Auditoras Ambientales

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Auditoras Ambientales

Grupo de Trabajo de Auditora Ambiental (WGEA) INTOSAI CONTRALORA

Comisin Tcnica Especial de Medio Ambiente

GENERAL DE LA REPBLICA DE COLOMBIA

Contralora Delegada para el Medio Ambiente

Alvaro Villate Supelano (Contralor Delegado para el Medio Ambiente)

Bibiana Guevara Aldana (Asesor de Gestin)

Agosto 14 de 2003

Tabla de contenido

Informes Auditoras Especiales

Auditora Especial MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)AUDITORA AMBIENTAL A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CAMPO PETROLERO CICUCO-BOQUETE (DEPARTAMENTO DE BOLVAR)Auditora Especial AUDITORA ESPECIAL A LA POLTICA DE ERRADICACIN DE CULTIVOS ILCITOS Auditora Especial RELLENO SANITARIO CURVA DE RODAS

Auditora Especial RELLENO SANITARIO MAGIC GARDEN, SAN ANDRS, ISLAAuditoras en Cooperacin

AUDITORA A LA GESTIN AMBIENTAL ADELANTADA SOBRE LA SUBCUENCA BINACIONAL DEL RO TCHIRAInformes Especiales

SANEAMIENTO BSICO y ambiental EN COLOMBIA

COMPROMISOS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEAuditora Especial

MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)

En el municipio de Soacha, se observan los problemas: falta de planeacin urbanstica, la proliferacin de industrias y puesta en marcha de diversos proyectos de inversin pblica, sin tener en cuenta su impacto negativo sobre el medio ambiente conllevan a realizar un urgente llamado a todas las instancias competentes, como la CAR, la administracin municipal, y dado que Soacha recibe el impacto de las actividades desarrolladas en Santa F de Bogot es tambin responsabilidad de las autoridades ambientales del Distrito Capital velar por el adecuado manejo y disposicin de residuos slidos y lquidos que contribuyen a la progresiva e incontrolada contaminacin presentada en el Municipio por tanto Soacha debe ser considerada como una PRIORIDAD AMBIENTAL mediante la implantacin urgente de medidas correctivas, preventivas e inversin por parte de los entes competentes. Lo anterior a pesar de que en el Plan de Desarrollo del municipio se dice que el medio ambiente constituira una prioridad para la actual administracin, en la medida en que existan profundos problemas ambientales en el municipio derivados de la actividad industrial, minera y el deficiente manejo de las aguas negras, entre otros.

Los efectos depredadores sobre los ecosistemas, el rompimiento del equilibrio ecolgico de la regin, la desorganizada planificacin social, el irracional estilo de desarrollo econmico y la ausencia de una adecuada cultura ambiental, han hecho del Municipio de Soacha un fiel representante de todo tipo de atropellos y abusos contra el medio ambiente, los recursos naturales y cualquier forma de vida en general.

En cumplimiento del convenio de colaboracin insterinstitucional suscrito entre la Contralora Municipal de Soacha y la Contralora General de la Repblica, se llev a cabo una Evaluacin de la Gestin Ambiental adelantada en el Municipio de Soacha-Cundinamarca, las entidades sujetas a este control fueron la Corporacin Autnoma Regional del Cundinamarca CAR - Regional Funza, entidad del orden nacional encargada segn la Ley 99 de 1993 de administrar, vigilar y controlar los recursos naturales y el medio ambiente en la zona de su jurisdiccin, y las oficinas de la Administracin Municipal que desempean funciones ambientales segn el Acuerdo 025 de 1995 del Concejo Municipal.1. OBJETIVO

Evaluar la Gestin Ambiental de proteccin, conservacin, uso y explotacin de los recursos naturales, adelantada por las autoridades ambientales con jurisdiccin, en el Municipio de Soacha, Cundinamarca.

2. FUENTES DE CRITERIOS

Ley 99/93; Ley 388/97; Plan Nacional de Desarrollo Un Cambio para Construir la Paz;

Acuerdo Municipal 025/953. METODOLOGIA

Dentro de la metodologa de trabajo, adems de la evaluacin de la gestin de las entidades con mayor injerencia en el manejo ambiental del Municipio de Soacha, se realizaron visitas a diversos lugares de su jurisdiccin, que permitieran revisar el estado de los mismos y los resultados de los planes de accin sobre l adelantados.

4 HALLAZGOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES

(En general los informes de auditora de la EFS- Colombia no presentan recomendaciones en aras de no pasar a la coadministracin)HALLAZGOS RELEVANTESRECOMENDACIONES

Desarrollo desordenado e intensivo de actividades industriales, explotacin de canteras, asentamientos subnormales, entre otros, son los principales factores antrpicos que han provocado el desequilibrio ecosistmico, generando la degradacin del medio ambiente en el Municipio de Soacha-Cundinamarca.

Incumplimiento de las funciones ambientales establecidas mediante la Ley 99/93 y el Acuerdo 025/95 del Concejo Municipal de Soacha por parte de la Direccin de Gestin Ambiental, Planeacin Fsica y Urbanismo, Secretaria General, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Obras, Transporte y Servicios Pblicos, entre otras.

Control deficiente del uso y manejo de los recursos naturales por parte de las autoridades ambientales y municipales.

Ausencia del componente ambiental en proyectos de desarrollo en el municipio

El municipio no est dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 99/93 en su artculo 111; sobre adquisicin de reas de inters para acueductos municipales

El Municipio en materia ambiental, asign recursos correspondientes al 14 por ciento del total del presupuesto, de los cuales slo ejecut el 9 por ciento para la vigencia de 1998 y para la vigencia de 1999 (octubre) asign el 15 por ciento y ejecut el 4 por ciento, contraviniendo las polticas trazadas en el plan de desarrollo participativo.

Auditora Especial

AUDITORA AMBIENTAL A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CAMPO PETROLERO CICUCO-BOQUETE (DEPARTAMENTO DE BOLVAR)

Justificacin

La dependencia existente entre comunidades palafticas y el ecosistema en el que se encuentran inmersas es total puesto que de l derivan sus comportamientos culturales, sociales y productivos, as como sus posibilidades de alcanzar niveles de vida aceptables. En consecuencia, es claro que para el caso del rea de influencia directa del campo petrolero Cicuco-Boquete, toda alteracin negativa que sobre el complejo cenagoso se haya desarrollado a lo largo del tiempo es la responsable de buena parte del deterioro de las condiciones de vida para la poblacin del lugar, consecuencia directa de la condicin de ser comunidades netamente anfibias.

Con lo anterior no se desconoce que la gran cuenca del Magdalena, dada su amplia cobertura geogrfica y la irrigacin de zonas por su cauce principal, es una herramienta normal de transmisin de impactos negativos, como la contaminacin y acumulacin de sedimentos, lo que sumado a actividades impactantes negativamente desencadena efectos sinrgicos altamente perjudiciales.

Dentro de estos impactos, es importante resaltar como perjudicial la interrupcin de la dinmica fluvial entre cinagas y la funcin autopurificante que los interfluvios naturales tienen para el complejo hdrico en zonas de baja pendiente, adems de su funcin correctora de torrentes por retencin de excesos de agua, o alimentacin de la corriente principal en pocas de disminucin crtica de caudales; si a lo anterior se suman incrementos sbitos de vertimientos contaminantes, la desestabilizacin ecosistmica supera los niveles admisibles naturalmente, atentando contra el sostenimiento y perpetuacin de las poblaciones palafticas all asentadas.

Es entonces el desencadenamiento de impactos sinrgicos el problema ms grave derivado de la actividad petrolera continua sobre el complejo cenagoso, soporte de las comunidades anfibias de los Municipios de Cicuco y Talaigua, las cuales de tiempo atrs han venido percibiendo el desmejoramiento progresivo de las condiciones para adelantar su actividad productiva, las cuales recaen directamente sobre su funcin de produccin pesquera, con su consecuente desmejoramiento del ingreso familiar sobre los beneficios de la sociedad; sin mencionar la afectacin que en sus condiciones de salubridad han tenido que soportar. No se cuestiona desde ningn punto de vista la realizacin de la actividad extractiva ya que se trataba, y se trata, de una prioridad estatal, pero s es cuestionable el manejo que se le da a las externalidades, intrnsecas a la actividad en el lugar.

En consecuencia, la Contralora General de la Repblica, cumpliendo su misin constitucional y legal, en especial lo decretado en los artculos 267 de la Constitucin Poltica, en el 8 de la Ley 42 de 1993, y en el decreto ley 267 de 2000, con la participacin del Departamento Nacional de Planeacin y en su preocupacin de generar metodologas de valoracin de costos ambientales que le permitan dimensionar el dao generado por la deficiente gestin ambiental de las entidades que administran y usan los recursos naturales y como un instrumento de apoyo para la toma de decisiones y gestin sectorial, dispone realizar una cuantificacin del impacto por el uso y deterioro de los recursos naturales, mediante la metodologa de costos inducidos, tcnica prdida de productividad, como parte de la auditoria de gestin ambiental a la zona de influencia del campo petrolero Cicuco Boquete que fue requerida por los alcaldes de los Municipios de Cicuco y Talaigua nuevo.

Resta precisar, que aunque el Ministerio del Medio Ambiente an no ha reglamentado el numeral 43 articulo 5 de la ley 99 de 1993, se estn retomando las herramientas que al respecto brinda la literatura internacional. Igualmente, y dadas las limitaciones de la informacin, la metodologa aqu aplicada no recoge en su totalidad el valor de los servicios ambientales del ecosistema ni pondera el deterioro ambiental por cada uno de los factores causantes.

4. OBJETIVO

Determinar, aproximadamente, los costos ambientales generados, por accin u omisin de las entidades administradoras y usuarias de los recursos naturales, en el rea de influencia del campo petrolero Cicuco-Boquete..

5. METODOLOGIA

Con el fin de definir la localizacin del rea de estudio y establecer los cambios sufridos en el complejo cenagoso y sus posibles causas, se recurri a la cartografa disponible de mayor detalle (escala 1:25.000) y se realiz un anlisis aerofotogrfico multitemporal, desde 1947 hasta 1993. Adicionalmente, para conocer la calidad ambiental actual de los recursos suelo y agua, como informacin primaria y prueba de auditora se solicit a los Municipios caracterizaciones de suelo y agua en diez puntos que cubrieran el rea de afectacin; en tanto que, para establecer las variables socioeconmicas de la regin, se procedi al levantamiento de informacin primaria, mediante la formulacin de una serie de encuestas a una muestra representativa de la poblacin.

Lamentablemente, por carecerse de una lnea base completa que permita identificar con claridad los niveles de deterioro de las condiciones ecosistmicas; no obstante, con el concepto generado en la visita de campo, el resultado del estudio multitemporal de la fotointerpretacin y de las caraterizaciones de lodos y agua se determin hacer un anlisis que nos permitiera establecer la dinmica de las variables socieconmicas, tanto del rea afectada como de la no afectada y as poder establecer la relacin existente entre el deterioro de la calidad ambiental y el comportamiento de estas variables.

Por lo anterior, se procedi a adoptar como metodologa, un anlisis de corte transversal y posteriormente uno longitudinal. En esta fase del anlisis, se formul una encuesta a los pescadores tanto de la zona afectada, Cabecera Municipal del Municipio de Cicuco Cao Hondo, El Limn y Punta Cartagena, El Patico, Puerto Amor y El Vesubio, corregimiento del Municipio de Talaigua nuevo , como de la zona no afectada, corregimiento de La Pea, Municipio de Cicuco.

Tambin se cont con la fotointerpretacin para obtener algunos de los resultados.

3. RESUMEN EJECUTIVO

El deterioro socioambiental generado en la zona de influencia, responde a una serie de factores como la construccin de la infraestructura del campo de explotacin, los derrames de petrleo, el aporte de contaminacin del Ro Magdalena, la utilizacin indiscriminada de agroqumicos, la ausencia del servicio de alcantarillado en los Municipios aledaos y la mala disposicin de residuos slidos domsticos y a la ampliacin de la frontera agrcola.

La falta de compromiso institucional y la deficiente gestin por parte de las entidades encargadas del uso, manejo y administracin de los recursos naturales con presencia en la zona de influencia, han generado unos costos ambientales de $969.777.311.744, equivalentes a la disminucin del excedente del productor.

Transcurridos ms de 10 aos, desde que fue abierto formalmente el expediente sobre la problemtica ambiental de la regin, por parte del INDERENA, tanto esta entidad como el Ministerio del Medio Ambiente y la CSB, no han adelantado un adecuado seguimiento y control a las acciones y medidas impuestas; por lo tanto, estas ltimas no han respondido a los objetivos iniciales de mitigacin y restauracin, y el deterioro ambiental se viene generando progresivamente.

En el caso especfico del Relleno Sanitario, el Ministerio del Medio Ambiente no verific que esta obra cumpliera con lo dispuesto en el Auto 049 de enero de 1997, expedido por esta misma autoridad, el cual le exiga a ECOPETROL su entrega al Municipio en "ptimas condiciones de funcionamiento". Obra que represent una prdida de $185 millones, pues no cumpli con las especificaciones y los objetivos propuestos y se encuentra en abandono.

En el proceso de produccin del campo petrolero Cicuco-Boquete, las actividades de proteccin ambiental evidencian un comportamiento paralelo al desarrollo de la normatividad y al proceso de concientizacin, que se ha presentado en el contexto nacional e internacional, en el cual se identifican dos escenarios:

El primero se ubica entre los aos 1956 y 1975, desde la exploracin y explotacin hasta la reversin del campo a la Nacin por parte de la empresa concesionaria COLPET. En este perodo se generaron los mayores impactos sobre los ecosistemas debido a las tcnicas y procedimientos que se utilizaron durante la fase de exploracin, los cuales no fueron ejecutados ni monitoreados de acuerdo a las obligaciones contractuales y legales existentes.

Durante este lapso, cerca de veinte aos, la concesionaria gener residuos slidos y lquidos, industriales y domsticos, emitidos al ambiente sin ningn tipo de tratamiento, dada la inexistencia de una poltica estatal ambiental que conciliara el desarrollo econmico con el uso racional de los recursos naturales e involucrara normas y estndares de calidad ambiental. Tampoco hubo conciencia por parte de la empresa COLPET, acerca de los posibles efectos que le causara a las generaciones futuras el deterioro y destruccin de los ecosistemas de la zona de influencia.

El segundo escenario se enmarca a partir de 1976, cuando la estatal petrolera, ECOPETROL, comienza la explotacin del campo el cual fue recibido a satisfaccin sin exigirle al concesionario actividades o procesos de recuperacin y restauracin de las reas afectadas durante su explotacin.

De otra parte, a pesar de existir autoridad ambiental e instrumentos jurdicos, con los Decretos 2104 de 1983 y el 1594 de 1984, para exigirle a ECOPETROL el uso racional de los recursos naturales, se presenta un amplio perodo en el que el INDERENA, Seccional Bolvar, no hace pronunciamiento alguno. Slo en 1988, como respuesta a denuncias de la comunidad, el Instituto comienza a ejercer su funcin como autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales y abre el expediente No.163 de 1988 a nombre de ECOPETROL, por informacin sobre daos ambientales en el Campo Cicuco, y comienza a exigir requisitos de calidad ambiental en las caracterizaciones de agua y aire, y a solicitarle a la empresa estatal obras de mitigacin para la zona afectada.

El INDERENA y, posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente, no emitieron concepto oportuno sobre las especificaciones tcnicas de diseo y construccin de las obras civiles requeridas a ECOPETROL a fin de garantizar la efectividad de las mismas y el cumplimiento del objetivo para el cual fueron requeridas. La falta de oportunidad en las actuaciones del INDERENA prolong las acciones que generaron deterioro ambiental y aplazaron las obras de mitigacin que deba emprender ECOPETROL; lo anterior, ocasion que la empresa iniciara las obras de mitigacin slo a partir de 1991, cuando construy, parcialmente, el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, separador API, y algunas obras civiles de interconexin hidrulica.

El Ministerio inicia su gestin de manera decisiva al suspender las actividades del campo en 1994, por los daos causados al complejo de cinagas, algunos de ellos irreparables; no obstante, levanta la suspensin mediante acta de compromiso y pasa por alto su funcin principal como autoridad ambiental de velar por un ambiente sano, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitucin Nacional. Prueba de ello es que no adelanta la investigacin ordenada en la Resolucin 245 del 5 de Agosto de 1994 y, por el contrario, permite la dilacin de acciones de mitigacin y/o compensacin, ya que algunos requerimientos hechos en 1995 vuelve a solicitarlos en 1997.

De otra parte, el Ministerio ha desconocido su obligacin de establecer tcnicamente las metodologas de valoracin de los costos econmicos del deterioro y de la conservacin del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, incumpliendo con el numeral 43 del Artculo 5 de la Ley 99 de 1993; de igual manera, se ha abstenido de denunciar ante las autoridades competentes los hechos que atenten contra la proteccin ambiental y el manejo adecuado de los recursos naturales, con el propsito de iniciar las investigaciones de carcter penal, sin perjuicio de adelantar acciones para la imposicin de sanciones y medidas preventivas. Esta situacin se ha presentado a pesar de las solicitudes hechas por la poblacin afectada, en el sentido de requerir al Ministerio para la realizacin del Estudio de Impacto Ambiental, con el propsito de determinar la magnitud de los daos causados por las actividades petroleras.

Slo en 1999, mediante la Resolucin 0964 del 12 de noviembre, el Ministerio del Medio Ambiente acta decididamente y formula un pliego de cargos a ECOPETROL y le establece el cumplimiento de sus obligaciones.

Entre tanto, el INPA, a pesar de haber participado en varias reuniones de concertacin, por medio de la Direccin Regional Atlntico, y de haber firmado las actas donde se comprometi a liderar el convenio interinstitucional para el fomento de la pesca artesanal y de la acuicultura en la zona, ha adelantado mnimas acciones para darle cumplimiento a lo pactado y no ha ejercido eficaz presencia institucional en la zona de explotacin petrolera, con el fin de adelantar un control efectivo sobre las tallas, las artes y aparejos de pesca, para verificar si cumplen con las normas reglamentarias; sobre todo si se considera la presin indebida que se realiza sobre el recurso, con el empleo de elementos como el trasmallo que no permiten la seleccin adecuada por tamaos de especies.

En cuanto a la Corporacin del Sur de Bolvar -CSB-, sta no se ha pronunciado sobre los resultados de las caracterizaciones de aguas residuales que enva ECOPETROL peridicamente, a pesar que no cumplen con la norma especfica de vertimiento, en cuanto a porcentajes de remocin de la DBO5 y DQO, pH, Temperatura ySlidos Suspendidos, ni con el tipo de caracterizacin exigida por la norma de vertimiento especfico, ya que los anlisis se han realizado a muestras simples y puntuales de un solo da, lo cual no permite obtener una evaluacin real y consistente sobre la calidad del vertimiento ni sobre la eficiencia del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales -STAR- del Campo Cicuco. Tampoco realiza actividades mensuales de seguimiento y control sobre los vertimientos lquidos, como lo establece el artculo dcimo de la Resolucin 486 del 11 de diciembre/96, en la que se otorga el permiso definitivo al campo petrolero.

El resultado de los anlisis, reportados por ECOPETROL, toma como punto de referencia directa al Decreto 1594/84, y no tiene en cuenta las exigencias especficas de vertimiento establecidas en las resoluciones por medio de las cuales se otorg el permiso de vertimientos. Por ejemplo, declara que cumple con el porcentaje de remocin en carga de DBO5 y DQO, porque es superior al 20% de acuerdo con el Decreto1594/84, cuando las resoluciones anteriormente mencionadas, le establecen un mnimo de remocin del 80% para estos parmetros; similar situacin se presenta con el pH, Temperatura y Slidos Suspendidos. As mismo, ha venido incumpliendo lo establecido en estas resoluciones, en cuanto al tipo de muestras que deben ser analizadas y a la manera como deben ser reportados los resultados. Segn las citadas resoluciones las muestras deben ser compuestas diarias, tomadas durante cinco das de produccin normal y el reporte de resultados debe ser por da para cada parmetro, el promedio por parmetro y las cargas diarias; pero ECOPETROL reporta resultados de anlisis a muestras simples de un solo da.

ECOPETROL ha realizado inversiones en obras civiles, como los Box Culvert, cuyo objetivo es restaurar la intercomunicacin de los cuerpos de agua separados por los carreteables abiertos en la zona; pese a esto, la infraestructura construida no responde a las caractersticas hidrulicas del complejo cenagoso, ocasionando represamiento de material vegetal en las cinagas en poca de inundacin, o la interrupcin de los cuerpos de agua en poca de estiaje.

La empresa tambin implement la construccin del Relleno Sanitario "Paraso Verde", en cumplimiento de la Resolucin 0174 de Agosto/93, como obra de compensacin para las comunidades asentadas en el rea de influencia de la explotacin petrolera. La obra por un valor aproximado de $185000.000, fue entregada el 2 de julio de 1996, mediante acta firmada por el Jefe del Departamento de Produccin Cicuco y el alcalde municipal, el que manifiesta recibir las citadas obras a su entera satisfaccin. Sin embargo, en la visita de campo se observ que, en lugar de ser una medida de compensacin para que la comunidad se beneficiara con una adecuada disposicin de residuos slidos, ha generado pasivos ambientales por las condiciones freticas del suelo, aspecto ltimo que no fue tenido en cuenta por la firma consultora, no obstante haber advertido este hecho en uno de los sondeos de exploracin efectuado, al igual que tampoco tuvo en cuenta los registros histricos pluvimetricos de la zona.

Las omisiones que se presentaron en el proceso de diseo, aprobacin y construccin del Relleno Sanitario, generaron prdidas econmicas y deterioro del erario pblico porque la obra no cumpli con el objeto y fines sealados. El INDERENA dio aprobacin inicial al diseo del relleno y despus, el Ministerio del Medio Ambiente emiti concepto tcnico desfavorable sobre este diseo y el sitio de ubicacin, aunque permiti que la obra se ejecutara hasta el final, sin hacer requerimientos de ajustes, para que la infraestructura respondiera a las necesidades de la poblacin, u ordenar la suspensin de la misma; ECOPETROL, por su parte, fall en la interventora realizada, tanto en el diseo inicial como en la etapa de construccin, y entreg el relleno al Municipio sin las adecuadas condiciones de funcionamiento, pasando por alto lo exigido en el Auto 049 del 30 de enero/97.

En cuanto a la infraestructura del campo se refiere, debe realizarse una evaluacin de los 31 pozos en abandono temporal, dados los problemas que pueden generarse al presentar condiciones como robo de tubera, manipulacin de las vlvulas de seguridad y derrames por diferentes factores. De los 65 pozos del campo slo 16 se encuentran activos, por lo que sera conveniente realizar una evaluacin de la tubera a recoger y almacenarla para que no se continen presentando robos de la misma, como ha venido sucediendo. Ninguno de los pozos, tanto los que estn ubicados en las zonas urbanas (protegidos por una malla que los asla del entorno) como en las reas rurales, poseen contrapozo de seguridad, medida de control que ayudara a evitar que el hidrocarburo derramado, por cualquier circunstancia, contamine el suelo y/o llegue a los cuerpos de agua cercanos, con sus consecuentes impactos negativos sobre la fauna y la flora.

La valoracin parcial de los costos ambientales generados por la extraccin del petrleo en el campo CicucoBoquete, se puede establecer a travs de la cuantificacin de la disminucin en el beneficio econmico por uso del recurso pesquero, que sufre la poblacin dependiente de esta actividad, como resultado del paulatino deterioro del recurso hdrico en las reas de influencia directa del campo petrolero.

De acuerdo con la muestra seleccionada, se estima que la diferencia en cantidad de peces extrados entre reas no afectadas y afectadas alcanza proporciones de 2.24 veces ms en las cinagas fuera del rea de influencia del campo, considerando la mediana muestral; en trminos de costos medios de produccin incluido el tiempo de trabajo, esta diferencia es de 2.54 veces mayor en las reas contaminadas, lo que revela las diferencias significativas que existen en el esfuerzo de pesca, lo cual sumado a la merma ostensible en la captura da una idea de la incidencia que la afectacin por la extraccin petrolera genera sobre el recurso pesquero para las comunidades asentadas en el rea y con mnimas opciones de generacin de ingresos y alimentacin.

Los costos ambientales estimados, para el caso de la explotacin del recurso pesquero en la Isla de Mompox, se cuantifican como la disminucin en el excedente del productor por incremento en los costos medios de produccin y disminucin en los volmenes de captura, evaluado a lo largo de tiempo de la explotacin petrolera; as, el valor de los costos ambientales estimados para los 528 meses considerados, es de $969.777.311.744 (a pesos de 1999), con un rango de confianza superior al 95%.

Es de esperar que con la implementacin de las acciones de manejo ambiental tendientes a restaurar la capacidad pisccola, por parte de ECOPETROL y de las diferentes entidades del Estado que tienen responsabilidad sectorial y presencia en la zona (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Obras Pblicas, Ministerio de Agricultura, CSB, INPA, SENA, SRI, Red de Solidaridad, Gobernacin, Alcaldas Municipales, entre otras), pueda recuperarse la riqueza acucola derivada de las particulares condiciones del rea cenagosa. Aunque no sera una compensacin al dao causado sino que es la forma de evitar, a futuro, seguir configurando el deterioro progresivo del ecosistema de soporte de la actividad pesquera.

Auditora Especial

AUDITORA ESPECIAL A LA POLTICA DE ERRADICACIN DE CULTIVOS ILCITOS

Justificacin

La Contralora General de la Repblica, en desarrollo del control fiscal que le compete, de acuerdo con los artculos 267 y 268 de la Constitucin Poltica Nacional y las leyes concordantes, a travs de un trabajo conjunto entre la Contralora Delegada para el Medio Ambiente y la Contralora Delegada Sector Justicia, Defensa y Seguridad, decidieron realizar la Auditora Especial a la Poltica de Erradicacin de Cultivos Ilcitos, como respuesta a su creciente preocupacin en torno de la efectividad de los programas y el elevado nivel de impacto sobre el medio ambiente y la salud de la poblacin.

La Auditora, en consecuencia, evalu el periodo 1992 - 2000, los resultados de las estrategias implantadas mediante los programas de erradicacin (qumica, mecnica y manual) para la sustitucin de cultivos de uso no lcito; tomando en cuenta las consecuencias ambientales en los departamentos de Caquet, Guaviare, Putumayo y la regin del Catatumbo.

La dinmica del los cultivos ilcitos presenta un crecimiento en el rea total cultivada del 54% entre 1992 y 1999 siendo el cultivo de coca el ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo en contraste con las otras dos especies que han visto disminuida significativamente su produccin.

La consecuencia directa del incremento en al rea cultivada han sido los grandes efectos ambientales dada su ubicacin en zonas estratgicas y a la vez frgiles desde el punto de vista ambiental, siendo el principal impacto la deforestacin y sus implicaciones sobre el rgimen de aguas y la biodiversidad

En respuesta a la expansin progresiva del rea cultivada y como estrategia de la poltica antidrogas de los Estados Unidos, el Estado Colombiano inicia procesos de erradicacin, no muy acentuados, hacia los aos 1991 y 1992. Es hacia finales de 1992 cuando se empiezan a plantear las bases de un Plan Nacional de lucha contra la droga.

Aunque durante el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) ya existan presiones externas para que se utilizaran qumicos en la erradicacin de cultivos de la marihuana, y no obstante haber realizado experimentos en la Sierra Nevada de Santa Martha con Paraquat, slo hacia 1984, en el gobierno de Belisario Betancurt, se toma la decisin oficial de fumigar, ya no con Paraquat sino con Glifosato, inicindose as la poltica de erradicacin qumica por aspersin area en nuestro pas.

En 1986 ante los bajos resultados de la fumigacin con Glifosato la poltica antinarcticos resta importancia a la erradicacin de los cultivos y traslada sus esfuerzos en el campo militar y la aplicacin de la extradicin.

La administracin Gaviria hizo nfasis en la poltica de sometimiento, no obstante, a principio de los aos noventa, continu con la fumigacin de los cultivos de Amapola, produccin que se estaba consolidando en el Macizo Colombiano.

En 1995 a travs del Decreto 1956 se adopt el Plan Nacional, Compromiso de Colombia frente al Problema Mundial de la Droga, como uno de los componentes del Plan Nacional de Desarrollo 1994 - 1998 denominado "El Salto Social", correspondiente al gobierno de Ernesto Samper.

Este Plan estableci cinco lneas de accin, dentro de las cuales se definieron diez polticas, enmarcadas en cinco grandes estrategias para el control de los cultivos ilcitos, la produccin, trfico y comercializacin de sustancias psicoctivas y del lavado de dineros producto del narcotrfico, tal como se presenta en la Tabla No. 1.Tabla No. 1 Plan Nacional "Compromiso de Colombia Frente al Problema Mundial de la Droga 1994 - 1998"

Compromiso de Colombia frente al Problema Mundial de la Droga

OBJETIVO GENERAL

Frenar y reducir progresiva y sistemticamente las causas y manifestaciones del problema de la droga mediante la aplicacin de mecanismos de participacin comunitaria que vinculen efectivamente a la sociedad civil en la solucin de dicha problemtica

Lneas de AccinPolticasEstrategias

Fortalecimiento de la Justicia Represin y sometimiento.

Cambio en la administracin de justicia.Democratizacin y fortalecimiento de la sociedad civil

Descentralizacin

Investigacin Concertacin y Coordinacin Interinstitucional

Comunicacin

Multilateralizacin

Metas y Responsables

Control e Interdiccin

Erradicacin de Cultivos Ilcitos.

Produccin Industrial de Drogas.

Distribucin.

Lavado de Activos.

Persecucin de los Carteles.

Desarrollo alternativoPlan Nacional de Desarrollo Alternativo.

Prevencin y rehabilitacinAmenaza del Consumo.

Cooperacin InternacionalResponsabilidad Internacional.

Fuente: "Plan Nacional: Compromiso de Colombia Frente al Problema Mundial de la Droga"

En lo que tiene que ver con la poltica de erradicacin de cultivos ilcitos del Plan "el gobierno nacional comprometer todos sus esfuerzos para proceder a erradicar cultivos ilcitos, asegurando que las operaciones llevadas a cabo para tal fin se ejecuten con el menor impacto social y sin producir dao ecolgico, para lo cual se espera contar con el apoyo de la cooperacin internacional, con el objeto de disponer de todos los medios tcnicos necesarios en atencin a tal propsito. En este sentido se continuarn aplicando los mecanismos de erradicacin manual, mecnica o de aspersin area, con el permanente seguimiento de una Auditora Ambiental".

Paralelamente se formula el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), programa presidencial creado mediante la Ley 368 de 1997 y que dispone de recursos a travs del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONDO PLANTE), y que est "orientado a brindar, a partir de la destruccin de cultivos ilcitos, una alternativa econmica de vida, dentro de la Ley, a los campesinos, colonos e indgenas involucrados en esa actividad".

Con este Plan Nacional Compromiso de Colombia Frente a las Drogas, se inicia un proceso masivo de erradicacin qumica acompaado de procesos manuales. Aunque se hicieron ensayos con el Imazapyr, finalmente la aspersin se realiz con el Glifosato,

En 1998 se presenta el Plan Nacional de Lucha contra las drogas: Colombia 1998-2002. Tabla No. 2El Plan est articulado alrededor de siete estrategias y seis principios que se desarrollan a travs de seis Unidades de Gestin, cada una de las cuales presenta unos objetivos estratgicos y unas metas particulares.

La erradicacin de cultivos ilcitos aparece dentro del Plan Nacional de Lucha Contra las Drogas como una de las metas a alcanzar por la Unidad de Gestin para la Reduccin de la Oferta de Drogas, dentro del Objetivo Estratgico No.2 que consiste en "Combatir la produccin, el trfico y la distribucin de estupefacientes, as como la infraestructura que sirve de soporte al negocio de las drogas ilcitas".

Dentro de sus planteamientos, ambos planes establecen que las acciones de carcter represivo deben ser complementadas con acciones de contenido social que hagan posible una promocin del ser humano, integral y sostenible. En este sentido, se plantea la estrategia del desarrollo alternativo que le va a permitir al productor de coca establecer la sustitucin del cultivos ilcito por proyectos productivos que aseguren un desarrollo integral de la regin afectada.

Tabla No. 2 Plan Nacional de Lucha Contra las Drogas: Colombia 1998-2002

Objetivo General

Reducir progresiva y sistemticamente las causas y manifestaciones del problema de las drogas en forma articulada a la poltica de paz.

EstrategiasPrincipiosObjetivos Estratgicos

Comunicacin

Descentralizacin y participacin ciudadana

Armonizacin de los esfuerzos nacionales

Organizacin gerencial de la polticaInvestigacin para una accin estratgicaFocalizacin

Prevencin integralIntegralidad

Consenso

Autonoma

Multilateralidad

Corresponsabilidad

Contenido socialDesarrollo AlternativoReduccion De La Oferta De Drogas

Fortalecimiento Juridico E Institucional

Reduccion De La Demanda Gestion AmbientalPolitica Internacional

Igualmente se establece, aunque con mayor nfasis en el segundo plan, que la erradicacin se efectuar asegurando que las operaciones llevadas a cabo para tal fin se realizarn sin producir dao ecolgico.

En este sentido, el Plan Nacional de Lucha contra las drogas: Colombia 1998-2002 plantea la Gestin Ambiental como 5 objetivo estratgico dirigido a fomentar la conservacin ecolgica y el desarrollo integral sostenible en regiones de cultivos ilcitos y alto riesgo de incidencia.

Igualmente establece que Con el nimo de minimizar los efectos toxicolgicos sobre el ambiente y la salud humana ocasionados por la erradicacin por aspersin area, sta se lleva a cabo por medio de procedimientos tcnicos y operacionales vigilados en forma estricta por el Programa de Auditora Ambiental.

Se definen como entidades responsables del logro del objetivo estratgico, al Ministerio del Medio Ambiente, la Direccin Nacional de Estupefacientes por intermedio de la Auditora Ambiental, los Organismos de Seguridad del Estado, la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales, las Corporaciones Autnomas Regionales, el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo y a las ONGs.

Pese a que en el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas (1998 - 2002) la erradicacin de cultivos ilcitos aparece como una meta, a diferencia del Plan anterior (1994 - 1998) que le otorgaba el status de poltica, debido a la problemtica de avance y expansin de los cultivos, as como los fondos nacionales e internacionales que el gobierno ha obtenido para su desarrollo, le han dado y le dan la inusitada preponderancia que actualmente tiene.

2.OBJETIVO

La contralora General de la Repblica, en cumplimiento de su misin constitucional y legal, en especial lo decretado en el artculo 267 de la Constitucin Poltica y en el 8 de la ley 42 de 1993, realiz una Auditora Especial a La Poltica de Erradicacin de Cultivos Ilcitos, la cual incluy un control de resultados y de legalidad de la gestin realizada por la diferentes entidades involucradas en la ejecucin de la poltica.

3. METODOLOGIA

El anlisis se inicia con el planteamiento del problema que pretende resolver la poltica; seguidamente se identifica la poltica desde los inicios de su formulacin, las actuaciones que se han desarrollado en virtud de la ejecucin de la misma y finalmente se evalan los resultados obtenidos con la puesta en marcha de la poltica y se establecen las conclusiones y recomendaciones.

4. HALLAZGOS RELEVANTESDentro del proceso de evaluacin se determin que no se ha implementado un adecuado sistema de control lo que ha derivado en incumplimiento de la normatividad ambiental por parte de las autoridades responsables en sus diferentes aspectos, as como un alto grado de ineficiencia y descoordinacin entre las distintas entidades del estado.

En principio, y dado que la fumigacin con glifosato es una actividad, en materia ambiental, del rgimen de transicin, segn lo estableci el Decreto 1753 de 1994, solo requerir para su operacin un Plan de Manejo Ambiental. Sin embargo, analizado el expediente No 793, se observa falta de diligencia de la Direccin Nacional de Estupefaciente DNE, al no responder con prontitud los requerimientos realizados en los diferentes autos, ni cumplir con los requisitos tcnicos solicitados, no obstante coincidir algunos de estos requerimientos con los objetivos que debera haber cumplido la Auditora Ambiental contratada por esa Direccin durante los ltimos diez aos. Muestra de ello es lo ocurrido en julio de 1998 cuando la Direccin entrega al Ministerio el supuesto Plan de Manejo Ambiental sin el captulo de Identificacin y evaluacin de los impactos ambientales. Situacin similar se present en las entregas adicionales que hace la DNE el 17 de diciembre de 2000 y el 30 de diciembre de 2001, pues la informacin entregada no cumpla con los requerimientos del auto 588Ade 1996 en donde se fijan los trminos de referencia.

Existiendo evidencias suficientes del impacto ambiental negativo de la erradicacin forzosa por aspersin area de cultivos de uso no lcito, las cuales han sido reportadas por las distintas autoridades regionales y locales, as como por la Defensora del Pueblo y que han suscitado amplias manifestaciones de rechazo y cuestionamiento a nivel nacional como internacional, no se realiza un verdadero seguimiento y control a la poltica de erradicacin en tanto no est aprobado el Plan de Manejo Ambiental

La demora en la presentacin, ejecucin y cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental por parte de la DNE incide en la ejecucin y aplicacin de medidas preventivas, correctivas y de compensacin aplicables a los ecosistemas objeto de fumigacin afectados tanto por la produccin como por la erradicacin.

Pese a haber improbado los sucesivos planes de manejo presentados por la DNE el Ministerio no ha tenido la diligencia necesaria y suficiente para hacer cumplir la misin constitucional de proteger, prevenir y mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente al permitir la continuidad de esta actividad sin el cumplimiento de este requisito legal.

De lo anterior se puede establecer que no existe la suficiente voluntad poltica para integrar la variable ambiental a la ejecucin del programa de fumigacin, no obstante que la constitucin establece el desarrollo sostenible como principio rector del plan de desarrollo basado en el uso racional de los recursos naturales como base de sustento de vida y soporte de las actividades productivas de la economa nacional.

Adicionalmente, otra fuente de contaminacin en la aplicacin de la poltica son las prcticas de destruccin e incineracin In Situ que las instituciones de Defensa y Control del Estado en los ltimos 6 aos han realizado con cerca de 11.494.972 kilogramos de slidos y 11.137.788 galones de insumos lquidos, adems de la destruccin, hasta septiembre de 1999, de 164 laboratorios especialmente en la selva de la cuenca amaznica por parte de el Batalln No. 1. al igual que los envases plsticos y canecas metlicas utilizadas que son dejadas a la intemperie, los cuales se constituyen en desechos peligrosos. Esto refleja que no se estn cumpliendo tampoco los protocolos sobre disposicin de insumos incautados .

Si a estos prcticas le sumamos la ausencia de un sistema tcnico de almacenamiento (se encuentran distribuidos en el territorio nacional) de estas sustancias peligrosas y de un inventario detallado actualizado, avaluado, donde conste fecha o tiempo de vencimiento y perodo de depsito, los impactos pueden ser an mayores.

De otro lado, el asunto de redistribucin de las reas cultivadas por efectos de la erradicacin qumica tambin est contribuyendo a los procesos de deforestacin. En efecto, si al productor no se le ofrece una alternativa que le permita el mejoramiento de su calidad de vida y la insercin al proceso de desarrollo econmico del pas, le ser indiferente producir en el Guaviar o en el Putumayo lo que conlleva a nuevas colonizaciones con sus consecuente deforestacin, quemas y alteracin de las cadenas biolgicas.

Adems, ante la falta de informacin cierta sobre los eventuales efectos sobre la salud humana, dadas las diferencias conceptuales presentadas entre las instituciones estatales involucradas, y la inexistencia de medidas de prevencin por las autoridades sanitarias, ni tampoco estudios para establecer correlaciones entre las quejas presentadas por la comunidad y la aplicacin del herbicida, la CGR hace un llamado urgente al Comit Tcnico Asesor, del cual hace parte el Ministerio de Salud, para que tome las medidas necesarias conducentes a establecer las afectaciones y su prevencin.

Finalmente, con el propsito de asegurar la mayor transparencia sobre la poltica de erradicacin de cultivos ilcitos y se garantice la sostenibilidad ambiental de la misma, la Contralora General de la Repblica propone que se conforme una veedura internacional que contribuya en la evaluacin tcnica y ambiental de las actividades de erradicacin forzosa en Colombia .

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al realizar un anlisis de los antecedentes de la formulacin de la poltica de erradicacin, se encuentra que en su planeacin no se cont con una adecuada participacin de los distintos sectores de la sociedad, ni de la academia, ni de aquellos objeto de la misma, ni tampoco se recogieron las experiencias adquiridas desde su inicio. Tras 17 aos de ejecucin se continan repitiendo los mismos errores, entre los cuales encontramos que no se prev un adecuado sistema de control lo que ha derivado en un incumplimiento de la normatividad ambiental por parte de las autoridades responsables en sus diferentes aspectos, as como un alto grado de ineficiencia y descoordinacin entre las distintas entidades del estado. En consecuencia el plan nacional de lucha contra las drogas se ha convertido en una suprapoltica que no se integra ni coordina con las dems polticas sectoriales.

Los resultados de esta ausencia de gestin han sido altos costos en materia ambiental, social y econmica. El incremento absoluto del rea sembrada en cultivos ilcitos indican que no se ha cumplido los objetivos trazados y por lo tanto que la estrategia implementada ha sido ineficaz pese haberse incrementado de manera sustancial la superficie de cultivos asperjados con herbicidas.

Tras la verificacin de todas las evidencias anteriores y de acuerdo con un criterio de equidad y responsabilidad observamos que es necesario y urgente un cambio en la estrategia de erradicacin qumica de cultivos de uso no lcito que contemple: suspender la fumigacin con herbicidas y la implementacin de una estrategia alternativa integral y coordinada cuyos criterios deben ser, entre otros: voluntaria, manual, concertada y gradual.

Es indispensable que esa estrategia incluya un verdadero y real plan de desarrollo que involucre a todos los sectores de la sociedad (campesinos, colonos, etnias) y tenga en cuenta sus necesidades y expectativas; que ataque las causas estructurales histricas que dieron origen al establecimiento de este tipo de economas y que ofrezca las condiciones propicias para alcanzar un autntico desarrollo cultural y social, ambientalmente sustentable y econmicamente equitativo. Para esto es inaplazable abordar, entre otros, la problemtica originada por la desigual distribucin de la tierra en las zonas agrcolas tradicionales, acompaada de un plan de ordenamiento territorial como instrumento de planificacin y uso adecuado del territorio y de los recursos.

Debido a los altos costos ambientales, sociales y econmicos de la actual estrategia, la CGR sugiere la conformacin de una veedura internacional para que realmente verifique y evale permanentemente la ejecucin de estas polticas como lo sugiere la Resolucin Defensorial No. 04 de febrero de 2001.

De igual manera, y dados los resultados de su gestin, y tal como lo ordena el Ministerio del Medio Ambiente, se contrate una verdadera auditora ambiental tcnica y por sobre todo independiente para que cumpla realmente su misin y objetivos y se enmarque dentro de unos mnimos tcnicos cientficos requeridos acordes con la dimensin y trascendencia de la aplicacin de este tipo de polticas.

Podemos decir tambin que dentro de un marco internacional se violan algunos acuerdos adoptados en escenarios como las naciones unidas que han avanzado en la adopcin de criterios como el de la responsabilidad compartida, esto en el sentido de que es insuficiente atacar el lado de la oferta sin tambin adelantar un trabajo conjunto que integre el lado de la demanda en la bsqueda de la solucin global de la problemtica. Lo anterior ha derivado en que se adjudica la responsabilidad exclusiva de la problemtica de las drogas en los pases productores y de transito de los estupefacientes, sin tener en cuenta que debido a la existencia de una demanda de tales sustancias las economas empobrecidas se convierten en caldo de cultivo idneos para el auge de este mercado.

Como resultado de este inequitativa carga de responsabilidades son los pases productores y de transito los que terminan acarreando los costos y las consecuencias de la lucha contra la economa ilegal derivada del narcotrfico.

Auditora Especial

RELLENO SANITARIO CURVA DE RODASPROBLEMTICA

El relleno sanitario Curva de Rodas, deriva su nombre de la Quebrada Rodas que lo atraviesa longitudinalmente, est ubicado en el kilmetro 4 de la autopista Medelln-Bogot ocupando zona rural y urbana de los Municipios de Bello y Copacabana. Los principales problemas ambientales detectados en el relleno sanitario se encuentran relacionados con el vertimiento sin previo tratamiento al Ro Medelln y a la Quebrada Rodas, la disposicin inadecuada de desechos hospitalarios y peligrosos, el manejo antitcnico de las aguas lluvias, la intervencin del cauce de la mencionada quebrada Rodas con la construccin de 1049 metros de cobertura, quema de material vegetal, olores ofensivos, presencia de gallinazos y la incertidumbre respecto a su estabilidad de ste; lo anterior ha generado oposicin, inquietud y temor en la comunidad.

La auditora realizada tiene su origen en la preocupacin de la comunidad sobre los efectos que genera al medio ambiente el relleno sanitario y que se han incrementado en los dos ltimos aos con la construccin de varias urbanizaciones Estacin Primavera, Luna Lunera, Los Ciruelos, entre otras aledaas al relleno, contando con la autorizacin de los municipios de Bello y Copacabana al disponer de licencias de construccin, adems de contar con las licencias ambientales otorgadas por la Unidad Ambiental del rea Metropolitana, sin el previo lleno de los requisitos.1.OBJETIVO

Verificar y evaluar la gestin realizada en cumplimiento de la legislacin vigente.

2.FUENTES DE CRITERIO DE AUDITORA

Ley 99/93; Ley 388/97; Plan Nacional de Desarrollo Un Cambio para Construir la Paz

3.METODOLOGA

Dentro de la metodologa de trabajo, adems de la evaluacin de la gestin de las entidades con mayor injerencia en el manejo del relleno sanitario, la Curva de Rodas, se analizaron los documentos enviados por las diferentes instituciones a las que les compete el control y seguimiento del relleno; as mismo, se realizaron visitas de campo que permitieran revisar el estado del mismo y los resultados de la gestin sobre l adelantada.

4 HALLAZGOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES

(En general los informes de auditora de la EFS- Colombia no presentan recomendaciones en aras de no pasar a la coadministracin)

HALLAZGOS

Vertimiento sin previo tratamiento de todos los residuos resultantes de los procesos qumicos y degradables, al Ro Medelln y a la Quebrada Rodas, ocasionando un gravsimo dao al ecosistema y al entorno en el creciente aumento demogrfico.

Disposicin inadecuada de desechos hospitalarios y peligrosos, el manejo antitcnico de las aguas lluvias.

Intervencin del cauce de la mencionada quebrada Rodas con la construccin de 1049 metros de cobertura.

Quema de material vegetal, olores ofensivos, presencia de gallinazos.

El relleno sanitario cumpli su vida til desde 1996 y segn se evidencia, EEVV est tratando de prolongar su vida til al ao 2005, a costa del deterioro ambiental y del perjuicio a las comunidades aledaas, corrindose el riesgo que se presenten deslizamientos y otros episodios catastrficos continuar depositando ms toneladas de desechos.

los lixiviados no se estn depositando en los tanquesde sedimentacin, ni son llevados al tanque para realizar algn tipo de fermentacin; stos eran llevados directamente al Ro Medelln sin ningn tipo de tratamiento.

Tiempo de auditora

Fases

Planeacin

35%

Ejecucin

45%

Informe

20%

Auditora Especial RELLENO SANITARIO MAGIC GARDEN

SAN ANDRS, ISLAPROBLEMTICA

El viraje econmico del archipilago, as como su sobrepoblacin han conllevado a la mayor produccin de residuos slidos en la isla, lo que acompaado de un escaso proceso de planificacin urbana, falta de programas educativos y la ausencia de una poltica para el manejo integral de los desechos por parte del ente Departamental, as como al ineficiente control por parte de la autoridad ambiental, Coralina, propiciaron un progresivo deterioro de las condiciones ambientales.

En efecto, el reiterativo incumplimiento de las obligaciones de la Empresa Trash Bsters frente a la disposicin de residuos slidos en el relleno sanitario Magic Garden, ha conducido a la afectacin continua de la calidad de vida de los habitantes del sector aledao, los cuales en el mes de abril de 2002, decidieron bloquear la va de acceso al botadero, impidiendo el ingreso de los vehculos recolectores, circunstancia que conllev a la proliferacin de pequeos botaderos de basura en las calles y playas, as como a la quema indiscriminada de los mismos, lo que estuvo ad portas de crear una emergencia sanitaria y ambiental en el territorio isleo.El manejo antitcnico dado al relleno sanitario de Magic Garden ha generado una problemtica ambiental que incluye las afectaciones a la comunidad aledaa, a tal punto que en el mes de abril de 2002, tras las infructuosas reclamaciones, quejas y solicitudes, por mejorar las condiciones ambientales, los habitantes del sector bloquearon la va e impidieron el acceso de los vehculos recolectores, presentndose una crisis por la emergencia social y sanitaria generada, que motiva la actuacin de la Contralora General de la Repblica.

1. OBJETIVO

Evaluar la gestin de algunas de las entidades competentes y responsables, bien sean pblicas o privadas, acerca de la solucin de la problemtica ambiental del Relleno Sanitario Magic Garden en San Andrs, Isla.

2. CRITERIOS DE AUDITORIA

Ley 99/93; Ley 388/97; Plan Nacional de Desarrollo Un Cambio para Construir la Paz

3. METODOLOGIA

Dentro de la metodologa de trabajo, adems de la evaluacin de la gestin de las entidades con mayor injerencia en el manejo del relleno sanitario, se realizaron visitas de campo que permitieran revisar el estado del mismo y los resultados de la gestin sobre l adelantada.

4 HALLAZGOS RELEVANTES Y RECOMENDACIONES

(En general los informes de auditora de la EFS- Colombia no presentan recomendaciones en aras de no pasar a la coadministracin)

HALLAZGOS RELEVANTES

la acumulacin de residuos tiene prcticamente saturadas las zonas I y II, las cuales operan sin las respectivas tcnicas para la disposicin final.

La colmatacin del lugar es tal, que se han formado dos grandes acumulaciones elevadas de basuras que contrastan con el paisaje costero de la zona.

Los box coulvert presentan fallas, debido a las cargas, a que han sido sometidas las estructuras por el paso de los vehculos.

Al botadero llegan aproximadamente entre 100 y 120 toneladas diarias de residuos, los cuales son dispuestos sin ninguna clasificacin inicial y esparcidos en el lugar por un buldzer sin ningn tipo de tratamiento posterior.

El botadero no se encuentra cercado en sus alrededores, slo cuenta con la fachada principal que consta de dos puertas, una a la entrada y otra en el costado superior, situacin que genera el ingreso de recicladores y animales.

El sitio de disposicin no cuenta con canales perimetrales para el manejo de las aguas lluvias, existe socavamiento del cao que atraviesa el botadero y no hay pendientes adecuadas que faciliten la escorrenta.

No se realiza ningn tipo de cobertura de los residuos depositados all, no se dispone de tanque de almacenamiento de los lixiviados y no hay pozos de monitoreo para ellos, ni para los gases.

La isla no cuenta con un programa de manejo de los residuo hospitalarios.

El horno hospitalario no cuenta con los permisos de emisiones dado por la Autoridad Ambiental, adems esta operando en un 50% de su capacidad.

La actual disposicin del basurero no cuenta con un diseo de ingeniera de detalle de celdas para la disposicin con geomembrana impermeabilizante, sin tratamiento de los lixiviados y evacuacin de gases, lo cual ocasiona dao ambiental al suelo y subsuelo, dado que el suelo del sitio es de textura arcillosa.

la mala operatividad del botadero es un gran factor de contaminacin a los recursos: agua, aire, paisaje, suelo y subsuelo, situacin sta que ha desencadenado problemas ambientales y sociales.

Tiempo de auditora

Fases

Planeacin

30%

Ejecucin

50%

Informe

20%

Auditoras en Cooperacin

Contralora General de la Repblica Bolivariana de Venezuela

Contralora General de la Repblica de Colombia

AUDITORA A LA GESTIN AMBIENTAL ADELANTADA SOBRE LA SUBCUENCA BINACIONAL DEL RO TCHIRAEn 1997, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el Instituto para la Integracin de Amrica Latina - INTAL y la Corporacin Andina de Fomento - CAF en ceremonia especial hacen entrega a los gobernadores del Estado Tchira y el Departamento del Norte de Santander - Colombia, un Programa de Desarrollo Integral Fronterizo Colombo - Venezolano reas Tchira y Norte de Santander, donde se diagnostic la problemtica ambiental de la cuenca del ro Tchira, y se incluyo un sub-programa de Mejoramiento Ambiental Fronterizo que propone la realizacin de un Plan de Manejo para la Cuenca del mencionado ro.

En el referido diagnostico se establecen como problemtica relevante los siguientes hechos:

La precaria cantidad y calidad de los recursos hdricos disponibles en las subcuencas de los ros Tchira y Pamplonita, que afecta la salubridad de la poblacin local y resulta una limitante importante en la formulacin y ejecucin de los proyectos en el rea. La contaminacin de estos ros es originada principalmente por el alto contenido de bacterias coliformes y estreptococos provenientes de las aguas cloacales y la poca capacidad de autodepuracin existente en dichos recursos. Por otra parte, dado que las aguas en conflicto vierten en el Lago de Maracaibo los impactos ambientales podran tener repercusin incluso en el hbitat lacustre.

De igual gravedad al manejo de los recursos hdricos superficiales, resulta el aprovechamiento incontrolado de las aguas subterrneas en San Antonio, Urea y Villa del Rosario, lo que pudiera estar produciendo su agotamiento.

Los recursos forestales estn seriamente afectados como consecuencia de la ampliacin de la frontera agrcola y la explotacin irracional de los bosques. La deforestacin de la parte alta de las subcuencas no slo afecta el caudal de los ros sino que tambin destruye la diversidad biolgica. En las zonas de explotacin de carbn se genera una alta demanda de madera (palancas de minas), que ejerce una fuerte presin sobre los bosques circundantes, dichos requerimientos alcanzaban aproximadamente un milln de unidades al ao lo que afecta cerca de 1500 has. de bosque natural.

La contaminacin atmosfrica producto de las emisiones de actividades industriales y de vehculos automotores, es preocupante por su incidencia en el aumento de las enfermedades en las vas respiratorias, especialmente entre la poblacin infantil y senil.

El manejo de los desechos slidos en las poblaciones, tanto colombianas como venezolanas no cuenta con rellenos sanitarios adecuados u otro medio pertinente, disponiendo en general de un basural a cielo abierto.

En la zona es baja la cobertura y calidad de los servicios bsicos (abastecimiento de agua potable, disposicin de aguas servidas, y recoleccin y disposicin de basura), con las posibles consecuencias en el aumento de la morbilidad y mortalidad y el resurgimiento de epidemias como: diarreas, dengue, paludismo, clera, insuficiencias respiratorias y otras enfermedades infecciosas.

La explotacin de carbn considerada una de las actividades econmicas ms importantes del Departamento de Norte de Santander y que se ha extendido al Estado Tchira, crea serios problemas sanitarios y de degradacin ambiental.

Se presenta vertimiento, sin ningn tipo de tratamiento, en los ros Tchira y Pamplonita, de las aguas servidas de los municipios que circundan la cuenca, as como de residuos slidos, provenientes de actividades agropecuarias, agroindustriales e industriales.

Teniendo en cuenta esta problemtica; con fecha (01-08-97) los Gobernadores del Estado Tchira y el Departamento del Norte de Santander, Ricardo Mndez Moreno y Sergio Entrena Lpez, respectivamente, en el marco del IV Consejo Colombo - Venezolano de Gobernadores de Frontera, celebrado en la ciudad de Maracaibo, firman un Acta de Intencin en la que se comprometieron a dirigir acciones para el desarrollo del prenombrado Programa de Desarrollo Integral Fronterizo, con el propsito de desarrollar acciones concretas para lograr, entre otros, los objetivos del sub-programa: Mejoramiento Ambiental Fronterizo, que como ya se ha sealado contempla la realizacin de un Plan de Manejo para la Cuenca Binacional del Ro Tchira.

En noviembre de 1998 los presidentes de las Repblicas de Venezuela y Colombia, Rafael Caldera y Andrs Pastrana, suscriben un Memorndum de Entendimiento para la Realizacin del Programa de Desarrollo Integral Fronterizo Colombo - Venezolano, en el cual pasan a considerar dicho programa como componente fundamental de los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo, y en tal sentido debern incorporarse en los presupuestos nacionales e instruyen a las Comisiones Presidenciales, a supervisar la ejecucin del Programa y a los rganos ejecutivos a brindar todo apoyo necesario para estos fines.

Asimismo, en Venezuela, a la Oficina Central de Coordinacin y Planificacin de la Presidencia de la Repblica (CORDIPLAN), y al Ministerio de Hacienda se les asign la misin de gestionar los recursos financieros para la realizacin de dicho programa; y en Colombia, dicha misin se encarg al Ministerio de Hacienda y al Departamento de Planeacin Nacional. Sin embargo, en ninguno de los dos pases se han destinado en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para la implementacin del Programa.

Bajo el auspicio y promocin del Programa Cooperativo de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Agropecuaria para la Subregin Andina -PROCIANDINO-, distintas instituciones Gubernamentales nacionales, regionales y entes de cooperacin internacional, como son: PROCIANDINO, IICA - CORPOICA, FONAIAP, MARN, FUNDACITE y UNET han efectuado reuniones a los fines de elaborar un proyecto definitivo para la estructuracin del Plan de Manejo para la Cuenca Binacional del Ro Tchira. Actividad de promocin que se inserta dentro de los planes previstos por PROCIANDINO para la regin, constituye para el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura IICA- una estrategia para el fortalecimiento del desarrollo de la regin, destinada al referido programa con el apoyo de Banco Interamericano de Desarrollo, en un esfuerzo por lograr la implementacin del Programa de Desarrollo Integral Fronterizo Colombo-Venezolano, y lograr as la solucin de todos los problemas detectados en el rea de la Cuenca Binacional del Ro Tchira.

En el ao 1998, es elaborado un perfil del Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca Binacional del Ro Tchira, por un equipo tcnico conformado por representantes de instituciones de ambos pases, por Colombia: Secretara de Agricultura y Recursos Naturales, CORPOICA, Planeacin Nacional, INAT., C.I.A.T. y CORPONOR; por Venezuela: Gobernacin del Estado Tchira -DAINCO-, FONAIAP, MARN, Universidad Ezequiel Zamora, REDAMACS, M.A.C -UEDA- Tchira, y C.V.S., y por ltimo PROCIANDINO, donde se establece un conjunto de objetivos, metas y estrategias, como son:

ObjetivosMetasEstrategias

Incorporar diferentes actores al Plan de Manejo Integral (PMI)Conformacin del equipo multidisciplinario e interinstitucional con las organizaciones localesIdentificar y convocar actores mediante talleres e integrarlos en Consejos Consultivos.

Disear mecanismos de organizacin y ejecucin del PMIDiseo de estructura organizativa y gerencial para operacionalizar el PMI en sus fasesIdentificar instituciones, definir responsabilidades y asignar recursos.

Desarrollar diagnsticos biofsicos, socioeconmicos e institucionalesDesarrollar Bases de Datos y Sistemas de Informacin.Generacin sistematizacin anlisis y evaluacin de la informacin biofsica, socioeconmica e institucional de la cuenca

Disear un PMI sostenibleFormulacin del PMI concertadoConcertar y negociar con actores para identificar y priorizar la problemtica, proyectos y actividades

Esto, con el fin de lograr la implementacin del Plan de Manejo Integral de la Cuenca, los diferentes organismos sealados se comprometieron a unir esfuerzos para el logro de los objetivos propuestos, slo que dichos compromisos no fueron formalmente establecidos.

Los das 30 y 31 de mayo del ao 2000, en reunin celebrada en la ciudad de Bramon, Rubio, Estado Tchira, reunidos representantes de las instituciones: CORPOICA, PROCIANDINO, CIAE-TCHIRA, IICA-VENEZUELA, FUNDACITE, MARN/SUROESTE, UNET y FONAIAP, se elabor un nuevo perfil del Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca Binacional del Ro Tchira y se establecieron compromisos, conviniendo que la Coordinacin del Proyecto estar a cargo de FONAIAP CIAE-Tchira, quien tambin presentara propuestas para la realizacin del diagnstico biosocioeconmico; el MARN deber elaborar la propuesta para los diagnsticos Fsico-Naturales de la cuenca Alta y Media del Ro Tchira, ofreciendo FUNDACITE su financiamiento.

Ahora bien, analizado dicho perfil de proyecto se observa que su contenido es similar al presentado durante el ao 1998, lo que evidencia que las acciones previstas en este no fueron realizadas, por lo que el mismo no se concreto, de manera que los objetivos, metas y estrategias continan siendo los mismos. Actualmente se espera poder alcanzar la materializacin del proyecto Bramon.

Mediante escrito N PRE-00-340 de fecha 11 de septiembre del 2000, el presidente de la Corporacin de los Andes, inform que Venezuela no haba efectuado ningn estudio o trabajo relativo al manejo de la Cuenca Binacional del ro Tchira.

Se determin la inexistencia de una organizacin especifica responsable de la ejecucin del proyecto, dado que el mismo no ha sido an concretado, encontrndose en la etapa de elaboracin.

Las ltimas acciones realizadas de manera conjunta se adelantaron en la Ciudad de Santa Marta, el 4 de mayo de 2001, y consistieron en una Declaracin Especial de los presidentes de Colombia y Venezuela, sobre la creacin de un Fondo Comn para el fortalecimiento de la inversin social en la zona de frontera, y se encargaron a los respectivos Ministros de Hacienda para que se encarguen de sus implementacin, destinando recursos encaminados a fortalecer las inversiones sociales en la zona de frontera que eleven el nivel de vida de sus habitantes y establezcan un ambiente propicio para la mutua participacin de las comunidades en los procesos de integracin binacional.

Descripcin de la auditoria

Con el nimo de iniciar esta experiencia de control, se propuso por parte de la Contralora General de Colombia, la realizacin de una auditora coordinada, en la cual ambos pases ejecutan el control con base en sus principios establecidos en cada pas, pero se elaborar un informe comn, adems de los informes que cada Contralora quiera producir por separado.

La coordinacin implica el compartir experiencias metodologas y planificar de manera conjunta la realizacin del trabajo, de tal manera que se enriquezca la labor de las dos Contraloras y seguramente avanzar en la complejidad de la cooperacin con base en la experiencia compartida.1 OBJETIVO

Evaluar la gestin de algunas de las entidades competentes y responsables, tanto de Venezuela como de Colombia, en la solucin de la problemtica ambiental de la subcuenca binacional del Ro Tchira

2. METODOLOGIA

Dentro de la metodologa de trabajo, adems de la evaluacin de la gestin de las entidades con mayor injerencia en la cuenca, se realizaron visitas de campo que permitieran revisar el estado de la misma y los resultados de la gestin sobre ella adelantada.

3. FUENTES DE CRITERIOS DE AUDITORIA

Ley 99/93; Ley 388/97; Plan Nacional de Desarrollo Un Cambio para Construir la Paz; Programa de Desarrollo Integral Fronterizo Colombo-Venezolano4. RESUMEN EJECUTIVO AUDITORA

Resumen ejecutivo

AUDITORA A LA GESTIN AMBIENTAL ADELANTADA SOBRE LA SUBCUENCA BINACIONAL DEL RO TCHIRA

Descripcin del rea de estudio

La subcuenca del Ro Tchira, objeto del presente estudio, se encuentra ubicada entre los territorios de Colombia y Venezuela, especficamente entre el Departamento de Norte de Santander y el Estado del Tchira. La subcuenca del Tchira recorre en su trayectoria una longitud total de 80 km., y pertenece a la cuenca del Ro Pamplonita y a la gran cuenca del Ro Catatumbo.

Sus lmites geogrficos corresponden por el norte con los municipios de Villa de Rosario, Bolvar, Lobatera, Libertad y Pedro Mara Urea; por el sur con el Municipio de Toledo; por el oriente con el Municipio de Junn, Capacho y Crdoba y por el occidente con los municipios de Chincota y Los Patios.

Por estar ubicada en formaciones geolgicas recientes o jvenes, de materiales altamente deleznables como las lutitas y arcillolitas, en esta Subcuenca se presentan intensos y severos movimientos de suelos que degradan las laderas y socavan las orillas del ro y de las quebradas, todo lo cual determina una alta susceptibilidad a la erosin. Adems, las bajas velocidades de las aguas que se depositan en el cauce y las bajas pendientes reducen la capacidad de conduccin y originan desbordes y dao lateral a las mrgenes.

Aspectos socioeconmicos y geogrficosEl rea de intervencin de la cuenca en Colombia comprende aproximadamente 27.000 hectreas y en Venezuela 63.000 hectreas. En este sector est constituida por 19 microcuencas principales y un eje principal de las aguas que conforman el Ro Tchira el cual tiene una longitud de 78 kilmetros.

La cuenca es alargada, angosta, de relieve quebrado u ondulado que favorece el escurrimiento rpido del agua y propicia los procesos de erosin del suelo. El rea, adems se caracteriza por presentar tres pisos trmicos: Fro, Medio y Clido, Seco. Las precipitaciones en la parte alta de la cuenca (Parque El Tam), alcanza los 1.500 mm anuales con caractersticas de intensidad media y duraciones cortas; en la parte media (Ragonvalia) alcanza los 1.200 mm anuales, con caractersticas de intensidades fuertes y duraciones cortas; en las partes ms bajas del rea de estudio (600 m.s.n.m) las precipitaciones no superan los 1.000 mm anuales.

Infraestructura y acceso a los Servicios Bsicos

En la zona colombiana objeto de estudio existe baja capacidad institucional para atender la salud bsica de los habitantes; en los municipios de Herrn y Ragonvalia, solo hay 2 Centros de salud, 2 mdicos, un odontlogo y 3 auxiliares; en Villa del Rosario, una unidad mdica, 2 puestos de salud, 3 mdicos, un odontlogo y 8 auxiliares. La educacin bsica primaria y secundaria del rea urbana se desarrolla en 23 escuelas y 7 colegios y 36 escuelas y 3 colegios en el rea rural. La poblacin en general, presenta una tasa de analfabetismo del 8% urbana y 11% rural en promedio. Una caracterstica importante es un alto ndice de desercin escolar de la poblacin menor de 18 aos, del 67%.

Las condiciones de accesibilidad a la zona, son deficientes por la baja cobertura de vas y mala calidad de las misma, por cuanto la mayora son carreteables sin pavimentar.

Referente al tamao de la propiedad territorial, el 75% de los predios son menores de 10 hectreas, lo que indica una alta presenta de minifundio en esta zona. En Venezuela, los servicios sanitarios en la zona, segn estudios efectuados en la dcada de los aos 70, estaban constituidos por un hospital en San Antonio que cuenta con servicio de maternidad, catalogado como de primeros auxilios ya que no posee todos los servicios necesarios para atender todo tipo de emergencias y dispensarios en las Dantas, y en la Cumbres. Asimismo, Urea cuenta con una Medicatura Rural, as como un dispensario en la Mulata.

En cuanto a la cobertura de servicio de energa, acueducto y alcantarillado, en los Municipios de Urea y San Antonio en el 55% de los hogares presentan deficiencias.

Las condiciones de accesibilidad en la zona de la cuenca venezolana son buenas, existen vas de comunicacin que entrelazan todos los principales pueblos, no obstante, la mayora son carreteras sin pavimentar.

Actividades econmicas del rea de EstudioLa base del desarrollo socioeconmico de la zona lo constituye la actividad agropecuaria, representada en cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes, caracterizados por un manejo tradicional extractivo de economa de subsistencia, adems de explotaciones bovinas, avcolas y pisccolas.

Usos Agropecuarios de la Cuenca Media y Alta

Del lado venezolano hay alrededor de 3.000 hs dedicadas a la ganadera y 2.200 hs a cultivos agrcolas ms o menos intensos, con los siguiente usos en orden de importancia: caf (40%), apio (15%), papa (10%) y el resto en zanahoria, ajo y caa de azcar principalmente. Del lado colombiano los cultivos pltano, caa panelera, frjol, caf frutales y apio (30%), pastos (42%, otros (28%).

En la Cuenca Media y Alta del Ro Tchira, del rea colombiana, la zona dedicada a las actividades agropecuarias corresponde en su mayor extensin (16.644 hs.) a tierras de serranas, colina y cordilleras con pendientes de 25 a 70% y mayores del 70% y una extensin de 2.585 hs a tierras planas y onduladas con pendientes hasta el 12%; los suelos son de baja fertilidad y en un 80% presentan erosin de grado moderado.

En esta regin colombiana, se siembra 450 hs de cultivos transitorios (maz, frjol, tomate, cebolla junca y arveja), 720 hs de cultivos anuales (arracacha), 1.486 hs, con cultivos permanentes como: caf (1.098 h.), caa (146 h.), pltano (75 h.) y frutales (168 h.); 4.265 h. de bosque, 4.546 h de rastrojos y pastos naturales y 7.760 h. en pastos naturales y mejorados.

El subsector pecuario se caracteriza por una poblacin bovina de 6.262 cabezas, con rendimientos de 3.06 litros de leche/vaca/da; en aves se estima una poblacin de 585.000 ponedoras y 300.000 porcinos. Otra actividad importante de tener en cuenta por la demanda de agua y valor de la produccin son las explotaciones pisccolas para la cual se estima una superficie de espejo de agua de 19.300 m2. que conforman 98 estanques para una produccin de 46.310 kilogramos de trucha, tilapia, cachama y mojarra roja.

Informacin Demogrfica y de Produccin

La superficie total de la cuenca alta y media en ambos pases es de 35.000 hs.

La poblacin rural directamente relacionada en el rea de estudio es de 7.000 habitantes en lado venezolano y de 14.000 en el lado colombiano ubicado en los municipios venezolanos Rafael Urdaneta y Bolvar (en 12 pequeas aldeas) y en los municipios colombianos de Herrn y Ragonvalia.

La poblacin actual potencialmente beneficaria del agua de la cuenca se estima cercana a los 300.000 habitantes ubicados en los municipios venezolanos de Urea y Libertad adems de Bolvar y Rafael Urdaneta, del lado colombiano por los municipios Los Patios y Villa del Rosario del Departamento Norte de Santander.

En Colombia se benefician de los servicios ecolgicos de la Cuenca, los municipios de Herrn, Rangovalia y Villa del Rosario que tienen una poblacin total de 65.673 habitantes, de los cuales el 83% corresponde al rea urbana y el 17% al rea rural. Es importante sealar que durante el perodo intercensal 1985 1993, en Ragonvalia la poblacin urbana, present un crecimiento de 2.27% anual, en Herrn 5.13 y Villa del Rosario el 13.22% anual; la poblacin rural en Ragonvalia creci el 5.5.3% anual, en Herrn decreci el 0.81% y en Villa del Rosario tambin decreci en 1.28%. La zona de estudio presenta una densidad rural de 25.3 habitantes por kilmetro cuadrado.

En Venezuela la poblacin est concentrada en el trayecto de San Antonio Urea y caseros intermedios, por encontrarse all la fuente de trabajo ms importante como es la explotacin de la caa de azcar y las pequeas industrias textileras.

La poblacin estimada para los aos 1989 y 2000 es:

AosMunicipio Bolvar (San Antonio)Municipio Pedro Mara UreaPoblacin Total

198943.00025.45568.455

200053.09918.97272.071

Algunos caseros importantes para 1971 presentaban la siguiente poblacin: Palotal 411 hab., La Rinconada 392 hab., Tienditas 391 hab., La Mulata 293 hab., y Lagartijal 108 hab. Se suman a estas caractersticas de la cuenca diversos factores antropognicos, como el vertimiento de aguas residuales, la creciente demanda del recurso, las tomas incontroladas de agua para riego, la extraccin de material de arrastre, el abastecimiento de acueductos de los municipios y centros poblados que hacen parte de la cuenca (Herrn, Ragonvalia y Villa del Rosario en Colombia, y Junn, Delicias, Betania, Bolvar, Pedro Mara Urea y Libertad en Venezuela), factores que acentan su fragilidad y originan situaciones de riesgo en determinadas pocas del ao, como lo fue el desbordamiento de sus aguas en diciembre del ao 2000 en el Municipio de Villa del Rosario, en Colombia.

Tanto las caractersticas sealadas anteriormente como las condiciones socioeconmicas de la regin, as como el carcter binacional que la potencia como surtidora de agua las poblaciones ribereas tanto colombianas como venezolanas, requieren una poltica especial de manejo por parte de los pases involucrados orientada a frenar el deterioro progresivo en que se encuentra la cuenca, cuyas condiciones naturales de por s restringen la oferta ambiental del recurso hdrico.

El control adecuado para esta problemtica, implica el diseo conjunto de una estrategia a corto y mediano plazo con el fin de evaluar la situacin, por parte de ambos pases, de manera que se minimicen los problemas y se desarrollen alternativas que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que emplean los recursos hdricos y la recuperacin y conservacin de los suelos de la cuenca.

Visita de campo

En los recorridos realizados en la cuenca por la comisin auditora venezolana se evidenci aprovechamiento del recurso hdrico mediante la existencia de pozos subterrneos para uso industrial y aprovechamiento agrcola. El abastecimiento de agua potable para el consumo humano proviene del Acueducto Regional del Tchira, el cual tiene como principal fuente de abastecimiento el Ro Pereo, cabe sealar que el suministro es racionado por cuanto la demanda est muy por encima de la dotacin existiendo un dficit de aproximadamente 400LT/SEG en las poblaciones de Urea y San Antonio.

As mismo, se constat la existencia de distintas industrias cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente como son la central azucarera y una alfarera que producen emisiones a la atmsfera; lavanderas industriales en cuyos procesos se utilizan qumicos y se desprenden partculas pesadas; fbrica de muebles de madera las cuales pudieran generar desechos asociados al uso de resinas empleadas para fabricar contraenchapado. Tambin se observ que la industria del cuero es representativa en la zona, lo que hace presumir la existencia de teneras, las cuales en sus procesos generan desechos con significativos contenidos de cromo, chatarreras en cuyos procesos se podran desprender elementos metlicos.

En el lado colombiano se da la explotacin arenera en el cauce del Ro Tchira, en zona cercana al Puesto de Control de la Guardia Nacional Venezolana, lo que provoca modificaciones del lecho del ro desviando el flujo de sus aguas con consecuencias negativas para las tierras ubicadas en sus mrgenes, as como la explotacin turstica en las aguas termales.

Aunadas a lo anterior, la ocurrencia de las situaciones que se mencionan a continuacin permiten inferir la ausencia de control al uso que se le da a los recursos naturales en la zona:

Existencia de escombros producto de demoliciones, apilados en las mrgenes del Ro con el riesgo de caer en el cauce, agravndose esta situacin por el hecho de encontrarse muy cerca del puesto de Control de la Guardia Nacional Venezolana.

Construcciones sobre hitos fronterizos, descargas libres de aguas servidas

El cauce de la Quebrada La Seca qued completamente cubierto de sedimentos producto de la erosin causada en parte por el uso irracional del suelo con cultivos que provocan procesos erosivos con el consecuente arrastre de sedimentos

En un tramo ubicado en el centro de la poblacin de San Antonio, se desviaron, mediante una tubera de plstico, las aguas provenientes del sistema de cloacas hacia el sistema de aguas de lluvia, para lo cual se perfor la boca de visita del sistema de cloacas, cabe sealar que dicho sumidero se encuentra protegido solo por una rejilla metlica constituyendo un foco de infeccin, esta solucin contraviene lo dispuesto en las Normas e instrucciones para el proyecto de alcantarillados publicada en 1975 por la Direccin de Proyectos del Extinto Instituto Nacional de Obras Sanitarias.

Con relacin a la recoleccin y disposicin de desechos slidos, los procedimientos utilizados no garantizan la preservacin de la salud pblica y el ambiente, por cuanto se evidenci que:

-La disposicin final se limita a un botadero a cielo abierto ubicado a 7 KMS aproximadamente de la poblacin de Urea, lo que indica carencia de controles sanitarios y/o ambientales.

-No se efectan seleccin de los residuos

-Los desechos son compactados

-El equipo utilizado para compactacin no se encuentra en perfectas condiciones, (se encontraba averiado al momento de la inspeccin), y segn informacin verbal suministrada por el ingeniero municipal esto sucede con frecuencia, situacin que dificulta el proceso de disposicin final adoptado.

-Se observaron invasiones en reas cercanas de los terrenos que actualmente se utilizan para tales efectos

-Existencia de aguas subterrneas en zonas cercanas al citado botadero, con la posibilidad de ser contaminadas con los lixiviados producidos en los procesos de disposicin final.

Se pudo observar que los lineamientos de los planes, insertos en el Plan de Ordenamiento del Territorio, en los Municipio Urea y San Antonio no se han puesto en practica en su totalidad, por lo que el desarrollo armnico y sustentable no ha sido posible, y las deficiencias de la regin persisten en la actualidad.

Las acciones no se corresponden con las proporciones de la problemtica ambiental en la Cuenca, la cual requiere de proyectos concretos por parte de los distintos Entes que intervienen en las decisiones del Estado, puesto que muchas de las situaciones requieren soluciones que involucran la participacin coordinada de diferentes Organismos e inversiones considerables.En el programa de Desarrollo Integral Colombo Venezolano (rea Tchira Norte de Santander) planteado por el BID-INTAL-CAF, se diagnostic la problemtica ambiental de la zona y se present el Subprograma para el mejoramiento ambiental fronterizo. El objetivo del proyecto es promover el desarrollo integral de la cuenca del Ro Tchira mediante la generacin, validacin y difusin de tecnologas que contribuyan al manejo sostenible de los ecosistemas y agro ecosistemas de la cuenca en Colombia y Venezuela.

El logro de este objetivo permitir la conservacin y recuperacin de las aguas y de los suelos del rea, sostener la capacidad productiva de estos ltimos al disminuir los riegos de degradacin, obtener una menor tasa de sedimentacin en el embalse y mejorar la calidad de vida de la comunidad usuaria de los recursos de la cuenca.

Informe especial

Informe sobre el estado de los recursos NATURALES y el medio ambiente CGR (Captulo II)

SANEAMIENTO BSICO y ambiental

EN COLOMBIA

Introduccin

Desde mediados de los aos 70 tomaron fuerza los consensos entre las naciones para proponer y acordar mecanismos para controlar serios impactos ambientales, como el aumento sensible de la contaminacin, el calentamiento global, la disminucin de la base productiva de los recursos naturales y el aumento de la pobreza, principalmente, en el cual prima la racionalidad econmica sobre la racionalidad ambiental.

No obstante haber observado algunos acercamientos para la atenuacin de parte de la problemtica, las perspectivas parecieran no haber resultado tan efectivas, como lo muestran algunas estadsticas ambientales: ms de 1.000 millones de personas beben aguas insalubres, mientras que 2.400 millones carecen de servicios sanitarios adecuados y se prev que, dentro de 25 aos, unos 3.000 millones de personas sufrirn condiciones de escasez de agua si el consumo contina con las tendencias actuales; hasta el 2000 cerca de un 80% de las enfermedades y ms de un tercio de los fallecimientos en los pases en desarrollo se debi al consumo de aguas contaminadas, como resultado, en buena parte, del vertimiento de aguas residuales, la disposicin directa de residuos slidos en los cuerpos de agua y la ausencia generalizada de tratamientos antes de su disposicin final al medio ambiente; la temperatura media del planeta se estima aumentar para el ao 2100 entre 1 y 3,5C, cambio que provocara prdidas anuales por unos US$100.000 millones y se ha deforestado cerca de la mitad de los bosques mundiales.

Por estas razones, ecologistas y ambientalistas, como movimientos sociales y polticos, tomaron la proteccin del ambiente y la naturaleza como su razn de ser y de su empeo resultaron mecanismos importantes para el control de la contaminacin y el uso de los recursos naturales. No obstante, como indica Julio Carrizosa-Umaa, tales mecanismos fueron atenuados por la pobreza, la desigualdad, la violencia y una muy cuestionable sostenibilidad del modelo de desarrollo. Por otra parte, ha primado una concepcin orientada casi exclusivamente al cumplimiento de las normas y los formalismos y poco se ha interiorizado la problemtica derivada de fenmenos como la contaminacin.

La disponibilidad y el acceso a los recursos hdricos se han convertido en grandes problemas por el aumento demogrfico, el incremento de la demanda y la prdida de calidad del agua como resultado de la contaminacin y la disminucin del recurso por prcticas inadecuadas como la deforestacin y la alteracin del ciclo hidrolgico.

El Estudio Nacional del Agua (2001), elaborado por el Ideam, seala, por ejemplo, que en Colombia se avanza hacia una situacin crtica de disponibilidad de agua, lo que implicara que para un ao de condiciones secas, cerca del 81% de la poblacin nacional estara expuesta a condiciones de vulnerabilidad media a muy alta. Dicho estudio proyect para el 2016, incrementos en la demanda y reduccin de la oferta de agua bajo el supuesto de ausencia de suficientes medidas de conservacin de cuencas y tratamiento de aguas residuales, lo que se sustenta, en parte, en que del total de municipios colombianos, slo un poco ms de 200 cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales apenas cerca del 10% estn funcionando adecuadamente.

En cuanto hace al manejo de los residuos slidos, el Ministerio del Medio Ambiente indic que para 1998 de una produccin estimada en 22.000 toneladas diarias, 13.000 eran descargadas a cuerpos de agua o dispuestas en botaderos a cielo abierto. Esta situacin se torna ms crtica si se tiene en cuenta que el mismo Ministerio sostiene que tan slo un 9% de los municipios cuenta con sistemas adecuados de disposicin final y que, en trminos generales, la tendencia sobre las formas de disposicin de los residuos slidos no ha cambiado. En este sentido, es evidente que la permanencia de tales problemticas tiene que ver con la gestin de distintos entes en aspectos como: a) criterios adecuados para la seleccin y ubicacin de los sistemas y/o sitios de disposicin final de residuos slidos; b) control y seguimiento al cumplimiento de las normas para la prestacin de servicios bsicos; c) operacin adecuada de sistemas de manejo de residuos, especialmente, a nivel de los rellenos sanitarios y d) disminucin de la produccin e incremento en los niveles de recuperacin de residuos.

En Colombia, durante las ultimas dcadas, no obstante incorporar en la legislacin una visin integral de la gestin del Estado, la cual contempla acciones especficas en materia de control de la contaminacin, los compromisos institucionales se orientaron principalmente a la solucin de deficiencias en la potabilizacin de aguas y la ampliacin de la cobertura de servicios de acueducto y saneamiento bsico, en este ltimo especialmente la etapa de recoleccin de residuos slidos, con pleno descuido del saneamiento ambiental.

La Ley 142 de 1994 defini el saneamiento bsico como las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo y cuyo propsito formal es el de mantener condiciones de limpieza e higiene para evitar enfermedades, esto es garantizar condiciones de salubridad. As mismo, determin la finalidad social de los servicios pblicos y estableci el marco de intervencin del Estado para su regulacin, inspeccin, vigilancia y control. Para ello, reafirm la competencia de los municipios en la prestacin de tales servicios y cre la Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico CRA para regular el marco tarifario y la gestin empresarial y la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios SSPD- para vigilar y controlar su adecuada prestacin.

El saneamiento bsico no se limita a los procesos de recoleccin, concentracin y transporte de elementos o sustancias contaminantes por ejemplo, residuos slidos, aguas residuales y residuos peligrosos-, sino que involucra el tratamiento y la disposicin final de los residuos, atendiendo a prcticas y/o tecnologas reconocidas y enmarcadas en el cumplimiento de las normas, tanto las referidas a la prestacin del servicio como las orientadas a la conservacin de los ecosistemas. As, las disposiciones de la Ley 99 de 1993 y de la Ley 142 de 1994 deben ser vistas como complementos inseparables, dentro del propsito de brindar condiciones de salubridad a la poblacin y dar garantas de proteccin al medio ambiente, en sntesis, el saneamiento bsico y ambiental.

La realidad en el pas muestra significativas deficiencias en materia de acceso adecuado a los servicios pblicos, as como en lo pertinente al manejo de los residuos resultantes y sus impactos ambientales, aspectos espe