Bandidos, Estado y ciudadanía. Joaquín Villalobos

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    2013 - Nexos - www.nexos.com.mx

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    1 ENERO, 2015

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    Apenas si haba en Inglaterra un tomo de orden que justificara la jactancia nacional. Los

    ladrones arrebataban las cruces de diamantes de los cuellos de los nobles seores en los mismos

    salones de la Corte el verdugo siempre estaba ocupadsimo Tan pronto dejaba colgados

    racimos de criminales, como ahorcaba el sbado a un ladrn que mataba hoy un asesino atroz

    y maana a un desgraciado ratero que quit seis peniques al hijo de un agricultor.

    Londres en 1775 descrito por Charles Dickens en Historia de dos ciudades.

  • Cuentan que en una ocasin Gabriel Garca Mrquez, ante las constantes crticas a su patria

    Colombia por la violencia, dijo: djennos vivir en paz nuestra edad media. Efectivamente, los

    pases tienen una edad que se refleja en el desarrollo de sus instituciones. En buena parte de

    nuestro continente conviven las realidades de varios siglos pasados con las del siglo XXI. Los

    niveles de seguridad alcanzados por la vieja Europa fueron resultado de siglos de guerras

    religiosas, tnicas e ideolgicas que trajeron exterminios, despotismos, revoluciones,

    contrarrevoluciones y terribles niveles de criminalidad, como lo describe Dickens. La violencia fue

  • un agente de cambio y un doloroso camino que la parte ms civilizada de Europa debi recorrer

    para construir no slo sus fronteras, sino los dos grandes pilares en los que hoy descansa su

    seguridad: el Estado y la ciudadana.

    Es natural que la primera reaccin frente a la violencia sea emocional y que olvidemos su peso en

    la historia como agente de cambio. En nuestro continente a la violencia poltica de la segunda

    mitad del siglo pasado le ha seguido durante el presente siglo una oleada de violencia criminal

    que, entre el ao 2000 y 2010, ha dejado ms de un milln de homicidios. La violencia poltica

    fue parte fundamental del proceso que permiti lograr la neutralidad del poder coercitivo de los

    Estados, sin esto la democracia no era posible. La actual ola de violencia criminal est forzando a

    una nueva transicin que reforme o refunde a las instituciones de seguridad para volverlas

    capaces de proteger a los ciudadanos. No se trata de que la violencia actual sea redentora. Se

    trata un reto, no una etapa evolutiva de final predecible.

    Este trabajo no tiene pretensiones acadmicas, su propsito es ayudar a quienes toman

    decisiones. La primera parte sienta bases sobre algo obvio, pero que ha estado fuera del debate: la

    importancia de completar la construccin del Estado. Teniendo esto como base, el resto del

    ensayo son reflexiones prcticas fruto de experiencias vividas o conocidas en los ltimos 20 aos

    en distintos pases sobre el tema. En 1995 la inseguridad era el principal problema para 5% de los

    latinoamericanos y ahora lo es para 28%. Si en Mxico crecieron los homicidios, en Costa Rica y

    Uruguay se han disparado los robos. Latinoamrica con el 9% de la poblacin mundial padece

    ms de 30% de los homicidios. Es la regin ms violenta del mundo por encima de frica y Asia

    donde hay guerras. Si el problema es en todo el continente no hace tanto sentido culpar a

    gobiernos. Sin duda estamos ante un fenmeno de la transicin vinculado a mltiples factores

    como la globalizacin, la expansin del consumo, la urbanizacin, el crecimiento demogrfico y

    la desigualdad extrema, entre otros. Tenemos sociedades totalmente nuevas con democracias

    fundadas en viejas instituciones de seguridad y justicia. Estamos esencialmente frente a una crisis

    de las capacidades de los Estados de brindar seguridad.

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  • En Sicilia, el lugar ms emblemtico del planeta en cuanto crimen, no arraig nunca una

    verdadera cultura de la estatalidad, y predomin una particular y aplastante cultura de lo

    privado que beneficia a clanes, familias y grupos en detrimento del inters colectivo, que es el

    inters primordial del Estado. Se produjo all una negacin sistemtica a la consolidacin del

    Estado y a los valores que permiten la convivencia social, que son esenciales para la construccin

    de ciudadana. No es casual que Sicilia haya aportado la palabra mafia y la cultura mafiosa a lo

    que ahora conocemos como crimen organizado.

    El Estado se desarrolla a partir del monopolio de la violencia, es decir, en torno a la capacidad

    que tenga una clase gobernante de ejercer autoridad sobre un territorio determinado para

    proteger a quienes en ste habitan. El proceso de legitimacin de ese monopolio ante la sociedad

    es fundamental para la madurez institucional de un pas. La lucha porque el poder coercitivo sea

    polticamente neutral es parte esencial de esa legitimacin. Sin seguridad, ni la economa, ni la

    familia, ni la escuela, ni la cultura, ni la vida en comunidad pueden funcionar bien. La seguridad

    es, en ese sentido, el primer derecho de los ciudadanos y la primera responsabilidad del Estado. El

    poder coercitivo del Estado es, por lo tanto, el principal poder del Estado porque la certeza de

    estar protegido en la vida, el patrimonio y los derechos humanos son precondiciones para todo

    lo dems.

    Todo vaco de autoridad del Estado deriva en crecimiento del poder criminal. En Michoacn,

    Mxico, los delincuentes se apropiaban de 30% del presupuesto anual de la obra pblica. En la

    Campanera, un populoso barrio del municipio de Soyapango en El Salvador, las maras tienen tal

    poder que pasaron de la extorsin masiva a la expropiacin de pequeos negocios como

    panaderas, transporte y hasta seguridad privada. La minera ilegal en Colombia, el robo de

    gasolina en Mxico, la tala ilegal de bosques en Per y el robo de energa en muchas

    comunidades del continente ocurren por vaco de autoridad del Estado. Este vaco facilita que

    pequeas bandas se agrupen y jerarquicen hasta convertirse en grandes organizaciones

    criminales que terminan controlando territorio y cooptando a las instituciones. Esto ha ocurrido

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  • en Colombia, Mxico, Brasil, Argentina y Centroamrica. Una vez enfrentados a grandes

    organizaciones criminales surgen mitos de que no se les debe combatir para evitar la violencia o

    que no se debe depurar policas para evitar que se vuelvan criminales.

    Muy a pesar de que la coercin juega un papel vital en el ejercicio de autoridad del Estado sobre

    un determinado territorio, ste no es un tema estudiado con suficiente profundidad, por el

    contrario, los acadmicos tienden a no discutir los asuntos de seguridad y la coercin del Estado

    en detalle, excepto cuando es para criticar a los polticos. En Latinoamrica existe tambin esa

    resistencia y, con muy pocas excepciones, las polticas con las que se ha tratado de enfrentar la

    actual crisis de seguridad que padecen casi todos los pases del continente han sido reactivas o

    evasivas y han partido del supuesto falso de que existe un Estado consolidado y ciudadanos

    responsables. El desarrollo de estos dos factores estn estrechamente ligados, dado que, las

    capacidades de los ciudadanos son frecuentemente construidas a travs de la accin del Estado y

    las instituciones son construidas, formadas y reformadas a travs de la accin de los

    ciudadanos. En ese sentido, no existen atajos, el nico camino posible para garantizar y contar

    con sociedades seguras es avanzar en la construccin de Estado y ciudadana.

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  • Hace poco ms de medio siglo el principal problema de seguridad en el continente era la

    violencia poltica: los 30 mil desaparecidos en Argentina, el genocidio de ms 100 mil indgenas

    en Guatemala, los 80 mil muertos de la guerra civil en El Salvador, los ms de 200 mil cados por

    el conflicto en Colombia, los 65 mil que murieron en las guerras revolucionaria y

    contrarrevolucionaria en Nicaragua y los otros miles de muertos y desparecidos en Chile, Brasil,

    Paraguay, Uruguay, etctera. Desde los aos cincuenta hasta finales de los ochenta hubo

    dictaduras militares en casi toda Latinoamrica, slo en Costa Rica y Mxico no gobernaron los

    generales.

  • Durante la Guerra Fra el requisito fundamental para gobernar cualquier pas del continente no

    era ser democrtico, sino ser anticomunista. No tuvo prioridad enfrentar el comunismo con la

    competencia econmica, social y democrtica como ocurri en Europa, sino por el contrario, el

    Estado sirvi para construir una barrera esencialmente represiva que tena como objetivo

    defender a las elites dominantes frente a las demandas que pudieran plantear los habitantes.

    Pinochet dijo una vez que en Chile no se mova una hoja sin que l se enterara. Efectivamente, la

    tarea principal de la seguridad en esos aos era controlar a los ciudadanos, no protegerlos.

    Durante la Guerra Fra policas y militares estaban desplegados en el territorio en cantidades

    considerables para reaccionar frente a protestas, insurgencias y golpes de Estado. Para proteger a

    los gobernantes de los conflictos del poder se crearon los llamados batallones presidenciales.

    Golpes, contragolpes y contrainsurgencia eran la parte ms importante de la doctrina militar y

    policial. El poder coercitivo tena como blanco principal a los opositores; la justicia, en la mayora

    de los casos, era irrelevante y cuando los diferendos eran entre partes desiguales protega al que

    tena ms poder. La seguridad de los habitantes frente al delito era un objetivo secundario

    derivado del control social y del despliegue contrainsurgente.

    Muy a pesar de que hubo rebeliones y violencia contra los gobiernos, la inmensa mayora de las

    vctimas las provocaron los Estados. La Guerra Fra determin en gran medida la forma y el

    contenido de las actuales instituciones de seguridad, inteligencia y justicia en casi todos los pases

    del continente. En ese periodo se forjaron la doctrina, los valores, las normas, las tendencias y las

    creencias sobre cmo el Estado deba ejercer autoridad. En esas condiciones fue que militares,

    policas, jueces, fiscales y agentes de inteligencia aprendieron su oficio. Torturar, desaparecer y

    eliminar fueron procedimientos normales.

    Es con instituciones fundadas en esas ideas que las democracias emergentes ahora intentan

    responder a la ola de violencia criminal. Esto explica por qu los policas brasileos han matado

    en los ltimos cinco aos a 11 mil 197 personas, provocando ms vctimas que los agentes

    estadunidenses en 30 aos; igualmente explica por qu en Honduras fueron calcinados 534

    presos en tres incendios accidentales o por qu en Mxico policas participaron en la

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  • desaparicin de 43 normalistas en el municipio de Iguala en Guerrero. El vnculo entre policas o

    militares con delincuentes es otra herencia del pasado autoritario, cuando los policas regulaban

    el crimen en vez de combatirlo.

    Al llegar la democracia los trminos de la seguridad se invirtieron y el Estado, fruto del pasado

    reciente, fue reconocido como la amenaza principal frente a los ciudadanos. Los derechos

    humanos y las garantas tomaron primer plano para evitar que los crmenes del Estado pudieran

    repetirse. La violencia poltica pasada estableci as los trminos de la seguridad y la justicia

    actuales sin prever el cambio de amenaza hacia la actual ola de violencia criminal.

    La transicin a la democracia coincidi con otros dos fenmenos: la liberalizacin econmica

    que conllev una reduccin del Estado y la multiplicacin exponencial del comercio de

    productos ilcitos. Es decir, que el polica de la calle se qued con menos recursos, cobrando

    bajos salarios, con su autoridad debilitada, sin reconocimiento social, con los conocimientos y

    doctrina que aprendi del autoritarismo y con la obligacin de respetar los derechos humanos.

    En esas condiciones deba enfrentar a unos criminales que se haban multiplicado, enriquecido y

    que adems contaban con garantas. Nadie le dijo a los policas cmo hacer su trabajo, no es

    extrao que algunos se volvieran criminales y otros prefirieran no hacer nada para no cometer

    errores. Hubo mucho esmero en decirles lo que no deban hacer y muy poco en decirles cmo

    deban hacerlo.

    Basta una mirada rpida a las instituciones militares y policiales del continente para darse cuenta

    que muy pocas han sido reformadas. Las excepciones son Nicaragua, donde fueron

    transformadas por una revolucin; en Colombia que cambiaron como resultado de un largo

    conflicto y en El Salvador donde esto ocurri a consecuencia de una guerra civil. Los casos de

    Chile, Uruguay y Costa Rica son otras excepciones por sus precedentes democrticos y la cultura

    de legalidad de sus ciudadanos. Sin embargo, en el resto del continente o no ha habido cambios

    o stos han sido cosmticos o parciales.

  • No existe una relacin directa entre pobreza e inseguridad. Si as fuera, Nicaragua tendra que ser

    uno de los pases ms violentos del continente y las generosas polticas sociales del rgimen

    venezolano tendran que haber controlado la violencia criminal en este pas. Lo que s existe es

    una relacin directa entre violencia criminal y ausencia de autoridad del Estado. Cuando sta

    falta, emergen poderes alternativos que llenan el vaco de poder. Sin duda la transicin

    democrtica debe haber generado vacos de autoridad en muchos lugares del continente y con

    ello mucha gente qued desprotegida. La transicin hacia unas instituciones de seguridad que

    tengan una doctrina basada en la proteccin del ciudadano sigue en gran medida pendiente.

    No es posible enfrentar a la actual violencia criminal sin una transformacin de las instituciones

    de seguridad, sin un nuevo despliegue de stas en el terreno y sin un aumento sustancial de su

    pie de fuerza. Las polticas sociales preventivas no sern eficaces si los ciudadanos viven

    aterrorizados por el crimen; es indispensable que el poder coercitivo derrote el miedo y

    restablezca la autoridad del Estado en las comunidades. La polica es el primer eslabn de

    contacto entre el Estado y los ciudadanos y el pilar fundamental de toda la seguridad; si sta falla,

    todo el sistema falla. Antanas Mockus, ex alcalde de Bogot, defini a los policas como

    ciudadanos formadores de ciudadanos, esta idea est fundada en la interaccin constructiva

    entre ciudadanos e instituciones. La creencia de que el polica es esencialmente un represor es

    herencia del pasado autoritario.

  • La forma en que se ejerci autoridad en el pasado dio base a la confusin entre autoritarismo y

    Estado fuerte, cuando lo primero no implicaba lo segundo, por el contrario el Estado era dbil. El

    comn denominador de la crisis de seguridad que padecen las democracias en el continente es

    Estado dbil y ciudadanos inhibidos. Algunas de estas crisis son un problema de seguridad

    pblica, como en Uruguay y Costa Rica, pero en otros como Mxico, Colombia, Honduras o El

    Salvador hay prdida de autoridad del Estado sobre espacios urbanos y rurales. Es decir,

    territorios donde los delincuentes le disputan al Estado los monopolios de la violencia, la justicia

    y la tributacin, estableciendo una economa criminal, intimidando a la comunidad y

    controlando el poder local mediante grupos armados que aplican justicia a travs de la muerte

    ejemplar y cobran tributos mediante la extorsin.

    El debate para encontrar soluciones a los problemas de seguridad ha girado en torno a los nfasis

    que se ponen en la represin o en la prevencin. La primera corriente parte de que la impunidad

    multiplica el delito, por lo tanto el castigo debe ser el instrumento principal para reducirlo,

  • aplicando condenas cada vez ms severas que pueden incluso llegar hasta la pena de muerte. En

    la segunda corriente se establece que el delincuente es una vctima social, por lo tanto se supone

    que los programas sociales deben reducir el delito.

    Ambas visiones tienen parte de la verdad, pero en casos como el de Venezuela se han aplicado las

    polticas sociales ms extensas del continente y sin embargo la criminalidad se ha multiplicado,

    incluso en el pacfico Uruguay disminuy la pobreza y aument el delito. Por otro lado, en

    Guatemala, Honduras y El Salvador se desarrollaron de forma sostenida estrategias de mano

    dura que saturaron e hicieron colapsar las prisiones de los tres pases y el problema se agrav.

    Otra de las explicaciones al auge criminal se ha centrado en el tema de las drogas y el

    narcotrfico. Efectivamente, stas han sido el detonante de la actual crisis de seguridad y el factor

    que ms ha empoderado al crimen. Sin el narcotrfico, ni El Chapo Guzmn ni Pablo Escobar

    habran llegado donde llegaron. Sin embargo, no son las drogas el nico producto ilcito que

    puede mantener y fortalecer a la delincuencia, existen en la actualidad gran cantidad de fuentes

    de delito. Moiss Nam incluye en el mercado global de productos ilcitos en manos de

    contrabandistas, piratas y traficantes: libros, msica, pelculas, ropa, vehculos, medicinas, armas

    que van desde pistolas hasta lanzacohetes, seres humanos para la esclavitud sexual y la

    explotacin laboral, cadveres y rganos humanos para trasplantes, piezas para aviones, y hasta

    precursores qumicos para armas nucleares.

    La multiplicacin de todos estos delitos es directamente proporcional a la ausencia de autoridad

    del Estado en el territorio. Las drogas son un problema de salud pblica en el mundo

    desarrollado que las consume y un problema de violencia criminal en el tercer mundo que las

    produce y trafica. Al norte matan las drogas y al sur los criminales. La diferencia es que al norte

    los Estados son fuertes y los ciudadanos respetan la ley, mientras al sur es lo contrario. Amrica

    Latina y el Caribe, con 588 millones de habitantes, es la regin del mundo con menos muertes

    por consumo de drogas; en el ao 2012 murieron en esta regin cuatro mil 200 personas de un

    total mundial de 183 mil. En Norteamrica murieron 44 mil 600 y en Europa 16 mil 200.

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  • Es comprensible que algunos demanden la despenalizacin o regulacin del consumo, comercio

    y produccin de las drogas, pero esto, adems de ser en extremo poco probable, quizs le

    ayudara al primer mundo a focalizarse en la salud pblica. Sin embargo, en nuestro caso la

    violencia criminal simplemente cambiara a otros delitos, con el agravante de que un aumento

    del consumo nos podra crear un problema de salud pblica que no tenemos. Cuando en

    Mxico o Colombia desmantelan crteles de narcotraficantes el primer resultado es que

    aumentan las extorsiones, los secuestros y los delitos que ms afectan a los ciudadanos.

    Nuestra seguridad slo mejorar si avanzamos en la construccin de Estado y ciudadana. Un

    ejemplo de un tema de salud permite visualizar la diferencia. El sida se expandi en poco tiempo

    en frica, donde el virus ha dejado un gran desastre social y econmico. Sin embargo, el sida fue

    contenido rpidamente en Europa y Estados Unidos; la diferencia la hicieron el Estado y los

    ciudadanos. Conforme a datos de las Naciones Unidas (FAO), 95% de las personas que padecen

    sida vive en los pases en desarrollo. A los virus no se les puede ni legalizar, ni ilegalizar y tampoco

    es posible negociar con ellos. Slo un buen sistema de salud pblica y ciudadanos informados y

    responsables pueden combatirlos.

    Lo que ha sido nefasto es que la llamada guerra contra las drogas ha implicado que muchos

    pases simplemente se subordinen a los planes de Estados Unidos. Para este pas lo principal es

    reducir el flujo de drogas a su territorio y esto implica capturar narcos e interceptar cargamentos.

    Para nosotros la tarea principal es fortalecer la autoridad del Estado y proteger a nuestros

    ciudadanos. Una estrategia basada en perseguir a la droga no implica, necesariamente, que

    fortalecemos nuestra seguridad, sin embargo, si fortalecemos nuestra propia seguridad sin duda

    seremos ms eficaces en combatir el narcotrfico y cualquier tipo de delito.

  • El intento de resolver con instituciones dbiles heredades del autoritarismo dio tiempo a que el

    delito echara races culturales en nuestras sociedades. Las reformas econmicas de los ochenta

    promovieron la expansin de la seguridad privada en detrimento de la seguridad pblica. En

    condiciones de extendida pobreza y cultura de ilegalidad, trasladar la responsabilidad de la

    seguridad a empresas privadas ha dejado vacos de autoridad que debilitan el control territorial

    del Estado y dan oportunidades a los delincuentes.

    La mano invisible del mercado no genera seguridad en las calles, por el contrario, el darwinismo

    del mercado y la promocin desenfrenada del consumo bajo un contexto de inseguridad,

    pueden estimular conductas delictivas. Que miles de jvenes crezcan en un ambiente de

    violencia y con ansiedad por consumir productos que no pueden pagar es un riesgo para la

  • seguridad. La obediencia a la ley no surge milagrosamente, por muy ambiciosas que sean las

    polticas sociales. Si el delito ya se multiplic y ech races, le compite fuertemente a la

    generacin de empleos; incluso puede desarrollar en algunos grupos sociales una cultura de

    aborrecimiento al trabajo frente a la opcin de obtener dinero fcil.

    Es ingenuo excluir a la maldad como un factor en esta crisis. No nos referimos a un tema

    religioso o filosfico, sino al conjunto de antivalores que se enrazan en la sociedad a

    consecuencia del poder alcanzado por los criminales. Crece el nmero de homicidas, de asesinos

    seriales, de socipatas que disfrutan causando dao y de grupos que se vuelven parsitos del

    trabajo de otros. Se debilitan severamente los valores de la solidaridad, la honestidad, la

    confianza, el respeto a la ley y la compasin por los dems. La autoridad de las instituciones

    familia, escuela, iglesia y comunidad donde se aprenden deberes y derechos se tornan

    irrelevantes. La honradez se vuelve escasa o se esconde por el miedo. Aumenta la inclinacin a

    resolver por la fuerza todos los problemas y se trastocan los valores para obtener honor y

    respeto.

    El delincuente acaba as convertido en el paradigma para los jvenes que ven a los criminales

    como personas exitosas que poseen bienes, reconocimiento y autoridad. Esto ocurre igual en las

    favelas brasileas, en pueblos de Michoacn o en barrios de Medelln, Tegucigalpa, San Salvador

    o Caracas. Es contra estos antivalores multiplicados y entronizados que se estrellan y pueden

    fracasar las polticas sociales preventivas ejecutadas sin fortalecer la autoridad del Estado. Es

    como hacer la diferencia entre lo que debemos hacer para prevenir un incendio y lo que toca

    hacer cuando queremos apagarlo.

    El orden moral, a diferencia de otras formas de orden social, se apoya en un ncleo de valores

    nucleares que comparten los miembros de una sociedad Estos valores son esenciales para

    movilizar el apoyo a polticas pblicas. Nuestras sociedades son todava muy inmaduras en

    cuanto a confianza interpersonal y conductas bsicas de convivencia, como la limpieza en las

    calles o el respeto a las normas de trfico. En ese contexto de debilidad, la multiplicacin de la

    delincuencia, al grado de convertirse en poder fctico, implica la destruccin de la dbil

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  • infraestructura moral que puede mantener la convivencia en nuestros pases. Sin la autoridad del

    Estado esa convivencia es imposible. Es aqu donde los policas como ciudadanos formadores

    de ciudadanos se vuelven vitales.

    Sin duda, la justicia y las prisiones son parte fundamental de la seguridad, pero estas instancias

    entran en accin cuando ya hay vctimas y victimarios. La tarea primordial en seguridad es evitar

    que haya vctimas; una sociedad es segura cuando no ocurren delitos y no por el nmero de

    criminales que se procesa y encarcela. Es por ello que en este trabajo se pone el nfasis en el papel

    de los policas y de los ciudadanos. No estamos devaluando el rol de la justicia y de los sistemas

    correctivos, sino tratando de focalizarnos en la emergencia, porque si no se reduce la actividad

    criminal las otras instancias terminan colapsando. Nicaragua tiene una justicia tan mala como sus

    prisiones, sin embargo, es un pas seguro; la clave est en la polica y los ciudadanos.

    En Reino Unido suele uno encontrar avisos que dicen operacin policial en marcha y es muy

    frecuente que no haya ningn polica en el lugar. Con el bajo nivel de delito la cultura de

    legalidad de los ciudadanos y la fuerte autoridad que tiene el Estado britnico, no hay duda que

    esto funciona como un disuasivo frente a potenciales delincuentes. Esto no podra funcionar en

    nuestros pases porque nuestras instituciones de seguridad son dbiles, nuestros ciudadanos

    creen poco en la ley y los delincuentes son tan numerosos como los que tena Londres en el siglo

    XVIII.

    En ciudades de Mxico, Colombia, Honduras o Venezuela la cantidad de criminales ha superado

    la capacidad policial y, por lo tanto, no es posible aplicar en ellos la relacin polica-habitante que

    tiene Nueva York o msterdam, ni pensar que cmaras o mensajes podran funcionar como

    disuasivos. Es frecuente que algunos gobiernos propongan utilizar tecnologa y polticas de

    primer mundo en sus realidades de tercer mundo. En Monterrey, Mxico, se instalaron cmaras,

    se organizaron sistemas de denuncia telefnica y se cre una base de inteligencia muy sofisticada,

  • sin embargo, la actividad criminal continu creciendo. La seguridad slo mejor cuando se

    refund, fortaleci y despleg en las calles la nueva polica llamada Fuerza Civil. El proyecto ms

    exitoso en control de la violencia en Mxico.

    Cuando en un lugar la densidad criminal es muy alta se produce una confrontacin no slo con

    tiros y muertos entre la autoridad del Estado y los delincuentes. En la percepcin colectiva se

    enfrentan el poder intimidatorio de los criminales con el poder disuasivo de los policas.

    Podemos decir que en este enfrentamiento est en juego quin le tiene ms miedo a quin. Si el

    poder disuasivo es derrotado, los ciudadanos tendrn ms temor a los delincuentes que

    confianza a los policas. Los criminales le perdern el miedo a la polica y los propios policas

    podran terminar desmoralizados. El resultado final ser que los delincuentes asumirn el control

    del territorio, actuarn de forma abierta y cooptarn o sometern al poder local.

    Cuando existe una alta densidad criminal es indispensable una alta densidad policial. La disuasin

    coercitiva es preventiva no represiva, pero para ser efectiva y ganarle la batalla a la intimidacin

    criminal requiere de presencia policial numerosa y permanente, despliegue territorial eficaz,

    velocidad de reaccin y una estrecha relacin con los ciudadanos que garantice el dominio de

    inteligencia. La idea de que la presencia policial sea numerosa es para garantizar su poder

    disuasivo, no tanto para que acte. Esto supone estar en el territorio antes de que ocurran los

    delitos en vez de llegar despus que stos han ocurrido. La disuasin coercitiva supone un

    despliegue de fuerza que eleve tanto los riesgos a quienes quieran cometer un crimen que los

    retraiga de cometerlo. Capturar delincuentes es una tarea distinta a la disuasin coercitiva. El

    propsito de la primera es combatir la impunidad y el de la segunda es garantizar la paz y la

    tranquilidad en las comunidades.

    Podemos decir que se debaten tres tipos de mecanismos de disuasin: el penal, el social y el

    coercitivo. El primero supone que los castigos evitan delitos al combatir la impunidad. El

    problema es que si los delincuentes son muchos, la actividad de stos es intensa y controlan

    territorios, el castigo ya no disuade y las prisiones acaban convertidas en espacios bajo control

  • criminal. Igualmente, las polticas sociales pierden eficacia cuando intentan aplicarse en territorios

    dominados por criminales donde los buenos viven aterrorizados y los malos han impuesto su

    cultura de violencia y aborrecimiento al trabajo.

    Los castigos y las polticas sociales pueden elevar su eficacia si el poder coercitivo est presente de

    forma numerosa y permanente en el terreno. La disuasin coercitiva no ha sido considerada,

    posiblemente porque la idea de fortalecer policialmente al Estado va en contra del imaginario

    antirrepresivo de las izquierdas y en contra del imaginario antigasto de las derechas. Sin embargo,

    la disuasin no es represin, sino prevencin basada en presencia coercitiva; los policas no son

    grasa burocrtica, sino msculo; y la seguridad no es gasto, sino inversin que garantiza el

    crecimiento y dinamiza la generacin de negocios.

    La actividad criminal que ms evidencia la derrota del poder disuasivo del Estado en distintos

    lugares de Latinoamrica es la masificacin de la extorsin. Es el delito de ms alta significacin

    territorial porque implica que ha emergido un poder alternativo al Estado que exige tributacin,

    conocida en algunos lugares como cobro de piso, renta, derecho de plaza, vacuna, cuota,

    proteccin, etctera. La extorsin es el delito ms resistente a disminuir en Medelln, est

    provocando el cierre de decenas de miles de pequeas empresas en Centroamrica, en Mxico

    ha crecido como resultado de los pistoleros desempleados que deja la desarticulacin de los

    crteles y est creciendo tambin en Per y Brasil. Si se le permite echar races, termina convertida

    en una droga que se extiende como adiccin al dinero fcil.

    La extorsin es un delito difcil de cuantificar porque est asociado directamente al miedo y a la

    percepcin de inseguridad, por lo tanto la cifra negra tiende a ser muy grande. En algunos

    lugares del continente aparece aislado, en otros es cometido por policas y donde existe vaco de

    autoridad crece. En El Salvador las maras comenzaron a extorsionar hace 20 aos pidiendo en las

    calles 25 centavos de dlar a los peatones y ahora son un poder fctico. Es una actividad criminal

  • que se extiende entre pobres depredando la actividad microeconmica sin generar reaccin en

    las elites. La microeconoma es el eslabn de inversin ms importante de las comunidades

    pobres para generar empleos y combatir socialmente la delincuencia.

    Buena parte de los homicidios pueden estar subordinados a la extorsin como un mecanismo

    para asegurar credibilidad a la intimidacin. Una vez que la poblacin vctima est sometida al

    poder criminal, los homicidios pueden bajar, las extorsiones crecer y el Estado perder el territorio.

    En El Salvador despus de que 814 trabajadores del transporte pblico han sido asesinados por

    las pandillas, los transportistas pagan puntualmente la renta. En ese mismo pas, en el intento de

    reducir los homicidios que produca la lucha entre las maras por los territorios, algunos sectores

    propiciaron una tregua entre las pandillas. El resultado fue que los homicidios bajaron, pero las

    extorsiones se multiplicaron. Los ciudadanos y los criminales no entendieron la tregua como una

    estrategia sofisticada para reducir las muertes, sino como debilidad del Estado. La tregua

    aument el poder de intimidacin de las pandillas y esto se convirti en consolidacin de su

    control territorial. A mayor percepcin en los ciudadanos de debilidad del Estado corresponder

    ms eficacia criminal.

    En Mxico se ha capturado a casi todos los grandes capos y desmantelado las estructuras

    criminales ms importantes, y en El Salvador los principales jefes de las maras estn presos y la

    tregua inicialmente tuvo das de cero homicidios. Sin embargo, en Mxico la violencia contina

    creando grandes conmociones, aparecen nuevos capos y surgieron las autodefensas. En El

    Salvador la extorsin se multiplic, los homicidios estn creciendo de nuevo y ahora las maras

    son ms fuertes que nunca. Lo comn en ambos casos es que no se les disput el territorio a los

    delincuentes. Efectivamente, se pueden destruir organizaciones criminales, capturar cabecillas,

    quitarles armas, productos o alternativamente, como en El Salvador, se puede intentar un

    acuerdo entre criminales para bajar la violencia; sin embargo, la violencia y la actividad delictiva

    volvern a crecer, porque mientras no se les arrebate el territorio y la poblacin que mantienen

    atemorizada, los delincuentes continuarn reproducindose, mutando a cualquier tipo de delitos

    y preservando poder.

    13

  • Es comn escuchar de las batallas entre delincuentes por el territorio, pero poco o casi nada se

    habla de restablecer el control territorial del Estado. Al parecer, con pocas excepciones, esto ha

    estado fuera de las estrategias de seguridad. Pero, qu es en realidad el control territorial?, cmo

    puede organizarse?, cmo debe ser ejercido bajo condicin democrtica?, cmo puede

    instaurarse en condiciones de desarrollo asimtricas?, cunta fuerza necesita un Estado para

    establecerlo y cmo debe prepararse, comportarse y actuar esta fuerza?, y qu papel juegan los

  • ciudadanos en el control territorial? La mejor aproximacin para abordar este tema quizs sea

    analizar experiencias concretas de lucha por el territorio entre contendientes armados que

    puedan dejar lecciones de valor universal.

    Existen tres experiencias en Latinoamrica que pueden ayudar a entender lo que es el control

    territorial: la guerra civil en El Salvador, la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua y la larga

    guerra de Colombia entre agentes del Estado, insurgentes, criminales y grupos paramilitares. La

    primera implic la derrota del estricto y eficaz control territorial que mantuvo el rgimen militar,

    la segunda oblig al gobierno sandinista a organizar a la polica, al Ejrcito y a los ciudadanos

    para evitar que los contrarrevolucionarios se pudieran establecer en el interior del pas; y la

    tercera ha forzado al Estado colombiano a multiplicar exponencialmente su poder coercitivo

    para poder establecerse de forma permanente en grandes espacios de territorio que antes

    controlaban grupos armados de todo tipo.

    Las experiencias citadas son guerras y esta palabra genera mucho debate cuando se habla de los

    problemas de seguridad; sin embargo, el aspecto semntico es irrelevante. Lo central es que al

    existir territorios sobre los cuales el Estado ha perdido soberana a manos de grupos que hacen

    uso de violencia organizada, podemos decir que si no es guerra se le parece bastante. Sin duda

    hay una enorme distancia moral entre un rebelde y un criminal, incluso cuando el primero cae

    en el terrorismo porque, aunque equivocado, el rebelde tiene un propsito poltico. Sin

    embargo, tanto el rebelde como el delincuente son fenmenos sociales que al estar contra el

    Estado se comportan de forma similar. Ambos, para expandirse, aplican de forma instintiva los

    mismos principios para controlar el territorio y a quienes habitan en ste.

    A pesar de la diferencia de propsitos, en trminos operacionales no hay mucha diferencia entre

    el proceso mediante el cual Pablo Escobar lleg a controlar los barrios de Medelln con el

    seguido por los sandinistas que insurreccionaron Managua para derrocar la dictadura de

    Somoza. Alfonso Salazar, ex alcalde de Medelln, dice que el narcotrfico propici la insurreccin

    de sectores plebeyos que protagonizaron una profunda transformacin de Medelln y de todo el

    pas, un escritor llam a esto revolucin sin filsofos. La insurreccin sandinista pretenda14

  • derrocar un gobierno y la de Pablo Escobar imponer condiciones para que se aceptara su

    actividad criminal; de distintas maneras ambas violencias trajeron grandes transformaciones. En

    1990 los sicarios de Pablo Escobar mataron a centenares de policas en Medelln y entre 1990 y

    1994 murieron en esa ciudad ms de 27 mil personas. Slo con un ejrcito bien armado y con

    un extenso soporte social pudo Escobar desplegar tanta violencia. Sin duda la idea de

    revolucin plebeya de Salazar puede aplicarse como revoluciones lumpen al extenso

    fenmeno de las maras en Honduras, El Salvador y Guatemala e incluso a lo que ocurre en

    ciudades como Caracas o Ro de Janeiro.

    En los aos setenta los insurgentes solamos decir que la vanguardia revolucionaria nace bajo

    cerco estratgico, es decir, nace a la defensiva en un territorio controlado por el Estado. La famosa

    tesis del foco se basaba precisamente en buscar lugares aislados, donde el Estado tuviera poca

    presencia, para poder as fortalecer y desarrollar una guerrilla que luego lograra acercarse a las

    zonas ms pobladas.

    Cinco principios conllevan el proceso para lograr el control territorial por parte de bandidos o

    rebeldes:

    1. Construccin del mayor soporte social posible.

    2. Establecimiento de un dominio de inteligencia superior al del Estado.

    3. Crecimiento y despliegue de poder armado de forma cada vez ms abierta.

    4. Cooptacin, sometimiento, sustitucin o expulsin de la autoridad local.

    5. Finalmente, ejercicio pleno de autoridad sobre la poblacin y el territorio.

    Los pasos para la conquista territorial son similares, sin embargo hay una diferencia fundamental

    dado que los insurgentes hacen ms labor poltico-ideolgica para lograr apoyo social mientras

    los delincuentes usan ms la economa criminal y la intimidacin. Pero, independiente del

    procedimiento, ambos fenmenos pueden lograr soportes sociales significativos. El

    15

  • multitudinario entierro de Pablo Escobar en Medelln y las protestas violentas contra la embajada

    de Estados Unidos por la captura del narcotraficante Ramn Mata Ballesteros en abril de 1988

    en Tegucigalpa, Honduras, demuestran que la conquista de mentes y corazones no es exclusiva

    de insurgentes.

    En Badiraguato, las tierras del Chapo Guzmn, cerca del 97% de los residentes en el campo

    trabajan en el trfico de drogas de una u otra manera. Desde los campesinos y sus familias

    incluso los nios que cultivan la marihuana y amapola para el opio, hasta los jvenes armados

    que se encargan de las tareas desagradables, los conductores y los pilotos que transportan el

    producto as como los polticos y policas locales, casi todo mundo est involucrado.

    Los rebeldes instrumentan el descontento social y poltico y los bandidos la codicia individual. La

    extensin del soporte social es lo que luego les permite obtener el dominio de inteligencia; una

    vez logrado esto, les es ms factible evadir a la fuerza del Estado en un primer momento y luego

    optar por cooptarla o golpearla. En el momento en que se vuelve riesgoso para la fuerza del

    Estado mantener su presencia en ese terreno, es posible que ste decida replegarse y operar

    mediante incursiones espordicas que sern cada vez menos efectivas por ausencia de

    informacin. Al llegar a ese punto, el Estado habr perdido la batalla por el territorio y los

    criminales o los rebeldes habrn logrado su dominio, con lo cual podrn reproducirse,

    fortalecerse y expandirse. Las incursiones no sirven para recuperar territorio, ste slo se recupera

    cuando la fuerza se establece de forma permanente.

    El Salvador es el pas ms densamente poblado del continente, sin selvas que permitieran al inicio

    de la guerra establecer un foco guerrillero, como s hubo en Cuba, Bolivia o Colombia. El control

    de los militares sobre el territorio y la poblacin era absoluto. El rgimen tena apoyo social,

    dominio de inteligencia y numerosa presencia armada en todo el pas. En 1980, para 4.5 millones

    de habitantes haba 17 mil 125 elementos en las Fuerzas Armadas (siete mil policas y 10 mil

    militares), pero la estructura de control territorial la componan 150 mil paramilitares reservistas

    16

    17

    18

    (http://www.nexos.com.mx/)

  • del ejrcito desplegados hasta en el ltimo casero rural o barrio urbano. Esta fuerza estaba

    constituida por personas muy pobres y poco instruidas, analfabetas muchos de ellos. Fueron

    popularmente conocidos como la descalza, ya que muchos no usaban calzado. Estos

    paramilitares eran controlados por la Fuerza Armada a travs de la Comandancia del Servicio

    Territorial. Por otro lado, el rgimen, en alianza con la iglesia catlica, dominaba socialmente al

    campesinado a travs de organizaciones comunales, religiosas y anticomunistas. En esas

    condiciones aplicaba perfectamente la frase de Pinochet, pues en El Salvador no se mova una

    hoja sin que los militares se enterarn.

    La insurgencia salvadorea naci efectivamente bajo cerco estratgico y a la defensiva, pero su

    crecimiento no slo result de su labor organizadora. La guerra civil estall por la divisin en el

    bloque de poder. Esto facilit que pequeos grupos rebeldes fragmentados terminramos

    convertidos en un poder fctico. La divisin en las filas militares deriv en un cruento

    enfrentamiento armado en marzo de 1972, fracciones del mismo Ejrcito combatieron

    ferozmente por el control del poder en la capital. En 1979 una nueva rebelin dentro del Ejrcito

    derroc al gobierno del general Romero y los militares procedieron a expropiar tierras y bancos

    de los oligarcas. En este mismo proceso se rompi la alianza entre el rgimen y la iglesia catlica;

    organizaciones campesinas de base catlica se movilizaron y sectores de la Fuerza Armada

    comenzaron a asesinar curas, monjas y hasta un arzobispo. Se gener entonces un vaco de

    autoridad que puso en crisis el frreo control territorial que mantena el rgimen. Sin este vaco

    de autoridad los insurgentes jams hubiramos levantado cabeza.

    Hacia finales de los aos setenta los insurgentes nos volvimos socialmente fuertes en las ciudades

    y el campo, pero sin fuerza militar real en ninguna parte y con una gran divisin entre los grupos

    guerrilleros, esto hizo fracasar los primeros intentos insurreccionales. Una brutal represin en las

    ciudades empuj entonces a los rebeldes al campo. Perdimos la insurreccin urbana que se

    intent en enero de 1981, pero pudimos crear un ejrcito guerrillero en las zonas rurales y

    dejamos as de ser una fuerza clandestina. Los militares decidieron entonces repetir la frmula

    represiva en el campo realizando grandes operaciones militares y matanzas de civiles. Sin

  • embargo, los resultados fueron diferentes, la represin multiplic el apoyo social a la insurgencia,

    con lo cual sta pudo consolidar el dominio social y de inteligencia en zonas rurales que haban

    sido bastiones polticos del rgimen.

    En el campo los militares encontraron una fuerte resistencia armada que les impeda penetrar en

    los territorios. En algunas zonas les lleg a tomar hasta 15 das avanzar un par de kilmetros. No

    pudieron aniquilar al naciente ejrcito guerrillero. ste aprendi a combatir y comenz a causarle

    centenares de bajas al Ejrcito y a limpiar el terreno de fuerzas militares y paramilitares que

    mantenan el control territorial. La lucha poltico-social termin as convertida en guerra civil.

    Presionado por las numerosas bajas que sufran, el general Guillermo Garca, entonces ministro

    de Defensa, declar a finales de 1982: esos pueblos no valen un soldado. Los militares se vieron

    entonces forzados a abandonar decenas de posiciones permanentes que sostenan. De esa forma

    la insurgencia pudo consolidar un territorio que le funcion como retaguardia hasta el final de la

    guerra. Desde esa retaguardia la guerrilla reclut, entren, organiz poderes populares, produjo

    alimentos, se abasteci de armas, estableci radios guerrilleras, se expandi, se acerc

    militarmente a las ciudades y restableci su influencia poltica en stas.

    Varios planes militares para recuperar el territorio fracasaron. Algunos tenan incluso

    componentes sociales. Sin embargo, fue un grave error de los militares no ser ms persistentes en

    disputar el territorio a los insurgentes. La Fuerza Armada qued as estratgicamente a la

    defensiva. Los asesores militares estadunidenses establecieron que la principal tarea era aniquilar a

    los mandos y fuerzas de la guerrilla, en vez de quitarle el terreno y ganarle a la base social. Los

    militares pasaron as una dcada convertidos en una ineficaz fuerza de hostigamiento que

    incursionaba los territorios guerrilleros sin disputarlos, esto a pesar de que haban crecido en

    nmero de hombres, armamento, medios areos e instruccin. Podan llegar, pero no quedarse y

    el terreno en definitiva es de quien se queda. Si hubieran desplegado una compaa de forma

    permanente en cada municipio y articulado un sistema de reaccin para defender esas

    posiciones, quizs hubieran podido derrotarnos; pero se pusieron a jugar a cazarnos y perdieron.

  • Lo absurdo de esta estrategia es que ms territorio significa ms espacio de maniobra y esto

    implica mayor dificultad para cazar un blanco. El orden lgico de plan es primero el territorio y la

    base social y luego golpear la cabeza.

    Al no disputar el terreno nunca detuvieron la acumulacin de fuerzas de los insurgentes. El

    territorio nos permiti preparar combatientes con mayores niveles de calidad, rapidez y

    masividad. La insurgencia salvadorea termin dominando casi la tercera parte del pas y en

    noviembre de 1989, para forzar una negociacin que ya estaba abierta, la guerrilla sorprendi a

    los militares con una movilizacin de siete mil guerrilleros que alcanzaron la capital y otras

    ciudades apoyados por un cuerpo social de casi 30 mil personas. Se movilizaron 37 mil personas

    sin que los militares se enteraran. Los insurgentes se mantuvieron combatiendo en la capital

    durante tres semanas, el alto mando militar entr en desesperacin y un grupo elite de sus

    fuerzas asesin entonces a seis sacerdotes y acadmicos jesuitas. La ofensiva guerrillera de 1989 y,

    dentro de sta, el crimen de los jesuitas, sentaron la correlacin para que la guerra terminara

    mediante una negociacin, tal como era el propsito estratgico insurgente.

    La negociacin deriv en una profunda reforma militar y policial que permiti la participacin

    de los guerrilleros en la formacin de la nueva polica. Esta reforma fue exitosa al volver neutral el

    poder coercitivo y abolir el sistema de control territorial paramilitar que exista debido a su

    carcter poltico autoritario. Sin embargo, no se estableci otro sistema de control territorial que

    respondiera a la nueva condicin democrtica. Esto gener un nuevo vaco de poder. Polica y

    Ejrcito mejoraron significativamente, las violaciones a los derechos humanos desaparecieron y

    hasta la fecha el crimen organizado no ha podido penetrarlos como en Guatemala y Honduras.

    No obstante, una reducida fuerza policial y la ausencia de un sistema de control territorial ha

    dado oportunidad a la explosin y expansin del actual fenmeno de pandillas y stas controlan

    ahora barrios urbanos y comunidades rurales.

  • En 1926 Augusto Csar Sandino enfrent eficazmente con su ejrcito guerrillero a los marines

    estadunidenses que ocupaban Nicaragua hasta obligarlos a retirarse en 1933. Durante la

    intervencin las tropas estadunidenses fundaron, entrenaron y financiaron a la Guardia Nacional

    y la dejaron bajo el mando del general Anastasio Somoza Garca. En febrero de 1933 Sandino

    firm la paz con el presidente Juan Bautista Sacasa, pero un ao ms tarde fue asesinado por el

    general Somoza, quien derroc a Sacasa y estableci una dictadura que dur 45 aos. Luego de

    asesinar a Sandino, Somoza Garca pacific a sangre y fuego Nicaragua, elimin a los opositores y

  • estableci un sistema de control territorial en todo el pas. Durante ms de 40 aos no hubo en el

    pas ni delincuentes ni opositores, esto vali para que se conociera a Somoza Garca como el

    huracn de la paz.

    El pilar del sistema de control territorial fue la Guardia Nacional, que se despleg en el terreno

    con estrictas funciones internas, sin ocuparse de posibles enemigos externos. En torno a la

    Guardia se organizaron los que se conocieron como jueces de mesta y, a otro nivel, los jueces de

    caada, una especie de alguaciles posiblemente copiados del modelo estadunidense. stos

    podan organizar grupos de colaboradores armados y, en caso de necesitarlo, podan convocar el

    auxilio de la Guardia Nacional. Se trat de un sistema ms formal, con ms sentido de legalidad y

    menos difusor de la violencia entre los habitantes que el sistema de patrullas que establecieron

    los militares salvadoreos. En sus inicios la guerrilla sandinista, para poder abrirse espacio,

    necesitaba combatir a los jueces de mesta y caada, pero no tuvieron mucho xito en lograr

    control territorial en las zonas rurales.

    Al igual que en El Salvador, el motor de la rebelin en Nicaragua fue un conflicto en el bloque de

    poder que se vio estimulado por la poltica de derechos humanos del presidente Carter; Somoza

    perdi soportes polticos, se enfrent al partido conservador y a sectores de la Iglesia, hasta

    quedar internacionalmente aislado. Este conflicto tuvo su momento culminante cuando el

    dictador asesin a Pedro Joaqun Chamorro, director y propietario de La Prensa, el peridico ms

    importante del pas. Entre 1977 y 1979 cobr fuerza un proceso insurreccional en Managua y en

    las ciudades ms importantes del pas. Finalmente, en julio de 1979, triunf la revolucin y fue

    derrocada la dictadura de Somoza. Sin embargo, la revolucin fue un fenmeno esencialmente

    urbano que tom control de las cabeceras departamentales. Las columnas de guerrilleros de la

    montaa estaban aisladas y llegaron a Managua y a las ciudades varios das despus del triunfo.

    Los campesinos prcticamente no participaron de la rebelin.

    La revolucin gener un vaco de autoridad en el campo, el gobierno revolucionario intent,

    entonces, llenar ese vaco enviando militantes de las ciudades a las zonas rurales para establecer

    su autoridad mediante puestos de polica y servicios estatales. Pero hubo en esto muchos errores,

  • entre ellos la ausencia de una poltica de la revolucin hacia los campesinos medios que estaban

    influidos por el anticomunismo; por otro lado los revolucionarios urbanos, al llegar al campo,

    fueron vistos como gente extraa e izquierdista y en muchas ocasiones actuaban como tales. En

    sntesis, no logr el gobierno sandinista, en ese primer momento, llenar el vaco de autoridad y

    esto fue aprovechado por la contrarrevolucin. Estados Unidos organiz en 1981 un ejrcito

    contrarrevolucionario en territorio hondureo con los remanentes de la Guardia Nacional y los

    campesinos descontentos con el sandinismo. Este ejrcito lleg a contar hasta con 17 mil

    efectivos que recibieron de los Estados Unidos instruccin, dinero y armamento que incluy

    misiles antiereos. Durante los primeros aos de guerra, desde 1981 hasta 1984, la Contra tuvo

    ms control del campo que los sandinistas.

    El rgimen sandinista se plante entonces como tarea estratgica evitar que los contras

    controlaran territorio, expulsndolos del pas y mantenindolos en Honduras. Para ello

    establecieron dos Estados Mayores, uno se encarg de combatir a la Contra en el campo y el

    otro de proteger la retaguardia propia en las ciudades. La primera meta fue negarle toda

    posibilidad a los contras de alcanzar Managua y las ciudades. Esto implic una vasta tarea de

    organizacin social y miliciana que construy la defensa en todos los barrios y centros de trabajo.

    Se constituyeron los Comits de Defensa Sandinista (CDS) por cuadra y se organizaron todos los

    sectores sociales, los trabajadores de todas las ramas, las fbricas, lugares de comercio, los jvenes,

    las mujeres, los ancianos y hasta los nios en escuelas, y colonias. Esta vasta tarea de organizacin

    tuvo tal xito que la Contra nunca lleg a ser una amenaza para Managua, ni para ninguna

    ciudad importante. El control territorial sandinista en las ciudades fue tan eficaz que all no se

    mova una hoja sin que el gobierno revolucionario se enterara.

    La tarea ms cruenta fue, entonces, combatir a los contras en las zonas rurales para expulsarlos

    del pas y establecer la autoridad revolucionaria en el campo. La consigna fue no pasarn. Esta

    idea defina por s misma a los contrarrevolucionarios como un ejrcito mercenario invasor al

    que no haba que permitirle territorio adentro de Nicaragua. Dos tipos de tropa fueron

    determinantes en la lucha rural; los Batallones de Lucha Irregular (BLI) y las compaas

  • permanentes territoriales conocidas como copetes. Los BLI perseguan a los contras y tenan

    un mayor nivel de especializacin y capacidad combativa y las copetes tenan una funcin

    disuasiva, aseguraban el terreno, eran una fuerza ms numerosa, pero con menos nivel de

    preparacin. El entonces Ejrcito Popular Sandinista lleg a tener ms de 120 mil hombres que

    eran dirigidos por cerca de 20 mil oficiales. Si en la ciudad la defensa era por cuadra, en las zonas

    rurales fue una competencia por quin conquistaba primero a cada campesino. El gobierno

    revolucionario llev adelante una Reforma Agraria que tena una relacin directa con la

    estrategia militar de defensa del territorio. Los campesinos reciban junto a su ttulo de propiedad

    un fusil AK-47.

    El ejrcito sandinista tuvo mucho xito en negar terreno en el interior de Nicaragua a sus

    enemigos. En marzo de 1988, pocos das antes de iniciar negociaciones con la Contra, los

    sandinistas lanzaron una gran ofensiva contra los campamentos de los contrarrevolucionarios en

    Honduras. Una fuerza de mil 500 hombres con apoyo areo y de artillera penetr 18 kilmetros

    en territorio hondureo y atac los campamentos contrarrevolucionarios causando muchas

    bajas. Este golpe sent las bases de la negociacin, los contras no pudieron demandar nada en

    el terreno militar ni policial y debieron desarmarse.

    Terminada la guerra, la amplia organizacin popular desplegada en las ciudades se convirti en

    un potente control social que creci en una natural y estrecha relacin con la polica. Esto le dej

    a Nicaragua un excelente control de la seguridad pblica que llega hasta estos das. En este caso,

    el control ciudadano es tal que la actual fuerza policial es relativamente pequea. En el campo,

    por el contrario, el final del conflicto trajo un nuevo problema. El rechazo poltico y social al

    sandinismo en las zonas rurales persista, se haba ganado el territorio, pero no a la poblacin.

    Fueron desmovilizados miles de contras y tambin miles efectivos de las tropas del gobierno.

    Violeta Chamorro derrot a Daniel Ortega en las elecciones de febrero de 1990, sin embargo los

    militares seguan siendo vistos en el campo como un instrumento del sandinismo. La demanda

    en los antiguos teatros de guerra rurales fue que el Ejrcito deba retirarse y ste decidi

    abandonar muchas posiciones por razones ms polticas que operacionales. De nuevo apareci

  • un vaco de autoridad que fue llenado por una extensa ola de bandidaje de posguerra; en este

    fenmeno se mezclaron elementos de todos los bandos y fueron conocidos como recontras,

    recompas y revueltos.

    Bastaron pocos meses para que el vaco de autoridad se convirtiera en un grave problema de

    seguridad pblica que estaba afectando seriamente a los productores que haban sido base

    social de la Contra y frreos opositores al sandinismo. La demanda porque el Ejrcito regresara

    al terreno a pacificar creci. Se organiz entonces una alianza de los militares con los productores

    para restablecer el orden. Estos ltimos se encargaron de proporcionar alimentos, alojamiento e

    informacin a las tropas. Durante 10 aos y dos gobiernos no sandinistas, se produjo una nueva

    pacificacin en la cual la polica incorpor elementos de la Contra a sus filas y se combinaron

    las redes sociales de los sandinistas y las de los antiguos contrarrevolucionarios para consolidar el

    control territorial en las zonas rurales. En el momento en que se abri el vaco de autoridad haba

    en realidad ms bandidos que fuerza militar del Estado. La clave de la pacificacin fue la alianza

    por la seguridad con todos los sectores. Si el bandidaje emergente no hubiera sido eliminado,

    Nicaragua estara hoy en manos del crimen organizado.

    Al comparar la estrategia que aplic Estados Unidos con los militares salvadoreos y la Contra

    nicaragense, es notorio el mismo error. La Contra fue un ejrcito irregular numeroso, bien

    armado, con gran soporte financiero y con un santuario estable en un pas vecino; sin embargo

    nunca pudo alcanzar Managua. Por el contrario, los guerrilleros salvadoreos s pudieron

    alcanzar San Salvador en 1989, a pesar de tener menos fuerza, pocos recursos y ningn santuario.

    Los contras tenan extenso soporte campesino, pero fueron concebidos como una fuerza

    militar casi convencional, sin capacidad para articularse con su base social y dominar el territorio.

    Esto le permiti a los militares sandinistas expulsarlos del pas y darles un golpe estratgico

    adentro de Honduras. Los militares salvadoreos, igualmente, nunca entendieron la importancia

    del territorio y esto facilit que la guerrilla pudiera construirse una retaguardia en un pas tan

    pequeo. Tanto los sandinistas desde el poder como los insurgentes salvadoreos desde la lucha

    contra el poder, tuvieron al territorio y a la poblacin como los ejes de su estrategia.19

  • Es el ms complejo, prolongado y til de los tres casos que presentamos. En Colombia hubo un

    largo vaco de autoridad que gener todo tipo de actores armados que sustituan al Estado; la

    violencia ha permanecido en toda su historia con breves interrupciones. Cmo y por qu

    ocurri esto no nos interesa mucho, lo que abordaremos son las consecuencias y cmo y por

    qu el Estado se vio obligado a plantearse la conquista de su propio territorio.

    Hacia la segunda mitad de los ochenta y principios de los noventa llegaron a convivir en

    Colombia seis grupos guerrilleros (FARC, ELN, M19, Quintn Lame, PRT y EPL), tres grandes

    crteles de narcotraficantes (Medelln, Cali y el Valle) y unos 15 grupos paramilitares. Estos

    grupos armados llegaron a tener en conjunto cerca de 50 mil hombres, mientras que las fuerzas

    policiales y militares del Estado tenan menos de 100 mil para un territorio de un milln 140 mil

    km y 35 millones de habitantes en esos aos. De los mil 123 municipios que existen,

    aproximadamente 300 constituan un rea crtica con poca o nula presencia del Estado. Las

    2

  • FARC, la ms grande de las guerrillas, llegaron a tener 20 mil hombres distribuidos en 60 frentes, y

    hacia la segunda mitad de los noventa alcanzaron presencia en el departamento de

    Cundinamarca en las vecindades de Bogot.

    Existi un largo periodo de indiferencia o subvaloracin del peligro que representaba esta

    situacin, la clase gobernante evadi asumir la responsabilidad de establecer el monopolio de la

    violencia legtima del Estado en el territorio. La convivencia termin por volverse imposible

    cuando los grupos armados fueron creciendo en tamao, presencia, territorio, recursos y poder.

    Contrabandistas de poca monta como Pablo Escobar acabaron convertidos en multimillonarios

    con enorme poder econmico, social y poltico. Colombia se convirti en la capital mundial del

    secuestro, los muertos pasaron de 220 mil, los desplazados ms de cuatro millones; cuatro

    candidatos presidenciales, adems de ministros, jueces y funcionarios de alto rango fueron

    asesinados.

    En trminos espaciales podemos decir que sta no ha sido slo una lucha para recuperar

    territorios rurales desde las ciudades, eso est ocurriendo hasta ahora. Los primeros espacios a

    recuperar fueron el Congreso, las gobernaciones, las alcaldas, la polica, el Ejrcito y la clase

    poltica, que estaban contaminados por el narcotrfico y el paramilitarismo; al tiempo que

    ciudades como Medelln, de ms de tres millones de habitantes, se convirtieron en bastiones del

    crimen organizado. Los delincuentes llegaron a la poltica y los insurgentes y los

    contrainsurgentes terminaron involucrados con el narcotrfico; la sociedad se volvi violenta y

    casi nadie qued limpio. Puede decirse que la batalla para recuperar territorio comenz en

    Palacio Nario y est terminando en las selvas. Por un tiempo las fuerzas del Estado fueron slo

    como otro grupo armado ms. Antonio Navarro, ex dirigente del M19, advirtiendo sobre los

    peligros que representa subvalorar al crimen organizado y la creencia de que se lo puede

    administrar, dice muy bien: eso no se puede dejar, eso se hincha. El prolongado vaco de Estado

    fortaleci al crimen.

  • Dicho en lenguaje coloquial: los colombianos tocaron fondo y conocieron el infierno. Fue hasta

    entonces que se decidieron a recuperar su pas. Remontar esta situacin les ha costado 40 aos,

    10 gobiernos y todo tipo de experimentos estratgicos para tratar de salir adelante. Intentando

    resumir sin mucho rigor este proceso, podemos decir que en una primera etapa el Estado

    negoci para desmovilizar a todos los grupos insurgentes que le fue posible y en ese proceso

    salieron de la violencia cuatro grupos armados. Luego se produjo una alianza de facto de todos

    contra Pablo Escobar y el Crtel de Medelln; en esta alianza entraron la DEA, los crteles de Cali

    y del Valle, los paramilitares y el Estado. Luego hubo otras alianzas similares para derrotar a los

    otros dos crteles hasta que quedaron slo los paramilitares, quienes se plantearon su

    desmovilizacin antes que el Estado los destruyera.

    En este proceso se fueron reformando y limpiando la polica y el Ejrcito, endureciendo el

    control de la poltica con leyes que permiten quitar la legalidad a los partidos que se contaminen

    con el narcotrfico, eliminando durante una dcada la inmunidad parlamentaria y estableciendo

    en ese mismo periodo jueces sin rostro. Adems de cientos de policas y militares, decenas de

    senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores se encuentran actualmente en las crceles por

    relaciones con el paramilitarismo y el crimen organizado. En esta etapa el Estado dio un gran

    salto cualitativo en sus instituciones de seguridad y esto le permiti destruir o desmovilizar a los

    enemigos ms prximos para ganar, por fin, una relativa estabilidad en las ciudades. Hacia 1998 el

    Estado intent recuperar las zonas rurales mediante una negociacin con las FARC, para ello les

    concedi un territorio de 44 mil km2 al sur del pas, bajo la idea de que esos territorios siempre

    haban sido de ellos.

    La negociacin fracas y los militares se vieron enfrentados a tener que controlar un territorio

    enorme con poca fuerza y con Estados Unidos empeado en poner a los cultivos de coca como

    el centro de gravedad del conflicto. En ese momento el Estado dio un salto cuantitativo y decidi

    recuperar el territorio llevando el poder coercitivo a todos los municipios. Se crearon compaas

    de soldados campesinos o soldados de mi pueblo que se preparaban en plazos muy cortos,

    algo similar a las copetes nicaragenses. Estas compaas llegaban para quedarse en cada lugar,

  • apoyadas por fuerzas de reaccin de alta calificacin. Las FARC movilizaban a sus hombres en

    camiones y los dirigentes en vehculos todo terreno con aire acondicionado. Al perder territorio

    empezaron a tener dificultades para abastecerse, perdieron movilidad, debieron caminar a pie y

    se acab la comodidad de la que haban disfrutado por muchos aos. Su moral se vio afectada

    seriamente, en ese contexto se aplicaron programas de desmovilizacin voluntaria que entre

    2003 y 2010 le produjeron 16 mil 987 desmovilizaciones individuales a las FARC. La

    combinacin del poder disuasivo a travs de la ocupacin territorial con los programas de

    desmovilizacin es, hasta la fecha, la ms grande batalla ganada a las FARC.

    Las deserciones y el control de poblacin y territorio terminaron dndole al Estado el dominio

    de inteligencia y con ello se abri una nueva etapa de la guerra que permiti atacar a los mandos

    estratgicos de la guerrilla. Entre 2010 y 2013 fueron abatidos 47 jefes insurgentes, incluidos dos

    jefes mximos, Ral Reyes y su sucesor Alfonso Cano. Hay alcaldes trabajando en todos los

    municipios y el rea crtica se redujo de 300 municipios a 129. Las FARC fueron empujadas a la

    selva profunda y a las zonas fronterizas. El dirigente Ral Reyes fue eliminado en un ataque a su

    campamento en territorio ecuatoriano.

    Es bajo este contexto que se ha llegado a las actuales negociaciones de La Habana. El posible

    acuerdo de paz que resultara de esa negociacin podemos definirlo como el mecanismo

    mediante el cual el Estado busca establecer y consolidar su control sobre el territorio,

    reconociendo a las FARC como un actor que, de buena o mala manera, ha ejercido autoridad en

    algunas zonas rurales. Al sacar del escenario a la violencia poltica, Colombia se quedara todava

    con una elevada violencia de bandas criminales contra las cuales podr emplear una fuerza

    pblica altamente calificada y compuesta por casi medio milln de hombres, la ms grande del

    continente.

    Los costos financieros de esto han sido muy altos, Colombia invirti en seguridad y defensa en

    2002 el equivalente a 5.38% de su PIB, en 2004 el 6.02% y en la actualidad 3.4%. La mayora de

    pases del continente invierten menos de 1% de su PIB en seguridad. Sin embargo, los resultados

    econmicos colombianos son tan espectaculares como los de seguridad, la tasa anual de

    20

  • crecimiento del PIB pas de 1.7% en 2001 a 6.9% en 2007, 6.6% en 2011 y 4.3% en 2013. Esto

    adems de la recuperacin de la imagen de un pas que era percibido como Estado fallido. En

    2007 Colombia recibi 600 mil turistas y ahora recibe casi cuatro millones.

    En grande o pequea escala, en zonas rurales y urbanas en distintos lugares del continente,

    existen vacos de autoridad provocados por Estado ausente, Estado dbil o Estado cooptado.

    Estos vacos de autoridad, aunque tengan orgenes distintos, su resultado es el mismo, violencia y

    crimen. En Guatemala, al terminar la guerra contrainsurgente a mitad de los noventa, el gobierno

    decidi abandonar muchas de las posiciones militares que mantena para combatir a la guerrilla

    en el interior del pas. Esos espacios los llen entonces el crimen organizado. En el caso de

    Mxico, el rgimen del PRI preservaba la paz a partir de un extenso y eficaz control social en todo

    el territorio ejercido por una amplia red de organizaciones que fueron el componente principal

    del llamado autoritarismo incluyente. Cuando el PRI se divide y comienza la transicin

    democrtica, se produjo un vaco de poder que abri condiciones para una expansin criminal.

    En Guatemala el pilar de la seguridad y el control territorial eran los militares y en Mxico era un

    partido poltico.

    El antiguo modelo mexicano de seguridad basado en control social y debilidad institucional es

    parecido al que actualmente est funcionando en Nicaragua. Ambos fueron derivaciones de

    periodos autoritarios, por lo tanto en Mxico ya no es repetible y en Nicaragua tender a

    agotarse. Esto debido a los cambios econmicos, sociales, demogrficos y polticos que viven

  • todos los pases. Tampoco pueden repetirse los paramilitares de El Salvador. Como no es posible

    intentar que la gente participe y organice en un ambiente en que los criminales tienen ms

    autoridad que el Estado. Se le puede pedir a los ciudadanos que apoyen la seguridad, pero no se

    les puede pedir que sean hroes.

    Colombia renov a fondo su doctrina militar y policial con la poltica seguridad democrtica,

    que establece una relacin entre derechos humanos eficacia operacional y es al mismo tiempo el

    pas que ms importancia est dando al fortalecimiento del Estado en el territorio, incluso de

    cara al futuro con la poltica de pacificacin nominada Paz Territorial. Brasil, igualmente, ha

    progresado en la importancia del control territorial con las Unidades de Polica Pacificadora

    como el pilar para poder atender socialmente el problema, aunque no ha logrado incorporar los

    derechos humanos a la doctrina policial como factor de eficacia. Mxico, por su parte, ha tenido

    grandes progresos cualitativos en la Polica Federal, pero no ha asumido el tema del control

    territorial en serio. Por otro lado, vive el dilema de ser una Repblica federal que tiene municipios

    y estados que no pueden defenderse por s mismos frente al poder criminal local.

    Cuando en un lugar los delincuentes pueden moverse abiertamente armados, cuando pueden

    interceptar vehculos o personas como si fueran autoridad, cuando pueden trasladar y

    abandonar decenas de cadveres en lugares pblicos, cuando pueden mover con facilidad

    productos ilcitos, cuando pueden expropiar propiedades y realizar matanzas impunemente,

    cuando pueden extorsionar masivamente barrios enteros, cuando pueden definir quin ser la

    autoridad local y cuando todo mundo sabe quines son y dnde viven, pero nadie los denuncia,

    entonces estamos ante la prdida del control territorial por parte del Estado. No importa que las

    fuerzas del Estado puedan llegar, si stas no son capaces de permanecer se debe reconocer que

    en ese lugar la autoridad son los delincuentes.

    Qu es una operacin de recuperacin del control territorial? Podemos decir que es el

    despliegue, en un espacio determinado, de fuerzas militares y/o policiales que, combinando

    posiciones fijas, patrullas mviles, fuerzas de reaccin, redes de inteligencia ciudadana y, en

    algunos casos, vigilancia area, se propone disuadir delincuentes, detectar delitos en fase

  • temprana, frustrarlos en flagrancia o lograr capturas por persecucin inmediata a quienes los

    hayan cometido. El xito de estas operaciones no son las capturas de delincuentes sino la

    reduccin severa de los delitos y de la violencia y el restablecimiento de la confianza de los

    ciudadanos en las instituciones de seguridad. Lo central del control territorial es el potencial

    disuasivo frente a las organizaciones criminales y la demostracin a la sociedad de que el Estado

    es ms fuerte que los delincuentes. Una vez el terreno es asegurado, debe establecerse en el lugar

    una fuerza de carcter territorial que ser permanente y ste es el cambio fundamental, ya no es

    de llegar y retirarse, sino de quedarse.

    Recuperar el terreno implica que los delincuentes deben perder estabilidad, confort, movilidad,

    poder de intimidacin y capacidad de concentrarse para actuar impunemente. En definitiva,

    implica obligarlos a vivir en marginalidad, romperles su influencia sobre la sociedad, negarles que

    utilicen y exhiban poder e imponerles costos elevados por usar la violencia. No basta capturar y

    encarcelar delincuentes, es indispensable contrarrestar todos los intentos de stos de intimidar,

    exhibir poder y actuar con violencia.

    Pacificar comunidades y capturar delincuentes no son tareas contradictorias, pero requieren

    esfuerzos de distinto tipo para tener xito en ambos propsitos. Las capturas dependen de

    contar con inteligencia y fuerzas especializadas, en tanto que evitar delitos requiere control

    territorial. Esto ltimo implica una fuerza ms numerosa con una organizacin, un despliegue y

    una planeacin dirigida a establecer el dominio coercitivo, poltico, jurdico y social del Estado

    sobre el territorio para garantizar que no ocurran delitos.

    Despus de que ocurre un delito, la fuerza especializada llega para investigar, descubrir, capturar,

    judicializar y garantizar que no queden crmenes sin castigo. El problema es que si el volumen de

    delitos y violencia es muy elevado, la polica de investigacin ser impotente porque est

    diseada para resolver casos y no para controlar delitos o violencia masiva. La fuerza encargada

    del control territorial, por el contrario, est en el terreno antes de que ocurran los delitos, es

  • numerosa y est desplegada de una forma eficiente para disuadir a los criminales. El poder de

    disuasin es lo fundamental en el control territorial, su carcter numeroso es precisamente para

    que no necesite actuar.

    Cinco principios de la fuerza territorial:

    1. Est constituida por buenas personas con capacidad de interactuar con la gente.

    2. Tiene una relacin estrecha con los ciudadanos.

    3. Da importancia vital a su buena conducta.

    4. Conoce el terreno y las comunidades.

    5. Crea condiciones para la presencia integral del Estado.

    Los policas encargados del control territorial no necesitan una gran preparacin tcnica. Pero es

    indispensable que sean buenas personas y tengan capacidad de relacionarse con los ciudadanos.

    Asegurado esto, su entrenamiento puede ser de corta duracin. Sin una estrecha relacin con los

    ciudadanos, el control territorial ser dbil y costoso porque depender exclusivamente de la

    fuerza policial. Cuando en un lugar los criminales han tenido ms poder que el Estado, es

    indispensable una etapa de trabajo social con la participacin directa de los policas para

    recuperar la confianza de los ciudadanos. Cuando los criminales comienzan a perder fuerza y los

    ciudadanos empiezan a volverse ms activos en la seguridad, la inversin de fuerza podr ir

    siendo menor. A mayor responsabilidad ciudadana corresponde menos policas, y a la inversa.

    Para ganar el apoyo de los ciudadanos es fundamental la buena conducta de la fuerza. Todos los

    errores, los abusos de poder y los actos de prepotencia se convierten en dificultades

    operacionales, prdida de informacin y riesgos para los propios policas y militares. Multiplicar

    la hostilidad de los ciudadanos que en la mayora de los casos pueden tener relaciones forzadas

    con los delincuentes, es un grave error. La conducta no es slo un asunto tico o de derechos

    humanos, es un componente importante de la eficacia operacional. A mejor conducta de la

  • fuerza corresponde ms posibilidad de construir redes de inteligencia, y a mayor inteligencia

    corresponde mayor eficacia. La intimidacin, el miedo y el terror son los instrumentos de los

    criminales; la poltica del Estado debe ser la confianza, la seguridad, la solidaridad con las vctimas

    y la conquista del reconocimiento social de los ciudadanos.

    Para efectos prcticos, ocupar un lugar dominado por criminales es como invadir un territorio

    extrao. En algunos casos la fuerza del Estado ser percibida como fornea, por lo tanto en la

    planeacin del control territorial es fundamental el estudio detallado del terreno y de las

    caractersticas sociales, culturales y econmicas de las comunidades sobre las cuales se pretende

    tomar control.

    El propsito fundamental de la fuerza territorial es crear las condiciones de seguridad para la

    presencia integral del Estado, porque slo as es posible consolidar la paz y la seguridad de los

    habitantes. La presencia integral del Estado tiene dos niveles: el primero son las acciones sociales

    que servirn para restablecer la confianza entre el poder coercitivo del Estado y los ciudadanos, y

    en un segundo nivel estn las acciones que tienen que ver con las responsabilidades especficas

    del Estado en dichos lugares. Las primeras tienen un valor operacional inmediato para ocupar el

    terreno, motivar a las fuerzas sobre su rol pacificador y modificar la actitud de los habitantes

    hacia los policas. Las segundas se proponen transformar los factores que reproducen la violencia

    y los delitos.

    Las ideas sealadas requieren un cambio profundo en la doctrina y la mentalidad del poder

    coercitivo. En el pasado autoritario, los militares y policas eran educados para ver a los civiles

    como un peligro o como seres inferiores. Ahora deben ser educados para protegerlos y deben

    entender que para ganarle la batalla al delito es vital su conducta y su capacidad de interactuar

    con los habitantes, realizando acciones que pueden parecer tareas fuera de su responsabilidad.

    Cuando hay desastres naturales, las fuerzas no combaten sino que protegen, auxilian y ayudan;

    en ese mismo sentido, la inseguridad y la existencia de organizaciones criminales es una

    emergencia y una tragedia social que igualmente requiere de auxilio, ayuda y solidaridad.

  • Las lecciones:

    1. La actual crisis de seguridad es una crisis del Estado, por ausencia, por cooptacin o por

    debilidad de ste. Todo vaco de autoridad en el territorio es ocupado por otro poder, ya sean

    criminales, insurgentes o paramilitares.

    2. Sin refundar las instituciones de seguridad heredadas de los regmenes autoritarios no es

    posible proteger a los ciudadanos. Si los policas se parecen a los delincuentes, terminarn como

    delincuentes.

    3. Es vital hacer un cambio de paradigma, la tarea es proteger y preservar la paz, capturar

    delincuentes es una consecuencia de esto.

    4. Criminalidad que no se la combate se expande, acaba dominando a la poblacin, el territorio y

    las instituciones.

    5. Las polticas sociales preventivas en lugares dominados por delincuentes fracasan si no se

    recupera antes la autoridad del Estado.

    6. El dominio social prolongado de los delincuentes destruye la infraestructura moral de la

    sociedad, generando una cultura de violencia y de aborrecimiento al trabajo.

    7. El pilar de una estrategia de seguridad es el control territorial por parte del Estado y los

    ciudadanos, las incursiones de fuerza que entran y salen de una zona crtica sirven de poco, el

    poder coercitivo debe llegar y quedarse.

    8. Si hay control territorial y buena relacin entre policas y sociedad, las redes de inteligencia

    surgen de forma natural y stas facilitan capturar criminales.

  • 9. Un pas necesita tantos policas como lo demanden las amenazas que padece y la cultura de

    legalidad que posean sus habitantes. No es lo mismo holandeses o suecos que mexicanos o

    colombianos. Alta densidad delincuencial exige alta densidad policial.

    10. La seguridad no es gasto, es inversin; hay una relacin directa entre seguridad y crecimiento

    econmico.

    Todas estas lecciones son importantes, pero quizs la ms valiosa para quienes no han conocido

    el infierno todava, es la que nos ha dejado Colombia: se debe actuar a tiempo, porque una vez

    enfrentados a lo peor, la solucin no es fcil, ni barata, ni rpida, ni sin sacrificios.

    Joaqun Villalobos

    Ex dirigente de la insurgencia salvadorea, signatario del acuerdo de paz firmado en Chapultepec

    Mxico en 1992. Consultor en seguridad y resolucin de conflictos.

    Charles Tilly define a la guerra como el motor de la formacin y la transformacin del Estado,

    asignndole un rol fundamental a la construccin del poder coercitivo, cuando la acumulacin

    y concentracin de los medios coercitivos crecen juntos, producen Estados. Charles Tilly,

    Coercion, Capital and European States: AD 990-1992, p. 19, Blakwell Publishers, 1992.

    Informe Regional del Desarrollo Humano 2013 2014. Seguridad Ciudadana.

    Latinobarmetro 2013.

    Giuseppe Carlo Marino, Historia de la Mafia, Vergara, 2004, p. 423.

    Antonio Giustozzi, Prefacio, The Art of Coercion, C Hurst & Co, 2011.

    Duncan Green, From Poverty To Power, Oxfam Internacional, 2008, p. 101,

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  • Peridico El Pas de Espaa, 11 de noviembre 2014.

    Moiss Nam, Ilcito, Debate, 2006, p. 16.

    UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

    Giuseppe Carlo Marino, op. cit., p. 61.

    Ibd., p. 23.

    Amitai Etzioni, La Nueva Regla de Oro, comunidad y moralidad en una sociedad democrtica,

    Paids, Espaa, 1999, pp. 113-115.

    William Cceres, presidente de la Federacin de Cooperativas del Transporte, y Diario Digital.

    Alfonso Salazar, La parbola de Pablo, Editorial Planeta, segunda edicin, 2001, p. 90.

    El Colombiano, 29 de noviembre de 2013.

    Malcolm Beith, El ltimo narco, Ediciones B, Mxico, 2011, p. 22.

    Humberto Corado, Procesos de desmovilizacin de las Fuerzas Armadas, Cuaderno 01-96,

    1996.

    Informacin proporcionada por el general Mauricio Vargas.

    La mayor parte del ensayo relativo a Nicaragua se elabor a partir de una entrevista con el

    general Joaqun Cuadra. Fue jefe de la insurreccin contra la dictadura somocista en Managua en

    1979, luego jefe del Estado Mayor del Ejercito Popular Sandinista durante la lucha frente a la

    Contra y finalmente jefe del Ejrcito Nacional de Nicara- gua durante la lucha contra los

    bandidos en los aos noventa.

    Cifras del Observatorio de Desarme, Desmovilizacin y Reinsercin de la Universidad

    Nacional.

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