Arreaza liliana

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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES “RÒMULO GALLEGOS” DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Autora: Arreaza Liliana Temática de estudio: Matiz Social en la Gestión de Seguridad Alimentaria en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y de la Alimentación Resumen El presente artículo tiene como propósito revelar una Persovisión del Matiz Social en la Gestión de Seguridad Alimentaria enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y Alimentación, reflexionando de manera crítica sobre el significado que los beneficiarios del programa poseen referente a la accesibilidad en materia de la seguridad alimentaria. A tal efecto se asume una posición desde el enfoque hermenéutico- dialéctico, ya que la dinámica mental humana es, por su propia naturaleza, interpretativa... es decir trata de observar algo y buscarle un significado, considerando que la temática lleva contenido el criterio de "equidad", el cual sostiene que las condiciones de suficiencia, estabilidad y sostenibilidad de un sistema alimentario son precondiciones del objetivo de equidad de la seguridad alimentaria. Ello supone un compromiso del Estado y la sociedad (gobierno, sociedad civil y empresa) de definir y gerenciar políticas sociales basadas en la igualdad de derechos de la persona humana. Ante estos conceptos de justicia y humanismo social centro el abordaje presente, por cuanto el pilar acceso a los alimentos resulta ser el más débil y principal origen de la inseguridad alimentaria y nutricional a causa de la fragilidad de la economía familiar, reducidas oportunidades de empleo y pocos excedentes para venta en el mercado; donde el agravamiento de la crisis económica agudiza los factores señalados afectando primero a los más vulnerables, motivo por el cual se presenta la urgencia de adoptar medidas aquí y ahora para cumplir el cometido de alcanzar seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras. Descriptores: Matiz Social. Gestión de Seguridad Alimentaria. Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y de la Alimentación. Misión Mercal

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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

DE LOS LLANOS CENTRALES“RÒMULO GALLEGOS”

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Autora: Arreaza Liliana Temática de estudio: Matiz Social en la Gestión de Seguridad Alimentaria en el marco del Plan Nacional de

Desarrollo Agrícola y de la AlimentaciónResumen

El presente artículo tiene como propósito revelar una Persovisión del Matiz Social en la Gestión de Seguridad Alimentaria enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y Alimentación, reflexionando de manera crítica sobre el significado que los beneficiarios del programa poseen referente a la accesibilidad en materia de la seguridad alimentaria. A tal efecto se asume una posición desde el enfoque hermenéutico- dialéctico, ya que la dinámica mental humana es, por su propia naturaleza, interpretativa... es decir trata de observar algo y buscarle un significado, considerando que la temática lleva contenido el criterio de "equidad", el cual sostiene que las condiciones de suficiencia, estabilidad y sostenibilidad de un sistema alimentario son precondiciones del objetivo de equidad de la seguridad alimentaria. Ello supone un compromiso del Estado y la sociedad (gobierno, sociedad civil y empresa) de definir y gerenciar políticas sociales basadas en la igualdad de derechos de la persona humana. Ante estos conceptos de justicia y humanismo social centro el abordaje presente, por cuanto el pilar acceso a los alimentos resulta ser el más débil y principal origen de la inseguridad alimentaria y nutricional a causa de la fragilidad de la economía familiar, reducidas oportunidades de empleo y pocos excedentes para venta en el mercado; donde el agravamiento de la crisis económica agudiza los factores señalados afectando primero a los más vulnerables, motivo por el cual se presenta la urgencia de adoptar medidas aquí y ahora para cumplir el cometido de alcanzar seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras.

Descriptores: Matiz Social. Gestión de Seguridad Alimentaria. Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y de la Alimentación. Misión Mercal

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Introducción

La cuestión agroalimentaria en Venezuela se caracteriza por haberse estructurado en

función del consumo de la población concentrada en los principales centros urbanos, y ha estado

determinado en gran medida por la progresiva vinculación del sector agroalimentario venezolano al

sistema agroalimentario configurado a escala internacional. Este vínculo se tradujo, en la práctica,

en un alto grado de dependencia de las importaciones de materias primas para su procesamiento

agroindustrial. De esa forma, en opinión de Lizalsado (2004). “durante décadas el consumo

alimentario de las ciudades en las cuales se concentró la población y el patrón internacional de

abastecimiento definieron la configuración del sistema agroalimentario venezolano” (p. 6) y, por

consiguiente, la estructura de producción agrícola, la agroindustria, las formas de organización de

abastecimiento y el consumo se remonta a los años anteriores a la década del 70, consideramos que

el proceso cobró mayor nitidez a partir del boom petrolero de 1973, cuando los precios de los

productos agrícolas en el mercado internacional, salvo algunas excepciones circunstanciales, eran

más bajos que los precios internos en Venezuela por haber sido producidos en condiciones de

altísima productividad y por los subsidios que aplicaban muchos países. Como resultado, las

importaciones se fueron incrementando y, en la medida en que se fue acentuando esta práctica, la

producción agrícola nacional se mostró incompetente para regular la demanda de productos

importados. Esto ocasionó según Lizalsado (2004) “el estancamiento relativo e incluso la

disminución de la producción nacional, lo que a su vez alimentó un círculo perverso de

características similares al que se venía observando en otros países de América Latina”, ésto al no

poder expandirse la producción interna se incrementaban las importaciones, lo que contribuía a

profundizar el estancamiento del sector agroalimentario nacional, lo que a su vez acentuaba la

dependencia de los productos importados los cuales no eran accesibles a toda la población

venezolana.

Vale destacar que en ese período se estimuló y amplió los mercados de alimentos

procesados con un fuerte componente importado, en contra de los mercados de alimentos

nacionales, a través del mejoramiento de los precios relativos de los primeros respecto a los

segundos. Esto dio como resultado el afianzamiento del poder económico de las empresas

transformadoras, mediante la acción del ente gubernamental creado: la Corporación de Mercadeo

Agrícola (CMA), que otorgó al mercado externo un papel preponderante para el abastecimiento de

alimentos básicos, la cual importó directamente o por delegación a terceros volúmenes y cantidades

monetarias sencillamente impresionantes beneficiadas por dos clases de subsidios. De allí que el

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Estado, a través de la CMA, se convirtió en la práctica en un agente financiero y abastecedor de

materias primas baratas para las empresas agroindustriales radicadas en Venezuela administrando

un total de 36.000 millones de bolívares.

Aunque no obstante haber generado recursos propios, en opinión de Morales (2007) “la

CMA no solo llegó a endeudarse por cerca de 500 millones de bolívares en 1981-1982 mediante la

suscripción de créditos a corto plazo con el exterior, sino que experimentó pérdidas por más de la

mitad de los recursos administrados y tuvo que ser liquidada en 1984-85”, destacando que a pesar

de la enorme cantidad de subsidios, no se logró satisfacer la demanda alimentaria y nutricional de la

población. Por el contrario, durante los años referidos se empezó a desatar un alarmante incremento

del precio de los alimentos, producto de las comisiones y prebendas por adoptarse en el sector

agroalimentario las políticas de ajuste económico y apertura neoliberal impuestas por el Fondo

Monetario Internacional (FMI) a través de importantes empresarios vinculados a las principales

agroindustrias, quienes se habían visto beneficiados con la política de apertura y la correspondiente

desarticulación de aranceles para las importaciones de las materias primas para su procesamiento

agroindustrial, por lo que el comportamiento de la producción agrícola nacional, continuó

descendiendo, la inflación continuó en ascenso también: el índice de precios correspondiente a los

alimentos, siguió situándose por encima del índice general de precios, la pobreza continuó

incrementándose hasta alcanzar niveles alarmantes: nada menos que 14 millones de personas (79%

de la población) se ubicaba en los estratos de pobreza relativa y pobreza crítica.

En tal sentido al asumir el poder el presidente Chávez (1999) su gobierno adoptó una serie

de medidas que generaron cambios en la política económica: el control de cambios y de precios; la

decisión de participar en la importación directa de mercancías; el incremento del salario mínimo; y

la aplicación de nuevos impuestos al valor agregado, al débito bancario y a los activos

empresariales, enmarcado en lo que el gobierno definió como el «Plan de Desarrollo Endógeno»

para orientar su política económica, que, según los representantes más connotados del gobierno,

descansa en una visión del «desarrollo hacia adentro» que daría prioridad a la producción interna,

apoyándose en el control de cambio y de precios como instrumentos de incentivo industrial. De esta

forma comenzó a fortalecerse la participación del Estado en la economía, y en particular en los

procesos de producción, transformación, distribución y consumo de bienes agroalimentarios.

De tal forma se creó la empresa estatal Mercal CA, en un momento en el cual, la seguridad

alimentaria de la población de menores recursos era una necesidad inaplazable. Así, esta nueva

empresa pública surgió, además, en circunstancias caracterizadas por un drástico cambio en la

esfera jurídica y política como consecuencia de la aprobación y puesta en vigencia de la nueva

Constitución, que en su artículo 305 que considera las premisas fundamentales de la seguridad

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alimentaria. De allí que Mercal CA fue creada con el fin de mantener abastecida a la población de

escasos recursos, con precios de fácil acceso, además de las casas de alimentación en los sectores

desfavorecidos, para niños y adultos mayores, lo que le ganó la adoración de la clase pobre que aún

mantiene, indiscutiblemente. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no existen realidades inmutables,

se pretende con este artículo revelar una Persovisión del Matiz Social en la Gestión de Seguridad

Alimentaria enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y Alimentación, como un

proceso de articulación entre el presente, un pasado no acabado y un futuro posible para la

accesibilidad a la Seguridad Alimentaria.

Matiz Social de la Seguridad Alimentaria en Venezuela

Para la construcción del Estado Social de justicia y bienestar que enuncia la Constitución de

la República Bolivariana de Venezuela, es indispensable garantizar a las ciudadanas y los

ciudadanos venezolanos el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, con

preferencia de aquellos producidos en el país, sobre la base de las condiciones especiales propias de

la geografía, el clima, la tradición, cultura y organización social venezolana. Es decir garantizar la

Seguridad Alimentaria entendida ésta como el acceso físico y económico a alimentos suficientes y

nutritivos dirigidos a toda la población, de forma tal que puedan llevar a cabo una vida sana,

también se desarrollará qué organismos se encargan, bajo que lineamientos se rigen, a quienes va

dirigido este plan entre otros puntos relacionados con el tema.

De hecho, hasta la promulgación de la Constitución Bolivariana, el mercadeo agrícola

constituía el exclusivo mecanismo regulador de la distribución de todos los bienes, servicios y

saberes que tenían como finalidad principal la alimentación nutritiva, oportuna y suficiente de la

población y la dignificación de la vida campesina.

En tal sentido el momento histórico de cambios que experimenta el Estado venezolano

amerita, de manera urgente, los cambios estructurales en las condiciones de una justa distribución

social de los beneficios derivados de la actividad agroalimentaria y agroproductiva, irrumpiendo en

un verdadero cambio que abrió una nueva dimensión de la estructura de la distribución urbana de

alimentos, donde la empresa del Estado Mercal CA logró captar un importante segmento del

mercado debido al nivel de precios con los que opera, a los enormes recursos financieros con que

cuenta producto del beneficio petrolero, al aprovechamiento de los precios internacionales, a la

exoneración de aranceles, entre otros.

En efecto, la Constitución plantea dos componentes básicos entre los derechos

irrenunciables de la Nación enunciados en su artículo 1º, como son la soberanía y la seguridad

agroalimentaria. Señala la Exposición de Motivos del texto constitucional lo siguiente: “La

actividad de producción de alimentos queda establecida como esencial para el país, consagrándose

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el principio de la seguridad alimentaria en función del acceso oportuno y permanente de alimentos

por parte de los consumidores”. (p. 28), de allí que se contrarresta el aislamiento social y económico

entre la productora o el productor y la ciudadana o el ciudadano que, en fin es destinatario de esa

producción, opera en unas particulares circunstancias de desencuentro entre los procesos de

producción y su disposición final para el consumo, generando condiciones para que se gesten

conductas irregulares como el acaparamiento, la especulación y la presión inflacionaria con motivos

políticos.

A tal efecto se hizo imperativo impulsar nuevos sujetos organizativos de la economía

agrícola, en cuyo seno se estableció la asociación entre quien produce, distribuye y consume los

alimentos, acortando los canales de comercialización y distribución, orquestando la producción

primordialmente en base a la satisfacción de las necesidades nutricionales alimentarias y no a la

satisfacción de intereses rentistas particulares.

Vale destacar que este nuevo sistema social desarrollado por el gobierno revolucionario

tiene como características esenciales la justicia y la equidad, los cuales representan valores

establecidos para la conformación de una empresa de utilidad pública e interés social

implementando las actividades que aseguren la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos

inocuos, de calidad y en cantidad suficiente a la población, así como los bienes necesarios con los

cuales se desarrollan dichas actividades.

Dados los argumentos que anteceden en el Capítulo I de este Título II, plantea las

condiciones en las cuales las ciudadanas y los ciudadanos podrán acceder de manera constante a

alimentos de calidad y en cantidad suficientes, tratando de propiciar la optimización de la calidad

de los alimentos producidos en el país, como mecanismo urgentes en pos de obtener cambios en los

hábitos y patrones de alimentación de la población, incididos históricamente por culturas foráneas

con condiciones económicas, sociales y geográficas disímiles a las de nuestro país, que en gran

medida han ocasionado incremento en afecciones cardiovasculares, obesidad y malnutrición

principalmente. Lo que le da más valor a las políticas de seguridad alimentaria en nuestro país.

Gestión de Seguridad Alimentaria

La seguridad alimentaria es una preocupación global y repercute en los consumidores y las

empresas de la industria alimentaria. Por ende un sistema de gestión de la seguridad alimentaria

ofrece un marco eficaz para gestionar las responsabilidades relacionadas con la seguridad

alimentaria. En este contexto, el Estado requiere herramientas para la constitución de un orden

social donde se unifique el poder popular y la esfera económica de la producción de los bienes

materiales necesarios, reivindicando la vida campesina y garantizando la nutrición de la población,

basándose en una planificación participativa y socialista de la economía agrícola.

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Ahora bien, las políticas agroalimentarias deben adecuarse a la especificidad del resto de los

sectores económicos, a los tipos y formas en que aparecen representados en una amplia y compleja

diversidad socio cultural las productoras y productores, así como las ciudadanas y ciudadanos

destinatarios de su producción. Indudablemente que la existencia de los sistemas productivos y el

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, responden a las diferencias territoriales dadas por la

diversidad de condiciones, geográficas, poblacionales, climáticas, la incertidumbre de la

producción, la inflexibilidad de los ciclos de producción, la formación socio histórica, entre otras,

condiciones éstas que determinan la existencia de un desarrollo agrícola y un consumo de alimentos

asimétricos. Tales características condicionan la realización, el valor o la formación de precios,

tanto en la producción como en el consumo de alimentos y, en general de bienes, servicios y saberes

del sector agroalimentario. Por tanto, se hace necesario diseñar una estrategia territorializada para la

producción agrícola, en función del desarrollo social, económico y político del sector rural y peri

urbano, también sus relaciones e integración con lo urbano, en un abastecimiento bidireccional de

alimentos, bienes, servicios y saberes agrícolas, bajo relaciones justas de producción y distribución

de ingresos para el desarrollo local sustentable y sostenible, como elemento estratégico en el

planeamiento de la defensa integral y soberanía agroalimentaria local y nacional.

Es importante destacar que también existe La ISO 22000 la cual es una norma internacional

que define los requisitos de un sistema de gestión de la Seguridad Alimentaria que abarca a todas

las organizaciones de la cadena alimentaria ‘de la granja a la mesa’. Dicha norma combina

elementos clave comúnmente reconocidos para garantizar la Seguridad Alimentaria en la cadena

alimentaria, por ejemplo: Comunicación interactiva, Gestión de sistemas y el Control de riesgos

para la Seguridad Alimentaria mediante programas de requisitos esenciales y planes de análisis de

riesgos y puntos críticos de control

Por otra parte de igual maneras se implementan mejoras y actualizaciones continuas del

sistema de gestión de la Seguridad Alimentaria que según Morales (2007) “además de que

Garantiza la confianza del consumidor en la seguridad de la gestión de los alimentos” (p. 22),

también involucra el ordenamiento de los recursos humanos y materiales requeridos para garantizar

la suficiente provisión de bienes alimenticios para las personas en un marco de accesibilidad,

eficiencia, eficacia y preponderante interés social.

En este sentido en Venezuela, entidades como Mercal, Pdval, Abasto Bicentenario y Casa

han sido componentes de una red en desarrollo mediante la cual el Gobierno Nacional procura la

disponibilidad de un significativo stock de alimentos en condiciones de menor precio en

comparación a las ofertas del sector privado. En tal sentido las medidas de subsidio y regulación de

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precios representan una valiosa iniciativa destinada a materializar el acceso oportuno, tangible y

satisfactorio de los sectores sociales más precarios a una alimentación adecuada.

Ahora bien, otro ámbito que suscita controversia en materia de la seguridad alimentaria es

el modesto desarrollo de la productividad nacional, lo cual pareciera generar la percepción colectiva

de que se han invertido mayores esfuerzos en consolidar una red pública de distribución de

alimentos, más no una gran industria estatal de alimentos. Asimismo se especula sobre un

insuficiente desarrollo de la productividad nacional de alimentos asociado al alto porcentaje de

importaciones que ordinariamente el Gobierno Bolivariano realiza en este ámbito estratégico.

En tal escenario Girela, (2007) afirman que el Ministerio del Poder Popular para la

Alimentación y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras “son entes dedicados a

la importación masiva, que en buena parte la presunta escasez de rubros alimenticios se debe a este

factor, habida cuenta de la severa inestabilidad que padecen los mercados internacionales” (p. 33).

En efecto, me amparo en tal enunciado consciente que para derrotar las especulaciones, la política

requerida para garantizar una óptima seguridad alimentaria implica (según la experiencia de muchos

países) el fortalecimiento de una moderna industria nacional, y es allí donde la gestión de la

Seguridad alimentaria despliega eficiencia y eficacia para dar cumplimiento a lo establecido en la

carta magna. De modo que además de hacer falta una inversión planificada de recursos múltiples

para una mayor capacidad de producción instalada en nuestro territorio con industrias nuevas y

repotenciadas, también es vital impulsar una ardua actividad política de concertación entre

diferentes sectores sociales a los fines de disminuir la conflictividad y procurar la reactivación de un

aparato de producción mixto con amplia participación y prioridad en la prestación del servicio

alimentario.

Finalmente es pertinente subrayar como reflexión autocrítica en el panorama alimentario, la

necesidad de promover un esquema económico industrializado, con la convicción del carácter

auxiliar que poseen las unidades artesanales de producción de alimentos, pues si bien estas últimas

se mantienen como importante instancia de la participación inclusión y accesibilidad del pueblo en

la estructura socioeconómica nacional de hoy, estas por si solas no harán materializable el modelo

de alta productividad que pueda conducir a Venezuela hacia la total seguridad alimentaria, ni

mucho menos la soberanía en este ámbito.

Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y de la Alimentación

Se concibe como otra iniciativa del Gobierno Nacional, en correspondencia con las

Políticas del Estado, para el fortalecimiento de las capacidades socio-comunitarias, socio-

productivas y socio-financieras de la población más vulnerable, bajo el concepto de desarrollo

endógeno y economía social, orienta sus acciones mediante la administración de herramientas de

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capacitación en materias política, social, ambiental, género, nutrición y alimentación, entre otras,

para promover el Desarrollo Endógeno sectorial (Agrícola y Rural) del país, que permita la

disponibilidad, accesibilidad e ingesta adecuadas, oportunas y permanentes de alimentos inocuos

que satisfagan las necesidades nacionales (Seguridad Alimentaria)

En este aspecto vale citar a Salazar (2009) quien señala que

“Se hace necesario dar poder a los pobres, a través del conocimiento entre otros aspectos, para una participación popular en las tomas de decisiones que modelan la vida nacional y, en conjunto, transformar el actual orden económico mundial que reproduce el hambre y la pobreza. (p.9)Es decir que la respuesta para dar poder a esos pobres es tomar medidas inmediatas para

respetar, proteger y realizar el derecho de todo ser humano a la alimentación. La erradicación del

hambre y de las violaciones del derecho humano a la alimentación es la Prioridad más urgente que

se plantea actualmente el gobiernos El acceso a la tierra para los campesinos sin tierra ha mejorado

considerablemente durante el mandato del presidente Chávez, lo cual se hace visible en cada

operativo realizado con masiva participación del pueblo en todos los espacios.

Atendiendo a este orden de ideas se crea el Plan Nacional de Seguridad Alimentaría en

Venezuela, para cumplir y hacer cumplir el mandato popular expresado en la Carta Magna, y

garantizar el derecho a la alimentación como derecho humano básico, acá el Estado retoma su papel

rector en materia agraria y promueve la participación corresponsable de la sociedad en planes y

estrategias, a fin de garantizar productos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de

alimentación de la población venezolana, para ello, el Gobierno de la República Bolivariana de

Venezuela ha distribuido más de 3 millones de hectáreas de tierras a los agricultores, como parte de

su programa de reforma agraria. Ello comenzó en 2001, con la promulgación de la Ley de tierras y

desarrollo agrario, y continuó en 2003 con un decreto presidencial por el que se creaba el Plan

Zamora, tendente a redistribuir la tierra a los pequeños y medianos productores y a apoyar un

desarrollo agrícola sostenible con miras a alcanzar la autosuficiencia en materia de seguridad

alimentaria y económica.

Misión Mercal

Mercado de alimentos es uno de los programas sociales incentivados por el actual gobierno

venezolano. Creada oficialmente el 24 de abril de 2003, la Misión Mercal está destinada al sector

alimentario, dependiente del recientemente creado Ministerio de la Alimentación, dicho programa

consiste en construir y dotar almacenes y supermercados con alimentos y otros productos de

primera necesidad a bajos precios para que sean accesibles a la población más necesitada. Los

alimentos están subvencionados y llegan a los estantes sin intermediarios, de manera que los precios

ofrecidos suelen tener un descuento de entre el 30 y el 45 por ciento de los observados en las otras

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cadenas de distribución. En este aspecto se ha hablado de competencia desleal por algunos dueños

de establecimientos comerciales privados, que alegan bajas en sus ventas.

Atendiendo lo antes expuesto, el objeto fundamental de MERCAL de acuerdo a los

propósitos del Ministerio de Alimentación: (2005) “es la comercialización y el mercadeo de

productos alimenticios y de otros productos de primera necesidad, para ser distribuidos al mayor y

al detal”, lo cual debía realizarse en centros de venta fijos o móviles, apunta a crear reservas de

comestibles subvencionados, para ayudar a las comunidades a alcanzar la autosuficiencia,

mediante la sustitución de las importaciones de alimentos con productos de agricultores, pequeñas

empresas y cooperativas locales. Posteriormente según la misma fuente “en 2005, los programas

de alimentos de Mercal redundaron en beneficio de 11,36 millones de venezolanos con carácter

regular, así, los sitios de distribución de la Misión Mercal están dispersos en todo el territorio de

Venezuela, y cada día se distribuyen 4.543 Tm de alimentos, intensificándose dichos programas en

2006”.

En este sentido, vemos como el programa busca ajustarse a los postulados de la Organización

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) la cual

señala que existe seguridad alimentaria cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana’’. Es

de singular importancia resaltar que este hecho se concibe como otra iniciativa del Gobierno

Nacional, en correspondencia con las Políticas del Estado, para el fortalecimiento de las

capacidades socio-comunitarias, socio productivas y socio-financieras de la población más

vulnerable, bajo el concepto de desarrollo endógeno y economía social y orienta sus acciones

mediante la administración de herramientas de capacitación en materias política, social, ambiental,

género, nutrición y alimentación, entre otras, para promover el desarrollo endógeno sectorial

(Agrícola y Rural) del país, que permita la disponibilidad, accesibilidad e ingesta adecuadas,

oportunas y permanentes de alimentos inocuos que satisfagan las necesidades nacionales (Seguridad

Alimentaría).

Reflexiones finales

Todo lo antes expuesto permite reconsiderar y reflexionar que la seguridad alimentaria

plantea la necesidad de proporcionar a la población, de manera oportuna, sostenida y garantizada,

los alimentos nutricionalmente adecuados en cantidad, calidad, variedad y aceptación cultural para

la población; de tal manera, que toda persona y cada hogar, tengan acceso seguro a los alimentos

requeridos para llevar una vida sana y socialmente útil. Asimismo considero que los programas para

la seguridad alimentaria deben permitir compensar los ingresos insuficientes o inexistentes, y a

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superar el desempleo incorporando elementos para el rescate de la cultura alimentaria tradicional y

estimular la investigación sobre este todo lo necesario a la agroproducción y el desarrollo endógeno,

además de propiciar la producción nacional de los insumos agrícolas, tales como semillas y

fertilizantes. Para lo cual creo necesario fortalecer los siguientes aspectos: Fortalecer la Visión

integral de la seguridad alimentaria, mediante la revalorización del papel de la agricultura en el país,

no solamente como productora de alimentos, sino como empleadora de mano de obra y

dinamizadora del resto de la economía, con miras a fortalecer el reconocimiento de la diversidad

cultural, productiva y socioeconómica de las poblaciones objetivo fomentando la Participación

efectiva de todos los actores involucrados para impulsar el fortalecimiento institucional de los entes

encargados de llevar adelante las estrategias de seguridad alimentaria, alcanzando definitivamente

maximizar la utilización de instrumentos para el seguimiento y evaluación de la estrategia

alimentaria

Finalmente tengo la convicción de que es necesario hacer los mayores esfuerzos para crear

una red de sistemas de información para el seguimiento y evaluación de los programas de seguridad

alimentaria en el país ya que sólo con información oportuna estadísticamente y socialmente

confiable se pueden diseñar programas más efectivos y eficientes para combatir la pobreza y la

inseguridad alimentaria logrando una total y real accesibilidad para lograr la transformación del

actual orden económico mundial, cuyas injusticias son las raíces del hambre y la pobreza.

Bibliografía

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Morales A. (2007) «Una interpretación del fenómeno Mercal desde la perspectiva teórica de la Economía Neoinstitucional» en Revista Agroalimentaria No 25, 7-12/2007.

Lizalsado Virginia (2004). «Mercado de Alimentos Mercal CA», UCV, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética, Posgrado en Planificación Alimentaria y Nutricional, Cátedra Sistemas Agroalimentarios,

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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).