APUNTESPARA CONSTRUIRLA DESOBEDIENCIACIVIL FRENTE A LA LOMCE

Documento para el debate, cuya libre difusión no sólo está permitida sino que, además,

se recomienda

Por José Miguel VIPOND GARCÍAProfesor del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura (Murcia)

“Y si a su juicio lo establecido por la mayoría sobrepasa ciertos límites de injusti-cia, el ciudadano puede pensar en la desobediencia civil. (…) Por tal entenderé un acto público, no violento y hecho en conciencia, contrario a la ley, y habitualmente realizado con la intención de producir un cambio en las políticas o en las leyes del gobierno. La desobediencia civil es un acto justificado por principios morales que defienden una concepción de la sociedad civil y del bien público. Descansa, pues, en una convicción política y no en la búsqueda del propio interés o del interés de un grupo.”

John Rawls, JUSTICIA COMO EQUIDAD, 1986

Las ideas contenidas en este documento son una aproximación al tipo de ini-ciativas y acciones que podrían resultar interesantes y factibles para ir constru-yendo una campaña de desobediencia civil que haga frente a la aplicación de la LOMCE. Estas iniciativas (y otras que puedan surgir), lógicamente, deberán integrarse en un plan estratégico global que, poco a poco y entre todos, tendre-mos que ir definiendo.

A modo de compendio de ideas, paso, entonces, a enumerar esas iniciativas:

1.– Rehusar la firma del horario personal, en protesta contra el exceso de carga lectiva que se consolida con la LOMCE, y ocasiona pérdidas de miles de puestos docentes.

Esta sería una iniciativa factible al inicio del curso, que iría acompañada de un “manifiesto”, dirigido a la comunidad educativa y a las autoridades, explicando detalladamente los motivos del gesto. El argumento, muy sintéticamente, sería el siguiente:

“HABIDA CUENTA DE QUE el incremento de nuestra jornada laboral ha sido una me-dida que el gobierno aplica sin importarle lo más mínimo su impacto en la calidad educativa, que ocasiona pérdidas de miles de puestos docentes; observando el em-peoramiento de condiciones de trabajo en las aulas que ello supone; y constatando que el gobierno, no sólo desoye sistemáticamente las reiteradas protestas de la comu-nidad educativa, sino que legisla en el sentido de consolidar las políticas tendentes a desmantelar la educación pública, de lo cual la LOMCE es ejemplo paradigmático…,

CONSIDERAMOS que es un deber ineludible manifestar nuestro rechazo a esas polí-ticas y nuestra solidaridad con los compañeros despedidos mediante el gesto de no firmar nuestros horarios personales; gesto cuya finalidad no es otra que hacer cons-tar ante los poderes públicos nuestra voluntad inequívoca de no colaborar en modo alguno con el funcionamiento de una maquinaria administrativa y legislativa que atenta contra el derecho de nuestros alumnos a una educación pública de calidad”.

Nota bene: el gesto de no firmar los horarios no implica transgresión legal algu-na, pero prepara el terreno para otros actos desobedientes relacionados con el cumplimiento del horario, que se apuntan en este documento.

2.– En protesta por la masificación de las aulas, la clase del día D hora H se trasla-da... al pasillo, o al hall, o al patio, o a la calle o a la Consejería de Educación o ...

Esta iniciativa está inspirada en una acción llevada a cabo durante el curso pa-sado por un colega de la Comunidad Valenciana, que sacó una fila de pupitres al pasillo para que sus alumnos hicieran allí un examen (en el aula normal no había manera de separar bien los pupitres) y colgó fotos de la acción en su blog.

Detallando otras posibilidades: sesiones de tutoría en el hall (para que los alum-nos debatan en asamblea acerca de la masificación), hacer un “flash-mob” en el patio (coreando, por ejemplo, el “No recortes no” de los alumnos de Valderro-bres), montar un taller de confección de pancartas y carteles para situarlos en rincones llamativos del edificio…). Obviamente, trasladar la clase a la Consejería supondría elevar el nivel de desobediencia, y debería hacerse, con las debidas cautelas, en un día especialmente señalado.

Una sugerencia: realizar este tipo de acciones, de manera general y masiva en todos los centros, un día declarado como de “huelga simbólica contra la masifi-cación de las aulas” (no sería técnicamente una huelga, pues iríamos al trabajo, pero lo dedicaríamos a este tipo de actividades reivindicativas).

3.– Las pruebas diagnóstico preparan el terreno a las reválidas. Todo esto forma parte de un macro-experimento neoliberal para cargarse la educa-ción pública. ¡NO COLABORACIÓN CON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICO!

Se trata de un tipo de acción que cuenta con varios precedentes en distintas comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Andalucía…), donde se han produ-cido ensayos de este tipo de “evaluaciones”, que no están puestas al servicio de la mejora educativa y la equidad sino de la competitividad y el ránking, y han sido contestadas frontalmente tanto por el profesorado como por las familias y por los propios alumnos de 6º de primaria. Pongo algunos enlaces ilustrativos:

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/59253-padres-y-madres-no-lle-van-a-sus-hijos-al-cole-para-que-no-hagan-las-pruebas-de-diagn%C3%B3stico-lea.html

http://cartasaldirectoryotroscabreos.blogspot.com.es/2013/05/figar-contra-ide-fix-capitulo-ii.html

http://mareaverdearagon.wordpress.com/2013/05/27/los-padres-y-madres-deci-den-no-clasificar-a-sus-hijos-boicotrevalidas/

Con vistas a potenciar la no colaboración, sería interesante promover que las CCPs y los Claustros emitieran pronunciamientos en contra de las pruebas de diagnóstico.

En caso de que la prueba sea aplicada por un inspector, sería efectivo el uso de técnicas de “sabotaje académico” (incruento, por supuesto): a la hora de la prue-ba, el profesor al que le toca clase con el grupo entra en el aula e imparte su cla-se normal, pasando olímpicamente del inspector-examinador-intruso. Cuando el intruso pretenda dictar instrucciones para efectuar la prueba, el titular de la materia dirá lo típico de “abrid los cuadernos que vamos a repasar los ejercicios que teníais de tarea para casa”. Cuando los alumnos protesten porque el intruso les despista, el titular, en aras del buen orden académico y por respeto al dere-cho de los alumnos a atender a su profesor sin interferencias que distorsionen la lección, invitará al inspector educadamente a abandonar el aula.

Otra idea sería declarar por los sindicatos representativos “paros académicos parciales” en las fechas en que se convoquen pruebas-diagnóstico. A la hora prevista para las pruebas, se declara el paro: ¡todos a casa! El inspector que ven-ga a aplicar las pruebas se encuentra con el aula vacía. Las APAs pueden reforzar el paro académico mediante un llamamiento a las familias para que ese día sus hijos no acudan al centro (podría facilitarse “modelo de justificante de falta de asistencia por discrepancia con decisiones académicas que afectan a sus hijos”).

El hackeo informático es otra táctica utilizable (de hecho, fue empleada por do-centes de la Universidad de Zaragoza, para boicotear la prueba-estilo-PISA de 2º ESO). Ahí va el enlace: http://prensa.unizar.es/noticias/1304/130417_z0_do-centes.pdf

4.– Las medidas de incremento de nuestra jornada laboral, junto con los cambios de estructura curricular que trae la LOMCE, causan pérdidas de decenas de miles de puestos docentes. Pueden ser contestadas simbólica-mente mediante la DEDICACIÓN PARCIAL DE NUESTROS HORARIOS A TA-REAS DE DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

Por ejemplo, ¿incremento de 1,5 horas de jornada?: en protesta, dedico 1,5 horas de mi horario a remitir escritos a las autoridades responsables de los recortes. Y, para mayor eficacia y publicidad de la acción, me persono en el hall de la Conse-jería y así, sobre la marcha, voy dando registro de entrada a dichos escritos. (Esas horas podrían corresponderse bien con lectivas, bien con complementarias de permanencia en el centro o bien con complementarias de cómputo mensual…, o una mezcla de los tres tipos, en función del nivel de enfrentamiento que el desobediente esté dispuesto a asumir).

Un ejemplo más fuerte, en contestación al incremento de 3 períodos lectivos, consistiría en escoger cada semana 3 horas de docencia directa y dedicarlas, no a dar clase normal de tu asignatura, sino a educar “en valores de ciudadanía de-mocrática”; es decir, a planificar y realizar con el alumnado actos reivindicativos de la escuela pública (incluyendo la posibilidad de trasladar dichas sesiones a otros escenarios externos al aula…).

Temas a tratar en estas sesiones serían las consecuencias de los recortes, organi-zar debates acerca de lo que supone la LOMCE y todo tipo de propuestas de tra-bajo de campo relacionadas con la situación de la educación pública. Resultaría muy simbólico un plan temporalizado para estas sesiones, fijando fechas dedi-cadas a resaltar aquellos contenidos de materias especialmente “castigadas” por la LOMCE, con el leit-motiv: “dedicamos 3 horas a actividades interdisciplinares en torno a esas cosas que Wert piensa que distraen: Humanidades (esta sema-na), Artes Plásticas (la siguiente),…” Quizá falten semanas para poder abarcar todos las “distracciones wertianas”…

APUNTESPARA CONSTRUIRLA DESOBEDIENCIACIVIL FRENTE A LA LOMCE

5.– En desacuerdo con los cambios curriculares de la LOMCE y su incidencia negativa, tanto para la estabilidad y seguridad de las plantillas docentes, como para la calidad educativa: nosotros CONGELAMOS LAS PROGRAMA-CIONES. Es decir, no enviamos a la Consejería las programaciones adapta-das al modelo LOMCE entendiendo que, en consecuencia, la programación del año anterior queda automáticamente prorrogada.

Aparte de prescindir del papeleo inútil, el no-envío-de-programaciones tiene el sentido de forzar una respuesta por parte de la Consejería. Seguramente, man-darían al inspector a reclamarlas antes de la 1ª evaluación. Y a partir de ahí, se monta el pollo...

Una advertencia acerca de esta medida: si un departamento, por su cuenta y riesgo, retiene el envío de su programación incumple la norma legal, pero si no fuera cosa de un solo departamento sino de todo el centro, y diera lugar a un acuerdo de Consejo Escolar en el sentido de no aprobar la PGA, eso sí sería legal. La consecuencia de la desobediencia de un departamento aislado podría ser que la inspección le exigiera el envío inmediato de la programación, bajo amenaza de sanción (o abriendo expediente de ipso facto); mientras que si es el Consejo el que retiene la PGA, ¿qué harían? En una situación similar en la Comunidad de Madrid presionaron a los Equipos directivos para que volvieran a convocar a los órganos y que se aprobaran las PGAs sí o sí…: la movida fue sonada. En las fechas que se elabora este documento, se está desarrollando en

Baleares una campaña “vota NO a la PGA” en protesta contra la imposición del modelo trilingüe (TIL). Si, por esta causa, se produjeran ceses de Directores, el escándalo a nivel social sólo podría actuar en favor de los desobedientes… (al igual que, de hecho, ocurrió en Baleares durante el pasado verano).

Así pues, paradójicamente, actuar como institución, dentro del marco legal, provocaría, en realidad, efectos más fuertes que realizar un acto genuino -pero aislado- de desobediencia.

6.– La eliminación de la Educación para la Ciudadanía pretende justifi-carse alegando que algunos de sus contenidos resultan “controvertidos”. Concretamente, los apartados que más molestan a Wert son: “valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos” y el apartado dedica-do a la “feminización de la pobreza”).

Frente a esto, la propuesta es la siguiente: PROGRAMAR CADA DEPARTAMENTO AL ME-NOS UNA SESIÓN DEDICADA A LA REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS “CONTROVERTIDOS” DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.

Estas sesiones se incluirían en el plan de actividades complementarias del cen-tro, y, lógicamente, contarían con la colaboración fundamental de los profeso-res de Filosofía.

En cuanto a la ubicación en el horario para estas sesiones, las horas de Religión/Alternativa resultarían especialmente idóneas.

Una acción de este tipo tendría pleno sentido en el momento en que se verifica-se la desaparición definitiva de estos contenidos del marco curricular oficial; es decir, cuando, una vez aprobada la LOMCE que los elimina, se hayan agotado las posibilidades de que sean “repuestos” vía legislación de la propia Comunidad Autónoma.

Lógicamente, durante los próximos meses, debería reclamarse desde los pro-pios Institutos el mantenimiento de la asignatura de EpC, mediante acuerdos de las CCPs, Claustros, etc. que sean trasladados a las autoridades educativas regionales.

7.– La Religión viene legitimada de facto por sus materias alternativas. Ergo el profesorado debe NEGARSE A IMPARTIR ALTERNATIVA A RELIGIÓN. (Los alumnos al patio, y nota 10 para todos).

Sobre esta propuesta, coloco aquí el enlace a un artículo de Antonio Aramayo-na: http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=18140

En caso de que la impartición de alguna de estas horas de “alternativa” fuera im-puesta de oficio por jefatura de estudios, el profesor desobediente podría optar por alguna de las tácticas de dedicación parcial a actividades en defensa de la escuela pública, que en otro punto se mencionan.

8.– Debemos aspirar a que todos los alumnos que sigan el currículo ordi-nario alcancen el Graduado de Secundaria en igualdad de condiciones. Es razonable y necesario prever caminos diversos según las capacidades e intereses de cada alumno (mediante un aumento progresivo del espacio de optatividad en los últimos cursos, y otras fórmulas de flexibilidad curri-cular), pero lo que no es de recibo es que el título tenga valor diferente en función del itinerario seguido por el alumno.

Para hacer frente a esto, se propone HACER EL VACÍO A LOS ITINERARIOS SELECTIVOS Y EXCLUYENTES; es decir, incorporar a los proyectos educativos de centro decisiones metodológicas y organizativas que permitan que ningún alumno sea derivado hacia los itinerarios devaluados.

Esta propuesta viene razonada profusamente en el siguiente artículo de Gi-nés Martínez Cerón: http://foroeducacionpublica.blogspot.com.es/2013/06/con-el-articulo-anterior-sera-un.html

Podríamos señalar aquí una posible decisión en este sentido: programar en 3º ESO los mismos contenidos para las Matemáticas de “opción académica” y las otras Mates (lo cual no impide –sino que aconseja- prever intervenciones di-dácticas flexibles para atender a la diversidad de alumnado, pero siempre con objetivos inclusivos, no excluyentes).

En teoría, la Inspección echaría atrás semejante programación-“fraudulen-ta”-que-escamotea-el-marco-LOMCE, pero… si hubiera cientos de IES que pro-cedieran de ese modo, y con abundante publicidad, ¿qué harían…? Se desataría una interesante batalla administrativa…

9.– El rechazo al concepto de evaluación que entraña la nueva Ley, al ser-vicio de la clasificación y selección del alumnado, puede plasmarse en una postura de NO COLABORACIÓN SELECTIVA EN LOS TRÁMITES DE LA EVA-LUACIÓN.

El criterio podría ser el siguiente: salvaguardando siempre el derecho de los alumnos y alumnas a a ser evaluados con objetividad y el derecho de las familias a ser puntual-mente informadas acerca del proceso, todo aquello que suponga cumplimentar actas, documentos, informes burocráticos, etc., se demora, o se aplaza, o se retiene...

Y un encargo para los expertos en Artes Gráficas: en los boletines de calificacio-nes, junto a los símbolos oficiales, el lazo verde por la escuela pública.

La no-recogida de Boletines por parte de los padres fue una medida en esta misma línea, promovida en Aragón durante el curso pasado. Ver enlace: http://arainfo.org/2012/12/las-familias-del-ies-matarranya-devolveran-las-notas-sin-verlas-en-apoyo-al-profesorado-y-contra-la-ley-wert/

10.– Los órganos colegiados quedarán vaciados de competencias por la nueva Ley. Frente a ello, se pueden promover DECLARACIONES DE CLAUS-TROS Y CONSEJOS ESCOLARES INSUMISOS A LA LOMCE.

Consistiría en tomar acuerdos por los cuales dichos órganos se comprometen a favo-recer la participación democrática de la comunidad educativa en la gestión del centro, en lugar de aplicar el modelo autoritario de la Ley Wert.

Asimismo, sería conveniente que los Directores declarasen públicamente que se consideran a sí mismos como representantes de la comunidad educativa ante la Administración (y no al revés) y, en consecuencia, las “acciones de calidad educativa” que impulsarán y desarrollarán en sus centros no serán las previstas en el marco de la LOMCE -impuestas de manera autoritaria y que fomentan la diferenciación entre centros y la exclusión- sino aquéllas que respondan a la voluntad democrática de los órganos colegiados y favorezcan el éxito escolar de todo el alumnado

Nos encontramos ante una deriva neoliberal a la que la LOMCE viene a dar la última vuelta de tuerca. Al excluir al Consejo Escolar de las decisiones de gestión se traspasa la “línea roja” del artículo 27.7 de la Constitución, y eso supone dar el salto entre plantear la cuestión en términos de debate ideológico (en que am-bas posturas serían legítimas y estarían sujetas a la controversia política normal) o directamente en términos de “alerta democrática”, ante lo cual cabría declarar ilegítima la imposición de la Ley y proponer acciones de ruptura, es decir, la desobediencia civil.

Aquí los Equipos directivos pueden jugar un papel muy importante, inclinando el fiel de la balanza del lado de la Administración o del lado de su comunidad educativa. Podemos esperar, siendo realistas, que en principio encontraremos mucho más de lo primero que de lo segundo, pero… si la campaña de insu-misión avanza a nivel social, y si los pocos directivos pioneros de la insumisión afrontan con coraje la presión que les llegará desde los escalones superiores de la escala jerárquica (e incluso las sanciones), es probable que se genere un efecto-gota-de-aceite que, paulatinamente, haga que, de una u otra manera, se vayan sumando a la campaña otros equipos directivos... hasta extender una marea verde de insumisión a la LOMCE que resulte imparable.

APUNTESPARA CONSTRUIRLA DESOBEDIENCIACIVIL FRENTE A LA LOMCE

11.– La LOMCE potencia un concepto de “autonomía de la gestión direc-tiva” que se traduce, entre otras cosas, en la figura de un DIRECTOR CON FACULTADES PARA SELECCIONAR AL PROFESORADO. Frente a esto cabe promover desde los Claustros y Consejos Escolares que los directores RE-NUNCIEN EXPRESAMENTE A EJERCER ESAS FACULTADES.

Las Asociaciones de Directores deberían coordinar acciones con APAs, Asocia-ciones de Interinos y Sindicatos docentes para promover un boicot social a las estos procedimientos selectivos por vulnerar los derechos laborales y los princi-pios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

Este tema está siendo ya aplicado, como experiencia-piloto pre-LOMCE, en va-rias Comunidades Autónomas, por lo que exigiría ya una respuesta por parte de la comunidad educativa en su conjunto. A ello se unen las imposiciones desde las Consejerías de Educación re-baremaciones de interinos, y otras actuaciones, más indecentes todavía, en la línea de desprestigiar a los docentes interinos con experiencia, presentándoles como ignorantes o vagos que no se esfuerzan en aprobar la oposición… No deberíamos esperar al desarrollo de la LOMCE para planear acciones directas no-violentas que pongan de relieve el carácter injusto y contrario a la calidad educativa de estos nuevos modelos de selección de per-sonal centrados en el poder autocrático ya sea de la propia Administración, ya sea de los directores a su servicio.

12.– El trinomio “autonomía de centros” + “especialización” + “rendición de cuentas”, que fomenta la LOMCE, cuya finalidad es promover la competen-cia entre centros, subordinando la financiación a los resultados académi-cos, debe ser contestada desde los centros mediante acciones y proyectos orientados a POTENCIAR UNA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA AUTÉNTICA, que busquen el éxito de todo el alumnado, no la excelencia de unos pocos.

Deberíamos, en este sentido, NEGARNOS A PARTICIPAR EN PROYECTOS DE ESPECIA-LIZACIÓN DE CENTROS (“Planes de calidad”, “Bachilleratos de excelencia”, etc.) y NO COLABORAR CON EXPERIMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS que ya están siendo di-señados en algunas Comunidades Autónomas.

Conveniente, a este respecto, la lectura del siguiente enlace: http://soypublica.wordpress.com/2013/04/10/un-nuevo-experimento-la-rendicion-de-cuentas/).

En esta propuesta se incluyen cualesquiera acciones de obstruccionismo aca-démico y tácticas de boicot o “brazos caidos”, orientadas a eludir las exigencias de la Inspección, tendentes a desprofesionalizar al profesorado y/o favorecer la diferenciación de centros.

Es evidente que esta acción conlleva el rehusar por parte del profesorado de aquellos incentivos (salariales o de otro tipo) que suelen acompañar a la imple-mentación de los llamados “planes de calidad”, tal como se ha podido compro-bar en algunos experimentos en este terreno realizados en varias comunidades autónomas.

13.– ¿Destinar fondos públicos a centros que segregan por sexos? No en mi nombre ni con mi dinero: OBJECIÓN FISCAL, (proponiendo, como destino alternativo, a algún colectivo que fomente la coeducación).

Esto podría empezar por practicarse a nivel de cada una de las CC.AA. que man-tienen este tipo de conciertos y, posteriormente, tras la aprobación de la LOM-CE, generalizarlo a nivel estatal.

Hay distintos posibles criterios para determinar la cantidad a objetar, pero la más sencilla consistiría en detraer de la cuota autonómica una cantidad resul-tante de efectuar el cociente entre lo que la Comunidad gasta en estos centros y la población total. Cada declarante detraería esa cantidad por el nº de miem-bros de su unidad familiar (incluyendo no-cotizantes).

Saldrá una cantidad muy pequeña (entre 1 y 3 euros), pero si hay un buen nº de objetores y se difunde adecuadamente tendría, creo, una fuerte carga sim-bólica. Y si, por esta causa, se les ocurriera sancionar a alguien acusándole de defraudar “casi tres euros” al Fisco... pues sería una bonita manera de hacer el ridículo por parte de las autoridades tributarias...

Ciertamente, debemos aspirar a la reconversión en pública de toda la enseñan-za concertada, no sólo de los centros que segregan por sexos. Pero, para empe-zar, sería efectivo aplicar la objeción fiscal como gesto desobediente frente a las subvenciones de los centros segregadores que, aun siendo un aspecto par-cial del problema, resulta particularmente escandaloso (por vulnerar principios constitucionales básicos y por el empeño de Wert de reforzarlo, a despecho de

que su validez jurídica está cuestionada por el propio Tribunal Supremo) y, por ello, podría obtener un importante eco social y mediático.

14.– Propuesta relativa a la “externalización” del servicio educativo (con-trataciones de personal al margen de los procedimientos establecidos para el acceso a la función pública), que las políticas neoliberales favorecen en diferentes modalidades.

Los Claustros y los Consejos Escolares podrían DECLARAR EL RECHAZO DEL CENTRO A LAS EXTERNALIZACIÓNES. Y, llegado el caso, no asignar ningún alumno a estos contra-tados de forma irregular.

En septiembre de 2011, la Consejera madrileña Figar anunció la contratación de personal extranjero de habla inglesa para impartir algunas materias en el programa bilingüe. Un ejemplo descarado de “externalización”, que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos docentes, en perjuicio del personal funcionario, definitivo e interino.

El colectivo madrileño Soy Pública advertía que estos “no serán los únicos ele-gidos a dedo ya que el objetivo es acabar con la lista de interin@s para poder nombrar docentes a dedo, contratados por ETT a mitad de precio y precarizar aún más a un colectivo ya de por si inestable”. Premonitorio, sin duda.

Otra forma de externalización son los convenios con fundaciones privadas para que aporten a los centros personal “de apoyo” a ciertas materias (para atender a alumnos con dificultades, o para reforzar a los que suspenden...), es decir, para

hacer el trabajo de los profesores de los departamentos correspondientes y de especialistas de Orientación. El experimento -también en Madrid- de la funda-ción Botín y su programa “empieza por educar” fue pionero en estas lides.

Recientemente han surgido noticias que hablaban de que la Fundación Botín aportaría recursos a centros de Cantabria, Madrid y La Rioja para formar al alum-nado en “inteligencia emocional”. Y en Murcia también, para promover la lectura de la prensa en el aula, con el patrocinio de La Caixa... y, finalmente, para clases de refuerzo educativo…

Todo lo que sea colaboración de personas y agentes sociales con los proyectos educativos -en la línea de las comunidades de aprendizaje, por ejemplo-, bien-venido sea; pero si se mete por medio el patronazgo de la Banca, lo prudente es desconfiar.

Otras modalidades de externalización-precarización son los inventos de Castilla La-Mancha: a) crear la figura del “interino-becario-sin-sueldo”, para labores de apoyo o para cubrir sustituciones; b) contratar interinos a bajo sueldo para dar clases de repaso a alumnos de 4º ESO con pendientes para septiembre. Además de pervertir el sistema de acceso a la función pública, lo grave de estas nuevas modalidades de contratación es que pretenden combatir el fracaso escolar, no aumentando los recursos humanos para prevenir los problemas, sino reducien-do los costes y empeorando las condiciones laborales de los profesionales. Un verdadero despropósito.

15.– La legitimidad democrática de una Ley educativa no viene dada úni-camente por el voto de una mayoría parlamentaria (como es el caso de la LOMCE), sino por la capacidad de la misma para atender al bien común, garantizando el derecho básico a la educación (lo que no cumple la LOM-CE). No puede considerarse democrática una Ley diseñada a espaldas de la ciudadanía, sin un diálogo constructivo (ni con las organizaciones sociales representativas, ni con los partidos políticos, ni con las Comunidades Au-tónomas) y aprobada por el método del rodillo parlamentario.

Es legítimo y democrático, pues, contestar a este acto de prepotencia legislativa pla-neando acciones desobedientes que consistan en DAR EDUCADAMENTE LA ESPALDA A LOS RESPONSABLES DE LA LEY ILEGÍTIMA, hasta tanto esa Ley no sea derogada, y se comprometan a dialogar con la comunidad educativa.

Ejemplos:

a) Declarar, educadamente, “persona non-grata” a Wert y a cualquier cargo político significativamente cómplice de la aplicación de su Ley (conse-jeros de educación, verbigratia).

b) No asistir a actos oficiales donde estén presentes esos cargos políticos, o, alternativamente, asistir para manifestar, educadamente, la oposición a la Ley antieducativa (por ejemplo, vistiendo la camiseta verde, no dán-doles la mano -como le hicieron a Wert los estudiantes en los premios a la excelencia-, o levantarse durante su perorata para permanecer en pie, ostensivamente leyendo libros de EpC…) No invitar a ningún car-gos a actos institucionales del centro, explicándoles, educadamente, por qué no se les invita (si se auto-invitasen, se aplicaría lo dicho en el punto anterior).

c) Señalamientos a estos cómplices, de forma educada y en momentos y lugares particularmente oportunos; o, alternativamente, “escrache” edu-cado permanente y por turnos ante su lugar de trabajo, no descartando la posibilidad de una acampada educada en la puerta del despacho, ni otros educados actos simbólicos frente al domicilio del interfect@ (al es-tilo perroflauta motorizado, ver enlace).

http://www.elplural.com/2013/11/13/el-cerco-popular-a-los-que-protestan-aho-ra-multado-en-zaragoza-un-exprofesor-por-visitar-cada-dia-el-portal-de-la-conseje-ra-de-educacion-contra-los-recortes/

Sólo me queda decir que cualquier sugerencia, aportación o crítica constructiva que queráis hacerme llegar sobre lo apuntado en este documento, será bien recibida. Me podéis mandar mensajes a mi perfil de Facebook, o escribir a mi dirección de correo electrónico: vipondmt@hotmail.com

15 de noviembre de 2013