11111

ArgentinaAños 1996-2000

22222

Informe anual 1996: Libertad de prensa en Argentina

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, otro de la Cámara de Apela-ciones en lo Criminal y un tercero de una jueza en lo Correccional absol-viendo a cuatro periodistas y un editor (Joaquín Morales Solá, EduardoKimel, Horacio Verbitsky, Ernesto Tiffenberg y Fernando Sokolowicz),abrieron sobre finales de año expectativas favorables para la consolida-ción de las libertades democráticas vigentes en nuestro país. No obs-tante, hubo numerosos incidentes de distinto tipo que dificultan y ponenen peligro el ejercicio de la libertad de expresión. En otro fallo, de signocontrario, la Corte Suprema confirmó una sentencia contra los periodis-tas Alberto Ferrari, de la agencia DyN y Marcelo Helfgot, del diario Cla-rín, por supuesto «daño moral» contra una jueza, a raíz de un artículopublicado por la revista El Porteño. Esto siembra dudas e inquietud res-pecto a los numerosos casos contra periodistas que quedan por resol-ver en distintas instancias judiciales, que pondrán a prueba la vigenciade esa libertad en los meses venideros.

En su primer año de existencia, PERIODISTAS considera plenamentejustificadas las razones que llevaron a su creación.

En nuestro informe semestral, divulgado en el mes de julio, subraya-mos la vigencia en la Argentina de un notable y hasta cierto punto inéditoclima de libertad en el ejercicio del periodismo, perturbado no obstantepor una serie de incidentes, amenazas, agresiones, declaraciones ofi-ciales y proyectos de ley que dificultan y ponen en peligro la consolida-ción de ese derecho básico en una sociedad democrática. Esta situa-ción paradojal siguió manifestándose en el segundo semestre de 1996:junto a un fallo de la Corte Suprema de Justicia incorporando la doctrinade la real malicia a la jurisprudencia argentina, ocurrieron hechos comola confirmación, por la misma Corte, de una sentencia por «daño moral»contra los periodistas Alberto Ferrari y Marcelo Helfgot; la prohibicióndel libro La Argentina embrujada, escrito por la periodista Viviana Gorbato;

1996

33333

el corte de los servicios de luz del diario El Territorio, de la ciudad dePosadas (con la excusa de un atraso en los pagos de facturas), a causade la campaña del medio contra el monopolio estatal de la energía; o labrutal agresión de las fuerzas policiales a periodistas y fotógrafos quecumplían con su misión informativa durante un recital de rock en la Ca-pital Federal (ver cronología).

Los hechos más positivos del año fueron, en los meses de noviembrey diciembre, los fallos de absolución a los periodistas Joaquín MoralesSolá, Eduardo Kimel, Horacio Verbitsky y Ernesto Tiffenberg y el editorFernando Sokolowicz, en tres juicios por injurias, iniciados por un exfuncionario de la Presidencia de la Nación, un ex juez Federal y el Presi-dente de la Nación respectivamente.

Tres décadas después del histórico fallo de la Corte Suprema de losEstados Unidos en el caso «New York Times vs. Sullivan», la Corte ar-gentina aceptó en el caso Morales Solá, por unanimidad de sus nuevemiembros, la doctrina de la real malicia allí formulada. Esa doctrina, per-feccionada en fallos posteriores de la misma Corte estadounidense y endecisiones de la Corte Europea y de la Comisión Americana de Dere-chos Humanos, concibe la libertad de expresión como un derecho indivi-dual que debe garantizarse en bien de un interés colectivo. Sostiene quela protección del honor de los funcionarios y personalidades públicas esmenor que la de los ciudadanos comunes, en beneficio del vigor y ampli-tud del debate público, necesario para que la sociedad esté bien infor-mada en los temas de interés general en los que debe decidir. Por esoen esos casos se invierte la carga de la prueba: el periodista no debeprobar la veracidad de sus afirmaciones, sino el funcionario demostrarque eran falsas y que, además, el periodista lo sabía y actuó con malicia.

La Corte Suprema reprochó a la Cámara que había condenado a Mo-rales Solá en segunda instancia el haber «invertido la carga de la pruebaen su perjuicio» y violado el principio constitucional de presunción deinocencia, al utilizar en su contra «la fortuita circunstancia de la desapa-

1996

44444

rición de la fuente periodística» (el fallecimiento del ex ministro de De-fensa del anterior gobierno, Raúl Borrás). Este señalamiento de la Cortees de suma importancia, porque la doctrina de la real malicia debearticularse con el principio de presunción de inocencia y su correlato decarga de la prueba, ya que de otro modo podría ser utilizada en sentidocontrario a su fundamento, o sea en contra del ejercicio de la libertad deexpresión.

Por su parte, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal produjo un fallosignificativo, al revocar la condena de un año de prisión en suspenso y elpago de una indemnización de 20.000 dólares impuesta en primera ins-tancia al periodista Eduardo Kimel, a causa de sus opiniones sobre laactuación de un juez en la investigación de un crimen múltiple cometidopor las fuerzas de seguridad durante la última dictadura. Kimel es autorde un libro de investigación sobre el asesinato de cinco religiosos en laiglesia de San Patricio, en julio de 1976, en el que critica la actuación dela Justicia, que no identificó a los autores.

La importancia de este fallo, normal en las democracias consolidadas,radica en que sus considerandos constituyen una reflexión sobre lasresponsabilidades individuales, colectivas o corporativas en relación a ladefensa del orden republicano ante situaciones excepcionales, como esel caso de una dictadura militar. El Poder Judicial reconoce así, explíci-tamente, que sus actuaciones están sujetas a la opinión y control ciuda-danos y sometidas al juicio histórico. Este es el carácter emblemático dela absolución de Kimel: si un funcionario se somete al arbitrio de unpoder dictatorial, sus actuaciones no podrán ser justificadas en el futuropor una suerte de «obediencia debida», aunque sí enmarcadas en lasituación de excepcionalidad común a todos los ciudadanos.

En el tercer caso, al cabo de un juicio oral de notable resonancia públi-ca, la jueza en lo Correccional María Garrigós de Rébori absolvió a HoracioVerbitsky, autor de un artículo que motivó una querella por injurias delpresidente Carlos Menem y a Ernesto Tiffenberg y Fernando Sokolowicz,

1996

55555

director y editor responsable respectivamente de Página 12, el diariodonde apareció el artículo. En el contexto de un debate público sobre lapertinencia de ascender de grado a dos militares implicados en gravesviolaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, Verbitskyhabía desmentido que el Presidente hubiese sido torturado durante sucautiverio a manos de los dictadores -tal como Menem afirmara parajustificar su decisión de promover a los militares- y que, en cualquiercaso, ello no lo autorizaba a semejante decisión. En su fallo absolutorio,la jueza destacó que informar es un deber y un derecho, amparado por laConstitución Nacional y los Tratados Internacionales, afirmó que la ex-posición de las figuras públicas a la crítica de los medios de comunica-ción «es importante para la vigencia de las instituciones democráticas»y advirtió que la utilización de amenazas de sanciones penales a perio-distas de parte de funcionarios públicos impide el ejercicio pleno de lalibertad de expresión.

Como prueba del interés por la vigencia de las libertades y de apoyo alfuncionamiento de la justicia, numerosas personalidades de la política,la cultura, la magistratura y, por supuesto, colegas de los querellados ypúblico, se hicieron presentes en la sala del juicio. Conocido el fallo ensu contra, el Presidente interpretó esta muestra de interés y solidaridadpública de manera curiosa: «el querellado (Verbitsky), se hizo acompa-ñar con una barra», dijo en el programa de Mariano Grondona.

PERIODISTAS considera auspiciosas estas decisiones judiciales,posibles en el estado de opinión general favorable a la consolidacióndemocrática y a la transparencia que, junto con otras instituciones de-fensoras de la libertad de expresión, contribuyó a crear. Pero adviertecon la mayor seriedad contra la tendencia a considerar el fallo MoralesSolá como una aplicación aislada de la doctrina de la real malicia, quepodría obviarse en otros casos pendientes de resolución en la CorteSuprema mediante construcciones artificiosas que pretenderían sustraerdel escrutinio de la sociedad algunos actos públicos originados en la

1996

66666

vida privada de los funcionarios. Si esto fuera así, la seguridad jurídicarecibiría un golpe que revertiría sobre sus responsables, cuando es másnecesario que nunca establecer una justicia independiente de interesespolíticos y que se sienta obligada por sus propios precedentes, únicaforma de sustraerla a las cambiantes coyunturas políticas.

Entre los numerosos incidentes negativos que detallamos en este in-forme queremos destacar, por emblemáticos, la censura a la película deMartín Scorcese La última tentación de Cristo, vigente en el momentode redactarse este documento (principios de diciembre) y las agresio-nes a colegas -en algunos casos con consecuencias de gravedad- per-petradas por las fuerzas de seguridad sin que las autoridades hayanexpresado una condena taxativa y aplicado las sanciones correspon-dientes. En el primer caso han transcurrido meses, desde finales deagosto, sin que los ciudadanos hayan podido decidir por sí mismos losvalores del filme, en ejercicio de su libertad de expresión y pensamientofijados por la Constitución y los tratados internacionales a los que adhie-re la Argentina. En el segundo, es imposible desvincular esas agresio-nes de una serie de acusaciones, más o menos veladas, lanzadas poraltos funcionarios contra periodistas y medios de comunicación, así comode intentos de materializar leyes o reglamentaciones que afecten o difi-culten el ejercicio de la libertad de expresión.

Buenos Aires, diciembre de 1996.-

1996

77777

Informe anual 1997: Libertad de prensa en Argentina

Sin dudas, 1997 fue el año de mayor retroceso para la libertad de pren-sa en la Argentina desde la restauración democrática de 1983. Si enaños anteriores los proyectos de leyes mordaza y la proliferación de jui-cios amenazaron la consolidación de un derecho tan duramente con-quistado, este año el asesinato de nuestro colega José Luis Cabezas, laeclosión de agresiones, amenazas e insultos contra periodistas, la pre-tensión oficial de considerar a la prensa como un contendiente político yla metafórica incitación del presidente Carlos Menem a ejercer con ella laviolencia por medio de la «libertad del palo» colocó a la libertad de pen-samiento y de expresión en una situación de gravedad extrema.

Un punto positivo a destacar en este contexto tan preocupante fue laratificación de la doctrina de la real malicia, que la Corte Suprema deJusticia había sentado por primera vez en diciembre de 1996 en la cau-sa «Morales Solá». Por ella, no sólo están protegidas las informacionesverídicas, sino también las afirmaciones falsas, «si se trata de funciona-rios públicos, figuras públicas y aun particulares intervinientes en casosde interés público». La Corte la aplicó a una causa en la que había sidoquerellado por un dirigente político el director del diario Río Negro, JulioRajneri. Pero, sobre la finalización del año, la decisión anunciada poruna emisora privada de televisión de levantar del aire a dos de sus pro-gramas a raíz de presiones políticas del gobierno nacional, planteó laexistencia de una nueva índole de amenazas en contra de la libertad deexpresión, derivada de la existencia de empresas propietarias de mediosque no tienen en ellos su principal actividad. En el caso de los progra-mas Día D, dirigido por Jorge Lanata, y Las patas de la mentira, produ-cido por Miguel Rodríguez Arias, el principal accionista de América es almismo tiempo oferente en la licitación de 33 aeropuertos convocada pordecreto del Poder Ejecutivo Nacional y la noticia de la rescisión de loscontratos fue comunicada por fuentes del gobierno antes que por la

1997

88888

empresa.Tan notorio fue el deterioro de la situación de la prensa y de los perio-

distas, reflejado en los editoriales de los medios internacionales y lasdeclaraciones de alarma de entidades dedicadas a supervisar la libertadde expresión y la seguridad de quienes la practican, que el presidente delos Estados Unidos, Bill Clinton, se interesó por suscitar la cuestión du-rante su visita a la Argentina. Además de proponer la creación en la OEAde un Defensor de la Prensa, Clinton se reunió con cuatro periodistas(entre ellos dos miembros de nuestra asociación) con el ostensible pro-pósito de transmitir una señal fácil de entender de su preocupación. Enese encuentro Clinton recibió una foto de José Luis Cabezas y declarósu repudio por las amenazas a la prensa.

El horrendo crimen de Pinamar, cometido con una alevosía que procu-ra transmitir un mensaje al conjunto de quienes trabajan en los mediosde comunicación, no constituyó un hecho aislado. Por el contrario, solosu inscripción en el contexto de hostilidad que desde hace varios añospadece el periodismo independiente permite ver que la aparición del cuer-po calcinado de nuestro colega implicó solo un salto cualitativo en la yalarga lista de agresiones impunes contra periodistas. A siete días decumplirse once meses del crimen, no debería olvidarse la ofensiva afir-mación del magistrado de la causa en su primera resolución -que luegodebió dejar sin efecto-, quien sin el menor asidero en las constancias delexpediente salvo los dichos de un confidente policial atribuyó a la víctimaconductas delictivas que habrían provocado la reacción de quienes loeliminaron. Tampoco, la monstruosa afirmación de uno de los jefespoliciales de la zona de que el crimen fue obra de la revista Noticias, parala que trabajaba Cabezas, con el propósito de incrementar sus ventas.El confidente y el policía terminaron luego procesados, pero la fe que elmagistrado prestó a sus dichos es elocuente acerca del clima que laprensa respiró en nuestro país este año. La posterior proliferación deamenazas y ataques sufridos por centenares de colegas de todo el país,

1997

99999

incrementa la certeza de que la muerte de José Luis Cabezas fue otrointento de acallar a todos aquellos que cumplen con su deber de infor-mar.

La relación entre las palabras y los actos también quedó clara con lasecuencia de tres días que transcurrieron desde la propuesta presiden-cial de limitar la libertad de prensa mediante el uso de lo que llamó «lalibertad del palo» hasta el secuestro del ex capitán de la Armada AdolfoScilingo. Personas de civil que mostraron credenciales de la policía letajearon en la cara las iniciales de tres periodistas, para quienes le trans-mitieron amenazas de muerte. El hecho, que cobró relevancia interna-cional y apareció publicado en tapa en The New York Times, solo gene-ró un comentario despreocupado del Presidente: «Ese hombre no memerece ningún tipo de confianza», dijo, en referencia a Scilingo.

Menem también extendió su descalificación de la prensa a The NewYork Times. Sobre el editorial que el diario publicó el 16 de septiembrebajo el título «Guerra contra los medios en la Argentina», donde se loacusaba de «alentar la violencia», Menem dijo que era «una burda ytorpe patraña producto de la mala información», que también vinculócon la campaña electoral. Pero el 19 de septiembre, ante la avalancha dereacciones que generó su cita del redactor de la Constitución norteame-ricana, el jefe de Estado pidió disculpas a la «comunidad periodística».En un comunicado dirigido a nuestra asociación PERIODISTAS, Menemllamó a su sugerencia «una anécdota» y no le reconoció otraintencionalidad. Al final del comunicado reiteró su «voluntad inquebran-table de seguir luchando por que esas libertades permanezcan intac-tas». La voluntad presidencial no impidió que unos días más tarde, conla misma impunidad con que en la noche del 25 de enero una banda depolicías y civiles se llevó a José Luis Cabezas para pegarle dos tiros enuna cava y con la que los autoidentificados policías levantaron a Scilingoa una cuadra del Congreso el 11 de septiembre, dos individuos secues-traran al periodista e investigador parlamentario Carlos Suárez. A plena

1997

1010101010

luz del día y en la puerta de su casa, dos hombres lo metieron en un autoa punta de pistola y se lo llevaron para someterlo durante ocho horas aun interrogatorio con capucha.

Tan vacías de resultado fueron las palabras presidenciales como lasque todo el Gobierno nacional repite cada vez que se comete una agre-sión contra un periodista. En cada caso, los funcionarios prometen queinvestigarán hasta las últimas consecuencias, una frase ritual que detanto mal uso ha llegado a significar lo contrario de lo que supone decir.Más allá de esas declaraciones, no ha habido medidas concretas paraidentificar a los autores de las amenazas anónimas y que a través delteléfono recibieron durante este año cientos de periodistas, pese a queel ministerio del Interior recibió una propuesta técnicamente viable y demoderado costo económico, formulada por el ingeniero electrónico y co-lumnista Ariel Garbarz, que permitiría localizar en cuestión de segundosel aparato desde el que se efectúan las amenazas.

Lejos de esos recursos que aquí parecen prodigios tecnológicos, San-to Biasatti recibió cuatro amenazas en un mes y, pese a que sus teléfo-nos estaban intervenidos por orden judicial, los llamados no fueron iden-tificados debido a supuestos problemas técnicos que nunca pudieronser explicados en forma satisfactoria. La falta de capacidad investigativase ha tratado de resolver con el ofrecimiento de custodias a algunos delos amenazados, pero su ineficiencia contribuye a reforzar el sentimien-to de indefensión que esos actos intentan transmitir. La presencia poli-cial no impidió que a plena luz del día y en la puerta del colegios de sushijos, fuera tajeada la hermana de nuestro colega Antonio FernándezLlorente. La misma metodología de atacar a las familias para hacer sen-tir a la víctima responsable del sufrimiento de sus seres queridos, habíasido usada contra el fiscal Pablo Lanusse y sus dos hermanas. La pro-tección oficial tampoco bastó para impedir que una bala fuera deposita-da con delicadeza en el umbral del departamento de Magdalena RuizGuiñazú, ni que un mensaje macabro fuera dejado en el buzón de la

1997

1111111111

casa de Hernán López Echagüe, ni que alguien amenazara a la esposadel periodista Darío Lopreite a través del portero eléctrico.

Estos hechos de autor anónimo coexisten con otros en los que se llegaa ver la mano oficial, en el momento mismo en que trata de esconderseluego de arrojar la piedra. Las trompadas contra Jorge Lanata provinie-ron de una persona vinculada con el por entonces director del canal detelevisión estatal; los carteles infamantes contra Magdalena Ruiz Guiñazú,firmados por una revista inexistente, fueron impresos por una editorialvinculada con un ex asesor presidencial; la solicitada de un ex diputadonacional en contra de Mariano Grondona fue dictada por el Jefe de Esta-do, según el testimonio de la periodista Gabriela Cerruti, que vio salir alfirmante del despacho presidencial; el programa del canal gubernamen-tal desde el que se agravió semanalmente a periodistas y medios conta-ba con el aval directo del Jefe de Estado. Otras veces las agresionesproceden abiertamente del Poder Ejecutivo. A seis días de las eleccio-nes legislativas, el ministro de Economía acusó a los medios de prensade un «golpe de estado mediático» y el propio Presidente de la Repúbli-ca se refirió de modo ofensivo a Horacio Verbitsky, primero en una con-ferencia de prensa con corresponsales extranjeros y más recientemen-te, en una reunión con periodistas mujeres. Debe destacarse que en lasdos oportunidades sus insultos fueron respuesta a informaciones publi-cadas por el periodista, que el Presidente no pudo desmentir.

Como en 1993 y 1995, estos intentos de descalificar a la prensa y deamedrentar a los periodistas que cumplen cabalmente su función deinformar coincidieron con una campaña electoral. La clara estrategia delGobierno fue presentar al periodismo como parte del proceso electoral yde esta manera deslegitimar cualquier información que se publicara so-bre temas sensibles, como los casos de corrupción que tanto preocupana la sociedad argentina, a los observadores extranjeros y a los organis-mos internacionales. En ese sentido, es imposible dejar de preguntarsequé otras agresiones deberá sufrir la prensa argentina al acercarse a las

1997

1212121212

próximas elecciones presidenciales de 1999.Al dar a conocer esta Cronología de los ataques a la libertad de prensa

ocurridos en la Argentina durante el segundo semestre de 1997, PE-RIODISTAS reitera su convicción de que en una sociedad libre y pluralista,el periodismo independiente es una fuente insustituible de información yanálisis y un instrumento para el control de los gobernantes por parte dela sociedad civil. Todo aquello que tienda a restringir su acción o ame-drentar a quienes la realizan, afecta la libertad de la ciudadanía y afectala gobernabilidad democrática. Por eso, preferimos recurrir a una cita unpoco más actual que la que usó el Presidente, pero con mayor propie-dad: «Cuanto más observo la independencia de la prensa en sus princi-pales efectos, más me convenzo de que en los tiempos modernos laindependencia de la prensa es el elemento capital y, por así decirlo, cons-titutivo de la libertad. Todo pueblo que quiera conservar su libertad tiene,pues, derecho a exigir que se la respete a toda costa.», Alexis deTocqueville, La Democracia en América, Tomo I, 1835.

Buenos Aires, diciembre de 1997.

1997

1313131313

Informe anual 1998: Libertad de prensa en Argentina

El Material presentado en esta página es un extracto del libro elabora-do por la Asociación PERIODISTAS, Ataques a la Prensa Informe 1999,publicado por Editorial Planeta.

El peor momentoOnce decisiones restrictivas de la Corte Suprema de Justicia en el

último año marcan el peor momento para la libertad de expresión en lostres lustros transcurridos desde la finalización de la dictadura militar.Desde hace años, el gobierno nacional y sus funcionarios han recurridoa la Justicia como uno de los medios de obturar el libre flujo de informa-ción a través de la imposición de castigos a medios y periodistas. Perorecién en 1998 esa táctica se constituyó en una amenaza eficaz.

Dos rasgos notables merecen destacarse en este proceso de cerce-namiento de una de las libertades fundamentales. Todas esas senten-cias fueron suscritas por los jueces de la mayoría que el actual gobiernocreó luego de la ampliación del número de miembros de la Corte, y sietede los once casos involucraban al presidente de la Nación, a miembrosde su familia o de su gabinete ministerial o a la propia Corte Suprema deJusticia. Esta tendencia ha sido seguida por otros tribunales inferioresque, aun sin la motivación política de la Corte Suprema, expresan unavisión autoritaria y recelosa de los pronunciados cambios ocurridos en elpaís y de su registro en la prensa. En el mismo sentido apuntaron algu-nos proyectos de ley de protección de los secretos de los funcionarios -aun cuando pudieran consistir en actos delictivos- y de represión a losperiodistas que los investiguen.

A esto deben sumarse los puntos oscuros que impiden dar por escla-recido el asesinato de nuestro colega José Luis Cabezas, el descubri-miento de una operación de espionaje militar sobre una docena de perio-distas y la comisión de un gravísimo atentado en Rosario contra el perio-

1998

1414141414

dista Carlos Vila Ortiz. Al mismo tiempo se produjo una vertiginosa con-centración de medios de comunicación en manos de grupos empresa-riales de propiedad incierta, con intereses económicos tanto o más sig-nificativos en otras actividades y de vínculos promiscuos con el poderpolítico. Algunos de ellos suprimieron programas críticos del gobierno ydespidieron a un alto número de periodistas. Entre quienes denunciaronque sus espacios en televisión habían sido cancelados por presionespolíticas hay tres miembros de esta Asociación: Jorge Lanata, Magdale-na Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá

Todos estos hechos tienen como telón de fondo la actitud de hostilidady desdén hacia el periodismo reiterada por las más altas autoridades delos tres poderes del Estado, controlados por un mismo grupo político. Elmensaje intimidatorio tuvo a los periodistas sólo como objeto vicario. Elresultado que se procura es disuadir a los ciudadanos de expresar ideasy opiniones críticas referidas a sus gobernantes, a quienes el más altotribunal del país ha acordado una protección especial contra el escruti-nio republicano de sus actos oficiales, como si los funcionarios no fue-ran servidores del público ni debieran rendir cuentas sobre su desempe-ño. El caso más claro en ese sentido es el proyecto de ley aprobado porla Cámara de Senadores, que castiga a quienes graben o filmen actosde corrupción de un funcionario público sin su consentimiento.

Las decisiones de la Corte Suprema

La libertad de expresión y de prensa fueron temas centrales en losfallos y las acordadas de la Corte Suprema de Justicia en 1998. Por lomenos once decisiones del tribunal que debe actuar como guardián dela Constitución establecieron restricciones incompatibles con el sistemademocrático de gobierno y contradictorias con los precedentes de la mis-ma Corte y con los tratados internacionales de derechos humanos, dejerarquía constitucional.

1998

1515151515

Durante el año 1998 la Corte Suprema:- volvió en contra de los periodistas la doctrina de la real malicia esta-

blecida hace 35 años en los Estados Unidos para proteger el derechodel público a la información;

- invirtió la carga de la prueba en contra de medios y periodistas y afavor de funcionarios;

- retrocedió incluso de la doctrina «Campillay», que desde 1986 librabade castigo a quienes mencionaran la fuente de su información y la con-signaran en el tiempo potencial;

- impuso la obligación de los medios de publicar réplicas a sus artícu-los aunque no contuvieran informaciones falsas ni injuriosas, lo cual cons-tituye una forma de censura;

- reprimió programas y artículos humorísticos;- citó en forma ilegal y compulsiva a declarar, sin que existiera causa

penal que lo permitiera, a un columnista que había denunciado el pagode sobreprecios en la compra de computadoras obsoletas para lainformatización del Poder Judicial;

- dispuso mantener abiertas causas que habían prescrito en la propiaCorte Suprema. El periodista Horacio Verbitsky denunció que, de estemodo, se impide la presentación de pruebas sobre la veracidad de lopublicado y se extiende sin límites en el tiempo la intimidación a la pren-sa;

- perdió el expediente de una causa del ministro del Interior CarlosCorach contra Verbitsky y se negó a informar cómo y dónde se habíaproducido el extravío (y posterior reaparición) de esos documentos pú-blicos;

- dispuso que el único condenado por el asesinato de cinco religiososdurante la dictadura militar fuera el periodista que lo investigó en un libro.

Estas sentencias indican que el alto tribunal ha tomado la decisión polí-tica de transmitir un mensaje intimidatorio al conjunto de la prensa argen-tina, coincidente con los últimos meses de mandato del gobierno que eli-

1998

1616161616

gió entre parientes, socios y amigos a la mayoría de sus miembros.Una reacción corporativa

En 1998 también otros tribunales de distintos lugares del país firmaronsentencias o adoptaron decisiones que traslucen una profunda incom-prensión del papel de una prensa vigorosa e inquisitiva en un sistemademocrático.

El más grave es el de la sala H de la Cámara Civil de la Capital, quecondenó a la revista Noticias a pagar al Presidente de la Nación unaindemnización de 150.000 pesos por difundir información que los pro-pios jueces autores de la sentencia consideraron verdadera, pero violatoriade su «derecho a la intimidad». El tribunal cubrió con ese manto deprivacidad la divulgación de actos de ostensible trascendencia pública,que involucraron a ministros del gabinete nacional y presidentes de na-ciones vecinas en negociaciones con la madre de un hijo extramatrimonialdel jefe del Estado y el pago de enormes sumas de dinero con fondos deorigen desconocido.

La jueza civil de la Capital, Mabel de los Santos, condenó al periodistaBernardo Neustadt y al canal de televisión Telefé a pagar 80 mil pesos aotra jueza, mencionada por una invitada al programa. Un aspecto parti-cularmente inquietante del fallo es el tramo en el que establece que losjueces no son figuras públicas sino «personas privadas», de modo queel debate sobre sus actos de gobierno quedaría limitado por la protec-ción de su honor.

Sobre los casos puntuales es posible emitir opiniones específicas, eva-luando el mérito o no de las decisiones de los tribunales. Pero cuandoalgunos jueces pronuncian juicios de disvalor globales sobre la prensaen su conjunto, como se detalla en la cronología que integra este volu-men, la preocupación es mayor porque señala que existe un terreno parafuturas arbitrariedades. Vale la pena puntualizar algunos casos extre-mos de esta visión conspirativa:

1998

1717171717

* Por razones formales y sin considerar toda la prueba ofrecida, la SalaIII de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó el 30 deabril una apelación de Eduardo Aliverti. La Sala II del mismo tribunalhabía condenado en 1995 al periodista a pagar una indemnización de20.000 dólares al ex coordinador de prensa del Ministerio de BienestarSocial, Juan José Ramos, por presuntas injurias. En el fallo de 1995,uno de los miembros de la Sala II, el juez Eduardo Vocos Conesa, inclu-yó en su voto una diatriba contra la prensa. Para Vocos, «la libertad deexpresión sin censura previa es teóricamente (el subrayado es del juez)una libertad estratégica». Pero «una cosa es el principio y otra la exten-sión de ese principio». Sin relación alguna con la causa, Vocos dijo queel panorama en la televisión «es desolador: la estulticia generalizada im-presiona como el denominador común... lo propio ocurre con el romanti-cismo de colchón o ramerismo militante». También fustigó «el vicio deldialoguismo sobre los temas trascendentales de la existencia humanaentre personas carentes de la más mínima preparación». Añadió quemiraba revistas en los quioscos y se preguntaba «¿para qué tanta liber-tad de expresión formal?». Recordó las «palabras del Divino Maestro»sobre la piedra de molino colgada al cuello de «los que escandalizan alos pequeños» y citó el Catecismo para afirmar que el escándalo tam-bién «puede ser provocado por la opinión». Agregó que no le asustaba lapalabra fundamentalismo. El juez siguió luego con sus experiencias comolector de la sección «Cultura Física», de los avisos clasificados de LaNación. Entre un centenar que leyó transcribe cuatro:

1. «Andrea. Exótica y sensual. Llamame»2. «Atractiva masajista sola, en mi depto»3. «Marlen. Pelirroja linda. Exhub. Cumple tus fantasías»4. «TU MUNDO PRIVADO. EN MASCULINOS. UN HAREN DE JO-

VENES CACHONDOS. TE AGUARDAN LAS 24 HORAS. ABSOLU-TA PRIVACIDAD».

(La puntuación y las mayúsculas pertenecen al juez).

1998

1818181818

El diario fundado por el general Bartolomé Mitre actuaría así «como elvehículo de la degradación del ser humano». Luego de informar que suslecturas son El deber cristiano de la lucha, de Antonio Caponetto; laRomántica Caballeresca de Valdemar Vedel y La Caballería de AlfredoSáenz, sostuvo que «la gente de bien capaz de dar la vida por Dios, laPatria y la Familia» rechazaba «la soberbia psicoanalítica», que calificóel honor como neurosis. Vocos era consciente, porque lo dice en suvoto, que formular esas consideraciones era «innecesario para la solu-ción del caso», pero dijo que le importaba reiterar su adhesión a lasmedidas preventivas contra la prensa que asegurarían los beneficios dela libertad de todos los ciudadanos «contra el totalitarismo actual queejercen los medios masivos». Luego de este recorrido por las páginasde diarios, revistas y programas de televisión, no es ocioso recordar queel juicio se originó en una nota radial.

* En una causa en la que la Cámara del Crimen de la Capital dispuso elprocesamiento de dos oficiales de la Policía Federal por privarilegítimamente de su libertad a un grupo de personas que se manifesta-ban en contra de la gestión del presidente de la Nación, el voto en disi-dencia del juez Guillermo Rivarola incluyó también palabras que revelanun profundo desdén hacia la prensa. Al referirse a los periodistas quepresenciaron los hechos y que declararon como testigos, el doctor Rivarolasostuvo que debían ser desestimados como prueba «pues bien se sabedel sensacionalismo televisivo y de la búsqueda del tan preciado rating».Esta opinión, perfectamente legítima en un particular que comunica suvisión del tema a quien esté interesado en conocerla, no es admisible enun acto jurisdiccional.

* En un fallo contra el diario La Voz del Interior, el juez cordobés DanielMolinari Moyano formuló apreciaciones genéricas sobre la prensa, sinrelación alguna con la causa que debía juzgar (iniciada por un empresa-rio de máquinas tragamonedas) y ni siquiera con el país en el que vive,que revelan una marcada hostilidad contra la prensa. Mencionó, por ejem-

1998

1919191919

plo, una encuesta efectuada por una consultora en los Estados Unidos,según la cual «se exigía a los medios de comunicación noticias de inte-rés comunitario, no escándalos o escandaletes, ni siquiera relacionadoscon el mundo del espectáculo». También calificó como deshonestos y«factor de perturbación para la vida de las demás personas» a aquellosperiodistas que «temieron y temen que se legisle sobre el derecho deréplica» y a «quienes bregaron por conseguir que se derogase, comoconducta punible, el desacato». Como si fuera juez de otra causa, MolinariMoyano sostuvo que «algunos medios han hecho escarnio vil de la per-sona del Presidente. Se han mofado de sus creencias religiosas, susantepasados, su familia, su matrimonio, sus crisis íntimas, sus desveloscomo padre, y en la más ruin de las agresiones han querido burlarse desu dolor».

PERIODISTAS no se propone polemizar con los jueces, cuya funciónes básica para el correcto funcionamiento del sistema institucional. Perodesea llamar la atención, no en forma genérica sino a partir de casosconcretos como los mencionados, sobre actitudes que, lejos de revertirla imagen de la Justicia que con toda razón preocupa a los magistradoshonestos y laboriosos, probablemente contribuirá a reforzar un descré-dito y aislamiento que el periodismo independiente no propicia ni cele-bra. Exhortamos, tanto a nuestros colegas como a quienes ejercen lajurisdicción, a ser severos pero cuidadosos en las referencias a casosconcretos en los que merezca reproche el desempeño de un magistradoo de un periodista, y a evitar caracterizaciones globales y emblocamientoscorporativos.

En defensa de la libertad

En distintos niveles y en diferentes lugares del país, también hubodurante 1998 fallos judiciales favorables a la libertad de expresión, queesta asociación desea destacar, aunque no todos ellos se refieran a la

1998

2020202020

actividad periodística, sino a los derechos de los ciudadanos a recibirinformación. Algunos de ellos sentaron precedentes que PERIODIS-TAS espera que sean incluidos en la jurisprudencia de los tribunalesargentinos.

* La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati-vo Federal ordenó a la Policía Federal entregar al Centro de EstudiosLegales y Sociales (CELS) los datos estadísticos que el organismo ha-bía solicitado para la elaboración de un informe sobre la situación de losderechos humanos en la Argentina. Confirmó de este modo un fallo de lajueza de primera instancia Susana Córdoba. La Cámara recordó que elartículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que enArgentina tiene jerarquía constitucional, establece que «el derecho a li-bertad de pensamiento y expresión (...) comprende la libertad de buscar,recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole».

* La sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccionalde la Capital Federal procesó, y el Tribunal Oral Nro. 27 condenó, porprivación ilegítima de la libertad a dos ex policías que en 1995 habíandetenido a tres activistas políticos por manifestarse en contra del presi-dente Menem. El juicio oral sentó un firme precedente contra las deten-ciones arbitrarias que en ocasiones la policía realiza aduciendo motivoscomo la averiguación de antecedentes o supuestas actitudes sospecho-sas y en defensa del derecho de los ciudadanos a expresar librementesus preferencias políticas.

* La Cámara de Apelaciones en lo Civil condenó al ex ministro de Eco-nomía Domingo Cavallo a pagar al periodista Bernardo Neustadt unareparación por daño moral de 15.000 pesos, más casi tres años de inte-reses, por haberlo mencionado como «influenciable» y acusado de serparte del dispositivo de un hombre de negocios a quien el funcionariodescribió como «jefe de la mafia» del correo. Esta es la primera vez queun funcionario del gobierno nacional debe hacerse responsable por susagravios a un periodista.

1998

2121212121

* La Cámara del Crimen de Viedma condenó a tres años de prisión ensuspenso e inhabilitación por seis años al comisario Jorge Chico, por eldelito de «vejaciones» contra tres periodistas agredidos con golpes ypatadas durante una manifestación en 1995. El tribunal también conde-nó a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación para ejer-cer tareas de seguridad al cabo José Alvarez Pebe. También esta es laprimera vez que en la Argentina se lleva a juicio oral y se condena afuncionarios públicos en actividad por haber agredido a periodistas enejercicio de su profesión.

* El fiscal de Cámara Julio Castro no acusó y el Tribunal Oral en loCriminal No. 13 absolvió a un equipo de cuatro personas de la revistaNoticias, a quienes la Policía Federal había denunciado por presuntaintimidación pública. El equipo compuesto por periodistas, fotógrafos ymodelos había sido detenido frente al club Macabi de Buenos Aires cuan-do intentaba tomar fotografías para ilustrar una nota sobre un posibleatentado contra una entidad judía. Los jueces Pedro Aquino, OscarRawson Paz y Rodolfo Urtubey ordenaron, además, que fueran investi-gados por falso testimonio dos de los policías que intervinieron en elincidente y que habían sido condecorados por el ministro del Interior,Carlos Corach. El fiscal sostuvo que el incidente había sido utilizado confines políticos por el gobierno y desestimó los cargos contra la revista. Eltribunal también afirmó el derecho de los periodistas a preservar el se-creto de las fuentes de información.

De las palabras...

A lo largo de todo el año, con una persistencia que no puede atribuirseal azar, funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos provincialesformularon declaraciones peyorativas u hostiles hacia la prensa, los pe-riodistas y los medios de comunicación. Ni el jefe del gabinete de minis-tros, ni el presidente de la Nación, ni su hermano, presidente provisional

1998

2222222222

del Senado, ni los ministros de la Corte Suprema se privaron de esaactividad verbal que, de ese modo, comprendió a la máxima jerarquía delos tres poderes del Estado y al jefe de la administración pública.

No fue en cualquier circunstancia sino durante un seminario de forma-ción realizado en abril y dirigido por Hernán Corach -hijo del ministro delInterior-, que el gobernador de Jujuy, Carlos Alfonso Ferraro denunció loque llamó «la dictadura de los medios de comunicación», que sometíansu gestión a «acoso». El episodio fue el primero que durante el año dejótraslucir la percepción que tienen de la prensa las más altas autoridadesde la Nación.

Sería injusto omitir que también desde gobiernos provinciales de dis-tinto signo político partieron amenazas e intimidaciones en contra de laprensa. El 18 de diciembre el gobernador de Río Negro, Pablo Verani,de la Unión Cívica Radical, insultó a un fotógrafo y un alto funcionarioprovincial lo empujó, porque había documentado en imágenes una re-unión del gobernador con media docena de estudiantes que protestabancontra la Ley Federal de Educación. Para aceptar el diálogo el goberna-dor les exigió que descubrieran sus rostros, que habían escondido de-trás de pañuelos y bufandas. Cuando Verani advirtió que desde una ven-tana lo habían fotografiado insultó al fotógrafo Francisco Bedeschi, deClarín, y el secretario de Acción Social, Daniel Sartor, lo empujó, hastaque otros periodistas lo contuvieron.

Durante el año, el Senado de la Nación llegó a votar una declaración derepudio a un artículo del diario Página/12 sobre el jugador de fútbol ArielOrtega, expulsado en el partido del campeonato mundial entre la Argen-tina y Gran Bretaña. El artículo era ostensiblemente irónico y su críticano iba dirigida al futbolista, sino a los sectores sociales que lo discrimi-naban por considerarlo negro, borracho y analfabeto. Pero la declara-ción del Senado tomó las palabras del artículo al pie de la letra. Promovióla decisión el presidente del bloque justicialista, Augusto Alasino, quientambién impulsó otra resolución del Senado, esta vez en contra de una

1998

2323232323

nota del diario La Nación, acerca de la intención oficial de proteger a unaserie de jueces denunciados ante la comisión de juicio político. No essuperfluo consignar que el senador Alasino fue investigado por enrique-cimiento ilícito a raíz de una investigación publicada precisamente poresos dos diarios. Alasino incluso intimó a La Nación y a la revista Análi-sis, de Paraná, que inició la investigación, a pagarle 100.000 dólares enel plazo de cinco días por presuntos daños y perjuicios que le habríancausado al publicar la información sobre su patrimonio.

También el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Vázquez,tuvo palabras de desdén hacia la prensa. Cuando fue designado miem-bro de la Corte, dijo que ello obedecía a su amistad con el presidente dela Nación, a cuyas fiestas de cumpleaños asiste en forma regular. El 18de diciembre, luego de una conferencia que pronunció en Tucumán so-bre «La libertad de expresión», Vázquez expresó que los últimos fallosen contra de periodistas fueron gestos de valentía de ese tribunal frentea una «ola de falsa o equívoca libertad de prensa». Además vaticinó quecaería «la credibilidad de los periodistas» (así, en general). Es asombro-so que tales conjeturas, sólo fundadas en los deseos de su autor, pro-vengan de uno de los integrantes de un tribunal que, de escándalo enescándalo, se ha sumido en una crisis terminal de confianza pública.

Pero quien en forma más constante se refirió a medios y periodistascomo responsables de cualquier problema que afectara a su gobierno oa su partido fue el propio presidente Menem. Durante un encuentro conun centenar de legisladores justicialistas, convocado para responder alas acusaciones del precandidato presidencial Eduardo Duhalde, culpóa los medios de querer dividirlos. Duhalde había dicho que quienes pos-tulaban la candidatura de Menem para un tercer periodo -que la Consti-tución veda- querían dar «un golpe de Estado jurídico», propio de «unpaís bananero». En vez de responder a su competidor político, Menemapuntó a la prensa: «No entremos en el juego del conventillo político, queno hemos armado nosotros, porque son los medios los que nos quieren

1998

2424242424

dividir, enfrentar y crear problemas. Yo no estoy dispuesto a entrar enese juego», dijo.

En otra ocasión, durante una entrevista con el diario Los Andes deMendoza, Menem dijo que de sus nueve años de gobierno sólo se arre-pentía de «darle la posibilidad a los medios de tener fuertes monopo-lios». Agregó que «la libertad de prensa, como el poder, no puede serabsoluta. Tiene que tener un límite». Para quejarse de lo que consideraintrusión de la prensa en su intimidad, Menem citó a dos políticos argen-tinos del siglo XIX, cuando aún no se había desarrollado la doctrina jurí-dica que asigna una protección especial al derecho de los ciudadanos ala información, cuando ésta se refiere a sus gobernantes y otras figuraspúblicas. «Es como le decía Alberti a Sarmiento: la libertad de prensa nopuede ser utilizada como una escalera para meterse en la intimidad delas personas», dijo el presidente.

Además de esos ataques generalizados, Menem singularizó susinvectivas en algunos periodistas y medios. En una declaración difundi-da en octubre, el jefe del Estado rechazó con profusión de adjetivos unanálisis del columnista Mariano Grondona publicado en el más tradicio-nal diario argentino, La Nación. Allí el periodista afirmaba que «una mi-noría de intereses internacionales ligada a otra minoría de intereses lo-cales, lo aplaude; en su país, la mayoría lo condena» y que «la transiciónpodría haberse logrado con una administración ordenada, honesta y res-petuosa, o con desaprensión ética e insensibilidad social». En vez derefutar sus conceptos, el presidente descalificó al interlocutor. Lo llamó«amante de los pensadores griegos y admirador de la estructura estatalde Esparta, organizada en el siglo IX antes de Cristo sobre bases auto-ritarias y militaristas» y dijo que encarnaba «la filosofía del sofismo con-temporáneo».

Hasta el último día del año, Menem tuvo palabras belicosas hacia elperiodismo. El 31 de diciembre se hizo pública una declaración en la quereaccionó no contra una crítica sino a raíz de una información. El diario

1998

2525252525

La Nación había publicado que Menem pasó la Nochebuena en casa deuna amiga de su hija en el mismo edificio en el que estaba detenido bajoarresto domiciliario el ex dictador Emilio Massera. Menem replicó que elartículo, cuya información no desmintió, era «un inoportuno despropósi-to, un agravio gratuito a mi intimidad y una inmerecida defraudación a laopinión pública». Para el presidente, ese texto, «trasciende los marcosde la manipulación para convertirse en una infamia».

...a los hechos

El 25 de enero de 1999 se cumplieron dos años del asesinato del fotó-grafo José Luis Cabezas, el más grave atentado contra la libertad deexpresión desde la finalización de la dictadura militar, en 1983. El juezJosé Luis Macchi cerró la instrucción y durante el año tendrá lugar eljuicio oral y público, pero la causa sigue rodeada de enigmas que nadieha explicado satisfactoriamente. Hay personas detenidas y se ha se-cuestrado un arma con la que presuntamente se disparó contra el perio-dista. Pero sigue faltando un relato coherente que dé cuenta no sólo delos actos sino también de las motivaciones de cada uno de los protago-nistas y de las relaciones entre ellos.

Al cerrarse la instrucción, los cargos se concentraron en un grupo depequeños delincuentes y policías de baja graduación, mientras queda-ron sin profundizar las conexiones con el crimen organizado, incluyendoen ello a un grupo empresario y a la ex conducción de la ex Policía Bo-naerense. El grado de corrupción de esa organización armada, cuyashuellas se encontraron en el atentado a la mutual judía de Buenos Airesy en el tráfico de autos robados y de drogas prohibidas, indujo al gobier-no provincial a disolverla y pasar a retiro a toda su cúpula. Esa purgatuvo una sola e inexplicada excepción: precisamente el comisario mayorVíctor Fogelman, a cargo de la investigación del caso Cabezas.

Si el asesinato del reportero gráfico provocó un hondo desasosiego,

1998

2626262626

los manejos irregulares en torno de la investigación de su muerte confir-man que existen causas para mayor preocupación. Lo que la sociedadargentina reclama no es el acercamiento a la verdad por medios ilegalesni, mucho menos, la condena de inocentes, porque ya ha experimentadoel efecto destructivo de la adopción de conductas distintas a las prescri-tas por las leyes. El desafío que el crimen de Cabezas plantea es el deconstruir instituciones sanas, limpias y eficientes que provean la seguri-dad y la justicia.

En este sombrío contexto, se conocieron dos hechos reveladores delas observaciones que desde el Estado se realizan sobre los periodistas.En diciembre, la revista trespuntos difundió documentos secretos sobreel seguimiento practicado durante la dictadura militar sobre la periodistaMagdalena Ruiz Guiñazú por el disuelto Batallón 601 de Inteligencia delEjército. Contenía datos sobre su vida personal, su ideología, su familiay amistades, sus antecedentes laborales, los lugares a los que concu-rría en 1982 y hasta detalles de su vestimenta y arreglo personal. Ya ennoviembre, el diario Página/12 había revelado que los servicios de inteli-gencia de la Fuerza Aérea seguían realizando el mismo tipo de segui-miento ilegal, prohibido por las leyes de defensa y de seguridad interior,hasta septiembre de 1997. Las víctimas fueron en este caso once perio-distas debido a que «elaboraron artículos donde se realizaban críticas ala seguridad aeroportuaria y/o a las privatizaciones a llevarse a cabo». Nilas disculpas presentadas por el Jefe de Estado Mayor de la FuerzaAérea, brigadier Rubén Montenegro, a los periodistas Rolando Barbano,Alcadio Oña, Roberto Solans, Carlos Rodríguez, José E. Toyah, HernánFirpo, Adrián Ventura, Alfredo Vega, Sergio Moreno, Dolores Olveira yCarlos Rodríguez, ni el pase a retiro y la denuncia penal en contra de losoficiales responsables puede disimular la gravedad del episodio, que diolugar al allanamiento de la sede central de la Aeronáutica militar por par-te del juez Jorge Urso y el fiscal Miguel Osorio. Con un escepticismoproducto de la experiencia, PERIODISTAS espera conocer el resultado

1998

2727272727

de la acción judicial antes de celebrar el funcionamiento aparentementeefectivo de las instituciones republicanas para sancionar esta accióndelictiva.

Los informes de inteligencia suelen ser el prolegómeno a los ataquesfísicos, que no han cesado en el último año. El más grave de ellos seprodujo en la ciudad de Rosario contra el periodista Carlos «Gary» VilaOrtiz, a quien dos desconocidos le clavaron un tornillo en los genitales ylo amenazaron con violarlo en diciembre de 1998. Desde 1992, Vila Ortizes víctima de un sistemático hostigamiento, en el que hay motivos parasospechar de la complicidad policial. Se vio forzado a renunciar a sucargo como secretario general de redacción del diario La Capital, cuan-do varios hombres que lo secuestraron, le exhibieron fotos de familiaresy amigos sometidos a vigilancia ilegal. En 1994 y 1995, Vila Ortiz yahabía sido secuestrado y herido con un estilete, y en octubre de 1998golpeado y tajeado en una mano.

La intención oculta

El 6 de junio, el presidente Carlos Menem envió al Congreso un pro-yecto de ley que castiga con penas de prisión la filmación o grabación deactos secretos de funcionarios públicos sin su consentimiento, y su re-producción en medios de comunicación. Altos funcionarios del gobiernonacional afirmaron que el propósito buscado no era castigar a los me-dios de comunicación sino a las organizaciones delictivas que por esemedio invaden la privacidad. Sin embargo, el texto del proyecto originalrevela el propósito de sancionar a la prensa al penar «al que, para des-cubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, grabare o reprodujeresonidos o imágenes, sin su consentimiento». El proyecto, que en apa-riencia procuraba proteger la intimidad de las conversaciones telefóni-cas entre particulares, impediría el uso de los grabadores y las cámarasocultas que en los últimos años han permitido desenmascarar a funcio-

1998

2828282828

narios en el momento de cometer delitos.Durante las reuniones con las comisiones de Legislación Penal y de

Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, esta Asociación seremitió a las sabias palabras del artículo 19 de nuestra Constitución his-tórica, protectora únicamente de aquellas «acciones privadas» que «deningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a untercero», las que «están sólo reservadas a Dios y exentas de la autori-dad de los magistrados». No es admisible extender esa protección acualquier secreto, ya que dentro de esa categoría también entran losactos ilegales que funcionarios públicos desearían mantener desconoci-dos para la sociedad a la que burlan. Mientras la privacidad merece serprotegida de intromisiones indeseadas, los actos de corrupción debensalir a luz para bien de la salud republicana.

En un caso reciente se conoció la tenebrosa competencia entre orga-nismos de seguridad y de inteligencia del gobierno nacional por la colo-cación de cámaras ocultas en prostíbulos, para filmar allí a personalida-des públicas con fines extorsivos. El mismo instrumento técnico, usadocon otro criterio, en otros lugares y con otra moral, ha permitido a distin-tos canales de televisión poner en evidencia conductas delictivas de fun-cionarios públicos, descubiertos en el momento de solicitar o de recibircontribuciones ilegales. La confusión entre intimidad y secretos puedeparecerse peligrosamente a la equiparación entre prostíbulos y despa-chos oficiales.

En concordancia con los deseos del Poder Ejecutivo, la Comisión deAsuntos Penales y Regímenes Carcelarios del Senado aprobó el 25 deagosto un dictamen que, con la excusa de penalizar las escuchas telefó-nicas ilegales, prohibe la utilización de cámaras o grabadores ocultos. Eltema no fue analizado por la Comisión de Libertad de Expresión ni serealizó consulta alguna con las entidades especializadas, pese a la ex-trema gravedad de las sanciones que contempla. Entre los firmantes deldictamen están los presidentes de los bloques justicialista, Augusto

1998

2929292929

Alasino, y radical, José Genoud. La intención del dictamen impulsadopor el senador Alasino de castigar las investigaciones periodísticas so-bre casos de corrupción se hizo ostensible en la graduación de las pe-nas: difundir la información merecería castigo doble que obtenerla. Conprisión de tres meses a un año se reprimiría a quien indebidamente«escuchare o interceptare por cualquier medio técnico una conversa-ción o comunicación telefónica o de otra naturaleza, de carácter privado,o la grabare sin el consentimiento de todos los participantes, aun cuandofuere uno de los interlocutores» y a quien «registrare por aparatos foto-gráficos, fílmicos o de naturaleza semejante, imágenes de carácter ínti-mo», que no se describen. La pena sería de seis meses a dos años deprisión para quien «diera a publicidad» la información obtenida de esemodo y podría llegar a cuatro años, para empleados de una empresa decomunicaciones, ambigua descripción que alcanza a todos los mediosde prensa. Con multa de hasta 90.000 dólares podría ser castigado quienrecibiera «de modo legítimo» el «registro de una conversación no desti-nada a publicidad» y la diera «indebidamente a publicidad» de modo quecausara «perjuicio al interesado». Mientras un juez no declarara lo con-trario, al cabo de un largo proceso, esta restricción se aplicaría a cual-quier publicación periodística que ofreciera pruebas grabadas o filma-das de un acto de corrupción oficial.

El Senado le dio media sanción el 25 de noviembre, luego de rechazaren el recinto la solicitud de los senadores Pedro del Piero y Juan AguirreLanari de que el dictamen fuera remitido a la comisión de Libertad deExpresión. La única concesión menor de la mayoría oficialista fue unartículo que exime de pena a quien difunda la información «en defensade un interés público actual». Pero también esta circunstancia deberíaser declarada por un juez, lo cual implica una nueva amenaza para elejercicio de la libertad de prensa y una concomitante protección para losfuncionarios corruptos.

La media sanción del Senado cambió las palabras del texto del Ejecu-

1998

3030303030

tivo, pero no su sentido. Como las organizaciones estatales y privadasdelictivas que realizan esas actividades son clandestinas, de convertirseen ley este proyecto, los únicos castigados terminarían siendo los perio-distas y medios de difusión que cumplieran con su función de serviciopúblico. Esta Asociación empeñará sus mayores esfuerzos para impedirque la Cámara de Diputados complete la media sanción del Senado.

Concentración y política

A las amenazas y las vías de hecho, a los exabruptos verbales defuncionarios, a las restricciones legales intentadas y a las demandasjudiciales que el periodismo independiente ha padecido en los últimosaños y que motivaron el surgimiento de esta Asociación, se ha sumadootro tipo de asechanzas, más sutiles pero no por eso menos insidiosas.Son las que surgen del acelerado proceso de concentración de la pro-piedad de los medios de comunicación, del ingreso al mercado de gru-pos empresariales con intereses económicos tanto o más significativosen otras actividades y de sus relaciones no siempre claras con la políti-ca.

El surgimiento de grandes empresas de medios de comunicación noes algo negativo. Por el contrario, la abundancia de recursos y la espe-cialización pueden contribuir a un mayor desarrollo de la capacidad in-formativa, como de hecho ha venido ocurriendo desde la privatización delos canales de televisión a principios de esta década. No es ese el pro-blema. Mientras una oferta diversificada asegura la competencia y elpluralismo en la prensa escrita, la situación es distinta en los mediosaudiovisuales.

En los canales de aire de difusión nacional la concentración ha cobra-do un impulso inusitado gracias, en parte, a la ausencia de una ley espe-cífica. En el ámbito de los canales de cable hay grupos que participan -o controlan la totalidad- de la oferta de alcance nacional. Es precisamen-

1998

3131313131

te en ese contexto donde es cada vez más importante que exista unatransparencia absoluta sobre la propiedad de los medios. Por eso, cuan-do algunos de estos nuevos conglomerados pertenecen a inversoresextranjeros y a sociedades offshore, radicadas en «paraísos fiscales»que impiden conocer su verdadera composición accionaria, se alimen-tan las dudas del público sobre la requerida transparencia de los propie-tarios.

Ante la generalización de la incertidumbre pública, ni las entidadesrepresentativas de la actividad ni las autoridades gubernamentales de-berían desentenderse de la cuestión, porque está en juego la libertad deexpresión que es una de las conquistas más preciosas de la sociedadargentina desde la recuperación de la normalidad de sus instituciones.

Esta asociación ya hizo oír su voz en 1997, cuando dos programas detelevisión que incomodaron a aquellas jerarquías oficiales -uno conduci-do por Jorge Lanata y el otro por Luis Majul, Román Lejtman, MarceloLongobardi y Alfredo Leuco- fueron retirados de la programación deAmérica TV, a pesar de su satisfactorio nivel de audiencia y de factura-ción publicitaria, al mismo tiempo que la empresa que adoptó tales deci-siones competía en mil millonarias licitaciones de servicios públicos. Endistintos momentos de 1998 también fueron cancelados los programasde televisión de Joaquín Morales Solá y de Mirtha Legrand, y cesanteadosun alto número de periodistas de varios canales de televisión, entre ellosalgunos que se habían destacado por coberturas que molestaron al go-bierno nacional, como Fanny Mandelbaum y Horacio Embón. En decla-raciones y reportajes, Morales Solá señaló que poseía información inter-na del Canal 9 de televisión que le permitía afirmar con certeza que laconclusión de su programa había obedecido a presiones de ConstancioC. Vigil, miembro del grupo propietario de la emisora y habitual compa-ñero de golf del presidente de la República. Por su parte, Mirtha Legrandafirmó en conferencia de prensa al concluir su contrato con el Canal 9de televisión, el 30 de diciembre, que «no se sabe quienes son dueños,

1998

3232323232

no se sabe con quién hablar». Antes había dicho: «Son torpes, son ban-queros».

PERIODISTAS no cuestiona las facultades de las empresas comoeditores responsables para decidir sobre su programación, pero señalaque no pueden emplearse en forma arbitraria y ofensiva, y advierte con-tra el riesgo de reaparición de «listas negras» de los profesionales deprensa. Si a esto se suman las relaciones políticas de algunos de losdirectivos de estos grupos económicos con los más altos niveles delgobierno nacional y la incorporación a ellos, en tareas de ingeniería jurí-dica o financiera, de ex ministros que abandonaron el Poder EjecutivoNacional en medio de grandes escándalos de corrupción, termina deconfigurarse un cuadro amenazador para el libre flujo de información yopinión.

La Relatoría Especial

En 1998 PERIODISTAS vio culminar exitosamente una de sus inicia-tivas internacionales con la creación de la Relatoría Especial para la Li-bertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos (CIDH) de la OEA. Como parte de su programa de promoción de lanueva estructura, en abril PERIODISTAS organizó en forma conjuntacon el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York, la Socie-dad Interamericana de Prensa y The Freedom Forum un seminario inter-nacional en Santiago de Chile, durante la Segunda Cumbre de Presi-dentes de las Américas.

El proceso que condujo a la creación de la Relatoría se inició en 1997y fue consecuencia de las agresiones de diverso tipo sufridas por laprensa argentina, que esta Asociación denunció en forma documentadadentro y fuera del país. La preocupación de entidades internacionalescon las que PERIODISTAS mantiene relación fue conocida por el go-bierno de los Estados Unidos.

1998

3333333333

Durante su viaje a la Argentina en 1997 el presidente Bill Clinton sereunió con otros dos integrantes de PERIODISTAS, Roberto Guareschiy Nelson Castro, quienes le entregaron una fotografía de José Luis Ca-bezas. «Hay que parar las amenazas contra los periodistas e ir constru-yendo la sociedad civil ladrillo por ladrillo. Para ese objetivo es bueno quela prensa sea libre y es malo que haya quienes se sientan libres paraamenazar y agredir a la gente de prensa», dijo Clinton al responder unapregunta de Guareschi. El presidente norteamericano desarrolló enton-ces la idea de crear una nueva estructura en la OEA para la protecciónde los periodistas. El tema también fue incluido en la agenda de su diá-logo oficial con Menem. PERIODISTAS comprometió su apoyo activo aesta iniciativa, considerando que la Comisión y la Corte Interamericanasde Derechos Humanos han funcionado en forma más que aceptablepara proteger la libertad de expresión. Ambas han ido sentando doctrinay jurisprudencia, es decir, los ladrillos para construir la sociedad civil alos aludió Clinton. La Argentina derogó en 1993 el delito de desacatogracias a la Comisión, que además recomendó hacer lo mismo a otros13 países de la región. La Opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana,de 1985, obligó a archivar todos los proyectos de colegiación obligatoriade periodistas. El informe anual de la Comisión de 1994 estableció quelos funcionarios públicos deben estar sometidos a un amplio escrutinio,que sólo pueden recurrir contra publicaciones de la prensa en juiciosciviles y no penales, y que en esos casos debe invertirse la carga de laprueba, probando la falsedad de la información y la mala fe de su autor,conceptos ostensiblemente antagónicos con los que está aplicando laCorte Suprema argentina. La Comisión condenó a Chile por la censuraprevia del libro Impunidad diplomática, de Francisco Martorel, consiguióque Panamá aceptara renovar la visa y el permiso de trabajo del perio-dista peruano Gustavo Gorriti y que el gobierno de Ernesto Balladaresse comprometiera a derogar las leyes que, reconoció, restringen el ejer-cicio de la libertad de expresión.

1998

3434343434

Inicialmente Clinton tenía in mente el ombudsman creado para atenderlas situaciones surgidas en los países ex comunistas de Europa Orien-tal, esquema de dudosa aplicación en América Latina. Del cambio quese produjo luego de una serie de contactos con organizaciones interesa-das en la libertad de expresión, da cuenta la aclaración que formuló enabril el entonces asesor presidencial Thomas McLarthy durante un en-cuentro con periodistas en Washington. Allí dijo que «el Relator será undefensor de la libertad de prensa y no un ombudsman que controle elprofesionalismo de los medios de comunicación».

Tanto en esa reunión como en un artículo para The New York TimesMcLarthy destacó las amenazas que acechan a la prensa enLatinoamérica y la importancia para la consolidación de la democraciade la investigación de casos de corrupción. Sostuvo que desde 1988,casi 200 periodistas en el continente ofrendaron su vida en el cumpli-miento de su deber. «Miles más han sido amenazados, encarcelados ocensurados. ¿A quién hieren esos abusos? No sólo a los periodistas.Cuando un periodista es asesinado o intimidado, la democracia es heri-da. La libertad de prensa es el derecho de los ciudadanos a recibir infor-mación, y todos los ciudadanos sufren cuando se reprime la expresión.Los periodistas han apoyado la causa de la democracia y de la rendiciónde cuentas en Latinoamérica, al exponer casos de corrupción e investi-gar a delincuentes», añadió. McLarty destacó que entre las amenazas ala prensa libre que preocupan al gobierno de los Estados Unidos tam-bién están las más sutiles, originadas en «las leyes que penalizan lascalumnias y las injurias».

En otro encuentro sobre el tema realizado en la sede de la OEA enWashington, el vicepresidente de la CIDH, Robert Goldman, explicó quela Relatoría Especial «no se creó bajo presión de ningún Estado. Pero ala CIDH le alegra comprobar que esta iniciativa coincide con las agen-das de los países democráticos del hemisferio». También explicó que elRelator de la CIDH para la libertad de expresión será un funcionario de

1998

3535353535

tiempo completo, sujeto a la política de los comisionados y bajo la super-visión del secretario ejecutivo de la Comisión, el argentino Jorge Taiana.Como la CIDH no tiene presupuesto para la Relatoría, ha creado unfondo voluntario que recibirá donaciones de distintos Estados, no sólode las Américas, de fundaciones y de particulares. La Comisión tienetrece abogados para tramitar mil casos. Para la Relatoría debería incor-porar por lo menos uno más. Su presupuesto no debería ser inferior a unmillón de dólares, afirmó Goldman.

El mandato de la Relatoría fijado por la CIDH consistirá en «elaborarun informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de expresiónen las Américas, el cual será considerado por el pleno de la Comisiónpara su aprobación e inclusión en su Informe Anual a la Asamblea Ge-neral; elaborar informes especiales y temáticos que le sean solicitadospor la Comisión; reunir toda la información necesaria para la elaboraciónde esos informes; realizar las actividades de promoción que le enco-miende la Comisión, y llevar inmediatamente al conocimiento de la Co-misión, y si ésta no estuviere reunida a su Presidente y/o su SecretarioEjecutivo, situaciones graves que ameriten la adopción por parte de laCIDH de medidas cautelares y otras respuestas rápidas o inmediatasque se requieran, con base en el Estatuto y en el Reglamento de laComisión, en virtud de lesiones o amenazas que involucren el derecho ala libertad de expresión». En enero de 1999, esta Asociación participójunto con la SIP, Freedom Forum, CPJ y organizaciones de periodistasde Perú, Colombia y México, en una reunión en Lima con el RelatorEspecial, Santiago Cantón, con quien se analizó la agenda del organis-mo. PERIODISTAS le entregó allí una denuncia por fallos de la CorteSuprema argentina contra la libertad de expresión, que serán tratadoseste año por la Comisión.

1998

3636363636

Hechos vinculados a la Libertad de Expresión PERIODISTAS realizó el seguimiento de los principales ataques a la

prensa ocurridos durante 1998. También incluye agresiones a la libertadde expresión en un sentido más amplio, donde las víctimas no son sóloperiodistas o medios, sino también artistas, dirigentes políticos, religio-sos, civiles o gremiales y ciudadanos en general. Reseña además loshechos favorables para la libertad de expresión, que PERIODISTASdesea destacar. Finalmente, incorpora al informe noticias institucionalesque completan el panorama sobre la libertad de expresión en la Argenti-na.

q Durante 1998, PERIODISTAS contabilizó 238 casos de violacionesal derecho de los ciudadanos a expresarse libremente , en las si-guientes modalidades:

35 casos de ataques o agresiones.En el caso de periodistas, heridos o golpeados por civiles o por fuerzas

de seguridad. En el caso de medios de prensa, dañados, asaltados porla difusión de noticias u opiniones.

55 casos de amenazas.Por vía telefónica, por carta u otra modalidad. Agresión a las propieda-

des de un periodista, como disparos de armas de fuego contra su vivien-da o destrucción de su vehículo. Miembros de su familia atacados oamenazados.

32 casos de censura.Supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión

restringida o impedida, periodista despedido o programa levantado comoresultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o des-truidos, retiro o discriminación en la publicidad oficial, visas negadas.

40 casos de intimidación.Acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de

1998

3737373737

desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina,espionaje sobre periodistas, periodistas arrestados o detenidos contrasu voluntad.

44 casos de hostigamiento judicial.Demandas por daños y perjuicios o querellas por calumnias e injurias

destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, sentenciasa prisión o a pagar indemnizaciones, periodistas obligados a revelar susfuentes de información, amenazas de funcionarios de iniciar accionesjudiciales contra un medio o periodista.

32 casos de hostigamiento verbal.Insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comuni-

cación o periodistas, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en elpapel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o dedeclaración en repudio de artículos periodísticos.

14 intentos de introducir restricciones legales.Aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa o presenta-

ción de proyectos legislativos con esa finalidad, decretos del Poder Eje-cutivo.

q Durante 1998, PERIODISTAS contabilizó 31 hechos en defensa dela libertad de expresión , en las siguientes modalidades:

24 acciones judiciales favorables.Fallos o decisiones judiciales destinados a proteger la libertad de ex-

presión. 7 acciones legislativas favorables.Aprobación de leyes destinadas a ampliar las garantías constituciona-

les a la libertad de prensa, expresión e información. Presentación deproyectos de ley con el mismo fin.

1998

3838383838

Informe anual 1999: Libertad de prensa en Argentina

El Material presentado en esta página es un extracto del libro elabora-do por la Asociación PERIODISTAS, Ataques a la Prensa Informe 2000,publicado por Editorial Planeta.

Atilio Cadorín y Jacobo TimermanPor Joaquín Morales Solá.Jacobo Timerman y Atilio Cadorín se fueron inesperadamente durante

1999. Ambos habían participado, a fines de 1995, de la idea y del es-fuerzo fundacional de PERIODISTAS. Cada uno a su manera, los dosfueron periodistas cabales. Editor de fuste uno y columnista notable elotro, ambos habían convertido a este oficio en la razón excluyente desus vidas.

El inalterable sentido de la libertad y el compromiso definitivo con el pe-riodismo fue lo que los unió en un mismo haz a Timerman y a Cadorín.La ausencia de ellos provoca en nosotros la sensación persistente, in-vencible, de habernos quedado un poco más solos.

Introducción.Ni penas ni olvidosLa Argentina será el primer país de América Latina en despenalizar los

delitos de calumnias e injurias a funcionarios públicos, de aprobarse enel Congreso un proyecto de ley elaborado por PERIODISTAS y al queprestaron su adhesión el presidente Fernando De la Rúa, el ex presiden-te Carlos Menem y el ex candidato presidencial justicialista EduardoDuhalde. Si un funcionario público se siente ofendido podrá buscar sa-tisfacción en un juicio civil, pero no en uno penal. Esto significa que ainiciativa de nuestra Asociación para la Defensa del Periodismo Inde-pendiente y por acuerdo de las principales fuerzas políticas del país ya

1999

3939393939

nadie más podrá ser amenazado con la pérdida de la libertad por ejercersu derecho a la libertad de expresión e información sobre asuntos deinterés público.

Otro proyecto de ley tramitado del mismo modo modificará las disposi-ciones del Código Penal sobre la prescripción, de modo que las causasde funcionarios públicos en defensa de su honor no se extiendan enforma indefinida, como ha ocurrido hasta ahora. De este modo, el fun-cionario podrá obtener una rápida satisfacción si es que puede demos-trar que se trató de una ofensa malintencionada, y sobre el demandadono penderá una amenaza constante que condicione su actividad. Losperiodistas hemos sido víctimas escogidas de este mecanismo, que tam-bién pesa sobre el resto de los ciudadanos.

De este modo culminará un procedimiento iniciado por PERIODISTASante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organiza-ción de Estados Americanos (CIDH), en el que nuestra Asociación tuvoel apoyo de algunos de los más destacados juristas argentinos y de im-portantes organizaciones nacionales (como el Centro de Estudios Lega-les y Sociales, CELS y la Federación Argentina de Trabajadores de Pren-sa, Fatpren) e internacionales (como el Comité para la Protección dePeriodistas de Nueva York, CPJ, y el Center for Justice and InternationalLaw de Washington, Cejil).

Hechos vinculados a la Libertad de Expresión

Al igual que en años anteriores, PERIODISTAS realizó el seguimientode los principales ataques a la prensa ocurridos durante 1999. Esto, porcierto, incluye agresiones a la libertad de expresión en un sentido másamplio, donde las víctimas no son sólo periodistas o medios, sino tam-bién artistas, dirigentes políticos, religiosos, civiles o gremiales y ciuda-danos en general. Pero el análisis de los casos incluye además los he-chos favorables para la libertad de expresión, que PERIODISTAS desea

1999

4040404040

destacar. Finalmente, incorpora al informe noticias institucionales quecompletan el panorama sobre la libertad de expresión en la Argentina.

Durante 1999, PERIODISTAS contabilizó 202 casos de violacionesal derecho de los ciudadanos a expresarse libremente , en las si-guientes modalidades:

33 casos de ataques o agresiones.Ataque o agresión: Agresión, en el caso de periodistas, heridos o gol-

peados por civiles o por fuerzas de seguridad. Ataque, en el caso demedios de prensa, dañados o asaltados por la difusión de noticias uopiniones.

37 casos de amenazas.Amenaza: En forma personal, por teléfono, por carta u otra modalidad.

Agresión a las propiedades de un periodista como disparos de armas defuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo. Ataque, amena-zas o seguimiento a miembros de su familia.

39 casos de censura.Censura: Supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confisca-

das, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o progra-mas levantados como resultado de presión política o de otro tipo; mate-riales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discrimi-nación en el reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visasnegadas.

20 casos de intimidación.Intimidación: Acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado,

libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuerade rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, periodistas deteni-dos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones através de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas duranteel desempeño de sus tareas.

19 casos de hostigamiento judicial.

1999

4141414141

Hostigamiento judicial: Amenazas de funcionarios de iniciar accionesjudiciales contra un medio o periodista, demandas por daños y perjuicioso querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de unhecho o de una crítica, sentencias a prisión o a pagar indemnizacionespor esos delitos, imposición a periodistas a revelar sus fuentes de infor-mación, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades ju-diciales, allanamiento de medios de comunicación.

48 casos de hostigamiento verbal.Hostigamiento verbal: Insultos o descalificaciones de funcionarios ha-

cia medios de comunicación o periodistas, declaraciones destinadas aubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de pro-yectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísti-cos.

5 casos de restricciones legales.Restricciones legales: Aprobación de leyes restrictivas para la libertad

de prensa o presentación de proyectos legislativos o decretos del PoderEjecutivo con esa finalidad.

Durante 1999, PERIODISTAS contabilizó 21 hechos en defensa dela libertad de expresión , en las siguientes modalidades:

17 acciones judiciales favorables.Acción judicial favorable: Fallos o decisiones judiciales destinadas a

proteger la libertad de expresión.4 acciones legislativas favorables.Acción legislativa favorable: Aprobación de leyes destinadas a ampliar

las garantías constitucionales a la libertad de prensa, expresión e infor-mación. Presentación de proyectos de ley con el mismo fin.

1999

4242424242

Columnas

El caso de Alejandra Matus. Por Sebastian BrettInvestigador para el Cono Sur de Human Rights Watch

La absoluta libertad de expresión no existe en ninguna parte. Todas lassociedades establecen límites, a menudo extremadamente imprecisos yvagamente comprendidos, sobre lo que puede o no puede ser dicho.Estos límites cambian, a veces imperceptiblemente, a veces dramática-mente, como en el destape, o en el contagioso entusiasmo que sigue aperíodos de represión política. El caso de la periodista chilena AlejandraMatus muestra que, diez años después de la dictadura de Pinochet, loslímites a la libertad de expresión en Chile continúan siendo reducidos ydifíciles. También muestra como cae el peso de la represión sobre losperiodistas que rehúsan inclinar la cabeza ante las reglas que tantoscolegas de mala gana aceptan.

La cláusula de conciencia para periodistasPor Carlos Gabetta

Aunque sin duda puede decirse lo mismo de todas las profesiones, lade periodista tiene características singulares. La principal, que compar-te en cierto modo con maestros y profesores, es que los periodistassomos transmisores de información. Pero mientras aquellos trabajan condatos organizados de antemano, con conocimientos de algún modoconsensuados -aunque, en democracia, con cierta latitud subjetiva- losperiodistas debemos reflejar, de modo más o menos inmediato «los he-chos», lo que acontece; en otras palabras, la realidad de todos los días.En francés y en italiano, journaliste, giornalista, equivale, con mayor niti-dez que en castellano, a «analista del día», de lo que va ocurriendo.

1999

4343434343

El caso Cancela.Por Gregorio Badeni

En diversos pronunciamientos, nuestro más alto Tribunal, aunquecon la disidencia de algunos de sus integrantes, adoptó una posturasumamente restrictiva para el desenvolvimiento de la prensa libre entodas sus manifestaciones. Particularmente, cuando se trató de temasatinentes a ciertos funcionarios gubernamentales o de críticas a losórganos que conforman. En tales casos, las decisiones de la CorteSuprema han desconocido el carácter estratégico que reviste la liber-tad de prensa en un sistema democrático constitucional y a los finesde su consolidación. Máxime en el caso argentino donde nos encontra-mos en un proceso de transición democrática cuyo desarrollo exitosorequiere, incondicionalmente, del pluralismo forjado por una prensalibre e independiente. El JuicioPor Raúl Kollman

Cuatro policías bonaerenses, cuatro ladrones contratados por policíasbonaerenses y un confidente de la Policía Bonaerense aparecieron des-de el inicio como imputados en el asesinato de José Luis Cabezas. Pesea ello, la investigación del crimen fue confiada precisamente a la PolicíaBonaerense, metida hasta las manos en los robos, venta de drogas ydemás delitos que se cometían en la Costa. El resultado del primer capí-tulo fue lógico: la investigación resultó una verdadera calamidad. Fuemucho más un encubrimiento que una pesquisa porque, ya se sabe,policía no investiga policía. El resultado del segundo capítulo tambiénfue lógico: la sentencia del tribunal de Dolores convalidó la vergonzosainvestigación de la Bonaerense.

1999

4444444444

BALANCE 20003 DE MAYO, DIA MUNDIAL DE LA PRENSA

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ARGENTINA. En el año 2000 PERIODISTAS registró 130 actos violatorios de la li-

bertad de expresión, un 10 por ciento menos que los casos observadosdurante el período anterior. No obstante, la gravedad de algunos ataquesy la permanencia de normas que contradicen los principios asentadosen tratados internacionales sobre derechos humanos, demuestran quela libertad de expresión continúa severamente condicionada por la per-sistencia de intimidaciones, castigos y amenazas.

Los descensos más significativos en el último año se registraron en lacantidad de insultos o descalificaciones de funcionarios hacia mediosde comunicación o periodistas, que se redujeron en un 30 por ciento.También hubo una importante disminución entre las agresiones físicas areporteros y los ataques a instalaciones de prensa y difusión, donde lacaída fue de un 50 por ciento.

Sin embargo, la reducción cuantitativa tiene una contracara cualitativaque relativiza el progreso alcanzado. La crueldad de las expresiones demiembros de alta jerarquía de la Iglesia Católica, las actitudes del exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Aldo Rico, quellegó a amenazar a un grupo de fotógrafos con hacerlos seguir por lapolicía, o la embestida de algunas altas autoridades de la Nación contrael periodismo que informó sobre el escándalo de los sobornos en el Se-nado, exigieron de la sociedad repudios de una firmeza no observadadurante el año 1999.

La quema de una edición casi íntegra del diario tucumano La Gacetaes una muestra de que la reducción en los ataques contra medios decomunicación no implica un progreso real en la protección al periodis-mo. A un año de aquel hecho los avances en la investigación son pobresy en el mes de marzo el matutino volvió a ser víctima de la impunidad. La

2000

4545454545

provincia de Buenos Aires fue otro escenario de la violencia contra perio-distas y el conurbano acusó la mayoría de los agresiones: desde la golpizaen Berazategui a Ulises Caballero, director de un periódico local, porparte de personas señaladas como cercanas a un funcionario municipala los repetidos ataques contra la FM de Eduardo Delbono en Merlo.

Corte a la Justicia

La permanencia de leyes que no respetan los principios internaciona-les consagrados por tratados sobre derechos humanos siguen respal-dando decisiones judiciales restrictivas. En un fallo del mes de septiem-bre la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena aprisión al periodista Eduardo Kimel, autor de La Masacre de San Patri-cio. En ese libro Kimel relata detalles del asesinato de seis religiosospalotinos durante la última dictadura. Paradójicamente, el único conde-nado por causa de la masacre es el periodista que la investigó.

A esta decisión judicial se le agregan otras 17 causas, donde se invo-caron leyes penales y civiles para responder a la crítica pública y a ladifusión de información de interés general. En 1999 PERIODISTAS pre-sentó un proyecto de ley para modificar el carácter restrictivo de esasnormas pero desde entonces el Senado de la Nación demora su trata-miento. Desestima así el compromiso asumido por el Estado argentinoante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violacióna la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tres fallos dela Corte Suprema argentina. El proyecto de ley que contó con el aval delos entonces titulares de los dos bloques mayoritarios de la Cámara Alta,fue incluido por el presidente De la Rúa entre las iniciativas a tratar enlas sesiones extraordinarias del verano de 2000.

En el seminario internacional coorganizado en Buenos Aires por laAsociación PERIODISTAS y el Comité para la Protección de Periodis-tas (CPJ) de Nueva York representantes de organizaciones de toda

2000

4646464646

América y la Asociación de Periodistas Europeos emitieron una declara-ción en reclamo de la sanción de este proyecto.

En nombre de la ética

El esfuerzo legislativo se volcó, en cambio, a materializar algunas delas tendencias más negativas para la libertad de expresión. Un diputadoprovincial mendocino presentó en su Cámara una iniciativa que proponela creación de una asociación de ética periodística y un código de éticapara la profesión. El proyecto recibió el inmediato rechazo de los profe-sionales y de las entidades de prensa pues buscaba imponer nuevoslímites al desempeño de los periodistas, regulando aspectos ya previs-tos en la ley e intentando someter a los profesionales a normas que sólodeben surgir de su propia capacidad y convicción. Pretendía ademásconsagrar una forma de colegiatura obligatoria que despojaría, a quie-nes no la aceptaran, de todas las garantías a la libertad de prensa.

En el marco del escándalo del Senado, el senador Augusto Alasinointentó -a través de una cuestión de privilegio- impulsar una declaraciónde la Cámara Alta en «rechazo al ejercicio extralimitado de la libertad deexpresión» cuando afecta al «honor e imagen» de los funcionarios. Alasinoaclaró que el principal objetivo de su proyecto era instalar el debate so-bre el derecho a réplica y la protección de las fuentes. El senador pare-cía no recordar que fue precisamente la información obtenida bajo se-creto periodístico la que descubrió uno de los escándalos institucionalesmás graves de la historia del país.

El caso de los sobornos también generó expresiones de otros legisla-dores y del juez Carlos Liporaci, quien se refirió despectivamente envarias ocasiones a los medios que informaron sobre sus supuestos ac-tos ilícitos. El ex magistrado renunció para evitar el juicio político que elConsejo de la Magistratura se aprestaba a iniciar.

2000

4747474747

El caso Cabezas

Después de tres años la Cámara Federal de Dolores condenó a losresponsables primarios del crimen del fotógrafo del semanario Noticias,José Luis Cabezas. El tribunal estableció que Cabezas fue asesinadopara proteger al empresario Alfredo Yabrán. Si bien es probable, aunqueno seguro, que los condenados en Dolores hayan intervenido en el cri-men, sí es ostensible que no son los máximos responsables y que elfallo judicial no ha dado cuenta irrefutable ni de las motivaciones ni delas circunstancias verdaderas del asesinato.

Ni el juez, ni la instrucción policial, ni el tribunal de juicio pudieron daruna explicación satisfactoria acerca del recorrido del arma homicida y dela cámara de la víctima, de las contradicciones entre los sucesivos peri-tajes y autopsias, de la incompatibilidad fáctica entre los relatos de loscondenados, que constituyen la exclusiva y endeble base de la senten-cia. Las sesenta veces que el comisario jefe de la investigación respon-dió «no sé» o «no recuerdo» miden los pasos que faltan recorrer hastallegar a la verdad de lo sucedido.

La censura

El desempeño de la prensa independiente en las provincias argentinassigue siendo difícil. Fue necesario un escándalo de alcance nacionalpara revelar la magnitud de la censura en Santiago del Estero, provinciaque tiene el extraño privilegio de ostentar el mayor número de accionescontra periodistas y medios. La prohibición a la obra teatral El Cartero deNeruda atrajo la atención de la prensa del país sobre la fuerte presiónque ejerce el Ejecutivo provincial sobre las opiniones no complacientes.

La censura a la obra generó la protesta dentro y fuera de la Argentina.Las gestiones ante Juárez no sólo resultaron infructuosas sino que serepitieron las amenazas sobre autores y periodistas con el objetivo de

2000

4848484848

impedir la representación. La intervención del Gobierno nacional y de laUniversidad Nacional de Santiago del Estero hizo posible la puesta de laobra aunque no doblegó la posición censora del gobernador.

2000