Apartadó, 5 años después de la masacre · rrilla). El último crimen se produjo el pasado 9 de...
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Urabá es una región del noroeste co- lombiano, cuya riqueza y privilegia- da situación geográfica han sido, pa- radójicamente, su desgracia. Sus re- cursos naturales, unidos a que es pa- so obligado para el contrabando de armas y narcóticos con Centro- américa, han provocado la disputa de los grupos armados por su con- trol. A esto se añade el interés del Estado colombiano y grupos empre- sariales por despejar la zona para llevar a cabo varios megaproyectos: un canal interoceánico que compita con el de Panamá y la prolongación de la carretera panamericana. Hasta la segunda mitad de los ‘90 la vio- lencia política provocó unas 2.000 muertes al año. A partir de 1997, el ejército, comandado por el general Rito Alejo del Río, coordinado con los paramilitares, inició la pacifica- ción a sangre y fuego. Las principa- les víctimas fueron –y son– la pobla- ción civil. Los campesinos se vieron envueltos en el fuego cruzado entre ejército, paramilitares y guerrilla, al tiempo que sufrían las presiones de estos mismos grupos para que se pusieran de su lado. Hartos de padecer todo tipo de agresiones, en marzo de 1997, los campesinos de San José de Apar- tadó se constituyeron en comunidad de paz, un mecanismo de resisten- cia civil –posteriormente adoptado por otras comunidades– que impli- ca no admitir en su territorio a nin- gún grupo armado y el compromiso de sus 1.220 habitantes de no cola- borar con ninguno de ellos. La gue- rrilla empezó a dejar de hostigarles, pero militares y paramilitares consi- deraron su neutralidad como com- plicidad con la insurgencia. En es- tos 13 años la comunidad ha segui- do resistiendo, pero ha sufrido 197 asesinatos (20 atribuidos a la gue- rrilla). El último crimen se produjo el pasado 9 de febrero: dos parami- litares mataron a Fabio Manco. Terrorismo de Estado En febrero de 2005 fueron asesina- dos, a garrotazos y machetazos, ocho habitantes de San José. La brutali- dad de esta matanza provocó una fuerte reacción internacional, que ha llevado a procesar a diez militares y varios paramilitares. Pero en ningún caso se ha juzgado a los autores inte- lectuales, algo que propicia que se mantenga esta estrategia de muerte. Un mes antes de la masacre, Luis Eduardo Guerra, líder y fundador de la comunidad, explicó a una comi- sión organizada por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Co- lombia los riesgos que corrían: “Has- ta el día de hoy estamos resistiendo. No sabemos hasta cuándo porque lo que hemos vivido durante toda la his- toria es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos”. El 21 de febrero de ese año el cuerpo de Guerra y otros siete más aparecieron descuartizados. Numerosos pobla- dores acusaron a los soldados de la Brigada XVII y a los paramilitares. El desmentido del Gobierno co- lombiano fue tan rápido como fal- so. El presidente Álvaro Uribe afir- mó: “En esta comunidad hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por perso- nas que han residido allí, de auxi- liar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a es- ta organización terrorista”. Poco después se adoptó como versión oficial la declaración de un presun- to desertor de las FARC, que mani- festó que la matanza fue una ven- ganza de la guerrilla porque dos de los asesinados querían abandonar sus filas. Sin embargo, cinco años después, varios oficiales y para- militares confesaron que la masa- cre se cometió en el transcurso de una operación conjunta, supervi- sada por el general Mario Mon- toya, ex comandante del ejército destituido en 2008 al descubrirse los primeros casos de civiles asesi- nados por soldados para hacerlos pasar por guerrilleros. Ahora, Montoya es embajador de Colom- bia en la República Dominicana. Aquel 21 de febrero, un grupo de paramilitares asesinó a Guerra, a su compañera –Bellanira Areiza, de 17 años– y a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11. Al mismo tiempo, otro escuadrón integrado por paramilita- res y militares mató a Alfonso Bo- lívar Tuberquia, Sandra Milena Mu- ñoz y Alejandro Pérez. Un capitán ordenó degollar a Natalia Andrea Tuberquia, de seis años, y Santiago Tuberquia, de dos. Un paramilitar declaró que el ofi- cial no tuvo misericordia, pese a que éste le propuso hacerse cargo de los niños. El capitán dijo que “no lo po- día aceptar porque la niña estaba grandecita y se daba cuenta de lo que estaba pasando”, recuerda el para- militar. Actualmente, la comunidad vive en San Josesito, el nuevo pueblo que construyeron después de que la Policía llegara a San José. Quieren seguir reivindicando su neutralidad en medio de la guerra sin renunciar a denunciar el terrorismo de Estado y a buscar una salida pacífica y ne- gociada al conflicto. Esta comunidad sufre el asedio de los militares. En los últimos 13 años su población ha sufrido 197 asesinatos, algunos de ellos reconocidos por el Ejército Paco Simón Valencia BREVES COLOMBIA // PARAMILITARES CONFIESAN SU IMPLICACIÓN EN LA MATANZA DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ EN 2005 Apartadó, 5 años después de la masacre En 1997 los campesinos se constituyeron en comunidad de paz, un mecanismo de resistencia civil frente a la violencia SERGIO LANGER GLOBAL // 9 Del 18 al 31 de marzo de 2010 // Diagonal El 16 de noviembre de 2009, el conocido parami- litar Wilfer Higuita detuvo a un campesino y le mostró una lista de personas de San José que iban a ejecu- tar, entre los que figuraban varios líderes de la comuni- dad de paz. A pesar de que la comunidad lo denunció públicamente y ante las autoridades colombianas, el día 29 de ese mismo mes asesinaron a Luis Arnelio Zapata, el primero de la lista. El pasa- do 9 de febrero mataron al segundo: dos paramilitares encapuchados ejecutaron a Fabio Manco. Desde que en 1997 se creó la comu- nidad, 197 de sus habitan- tes han sido asesinados. El acoso también se extiende a quienes apoyan a San José. Jorge Molano, el abo- gado que ejerce la acusa- ción por la masacre de 2005, tiene su móvil inter- venido y su oficina y domi- cilio están siendo vigilados por civiles en una clara actitud intimidatoria. La última lista de personas para ser ejecutadas CAMPESINOS. La población civil en la selva sufre las consecuencias de la guerra entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares. REINO UNIDO // Cárcel por no ir a Afganistán Un soldado británico que se negó a regresar a Afganistán para un segun- do período de servicio fue condenado a nueve meses de prisión en una cár- cel militar. El cabo, Joe Glenton, de 27 años, estuvo siete meses en Afga- nistán, y después se manifestó en contra, según Democracy Now. ÁFRICA // OFENSIVA CONTRA LOS TRIBUNALES ISLÁMICO EE UU entrena tropas somalíes EE UU está ayudando al gobierno so- malí, informa The New York Times, a preparar una ofensiva para tomar Mo- gadiscio, la capital, ahora bajo control de militantes islámicos. En los últimos meses Somalia envió jóvenes a otros países para su instrucción, jóvenes que ahora esperan para combatir. Cedida por comunidad de paz
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Urabá es una región del noroeste co-lombiano, cuya riqueza y privilegia-da situación geográfica han sido, pa-radójicamente, su desgracia. Sus re-cursos naturales, unidos a que es pa-so obligado para el contrabando dearmas y narcóticos con Centro-américa, han provocado la disputade los grupos armados por su con-trol. A esto se añade el interés delEstado colombiano y grupos empre-sariales por despejar la zona parallevar a cabo varios megaproyectos:un canal interoceánico que compitacon el de Panamá y la prolongaciónde la carretera panamericana. Hastala segunda mitad de los ‘90 la vio-lencia política provocó unas 2.000muertes al año. A partir de 1997, elejército, comandado por el generalRito Alejo del Río, coordinado conlos paramilitares, inició la pacifica-ción a sangre y fuego. Las principa-les víctimas fueron –y son– la pobla-ción civil. Los campesinos se vieron
envueltos en el fuego cruzado entreejército, paramilitares y guerrilla, altiempo que sufrían las presiones deestos mismos grupos para que sepusieran de su lado.
Hartos de padecer todo tipo deagresiones, en marzo de 1997, loscampesinos de San José de Apar-tadó se constituyeron en comunidadde paz, un mecanismo de resisten-cia civil –posteriormente adoptadopor otras comunidades– que impli-ca no admitir en su territorio a nin-gún grupo armado y el compromisode sus 1.220 habitantes de no cola-borar con ninguno de ellos. La gue-
rrilla empezó a dejar de hostigarles,pero militares y paramilitares consi-deraron su neutralidad como com-plicidad con la insurgencia. En es-tos 13 años la comunidad ha segui-do resistiendo, pero ha sufrido 197asesinatos (20 atribuidos a la gue-rrilla). El último crimen se produjoel pasado 9 de febrero: dos parami-litares mataron a Fabio Manco.
Terrorismo de EstadoEn febrero de 2005 fueron asesina-dos, a garrotazos y machetazos, ochohabitantes de San José. La brutali-dad de esta matanza provocó unafuerte reacción internacional, que hallevado a procesar a diez militares yvarios paramilitares. Pero en ningúncaso se ha juzgado a los autores inte-lectuales, algo que propicia que semantenga esta estrategia de muerte.Un mes antes de la masacre, LuisEduardo Guerra, líder y fundador dela comunidad, explicó a una comi-sión organizada por la CoordinaciónValenciana de Solidaridad con Co-lombia los riesgos que corrían: “Has-ta el día de hoy estamos resistiendo.No sabemos hasta cuándo porque loque hemos vivido durante toda la his-toria es que hoy estamos hablando,mañana podemos estar muertos”. El21 de febrero de ese año el cuerpo deGuerra y otros siete más aparecierondescuartizados. Numerosos pobla-dores acusaron a los soldados de laBrigada XVII y a los paramilitares.
El desmentido del Gobierno co-lombiano fue tan rápido como fal-so. El presidente Álvaro Uribe afir-mó: “En esta comunidad hay gentebuena, pero algunos de sus líderes,patrocinadores y defensores estánseriamente señalados por perso-nas que han residido allí, de auxi-liar a las FARC y de querer utilizara la comunidad para proteger a es-ta organización terrorista”. Pocodespués se adoptó como versiónoficial la declaración de un presun-to desertor de las FARC, que mani-festó que la matanza fue una ven-ganza de la guerrilla porque dos de
los asesinados querían abandonarsus filas. Sin embargo, cinco añosdespués, varios oficiales y para-militares confesaron que la masa-cre se cometió en el transcurso deuna operación conjunta, supervi-sada por el general Mario Mon-toya, ex comandante del ejércitodestituido en 2008 al descubrirselos primeros casos de civiles asesi-nados por soldados para hacerlospasar por guerrilleros. Ahora,Montoya es embajador de Colom-bia en la República Dominicana.
Aquel 21 de febrero, un grupo deparamilitares asesinó a Guerra, a sucompañera –Bellanira Areiza, de 17años– y a su hijo Deiner AndrésGuerra, de 11. Al mismo tiempo, otroescuadrón integrado por paramilita-res y militares mató a Alfonso Bo-lívar Tuberquia, Sandra Milena Mu-ñoz y Alejandro Pérez. Un capitánordenó degollar a Natalia AndreaTuberquia, de seis años, y SantiagoTuberquia, de dos.
Un paramilitar declaró que el ofi-cial no tuvo misericordia, pese a que
éste le propuso hacerse cargo de losniños. El capitán dijo que “no lo po-día aceptar porque la niña estabagrandecita y se daba cuenta de lo queestaba pasando”, recuerda el para-militar. Actualmente, la comunidadvive en San Josesito, el nuevo puebloque construyeron después de que laPolicía llegara a San José. Quierenseguir reivindicando su neutralidaden medio de la guerra sin renunciara denunciar el terrorismo de Estadoy a buscar una salida pacífica y ne-gociada al conflicto.
Esta comunidad sufre el asedio de los militares. En losúltimos 13 años su población ha sufrido 197asesinatos, algunos de ellos reconocidos por el Ejército
Paco Simón Valencia
BREVES
COLOMBIA // PARAMILITARES CONFIESAN SU IMPLICACIÓN EN LA MATANZA DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ EN 2005
Apartadó, 5 años después de la masacre
En 1997 los campesinosse constituyeron encomunidad de paz, unmecanismo de resistenciacivil frente a la violencia
SERGIO LANGER
GLOBAL // 9Del 18 al 31 de marzo de 2010 // Diagonal
El 16 de noviembre de2009, el conocido parami-litar Wilfer Higuita detuvo aun campesino y le mostróuna lista de personas deSan José que iban a ejecu-tar, entre los que figurabanvarios líderes de la comuni-dad de paz. A pesar deque la comunidad lodenunció públicamente y
ante las autoridadescolombianas, el día 29 deese mismo mes asesinarona Luis Arnelio Zapata, elprimero de la lista. El pasa-do 9 de febrero mataron alsegundo: dos paramilitaresencapuchados ejecutarona Fabio Manco. Desde queen 1997 se creó la comu-nidad, 197 de sus habitan-
tes han sido asesinados. Elacoso también se extiendea quienes apoyan a SanJosé. Jorge Molano, el abo-gado que ejerce la acusa-ción por la masacre de2005, tiene su móvil inter-venido y su oficina y domi-cilio están siendo vigiladospor civiles en una claraactitud intimidatoria.
La última lista de personas para ser ejecutadas
CAMPESINOS. La población civil en la selva sufre las consecuencias de la guerra entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares.
REINO UNIDO //
Cárcel por noir a AfganistánUn soldado británico que se negó aregresar a Afganistán para un segun-do período de servicio fue condenadoa nueve meses de prisión en una cár-cel militar. El cabo, Joe Glenton, de27 años, estuvo siete meses en Afga-nistán, y después se manifestó encontra, según Democracy Now.
ÁFRICA // OFENSIVA CONTRA LOS TRIBUNALES ISLÁMICO
EE UU entrena tropas somalíes EE UU está ayudando al gobierno so-malí, informa The New York Times, apreparar una ofensiva para tomar Mo-gadiscio, la capital, ahora bajo control
de militantes islámicos. En los últimosmeses Somalia envió jóvenes a otrospaíses para su instrucción, jóvenesque ahora esperan para combatir.
Cedida por comunidad de paz
