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Instrumentos de Derechos Humanos

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APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. A) PRINCIPIOS GUÍA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. 1) PRINCIPIO DE IGUALDAD. Es un principio con carácter polisémico, cuya construcción ha sido consecuencia de la fertilización cruzada de diversos elementos conceptuales e históricos1. La complejidad alcanzada por el significado del principio de igualdad conviene destacar tres hechos importantes: a) la estrecha conexión existente entre el principio de igualdad y el principio de no discriminación; b) la articulación con el principio de equidad, como elemento fundamental del debate; y c) las elaboraciones a que ha dado lugar la diferencia entre la llamada igualdad de hecho o de jure.

Así, en palabras de Evangelina García Prince2 el principio de igualdad tiene

determinaciones significativas indispensables en su cabal comprensión, pues el mismo tiene los siguientes sentidos articulados:

1º. El fundamento ético que da legitimidad al principio de igualdad es la equivalencia

humana de todas las personas. Lo humano no admite calificaciones valorativas jerárquicas entre las personas. No hay personas que sean más o menos humanas que otras.

2º. El principio de igualdad se complementa con el principio de no discriminación. 3º. La comprensión del principio de igualdad admite la existencia de diferencias

reales entre las personas, en términos de características que las sociedades pueden valorar jerárquicamente como significativas o no.

1 García Prince, Evangelina. Proyecto Regional de PNUD “América Latina Genera: Gestión del Conocimiento par la Equidad de Género en Latinoamérica y el Caribe. 2Su trabajo se ha realizado mayoritariamente en América Latina y El Caribe, donde prácticamente ha trabajado en todos los países de la región, así como en España, en funciones de analista, investigadora, instructora de Cursos y Talleres, asesora, evaluadora, productora de documentos y proyectos de instrumentos legislativos, entre otras tareas.


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4º. La igualdad de derechos es una de las principales bases comprensivas del

principio de igualdad y es punto de partida para su aplicabilidad, pero no basta; la igualdad debe concretarse en los hechos, para ser igualdad real, no sólo nominal.

5º. La equidad es un principio complementario de la igualdad y tiene respecto a ella

un carácter instrumental, ya que contribuye a su logro. La equidad permite invalidar o anular las desventajas derivadas de las desigualdades creadas socialmente a partir de diferencias que la sociedad llega a valorar jerárquicamente.

Por su lado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en adelante “CEDAW” o “la Convención”, promueve un modelo de igualdad sustantiva que comprende la igualdad de oportunidades, de acceso a las oportunidades y de resultados. El concepto en el que se apoya este modelo es el reconocimiento de que la igualdad formal, reconocida y expresada en leyes, marcos y políticas neutrales en cuanto al género, podría no ser suficiente para garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. Dicho instrumento enfatiza la importancia de la “igualdad de oportunidades” en términos de derechos de la mujer, el poder acceder en igualdad de condiciones con los hombres a los recursos de una sociedad. Lo que debe ser garantizado por un marco de leyes y políticas, y con el apoyo de instituciones y mecanismos para su funcionamiento3. Pues las mujeres enfrentan grandes desigualdades en relación a las oportunidades de empleo, los salarios, el acceso y disfrute de la salud, los derechos de la familia, la ciudadanía, etc. Así, la CEDAW se distancia del concepto tradicional de igualdad, el cual ha sido problemático, debido a que el término igualdad de mujeres es entendida como “el derecho que ellas tienen a ser iguales a los hombres”, o el derecho de las mujeres a ser tratadas exactamente igual que los hombres para que puedan obtener la igualdad con el hombre4. De tal suerte que las mujeres deben ser tratadas bajo esquemas y normas masculinas, ocultándose la forma en que las mismas son diferentes a los hombres.

3 El concepto de igualdad ha sido problemático debido a que el término igualdad de las mujeres es tradicionalmente entendida como “el derecho a ser iguales a los hombre”, o el derecho de las mujeres a ser tratadas exactamente igual que los hombres para que puedan obtener la igualdad con el hombre. La consecuencia de esto es que las mujeres deben ser tratadas bajo esquemas y normas masculinas. Ocultándose la forma en que las mujeres son diferentes a los hombres. 4 Ver. http://www.iwraw-ap.org


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Es decir, si los arreglos institucionales como las normas y los procedimientos o los procesos por los que una tarea se realiza son los mismos para hombres y mujeres, debido a las diferencias entre ellos, las mujeres estarán en desventaja y no podrán tener acceso a las oportunidades de la misma manera que los hombres. Es por ello que el sistema de la CEDAW provee al tema un abordaje correctivo o sustantivo. Señalando que para redistribuir los beneficios equitativamente entre mujeres y hombres, los intentos de promover los derechos humanos de las mujeres, se deberá en el proceso, transformar las relaciones desiguales de poder existentes entre ambos sexos. Haciendo recaer en el Estado la obligación de crear condiciones y/o remover obstáculos, cuando fuere necesario, que hagan posible que el acceso de las mujeres a la igualdad sustantiva, basadas en el hecho de ser mujeres, se eliminen5. También autoriza, en el cumplimiento de garantizar la realización practica de los derechos o “igualdad de resultados” que hombres y mujeres deberán recibir un trato diferente adecuado a sus capacidades, necesidades e intereses. El artículo 2 de la CEDAW obliga a los Estados a tomar acciones concretas para eliminar la discriminación y producir cambios reales en beneficio de las mujeres6. Las Recomendaciones Generales No.6 y No.9 son importantes, porque amplían la obligación estatal de de garantizar resultados a favor del cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Así:

1. Recomendación No 6. (1988). Que los países establezcan o refuercen mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos, a un nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficiente para:

i. Asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre la mujer todas las políticas gubernamentales.

ii. Supervisar la situación general de la mujer. iii. Ayudar a formular nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y

medidas encaminadas a eliminar la discriminación.

5 Idem 6 Camacho, Rosalía. IIDH. “Acercándonos a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres”. San José Costa Rica, 2003. Como indicadores de progreso del Estado en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres a los ojos de la CEDAW, se establece acciones como la siguiente: Incluir el principio de igualdad entre los sexos en las constituciones nacionales, Adoptar leyes y sanciones que prohíban la discriminación contra la mujer, Eliminar o modificar, reglamentos, usos y prácticas que sea discriminatorias en contra la mujer, Velar porque las autoridades y las instituciones públicas no incurran en prácticas discriminatorias, Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer y Eliminar la discriminación contra las mujeres practicada por cualquier persona, organización o empresa.


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2. Recomendación No.9 (1989). Que los países hagan todo lo posible para

asegurar que sus servicios estadísticos nacionales encargados de planificar los censos nacionales y otras encuestas sociales y económicas formulen cuestionarios de manera que los datos puedan desglosarse por sexo, en lo que se refiere a números absolutos y a porcentajes, para que los usuarios puedan obtener fácilmente información sobre la situación de la mujer en el sector concreto en que estén interesados.

2) PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN

Este principio adoptado también como principio guía de la CEDAW7, esta basado en el entendimiento de que la discriminación es una categoría socialmente construida y que no es un principio esencial o natural de la interacción humana. En su importancia se establece que reconoce la necesidad y allana el camino para una acción concertada contra las desigualdades y los mecanismos institucionales que las perpetúan. Así, la Convención al establecer una definición legal sobre la discriminación8, claramente desglosa su intención y distingue los siguientes significados:

1. Cualquier distinción. Ej. Establecer una regla mediante la cual se exija que las mujeres que quieran aspirar a un cargo de dirección deban tener mejores notas que los hombres.

2. Cualquier exclusión. Ej. Un instructivo que regule la segmentación ocupacional.

3. Cualquier restricción9. Ej. Un precepto jurídico o práctica institucional que establezca

que para evitar el acoso sexual, las mujeres, ellas deberán vestir de determinada manera.

7 Ver. http://www.iwraw-ap.org. 8 A los efectos de la CEDAW, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 9 Restricción basada en la ley o la práctica; Restricción basada en el sexo y estereotipos de género que a menudo se cruzan con discriminaciones por otras condiciones (raza, clase social, edad, religión, etc); Restricción que tenga por objeto o resultado, lo cual significa que la Convención de la CEDAW va dirigida a definir si hubo o no discriminación, sin importar si fue o no intencional; y, menoscabar o anular el reconocimiento del disfrute o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, haciendo necesario probar que existen barreras para acceder a un derecho o que este está siendo denegado y demostrar las maneras en las cuales los obstáculos pueden eliminarse para garantizar la plenitud de todos los derechos contenidos en la Convención de la CEDAW.


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La definición anterior es útil porque nos ayuda a identificar los puntos débiles de los llamados formales o de leyes y políticas neutrales. Una ley o política no puede tener la intención de negar a la mujer disfrute de los derechos pero si tiene el efecto de hacerlo, entonces constituye una discriminación. La cual puede presentarse de diferentes maneras. Lo que significa, que se prohíben no sólo aquellos actos que tienen la intención de discriminar, tales como: leyes que establecen que las mujeres casadas no pueden tener propiedades; sino también, actos que sin tener la intención de discriminar, producen una discriminación, ejemplo de ello son las leyes que protegen a las mujeres prohibiéndoles la realización de trabajos peligrosos, nocturnos, etc. La discriminación o el acto discriminatorio pueden producirse en distintas etapas de la existencia de un derecho, o en su reconocimiento, o en su goce o en el ejercicio. Así:

1º. Etapa. Se encuentra referida al momento de crear las leyes que establecen derechos.

2º. Etapa. Se refiere a las necesidades que se satisfacen con ese derecho.

3º.Etapa. Se refiere al aspecto activo del derecho, lo que implica que debe haber algún mecanismo donde la titular pueda denunciar la violación a su derecho y lograr el resarcimiento por la misma. Esto quiere decir que la CEDAW obliga al Estado a reconocer los derechos de las mujeres, a proveer condiciones materiales y espirituales para que podamos gozarlos y a crear los mecanismos para que podamos denunciar su violación y lograr un resarcimiento.

También, la referida definición presentada en la Cedaw, señala que la discriminación es un acto violatorio del principio de igualdad y que la mujer es un sujeto jurídico equivalente al hombre en dignidad humana, estableciendo una concepción de igualdad no androcéntrica sino basada en la protección de los derechos humanos de las mujeres. Por último, la última frase del artículo “o en cualquier otra esfera”, descartan la distinción entre lo privado y lo público, mediante el reconocimiento de violaciones de las mujeres en el ámbito privado, es decir, en el matrimonio o uniones de hecho, como violaciones de derechos humanos de la mujer.


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3) NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Protección nacional

Constitución de la República. 1983 Art. 3 “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias e nacionalidad, raza, sexo o religión”.

Código de Familia. 11.03.94, D.L. No 677 Art. 4 “La igualdad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la igualdad de derechos de los hijos, la protección integral de los menores y demás incapaces, de las personas de la tercera edad y de la madre cuando fuere la única responsable del hogar, son los principios que especialmente inspiran las disposiciones del presente Código”.

Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, 1996. Art. 2 lit. b) La igualdad de derechos del hombre, la mujer y de los hijos e hijas.

Código de Trabajo. Decreto Legislativo No. 15 Art. 30. Se prohíbe a los patronos: 12º) Establecer cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección de la persona del trabajador”.


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Protección Universal

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. ONU, 18.12.79. Ratificada 02.06.81. Decreto Legislativo No.705.

Art. 1 “ A los efectos de la presente Convención; la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. ONU, 16.12.66. Ratificado 23.11.79, D.L. No 27.

Art. 3 “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ONU, 1966. Ratificado el 23.11.79, D.L. No 27

Art. 3 “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas, 10.12.48. Resolución No 217.

Art. 7 “Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

Carta de Organización de las Naciones Unidas. ONU, 26.06.45

Art. 55 lit. c) “El respeto universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, y la efectividad de tales derechos y libertad”.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Naciones Unidas. Beijing. 1995

Derechos Humanos de la Mujer: Párrafo 214: “La igualdad de derechos de la mujer y el hombre se menciona explícitamente en el Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. En todos los principales instrumentos internacionales de derechos humanos se incluye el sexo entre los motivos por los cuales se prohíbe a los Estados toda discriminación”.


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Protección Interamericana

INSTRUMENTO JURIDICO

DISPOSICIONES/ARTS.

Carta de la Organización de Estados Americanos. OEA. 02.05.48. Modificada por Conferencia de Buenos Aires, 27.02.67 y Cartagena de Indias, 05.12.85.

Art. 3 k) “ Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad , credo o sexo.”

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer. OEA, 09.06.94. Ratificada 23.08.95, DL. No. 430.

Art. 4 “Toda Mujer tiene derecho al reconocimiento, goce ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: El derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley”.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA, San José, Costa Rica, 21.11.69. Ratificada 15.06.78, D.L. No. 5

Art. 1 “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Art. 24 “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la ley “.

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador, 1988. 05.05.95, D.L. 320

Obligación de no discriminar. Art. 3 “Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. OEA, 1948

Art. II. “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.


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B) DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES

Las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce que, a pesar de conceder una igualdad formal consagrada en las leyes y normas de una país la discriminación pervive, y el acceso de las mujeres a los derechos jurídicos son limitados por la denegación de derechos de la mujer al desarrollo económico y social. Por lo tanto es un imperativo la construcción de puentes en las divisiones tradicionales existentes entre los derechos civiles y políticos y los derechos socioeconómicos, así como los mandatos legales y las políticas de desarrollo de medidas que garanticen de manera efectiva y eficaz el cumplimiento de los derechos de la mujer. Los artículos 3 y 1310 de la referida convención obliga a los Estados a tomar medidas proactivas y generar condiciones apropiadas para garantizar el desarrollo pleno de las mujeres, al establecer que deberán promover medidas apropiadas en todos los campos, incluyendo el político, social, económico y cultural para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres y garantizarles el goce de sus derechos humanos. Un aspecto importante del artículo 13 es incluir el derecho de las mujeres a obtener préstamos bancarios, hipotecas o créditos, lo cual es clave para promover su desarrollo con relación a actividades productivas. En esa misma línea e incluyendo a las con capacidades especiales el Comité de la CEDAW en la recomendación general No. 18. (1991), dice lo siguiente:

“Que los países incluyan en sus informes datos sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas especiales para que gocen de igualdad de oportunidades en materia de educación, y de empleo, servicios de salud y seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los aspectos de la vida social y cultural”.

10 Artículo 3. “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. Artículo 13. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; los mismos derechos, en particular: a) El derecho a prestaciones familiares; b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero; c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deporte y en todos los aspectos de la vida cultural.


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1º) DERECHOS LABORALES.

Se reconoce que existen cambios o modificaciones respecto a los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo. Dicha evolución ha sido producto tanto de la lucha de organizaciones de mujeres por la igualdad de trato y de oportunidades como de organizaciones internacionales11 que han puesto de manifiesto que a través de sus normas y principios internacionales de trabajo desean afirmar los derechos de las mujeres trabajadoras.

A partir de la inserción de las mujeres en el mundo laboral remunerado las relaciones de género han sufrido transformaciones, dependiendo del contexto y de la naturaleza del trabajo. Este avance de las mujeres en la fuerza laboral ha sido acompañado de costos sociales para ellas y, aún, persiste la desigualdad en la remuneración, las mujeres acceden a trabajos de medias jornadas e inestables, a trabajos eventuales, subcontratos o domésticos.

A pesar de las transformaciones económicas aparejada a la globalización de la

economía la existencia de prácticas discriminatorias en contra de las mujeres tiene que ver con prejuicios sociales y culturales12 y éstas suman nuevas prácticas discriminatorias, tales como menor remuneración, doble carga de las obligaciones familiares y profesionales la minoría de mujeres en puestos de toma de decisiones y mayores oportunidades para las mujeres en los llamados “empleo femeninos”, que generalmente tiene un salario inferior, y socialmente son menos valorados que los considerados empleos masculinos. Estas prácticas sociales responden a la representación que sigue considerando que la remuneración de las mujeres es complementaria a la de sus maridos y que ellas no han logrado incorporarse plenamente al mercado de trabajo, lo cual limita el desarrollo de su independencia económica y de su realización personal, lo que vuelve imperativo implementar derechos y medidas que posibiliten la participación de las mujeres en igualad de oportunidades y de trato en el proceso productivo13.

11 Cf. www. Ilo.org/public/spanish/gender.htm. El mandato de la Organización Internacional del Trabajo en materia de igualdad entre los sexos consiste en promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, y se basa en los convenios internacionales del trabajo especiales para la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo los cuatro convenios claves sobre igualdad: Convenio No. 111. Convenio sobre la Discriminación. Convenio No. 100. Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Convenio 156. Convenio sobre la protección de la maternidad. 12 Cf. www.cinterfor.org./public/spanish/región/ampro/cinterfor/publ/gen_sur/pdf 13 Camacho, Rosalía. IIDH. Acercándonos a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. San José Costa Rica, 2003.


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1.1 Derecho al Acceso a la Estabilidad en un Empleo conIgualdad de Oportunidades y de Trato

a) Definición operativa. Derecho al Trabajo. Consiste en desarrollar una actividad social destinada a obtener ingresos, bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad, no discriminación e igualdad de oportunidades14.

Las mujeres tienen derecho al acceso y a la estabilidad en un empleo, en igualdad de

oportunidades y de trato respecto de los hombres. Es decir, a ser contratadas bajo los principios de mérito, capacitación y sistemas objetivos de selección y productividad, sin requisitos sexistas que signifiquen un perjuicio en sus opciones de empleo; el derecho a gozar de permanencia en el trabajo y el derecho a ser tratada con igualdad, de tal suerte que se les garanticen las mismas oportunidades que disfrutan los hombres15.

En las consideraciones respecto a la paridad laboral, la Organización Internacional del

Trabajo16 señaló por medio de recomendación No.75 sobre “Igualdad en el empleo y la ocupación” e "Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la educación y la formación profesional", lo siguiente:

"Todas las medidas encaminadas a promover el empleo de la mujer deberían ser parte integrante de las políticas nacionales para lograr el pleno empleo, productivo y libremente elegido, que debería considerarse como medio para garantizar en la practica el derecho al trabajo. Tales políticas deberían ofrecer a hombres y mujeres igualdad de oportunidades de empleo, independientemente de la tasa de crecimiento económico y de las condiciones del mercado de empleo y redundar en beneficio de todos los trabajadores sin distinciones de sexo, estado civil, edad o responsabilidades familiares. Las medidas a favorecer el empleo de la mujer deberían favorecer la utilización plena y optima de sus aptitudes y calificaciones, a fin de que pueda hacer una contribución eficaz al desarrollo económico y social de un país, bien sea en el sector organizado o,

14 Manual para la calificación de violaciones a los derechos humanos. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos-PNUD. Primera Edición. Octubre, 1997. 15 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “Guía para la calificación de violaciones a los derechos humanos de la Mujer”, Primera Edición, Septiembre 1997. 16 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, emiten la Recomendación N* 75 Igualdad en el empleo y la ocupación, celebrada en Ginebra en 1988.


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allí donde existan, en actividades de carácter informal en las zonas urbanas y rurales”. (…).

"Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la educación y la formación profesional". Se deberán adoptar medidas para adoptar rápidamente las disposiciones del Convenio N* 142 y de la Recomendación N* 150 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 y en particular la parte de Recomendación de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". (...). De ser necesario y apropiado se deberán adoptar medidas para:

a) Establecer una Comisión Nacional Tripartita sobre la condición de las trabajadoras que supervise todas las actividades encaminadas a la promoción de oportunidades y de trato para la mujer en la vida económica y social.

b) Crear servicios centrales u órganos administrativos adecuados que puedan servir como secretariados de una comisión nacional de la condición de las trabajadoras. Tales servicios y órganos deberán desarrollar y coordinar la labor de investigación y estadística, planificación, programación u acción sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, divulgar datos e información sobre la preparación de la mujer para la vida activa y su integración en la fuerza de trabajo, y establecer un mecanismo para la consulta sistemática con las organizaciones de empleadores/as y trabajadores/as.

La OIT deberá continuar cooperando con las Naciones Unidas en la Supervisión de la aplicación de las disposiciones que sobre ese tema figuran en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

b) Normativa nacional e internacional del Derecho al acceso al empleo con igualdad de oportunidades y de trato.


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Protección Nacional Constitución de la República. 1983 Art. 2 “Toda persona tiene derecho a la vida, a la

integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y poción, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Art. 3 “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Art. 37 El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales. Art. 219 inc.2 “La ley regulará el servicio civil las condiciones de ingreso a la administración; las promociones y ascensos con base en méritos y aptitud; los traslados, suspensiones y cesantías; los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten; asimismo garantizará a los empleados públicos la estabilidad en el cargo.

Ley de Servicio Civil, 24.11.61, D.L. No 507

Art. 29 Los funcionarios y empelados comprendidos en la carrera administrativa y protegidos por esta Ley, gozarán de los derechos siguientes:

a) De permanencia en el cargo o empleo. En consecuencia no podrán ser destituidos, despedidos, suspendidos, permutados, trasladados o rebajados de categoría sino en los casos y con los requisitos que establece la ley.


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Art. 11.1 “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad ente hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular”.

a) “El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) “El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo;

c) “El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al adiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y el adiestramiento periódico”.

Convenio No. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. OIT, 04.06.58

Art. 2 lit. d) Los empleadores no deberían practicar ni tolerar discriminaciones al contratar, formar, ascender o conservar en el empleo a cualquier persona o al fijar condiciones de trabajo; al llevar a la práctica este principio los empleadores no deberían ser objeto de ninguna obstrucción o intervención, directa o indirecta, de parte de personas u organizaciones”.

Convenio No. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. OIT, 25.06.58, Ratificado 26.08.94, D.L. No 78

Art. 2 “Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto”.

Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras y su plan de acción. OIT, 1975.

“Todas las formas de discriminación por motivos de sexo, que niegan o restringen la igualdad de oportunidades y de trato son inaceptables y deben ser eliminadas. “Y señaló que no se considera discriminación un trato especial positivo durante un período de transición, destinado a lograr una igualdad efectiva entre los sexos”.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas, 10.12.48. Resolución No 217. A (III).

Art. 23.1 “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Resolución sobre la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y trabajadoras en el empleo. OIT, 1985

Condiciones y medio ambiente en el trabajo. 4. iii) La conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación de tales medidas que se puedan regular adecuadamente las condiciones de trabajo en los sectores o empresas que hasta el momento quedaban al margen de dicha regulación, tales como las zonas de elaboración de productos par ala exportación y las zonas de libre comercio.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Naciones Unidas. Beijing. 1995

La mujer y la Economía. “Medidas que han de adoptar los gobiernos: Párrafo 165 b) Aprobar y aplicar leyes contra la discriminación por motivos de sexo en el marcado de trabajo, con especial consideración a las trabajadoras de más edad en la contratación y en el ascenso, en la concesión de prestaciones laborales y de seguridad social y en las condiciones de trabajo; … o) Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen la igualdad de oportunidades, adoptar medidas positivas y asegurar su cumplimiento en los sectores público y privado por distintos medios. Párrafo 166. b) Fortalecer la concesión de iniciativas por el Estado en su carácter de empleador, para crear una política de oportunidades iguales para las mujeres y los hombres. Párrafo 178. b) Promulgar y hacer cumplir las leyes e introducir medidas de aplicación incluso mecanismos de recurso y acceso a la justicia en caso de incumplimiento, a fin de prohibir la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, estado civil o situación familiar en relación con el acceso al empleo y las condiciones de empleo, con inclusión de la capacitación, los ascensos, la salud y la seguridad y en relación con el despido y la seguridad social de los trabajadores, incluso la protección legal contra el hostigamiento sexual y racial.


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PROTECCIÓN INTERAMERICANA

INSTRUMENTO JURIDICO

DISPOSICIONES/ARTS.

Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. OEA. Carta de Bogotá, 02.05.48

Art. 19 La ley garantizará la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de la industria y profesiones y las justas causas de separación cuando el despido injustificado surta efecto, el trabajador tendrá derecho a una indemnización.

Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y El Caribe, OEA, 1995‐2001

Objetivo Estratégico. II.3 48 Asegurar a las mujeres el acceso equitativo al trabajo productivo, al empleo, a los recursos productivos y a las nuevas tecnologías en el marco de políticas de mejoramiento de su situación: social y económica y velar por la igualdad de oportunidades y trato en materia de condiciones laborales y de remuneración, así como de posibilidades de mejoramiento y desarrollo en el campo y de acceso a las mujeres a sus puestos directivos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA, San José, Costa Rica, 21.11.69. Ratificada 15.06.78, D.L. No. 5

Art. 24 Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de ley.

1.2 Desigual Remuneración y Trato con respecto a un Trabajo de Igual Valor.

El tema de desigualdad en la remuneración es una de las formas más frecuentes y manifiestas de discriminación laboral17 entre los sexos. Según la Organización Internacional del Trabajo en los países industrializados desarrollados, la remuneración para las mujeres representa para un mismo trabajo del 50% al 80% del salario de los hombres.

Hay un acuerdo generalizado de considerar como la causa más inmediata de la desigualdad salarial la separación existente entre mujeres y hombres en diferentes industrias,

17 Manual para la calificación de violaciones a los derechos humanos. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos-PNUD. Primera Edición. Octubre, 1997. Discriminación laboral. Es la discriminación en el acceso al trabajo, en el salario y en las prestaciones laborales de cualquier tipo por la condición personal del trabajador o de la trabajadora (raza, sexo, estatus social, discapacidades, convicciones políticas o religiosas.


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empresa y sectores de la economía, así como, a la posición o al estatus ocupacional de los hombres y las mujeres en las mismas áreas de empleo. Razón por la que se establece que no es posible llegar a una evaluación igual de los empleos ni a los mismos derechos para todos los componentes de la remuneración, en tanto sigamos viviendo en un contexto general de desigualdad. Así, la en las consideraciones respecto a la paridad laboral, la Organización Internacional del Trabajo18señaló por medio de recomendación No.75 sobre "Igualdad de remuneración”, lo siguiente:

"En caso necesario habría que ampliar el ámbito de la Legislación Nacional para conseguir que todos los trabajadores tengan derecho a recibir una remuneración igual por un trabajo de igual valor"(...).

Normativa nacional e internacional de protección del Desigual Remuneración y Trato con respecto a un Trabajo de Igual Valor

Protección Universal, Interamericano y Protección Nacional

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Constitución de la República. 1983 Art. 38 numeral 1º: En una misma empresa o establecimiento

y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza o nacionalidad.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. ONU, 18.12.79. Ratificada 02.06.81. Decreto Legislativo No.705.

Art. 11 lit d) El derecho a igual remuneración inclusive prestaciones y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo.


Art. 7 i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular deben asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo

18 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, emiten la Recomendación No. 75 Igualdad en el empleo y la ocupación, celebrada en Ginebra en 1988.


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igual.

Convenio No. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. OIT, 25.06.58, Ratificado 26.08.94, D.L. No 78

Art. 1 literal 1) El término discriminación comprende: b) cualquier otra distinción exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación.

Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras. OIT, 1975.

Art. 7 Se garantizará a las trabajadoras el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (número 100), y de la Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951 (Número 90). Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, ONU, 07.11.67. Resolución 2263. Art. 10 El derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. ONU. Beijing, 1995

La mujer y la Economía. Medidas que han de adoptar los gobiernos: Párrafo 165 a) Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los derechos de la mujer y el hombre a una remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor.

Programa de Acción Regional par alas mujeres de América Latina y El Caribe. OEA, 1995‐2001

Acción Estratégica II. 3ª 49 Establecer instancias de seguimiento y evaluación de los cumplimientos de los acuerdos por los países de la región para asegurar a todas las mujeres el acceso al trabajo en condiciones de igualdad con los hombres, garantizándoles su promoción en el empleo, su estabilidad laboral e igual remuneración por trabajo de igual valor.

Código de Trabajo, 30.06.72, D.L. No 15 Art. 123. Los trabajadores que en una misma empresa o

establecimiento y que en idénticas circunstancias desarrollen una labor igual, devengarán igual remuneración cualquiera que sea su sexo, edad, raza, color, nacionalidad, opinión política o creencia religiosa.


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1.3 Exigir prueba de Embarazo para Acceder o Mantenerse en el Empleo;

Restringir, Impedir o Excluir a las Mujeres del Acceso al Trabajo, o a un Ascenso: Por requisito que directa o indirectamente exija la pertenencia al sexo masculino. Por causa de Maternidad, Edad, Atributos Físicos y Estado Familiar. En las consideraciones respecto a la paridad laboral, la Organización Internacional del Trabajo19 señaló por medio de recomendación No.75 sobre "Condiciones y medio ambiente de trabajo", lo siguiente:

"Condiciones y medio ambiente de trabajo", (...). "Deberán tomarse medidas para reexaminar, a la luz de los conocimientos científicos y de la evolución tecnológica, toda la legislación protectora aplicable únicamente a las mujeres y para revisar, extender a todos los trabajadores, mantener o derogar dicha legislación, de acuerdo con las necesidades y circunstancias propias de cada país; estas medidas habrán de ser destinadas a mejorar la calidad de vida. (...) "Se deberán adoptar medidas para hacer objeto de protección especial a la mujer respecto de los tipos de actividad reconocidos efectos perjudiciales para su función social de procreación; tales medidas se deberán revisar y actualizar periódicamente, de acuerdo con la evolución de los conocimientos científicos y técnicos". (...)

19 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, emiten la Recomendación N* 75 Igualdad en el empleo y la ocupación, celebrada en Ginebra en 1988.


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NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN. Protección Nacional y Protección Universal e Interamericano

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Constitución de la República. 1983

Art. 3 “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias e nacionalidad, raza, sexo o religión”. Art. 42 “La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto, y a la conservación del empleo. Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores”.


Art. 11.1 b) “El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo”.

Art. 11.2 “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y discriminación en los despidos sobre la base del estado civil”. b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin perdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales, c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida publica, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños, d) Prestar protección especial a la mujer, durante el embarazo en los tipos de trabajo


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que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella,

Convenio No. 111 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación. OIT. 25.06.58. Ratificado 26.08.94, D.L. No 78

Art. 1.1) “A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Recomendación número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación .OIT, 04.06.58

Art. 2 d) “Los empleadores no deberán practicar ni tolerar discriminaciones al contratar, formar, ascender o conservar en el empleo a cualquier persona o al fijar sus condiciones de trabajo; al llevar a la práctica este principio los empleadores no deberán ser objeto de ninguna obstrucción o intervención, directa o indirecta, por parte de personas u organizaciones”.

Recomendación No 128 sobre el peso máximo de la carga que pueda ser transportada por un trabajador. OIT. 28.06.67

Art. 18 “Ninguna mujer debería ser empleada durante un embarazo comprobado por médico o durante 10 semanas siguientes al parto en el transporte manual de carga si a juicio de un médico calificado este trabajo puede comprometer su salud o la de su hijo”.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Convenio número 103: Protección de la Maternidad, OIT, 1952.

Art. 4.3) “Durante la ausencia legal, antes y después del parto, los derechos de antigüedad de la mujer deberán ser salvaguardados así, como su derecho a ocupar nuevamente su antiguo trabajo o un trabajo equivalente retribuido de acuerdo con la misma tasa”. Art. 5.4 ) “Una mujer empleada habitualmente en un trabajo considerado por la autoridad competente como peligroso para su salud debería tener derecho a ser transferida sin reducción de salario, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado”.

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. ONU, 07.11.67. Resolución 2263

Art. 10: “2. A fin de impedir que se discrimine a la mujer por razones de matrimonio o maternidad y garantizar su derecho efectivo al trabajo, deberán adoptarse medidas para evitar su despido en caso de matrimonio o maternidad, proporcionarle licencia de maternidad con sueldo pagado y la garantía de volver a su empleo anterior, así como para que se le presten los necesarios servicios sociales, incluidos los destinados al cuidado de los niños”.

Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras. OIT, 1975

Art. 6. 3 “No se practicará discriminación alguna contra las trabajadoras por su condición de casadas, por su edad o por sus responsabilidades familiares”. Art. 8.1 “No se practicará discriminación alguna contra las trabajadoras por razón de embarazo o parto y de las mujeres encinta estarán protegidas contra todo despido por razón de su condición durante todo el período de embarazo y de licencia de maternidad y tendrán el derecho de reincorporarse al empleo sin pérdida de los derechos adquiridos”.

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. ONU. El Cairo, 1994.

Medidas: 4.4. “Los países deberían adoptar medidas para habilitar a la mujer y eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres a la brevedad posible: f) Eliminado las prácticas discriminatorias de los empleadores contra la mujer, tales como las que exigen prueba del uso de anticonceptivos o la declaración del embarazo”.


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Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer. ONU. Beijing, 1995.

La mujer y la Economía. Medidas que han de adoptar los gobiernos. Párrafo 165: c) “Adoptar medidas apropiadas para tener en cuenta el papel y las funciones reproductivas de la mujer y eliminar las prácticas discriminatorias de los empleadores, tales como no contratar o despedir a mujeres debido al embarazo o la lactancia materna, o exigir pruebas de utilización de anticonceptivos, y adoptar medidas eficaces para garantizar que las mujeres embarazadas, las mujeres con licencia de maternidad o las mujeres que se reintegran al mercado laboral después de tener hijos no sufran discriminación alguna”.

Programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe. OEA, 1995‐2001.

Acción Estratégica II.3 g 55 “Eliminar las prácticas discriminatorias de las y los empleadores contra la mujer, tales como las que exigen prueba del uso de anticonceptivos o la declaración de no embarazo”.

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Código de Trabajo. 30.06.72., D.L. No 15

Art. 30 “ Se prohíbe a los patronos: 12) Establecer cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección de la persona del trabajador”.

1.4. Restringir, Impedir o Excluir del Acceso a la Seguridad Social Definición Operativa. Derecho a la Seguridad Social20. El sistema de seguridad social no solo está conformado por instituciones que tratan de garantizar la salud y el bienestar material (vivienda, alimentación, protección contra el desempleo, etc.) de todas las personas, en especial de las mujeres, sino además, implica un acuerdo político en virtud del cual la sociedad

20 Manual para la calificación de violaciones a los derechos humanos. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos-PNUD. Primera Edición. Octubre, 1997.


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establece las bases sobre las que desea construir y regular su convivencia, y determina cuáles derechos aplican a todos, y cómo se garantizan y se hacen viables21. En El Salvador, el sistema de seguridad social ésta poco desarrollado respecto del contexto latinoamericano, existe la incapacidad de alcanzar la universalidad de la protección social, abriendo espacio únicamente para tres tipos de prestaciones fundamentales: las directamente subsidiadas por el sector público para atender a los más pobres; las financiadas con contribuciones de los trabajadores para su protección y de sus familias; y las pagadas en forma privada para la provisión de mejores servicios22. Lamentablemente, la estructura del mercado de trabajo determina que solo una fracción de trabajadores acceda a trabajos protegidos, con acceso a servicios sociales, dada su calidad de contribuyentes a la seguridad social. Los demás, sean miembros de su familia o no incluidos en las prestaciones o trabajadores que no pueden afiliarse a sistemas contributivos, debe recurrir a la oferta del sistema público, usualmente muy deficiente en calidad y cobertura, o a las redes de la solidaridad familiar. Una fracción minoritaria, la de mayor poder adquisitivo, recurre al mercado. Esta exclusión y la segmentación social derivadas de la falta de acceso a empleos de calidad han facilitado la reproducción histórica de la pobreza, de las desigualdades sociales y la elevada concentración del ingreso. Esencialmente por la incapacidad de la economía para generar empleos de calidad, la informalidad y el subempleo constituyen la principal forma de inserción en el mercado laboral en nuestro país; por tanto, nuestra seguridad social basada en programas contributivos y no contributivos que correlacionan aportes con beneficios, deben replantearse si se aspira a ser incluyentes23, precisamente porque es el empleo formal el principal mecanismo de acceso a la seguridad social en este sistema. En las consideraciones respecto a la equidad laboral, la Organización Internacional del Trabajo24, señaló por medio de recomendación No.75 sobre Seguridad Social, lo siguiente:

"Se deberán desarrollar Sistemas de Seguridad Social de manera que garanticen una protección equitativa a hombres y mujeres, independientemente del estado civil, edad e ingresos; periódicamente y con carácter regular proceder al control de tales sistemas y se deberán suprimir todos los casos de discriminación que puedan existir"(...)

21 PNUD (2008).Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2007-2008. El empleo en uno de los pueblos más trabajadores del mundo. San Salvador 22 ídem. 23 Ídem. 24 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, emiten la Recomendación N* 75 Igualdad en el empleo y la ocupación, celebrada en Ginebra en 1988.


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Protección Nacional, Universal é Interamericana

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Constitución de la Republica. 1983

Art. 50. “La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones las que deberán guardar entre si la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de recursos. Art. 43. “ Los patronos están obligados a pagar indemnización y a prestar servicios médicos, farmacéuticos y demás que establezcan las leyes, al trabajador que sufra accidente de trabajo o de cualquier enfermedad profesional


Art. 11 e ) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas. f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. Art. 14 c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social.


Art. 9 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas, 10.12.48. Resolución No 217.

Art. 22 Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y a la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ONU, 07.11.67. Resolución 2263.

Art. 10 c) El derecho a vacaciones pagadas, prestaciones de jubilación y medidas que la aseguren contra el desempleo, la enfermedad, la vejez o cualquier otro tipo de incapacidad para el trabajo.

Resolución sobre la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras en el empleo. OIT. 1985

Condiciones y medio ambiente de Trabajo. 5. En lo que corresponde a la legislación protectora: a ) las mujeres y los hombres deberán quedar protegidas contra los riesgos inherentes a su empleo y profesión en función del avance de los conocimientos científicos y tecnológicos.

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. ONU. Beijing, 1995

La mujer y la Salud. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de empleadores y trabajadores y con el respaldo de instituciones internacionales. Párrafo 106 d) Posibilitar el acceso de la mujer a los sistemas de seguridad social en condiciones de igualdad con el hombre durante toda su vida.

Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. OEA. Carta de Bogotá, 02.05.48

Art. 31. Los trabajadores, inclusive los trabajadores agrícolas, los trabajadores a domicilio, los trabajadores domésticos, los empleados públicos, los aprendices aunque no reciban salario y los trabajadores independientes, cuando su afiliación fuere posible, tiene derecho a un sistema de seguro social obligatorio orientado hacia la realización de los objetivos siguientes: Inciso último El Seguro social obligatorio deberá tender a la protección de los miembros de la familia del trabajador y establecer prestaciones adicionales para los asegurados de familia numerosa.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. OEA, 1948

Art. 16 Derecho a la Seguridad Social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Ley del Seguro Social. 03.12.53. D.L. No 1263

Art. 3. El régimen del Seguro Social obligatorio se aplicará originalmente a todos los trabajadores que dependan de un patrono sea cual fuere el tipo de relación laboral que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración. Podrá ampliarse oportunamente a favor de las clases de trabajadores que no dependan de un patrón. Podrá exceptuarse únicamente la aplicación obligatoria del régimen del Seguro, a los trabajadores que obtengan un ingreso superior a una suma que determinarán los reglamentos respectivos. Art. 101 “El Instituto podrá practicar visitas e inspecciones en los centros de trabajo, por medio de sus funcionarios o empleados o solicitar la practica de las mismas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como lo estime más conveniente.

Reglamento para la aplicación del régimen del seguro social salvadoreño. 10.05.54, D.E. No 37

Art. 7 “Los patronos que empleen trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social, tiene obligación de inscribirse e inscribir a éstos, usando los formularios elaborados por el instituto. El patrón deberá inscribirse en el plazo de cinco días contado a partir de la fecha en que asuma la calidad de tal”. Los trabajadores deberán ser inscritos en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de su ingreso en la empresa. Art. 14 inc. 3 “ Si el trabajador fuere asegurado activo, tendrá siempre derecho a estas prestaciones; si el trabajador fuere asegurado activo, tendrá siempre derecho a estas prestaciones; si el trabajador estuviera cesante deberá acreditar por lo menos dos meses asegurados en los cuatro meses calendario anteriores a la fecha de la primera solicitud de servicios. Para recibir prestaciones por maternidad, será necesario acreditar 3 meses asegurados en el transcurso de los doce meses calendario anteriores a la fecha del parto”.


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2º) DERECHO A LA EDUCACION.

Cada mujer o niña tiene derecho a la educación, capacitación e información, así como a otros derechos humanos fundamentales concomitantes para la realización plena del mismo. La educación en tanto que derecho exigible, no es solamente una meta del desarrollo en espera de políticas, planes y recursos que la realicen25; es un factor importante como mecanismo para potenciar el perfeccionamiento de las capacidades personales y sociales de las mujeres.

Que les permita realizar un conjunto de competencias básicas que aumenten su aptitud para el ejercicio de su ciudadanía e incorporarse a procesos de desarrollo económico, social, político y cultural de sus sociedades. De esta manera, el acceso de la mujer a la educación determina su nivel de integración a la sociedad y su posibilidad de incidencia en las decisiones que la afectan26, desde la esfera privada hacia las esferas públicas, desempeñando un papel esencial en el empoderamiento de la mujer dentro de la sociedad27.

El derecho a la educación esta reconocido y positivado en diferentes instrumentos de derechos humanos28; herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el

25 www.pddh.gob.sv 26 PDDH. Plataforma de Derechos Humanos de las Mujeres para ser presentada a las candidaturas presidenciales, legislativas y municipales de las elecciones 2009. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer y la Familia. Primera edición, San Salvador. 2008. 27 Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General sobre educación.

28 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26.Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos…". Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Art. 13. "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. ...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.....la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre....La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente....La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita..La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita... Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.... Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones......Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el

párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado". Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Art. 5. "En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin

distinción de raza, color y origen nacional o étnico... El derecho a la educación y la formación profesional...". Convención por los Derechos del Niño, Art. 28 y 29. "Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades... Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos... Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad... Hacer la enseñanza superior accesible a todos... Hacer que todos los niños dispongan de información y


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ejercicio efectivo del mismo por parte de mujeres y niñas. Entre los instrumentos mencionados esta la misma Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, que en sus artículos 10 y 14 establece:

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación...

Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas...

Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales...

La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza... Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios...

Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos...

La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente...”.

“Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la

orientación en cuestiones educacionales y profesionales... Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas... Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada... Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades... Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales... Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país...". Convención contra la discriminación en Educación. Art. 3,4 y 5. Los Estados Partes se comprometen a... Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza... Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza... formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza... Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a toda la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos... En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones.. En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma".


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aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales...

Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional...".

Asimismo existen compromisos adquiridos por los gobiernos29 para asegurar el derecho humano a la educación para todos, especialmente para las mujeres, consignado en la Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 69, 80, 81 y 82, que dice:

“La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los niños...

Medidas que han de adoptar los gobiernos...

Promover el objetivo de la igualdad de acceso a la educación tomando medidas para eliminar la discriminación en la educación en todos los niveles por motivos de género, raza, idioma, religión, origen nacional, edad o discapacidad, o cualquier otra forma de discriminación... Asegurar el acceso universal a la enseñanza básica...

Reducir la tasa de analfabetismo femenino por lo menos a la mitad de la tasa de 1990... Proporcionar acceso universal a la enseñanza primaria a las niñas, y procurar lograr la igualdad de género en la tasa de finalización de dicha enseñanza, para el año 2000...

Elaborar y aplicar políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento para las mujeres, en particular las jóvenes y las que retornen al mercado de trabajo... Establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios...".

Las evidentes debilidades sistémicas en la educación perjudican a las mujeres, adolescentes y niñas, al privilegiar practicas culturales que favorecen su marginación y discriminación, situación que difícilmente es reorientada debido a la inversión que esto significa30.

29 Agenda 21, capítulo 36 párrafo 3 de la Cumbre Mundial de la Tierra; capítulo 3, párrafo 2 y capítulo 24, párrafo 3. Compromiso 6 de la Declaración de Copenhague en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague; Párrafos 69, 80, 81 y 82 de la Plataforma de Acción de Beijing; Agenda de Hábitat Párrafo 2.36 y 3.43 de la Conferencia Hábitat II de Estambul; Preámbulo y articulo 1 de la Declaración Mundial de Educación para todos y la Afirmación de Amman, 1996. 30 Cf. PDDH. Plataforma de Derechos Humanos de las Mujeres para ser presentada a las candidaturas presidenciales, legislativas y municipales de las elecciones 2009. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer y la Familia. Primera


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Por otro lado, el Principio 10 de la Plataforma de Acción del Cairo31 estableció que toda persona tiene derecho a la educación, que deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de los recursos humanos, de la dignidad humana y del potencial humano, prestando especial atención a las mujeres y a las niñas. La educación debería concebirse de tal manera que fortalezca el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los relacionados con la población y el desarrollo.

Además se debe disminuir los índices de deserción escolar, promover la participación activa de las mujeres en los deportes y la educación física y eliminar conceptos, figuras y actitudes que, en programas y libros de texto, refuercen los papeles tradicionales que la sociedad ha asignado a las mujeres y los hombres. Entre algunos de los derechos humanos vulnerados a las mujeres en el ámbito de la educación son los siguientes:

• El derecho humano a la educación confiere el derecho a una educación básica gratuita, de calidad y obligatoria así como todas las formas disponibles de educación secundaria y superior.

• El derecho a la educación sexual y reproductiva. • El derecho a la no ‐discriminación en el ejercicio de este derecho en todas las áreas y

niveles de educación como a un acceso igual de educación continua y capacitación vocacional.

• Derecho de las adolescentes a permanecer en el sistema educativo. • El derecho a la educación está ligado a otros derechos humanos fundamentales‐ tales

como bienestar, salud, alimentación, asistencia médica, enfermedad, invalidez, éstos incluyen:

• El derecho a la igualdad entre hombre y mujer y a la participación igualitaria en el acceso a la educación formal y no formal.

• El derecho a trabajar y recibir salarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado.

• El derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión. • El derecho a un estándar de vida adecuado

edición, S.S 2008. En El Salvador hay un reducido porcentaje de recursos dedicado al ramo de educación, para el año 2007 solamente se destino el 2.8 % del Producto Interno Bruto, muy por debajo del 4.5 % que tiene como promedio Latinoamérica y el 6% recomendado por la UNESCO. 31 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo (Egipto) del 5 al 13 de septiembre de 1994. Delegaciones de 179 Estados participaron en las negociaciones para dar forma definitiva a un Programa de Acción sobre población y desarrollo para los próximos 20 años. Reafirmado en Puerto España y Santiago. Son los compromisos que queremos ver cumplidos en la región mas desigual del mundo, donde el modelo económico sigue generando una deuda externa calculada en millones y millones de excluidos, desplazados, discriminados y silenciados de los cuales la inmensa mayoría son mujeres. En la misma región que ha sabido enfrentar chantajes y coacciones prepotentes, que violan los principios de las Naciones Unidas, y que ha defendido posiciones comunes sobre la justicia, el desarrollo y la paz. En la misma América Latina y Caribe que queremos libre de racismo, libre de xenofobia, libre de sexismo y de cualquier tipo de violencia.


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• El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afectan a cada una de sus comunidades a un nivel local, nacional e internacional.

2.1 Derecho a una Educación que promueva la igualdad de derechos. Por la importancia del derecho a la educación de las mujeres como herramienta fundamental para la promoción de su desarrollo personal, el mejoramiento de su condición social y la posibilidad de participar en todos los espacios de la sociedad, las mujeres deben gozar de igualdad de derechos con el hombre en el campo de la educación y tener acceso a todos los niveles de educación, iguales programas de estudio, capacitación, exámenes y diplomas, las mismas oportunidades para obtener becas u otras ayudas económicas para estudiar32. Protección Nacional


Art. 53 “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión”. Art. 55 “ La Educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos”. Art. 56 “Todos los habitantes de la República tiene el

32 Artículo 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Onu. 18/12/79, ratificada 02.06.81, D.L. No. 75.


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derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial”. La educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado. Art. 58 “Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivos de naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosas, raciales o políticas”. Art. 59 “La alfabetización es de interés social contribuirán a ellas todos los habitantes del país en la forma que determine la ley”.

Ley General de Educación, 30.11.95, D.L. No 522

Art. 4 “ La Educación Nacional tiene los siguientes principios: b) La democratización, entendida como igualdad de oportunidades educativas y pluralidad ideológica que asegure la convivencia y el orden de la comunidad humana, con base en la fraternidad, la libertad, la justicia, el derecho y la paz. Del Educando. Art. 116 c) “Ser tratado con justicia y respeto, y no ser sujeto de castigos corporales, humillaciones ni discriminaciones”.


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Art. 5 “ Los Estados Partes tomarán todas las medidas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los perjuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Art. 14.2 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica”.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU, 16.12.66. Ratificado 23.11.79, D.L. No 27.

Art. 13.1 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento del paz”.


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Declaración Universal de Derechos Humanos. ONU, 10.12.48. Resolución No 217.

Art. 26.2 “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; promoverá el desarrollo de la actividad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer. ONU, 07.11.67. Resolución 2263.

Art. 9 “Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la mujer casada o no, derechos iguales a los del hombre en materia de ecuación en todos los niveles…”

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. ONU, 04.12.86. Resolución No 41/128.

Art. 10. a) “Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica profesional y técnica superior así como en todos los tipos de capacitación profesional”.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer. ONU. Beijing, 1995.

Medidas que han de adoptar los gobiernos, las autoridades educativas y otras instituciones educativas y académicas. Párrafo 83 a) “Formular recomendaciones y elaborar planes de estudio, libros de texto y material didáctico libres de estereotipos basados en el género para todos los niveles de enseñanza, incluida la formación del personal docente, en colaboración con todos los interesados…”


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer. OEA, 09.06.94. Ratifica 23.08.95, D.L. No 430

Art. 6 “El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y practicas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación “. Art. 8 “Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. OEA. 1948

Derecho a la Educación. Art. XII inc. 3 “El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado”.

Carta de la Organización de Estados Americanos. OEA. Colombia 02.05.48. Modificada por Conferencias de Buenos Aires 27.02.67 y Cartagena de Indias 05.12.85

Art. 33 h) “Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en el campo de la educación”.


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2.2 Restringir, Impedir o Excluir a las mujeres por motivos de sexo, embarazo, maternidad,

edad, atributos físicos y estados familiares: a) Acceso a la Educación Formal e Informal b) La obtención de becas y otras subvenciones de carácter educativo.

El Programa de Acción del Cairo estableció que los países deben tomar medidas necesarias para mantener a las niñas y a las adolescentes en la escuela, así mismo, que los gobiernos deben eliminar los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden el suministro de información de salud reproductiva a adolescentes y debe permitirse que las adolescentes embarazadas continúen su educación33.

Por su parte el Comité de la CEDAW se ha pronunciado reiteradas veces sobre cómo las

expulsiones de los establecimientos educativos, cancelación de matrículas o asignación de tutores o asignación de matriculas nocturnas a mujeres jóvenes embarazadas, constituyen una violación del derecho a la educación y a la igualdad34.

33 Véase Programa de Acción de El Cairo. Párrafos 7.41-7.48 y 11.8 34 Véase CEDAW, Observaciones finales a Chile, párrafo 27. El Comité de la CEDAW pidió al gobierno chileno tomar las medidas necesarias, incluyendo la expedición de una ley, para prohibir la expulsión de adolescentes de los colegios públicos y privados por razones de embarazo.


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Art. 5 “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU, 16.12.66. Ratificado 23.11.79, D.L. No 27.

Art. 13 a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente.

Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”.


Art. 26.1 “Toda persona tiene derecho ala educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer. ONU, 07.11.67. Resolución No 48/107.

Art. 9 “ Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la mujer, casada o no, derechos iguales a los hombres en materia de educación en todos los niveles, en particular:

a) Iguales condiciones de acceso a toda clase de instituciones docentes, incluida las universidades y las escuelas técnicas e iguales condiciones de estudio en dichas instituciones. c) Iguales oportunidades de acceso a los programas de educación complementarias, incluidos los programas de alfabetización de adultos.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer. ONU. Beijing, 1995.

Párrafo 80 “ Medidas que han de adoptar los gobiernos: g) Promover un entorno docente en que se eliminen todas las barreras que impiden la asistencia a la escuela de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes, que incluya, según corresponda, servicios accesibles y asequibles de guardería y educación de los padres a fin de alentar a quienes deben ocuparse del cuidado de sus hijos y hermanos en edad escolar a reanudar los estudios o a llevarlos a término. Párrafo 83. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las autoridades educativas y otras instituciones educativas y académicas:

s) Eliminar todas las barreras que impiden el acceso a la educación académica de las muchachas embrazadas y las madres jóvenes y apoyar el suministro de servicios de guardería y otros servicios de apoyo, en los casos en que sean necesarios

Párrafo 87 Medidas que han de adoptar, a nivel mundial, las organizaciones internacionales e intergubernamentales, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO):

d) Asignar un porcentaje mínimo de asistencia

a la enseñanza básica para las mujeres y las niñas.

Párrafo 88. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las instituciones educativas y las comunidades:

a) Garantizar la disponibilidad de una amplia


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gama de programas de enseñanza y formación que lleven a la adquisición permanente por las mujeres y las niñas de los conocimientos y las capacidades necesarias para vivir en sus comunidades y naciones, contribuir a ellas y beneficiarse de ellas. c) Crear programas flexibles de enseñanza, capacitación y readiestramiento para un aprendizaje permanente que facilite la transición entre las actividades de las mujeres en todas las etapas de su vida.

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. ONU. El Cairo, 1994

Educación, población y desarrollo sostenible. 11.8 “Los países deberían tomar medidas activas para mantener a las niñas y las adolescentes en la escuela mediante el establecimiento de más escuelas comunitarias, la capacitación de los maestros para que sean más sensibles a los problemas de las mujeres, el suministro de becas y otros incentivos apropiados y la sensibilización de los padres para que valoren debidamente la educación de las niñas, con miras a eliminar para el año 2005 la disparidad entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria. Asimismo, los países deberían complementar esos esfuerzos utilizando plenamente las oportunidades de educación no académica. Se debería tratar de que las adolescentes embarazadas puedan seguir asistiendo a la escuela”.


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Protección Universal e Interamericano

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. OEA. Protocolo de San Salvador, 1988. Ratificado 05.05.95, D.L. No 320

Art. 13 “Derecho ala Educación”. Toda persona tiene derecho a la educación. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. .b) La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita. c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. d) Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo e instrucción primaria.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. OEA. Colombia, 1948.

Art. XII “Toda persona tiene el derecho a la educación la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite par a lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida para ser útil a la sociedad. El derecho a la educación comprende el de la igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las


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dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado”.

Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe. OEA. 1995‐2001.

Objetivo Estratégico II.4.65 Garantizar a la población en general y en especial a las niñas y a las mujeres, el acceso a una educación formal e informal que las prepare para el ejercicio de sus derechos y de la ciudadanía plena, la participación equitativa en los niveles de decisión y el reparto igualitario, las responsabilidades familiares y domésticas. Asegurar la permanencia de las niñas en el sistema educativo. Acción Estratégica II.4e.68 “Asegurar el cumplimiento de los cuerpos adoptados por los países de la región para facilitar la educación de las mujeres y de las niñas y evitar la discriminación por razones de género...”.

3º) DERECHO A LA SALUD

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1986) como "un estado de bienestar completo físico, mental y social, y no significa meramente la ausencia de una enfermedad". La salud integral comprende la salud física, mental, social y espiritual a lo largo de todo el ciclo de vida de la mujer. E incluye la prevención, la detección, el diagnostico y el tratamiento de las condiciones que son especificas de las mujeres, que son más comunes en las mujeres, que son más serias en las mujeres35.

La salud como derecho humano fundamental de las mujeres en la Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer fue reconocido como el acceso al más alto nivel de salud física y mental, además que el disfrute de ese derecho es esencial para su vida y bienestar y para su capacidad de participar en todas esferas de la vida pública y privada36.

35 www.cnm.gov.ar/areainterv/salud.htm 36 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, párrafo 89.


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También se destacó la necesidad de garantizar a mujeres, niñas y adolescentes el acceso universal a la atención y a los servicios de salud apropiada, asequible y de calidad; se estableció que el derecho a la salud como una de las doce esferas de especial preocupación que requerían atención urgente de parte de los gobiernos y la comunidad internacional. Por su parte, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas durante su 43º período de sesiones, celebrado en 199937, propuso adoptar nuevas medidas para mejorar la calidad de la salud de la mujer, incluida la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas y las políticas del sector de la salud.

La incorporación de género, distanciada de la perspectiva androcéntrica38 permitió

ampliar los derechos humanos39 y advertir de intereses y necesidades humanas, sentidas mayoritariamente por las mujeres, así como intereses de los hombres como género masculino40. Necesidades e intereses como la contracepción, el aborto, el parto, la esterilización, etc.; puestos en relieve como derechos humanos porque tenían que ver con la vida y la integridad física y sicológica de las mujeres.

Así, la CEDAW es el primer instrumento internacional que obliga a los Estados a eliminar la discriminación contra las mujeres en el campo de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, incluyendo los referidos a la planificación familiar y a la atención del embarazo, parto y post‐parto.

La situación de la salud de las mujeres y hombres está vinculada a los condicionamientos de género. La desigual distribución de poder entre hombres y mujeres determina que tanto los procesos de salud‐enfermedad como la atención, sean diferentes para hombres y mujeres. La posición subordinada de las mujeres las hace más vulnerables debido a roles sociales que

37 Entre las conclusiones convenidas del período de sesiones había recomendaciones sobre la mujer y las enfermedades infecciosas, la salud mental, la higiene laboral y ambiental, esferas que recibieron poca atención en la Conferencia de Beijing. 38 Facio Montejo, Alda. Los Derechos Reproductivos en la Administración de Justicia. Fundación Justicia y Género. Desde una perspectiva androcéntrica, sólo se ven las necesidades e intereses de los hombres en tanto que seres paradigmáticos de la humanidad o las necesidades e intereses que ellos creen tienen las mujeres, en tanto, seres no autónomos. 39 El compromiso de entender los derechos humanos desde una perspectiva de género fue asumido hace más de una década en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, 1993. 40 Cfr. Facio Montejo, Alda. Los Derechos Reproductivos en la Administración de Justicia. Fundación Justicia y Género. “Es importante recordar que la perspectiva androcéntrica no parte de la visión de los hombres como género sino de los hombres como estereotipo o como representantes de la toda humanidad. Por ende, las necesidades de los hombres en tanto genero masculino también son invisibilizadas por la perspectiva androcéntrica en el tanto que desde esta perspectiva sólo se consideran violaciones a los derechos humanos los actos cometidos en la esfera pública por agentes del Estado. Así, la nula oferta de vasectomías en condiciones dignas, por ejemplo, no era considerada una violación a varios derechos humanos de los hombres, ejemplo: su derecho a decidir el número y espaciamiento de hijos, el derecho a la integridad física”.


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deben cumplir en nuestra sociedad, esta ubicación incide en los modos de vivir, enfermar, consultar y ser atendidas/os41.

Por su lado, la provisión establecida en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de crear condiciones que aseguren atención y servicios médicos para todos en caso de enfermedad42 e interpretada por el Comité DESC, señala lo siguiente:

“ Que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos [...] en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación [...] [El] derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano”43.

La inequidad en salud se verifica en la distribución de la morbimortalidad en los sectores más pobres, como es sabido las mujeres pobres son las que más hijos tienen, con inadecuados espacios intergenéricos. Aplicar principios de equidad al ejercicio del derecho humano de la salud permitirá invalidar o anular las desventajas derivadas de las desigualdades creadas socialmente a partir de diferencias que la sociedad llega a valorar44.

Derecho a obtener servicios de salud especializados con información y consentimiento voluntario y bien fundado.

41 www.cnm.gov.ar 42 Según el Artículo 12. 2. d del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

43 Cfr., Comité DESC, Observación General núm. 14 (2000): "El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (Artículo 12)", párrafos 3 y 4.

44 García Prince Evangelina. “Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De qué estamos hablando? Proyecto Regional del PNUD “América Latina Genera: Gestión del Conocimiento para la Equidad de Género en Latinoamérica y el Caribe”. San Salvador, 2008.


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Protección Nacional

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Constitución de la República, 1983

Art. 1 “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Art. 65 “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. Art. 66 El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. Art. 69 “El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de organismos de vigilancia. Asimismo el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar.

Código de Salud. 27.07.89. Decreto Legislativo No 294

Art. 48 “Es obligación ineludible del Estado promover, proteger y recuperar la salud de la madre y del niño, por todos los medios que están a su alcance. Para los efectos del inciso anterior, los organismos de salud correspondientes prestarán Atención preventiva y curativa a la madre durante el embarazo, parto o puerperio, lo mismo que al niño desde su concepción hasta el fin de su edad escolar. Nutrición. Art. 52 “El Ministerio dictará medidas y realizará actividades para prevenir la desnutrición y deficiencias específicas de la población en general especialmente de los niños pre escolares y escolares, de las mujeres embarazadas, madres lactantes y de los ancianos.


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Art. 12.1”Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. Art. 14.2 “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para la eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad ente hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le aseguran el derecho a: b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU, 16.12.66. Ratificado 23.11.79, D.L. No 27

Art. 10 “Los Estados Partes en el presente pacto reconocen que: 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se el debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. Art. 12.1 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer. ONU, 07.11.67. Resolución 2263

Art. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la mujer, casada o no, derecho iguales a los hombres en materia de educación en todos los niveles, y en particular: e) Acceso a material informativo para ayudar a asegurar la salud y bienestar de la familia.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer. ONU. Beijing, 1995

Párrafo 106: Medidas que han de adoptar los gobiernos, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de empleadores y trabajadores y con el respaldo de instituciones internacionales:

f) Reformular los sistemas de información, los servicios y la capacitación en materia de salud destinados a los trabajadores de la salud de manera que respondan a las necesidades en materia de género y se hagan eco de las perspectivas de los usuarios con respeto a la capacidad de comunicación y relación personal y del derecho del usuario a la privacidad y confidencialidad. Estos servicios y los servicios de información y capacitación deben basarse en un enfoque integral.

g) Asegurarse de que todos los servicios y

trabajadores relacionados con la atención de salud respetan los derechos humanos y siguen normas éticas, profesionales y no sexistas a la hora de prestar servicios a la mujer, para lo cual se debe contar con el consentimiento responsable, voluntario y bien fundado de esta. Alentar la preparación, aplicación y divulgación de códigos de ética orientados por los códigos internacionales de ética médica al igual que por los principios éticos que rigen a otros profesionales de la salud.

h) Adoptar todas las medidas necesarias para

acabar con las intervenciones médicas perjudiciales para la salud, innecesarias desde un punto de vista médico o coercitivas y con los tratamientos inadecuados o la administración


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excesiva de medicamentos para la mujer, y hacer que todas las mujeres dispongan de información completa sobre las posibilidades que se les ofrecen, incluidos los beneficios y efectos secundarios posibles por personal debidamente capacitado.

o) Conseguir que las muchachas y las mujeres de cualquier edad que tengan discapacidad reciban servicios de apoyo.

Párrafo 108. Medidas que han de adoptar los gobiernos, los organismos internacionales, incluidas las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales y multilaterales y las organizaciones no gubernamentales: d) Reconocer el alcance de la pandemia VIH‐SIDA en sus países, teniendo en cuenta en especial su repercusión en las mujeres, con miras a garantizar que las mujeres infectadas no sean estigmatizadas ni sufran discriminación, incluso durante los viajes.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. OEA. Protocolo de San Salvador, 1988. Ratificado 05.05.95, D.L. No 320

Art. 10.1 “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a) La atención primaria de salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad.

b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado.

c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.

d) La preservación y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole.

e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud.

f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. OEA. Colombia, 1948.

Art. XI. Derecho a la Preservación de la Salud y el Bienestar. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes a nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe. OEA. 1995‐2001.

Objetivo Estratégico II.5.80 “Asegurar la atención preventiva e integral de la salud de las mujeres, respetando su identidad étnica y cultural, y garantizarles la adecuada calidad de estos servicios y un acceso equitativo a ellos en todas las etapas de su vida, considerando la incidencia diferencial del género en los procesos de salud y enfermedad.


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Acción Estratégica II.5ª.81 “Fomentar el establecimiento de programas descentralizados de atención preventiva para una salud integral, especialmente en áreas rurales, asegurando que en su diseño y ejecución participen en forma equitativa las mujeres, y que se adopten medidas que permitan la prestación de servicios adecuados financiables, accesibles y culturalmente aceptables.

Carta de la Organización de Estados Americanos. OEA, Colombia, 02.05.48. Modificada por Conferencias de Buenos Aires, 27.02.67 Y Cartagena de Indias 05.12.85.

Art. 33:

i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la Ciencia Médica.

j) Nutrición adecuada, particularmente por medio de la

aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos.


Art. 16.1 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y as relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

Excluir o Restringir el uso de Servicios especializados para la Atención de la Salud Reproductiva y Sexual de la Mujer.

También el Comité de la CEDAW se ha pronunciado sobre la obligación de los estados en la esfera de salud reproductiva en su recomendación 24 sobre la mujer y la salud, declarando que los estados partes deben ejecutar una estrategia para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida. Lo que deberá incluir el acceso universal de todas las mujeres a


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una plena variedad de servicios de salud de gran calidad y asequibles, incluidos servicios de sexual y reproductiva45.

La salud reproductiva definida por la Organización Mundial de la Salud incluye la salud sexual al establecer que es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de dolencias o enfermedades entonos lo aspectos relacionados con el sistema reproductivo y a sus funciones y procesos.

Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, a infecciones o sometimientos sexuales; y la relativa al proceso reproductivo que implica poder decidir el momento y circunstancias del embarazo así como desarrollarlo en condiciones que no expongan a la mujer o al niño a situaciones de riesgo.

Asociados al concepto de salud reproductiva se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales son reconocidos como derechos humanos básicos y son parte inalienable, integral e indivisible de los mismos.

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994, los gobiernos acordaron un conjunto de aspectos que fomentan la salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres. Entre estos puntos encontramos:

1º. Afirmación de principios básicos de los derechos humanos en programas y políticas de población.

2º. Fomento de la autonomía de las mujeres en las distintas esferas de su vida.

3º. Reconocimiento del papel central de la sexualidad y las relaciones entre hombres y

mujeres así como aspectos relativos a la salud y derechos de las mujeres. 4º. Afirmar el rol fundamental de los hombres en la responsabilidad sobre su

comportamiento sexual, su fecundidad, el contagio de enfermedades de transmisión sexual y el bienestar de sus parejas, hijos e hijas que procreen.

45 Observaciones del Comité de la CEDAW: Chile, 09 de julio, 1999.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. ONU. El Cairo, 1994.

Principio 8. “Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de coacción. 4.4. Los países deberían adoptar medidas para habilitar a la mujer y eliminar la desigualdad ente hombre y mujeres a la brevedad posible: c) Eliminando todas las prácticas que discriminan contra la mujer; ayudando a la mujer a establecer y realizar sus derechos, incluidos los relativos a la salud reproductiva y sexual. 4.9. Los países deberían adoptar medidas exhaustivas para eliminar todas las formas de explotación, abuso, acoso y violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Esto supone la adopción de medidas preventivas y de rehabilitación de las víctimas… 4.16. Los objetivos son: c) Mejorar el bienestar de las niñas, especialmente en lo que respecta a la salud, la nutrición y la educación. 7.24. Planificación de la Familia: Los gobiernos deberían tomar medidas oportunas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en ningún caso debería promoverse como método de planificación de la familia, y proporcionar en todos los casos un trato humanitario y orientación a las mujeres que han recurrido al aborto. 8.22. Salud de la mujer y la Maternidad sin riesgo: Todos los países, con apoyo de todos los sectores de la


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comunidad internacional, deberían aumentar la prestación de servicios de maternidad en el marco de la atención primaria en salud. Estos servicios, basados en el concepto de la elección basada en una información correcta, deberían incluir la educación sobre la maternidad sin riesgo, cuidados prenatales coordinados y eficaces, programas de nutrición materna; asistencia adecuada en los partos evitando el recurso excesivo a las operaciones cesáreas y prestando atención obstétrica de emergencia; servicios de remisión en los casos de complicaciones en el embarazo, esparto y el aborto, atención prenatal y planificación de la familia…” 8.23 “Todos los países, y en especial los países en desarrollo, con el apoyo de la comunidad internacional, deberían tratar de reducir todavía más la mortalidad materna adoptando medidas para impedir, detectar y tratar los embarazos y nacimientos de alto riesgo, en particular entre las adolescentes y las parturientas de más edad. 8.34 “El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Los gobiernos deberían elaborar políticas y directrices para eliminar la discriminación contra las personas infectadas con el VIH y proteger sus derechos y los de sus familias…”.


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INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe. OEA. 1995‐2001.

Acción Estratégica II. 5h 88 “Proporcionar mejores servicios de planificación familiar y establecer para todas las mujeres incluyendo a las mujeres familiar y establecer para todas las mujeres incluyendo a las mujeres con embazados no deseados, sistemas de información y asesoramiento humanitario en que se reconozca la importancia del aborto como un problema de salud pública, sin perder de vista que en ningún caso se le puede considerar como método de planificación familiar….”. Acción Estratégica II.5J 90 “Respetar el derecho de la pareja y de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos, y fortalecer la capacidad de las mujeres para ejercer derecho básico poniendo a disposición, tanto de ellas como de los hombres, la información, la educación y los medios necesarios para ello; realizar programas y actividades educativas para que los hombres participen más equitativa y responsablemente en la planificación familiar”.


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Excluir o Restringir información objetiva y completa sobre la utilización de métodos de planificación de la familia.



Art. 10 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con nombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: h) Acceder al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y asesoramiento sobre planificación de la familia.

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. ONU. El Cairo, 1994.

7.14. Planificación de la Familia. c) Poner servicios de Planificación de la familia de buena calidad y aceptables al alcance y disposición de cuantos los necesitan y desean, manteniendo su carácter confidencial. d) Mejorar la calidad de los servicios de asesoramiento, información, educación y comunicaciones en materia de planificación de la familia. e) Lograr que los hombres participen más y asuman una mayor responsabilidad práctica en la planificación de la familia. 7.23. En los años venideros, todos los programas de planificación de la familia deben esforzarse de modo significativo por mejorar la calidad de la atención. Entre otras medidas, los programas deberían:


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a) Reconocer que los métodos apropiados para las parejas y las personas varían según la edad, el número de partos, el tamaño de la familia, la preferencia y otros factores, y velar por que mujeres y hombres tengan información sobre la mayor gama posible de métodos inocuos y eficaces de planificación de la familia y acceso a ellos, para que puedan tomar decisiones libres y bien informadas. h) Los programas de planificación de la familia y salud reproductiva deberían hacer hincapié en la lactancia materna y en los servicios de apoyo que pueden contribuir a la vez al espaciamiento de los nacimientos, a la mejora de la salud de la madre y del hijo y al descenso de la mortalidad infantil.

8.26. Salud de la Mujer y la Maternidad sin Riesgo. Los programas destinados a reducir la morbilidad y mortalidad maternas deberían incluir información y servicios de salud reproductiva, incluidos servicios de planificación de la familia. A fin de reducir los embarazos de alto riesgo, los programas de salud materna y maternidad sin riesgo deberían incluir asesoramiento e información sobre planificación de la familia. 11.15 “Información, educación y comunicación en materia de población. d) Mejorar la capacidad de las parejas y los individuos para ejercer su derecho básico de decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el espaciamiento de los nacimientos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para ellos.


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4º) DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 4.1 Derecho de acceso a la justicia sin discriminación La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en adelante “CIDH”, en su informe sobre el Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, 2007, define el concepto de "acceso a la justicia" como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos46. La CIDH ha establecido que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Es decir, que una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad. Asimismo, destaca que el análisis de los obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a la justicia en las Américas, se ha efectuado considerando problemas estructurales47 propios de los sistemas de la administración de la justicia en la región latinoamericana y que los mismos afectan más a las mujeres, como consecuencia de la discriminación histórica que sufren. La cual se refleja en patrones y comportamientos socioculturales que obran en detrimento de las mujeres y obstaculizan la implementación del marco jurídico existente y la sanción efectiva de los actos de violencia. Es claro, que los cambios legislativos, políticos e institucionales en las sociedades del hemisferio ha excedido el avance de los cambios en la cultura de hombres y mujeres ante la violencia y la discriminación, y este problema se manifiesta en la respuesta de los funcionarios judiciales ante actos de violencia contra las mujeres.

46 Organización de Estados Americanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”. OEA/Ser.L/v/ii, 20 de enero 2007. 47 Organización de Estados Americanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”. OEA/Ser.L/v/ii, 20 de enero 2007.


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Así, Alda Facio describe en su análisis sobre el fenómeno legal al definir el componente estructural y político cultural como las tradiciones, costumbres, creencias, actitudes y valores que se tienen en la comunidad y reproducen el sistema patriarcal48 al reforzar en sus actuaciones, pensamiento, omisiones o creencias los roles y estereotipos sociales que construyen prejuicios que otorgan poderes o desventajas según sea el caso. Es por ello que es determinante la reconstrucción de estos prejuicios para no reproducir el sistema, tarea fundamental que debe cumplir la administración de justicia, ya que sin ella se corre el riesgo de dictar actuaciones y resoluciones injustas. El mismo sistema interamericano reconoce que la violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos. Por otra parte, a pesar del reconocimiento formal y jurídico de los Estados de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la gravedad y la prevalencia del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida; la misma CIDH ha constatado que aún existe un patrón de impunidad sistemático en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres, los casos no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de la justicia en el hemisferio. 48 Jiménez Sandoval, Rodrigo: Protocolo de incorporación de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales. (CNJ-ECJ), 2008. Sistema Patriarcal: “ Es el sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, tomando como excusa una diferencia biológica sexual y su significado genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad otorgándole una serie de privilegios e institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. Dicha opresión se manifiesta de diferentes maneras, en distintas sociedades en todos los ámbitos en que se desarrolla la vida y se entrelaza con otros factores como la preferencia sexual, la edad, la etnia, la clase, la religión, la discapacidad. El fin último de este sistema es lograr a través de sus instituciones patriarcales como son la familia, la biología, historia, medicina, trabajo, derecho, etc., la manutención y perpetuación de la superioridad y el poder masculino sobre las mujeres. Jiménez Sandoval, Rodrigo “Protocolo de incorporación de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales


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Protección Nacional y Sistema Universal

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Constitución de la República, 1983.

Art. 2. “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a ala propia imagen. Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ONU. 1966. Ratificado 23.11.79, D.L. No 27.

Art. 2.2 “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. Art. 14 “Todas las personas son iguales ante los Tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ONU, 18.12.79. Ratificada 02.06.81. D.L No 705.

Art. 15.2 “Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los


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tribunales.

Declaración Universal de Derechos Humamos. ONU, 10.12.48. Resolución No 217.

Art. 10 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Declaración sobre principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y el abuso de poder. ONU, 29.11.85.

“Acceso a la justicia y trato justo. Art. 4. “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que haya sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”.

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Código Procesal Penal. D.L. No 904 de 04/12/96

Derechos de la Víctima. Art. 13 La víctima tendrá derecho: 1. A intervenir y tener conocimiento de todas las

actuaciones ante la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, cualquier tribunal y conocer el resultado de las mismas.

2. A ser informada de sus derechos y a ser asistida por

un abogado de la Fiscalía General de la República cuando fuere procedente o por el apoderado especial en su caso.

3. A que se le nombre traductor o interprete cuando

sea necesario 4. A ser oída previamente ante cualquier solicitud

favorable al imputado, salvo los casos en que


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habiéndose citado no comparezca ala audiencia; 5. A impugnar las resoluciones favorables al acusado

cuando no haya intervenido en el procedimiento. 6. A ser escuchada en la fase ejecutiva de la pena antes

de conceder permiso de salida a los condenados, libertad condicional o la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

7. A ser notificada del abandono o desistimiento de la

querella o de la acusación 8. A ofrecer pruebas personalmente en las etapas

procesales determinadas para tal fin en este Código, sin perjuicio de las facultades conferidas al fiscal o al querellante.

9. A ser indemnizada por los prejuicios derivados del hecho punible, a que se le reparen los daños ocasionados por el mismo o a que se le restituya el objeto reclamado.

10. A que no se revele su identidad, ni de la de sus

familiares cuando:

a. Cuando fuere menor de edad b. Cuando tal revelación implicare un peligro

evidente para la misma c. Cuando la victima lo solicite

11. A recibir protección en albergues especiales tanto su persona como su entorno familiar, en los casos que la policía, el fiscal o el juez lo estimen conveniente por la complejidad de las circunstancias o se presuma riesgo para sus personas. De conformidad a la ley especial.

12. A recibir apoyo psicológico o siquiátrico, cuando sea

necesario 13. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de

edad:


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a) A que se le brinden facilidades para la rendición de su testimonio en ambientes formales, ni hostiles y que se grabe su testimonio para facilitar su reproducción en la vista pública cuando sea necesario, y,

b) A que se de aviso de inmediato a la Fiscalía

General de la República

14. Los demás establecidos en este Código, en tratados vigentes y en otras leyes.

Sistema Interamericano

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. OEA, 09.06.94, Ratificada, 23.08.95, Decreto Legislativo No 430.

Art. 4 “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.

Art. 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y conviene en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:


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e) Establecer los mecanismos judiciales y

administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. San José, Costa Ricas, 22.11.69. Ratificada 15.06.78, D.L. No 5.

Art. 8 GARANTIAS JUDICIALES. 1 “ Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter. Art. 25 PROTECCIÓN JUDICIAL. 1 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo o rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 2 “Los Estados Partes se comprometen: a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los hechos de toda persona que interponga tal recurso: b)A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.


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4.1 Rechazo de denuncia sobre Delitos Sexuales o Violencia Intrafamiliar Protección Nacional y Sistemas Interamericano

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Constitución de la República, 1983

Art. 3. “Todas las personas con iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basan en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarias”. Art. 11 “Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída ni vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa. La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad, También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, síquica o moral de las personas detenidas”.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. San José, Costa Ricas, 22.11.69. Ratificada 15.06.78, D.L. No 5.

Art. 11.1 “Protección de la honra y de la dignidad”. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OEA, 1948

Art. XVIII “Derecho a la Justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve pro el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrado constitucionalmente”.


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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. OEA, 09.06.94. Ratificada 23.08.95, Decreto Legislativo No. 430.

Art. 4 “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejerció y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

f) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”.

Art. 7. “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y el llevar a cabo lo siguiente: f) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.


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4.2 Negligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Sistemas Universal, Interamericano y Protección Nacional


Art. 3 “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basan en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ONU, 1966. Ratificado 23.11.79, Decreto Legislativo, No. 27.

Art. 2.3 “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recursos efectivo, aún cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ONU, 18.12.79. Ratificada 02.06.81, D.L, No 705.

Art. 2 “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, un política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:


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c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”.

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de

discriminación contra la mujer y velar porque las instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. OEA, 09.06.94, Ratificada, 23.08.95, Decreto Legislativo No 430.

Art. 7 “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, ONU, 07.11.67. Resolución 2263.

Art. 4 “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: c) Poder con la debida diligencia a fin de prevenir,

investigar y conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares.


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5º) VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 5.1 Negligencia de la autoridad pública en la prestación del debido auxilio o atención a la o las

víctimas de violencia genérica. Sistemas Universal, Interamericano y Protección Nacional


Art. 1 “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

Declaración de Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. ONU, 29.11.85.

Art. 14 Asistencia. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, sicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos. Art. 15 Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. Art. 16 Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. OEA, 09.06.94, Ratificada, 23.08.95, Decreto Legislativo No 430.

Art. 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medias específicas, inclusive programa para: d) Suministrar los servicios especializados apropiados


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para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; f) Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social.

Código Penal., D.L. No. 1030 de 26/04/97

Denegación de Auxilio. Art. 323 “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública o el encargado de un servicio público que sin causa justificada omitiere, rehusare, o retardare la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad competente, será sancionado con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el desempeño del empleo o cargo por igual tiempo.

Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. 28.11.96. Decreto Legislativo No 902.

Art. 10. Siempre que la Policía Nacional Civil, tenga conocimiento o recibiere aviso que una persona es víctima de violencia intrafamiliar, deberá tomar las medidas necesarias para evitar que dicha persona sea maltratada y deberá realizar las gestiones siguientes:

a) Si la víctima manifiesta que ha sufrido golpes o heridas aunque no sean visibles, daños emocionales o cuando se encontrare inconsciente, o en cualquier caso que requiera atención médica, deberá auxiliarla y hará los arreglos necesarios para que reciba el tratamiento médico que necesite y le proveerá el transporte hasta un centro de atención o servicios médico, donde pueda ser atendida;

b) Si la víctima o familiares manifiestan preocupación por su seguridad personal, de la de sus hijos, hijas o cualquier otro miembro de la familia, deberá hacer los arreglos necesarios para conducirlos a un lugar adecuado, donde


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puedan ser atendidos; c) Asesorar a la víctima de violencia intrafamiliar

sobre la importancia de preservar las evidencias;

Proveerá a la víctima de información sobre los derechos que esta ley le confiere y sobre los servicios gubernamentales o privados, disponibles para las víctimas de violencia intrafamiliar.

5.2 Negligencia por parte de la autoridad pública en la intervención al tener conocimiento del

hecho de violencia genérica. Protección Nacional y Sistemas Interamericano


Art. 2 “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización, conforme la ley, por daños de carácter moral.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. OEA, 09.06.94. Ratificada 23.08.95, D.L. No 430 de 1994.

Art. 7 lit. b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. f) Establecer procedimientos legales justos y

eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.


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5.3 Tolerancia de la Autoridad Pública ante cualquier forma de violencia en contra de la Mujer 5.4 Protección Nacional y Sistemas Interamericano

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS.

Constitución de la República. 1983

Art. 235. “Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes.


Art. 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y sicológica: c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus

agentes, donde quiera que ocurra. Art. 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.


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Código Penal. D.L. No. 1030 del 26/04/1997

Actos Arbitrarios. Art. 320. “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daños en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por el mismo tiempo. Incumplimiento de Deberes. Art. 321. “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo. Cuando el incumplimiento del deber dé lugar a un hecho delictivo, o sea motivo de otro, la sanción se incrementará en una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación del cargo por igual periodo.

5.5 Derecho a una vida libre de violencia física, sicológica y sexual, tanto en el ámbito público

como privado. Las leyes salvadoreñas también consignan el derecho de protección contra toda forma de violencia en el ámbito público y privado, incluida la violencia sexual y el acoso sexual. El art. 2 Cn., al expresar que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, garantiza la protección a la integridad física y moral e impone sobre el Estado la obligación de establecer condiciones de seguridad e implementar programas para evitar la violencia en todas sus formas, sobre la base del principio de igualdad para todos/as.


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Sistemas Universal, Interamericano y Protección Nacional


Art. 2 “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Art. 8 Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que la ley no prohíbe.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ONU, 1966. Ratificado 23.11.79, Decreto Legislativo, No. 27.

Art. 6.1 “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Art. 7 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. ONU. BEIJING, 1995.

Declaración de Beijing: Nosotros los gobiernos que participamos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, estamos decididos a: Párrafo 29: Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.


Art. 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA, San José, Costa Rica, 22.11.69. Ratificada 15.06.78, D.L. No 5.

Art. 4. Derecho a la Vida. 1 “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida


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arbitrariamente. Art. 5. Derecho a la integridad personal.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral.

2. Nadie deber ser sometido a torturas ni

apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. ONU. BEIJING, 1995.

Declaración de Beijing: Nosotros los gobiernos que participamos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, estamos decididos a: Párrafo 29: Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Plataforma de Acción. Párrafo 113: “La expresión violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Informe preliminar presentado por el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, de conformidad con la resolución 1994/45 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Párrafo 102: “…La responsabilidad del Estado por la violencia de los derechos humanos de la mujer por sujetos de derecho privado está prevista en el derecho


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internacional consuetudinario. Se considera que los Estados son jurídicamente responsables de los actos u omisiones de los sujetos de derecho privado en los siguientes casos: a. Cuando la persona es una gente del Estado; b. Cuando los actos privados quedan comprendidos

en una obligación dominante de un tratado; c. Cuando el Estado es cómplice de actos ilícitos; d. Cuando el Estado no vigila con la debida diligencia

los actos a los particulares de derecho privado. Párrafo 103: “Por regla general, la norma de la debida diligencia se la acepta como medida para evaluar la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos cometidas por sujetos de derechos privado.

5.6 Violencia física, sicológica y sexual en el ámbito familiar Sistemas Universal, Interamericano y Protección Nacional

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Constitución de la República. 1983.

Art. 32. La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio pero la falta de éste no afectará el goce de los derechos que se establezcan a favor de la familia.


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Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer. ONU, 07.11.67. Resolución 2263.

Art. 2. “Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: a) La violencia física, sexual y sicológica que se

produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. ONU. Beijing, 1995.

Violencia contra la Mujer. Párrafo 113: “…La violencia contra las mujeres puede tener, entre otras, las siguientes formas: a) La violencia física, sexual y sicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y de la violencia relacionada con la explotación.


Preámbulo: “La violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Art. 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y sicológica: a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o


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en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.

Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. 28.11.96, D.L. No 902.

Art. 3. Constituye violencia intrafamiliar, cualquier acción u omisión, directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia.

5.7 Violencia física, sicológica y sexual en el ámbito familiar Protección Nacional

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Código de Familia. 11.04.94. Decreto Legislativo No 830.

Concepto de Familia. Art. 2. “La familia es el grupo social permanente, constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco”. Protección de la Familia. Art. 3. “El Estado está obligado a proteger a la familia, procurando su integración, bienestar, desarrollo social, cultural y económico”. Igualdad de derechos y deberes. Art. 36 “Los cónyuges tiene iguales derechos y deberes; y por la comunidad de vida que entre ellos se establece, deben vivir juntos, guardarse fidelidad, asistirse en toda circunstancia, y tratarse con respeto, tolerancia y consideración…”.

Código Penal. Decreto Legislativo No. 1030 de fecha 26/04/1997

DE LA VIOLACIÓN Y OTRAS AGRESIONES SEXUALES Violación Art. 158 El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía


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vaginal o anal con otra persona, será sancionado con prisión de seis a diez años. Art. 4.‐ Refórmase el Art. 159, así: “VIOLACIÓN EN MENOR O INCAPAZ El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años. Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo.” OTRAS AGRESIONES SEXUALES, Art. 160.‐ “El que realizare en otra persona cualquier agresión sexual que no sea constitutiva de violación, será sancionado con prisión de tres a seis años. Si la agresión sexual consistiere en acceso carnal bucal, o introducción de objetos en vía vaginal o anal, la sanción será de seis a diez años de prisión. Art. 5.‐ Reformase el Art. 161, así: “AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la


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incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso segundo del Artículo anterior, la sanción será de catorce a veinte años de prisión.” VIOLACIÓN Y AGRESIÓN SEXUAL AGRAVADA. Art. 161. . “Los delitos a que se refieren los cuatro artículos anteriores serán sancionados con la pena máxima correspondiente, aumentada hasta en una tercera parte, cuando fueren ejecutados:

1. Por ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes adoptados o cuando se cometiere en la prole del cónyuge o conviviente;

2. Por autoridad pública o por cualquier otra persona que tuviere bajo su custodia a la víctima;

3. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad.

4. Por persona encargada de la guarda, protección o vigilancia de la víctima.

5. Cuando se4 ejecutare con el concurso de dos o más personas; y

6. Cuando se hiciere uso de medios, modos o instrumentos especialmente brutales, degradantes o vejatorios.

7. Con abuso de relaciones domésticas o de confianza derivada de relaciones de trabajo.

DETERMINACIÓN A LA PROSTITUCIÓN. ART. 170.‐ El que determinare, coactivamente o abusando de una situación de necesidad, a una persona para que ejerciere la prostitución o se mantuviere en ella, será sancionado con prisión de seis a diez años. La pena de prisión será de ocho a doce años cuando la


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victima fuere menor de dieciocho años de edad. Cuando cualquiera de estas modalidades fuere ejecutada prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, la pena se agravará hasta en una tercera parte del límite máximo.

5.8 Violencia física, sicológica y sexual ejercida en los centros de estudio, de trabajo y en la

prestación de servicios de salud y de asistencia Sistemas Universal e Interamericano

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ONU, 18.12.79. Ratificada 02.06.81, Decreto Legislativo no 705.

Art. 12. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación familiar.

Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer. ONU, 07.11.67. Resolución 2263.

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: Art. 2 b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. ONU. Beijing, 1995.

Párrafo 126: Medidas que han de adoptar los gobiernos, los empleadores, los sindicatos, las organizaciones populares y juveniles y las


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organizaciones no gubernamentales según proceda: a) Desarrollar programas y procedimiento tendientes a eliminar el hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra la mujer de todas las instituciones de enseñanza, lugares de trabajo y demás ámbitos.


Art. 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y sicológica: b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Convenio No 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. OIT, 25.06.58. Ratificado 26.08.94, D.L. No 78

Art. 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.


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5.9 Violencia Genérica Carcelaria: Municipal, Policial y Centros Penales Protección Nacional y Sistemas Universal


Art. 2 Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ONU, 16.11.66. Ratificado 23.11.79, D.L. No 27.

Art. 10.1. “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados…”

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ONU, 10.12.84

Art. 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes a incidentales a éstas.


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Art. 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ONU. 17.12.79

Art. 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Art. 3 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrá usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Art. 5 Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenazas de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. San José, Coste Ricas, 22.11.69. Ratificada 15.06.78, D.L. No 5

Art. 5. Derechos a la Integridad Personal. 2 “Nadie deber ser sometido a torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.


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Sistemas Universal e Interamericano

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. ONU, 30.08.55. Primer Congreso sobre la Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes.

Art. 30.1 “Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. Art. 31. “Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. Art. 33. Medios de coerción. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán empelarse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos:

a) Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa;

b) Por razones médicas y a indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los

demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales en estos casos el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa superior.

Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. ONU, 09.12.88.

Principio 1 “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.


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Principio 5.2 “Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se consideran discriminatorias. La necesidad y la aplicación de tales medidas estarán siempre sujetas a revisión por juez u otra autoridad”.


Art. 7 “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.


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Protección Nacional

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Ley del Régimen de Centros Penales y de Readaptación. Decreto Legislativo. No. 427. 11.09.73.

Garantías de los reclusos. Art. 5 “La ejecución de las penas y medidas de seguridad estará exenta de torturas y de actos o procedimientos vejatorios. Del personal penitenciario o de los centros de internación que ordenase realizar o permitiere tales abusos, estará sujeto a las medidas disciplinarias que se determinen, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir.

Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Decreto Legislativo No. 269. 25.06.92

Código de Conducta. Art. 25.4 “Ningún miembro de la Policía Nacional Civil podrá infligir, instigar o tolerar |ningún acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanazas o degradantes; ni podrá invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Art. 25.5. “Los miembros de la Policía Nacional Civil asegurarán la plena protección de la integridad y de la salud de las personas bajo su custodia, y en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.


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5.10 Violencia Física, Psíquica y Sexual en la Comunidad Sistemas Universal, Interamericano y Protección Nacional


Art. 2 Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.


Art. 2. Se entenderá por violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y sicológica: b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada

por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. ONU, 07.11.67

Art. 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada

dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educaciones y esotros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

Informe presentado por la Relatora Especial Radica Coomaraswamy sobre la violencia

Párrafo 8. “La comunidad puede ser también el ámbito que determina las restricciones a la sexualidad


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contra la mujer. Comisión de Derechos Humanos de la ONUI. 53º período de sesiones, tema 9.

femenina y su regulación. En muchos casos, las mujeres y las niñas son víctimas de violencia en sus comunidades en razón de su sexualidad y su comportamiento sexual. Un componente esencial de la identidad comunitaria y, por lo tanto, que determina los límites de la comunidad, es la defensa del honor comunitario. Es común que tanto los miembros de una comunidad como los que no son miembros consideren que ese honor radica en el comportamiento sexual de las mujeres de la comunidad. Por consiguiente, las comunidades vigilan el comportamiento de sus miembros mujeres. Párrafo 14. Establece la responsabilidad del Estado al decir que: “Al igual que en la violencia contra la mujer en el hogar, la violencia contra la mujer en la comunidad trae a primer plano la importante cuestión de la responsabilidad de los Estados por los actos de agentes no estatales y particulares”. En el pasado, en razón de una interpretación estricta de la normas de derechos humanos se consideraba que el Estado era responsable sólo de sus propios actos o de los de sus agentes y que los actos de los particulares entraban en la esfera de la justicia penal. Sin embargo, en los últimos tiempos está prevaleciendo una visión más realista, en que se supone que los Estados deben proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares.


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6.10 Violencia Física, Psíquica y Sexual por parte de los agentes, funcionarios o autoridades

del estado, utilizando las prerrogativas de su función pública. Protección Nacional y Sistemas Interamericano


Art. 1. “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado par ala consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”.


Art. 2. “ Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y síquica: c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus

agentes, donde quiera que ocurra. Art. 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de

violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instrucciones se comporten de conformidad con esta obligación.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. San José, Coste Ricas, 22.11.69. Ratificada 15.06.78, D.L. No 5

Art. 5. Derecho a la integridad personal. 1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su

integridad física, síquica y moral.


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6º) ACOSO SEXUAL El acoso sexual no solo es una forma de violencia, sino además un hecho punible definido como la realización de actos no deseados de inequívoco carácter sexual. Si bien el bien jurídico protegido, en principio, es la libertad sexual, también está en juego la discriminación sexual. Por parte del acosador hay una infravaloración del sujeto pasivo. La víctima es tratada como un simple objeto sexual. Por tanto estamos frente a un acto ilícito discriminatorio. La falta de estimación y el desprecio constituyen un tratamiento desigual. En el ámbito laboral esta actitud se agrava por la subordinación económica y jurídica del acosado, máxime si el acoso se acompaña de amenazas. Por su parte, en el Informe de la Relatora Especial Sra. Radhika Coomaraswamy sobre la violencia contra la mujer con inclusión de sus causas y consecuencias (Comisión de derechos humanos, 53 periodos de sesiones, 12.02.97), nos ilustran sobre esta problemática: Párrafo 50. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, el acoso sexual se ha concebido desde el punto de vista del hostigamiento en el trabajo. Según la Comisión de la Igualdad de Oportunidades de Empleo el acoso sexual se caracteriza por las repetidas peticiones o la conducta continua de los supervisores o compañeros de trabajo que implican una situación de discriminación en las condiciones de empleo o crean un entorno laboral perjudicial para los hombres o mujeres. En el título VII de la ley estadounidense de derechos civiles se define el acoso sexual como las insinuaciones sexuales molestas, las peticiones de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual…cuando:

1. La sumisión a tales conductas se ha convertido explícita o implícitamente en un requisito o condición del empleo de una persona.

2. La sumisión de una persona a tales conductas o su rechazo se utiliza como base para tomar las decisiones relativas al empleo que afecten a esa persona.

3. Tales conductas tiene la finalidad o los efectos de influir sustancialmente en los resultados laborales de una persona o en la creación de un ambiente laboral íntimamente, hostil u ofensivo.


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Párrafo 51. Tipos de acoso sexual. 1º. El acoso sexual denominado: quid pro quo. En el que las decisiones relativas a la

contratación, la terminación, la promoción o el sueldo se hacen sobre la base de la respuesta de la empleada a las insinuaciones sexuales. Este tipo de hostigamiento se define según una dinámica de poder cuando el hostigador tiene una determinada influencia sobre las condiciones de empleo de la víctima.

2º. El acoso sexual tiene lugar mediante la creación de un entorno laboral hostil, con

inclusión de:

La discusión de actividades sexuales Los contactos físicos innecesarios La utilización de términos humillantes o fuera de lugar La realización de gestos indecorosos La concesión de ventajas laborales a quienes consienten en participar en actividades sexuales

La utilización de un lenguaje crudo u ofensivo. Derechos Humanos que se violan cuando se da la conducta del acoso sexual DERECHO A LA IGUALDAD

DERECHOA ALA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL

DERECHO A LA LIBERTAD

La mujer es acosada porque en la sociedad ésta ocupa una posición de subordinación y discriminación.

Consiste en el derecho que tiene toda persona a que no se le ocasione algún daño o lesión que menoscabe su integridad corporal; la integridad moral está íntimamente vinculada con la dignidad de toda persona humana.

Este derecho consiste en la facultad que toda persona tiene de escoger y decidir los fines, propósitos y actividades que más le convengan para el desarrollo de su propia personalidad sin coacción alguna.


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Art. 3. Ya que el acoso sexual implica una discriminación en razón del sexo.

Convenio número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. OIT, 25.06.58. Ratificado 26,08, 94, D.L. No. 78

Dicho Convenio obliga a El Salvador a adoptar políticas que fomenten la igualdad de oportunidades en el empleo y a evitar la discriminación. Este convenio permite concebir el hostigamiento sexual como una forma particular de discriminación en razón del sexo, porque la existencia de los actos de hostigamiento limitan la estabilidad en el empleo, el ascenso al que se puede aspirar y propicia un ambiente laboral hostil.

Código de Trabajo. Decreto Legislativo No.15. 30.06.72

Art. 12. El Estado velará por el respeto de los principios de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, incluyendo al acceso a la formación profesional. Art. 29. Son obligaciones de los patronos. 5º Guardar la debida consideración a los trabajadores, absteniéndose de maltratarlos de obra o de palabra. Art. 30. Se prohíbe a los patronos: 12) Establecer cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección de la persona de trabajador.


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Art. 53. Señala las causas de terminación de contrato con responsabilidad para el patrono, No 3 “Por cometer el patrono, en el lugar de trabajo, en contra del trabajador o del grupo de trabajadores en que éste labore y del cual forme parte, o en contra del todo el personal de la empresa, actos que lesionen gravemente su dignidad, sentimientos o principios morales. Se considera que el acoso lesiona gravemente la dignidad de las mujeres sus sentimientos y principios morales.

Código Penal. Decreto Legislativo No 1030 del 26/04/1997. 13.02.73

Capítulo III. Artículo 165 C.Pn “El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años. El acoso sexual realizado contra menor de quince años, será sancionado con la pena de cuatro a ocho años de prisión. Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, se impondrá además una multa de cien a doscientos días multa.”


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7º) TRATA DE MUJERES Protección Nacional

INSTRUMENTO JURIDICO DISPOSICION/ARTS. Código Penal. Decreto Legislativo No 1030 del 26/04/1997. 13.02.73

Comercio de Personas. Art. 367. “El que por sí o como miembro de una organización internacional, se dedicaré al comercio de personas con cualquier fin, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. Si el comercio se realizare con mujeres y niños salvadoreños, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo señalado. Trata de Personas. Art. 367‐B. El que por sí o como miembro de una organización nacional internacional con el propósito de obtener un beneficio económico reclute, transporte, traslade, acoja o recepte personas, dentro o fuera del territorio nacional, para ejecutar cualquier actividad de explotación sexual, mantenerlas en trabajos o servicios forzados, en practicas análogas a la esclavitud, o para extracción de órganos, adopciones fraudulentas o celebración de matrimonios forzados, será sancionado condena de cuatro a ocho años de prisión. Inciso segundo derogado. Todo aquel que facilitare, promoviere o favoreciere cualquiera de las actividades anteriores será sancionado con pena de tres a seis años de prisión. […]. Agravantes al delito de Trata de Personas. Art. 367‐C. El delito al que se refiere el Art. 367‐B del presente Código, será sancionado con la pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte del máximo e inhabilitación del ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure la condena, en los casos siguientes:


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4. Si fuere realizado por funcionarios,

empleados públicos y municipales, autoridad pública, agente de autoridad y los agentes de la Policía Nacional Civil.

5. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o incapaz.

6. Si fuere realizado por personas prevaliéndose de la superioridad originada por relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o cualquier otra relación.

7. Si como consecuencia de la comisión del delito anterior los sujetos pasivos sufren privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de cualquier orden o fallecieren por causa de naturaleza dolosa o culposa.

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