XI Congreso Nacional de Ciencia Política

Sociedad Argentina de Análisis Político - Universidad Nacional de

Entre Ríos

Paraná, 17 al 20 de julio de 2013

PANEL

Grupo de investigación

Políticas, textos, escuelas y otras instituciones en la nueva trama de regulación de la

pobreza

Área: Estado, Administración y Políticas Públicas

Subárea: 4. Políticas públicas y Educación

“Nuevo marco regulatorio para la educación técnica en Argentina:

¿giro discursivo en lo político?”

Ivana Fernández – María Laura Bianchini

NEES-UNCPBA

mlbianchini@gmail.com

ivanafer22@gmail.com

2

Resumen

El trabajo indaga acerca del nuevo marco regulatorio para la Educación Técnica y

Agrotécnica en Argentina, haciendo hincapié en el análisis de las políticas educativas de

la última década a nivel nacional y provincial. A fin de responder cómo dichas agendas

y las articulaciones que establecen con el sector productivo redefinen o mantienen la

cultura escolar. Se considera que la nueva agenda educativa instala nuevos y viejos

debates sobre una reforma educativa, que como la anterior, comienza las

transformaciones por el marco legal, como parte de una estrategia política de gobierno

con “pretensiones refundantes” para legitimar el “giro discursivo en lo político”, en el

que el estado quiere reconstituirse en el centro regulador del sistema educativo.

Abstract

The paper analyzes the legislation for Technical Education and Agriculture in

Argentina, with emphasis on the analysis of the educational policies of the last decade,

national and provincial, to answer how these topics and joints set with the productive

sector, redefine or maintain the school culture. It is considered that the new educational

topics installs new and old debates about educational reform, which as above, start the

changes by law, as part of a government policy "refundantes claims" to legitimize the

"turn political discourse" in which the state wants to reconstitute the regulatory center

of the educational system.

3

I. Introducción1

El modo de articulación estado-sociedad-educación se ha modificado

sustancialmente a lo largo del tiempo, generando un conjunto de alianzas tendientes a

sostener la gobernabilidad del sistema. La crisis del Estado de Bienestar, a mediados de

la década de 1970 caracterizada, por la incapacidad de regulación social, económica y

por la pérdida de autonomía ante las exigencias del mercado globalizado, llevó a que los

estados nacionales adoptasen un conjunto de políticas neoliberales. Estas políticas

tenían como fin reducir el poder estructural y ampliar el espacio del mercado. En el

marco de las mismas es que se produce la Reforma Educativa de los 90 en nuestro país

lo cual va a suponer una nueva definición del espacio público y la función del Estado

Nacional: desplazándose de un estado docente hacia un estado evaluador. En líneas

generales, la implementación de esta Reforma redefinió el rol docente del Estado,

trasladó la responsabilidad a las jurisdicciones de impartir educación; a la par que

recentralizó mecanismos de control en manos del gobierno nacional; profundizó las

diferencias entre las jurisdicciones y las tendencias a la fragmentación del sistema;

agudizó los irresueltos problemas del federalismo; deslegitimó el saber de los docentes

frente al saber de los expertos y colocó a los estudiantes en condición de pobreza en el

lugar de sujetos asistidos.

La crisis político-institucional y económica del llamado “Diciembre de 2001” y el

declive del proyecto político neoliberal llevó a que se comenzara a conformar a partir de

2003 un nuevo modelo político, económico, social y cultural que privilegia la

distribución del ingreso, la inclusión y la justicia social, implementando una política

económica centrada en la recuperación del mercado interno y del empleo. El núcleo

central de esta estrategia fue la política cambiaria que sirvió a la vez para proteger a la

industria nacional de la competencia externa e impulsar las exportaciones. Esta política

potenció el crecimiento económico, ayudado por un cambio de precios relativos

favorable a los productos de exportación del país, lo cual permitió contar por primera

vez después de muchas décadas con superávit externo y fiscal conjuntos. El crecimiento

de la economía fue motorizado fundamentalmente por el sector productivo, a diferencia

del crecimiento vinculado al sector financiero y de servicios no transables que

caracterizó la década de los 90 (Feldfeber y Gluz, 2011).

1 El presente trabajo se enmarca en el Programa “Historia Política y Educación” (SECAT 03/D250),

específicamente de proyecto “Políticas, textos, escuelas y otras instituciones en la nueva trama de

regulación de la pobreza” dirigido por la Dra. Renata Giovine y co-dirigido por la Dra.Liliana

Martignoni.

4

A nivel productivo y centrándonos en el sector agropecuario, nuestro país ha

tenido grandes transformaciones en las últimas décadas, fundamentalmente relacionadas

con una importante difusión de la soja a partir de mediados de los 90, en correlación con

un período donde los índices de pobreza comienzan a ser indicadores en aumento2, a

pesar de que en el país existe un potencial productivo en materia alimentaria,

derrumbándose a partir de 2001 la seguridad alimentaria. Entre sus causas podemos

mencionar la exportación de alimentos, un modelo agroindustrial implantado al amparo

de procesos de globalización, impulsado y dominado por empresas transnacionales y

tecnologías reguladas por ellas. De este modo pasamos de ser “el granero del mundo” a

la “república sojera” con las consecuencias que esto trae aparejado no sólo en el sistema

productivo, sino también social, cultural y educativo (Teubal, 2002).

En este marco, la educación intenta consolidarse como uno de los ejes centrales

de esta transformación. Se sanciona un conjunto de leyes3 que se constituyeron como el

instrumento privilegiado para orientar las políticas educativas del período 2003-2007.

De ahí que el objetivo del presente trabajo es analizar la política de

mejoramiento de la Educación Técnica que impulsa el Ministerio de Educación de la

Nación a partir de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26058/054

y posteriormente de la Ley de Educación Nacional Nº 26206/065. Para ello nos

basaremos en la lectura de los siguientes documentos además de las leyes anteriormente

mencionadas, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 250/05; 269/06,

62/08 y sus anexos 14.

La mirada a dichos documentos estará centrada en: analizar la política de

educación agropecuaria, los cambios a partir de la sanción de la LETP, el lugar que se le

atribuye a la comunidad y al sector productivo. Esto con la finalidad de analizar la

instalación o reinstalación de nuevos y viejos debates de la política educativa de la

educación técnica y agropecuaria y el papel del estado nacional en relación con este

tipo/modalidad de educación.

2 En Argentina, la tasa de pobreza varió entre 2005 y 2010, pasando de un 31, 4% en 2005 a un 23, 5% en

2010, mostrando variaciones en el periodo pero una recuperación respecto de los índices del período 2001

– 2003. 3 Ley de Garantía del Salario Docente y 180 Días de clase; Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente;

Ley de Educación Técnico Profesional; Ley de Financiamiento Educativo; Ley Nacional de Educación

Sexual Integral; Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de

educación Nacional. Y a nivel Provincial: Ley de Educación Provincial. 4 En adelante LETP.

5 En adelante LEN.

5

Desde una noción de política descriptiva (Villanueva, 1993) centraremos el

análisis y lectura crítica del diseño de esta política educativa pensando en el sentido y/o

intencionalidad que esta tiene en función de la relación estado – sociedad – educación,

dejando de lado el análisis de lo que efectivamente se realizó en el marco de la misma,

dado que no es objeto del presente trabajo. Asimismo se tomará un elemento que resulta

significativo en la lectura de la misma: la relación que los documentos plantean con

organizaciones de la sociedad civil y el sector productivo como eje para el logro de los

propósitos y de la política de inclusión, desarrollo, calidad y formación integral.

En tal sentido, en primer lugar se analizarán los cambios en las políticas

educativas en los últimos años, haciendo especial hincapié en la educación técnica y

agrotécnica y en el papel que la misma asuma en función de la nueva relación estado-

educación – sociedad a partir de la aparente “crisis o debilitamiento” del estado

neoliberal. En segundo lugar, se presentan algunas cuestiones que surgen de las lecturas

realizadas de la legislación básica y derivada mencionada anteriormente a nivel nacional

en relación a la participación de la sociedad civil y el sector socio productivo.

II. Nuevo rol del estado en la educación técnica

En las dos últimas décadas la educación técnica ha oscilado entre la dilución y un

nuevo reconocimiento legal. La primera como consecuencia de la sanción de la Ley

Federal de Educación Nº 24195/93 que la subsumió en Educación Polimodal. En este

marco, la mayor parte de las escuelas técnicas adoptaron como estrategia para no perder

su identidad específica, la incorporación de los trayectos técnicos profesionales (TTP)6

como obligatorios adecuándolos al perfil de formación que tenía cada institución. Esta

política parecía confrontarse con la cultura y trayectoria de las escuelas técnicas,

enmarcada en una política económica que devastó a través de la privatización las

industrias nacionales, a partir de la apertura del mercado de modo indiscriminado.

La crisis social, política y económica de 2001 ya mencionada, la posición crítica

de los docentes de esta rama de la educación secundaria y los cambios posteriores

relacionados con la revalorización de la industria nacional y su consecuente necesidad

de mano de obra calificada dieron lugar a una progresiva recuperación del sentido de las

escuelas técnicas. Esta se enmarca en una serie de transformaciones materializadas en la

6 Estos trayectos fueron creados por el Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCyE, A-17 Res.

55/96) con el fin de poder articularse con la Educación Técnica, los cuales ofrecían una formación

profesional inicial para el desempeño en áreas ocupacionales específicas.

6

nueva LETP que regula y revaloriza las instituciones de Educación Técnica Media y

Superior. Asimismo, la sanción de la LEN reconoce a las instituciones de formación

técnica como modalidad de la educación media, a la vez que extiende la obligatoriedad

escolar hasta la finalización de este nivel.

La nueva agenda ha revisado y analizado lo acontecido en los 90, pero aún queda

por saber cómo ha intervenido en los problemas consecuentes a estas políticas, y definir

si los nuevos temas son realmente nuevos o si es un abordaje diferente de los mismos

problemas, con los mismos resultados.

Las políticas educativas expresan significados, categorías, conceptos y discursos

que adquieren sentido en la realidad en que se insertan. La legislación constituye un

instrumento privilegiado para orientar las políticas educativas, sobre esta base de

privilegios, el gobierno encuentra un momento propicio de legitimación de las

pretensiones refundantes porque, si bien se pueden registrar momentos en los cuales

existe “el olvido” y la pérdida de sentido de la educación técnica y agrotécnica

secundaria, y de la implosión de las ex escuelas técnicas, también es momento de pensar

en la oportunidad de plantear a partir de algunas cuestiones una “nueva educación

técnica”, con un “nuevo rol en la sociedad” –como así también en la política-, o mejor

dicho con aquel rol que tuvo históricamente, pero que con crisis sin precedentes como la

de los 90 se perdió o bien se “desdibujó su identidad” llevándosela desde el plano de lo

legal y lo real (de lo prescriptivo y lo práctico) a considerarla “inútil” o “innecesaria”7.

En este sentido, y sin perder de vista el objetivo del trabajo, nos interesa conocer

qué sucede actualmente a partir de la “Reforma a la Reforma”, la cual pareciera que le

“devuelve a la Educación Técnica lo que de ella era, lo que enseñaba, sus objetivos en

relación al sistema educativo y a la sociedad en tanto resurge y crece la industria

nacional”, o le otorga una “nueva identidad” materializada en la LETP.

Su sanción, tal como lo expresó el ministro de Educación de ese momento Daniel

Filmus, pretende significar:

“un paso fundamental para la recuperación de escuelas que son imprescindibles

para enderezar el distorsionado mercado laboral argentino, (…) porque se está

apuntando directamente al país del futuro. Se trata por tanto de un instrumento

7 La situación de la industria nacional en los 90 era desoladora. Se privatizaban y/o cerraban fábricas,

industrias o metalúrgicas, miles de empleados quedan en las calles, la desocupación crecía a pasos

agigantados. Sobre ese escenario ¿cuál era el rol de la escuela técnica y agrotécnica? ¿para qué seguir

invirtiendo en ellas? ¿no sería mejor “reconvertirlas” o “convertirlas” en otra cosa para justificar su

innecesaria existencia?

7

absolutamente necesario para una Argentina industrial, productiva y esencial para

brindar una formación de calidad a los jóvenes” (Fuente: Clarín; 13 de septiembre

de 2005).

Para darle entidad a lo expresado, proponemos algunos interrogantes8 que servirán

de disparadores: ¿La LETP está respondiendo a un proyecto político nacional? ¿El

momento de sanción se corresponde con un cambio en el proceso de industrialización o

iba a ser la impulsora del mismo9? Teniendo en cuenta que la educación técnica fue

clave en el peronismo y en el desarrollismo: ¿se propone esta ley resignificar la escuela

técnica y devolverle aquello que le fue propio? o ¿O sólo se propuso recuperar y

reconfigurar lo desechado y desestimado por la Ley Federal de Educación para legitimar

las estrategias políticas de gobierno en “términos de” necesidades postergadas y de

satisfacción de demandas sociales, educativas y económico-productivas?

Se considera que la nueva agenda educativa instala nuevos o reinstala viejos

debates sobre una reforma educativa, que como la anterior -la de los 90- comienza a

implementar las transformaciones por el marco legal, es decir, de arriba hacia abajo

como parte de una estrategia política de gobierno y que además tiene “pretensiones

refundantes” para legitimar el “giro discursivo en lo político”.

Las políticas sociales y educativas, a partir del 2003, se proponen desde un

discurso fundado en el derecho ciudadano de educación de calidad para todos, construir

modelos más integrales de intervención. Es significativo el cambio de rumbo en algunas

políticas que podemos reconocer como de “nuevo signo político” basadas en un rol

activo del Estado Nacional –centralización y recentralización de las políticas- y con

características propias de lo nacional-popular en la garantía del derecho a la educación,

en la promoción de la unidad del sistema educativo nacional y en el diseño de políticas

inclusivas y más igualitarias fundadas en principios universales y en el caso de la LETP

8 La selección de los interrogantes se realizó privilegiando aquellos que se refieren a esta ponencia.

9 El debate sobre un anteproyecto acerca de la Ley de Educación Técnico Profesional comienza en abril

del 2004, en el seno del CFCyE, cuando se presenta un documento sobre Criterios para la elaboración del

anteproyecto de Ley de Educación Técnico Profesional que debía ser discutido por representantes

político-técnicos de las jurisdicciones educativas, especialistas en el tema, gremios docentes y otros

actores del sistema como académicos de distintas universidades, y organizaciones sociales (véase

Resolución N° 215 /2004 del CFCyE). Vale aclarar que esta norma reguladora no fue precedida de un

diagnóstico amplio de la situación industrial. Unas de las instancias prioritarias en el proceso de consulta,

discusión y elaboración de la LETP fueron los cuatro Encuentros Federales realizados en el INET en el

que participaron las 24 jurisdicciones. Los Encuentros Federales de Educación-Trabajo son ámbitos de

consulta técnica, consenso e intercambio de experiencias y trabajos, en el que participan representantes de

todas las jurisdicciones, con el propósito de favorecer el desarrollo de capacidades que permitan un

proceso de real transformación en la educación técnico profesional. Los mismos están reconocidos por la

Resolución 187/02 del Consejo Federal de Educación.

8

tendientes al desarrollo socio productivo y al aporte del proceso de industrialización,

recuperación de industrias nacionales y favorecimiento de la ciencia, la tecnología, la

producción y el trabajo.

Comienza entonces a vislumbrarse un Estado que quiere retomar el centro

diseñando nuevas estrategias de regulación como así también la recuperación de un

modo de hacer política y generar leyes que regularán el sistema educativo.

Tal como dice Giovine (2011) la LETP como así también la Ley de

Financiamiento Educativo, intentan llenar “espacios vacíos” y dar respuesta a las

demandas del sector. El momento de discusión del proyecto de la LETP estaba signado

por una estrategia macropolítica de refundar el sistema, con lo cual mas allá de la

pretensión de transformación se intentaba legitimar una nueva discursividad y nuevas

formas de pensar y materializar la relación estado, sociedad y educación”.

En el artículo 41º de la LETP se establece que “El gobierno y administración de

la educación técnico profesional es una responsabilidad concurrente y concertada del

Poder Ejecutivo Nacional, de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en orden a los principios de unidad nacional,

democratización, autonomía jurisdiccional y federalización, participación, equidad,

intersectorialidad, articulación, innovación y eficiencia”.

En este marco en el Consejo Federal de Educación se aprueban un conjunto de

resoluciones que definen la política de “Mejora Continua de la Calidad de la Educación

Técnico Profesional”, así como el coeficiente de distribución del Fondo Nacional para

la Educación Técnico Profesional. La misma prevé la presentación institucional de

Planes de Mejora que suponen por parte del Instituto Nacional de Educación Técnica

(INET) un proceso de seguimiento y evaluación de la implementación de esas acciones

y de la efectividad en la ejecución de los recursos previstos en el Fondo Nacional para la

Educación Técnico Profesional con el propósito de introducir los cambios,

modificaciones y/o ajustes que resulten necesarios para hacer cumplir los objetivos de la

LETP. Asimismo, esto resulta importante dado que prestará las condiciones para que las

instituciones pasen a estar registradas en la base de datos del Registro Federal de

Instituciones de Educación Técnico Profesional, requisito sine qua non para otorgar

títulos de técnicos.

Cuando se hace referencia a la base de datos del Registro Federal de Instituciones

de Educación Técnico Profesional se pone de manifiesto la centralización de la política

por parte del Estado Nacional. Dicha centralización entra en juego con las nuevas

9

estrategias de regulación, con la recuperación de un modo distinto de hacer política y

generar leyes que regularán el sistema educativo nacional (en forma centralizada y

verticalista), con el intento de legitimar una nuevas formas de pensar y materializar la

relación estado, sociedad y educación. Pero a su vez con un Estado Nacional que se

ocupa de recuperar las escuelas técnicas relacionándola con el proyecto político

nacional – popular, y a favor de la recuperación y crecimiento de la industria nacional.

III. La política de mejoramiento de la educación agrotécnica: ¿revalorización del

nivel?

La consolidación de la educación técnica y su mejoramiento se han constituido en

prioritarios de las actuales políticas educativas y un eje que tiene como propósito

contribuir con otras políticas no precisamente relacionadas con lo educativo, sino más

bien y tal como lo hemos mencionado con lo socio-económico y productivo.

Explícitamente, los documentos que la regulan establecen como fines de la política de

mejoramiento de la educación técnica de nivel medio y superior “consolidar la misma

en el Sistema Educativo Nacional, impulsando su institucionalización a través de la

generación de normativas, proyectos y programas de alcance federal, que aseguren las

condiciones necesarias para el desarrollo de trayectorias formativas que posibiliten la

construcción de la profesionalidad” (www.inet.edu.ar, octubre 2010). Es decir, se han

generado “interacciones” (Villanueva, 1993) por lo cual los cambios contextuales

señalados anteriormente, convocan a problematizar esas articulaciones entre el sistema

educativo y el sistema socio-productivo y laboral.

En tal sentido, los propósitos de esta política se centran por un lado en la

generación de insumos para la elaboración de normativas, por otro en la homologación

de títulos y por último en el mejoramiento de la calidad de la educación técnica. Los dos

primeros constituyen una tarea atribuible al Consejo Federal de Educación y al Consejo

Nacional de Educación, Trabajo y Producción organismo creado por la LETP.

Sin embargo, y es aquí donde resulta interesante detenerse, el mejoramiento de la

calidad –de acuerdo a los documentos analizados- supone la necesidad de formación

continua y capacitación de los docentes, de niveles adecuados de equipamiento para

talleres y entornos productivos y el desarrollo de proyectos institucionales con el

propósito de garantizar a los estudiantes el acceso a saberes y conocimientos científicos,

técnicos y tecnológicos actualizados y relevantes, ejes que se harán posibles por la

creación del Fondo para el Mejoramiento de la Educación Técnica (CFE, Res. 250/05).

10

A su vez, entre el discurso de justificación de esta política se plantea por un lado

la necesidad de “construir futuro con trabajo decente”, aludiendo a la necesidad de

paliar la crisis de empleo y el trabajo precario y los procesos de exclusión social,

desafiliación y la distribución inequitativa de la riqueza. Por otro, reconoce la necesidad

de estrategias para la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y

finalización lo cual brindara la “igualdad de condiciones para la participación en el

mundo del trabajo, la cultura, la sociedad y les permita acceder a estudios superiores”

(CFE, Res. 84/09: 9), reconociendo la necesidad de “nuevas formas de gobernar para

recuperar y fortalecer el prestigio de lo público y la confianza hacia las instituciones del

estado, la definición de referencias comunes y la construcción de sentidos de

integración” (CFE, Res. 84/09: 10).

La relación con el sector socio-productivo constituye y constituyó un elemento

significativo a la hora de pensar políticas y lineamientos para la educación técnica –

sobre todo a partir del proceso de industrialización a mediados del siglo XX-, no sólo

por la necesidad de que estos sectores participen y asesoren en la toma de decisiones

educativas, sino también porque en muchos casos son los actores fundamentales de

financiamiento y el eslabón necesario para generar en la práctica “profesionalizante” el

vínculo con el mundo del trabajo concreto. Así observamos en los documentos

analizados cómo aparece fuertemente la presencia de actores ajenos al Estado. En

primer lugar, con la sanción de la LETP se crea el Consejo Nacional de Educación,

Trabajo y Producción como órgano consultivo y propositivo integrado por:

“personalidades de destacada y reconocida actuación en temas de educación

técnico profesional, producción y empleo, y en su conformación habrá

representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Economía y Producción, del

Consejo Federal de Cultura y Educación, de las cámaras empresariales - en

particular de la pequeña y mediana empresa -, de las organizaciones de los

trabajadores, incluidas las entidades gremiales docentes, las entidades profesionales

de técnicos, y de entidades empleadoras que brindan educación técnico profesional

de gestión privada” (Art. 48º).

Esta creación sugiere una tendencia a la modificación en la distribución de

responsabilidades y atribuciones y a la vez la inclusión de mecanismos de participación

11

para la definición de prioridades relacionadas a las necesidades educativas,

fundamentalmente del sector socio-productivo.

La apertura hacia lo local y la autonomía de las instituciones para recuperar las

necesidades de la comunidad queda reflejada en otra línea de esta política: el

mejoramiento de la calidad de la educación técnica. La misma supone la necesidad de

formación continua y capacitación de los docentes, de niveles adecuados de

equipamiento para talleres y entornos productivos y el desarrollo de proyectos

institucionales que garanticen a los estudiantes el acceso a saberes y conocimientos

científicos, técnicos y tecnológicos actualizados y relevantes; ejes que desde lo

financiero podrán efectivizarse con la creación del ya mencionado Fondo para el

Mejoramiento de la Educación Técnica (CFE, Res. 250/05).

En tal sentido el INET será el encargado de distribuir ese fondo a partir de las

propuestas de mejoramiento que presente cada institución guiadas por las necesidades

de cada una y con la finalidad de cumplir con las normas de calidad, equipamiento y

mejoramiento que se plantea en la LETP y en la Res. del CFE Nº 250/07. Esto, como ya

fue mencionado y sumado a la ausencia de regulación de esta política por parte por

ejemplo de la Provincia de Buenos Aires, da algún indicio de centralización de las

políticas de la educación técnica. Pero una centralización que ya no es monopolizada

sólo por el estado, sino que habilita a otros actores sociales a intervenir en la toma de las

decisiones político-educativas de esta modalidad de educación.

Por otro, reconoce la necesidad de estrategias para la igualdad de oportunidades

en el acceso, permanencia y finalización de la educación secundaria, posibilitando la

“igualdad de condiciones para la participación en el mundo del trabajo, la cultura, la

sociedad y les permita acceder a estudios superiores” (CFE, Res. 84/09: 9), y

reconociendo la necesidad de “nuevas formas de gobernar para recuperar y fortalecer el

prestigio de lo público y la confianza hacia las instituciones del estado, la definición de

referencias comunes y la construcción de sentidos de integración” (CFE, Res. 84/09:

10).

El mayor protagonismo del sector productivo y empresario, se basa en la

posibilidad de brindar mejores oportunidades de acceso a un empleo, un futuro laboral

decente, formando sujetos que pueden luchar para insertarse en el mercado. Pero

responsabilizando en esta tarea tanto a la institución educativa y al Estado, como a

aquellos sectores socio-productivos que deben asumir un rol más protagónico en la

toma de decisiones a nivel del diseño de las políticas y a nivel institucional. Esta

12

apelación a la participación de organismos ajenos al Estado posee un doble propósito:

garantizar los objetivos de la política educativa mencionados anteriormente y colaborar

en la articulación escuela - espacio local del sector productivo.

La inserción institucional en el medio local y regional constituye un punto

importante de esta política, fundamentalmente porque la misma reconoce la fuerte

vinculación que las instituciones de educación técnico profesional establecen y deben

establecer con estas, asimismo apela a: “la puesta en marcha de pautas de organización

institucional y tratamiento curricular que permitan: generar propuestas formativas que

consideren y trabajen las características socioculturales y productivas del entorno en el

que se insertan, posicionarse como instituciones de referencia en el ámbito de la

dinámica local y regional…” (CFE, Res. 14/07).

Esto está dando cuenta de una revalorización de los espacios institucionales como

“hacedores” de esta política, espacios con identidad propia que deben generar una

organización de sus instituciones que facilite la construcción de saberes teóricos –

prácticos, para lo cual - como reconoce la normativa- deben contar con un equipo de

gestión y docente con un perfil profesional relacionado con la especificidad de la

institución.

Este cambio de rumbo en las políticas de educación técnica, que parece reconocer

un “nuevo signo político” y un rol activo del Estado Nacional, recupera y revaloriza

aquella cultura fuertemente arraigada de las escuelas técnicas que caracteriza su

identidad como tal, centrada en el “saber hacer”, “enseñar para la práctica” los cuales

constituyen los objetivos originarios de las mismas, uno de los pilares que ha guiado

originariamente a esta modalidad de enseñanza (Bianchini, 2011).

Reflexiones finales

Es significativo el cambio de rumbo en algunas políticas que podemos reconocer

como de “nuevo signo político” basadas en un rol activo del Estado Nacional –

centralización y recentralización de las políticas- en la garantía del derecho a la

educación, en la promoción de la unidad del sistema educativo nacional y en el diseño

de políticas inclusivas y más igualitarias fundadas en principios universales y en el caso

de la ley de educación técnica tendientes al desarrollo socio productivo y al aporte del

proceso de industrialización, recuperación de industrias nacionales y favorecimiento de

la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo.

13

La recuperación de la educación técnica fue desde su origen una política pensada

en función de la nueva relación Estado- sociedad- educación, dado que requirió desde el

debate de sus normas la participación de instituciones relacionadas no sólo con el sector

socio- productivo privado, sino también con sindicatos, organizaciones estatales, entre

otras.

En tal sentido, la política que se presenta tiene características de aquellas

diseñadas en relación a la cuestión social (Merklen, 2005), suponiendo esto una

modificación en la articulación Estado – Sociedad (entendida como entidades del sector

productivo en tanto mediadoras) – Educación. Parece claro que las políticas post-

reforma de los 90 forman parte de lo que Oszlak (2001) denomina Estado Transversal,

una red de relaciones entre los diferentes niveles del mismo con sectores públicos y

privados no estatales que comparten con aquel el diseño y la puesta en práctica de las

políticas, modificando el modo de generar legalidad y asegurar la gobernabilidad; el

modo de generar compromisos, adhesiones y consensos. Nuevos modos de articulación

o alianzas estado-sociedad que dan lugar a una trama multiregulatoria en la que

intervienen tanto centros de regulación estatal como societal (Giovine, 2012).

De ahí que puede suponerse que uno de los sentidos de esta política de

mejoramiento de la Educación Técnica Media y Superior, está relacionado con la

necesidad de generar consensos e “interacciones” en las que el diseño, implementación,

sostenimiento y control de la educación agrotécnica sea un espacio compartido nacional,

provincial y localmente. Queda aún pendiente la pregunta acerca de: ¿la participación

de organismos del sector productivo garantizaría los consensos y la representación de

todos los sectores e intereses sociales? ¿Existieron y existen reales espacios de

discusión y de participación? ¿O es simplemente una forma de dar cuenta de la

pluralidad de representación y participación, en tanto las decisiones siguen estando

centralizadas en la esfera del estado, dejando a las organizaciones del sector productivo

su participación en proyectos relacionados con la descentralización de demandas

puntuales, apelando a la autonomía y la recuperación –así como a la responsabilización-

de la dimensión local de gestión?

14

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