El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las

inmediaciones de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, México, fueron asesinadas 7 personas, entre éstas

cuatro estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 25

más resultaron heridas y 43 estudiantes

fueron “desaparecidos”. En dichos actos participaron policías municipales de

Iguala, Guerrero, en coordinación con personas pertenecientes al cartel

“Guerreros Unidos”, ante la total

pasividad y tolerancia ¿complicidad?, de las fuerzas estatales y federales, la gendarmería y el ejército, cuya presencia es notoria en el estado de Guerrero

debido al operativo federal “Guerrero Seguro”.

Poco después el Estado detuvo a 22 policías municipales y con base en las declaraciones de algunos de ellos, se han realizado operativos para hallar a los

normalistas desaparecidos. Hasta ahora se han encontrado más de 40 restos de cuerpos en 11 fosas comunes

clandestinas, sin que se haya

comprobado que son de los compañeros normalistas.

A más de un mes de desaparecidos, no

se tiene claridad de lo sucedido y sigue sin haber una respuesta clara de donde están. Además se sigue esperando la

entrega de los resultados de ADN y sólo circula información errática por parte de instancias oficiales y medios de difusión.

Esta reacción caótica y tardía favorece la impunidad y extrema el ambiente de

terror e inseguridad que ya existe en el país desde hace casi una década debido al desborde de la necropolítica operada

por distintos actores incluyendo el Estado y las empresas -ligadas o no al narcotráfico-. Las cifras siempre son

imprecisas y frías pero a veces resultan necesarias para dimensionar: se calcula que dentro de este conflicto interno

iniciado en 2007 han muerto 140 mil personas, además se estiman unos 24

mil desaparecidxs y alrededor de 160

mil desplazadxs.

En este marco el asesinato y

desaparición de los 43 compañeros normalistas aparece como un acto planificado que muestra la complicidad

tanto de las fuerzas policiacas

estatales, federales y de las fuerzas armadas a cargo de esa zona, de la

misma manera, los órganos institucionales que dicen velar por la

seguridad nacional, quedaron pasivos ante los hechos. Ellos sabían perfectamente de la movilización que los

jóvenes estudiantes habían planeado para participar en la marcha del 2 de octubre en la capital del país,

extrañamente les dejaron solos y a merced de los agresores.

Nosotrxs, al igual que los padres de

familia de los compañeros, activistas, centros de derechos humanos, organizaciones sociales y un largo

etcétera, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por complicidad y negligencia criminal, además señalamos

específicamente al presidente Enrique Peña Nieto, al exgobernador del Estado

Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca

Velázquez, a su esposa y al gabinete

que le acompaña como corresponsables. Muestra de esta negligencia son las declaraciones del presidente Peña Nieto

al delegar, en un principio, toda la responsabilidad de las investigaciones al gobierno estatal, además de ordenar a

los medios de comunicación oficiales minimizar los hechos y acallar a la opinión pública; inclusive llegando a

suponer que los estudiantes se habían escondido o ligarlos a un conflicto con narcotraficantes.

Ante la insensibilidad del estado mexicano y su complicidad con las fuerzas criminales, los padres de familia, compañeros normalistas y

organizaciones populares del estado de guerrero, como las CETEG y las Policías Comunitarias, se han dado a la

tarea de realizar las investigaciones y pesquisas que el propio gobierno no ha

podido/querido realizar. A la par de estas acciones, se han organizado en una Asamblea Nacional Popular, que tiene

por objetivo resistir a los embates del narco-estado mexicano y forjar, desde la

unidad, un escenario de lucha social1.

¿

La demanda general es la aparición con

vida de los compañeros, pero también es momento de hacer visible la fusión actual entre el crimen organizado, el Estado,

muchas empresas legales y el sistema de partidos, incluidos los de “izquierda” como el PRD. Por otro lado

consideramos que ya es necesario desmitificar a la “sociedad civil” como la reserva moral del país pues una parte de ella está corrompida y forma parte de la

1 Aquí los resolutivos de dicha Asamblea redactó el 24

de octubre del 2014, en la escuela normal rural de Ayotzinapa: http://goo.gl/UmH2S6

descomposición; el narcotráfico, el

Estado y el sistema de partidos no son entes abstractos sino que forman parte de la sociedad y funcionan en buena

medida gracias a la complicidad de quienes se benefician o la pasividad de quienes fingen no ver la debacle.

La guerra que vive México no es sólo

contra-entre-para el narcotráfico, sino que está tejida por numerosas fibras como son el extractivismo voraz, la

violencia patriarcal feminicida y el pensamiento de consumo capitalista: consumo de mercancías, consumo de

imaginarios, consumo de cuerpos. Sus víctimas son en su mayoría gente pobre y joven, pero también todxs aquellxs que

desafíen el orden establecido por el terror y el consumo; lxs activistas, lxs periodistas críticxs, lxs estudiantes que

se oponen a las reformas, lxs defensorxs de la naturaleza, las mujeres indóciles, los pueblos indígenas que resisten, lxs

no heteronormadxs. Es por eso que no basta con la destitución de algunos responsables o la detención de los perpetradores; lo que nos urge es que se

sepa dónde están los compañeros, su ausencia nos quiebra, y sabemos que para reencontrarlos, para salvarlos

verdaderamente (vivos o muertos) es necesaria una transformación radical de las cosas, una demolición que provenga

desde abajo y para comenzar –ya ha comenzado- no es menester la “toma de consciencia” sino, simplemente, la

empatía, la afectación.

¿

El asesinato y la desaparición de

los estudiantes es parte de una larga historia de ataques sistemáticos en contra de las Normales Rurales

mexicanas pues el gobierno federal tiene la intensión de destruir este modelo educativo utilizando todos los recursos a su alcance: el recorte presupuestal, el

cierre de dichos centros educativos, las modificaciones de sus planes de estudio,

la imposición de autoridades en los

planteles; las campañas de calumnias y descalificación de sus egresados; la pérdida del derecho a las plazas

laborales para sus egresados; la criminalización y represión sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, detenciones

arbitrarias, entre otras formas de terror. Todo esto amparado tras la puesta en marcha de las llamadas “reformas

estructurales”, concretamente la educativa, que trata de acabar con este modelo de formación.

¿De qué modelo se trata? la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es un modelo de educación popular,

autogestionada, horizontal y consciente que es digno de admirar. Sus orígenes se remontan a los años 20 del siglo

pasado cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó la masificación de la educación mediante la creación de

escuelas campesinas para formar a profesores rurales. En 1926 se fundó la Normal de Ayotzinapa, desde hace décadas esta escuela ha sido

constantemente atacada por el carácter combativo de sus estudiantes y profesores quienes fomentan una

formación crítica y revolucionaria. De esta escuela egresó Lucio Cabañas,

fundador del “Partido de los Pobres” (1967), una heterodoxa guerrilla que hizo frente al gobierno en la Sierra de

Guerrero y cuyos militantes fueron arrasados. Otro egresado fue Genaro

Vázquez, un maestro disidente que luego formó la Asociación Cívica

Nacional Revolucionaria, guerrilla que operó en Guerrero y también fue arrasada durante los años de la llamada

“Guerra Sucia”. Ambos murieron violentamente, dos de los estudiantes actualmente desaparecidos son

descendientes de Lucio.

En los últimos años esta escuela, al igual que el resto de las Normales Rurales, ha

sufrido los embates de una política estatal que busca desaparecerlas,

reduciendo a lo mínimo los apoyos

económicos, por ello estudiantes y maestros han desarrollado formas de trabajo y sustento autogestionarias, de

modo que este modelo que en un comienzo fue política de Estado se ha radicalizado y ha logrado sobrevivir al margen de los apoyos institucionales.

Actualmente el proyecto de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una propuesta educativa con un enfoque

político de emancipación, que no se limita a lo teórico sino que se pone en práctica cada día fomentando valores

como la fraternidad y horizontalidad. En dicho plantel se busca formar docentes con una práctica de compromiso social y

que tengan las herramientas pedagógicas para contribuir a la transformación del entorno en el que

viven. Para este modelo la pedagogía no está separada de la política; se contribuye a forjar profesores que se

asuman como agentes de cambio en su espacio cotidiano: la escuela. Es por ello que la educación que se da en la Normal confronta al poder institucional y al

modelo económico y social dominante. Tanto para el Estado como para los poderes fácticos estos espacios

insubordinados son un enemigo, por eso han atacado a la escuela con intentos de desalojo, represión y amenazas de

desaparición de la Normal Rural. Antes del 26 de septiembre del 2014, la represión más fuerte que sufrieron los

normalistas de Ayotzinapa ocurrió el 12 de diciembre del 2011, cuando los

estudiantes se movilizaron por sus demandas cortando la Autopista del Sol,

siendo atacados tanto por la policía estatal como federal, quienes asesinaron a tres normalistas y dejaron a varios

heridos.

En suma, lo ocurrido recientemente es parte de un historia de represión y

violencia contra un proyecto transformador y emancipador que amenaza al poder establecido, puesto que presenta una alternativa de

organizar la sociedad, una ética distinta

que no privilegia el individualismo o el éxito personal, y que no está dispuesta a someterse a nadie, puesto que todo lo

han ido construyendo con sus propias manos.

*

Esperamos que estas breves notas

ayuden a la reflexión crítica y libertaria. Sabemos que lo que les contamos no es nada nuevo para el Perú, pues nos han

llegado hasta acá rumores de su historia: no olvidamos Los Cabitos, ni Barrios Altos, ni Raccaya, ni La Cantuta, también

recordamos la labor incansable de las madres de ANFASEP, su voz de resonancia quechua que pregunta

¿dónde están? hace eco hasta acá. Sabemos que la violencia allá continúa ahora de la mano de intereses

extractivistas: lo vimos en Bagua, lo vemos en Cajamarca.

Desde acá les enviamos un saludo y

abrazos fraternos, su lucha es nuestra lucha, su memoria y la nuestra se encuentran.

¡Fue el Estado!

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Círculo Errante de Estudio y

Discusión Anarquista.

(Imagen: Taller de Serigrafía Instantánea-$hile)