativas a la izquierda de Evo hasta ahora no dieron resultados. Una de ellas fue una coordinadora de “reconducción del proceso de cambio” promovida por ex funcionarios como los ex viceministro Raúl Prada Alcoreza y Alejandro Almaraz. Otros intentan poner en pie nuevas fuerzas: el ex ministro de Educación Félix Patzi, de origen aymara, fundó el partido Tercer Sistema y la Central Obrera Boliviana quiere poner en marcha un partido de trabajadores hegemonizado por los trotskistas. Por ahora ninguna de estas iniciativas muestra capacidad de articular un espacio a la izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS) y el gobierno responde que se trata de grupos de “resentidos”.

Estos sectores consideran que el MAS es demasiado pragmático y contradictorio. Unos critican que no se tome en serio el proyecto de Estado Plurinacional consagrado en la nueva Constitución. Ello habría quedado claro con el intento de construir una carretera que cortaba en dos al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que echaría por tierra el proyecto ecoindigenista del “vivir bien” en favor del neodesarrolllismo extractivista. Sin duda, aunque el gobierno conserva discursos anticapitalistas y ecoindiogenistas, el éxito o fracaso de Morales no se juega en esa cancha. Su popularidad se asocia cada vez menos a la utopía y más a la gestión. Un desafío particularmente grande en un Estado que recuperó el control de la economía (con varias empresas a su cargo) y que casi duplicó la cantidad de empleados públicos.

Si es reelegido el año próximo, Morales podría quedarse hasta 2020 y batir récord. El presidente boliviano apuesta a que la mezcla de redistribución limitada de la riqueza junto a la identificación étnica con el primer presidente indígena le alcance para derrotar a sus adversarios. La oposición se ilusiona con que en un país tradicionalmente hostil a las reelecciones, los bolivianos en algún momento se cansen de Evo y apuesten al “cambio”. Ahora Morales es la “continuidad del cambio y la oposición el cambio a secas, sin que nadie sepa bien hacia dónde. Y allí se juega la disputa político/simbólica boliviana del próximo año y medio.

Fuente: Pablo Stefanoni. La Vanguardia -Argentina-

COLOMBIALOS PEQUEÑOS MINEROS BLOQUEARON EL PUERTO DE BUENAVENTURA E IMPORTANTES VÍAS EN TODO EL PAÍS - MINEROS EN PARO CONTRA LAS MULTINACIONALES SE TOMAN EL AEROPUERTO DE QUIBDÓ

El espíritu de resistencia y dignidad que ha llevado a los campesinos del Catatumbo a permanecer en protesta por cerca de 40 días, habita ahora en muchos departamentos del país, en donde miles

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de pequeños y medianos mineros han salido a protestar contra las multinacionales que explotan el suelo colombiano rico en minerales sin beneficio alguno para las comunidades locales, quienes al contrario, se han visto perseguidas por el gobierno colombiano quien les ha señalado reiteradamente como ilegales.

Uno de los departamentos que se suma al por demás justo y digno paro minero es el departamento del Chocó, zona del país en donde se realizó la Constituyente Minera por la Defensa del Territorio y los Recursos Naturales.

El diario oficialista "El Tiempo" reportaba este 19 de julio que los pequeños mineros en paro accedieron a la pista del aeropuerto de Quibdó después de manifestarse pacíficamente, y bloquearon el despegue y aterrizaje de aeronaves desde el mediodía:

"Entre los afectados están la exministra de Cultura Paula Moreno, los codirectores del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano y Adolfo Meisel; la viceministra de Educación, el exministro Fernando Cepeda Ulloa y Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, quienes participaron en el foro Conexión Pacífico.

La exministra Moreno, hoy directora de la Fundación Manos Visibles, dijo que son “cerca de 1.000 personas, que con palos y piedras, se tomaron la pista del aeropuerto y no dejan despegar ni aterrizar vuelos”.

Añadió que el bloqueo se inició después de las 11 de la mañana, cuando el grupo de protestantes ingresó a la pista. “Dejaron salir aviones hasta las 11, luego se metió la gente. Yo iba en el vuelo de la 1:15 p.m. Ellos dicen que si los Ministros no vienen, no se retirarán. Era algo de lo que se venía hablando estos días”, dijo.

Según la exministra, los manifestantes se sentaron debajo de helicópteros y aeronaves de la FAC que están en la pista".

En su parcializada cobertura de los paros, el diario El Tiempo reporta otros bloqueos de importantes arterias de comunicación por parte de los mineros, al tiempo que desliza señalamientos criminalizadores en boca de autoridades, pese al carácter pacífico de las protestas:

"En el Valle del Cauca cientos de mineros de comunidades negras e indígenas llegaron por lanchas a Buenaventura para sumarse a los cuatro puntos de bloqueos que tenían en la vía que de este puerto lleva a Cali y Buga. En estos sitios había unas 3.000 personas, que dicen que tienen provisiones para 15 días.

El gobernador del Valle, Ubéimar Delgado, dijo que “esto es una estrategia militar, esto no es una estrategia de unos mineros que se han organizado”.

El puerto de Buenaventura, el más importante del país en el Pacífico, estaba frenado, pues no se habían podido mover los 1.500 vehículos que normalmente transitan con carga en un día.

En Antioquia, la situación también era tensa, pues permanecía la noche del 18 de julio bloqueada la vía que conduce de Medellín a la Costa Atlántica, luego de que unos 150 jóvenes –que según los mineros no hacen parte de la protesta– quemaron llantas en jurisdicción de Caucasia. El general José Guzmán, comandante de la Regional 6 de la Policía, denunció que a los jóvenes les pagaron para protagonizar actos violentos".

Paro minero: pronunciamiento público desde el Chocó (17 de julio de 2013):

Las organizaciones étnicas territoriales de comunidades Negras, Indígenas y mestizas y las organizaciones mineras que hacen parte de la Mesa Minera Permanente del Chocó manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional:

22000 chocoanos afros, Indígenas, mestizos y mineros hemos acordado declararnos en Paro Minero Indefinido. Las concentraciones el día de hoy que han estado en Quibdó, Istmina, Tadó (Quibdó – Pereira) y Buenaventura (Valle del Cauca) lo evidencian y confirman.

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Las organizaciones étnicas territoriales de comunidades negras, indígenas y mestizas y las organizaciones mineras del Chocó respaldan el pliego de peticiones nacional que convoca al Paro Nacional Minero por la Confederación de Mineros de Colombia.

Por las propias particularidades que vivimos los chocoanos, hemos presentado un pliego de peticiones departamental. Insistimos que sólo mediante el diálogo transparente y el cumplimiento cabal entre el gobierno nacional y sus delegados y las comunidades y organizaciones movilizadas podremos llegar a acuerdos que beneficien a todo el pueblo chocoano, siempre en el marco de la Mesa Minera Permanente del Chocó.

Instamos al gobierno nacional a que se haga presente en Quibdó delegando a los ministros de las carteras del Interior, Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Trabajo y Defensa a que instalemos la mesa de diálogo y negociación para acordar la metodología y se aborde el pliego de peticiones.

Agradecemos públicamente el respaldo de la defensora de derechos humanos Piedad Córdoba y proponemos para que cumpla el papel de mediación y verificación de estos diálogos al señor Obispo de Quibdó Juan Carlos Barreto Barreto, al representante a la Cámara Indígena Hernando Hernández Tapasco, a la Representante a la Cámara del Partido Verde Ángela María Robledo y la Senadora Astrid Sanchez.

Llamamos a los organismos de control, de protección de derechos humanos a servir de garantes frente a las violaciones de nuestros derechos que ya se vienen presentando y denunciamos al gobierno de Juan Manuel Santos como responsable del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Córdoba, punto de la vía Buenaventura–Cali.

En apoyo al presente PRONUNICIAMIENTO PÚBLICO DEL PARO MINERO QUE INICIÓ HOY 17 DE JULIO firmamos:

Delegados de Comunidades Negras en la Mesa Minera Permanente del Chocó.

Federación de Mineros del Chocó, FEDEMICHOCÓ.

WONDEKO

Consejo Regional Indígena del Chocó, CRICH.

Consejos Comunitarios Mayor Integral del Atrato. COCOMACIA

Asociación de Gremios Mineros del San Juan, ASOGREMIS.

Cooperativa de Mineros del San Juan, COOMISANJUAN.

Asociación de Dragueros del Chocó, ASODRACHO.

Asociación de Mineros de Nóvita, ASOMINÓVITA.

Asociación de Mineros de Tadó, ASOMITADÓ.

Cooperativa agroindustrial del Chocó, COAINCH.

Fedeorewa.

Consejo Comunitario de Tado ASOCASAN.

Consejo Comunitario de Riosucio.

Agencia Prensa Rural / Marcha Patriótica / El Tiempo

LAS FARC ANUNCIAN CAPTURA DE PRISIONERO DE GUERRA ESTADOUNIDENSE Y SU DISPOSICIÓN A LIBERARLO

Las Farc dicen haber capturado hace un mes en el Guaviare, a un ciudadano de los Estados Unidos que podría ser un soldado, "un contratista" o un mercenario. En su comunicado, la guerrilla dice que "a pesar del derecho que nos asiste para mantener al soldado Kevin Scott como prisionero de guerra, hemos tomado la decisión política de liberarlo", por lo tanto solicitan crear una comisión

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humanitaria en cabeza de la exsenadora Piedad Córdoba, un delegado de la comunidad vaticana de Saint Egidio y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El siguiente es el texto completo del comunicado dado a conocer este viernes, 19 de julio:

ComunicadoEl Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP informa a la opinión pública nacional e internacional que el día 20 de junio de 2013 en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare, fue capturado el soldado norteamericano Kevin Scott Sutay, nacido en la ciudad de New York, según el pasaporte no. 488667176 expedido el 03 de febrero de 2012, que portaba al momento de ser detenido por unidades guerrilleras.

El mencionado ciudadano norteamericano asegura haber sido miembro de la Armada de los Estados Unidos desde el 17 de noviembre de 2009 hasta el día 22 de marzo de 2013 y según su propia versión participó en la guerra de Afganistán entre los años 2010 y 2011 donde se desempeñó como experto antiexplosivos, especialista en desminados, como integrante de la compañía 541 ST del batallón 54 TN de ingeniería.

Su ingreso a Colombia lo habría hecho el 8 de junio de 2013, siguiendo la ruta México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Bogotá, San José del Guaviare, sede de la base militar del Barrancón, donde es conocida de tiempo atrás la presencia de militares norteamericanos.

La captura del soldado Kevin pone de manifiesto la activa participación sobre el terreno, de militares y mercenarios norteamericanos en operaciones de contra insurgencia en las que aparecen bajo el eufemismo de contratistas, forma privatizada de las fuerzas de intervención imperial, propia de la era de la globalización capitalista, que les permite explotar otro filón del negocio de la guerra con un menor costo político para sus campañas agresión y rapiña contra los pueblos.

Negocio criminal del que aspiran a ser parte el Presidente Santos, su ministro de defensa y los generales, cuando anuncian a los cuatro vientos la suscripción de un acuerdo de cooperación con la OTAN, posicionando a Colombia como oferente de servicios de este tipo de fuerzas mercenarias a disposición de los planes de intervención y pillaje imperial en todos los rincones del planeta.

A pesar del derecho que nos asiste para mantener al soldado Kevin Scott como prisionero de guerra, hemos tomado la decisión política de liberarlo como un gesto que se enmarca dentro del ambiente de las conversaciones que se adelantan en La Habana con el gobierno colombiano, en búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto social y armado en nuestro país.

Para tal fin solicitamos la integración de una comisión humanitaria en cabeza de la Senadora Piedad Córdoba, un delegado de la comunidad de Saint Egidio y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Montañas de Colombia, julio 19 de 2013.Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP.

ECUADORECUADOR, HACIA EL FIN DE LA POLÍTICA DE AMNESIA

En mayo 2007, cuatro meses después de haber asumido la presidencia de Ecuador y cuando nadie lo esperaba, Rafael Correa decretó la conformación de una Comisión de la Verdad. ¿El objetivo? “Investigar, esclarecer e impedir la impunidad en los hechos violentos y violaciones a los Derechos Humanos atribuidos a agentes del Estado”, particularmente en el periodo 1984 y 1988 bajo el gobierno de León Febres Cordero. La mayoría de ecuatorianos apenas recordaba esos tenebrosos años. A nivel internacional la creación de la Comisión no mereció atención. Al interior, la derecha y un sector de los organismos de seguridad reaccionaron virulentamente.

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Febres Cordero gobernó a Ecuador con mano fuerte y revolver al cinto, como si estuviera en una de sus haciendas. Impulsado por su gran “amigo”, el presidente estadounidense Ronald Reagan, desde su llegada al gobierno empezó a imponer las drásticas medidas neoliberales que el Fondo Monetario Internacional le propuso. Se sabía que esto traería el rechazo popular. Entonces, pretextando el combate a las nacientes y poco poderosas guerrillas, lanzó a los servicios de seguridad a una escalada represiva sin precedentes. Toda persona y organización que oliera a oposición política fueron declaradas objetivos. Se aplicó la estrategia de guerra al “enemigo interno”, esa que había dictado la Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense en los años sesenta. En resumen, la receta aplicada por este gobierno fue la de las tres «P»: plata para los amigos, palo para los indecisos y bala para los enemigos.

Después de tres años de investigaciones, el 7 de mayo del 2010 la Comisión entregó su informe al Presidente Correa. Ahí estaban detalladas 831 violaciones de derechos humanos, que afectaron a 456 víctimas. También los nombres de los principales oficiales responsables de torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y asesinatos. Aunque con los gobiernos posteriores esas prácticas continuaron, al mantenerse las mismas estructuras represivas, el 70% fueron cometidas durante el gobierno de Febres Cordero.

El informe mencionó lo que era un secreto a voces: durante ese gobierno existió un grupo clandestino que se encargo del trabajo “sucio”. Este estuvo instalado al interior del entonces Servicio de Investigación Criminal, la policía secreta, y se denominó SIC-10. Aún en ese momento su existencia siguió siendo negada por los servicios de seguridad y los responsables políticos de derecha. Elsie Monge, presidente de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, y quien estuvo al frente de la Comisión de la Verdad, dijo: “Así se niegue que existió ese ente, la realidad es que fue un grupo de lo más represivo que ha existido".

El presidente Correo pidió perdón, a nombre del Estado, a todos quienes habían sido afectados.

El Informe fue remitido a la Fiscalía General del Estado para que asumiera el respectivo proceso. Casi tres años después, en febrero último, cuando se creía que la impunidad iba a cubrirlo, el fiscal Galo Chiriboga ordenó la incautación de unos 150.000 folios que estaban guardados en las bodegas de la Policía Judicial. Después, el 5 de junio, anunció públicamente: “Tenemos información evidente de la existencia de la organización clandestina SIC-10, que a su vez era estatal. Y lo más importante es que tenemos los nombres de los integrantes originales del SIC-10”. Así mismo aseguró que se encausaría judicialmente los implicados en 136 casos por violaciones a los derechos humanos, además de 456 asesinatos políticos, de los investigados por la Comisión de la Verdad.

Por el testimonio de las víctimas -siendo el que escribe esta nota una de ellas - se sabía que desde 1985 existía un aparato clandestino de represión. Que su actuar estaba en coordinación con las Fuerzas Militares y de policía, pero también con Interpol. No solo eso: que coordinó muchos operativos con los gobiernos de Colombia, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y España, entre otros. O sea, una copia de lo que había sido el Plan Cóndor, instaurado en el Cono Sur, liderado por el general Pinochet y respaldado por Washington.

Las investigaciones que realizó el periodista Rolando Panchana, a fines de los años noventa, no solo empezaron a certificar lo anterior. Ellas fueron demostrando que el SIC-10 se había creado por orden expresa del presidente Febres Cordero y que respondía directamente al entonces ministro del Interior, Luis Robles Plaza. La Comisión de la Verdad certificó buena parte de todo ello.

En sus declaraciones, el fiscal debió reconocer que ha pedido explicaciones a las altas esferas de la Policía Nacional sin encontrar eco. “La respuesta ha sido el silencio y en el caso del SIC-10 el silencio y la negativa”.

Algunos miembros del SIC-10 han muerto. Los principales responsables políticos también: Febres Cordero y Robles Plaza. Muchos de ellos están retirados, incluidos sus principales jefes operativos, pero siguen contando con el apoyo político de la derecha y de sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía, pues lograron escalar hasta los más altos cargos. Por ejemplo, Byron Paredes llegó a coronel (y cayó preso por narcotraficante); Fausto Flores ascendió a coronel y jefe antinarcóticos en una provincia; Enrique Amado Ojeda, quien fuera el jefe del SIC en la Provincia de Pichincha,

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ascendió hasta general de la Policía; Edgar Vaca, quien fue el jefe del SIC-10, llegó a Comandante general de la Policía; y Mario Pazmiño ascendió a director de Inteligencia del Ejército, hasta que el presidente Correa lo destituyó por ser el hombre de la CIA.

Aunque no profundiza en el tema, la Comisión de la verdad deja en claro que el SIC-10 había sido creado “ bajo el concepto paramilitar israelí” (en la forma de combatir a la resistencia palestina). Mientras que un ex miembro del SIC-10 contó que fueron ex oficiales de la seguridad de ese país, MOSSAD, con el respaldo de la CIA estadounidense, quienes los instruyeron en las técnicas de tortura: “estos cursos de entrenamiento transformaron al personal en máquinas para el exterminio de gente”. Y siguió contando: “la crueldad” de los israelitas “llegó a tanto, que para las clases prácticas utilizaban de conejillos de indias a seres humanos que habían sido detenidos […] nos ordenaban la crianza de animalitos domésticos (perros), a los que luego de algunos meses de criarlos, nos obligaron a que los matáramos, como muestra de lealtad, ordenando que después de abrirles el estomago con un puñal, les saquemos con la boca un órgano cualesquiera del cuerpo del animalito (…), así mismo, se utilizaban siluetas de madera o cartón con los nombres de nuestras madres, para que disparemos sobre ellas”.

Ahora la palabra la tienen los tribunales de justicia. El presidente Correa, durante la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad, expresó que “los actos violentos son imprescriptibles y no son susceptibles de indultos o amnistías, para construir una sociedad cuya bandera de lucha contra la impunidad permita que Ecuador sea territorio de paz”.

Fuente: Hernando Calvo Ospina. Le Monde Diplomatique -Francia-

GUATEMALAFAMILIAS DESALOJADAS EN EL POLOCHIC SIGUEN SUFRIENDO HAMBRE Y REPRESIÓN

El pasado 2 de julio, la capital guatemalteca fue el escenario de la presentación del informe final sobre el “Censo de condiciones de vida de las comunidades que fueron desalojadas en el Valle del Polochic en marzo de 2011”.

Realizado por el Colectivo Estudios Rurales “Ixim”, el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Fundación Guillermo Toriello (FGT), el estudio evidencia la dramática situación que viven 637 de las casi 800 familias q’eqchies’ desalojadas hace dos años por el ingenio Chabil Utzaj, actualmente propiedad del coloso agroindustrial nicaragüense Grupo Pellas.

Los datos que arroja el informe son preocupantes. Actualmente, sólo el 27 por ciento de las familias que habitaban las 14 comunidades¹ que fueron desalojadas cuentan con pequeñas parcelas de tierra para el cultivo, en su mayoría situadas en laderas y en suelos poco fértiles.

Estas difíciles condiciones permiten producir solamente entre 8 y 15 quintales de maíz al año, muy por debajo del mínimo requerido para una familia promedio que la FAO fija en 32 quintales.

El resultado es que menos de la mitad de las familias pueden consumir tres tiempos de comida al día, y que la dieta diaria se basa casi únicamente en el consumo de maíz, chile y sal. Sólo ocasionalmente tienen acceso al frijol.

El informe señala también que solamente 4 de cada 100 familias cuentan con energía eléctrica, 25 tienen acceso al agua entubada, mientras que 15 de cada 100 familias deben recorrer más de un kilómetro para obtener agua de río. A todo esto hay que agregar la falta casi total de acceso a educación, salud y vivienda propia.

“La situación es dramática y la desnutrición crónica y aguda afecta a casi 6 de cada 10 niños y niñas entre 0 y 5 años. La escasez de alimento, así como la falta de acceso a la tierra, a la vivienda y a los servicios básicos están dejando a miles de personas en un estado de total abandono y precariedad”, dijo a La Rel, Juan Pablo Ozaeta, coordinador del Informe.

DiscriminaciónEl estudio revela también una clara actitud de retaliación de la empresa en contra de las familias

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indígenas q’eqchies’, las cuales son rechazadas “para trabajar en los monocultivos de caña y palma” y se les niega “la posibilidad de arrendar tierras fértiles para que cultiven sus alimentos”.

Asimismo, tienen restricciones, en muchos casos impuestas por el mismo ingenio Chabil Utzaj, “para acceder a ríos y bosques, donde abastecerse de agua y leña, y para poder pescar para su alimentación”, continúa el informe.

“Es evidente que todo lo que estamos viendo es el resultado de la implementación de un modelo de producción basado en la expansión de monocultivos, que genera concentración y despojo de territorios, así como graves impactos socio ambientales.

Las familias demandan y necesitan de tierra para vivir dignamente -continúa Ozaeta-, sin embargo han sido desarraigadas y desplazadas hacia las laderas, mientras toda la explanada del Valle del Polochic se ha llenado de caña y palma”, dijo el también investigador del Colectivo Estudios Rurales “Ixim”.

A lo largo de los últimos dos años se han multiplicado los casos de desalojos, destrucción de viviendas y de cultivos de alimentos, así como la detención y persecución de miembros de las familias q’eqchies’.

RepresiónOtro de los elementos que generan profunda preocupación tiene que ver con la criminalización de la protesta de parte de militares y policías, así como de los guardias de seguridad de la empresa y el sistema judicial.

De acuerdo con la investigación, durante y después del desalojo se estima que al menos 17 personas han fallecido por situaciones de violencia, principalmente asesinatos.

De las muertes ocurridas en estos dos años, se destaca los asesinatos de Antonio Beb Ac, Óscar Reyes y Margarita Chub Ché y su vinculación con los cuerpos de seguridad del ingenio Chabil Utzaj.

“Aunque se ha investigado a los responsables, no ha habido justicia por estos hechos, y la seguridad privada del ingenio sigue operando fuera de los terrenos de la finca para agredir y amenazar a las comunidades”, se lee en el informe.

“La gente ha sido atacada, perseguida y ha vuelto a vivir los horrores de los años 80. Hay miedo por lo que ha pasado durante los desalojos y es algo que no se ha detenido, antes bien se está repitiendo con mayor fuerza y violencia”, dijo Ozaeta.

Demandas Ante esta situación, el informe formuló una serie de recomendaciones, entre otras, que el gobierno cumpla con el compromiso adquirido de entregar tierra a las familias desalojadas y respete las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a vivienda, salud, alimentación y seguridad.

Asimismo, que atienda de manera inmediata la crisis alimentaria y tome medidas para detener las acciones arbitrarias de la seguridad privada del ingenio Chabil Utzaj (Grupo Pellas).

A la comunidad internacional se solicita mantener una vigilancia permanente del respeto de los derechos humanos de las comunidades del Polochic, observar las inversiones financieras que, desde sus países, se destinan hacia proyectos que promueven la concentración de tierra.

Finalmente, se pide al secretario general de la OEA una visita in situ, para corroborar todas las violaciones a los derechos humanos contra las comunidades q’eqchies’.

Fuente: Giorgio Trucchi. Rel-UITA

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HONDURASASESINATO DE LUCHADOR DEL COPINH FUE UNA "ACCIÓN DESESPERADA Y CRIMINAL"

Este lunes 15 de julio mientras se cumplían 106 días de resistencia por parte de la comunidad lenca de Río Blanco, en Honduras, mediante plantones pacíficos de bloqueo de ingreso a la región de construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Ejército disparó en forma indiscriminada contra los manifestantes asesinando a uno de los líderes de la resistencia, Tomás García e hiriendo seriamente a su hijo.

Tomás, indígena lenca, formaba parte del Consejo Indígena y Auxiliar de su comunidad y del Consejo Nacional del Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El luchador hondureño fue abatido en momentos en que se desplazaba junto a miembros de su comunidad hacia las instalaciones del proyecto, sustentado por las empresas Desa y Sinohydro, en tanto su hijo sufrió heridas de bala de grueso calibre, se encuentra hospitalizado y su vida corre serio riesgo, informó a Radio Mundo Real Bertha Cáceres, dirigente del COPINH antes de trasladarse a Río Branco este lunes.

Bertha calificó la acción como una “reacción desesperada y criminal” por parte de las empresas que buscan represar el Río Gualcarque, lo cual afectaría tremendamente a las comunidades que allí viven. Para ello, cuentan con el apoyo del Ejército hondureño, señaló Bertha y corren con los gastos de traslado y mantenimiento de fuertes contingentes movilizados por el gobierno de Tagucigalpa hacia la región de Río Blanco.

Mientras la noche caía sobre la región, el COPINH informaba del traslado de nuevos contingentes de militares hacia la región desde Zacapa, Santa Bárbara y se temía por nuevos episodios de fuego contra los civiles que velaban al luchador indígena asesinado.

“La comunidad está muy indignada, tenemos mucho dolor pero también la convicción de que hay que seguir con ánimo y con esperanza”, dijo Bertha en contacto telefónico. “A medida que se acercan las elecciones (noviembre) quieren tomar al COPINH como una organización para escarmentar”, explicó y señaló que, de inmediato, la comunidad decidió mantener la toma de las vías de acceso al predio.

Algunas horas antes de los hechos, el COPINH había denunciado que el viernes 12, vehículos de la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA) –que junto al consorcio de origen chino Sinohydro lleva adelante el proyecto- trasladaron personal jerárquico del mismo quienes se reunieron con reconocidos sicarios de la zona, responsables de amenazas directas a varios miembros del consejo indígena, entre ellos Tomás García.

Antes de iniciarse la balacera contra los civiles, cuando los manifestantes no arribaban al punto de corte, no medió ningún tipo de diálogo de parte de los militares, dice Bertha. La propia dirigente de COPINH fue detenida ilegalmente en el mes de mayo por lo cual fue sometida a un juicio acusatorio por presunta portación ilegal de arma de fuego lo cual no fue probado en el juzgado y finalmente resultó archivado.

La dirigente resaltó que, como en esa oportunidad, en los nuevos casos de represión contra los habitantes de la comunidad Río Blanco, urge la solidaridad internacional reclamando a las autoridades civiles, militares y de ambas empresas por este asesinato.

“Sabemos que nos enfrentamos a una estrategia de impunidad en un contexto en que camina a profundizar este tipo de acciones represivas”, indicó Bertha, aunque aclaró que la voluntad de las comunidades en defensa de un territorio de alto valor cultural y ancestral se ve fortalecida frente a estas situaciones de violencia estatal y privada.

De hecho, el río Gualcarque se lo considera parte fundamental de la espiritualidad lenca y las comunidades enfrentan los proyectos empresarios como tributo a la figura emblemática de dicha cultura, Lempira.

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“Seguimos firmes en la lucha, no arrinconarse, no permitir que nos encarcele el miedo y seguir en esa batalla por la vida, pacífica pero enérgica, así vamos a seguir sin desmayar”, señaló Bertha en enlace telefónico.

Tomado de Radio Mundo Real en http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/

MÉXICOMÉXICO REHÚYE COMPROMISO CON DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES

Organizaciones de la sociedad civil de México presionan al gobierno de Enrique Peña Nieto para que firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-Pidesc), vigente desde mayo para los países adherentes.

El PF-Pidesc, aprobado el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, es considerado una herramienta fundamental para el cumplimiento de los llamados derechos de tercera generación, como el acceso a la salud, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.

“Hemos venido impulsando la firma desde que se negoció. Nos preocupa que se deseche el trabajo de tres años, no es un buen signo. El gobierno no ha dado un plazo. No le han dado importancia”, criticó ante IPS la activista Areli Sandoval, coordinadora del programa de Diplomacia Ciudadana, de la organización no gubernamental Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios (DECA), Equipo Pueblo AC.

Un grupo de organizaciones trabajó desde 2009 con el gobierno de entonces, del conservador Felipe Calderón (2006-2012), con el fin de suscribir el convenio, para lo cual se necesitaba una serie de consultas destinadas a aclarar los compromisos que asumiría el país.

Esa labor quedó lista en 2012 pero, según Sandoval, el aún presidente electo Peña Nieto pidió no adoptar más responsabilidades internacionales hasta después de asumir el cargo, el 1 de diciembre pasado. Pero ya pasaron casi siete meses sin que haya novedades al respecto.

El Protocolo fue firmado por 42 gobiernos y ratificado hasta ahora por 10 de ellos, incluyendo los latinoamericanos Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y el último Uruguay, que al ratificarlo en febrero completó la cantidad de estado mínimos necesarios para que entrase en vigor.

El convenio establece la potestad de presentar quejas individuales o grupales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y, consecuentemente, dispone la investigación confidencial en el estado parte denunciado.

La indagación queda a cargo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformado por 18 expertos independientes, entre los cuales hay de Colombia, Ecuador y Brasil.

“Se trata de fortalecer la justicia de esos derechos, que están rezagados y no se cumplen”, declaró a IPS la activista Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la no gubernamental Red Todos los Derechos para Todos, que aglutina a 73 agrupaciones en el país latinoamericano.

En su informe frente al Examen Periódico Universal que México presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 23 de octubre, 33 organizaciones dan cuenta del estado de los derechos económicos, sociales y culturales (desca).

“Las deficiencias estructurales y legislativas al interior del estado mexicano, frente a las violaciones a los desca, limitan el acceso a la justicia y la reparación del daño en la materia”, señala el texto.

“Estas violaciones también afectan al derecho al consentimiento previo, libre e informado de las personas y las comunidades involucradas en la implementación de megaproyectos que generan desplazamientos forzosos, pobreza agravada, daño al medio ambiente y que niegan los derechos culturales de las poblaciones”, añade.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2010, los últimos divulgados, la pobreza afectaba a 52 millones de los 118 millones de mexicanos, mientras

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que el desempleo se ubica, según la medición presentada en mayo, en 4,93 por ciento de las 60 millones de personas económicamente activas.

Las organizaciones no gubernamentales que conforman la Campaña Mexicana por la Ratificación del PF-Pidesc consideran que esta herramienta es vital en el combate contra la pobreza, pues implica la rendición de cuentas sobre las políticas aplicadas al respecto.

“Este Protocolo va contra intereses económicos y las multinacionales. Si México ha aceptado la jurisdicción de otros mecanismos de derechos humanos, no tiene mucha lógica que no acepte este”, señaló Sandoval.

México debió presentar en 2012 su quinto y sexto informe consolidado sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), creado en 1981 y que es la referencia del Protocolo.

El Comité del Pidesc tiene previsto realizar su 51 periodo de sesiones del 4 al 29 de noviembre próximo en Ginebra, pero el caso de México no está programado.

“Hay falta de garantías de derechos individuales. Se requiere de un esfuerzo por reducir la pobreza y cumplir los derechos de empleo, salud y educación”, indicó Raczynska.

Los activistas han reunido y entregado al gobierno mexicano más de 19.000 firmas de petición de adhesión al Protocolo, aunque analistas entienden que difícilmente el país lo suscriba este año.

El gobierno de Peña Nieto prepara el Programa Nacional de Derechos Humanos 2012-2018, que debe apegarse a la reforma constitucional de 2011 que consagró la observancia de los derechos.

“A pesar de que la Constitución y una variedad legislativa reconocen el derecho al cuidado del ambiente, la política para el área en muchas casos no es eficaz ni sustentable por ser equivocada técnicamente y no estar armonizada con otros sectores y políticas sociales, así como por la completa impunidad ante las faltas, afectando diversos derechos humanos”, denuncia el informe preparado por las organizaciones no gubernamentales.

Ante la duda de si el Estado mexicano presentará su reporte, las organizaciones evalúan si elaboran su informe alternativo.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2013/07/mexico-rehuye-compromiso-con-derechos-economicos-y-socioculturales/

NICARAGUAPROGRAMAS MUNICIPALES ATENDERÁN A ADULTOS MAYORES

El Gobierno Sandinista decidió este viernes instalar equipos de trabajo en 45 municipios para atender las necesidades de ancianos, como respuesta a los reclamos de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (Unam) de mejorar la asistencia social.

Porfirio García, presidente de la Unam, consideró beneficiosa la alianza con el gobierno sandinista, los gabinetes de familias y otras estructuras a fin de solucionar problemas de larga data. "Estamos estableciendo una coordinación muy satisfactoria", hay interés y disposición de dar respuesta a las demandas y nosotros estamos satisfechos de la respuesta, estimó.

De inmediato deberán constituirse las 45 comisiones municipales, compuestas por representantes de la Unam, coordinadores del Poder Ciudadano, jóvenes de la Promotoría Solidaria y los Gabinetes de la Familia.

El acuerdo fue adoptado en asamblea de los dirigentes políticos de los 45 municipios y de todos los departamentos, con la dirigencia de la Unam y la participación de diversos ministros, quienes recibieron el mandato del Presidente Daniel Ortega, de perfeccionar el sistema institucional de cara a las personas de la tercera edad, que viven en situaciones precarias.

Con esta decisión, los afiliados de la Unam podrán realizar sus gestiones en los propios municipios, sin necesidad de trasladarse a Managua.

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Según explicó Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, la constitución de las comisiones debe servir para agilizar el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo, al conformar estructuras por territorios, más cercanas al lugar donde vive la gente.

Moreno comentó que la idea del Gobierno Central es descentralizar la atención, tanto en el Seguro Social como en las delegaciones del Ministerio de Salud y llevarles atención de calidad a los adultos mayores en sus comunidades y territorios.

La aspiración es dar respuesta inmediata a los requerimientos y necesidades de la Unam en cada localidad, en la medida que las condiciones materiales lo permitan, agregó Moreno.

Además, a partir de mediados de agosto, se programarán ocho mil exámenes visuales para determinar si necesitan operaciones de cataratas y en ese caso, se les hará inmediatamente. Además, se entregará anteojos a quienes lo necesiten.

De acuerdo con Moreno, las comisiones deberán evaluar los servicios brindados en centros de salud y otras instancias, para evitar incumplimientos y buscar respuesta inmediata en el ámbito local. Los adultos mayores, explicó, continuarán recibiendo ayuda mediante la entrega gratuita de andariveles, sillas de ruedas, anteojos, muletas y otros bienes.

El Gobierno también ampliará en 690 el número de beneficiarios de las prestaciones económicas mensuales mediante el llamado Bono Solidario, que actualmente reciben unos siete mil 500 ancianos que cotizaron menos de 750 semanas al Seguro Social.

Otra decisión que se tomó es realizar un censo fidedigno a nivel nacional de cuántas son las personas que llenan los requisitos para recibir este beneficio. Los bonos son de 1,200 córdobas para quienes cotizaron al Seguro Social de 251 a 400 semanas, 2,000 córdobas para los cotizantes de 401 a 550 semanas, y 2,800 para los que cotizaron de 551 a 749 semanas.

García aseguró que ya han depurado de sus listas de Managua a unas 80 personas que no cumplían con las semanas cotizadas y que próximamente estarán dando a conocer el listado oficial de sus afiliados.

Informa: Radio La Primerísima

PANAMÁ¿ES POSIBLE UN MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL?

[El canal de televisión panameño] Telemetro pasó hace poco dos especiales: 'Crecimiento económico ¿Para quién?' y 'Tras la pista del hambre'. Los dos reportajes, bastante bien realizados para nuestro criterio, son una radiografía de la realidad nacional y ambos demuestran lo que ya los estudiosos del desarrollo han dicho: hay que plantearse un modelo de desarrollo integral que combine lo mejor de la política, la economía y la cultura (arte, investigación, ciencia y educación). Los reportajes también demuestran que Panamá es un país fuertemente marcado por la desigualdad; aunque todavía hay personas que no lo quieren ver. Para muchos parece que solo existe un país; en realidad son dos.

Reflexionemos el tema desde varias miradas. Desde una mirada folclórica, hemos oído una frase del argot popular: el que no ‘ta, no co’. Es el apócope de: el que no está, no come. Hay que estar. Si no estás, no comes. Desde un punto de vista teológico, si Dios no existe, para qué voy a preocuparme en discutir con el creyente que sí cree. Al negar la existencia de Dios, eludo el compromiso de pensar en Él. Desde el enfoque de la biopolítica, los cuerpos empobrecidos tampoco existen; si quieres ser visible, debes verte bien. Las dimensiones del cuerpo ciudadano triunfador son un aparato de control para incluir o ser excluido. Y, para terminar, una mirada desde el hecho estético: “Hoy es un bonito día y no lo puedo ver”, podría decir un ciego para adornar su miseria. Pero pese a las posibles dádivas que reciba por su creatividad, muchos, que sí pueden ver, n o se darán cuenta que es un día bonito.

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Los pobres existen, lo que pasa es que nos están educando para no verlos. O bien, sabemos que existen, pero es más fácil olvidarlos y recordarlos de vez en cuando. La pobreza, no es solo un problema del subdesarrollo, también los países desarrollados tienen este flagelo. La desigualdad es un problema de cómo se gestiona el ingreso económico. Una nación es un sistema. Y dentro de ese sistema hay subsistemas que tienen conexiones para ser efectivos. Hasta ahora, el modelo de desarrollo panameño ha apostado solo por el sistema económico y ha ignorado lo social y cultural. Una modelo que solo apuesta por la economía trae grandes desigualdades sociales.

El filósofo argentino Mario Bunge ha escrito: “Toda elección de modelo económico es una decisión ideológica y política”. El problema de Panamá es que las decisiones se han tomado de manera vertical, mirando para arriba. Los sucesivos gobiernos han escogido una ideología y una política que no ha favorecido a la nación en su conjunto. Cuando el presidente del colegio de economistas, Raúl Moreira, dice que en Panamá vivimos en un Haití y una Suiza al mismo tiempo o cuando el analista económico, Adolfo Quintero, expresa que el crecimiento no ha generado mejores condiciones para todos; eso debería bastar para que los que toman decisiones empezaran a diseñar una política inclusiva y democrática. Pero no es así.

Esto nos lleva a hacer la pregunta ingenua: ¿En sus esfuerzos acrobáticos para llegar a ser favorecidos en las elecciones presidenciales del 2014, tendrán los candidatos un plan de gobierno basado en un modelo de desarrollo integral? No soy asesor, pero voy a fingir serlo: ¿Por qué no se dedica al menos el 1% del crecimiento económico o un porcentaje de las migajitas que dejará el tránsito de los Panamax por el nuevo Canal, para proyectos y programas de desarrollo económicos, agropecuarios, culturales y sociales en las comunidades indígenas y campesinas, así como en los barrios marginados? Solamente en el 2012 Panamá recibió 3 mil 20 millones de inversión extranjera directa, según un artículo del Martes Financiero del diario La Prensa. Nuestro país es un centro internacional financiero y de logística (tenemos puertos, aeropuertos, bancos, Canal y Zona Libre), pero al mismo tiempo, la lógica de la pobreza coexiste en el mismo país.

Dicen los primeros versos del poema del poeta hondureño Roberto Sosa: “Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos”. Panamá es el único país donde hemos aprendido a olvidar a los pobres. Sabemos que existen, pero preferimos olvidarlos y recordarlos cuando alguien organiza una recolecta de leche o zapatos para ir a un montaña y dejarles en las manos algo que se llama esperanza. Pero al día siguiente seguirán siendo pobres, porque la esperanza es solo una excusa para seguir viviendo y la realidad, otra cosa.

Fuente: Carlos Fong en http://otramerica.com/

PUERTO RICOPUERTO RICO INVOLUCRADO EN EL ESPIONAJE DENUNCIADO POR SNOWDEN

Algunos de los documentos filtrados por el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Edward J. Snowden mencionan a Puerto Rico como centro de espionaje clandestino para varios países de Latinoamérica.

Según reportajes publicados en las versiones cibernéticas de los periódicos O Globo de Brasil, El País de España y The Guardian de Inglaterra, sobre los documentos hechos públicos por Snowden, ambas -la NSA y la CIA- mantuvieron una operación conjunta desde la base Naval en el barrio Sabana Seca de Toa Baja.

Esta operación en Puerto Rico servía para coordinar con otras oficinas en Brasilia, Bogotá, Caracas, Ciudad de México y Ciudad de Panamá mediante un programa llamado Fornsat, con el que la NSA y la CIA interceptaron miles de millones de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos y de texto y comunicaciones por Internet privadas.

Algunos de los artículos consultados hacen referencia al programa de naciones aliadas a los Estados Unidos conocido como Echelon y que tenía su base de operaciones en el municipio de Toa Baja bajo la jurisdicción de la Marina de Guerra de los Estados Unidos.

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Aunque la Base de Comunicaciones del Grupo de Operaciones de la Marina de Guerra en Sabana Seca cerró, aún queda el gigantesco cercado circular del Barrio Ingenio de este municipio que forman la espina dorsal de Echelon.

O Globo menciona que la NSA y la CIA han dirigido la Primary Fornsat Collection Operations desde Sabana Seca, en referencia a Toa Baja, como parte de una red de 16 unidades de recolección de información a través de satélites de otros países.

Un documento desclasificado sobre la Historia de la Agencia de Inteligencia de Aviación de mediados de la década del 90 hace referencia a que empleados de la Corporación Raytheon operaban uno de los sensores bajo un contrato con el Centro de Sistemas Electrónicos del Grupo de Seguridad Naval y la NSA.

Moisés Quiñones, portavoz del FBI en Puerto Rico, informó al Centro de Periodismo Investigativo que estaba impedido de comentar sobre las denuncias de Snowden sobre Echelon o las interceptaciones telefónicas.

Quiñones agregó que el FBI nunca confirma ni deniega sobre investigaciones en curso ni puede divulgar sus técnicas investigativas.

Fuente: Waldo D. Covas Quevedo. Centro de Periodismo Interactivo

BASE DE ESPIONAJE Y GUERRA DE BAJA INTENSIDAD CONTRA VENEZUELA Y EL ALBA

Uno de los roles que los EUA insisten en darle a los ciudadanos de ese país residentes en Puerto Rico es usarnos como peones en sus guerras perpetuas dirigidas a recolonizar y reafirmar su hegemonía sobre los pueblos de Nuestra América.

La conducción de una guerra de baja intensidad contra el campesinado, la insurgencia popular y la persecución de movimientos sociales en paises como Panamá, Brasil, Paraguay, México, Honduras cuenta en Puerto Rico con una base para el rastreo de comunicaciones en internet y en llamadas telefónicas que ponen al servicio de inteligencia de esos países para facilitarles su intervención contra las organizaciones sindicales, campesinas, políticas y así ayudarles a desarticular los esfuerzos por la paz, la justicia y la defensa de derechos humanos.

De igual manera estas actividades de espionaje se ensañan contra los gobiernos de los países del ALBA, UNASUR y la CELAC que insisten en implantar modelos de desarrollo fuera de las limitaciones y directrices opresivas de las organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las ignominias colonizadoras de los mal llamados tratados de libre comercio que buscan imponer modelos contrarios a lo que países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua que insisten en afirmar su soberanía sin someterse a las políticas empobrecedoras y antidemocráticas del neoliberalismo transnacional.

La información obtenida por este andamiaje cibernético en los países del ALBA es entonces suministrada a grupos paramilitares y operativos de inteligencia que interaccionan con los grupos de extrema derecha financiados por la National Endowment for Democracy, la Agency for Intenational Development (USAID) para facilitarles su labor de desestabilización de los proyectos políticos de integración bolivariana.

Nosotros los puertorriqueños solidarios con los procesos de cambio por la segunda y definitiva independencia de Nuestra América debemos sentirnos indignados y pedir disculpas a los gobiernos y los pueblos de esos países por servir de base para la indebida intervención de los EUA con su derecho a su libre determinación e independencia.

Convertirnos en agentes desestabilizadores y mulas cibernéticas de los servicios de inteligencia estadounidenses que actúan en menoscabo de esos derechos es una indignidad que nos impone la potencia que nos invadió en 1898 y nos ha mantenido bajo su dominio colonial negándose a reconocer nuestro derecho y acechando y desestabilizando al movimiento independentista que ve en los procesos bolivarianos la vía de acceso a nuestra Independencia y a nuestra integración con plenos derechos a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe.

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Sirva esta información como advertencia a compañeros del movimiento que insisten en afirmar que Puerto Rico ya no es ficha clave en los planes bélicos de los EUA en la región. Aunque por el momento se hayan desactivado las bases dedicadas a ejercicios bélicos y operaciones militares convencionales; estas revelaciones delatan una siniestra participación de puertorriqueños al servicio de agencias de inteligencia y compañías de mercenarios que sí entrenan fuerzas paramilitares y participan activamente en operaciones encubiertas típicas de una guerra de baja intensidad como la que evidentemente han ampliado para intensificarla contra la V República de Venezuela, los países del ALBA y los movimientos sociales progresistas de Nuestra América.

Estas actividades de espionaje que dirigen los servicios de inteligencia de los EUA en Puerto Rico constituyen una grave violación al derecho de los pueblos de Nuestra América a su libre determinación. Además constituyen la negación misma de las palabras de Casa Blanca en el sentido de que interesan propiciar un verdadero proceso de descolonización en Puerto Rico.

La necesaria deliberación de los países afectados por este trabajo de espionaje requiere, a la mayor celeridad posible, la convocatoria de reuniones de la CELAC, la UNASUR y demás organizaciones latinoamericanas para exigir de los EUA una completa divulgación de este patrón de actividades de espionaje en toda la región de la cuenca del Caribe y los demás países que han sido objeto de estas actividades encubiertas de espionaje o han decididamente, como es el caso de Colombia, México, Panamá y Puerto Rico, colaborado con esta red de rastreo y desestabilización que usa nuestro territorio para conspirar contra Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay.

El Gobierno de turno presidido por el Gobernador de Puerto Rico y Presidente del Partido Popular Democrático le debe explicaciones al Pueblo de Puerto Rico y a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil sobre la puesta en marcha de estas operaciones encubiertas que atentan contra las libertades de países cuyo pecado principal ha sido insistir en el pleno ejercicio a su derecho a la libre determinación e independencia.

Fuente: Salvador Tio. Rebelión

VENEZUELACONVOCAN A CONGRESO MUNDIAL POR LA PAZ EN COLOMBIA

Con el lema “Juntos y juntas por la paz en Colombia”, destacadas personalidades y movimientos sociales de diversos países convocan a un Congreso por la Paz en Colombia que se desarrollará en la ciudad de Caracas, Venezuela, los días 4, 5 y 6 septiembre de 2013.

Entre los firmantes de la convocatoria se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Galeano, Don Pedro Casaldaliga, Frei Betto, Atilio Borón, Stella Calloni, François Houtart, y otros importantes actores asociados a los campos político, social y cultural de varias regiones del mundo.

Las organizaciones que promueven esta iniciativa son: Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC); Marcha Mundial de Mujeres; Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA; Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA); Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina (CLOC-VC) y Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), Brasil.

Esta importante iniciativa tiene lugar a nueve meses de iniciados en La Habana los diálogos y negociaciones para lograr la paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano.

“La intención de este Congreso es unificar criterios y agendas para el desarrollo de acciones globales con miras a generar un ambiente internacional propicio para el buen desarrollo del proceso de paz en Colombia, y potenciar los esfuerzos de paz de colombianas y colombianos en este sentido”, se expresa en la convocatoria.

Roberto Regalado Rebelión

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CAPRILES, LA CARA VIVA DEL FASCISMO

Anuncian que el derrotado político ultra-derechista venezolano Henrique Capriles Radonski (HCR) viene a Chile esta semana, mientras los grandes medios locales, venezolanos e internacionales todavía hacen invisible la ola de muerte y violencia que convocó el 15 de abril, después de perder las elecciones del día anterior, con el pretexto de un aparentemente inocuo cacerolazo para “descargar esa arrechera” (rabia)… “para que se oiga en todo el mundo”.

Pero el comando de sus grupos armados había preparado algo distinto. Desató una vez más la ya clásica guarimba, como llaman allá a los desórdenes públicos violentos, con una secuela de muerte y destrucción que tomó por sorpresa a más de la mitad del país que acababa de ganar las elecciones. La invitación a la violencia, formulada por el perdedor con una generosa cobertura de los medios privados locales, condujo a los grupos fascistas locales a dos jornadas de violencia, el 15 y 16 de abril, con un balance de 11 muertos, 78 heridos y la destrucción de instalaciones de atención primaria en salud pública.

La presencia de grupos armados que aniquilan gente por motivos ideológicos es un hecho nuevo en la política venezolana, introducido por HCR. La pregunta es qué ocurriría en ese país si este político descontrolado por la histeria del fascismo alcanzara realmente el poder. Probablemente, reproduciría la situación que hoy presenciamos en Egipto, con la mano oculta de Estados Unidos dirigiendo la batuta, merced a su control y financiamiento del ejército desde los tiempos del acuerdo de paz de Anwar el-Sadat con Israel, en marzo de 1979.

El actual gobernador del estado Miranda tiene derecho a viajar donde le de la gana… y cuenta con plata. La derecha golpista que últimamente lideriza HCR dispone este año de 1,4 millones de dólares para sus empeños desestabilizadores del gobierno de Nicolás Maduro, tres veces más de lo que recibió el año pasado de la National Endowment for Democracy (NED), la agencia del gobierno de Estados Unidos que, en nombre de la “democracia” precisamente desestabiliza aquellas democracias consideradas “hostiles” a sus intereses.

HCR viene a internacionalizar, e introducir en Chile, el conflicto político interno venezolano en vísperas de las elecciones presidenciales del 17 de noviembre, como parte de la agenda de viajes que le preparó y financió la Nacional Endowment for Democracy (NED), de Estados Unidos, “para conversar con otros importantes referentes políticos de la región”. Aspira a reunirse con el presidente Sebastián Piñera e incluso con Michelle Bachelet, además de un sinfín de representantes de la clase política

Uno de sus anfitriones en Chile será Juan Cristóbal Nágel, coordinador de la visita y académico de la Universidad de Los Andes, casa de estudios privada establecida con apoyo de la Prelatura de Santa Cruz y del Opus Dei. Nágel explicó anoche en CNN que "el objetivo principal (del viaje) es crear consciencia de la grave crisis que existe en Venezuela", porque las recientes elecciones “no fueron concluyentes y aún existen muchas dudas al respecto”. Con meridiana claridad, por boca de Nágel HCR propició la intervención extranjera en el país de Chávez: "se sabe que esto va a tener que pasar al plano internacional, porque simplemente no se espera que las instituciones en Venezuela respondan a lo que se pide".

Entre las 11 victimas fatales de los seguidores convocados por HCR murieron dos niños: María Báez, de 12 años, y Rey Chapín, de 11. Los 9 adultos pasados por las armas fueron todos jóvenes en la flor de la vida: José Ponce (45), Rosiris Reyes (44), Johan Hernández (22), Luis García (24), Hender Bastardo (21), Henry Rangel (32), Keler Guevara (23), Jhonny Pacheco (37) y Gerardo Rico (39). Ciertos venezolanos dicen que HCR quizás ignora el amor filial de padre y madre por sus niños, pues aún no se le conocen hijos ni mujer.

Capriles mostró su lado más oscuro cuando, siendo alcalde de Baruta –elegido el 30 de julio de 2000- encabezó las hordas que asediaron e invadieron la Embajada de Cuba en Caracas durante el fracasado golpe del 11 de abril 2002 contra Hugo Chávez. Sus bandas armadas llevaron a la práctica el descontrol de su líder HCR atacando una representación diplomática, en flagrante violación del derecho internacional, algo que ni siquiera se atrevió a hacer el dictador Pinochet.

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Y, tal como actuaban las tropas de asalto del nazismo alemán, sacaron con violencia de sus hogares a todos los dirigentes pro Chávez que pudieron encontrar para golpearlos, luego encarcelarlos y probablemente asesinarlos. Capriles encabezó en persona el operativo contra la sede diplomática y la captura de un alcalde en su domicilio. HCR algo sabe de derecho internacional, porque estudio leyes, se graduó de abogado e hizo estudios de postgrado. Simplemente, su mesianismo, por creerse ungido como el salvador de la derecha en su país, lo hace incapaz de controlar sus actos públicos.

Ernesto Carmona, periodista chileno.

DESAPARICIÓN DE LILIA DE JESÚS SUAREZ Y JUBER ADOLFO FRANCO, EMIGRANTES SIN PAPELES EN VENEZUELA.

El COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA "MONSEÑOR OSCAR ROMERO, DE MADRID" desea manifestar que:

TENIENDO EN CUENTA:

1. Que LILIA DE JESÚS SUÁREZ GUARÍN con CC Nº 24711137 y JUBER ADOLFO FRANCO CARMONA con CC Nº 3602308, ambos residentes en Baritalia, Ciudad Rubio, Municipio Junín, Estado Táchira, Venezuela, se encuentran desaparecidos desde el día sábado 8 de junio del 2013, día en que fueron vistos por última vez por sus vecinos, dándose el último contacto telefónico con su familia el día 6 de junio, momento en que manifestaron preocupación por el intento de asalto que se protagonizó en su vivienda el día 3 de junio por un grupo de hombres desconocidos, que huyeron del lugar por la oportuna intervención de sus vecinos.

2. Que la zona de Ciudad Rubio ha sufrido en el último año un significativo deterioro en las condiciones de seguridad de sus habitantes y las cifras de agresiones y asesinatos se han incrementado por la acción de grupos irregulares y delincuenciales, lo que acrecienta la angustia y preocupación de sus familiares.

3. Que si bien, LILIA DE JESÙS y JUBER ADOLFO, se encontraban indocumentados a la espera de que avanzaran los trámites de regularización ya iniciados, su comportamiento ha sido ejemplar, destacándose como personas responsables y cumplidoras de sus deberes, según tiene constancia el Consejo Comunal de Baritalia.

4. Que las circunstancias de su desaparición continúan sin esclarecerse luego de continuas averiguaciones hechas directamente por su familia en hospitales, morgues y centros de detención en la zona (ciudades de San Cristóbal y Rubio), y que resulta aún más insólita la desaparición simultánea de ambas personas, sólo conociéndose que ha sido de manera abrupta y plenamente contra su voluntad.

5. Que desde el día viernes 21 de junio del 2013 ha sido interpuesta la correspondiente denuncia por desaparición ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, de Rubio –organismo competente para investigar – sin que por esta dependencia hasta el momento haya habido algún avance conocido.

6. Que la familia, con gran dificultad y a riesgo propio, continúa en la medida de sus capacidades procurando apoyo efectivo para dar con el paradero de Lilia y Juber, sosteniendo contactos con otras autoridades de la zona como funcionarios de la Comisión Nacional para Refugiados –CNR- y funcionarios del Servicio Jesuita a Refugiados SJR. Así como con vecinos y miembros del Consejo Comunal de Baritalia, al que Lilia y Juber pertenecen

POR TODO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS:

1. Que las autoridades responsables de garantizar la integridad y seguridad de los habitantes en la zona, aclaren urgentemente las circunstancias y motivos por los cuales ha tenido lugar la desaparición de LILIA DE JESÚS SUÁREZ GUARÌN y JUBER ADOLFO FRANCO CARMONA.

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