AP No.55 Sept-dic 2005 Evolucion Sistema de Partidos

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ESTUDIOSRelaciones triangulares en un mundo unipolar: América del Norte,

la Unión Europea y América del Sur

WOLF GRABENDORFF 3

cOyUNTURADe Nuremberg a La Haya

RAINER HUHLE 20

Haití: una intervención desafortunada

JUAN GABRIEL TOKATLIáN 39

DEmOcRAcIAEvolución del sistema de partidos en Colombia 1972-2000.

Una mirada local y regional

DIANA HOyOS GÓmEZ 45

Modelos de decisión electoral y perfiles de votante en Colombia:

Elecciones presidenciales 2002

GARy HOSKIN / RODOLFO mASÍAS / mARcELA GALVIS 60

RESEñAS

Nadando contra la corriente: mujeres y cuotas políticas

en los países andinos

pOR JULIE mASSAL 75

Trabajar con Bourdieu

pOR LUZ GABRIELA ARANGO GAVIRIA 79

Colombia y Venezuela: debates de la historia y retos del presente

pOR cARLOS GERmáN SANDOVAL 84

universidad nacional de colombia

instituto de estudios políticos y relaciones internacionales

iepri

SEpTIEmBRE - DIcIEmBRE 2005 N° 55

comité editorial

Franciso leal Buitragofundador

luis alberto restrepodirector

diana marcela rojaseditora

daniel Pécautcharles BergquistStathis N. KalyvasGonzalo Sánchez GómezHugo Fazioasesores editoriales

carlos Germán Sandovalasistente editorial

comité cieNtíFico

thomas Fischer Alemania

Klaus meschkat Alemania

maria isaura Pereira de Queiroz Brasil

catherine leGrand Canadá

eric Hobsbawm Inglaterra

Preparación editorial, diagramación y distribución

editorial el malpensanteImpresión

Panamericana Formas e impresos S.a.

Impresa en Colombia, 2005

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Wolf Grabendorff*

Relaciones triangulares en un mundo unipolar: América del Norte, la Unión Europea y América del Sur

análisis político n° 55, Bogotá, septiembre-diciembre, 2005: págs. 3-19 IS

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reSumeN

Este artículo considera las posibilidades de funcionamiento del Triángulo Atlántico, tomando en cuenta el carácter y la dimensión de las dependencias históricas que se han desarrollado durante el último siglo, tanto en el terreno económico como en el campo de la seguridad regional. El ascenso de Estados Unidos al estatus de poder mundial y su subsiguiente conversión en el único superpo-der existente en el sistema internacional ha acentuado la asimetría entre las tres regiones partici-pantes del Triángulo, a pesar del notable progreso de la Unión Europea sobre todo en el terreno económico. No obstante la enorme importancia de las relaciones transatlánticas para la Unión Europea, ésta trató de desarrollar durante las décadas de los ochenta y noventa su propio espacio de actuación con respecto a América Latina, si bien con consideración a las sensibilidades geopo-líticas de Estados Unidos. De igual forma, los países de América Latina han sido muy conscientes de sus limitaciones dentro del sistema internacional, sobre todo con relación a sus alianzas con otros países del Tercer Mundo que pudieran desafiar las concepciones de Estados Unidos, dada su dependencia financiera, tanto bilateral con Estados Unidos como multilateral. En este punto debe reconocerse que difícilmente se puede lograr el apoyo de las instituciones financieras internaciona-les si se cuenta con la oposición de Estados Unidos.Palabras clave: Relaciones internacionales, Triángulo Atlántico, Estados Unidos, Europa, América Latina.

Summary

This article considers the operating possibilities of the Atlantic Triangle, taking into account the character and the dimension of the historical dependencies developed during the last century, in the economic field as well as in regional security. The ascent of United States to the status of world power, and its subsequent conversion in the only existent superpower, have accentuated the asym-metry among the three regions of the Triangle, in spite of the European Union’s notable econo-mic progress. Due to the enormous importance of transatlantic relationships, during the eighties and nineties the European Union tried to develop their own space with regards to Latin America, although with consideration to the geopolitical sensibilities of United States. Nevertheless, Latin American countries have been very aware of their limitations within the international system, mainly in relation to their alliances with other countries of the Third World which could challenge American conceptions, given their financial dependence, as much at the bilateral level with United States as in the multilateral level. At this point, it is clearly difficult to achieve support in the inter-national financial institutions if the United States is opposed to it.Keywords: International Relations, Atlantic Triangle, United States, Europe, Latin America.

FecHa de recePcióN: 11/04/2005

FecHa de aProBacióN: 28/04/2005

*director del proyecto sobre seguridad regional

de la friedrich ebert stiftung en chile.

análisis político n° 55, Bogotá, septiembre-diciembre, 2005: págs. 3-19

Relaciones triangulares en un mundo unipolar: América del Norte, la Unión Europea y América del Sur Wolf Grabendorff

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1 Schirm Stefan A., “Europe’s Common Foreign and Security Policy: The Politics of Necessity, Viability, and Ad-equacy”, en Rhodes, Carolyn (ed.), The European Union in the World Community, Boulder, Lynne Rienner, 1998, pp. 65-81.

2 Ramirez Socorro, “Grupo de Rio: trece años de diálogo político”, en Síntesis 1998, enero-diciembre, 1999, pp. 1�1-158.

3 Grabendorff Wolf, “Perspectivas de una integracion política de América del Sur”, en Nueva Sociedad, N° 177, enero-febrero, 2002, pp. 21-��.

4 Boomgaarden Georg, “Europa y América Latina: Los desafíos de un destino común”, en Leiva, Patricio (ed.), América Latina y el Caribe-Unión Europea: una asociación estratégica para el siglo xxi, Santiago de Chile, celare, 1999, pp. 65-96.

i. el triáNGulo atláNtico:

HereNcia comúN y diFereNciaS eStructuraleS

Al hacer el análisis de las relaciones interna-cionales, hay pocas dudas sobre la inestabilidad, por naturaleza, de las relaciones triangulares entre poderes tradicionales. Dicha inestabilidad adquiere unas dimensiones más amplias, desde luego, cuando se trata de unas relaciones tan asimétricas como las que se reflejan, por las di-ferencias de poder, influencia y bienestar, entre las tres regiones del Triángulo Atlántico. A pesar de la herencia común de lo que se considera el “mundo occidental”, este se encuentra dividido en países desarrollados y países en vías de desa-rrollo, siendo, incluso, éste concepto cada vez menos válido, dadas las enormes asimetrías de desarrollo en ambas categorías dentro de estos países que, a su vez, contienen en sí mismos bol-sas de subdesarrollo y de desarrollo.

Además de esta asimetría en el desarrollo, todavía hay que sumar otro factor estructural en lo concerniente a la capacidad de acción del Triángulo Atlántico en el sistema internacional, pues sólo una de las tres partes, Estados Unidos, tiene la ventaja de actuar como un poder unifi-cado, mientras que las otras dos regiones única-mente pueden contar con mecanismos precarios de toma de decisión, que se encuentran sólo parcialmente integrados y operan también a muy distintos niveles. La Política Exterior y de Seguri-dad Común (pesc) de la Unión Europea puede demostrar, a pesar de sus obvias limitaciones, un cierto nivel de coherencia y aplicación1; lo que no es el caso del mecanismo de concertación de América Latina, el llamado “Grupo de Rio”2. En ambos casos se requiere pasar por un engorroso y lento proceso de construcción de consenso inter-no para alcanzar cualquier tipo de acuerdo que conduzca a una posición regional o, incluso, la posibilidad de una acción común.

Este tipo de diferencias estructurales dentro del Triángulo Atlántico están limitando, obvia-mente, cualquier capacidad de acción unificada y rápida en comparación con la de un actor como

Estados Unidos. El desarrollo reciente de los acontecimientos apunta a un cambio limitado en el proceso de toma de decisiones dentro del Triángulo Atlántico, ya que América Latina pare-ce estar fragmentándose geopolíticamente cada vez más en dos partes, Norte y Sur�. El avance del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en la dirección de una “comunidad nor-teamericana”, probablemente incluyendo no sólo México sino también América Central y los países del Caribe, frente a otro proceso de integración de América del Sur, podría ser el comienzo de una mayor aproximación estructural entre las tres partes del Triángulo Atlántico, no sólo con respecto a la complicación del proceso de toma de decisiones intrabloque, sino también en rela-ción con la variedad de diferencias de desarrollo y de cultura política y administrativa dentro de cada una de estas tres regiones.

Cuando se consideran las posibilidades de funcionamiento del Triángulo Atlántico, hay que tomar en cuenta el carácter y la dimensión de las dependencias históricas que se han desarro-llado durante el último siglo, tanto en el terreno económico como en el campo de la seguridad regional. El ascenso de Estados Unidos al estatus de poder mundial y su subsiguiente conversión en el único superpoder existente en el sistema internacional ha acentuado la asimetría entre las tres regiones participantes del Triángulo, a pesar del notable progreso de la Unión Europea sobre todo en el terreno económico. No obstante la enorme importancia de las relaciones trans-atlánticas para la Unión Europea, ésta trató de desarrollar durante las décadas de los ochenta y noventa su propio espacio de actuación con respecto a América Latina, si bien con considera-ción a las sensibilidades geopolíticas de Estados Unidos�. De igual forma, los países de América Latina han sido muy conscientes de sus limitacio-nes dentro del sistema internacional, sobre todo con relación a sus alianzas con otros países del Tercer Mundo que pudieran desafiar las concep-ciones de Estados Unidos, dada su dependencia



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5 Grabendorff, 2002, ob. cit.6 Haubrich Walter, “Schenkel des Dreiecks”, en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2001.7 Reidy Joseph W., Strategy for the Americas, New York, McGraw-Hill, 1966. 8 Rouquié Alain, Amérique latine: Introduction a l’Extreme Occident, Paris, Seuil, 1998.9 Suárez Orozco Marcelo M., “Latin American Emigration to the United States”, en Bulmer-Thomas Victor y Dun-

kerley, James, The United States and Latin America: The New Agenda, London, Institute of Latin American Studies & Cambridge, Mass, David Rockefeller Center for Latin American Studies, 1999, pp. 227-2��.

financiera, tanto bilateral con Estados Unidos como multilateral. En este punto debe recono-cerse que difícilmente se puede lograr el apoyo de las instituciones financieras internacionales si se cuenta con la oposición de Estados Unidos.

Esta similitud en las limitaciones de las alian-zas entre la Unión Europea y América Latina con relación a la posición de Estados Unidos puede incluso acrecentarse, ya que Estados Unidos siempre ha preferido tratar con sus aliados en un plano bilateral antes que trilateral. Sin lugar a du-das, tanto por razones históricas como de seguri-dad, todos los gobiernos de Estados Unidos han manejado de forma sustancialmente diferente las relaciones transatlánticas y las relaciones in-teramericanas, dentro del hemisferio occidental. El mero hecho de que los dos subsistemas inter-nacionales más institucionalizados, la Organiza-ción del Tratado de Atlántico Norte (otan) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar) lleven más de medio siglo dominados por Estados Unidos, explica en gran medida la enorme dificultad para establecer un nuevo sub-sistema entre la Unión Europea y América Latina y que, en consecuencia, se redujera, al menos parcialmente, la asimetría entre las tres partes del Triángulo Atlántico5. El concepto de una “relación estratégica” entre la Unión Europea y América Latina, desarrollado en 1999, en Rio de Janeiro por la primera Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de las dos regiones, estaba, en parte, inducido por el ex presidente español Felipe González para “completar el Triángulo Trasatlántico”6.

El concepto intelectual y/o político del Trián-gulo Atlántico7 difícilmente hubiera sobrevivido durante casi cuatro décadas sin unos argumentos sólidos a favor de su construcción dentro del sis-tema internacional. El más importante de ellos es, sin duda, una sólida base de valores comunes que hacen más fácil, en comparación con otros actores internacionales, que estas tres regiones se pongan de acuerdo sobre conceptos de goberna-bilidad y de amenazas comunes. Las tres consti-tuyen, indudablemente, el “Occidente”: la Unión Europea en la forma de concepto histórico; Amé-rica del Norte, como el “Nuevo Mundo”; y Amé-

rica Latina como el “Extremo Occidente”, como tan acertadamente la calificó Alain Rouquié8.

Los valores occidentales han sido criticados en muchas ocasiones por tener un carácter me-ramente intencional o sólo retórico. Una y otra vez ha quedado demostrado que casi todos ellos (derechos humanos, democracia, Estado de de-recho, justicia social y economía de mercado) se interpretan de forma muy distinta en cada una de las tres regiones. Esto ha reforzado la constan-te crítica a la falta de aplicación, o incluso simple violación, de alguno o de todos estos valores en los diversos países de las tres regiones. Tradicio-nes culturales y experiencias históricas, en todas y cada una de estas regiones, han tenido su parti-cular efecto en la interpretación de estos valores, puesto que reflejan la diferencia en las relaciones de poder en sociedades tan singulares. La limi-tación a la aplicación de estos valores comunes se hizo especialmente notoria en la época de la Guerra Fría y en la lucha contra el terrorismo, cuando en muchos países la protección de la seguridad nacional se consideró como de mayor importancia que la protección de los valores occi-dentales.

Otro elemento común en la relación triangu-lar es de naturaleza bastante reciente y demuestra la creciente importancia de los factores culturales para crear lazos entre las tres regiones. Este fac-tor podría denominarse el “factor latino”, tanto en el interior de Estados Unidos como dentro de la Unión Europea. Puesto que los hispanos, o latinos, se han convertido en la minoría más grande en Estados Unidos y, en consecuencia, han influido no sólo en su cultura y costumbres, sino también en la economía y política, este fenó-meno requiere una más amplia interpretación9. Asimismo, recientemente, el fenómeno de la creciente emigración económica de gran número de ciudadanos de países suramericanos hacia la Unión Europea apunta en la misma dirección. Por su parte, el ingreso de España y Portugal en la Unión Europea en su momento puede conside-rarse desde una óptica similar, con respecto a su interés por fortalecer las relaciones con América Latina. Dado que la cultura “latina” y su específica interpretación de los valores comunes dentro del



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Triángulo Atlántico está ganando más y más acep-tación en los centros de poder de Estados Unidos y de la Unión Europea, esto se ha convertido en un elemento añadido para promover un cierto “sentido de comunidad” que, sin duda, estuvo au-sente entre las tres regiones en tanto sólo la cul-tura anglosajona, y quizá también algo la france-sa, eran consideradas como las dominantes para la interpretación de estos valores occidentales.

Un tercer elemento de fuerza dentro del Triángulo Atlántico es su clara interdependencia con respecto a la capacidad económica, tecno-lógica y militar. La combinación de “el Viejo” y “el Nuevo Mundo” constituye una enorme concentración de riqueza y poder, ya que repre-senta los dos tercios del ingreso mundial y casi tres cuartos del gasto militar, mientras que sus habitantes sólo llegan al 21% de la población mundial. Sobre todo al contemplar la combina-ción de bloques económicos, la Unión Europea, el tlcan, la Comunidad Andina de Naciones (can), el Mercosur, y la Comunidad Sudamericana de Naciones (csn) recientemente constituida por ambas, o la combinación de las alianzas militares de la otan y del tiar, los actores internacionales externos al Triángulo Atlántico podrían percibir que está en marcha un amenazante instrumento de dominio internacional. Todo el proceso de globalización contribuye, en consecuencia, a una creciente inter dependencia dentro del Triángulo Atlántico y, al mismo tiempo, a una diversifica-ción del perfil internacional de las tres regiones que, aparentemente, hace más difícil todavía una coordinación entre ellas.

comunidad de intereses:

buena gobernabilidad y economía de mercado

El sistema internacional ha sufrido cambios sustanciales desde el final de la Guerra Fría y en-tre ellos está, ciertamente, el fuerte consenso so-bre lo que constituyen los pilares centrales de la sociedad moderna: la buena gobernabilidad y la adhesión a las reglas de la economía de mercado. Los tres socios de la alianza atlántica han sido los más adelantados en la aplicación de estos prin-cipios. Apenas ha existido desacuerdo sobre la necesidad de asegurar la aplicación de estos con-ceptos, aunque definitivamente sí ha habido una profunda discusión sobre el orden necesario a seguir en su aplicación y, particularmente, sobre la correcta interpretación de estos dos conceptos.

El concepto de economía de mercado hace décadas que se viene aplicando en casi todos los países del Triángulo, con independencia del régi-

men político, aunque, sin embargo, especialmen-te en el caso de América Latina, está aún lejos de que todos sus países cuenten con buena goberna-bilidad. La versión de la economía de mercado propiciada por Estados Unidos ha arraigado en la mayoría de los países de América Latina, pero en pocos de los europeos, donde cierta forma de economía social de mercado ha sido la dominan-te desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estas similitudes sistémicas han favorecido espe-cialmente durante el proceso de globalización el desarrollo de las corporaciones multinacionales, que han extendido su red transnacional primero en las regiones del Triángulo, para pasar luego a Asia y a los países que anteriormente conforma-ban el bloque socialista.

Estados Unidos y la Unión Europea han esta-do a la vanguardia del desarrollo de mecanismos reguladores para esta globalización económica, usando una variedad de organismos instituciona-les en el proceso, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). Donde no ha funcionado la interconexión de las economías de mercado se ha hecho patente la vulnerabilidad de la arquitectura financiera inter-nacional. Las crisis financieras de México, Brasil y Argentina, para mencionar tan sólo aquellas que están dentro del Triángulo, han dejado claro que la economía de mercado parece funcionar sólo en los países desarrollados y sólo hasta cierto punto de forma satisfactoria, pero que cierta-mente deja mucho que desear en el caso de las economías en vías de desarrollo y, en especial, en lo que se refiere a las relaciones entre unas y otras. Puesto que la crisis financiera parece acom-pañar al proceso de inserción de muchos países en la economía globalizada, se ha cuestionado si el sistema de economía de mercado será capaz de reducir los efectos negativos de tales crisis finan-cieras, no sólo en lo que concierne a países en vías de desarrollo, sino también respecto al fun-cionamiento de sistema internacional financiero en su conjunto, en tanto no se establezcan meca-nismos reguladores internacionales más sólidos.

Dentro de este contexto, la confianza en un satisfactorio funcionamiento de la economía de mercado se ha visto notablemente reducida en muchos países de América Latina, dado que el proceso de apertura unilateral de sus economías y las reformas orientadas al mercado, apoyadas por el Consenso de Washington, no han produ-cido en las últimas dos décadas los efectos de desarrollo ampliamente deseados (y ciertamente predichos por muchos). Dado que ciertos efectos



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snegativos del mercado, conducidos por el pro-ceso de globalización, se han hecho mucho más evidentes en las economías en vías de desarrollo de América Latina que en Estados Unidos o la Unión Europea, se ha generado un amplio y polarizado debate sobre la asimetría con que se han repartido los costos y beneficios del proce-so globalizador dentro del Triángulo Atlántico. También se extiende este debate sobre hasta qué punto una reforma de la economía de mercado puede ser necesaria, tanto para ajustarse a las urgentes necesidades de los países en vías de de-sarrollo, como también con relación a las asime-trías Norte-Sur en la economía internacional.

El otro fundamento de la comunidad de in-tereses entre las tres regiones, el concepto de la buena gobernabilidad, no ha avanzado institu-cionalmente de ninguna manera tanto como el de la economía de mercado. En parte esto se ha debido a que los factores económicos parecen invitar más a la presión y regulación internacio-nal que los factores políticos, pero también por la insistencia constante en el concepto de sobe-ranía, que se ha dado especialmente en América Latina, aunque no exclusivamente allí. El avance en la legislación sobre derechos humanos y per-secución de los crímenes contra la humanidad, procesos electorales transparentes y ampliación de procedimientos democráticos constituye, sin duda, uno de los desarrollos más positivos logra-dos en las últimas décadas en el mundo. La pre-sión de Estados Unidos y de la Unión Europea en estos temas ha mostrado resultados muy positivos en muchos países de América Latina.

Sin embargo, intereses específicos han hecho imposible hasta ahora el establecimiento de una “comunidad de Estado de derecho” entre los miembros del Triángulo. La necesaria globaliza-ción de conceptos legales no ha avanzado con la velocidad requerida para fortalecer la buena gobernabilidad en todos los países miembros del Triángulo. Ello se debe, en parte, al concepto unipolar de algunas administraciones de Estados Unidos, que han pretendido verse excluidas del proceso de elaboración de regulaciones multi-laterales, siempre que sus intereses nacionales pudieran verse afectados. No cabe duda que este ejemplo negativo ha limitado una actitud más po-sitiva por parte de otros Estados en el Triángulo Atlántico hacia la Corte Penal Internacional (cpi), así como a la aplicación del concepto europeo de la extraterritorialidad jurisdiccional en casos de

10 Kagan Robert, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, New York, Alfred A. Knopf, 200�.

violación de los derechos humanos, como lo ha demostrado, entre otros, el caso Pinochet. Sin el establecimiento de un Estado de derecho común dentro del Triángulo Atlántico, resulta difícil prever la adhesión a un concepto de buena go-bernabilidad. Esa falta de elaboración de legisla-ción no dejará de tener efectos negativos sobre la base económica dentro del Triángulo Atlántico, pues la aceptación del modelo de desarrollo está en gran parte condicionada a la legitimidad del modelo político, no sólo “dentro” sino también “entre” los miembros del Triángulo.

relaciones transatlánticas vs. relaciones interamericanas:

la geopolítica de las alianzas

Aparte de los modelos económico y políti-co que dominan las sociedades del Triángulo Atlántico y de las dificultades que surgen de los esfuerzos por armonizarlas, es la política de alianzas lo que hace tan difícil el funcionamien-to del concepto del Triángulo. Estados Unidos desde hace décadas mantuvo las dos alianzas más antiguas del mundo moderno, la otan y el tiar, separadas e, incluso, han iniciado su proceso de reforma de manera bastante distinta después de la Guerra Fría. Esto se debe básicamente a la singular posición de Estados Unidos como la única superpotencia en el mundo y a su amplia-mente sostenida percepción de usar sus propias experiencias históricas en términos económicos, sociales y políticos como un paradigma necesario para el desarrollo de otras sociedades10. Al mismo tiempo, su concepto de poder y liderazgo tiende a rechazar limitaciones a sus acciones dentro del sistema internacional y, por consiguiente, rehúsa adherirse a cierto tipo de convenios multilatera-les. Esta posición hace bastante difícil involucrar a Estados Unidos en el desarrollo de nuevas iniciativas multilaterales, ya que éstas, por defini-ción, implican no sólo beneficios sino también costos para todos los países partícipes. Por ello, está bien documentado que, en los últimos años, Estados Unidos ha demostrado su voluntad de apoyar iniciativas multilaterales siempre y cuando fueran útiles para la consecución de sus intereses nacionales, manteniéndose al margen de aque-llas, o yendo en solitario, cuando éste no fuera el caso.

El desarrollo de la relación transatlántica, que es básicamente una alianza Norte-Norte dominada por la experiencia del conflicto Este-Oeste; y el de la relación interamericana, que es



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fundamentalmente una relación Norte-Sur sólo en parte influida por el conflicto Este-Oeste, ha demostrado que Estados Unidos ha podido crear instrumentos multilaterales con una enorme resistencia a cambiar en el orden internacional y con notables beneficios para la “mayoría de uno”. La asimetría de poder económico y militar ha creado en ambos casos un sistema de alianza formalmente democrático que ha servido a todos los miembros, pero de forma muy diferente. Am-bas alianzas, tanto la otan como el tiar, entra-ron en crisis después del final de la Guerra Fría y están en proceso de reconstrucción con una “misión” diferente desde el surgimiento de un sistema internacional unipolar. Mientras la otan comienza a concentrarse en misiones “fuera del área”, convirtiéndose de facto en el brazo militar de la alianza transatlántica para el mantenimien-to de la paz en el mundo, el tiar espera refor-mas con el fin de responder a las nuevas amena-zas transnacionales, como el terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen internacional, las cuales, evidentemente, afectan más al hemisferio occi-dental que a la Unión Europea11. Aun cuando la otan ha asumido también algunas responsabi-lidades en la lucha contra las nuevas amenazas y ha integrado a nuevos países miembros, parece que sigue siendo un instrumento militar formal con proyección mundial, mientras que el tiar, aun tras su proyectada reforma, parece estar confinada a continuar siendo un instrumento de control básicamente para inestabilidades intra-rregionales en América Latina.

La Organización de Estados Americanos (oea) ha desempeñado ese papel desde hace más de medio siglo. A pesar de los múltiples esfuerzos hechos por diversos países de América Latina o, incluso, por alianzas intrarregionales, la “mayo-ría de uno” de Estados Unidos ha sobrevivido a la Guerra Fría y a las iniciativas de reforma de los últimos años. De hecho, el sistema interame-ricano se ha convertido en un activo más de la política de Estados Unidos dentro del Triángulo Atlántico, pues América Latina no sólo se ha transformado en una región esencialmente demo-crática, sino también en un aliado relativamente confiable para Estados Unidos en muchos temas mundiales12. Únicamente acontecimientos muy recientes, en especial la guerra de Irak y también negociaciones dentro de la Organización Mundial

del Comercio (omc), han mostrado una cierta división entre los Estados de América Latina en favor o contra la posición de Estados Unidos. El éxito del tlcan y la voluntad de Estados Unidos de otorgar ciertos beneficios económicos por medio de acuerdos bilaterales de libre comercio –como el ya firmado con Chile, los que se han concluido con América Central y la República Dominicana, así como los que se encuentran en negociación con Bolivia, Colombia y Perú– le han dado al sistema interamericano un nuevo sentido de comunidad, que se había perdido hace tiempo tras el fracaso de la “Alianza para el Progreso”, lanzada por el presidente Kennedy después de la crisis cubana en los años sesenta. Lo que solía ser la fortaleza de la relación transatlántica, una fuerte cooperación en temas económicos y de seguridad, se ha extendido ahora al sistema inte-ramericano, pues los efectos de la globalización en el hemisferio occidental han conducido a que haya una más fuerte cooperación económica, no sólo en el interior de América del Norte, sino en-tre esta región y América del Sur.

Estados Unidos ha mantenido las alianzas con Europa, por un lado, y con América Latina, por otro, sin intentar usar ambas como un vehículo para fortalecer la cooperación dentro del Trián-gulo Atlántico. Esto hubiera sido especialmente prometedor durante el período de la Guerra Fría, pero en aquel entonces el pilar común de la buena gobernabilidad se hacía difícilmente evidente en América Latina y, por consiguiente, faltaba por parte de Europa la voluntad política de participar en ese tipo de cooperación de alian-zas. En el período posterior a la Guerra Fría, la Unión Europea se convirtió en un actor político y económico más independiente y por ello es percibido por Estados Unidos ya no sólo como un socio para la cooperación internacional, sino como un competidor en el sistema internacional. Por esa razón, no hubo ninguna inclinación a usar los pilares institucionales de ambos sistemas de alianzas para crear una comunidad atlántica más efectiva. A pesar de que el presidente Geor-ge W. Bush anunció que el siglo xxi sería el “Si-glo de las Américas”, la realidad de una creciente tendencia hacia la unipolaridad en el sistema internacional ha llevado a una mayor concentra-ción de la política exterior de Estados Unidos, y de hecho a su política exterior económica, hacia

11 Grabendorff Wolf (ed.), La seguridad regional en las Américas: enfoques críticos y conceptos alternativos, Bogotá, Fes-col/Cerec, 200�.

12 Grabendorff, 2002, ob. cit.



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dio

sotras áreas del mundo. Ambas alianzas, sin duda, hicieron un buen servicio a los intereses de Es-tados Unidos durante la Guerra Fría y fueron ampliamente aceptadas por la Unión Europea y América Latina como vínculos necesarios y, en gran medida, útiles con Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad.

Sin embargo, puesto que el concepto de se-guridad ha evolucionado de forma tan acelerada en el período de la post Guerra Fría, la geopo-lítica de estas alianzas ha perdido gran parte de su atractivo y para algunos, incluso, su razón de ser. Las diferencias estructurales en la relación de poder entre América del Norte y del Sur, por una parte, y entre Europa y América del Norte, por otra, seguirán en gran manera invariables, a pesar de las crecientes amenazas transnacionales comunes a ambas alianzas. Por esa razón, parece difícil vislumbrar que el concepto del Triángulo Atlántico logrará ser lo suficientemente creativo, desde el punto de vista institucional, como para sobreponerse a los diferentes enfoques de alian-zas usados por Estados Unidos, especialmente dado el percibido fracaso del concepto de alian-za estratégica para las relaciones Unión Europea-América Latina1�.

retos para el liderazgo y su aceptación

El tema del liderazgo, su legitimidad y acepta-ción por todos los socios del Triángulo Atlántico, constituye probablemente el reto más importante para aplicar el concepto occidental de colabo-ración internacional con el fin de fomentar la buena gobernabilidad y la economía de mercado en el mundo. Como ha puesto de manifiesto la guerra de Irak, el liderazgo de Estados Unidos como única superpotencia puede ser cuestio-nado –a pesar de los fuertes compromisos de alianza política y económica– muy rápidamente por un gran número de estados dentro del Trián-gulo, si la base de ese liderazgo no es considerada como legítima y hay falta de suficientes consultas multilaterales. Desde el punto de vista de Estados Unidos, el atractivo del concepto del Triángulo Atlántico se basaba en la alianza automática con Europa y América Latina, lo que implicaba, casi por definición, el liderazgo Estados Unidos.

Puesto que el atractivo de ese concepto ya no está más garantizado cuando los intereses nacionales de Estados Unidos son percibidos como incompatibles con los intereses de, por lo menos, algunos de los socios del Triángulo Atlántico, la base de la aceptación del liderazgo de Estados Unidos parece estar erosionándose rápidamente1�. El funcionamiento limitado del Triángulo Atlántico dependía fundamentalmente de la voluntad de Estados Unidos y de Europa para cooperar sobre las cuestiones internacio-nales más importantes. Al mismo tiempo, en las últimas décadas, la voluntad de arriesgar un conflicto entre los socios del Triángulo se encon-traba reducida, en parte, por la asimetría de las relaciones de poder entre Europa y Estados Uni-dos, y también por la voluntad de Estados Unidos de apoyar algunos intereses esenciales europeos. Este comportamiento consensual ya no puede darse por hecho, en la medida en que Estados Unidos siente menos la necesidad del apoyo de Europa o América Latina y, a su vez, la Unión Eu-ropea se sienta suficientemente fuerte en el tema económico y segura en el tema militar para no tener que seguir el liderazgo de Estados Unidos de forma automática. Por esta razón, parece bas-tante probable que la tendencia al conflicto en el sistema internacional aumente incluso dentro del Triángulo Atlántico y, por tanto, se hace más importante aprovechar la comunidad general de intereses de los socios del Triángulo para reducir al máximo los conflictos políticos, económicos y estratégicos.

Esto, ciertamente, implicaría la necesidad de establecer un consenso adicional, no sólo con respecto a las intenciones ampliamente expre-sadas, donde ya existe suficiente consenso en la mayoría de los temas, sino también en relación a los métodos e instrumentos que deben aplicarse en el proceso de resolución de conflictos. Las dificultades inherentes a un ejercicio de armoni-zación política quedan demostradas por el pro-pio desarrollo institucional de la Unión Europea. En todo caso, sería prometedor extender sus logros al proceso de coordinación política dentro del Triángulo Atlántico, dada la comunidad de intereses que existe, sin lugar a dudas, sobre la

13 Grabendorff Wolf, “Latin America and the European Union: A Strategic Partnership?”, en Riordan Roett y Paz, Guadalupe (eds.), Latin America in a Changing Global Environment, Boulder, Lynne Rienner, 200�, pp. 15�-167.

14 Whitehead Laurence, “Hacia una reconfiguración del Triángulo Atlántico después de la Guerra Fría”, en Bodemer Klaus/Grabendorff Wolf/Jung Winfried/Thesing Josef (eds.), El Triángulo Atlántico: America Latina, Europa y Estados Unidos en el sistema internacional cambiante, Sankt Augustin, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2002, pp. 1�-20.



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necesidad de construir un sistema normativo in-ternacional.

La aceptación del liderazgo no se reduce sólo a los asuntos políticos y las estrategias econó-micas, sino que depende en gran medida de la forma en que dichas políticas y estrategias son aplicadas. En este sentido, se puede observar una gran diferencia entre los instrumentos multilate-rales y los bilaterales. Estados Unidos, a causa de su enorme peso internacional, tradicionalmente ha preferido la relación bilateral, tanto con Eu-ropa como con América Latina. Sin embargo, los países de estas regiones –muy conscientes de su propia vulnerabilidad– han preferido una aproximación bien multilateral, bien de bloque a bloque, en muchas negociaciones. Esta elección de instrumentos, que repercute claramente sobre la aceptación o no del liderazgo, no está limitada a Estados Unidos, dado que un buen número de Estados europeos y latinoamericanos han pre-ferido, en defensa de lo que percibían como de su interés nacional, negociaciones bilaterales. A menudo, esto tenía el efecto colateral de debili-tar cualquier posible posición regional común. Hay pocos ejemplos donde la aceptación de una posición común se haya extendido a todos los socios del Triángulo Atlántico. Uno de ellos es el concepto de corresponsabilidad entre países productores y países consumidores de drogas, el cual fue formulado por la Unión Europea y se ha manifestado a través de sus estrategias de cooperación con los países andinos y centroame-ricanos, las cuales han sido asumidas en muchos aspectos también por Estados Unidos y Canadá como respuesta a uno de los problemas más acuciantes dentro del Triángulo Atlántico. En la medida en que uno de los actores entre los socios perciba, acertada o equivocadamente, que puede promover su interés nacional sin apoyo regional o extraregional, será difícil la aceptación del lide-razgo de dicho actor internacional por aquellos que, si bien comparten en general sus intereses, sin embargo, no creen en la aplicabilidad de ac-ciones unilaterales.

ii. el PaPel del reGioNaliSmo

eN laS relacioNeS triaNGulareS

Puesto que la relación triangular está basada en el efectivo funcionamiento interno de las tres regiones implicadas, la adecuada aplicación del concepto de regionalismo es clave para el papel

que tienen estas regiones dentro del Triángulo Atlántico y, a su vez, en el sistema internacional en general. El desarrollo del regionalismo ha sido muy diferente, tanto en forma como en con-tenido, en Europa, en América del Norte y en América del Sur. El concepto está, obviamente, más avanzado en el caso europeo, especialmente tras la última ronda de ampliación, que ha inclui-do a la mayor parte de la Europa geográfica en el bloque político y económico que constituye la Unión Europea. En el caso de América del Norte, el peso específico de Estados Unidos ha contribuido, después de la Guerra Fría, al avance del regionalismo norteamericano, al tiempo que lo ha impedido en algunos campos, debido a la preferencia de los elementos estrictamente eco-nómicos contenidos en el concepto de regionalis-mo contemplado por Estados Unidos

A causa del éxito del tlcan y de las crecientes dificultades para construir un regionalismo que incluyera a todo el hemisferio occidental en la forma de un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (alca), los acontecimientos recientes parecen indicar que la “comunidad de América del Norte” en construcción15 podría incluir tam-bién a América Central y el área caribeña en un futuro no muy lejano. Dada la dimensión geográ-fica, este muy asimétrico grupo de países se ca-racterizará por un concepto de regionalismo que integra algunos de los países más poderosos y ricos, junto a otros de los más débiles y pobres. El diseño de dicho concepto de regionalismo para integrar esta región del Gran Caribe constituye uno de los desafíos más difíciles para el proceso regulador dominado por Estados Unidos. Los obstáculos inherentes al proceso en marcha del alca han demostrado las dificultades de crear un concepto de regionalismo que abarque norte y sur, países poderosos y países inestables.

El concepto menos desarrollado de regiona-lismo se encuentra en América del Sur, donde su propia identificación como parte de América Latina, por un lado, y sus dos mecanismos de integración subregional –can y Mercosur– ten-dentes permanentemente a las crisis, por otra, sólo ha comenzado a desarrollar una identidad regional propia a comienzos del nuevo siglo16. Bajo el liderazgo de Brasil, la can y el Mercosur, junto a Chile y las Guyanas, se intenta construir un nuevo espacio económico integrado de Amé-rica del Sur, en la forma de la recién constituida

15 Pastor Robert A., Toward a North American Community, Washington, Institute for International Economics, 2001.16 Maihold Günter, “Die südamerikanische Staatengemeinschaft”, en SWP- Aktuell, diciembre,1-�, 200�.



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sComunidad Sudamericana de Naciones (csn), que pretende, además, fortalecer la integración física del subcontinente con el fin de desarrollar un regionalismo que refleje algunas de las expe-riencias europeas junto a algunas de las de Amé-rica del Norte17. El llamado “Consenso de Buenos Aires” entre Brasil y Argentina –evidentemente llevado a cabo para proveer de una alternativa al Consenso de Washington, dominante en América Latina durante los pasados quince años– parece ser, hasta ahora, la mas clara expresión del pro-yectado regionalismo de América del Sur. A pesar de que los dos tipos de regionalismo americano se encuentran en diverso estado de desarrollo y de que en ningún caso están ya claramente de-finidos, podría considerarse que subsisten tres distintos tipos de regionalismo dentro del Trián-gulo, los cuales reflejan las muy diferentes expe-riencias históricas y características geopolíticas de las tres regiones, teniendo, en consecuencia, elementos similares y contrapuestos unos a otros.

desarrollo de identidades regionales

El funcionamiento de cualquier regionalismo depende no sólo de una comunidad de intereses económicos, sino también de las experiencias his-tóricas compartidas y de la voluntad política de combinar las capacidades económicas y políticas para crear un futuro más prometedor para sus países miembros. En las últimas décadas, el acele-rado proceso de globalización ha contribuido, sin duda, a una definición más clara de las identida-des regionales, de una forma no prevista por mu-chos analistas. La necesidad de identificarse con los intereses de sus Estados vecinos, que durante décadas o siglos han sido vistos en su condición de Estados-nación como enemigos, no ha resulta-do fácil. Sin embargo, parece que debe conside-rarse como uno de los pocos remedios contra los efectos negativos de la globalización. El desarro-llo de dichas identidades regionales se ha hecho más evidente en el caso de la Unión Europea, cuyas bases principales fueron instauradas debi-do a las experiencias traumáticas sufridas por la mayoría de sus grandes potencias tras la Segunda Guerra Mundial. La unificación de Europa se ha visto postergada durante décadas debido a la pro-longada Guerra Fría, que, al mismo tiempo, con-tribuyó a la sensación de urgencia para adelantar

un proceso de integración a causa de la percibida amenaza de la Unión Soviética.

A pesar de la primordial importancia de la relación transatlántica para los países miembros de la Unión Europea, el proceso de unificación europeo también estaba dirigido contra el mo-delo de desarrollo económico promovido por Estados Unidos, al menos en algunos aspectos. El modelo europeo enfatizó la dimensión social de la economía de mercado y la necesidad de reali-zar transferencias financieras entre las regiones o países más desarrollados y aquellos menos fa-vorecidos dentro del proceso de integración. Asi-mismo, fue la experiencia de la “pérdida de los imperios” lo que contribuyó al desarrollo de una visión mundial distinta en Europa, tanto durante como después de la Guerra Fría, que se diferen-ciaba de cómo Estados Unidos percibía la situa-ción internacional, especialmente con relación a los temas norte-sur18. El desarrollo de identidades regionales –no muy diferente al desarrollo del Estado-nación– parece que depende no sólo de una comunidad de intereses y un fuerte lideraz-go, sino también de un concepto unificado orien-tado contra la estrategia política y/o económica de un poder externo.

En el caso de América de Norte, la identidad regional que está en construcción no se basa tanto en las experiencias históricas como en los cambios estructurales que se hicieron notar des-pués de la Guerra Fría y que están relacionados principalmente con el proceso de globalización económica. La creciente interdependencia de las economías canadiense y mexicana, así como de la de Centroamérica y el Caribe, con el amplio mercado de Estados Unidos y su efecto en migra-ción y educación, en inversión y en producción de drogas, ha creado una comunidad informal norteamericana con enormes asimetrías de po-der y bienestar, aun antes de que comenzara a desarrollarse una identidad regional. Esta identi-dad regional está caracterizada por la visión de la mayoría de los habitantes de América del Norte, y éstos son los ciudadanos estadounidenses, aun-que entre ellos cada vez más se encuentren los de origen mexicano, centroamericano o caribeño. La fusión cultural, que se ha hecho tan aparente a causa del impacto que tienen estos emigrantes sobre la economía y el estilo de vida de Estados

17 Sberro Stephan, Bacaria Colom Jordi, “La integración de América Latina: entre la referencia europea y el mo-delo estadounidense”, en Foreign Affairs en Español, N° 2, Verano, 2002, pp. 52-66.

18 Babarinde Olufemi, “The European Union’s Relations with the South: A Commitment to Development?”, en Rhodes Carolyn (ed.), The European Union in the World Community, Boulder, Lynne Rienner, 1998, pp. 127-1�6.



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Unidos, es evidente en ambas direcciones, de tal manera que los valores y costumbres de Estados Unidos, que ya desde hace tiempo prevalecían en Canadá, también ahora son más notorios en la parte sur de América del Norte.

En este sentido la identidad regional de la “comunidad de América del Norte” en cons-trucción estará moldeada por las necesidades de seguridad19 y los intereses económicos de Esta-dos Unidos, pero, al mismo tiempo, será cada vez más influenciada por la parte hispana de la región, demográficamente más creciente y cul-turalmente más dinámica. En muchos aspectos, la extensión del modelo económico de Estados Unidos a México, América Central y el Caribe ha dejado no sólo un notable efecto en el desa-rrollo de estas subregiones, sino que también tiende a fortalecer a Estados Unidos como un actor económico global, ya que los recursos hu-manos y naturales de estos países contribuyen, al menos en parte, a incrementar la potencia de la economía de Estados Unidos. Hasta qué punto el dólar de Estados Unidos puede llegar a convertirse en la moneda oficial de la región de América del Norte , una vez otros elementos esenciales de un mercado común hayan sido es-tablecidos, no tendrá necesariamente un impac-to fuerte sobre la identidad regional, dado que el dólar de Estados Unidos, durante décadas y de manera informal –en gran parte por el enor-me impacto de las remesas– ya se ha constituido como el medio de pago preferido en América del Norte y el Caribe.

El desarrollo de una identidad regional en América del Norte ya ha producido algunos efectos traumáticos tanto en México –cuya cul-tura política y económica ha sufrido los mayores cambios en este proceso20– como también en América Latina en general, ya que ha tenido que alejarse del concepto de “patria grande”, que durante casi dos siglos constituyó el eje central de la cultura política de los países al sur del Río Grande. Para algunos analistas, el distanciamien-to del concepto latinoamericano de unidad es, en parte, el efecto de la incapacidad de América Latina para crear un modelo de desarrollo sufi-cientemente exitoso21, por lo que se hacía necesa-rio que parte de la región adoptara la estrategia

de desarrollo de Estados Unidos hasta donde fuera posible.

La más reciente iniciativa de Brasil de promo-ver una identidad regional de América del Sur puede considerarse en muchos aspectos como una consecuencia de este desmembramiento de Amé-rica Latina, así como del rechazo y la negación de muchos países sudamericanos a integrarse en un concepto de hemisferio occidental, que, por definición, sería sólo una extensión del regiona-lismo de América del Norte. El posible éxito de la iniciativa brasileña –recientemente apoyada por Argentina y Venezuela– dependerá de un gran número de variables. Muchas de ellas parecen en-contrarse fuera del control de los mismos países sudamericanos, debido a los fuertes problemas políticos y económicos de la mayoría y a la obvia orientación de algunos, como Colombia y Perú, hacia el modelo de desarrollo promovido por Estados Unidos. Sin embargo, dada la preocupa-ción creciente en Estados Unidos con su propio papel como única superpotencia en el sistema internacional y con la aceptación de la carga que implica mantener esta posición, parece poco probable que Estados Unidos sea capaz, y tenga suficiente motivación política, para desempeñar la misma función de “hub and spoke” en América del Sur como lo viene realizando en América del Norte. Las divisiones internas entre los líderes políticos y económicos con respecto al proyecto del hemisferio occidental del actual gobierno de Estados Unidos se han hecho evidentes en el pro-ceso de negociación del alca.

Si Brasil fuera capaz de superar su tradicional aislamiento y de alcanzar una alternativa de de-sarrollo convincente, fácilmente podría llegar a convertirse en el unificador de América del Sur, pues cuenta con su gran tamaño, su fortaleza cultural y su pragmática política exterior. De esta forma podría construir un regionalismo de tal naturaleza que probablemente combinaría algunos elementos del concepto de integración europea, como se manifiesta en el Mercosur, con la flexibilidad de la regionalización de América del Norte que caracteriza al tlcan.

El diferente tipo de inserción en la economía internacional de la mayoría de los países sudame-ricanos, que no manejan un comercio primor-

19 Lowenthal Abraham F., “Security for All of North America”, en Los Angeles Times, �1 de agosto de 200�.20 Fernández de Castro Rafael y Domínguez Jorge I., ¿Socios o adversarios? México-Estados Unidos hoy, México, Océa-

no, 2001.21 Harrison Lawrence E., The Pan-American Dream: Do Latin America’s Cultural Values Discourage True Partnership with

the US and Canada?, Boulder, Westview, 1997.



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sdialmente regional –como Canadá, América Cen-tral o México, con fuertes relaciones comerciales con Estados Unidos– sino de carácter más global, también con Europa y Asia, hace prácticamente necesario que el regionalismo de América del Sur sea de naturaleza distinta al de América del Norte. Las fuertes relaciones culturales entre los países del Cono Sur y Europa tienen también una innegable influencia sobre la identidad y la visión del concepto sudamericano de regionalismo. A pesar de las diferencias de tamaño y poder en el caso de Brasil, no parece necesario superar una asimetría tan enorme como la que existe entre Estados Unidos y sus vecinos del Sur. Dependerá en gran medida de la calidad del liderazgo que Brasil pueda prestar en los próximos años, el que se construya esa identidad de América del Sur y que se base más en la confianza mutua que en las estrategias de desarrollo y en consideraciones de seguridad22.

El proceso de construir tres diferentes, pero en ningún caso inconexas, identidades regionales podría tener varios efectos sobre el carácter de la relación entre las tres partes del Triángulo. Por una parte, facilitaría la comprensión de que, a pesar del proceso de globalización, es necesario crear sistemas de regionalismo que hagan fácil la colaboración mutua sin renunciar a las necesi-dades históricas y estructurales, que vienen defi-nidas por la propia posición de dicha región en el sistema internacional. También podría vislum-brarse un efecto contrario, que significaría que la identidad de cada una de estas regiones podría distanciarse cada vez más debido a las asimetrías de riqueza y poder entre las mismas y, en con-secuencia, contribuir más a crear que a reducir dificultades de armonización de políticas y aplica-ción de las reglas dentro del Triángulo.

modelos de regionalismo e integración

que compiten entre sí

Algunas de las dificultades que conciernen al proceso de construcción normativa dentro del Triángulo Atlántico están directamente re-lacionadas con los modelos de regionalismo e integración que compiten entre sí en las tres regiones2�. El tipo de regionalismo desarrollado en Europa y el grado de integración alcanzado a casi todos los niveles por la Unión Europea,

constituye un modelo que difícilmente se puede aplicar a las otras dos regiones. Circunstancias históricas, presiones externas y un sentido com-partido de vulnerabilidad durante el período de la postguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, son algunos de los factores que han contribuido tanto a la voluntad de unir recursos como a com-partir también la soberanía. El resultado ha sido un esfuerzo único, aunque todavía incompleto, de transformar Estados-nación competidoras entre sí en miembros cooperantes de una unión económica y también cada vez más política. El grado de supranacionalidad de este modelo europeo de regionalismo, logrado a lo largo de casi medio siglo de desarrollo institucional, no puede tomarse como punto de referencia ni para América del Norte, ni para América del Sur. Esta filosofía de integración europea, que consiste en establecer un nivel parecido de desarrollo en to-das las regiones de la Unión Europea por medio de fondos estructurales y de otras medidas con las cuales se pretende reducir la asimetría eco-nómica entre los estados miembros y sus propias regiones internas, no encuentra un paralelo en los conceptos de integración de las Américas. Allí donde se han aplicado algunos mecanismos ins-titucionales de la Unión Europea, especialmente con los esfuerzos de integración subregional de la región andina, el resultado ha sido decepcio-nante, puesto que, además de la falta de voluntad de los estados miembros de aplicar las estructuras supranacionales desarrolladas para la Comuni-dad Andina de Naciones (can) en el proceso de integración andina, no se dieron tampoco las condiciones económicas y financieras con las que se podía contar en el proceso de integración de la Unión Europea.

La reconocida inaplicabilidad del modelo eu-ropeo en las Américas no excluye la posibilidad de incorporar algunas de sus características al modelo de regionalismo de América del Norte o del Sur. Hasta el momento la variable de América del Nor-te solamente puede juzgarse a la luz de los poco más de diez años del proceso del tlcan. Dado que esta forma de regionalismo estaba basada en procesos informales de integración entre países vecinos y en la fuerte dependencia de las econo-mías de Canadá y México del mercado de Esta-dos Unidos, hubo que desarrollar mecanismos

22 Grabendorff, 2002, ob. cit.23 Briceño Ruiz Luis, “Strategic Regionalism and the Remaking of the Triangular Relation Between the usa, the eu

and Latin America”, en Journal of European Integration, vol. 2�, N° 2, 2001, pp. 199-21�.



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de integración diferentes al proceso europeo. Las competencias no económicas del tlcan con-tinúan estando muy limitadas y constantemente cuestionadas. Desde el 11 de septiembre, parece que éstas han adquirido una nueva dimensión, relacionada sobre todo con medidas de seguri-dad, como se desprende de la última cumbre del tlcan, celebrada en Waco, donde los presidentes acordaron crear una nueva alianza para la seguri-dad y la prosperidad. La búsqueda de elementos adicionales para el establecimiento de una comu-nidad norteamericana –que de hecho podría ser el único resultado del proceso norteamericano de integración debido a la apatía frente a una unión de tipo político mostrada en Estados Uni-dos, México y Canadá– proviene sobre todo del lado mexicano, con el fin de lograr un puente para superar la asimetría económica con Estados Unidos y desarrollar un concepto que, con el tiempo, llegará a constituir la cuarta libertad de movimiento –que se añadiría a las existentes de capitales, mercancías y servicios– esencial para México: la libre circulación de personas. El tl-can debe ser visto, entonces, como un proceso de integración aún inmaduro, que sólo en los próximos años podría comenzar a profundizar-se. La posibilidad de su ampliación mediante la inclusión de América Central y posteriormente los países de la cuenca del Caribe, ante todo por razones económicas y de seguridad, proba-blemente precederán a cualquier proceso de profundización. Ninguna fase de este proceso tendrá la complejidad de las etapas que cubrió la integración europea, en parte por la diferente filosofía subyacente en el regionalismo de Amé-rica del Norte y, en parte, por el limitado tamaño de la población y de las economías de estas subre-giones que han de absorberse y que, de hecho, ya constituyen parte del círculo externo del merca-do de Estados Unidos

La característica principal del regionalismo norteamericano es una concentración estricta sobre los temas económicos, que incluyen la in-versión y los derechos de propiedad intelectual, y en algunos casos también temas laborales y medioambientales, mientras que descuida los temas políticos y sociales, al considerarlos de exclusiva competencia nacional. Cualquier cam-bio estructural que pudiera ocurrir se deja en manos de las fuerzas del mercado y no se prevén esfuerzos por parte del Estado para equilibrar los efectos negativos que dichos cambios impliquen para ciertos sectores o partes de la población. El atractivo de tal concepto, especialmente para la

mentalidad anglosajona, se pudo observar duran-te el curioso debate mantenido en Gran Bretaña sobre la posible conveniencia de formar parte del tlcan preferiblemente a su inclusión en la Unión Europea. Sin embargo, el tema relevante para el Triángulo Atlántico no es tanto la com-petencia entre ambos modelos de regionalismo, el europeo y el norteamericano, sino la eventual expansión de este último hacia todo el hemisfe-rio occidental. Nada menos que esto es lo que se viene intentando, por medio del proceso del alca, desde la Cumbre de las Américas de Miami en 199�. Estados Unidos ha realizado continuos esfuerzos para convencer a sus vecinos latinoame-ricanos al sur de México de que su concepto de regionalismo podría ser beneficioso para todos los países de las Américas, especialmente porque ello garantizaría el acceso recíproco a los mer-cados y, por consiguiente, estabilizaría los flujos económicos en todo el continente. Esto tendría la consecuencia de mejorar el desarrollo econó-mico de las frágiles economías al sur de México y, también, de modernizar la estructura económica de esos países latinoamericanos por medio del impacto tecnológico de la incrementada inver-sión de Estados Unidos y Canadá.

Durante los últimos diez años, las negociacio-nes del alca se han desarrollado con bastante éxito en lo técnico, pero han encontrado una sustancial oposición política, especialmente por parte de Brasil y de algunos otros países de América del Sur. Esta oposición está fundamen-tada en la falta de voluntad de Estados Unidos para incluir los subsidios agrícolas y demás me-canismos de apoyo a sus industrias locales en el proceso de liberalización. Esto también pone de manifiesto la falta de preparación de muchos sectores de las economías latinoamericanas para competir con los de Estados Unidos o Canadá y los probables efectos sociales negativos de esa liberalización recíproca de sus economías. Dado que el proceso normativo en este tipo de regio-nalismo favorece las fuerzas del mercado, Brasil y otros países temen que los costos y beneficios del alca sean compartidos muy desigualmente entre sus propias economías, frágiles e inestables, y las altamente desarrolladas de América de Norte.

Posibilidades y límites

de una cooperación triangular no económica

Puesto que la formación de los tres tipos de regionalismo dentro del Triángulo Atlántico se ha basado primordialmente en las necesidades económicas propias del proceso de globalización



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spara crear mercados integrados capaces de au-mentar la competitividad e incrementar el bien-estar, y para crear unas normas comunes bajo las cuales dichas economías integradas pudieran funcionar, se ha dejado en gran medida a la filo-sofía propia de cada proceso de integración hasta qué punto los temas no económicos deberían incluirse en el necesario proceso de regulación. Muchos de los temas que están directamente re-lacionados con el proceso de desarrollo económi-co dentro de una economía de mercado fueron considerados como complementos necesarios que debían ser tratados por una normatividad de alcance regional, tales como algunas condiciones laborales y ambientales, así como los temas edu-cativos, vocacionales y migratorios. El enorme impacto de una regulación sin fronteras, por una parte, y la creación de espacios más amplios de actividad económica como en la Unión Europea y tlcan, por otra, han contribuido de manera clara al surgimiento de actividades transnaciona-les ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de ar-mas, el lavado de activos y el tráfico de personas. En general, este aumento de actividades crimina-les no había sido previsto por los promotores de la integración y ha costado una gran cantidad de esfuerzos políticos tratar de establecer mecanis-mos legales suficientes –pero sin llegar a crear al-gún tipo de comunidad de derecho– que puedan frenar esta marea. Un proceso que, en ningún caso, está ya finalizado y que pone de manifiesto nuevamente la diferencia de enfoque entre la Unión Europea y América del Norte a la hora de adoptar las medidas pertinentes.

No obstante, ha sido un tercer desafío impre-visto el que ha creado y aún supone uno de los retos más grandes para el proceso de integración dentro del Triángulo Atlántico y, todavía más, para las relaciones entre sus partes: el surgimiento de las nuevas amenazas de seguridad, especial-mente el terrorismo. Responder adecuadamente a este fenómeno ha cambiado, probablemente, la naturaleza del regionalismo y marcado el proceso de construcción de normas en las tres regiones más que ningún otro reciente acontecimiento. La necesidad de incluir normativas en temas de segu-ridad dentro de un espacio económico ampliado ha generado una nueva dimensión no económica en estos procesos de integración, que choca en muchas áreas con el concepto de soberanía y con la, hasta ahora, exclusiva capacidad reguladora de los estados nación en dichos temas de seguridad. A pesar de las dificultades, este proceso se ha manejado de mejor forma por la Unión Europea,

por medio de la creación de la Europol y del esta-blecimiento de procedimientos comunitarios para la detención de criminales en todo el espacio de la Unión Europea, entre otras medidas.

Hasta qué punto el carácter transnacional del terrorismo, el tráfico de drogas y de personas puede obligar tanto al tlcan como a la incipien-te Comunidad Sudamericana de Naciones (csn) a ajustar mucho más sus conceptos de regiona-lismo a la necesidad de una cooperación intra-bloque en temas de seguridad, será, sin duda, el elemento decisivo para definir, en gran medida, el futuro de la cooperación no económica dentro del Triángulo. Como todos los socios del Trián-gulo Atlántico tienen claros intereses comunes frente a este tema específico, es de esperar que aquí los mecanismos de cooperación y de cons-trucción de normas comunes avanzarán de forma acelerada en un futuro próximo. Sin embargo, la asimetría de poder entre las tres regiones hace necesario proceder con cautela en la creación de instituciones multilaterales equilibradas dirigidas a la implementación y seguimiento de las medi-das necesarias de seguridad, con el fin de evitar la dominación de este proceso por el actor más fuerte, Estados Unidos, y las probables implica-ciones negativas que, de otra manera, surgirían al implementar estrategias comunes.

iii. el triáNGulo atláNtico

como SuBSiStema iNterNacioNal

Todo subsistema internacional de una natu-raleza tan geoestratégica como la del Triángulo Atlántico entre América del Norte, la Unión Eu-ropea y América del Sur, debe estar cimentado sobre unas reglas claramente definidas que sean aceptables y puedan ser aplicadas a todas las de-cisiones políticas y económicas relevantes de los tres bloques, así como sobre el establecimiento de mecanismos transparentes de seguimiento al proceso de toma de decisiones. Contrario a los canales bien establecidos e institucionalizados de las relaciones transatlánticas e interamericanas, las relaciones entre la Unión Europea y América del Sur aún se encuentran en etapa de construc-ción y dependen del éxito del proceso de la csn, así como del replanteamiento de las relaciones en el hemisferio occidental. A pesar de los inte-reses y valores comunes entre las tres regiones, no existe hasta el momento un esfuerzo serio por definir las normas con las cuales deberían regularse las relaciones entre ellas. No se ha es-tablecido un mecanismo de consulta que facilite la adopción de una posición común dentro de



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este subsistema internacional, con relación a los temas urgentes que debe encarar el sistema in-ternacional en general. Ha habido consultas más o menos regulares, tanto a nivel bilateral como a nivel comunitario, entre Estados Unidos y la Unión Europea, incluyendo los temas latinoame-ricanos en el contexto de la consultas de la otan. Sin embargo nunca ha existido algo vagamente similar dentro del sistema intraamericano para tratar los asuntos europeos, con la posible excep-ción de la discusión sobre la crisis en el Atlántico Sur en 1982. También las consultas entre Amé-rica del Sur y la Unión Europea con respecto a las posiciones de Estados Unidos que pueden afectar a las dos regiones han sido muy escasas. La falta de tales instrumentos de diálogo se ha hecho notar particularmente en momentos de crisis, cuando las reacciones de las tres partes del Triángulo han sido no sólo descoordinadas sino incluso contradictorias, a pesar de los negativos efectos que resultasen de esas crisis y afectasen a las tres regiones en diverso grado.

Facilitando el desarrollo:

creación de normas en el mundo económico

Las claras diferencias conceptuales de los tres tipos de regionalismo han dificultado en forma extrema la posibilidad de fijar una estrategia común con respecto a la necesidad urgente de reorientar los problemas de desarrollo dentro de la economía mundial y las economías regiona-les. La divergencia en las posiciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, como países desarrollados, y de los países latinoamericanos, tanto de América del Norte como de América del Sur, ha llevado a que los avances en la elabora-ción de normas en temas como la liberalización comercial y flujo financiero, así como en los de-rechos de propiedad intelectual y las reglas sobre inversión, sean muy limitados. Este esfuerzo de armonización de los intereses entre norte y sur –que ha funcionado con sorprendente éxito en el caso del tlcan entre México y sus dos socios del norte– no ha arrojado el mismo resultado en el proceso del alca o en la negociaciones Unión Europea-Mercosur. Este escaso progreso se ha atribuido a la falta de voluntad por parte de los países con economías desarrolladas de tomar en cuenta las diferencias estructurales entre econo-mías tan diversas y en la incapacidad de acordar soluciones para superar las relaciones asimé-tricas, lo que obviamente no puede dejarse en manos de un proceso de liberación de mercados recíproco. Estas experiencias dejan poco margen

al optimismo sobre la posibilidad de armonizar las normas existentes que gobiernan las rela-ciones dentro y entre los mercados comunes y tratados de libre comercio. Una combinación de las preferencias comerciales del tlcan y la csn con aquellas de los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y México y Chile, así como con las que se negocian con el Mercosur, sería un gran avance para poner fin a la discriminación comercial entre los socios del Triángulo Atlántico y contribuiría a lograr un nivel de cooperación económica mucho más avanzado. Dado que favo-rece el interés económico de las tres regiones en-contrar soluciones para elaborar normas regula-doras en la economía global, sería de esperar que las regiones del Triángulo encontrasen medios de combinar los diferentes grados de liberación comercial entre ellos como una segunda mejor solución a un acuerdo mundial de la omc.

Sin embargo, los esfuerzos para el desarrollo dentro del Triángulo Atlántico difícilmente pue-den limitarse a facilitar el comercio y la inversión, cuando el problema más acuciante norte-sur está relacionado con los efectos de la pobreza, los cua-les, en general, han aumentado y no decrecido, por lo menos en América Latina, desde el co-mienzo del proceso de liberación y de moderniza-ción económica iniciado hace unas dos décadas. El clamor por reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo ha motivado que Estados Uni-dos, así como la Unión Europea y la comunidad internacional en general, anunciasen un mayor esfuerzo para alcanzar esa meta hacia el 2015. El axioma “más comercio es mejor que más ayuda” ha demostrado no ser un concepto irrefutable, puesto que el comercio ha crecido de forma más acelerada que el pib en la mayoría de los países dentro del Triángulo Atlántico, con escaso o nulo efecto sobre la reducción de la pobreza. Conven-cida de la necesidad de una cooperación efectiva de ayuda al desarrollo para combatir la pobreza, la Unión Europea y sus países miembros se han convertido, sin duda, en el donante mundial más importante, transfiriendo más del triple de fondos que Estados Unidos a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, como ese esfuerzo no ha contribuido de manera significativa a reducir de la pobreza, inclusive las instituciones financie-ras internacionales están haciendo actualmente llamados para enfrentar de manera más radical el tema de la pobreza, que, en forma acertada, se percibe como uno de los factores más importan-tes de inestabilidad política y de falta de progreso en muchos países en desarrollo.



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sAun cuando en la mayoría de los países de América Latina se asumieran los mejores criterios de eficiencia económica, muy probablemente no lograrían convertirse en modelos de crecimien-to en un próximo futuro, si Estados Unidos y la Unión Europea no les asisten de forma significati-va en sus propios esfuerzos para reducir la pobre-za mediante no sólo la apertura de sus mercados a los países del Sur, sino también mediante un au-mento de transferencias financieras. La necesidad de resolver ese problema tan crucial se ha acele-rado debido a la presión migratoria procedente del Sur, que está directamente relacionada con la falta de oportunidades cuando un sector cada vez más grande de sus poblaciones –que sobrepasa en muchos países latinoamericanos el 50%– se ve obligado a subsistir con menos de dos dólares diarios. Dada la insistencia por parte de Estados Unidos en que la reducción de la pobreza debe comenzar por la propia casa y no ser considerada un tema de responsabilidad internacional, resul-ta difícil prever una acción común sobre lo que constituye el tema más apremiante del desarrollo dentro del Triángulo Atlántico. Podría esperarse algún tipo de cooperación entre la Unión Eu-ropea y América del Sur, pero esto no sería, ni mucho menos, suficiente para contribuir a un cambio en las reglas de juego de la cooperación internacional, si Estados Unidos no tiene inten-ción de participar en ese nuevo concepto.

lucha contra las amenazas comunes:

terrorismo, drogas y degradación del medio ambiente

La definición de las amenazas comunes ha resultado un ejercicio difícil, tanto entre los tres procesos de regionalismo como dentro de ellos mismos. La Unión Europea ha tardado mucho en encontrar un denominador común para el terrorismo y todavía está en el proceso de definir las estrategias regionales comunes necesarias para combatirlo, aunque algunos de sus Estados miembros hayan tenido que enfrentarse durante décadas a este fenómeno. Estados Unidos, por el contrario, tras su traumática experiencia del 11 de septiembre, ha adoptado una posición muy agresiva contra toda actividad terrorista en todo el mundo, declarando al terrorismo como principal enemigo de su seguridad nacional. La experiencia latinoamericana ha sido excep-cional, en el sentido de que gran parte de sus sociedades han padecido no sólo el terrorismo de grupos irregulares, sino que también duran-te muchos años el Estado mismo ha empleado métodos terroristas. Por lo tanto, para los países

del Triángulo no será fácil llegar a un acuerdo respecto a cómo enfrentar los retos del terro-rismo transnacional, debido a las diferencias en las percepciones actuales y a las experiencias históricas, así como a su tradición jurídica. Sin embargo, puesto que todas las sociedades que conforman lo que se ha dado en llamar el “mun-do occidental” seguirán siendo flageladas por el terrorismo, debería ser absolutamente prioritario para ellos acordar las medidas necesarias para combatirlo, en todas sus formas, pero sólo con los instrumentos del Estado de derecho. La com-partida experiencia de vulnerabilidad –ausente en Estados Unidos hasta hace poco– debería faci-litar una base común para un consenso sobre los instrumentos y procedimientos que limitasen esa amenaza.

Con respecto al tráfico de drogas, una vez más Estados Unidos y la Unión Europea han intenta-do manejar de manera diferente este reto, que ha tenido un impacto nefasto sobre la salud y la seguridad pública en la mayoría de los países que conforman el Triángulo Atlántico. La Unión Eu-ropea aceptó desde un comienzo el concepto de responsabilidad compartida entre los países pro-ductores, traficantes y consumidores, con la espe-ranza de establecer un mecanismo común para reducir la oferta y la demanda simultáneamente. Aunque este concepto se ha visto fortalecido por los incentivos comerciales especiales a los países productores y en general ha sido aceptado de for-ma positiva por los mismos, sin embargo no ha tenido un efecto visible de reducción en la eco-nomía internacional de la droga. La estrategia de Estados Unidos de apoyar a los países produc-tores en la erradicación de cultivos ilícitos por medio de fumigaciones y de interceptar el tráfico de drogas con medios militares no ha tenido mayor éxito, especialmente si se tiene en cuenta que la violencia aumenta con la militarización de la lucha contra la producción y el tráfico de estu-pefacientes. Aun en casos como el de Colombia y Bolivia, en los que la producción de estupefa-cientes se ha reducido de forma considerable, el costo, en forma de desplazamiento interno pro-vocado por las fumigaciones y el traslado notorio de la producción hacia los países vecinos, ha sido elevado, tanto en términos económicos como especialmente en términos políticos y sociales. Uno de los desafíos más importantes dentro de los países del Triángulo consiste en encontrar una forma de limitar la demanda, sobre todo en Europa y Estados Unidos, para reducir con ello el efecto destructivo del consumo, el tráfico y la



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producción de drogas y, a la vez, reducir la gran cantidad de actividades criminales que acompa-ñan este proceso. Hasta el momento, ´´estas no sólo han afectado los sectores marginales de los centros metropolitanos del norte, sino la gober-nabilidad y las estructuras sociales de los países productores de la región andina.

La discusión sobre la sostenibilidad del medio ambiente ha comenzado a ganar fuerza política y relevancia económica desde hace años en los paí-ses de la Unión Europea, pero no ha encontrado un eco semejante en Estados Unidos. Por su par-te, en América Latina cualquier tipo de considera-ción a estos temas es relativamente reciente y era percibido como un “hobby de los países ricos”. En países como México y Brasil, en los que se mira la industrialización como la mejor forma de superar el subdesarrollo, las necesidades de desarrollo han precedido siempre a las consideraciones ambientales. La posición de México ha cambiado radicalmente con su ingreso en el tlcan, cuando la formulación de normas ambientales formó par-te del proceso de integración con Estados Unidos, donde los intereses industriales querían evitar la competencia de las industrias mexicanas a las que se permitía originalmente hacer caso omiso de cualquier reglamentación medioambiental. En Brasil se ha desarrollado un movimiento influ-yente de la sociedad civil en favor de las leyes am-bientales a lo largo de la última década, no sólo con respecto a los riesgos industriales asociados a “industrias contaminantes” sino por la necesidad de proteger el hábitat natural de la región amazó-nica. Este cambio en la cultura política de Brasil y de otros países de a América del Sur ha llevado a una cooperación sustancial con la Unión Europea en todas las iniciativas internacionales de medio ambiente, hasta el punto de poder encontrar a la Unión Europea y América del Sur en el extremo contrario de la posición de Estados Unidos. Esto se ha convertido, bajo la línea dura de la actual administración de Estados Unidos ante los prin-cipales compromisos ambientales como el Proto-colo de Kyoto, en una piedra en el zapato hacia el progreso en uno de los más importantes temas internacionales. Por esta razón, resulta poco pro-bable que la reducción de la amenaza del dete-rioro ambiental se convierta en un elemento pri-mordial de la cooperación dentro del Triángulo Atlántico, al menos mientras en Estados Unidos mismo no se desarrolle una posición más flexible. El tema ambiental resulta más importante para el proyecto Europa-América del Sur y, por lo tanto, la cooperación en este aspecto será incluida, sin

duda, en cualquier acuerdo futuro de asociación entre las dos regiones.

reducción de conflictos: colombia, cuba, Haití y Venezuela

Las amenazas comunes no solamente tienen un carácter transnacional, sino que están estre-chamente vinculadas al concepto de “Estados fracasados” –la ruptura de la gobernabilidad, en el peor de los escenarios, o la falta de una buena gobernabilidad, en el mejor de los casos– en de-terminados países y el impacto que tiene la con-dición de esos Estados sobre sus países vecinos. Es aquí donde más se requiere la capacidad de las tres regiones para construir normas efectivas de una manera cooperativa. Las lecciones apren-didas de dolorosos procesos de transición a la democracia, tanto en Europa como en América Latina, podrían aplicarse, hasta cierto punto, a los previsibles problemas de una transición en Cuba o Haití.

La necesidad de establecer procesos políticos claros y transparentes de cómo proceder en caso de violaciones a la buena gobernabilidad y de cuáles son los síntomas de Estados que comienzan a fracasar, constituye una forma válida para medir la capacidad que tienen las regiones del Trián-gulo Atlántico para aplicar sus valores y proteger sus intereses comunes mediante la reducción de conflictos internos entre aquellas sociedades que pareciera no son capaces de hacerlo sin la ayuda externa. La persistencia en el nacionalismo y la voluntad de defender la soberanía nacional en momentos en los que, dado el proceso de globali-zación, muchos de sus atributos se tornan obsole-tos, obstaculizan tales “políticas de intervención”, que, sin embargo, parecen hacerse cada vez más frecuentes por consideraciones humanitarias –como en el caso de Haití–, así como por la necesi-dad de evitar el impacto negativo que los Estados que fracasan traen sobre sus vecinos.

En cada caso, las políticas deberán ser evalua-das de manera diferente por la comunidad inter-nacional, dado que no puede haber una respues-ta uniforme a unas muy específicas condiciones históricas, políticas y sociales sobre el terreno. Si las tres regiones acordaran una evaluación co-mún, podrían tomar una decisión más acertada sobre qué tipo de presión o cuáles fuerzas deben aplicarse y cuál podría ser el tipo de marco ins-titucional más efectivo dentro de un contexto regional o internacional como la onu. Aunque los casos de Colombia y Venezuela tienen di-mensiones y alcances completamente diferentes, parecieran ser los mas urgentes del hemisferio



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estu

dio

soccidental2�, junto con las posibles complicacio-nes de índole interno y externo de una futura transición en Cuba. Este último constituye un problema mayor en su proceso de transición po-lítica de un régimen autoritario a uno democrá-tico en el cual se espera, además, el desarrollo de una plena economía de mercado. Es de prever que ninguno de estos escenarios podrá ser con-trolado de manera exclusiva por América Latina o Estados Unidos, ni siquiera dentro del contexto de las instituciones interamericanas, que han de-mostrado, hasta el momento, bastante debilidad a la hora de influir en las complejas situaciones de los tres países. Por esta razón, la adopción de una posición común dentro del subsistema internacional del Triángulo Atlántico significaría un caso claro para crear medidas necesarias que condujeran a la reducción de conflictos. A pesar del alto grado de sensibilidad política implicado, parece haber un espacio para un consenso acer-ca de las medidas que deben adoptarse, en cuyo caso un liderazgo regional, en lo posible sin “ba-gaje” histórico, como el de Brasil, podría conver-tirse en un apoyo importante en el momento de adoptar una acción común. Es muy probable que cualquier propuesta política que las tres regiones lograsen desarrollar en favor de la reducción de conflictos sería aceptada por la comunidad in-ternacional en general. Aquí es donde los países del Triángulo Atlántico podrían desempeñar un papel muy constructivo en el proceso político de elaboración normativa para un sistema interna-cional reformado, de la misma forma en que la construcción de sus diferentes conceptos de re-gionalismo ha facilitado el proceso normativo en lo económico.

El sinnúmero de temas que se encuentran dentro del ámbito de gobernabilidad del Trián-

gulo Atlántico y que están a la espera de solucio-nes inmediatas, o al menos en el mediano plazo, es demasiado elevado, para esperar resultados de políticas concertadas en todos los problemas del nuevo sistema internacional. Sin embargo, el pro-ceso de negociaciones entre la Unión Europea, América del Norte y América del Sur, incluso en tiempos de limitado multilateralismo, parece ser más fácil que manejar estos temas dentro de un contexto mundial. Los viejos canales de ne-gociación, existentes desde hace más de medio siglo, entre Estados Unidos y la Unión Europea, por un lado, y Estados Unidos y América Latina, por otro, pueden facilitar el establecimiento de un proceso avanzado de construcción normativa para enfrentar los desafíos de la gobernabilidad en el siglo xxi, donde los intereses cruzados de los actores nacionales, regionales y globales deben tomarse en cuenta. Las posibilidades de éxito de una coordinación política más informal que formal pueden darse más fácilmente en el campo económico que en la mayoría de los temas políticos. En éstos la asimetría de poder es más evidente, pues la división entre costos y beneficios en el caso de integración aparecen más transparentes, contrariamente al caso de cooperación política, donde la pérdida de po-der de negociación y el miedo a la merma de la identidad nacional se tornan incalculables. La posibilidad de que la Unión Europea y América del Sur, a pesar de sus diferencias notables de de-sarrollo, compartiendo posiciones similares sobre diversos temas transnacionales, logren moderar la posición de Estados Unidos, dependerá más de la evolución del consenso político de las clases di-rigentes del actor internacional más importante y menos de la capacidad negociadora en el contex-to asimétrico del Triángulo Atlántico.

24 Freres Christian, “Opciones para la politica de la Unión Europea ante la crisis andina”, en Freres Christian y Pa-checho Karina (eds.), Nuevos horizontes andinos: Escenarios regionales y políticas de la Unión Europea, Caracas, Nueva Sociedad, 2002, pp. 1�7-162.

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De Nuremberg a La Haya: Los crímenes de derechos

humanos ante la justi

cia. Problemas, avances y

perspectivas a los 60 años

del Tribunal Militar Inter

nacional de Nuremberg

rainer Huhle*

*centro de derechos Humanos de nuremberg análisis político n° 55, Bogotá, septiembre-diciembre, 2005: págs. 20-38 IS

SN 0

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4705

reSumeN

Este ensayo fue escrito a manera de introducción para el libro Von Nürnberg nach Den Haag, que reunía los aportes a la conferencia internacional del mismo nombre, que se organizó en la ciudad de Nuremberg con ocasión del 50 aniversario del Tribunal de Nuremberg. La memoria de los suce-sos históricos fundacionales para el mundo de postguerra después de 19�5 ya no puede limitarse a la reflexión sobre la guerra, el fascismo y su derrota, y los proyectos concebidos para un nuevo or-den mundial en consecuencia de esos hechos. Debe incluir cada vez más una visión de la época de la postguerra misma: las rupturas y continuidades que se han dado, las lecciones aprendidas y no aprendidas, en un contexto en persistente cambio. No es de olvidar que la memoria misma de esos años que marcaron un hito tan decisivo en la historia del siglo xx, se ha hecho también historia. Las maneras de hacer memoria son no sólo diversas y controvertidas, son también hechos históri-cos de valor propio, muy dicientes de las vivencias de una época.Palabras clave: Tribunal de Nuremberg, Derecho Internacional Humanitario, derechos humanos, crímenes.

Summary

This essay was written as an introduction to Von Nürnberg nach Haag, a book that assembled the contributions to the international conference organized in the city of Nuremberg to commemora-te the 50th anniversary of the Nuremberg Trial. The consequences of the historical events that followed the Second World War can no longer be limited to a reflection on the war, on the defeat of fascism, and on the projects conceived for a new world order after the war. More and more they should discuss the postwar world: the ruptures and continuities that resulted, the lessons learned and not learned, in the context of persistent change. It must not be forgotten that the memory of those years that set such a decisive landmark in the Twentieth Century, has now become history.Keywords: Nuremberg Trial, International Human Rights, Crimes.



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De Nuremberg a La Haya Rainer Huhle

1 Nürnberger Menschenrechtszentrum (ed.), Von Nürnberg nach Den Haag, Hamburgo, 1996.2 Lee Roy (ed.), The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute. Issues, Negotiations, Results, La

Haya, 1999.

Quienes buscan leyes de impunidad, van a ser tan res-ponsables como los que apretaron el gatillo en el pasado.

–Sola Sierra, ex-presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Chile

Este ensayo fue escrito a manera de introducción para el libro Von Nürnberg nach Den Haag, el cual reune los aportes a la conferencia internacional del mismo nombre, que organizamos en la ciu-dad de Nuremberg con ocasión del 50 aniver-sario del Tribunal de Nuremberg1. La memoria de los sucesos históricos fundacionales para el mundo de postguerra después de 19�5 ya no puede limitarse a la reflexión sobre la guerra, el fascismo y su derrota, y los proyectos concebidos para un nuevo orden mundial como consecuen-cia de esos hechos. Debe incluir cada vez más una visión de la época de la postguerra misma: las rupturas y continuidades que se han dado, las lecciones aprendidas y no aprendidas, en un con-texto en persistente cambio. No es de olvidar que la memoria misma de esos años que marcaron un hito tan decisivo en la historia del siglo xx se ha hecho también historia. Las maneras de hacer memoria son no sólo diversas y controvertidas, son también hechos históricos con valor propio, muy dicientes de las vivencias de una época.

En ese sentido hemos preferido para el pre-sente artículo, en acuerdo con los editores de la revista, dejar intacta la mayor parte del ensayo de 1995, que fue un documento que reflejó un momento histórico preciso, con las dos cortes penales ad hoc de la ex Yugoslavia y de Ruanda, recién establecidas, y una corte penal permanen-te apenas visible en el horizonte; además, intro-dujimos algunos comentarios actuales sobre los desarrollos fácticos acerca de la lucha contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad, así como apreciaciones en la materia realizadas hace diez años por un grupo selecto de expertos.

De Nuremberg a La Haya se refirió, en 1995, por supuesto no a la Corte Penal Internacional sino al Tribunal Criminal Internacional, para juzgar los crímenes cometidos en el contexto de las guerras en la ex Yugoslavia (icty). El profesor de derecho internacional Christian Tomuschat, miembro durante muchos años de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Uni-das, y por lo tanto participante en la eterna labor de ese organismo para redactar un código de

derecho penal internacional, presentó la ponen-cia de apertura del congreso en la histórica sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg donde se habían desarrollado las sesiones del Tribunal Militar Internacional (tmi). Tomuschat expuso sus reflexiones acerca de la larga y, en muchos aspectos, decepcionante historia del derecho pe-nal internacional después de los primeros pasos fuertes dados en Nuremberg en una tónica bas-tante escéptica. Recalcó que desde Nuremberg “normalmente ningún Estado que no participa de manera directa en un conflicto se hace cargo de tomar medidas judiciales [contra los respon-sables de crímenes cometidos en el conflicto]”. Señaló los altos gastos económicos y políticos que significa para la onu “inmiscuirse en los proble-mas del pasado” de un país e ilustró con ejem-plos las dificultades administrativas, logísticas y financieras del icty, que en ese momento no había proferido ninguna sentencia. Subrayó que el éxito del tmi de Nuremberg estaba garantiza-do ante todo por el poder militar que le permitió ejercer la autoridad necesaria, la cual no tendría una corte internacional independiente. Terminó advirtiendo que el derecho penal puede ser sola-mente un elemento en la solución del problema de los crímenes de lesa humanidad y que las me-didas políticas serían tal vez más importantes. En el debate insinuó que no veía la posibilidad de que se concretara pronto una corte penal perma-nente y universal para esos crímenes.

Tres años más tarde, en la ciudad de Roma, se llegó, con muchas dificultades y algunas concesio-nes lamentables, pero al final con un consenso amplio y una idea de independencia de la corte en cierto grado intacta, al famoso Estatuto de Roma. Quien lee la historia de las negociaciones entre las delegaciones reunidas en Roma2, se da cuenta de que el escepticismo de Tomuschat esta-ba enteramente fundado. Había muchos momen-tos en que la causa estaba a punto de morir, pero finalmente se impuso la voluntad de una mayoría de Estados de realizar, medio siglo después del Tri-bunal de Nuremberg, esa promesa dada al mun-do en 19�5 y 19�6 de que los criterios que regían ese Tribunal impuesto por cuatro potencias serían las de una justicia universal en el futuro.

Pero veamos primero cómo nació ese conjun-to de normas que formaron el estatuto del Tribu-nal de Nuremberg y que después iban a formar

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los “Principios de Nuremberg” aprobados por las Naciones Unidas.

i. del crimeN de Guerra al crimeN de leSa

HumaNidad, o el Parto diFícil del derecHo

iNterNacioNal de derecHoS HumaNoS

Cincuenta años después del Tribunal Militar Internacional contra los principales criminales nazis en Nuremberg, en todo el mundo se habla nuevamente de ese proceso histórico. Sin em-bargo, ¿en qué exactamente queda el significado histórico de este gigantesco proceso?, ¿que re-flejaron los libros de historia como El proceso de Nuremberg?

Las respuestas a estas preguntas dependerán en buena parte del aspecto del proceso en que uno ponga el énfasis. Tenemos que distinguir por lo menos tres aspectos, que además se pueden co-rrelacionar con tres distintas etapas del proceso:

1. El por qué del proceso, su razón de ser y su legiti-midad.

En forma escrita, estos aspectos quedaron es-tablecidos en dos documentos básicos: el Acuer-do de Londres (agosto 19�5) y el Estatuto del Tribunal, aprobado en la misma Conferencia de Londres, documentan la fase preparatoria del Tribunal.

2. El cómo.El desarrollo del proceso mismo, incluyendo

sus normas procesales y toda la argumentación político-jurídica, que comenzó el 20 de noviem-bre de 19�5 y terminó el 1 de octubre de 19�6 con la sentencia.

3. La finalidad concreta del proceso.La sentencia condenatoria contra los veinti-

cuatro más altos representantes del régimen nazi, que puso un término simbólico a ese nefasto régimen y, en el caso de las doce sentencias de muerte, también un término real a la vida de aquellos representantes.

En la percepción pública, parece que el signi-ficado histórico del proceso de Nuremberg está relacionado, más que todo, con el último de estos puntos: el cierre definitivo –real y simbólico– de una etapa histórica. En esta perspectiva, el juicio era para los nazis la continuación de la derrota militar en el escenario de la justicia.

Para nosotros hoy en día, sin embargo, este aspecto es el menos interesante. Como factor his-tórico, el nazismo ya estaba eliminado antes del juicio. El significado del proceso de Nuremberg para nosotros no queda tanto en su función de cierre de una época, sino en la apertura de una nueva época, una época de un nuevo derecho

humanitario internacional, una nueva vigencia de los principios universales de los derechos humanos. Es casi un lugar común hablar de Nu-remberg en este sentido, pero muchas veces esto se hace sin conocer lo que realmente se hizo y se debatió en Nuremberg.

Si el Tribunal de Nuremberg realmente abrió camino para una nueva etapa del derecho inter-nacional, para un derecho internacional huma-nitario, es una pregunta importante. El hecho de que durante casi 50 años el Tribunal no ha tenido una continuación institucional, debería llamar la atención y ser motivo de dudas.

En qué medida el Tribunal de Nuremberg, ese evento singular, realmente pudo crear prece-dentes para el desarrollo del derecho, depende no sólo de la historia política del mundo después de la guerra, sino también de sus propias bases jurídicas:

· De las normas sobre las que se constituyó el Tribunal.

· De la definición de los crímenes que declara-ba dentro de su jurisdicción.

Ambos elementos quedaron fuertemente im-pregnados por la situación específica que existía en el momento de la victoria sobre el sistema nazi. Es evidente este condicionamiento histórico en el caso de la constitución del Tribunal, el cual quedó restringido a los representantes de los cuatro poderes principales de la alianza político-militar que había ganado la guerra. Obviamente, esto no pudo trazar el camino para un orden ins-titucional de la justicia en el mundo después de la guerra. Anotemos que esta deficiencia fue criti-cada ya en la época. Pero las propuestas de crear el tmi de Nuremberg como un juzgado interna-cional de la naciente onu, que datan incluso de 19��, resultaban prematuras.

Mucho más satisfactorias parecen las reglas procesales aplicadas en Nuremberg. Pero éstas no tienen tanta relevancia en el contexto de este análisis. Lo que interesa más, desde la perspectiva del futuro de entonces, es la cuestión de la juris-dicción material del Tribunal Militar Internacio-nal. ¿Cuáles eran los delitos que el Tribunal con-sideraba dentro de su competencia para juzgar? La respuesta se encuentra en el Estatuto ya refe-rido, particularmente en los famosos incisos a), b) y c) del artículo 6 de ese histórico documento. En ellos se hace referencia a las tres siguientes categorías de crímenes de derecho internacional:

a) Crímenes contra la paz (en la terminología clásica: faltas al ius ad bellum). Los jueces tenían que pronunciarse si los acusados habían llevado a

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cabo una guerra prohibida por el derecho inter-nacional. Esta cuestión de la “guerra de agresión” ni en Nuremberg ni en el medio siglo posterior ha sido solucionada a satisfacción de los juristas y políticos.

b) Crímenes de guerra (en la terminología clásica: faltas al ius in bello), es decir, las faltas contra las reglas de conducta de la guerra, reglas ya bastante elaboradas en la época.

c) Crímenes contra la humanidad. Desde una perspectiva ex post, de hoy, la definición que dio el estatuto de estos crímenes contra la huma-nidad parece sencilla y razonable; se entendía por ellos: “asesinato, exterminio, esclavización, deportación u otras acciones inhumanas, co-metidas contra una población civil antes de, o durante la guerra, y la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos”. En otras palabras, se describieron aquí –con la ausencia ostentosa de la tortura– aquellos crímenes que actual-mente solemos llamar los “crímenes de lesa hu-manidad” o las graves violaciones de derechos humanos, y que en los 50 años desde el proceso de Nuremberg han sido definidos y prescritos en numerosos tratados y convenciones internacio-nales.

En los tiempos del proceso de Nuremberg, sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. En primer lugar, hay que destacar que la expresión derechos humanos no se usa en el Estatuto, y una revisión de los demás documentos del proceso (llenan veinte tomos gruesos en letra pequeña) tampoco arrojará ese concepto tan importante para nosotros. Eso es así no obstante la presencia en el Tribunal de juristas provenientes de tres de los países que más méritos tienen en la historia del concepto de los derechos humanos: Inglate-rra, Estados Unidos y Francia.

La ausencia del término derechos humanos en Nuremberg nos indica que este concepto, en la época, no había ingresado todavía al ámbito del

derecho internacional ni del derecho penal. Era exclusivo todavía del reino de la filosofía del de-recho o a lo mejor del derecho constitucional.

Pero también con la expresión empleada, “crímenes contra la humanidad”, hubo muchas dificultades, como lo demuestran, entre otras muchas cosas, las curiosas dificultades de traduc-ción�.

Imaginémonos una acusación en 19�5 por violaciones de derechos humanos; habría sido sumamente problemática, técnicamente imposi-ble. Simplemente no existía el derecho en que se podía fundamentar. Ante la singular atrocidad de los crímenes nazis, los jueces quizás pudieron crear el derecho adecuado para condenar a los criminales nazis bajo el concepto de “violación de derechos humanos”. Habrían atentado, sin embargo, de manera aparatosa, contra el prin-cipio de la no retroactividad de las leyes, del nu-llum crimen sine lege. Se ha argumentado que éste también era el caso para los “crímenes contra la humanidad”, y la lectura de los documentos de Nuremberg hace ver claramente que los mismos jueces y fiscales del Tribunal estaban muy cons-cientes del problema y que buscaron desarro-llar distintas estrategias para evitarlo. Hasta en el mismo artículo del Estatuto que trata de los “crímenes contra la humanidad” se nota cierta inseguridad, cierta vacilación ante lo novedoso del concepto, cuando, en una vuelta sorpresiva, el referido inciso c) concluye la enumeración de los delitos que son “crímenes contra la humani-dad” con la calificación de que estos crímenes serían “cometidos en la ejecución de un crimen o en conexión con un crimen que queda en la competencia del Tribunal, independientemente si el acto contravenía el derecho del país en que fue cometido”.

Lo raro de esta condicionalidad es que justa-mente el artículo 6 del estatuto es el que define las competencias, o la jurisdicción material del

� Los términos humanity, humanité y humanidad tienen por los menos dos significados muy distinguibles: uno que se refiere al género humano como entidad y otro que apunta a un comportamiento supuestamente caracterís-tico del ser humano, el humanismo, lo humanitario, etc. En otros idiomas, como el alemán, los dos conceptos semánticos corresponden a dos palabras diferentes, lo que obliga a los traductores a tomar una decisión. Sin embargo, en la edición oficial de los documentos del Tribunal Internacional de Nuremberg, en distintos lu-gares se usan ambos términos (Verbrechen gegen die Menschheit y Verbrechen gegen die Menschlichkeit) sin discrimina-ción. Erróneamente, el término que ha quedado de uso en alemán es el de Verbrechen gegen die Menschlichkeit, es decir, crimen contra lo humanitario, lo que Hannah Arendt con razón criticó como absolutamente inade-cuado al verdadero carácter y tamaño del holocausto (Arendt Hannah, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, Nueva York y Londres, 196�). Recuérdese, por lo demás, que la expresión “crímenes contra la humanidad” tampoco tenía una tradición larga o elaborada en la historia del derecho internacional. Surge por primera vez en el contexto de los esfuerzos –frustrados– después de la Primera Guerra Mundial por sancionar el genocidio del pueblo armenio cometido por el gobierno turco (Bassiouni Cherif, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Dordrecht, Boston y Londres, 1992, pp. 165 ss).

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esfuerzos casi acrobáticos de subsumir todos los crímenes nazis a la categoría de crímenes de gue-rra. El ejemplo más apropiado para demostrar lo absurdo a que se llegó para inflar la idea de los crímenes de guerra, era la sentencia contra Julius Streicher, quien fue condenado a la pena de muerte. Streicher, profesor de un colegio de Nuremberg, se hizo grande con la subida de los nazis, convirtiéndose en uno de los propagan-distas más repulsivos del régimen, con un antise-mitismo vociferante que hasta causó disgusto a algunos nazis. No participó, sin embargo, en la guerra, ya que probablemente era indispensable con su ardua labor de propaganda antisemita. No se conocía muerte de alguna persona provoca-da por sus propias manos, mucho menos en un contexto de guerra. Su crimen era la permanente incitación al exterminio de los judíos, antes y du-rante la guerra, pero sin una relación inmediata con las acciones de la guerra. La sentencia tuvo que basarse, en este caso ejemplar, en el crimen contra la humanidad. Se hizo así, pero no sin agregar, en la última frase, que Streicher también participó, con su propaganda, en la preparación de la guerra.

Es cierto, entonces, lo que ya anotó el juez francés en el Tribunal, Donnedieu de Vabres, cuando dijo: “el concepto de los crímenes contra la humanidad, que el Estatuto había dejado en-trar por una puerta pequeña, se diluyó a través de la sentencia”5.

Es cierto también, por otro lado, lo que más tarde observó Hannah Arendt: la idea de los “crímenes contra la humanidad” poco entraba en la fundamentación de la sentencia, pero sí tuvo peso en la extensión de la pena. Sin querer decirlo en su argumentación jurídica, los jueces expresaron, por la condena a muerte para Strei-cher, lo que realmente significaba esta perma-nente incitación al genocidio: un crimen contra la humanidad.

Para el resultado, la condena de los altos responsables nazis, es decir, la cuenta final con el régimen nazi en el placer simbólico después de su derrota militar, todo este problema de los crímenes de guerra o contra la humanidad es de poca importancia. Pero desde la perspectiva del desarrollo del derecho de derechos humanos es lo que realmente interesa en el proceso de Nu-remberg. Porque una condena basada exclusiva-

Tribunal. La referencia a la competencia del Tribunal en el inciso 6 c) resulta así una autorefe-rencia. En términos de la lógica no tiene sentido. Su sentido se revela más bien como expresión, tal vez inconsciente, de la contradicción entre el de-seo de los autores del Estatuto de crear un nuevo sistema referencial para este tipo de crímenes jamás vividos en la historia de la humanidad, y su deseo de dar este paso sin abandonar el terreno seguro del derecho positivo. Y este terreno, el único que tenía una base en el derecho positivo, era el derecho de guerra.

Es sumamente instructiva, en este contexto, la lectura de los debates en las sesiones del Tri-bunal, porque se puede notar cómo los fiscales y jueces, como excelentes juristas que eran, bus-caban “agarrarse” de este concepto, considerado salvador, siempre que se trataba de los puntos de referencia no para una condena moral sino jurídicamente sólida. No hay que olvidar tam-poco que, pocos días antes de los Acuerdos de Londres, los jefes de gobierno de los Aliados re-unidos en Potsdam hablaron de la necesidad de juzgar solamente a los “principales criminales de guerra nazis”, y que el nombre oficial del proceso de Nuremberg era “Juicio contra los principales criminales de guerra ante el Tribunal Militar In-ternacional”. Otro ejemplo muy revelador de la inseguridad conceptual existente en Nuremberg en cuanto a los “crímenes contra la humanidad” lo ofrece el escrito de la acusación, en el cual también se insiste en confundir crímenes de gue-rra y crímenes contra la humanidad. La misma sentencia resume todos los crímenes contra la humanidad bajo el concepto de crimen de guerra. Si bien los jueces constatan que muchos de los crímenes nazis, especialmente la persecución de los judíos y otras personas civiles, se habían cometido antes de la guerra, para la condena los tomaron en cuenta solamente en la medida en que se pudo establecer un nexo entre estos crí-menes y la preparación o ejecución de la guerra. Excluye expresis verbis la posibilidad de que se tra-taba de “crímenes contra la humanidad” si no se daba este nexo�.

En esta perspectiva, el inciso c) del artículo 6 del estatuto del Tribunal, y también el capítulo titulado “Crímenes contra la humanidad” en el alegato hubieran sido simplemente superfluos. Y de hecho, el Tribunal en su sentencia hizo

� Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg, N° 1�, tomo i, noviembre 19�5-1 de octubre 19�6, Nuremberg, 19�7, p. 285.

5 Citado por Arendt Hannah en Eichmann in Jerusalem, ob. cit.

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mente en el derecho de guerra no habría sido un avance, en términos de jurisdicción material, en relación con el status anterior.

Para el derecho de guerra, por ejemplo, no interesaba lo que los nazis hacían con los propios ciudadanos alemanes –y los judíos en Alemania eran ciudadanos alemanes–. De hecho, el futuro fiscal supremo por parte de Estados Unidos en Nuremberg, Robert Jackson, decía en los debates anteriores al proceso: “El trato que el gobierno alemán da a sus propios ciudadanos, [...] no nos tiene que importar a nosotros más que lo que nuestros asuntos tocan a cualquier otro gobier-no”6.

Pero el mismo Jackson, en su discurso de apertura en Nuremberg, dijo exactamente lo contrario: “El trato que un gobierno da a su propio pueblo normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o la comunidad internacional de los Estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alema-nes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silen-cio sería consentimiento”7.

Sólo distan pocos meses entre estas dos fra-ses, pero en la historia de los derechos humanos los separa toda una época, en la cual nació el derecho internacional de derechos humanos. Aquí, y sólo aquí, queda el avance que significa el proceso de Nuremberg. Tímidamente, pero sí de manera notable, se abrió paso a la idea de que hay derechos universales del hombre que ningún gobierno puede pisotear libremente, sea en tiempos de guerra o de paz, sea en contra de sus propios ciudadanos o los de otra nación. Lo que se pudo observar en Nuremberg fue el penoso proceso del nacimiento de una nueva idea del derecho, a partir de las cáscaras del derecho de guerra. Todavía, hay que decirlo, asistimos a este proceso de nacimiento. Es tiempo de completarlo, puesto que las herramientas del derecho internacional de las cuales disponemos hoy son mucho más eficaces que en los tiempos de Nuremberg. Porque los recelos con que los jueces de Nuremberg aplicaron la categoría de crímenes contra la humanidad se nutrían de motivos nobles, hay que repetirlo. No quisieron aplicar normas que para los acusados tal vez no

eran reconocibles, no quisieron violar el principio del nullum crimen sine lege. Sus dudas y vacilaciones en la aplicación del concepto revolucionario de “crímenes contra la humanidad” los honra. Estas ambigüedades definían el reto que el proceso de Nuremberg significaba para la postguerra: definir claramente los crímenes contra la humanidad, ponerlas en relación con el concepto de derechos humanos y crear las condiciones en el derecho penal para que los criminales de derechos huma-nos pudiesen ser juzgados sobre un fundamento jurídico preciso.

ii. la reSPoNSaBilidad PeNal iNterNacioNal de

crímeNeS de derecHoS HumaNoS. el ProBlema de

la imPuNidad

Este legado de Nuremberg se puede precisar en tres elementos. Se trataba de:

1. Definir los “crímenes contra la humanidad” con independencia de situaciones de guerra.

2. Extender el principio de la responsabilidad individual, fundamental para el derecho penal, al ámbito de los “crímenes de lesa humanidad”, incluyendo el principio de la obligación de la persecución penal.

�. Crear las instancias adecuadas para sancio-nar en el ámbito internacional, de manera inde-pendiente y legalmente válida, estos crímenes, en caso de que los sistemas nacionales fallaran con esta obligación. Lógicamente, una jurisdicción penal internacional sería parte de estas previsio-nes, por lo menos como última ratio.

Veamos cómo la comunidad internacional asumió estas tres tareas.

En el campo de la definición jurídica los avances se dieron con rapidez. Ya en los procesos contra grupos de responsables nazis que las auto-ridades americanas llevaron a cabo en la misma ciudad de Nuremberg, una vez terminado el pro-ceso principal, se precisó que había “principios generales de derecho” que “pertenecían a los có-digos de todas las naciones civilizadas”, aplicables también para los responsables nazis. Mediante su resolución 95 (i) del 11 de diciembre de 19�6 la Asamblea General de las Naciones Unidas sa-ludó la sentencia del Tribunal de Nuremberg y los principios inherentes en ella. La Comisión de Derecho Internacional los codificó el 29 de julio de 1950 como los “Principios de Nuremberg”, fundamentales hasta hoy en la lucha contra la impunidad. A estos primeros pasos se unían

6 Citado por Merkel Reinhard, Das Recht des Nürnberger Prozesses, ob. cit., p. 81.7 Der Prozeß gegen..., ob. cit., tomo ii, p. 150.

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varios instrumentos internacionales más, de ma-nera que ya no cabe duda hoy de que en teoría los crímenes de lesa humanidad son castigables. Los jueces de La Haya no tienen por qué probar que una masacre contra una etnia diferente es parte de la guerra. El crimen del genocidio y otras atrocidades, incluso la tortura y la violación sexual masiva con fines políticos, son castigables según el derecho internacional. Pero no sólo castigables: el principio de legalidad del derecho penal en el plano nacional se tradujo también en el internacional en el principio de la persecu-ción obligatoria de estos crímenes, el cual quedó explícitamente establecido desde la Convención contra el Genocidio. La responsabilidad personal y la obligación de perseguir (y castigar) son dos lados de la misma moneda.

iii. JuriSdiccióN PeNal NacioNal e iNterNacioNal

Mucho menos claro es, lamentablemente, quiénes son los portadores de esta obligación. En principio, hay tres instancias posibles para cum-plir con la obligación de sancionar los crímenes contra los derechos humanos.

1. La justicia de los Estados nacionalesObviamente, cada Estado es responsable por

el respeto de los derechos humanos en su territo-rio, y en caso de violaciones a estos derechos, del castigo a los culpables. Dado que las violaciones de derechos humanos, en el sentido estricto del concepto, son cometidos por los agentes del Es-tado mismo, la ineficacia del Estado nacional en la persecución de estos crímenes tiene carácter sistemático. Los mismos Estados violadores serían los responsables del castigo. Abundan muchos ejemplos de que esto no funciona.

En un Estado con una clara separación de po-deres, por otro lado, sí es posible –y no faltan los ejemplos– que la justicia castigue, por ejemplo, a agentes del Ejecutivo. Cuando se generalizan las

violaciones de derechos humanos, sin embargo, normalmente el sistema judicial tampoco escapa a los mecanismos de presión que llevan a la im-punidad.

Y no siempre el sistema judicial cede a las pre-siones del Ejecutivo. En la Alemania de los años anteriores a la toma de poder por los nazis, el sistema judicial estaba ya impregnado por la ideo-logía nazi, al punto que los jueces y fiscales se podían considerar un baluarte del nuevo Estado sin que éste hubiera precisado de mucha presión. En las primeras semanas del nuevo régimen, en 19��, en la revista de la Asociación Alemana de Jueces se publicó un juramento macabro que re-zaba: “Juramos por el Dios eterno, juramos por el espíritu de nuestros muertos, juramos por todas las víctimas de una justicia antinacional, juramos por el alma del pueblo alemán que seguiremos a nuestro Führer (líder) en su camino como juris-tas alemanes, hasta el fin de nuestros días”8.

Sin duda, un sometimiento tan aparatoso del poder judicial a la ideología del poder es la ex-cepción. Pero incluso cuando los jueces mantie-nen más independencia, las circunstancias de un régimen dictatorial pocas veces permiten que el poder judicial actúe firmemente contra los abusos del poder. No es circunstancial el hecho de que la impunidad de los crímenes de derechos humanos sea un fenómeno global, reconocido como sínto-ma y causa a la vez de la repetición de violaciones de derechos humanos. También son muy conoci-dos los mecanismos principales de esta situación de impunidad: las amnistías e indultos en el área legal, los fueros privativos en el área de la admi-nistración de justicia, la corrupción, la falta de mecanismos de control administrativo y popular en lo que concierne a la sociedad9.

En este contexto, hay que valorar el principio de la “complementariedad” de la Corte Penal Internacional con las jurisdicciones penales na-

8 Richter-Zeitung Deutsche, 19��, pp. 265, 272, citado en: Bundesminister der Justiz (comp .), Im Namen des Deuts-chen Volkes. Justiz und Nationalsozialismus, Colonia, 1989, p. 89.

9 De la amplia literatura sobre causas y mecanismos de la impunidad de los crímenes de derechos humanos se-ñalamos los resultados del tribunal ético realizado sobre ese tema, Tribunal Permanente de los Pueblos: Proceso a la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina 1989-1991, Bogotá, 1991; desde la perspectiva del de-recho internacional, un estudio temprano de la impunidad es: Roht-Arriaza Naomi (ed.), Impunity and Human Rights in International Law and Practice, Oxford y Nueva York, 1995; del actual encargado especial del secretario general de Naciones Unidas para el tema de la impunidad, Orentlicher Diane F., “Addressing Gross Human Rights Abuses: Punishment and Victim Compensation“, en Henkin Louis y Hargrove John (eds.), Human Rights: An Agenda for the Next Century, Studies in Transnational Legal Policies, N° 26; un resumen de los debates sobre impunidad en América Latina: Huhle Rainer, “Demokratisierung mit Menschenrechtsverbrechern? Die Debatte um die Sanktion von Menschenrechtsverbrechen in den lateinamerikanischen Demokratien“, en Nolte Detlef (ed.), Lateinamerika im Umbruch?, Hamburgo, 1991, pp. 75-108; Ambos Kai, Straflosigkeit von Menschenrechtsverlet-zungen. Zur “impunidad“ in südamerikanischen Ländern aus völkerstrafrechtlicher Sicht, Friburgo, 1996; Nolte Detlef (ed.), Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika, Hamburgo, 1996.

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cionales destacado en el preámbulo y el artículo 1 del Estatuto de la cpi. Este principio, a veces criticado por limitar las facultades de la cpi, al contrario es un incentivo para que los sistemas de justicia nacionales ajusten su jurisprudencia a los estándares internacionales.

2. La justicia de otros Estados (derecho penal universal).

Ante el incumplimiento de los Estados nacio-nales en sancionar los crímenes cometidos en el ámbito de su jurisdicción por sus propios agen-tes, existe la posibilidad de que otros Estados asuman esta tarea. Conforme a los principios del “derecho penal universal”, cada Estado tiene ju-risdicción en determinados casos, incluidos gran parte de los crímenes de lesa humanidad. Algu-nos tratados internacionales proveen incluso una obligación de los Estados miembros de perseguir los actos que contravienen lo convenido en estos tratados. Los más conocidos son sin duda los ca-sos de las convenciones de Ginebra y últimamen-te la Convención Contra la Tortura. La idea, muy antigua, subyacente a este principio de justicia universal es la figura del hostis humani generis, del enemigo común de la humanidad que, por lo tanto, permitía e incluso obligaba a todos los Es-tados a perseguirlo, como en el caso de la pirate-ría. No obstante, hasta los años noventa del siglo xx este principio casi no se aplicaba en materias propias de la defensa de los derechos humanos. La excepción fue la justicia de Estados Unidos, basándose en la “Alien Tort Act” norteamericana de 1789, pero allí también los casos que la litera-tura conoce son muy contados. Hay que destacar, pese a lo dicho, la vigencia, desde 1992, del “Tor-ture Victim Protection Act” en Estados Unidos, que permite a las víctimas de tortura interponer

queja contra un torturador de cualquier naciona-lidad que se encuentre en el territorio de Estados Unidos10.

En 1995 resumí las posibilidades de la “justi-cia universal” en los siguientes términos, que a la luz de los diez años pasados desde entonces ilustran bien los asombrosos cambios que se han dado en la materia, para bien y para mal:

Estados Unidos, por otra parte, es también el ejemplo para ilustrar el peligro de abuso de este instrumento, cuando una nación poderosa se toma el derecho de decidir ella misma su jurisdicción sobre ciudadanos de otros países que supuesta-mente violan las leyes de Estados Unidos. Si bien el derecho penal universal tiene raíces antiguas en la historia del derecho, en la práctica de la protec-ción de los derechos humanos hasta ahora no se ha demostrado su eficiencia. No es de descartar, sin embargo, la posibilidad de que la relevancia de este principio crezca en el contexto de la tercera de las tres instancias aquí consideradas, las cortes penales internacionales.

El peligro del abuso de la jurisdicción “univer-sal” de un país potente obviamente se ha poten-ciado de manera inesperada. La captura de “ene-migos” en todo el mundo por medios ilegales o por lo menos muy cuestionables, su traslado al territorio de Guantánamo y confinamiento per-manente sin ninguna garantía judicial son tras-gresiones de normas básicas del derecho inter-nacional inimaginables en 1995. Por otro lado, 1995 fue también el año en que se conocieron las terribles confesiones del ex capitán de corbeta de la armada argentina Francisco Scilingo que, contrario a sus expectativas, dieron inicio a un

10 El caso más conocido de enjuiciamiento a un ciudadano extranjero perseguido en Estados Unidos por un cri-men de derechos humanos cometido contra una persona que no tiene la ciudadanía norteamericana es el del torturador paraguayo Peña Irala, denunciado por los familiares de otro ciudadano paraguayo, el señor Filartiga. Amplia discusión de este caso y de otros pocos que existen en Estados Unidos ofrecen: Lillich Richard, “Da-mages for Gross Violations of International Human Rights Awarded by us Courts“, en Human Rights Quarterly, N° 15 (2), mayo 199�, pp. 207-229; del mismo autor: “Damages for Gross Violations of International Human Rights. us courts’ Cases and a Proposed International Convention for the Redress of Human Rights Violations”, en Torture, vol. 6 N° �, 1996, pp. 56-57; Hoffman Paul L., “Enforcing International Human Rights Law in the United States”, en Henkin Louis y Hargrove John (eds.), “Human Rights: An Agenda for the Next Century”, en Studies in Transnational Legal Policies, N° 26, Washington, 199�, pp. �77-511. Otras fuentes para ese caso impor-tante: Rigaux François, “Impunité, crimes contre l’humanité et juridiction universelle”, en Ligue Internationale pour les Droits et la Libération des Peuples (ed.), Impunity, Impunidad, Impunité, Ginebra, 199�, pp.71-8� (78 s); Cescatti Lorenza, Dal Tribunale Penale Militare de Norimberga al Tribunale Penale Internazionale per i crimini commessi nella Ex-Jugoslavia nell’ ottica dei Diritti Umani, Tesi di specializzazione della Universitá Padua, Scuola di Speciali-zzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, 199�, p. 57; Scharf Michael P., “Swapping Amnesty for Peace: Was There a Duty to Prosecute International Crimes in Haiti?”, en Texas International Law Journal, vol. �1:1, 1996, pp.1-�1 (�8). El también importante caso del ex general de policía argentino Suárez-Mason es dis-cutido por Gibney Mark, The Odyssey of General Suarez-Mason and the Implementation of Human Rights, ensayo para el xv Congreso Mundial de la “International Political Science Association” en Buenos Aires, 1991.

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proceso contra él en España, a su detención y finalmente su condena en ese país, en 2005, con base en la jurisdicción universal española11. En los siguientes años se iniciaron solamente en Es-paña más de 100 procesos por crímenes cometi-dos por ciudadanos extranjeros, en el extranjero, y contra extranjeros, siendo el más famoso el jui-cio contra Pinochet. Éste, si bien no logró llevar al ex dictador ante un tribunal español, radicó como ningún otro la jurisdicción universal como mecanismo legítimo y legal, e indirectamente llevó a la justicia chilena a cambiar de rumbo en la definición de la situación legal de Pinochet y otros responsables de crímenes de lesa huma-nidad. Bélgica fue otro país que avanzó mucho en la aplicación del principio de la jurisdicción universal, iniciando juicios contra violadores de dictaduras africanas, entre otros. Pero Bélgica fue también el país donde la jurisdicción universal llegó a ser frenada bruscamente por tocar los límites de la carga política de estos procesos, que ya no parecieron soportables a los legisladores del país (caso Scharon y otros). En Alemania, donde en el contexto de la adopción del siste-ma legal al Estatuto de Roma se promulgó, en 2002, un código penal de derecho internacional (Völkerstrafgesetzbuch), hasta la fecha ningún jui-cio llegó a pasar la etapa de preliminares. Una denuncia penal contra Donald Rumsfeld por responsabilidades que no son consideradas por la justicia estadounidense, no fue admitida por la Fiscalía alemana.

Las experiencias con la jurisdicción penal universal se han multiplicado desde 1995 de manera sorprendente, desmintiendo el escepti-cismo formulado hace diez años con base en las experiencias anteriores. Los problemas y ambi-güedades del instrumento también se han visto con mayor claridad, pero el principio como tal se ha afirmado y ha producido sin duda efectos sanos. Quedaría pendiente diseñar un marco normativo coherente para el desarrollo de esas jurisdicciones universales en el ámbito nacional. Lo interesante en este auge de la aplicación de principios de derecho internacional por cortes nacionales es que se dio paralelamente al desa-rrollo de otra jurisdicción con la misma finali-dad, la de las cortes penales internacionales. Las que podrían parecer, a primera vista, tendencias opuestas o competidoras, en realidad se han mostrado complementarias y mutuamente alen-tadoras.

�. Las cortes penales internacionales.Como muchas veces se ha dicho, en todos los

años que pasaron entre el final del proceso de Nuremberg (1 de octubre de 19�6) y el comien-zo de los trabajos de la Corte Penal Internacional para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, en 199�, no hubo ni un ejemplo más de una Corte Penal Internacional para criminales de derechos humanos que hubiera cumplido con la promesa de Nuremberg de una nueva era en el derecho penal internacional. Incluso los demás criminales nazis que no salieron impunes fueron condenados por cortes nacionales de distintos Estados, o, en el caso alemán durante los prime-ros años de gobierno militar, por cortes de los Aliados. La idea de que en Nuremberg se había originado en una Corte Penal Internacional que correspondería al carácter, reconocido también como internacional, del crimen contra la huma-nidad, empezó poco a poco a desvanecerse.

el proceso contra adolf eichmann, 1961

El ejemplo más dramático que permite hacer visible este cambio de actitud fue el proceso que era, sin la menor duda, entre todos los procesos contra criminales nazis en el mundo, el más re-sonado y más importante: el juicio que se abrió el 11 de abril de 1961, quince años después de Nuremberg, en Jerusalén contra Adolf Eichmann, uno de los organizadores más destacados del ex-terminio de los judíos europeos. Lo notable de este proceso, por cierto, no es lo que internacio-nalmente ha despertado más interés, el secuestro de Eichmann en Argentina para ser procesado en Israel. Ante la magnitud del crimen en cuestión y la falta de justicia en el lugar donde se había ins-talado, la cuestión de la legalidad de este procedi-miento es de poca relevancia. Pero el proceso de Jerusalén puso al descubierto con suma claridad el estado todavía insatisfactorio del tratamiento judicial de estos crímenes en el mundo.

La lectura del escrito de acusación contra Eichmann da la impresión de que en realidad se llevaron dos procesos paralelos contra la mis-ma persona. Casi todos los actos criminales que se le incriminan aparecen dos veces: primero como “crímenes contra el pueblo judío”, y en seguida como “crímenes contra la humanidad”. ¿Qué querían demostrar los fiscales israelíes con esta duplicación de la acusación? Consideraban como la garantía de su jurisdicción territorial los crímenes de Eichmann contra los judíos como

11 Recogidas por Horacio Verbitsky en su libro El vuelo, Buenos Aires, 1995.

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tales, como miembros de un pueblo específico que después se había constituido en pueblo con un Estado y territorio propios y que por lo tanto ejercía con pleno derecho la jurisdicción sobre Eichmann. Por otro lado, no pudieron dejar de lado el aspecto general del crimen, su calidad de genocidio, porque el exterminio de los judíos fue llevado a cabo por motivos de discriminación racial, nacional, religiosa y política. La corte na-cional de Israel, no obstante, no quiso, por varios motivos, basar la sentencia exclusivamente en la calificación de los crímenes de Eichmann como crímenes contra la humanidad.

Si bien esto se explica dentro del proceso histórico del Estado de Israel, la insuficiencia de este procedimiento desde el punto de vista de los derechos humanos universales fue destacada ya en su momento por varios observadores del pro-ceso. El entonces presidente del Consejo Mun-dial de Judíos, Nahum Goldmann, por ejemplo, pidió al gobierno de Israel instalar una corte in-ternacional, compuesta por jueces de varios paí-ses, para el juicio de Eichmann. En el mismo sen-tido se pronunció el filósofo alemán Karl Jaspers cuando declaró: “El crimen cometido contra los judíos es a la vez un crimen contra la humanidad. La sentencia en este caso sólo la puede dictami-nar una instancia que represente a la humanidad entera”12.

Con esto, Jaspers de ninguna manera intentó cuestionar la competencia de la corte de Jeru-salén. Lo que veía era, por contrario, la pérdida de una oportunidad única de hacer ver a toda la humanidad el carácter singular de los crímenes nazis, que amenazaban no sólo a uno o varios pueblos sino que, por su intención desenmas-carada de exterminio de una parte de la huma-nidad, abrió la posibilidad del exterminio de la humanidad como tal.

Jaspers propuso que Israel tuviera pendiente la sentencia en el caso Eichmann hasta que el mundo, por una instancia adecuada, asumiera su obligación de procesar a este perpetrador ejem-plar de crímenes contra la humanidad. Hannah Arendt precisó el punto de vista de Jaspers con su comentario de que el verdadero horror del crimen de Eichmann y de los demás criminales nazis no era la mera cantidad de muertos que ha-bían producido. Pidió el juicio de ellos por la hu-manidad entera porque habían atentado contra las normas básicas de la convivencia humana1�.

Creo que aquí estamos llegando a la esencia de lo que significa la idea de los derechos huma-nos y de su protección: como bien dice la expre-sión castellana –que no existe en otros idiomas de la misma manera– se trata de crímenes “de lesa humanidad”. Si no se les sancionan, está en riesgo la vida humana como tal.

En ese sentido podríamos denominar el proceso contra Eichmann, siguiendo a Jaspers y Arendt, como un tribunal internacional fallido. En el proceso histórico contra Eichmann en Jeru-salén la utopía de una corte internacional, mejor dicho, de una corte de la humanidad, apareció en la que sería la última vez en mucho tiempo. Las condiciones específicas de la situación en Israel y las circunstancias generales de la Guerra Fría no permitieron que se dieran pasos en direc-ción de esta utopía de la época, a pesar de que la misma visión estaba prevista concretamente en varios tratados internacionales, como en la Convención contra el Genocidio. No obstante, parece que la idea de una corte internacional para sancionar los crímenes de lesa humanidad nunca desapareció por completo de la concien-cia humana. No se explicaría, si fuera así, que durante las terribles masacres en la ex Yugoslavia fue posible, en un lapso tan breve, instalar una Corte Internacional por parte de la onu para juzgar los crímenes cometidos en el territorio de lo que era Yugoslavia. En todos los años anterio-res la labor paciente en comisiones y subcomisio-nes, las firmas de convenios y tratados, los viajes de visitadores y delegaciones para salvaguardar los derechos humanos habían mostrado que la protección de los derechos humanos en última instancia requería, como la protección de todos los demás derechos, de una instancia de justicia. No se puede elaborar un sistema internacional de protección de derechos humanos con tratados y convenios cada vez más explícitos, y dejar todo el edificio sin el techo de la instancia judicial.

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En esta perspectiva, la creación de la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia (icty), y poco después de una corte similar para Ruanda, parece un paso inevitable, importante, si bien todavía muy imperfecto. Antes que todo, el paso se dio por la puerta falsa: la creación de las cortes por medio de una resolución del Consejo de Se-guridad, en vez de hacerlo por un tratado interna-

12 Jaspers Karl, “Entrevista de François Bondy”, en Der Monat, N° 152, mayo 1961, p. 16.1� Arendt Hannah, Eichmann in Jerusalem, ob. cit.

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cional, era tan insólito como el marco legal de las cortes dentro del capítulo vii de la Carta de Na-ciones Unidas que trata no de la justicia sino de las medidas para mantener la paz. Sorprende que la gran mayoría de expertos en derecho interna-cional aceptara estos procedimientos, quizás por-que no había una alternativa práctica, y segura-mente porque el Estatuto de la Corte le garantiza la plena independencia, también en relación con su organismo creador, el Consejo de Seguridad.

A pesar de todo esto, durante mucho tiempo prevalecía en la opinión pública mundial un escepticismo grande frente a estas cortes ad-hoc. El espacio de maniobra de ellas sin policía ju-dicial parecía muy reducido. Su relación con el Consejo de Seguridad seguía siendo motivo de sospecha de que solamente se había creado otro instrumento más de las grandes potencias que dominan el Consejo de Seguridad, para garanti-zar sus intereses políticos en los conflictos de los Balcanes y en África. Las sospechas se nutrían aún más con la actitud ambigua de las Naciones Unidas y de la otan en Yugoslavia, cuando sus tropas se negaban a cumplir con su rol policial a favor de las órdenes de la Corte Penal Internacio-nal. ¿Sería la Corte sólo un instrumento represivo más dentro del diseño sospechoso de un “n uevo orden mundial” al servicio de los poderes hege-mónicos del Norte?1�.

Pasados los tres años de existencia, en 1995, el balance del trabajo de la corte para la ex Yugosla-via superaba las expectativas más optimistas, gra-cias en buena parte a la labor firme y tenaz del primer procurador de la Corte, Richard Golds-tone. Goldstone, anteriormente juez de la Corte Suprema de Sudáfrica, supo usar hábilmente los poderes que le dio el Estatuto de la icty15. Estos estatutos, que hacen referencia expresa a los principios de justicia formulados en Nuremberg, y a los demás instrumentos de derecho interna-cional creados en las décadas siguientes, resulta-ron un buen fundamento no sólo para la labor de la corte ad-hoc sino también para una futura corte penal permanente.

Bajo la conducción de Richard Goldstone y de sus sucesores la Corte ganó prestigio, y son pocas

las voces que ahora le reprocharían parcialidad o manipulación por intereses políticos. Fue su criterio independiente lo que le permitió atrave-sar, más o menos a salvo, por los momentos de crisis, primero cuando en los acuerdos de Dayton la cooperación con la Corte fuera impuesta a las partes del conflicto –sin que esto significara un apoyo incondicional a la labor de la Corte por los poderes de la otan–; y más tarde, cuando se abortó la investigación de la fiscal Del Ponte sobre las violaciones al dih cometidas por las fuerzas de la misma otan durante la guerra de Kosovo. Pese a que la icty fue creada por el Consejo de Seguridad como instrumento para un determinado fin político, los jueces y fiscales de la Corte sabían, por regla general, mantenerla al margen de los juegos políticos, convirtiendo su apego a la estricta normatividad jurídica, o sea a lo apolítico, en un factor político que pronto se tuviera que tomar en cuenta en la solución del conflicto, gustara o no a los diplomáticos. Por primera vez en medio siglo, la justicia había regresado al escenario de crímenes contra la hu-manidad.

Aun así, con un balance mejor de lo que se podía esperar, el paso que se ha dado en La Haya con la icty y su órgano paralelo, el Tribunal Cri-minal Internacional para la guerra de Ruanda (ictr), quedaba chico ante las exigencias y espe-ranzas generadas por el Tribunal Internacional Militar en Nuremberg. En 1995 lo único que se vislumbraba de una Corte Penal Internacional permanente y universal eran las versiones cada vez un poco más avanzadas de un borrador de es-tatuto de una Corte Penal Internacional perma-nente, presentadas por la Comisión de Derecho Internacional de la onu. Por lo que se conocía de estos borradores, las competencias de una posible corte internacional iban a ser menores que las competencias que se dieron a las cortes ad-hoc para Yugoslavia y Ruanda. Estimábamos en la conferencia: “Grande es todavía el temor de los gobiernos del mundo ante una justicia internacional independiente. Y lo que nosotros admiramos como conducta independiente en la corte para la ex Yugoslavia, para muchos gobier-

1� Como ejemplo de una voz bien articulada desde el sur: “Globocop? Time to Watch the Watchers“, en Third World Resurgence, N° 52, 199�, pp. �9-�2. El autor, copresidente del Pacific Asia Resource Center, recuerda que el mismo gobierno de Estados Unidos que después propulsaría la creación de la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia, durante décadas se negó a firmar la Convención contra el Genocidio de 19�8, justamen-te por temores relacionados con la creación de una Corte Penal Internacional, prevista por esa Convención.

15 Su ponencia en la conferencia de Nuremberg de 1995 fue publicada en español. Goldstone Richard, “Cincuen-ta años después de Nuremberg: Un nuevo Tribunal Penal Internacional para criminales que atentan contra los derechos humanos“, en Memoria, N° 8, 1996, pp. �-11 (también en: www.menschenrechte.org).

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nos simplemente es un peligro que no quieren fomentar.”

la corte Penal internacional

Sin embargo, como hemos visto, el clamor por una Corte Penal Internacional independiente, con jurisdicción material para los crímenes de guerra y de lesa humanidad conforme a los prin-cipios de Nuremberg, nunca había desaparecido por completo del debate. En principio, había dos caminos para realizar una corte: institucio-nalizarla como órgano de las Naciones Unidas, o mediante un convenio. Lo primero, sin duda la solución de máxima autoridad para la corte, sig-nificaba modificar la Carta de Naciones Unidas, tarea utópica entonces como hoy porque requiere dos tercios de los votos en la Asamblea General más la aprobación de todos los miembros perma-nentes del Consejo de Seguridad. Las resistencias de no pocos Estados y el amplio escepticismo que se vio también en la conferencia de Nuremberg, sin embargo, no desanimó a una gran coalición de ong de derechos humanos nacionales e inter-nacionales de seguir abogando por la corte. Aun así fue grande la sorpresa cuando en diciembre de 1996 una mayoría de los Estados decidió, en la Asamblea General de diciembre de 1996, con-vocar una Conferencia de Estados para mediados de 1998 en Roma, con el fin de “establecer una Corte Penal Internacional”. La decisión para mu-chos era temeraria y hasta contraproducente en vista de los riesgos inherentes de un fracaso de dicha conferencia, considerando el poco tiempo de preparación que quedaba y la visible falta de consenso.

La sorpresa se manifestó mayor cuando la convocatoria fue atendida por nada menos que 162 gobiernos, además de muchas organizacio-nes intergubernamentales, ong y organismos de la onu. No cabe aquí volver a contar los porme-nores de la conferencia de Roma16, pero los parti-cipantes coinciden en que las negociaciones estu-vieron marcadas desde el comienzo por la diver-gencia de visiones de un amplio grupo de países con opiniones afines (like-minded countries) que abogaban por una corte fuerte e independiente, y un grupo menor pero que incluía a poderes

grandes como Estados Unidos, Rusia, China e India, que no querían que se tocara el principio de soberanía de los Estados, dejando a la corte sin poder real. Lo interesante en los debates de Roma fue ver que la idea de una instancia judi-cial mundial, independiente y efectiva, había ga-nado muchos adeptos no sólo en Europa y Amé-rica Latina sino también entre los pequeños paí-ses del “Tercer Mundo”. La idea de una justicia universal se había ya universalizado. Como bien lo decía el gobierno colombiano al presentarlo a los pocos días de adoptarse en 1998, “el estatuto de la Corte Penal Internacional expedido el 17 de julio de este año [1998] en Roma, puede verse entonces como un paso definitivo en el proceso de cosmopolitización y universalización de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que confiere amplios mecanismos coercitivos para hacer efectivas las prohibiciones que hasta ahora se habían generosamente desa-rrollado, pero que carecían de la posibilidad real de hacerse cumplir y, por tanto, de impedir que sus autores quedaran en la impunidad17.

Firmaron el estatuto en la misma Roma 120 Es-tados, una cifra que pocos habían esperado al co-mienzo de la conferencia. Una de las concesiones a los opositores del estatuto había sido el número bastante alto (60) de ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia. Nuevamente se dio la sor-presa de que esta cifra se logró a los dos años de la aprobación del estatuto, de manera que entró en vigencia el 1 de julio de 2000. En junio de 2005 eran 1�9 los Estados signatarios del estatuto, y 99 Estados, es decir, más de la mitad de los miembros de la onu, lo habían ratificado, y esperaban a México como el Estado 100 en ratificarlo.

Mientras tanto, la corte se había constituido, el presidente y los jueces habían sido elegidos, el fiscal había sido nombrado y había iniciado sus primeras investigaciones. La cpi se ha convertido en un tema debatido en todo el mundo, mucho más allá de los círculos de abogados y defensores de derechos humanos. Lo muestran no sólo la prensa de muchos países sino también su entrada, por la puerta grande, a las pantallas de Hollywood en la película de suspenso The Interpreter.

En contraste con estos avances tan importan-

16 Lee Roy (ed.), The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute. Issues, Negotiations, Results, La Haya 1999; Weschler Lawrence, “Exceptional Cases in Rome: The United States and the Struggle for an icc”, en Sewall Sarah B. y Kaysen Carl (eds.), The United States and the International Criminal Court, Lenham, 2000, pp. 85-111.

17 Presidencia de la República, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Estatuto de la Corte Penal Inter-nacional, Bogotá, 1998, p. 8. El gobierno colombiano firmó, como la mayoría de los Estados latinoamericanos, el Estatuto de Roma.

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tes como inesperados, el gobierno de Estados Unidos, que había impulsado las cortes ad-hoc de la ex Yugoslavia y de Ruanda, y que había per-tenecido al grupo de países que convocaron la Conferencia de Roma, en la conferencia misma comenzó a dar marcha atrás. Presionado por una fracción militante del Congreso, Clinton dispuso que la delegación de Estados Unidos no aproba-ría el estatuto. La línea dura cobró mucho más fuerza con el nuevo gobierno de George W. Bush quien retiró, en un paso inédito, la firma que Clinton por motivos tácticos había dado en el último día de su gobierno.

Mucho se ha debatido sobre los verdaderos motivos de la posición norteamericana. Se ha tratado en muchos escritos de convencer a los le-gisladores y funcionarios del gobierno de Estados Unidos de que se equivocan en su temor hacia la cpi, que el caso de que un funcionario estado-unidense pueda ser llevado a la corte es irreal, y que su lectura del estatuto es errónea. Pero la posición del gobierno y el Congreso de ese país no se debe a un error de interpretación sino a una opción clara: no se acepta ni siquiera la más remota y teórica posibilidad de que un ciuda-dano estadounidense pueda ser juzgado por un tribunal que no sea nacional. En una conferencia en septiembre de 2002 en el Aspen Institute en Berlín, el entonces viceministro de Defensa y hoy designado embajador ante las Naciones Unidas, James Bolton, expuso con autoridad y claridad la posición de su gobierno: “For a number of rea-sons, the United States decided that the icc had unacceptable consequences for our national sov-ereignty. Specifically, the icc is an organization whose precepts go against fundamental American notions of sovereignty, checks and balances, and national independence. It is an agreement that is harmful to the national interests of the United States, and harmful to our presence abroad”18.

Lo que los promotores de la corte defendie-ron como requisito imprescindible de una justi-cia despolitizada –la facultad del fiscal de actuar con independencia–, es para Estados Unidos una de las principales piedras en el camino: “Indeed,

the supposed ‘independence’ of the Prosecutor and the Court from ‘political’ pressures (such as the Security Council) is more a source of concern than an element of protection. […] True politi-cal accountability is almost totally absent from the icc”19. “Responsabilidad política” equivalente a un control por organismos si no de Estados, por lo menos controlables por ellos. Frente a la independencia judicial, esta es una disyuntiva determinante en la disputa alrededor de la cpi entre Estados Unidos y los países que soportan la corte, y todos los demás organismos de derechos humanos.

Las medidas diplomáticas y legales tomadas desde la aprobación del Estatuto de Roma de-muestran que Estados Unidos busca imponer sus criterios frente a la corte, incluso cuando el costo político es incalculable. Las medidas más agresi-vas son la imposición de convenios bilaterales, de no extradición (bilateral immunity agreements, bia) con –hasta mediados de 2005, según fuen-tes americanas– unos 100 gobiernos, sean ellos partes del estatuto o no. Según la ley interna que rige estos convenios, sólo gobiernos que firman tales acuerdos pueden recibir ayuda militar (con algunas excepciones para limitar el daño políti-co). En los casos en que un gobierno parte del estatuto firma un convenio de esta naturaleza, como fue el caso por ejemplo de Colombia, viola el estatuto. De los 99 gobiernos que ratificaron el Estatuto de Roma, unos �0 habrían firmado un convenio de no extradición con Estados Unidos. Todavía no queda claro cómo las partes que cons-tituyen la cpi, representadas en la “Asamblea de Estados”, resolverán esta contradicción.

En el campo interno, Estados Unidos se ha servido de una legislación llamada “Ley pro-tectora de los soldados americanos” (American Servicemen Protection Act, aspa), que prohíbe a las autoridades estadounidenses cualquier forma de cooperación con la cpi, y condiciona la parti-cipación de Estados Unidos en misiones interna-cionales con la garantía formal de no extradición bajo ninguna circunstancia, e incluso delega al presidente el poder de tomar “todas las medidas

18 Sewall Sarah B. y Kaysen Carl (eds.), ob. cit. Bolton John R., Under Secretary for Arms Control and International Security, Remarks at the Aspen Institute Berlin, Alemania, 16 de septiembre, 2002. La traducción de la cita al español es: “Por varias razones, Estados Unidos decidió que la cpi es una organización cuyos preceptos van en contra de las nociones norteamericanas fundamentales de soberanía, pesos y contrapesos e independencia nacional. Este es un acuerdo que resulta perjudicial para los intereses nacionales de Estados Unidos y en detri-mento de nuestra presencia en el extranjero”.

19 La traducción de la cita al español es: “Sin duda, la supuesta ‘independencia’ del Procurador y de la Corte de presiones políticas (como las del Consejo de Seguridad) es más una fuente de preocupación que un elemento de protección [...] La verdadera responsabilidad política está casi completamente ausente de la cpi”.

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necesarias” para lograr la libertad de un funcio-nario estadounidense en caso de que se encuen-tre en poder de la corte. Esta última previsión le ha merecido al aspa en Holanda el sobrenombre de “Bomb-The-Hague-Act”.

Obviamente esta política extremadamente agresiva contra la cpi está en contradicción cho-cante con las tesis norteamericanas de 19�5. Todos los miembros del Tribunal de Nuremberg que están vivos se han pronunciado en términos críticos sobre la política de Estados Unidos hacia la cpi. El ex fiscal de Nuremberg y especialista en derecho internacional Benjamín Ferencz llegó incluso a La Haya para izar frente a la corte, a título personal, la bandera de rayas y estrellas que no estaba presente de manera oficial. En su bre-ve discurso rescató los principios desarrollados en Nuremberg, con participación prominente de Estados Unidos, de una justicia internacional basada en la ley, imparcial e independiente. “La ley no es una calle de dirección única”, exclamó, exhortando a su gobierno a ser coherente con su actitud en Nuremberg. “Como los alemanes tenían que aprender durante la época nazi –con-tinuó– la doctrina ‘My country right of wrong’ (el derecho de mi país a equivocarse) es una receta para llegar al desastre”.

A pesar de toda la animadversión de Estados Unidos y otros países, como China o Rusia, que se escudan bajo la arremetida estadounidense sin pronunciarse en términos tan agresivos, la Corte Penal Internacional ya es un hecho. Ha dado sus primeros pasos reales que revelan que ni para unos ni para otros es perfectamente previsible el rumbo que va a tomar este experimento nove-doso en la historia de la humanidad. Los casos de Uganda, Colombia y Darfur, de acciones que provienen o implican a la corte, ilustran el po-tencial pero también los problemas inherentes al organismo.

el caso de uganda

En julio de 200� el recién nombrado fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, quien había tenido a su cargo en Argentina la acusación en el proceso a la Junta Militar, abrió investigación contra el líder del Lord’s Resistance Army, un grupo rebelde conocido por su extrema cruel-dad. Lo hizo a pedido del presidente de Uganda, conforme con el estatuto que provee los pedidos de gobiernos partes del estatuto como uno de los caminos regulares para iniciar una investigación.

Casi dos años más tarde, voceros del mismo gobierno de Uganda propusieron al fiscal aban-

donar la investigación porque el gobierno estaba en negociaciones prometedoras con el Lord’s Resistance Army, que no deberían ser obstaculi-zadas por una investigación penal por parte de la corte. Obviamente, este procedimiento pone a la corte frente a un dilema profundo: si acepta la propuesta se presta a ser peón en juegos políticos que ella no controla, se deja politizar sin querer-lo y sienta un precedente que puede desgastar su capital más importante: su buena fama de regirse por la ley y nada más. Si no cumple con el pedido se gana la imagen de ser insensible a las exigen-cias de la paz, de perseguir un legalismo inflexi-ble e irracional, y posiblemente pierde el apoyo de gobiernos en situaciones similares. El fiscal parece haber optado por una reacción muy pru-dente, insistiendo en el reglamento y buscando una salida al ofrecer suspender la investigación: le dejaría abierta la posibilidad de retomarla en el momento que le parezca oportuno.

Evidentemente, el caso se sitúa en un debate mucho más profundo y discutido no solamente en Uganda acerca del rol de la justicia en proce-sos de paz. El pragmatismo de las teorias sobre-resolución de conflictos, con su premisa de que todas las partes en conflicto tienen igual derecho y tienen que salir con las caras limpias de la ne-gociación, choca con el principio de la filosofía de los derechos humanos, que enfatiza en la pro-bable perpetuación de crímenes no sancionados y ve en la independencia del sistema judicial una garantía, si no para todo conflicto actual, por lo menos para conflictos futuros. En el caso concre-to, organizaciones de derechos humanos ya han pedido al fiscal no ceder a presiones políticas sino resguardar el principio de independencia de la vía jurídica. Ardua tarea de enorme respon-sabilidad para el fiscal al sentar un precedente conciliando estas exigencias no necesariamente tan contradictorias.

el caso de colombia

Paralelamente a sus conversaciones con los enviados de Uganda, el fiscal, valiéndose de los artículos 15 y 5� del estatuto, se puso a redactar una carta al embajador colombiano ante la cpi, en la cual advierte al representante de Colombia que “en virtud de la ratificación del Estatuto de Roma por el Estado Colombia, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los críme-nes definidos en el Estatuto de Roma que hayan sido cometidos en Colombia o por nacionales colombianos a partir del primero de noviembre de 2002”. Agrega que no sólo tiene la facultad

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sino la obligación de informarse sobre denuncias que le llegaron acerca de crímenes de lesa hu-manidad, despejando de paso un malentendido cultivado en Colombia acerca de los alcances de la invocación por parte de Colombia del artículo 12� al ratificar el Estatuto, el cual extiende por siete años la impunidad en materia de crímenes de guerra, pero no así para los crímenes de lesa humanidad y genocidio. Además de mostrarse preocupado por los persistentes patrones de he-chos que podrían ser crímenes según el Estatuto de Roma, la Fiscalía también pidió información “de los tantos anteproyectos de ley que han sido discutidos recientemente y se refieren a la crea-ción de medidas para investigar y castigar a los líderes de grupos ilegales que hayan cometido crímenes graves”, agregando que “tales iniciativas son claramente de gran interés para la Fiscalía”.

La carta no sólo tiene interés e importancia desde la perspectiva de Colombia, respecto a la cual señala con bastante claridad los límites de proyectos (de impunidad) en discusión en el contexto con los “procesos de desmovilización” de los grupos paramilitares. No parece casuali-dad la coincidencia de la carta a Colombia con el procedimiento hacia Uganda. Con la carta, confidencial pero ya en manos de los medios de comunicación, el fiscal deja claro que examina cada caso de acuerdo con su propia lógica y que desde el caso de Uganda no se puede sospechar que esté inclinado a favorecer la impunidad. A la vez la carta abre un campo de acción para la corte, que se sitúa por debajo de las medidas de investigación propia. Pedir de manera oficial información sobre determinados asuntos para examinar la posibilidad o necesidad de iniciar una investigación, bien podría ser un mecanismo de cierta eficacia para advertir a un gobierno que corre “peligro” de una investigación formal.

el caso de darfur

Las masacres continuas en la región de Darfur en Sudán occidental han enfrentado una vez más a la “comunidad internacional” y en particular a la onu con una situación de crímenes masivos de lesa humanidad (sin entrar en el debate de si se trata de genocidio, irrelevante en la opinión de este autor) y el reto de tomar medidas para terminar las agresiones. Una de las propuestas ha sido, desde los primeros momentos, referir el caso a la cpi. Como Sudán no es parte del Es-tatuto de Roma, la corte no puede actuar, como en el caso de Colombia, por su propia autoría. El único camino previsto en el estatuto para que la

corte actúe en casos que se desarrollan en países fuera de su jurisdicción territorial, es mediante una resolución del Consejo de Seguridad. Es el mismo mecanismo que se usaba en la creación del icty y del ictr, y de hecho Estados Unidos propuso la creación de un nuevo tribunal ad-hoc para Darfur. Ante la existencia de la cpi, la pro-puesta fue entendida y rechazada por una ma-yoría de Estados que veían en ella, más que una solución para Darfur, un intento de debilitar y desautorizar la cpi. Finalmente, Estados Unidos cedió, absteniéndose –junto con China, Brasil y Algeria– en el voto de la resolución 159� me-diante la cual el Consejo de Seguridad decidió a fines de marzo de 2005 referir la situación de Darfur al fiscal de la cpi, valiéndose de sus facul-tades expresadas en el capítulo vii de la carta, es decir, por el mismo mecanismo con que había creado el icty y el ictr.

El lenguaje de la resolución muestra las mar-cas de la complicada negociación que la había hecho posible. Repite, como concesión a Estados Unidos, la exención de una posible persecución de todos los participantes en operaciones inter-nacionales en Sudán. Hace varias referencias al Estatuto de Roma, concesión esta vez de Estados Unidos, pero evita citar el artículo 1� que es el que faculta el Consejo de Seguridad para tomar medidas como la de remitir la situación de Dar-fur a la corte. En vez de ello, invoca el artículo 16, como advertencia velada, que permite al Con-sejo de Seguridad suspender una investigación del fiscal.

Sin embargo, lo importante para el futuro de la cpi es el hecho de que, apenas iniciada la labor de la Fiscalía, se recibe un primer caso vía el Con-sejo de Seguridad, un mecanismo que no se con-sideraba en la regla de los procedimientos de la corte sino más bien la excepción. La resolución obliga al gobierno de Sudán, que no forma parte del Estatuto de Roma, a cooperar plenamente con la cpi. El principio de adhesión voluntaria a la Corte mediante la ratificación del estatuto, que es el que distingue a la cpi de las cortes ad-hoc desde Nuremberg hasta ictr, se ve desde la fase inicial complementado por la coerción. De esta manera, la corte se viste de más autoridad y ve reforzado su vínculo con el ente más poderoso de las Naciones Unidas. Los gobiernos del mun-do han de aprender que la no adhesión a la corte no los exime automáticamente de la posibilidad de tener que rendir cuentas ante ella.

Pero el precio de este incremento de “garras” es el sabor a politización, a ser un instrumento de

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las grandes potencias que determinan las decisio-nes del Consejo de Seguridad, más aún cuando al mismo tiempo que Sudán se ve obligado a coope-rar con la cpi, Estados Unidos y otros “cooperan-tes” vuelven a insistir en su propia inmunidad.

Los tres casos discutidos que se han producido en 2005, al poco tiempo de iniciarse de verdad la labor de la corte, marcan puntos de importancia estratégica en el desarrollo de la institucionali-dad de la cpi. Son retos complejos para la corte, cuya solución determinará si se podrá ganar en la práctica el reconocimiento y la legitimidad que grandes sectores en todo el mundo le han presta-do desde el comienzo.

iV. derecHo PeNal y ProteccióN de loS derecHoS

HumaNoS: el ProBlema de la FuNcióN Social y

Política del caStiGo eN el coNtexto de la

ProteccióN de loS derecHoS HumaNoS.

Venganza, derecho y rehabilitación

“La justicia es un derecho humano”. Con estas palabras, el alto comisionado de la onu para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, comenzó su discurso en una conferencia celebrada en 1995, en conmemoración de los 50 años del proceso de Nuremberg20. El fiscal de La Haya, Richard Goldstone, precisó: “La justicia no es solamente una cuestión del castigo de criminales de guerra y de derechos humanos. Es también una cuestión del reconocimiento de los sufrimientos de las víctimas. Y para los afectados, en muchos casos, este reconocimiento es una parte esencial de su proceso de rehabilitación”21. Estas palabras de dos altos funcionarios del sistema de protección de derechos humanos de la onu van al núcleo del debate sobre la impunidad de crímenes de derechos humanos que adelantan, desde hace muchos años, ante todo organizaciones no gu-bernamentales en el área de derechos humanos. Todavía no son frecuentes palabras tan claras por parte de funcionarios de la onu.

Cuando pedimos castigo para los perpetra-dores de crímenes de derechos humanos, con frecuencia se nos pregunta si no somos capaces de perdonar y de reconciliarnos. Tenemos que defendernos contra la sospecha de que buscamos

en realidad venganza, un discurso que también tiene precedentes en los debates en torno al proceso de Nuremberg. Frente a este discurso antivenganza que nos pide prescindir de la ven-ganza mientras nos niega el derecho, hay que poner en claro algunos hechos elementales de la historia de la humanidad, y del derecho en par-ticular. Es cierto que la práctica de la venganza pertenece a un estado primitivo de la historia de la humanidad, cuando el ejercicio de la venganza era probablemente el único medio para lograr la restitución de un equilibrio social entre clanes, roto por un acto que ponía en peligro la con-vivencia, como lo es un asesinato. Resultó, a lo largo de la historia, y con un desarrollo cada vez más diferenciado de las sociedades, que este re-curso de la venganza se volvió dañino para ambas partes, tanto para el perpetrador con su grupo familiar como para la víctima y los suyos. Surgie-ron instancias mediadoras que se convirtieron en un sistema separado de las partes interesadas, y finalmente, en las sociedades altamente diferen-ciadas, surgió el complejo sistema judicial como lo conocemos.

La justicia como subsistema de la sociedad reemplazaba al ejercicio privado de la venganza. Pero no nos equivoquemos sobre la subsistencia de profundos sentimientos en la conciencia y subconciencia popular sobre la relación entre el dolor sufrido y el castigo como recurso para bo-rrar ese dolor22.

La ambigüedad semántica de la palabra pena, que se mantiene en los otros idiomas latinos, y que amalgama los conceptos de dolor y de castigo, nos debe advertir sobre esta estructura compleja y profunda del pensar humano. La idea cristiana del sufrimiento de Cristo como sufrimiento re-presentativo necesario para la salvación de toda la humanidad, o también la imaginación medie-val del purgatorio, son expresiones de este mito en nuestra cultura. Existen otros equivalentes en otras culturas del mundo. Cuando la justicia no cumple con su tarea de restituir la parte dañada en su derecho legítimo, el regreso a la venganza como una expresión primitiva de la necesidad de purgar el dolor injusto por la pena justa recobra fuerza y queda como posibilidad y peligro.

20 Ayala Lasso José, “La justicia es un derecho humano”, en Memoria, N° 8, Centro de Derechos Humanos de Nu-remberg, 1996, pp. 22-2� (también en: www.menschenrechte.org).

21 Goldstone Richard, “Cincuenta años después de Nuremberg: un nuevo Tribunal Penal Internacional para cri-minales que atentan contra los derechos humanos“, en Memoria, N° 8, 1996, pp. �-11 (también en: www.men-schenrechte.org).

22 Panikkar Raimon lo llama el “mito de la pena“. Panikkar Raimon, Myth, Faith and Hermeneutics, Nueva York, Ramsay, Toronto, 1979.

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En un sistema de derecho, la venganza no sólo es dañina sino también ilegítima2�. La sociedad no la va a tolerar. Otra situación se da cuando el derecho, de manera generalizada y obvia, falla en su función y se niega a hacer justicia a las víc-timas de graves violaciones. ¿Quién denegaría, en estos casos, a las víctimas la legitimidad de la venganza como último recurso? A pesar de esto, los casos en que las víctimas realmente ejercen un acto de venganza contra sus victimarios son prácticamente nulas2�. Los pocos ejemplos que se conocen tienen normalmente más el carácter de una demostración pública que de un acto perso-nal de venganza25.

En realidad, nadie ha interiorizado mejor el tabú de la venganza pronunciado por la civili-zación moderna que aquellos que más razones tendrían para transgredirlo: las víctimas del terro-rismo de Estado. El problema real de las víctimas no es, como dan testimonio muchos estudios psi-cológicos, la inclinación a la venganza, sino todo lo contrario, la supresión demasiado rígida del deseo inconsciente de venganza, que es una reac-ción definitivamente humana en términos antro-pológicos. El psicoterapeuta David Becker, quien durante muchos años ha atendido a víctimas de tortura y de otras atrocidades en Chile, en su libro, acertadamente titulado Sin odio no hay recon-ciliación, relata el sueño de un paciente tortura-do. En su sueño, el paciente había cambiado de rol y debió dar la orden de torturar a su propio torturador. Ni siquiera en el sueño pudo hacerlo,

se despertó vomitando26. Lo más frecuente es que las víctimas viertan sus sentimientos de agresión no contra sus victimarios sino contra sí mismos y los suyos. La renuncia prematura al deseo de venganza, ante la falta de justicia, es el verdadero problema que tiene la venganza.

La salida del trauma sufrido por la vía de la autodestrucción era muy frecuente también en-tre las víctimas del nacismo-fascismo en Europa. Baste recordar la vida y las reflexiones de Primo Levi, el escritor judío-italiano que sobrevivió a Auschwitz, y que décadas después se suicidó. En uno de sus libros, que reflejan la experiencia ex-trema del campo de concentración, describe la destrucción humana que crea el “gran pecado”, como llama a los crímenes nazis. Incluso después de terminado el régimen nazi, este crimen se perpetúa de mil maneras, escribe Levi, “contra la voluntad de todos, como deseo de venganza, como transigencia moral, como denegación de la realidad, como fatiga y resignación”27. Para Levi, todas estas reacciones quedaban en el mismo plan que la venganza, y en realidad eran mucho más frecuentes. La resignación y la negación son solamente formas invertidas o perversas de ven-ganza, otras reacciones insanas ante el crimen que no es alcanzado por la justicia.

La justicia es en realidad el remedio que mejor puede sanar las torsiones psíquicas que miles y millones de víctimas han sufrido. Ella es, como lo dijo Richard Goldstone y lo saben los terapeutas clínicos, la medicina que requieren los

2� No faltan los ejemplos que demuestran la sensibilidad popular frente a este nexo entre la disposición de su-primir el deseo de venganza y la existencia de un sistema judicial operante y eficaz. Pero si el funcionamiento del sistema judicial se aleja demasiado de lo que la opinión popular percibe como “la justicia”, rápidamente se pueden abrir abismos de desconfianza que nos remiten a la persistencia del deseo de venganza y de la disposi-ción de reivindicar el derecho a “hacer justicia” por parte de la población misma. Recordemos que en Bélgica, durante algunos meses de 1996, la aparente falla de la administración judicial en investigar cabalmente un escándalo de abuso sexual de menores llevó a la manifestación pública más concurrida de la historia del país. El auge de prácticas de linchamiento en muchos países, también de América Latina como Guatemala o Perú, entre otros, también se puede entender como reacción, retroceso, frente a la falta de procurar justicia de los sistemas judiciales.

2� El médico argentino Jorge Bergés, tristemente conocido por su participación activa en actos de tortura, secuestro y desaparición de menores (ver su retrato en la “Galería de represores“ que publicó el mensuario Madres de Plaza de Mayo en junio de 1995), sufrió un atentado en abril de 1986. Lo que en un primer momento fue considerado un acto de venganza por la impunidad de la que goza este médico criminal, después aparecía como un ajuste de cuentas entre distintas facciones de represores. El atentado no fue esclarecido ante la justicia.

25 Tal el caso de dos de los atentados más espectaculares entre las dos guerras mundiales, el del oficial ucraniano Simon Petljura, abaleado por el judío Schalom Schwartzbard, y el del militar turco Taalat Bey, asesinado por el armenio Tindelian. Ambas víctimas eran responsables de matanzas genocidas contra los pueblos judío y ar-menios respectivamente, y habían quedado sin castigo. El autor del atentado de Petljura, Simon Schwartzbard, reveló con bastante precisión los nexos entre falta de justicia, venganza y memoria pública discutidos aquí, cuando declarara que “La sangre del asesino Petljura recordará los sufrimientos del pueblo judío, desamparado y abandonado”. Arendt Hannah, Eichmann in Jerusalem..., ob. cit.

26 Becker David, Ohne Haß keine Versöhnung. Das Trauma der Verfolgten, Friburgo, 1992, p. 2�9.27 Levi Primo, Die Atempause (original: La tregua, 1962), Munich, 1988, p. 1� s.

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pisoteados y humillados por atropellos contra su dignidad humana en todo el mundo28. Aquí resi-de el sentido profundamente humano del clamor por la justicia y de la lucha contra la impunidad.

castigo y disuasión

Si el castigo sirve para disuadir a posibles cri-minales, es un interrogante sin solución desde los inicios de la jurisprudencia. Las respuestas siem-pre han sido muy contrarias, y lo serán también en el futuro, porque dependen tanto, o tal vez más, de la filosofía de la naturaleza humana y de la visión de una sociedad que uno tiene, que de datos empíricos. Para el pionero de la moderna filosofía del derecho, el italiano Cesare Beccaria, en su libro Dei delitti i delle pene (176�), el castigo era necesario para que los hombres “sientan” la obligación de “no volver al estado primitivo de guerra permanente” y resistan a “aquel principio universal de la disolución, que domina en todo el mundo físico y moral”, una vez que la huma-nidad haya alcanzado el estado de las leyes, que para Beccaria eran “las condiciones que se impu-sieron hombres independientes y aislados para convivir en sociedad”29.

Se notará aquí una filosofía del hombre bas-tante pesimista, la visión hobbesiana del “homo homini lupus”, es decir, que el hombre es lobo para los otros hombres. Desde una antropología más optimista, se puede llegar a conclusiones bien distintas, pero no nos corresponde dirimir aquí este asunto. Lo cierto es que en el ámbito de la “macrocriminalidad” de los grandes crímenes de Estado contra la humanidad, la base empírica para decidir sobre el éxito de la disuasión por el castigo, no existen, simplemente porque casi no hay ejemplos del castigo a criminales contra la humanidad.

Pero el efecto disuasivo no es el único que es necesario discutir en el contexto de la problemá-tica del castigo. Hay otros efectos probablemente más importantes. En un sistema político en que el poder judicial tiene la última palabra, la justicia tiene también la función de mantener intacto y vi-gente un sistema de valores. Si la justicia falla siste-máticamente contra los valores básicos de la socie-dad, éstos quedan irreconocibles, primero para los perpetradores, que pierden su mala conciencia, y después para las víctimas, que pierden su fe.

En un Estado moderno de derecho, hasta ahora, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos, el castigo judi-cial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto. Mientras esto sea así, la condena judicial con su castigo correspondiente o también la falta de condena, tienen un valor de orientación impres-cindible. Un crimen sin castigo tarde o temprano perderá su carácter de crimen. Si analizamos bien los pocos testimonios disponibles de perpe-tradores de graves violaciones de derechos hu-manos bajo sistemas de terrorismo de Estado, en América Latina o en otras partes del mundo –por ejemplo en la Alemania nazi–, podemos observar la importancia de esta función orientadora de la justicia y de la pena�0. Para mí resulta mucho más importante, desde el punto de vista de la preven-ción, que el efecto disuasivo.

Verdad y justicia

Encontrar la verdad es una función esencial, pero obviamente no la única del sistema judicial. Los jueces no son profetas ni sabios superiores. Sus sentencias son llamadas también “veredictos”, pero la fuerza de la verdad que dicen no radica en una calidad superior de la razón o del criterio de los jueces, ni siquiera se basa necesariamente en la veracidad objetiva de los veredictos judicia-les, si bien es cierto que un número elevado de faltas contra la veracidad le quita credibilidad a los juzgados. En última instancia la fuerza de la verdad pronunciada por un juez queda en las consecuencias que ese veredicto tiene sobre los afectados: el acusado y el acusador. La investi-gación judicial de la verdad normalmente está relacionada con la necesidad de dictaminar una sentencia. Esta es su finalidad y su razón de ser. Ante las cortes, la búsqueda de la verdad se da necesariamente en el marco de la búsqueda de la justicia. En este hecho sencillo queda lo conflicti-vo y hasta explosivo de la búsqueda de la verdad en los regímenes represivos, e incluso en los re-gímenes de transición. Con frecuencia se ha po-dido observar que un gobierno, ante la presión interna e internacional, está dispuesto a admitir que se busque la verdad de lo ocurrido. Pocas veces, en cambio, aceptan las consecuencias de la verdad encontrada, el clamor por la justicia. Se

28 Rojas Paz, “Crímenes de lesa humanidad e impunidad. La mirada médica psiquiátrica“, en Codepu (ed.), Perso-na, Estado, poder. Estudios sobre salud mental, volumen ii, Santiago, 1996, pp. 197-222.

29 Cesare Beccaria, Über Verbrechen und Strafen (original: Dei delitti i delle pene, 176�), Frankfurt 1988, p. 58.�0 Con suma claridad en las confesiones del capitán de corbeta de la armada argentina, Francisco Scilingo, recogi-

das por Horacio Verbitsky en su libro El vuelo, Buenos Aires, 1995.

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encuentran mil pretextos para evitar que los cul-pables aparezcan ante la justicia, y si no se puede evitar, no faltan los mecanismos para que salgan impunes.

Como una fórmula mágica, ante este dilema (para los gobiernos, no para las víctimas) surgie-ron, con distintos apelativos, las “comisiones de verdad”, primero en casi toda América Latina�1, y después con bastante ímpetu también en Sudá-frica. La intención de estas comisiones es siempre la misma: compuestas por personalidades de alto prestigio moral, las comisiones de la verdad deben pronunciarse para recomponer el orden moral de la sociedad. Se establece un hito de distancia con el pasado, y se espera que este acto simbólico satisfaga los reclamos de las víctimas. En los casos en que esto ha funcionado bien, de hecho se ha producido un momento de rehabili-tación moral y público para las víctimas. Sin em-bargo, para ellas y para la sociedad entera queda un problema sin resolver en las comisiones de verdad: la separación de verdad y justicia.

Sin menospreciar el valor de algunas de estas comisiones, no se puede dejar de lado tampoco su efecto contrario a la rehabilitación. Si la ver-dad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida. Si a pesar de ser públi-ca la culpa, los culpables pueden seguir como si nada hubiera pasado (según la famosa expresión de los represores argentinos), la continuación del poder y del potencial represivo queda tanto más evidente y amenazador. Si la verdad es sólo para la historia, hace sentir aún más el dolor de la in-justicia. En el largo plazo las normas morales, por su parte, no pueden ser protegidas solamente por la indignación pública. Perderán su fuerza normativa en la medida en que no son también aplicadas por medio de la sanción judicial. A dife-rencia de muchos recursos materiales, el recurso simbólico de la justicia no se gasta con el uso. Al contrario, sólo con el uso permanente recupera su fuerza y vigencia.

En este sentido, el problema del castigo, el perdón y la reconciliación de ninguna manera es un problema privado entre víctimas y victimarios. Lo que se ha violado no solamente es el alma y el

cuerpo de la víctima, son los derechos de todos nosotros que se violan en un individuo violado. “El delincuente es llevado a la corte penal no porque ha dañado a determinadas personas, como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito pone en peligro la comunidad como en-tidad entera” anotó Hannah Arendt en relación eon el proceso de Nuremberg.

Si esto es así incluso para un criminal “co-mún”, más lo es para el caso de crímenes come-tidos por agentes del Estado, en nombre de la sociedad entera. Tan nefasto parecía a Hannah Arendt la agresión del terrorismo de Estado nazi contra la humanidad, que no vaciló en decir que “es necesario acusar estos crímenes ante la justi-cia, incluso si la parte dañada –las víctimas– está dispuesta a perdonar y olvidar”. Porque el daño simbólico a la norma de los valores, no pertenece a una relación particular entre víctimas y victima-rios, es asunto de toda la sociedad. En el caso de los crímenes de Estado, este asunto es más grave aún. El crimen cometido en nombre de la socie-dad sólo puede ser sancionado por la instancia que la sociedad ha creado para tal fin: la justicia. La usurpación de la justicia por el régimen repre-sivo sólo puede ser reparada por la misma justi-cia. Los que luchamos por los derechos humanos sabemos de la paradoja que queda escondida aquí: perseguidos, calumniados o amenazados por las instancias del Estado volvemos con más terquedad y obstinación a dirigirnos a ese mismo Estado para reclamar justicia. Lo que a veces pa-rece un acto desesperado en realidad es la única esperanza que tenemos: que del Estado real del presente se desenvuelva el Estado de derecho, en el que todos compartamos derechos y deberes ciudadanos, responsabilidades y responsabilidad.

A un lector alemán que buscó escamotear la culpa de los criminales nazis tras el sistema generalizado e impersonal de injusticia que sig-nificaba el nazifascismo, Primo Levi contestaba que incluso en medio de la barbarie inconcebible del campo de exterminación de Auschwitz le quedaba clara la “necesidad de responder per-sonalmente cada uno por su culpa y sus errores, porque si no se extinguiría la huella de la civiliza-ción de la faz de la tierra, tal como sucedió en el imperio del nazismo”�2.

�1 La obra más completa sobre las comisiones de la verdad sigue siendo: Hayner Priscilla, Unspeakable Truths. Fa-cing the Challenge of Truth Commissions, Nueva York, Londres, 2001; también: Cuya Esteban, “Las comisiones de verdad en América Latina”, en Memoria, N° 7, 1995, pp. 5-19 y Memoria, N° 8, 1996, pp. 2�-�9 (también en: www.menschenrechte.org).

�2 Levi Primo, Die Untergegangenen und die Geretteten (orig.: I sommersi e i salvati, 1986), Munich, 1990, p. 182.

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HAITÍ: una intervención desafortunada

Juan Gabriel tokatlián*

*director de los programas de ciencia Política y relaciones

internacionales de la universidad de san andrés (argentina).análisis político n° 55, Bogotá, septiembre-diciembre, 2005: págs. 39-44 IS

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Para el autor de este artículo el envío de tropas latinoamericanas a Haití en 200� fue una decisión desacertada desde el comienzo. Los exiguos logros en materia de orden público en Haití han mos-trado los límites de una misión militar cada vez más compleja y azarosa. En efecto, los asesinatos políticos continuaron, la dificultad de desarmar a los distintos grupos paramilitares pertrechados persistió y se fue haciendo imposible contar con un clima mínimo de convivencia. A pesar de los magros resultados en la consecución de los respaldos asistenciales y financieros prometidos por varios países e instituciones y de las deplorables condiciones sociales generadas por la temporada de huracanes, el Consejo de Seguridad de la onu insistió en una solución básicamente militar para hacer frente a la calamitosa situación económica y política en Haití. El siguiente artículo enumera los errores cometidos, revisa la intervención argentina y realiza un balance de la situación al 2005.Palabras clave: Haití, intervención, onu, Argentina.

Summary

For this author, the sending of Latin American troops to Haiti in 200� was an unhappy decision from the beginning. The meager achievements in public order have shown the limits of this com-plex and risky military mission. Indeed, political murders continued, the difficulty in dismantling paramilitary groups persisted, and establishing a climate of minimum coexistence became next im-possible. In spite of the paltry results in terms of assistance and financial help promised by several countries and institutions, and of the deplorable social conditions generated by hurricanes, the UN Security Council insisted basically in a military solution to the calamitous economic and political situation in Haiti. This article enumerates the errors committed, revises the Argentinean interven-tion in Haiti, and assesses the situation up to 2005.Keywords: Haiti, intervention, un, Argentina.



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Haití: una intervención desafortunada Juan Gabriel Tokatlián

1 Clarín, 22 de mayo de 200�, p. 2�.

el error iNicial

El envío de tropas latinoamericanas a Haití en 200� fue una decisión desacertada desde el co-mienzo. La metáfora usada por el ministro de De-fensa de Argentina, José Pampuro, acerca de que “por primera vez las fuerzas armadas de Latino-américa se ponen los pantalones largos y toman la responsabilidad frente a la onu de garantizar la estabilidad de Haití”1 resultaba incorrecta en al menos cinco sentidos.

Primero, parece fundamental esclarecer que el 29 de febrero de 200� el presidente Jean-Ber-trand Aristide fue removido por la fuerza. En términos políticos, se trató de un muy particular golpe de Estado. No hay duda de que el manda-tario haitiano había abandonado las banderas progresistas y pluralistas que lo habían llevado al gobierno, que ejercía el poder de modo cada vez más arbitrario y agresivo y que la corrupción era el rasgo más sobresaliente de su administración. También era evidente que entre las fuerzas oposi-toras había personalidades y sectores democráti-cos. Sin embargo, buena parte de sus oponentes armados eran grupos facinerosos vinculados al Frente para el Avance y el Progreso de Haití (fraph), criatura política creada en los noventa por la cia, y a Guy Philippe, quien había recibido entrenamiento militar en Ecuador por parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Cabe remarcar, asimismo, que gobierno y oposición en Haití han estado atravesados por el emporio ilí-cito y transnacional de los narcóticos: las drogas estuvieron en el corazón de lo acontecido y aún constituyen un eje clave de la realidad haitiana.

Durante las jornadas de caos de febrero de 200� la oposición amenazó con un baño de sangre apenas llegara a Puerto Príncipe. Debili-tado y acosado nacional e internacionalmente, Aristide aceptó una fórmula de cogobierno que fue, finalmente, rechazada por sus oponentes. Estados Unidos y Francia, que habían tenido posiciones distintas en Irak, coincidieron en Haití: había que forzar la salida de un Aristide incorregible e inmanejable. Así, el presidente haitiano fue literalmente secuestrado por fun-cionarios estadounidenses y enviado por avión a República Centroafricana. En aras de evitar una potencial tragedia humanitaria, y por ende, pro-teger los derechos humanos de la población civil, se sacrificó la muy tenue democracia en el país, colocando en el poder, con dudosa legitimidad, al presidente provisional, Boniface Alexandre

(reputado miembro de la Corte Suprema), y al primer ministro interino, Gerard Latortue (hom-bre de negocios a quien algunos denominaban el primer ministro... de Boca Ratón). Todo esto hizo que en el golpe de Estado en Haití se entre-cruzaran varios principios y valores de la política internacional. Este es un ejemplo con muchos claroscuros: el envío de tropas no podía invocar la defensa de la democracia como su principal insignia de identificación.

Segundo, dada la naturaleza intrincada del caso haitiano debió tomarse en consideración la voz de los países más próximos de la zona. Duran-te los días críticos de febrero de 200�, las 1� na-ciones democráticas de Caricom (Comunidad del Caribe) señalaron que era indispensable hallar una solución institucional a la crisis en Haití. Co-rresponde recordar que esta agrupación, creada hace �2 años, sólo acepta en su seno gobiernos electos democráticamente y que desde el comien-zo de las acciones violentas en la isla propuso una salida consensual y en el marco de la ley. La legítima preocupación de los países del Caricom fue instrumentada por Washington y París para acelerar el empujón de Aristide. Ante el hecho consumado del golpe, los miembros de Caricom rechazaron reconocer al nuevo gobierno y pidie-ron a Naciones Unidas una investigación a fondo de lo acontecido. El secretario general de la onu, Kofi Annan, condicionado por la presión cruza-da y simultánea de Estados Unidos y Francia, no dio inicio a ninguna indagación. Así, se llegó a la Resolución 15�2 del Consejo de Seguridad de la onu que, en el marco explícito del capítulo vii, determinó el envío de 6.700 soldados y 1.622 po-licías a Haití. Adicionalmente, meses más tarde, Washington comenzó a amenazar –en particular, a través de la entonces consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice-- a los países de Cari-com para que abandonen la práctica de admitir en la organización sólo a gobiernos democráticos y la insistencia en la investigación por parte de la onu.

Tercero, es sorprendente que en 200� se pen-sara que a través del despliegue de cuerpos de seguridad se lograría la estabilidad política y el for-talecimiento democrático en Haití. Esta operación militar en territorio haitiano parecía ser un ope-rativo de compensación y coqueteo a Estados Uni-dos por parte de Francia, que preanunció su veto en el caso de Irak; de Canadá, que no alcanzaba entonces a redefinir su relación con Washington

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después de sus ambigüedades en el caso iraquí; de Chile, que deseaba restaurar una interlocu-ción más fluida con la Casa Blanca después de haber resistido sus apremios antes del ataque a Bagdad; de Brasil, que se mostró crítico del lanza-miento de la guerra contra Saddam Hussein sin respaldo de la onu pero que buscaba visibilidad para su postulación como miembro permanente ante el Consejo de Seguridad; y de Argentina que no deseaba quedar aislada respecto a sus pares del Cono Sur y que cada vez necesitaba más a Washington para el manejo de sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La deci-sión “latinoamericana” en torno a Haití no puede ser interpretada en términos principistas o al-truistas; una mezcla de cierta empatía y bastante pragmatismo parece haber guiado el comporta-miento de Buenos Aires, Brasilia y Santiago.

Cuarto, pareció que los países de Suramérica estaban poco interesados sobre el antecedente que generaba la resolución que estableció la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah). Imaginemos por un momento un escenario hipotético, pero no descabellado: en Bolivia se producen grandes manifestaciones de grupos heterogéneos de opositores que pare-cen preanunciar actos de horror a su llegada a La Paz, y Estados Unidos, con el respaldo de algún país extra-hemisférico, fuerza la salida del electo mandatario de turno para reemplazarlo por al-guien cercano a Washington. Ni antes ni después de la caída del gobierno democrático en Bolivia los países de la subregión –en especial, los de Mercosur– avalan un golpe de Estado camuflado. Supongamos ahora que Estados Unidos y su alia-do extra-hemisférico llevan el tema al Consejo de Seguridad de la onu y que los dos asientos rota-tivos latinoamericanos del Consejo los ocupan aliados activos de Washington. Vayamos más allá, y supongamos la aprobación de una resolución que, como en el caso de Haití, se llame de “es-tabilización en Bolivia”. Tres países de América del Norte, por ejemplo, México, Honduras y República Dominicana –bien distantes del país objeto del envío de tropas– aceptan ser parte de un contingente internacional para estabilizar la nación andina. ¿Cuál sería la interpretación de lo ocurrido? ¿Cómo reaccionarían Argentina, Brasil y Chile? ¿Qué impacto estratégico previsible ten-dría tal operación en el corazón de Sudamérica?

el caso argentino

Una lectura de los argumentos usados en Argentina a favor del envío de tropas a Haití

permite detectar que prevalecieron, en general, visiones parciales, precipitadas y paternalistas. En esa dirección, resulta interesante presentar y dilucidar críticamente los argumentos implícitos y explícitos de los funcionarios, políticos, obser-vadores, analistas y periodistas favorables a la operación militar.

En primer lugar, se indicó que una posición liberal moderna y sólida en relación con la defen-sa de los derechos humanos implica el impulso y la práctica de un intervencionismo humanitario. No obstante, la tradición liberal clásica --Kant, Mill, Cobden-- es anti-intervencionista: ni la de-mocracia ni los derechos humanos se pueden o deben imponer, sino que a cada sociedad corres-ponde alcanzarlos, instaurarlos y consolidarlos. El respaldo externo a la democracia es trascenden-tal, pero es cuestionable afirmar que la democra-cia interna se alcanza y consolida debido a que se impone desde afuera. La ocupación estado-unidense de Haití entre 1915 y 19�� y la fuerza de la onu liderada por Washington que en 199� reinstauró en el poder al hoy depuesto presiden-te Aristide, no lograron por la fuerza arraigar la democracia y los derechos humanos en Haití.

En segundo lugar, se subrayó que nuestra región asistía a un intervencionismo inédito. Se trataba de una suerte de “intervencionismo justo”, ya que ahora las democracias asistían a otra democracia: en el caso de Haití, el gobierno interino después de la salida de Aristide solicitó y consintió esta intervención. Este no era, en realidad, un proceso nuevo ni superador. La in-tromisión consentida en los asuntos internos de otros Estados fue característica de los regímenes autoritarios del Cono Sur. Por ejemplo, el Plan Cóndor permitió la intervención de los cuerpos de seguridad de un país en otro para perseguir, asesinar y desaparecer ciudadanos. El actual es-tacionamiento de tropas extranjeras en Haití no tiene mucho que ver con la protección de la de-mocracia, ya que el presidente Aristide, releecto en 2000 (en ese entonces el hemisferio aceptó resignadamente su victoria fraudulenta), fue de-puesto por la fuerza. Más allá de lo que se piense del estilo refractario y arbitrario de Aristide, se estaba convalidando un golpe de Estado exacta-mente a 200 años de la primera emancipación de una república negra en este continente.

En tercer lugar, se señaló que moralmente era intolerable para las naciones del hemisferio y para Francia convertirse en testigos pasivos de una eventual hecatombe humanitaria en Haití; en especial después de que la oposición anun-

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ciara un baño de sangre a su llegada a la capital. Más que la expresión de un principio profundo, este argumento parecía un sofisma conveniente y coyuntural. Por ejemplo, ni los países del con-tinente ni alguna nación europea se han mos-trado muy conmovidos por los más de 25.000 asesinatos anuales que se vienen produciendo en los últimos quince años en Colombia, ni por los casi 2’000.000 de desplazados internos que hay en ese país, ni por los casi �.000 secuestros al año desde finales de los noventa hasta 200�. Los incidentes violentos de 200� en Haití produje-ron casi �00 muertos. Sin embargo, la razón vital para el despliegue inmediato de la multinacional “Operación Secure Tomorrow” comandada por Estados Unidos no descansaba, principalmente, en el lamentable estado de los derechos huma-nos en Haití. La generosidad y la grandeza no parecieron estar en el centro de la decisión de Estados Unidos y Francia al momento de empu-jar a Aristide fuera del gobierno; lo cual se ha hecho más evidente al observar los montos de ayuda efectivos que han llegado al país para su reconstrucción institucional y material.

En cuarto lugar, se destacó que era injustifi-cado que los haitianos continuaran sufriendo; había que proceder de inmediato para que no se ahondara el drama social en ese país. La privación del pueblo de Haití no es nueva y se agudizó en los últimos años porque desde 2001 Estados Unidos impuso, de facto, un bloqueo a la asistencia internacional. Aproximadamente 500 millones de dólares dejaron de llegar al gobier-no de Aristide; entre ellos el desembolso de 1�6 millones en créditos del Banco Interamericano de Desarrollo que Washington paralizó. La grave situación interna de la sociedad haitiana no fue tenida en cuenta al momento de sancionar, de hecho, al Estado de Haití. La distinción usual en-tre pueblo y gobierno que se enfatiza, en muchos casos, a los fines de cimentar los argumentos humanitarios orientados a no castigar aún más a las personas que viven bajo un determinado régi-men, no se aplicó entre 2000-200� en el ejemplo de Haití.

En quinto lugar, se dijo que había que evitar que se consolidara un eje Cuba-Venezuela-Haití dado que Fidel Castro y Hugo Chávez estaban de-trás del soporte material al gobierno de Aristide. Hasta la fecha no ha habido evidencia alguna de tal contubernio: ni Estados Unidos presentó prue-bas, ni la oea o la onu debatieron sobre ese eje andino-caribeño y sus planes de alianza trilateral y desestabilización regional. Lo que sí se conoció,

a través de medios de comunicación caribeños, estadounidenses y europeos, y mediante la acción de ong africano-estadounidenses y de congresis-tas como Barbara Lee (demócrata de California) era que desde hacía años Estados Unidos venía financiando a grupos y personas de la oposición (un abanico de fuerzas que iba desde demócratas genuinos hasta malhechores consumados) con más de 70 millones de dólares por conducto de varias entidades; entre otras del International Republican Institute asociado al Partido Repu-blicano. En la práctica, la remoción forzada de Aristide le ha brindado a Chávez y Castro un argumento adicional para reforzar sus vínculos bilaterales y denunciar a Estados Unidos en los foros caribeños e internacionales.

En sexto lugar, se mencionó el hecho de que institucionalmente la participación de los cuer-pos de seguridad argentinos en misiones de paz resultaba muy positiva. La experiencia lograda en la última década por las fuerzas armadas en ese tipo de ejercicios pacíficos ha sido importan-te y constituye una política consensuada entre las principales fuerzas políticas y en los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, la naturaleza y el alcance de esta particular misión no fueron suficientemente debatidas. La tendencia del li-derazgo civil a creer que desplegar a los militares en misiones en el exterior significa tener una política de defensa es inquietante. La presunción de que tal despliegue significa una proyección de poder en el exterior es ilusoria.

¿rumbo a la anarquía?

A comienzos de 2005 los exiguos logros en materia de orden público en Haití mostraban los límites de una misión militar cada vez más compleja y azarosa. En efecto, los asesinatos po-líticos continuaron, la dificultad de desarmar a los distintos grupos paramilitares pertrechados persistió y se fue haciendo imposible contar con un clima mínimo de convivencia. A pesar de los magros resultados en la consecución de los res-paldos asistenciales y financieros prometidos por varios países e instituciones y de las deplorables condiciones sociales generadas por la temporada de huracanes (que produjo más muertes y devas-tación que los acontecimientos previos a la caída de Aristide), el Consejo de Seguridad de la onu insistió en una solución básicamente militar para hacer frente a la calamitosa situación económica y política en Haití. De igual forma, a pesar de que la estructura de ilegalidad --20% de la cocaína colombiana pasa a través de Haití-- seguía prospe-

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rando y de que República Dominicana estaba cre-cientemente afectada por la inestabilidad institu-cional de su vecino, los países latinoamericanos participantes de la misión eludieron, al menos de cara a sus respectivas sociedades, hacer un balan-ce realista y concertado de la situación.

Así, a un año de la intervención militar en Haití resultaba difícil hallar señales alentado-ras. Los más recientes informes sobre este caso –Spoiling Security in Haiti del International Crisis Group, Keeping the Peace in Haiti? del Harvard Law Student Advocates for Human Rights y del Centro de Justicia Global de Brasil, Haiti: Disar-mament Delayed, Justice Denied de Amnistía Inter-nacional y Securing Haiti’s Transition de Robert Muggash– apuntan en esa dirección: la misión de estabilización de Naciones Unidas en la isla ha fracasado en términos de pacificar el país, estabi-lizar la situación política y reconciliar la sociedad.

El nudo gordiano de este estropicio, al menos en lo que respecta a la determinación de varios países latinoamericanos que se han involucrado activamente en Minustah, es la ausencia de una razón estratégica justificada para involucrarse militarmente en Haití. Los errores fueron varios.

Primero, es erróneo insistir que el despliegue latinoamericano en Haití fue el resultado con-certado y autónomo de los países del área. Como ya se indicó, Argentina, Brasil y Chile se com-prometieron inicialmente por motivos distintos y de forma desordenada. Los tres, por razones diferentes y no planeadas, se integraron a una “coalition of the willing” zonal instrumentada por Estados Unidos. Haití es, en el plano regional y con las obvias diferencias del caso, lo que han sido otros esfuerzos internacionales de “coalicio-nes de voluntarios” (como Irak y Afganistán). La esencia de la similitud conceptual de los ejem-plos nombrados es que Washington determina el objetivo y luego invita y moviliza el consorcio de países participantes en una acción militar. En breve, se trata de lo que algunos han denomina-do la “Doctrina Rumsfeld”: Washington establece la misión y después forma la coalición: lo cual implica no permitir que otros fijen la agenda político-militar de Estados Unidos, afirmar una suerte de “multilateralismo al gusto” (si Estados Unidos decide sin condicionamientos exógenos y otros acompañan, mejor), y concebir la resolu-ción de los llamados “puntos calientes de crisis” (crisis hotspots) del mundo mediante instrumentos de fuerza preferiblemente.

Segundo, nunca fue claro el objetivo político de la misión en Haití: ¿Avalar y sostener un “cam-

bio de régimen”? ¿Imponer la ley y el orden en todo el territorio? ¿Reconstruir un “Estado falli-do”? ¿Desarrollar una política limitada y tempo-ral de desarme y desmovilización? ¿Avanzar en la configuración, de facto, de una suerte de neopro-tectorado? ¿Llevar a cabo una tarea de recons-trucción institucional completa y prolongada? ¿Reducir los incentivos para que los haitianos no migraran masivamente hacia las costas de la Flori-da en un año electoral como fue 200� en Estados Unidos? ¿Lograr un entrenamiento para eventua-les tareas urbanas antidrogas o antiinsurgencia en los respectivos países? Las acciones militares sin metas políticas precisas alientan una mayor inestabilidad. En el caso específico de lo que se denomina un “failed State”, una intervención mili-tar que se diseña y ejecuta equívocamente puede conducir a una profecía autocumplida; esto es, que el Estado realmente colapse.

Tercero, resulta patente que los problemas estructurales de Haití se fueron posponiendo en la medida en que la operación militar resultaba más ambigua y la racionalidad política para su despliegue más confusa. En el segundo semestre de 200� los potenciales donantes de recursos aseguraron el desembolso de 1.085 millones de dólares para hacer algo más viable la situación haitiana. Cuando Argentina llegó al Consejo de Seguridad en enero de 2005, alentó un mayor compromiso material a favor de Haití –el canci-ller Rabel Bielsa presidió una sesión especial al respecto. Sin embargo, la reelección de Bush, el tsunami asiático, el atolladero de Estados Unidos en Irak, entre otros factores, significaron que el radar de atención mundial se fijara en otras prio-ridades y que los recursos más usados fueran los militares. Hoy Haití debe seguir viviendo con su penuria social y la miseria económica pues sólo una pequeña fracción de aquel aporte se ha he-cho efectivo. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional –que reconoce que desde 2000 se ahondado el estado socioeconómico deplora-ble del país– insiste en su último informe sobre Haití acerca de la importancia de implementar “reformas estructurales” en la isla. Es enigmático concebir cómo se puede sugerir más ajuste para resolver el caso haitiano.

Cuarto, en un contexto de deterioro cre-ciente –incremento de asesinatos políticos, de secuestros indiscriminados y de abusos a los de-rechos humanos, aumento de bandas criminales y grupos de narcotraficantes, mayor descontrol institucional y hostilidad frente al contingente de la onu– se decidió apresurar el llamado a eleccio-

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nes, sin que ello implique la superación del caos existente. El manejo ineficaz del proceso electo-ral y sus consecuencias puede conducir a un total colapso nacional. Los datos son preocupantes: de los aproximadamente �’500.000 posibles elec-tores, hasta finales de julio sólo se han inscripto unas 600.000 personas; la contienda electoral se lleva a cabo con actores fuertemente armados que responden a diversos grupos facinerosos; y no se ha avanzado en una mínima reconciliación entre sectores políticos. Este entorno puede con-tribuir a que el nuevo ensayo de democracia hai-tiana sea aún peor que los anteriores.

Y quinto, el comportamiento militar de los países de la región que participan en Minustah está cada vez más condicionado por factores que están fueran de su control político. La violencia en Haití hizo que Naciones Unidas aprobara en junio pasado un incremento de efectivos en el país: ahora se pasará de 6.700 a 7.500 soldados y de 1.622 a 1.897 policías. Sin embargo, varios observadores han indicado que esa nueva cifra aún no será suficiente; algunos hablan de la ne-

cesidad de triplicar los efectivos, otros –como Canadá que tiene 100 soldados y policías en la isla– rehúsan incrementar sus tropas. Además, a principios de julio, el embajador de Estados Uni-dos en Haití, James Foley, ha dicho que el nivel de violencia política contra civiles en la isla equi-vale “a la definición de terrorismo”. Esto suma una complejidad adicional por cuanto hace im-posible tener una evaluación militar más realista sobre lo que realmente sucede en Haití y subor-dina el análisis político-diplomático de los países latinoamericanos a argumentos ideológicos: si alguien piensa dejar la misión o le desea poner un límite razonable aparecerá como un desertor en la guerra contra el terrorismo.

La ansiedad de “hacer algo” por Haití condu-jo a varios países de Latinoamérica a emprender una intervención diplomática y militarmente mal concebida en su origen; pobremente imple-mentada en su ejecución y carente de propósitos políticos rigurosos y mensurables. No sabemos cómo salir de Haití porque nunca supimos para qué entramos.

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aciaEvolución del sistema

de partidos en Colombia 19722000. Una mirada local y regional*

diana Hoyos Gómez**

*Agradezco los comentarios y sugerencias

del profesor Eduardo Pizarro.

**Politóloga, magíster en Estudios Políticos del IEPRI

de la Universidad Nacional. análisis político n° 55, Bogotá, septiembre-diciembre, 2005: págs. 45-59 IS

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reSumeN

Este estudio pretende aportar elementos para comprender lo que ha sucedido con el sistema par-tidista colombiano durante las últimas tres décadas. Para ello, no se enmarca sólo en la discusión sobre la apertura o reconfiguración del sistema de partidos, entendida en términos de incorpora-ción de nuevas fuerzas al espacio político electoral o el tránsito a un sistema multipartidista, sino que aborda también de manera central el asunto de la estabilidad. En esta dirección, examina la evolución del sistema de partidos en el ámbito local y regional, a partir del comportamiento de las variables número de partidos, volatilidad electoral y presencia de terceras fuerzas políticas en el período comprendido entre 1972 y 2000. De manera general, el estudio se inscribe en la discusión sobre el cambio del sistema de partidos colombiano.Palabras clave: Sistema de partidos, cambio, Colombia.

Summary

This study seeks to contribute to the understanding of what happened to the Colombian party sys-tem during the last three decades. It not only refers to the opening or reconfiguration of the party system, understood in terms of incorporation of new forces to the electoral political space or of the transit to a multiparty system, but it deals also with the question of political stability. It examines the evolution of the party system in the local and regional environments, addressing the following variables: the number of parties, electoral volatility, and the presence of third forces in the period between 1972 and 2000.Keywords: Party System, change, Colombia.



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Evolución del sistema de partidos en Colombia 1972-2000. Una mirada local y regional Diana Hoyos Gómez

Los partidos Liberal y Conservador no sólo han sido desde el siglo pasado actores centrales en la competencia electoral y en el ejercicio del poder político en Colombia, sino que han cumplido un papel fundamental en la construcción de la histo-ria política del país. Sin embargo, en las últimas décadas este dominio del bipartidismo se cons-tituyó en blanco de múltiples críticas. Desde dis-tintos sectores sociales y académicos se empezó a “percibir el sistema bipartidista como un sistema semicerrado, poco representativo y fuente de ex-clusiones”1. La persistencia del bipartidismo fue considerada como una de las fuentes de la crisis e inestabilidad política que vivía el país a fines de los años ochenta. Argumentos en distintos sentidos fueron esbozados, como la incapacidad de los partidos para representar los intereses de amplios sectores de la sociedad colombiana, el predominio de prácticas corruptas y clientelistas con la consecuente disminución de los niveles de legitimidad del sistema, la incapacidad de los partidos tradicionales para canalizar los conflic-tos sociales, entre otros.

De ahí que en las últimas décadas la preocu-pación por el cambio del sistema de partidos haya adquirido una gran relevancia en la discu-sión nacional. En esta dirección distintos esfuer-zos de reforma institucional han sido llevados a cabo en aras de producir un cambio en el sistema partidista. En particular, las reformas de finales de los ochenta fueron pensadas no sólo como un instrumento que podría contribuir al proceso de paz, sino también como un camino para ampliar los espacios de competición electoral, incorporar fuerzas no bipartidistas a los espacios de repre-sentación política y en general democratizar la vida política local2. Por su parte, las reformas de

los noventa buscaron la superación del biparti-dismo que había dominado hasta el momento el escenario político electoral, lo cual suponía no sólo promover el tránsito a un sistema multiparti-dista, sino además un cambio del viejo escenario político a través de las nuevas fuerzas. En este contexto, introdujeron una serie de diseños insti-tucionales para abrir las oportunidades a las fuer-zas no bipartidistas�.

Transcurridos algunos años desde estas refor-mas, se pueden ser plantear algunas preguntas: ¿Se ha producido un aumento de las fuerzas no bipartidistas? ¿Se ha hecho el tránsito a un siste-ma multipartidista? ¿En qué medida ha sido des-plazado el bipartidismo tradicional? En relación con estos interrogantes, este estudio pretende aportar elementos para comprender lo que ha sucedido con el sistema partidista colombiano. Sin embargo, no se enmarca sólo en la discusión sobre la apertura o reconfiguración del sistema de partidos�, entendida en relación con la incor-poración de nuevas fuerzas al espacio político electoral o el tránsito a un sistema multipartidis-ta, sino que aborda también de manera central la dimensión estabilidad. Dicho aspecto resulta fun-damental en el caso colombiano, particularmen-te en las últimas décadas, en las cuales empiezan a vislumbrarse importantes signos de desinstitu-cionalización5.

De acuerdo con lo anterior, este trabajo se inscribe de manera más general en la discusión sobre el cambio del sistema de partidos, que es abordado a partir del análisis de dos propiedades comunes a todos los sistemas partidistas, pero que resultan centrales en la discusión colombia-na: el número de partidos y la volatilidad electo-ral. Adicionalmente, se incluye una variable más

1 Pizarro Eduardo, “¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy”, en Análisis Político, N° �1, 1997, p. 82.

2 Gaitán Pilar y Moreno Carlos, Poder local. Realidad y utopía de la descentralización en Colombia, Bogotá, iepri/Tercer Mundo Editores, 1992; García Miguel, “Elección popular de alcaldes y terceras fuerzas. El sistema de partidos en el ámbito municipal. 1988-1997”, en Análisis Político, N° �1, 2000, pp. 8�-97.

� Dentro de éstos pueden mencionarse la flexibilización de las reglas para la constitución de partidos, movimien-tos y agrupaciones políticos, la creación de la circunscripción nacional para Senado, las circunscripciones es-peciales para minorías políticas y la ampliación de los espacios de competencia electoral a través de la elección popular de gobernadores.

� Esta pregunta ha sido abordada por algunos estudios: Gutiérrez Francisco, “¿Se ha abierto el sistema político colombiano? Una evaluación de los procesos de cambio (1970-1998)”, en América Latina Hoy, N° 27, 2001, pp. 189-215; Rodríguez Juan Carlos, “¿Cambiar todo para que nada cambie? Representación, sistema electoral y sistema de partidos en Colombia: capacidad de adaptación de las élites políticas a cambios en el entorno insti-tucional”, en Gutiérrez Francisco (comp.), Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano, Bogotá, iepri/Norma, 2001, pp. 22�-260; y García Miguel, ob. cit.

5 Mainwaring Scott y Scully Timothy, “Introducción. Sistemas de partidos en América Latina”, en Mainwaring Scott y Scully Timothy (eds.), La construcción de instituciones democráticas. Sistemas de partidos en América Latina, Santiago, Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina, 1996, pp. 1-28.

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específica que da cuenta del grado de presencia de las terceras fuerzas políticas. A partir de estas dimensiones se examina la evolución del sistema partidista en Colombia en las últimas tres déca-das.

El texto está dividido en tres partes. En la primera se define el enfoque desde el cual se aborda el cambio del sistema de partidos en este estudio. Adicionalmente se presentan algunas precisiones metodológicas.

En la segunda se trata lo relacionado con la evolución del sistema partidista respecto al nú-mero de partidos, poniendo especial énfasis en qué tan concentrados o no han sido los sistemas de partidos en lo local y regional y en qué direc-ción ha ido cambiando esto. Por otro lado, se explora para el ámbito local lo que ha sucedido con las fuerzas no bipartidistas consideradas como bloque. En relación con estos aspectos, se sostiene que aunque el cambio no se ha dado en la magnitud esperada por las reformas, los resul-tados para las terceras fuerzas no pueden ser con-siderados insignificantes. Sin embargo, esto no se ha traducido en una superación significativa del unipartidismo dominante en la mayor parte de los municipios, aunque han ido aumentando los casos de bipartidismos y aquellos con tendencia al multipartidismo.

La tercera parte se centra en la dimensión estabilidad. Se sugiere que tal vez uno de los cam-bios más importantes del sistema partidista se ha dado en relación con esta dimensión. De hecho, en el plano local se observa que después de déca-das de sorprendente estabilidad, los sistemas par-tidistas han registrado un aumento significativo de la volatilidad. Dicho comportamiento puede ser rastreado desde finales de los ochenta, aun-que es en el período postconstitucional cuando va a ser más marcado.

¿deSde dóNde aBordar

el camBio del SiStema de PartidoS?

En la literatura internacional, distintos analis-tas se han ocupado no sólo de dar cuenta de los procesos de cambio que han experimentando los

sistemas partidistas de algunos países, sino tam-bién de conceptualizar y definir lo que ha de ser entendido como cambio del sistema de partidos6. En esta dirección, se ha tratado de dar respues-ta a algunas preguntas que resultan centrales: ¿Cómo definir el cambio? ¿Cuándo puede consi-derarse que un sistema de partidos ha entrado en un proceso de cambio? ¿Cuáles elementos deben sufrir alteraciones para que pueda hablarse de cambio? Sin ánimo de abarcar esta discusión, a continuación se presentan unas breves precisio-nes relacionadas con el enfoque desde el cual se aborda el cambio del sistema de partidos en este estudio.

En primer lugar, en este texto se adopta el concepto de sistema de partidos propuesto por Sartori, de acuerdo con el cual puede ser enten-dido “como el sistema de interacciones que es resultado de la competencia entre partidos”7. Esta definición implica asumir que el sistema partidista no puede ser reducido simplemente a la suma de sus partes componentes, sino que in-volucra elementos relacionados con el modo de interacción entre ellos8. En este sentido, un pri-mer aspecto a considerar es que es necesario di-ferenciar entre el cambio que se puede producir en los partidos y el cambio del sistema partidista, pues es claro que debido a que un sistema involu-cra la totalidad de relaciones entre partidos, sus propiedades no son las de sus partes componentes9.

Una segunda cuestión que adquiere relevan-cia es cómo evaluar si un sistema de partidos es-pecífico ha cambiado o no. En relación con esto, un camino es identificar la esencia de lo que constituye un sistema de partidos dado, y a partir de ello determinar si se ha producido un cambio o no. En esta perspectiva, el cambio se da cuando el sistema ha transitado de un tipo a otro, es de-cir, que los cambios que resultan relevantes son aquellos que se producen en el centro y no en los márgenes del sistema10. Este enfoque tiene la ven-taja de evitar ambigüedades, pero puede resultar demasiado restrictivo, ya que pueden producirse cambios relevantes en algunas dimensiones del sistema, por ejemplo, cambios electorales, que

6 Mair Peter, Party System Change. Approaches and Interpretations, Oxford, Clarendon Press, 1997; Smith Gordon, “A System Perspective on Party System Change”, en Journal of Theoretical Politics, N° �, 1989, pp. ��9-�6�; Pennings Paul y Lane Jan, “Introduction”, en Pennings Paul y Lane Jan (eds.), Comparing Party System Change, Londres, Routledge, 1998, pp. 1-19.

7 Sartori Giovanni, Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, vol. 1, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 69.

8 Mair Peter, ob. cit., p. 51. 9 Smith Gordon, ob. cit., p. ��9. 10 Esta es la línea de análisis propuesta por Mair Peter, ob. cit.

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no necesariamente implican el tránsito a otro sistema.

Otro camino es evaluar las dimensiones o pro-piedades del sistema de manera independiente. Diversos autores coinciden en ciertas propieda-des que son vistas como relevantes en la medida en que dan forma a la estructura de competición y cooperación partidista, como serían el número de partidos y su tamaño relativo, la polarización ideológica y la volatilidad electoral11. Adicional-mente, aunque existe menor acuerdo sobre la importancia de otros elementos como dimensio-nes centrales del sistema de partidos, se han con-siderado también la desproporcionalidad elec-toral, la interacción entre gobierno y oposición y el grado de institucionalización. De lo anterior, resulta claro que no hay un único indicador de cambio del sistema, por lo que la definición de los parámetros a lo largo de los cuales es medido se constituye en una cuestión fundamental12.

Este texto se sitúa en esta última perspectiva de análisis para abordar el cambio, para lo cual se centra en dos propiedades: el número de par-tidos y la volatilidad del sistema partidista. El pri-mero de estos aspectos proporciona información sobre el formato o el grado de fragmentación del sistema de partidos. Por su parte, la volatilidad “provee información adicional sobre los patrones de interacción y competición entre partidos y nos da una medida dinámica”1�, de manera que resul-ta muy apropiada para analizar el cambio.

Un tercer aspecto que debe ser considerado es que el cambio del sistema de partidos puede tener lugar en distintas arenas de interacción partidista: electoral, legislativa o gubernamental.

En este sentido, es importante tener en cuenta que lo electoral no es sino una de las posibles dimensiones involucradas en el cambio del siste-ma partidista, por lo que la ausencia de cambio en este plano no puede ser interpretado como estabilidad del sistema en sus otras dimensiones. Sin desconocer la importancia que puedan tener otros espacios de competición para el estudio del cambio, este trabajo se centra en lo estrictamente electoral.

PreciSioNeS metodolóGicaS

Aunque en ocasiones nos referimos al ámbito nacional –es decir, al Congreso–, este estudio se centra en el ámbito local y de manera secundaria en el regional. En general los trabajos que de al-guna manera han abordado el asunto del cambio del sistema de partidos colombiano han puesto el énfasis en el ámbito nacional, especialmente el Congreso1�. Pocos, sin embargo, han sido los aná-lisis que se han ocupado del cambio en los niveles territoriales del orden local o regional15, aunque con enfoques distintos al propuesto en este texto.

El período comprendido en este estudio abar-ca desde 1972 hasta el 200016. Para abordar estos niveles se trabajó con los datos para asambleas departamentales y concejos municipales, especí-ficamente los correspondientes a las curules por etiqueta partidista17. Para el nivel local se selec-cionó una muestra aleatoria de 5�7 municipios y se incluyeron las doce ciudades18, mientras para lo regional se trabajó con la totalidad de los de-partamentos. El paso siguiente fue la agregación de curules según partido político y la construc-ción de los indicadores propuestos.

11 Pennings Paul y Lane Jan, ob. cit.; Sartori Giovanni, ob. cit., y Smith Gordon, ob. cit. 12 Mair Peter, ob. cit. 1� Bennett Anne, “Party System Change in Redemocratizing Countries”, en Pennings Paul y Lane Jan (eds.), Com-

paring Party..., ob. cit., p. 187. 1� Pizarro Eduardo, ob. cit.; Rodríguez Juan Carlos, ob. cit. 15 García Miguel, ob. cit.; Pinzón Patricia, Pueblos, regiones y partidos. La regionalización electoral, Bogotá, Uniandes/

cerec, 1989; Gutiérrez Francisco, ob. cit. 16 Para los ámbitos regional y local se consideraron catorce períodos electorales: 1972, 197�, 1976, 1978, 1980,

1982, 198�, 1986, 1988, 1990, 1992, 199�, 1997, 2000. Para concejos municipales no se trabajó con los da-tos de composición correspondientes a 1990, ya que esta información sólo existe para municipios zonificados (aproximadamente 70).

17 Los indicadores propuestos en este estudio pueden ser calculados con base en datos de votaciones o de curu-les por partido político. Sin embargo, debido a que durante el período 1988-199� no existe información de votos para concejo desagregada por partido y municipio, se trabajó con los datos de composición por partido tanto para asambleas como para concejos. Para ello se construyó una base de datos que recoge esta informa-ción para cada uno de los municipios de la muestra en los catorce períodos electorales considerados en este estudio. Se consultaron los tomos de la Registraduría Nacional donde aparecen todos los concejales elegidos en cada municipio con su respectiva etiqueta partidista, en cada una de las elecciones celebradas entre 1972 y 1986. Para los datos restantes se consultaron las publicaciones de las Estadísticas Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

18 De acuerdo con el criterio de la Fundación Social.

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1986 A- liberales (Partido Liberal Colombiano, Nuevo Liberalismo); B- conservadores (Partido Social Conservador).

1988 A- liberales (Partido Liberal Colombiano, Nuevo liberalismo); B- conservadores (Partido Social Conservador).

1990 A- liberales (Partido Liberal Colombiano); B- Conservadores (Partido Social Conservador, Movimiento de Salvación Nacio-

nal, Movimiento Nacional Conservador).

1994 A- liberales (Partido Liberal Colombiano, Liberalismo Independiente de Restauración, Movimiento Nacional Progre-

sista); B- conservadores (Partido Conservador Colombiano, Movimiento Fuerza Progresista, Movimiento de Salvación

Nacional, Movimiento Conservador Independiente, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Único de Renova-

ción Conservadora).

1997 A- liberales (Partido Liberal Colombiano, Movimiento Nacional Progresista, Movimiento Apertura Liberal, Movimiento

Liberalismo Independiente de Restauración, Movimiento Cívico Seriedad por Colombia); B- conservadores (Partido

Conservador Colombiano, Movimiento Fuerza Progresista, Movimiento de Salvación Nacional, Movimiento Conserva-

tismo Independiente, Movimiento Nueva Fuerza Democrática, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento de

Participación Popular).

2000 A- liberales (Partido Liberal Colombiano, Movimiento Apertura Liberal, Movimiento Cambio Radical, Movimiento

Alternativa de Avanzada –alas–, Movimiento Voluntad Popular, Movimiento Colombia Mi País, Movimiento de Integra-

ción Popular –mipol–, Movimiento Cívico Seriedad por Colombia, Movimiento Nacional Progresista, Movimiento

Nuevo Liberalismo, Movimiento Liberalismo Independiente de Restauración –linder–); B- conservadores (Movimien-

to Conservador Colombiano, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Fuerza Progresista, Movimiento Nueva

Fuerza Democrática, Movimiento Conservatismo Independiente, Movimiento Progresismo Democrático, Movimiento

Renovación Democrática, Movimiento Unionista, Movimiento de Participación Popular, Movimiento Político Ciudada-

nos por Boyacá).

Lo anterior no deja de plantear dificultades, particularmente en el escenario postconstitucio-nal, pues una de las estrategias de los candidatos pertenecientes a los partidos tradicionales ha sido ocultarse tras nuevos rótulos y etiquetas como una forma de ganar espacios electorales y de hacer frente al creciente desprestigio que enfrenta el bipartidismo tradicional. Sin embar-go, es importante señalar que algunos de estos casos pueden constituir verdaderos intentos por conformar una fuerza política distinta, siendo en general difícil determinar en qué momento un partido o candidato deja de ser tradicional y pue-de ser considerado como una tercería. En parte esto ha sido propiciado por la creciente desinti-tucionalización de los partidos tradicionales, así como por la fragmentación de las terceras fuer-zas en el escenario postconstitucional.

En consonancia con lo anterior, es preciso afrontar el problema de quiénes deben ser con-siderados como tradicionales y quiénes como

tercerías o independientes. Sobre este asunto autores como Pizarro y Gutiérrez19 han propues-to criterios para identificar las terceras fuerzas, pero no resultan aplicables en este estudio20. De-bido al tipo de análisis propuesto fue necesario trabajar con un criterio más simple. En primer lugar, se consideraron las distintas fuerzas políti-cas de acuerdo con la etiqueta partidista con la que se inscribieron en los comicios electorales. En segundo lugar, algunas de estas fuerzas que no se presentaron con la etiqueta liberal o conservado-ra fueron consideradas bajo estas agrupaciones políticas pues constituyen en realidad fracciones de estos partidos (véase tabla 1). El paso siguien-te fue realizar la agregación de curules para los liberales y sus fracciones, los conservadores y sus fracciones y para cada uno de los restantes movimientos y partidos políticos. En este último caso, la agregación de curules se hizo a partir del rótulo partidista con el que participaron en los comicios electorales.

Tabla 1

Partidos y movimientos pertenecientes a la familia liberal o conservadora

19 Pizarro Eduardo, ob. cit.; Gutiérrez Francisco, “Agregando votos en un sistema altamente desinstitucionalizado”, en Archivos de Economía, documento 157, 2001, pp. 1-16.

20 Es prácticamente imposible obtener información de participación de las fuerzas políticas del ámbito local en las convenciones partidistas en un período de tiempo como el considerado en esta investigación. Por otro lado, el criterio de Gutiérrez también resulta inaplicable no sólo por la información requerida sino porque el foco de análisis es el candidato y no la fuerza política, lo que implicaría que muchos casos tendrían que ser sometidos a prueba en aras de establecer si se trata de un tradicional o un independiente.

[50]



Número de PartidoS y FuerzaS No BiPartidiStaS

De acuerdo con Sartori, el número de par-tidos es una dimensión importante del sistema partidista, pues “indica inmediatamente, aunque sólo sea de modo aproximado, una caracterís-tica importante del sistema político: la medida en que el poder político está fragmentado o no fragmentado, disperso o concentrado”21. Adicio-nalmente, el número de partidos tiene relevan-cia respecto a las posibles corrientes de interac-ción del sistema, las tácticas de competencia y oposición de los partidos y la determinación de si es o no necesario un gobierno de coalición22. En general, existe acuerdo sobre la importancia del número de partidos como una propiedad im-portante del sistema partidista, aunque no sobre la manera como han de ser contados. En este texto nos inclinamos por las reglas de conteo cuantitativas, para lo cual utilizamos el indicador propuesto por Taagepera y Shugart, conocido como número efectivo de partidos (de ahora en adelante nep)2�.

En la discusión colombiana sobre el cambio del sistema partidista, el número de partidos tiene una especial relevancia. Como sostuvimos, dos de los procesos de reforma institucional que han sido llevados a cabo en las últimas décadas –la elección popular de alcaldes y la reforma constitucional de 1991– buscaron promover la incorporación de distintas corrientes y fuerzas políticas a los espacios de competencia electoral y en particular a los de representación política. Adicionalmente, se esperaba que la reforma constitucional y los diseños incorporados a prin-cipios de los noventa permitirían superar el tradi-cional esquema bipartidista mediante el tránsito a un sistema de multipartidismo.

En relación con las expectativas generadas por estas reformas pueden identificarse dos aspectos que aunque están estrechamente relacionados aluden a componentes distintos del cambio. En primer lugar, el aumento del número de partidos y el tránsito a un sistema multipartidista pueden ser abordados más bien como un asunto de di-versidad, lo que no necesariamente supone la desaparición de los partidos tradicionales, pero sí que otros partidos y fuerzas políticas puedan tener expresión en la arena electoral y acceso a los espacios de representación. En concreto, se trata de saber si la estructura de representación se concentra en un partido o pocos partidos, o si más bien distintas fuerzas tienen acceso a estos espacios dando lugar a sistemas relativamente desconcentrados o muy desconcentrados. Sin embargo, este indicador no nos habla del tipo de diversidad, es decir si se trata de tradicionales o nuevas fuerzas y movimientos políticos o qué tan presentes están los unos y los otros, cuestión que como hemos visto tiene una gran relevancia en el contexto colombiano. En relación con esto, un segundo aspecto del cambio es la medida en que las nuevas fuerzas han desplazado a los partidos tradicionales. Para ello se incorporó una variable que da cuenta del nivel de presencia de las ter-ceras fuerzas políticas, medida a partir de la pro-porción de curules obtenidas por estas fuerzas2� .

¿Se Ha Producido uN aumeNto

eN el Número de PartidoS?

El Congreso ha sido un escenario donde el liberalismo y el conservatismo han tenido una presencia mayoritaria durante toda la historia del país, y aunque esporádicamente otras fuerzas po-líticas han accedido a este espacio, no han logra-

21 Sartori Giovanni, ob. cit., p. 15�.22 Smith Gordon, ob. cit., Mainwaring Scott y Scully Timothy, ob. cit. 2� De acuerdo con Lijphart, la ventaja del índice propuesto por Taagepera y Shugart es que puede interpretarse

en términos del número de partidos. Así, “en un sistema bipartidista con dos partidos igual de fuertes, el núme-ro efectivo de partidos es exactamente 2,00. Si un partido es considerablemente más fuerte que el otro, con un porcentaje de votos o escaños respectivo de, por ejemplo, un 70 y un �0%, el número efectivo de partidos es de 1,72, una cifra que concuerda con nuestro juicio intuitivo de que nos alejamos de un sistema bipartidista puro en dirección hacia un sistema unipartidista. De modo similar, con tres partidos exactamente iguales, la fórmula del número efectivo da un valor de �,00. Si uno de estos partidos es más débil que los otros dos, el número efectivo de partidos tendrá un valor entre 2,00 y �,00, dependiendo de la fuerza relativa del tercer partido”. En Lijphart Arend, Sistemas electorales y sistemas de partidos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, pp. 11�-118.

La fórmula para calcular este índice está dada por N = (?pi2)-1; donde pi es la proporción de votos o curules ganados por el ith partido. Laakso Markku y Taagepera Rein, “Effective Number of Parties. A Measure With Application to West Europe”, en Comparative Political Studies, vol. 12, N° 1, abril, 1979, pp. �-27. Cabe mencio-nar, que este índice también puede ser calculado a partir del número de curules obtenidas por partido.

2� Aquí hemos considerado estas fuerzas como bloque. Un análisis más detallado supondría ver de qué tipo de fuerzas se trata y cuál ha sido su nivel de consolidación individual dentro del sistema partidista.

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do consolidarse. En los noventa, sin embargo, se observa un aumento de la pluralidad por efecto de la incorporación de nuevas fuerzas políticas, lo que podría estar conduciendo a un declive del bipartidismo perfecto25. Por su parte, los niveles regional y local también han experimentado un aumento de la diversidad. Al examinar cuál ha sido la evolución del nep para asambleas y con-cejos a partir de las medias para cada elección, puede verse que desde un poco antes de mediados de los ochenta empezó a producirse un paulatino aumento del nep (véase gráfico 1).

Aunque no es improbable que en los depar-tamentos y municipios se reproduzca el esque-ma bipartidista del ámbito nacional, dado que constituyen en realidad espacios autónomos de la vida política, es esperable que en estos ámbitos los sistemas partidistas sigan esquemas de compe-tición distintos. En esta dirección, una primera cuestión que pretendemos responder es ¿cómo pueden ser caracterizados los sistemas partidistas en lo regional y local en cuanto al número de partidos? Para facilitar el análisis he considerado cuatro grupos de acuerdo con los valores del nep registrados por asambleas y concejos municipa-les: a) unipartidismo fuerte (entre 1 y <1.6); b) unipartidismo atenuado (entre 1.6 y <2.0); c) sistemas de dos partidos (entre 2.0 y <2.7), y d) sistemas con tendencia al multipartidismo o mul-tipartidistas (2.7 o superior).

Al remitirnos a las tablas 2 y �, un primer as-pecto que observamos es que mientras a princi-pios de los setenta los sistemas partidistas del nivel

25 Pizarro Eduardo, ob. cit.

Fuente: Datos propios calculados a partir de Estadísticas elec-torales de la Registraduría Nacional del Estado civil.

local y regional registraban un comportamiento favorable a la diversidad, en los años posteriores se produciría en general una tendencia contraria, prácticamente desapareciendo los casos de multi-partidismo y disminuyendo los casos de bipartidis-mo. De hecho, en el período comprendido entre mediados de los setenta y finales de los ochenta, puede verse que mientras la gran parte de los de-partamentos presentan sistemas de dos partidos o de unipartidismo atenuado, en el ámbito de los concejos han tenido preponderancia los uniparti-dismos fuertes o atenuados. En relación con esto, llama la atención el hecho de que las asambleas muestren un comportamiento más favorable a la diversidad mientras en el plano local tienen pre-ponderancia los sistemas partidistas concentrados.

Gráfico 1

medidas NeP para concejos y asambleas 1972-2000.

¿Qué tan concentrados son los sistemas partidistas en lo

local y regional?

Tabla 2

Proporción de municipios según intervalos del número efectivo de partidos 1972-2000

1972 197� 1976 1978 1980 1982 198� 1986 1988 1992 199� 1997 2000

1 a <1.6 0.2� 0.�6 0.�9 0.�1 0.�2 0.�5 0.�9 0.�7 0.�0 0.18 0.�7 0.�5 0.�2

1.6 a < 2.0 0.26 0.�2 0.�8 0.�� 0.�� 0.�� 0.�6 0.�2 0.�0 0.2� 0.�5 0.�1 0.�0

2.0 a < 2.7 0.�9 0.28 0.22 0.16 0.12 0.12 0.15 0.20 0.16 0.2� 0.20 0.22 0.2�

2.7 y > 0.12 0.0� 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.0� 0.�5 0.09 0.11 0.1�

Fuente: Datos propios calculados a partir de estadísticas electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tabla 3

Proporción de departamentos según intervalos del número efectivo de partidos 1972-2000

1972 197� 1976 1978 1980 1982 198� 1986 1988 1990 1992 199� 1997 2000

1 a <1.6 0.0� 0.19 0.2� 0.16 0.1� 0.16 0.0� 0.1� 0.0� 0.22 0.0� 0.06 0.1� 0.0�

1.6 a < 2.0 0.19 0.19 0.26 0.�8 0.�1 0.�7 0.5� 0.�� 0.�8 0.�7 0.22 0.�1 0.25 0.28

2.0 a < 2.7 0.�5 0.6� 0.�8 0.�7 0.�8 0.�8 0.�1 0.�8 0.�1 0.�1 0.�� 0.�7 0.�1 0.��

2.7 y > 0.�2 0.00 0.0� 0.00 0.09 0.00 0.0� 0.06 0.19 0.00 0.�1 0.16 0.22 0.25


[52]



26 Como algunos autores han demostrado, el sistema electoral, específicamente la magnitud del distrito electoral, tiene efectos sobre el número de partidos. Taagepera Rein, “The Number of Parties as a Function of Hetero-geneity and Electoral System”, en Comparative Political Studies, vol. �2, N° 5, agosto, 1999, pp. 5�1-5�8; Lijphart Arend, 1995, ob. cit.; y Ordeshook Peter y Shvetsova Olga, “Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, and the Number of Parties”, en American Journal of Political Science, vol. �8, N° 1, febrero, 199�, pp. 100-12�. Este aspecto no puede perderse de vista, pues el número efectivo de partidos fue calculado con base en curules y no en vota-ciones.

27 Rouquié Alain, “El análisis de las elecciones no competitivas: control clientelista y situaciones autoritarias”, en Hermet Guy, Rouquié Alain y Linz Juan, ¿Para qué sirven las elecciones?, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 59.

28 Para el plano nacional los valores del número efectivo de partidos correspondientes a los años 1982, 1986, 1990, 1991, 199�, 1998, 2002 son respectivamente: Senado: 2.0�, 2.�7, 2.19, 2.�2, 2.�7, 2.9�, �.07; Cámara: 1.98, 2.�6, 2.1�, 2.5�, 2.�2, 2.6�, 2.57. Cálculos propios a partir de estadísticas electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

29 Oquist Paul, “Las elecciones presidenciales 19�0-1970”, en Boletín Mensual de Estadística, N° 259-260, 197�, p. 6�. Los resultados del estudio de Patricia Pinzón apuntan en una dirección similar. Pinzón Patricia, ob. cit. Cabe mencionar que los indicadores utilizados por estos autores no son del todo comparables a los propuestos en este estudio, aunque también aportan información sobre los niveles de concentración partidista.

Es posible que uno de los factores que incide en este comportamiento sea la magnitud del distrito electoral, pues en general el número de curules para las asambleas es mayor que para gran parte de los concejos municipales26. Sin embargo, también puede ser que este comporta-miento no se explique exclusiva o principalmen-te por los efectos del sistema electoral sobre el número de partidos. De acuerdo con Rouquié, “a menudo, los sistemas políticos que ofrecen las apariencias de democracias liberales y donde una pluralidad de formaciones coexisten y se oponen en principio en igualdad de condiciones, sólo conocen en realidad escrutinios competitivos en el plano de las estadísticas nacionales. Su pluralis-mo no es más que la resultante de una yuxtaposi-ción de dominaciones monopartidistas locales o regionales”27.

Esta hipótesis parece ser cierta para el caso co-lombiano, pues durante este período, en el ámbi-to de los concejos municipales, la representación política prácticamente se concentró en un solo partido –el Liberal o el Conservador– en un nú-mero muy significativo de municipios, mientras los sistemas de dos partidos fueron escasos, en contraste con el predominio del bipartidismo en todo el país28 e incluso departamental. Cabe mencionar que la preponderancia de los unipar-tidismos en los municipios colombianos no es un comportamiento exclusivo de los años setenta y ochenta, pues como muestra Oquist, en 19�0 y 19�6 la mayor parte de los municipios se hallaba bajo la hegemonía absoluta o el control político relativo de uno de los dos partidos tradicionales, mientras sólo cerca de una cuarta parte podían ser considerados como competitivos29.

Desde finales de los ochenta en el ámbito de las asambleas se observan ligeros cambios en el

comportamiento de los sistemas de partidos en lo relativo a los niveles de concentración. Sin embargo, es desde 1992 cuando se produce en el ámbito regional y local un aumento de los sis-temas con tendencia al multipartidismo o multi-partidistas y de los sistemas de dos partidos. En este sentido, puede decirse que el cambio en la configuración partidista en los municipios empie-za a producirse más bien como consecuencia de las reformas de los noventa, en contraste con el mínimo efecto que la reforma descentralista de finales de los ochenta tuvo sobre esta dimensión del sistema.

Ahora bien, a la luz de las expectativas gene-radas por la reforma de 1991 los resultados para el nivel municipal pueden ser considerados como mixtos: han aparecido casos de multipartidismo, pero aún persisten los sistemas de dos partidos y los unipartidismos fuertes y atenuados. De acuerdo con esto, puede decirse que parece estar produciéndose un aumento de la heterogenei-dad en el camino que han seguido los sistemas partidistas en el ámbito municipal, contándose hoy no sólo con sistemas unipartidistas, sino tam-bién con otros que han empezado a aproximarse al multipartidismo. Esto, sin embargo, debería ser considerado con más cuidado, pues es posi-ble que buena parte de estos casos hayan estado fluctuando –particularmente en los noventa– sin alcanzar aún una situación definitiva.

laS FuerzaS No BiPartidiStaS

eN loS coNceJoS muNiciPaleS

Aunque es de esperar que este aumento en el número efectivo de partidos guarde relación con la aparición de nuevas fuerzas políticas, es necesario dar cuenta de la magnitud en la cual estas fuerzas han desplazado al bipartidismo tra-

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Tabla 4

Proporción de municipios según presencia de las tercerías,

1972-2000

Nivel de pres. 1972 197� 1976 1978 1980 1982 198� 1986 1988 1992 199� 1997 2000

Ninguno 0.25 0.56 0.70 0.82 0.86 0.91 0.86 0.81 0.6� 0.22 0.50 0.�5 0.�7

Bajo 0.�� 0.�0 0.2� 0.15 0.11 0.07 0.11 0.1� 0.20 0.28 0.�� 0.�� 0.�6

Medio 0.�1 0.1� 0.05 0.0� 0.0� 0.01 0.0� 0.0� 0.12 0.27 0.12 0.1� 0.16

Alto 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0� 0.1� 0.0� 0.05 0.07

Muy alto 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.09 0.01 0.0� 0.0�


dicional. Como sostuvimos antes, aunque ambos aspectos pueden guardar estrecha relación, no necesariamente tienen que ir de la mano. Por ejemplo, es posible que en un municipio tradicio-nalmente liberal una fuerza no bipartidista ob-tenga todas las curules, sin que esto tenga efectos sobre los niveles de concentración partidista. En la tabla � se presenta la evolución de las terceras fuerzas en el ámbito local a partir de la presencia que han tenido en los concejos municipales.

Pueden identificarse tres momentos. A princi-pios de los setenta las tercerías habían alcanzado un importante espacio en los concejos munici-pales, lo que puede explicarse por el auge de la Anapo y algunas fuerzas políticas de izquierda durante estos años. Sin embargo, esta situación fue en realidad bastante efímera, pues para las elecciones de 1976 los partidos tradicionales habían recuperado buena parte de los espacios perdidos, situación que se acentúa por lo menos hasta un poco antes de mediados de los ochen-ta. A partir de entonces se inicia una tendencia en sentido contrario, observándose una lenta recuperación de las tercerías. En dicho compor-tamiento posiblemente tenga relevancia la im-portancia que en los ochenta fueron cobrando los movimientos políticos regionales en distintas regiones del país. Sin embargo, este proceso se dio de manera muy lenta, pues en las elecciones de 1986 apenas se había alcanzado una situación equiparable a la de 1978.

Para las elecciones de 1988 las tercerías ha-bían alcanzado representación en aproximada-mente un �0% de los municipios del país, siendo significativa su presencia en un 17%, lo que no resulta nada despreciable si se considera que en las elecciones anteriores liberales y conservadores mantuvieron el control absoluto de los cargos de representación en por lo menos el 80% de los municipios. Sin embargo, es en el período postconstitucional donde puede observarse el

comportamiento más favorable a las fuerzas no bipartidistas. Siguiendo la tabla �, puede verse que por lo menos en la mitad de los municipios los partidos tradicionales perdieron espacio en los cuerpos de representación del nivel local, y 1992 y el 2000 fueron los años en los que las tercerías obtuvieron mejores resultados.

En relación con las expectativas generadas por la reforma constitucional respecto a las fuer-zas no bipartidistas, por lo menos tres escenarios podrían hacer parte de los posibles desenlaces: i) los partidos Liberal y/o Conservador o no apare-cen o han quedado reducidos a una mínima ex-presión; ii) el cambio parece más lento y gradual, persistiendo el bipartidismo en un nivel medio o relativamente alto, pero con una pérdida de espacio ante la entrada de otras fuerzas políticas, y iii) aunque puede haberse producido desplaza-mientos entre liberales y conservadores, la carac-terística del sistema frente al nivel de presencia conjunto de los partidos tradicionales parece ser el no cambio. En principio podría decirse que respecto a la situación de los municipios colom-bianos es posible encontrar estos tres escenarios, aunque los predominantes parecen ser el segun-do y tercero. De hecho, se observa que durante el período postconstitucional no es muy grande el número de casos en los que el nivel de presencia de las fuerzas no bipartidistas es alto o muy alto –entre 5 y 2�%.

Siguiendo lo expuesto, puede decirse que aunque la presencia de las terceras fuerzas no se ha dado en la magnitud esperada por las re-formas constitucionales, es indudable que en los noventa se han producido algunos cambios importantes, reflejados en el aumento de munici-pios en los cuales las fuerzas no bipartidistas han logrado acceder en mayor o menor medida a los espacios de representación. Pero, ¿puede ser in-terpretado esto como un cambio en la estructura de representación en el ámbito local? Una forma

[5�]



Nivel de presencia de tercerías (promedio)

N° elecciones* Bajo Medio Alto Muy alto Total

0 - - - - 5.6

1 (20%) 9.7 2.9 1.5 0.7 1�.8

2 (�0%) 10.6 9.5 0.7 0.2 20.9

� (60%) 1�.5 8.2 0.9 0.� 2�.0

� (80%) 8.6 8.7 2.9 0.7 20.9

5 (100%) 5.1 7.5 1.6 0.5 1�.8

�0 Se consideró el nivel de presencia promedio. En cada municipio, este valor se calculó respecto al número de elecciones en los que las tercerías estuvieron presentes durante el período considerado (1988-2000).

�1 En su gran mayoría pertenecen a los departamentos de Cauca (12 casos) o Nariño (11 casos). Los otros casos se distribuyen así: Tolima (1), Huila (1), Chocó (2), Antioquia (1), Caquetá (1) y Santander (1).

�2 Mainwaring Scott, Rethinking Party Sytems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil, California, Stan-ford University Press, 1999, p. �2�.

de aproximarse a este asunto es examinando si las terceras fuerzas han logrado algún grado de consolidación.

En relación con lo anterior, se esperaría que el acceso de las terceras fuerzas a los espacios de representación no se produzca como algo esporádico y transitorio. Los niveles de presencia observados pueden estar poniendo de relieve un cambio importante en el comportamiento po-lítico-electoral, pero esto no necesariamente se traduce en la consolidación de un voto no bipar-tidista. En esta perspectiva es posible que aunque estas fuerzas consideradas como bloque tengan presencia en los cuerpos colegiados del nivel local de una elección a otra, en algunos de estos municipios su permanencia haya sido efímera o fluctuante. Por otro lado, también puede suceder que el voto no bipartidista tenga continuidad de una elección a otra en un importante número de municipios, sin que ello implique una consolida-ción de las terceras fuerzas consideradas indivi-dualmente.

Podemos aproximarnos en un primer análisis a estas cuestiones examinando si las terceras fuer-zas políticas consideradas como bloque han per-sistido o si su presencia ha sido más bien esporá-dica en los municipios donde han tenido acceso a los cuerpos colegiados de representación. En la tabla 5 se presenta la distribución de municipios según el número de veces en las que las tercerías han estado presentes en el período 1988-2000 y el nivel de presencia que han tenido en estos cuerpos�0.

De acuerdo con los datos, en un �1,5% de los municipios los resultados para las terceras fuerzas han sido buenos, pues presentan no sólo niveles de presencia importantes (medio, alto o muy alto) sino una alta permanencia (entre el 60 y el 100% de las elecciones consideradas). Entre estos casos un 5,8% del total de municipios han mostrado un comportamiento muy favorable a las fuerzas no bipartidistas. Estos municipios, que representan una pequeña parte del país, regis-tran altos o muy altos niveles de presencia y de permanencia�1. Por otro lado, en un �5% de los municipios la presencia de las tercerías ha sido más bien efímera (dos o una elección), con nive-les de presencia bajos o medios, por lo que resul-

ta difícil sostener que en estos casos se ha produ-cido algún tipo de consolidación. Finalmente, el 27% restante de municipios ha mostrado una alta permanencia, pero niveles bajos de presencia.

Tabla 5 Nivel de presencia de las terceras fuerzas y permanencia en

el período 1988-2000

Bajo (>0 y <20%); medio (20 y <�0%); alto (�0y <60%); muy alto (60% y >).

* Número de elecciones en las que han estado presentes las fuerzas no bipartidistas en el período (1988-2000).

Los valores en el cuadro están dados en porcentaje.

Fuente: Datos propios calculados a partir de estadísticas elec-torales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En definitiva, puede decirse que a pesar de la persistencia de los dos partidos tradicionales en el escenario local, las terceras fuerzas han tenido algunos logros importantes. En por lo menos una tercera parte de los municipios de la muestra considerada las fuerzas no bipartidistas no sólo han tenido un importante acceso a los cuerpos de representación, sino que además han alcan-zado altos niveles de permanencia. Sin embargo, en los municipios restantes la presencia de estas fuerzas o no ha sido muy significativa aunque logren cierto nivel de permanencia o ésta haya sido más bien efímera.

la estabilidad del sistema de partidos

La estabilidad del sistema de partidos es un factor relevante, pues como sostiene Mainwaring, cuando existe un alto grado de inestabilidad en la competición partidista los resultados electora-les son menos predecibles, y es más fácil para los nuevos partidos su entrada a la escena electoral y la competición por el poder�2. Sin embargo, es claro que altos niveles de volatilidad pueden

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�� Ibíd., pp. �22-�25.�� Ersson Svante y Lane Jan, “Electoral Instability and Party System Change in Western Europe”, en Pennings Paul

y Lane Jan (eds.), Comparing Party System Change..., ob. cit., pp. 2�-�9.�5 0 ≤ Vt ≤ 100, donde Vt son las ganancias acumuladas para todos los partidos ganadores en el sistema de partidos

o el valor numérico de las pérdidas acumuladas para todos los partidos perdedores. Puede ser expresado en términos de porcentaje. La fórmula es Vt = / 2, donde pi es la proporción de curules o votos obtenidos por el partido i (Pedersen Mogens, “The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility”, en European Journal of Political Research, N° 7, 1979, p. �). Puede ser leído de la siguiente manera: si, por ejemplo, el índice de volatilidad electoral de Pedersen presenta un valor de 15%, esto es equivalente a decir que algunos partidos han presentado ganancias agregadas de un 15% de puestos (o votos) de una elección a la siguiente, mientras otros han perdido un total del 15% (Mainwaring Scott y Scully Timothy, ob. cit.).

�6 Los valores del índice de volatilidad obtenidos para Cámara y Senado para los años 1982, 1986, 1990, 1991, 199� y 1998 son respectivamente: 0.07, 0.10, 0.16, 0.1�, 0.2�, 0.20 para el caso de Senado, y 0.07, 0.1�, 0.15, 0.1�, 0.17, 0.16 para el caso de la Cámara.

�7 Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió con el M-19, que después de obtener en 1991 nueve curules para Senado y trece para Cámara, para las elecciones de 199� prácticamente desaparece del Congreso, al obtener tan sólo una curul para Cámara (Pizarro Eduardo, ob. cit.).

tener consecuencias importantes para el ejercicio democrático, tales como el aumento de la incerti-dumbre política, cambios en la política derivados de variaciones en la distribución de curules y poder o incluso una mayor dificultad de los ciu-dadanos para identificar lo que los distintos com-petidores representan y para reconocer etiquetas partidistas��.

Siguiendo a Ersson y Lane��, es importante mencionar que cuando se habla de inestabilidad electoral y cambio del sistema de partidos es ne-cesario distinguir entre el nivel micro y el macro, pues mientras el primero hace referencia al com-portamiento individual del votante, el segundo alude al sistema de partidos. En este sentido, lo micro está relacionado con variaciones en las pre-ferencias del votante y lo macro da cuenta más bien de las variaciones que se producen en el apoyo electoral para los partidos de una elección a otra. Ahora bien, aunque es claro que estas dos medidas están relacionadas, los cambios en el nivel micro pueden reflejarse parcialmente en el macro, o incluso pueden no afectarlo sustan-cialmente, pues, como sostienen estos autores, es evidente que medidas agregadas sólo capturan parcialmente el nivel de volatilidad individual.

Puesto que en este estudio nos interesa el nivel agregado, el análisis estará centrado en la variabilidad de la configuración del sistema de partidos de una elección a otra. Para dar cuenta de lo anterior, nos apoyamos en una medida de estabilidad partidista que ha sido ampliamente aceptada en literatura internacional, el índice de volatilidad electoral de Pedersen. Dicho indi-cador mide el cambio neto de participación en los cargos parlamentarios o votos de todos los partidos de una elección a la siguiente. Se obtie-ne sumando el cambio neto en el porcentaje de

cargos (o votos) ganados o perdidos por cada partido en una elección y la siguiente, y luego dividiendo por dos�5. Entre mayor sea el valor del índice se puede decir que el sistema de partidos es más inestable y al contrario, entre menor sea el valor del índice se estará en presencia de un sistema más estable.

¿HaN diSmiNuido loS NiVeleS de eStaBilidad?

En general el Congreso presenta una gran estabilidad durante casi todo el período consi-derado, registrando niveles de volatilidad muy bajos. En los noventa, sin embargo, se observa un aumento de la volatilidad, particularmente en las últimas elecciones. En efecto, durante los ochenta liberalismo y conservatismo logran man-tener de una elección a otra prácticamente los mismos niveles de presencia para Cámara y Sena-do. Durante este período no se observan cambios significativos en la configuración del sistema partidista, a pesar de que los partidos Liberal y Conservador mantuvieron un importante nivel de competencia por el control de estos cargos de elección y que otras fuerzas políticas lograron acceder esporádicamente al escenario legislati-vo�6. En los noventa los liberales continúan con-servando casi el mismo nivel de presencia, los conservadores presentan un paulatino descenso, mientras gran parte de las nuevas fuerzas políticas no logran mantener de una elección a la siguien-te los espacios de representación conquistados�7.

la eStaBilidad eN loS eSQuemaS de comPeteNcia

eN loS ámBitoS local y reGioNal

En el ámbito regional los sistemas partidistas van a presentar una gran estabilidad durante los setenta, registrando un aumento paulatino en los niveles de volatilidad desde principios de los

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�8 Entre 1976 y 1986 un 10% del total de municipios muestran un comportamiento en el mismo sentido. 39 Hartlyn Jonathan, La política del régimen de coalición en Colombia. La experiencia del Frente Nacional en Colombia, Bo-

gotá, Uniandes/Tercer Mundo Editores, 199�.

ochenta (véase gráfico 2). El comportamiento de la estabilidad en este ámbito contrasta de manera importante con lo sucedido en el pla-no nacional, pues, mientras para Congreso la volatilidad aumenta de manera significativa, en el periodo postconstitucional, en las asambleas, esto se produce desde mucho antes, sin que en los noventa se observe un aumento significativo en relación con los niveles alcanzados a finales de los ochenta.

En cuanto a lo local, los sistemas partidistas van a mantener niveles de estabilidad muy altos desde mediados de los setenta y hasta mitad de los ochenta, presentando tan sólo a finales de la década un aumento en los niveles de volatilidad (gráfico 2). En este primer período el comporta-miento de la estabilidad va a ser particularmente interesante, pues en general o no se observan cambios en la configuración de los sistemas par-tidistas o éstos van a producirse muy lentamente. De hecho, en un 25% de los municipios podría hablarse incluso de un congelamiento en la con-figuración del sistema de partidos en el período comprendido entre 1980 y 1986�8. Por otro lado, si se observa la tabla �, puede verse que el núme-ro de municipios que no presentó ninguna varia-ción en dos elecciones consecutivas es muy alto (cerca de un 50% en cada elección).

Este comportamiento en lo local resulta bas-tante sorprendente si se tiene en cuenta que es el período inmediatamente posterior al Frente Nacional. Dicha fórmula consocionalista que consagró durante dieciséis años la paridad en el Ejecutivo y en general en los órganos de carácter electivo, produjo un cambio sustancial en la com-petencia entre los partidos tradicionales, pues se pasó de una competencia interpartidista a una

Fuente: Datos propios calculados a partir de estadísticas elec-torales de la Registraduría Nacional del Estado civil.

Gráfico 2

medidas volatilidad electoral para asambleas y consejos

1972-2000

intrapartidista. Si antes del Frente Nacional los partidos Liberal y Conservador habían mante-nido relaciones de enfrentamiento abierto, con las reglas incorporadas, particularmente las ga-rantías de acceso al poder y los recursos estatales que tenía cada uno de los partidos tradicionales, la competencia empezó a ser más un asunto de distribución y lucha por el reparto burocrático entre las diversas facciones pertenecientes a un mismo partido�9.

Finalizado el pacto del Frente Nacional podría esperarse un resurgimiento de la competencia interpartidista y por tanto un mayor nivel de variabilidad en la presencia de liberales y conser-vadores de una elección a otra, e incluso de otras fuerzas políticas. Sin embargo, en el período posterior al Frente Nacional, esta no parece ser la situación de gran parte de los municipios co-lombianos. Este comportamiento posiblemente pueda explicarse por el peso conjunto de dos factores: la tendencia de gran parte de los muni-cipios a mantener altos niveles de concentración –reflejado en el alto número de casos que presen-taron unipartidismos fuertes– y el hecho de que

Volatilidad 7�-72 76-7� 78-76 80-78 82-80 8�-82 86-8� 88-86 92-88 9�-92 97-9� 00-97

Ninguna 0.18 0.�6 0.�2 0.�9 0.52 0.51 0.�9 0.09 0.07 0.08 0.11 0.09

Baja 0.05 0.09 0.07 0.09 0.10 0.08 0.06 0.�1 0.06 0.11 0.18 0.1�

Media 0.66 0.52 0.�6 0.�8 0.�5 0.�7 0.�0 0.�7 0.�� 0.�0 0.51 0.�8

Alta 0.07 0.02 0.0� 0.02 0.0� 0.02 0.0� 0.11 0.27 0.2� 0.15 0.19

Muy alta 0.0� 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.16 0.17 0.06 0.09

Ninguna (0); baja (>0 a <0.10); media (0.10 a <0.�0); alta (0.�0 a <0.50); muy alta (0.50 y >).


Tabla 6 Proporción de municipios según nivel de volatilidad 1972-2000

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en la mayor parte de los municipios las únicas fuerzas disputándose el poder fueron los partidos tradicionales.

laS reFormaS y el aumeNto de loS NiVeleS de

Volatilidad eN el ámBito local

A diferencia de lo que sucede en el ámbito departamental, en el local el aumento de los niveles de volatilidad va a darse hasta finales de los ochenta. Como puede verse en la tabla �, en las elecciones de 1988 casi todos los municipios experimentaron alguna variación en la configura-ción de sus sistemas partidistas, lo que contrasta de manera clara con el comportamiento en las elecciones previas. Como mostramos antes, esto no tuvo un gran impacto en cuanto a producir una reconfiguración del sistema de partidos, por lo menos en lo que tiene que ver con el número de partidos. Además, de acuerdo con el gráfico �, el número de municipios que para estas elec-ciones experimenta variaciones a favor de otras fuerzas políticas no es en realidad muy alto (un �0%), aunque cabe mencionar que en ellos las ganancias netas en promedio a favor de otros partidos no son insignificantes (un 21% de los puestos a proveer fueron perdidos por los tradi-cionales). ¿Cómo pueden interpretarse los datos anteriores frente a los propósitos de la reforma descentralista de finales de los ochenta?

Gráfico 3

Variaciones entre tradicionales y otros para

concejos municipales 1972-2000

ron insensibles a los propósitos de ampliación del espectro político promovidos por la reforma, al menos en las elecciones que correspondieron a la primera elección popular de alcaldes. Sin embargo, al mismo tiempo gran parte de los sis-temas partidistas experimentaron un incremento en los niveles de volatilidad. Este comportamien-to seguramente guarde relación con las pérdidas y ganancias de las fuerzas no bipartidistas en esta elección; no obstante, dado que un importante número de municipios no presentó variaciones a favor o en contra de las tercerías, este aumento de los niveles de volatilidad también puede ser explicado por las recomposiciones en el nivel de presencia de los dos partidos tradicionales debi-do a pérdidas y ganancias entre ellos.

Siguiendo lo expuesto, puede sugerirse a ma-nera de hipótesis que la reforma de finales de los ochenta permitió reactivar la competencia parti-dista en el ámbito local, al propiciar la participa-ción de fuerzas políticas distintas a los partidos tradicionales, pero sobre todo al incentivar una mayor competencia entre los partidos Conserva-dor y Liberal. Posiblemente debido a lo anterior, se pueda explicar por qué aunque no se produjo una apertura significativa del sistema partidista en la mayor parte de los municipios, sí se registra un aumento de los niveles de volatilidad en un número importante de ellos.

En concordancia con lo anterior, es posible que uno de los principales efectos de la reforma se haya producido sobre la estabilidad del sis-tema, reflejado en el aumento de los niveles de volatilidad a partir de entonces. Lastimosamente no contamos con los datos correspondientes a las elecciones de 1990, así que es imposible saber si en estas elecciones se mantiene dicho comporta-miento. Lo que sí resulta claro es que en las elec-ciones siguientes para las que se tienen datos no se vuelve a retornar a la situación de los ochenta; por el contrario, en la década de los noventa se va a presentar una acentuación en los niveles de volatilidad, observándose que en contraste con las elecciones precedentes, gran parte de los municipios van a presentar un nivel de volatili-dad medio, alto o muy alto de una elección a la siguiente.

Lo anterior, nos remite a preguntarnos por los factores que pueden haber incidido en el aumen-to de los niveles de volatilidad en los noventa. Puesto que esto no se somete a comprobación empírica en este texto, no tenemos forma de sa-ber cuáles factores han incidido realmente o qué tanto peso pueden tener. Sin embargo, a manera

var + (variación a favor de los otros), var - (variación en contra de los otros), var 0 (no hubo variación)

Fuente: Datos propios calculados a partir de estadísticas elec-torales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Aunque con la reforma se esperaba que las fuerzas políticas no bipartidistas conquistarían el espacio de las alcaldías, también podían preverse cambios en los cuerpos colegiados en el ámbito local –concejos municipales–. En relación con este último aspecto, como ya se señaló, cerca de dos terceras partes de los municipios se mostra-

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�0 Seguramente, también cuente de manera importante el debilitamiento de las identificaciones partidistas, pero este no es un factor exclusivo de la década de los noventa. Siguiendo a Ersson y Lane, puede decirse que dado que las identificaciones partidistas fuertes contribuyen a la estabilidad en el comportamiento del votante indi-vidual, un debilitamiento de dichas identificaciones implicará una mayor inestabilidad en la volatilidad indivi-dual. Puesto que estamos trabajando con volatilidad en un nivel agregado, la anterior hipótesis supondría asu-mir que el aumento de la volatilidad individual ha tenido consecuencias importantes para el apoyo electoral de los partidos y por tanto para la volatilidad agregada. Ersson Svante y Lane Jan, ob. cit.

�1 Pedersen Mogens, “Changing Patterns of Electoral Volatility in European Party Systems; 19�8-1977: Explora-tions in Explanation”, en Daalder Hans y Mair Peter, Western European Party Systems. Continuity and Change, Lon-dres, Sage Plublications, 1985, p. 57.

de hipótesis consideramos que este aumento puede ser explicado principalmente por el incre-mento del número de partidos y la inestabilidad en la oferta partidista propia del escenario post-constitucional�0.

En efecto, autores como Pedersen sostienen que el número de partidos cuenta como un fac-tor central en el nivel de volatilidad electoral del sistema, ya que si “una expansión numérica del sistema de partidos toma lugar, esto creará una situación inestable”, conduciendo a un cambio en la distribución de la fuerza de los partidos, y en consecuencia también en el valor de la vola-tilidad agregada�1. Asimismo, la desaparición de partidos existentes puede desembocar en un au-mento de la volatilidad, pues supone que los elec-tores que votaban por esos partidos tendrán que apostarle a otras opciones políticas o simplemen-te se mantendrán al margen de la participación electoral. En el caso colombiano, es claro que particularmente en los noventa el número de partidos que se disputan los espacios de represen-tación ha ido en aumento, propiciando en gene-ral una mayor competencia electoral. Incluso en algunos municipios que habían sido de dominio tradicional de uno de los dos partidos tradiciona-les es posible ver cierto nivel de competencia por parte de otras fuerzas no bipartidistas.

Por otro lado, si bien es cierto que se ha pro-ducido un aumento del número de fuerzas polí-ticas en competencia, este fenómeno ha estado marcado por una gran inestabilidad en la oferta partidista, pues, aunque los partidos liberal y conservador han logrado mantenerse en la com-petencia electoral en la mayor parte de los mu-nicipios, también ha aparecido una amplia gama de opciones políticas que en muchos casos no tienen continuidad por más de dos elecciones.

Para coNcluir

En este texto hemos evaluado lo que ha suce-dido con el sistema partidista colombiano en las últimas décadas considerando dos propiedades: el número de partidos y la volatilidad electoral.

De manera general, se mostró que el sistema par-tidista ha experimentado cambios importantes, reflejados en un aumento de la pluralidad pero también en una disminución de los niveles de estabilidad.

En relación con el primer aspecto, se encon-tró que en contraste con el predominio de uni-partidismos fuertes y atenuados en el escenario local durante los setenta y parte de los ochenta, desde los noventa se ha iniciado un proceso de desconcentración de los sistemas partidistas. Sin embargo, los resultados han sido más bien mix-tos, pues aunque han aumentado los casos de bipartidismo y de multipartidismo, en otros mu-nicipios aún persisten los unipartidismos fuertes y atenuados. Respecto a las terceras fuerzas políti-cas el panorama es semejante, pues aunque cerca de una tercera parte de los municipios han mos-trado un comportamiento favorable en términos de presencia y permanencia, en los restantes los resultados no han sido tan alentadores.

Por otro lado, se evidenció que los cambios no se han producido sólo en el sentido esperado por las reformas. De hecho, sugerimos que tal vez uno de los más importantes se ha dado en la dimensión estabilidad, lo que se refleja en el aumento significativo de la volatilidad que han experimentado los sistemas partidistas en lo local desde finales de los ochenta y particularmente en los noventa. De acuerdo con esto, es posible que aunque desde un análisis agregado un im-portante número de sistemas de partidos locales muestren tendencia a la desconcentración, en algunos de ellos se trate de un comportamiento fluctuante que aún dista de alcanzar una situa-ción definitiva.

Para finalizar, es importante mencionar que algunas cuestiones resultan significativas para en-tender las dinámicas de cambio del sistema parti-dista colombiano, pero no han sido consideradas en este estudio. En primer lugar, aunque parece estar abriéndose paso un voto no bipartidista en un importante número de municipios del país, las terceras fuerzas están altamente fragmentadas

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y es muy posible que su nivel de consolidación individual sea bajo. En este texto las tercerías fue-ron consideradas como bloque, pero es claro que detrás de esta noción se agrupan movimientos de diversa índole que deberían analizarse con algo más de detalle.

Por otro lado, este texto ha avanzado en mos-trar en qué dirección han ido cambiando los sistemas partidistas del ámbito local respecto a las dimensiones consideradas, pero no se ha ocupa-do de explicar por qué estos resultados han sido diferenciados en los municipios del país. En par-ticular, sería importante indagar si las diferencias de resultados guardan relación con ciertas carac-

terísticas de estos municipios o si se pueden ex-plicar por la incidencia de algunos factores. Esta dirección de análisis podría aportar importantes pistas para entender por qué algunos municipios se han mostrado más resistentes al cambio que otros. Para poner un ejemplo, es posible que ma-yores o menores niveles de apertura o de volati-lidad del sistema estén asociados a determinadas características socioeconómicas de los municipios o guarden relación con la intensidad del con-flicto armado. Explorar estas y otras relaciones puede constituir un buen punto de partida para entender las diferencias en la evolución del siste-ma de partidos en los distintos municipios.

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Modelos de decisión electoral y perfiles de votante en Colombia: elecciones presidenciales 2002 Gary Hoskin

rodolfo masíasmarcela Galvis*

reSumeN

Este artículo analiza la decisión de voto en las elecciones presidenciales de 2002 en Colombia. Si bien toma prestados elementos de varios enfoques teóricos sobre comportamiento electoral, se orienta básicamente en la literatura relativa a la teoría de la elección racional. Los datos que anali-za provienen de una encuesta postelectoral nacional y utiliza la técnica de regresión logística como herramienta para crear modelos explicativos. La hipótesis de que parte, en el sentido de que el comportamiento electoral en democracias frágiles como la colombiana manifiesta distintas carac-terísticas a las de democracias más institucionalizadas, no se ve plenamente confirmada: la decisión de voto es independiente de las aquí llamadas variables contextuales y, en cambio, resultan tener mucha incidencia las referentes a la percepción de los candidatos y la identificación de los votantes con los temas de campaña. Aparte de la presentación de los modelos logísticos que dan cuenta de estos resultados, hace un análisis casuístico de los perfiles de votante que resultan en mayores pro-babilidades de voto para los candidatos principales (Uribe y Serpa) en las elecciones de 2002.Palabras clave: Democracia, decisión electoral, Colombia.

Summary

This article is an analysis of the results of the 2002 presidential election in Colombia. The theo-retical framework is eclectic, with an emphasis upon rational choice literature. The data is drawn from a national survey, and the methodology utilizes logistical regression techniques. We use the hypothesis that electoral behavior in “fragile” democracies, such as Colombia’s, manifests different characteristics from those of more institutionalized democracies. Nevertheless, the analysis failed to fully confirm this hypothesis. So called contextual variables didn’t affect the vote, while the candidate’s characteristics, as well as campaign issues were central. Apart from the effectiveness of the logistical models used, the variables that most impacted the vote for Álvaro Uribe or Horacio Serpa were the candidate’s traits, their leadership abilities and favorability, as well as important campaign issues. The data analysis consisted of several logistical regression models, and of a series of voter profiles that reveal the probability that a voter with certain characteristics cast a ballot for either Serpa or Uribe.Keywords: Democracy, electoral decisions, Colombia.



análisis político n° 55, Bogotá, septiembre-diciembre, 2005: págs. 60-74 IS

SN 0

121-

4705

*docentes del departamento de ciencia Política

de la universidad de los andes

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Modelos de decisión electoral y perfiles de votante en Colombia: elecciones presidenciales 2002 Gary Hoskin / Rodolfo Masías / Marcela Galvis

iNtroduccióN

Las elecciones presidenciales de mayo de 2002 marcaron un hito en la historia electoral colombiana debido a la contundente victoria de Álvaro Uribe Vélez, primer candidato en ganar en primera vuelta desde que se estrenó el sistema de doble vuelta para la elección presidencial en 199�. Esta elección fue sumamente importan-te para la viabilidad democrática de Colombia dado el contexto en el cual se desarrollaron las elecciones para el Congreso y la Presidencia: un proceso de paz fallido del presidente Pastrana, un aumento de la violencia por parte de los gru-pos insurgentes, indicadores socioeconómicos en notable declive y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y la clase política en-tre los colombianos. A pesar de este contexto tan turbulento, muchos colombianos expresaron su confianza en las instituciones electorales para sa-car al país de una situación tan delicada, eligien-do un nuevo Congreso y un nuevo presidente.

Los estudios electorales han sido desarrolla-dos principalmente en democracias con un alto grado de estabilidad política. Los análisis elec-torales de países que padecen tensiones o crisis generalmente estriban en las mismas tendencias teóricas y metodológicas que se han aplicado en dichos sistemas, sin examinar el impacto mismo de las crisis políticas en los resultados electorales o el comportamiento político. Este artículo se inscribe en un proyecto de mayor alcance que tiene como propósito fundamental examinar el impacto del contexto inestable sobre la decisión de voto de los colombianos. Su hipótesis básica consiste en que el contexto colombiano impacta la decisión de voto de una manera distinta a lo que ocurre en países con instituciones democráti-cas consolidadas. Sin embargo, un primer análisis publicado como artículo1 y este mismo trabajo no corroboran tal hipótesis: la decisión de voto de los colombianos sigue las pautas de comporta-

miento establecidas en la literatura sobre el tema. Las variables sociodemográficas, las percepciones del contexto económico, la identificación parti-dista y la ideología de los votantes son variables menos decisivas para explicar su decisión electo-ral. En contraste, son fundamentales la percep-ción que se tiene de los candidatos y la impor-tancia de los temas de debate electoral (issues). Son factores en que se refleja la impronta de los medios de comunicación y las técnicas moder-nas utilizadas en las campañas. Los hallazgos no implican que el contexto no sea importante, so-lamente que ahora parece subsumirse en las per-cepciones que se desarrollan sobre los candidatos y las cuestiones relevantes en el debate sobre los problemas nacionales.

El análisis, seguimiento e interpretación de los procesos electorales nos ayuda a entender las dinámicas y lógicas que los determinan y cómo se relacionan con otros aspectos de la vida democrá-tica. Con el fin de analizarlos, se inició, durante el 2002, el proyecto de investigación “Elecciones, violencia y democracia”, con el apoyo financiero del Programa de Estados en Crisis del London School of Economics. Esta investigación tuvo como instrumento una encuesta postelectoral so-bre las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002, y fue aplicada en julio de 2002 por la firma Napoleón Franco, con financiación del Departamento Nacional de Planeación (dnp), el London School of Economics (destin) y la Fa-cultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes2.

La primera fase de la investigación antes ci-tada aportó elementos para entender el triunfo de Álvaro Uribe, candidato que logró congregar votantes de diversas características ideológicas, sociales y económicas, y supo aprovechar la crisis política construyendo una imagen de líder capaz de hacer frente a la coyuntura y responder a las peticiones de cambio de la población, capturan-

1 Hoskin Gary, Masías Rodolfo, García Miguel, “La decisión de voto en las elecciones presidenciales de 2002”, en Colombia 2002: Elecciones, comportamiento electoral y democracia, Bogotá, Uniandes, Departamento de Ciencia Po-lítica, Ceso, Fundación Konrad Adenauer, Registraduría Nacional del Estado Civil, Departamento Nacional de Planeación –dnp–, 200�, pp. 27-86.

2 La encuesta se aplicó a una muestra de 1.5�� individuos que, ponderada, alcanzó 1.6�5 unidades de análisis. De este total 1.0�8 encuestas fueron realizadas completamente al azar y 506 correspondieron a una muestra adicional de votantes únicamente. La ponderación permitió manejar mejores niveles de representatividad y en este caso fue efectuada de acuerdo con las variables región, nivel socioeconómico, edad, sexo y votantes/no votantes. Este ejercicio se basó en información oficial proveniente del dane y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según el caso. La técnica usada para la aplicación del instrumento fue la entrevista personal con un cuestionario estructurado, dirigida a hombres y mujeres de 18 años o más, de estratos alto, medio, bajo y semirrural, residentes en las dieciséis ciudades seleccionadas –correspondientes a seis regiones– que fueron vo-tantes y no votantes en los comicios presidenciales del 26 de mayo de 2002. Para este artículo se analiza la mues-tra de votantes. Para una descripción más detallada de la muestra, ver Hoskins, Masías y García, ob. cit., pp. 29-�0.

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do la ansiedad y las esperanzas del electorado. Aunque el análisis bivariable en que estribó mos-tró qué variables se relacionan con el voto, no podía indicar el impacto global o de conjunto entre las mismas�. Por ello, este artículo busca profundizar la comprensión de la decisión de voto y la interrelación de factores que en ella in-tervienen, utilizando el método estadístico de la regresión logística. Este método permite identifi-car integradamente las variables que impactaron más el voto.

El artículo está dividido en cinco secciones. En su primera parte se presenta un breve resu-men del marco teórico que le dio orientación. La siguiente sección trata de la metodología de la construcción de los indicadores y los modelos en los que se aplicó la regresión logística. En la que sigue se desarrolla la explicación de estos mode-los, primero por conjuntos separados de variables y luego con un modelo integrado que explica mejor la decisión de voto. En la penúltima parte se construyen perfiles de votante con base en el análisis de las probabilidades más altas. Final-mente, la última sección es de conclusiones.

marco teórico

El desarrollo de la literatura sobre compor-tamiento electoral durante el último medio siglo ha sido, tal vez, más rápido y dinámico que cualquier otro asunto en la literatura en ciencia política. Se ha construido mediante una impre-sionante acumulación de conocimiento, incor-porando y adaptando los planteamientos de los primeros estudios clásicos en los últimos mode-los. Esos avances se han producido principalmen-te sobre estudios micro, basados en encuestas, aplicando metodologías estadísticas bastante sofisticadas. Como resultado, el poder explicativo de los modelos de comportamiento electoral es bastante convincente.

El marco teórico construido para orientar este trabajo refleja el desarrollo de esta literatu-

ra en el sentido de que utilizaron elementos de varias tradiciones. El primer modelo que se de-sarrolló en la ciencia política de Estados Unidos se llamó escuela sociológica. Los estudios de esta escuela hicieron énfasis en el impacto del pro-ceso de socialización de los ciudadanos desde la familia, el sitio de trabajo y el vecindario, acom-pañado por características básicas de los sujetos observados, como edad, género, estatus�. Aunque los resultados empíricos generalmente demues-tran que las variables asociadas con los primeros modelos de esta tradición han disminuido en términos de su poder explicativo, siguen vigentes las modificaciones de sus planteamientos. Estas modificaciones han superado la naturaleza estáti-ca de los análisis anteriores mediante un enfoque que subraya el papel de las redes sociales que surgen como resultado de la interacción entre el contexto social externo y las preferencias indivi-duales5.

La segunda tradición, la de Michigan, apare-ció a principios de los años sesenta con la publi-cación del libro clásico The American Voter6. Este modelo utilizó el famoso funnel (embudo), que enfatizó la identificación partidista y los issues (temas de campaña) para explicar el voto. Con el debilitamiento de la identificación partidista y el aumento de votantes independientes en casi todas partes del mundo, esta tradición sub-siguientemente dio más peso al impacto de los candidatos sobre la decisión de voto que al apego partidista, manteniendo la importancia de los issues7. Sin embargo, el interior es un debate que no está resuelto.

La tercera tradición teórica se ubica en la literatura fundamentada en la llamada elección racional (racional choice). La obra clásica de esta perspectiva sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos y los partidos políticos se encuen-tra en el libro de Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy8. Desde la publicación de este libro, la literatura sobre la elección racional se ha

� Ibid.� Berelson Bernard, Lazarsfeld Paul y McPhee William, Voting, Chicago, University of Chicago Press, 195�. Tam-

bién Berelson Bernard, Lazarsfeld Paul y Gaude Hazel, The People Choice, New York, Duell, Sloan y Pearce, 19��. 5 Huckfeld Robert, “Social Contexts, Social Networks, and Urban Neighbourhoods”, en American Journal of Sociol-

ogy, vol. 89, 198�. Ver también Carmines Edward y Huckfeld Robert, “Political Behavior: An Overview”, en Goo-din Robert y Klingemann Hans-Dieter (eds.), A New Handbook of Political Science, New York, Oxford University Press, 1996.

6 Campbell Angus, Converse Phillip E., Miller Warren E. y Stokes Donald, The American Voter, New York, John Wiley, 1960.

7 Converse Phillip y Markus Gregory, “A Dynamic Simultaneous Equation Model of Electoral Choice”, en The American Political Science Review, vol. 7�, 1979.

8 Downs Anthony, An Economic Theory of Democracy, New York, Harper and Row, 1957.

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desarrollado al punto de convertirse en la forma más común de interpretar el comportamiento electoral en la actualidad. La producción que cae dentro de esta tradición ha experimentado transformaciones significativas. Especialmente relevante es la obra de Fiorina9, quien postuló un modelo teórico híbrido para explicar la decisión de voto. Más que una perspectiva económica (ins-trumental), Fiorina incorporó variables psicológi-cas. Este es un modelo que no goza todavía de la aceptación general.

Encontramos bastante útiles los plantea-mientos teóricos de un libro que profundizó la investigación electoral dentro de la tradición de la elección racional, el de Sinderman, Brody y Tetlock, Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology10. Ellos postulan que, a pesar de que una buena parte del electorado no está bien informado sobre los candidatos o issues de la campaña política, eso no significa que no de-positen sus votos con base en un cálculo racional. Simplemente, los que no están bien informados o interesados en una campaña usan “cadenas de decisión racional” (“heurísticas”) diferentes a las de los votantes sofisticados. Por eso, ellos argu-mentan que no debe analizarse una sola muestra de votantes para describir qué factores impacta-ron el voto, sino por lo menos dos, los votantes sofisticados y no sofisticados. En resumen, el aná-lisis que sigue sustrae elementos de las tres tradi-ciones teóricas discutidas arriba, dando prioridad a esta última.

metodoloGía

Como ya se afirmó, la primera fase de la inves-tigación indicó los factores asociados con el voto, pero no podía establecer los de mayor impacto, por las propias limitaciones metodológicas del análisis bivariable. En ese sentido, el propósito fundamental de este artículo es precisar la contri-bución específica de las variables elegidas, clasifi-cadas en conjuntos de variables. Este propósito se lleva a cabo mediante la técnica estadística de re-gresión logística. Por otra parte, sólo se concentra en la explicación del voto para los dos candidatos principales, Álvaro Uribe y Horacio Serpa.

La regresión logística es una técnica que usa como método de estimación la “máxima vero-similitud”, el cual asume que la variable depen-diente no es una variable continua, que no hay homocedasticidad, ni una relación lineal entre variables dependientes e independientes. Este procedimiento supera a la simple asociación biva-riable, permitiendo trabajar con un amplio nú-mero de variables independientes. Una regresión logística no sólo analiza asociaciones de variables una a una, sino que las pone a jugar simultánea-mente por grupos, con el fin de determinar qué variables independientes impactan y en qué mag-nitud a la variable dependiente11.

Los cuadros estadísticos que se presentan aquí muestran los resultados luego de aplicar este procedimiento, es decir, presentan las variables seleccionadas con sus medidas relativas a la re-gresión logística efectuada, las categorías de refe-rencia (“ref”. en los cuadros) para el análisis de probabilidad y, además, contienen, en nota al pie para facilitar su comprensión, las variables que originalmente fueron incluidas en los modelos explicativos.

El procedimiento desarrollado buscó respon-der dos preguntas: ¿cuáles factores influyeron en la decisión de voto por Uribe y cuáles por Serpa? La variable decisión de voto se define operativa-mente como: Voto / No voto por Álvaro Uribe Voto / No voto por Horacio Serpa En cuanto a las variables independientes,

fueron agrupadas según el marco teórico, a la manera de grupos de variables relativas, con el fin de construir “modelos temáticos”, los cuales se aplican para cada candidato. Los modelos van desde las cuestiones sociológicas, demográficas y económicas, pasando por las percepciones de los votantes, su ideología y adherencia partidista, hasta las cuestiones relativas al papel de los temas de campaña (véase tabla 1). Con los resultados de estos modelos temáticos se pasó a escoger las va-riables que resultaron con mayor peso explicativo para construir un “modelo final integrado” que explique la decisión de voto por cada candidato.

9 Fiorina Morris P., Retrospective Voting in American Elections, New Haven, Yale University Press, 1981. 10 Sinderman Paul, Brody Richard, Tetlock Philip, Reasoning and Choice: Explorations in Political Psychology, New

York, Cambridge University Press, 1991.11 Para la utilización de la técnica de regresión logística en el análisis de la elección presidencial de 1998, ver Gar-

cía Miguel y Holguín Castillo Jimena, Factores explicativos de la intención de voto en la campaña presidencial de 1998, Bogotá, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (ceso) y Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, 2002.

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Tabla 1

modelos temáticos aplicados y sus respectivas variables

12 Bogotá (región Bogotá), Barranquilla, Lorica, Los Palmitos, Sabanalarga (región Caribe), Medellín, Envigado, (región Central), Bucaramanga, Málaga (región Oriental), Cali, Cartago, Pupiales (región Pacífica), Tunja, Ibagué, Villavicencio y Yaguará (región Sur Oriental). El estudio no incluyó los departamentos de Arauca, Casa-nare, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

1� Artículo 6 de la Ley 1�6 de 199�. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos así: Categoría especial (Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali): población mayor a 500.001 habitantes e ingre-sos de más de �00.000 pesos. Primera categoría (Envigado, Bucaramanga, Ibagué): población de 100.001 a 500.000 habitantes e ingresos de 100.000 a �00.000. Segunda categoría (Villavicencio): población de 50.001 a 100.000 habitantes e ingresos de 50.000 a 100.000. Tercera categoría (Lorica, Tunja, Cartago): población de �0.001 a 50.000 habitantes e ingresos de �0.000 a 50.000. Cuarta categoría (ningún municipio): población de 20.001 a �0.000 habitantes e ingresos de 25.000 a �0.000. Quinta categoría (Los Palmitos, Málaga): pobla-ción de 10.001 a 20.000 habitantes e ingresos de 15.000 a 25.000 pesos. Sexta categoría (Pupiales, Yaguará): población menor de 10.000 habitantes e ingresos menores de 15.000 pesos.

1� Esta variable tiene la misma definición que la usada por las empresas encuestadoras. Es decir, para este estudio no se creó un índice específico que midiera estratificación social.

15 Este índice mide la calificación de capacidades a la manera de una variable continua. Esto se debe a que se construyó a partir de una sumatoria de los puntajes que cada encuestado asignó sobre cada una de estas pre-guntas acerca de cada candidato: Es un hombre honesto, es un hombre preparado para gobernar, es el mejor líder y es capaz de conducir el país hacia la paz.

16 Se preguntó a los encuestados: Su opinión sobre Uribe/Serpa es: Muy favorable, favorable, desfavorable, muy desfavorable.

17 La escala ideológica fue construida con base en las autopercepciones de los encuestados en una escala de 1 a 9, donde 1 representaba la extrema izquierda y 9 la extrema derecha.

18 La construcción del índice izquierda-derecha y el índice halcones y palomas se basó en una serie afirmaciones calificadas por los encuestados (se trabajó con una escala de Lickert). Se usó un Análisis de Componentes Prin-cipales (factores no rotados) para las dieciséis afirmaciones con el propósito de identificar los factores esencia-les. Dos factores surgieron con valores superiores a 1, los cuales explican el 60,5% de la varianza. Posteriormen-te usamos una rotación varimax para las afirmaciones “cargadas” en los dos factores principales. Luego de la rotación, las seis afirmaciones en la escala izquierda-derecha se redujeron a cuatro –a la guerrilla no le interesa la paz negociada; el próximo gobierno debe aplicar mano dura a los violentos; el gobierno, los políticos y los empresarios nunca han buscado el beneficio del país, y la participación de la clase alta en los asuntos políticos debería ser menor. En el caso del factor halcones-palomas, el Análisis de Componentes Principales y la rotación varimax con normalización de Kaiser de las tres afirmaciones aisladas en el factor condujo a una escala de dos ítems: es conveniente aumentar los impuestos para financiar la guerra y la manera de terminar la guerra es por medio de las negociaciones. Debido a la insuficiencia de tiempo para preevaluar las afirmaciones, los resulta-dos del proceso de construcción de las escalas estuvieron por debajo de lo ideal. En el análisis de la encuesta se encontró una alta asociación (.50�) entre la escala de autopercepción izquierda-derecha (1-9) y el índice izquierda-derecha (�-20), lo que ofrece más evidencia de la validez de los dos índices de ideología.

19 Esta variable se construyó bajo el supuesto de que existen filiaciones partidistas vergonzantes o no declaradas. Para crear esta variable se sumó a las filiaciones partidistas declaradas, las cercanías partidistas de los encuesta-dos que se autocalificaron como independientes o sin partido.

20 Para el análisis del voto temático se pidió a los encuestados ubicarse y ubicar a los candidatos en relación con una serie de propuestas. A los encuestados se les presentaron cinco opciones de políticas públicas: a) resolu-ción del conflicto vía diálogo vs. vía salida armada, b) aumento vs. disminución del gasto militar, c) reducción vs. mantenimiento del tamaño del Congreso, d) la seguridad como una responsabilidad del gobierno vs. la seguridad como responsabilidad de todos los ciudadanos, y e) privatizaciones vs. no privatizaciones. Estas op-ciones representaban extremos de una escala de 1 a 5. Después se identificó la cercanía o lejanía entre la ubica-ción de los encuestados y la que ellos le asignaban a los candidatos.

21 El índice de sofisticación se construyó con base en cuatro variables: el nivel educativo formal; recordación de

Modelos temáticos Variables

Demográfico estructural • Región12 • Tipo de municipio1� • Estrato1�

Capacidad y favorabilidad • Evaluación de capacidades15 • Favorabilidad del candidato16

Ideología • Escala ideológica (autopercepción)17 • Índice de halcones y palomas • Índice izquierda-derecha18

Filiación política • Filiación política tradicional

Filiación política no tradicional19 • Filiación política no tradicional • Cercanía al Partido Conservador • Cercanía al Partido Liberal

Cercanía temática20 • Cercanía temática a Uribe • Cercanía temática a Serpa

Sofisticación política21 • Muy sofisticados • Menos sofisticados

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modeloS loGíSticoS de deciSióN electoral

La literatura reciente sobre el comportamien-to electoral sugiere que las variables sociode-mográficas son predictoras menos potentes del voto que anteriormente, como resultado de las transformaciones en las culturas políticas, las res-quebrajaduras de la sociedad y las nuevas y más persuasivas técnicas de campaña22. Las tablas 2 y � muestran el modelo logístico que resultó para este tipo de variables, el que inicialmente incluyó género, estatus socioeconómico, nivel de educa-ción, ocupación, región y tipo de municipio2�.

En este resultado, sin embargo, solamente dos variables resultaron significativas para los que votaron por Uribe: región y tipo de municipio. Para los votantes que prefirieron a Serpa, fue seleccionada solamente la variable región. Aun-que Serpa no obtuvo un caudal sobresaliente de votos en ninguna de las dos regiones, obtuvo una proporción mayor de votos en la costa atlántica, la región Sur Oriental y Oriental del país. Por su parte, Uribe recibió proporciones altas de votos en las regiones del Centro y el Pacífico. En los municipios de alta población y más altos ingre-sos, Uribe aventajó a Serpa en todos los tipos de municipio menos en la categoría cuarta2�.

Los modelos resultantes también permiten conocer las propensiones electorales por Uribe o Serpa, cuando se consideran los valores de proba-bilidad, conocidos como “razón de probabilidad” (‘Exp (B)’) de las categorías de las variables se-leccionadas. Esta es una medida en función de la categoría de referencia, que significa las veces en que la categoría analizada es mayor o menor en probabilidad que aquélla. Así, para el caso de Uri-be, y respecto de ser bogotano, los votantes de las regiones Atlántica y Oriental son menos propen-sos a votar por éste, como que, respecto de perte-necer a la categoría de referencia o “sexta catego-ría” en la variable tipo de municipio, se es menos

propenso a votar por Uribe que un sujeto de la “quinta categoría”. En cuanto a Serpa, teniendo en cuenta la única variable que resultó significati-va en su modelo, se puede ver que, respecto de ser bogotano, los individuos de las regiones Atlántica, Sur y Oriental son más propensos a elegirlo.

los lemas de las campañas de los candidatos; identificación de los temas de campaña de los candidatos, y uso de información de los medios de comunicación para tomar la decisión de voto (la última variable incluyó radio, periódicos y revistas, pero no televisión, debido a que prácticamente todos los encuestados expresaron que la televisión impactó su decisión de voto.

22 Dalton Russell y Wattenberg Martin, “The Not So Simple Act of Voting,” en Ada Finifter, Political Science: The State of the Discipline II, Washington, American Political Science Association, 199�, pp. 19�-218.

2� Sea este el lugar para definir, aunque sea brevemente, los componentes estadísticos de los cuadros de regresión logística presentados en este artículo. En general se trata de cuadros después del ajuste o selección de variables. Contienen los coeficientes de regresión (B) en la segunda columna; seguidos de la desviación estándar de cada variable (ET); y el análisis de significación. En la última columna aparecen la razón de probabilidad (Exp. (B)), que se interpreta en función del signo de B y significa la probabilidad de ocurrencia del evento en razón de la categoría de referencia.

2� Estos resultados deben ser tomados con cuidado, debido a que pueden expresar algún sesgo de la muestra en que se basan.

25 En este modelo se incluyeron las siguientes variables: región, tipo de municipio y estrato.

Tabla 2

modelo demográfico: voto por uribe25

Variables B E.T Sig. Exp (B)

Región .000Atlántica -.852 .��5 .050 .�26Sur oriental -.6�0 .�52 .156 .527Central .�8� .��2 .�7� 1.�68Oriental -.8�� .�10 .0�2 .��5Pacífica .282 .�06 .�87 1.�26Bogotá (ref.)Tipo de municipio .00�Especial .686 .�90 .079 1.985Primera .652 .�02 .105 1.919Segunda .905 .758 .2�� 2.�72Tercera .56� .�12 .171 1.758Cuarta -.51� .528 .��0 .598Quinta 1.2�� .��8 .006 �.��5Sexta (ref.) .100 .�62 .782 1.105

N: 767 / Chi-cuadrado: �1.026 / Sig. .000 / -2 log de la verosimilitud: -99�.677 /R cuadrado de Cox y Snell: .052 / R cuadrado de Nagelkerke: .070 / Porcentaje global: 61.2

Tabla 3

modelo demográfico: voto por SerpaVariables B E.T Sig. Exp (B)

Región .000Atlántica 1.280 .�1� .002 �.598Suroriental .�15 .�2� .�26 1.515Central -1.11� .501 .026 .�28Oriental .7�9 .�08 .066 2.11�Pacífica -.�68 .�82 .��2 .627Bogotá (ref.) -1.726 .�69 .000 .178

N: 767 / Chi-cuadrado: 66.721 / Sig: .000 / -2 log de la verosimilitud: 698.07�/ R cuadrado de Cox y Snell .08� / R cuadrado de Nagelkerke: .1�2 / Porcentaje global: 80.2

El siguiente modelo establece el impacto de la identificación partidista y la simpatía hacia los partidos. Estas variables partidistas tradicional-

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mente han sido importantes en la determinación del voto, no solamente en Colombia sino en casi todo el mundo. No obstante, se ha desarrollado una tendencia, en muchos sistemas políticos, de debilitamiento de las identificaciones partidistas, disminuyendo su influencia. Tal tendencia está presente en Colombia, donde las identificacio-nes partidistas han disminuido su poder durante la última década26. Las tablas � y 5 sostienen la afirmación anterior, aunque hay que tener en cuenta que la elección presidencial de 2002 fue anómala, en el sentido de que los dos principales candidatos, Uribe y Serpa, estuvieron asociados por un tiempo largo con el Partido Liberal: con Uribe utilizando el lema de un nuevo partido y Serpa llevando la bandera liberal. Por eso, ellos compartieron el voto liberal (�9,2% por Uribe y �2,�% por Serpa). También, el Partido Conser-vador no postuló un candidato propio y apoyó la candidatura de Uribe.

26 Para un resumen de cómo ha bajado la identificación partidista entre el electorado colombiano durante los últimos diez años, ver Hoskin, Masías y García, ob. cit., Cuadro 2.17, p. 5�.

27 En este modelo se incluyeron las siguientes variables: filiación política tradicional, Cercanía al Partido Conser-vador, Cercanía al Partido Liberal.

28 En este modelo se incluyeron las siguientes variables: filiación política no tradicional, cercanía al Partido Con-servador, cercanía al Partido Liberal. Ver la nota 18 para una explicación de cómo construimos la variable: identificación partidista no tradicional.

29 Ver las notas 17 y 18 para la construcción de estas escalas.�0 En este modelo se incluyeron las siguientes variables: escala ideológica, autopercepción, halcones y palomas, y

escala izquierda derecha.

Tabla 4

modelo filiación política tradicional: voto por uribe27

Variables B E.T Sig. Exp (B)Cercanía Partido Conservador

.0�6

Muy lejano -.278 .590 .6�7 .757Lejano -.�97 .61� .�18 .608Ni lejano ni cer-cano

.215 .582 .711 1.2�0

Cercano .59� .691 .�90 1.811Muy cercano (ref.) .57� .558 .�0� 1.775

N: �98 / Chi-cuadrado: 9.950 / Sig: .0�1 /-2 log de la verosi-militud: 51�.266 / R cuadrado de Cox y Snell: .025 / R cua-drado de Nagelkerke: .0�� / Porcentaje global: 6�.�

Solamente dos variables resultaron ser signi-ficativas en estos modelos: cercanía al Partido Conservador, para los que votaron por Uribe, y los que tuvieron una identificación partidista no tradicional y votaron por Serpa. Considerando que Uribe recibió 81,1% del voto conservador y Serpa �,2%, no es ninguna sorpresa que la cer-canía al Partido Conservador sea un potente pro-nosticador del voto.

Tabla 5

modelo filiación no tradicional: voto por Serpa28

Variables B E.T Sig. Exp (B)Filiación política no tradicional

.019

Liberal .799 .�58 .025 2.22�Conservador -1.6�� 1.077 .127 .19�

Otros (ref.) -2.117 .181 .000 .120

N: �20 / Chi-cuadrado: 9.7�7 / Sig: .008 / -2 log de la ve-rosimilitud: 289.955 / R cuadrado de Cox y Snell: .02� / R

En torno a los individuos con una identifica-ción no tradicional, el debilitamiento de la iden-tificación con el Partido Liberal tiende a disfrazar los votantes que se declararon independientes o sin partido, pero retienen sus simpatías por el Partido Liberal (closet liberals): muchos de ellos votaron por Serpa. La identificación partidista no tradicional no estuvo relacionada con el voto por Uribe (véase tabla 5).

Un nuevo modelo evaluó el impacto de la ideología sobre el voto. Esta variable fue medida de dos maneras distintas: 1) la autopercepción ideológica de los encuestados (ellos se ubicaron en una escala de 1 a 9, con 1 representando la extrema izquierda y 9 la extrema derecha); y 2) dos escalas construidas con base en preguntas en el cuestionario: una de “izquierda-derecha” y la otra de identificación de “halcones-palomas”29. Las tablas 6 y 7 muestran los resultados para ambas maneras de aproximación al impacto de la variable ideología. Así, se puede ver que la

Tabla 6

modelo ideología: voto por uribe�0

Variables B E.T Sig. Exp (B)Escala ideológica .061 .0�5 .086 1.06�(ref.) .070 .209 .7�6 1.07�

N: 606 / Chi-cuadrado: 2.970 / Sig: .085 / -2 log de la ve-rosimilitud: 812.901 /R cuadrado de Cox y Snell: .005 / R cuadrado de Nagelkerke: .007 / Porcentaje global: 59.9

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escala de autopercepción ideológica desempeñó un papel importante para los votantes de los dos candidatos, aunque solamente la escala de halco-nes y palomas fue significativa en la proyección del voto para Serpa. En la tabla 7 se puede ver además que la probabilidad de votar por Serpa aumenta 1.226 veces conforme se pasa de una posición de “halcón” a una de “paloma”.

El análisis de probabilidades para Serpa tam-bién arroja resultados muy sugerentes. En la tabla 9 se puede ver resultados semejantes para Uribe respecto a que todas las variables seleccionadas son significativas. Entre las probabilidades llama la atención, especialmente, el comportamiento de la variable favorabilidad hacia Uribe, pues res-pecto de tener una imagen desfavorable por éste, la probabilidad de que un elector vote por Serpa teniendo una imagen muy desfavorable es 5.�95 veces superior y favorable de �.�10 veces.

�1 Finkel Steven, “Rexamining the ‘Minimal Effects’ Model in Recent Presidential Campaigns”, en The Journal of Politics, vol. 55, N° 1, 199�.

�2 Ver notas 15 y 16 para averiguar cómo construimos este índice. �� Las siguientes variables fueron incluidas en el modelo: Capacidades de Uribe, Favorabilidad de Uribe, Favorabi-

lidad de Serpa, y Capacidades de Serpa.

Tabla 8

modelo capacidad y favorabilidad: voto por uribe��

Variables B E.T Sig. Exp (B)Capacidades de Uribe

1.02� .177 .000 2.785

Favorabilidad de Uribe

.000

Muy desfavorable -2.6�� .626 .000 .072Desfavorable -2.699 .�6� .000 .067Favorable -1.��1 .2�5 .000 .26�Favorabilidad de Serpa

.000

Muy desfavorable �.128 .�22 .000 22.825Desfavorable �.�16 .�69 .000 27.556Favorable 2.�2� .�52 .000 11.28�Muy favorable (ref.) -�.01� .6�7 .000 .018

N: 7�1 / Chi-cuadrado: �2�.9�� / Sig: .000 / -2 log de la verosimilitud: 568.112 / R cuadrado de Cox y Snell: .��6 / R cuadrado de Nagelkerke: .591 / Porcentaje global: 82.8

Tabla 9

modelo capacidad y favorabilidad: voto por Serpa


-.8�7 .2�5 .001 .��

Capacidad de Serpa

1.�71 .229 .000 �.9�9

Favorabilidad Uribe

.001

Muy desfavorable 1.70� .7�9 .021 5.�95Desfavorable 2.061 .567 .000 7.857Favorable 1.197 .�78 .002 �.�10Favorabilidad Serpa

.000

Muy desfavorable -�.565 1.1�1 .000 .010Desfavorable -�.907 .590 .000 .020Favorable -2.172 .��0 .000 .11�Muy favorable (ref.)

-1.8�1 .975 .060 .160

N: 750 / Chi-cuadrado: ��.7�6 / Sig: .000 / -2 log de la verosimilitud: 289.6�� / R cuadrado de Cox y Snell: .�51 / R cuadrado de Nagelkerke: .717 / Porcentaje global: 91.6

Tabla 7

modelo ideología: voto por Serpa

Variables B E.T Sig. Exp (B)Escala ideológica .072 .0�2 .085 1.075Halcones y palo-mas

.20� .10� .0�7 1.226

(ref.) -2.258 .�9� .000 .105

N: 605 / Chi-cuadrado: 6.992 / Sig: .0�0 / -2 log de la ve-rosimilitud: 628.95� / R cuadrado de Cox y Snell: .011 / R cuadrado de Nagelkerke: .018 / Porcentaje global: 78.2

La forma en que el electorado percibe a los candidatos representa una contribución mayor en la decisión del voto, como una consecuencia del papel decisivo que juegan los medios y las técni-cas modernas de las campañas políticas, junto con las predisposiciones de los votantes. La literatura sobre el comportamiento electoral muestra la importancia creciente que desempeña la imagen de los candidatos en las elecciones�1. Dos escalas fueron construidas para medir la percepción de los candidatos: 1) una escala de favorabilidad hacia los candidatos y 2) una escala de sus capaci-dades de liderazgo�2. Las tablas 8 y 9 resumen los resultados de la regresión logística que incluye los índices de favorabilidad y capacidades de lideraz-go de los dos candidatos. Obviamente, como pue-de constatarse, las percepciones de los candidatos por parte de los votantes colombianos represen-taron factores clave en sus pautas de votación. La tabla 8 muestra que todas las variables selec-cionadas son significativas para el caso de Uribe, pero además permite observar su papel predictivo particular. Es de notar que las probabilidades más altas de votar por éste se hallan en consonancia con la opinión desfavorable que los votantes desarrollan por Serpa. Puede corroborarse, por ejemplo, que a una imagen muy desfavorable por Serpa le corresponde una probabilidad 22.825 veces más alta de votar por Uribe.

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El marco teórico utilizado para orientar este estudio se sitúa básicamente dentro de la tradi-ción de la literatura de elección racional. Sin-derman, Brody y Tetlock mantienen que, a pesar de que la mayoría de votantes no acumulan un alto grado de información o no están altamente involucrados en la política, tienden a votar de una manera que maximiza sus intereses persona-les, utilizando cadenas de decisión racional más sencillas que los votantes bien informados. Por eso, arguyen que no es correcto utilizar una sola muestra de votantes para analizar el comporta-miento electoral. Debe distinguirse entre los que son políticamente sofisticados y los que no lo son. La expectativa es que los votantes sofisticados em-pleen cadenas de razonamiento más elaboradas que los menos sofisticados. Siguiendo esta línea de argumentación, se analizó el papel de una serie de variables relativas al punto�6.

Las tablas 12 y 1� muestran las variables in-dependientes que fueron incluidas en el modelo logístico, que esta vez se aplicó por separado a dos grupos de votantes, sofisticados y no sofisti-cados, que apoyaron a Uribe. Los resultados son más bien mixtos en términos de la hipótesis. Dos variables fueron significativas para ambos grupos, capacidades de Uribe y favorabilidad hacia Serpa. Aunque no fue una variable significativa (.�25), el tipo de municipio al que adscribe un votante impacta la decisión del voto entre los menos sofisticados. Apoyando la hipótesis principal, el votante sofisticado se percibió a sí mismo cercano a la posición de Uribe en los temas de campaña, pero no fue una cadena de decisión racional utilizada por los menos sofisticados. Por eso, la hipótesis de que los votantes que son sofisticados políticamente utilizan cadenas de decisión dis-tintas a los menos sofisticados está confirmada, pero no de manera rotunda. Las dos variables comunes a los dos grupos, capacidad de Uribe y favorabilidad hacia Serpa, explican bastante más de la decisión de voto que el posicionamiento en los temas de campaña.

Respecto del análisis de probabilidad, en la tabla 12 puede verse, además, que la probabilidad de votar por Uribe aumenta en la escala 6.12 ve-ces conforme aumenta la calificación de sus capa-cidades. En cuanto al peso de la variable favorabi-lidad de Serpa en la decisión por Uribe, se perci-ben probabilidades aún más altas, lo que expresa

�� Ver la nota 20 para la construcción de este índice. �5 Las siguientes variables se incluyeron en el modelo: cercanía a Uribe, cercanía a Serpa�6 Ver la nota 21 para averiguar cómo fue construido el índice se sofisticación política.

Tabla 10

modelo cercanía temática: voto por uribe�5

Variables B E.T Sig. Exp (B)Cercanía a Uribe -1.2�2 .1�7 .000 .289Cercanía a Serpa .768 .1�2 .000 2.155(ref.) .697 .15� .000 2.008

N: 761 / Chi-cuadrado: 112.680 / Sig: .000 / -2 log de la verosimilitud: 910.822 / R cuadrado de Cox y Snell: .1�8 / R cuadrado de Nagelkerke: .186 / Porcentaje global: 67.�

Tabla 11

modelo cercanía temática: voto por Serpa

Variables B E.T Sig. Exp (B)Cercanía a Uribe

1.1�5 .151 .000 �.11�

Cercanía a Serpa

-1.19� .179 .000 .�0�

(ref.) -1.296 .18� .000 .27�

N: 761 / Chi-cuadrado: 88.�52 / Sig: .000 / -2 log de la verosimilitud: 67�.585 / R cuadrado de Cox y Snell: .110 / R cuadrado de Nagelkerke: .17� / Porcentaje global: 81.8

Con el declive de la importancia de las afinida-des partidistas, de las características personales de los votantes y los factores demográficos, ligado a la creciente sofisticación de los votantes, no sola-mente las percepciones de los candidatos sino los temas de la campaña han aumentado su impor-tancia. Para establecer el impacto de los temas de campaña se pidió a los electores posicionarse en relación con cinco temas del debate político del momento y también a dar su opinión sobre la ubi-cación de los candidatos en esos temas��. La hipó-tesis detrás es que cuanto más cercano un votante se perciba a la posición de un candidato, es más probable que vote por ese candidato. Las tablas 10 y 11 muestran los resultados de este modelo. La posición de los candidatos en los temas de cam-paña incidió en cómo los votantes llegaron a una decisión. Tanto para Uribe como para Serpa las dos variables que conforman cada modelo son sig-nificativas. La tabla 10 permite ver, en particular, el comportamiento de las probabilidades de votar por Uribe dependiendo de la cercanía que haya a sus planteamientos y a los de Serpa. Cuanto me-nos cercano se siente un votante por Uribe es muy poco probable que vote por él; por el contrario, cuando se aleja más de Serpa es 2.155 veces más probable que vote por Uribe. La tabla 11 presenta este mismo patrón de resultados para Serpa.

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su gran peso explicativo. Así, la probabilidad de votar por Uribe cuando la calificación por Serpa es muy desfavorable: aumenta 22.�75 veces.

tablas 12 y 1�. De estas tres variables resultaron significativas para este candidato capacidades de Serpa, capacidades de Uribe y favorabilidad hacia Serpa. Asimismo, los resultados fueron semejan-

�7 Las siguientes variables fueron incluidas en el modelo: Región, Tipo de municipio, Capacidades de Serpa, Capacidades de Uribe, Favorabilidad de Serpa, Favorabilidad de Uribe, Halcones y palomas, Escala izquierda-derecha, Cercanía con el Partido Conservador, Filiación no tradicional, Cercanía temática a Uribe, Cercanía temática a Serpa.

�8 Las siguientes variables fueron incluidas en el modelo: Región, Tipo de municipio, Capacidades de Serpa, Capacidades de Uribe, Favorabilidad de Serpa, Favorabilidad de Uribe, Halcones y Palomas, Escala izquierda derecha, Cercanía con el Partido Conservador, Filiación no Tradicional, Cercanía Temática a Uribe, Cercanía Temática a Serpa.

Tabla 12

modelo sofisticación política, no sofisticados:

Voto por uribe�7

Variables B E.T Sig. Exp (B)Tipo de municipio .�25Especial .-5�6 .976 .58� .585Primera .-7�7 1.095 .501 .�79Segunda .212 2.198 .92� 1.2�6Tercera .185 1.1�5 .871 1.20�Cuarta -9.�99 2�.�57 .700 .000Quinta 1.2�� .��8 .006 �.��5Sexta (ref.) .100 .�62 .782 1.105Capacidades de Uribe

1.811 .��6 .000 6.120

Favorabilidad de Serpa

.000

Muy desfavorable �.112 .826 .000 22.�75Desfavorable �.�70 .807 .000 29.086Favorable 1.775 .7�5 .016 5.902Muy favorable (ref.)

-6.725 1.5�8 .000 .001

Chi-cuadrado: 102.�07 / Sig: .000 / -2 log de la verosimili-tud: 152.070 / R cuadrado de Cox y Snell: .�09 / R cuadra-do de Nagelkerke: .561 / Porcentaje global: 81.7

Tabla 13

modelo sofisticación política, sofisticados: Voto por uribe


1.811 .��6 .000 6.120


.000

Muy desfavorable �.112 .826 .000 22.�75Desfavorable �.�70 .807 .000 29.086Favorable 1.775 .7�5 .016 5.902Cercanía Temática a Uribe

-6.725 1.5�8 .000 .001

(ref.) -5.1�1 1.5�2 .001 .006

Chi-cuadrado: 5�.�7� / Sig: .000 / -2 log de la verosimilitud: 115.�0� / R cuadrado de Cox y Snell: .��6 / R cuadrado de Nagelkerke: .�6� / Porcentaje global: 82.8

Los modelos para los votantes de Serpa in-corporaron inicialmente las mismas variables que para los modelos de Uribe, mostrados en las

Tabla 14

modelo integral: voto por uribe�8

Variables B E.T Sig. Exp (B)Favorabilidad Uribe .0�6Muy desfavorable -1.95� 1.025 .057 .1�2Desfavorable -1.506 .727 .0�8 .222Favorable -.757 .��5 .028 .�69Favorabilidad Serpa .000Muy desfavorable �.006 .660 .000 20.209

Desfavorable 2.9�� .608 .000 18.969Favorable 2.292 .597 .000 9.898Capacidad de Uribe .9�� .280 .001 2.569

Escala de cercanía a Uribe

-.57� .221 .010 .56�

(ref.) -�.55� 1.070 .001 .029

N: 502 / Chi-cuadrado: 1�2.080 / Sig: .000 / -2 log de la verosimilitud: 281.�12 / R cuadrado de Cox y Snell: .�5� / R cuadrado de Nagelkerke: .�86 / Porcentaje global: 82.1

Tabla 15

modelo integral: voto por Serpa

Variables B E.T Sig. Exp (B)Favorabilidad Uribe .008Muy desfavorable -1.1�0 1.280 .��7 .�2�Desfavorable 1.97� .99� .0�7 7.201Favorable 2.0�� .7�� .006 7.6�8

Favorabilidad Serpa .000Muy desfavorable -�.66� 1.�05 .005 .026Desfavorable -�.6�5 1.005 .000 .010

Favorable -2.80� .702 .000 .061Capacidad de Uribe -1.22� .�75 .010 .29�Capacidad de Serpa 1.�0� .�9� .000 �.070Cercanía al Partido Conservador

.22�

Muy lejano 10.0�7 �5.798 .779 228�6.2�2

Lejano 9.272 �5.798 .796 106��.2�7

Ni lejano ni cercano 8.5�6 �5.79� .811 51�6.656

Cercano .�67 �6.261 .992 1.595

Muy cercano (ref.) -9.929 �5.817 .782 .000

N: 502 / Chi-cuadrado: 1�6.�75 / Sig: .000 / -2 log de la verosimilitud: 102.58� / R cuadrado de Cox y Snell: .�6� / R cuadrado de Nagelkerke: .678 / Porcentaje global: 95.9

[70]



tes para los sofisticados y los menos sofisticados, o sea, en los dos grupos de votantes se utilizaron las mismas heurísticas para llegar a una decisión de voto. De ahí que deba rechazarse la hipótesis que los individuos de las dos muestras llegaron a una decisión de voto en forma distinta.

Para terminar esta sección del artículo, cons-truimos un modelo final integrado utilizando todas las variables seleccionadas de los modelos temáticos anteriores. Las tablas 1� y 15 muestran los resultados de este ejercicio.

De todas las variables incorporadas original-mente en estos modelos, los modelos finales integrados claramente muestran que las percep-ciones de los candidatos por parte de los votantes predominan en la explicación de sus votos. Si un votante muestra una favorabilidad hacia un candidato y contra otros, hay una alta probabi-lidad de que vote por su candidato favorito. La percepción de los rasgos de liderazgo representa también otra variable relevante en la decisión de voto, más para los que votaron por Serpa que por Uribe. El modelo revela que el posicionamiento de Uribe en los temas de campaña fue un factor importante para los que le apoyaron, pero no para los que votaron por Serpa. Finalmente, la variable cercanía al Partido Conservador no fue significativa en el modelo de Serpa, pudiéndose inferir que los que estaban cerca del Partido Con-servador casi nunca votaron por Serpa.

el VotaNte Por uriBe y SerPa:

uNa aProximacióN caSuíStica

Una de las virtudes de la regresión logística aplicada al análisis electoral, consiste en poder establecer perfiles individuales del votante, to-mando en cuenta aquellas combinaciones de va-riables que resultan en probabilidades más cerca-nas a 0 ó 1 (alta o ninguna probabilidad de votar por un candidato en particular), todo esto en el contexto de los modelos obtenidos más robustos. Este ejercicio es otra manera de aprovechar la técnica estadística en la predicción de resultados.

Así, esta sección se propone cualificar, de modo concreto, algunos rasgos de la “identidad” del votante por Uribe y Serpa, tomando como base una selección de casos con medidas de pro-babilidad altas o bajas. Es un medio que permite también una aproximación a la claridad y soli-dez de decisión de estos sujetos al momento de votar. El examen permite reconocer cómo, por individuo, se dan las combinaciones de variables más determinantes, cuyo resultado es la mayor o menor probabilidad de apuesta por uno u otro

candidato. Se trata, en realidad, de un ejercicio complementario al de las secciones precedentes que permite, sin embargo, visualizar en otra pers-pectiva, de naturaleza casuística, los resultados obtenidos.

El primer modelo que servirá para estos fines es el que integra aquellas variables que expresan percepciones y opiniones sobre las cualidades personales del candidato. Se trata de las varia-bles capacidad de Álvaro Uribe, favorabilidad de Álvaro Uribe y favorabilidad de Horacio Serpa. Como se recordará, de todos los modelos que se probaron éste resultó, para el caso de Uribe, con los mejores niveles de ajuste y por ende de capacidad explicativa de la decisión por el actual presidente.

La tabla 16 permite ver que, cuando en un mismo individuo confluyen como rasgos una alta calificación de las capacidades de Uribe (�.0), una alta favorabilidad sobre su imagen (Muy favorable) y una marcada desfavorabilidad por Serpa (Desfavorable), la probabilidad de que ese mismo individuo vote por Uribe es de .96772.

Tabla 16

modelo de capacidad y favorabilidad,

probabilidades de voto por uribe

Capacidades de Uribe

Favorabilidad Uribe


Probabilidad voto Uribe

�.00 Muy favorable Desfavorable .96772�.20 Favorable Favorable .58827�.00 Favorable Favorable .5�7912.80 Favorable Favorable .�8678�.00 Favorable Muy favorable .22�20�.00 Favorable Muy favorable .09�52

Existen, asimismo, los votantes que evalúan muy bien las capacidades de Uribe (�.0), que están a favor de su imagen (Favorable), pero que tienen una alta favorabilidad por Serpa (Muy favorable). En estos casos, la probabilidad de que voten por Uribe es de .22�20.

Hay también los individuos que calificaron medianamente las capacidades de Uribe (�.0), que lo perciben favorablemente (Favorable) y que por Serpa expresan una alta favorabilidad sobre su imagen (Muy favorable). Aquí la probabilidad de que voten por Uribe es de .09�52.

Otros casos de votantes permiten afinar el análisis del peso de la buena calificación de las capacidades, la imagen de Uribe y la de Serpa como predictores de la decisión. Así, cuando las capacidades de Uribe son evaluadas como regu-lares, la imagen sólo es favorable y la de Serpa

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dem

ocr

acia



también, la probabilidad de que este perfil de votante vote por Uribe se reduce a .58827.

Respecto de Serpa, el modelo que mejor pro-yecta las más altas probabilidades de votar por él comprende las variables capacidad de Álvaro Uri-be, capacidades de Horacio Serpa, favorabilidad de Álvaro Uribe y favorabilidad de Horacio Serpa. Es decir, respecto del mejor modelo de predic-ción para Uribe, visto en la tabla 16, se agregan unas nuevas variables. La fuente de este análisis puede verse en la tabla 17. Esta “necesidad” de más variables significa que la explicación de la votación por Uribe puede ser más parsimoniosa que la de Serpa o que, en cuanto a este último, las mayores probabilidades se alcanzan reuniendo un mayor número de variables. Una constatación de este tipo agrega en la discusión de las cadenas de razonamiento que los votantes arreglan al mo-mento de efectuar una decisión. Es decir, podría presumirse que, en cuanto a Serpa, la decisión es más difícil de tomar o que, por competir con un candidato de reconocidas capacidades personales, los sujetos inclinados por él incorporaron más elementos de juicio al tomar la decisión.

Tabla 17

modelo de capacidad y favorabilidad.

Probabilidades de voto por Serpa

Capacida-des Uribe

Capacida-des Serpa

Favora-bilidad Uribe

Favorabili-dad Serpa

Proba-bilidad

voto Serpa

2.20 �.00 Favorable Muy favorable .95291�.00 �.00 Favorable Muy favorable .9119��.00 �.20 Favorable Muy Favorable .59955�.�0 �.20 Muy favo-

rableMuy favorable .�2775

2.80 2.80 Favorable Favorable .212071.80 2.00 Desfavora-

bleMuy desfavo-rable

.0��11

2.�0 1.60 Favorable Muy desfavo-rable

.00659

�.�0 1.00 Muy favo-rable

Muy desfavo-rable

.000�8

características la probabilidad de votar por Serpa es de .95291.

Aun cuando en unos individuos se califique mejor a Uribe en sus capacidades (�.00) y todas las demás características se mantengan cons-tantes, la probabilidad de votar por Serpa no es mucho menor al caso anterior: .9119�, probabili-dad que también es muy alta. Por oposición, este patrón se ve afectado sensiblemente cuando la característica que cambia es la favorabilidad por Serpa. Cuando disminuye, también disminuye la probabilidad de votar por éste. La probabilidad de voto es de .21207.

La tabla 18 presenta el papel que cumple la variable filiación tradicional. Es la variable que hace referencia a la predilección partidista de los votantes, mas no así a la militancia o el sentido de pertenencia a uno de los partidos colombianos. Como se sabe, este tipo de filiación fue medida con la escala Cercanía al Partido Conservador. En la explicación de la decisión por Uribe, el que los votantes se afirmen cercanos al Partido Conser-vador es una condición relevante al momento de escogerlo; sin embargo, la lejanía o neutralidad frente a ese partido no excluye un importante fenómeno de probabilidad de voto por Uribe. En la perspectiva de análisis que corresponde a esta sección, se puede decir que también en los individuos con perfiles ideológicos neutrales o distantes al Partido Conservador la probabilidad de que voten por una persona como el actual presidente es importante.

Tabla 18

modelo filiación política.

Probabilidades de voto por uribe

Cercanía al Partido Conser-vador


Ni lejano ni cercano .68760Muy cercano .6�96�Muy lejano .57��1

En efecto, las mayores probabilidades de que un individuo vote por Serpa están asociadas por lo general a perfiles que congregan una baja cali-ficación de las capacidades personales de Uribe, aunque no necesariamente desfavorabilidad res-pecto de su imagen personal. En cambio, mani-fiestan alta favorabilidad por Serpa. Para ilustrar, están los individuos que califican muy bajo al pre-sidente en sus capacidades (2.20), califican las de Serpa altamente (�.00) y atestiguan favorabilidad por Uribe (Favorable) y mucha favorabilidad por Serpa (Muy favorable). Cuando se reúnen estas

En la situación de escogencia por Serpa, el perfil de los votantes es diferente al anterior. La tabla 19 muestra información en ese sentido. La probabilidad de votar por Serpa por parte de un individuo que se afirme lejano o muy lejano al Partido Conservador es muy alta: .8250� y .8��01, respectivamente. Entre los votantes por Serpa están aquellos perfiles de votante en que su distanciamiento ideológico del Partido Conser-vador constituye la base de una alta probabilidad de no escogencia por Uribe. Es decir, entre los sujetos con una clara posición respecto de este

[72]



partido, la probabilidad de que voten por candi-datos tipo Serpa es más alta.

Tabla 19

modelo filiación política. Probabilidades de voto por Serpa

Cercanía al partido Conservador

Probabilidad voto Serpa

Lejano .8250�Muy lejano .8��01Muy cercano .00027

Como se recordará, el modelo final integrado es el que congrega las variables favorabilidad de Álvaro Uribe, favorabilidad de Horacio Serpa, capacidades de Álvaro Uribe y cercanía temática a Álvaro Uribe.

Tal como se vio y correspondientemente con el modelo que reúne como significativas las varia-bles capacidad de Álvaro Uribe, favorabilidad de Álvaro Uribe y favorabilidad de Horacio Serpa, el modelo final integrado proyecta unos sujetos con una alta probabilidad de votar por este candidato cuando en éstos convergen una alta favorabilidad por Uribe, desfavorabilidad marcada por Serpa, una buena calificación de las capacidades de Uribe y una importante cercanía temática con el mismo. Individuos con este perfil tienen una probabilidad de voto por Uribe que están entre .959�0 y .91080. Sin embargo, analizando la com-posición de variables que resultan en esos datos, se infiere además que no sólo es más importante en las más altas probabilidades el tema de la fa-vorabilidad por un candidato, sino que éstas, al parecer, pesan más que la coincidencia en la pos-tura sobre los temas de campaña. Ciertamente, se observa en la tabla que individuos en que su perfil contenga además una alta cercanía temática, la probabilidad de voto por Uribe es más alta.

Tabla 22

modelo integrado.

Probabilidades de voto por uribe

Favorabilidad Uribe

Favorabilidad Serpa

Capacidad Uribe

Escala cercanía temática a Uribe

Probabili-dad voto

Uribe

Muy favorable Desfavorable �.00 .00 .959�0Muy favorable Muy desfavo-

rable�.80 .�0 .9��11

Muy favorable Desfavorable �.00 .80 .9�728Muy favorable Desfavorable �.�0 .00 .9�06�Muy favorable Muy desfavo-

rable�.�0 .�0 .9191�

Muy favorable Desfavorable �.20 .00 .917�2Muy favorable Favorable �.80 .00 .91080

Las tablas 20 y 21 contienen casos de alta y baja probabilidad de voto respectivos al modelo de cercanía temática, para Uribe y Serpa, res-pectivamente. La variable cercanía temática es una escala con valores entre 0 y �, donde 0 es más cercanía o menor distancia. Las más altas probabilidades de voto por Uribe se alcanzan con la combinación de altos valores de cercanía temática por Uribe y bajos o medianos, en gene-ral, por Serpa. Hay una suerte de relación inversa que sentencia muy bien y reafirma el papel de estas variables en la conformación de la decisión electoral. Cuando se detiene en los casos de baja probabilidad correspondientes a Serpa, se obser-va un mismo patrón.

Tabla 20

modelo cercanía temática. Probabilidades de voto por uribe

Escala de cercanía temática a Uribe

Escala de cercanía temática a Serpa


.00 2.�0 .92685

.�0 2.80 .91291

.00 1.60 .87272�.00 2.80 .29��0

Tabla 21

modelo cercanía temática.

Probabilidades de voto por Serpa

Escala de cer-canía temática

a Uribe

Escala de cerca-nía temática

a Serpa

Probabilidad voto Serpa

.�0 2.60 .01900

.�0 2.80 .0150�

.80 �.20 .01�69

.00 �.�0 .00�71

Finalmente, la tabla 22 permite analizar lo ocurrido solamente con Uribe respecto del mo-delo final integrado, debido a que resulta más pertinente proseguir con el esclarecimiento de lo sucedido con el actual mandatario y en la identificación del perfil de ciudadanos que ha-cen triunfador a un candidato, que es una de las mayores preocupaciones teóricas de este artículo.

Todo el análisis practicado en esta sección induce a varias conclusiones sugerentes. En las últimas elecciones las condiciones de una alta probabilidad de elección por un candidato, lo que equivale a una inclinación clara y rotunda, una decisión no dilemática, se halla en aquellos individuos que desarrollan percepciones muy fa-vorables de los atributos personales de los candi-datos, al menos parece haber sido así para Uribe y Serpa. Ciertamente, otro asunto es el relativo a cómo estos votantes construyen sus valoraciones,

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acia



si lo hacen de fuentes directas o a través de los medios; si evalúan a los candidatos mediante las imágenes que las estrategias de campaña emiten o si logran más independientemente hacerlo. Sin embargo, el fenómeno de la imagen y su califica-ción es central entre los votantes colombianos.

Llama la atención en estos resultados el que la decisión electoral comprenda la comparación en-tre los candidatos más opcionados. En los casos analizados de más alta probabilidad, ésta se halla estrechamente asociada a la valoración del can-didato opositor, pero en una relación indirecta: cuando la percepción de la imagen de un candi-dato es positiva y la del que está en comparación negativa, es que la probabilidad se acrecienta.

En esta explicación de la decisión electoral se revela más importante el papel de las percepcio-nes que se desarrolla sobre los candidatos que la más racional coincidencia temática, sin que ello signifique que no tenga peso alguno. La poca co-incidencia temática no resulta ser un criterio que dirima al momento de elegir un candidato. De ser correcta tal apreciación, se refrendaría la idea que plantea un predominio de los factores “sub-jetivos” frente a los “racionales” en las pasadas elecciones. Lo subjetivo apuntaría a un elemento de calificación de las virtudes personales como buenas o malas y que excluye las consideraciones “racionales” relativas a posiciones respecto de los planes de gobierno.

Tal vez, razonar en el lenguaje del mercadeo político pueda ayudar a explicar qué hace que un candidato tenga mayores posibilidades de triunfo en el ámbito colombiano. Sobre esto, el análisis precedente deja varias lecciones. El tema de la imagen y, por ende, de las consideraciones subjetivas de los ciudadanos se ha hecho deter-minante. Estas consideraciones comprenden va-loraciones y sentimientos originados menos en la ideología y la política, en desmedro de elementos “objetivos” como las ideas plasmadas en las pro-puestas de gobierno, el estrato social o las condi-ciones laborales. Se ganaría más, en este sentido, con campañas, ya premunidas de estas circuns-tancias, que muestren candidatos virtuosos por honestos, capaces personalmente, decididos y convergentes políticamente. Al menos, en las últi-mas elecciones, este parece haber sido el arreglo de las consideraciones de los votantes que hace a la fórmula del triunfo.

reFlexioNeS FiNaleS

La aplicación de la regresión logística supu-so para esta investigación un salto cualitativo

crucial en el abordaje del problema general de la decisión electoral y en la comprensión par-ticular del caso colombiano, en el contexto de las elecciones presidenciales pasadas. Sobre esta consideración, tal vez la principal conclusión de este trabajo se sitúa en el plano de la teoría. Los resultados obtenidos abonan a la idea de una complejización de la teoría sobre el com-portamiento electoral, en el sentido de hacerla multidimensional y que incorpore con mayor protagonismo los factores que en la actualidad parecen incidir con fortaleza la decisión de los votantes. El artículo brinda elementos suficientes para fundamentar la idea de una comprensión diferente y renovada, desde el punto de vista teórico, del asunto en cuestión.

En cuanto a la propia situación colombiana, el artículo sugiere también la búsqueda de una comprensión distinta, en la que nuevas variables y nuevas combinaciones entre las variables tradi-cionales den con la explicación de lo ocurrido. En efecto, de manera semejante a lo que está pasando en otros países, ni los atributos perso-nales ni los factores demográficos de los votan-tes parecen explicar bien cómo los colombianos votan. Lo interesante es que el género, el estatus socioeconómico, el nivel de educación o la ocu-pación, entre otras de las variables tradicionales, no figuran como factores determinantes en los modelos de decisión a los que llega este trabajo. Eso significa, a diferencia de una visión estruc-turalista, que los votantes no son prisioneros de factores que ellos no pueden controlar bien, sino que deciden sobre consideraciones que dependen de ellos. No obstante, el caso colom-biano expresa sus particularidades. A diferencia de los estudios sobre el comportamiento electo-ral en otras partes del mundo, las percepciones de los colombianos sobre el comportamiento de la economía nacional y personal, así como la perspectiva de la situación futura en cuanto a la economía, no parecen impactar su decisión de voto.

En la línea de un nuevo marco de compren-sión de la decisión electoral en Colombia, es oportuno subrayar aquel hallazgo de este trabajo respecto al papel que juega la identificación par-tidista: según los modelos generados, el apego y la simpatía hacia los partidos tuvieron un impac-to bastante restringido. Quedó claro, también, el mediano papel que tiene la variable filiación tradicional, que hace referencia a la predilección partidista, no así a la militancia o el sentido de pertenencia a uno de los partidos políticos. La

[7�]



misma generalización se aplica al impacto de la ideología en la decisión de voto, es decir, es una variable importante pero con menor poder expli-cativo.

Una de las hipótesis principales de esta inves-tigación postulaba que los votantes políticamente sofisticados aplican cadenas de razonamiento diferentes a los menos sofisticados para llegar a una decisión de voto. Los resultados respectivos no apoyan plenamente la hipótesis, pues, por un lado, las mismas variables explican la decisión de voto para los votantes sofisticados y no sofisti-cados, tanto para Uribe como para Serpa; pero, por otro lado, los votantes sofisticados de Uribe combinan su posicionamiento temático y el que perciben en Uribe para llegar a una decisión de voto; los menos sofisticados no obran con este mecanismo. De cualquier modo, como comen-tario general, es preciso en el futuro dilucidar a fondo la relación entre posicionamiento temático y la percepción de los candidatos que desarrollan los votantes, puesto que puede ocurrir que la afi-nidad en los temas de campaña sea un efecto de la simpatía que se tiene por ellos. Se trataría de investigar mejor si la percepción de los votantes en realidad refleja las posiciones de los candida-tos en los temas de campaña.

Varias conclusiones más, que en sí mismas son relevantes, reafirman el replanteamiento con-ceptual que sostiene esta investigación en cuanto a cómo se vota en Colombia. En esta nueva ela-boración de la decisión electoral debe repararse en que se hace más contundente el papel de las percepciones que se tiene de los políticos en competencia, que la más sofisticada coincidencia temática entre éstos y los votantes; aunque dicha coincidencia resulta a la vez trascendental en la explicación. En efecto, los modelos relativos, para Uribe y Serpa, muestran claramente el im-pacto sobresaliente en la decisión del voto de las variables relacionadas con las percepciones de los candidatos. Los modelos implican una explica-ción parsimoniosa, es decir, con pocas variables se logra una buena aproximación a lo ocurrido en 2002. Ciertamente, todo esto deja oscuro el asunto relativo al cómo estos votantes construyen sus percepciones, si lo hacen de fuentes directas o a través de los medios de comunicación; si eva-lúan a los candidatos mediante las imágenes que las estrategias de campaña emiten o si logran más independientemente hacerlo. Así como la expli-cación se simplifica en cuanto a número de varia-bles eficientes, la explicación se vuelve compleja

en cuanto al extenso significado del concepto de percepción.

El que la decisión electoral comprenda la comparación entre los candidatos más opciona-dos es nuevamente un hallazgo importante de este trabajo. Parece que entre los votantes con mayor claridad de elección se da que, a la alta valoración que desarrollan por su candidato de preferencia, le sigue, comparativamente, una muy baja valoración del otro candidato que creen es el más competitivo. Cuando la percepción de la imagen de un candidato es positiva y la del que está en comparación negativa, es que la probabi-lidad de voto por el favorito se acrecienta. Esto permite inferir que hay una suerte de voto estra-tégico, donde votar a favor de un candidato es votar en contra del contrincante. Esto es lo que parece haber sucedido entre Uribe y Serpa.

Con menos evidencias para comprobar, la información del artículo permite dar pie a un argumento en que los resultados de las eleccio-nes se asocian con un claro patrón de decisión: se tiende a elegir más en términos de personas que de equipos y más en términos de virtudes y capacidades personales que en propuestas de gobierno o ideologías. Este argumento abre una pista importante de investigación, relativa al ca-rácter pragmático y a la perspectiva de tiempo corto que envuelve la decisión electoral entre los colombianos. Junto a ello se hace importante seguir investigando cuánto la elección estriba en las opciones que representan un cambio de la situación social y política dada en el momento de la elección.

Para terminar, todos estos hallazgos y conclu-siones, aunque si bien este no fue el propósito del proyecto, matizan aquellas afirmaciones que buscan explicar la elección de Uribe en la de-rechización del país y la solución de mano dura del candidato en torno a la guerra. Según el re-porte expuesto, los ciudadanos votaron por un candidato que fue visto en su momento como un líder representante del cambio y que ofrecía una respuesta diferente al conflicto. No obstan-te, las últimas elecciones dejan notar cambios sustantivos en el comportamiento electoral más de tipo estructural que específicos de las circuns-tancias de cada proceso electoral. Hay suficientes evidencias para pensar que los antiguos moldes y patrones de acción electoral, los tradicionales cálculos y razonamientos valorativos aplicados a partidos y candidatos, están sufriendo profundas modificaciones.

[75]

rese

ñasNadando contra la corriente: mujeres y cuotas

políticas en los países andinos

Magdalena León (directora), Bogotá, UNIFEM-UNAL-IEP-UNFPA-

CIDEM-FLACSO-Ecuador, 2005.

Julie massal Profesora asistente del IEPRI de la Universidad

Nacional de Colombia

El libro dirigido por Mag-dalena León, enfocado en las cuotas políticas a favor de las mujeres, constituye un análisis comparativo de los procesos de adopción, implementación e impacto de esta herramienta, en la democracia o democrati-zación de cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este análisis nos lleva a reflexionar de manera más am-plia sobre la consolidación de-mocrática y, más específicamen-te, sobre el papel que pueden desempeñar en ella partidos políticos y movimientos sociales, no como actores antagonistas, sino como actores complemen-tarios que tejen alianzas. Uno de los aportes de este libro, en efec-to, consiste en resaltar que cuan-do se conforman estas alianzas institucionales entre movimien-tos de mujeres y mujeres electas o miembros de partidos políti-cos así como funcionarias públi-cas, la eficiencia de la cuota es mayor tanto en términos cuan-titativos como cualitativos. Este resultado puede alimentar una nueva tendencia en la reflexión sobre democracia, perceptible en la ciencia política (sobre todo anglosajona), que trata de reunificar los textos sobre partidos políticos y movimientos

de inclusión de grupos socia-les un factor o un síntoma de la crisis política? La respuesta es matizada, y recoge dos hipótesis comúnmente planteadas pero opuestas. La primera es que la inclusión social es una respues-ta de los actores políticos (par-tidos) en crisis para compensar el déficit democrático: tanto en Bolivia como en Ecuador, la fuerte crisis de legitimidad de los partidos los ha conminado a adoptar cuotas en aras de con-quistar el electorado femenino y de recobrar una capacidad representativa. La segunda hipótesis es que la inclusión se hace en un contexto de tanta fragilidad institucional que lle-ga a debilitar o a desbordar más aún las instituciones, profundi-zando de esta manera la crisis política.

En el artículo final María Emma Wills enfatiza la impor-tante diferencia de resultados en la eficiencia e implemen-tación de las cuotas, lo cual se debe al hecho de que las cuotas políticas han sido adoptadas en contextos políticos muy disími-les en los cuatro países. De esta manera, replantea el debate sobre la relación entre inclu-sión de mujeres y consolidación democrática, recalcando la difi-cultad de considerar la una, de por sí, como una garantía de la segunda, y la necesidad de pro-fundizar en los procesos políti-

sociales, usualmente muy aisla-dos, para evaluar el impacto de la relación entre estos actores en la consolidación democrática.

El libro se compone de un prefacio redactado por M. León, que presenta el panora-ma en el que se introdujo el debate sobre cuotas políticas, concebidas como un ejemplo de acción afirmativa; de dos artículos (introducción y con-clusión) explícitamente compa-rativos y de cuatro artículos que presentan los estudios de caso, uno por país.

El artículo introductorio de Mala Htun diseña un marco de análisis comparativo, en-focándose en un diagnóstico paradójico sobre la situación del Área Andina: presenciamos una fuerte crisis política, que se evidencia a través de distintos fenómenos, entre otros, una crisis de los partidos políticos; la fragilidad institucional y el retorno a la inestabilidad po-lítica; pero al mismo tiempo, observamos una progresión de la inclusión de grupos sociales minoritarios (mujeres y grupos étnicos) hasta ahora excluidos tanto de la esfera política como del desarrollo económico. Con base en esta constatación, el artículo plantea las siguientes preguntas: ¿Hay una relación causal entre la inclusión social de nuevos actores y la crisis política? ¿Es este incremento

[76]


Nadando contra la corriente: mujeres y cuotas políticas en los países andinos Julie Massal

cos muy distintos de los países andinos para entender mejor esta relación.

Por lo tanto, enfatizaré no una comparación, ya explícita en el libro, entre los cuatro países, sino tres temáticas transversales, presentes en los seis artículos. Estas tres temá-ticas son: la disyuntiva entre presencia y representación de mujeres, el impacto del sistema electoral y político sobre la efi-ciencia o el alcance de la cuota, y por último, la relación entre inclusión de mujeres y demo-cratización.

¿inclusión o representación?

Existe una disyuntiva entre inclusión (o presencia) de mu-jeres por medio de las cuotas, y representación de mujeres. La representación es entendida como un actuar conforme con los intereses de las mujeres quienes conforman un conjunto dotado de una identidad colectiva construida con base en su identidad de género y la situación de exclusión que han padecido tradicionalmente. En el proceso de lucha para conse-guir la cuota –el mecanismo de acceso a la representación– este colectivo se une, poniendo a un lado discrepancias ideoló-gicas, partidistas o de clase. Sin embargo, una vez electas suele ocurrir que las mujeres olviden esta identidad de género o, me-jor dicho, no actúen en defensa de los intereses de las mujeres en conjunto; por tanto aparece un desfase entre las mujeres electas y su “base” potencial. Este desfase o esa disyuntiva entre presencia y representación puede explicarse básicamente de dos maneras.

Por un lado, la presencia femenina puede ser insuficien-te para que las mujeres electas puedan pesar en la decisión política y reorientarla a favor

de las mujeres; pero su peso político no sólo depende de su presencia numérica sino que se relaciona con otro factor: don-de existen movimientos sociales fuertes para sustentar su trabajo político institucional y donde se tejen alianzas entre actores po-líticos y movimientos sociales, la implementación de la cuota es más fácil1 y eficientes. Es el caso de Bolivia y Ecuador.

Por otro lado, las diferencias ideológicas o partidistas entre mujeres de distintos partidos –provisionalmente disminui-das– vuelven a aparecer en el quehacer político, pues tienden a defender intereses partidistas más que los del colectivo feme-nino; además, la competición entre mujeres electas para mantenerse en el puesto gene-ra divisiones al mismo tiempo que las obliga a someterse a las reglas de juego “masculinas” de hacer política. Lo resaltan so-bre todo Lisa Baldez y Patricia Brañez, quienes insisten en la dificultad de enfrentar el pa-triarcalismo de la clase política tradicional en Bolivia.

el impacto del sistema electoral o

político sobre la eficiencia de la cuota

El examen del impacto del sistema político y electoral sobre la eficiencia de la cuota arroja resultados diferenciados según los países, dado que la regla institucional hay que con-frontarla con la práctica política real y con la voluntad política de los actores de respetar la ley, como aparece a través de la lectura de los distintos estudios de caso.

Es innegable la progresión de la presencia femenina en distintas instancias (Congreso, alcaldías, gobiernos locales o regionales) a raíz de las cuotas, aunque según los casos, el in-cremento es mayor en el nivel

nacional y en otros en el local. En el caso de Colombia, como lo resaltan Magdalena León y Jimena Holguín, sin embargo, no se han reconocido por ley cuotas dentro de los partidos políticos, puesto que se consi-dera que esto afectaría su auto-nomía. En este país, las cuotas se refieren a la presencia de mujeres en cargos administrati-vos, mas no en la competición política. En este caso particular se observa efectivamente un gran incremento del número de mujeres en cargos adminis-trativos directivos, sobre todo en el ámbito nacional (minis-terios), aunque el aumento es mucho menor en cargos menos visibles (secretarías en gobier-nos locales), presentándose casos en que la cuota del �0% ni siquiera se respeta.

Pese al incremento del nú-mero de mujeres en los entes de representación y en cargos electivos, esta presencia feme-nina en conjunto no rebasa el �0%, y muchas veces es muy inferior a este porcentaje. Este �0% es el nivel fijado por las cuotas en la mayoría de países (aunque en Ecuador existe una peculiaridad: en cada fecha electoral la cuota aumenta en un 5% hasta lograr el nivel del 50%). La progresión numérica de mujeres en cargos electivos sigue siendo restringida por la férrea resistencia de los propios partidos, que puede manifes-tarse de distintas formas. Puede consistir en el rechazo a imple-mentar la ley en su seno, o a ubicar a las mujeres en puestos de sus listas, en los que puedan ser efectivamente electas, algo observable de los tres países (Ecuador, Perú y Bolivia). Pero también puede traducirse, como lo demuestra en particu-lar el caso ecuatoriano, por el no respeto de los principios de

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secuencia y alternabilidad en las listas, y el hecho de que los en-tes electorales acaben encargan-do a los partidos la libre defini-ción e interpretación de estos términos. A esto cabe añadir una resistencia que más bien se convierte, en Bolivia, en un fuerte acoso político contra mu-jeres candidatas o electas para disuadirlas de presentarse o llevarlas a renunciar; e incluso se traduce en maniobras como la inscripción en listas electo-rales de hombres con nombres de mujeres, que llegan a ocupar el cargo, una vez electos estos llamados “travestis”. Si bien estos obstáculos impuestos por los partidos y algunos entes po-líticos han podido ser parcial-mente superados o combatidos gracias al apoyo de las cortes constitucionales, la ausencia de fuertes movimientos sociales de mujeres o la debilidad de alian-zas institucionales entre éstos y mujeres electas o funcionarias públicas, han restringido el al-cance de las cuotas.

Pero además de la volun-tad política de los actores, es central el papel del sistema electoral vigente. Mala Htun recalca que la traducción de candidaturas femininas en cargos depende, en particular, de dos factores institucionales: el modo de repartición de los escaños conjugado con el modo de escrutinio. En los Andes hay diferencias entre los países en cada uno de estos factores: mientras Bolivia tiene un siste-ma mixto de listas cerradas y abiertas según el tipo de elec-ción, Ecuador y Perú tienen unos sistemas de listas abiertas en elecciones legislativas. Existe una combinación favorable a una mayor traducción de can-didaturas de cargos: la de un sistema de lista cerrada con un sistema de representación pro-

porcional, el cual favorece por lo general fuerzas minoritarias todavía poco consolidadas y una mejor repartición de los escaños, en función del núme-ro de votos obtenidos. También influyen el nivel o tipo de elec-ción (nacional o local), el tama-ño del distrito electoral, la des-centralización (que en Bolivia ha contribuido a disminuir el número de mujeres en cargos electivos locales, en las eleccio-nes municipales de 1995), etc. Pero los cambios frecuentes de reglas electorales (en Bolivia y Ecuador) hacen difícil una evaluación a largo plazo del impacto de la combinación “lis-ta cerrada y representación pro-porcional”. Además, la práctica política puede modificar sustan-cialmente el impacto del factor estrictamente institucional, pues en Ecuador, donde existe la lista abierta, sigue vigente la práctica del voto en plancha, aun cuando se observa un ma-yor uso del voto personalizado (escoger una figura dentro de una lista abierta) por parte de mujeres a favor de mujeres.

inclusión y representación de mu-

jeres: ¿incidencia en la consolidación

democrática?

La disyuntiva entre inclusión y representación, por un lado, y los obstáculos institucionales o electorales a la misma inclusión de mujeres en el sistema políti-co, por otro, hacen dudar de la posibilidad concreta de que la inclusión de mujeres contribuya a la consolidación democrática. Este vínculo se puede analizar tanto desde el punto de vista teórico como empírico.

Desde el punto de vista teó-rico, en un contexto de crisis de los partidos, la representación espejo (los candidatos de nuevos movimientos sociales buscan el apoyo del electorado que se

identifique con ellos por una similitud étnica o de genero), parece competir, en términos de legitimidad, con una repre-sentación más tradicional (ex-presión de intereses con base en ideologías, llevada a cabo por partidos políticos). Pero la legitimidad de la representa-ción espejo, que lleva a adop-tar acciones afirmativas como las cuotas, no coincide con su eficiencia concreta en la remo-delación del sistema político y electoral. Las autoras resaltan los obstáculos institucionales y socioculturales que hacen insu-ficiente la implementación de cuotas para fomentar cambios más amplios en la representa-ción. Así, subraya María Emma Wills, las cuotas tienen poca incidencia favorable para clases marginadas o desposeídas, y tan sólo “remedian la discrimina-ción para un grupo de mujeres privilegiadas”, una observación similar a la que se puede hacer en Francia, pues si bien las cuo-tas han favorecido el acceso de mujeres al Parlamento (desde 2000), la mayoría son hijas de dirigentes políticos. No se lo-gra romper con la endogamia política y el control de élites económicas y políticas sobre la representación política2 .

El argumento más fuerte que permite cuestionar el pos-tulado según el cual la repre-sentación de las mujeres por sí sola implicaría mayor consoli-dación democrática, lo aporta el artículo de Lourdes Hurtado acerca del caso peruano. Ella enfatiza: “la presencia de muje-res en las esferas cercanas al po-der alcanzó uno de sus puntos máximos durante los gobiernos de Alberto Fujimori”. Fujimori impuso la ley de cuotas, inclu-so por encima de la mayoría legislativa que lo apoyaba, con el respaldo de organizaciones

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de mujeres de distintas clases sociales, tanto marginadas (“po-bladoras”) como profesionales de la clase media y alta (“tecnó-cratas y políticas de carrera”). L. Hurtado insiste en que “[...] la participación de mujeres [...] se dio en términos autoritarios. Las mujeres que rodearon al mandatario se desempeñaron en un contexto de institucio-nes débiles y dejaron de lado valores fundamentales como la democracia, la honestidad y transparencia de la función pública”, lo cual perjudicó, posteriormente, a las mujeres políticas (casi ausentes en el gobierno democrático de Ale-jandro Toledo) y el principio mismo de la representación de mujeres.

Esto nos lleva a cuestionar el vínculo que se considera a me-nudo “obvio” entre inclusión de nuevos grupos sociales a la política y democratización. Más aún, la presencia femenina no es una garantía de una forma nueva de hacer política, menos autoritaria, pues como arguye Wills, “nadie nace demócrata”. Añadimos a esto que no hay

cualidades femininas que hagan de la política “feminina” una práctica sustancialmente dis-tinta de la política “masculina”, contrariamente a lo que aduce una amplia literatura feminista anglosajona o europea. Este ar-gumento se refuerza al observar empíricamente cómo las reglas de juego “masculinas”, o más bien socialmente construidas como “masculinas”, las adoptan mujeres no sólo en partidos políticos tradicionales sino también en movimientos socia-les u ong, como lo demuestra Anke Van Dam� en un estudio del papel de ong feministas en el Chile de Pinochet, esto es, en un contexto dictatorial. La autora recalca que las mismas mujeres de base (“pobladoras”) tienden a “considerar como más legítimas las líderes que adopten pautas de compor-tamiento “masculinas” (auto-ritarias), y que por tanto las líderes de ong llegan a adoptar dichas actitudes no (sólo) por imposición del sistema político sino (también) bajo la presión de sus propias bases. Lo cual permite argumentar que no se

trata de actitudes masculinas o femeninas sino de pautas de actuación dependientes del sistema político y de la práctica política en un entorno autorita-rio o dictatorial.

NotaS 1 En Ecuador, Perú y Bolivia la ley

de cuotas se adopta el mismo año, 1997, a menudo acompa-ñada por otras normativas elec-torales o laborales. Sin embargo, los desenlaces y la eficiencia de las cuotas varían considerable-mente entre estos países según varios factores: las correlaciones de fuerzas entre movimientos de mujeres e instituciones, el sistema político y electoral y las actitudes de los entes electorales y constitucionales otorgan un significado distinto a la presen-cia femenina.

2 Sineau Mariette, “Inegalite sexuelle et inégalites sociales: débuts laborieux pour la parité”, Le Monde Diplomatique, marzo de 2002 (version electrónica).

� Van Dam Anke, “El encuentro ong y pobladoras: las organiza-ciones de mujeres en Santiago de Chile”, en Salman Ton y Kingman Eduardo (eds.), Anti-gua modernidad y memoria del pre-sente, culturas urbanas e identidad, Quito, flacso, 1999, p. �72.

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Trabajar con Bourdieu

Pierre Encrevé y Rose-Marie Lagrave (editores),

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005.

(1ª edición: Flammarion, 2003).

luz Gabriela arango Gaviria Profesora asociada,

Universidad Nacional de Colombia

Entre los numerosos traba-jos colectivos dedicados a Pierre Bourdieu, antes y después de su muerte, esta compilación cons-tituye sin duda una selección original y especialmente revela-dora de las relaciones estrechas entre el autor, su obra y el cam-po de las ciencias sociales en el cual trabajó y sobre el cual dejó una impronta viva que continúa moldeándolo, definiendo líneas de tensión, abriendo fronteras y diálogos críticos entre discipli-nas y áreas de investigación. Su traducción al español y su difu-sión en América Latina, tanto en el medio académico como entre los movimientos sociales y políticos, es sin duda un acierto de la Universidad Externado de Colombia.

El libro recoge las inter-venciones de sus colegas de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en un home-naje a Pierre Bourdieu reali-zado el 16 de noviembre de 2002, poco tiempo después de su muerte. Son treinta ensayos muy diversos, escritos por cole-gas consagrados, en su mayoría hombres –sociólogos, econo-mistas, antropólogos, lingüistas, historiadores– y por antiguos discípulos convertidos en jóve-

nes y creativos colegas. Todos ellos y ellas dan cuenta de su trabajo con Bourdieu, mediante testimonios que van del diálogo interpersonal y las experiencias afectivas y académicas comparti-das con el autor a la exaltación o la crítica puramente teórica de aspectos de su obra. Buena parte de los ensayos combinan felizmente todas estas dimen-siones. Muchos tratan de captar el carácter fundamental o la esencia de la sociología de Pie-rre Bourdieu mediante síntesis que expresan la riqueza y di-versidad de entradas posibles a esta sociología: sociología de la dominación, sociología del habitus, sociología del sentido práctico, sociología de la dure-za del mundo, sociología del interés...

Como profesora e investi-gadora en el campo de la so-ciología y de las relaciones de género, la obra de Bourdieu ha representado para mí una fuente estimulante de inspira-ción teórica e investigativa, es-pecialmente en la reflexión en torno a la articulación entre las diversas lógicas de dominación y opresión social. La lectura de esta selección representó para mí un ejercicio muy placente-ro, en el cual se combinaron sentimientos de complicidad e identificación con muchas de las reflexiones allí plasmadas,

con descubrimientos que me permitieron repensar, entender mejor o de otra manera ciertas dimensiones de la obra y el autor.

Quiero destacar algunos de estos descubrimientos y compli-cidades: la presencia de diversas miradas sobre las relaciones entre sociología y política; algunos diálogos fructíferos y conflictivos con otras discipli-nas y campos de investigación; y finalmente, la importancia de la experiencia argelina.

diversas miradas sobre las relaciones

entre sociología y política

Las posibilidades de la socio-logía como herramienta para actuar sobre el mundo social y transformarlo, es decir, como herramienta política, es objeto de diversas reflexiones. El libro se inaugura con el largo ensa-yo de Jean-Claude Passeron, coautor con Bourdieu de obras fundadoras en torno a la educa-ción y el oficio de la sociología1 , sin duda uno de los testimonios más importantes por el lugar central que ocupa Passeron en la historia de Bourdieu y su obra, así como por el distancia-miento temprano entre los dos sociólogos que fue objeto de especulaciones en el mundillo académico. El ensayo es un es-fuerzo conmovedor de uno de sus más antiguos “compañeros

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Trabajar con Bourdieu Luz Gabriela Arango Gaviria

de militancia investigativa” por explicar la naturaleza de sus diferencias con Bourdieu, la persistencia de la amistad a lo largo de la vida, la riqueza y ten-siones de un diálogo marcado por significativas interrupcio-nes, así como las condiciones sociales y generacionales y la experiencia compartida que sustentan la gran cercanía entre los dos y su perdurabilidad. Es también expresión de su dolor ante la desaparición del amigo y admirado científico. Passeron aclara que su distanciamiento con Bourdieu respondió esen-cialmente a diferencias episte-mológicas en la concepción de la sociología: mientras Passeron permanece fiel a los postulados de Max Weber en torno a la na-turaleza histórica de las ciencias sociales, a su carácter explicati-vo y comprensivo, a la ausencia de una correspondencia lógica entre la verdad sociológica y la acción política, Bourdieu irá evolucionando hacia una con-cepción mesiánica de la sociolo-gía y, en particular, de su propia sociología. El rechazo inicial a la “tentación del profetismo” encarnado por Jean-Paul Sartre que ambos compartían y plas-maron como una de las reglas de vigilancia epistemológica del sociólogo en el libro que firman con Jean-Claude Chamboredon en 1968, El oficio de sociólogo, se transformará para Bourdieu en una creencia cada vez más mar-cada en el carácter intrínseca-mente revolucionario de la ver-dad científica, en la naturaleza subversiva de una sociología realmente científica. Passeron explica esta mutación en Bour-dieu como efecto no sólo de la dificultad para administrar su propio éxito académico y social, su notoriedad y gloria socioló-gica, sino también por algo más profundo, una vocación en sen-

tido protestante, una beruf, una disposición honda, más fuerte que él mismo.

En el otro extremo del libro, Robert Castel asume el honor de concluir el homenaje al colega, resaltando el carácter fuerte de la sociología de Bour-dieu como sociología basada en la constatación de la dureza del mundo. Esta comprensión radical del mundo social como coerción, inscrita en la tradi-ción sociológica de la “dureza durkheimiana” o en la tarea de desmitificación del mundo que Weber le otorgaba a las cien-cias sociales, es actualizada por Bourdieu como pensamiento doloroso y activo que busca ampliar la conciencia de las coerciones, sufrimientos y con-dicionamientos sociales como requisito para luchar contra éstos. Para Castel, trabajar con Bourdieu es trabajar con la ten-sión entre esa conciencia de la dureza del mundo y el margen de maniobra de los agentes sociales: el objeto principal de su sociología es precisamente profundizar en el conocimiento de los modos como se estructu-ran las prácticas en ese mundo constreñido. Esta concepción del mundo que funda la socio-logía de Bourdieu contribuye a entender tanto la recepción entusiasta de quienes han pa-decido de alguna manera el constreñimiento de las desigual-dades sociales (tránsfugas de clase, intelectualidad de países dominados, entre otros) como su rechazo por parte de quienes se benefician de la “ilusión es-colástica”, porque disfrutan del privilegio de refugiarse en un mundo académico neutralizado.

Desde una visión más con-creta, el escrito de Stéphane Beaud y Michel Pialoux sobre su trabajo de etnografía obrera revela una articulación real

entre el análisis sociológico y la acción social transformadora. En esta experiencia de larga duración, ejercicio de socioaná-lisis que desemboca en la inter-vención sociológica recogida en el libro colectivo La miseria del mundo, Beaud y Pialoux traba-jarán en diálogo con Bourdieu en un proceso lento de cons-trucción del objeto con efectos emancipadores tanto para las generaciones obreras con las cuales interactúan como para el equipo de sociólogos que transgrede las prohibiciones epistemológicas dominantes, las barreras entre disciplinas, las fronteras entre los subcampos de investigación.

Algunos diálogos fructíferos y conflictivos con otras discipli-nas y campos de investigación: estudios de género, lingüística, economía, psicoanálisis...

Otro de los aspectos bien lla-mativos de esta compilación se refiere a las formas que adoptó la intención de Bourdieu de redefinir las fronteras entre los campos y subcampos académi-cos. Expresada en muchos casos como objetivación sociológica y crítica de disciplinas como la lingüística, la economía o la filosofía, la reacción general fue de rechazo y de defensa del territorio académico por parte de los detentadores de la definición legítima del mis-mo, en una ilustración clara de las “leyes” de los campos académicos identificadas por el propio Bourdieu. Sin embargo, también se desarrollaron diá-logos fructíferos con agentes no dominantes en los diversos campos, los cuales encontraron en la propuesta de Bourdieu elementos para adelantar sus propias críticas internas.

En primer lugar, me referiré a un diálogo al cual soy espe-cialmente sensible y es el que

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tuvo –o no tuvo– Bourdieu con el campo de los estudios de género y la crítica feminista a las ciencias sociales. La relación con este campo es de naturale-za distinta a la que sostuvo con otros cuya legitimidad recono-ció. La publicación de su libro La dominación masculina en 1998 fue recibida con ambiva-lencia por las feministas france-sas, por buenas razones. Si bien resultaba satisfactorio el hecho de que un sociólogo consagra-do como Bourdieu desarrollara una interpretación teórica de las relaciones sociales entre los sexos desde la perspectiva de la dominación masculina como dominación simbólica, también enfurecía su manera de hacer-lo, ignorando los desarrollos teóricos y empíricos acumu-lados en una difícil y creativa lucha académica y política ade-lantada por la investigación fe-minista. El testimonio de Rose-Marie Lagrave, amiga y colega de Bourdieu, revela algunas de las dimensiones profundas de este malestar. Lagrave recons-truye las etapas de su relación con este libro, que pasan de una “lectura encantada”, como ella misma la llama, velada por el sentimiento espontáneo –y por lo tanto sospechoso– de adhesión inmediata a su con-tenido y de reconocimiento de su propia experiencia en la interpretación bourdiana, a una lectura crítica y situada. En este segundo contacto reflexivo con el libro surgen preguntas fundamentales que ponen en evidencia el acto de poder aca-démico masculino subyacente. La primera pregunta de Lagra-ve tiene que ver con la recep-ción diferenciada del libro por parte de mujeres y hombres. En efecto, mientras sus colegas mujeres expresan sentimientos similares a los suyos son pocos

–por no decir inexistentes– los colegas varones que manifies-tan alguna reacción ante el libro. La dominación masculina no es objeto prácticamente de ninguna reseña masculina. ¿A qué se debe esto? pregunta Lagrave. ¿A que los varones no tendrían nada que descubrir pues ya se encuentran sufi-cientemente ilustrados sobre las condiciones sociales de su privilegio o, al contrario, a que no les interesa que se las revelen y mirarían a Bourdieu como una especie de traidor que reveló los dispositivos sutiles del poder masculino? Lagrave orienta su respuesta en torno a la ambivalencia del proyecto de Bourdieu evidente en tres enormes omisiones: 1) la ausencia de referencias a las investigaciones feministas espe-cialmente en aquellos temas en los cuales Bourdieu pretende sentar cátedra sobre lo que las feministas deberían hacer (investigar sobre instituciones como la familia, la escuela, el estado, la Iglesia ni más ni me-nos...); 2) la ausencia de refe-rencia a los debates públicos que adelantan las feministas en Francia y la ignorancia que ello revela del estado de los debates académicos y políticos en este campo, �) la ausencia de una revisión crítica de sus propias investigaciones a la luz de los postulados que defiende en La dominación masculina. Lagrave pone al desnudo los presu-puestos de la mirada de Bour-dieu, quien, en un ejercicio de violencia simbólica, otorga un valor menor al campo de los estudios feministas, al cual no trata como un campo tan legítimo como cualquier otro. El maestro no sólo no aplicó su sociología reflexiva sino que su teoría de la dominación revela una falla sustancial. Retomo

textualmente a Lagrave: “Al trabajar sobre los distintos jue-gos de poder en los diferentes campos, Bourdieu no tomó en cuenta simultáneamente que los dominantes son una mayo-ría masculina estadísticamente aplastante y que su poder se funda ante todo sobre formas de limitación e incluso de ex-clusión de las mujeres, proceso que describe sin embargo, tan bien, en este libro”.

Por ello, entre otras cosas, Bourdieu no vió que el homo academicus era también un vir academicus. Dice Bourdieu en La dominación masculina: “El hombre, vir, es este ser peculiar que se autoexperimenta como universal, monopolizando el ser humano, es decir, homo”. Limi-taciones subjetivas, condiciona-das objetivamente, Bourdieu también padeció sin lograr en-tender las particularidades de la recepción de La dominación masculina. Lo cita Lagrave para justificar su amistosa crítica al maestro: “La crítica, aun la más dura o la más injusta, vale más que el silencio ofendido, cons-ternado o condescendiente al cual me he visto confrontado con frecuencia en Francia en relación con el problema de la dominación masculina”.

Al menos dos de los ensayos incluidos en el libro contribu-yen a conocer algunos de los meandros del diálogo conflic-tivo que sostuvo Bourdieu con la lingüística: el de Michel de Fornel y el de Pierre Entrevé, lingüistas ambos. El libro ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, al cual se le podrían hacer críticas si-milares a las que se le hacen a La dominación masculina, como la de no contar con una investi-gación empírica específica o la de no dar cuenta de los debates en el campo, fue objeto de una

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recepción más bien indiferente por parte de los lingüistas, salvo contadas excepciones. Pierre Entrevé reconstruye aspectos de las relaciones difíciles en-tre Bourdieu y la lingüística a partir de su propia conversa-ción con el maestro, iniciada en 197�. Destaca la molestia de algunos lingüistas ante la crítica de Bourdieu a Saussure y su concepción de la lengua pretendidamente universal que esconde una legitimación de la lengua oficial impuesta en un territorio por el poder estatal en contra de otras expresiones lingüísticas. Encrevé relata la continuidad de su diálogo con Bourdieu en torno a las gra-máticas post-chomskianas, la mundialización del mercado lingüístico y sus efectos con-tradictorios sobre una lengua dominante como la francesa, en posición dominada interna-cionalmente ante el inglés. Su testimonio revela la obsesión crítica de Bourdieu, su perseve-rancia en la resolución de sus intuiciones teóricas, su capaci-dad de continuar el debate con determinados colegas a pesar de largas interrupciones. En-crevé cuenta cómo su diálogo con Bourdieu fue fundamental-mente telefónico y cómo, vein-tiséis años después de haberle planteado su inquietud sobre la audición en un mundo en el cual las personas, más que interlocutoras, son auditoras en relación con los medios masi-vos, Bourdieu le dio la razón... Dice Encrevé: “Era eso también, o más bien era sobre todo eso, para mí, trabajar con Bourdieu: un diálogo oral continuo en el cual las palabras no salen vo-lando, en el cual los términos y los temas son vueltos a explorar sin fin hasta llegar bien sea a una comprensión común de los desacuerdos, bien a un acuer-

do, así sea veintiséis años más tarde”.

Michel de Fornel amplía los desarrollos de la lingüística mo-derna, especialmente en torno a los procesos de “categoriza-ción” gracias a los aportes de la psicología cognitiva y muestra las grandes afinidades entre la teoría del habitus y las nuevas corrientes de la lingüística in-teraccionista inspirada en la etnometodología. Desarrolla argumentos sobre las posibles relaciones entre la lingüística de las prácticas de categoriza-ción y la sociología de la lógica práctica. De Fornel relativiza la distancia que el mismo Bour-dieu manifestó en relación con la etnometodología y en particular con su fundador Gar-finkel, distancia que De Fornel explica por su voluntad de dife-renciarse tanto del subjetivismo sartreano como del antiintelec-tualismo de Merleau-Ponty. Resalta la afinidad entre el pro-yecto de Garfinkel de hacer una crítica radical al estructural-fun-cionalismo parsoniano utilizan-do la fenomenología de Schütz y el de Bourdieu. Pone en evidencia el costo teórico que tuvo para Bourdieu el haber dejado de lado los aportes de la etnometodología orientados a entender los procedimientos de sentido común que moviliza la epistemología ordinaria de los agentes sociales para resolver los conflictos entre las inter-pretaciones subjetivistas y ob-jetivistas que operan en la vida cotidiana. En su artículo “El espíritu de familia” incluido en el libro Razones prácticas (199�), Bourdieu restituye la dimensión instituyente de las categorías, tema que retoma en Meditacio-nes pascalianas (1997).

Otro diálogo conflictivo, signado por la incomprensión, de acuerdo con Robert Boyer,

es el que mantiene Bourdieu con la economía. Boyer, econo-mista, defiende en su homenaje al maestro sus aportes a la cons-trucción de una sociología eco-nómica al tiempo que denuncia la incomprensión de los econo-mistas sobre su sociología del interés, que no logran diferen-ciar de las teorías de la acción racional, ahistóricas y antiso-ciológicas o que reducen a una visión reductora del habitus como principio de repetición, monolítico e inmutable. Desta-ca la importancia de plantearse la idea de mercado, no como la solución inaprensible al pro-blema de la coordinación entre agentes interdependientes –a la manera de los economis-tas– sino como problema socio-lógico, cuya constitución es ne-cesario explicar. Boyer invierte de manera provocativa la idea común de que la sociología de Bourdieu es una sociología de la reproducción para destacar su orientación esencial hacia la explicación del cambio y las transformaciones sociales.

Tal como lo hace con la economía, la terminología de Bourdieu acude a conceptos tomados del psicoanálisis en una intención que no es pura-mente metafórica. Mientras el capital designa una relación de poder social, la illusio designa una inversión subjetiva en el juego social que va más allá de la conciencia. Vale la pena mencionar la relación entre la sociología de Bourdieu y el psicoanálisis, cuyas poten-cialidades destaca Francine Muel-Dreyfus. Con respecto a la problemática de las relaciones entre las clasificaciones científi-cas y las clasificaciones sociales y a partir de su propio trabajo sobre niños y adolescentes clasificados como anormales o desadaptados, Muel-Dreyfus

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defiende la idea de una sociolo-gía clínica, capaz de proponer herramientas para entender la construcción histórica y recí-proca del inconsciente social y el inconsciente individual; las representaciones, las clasifica-ciones y las instituciones y sus consecuencias sobre la relación subjetiva con el origen social y la novela familiar. Muel-Dre-yfus destaca una dimensión del análisis de las instituciones que amerita profundizarse y en el cual la sociología de Bourdieu tendría mucho que aportar en estrecha interacción con el psicoanálisis: la inversión sub-jetiva en las instituciones. Se trata no solamente de mostrar cómo las instituciones ofrecen posibilidades para la expresión de pulsiones a cambio de una cierta gestión controlada de las mismas sino también de cómo, en determinadas circunstancias, la sumisión a las instituciones puede tener efectos subversivos cuando el sujeto toma al pie de la letra a la institución y le pide más de lo que ésta puede efecti-vamente darle.

la importancia

de la experiencia argelina

Quiero destacar finalmente un aspecto en la vida y la obra de Bourdieu cuya importancia es conocida pero que algunos de los autores de la compilación contribuyen a ubicar en su ver-dadera dimensión: la experien-cia en Argelia. El testimonio de Tassadit Yacine ofrece una rica reconstrucción del significado humano, académico y político de la experiencia de Bourdieu en Argelia, el impacto que tiene sobre él el descubrimiento del subdesarrollo, la dominación

colonial y la guerra. Nos recuer-da que Bourdieu llegó a Argelia en 1955 para prestar el servicio militar, con 25 años de edad, y allí se operará esa profunda conversión de filósofo a etnólo-go y finalmente a sociólogo de las prácticas. Aporta elementos sobre su amistad con Abdel-malek Sayad, destacada por muchos de los autores ya que perduró hasta la muerte de Sa-yad, y que se origina en riesgos compartidos en el trabajo de campo en medio de la guerra, en los recuerdos comunes, mu-chos de ellos trágicos. Yacine señala la importancia de todas las obras sobre Argelia: Sociolo-gía de Argelia, El desarraigo, Tra-bajo y trabajadores en Argelia, que describen y analizan el impacto del sistema colonial y de la in-troducción de una economía de mercado sobre las poblacio-nes campesinas tradicionales. El origen familiar de Bourdieu en el medio campesino del Béarn, la experiencia aún fresca de la guerra y del desarraigo trans-mitida por sus mayores, alimen-tan su lucidez intelectual y su capacidad crítica, su afinidad política y afectiva con la proble-mática argelina.

Afranio García, por su parte, pone en evidencia la actualidad del análisis bourdiano sobre la dominación colonial. La con-cepción del habitus encuentra en Argelia un ejemplo de su funcionamiento en situaciones de total desfase entre las condi-ciones sociales de producción del habitus –la socialización campesina– y su funcionamien-to dentro de una lógica de mercado y dependencia colo-nial. García traslada la idea de desarraigo con la cual Bourdieu

describe el desamparo de los campesinos argelinos a la expe-riencia de los campesinos brasi-leños del nordeste y en esta ten-tativa aporta nuevos elementos para entender las articulaciones complejas –no necesariamente sucesivas– entre los modos de reproducción social basados en la dependencia personal y la economía del don y el contra-don –propios de las sociedades tradicionales– y los modos de reproducción social basados en el sistema escolar, en una institucionalización de la domi-nación simbólica y una división especializada del trabajo de dominación. Es un llamado a difundir en español estas obras primeras de Bourdieu.

He destacado aspectos a los cuales soy especialmente sensi-ble pero indudablemente allí no se agotan las posibilidades de este libro. Esta compilación propone una aproximación muy rica a la persona de Bour-dieu, es un homenaje a su tesón en la búsqueda de una com-prensión compleja del mundo social y a la tremenda unidad entre su vida, su personalidad y su obra, que seducirá tanto a las y a los lectores ya iniciados como a quienes entren en con-tacto con este autor a través de estos testimonios.

1 Bourdieu Pierre y Passeron Jean-Claude, Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Minuit, París, 196�; La reproduction. Eléments d’une théorie du système d’enseignement, Minuit, París, 1970 ; Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude y Chamboredon Jean-Claude, Le Métier de sociologue, ehess, París, 1968.

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Colombia y Venezuela: debates de la historia y retos del presente

Socorro Ramírez y José María Cadenas (coordinadores académicos y

editoriales), Universidad Central de Venezuela, IEPRI Universidad Na-

cional de Colombia, Grupo Académico Colombia-Venezuela, 2005.

carlos Germán SandovalPolitólogo, IEPRI Universidad Nacional de Colombia

Este es el tercer libro publi-cado por el Grupo Académico Colombia-Venezuela. El texto tiene varias cualidades: es pro-ducto de un amplio trabajo conjunto entre académicos de universidades de los dos países, hace una significativa contri-bución al tema de la historia y la historiografía, y perfila asuntos expectantes de enorme importancia para el presente y el futuro de ambas naciones al desarrollar interesantes aportes al entendimiento de su contex-to internacional, en particular sobre las relaciones con Estados Unidos, las problemáticas fron-terizas y étnicas, y los nuevos asuntos relacionados con la cibersociedad.

Desde su portada, que es-boza un rostro con los rasgos de Santander y Bolívar, se evi-dencia un intento del Grupo Académico binacional por contribuir a la compresión y a la superación recíproca de las viejas rencillas históricas y a generar nuevas miradas cons-tructivas sobre asuntos de interés binacional.

El libro está integrado en dos secciones, nueve capítulos y cuatro anexos. En su intro-ducción, los coordinadores del

Grupo Académico dan cuentan de los numerosos obstáculos que rodean las actuales relacio-nes entre Colombia y Venezuela y ponen de relieve la importan-cia de los estudios y de las redes de investigación y cooperación binacional para mantener la pru-dencia y la sensatez en el mane-jo de las crisis entre los gobier-nos. Las demás páginas de la introducción hacen un rápido repaso por los aportes de los dos libros anteriores (Colombia-Venezuela: agenda común para el siglo xxi, de 1999, y La vecindad colombo-venezolana: imágenes y realidades, de 200�), el estímulo a las tesis de estudiantes orien-tadas en el marco de este pro-yecto y la valiosa experiencia de once reuniones binacionales para discutir los temas centrales del estudio sobre la vecindad.

La primera sección, historia e historiografía comparada, trata el qué pasó y cómo nos lo contaron a través de cinco capítulos elaborados por reco-nocidos historiadores en un esfuerzo de lectura binacional del pasado colombo-venezola-no. Estos capítulos se enfocan principalmente en el estudio de los manuales de historia y su función pedagógica e ideoló-gica, las historias fragmentadas que atendieron los intereses de poderes locales y regionales, y los mitos que perduran hasta

el presente sobre la época más citada de la relación comparti-da: la Gran Colombia. Dos de estos capítulos son ensayos his-toriográficos; los otros tres son artículos de análisis histórico; los cuatro primeros abordan el siglo xix y el quinto se refiere al siglo xx.

Pese a que sólo participó un historiador colombiano en esta sección del libro, son artículos que incorporan de manera explícita el enfoque compara-tivo, y los lectores colombianos podrán encontrar un buen esfuerzo de los académicos ve-nezolanos por contextualizar y entender la construcción de la historia de amores y odios entre los dos países.

La segunda sección, encru-cijadas del presente, consta de cuatro capítulos que muestran algunos de los asuntos latentes que retan a los dos países en sus diversas coyunturas inter-nas desde los inicios del siglo xxi. El primer artículo de esta sección examina el impacto que ejerce el contexto hemis-férico e internacional en las relaciones gubernamentales entre los dos países y, en parti-cular, se pregunta si ha existido desde inicios del año 2000, o podría darse hasta ahora, una triangulación de las relaciones entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Los siguientes

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ñas


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dos ensayos responden al tra-tamiento, desde la perspectiva venezolana, de las zonas fron-terizas y la educación univer-sitaria indígena binacional. El último artículo de esta sección desarrolla una novedosa mirada comparativa a las políticas de conectividad, destaca las pro-blemáticas de cada país en los temas de videojuegos e internet y evalúa el esfuerzo del Grupo Académico por aprovechar es-tas tecnologías para la comuni-cación interna y la difusión de resultados.

Los enfoques, el lenguaje y los conceptos involucrados en el contenido de este libro infligen un desafío de lectura multifacética a sus potenciales lectores. Quizá esta particula-ridad esté validada por el mo-mento coyuntural que viven los dos países, que exige renovar y ampliar los diversos marcos de construcción intelectual bina-cional.

El entendimiento de la his-toria es parte fundamental de ese proceso de acercamiento y distensión de las relaciones binacionales. Entendimiento que ha mostrado una tendencia en Latinoamérica al ensimisma-miento nacional, agudizado en todo Occidente por el compro-miso fuerte de la historia como disciplina en la construcción de los Estados nacionales. Tal como lo expresa Medófilo Me-dina en la introducción al libro, “esta dificultad de reconstruir nuestra historia y comprender la historia del ‘otro’ constituye la principal fuente del descono-cimiento entre los países lati-noamericanos”. En su primera contribución dentro del libro, Inés Quintero revisa cómo la Gran Colombia, período con-siderado un hito en la relación colombo-venezolana, puede resultar más bien un mito

generado por los dispositivos ideológicos de la historia en función de la identificación de los ciudadanos con su Estado. Tanto en Colombia como en Venezuela sus ciudadanos coin-ciden en saber, según lo apren-dido en la educación primaria, que el 17 de diciembre de 1819 Simón Bolívar creó la Repúbli-ca de la Gran Colombia, la cual comprendía los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito. El problema del qué pasó y cómo nos lo contaron comienza a tornarse diferente en las dos naciones cuando se abordan las causas que llevaron al derrumbamiento de la Gran Colombia en 18�0; para los colombianos el asunto pasó por las manos de José Antonio Páez, quien ignoró la autoridad de la Constitución y en franco des-acato a Bogotá armó “rancho aparte”. Para los venezolanos el desmoronamiento de la re-pública de Bolívar fue culpa de Francisco de Paula Santander, por las discrepancias políticas evidentes con el Libertador, y por las acusaciones de partici-par en el frustrado atentado que tuvo lugar en septiembre de 1828.

Estas y las posteriores renci-llas políticas entre Colombia y Venezuela fueron convenien-temente aprovechadas por los manuales de historia de cada país para engendrar el concep-to de historia patria, elemento fundamental para la consolida-ción de cualquier nación. Tal como lo describe Leonardo Bracamonte en su artículo de-dicado al estudio del encuentro de la historiografía con los im-perativos docentes en nuestros países, las pasiones, los odios y los amores entre Colombia y Venezuela fueron delineados a través de los textos escolares de los siglos xix y xx. Textos

para la enseñanza de la historia nacional plagados de construc-ciones ideológicas y exaltacio-nes morales enfrentadas entre los dos países, pero finalmente funcionales para la afirmación republicana de cada uno.

El artículo de Adriana Her-nández sobre las instituciones históricas en los dos países, también intenta desvirtuar de alguna forma el hito de la Gran Colombia. La autora ve-nezolana ofrece afirmaciones polémicas que se refieren al papel cumplido por los diri-gentes de aquella época y de su incapacidad para adaptar en la Gran Colombia las estructuras políticas de Europa, moldeadas por la Revolución Francesa. Al contrario de lo que plantea la autora, aquí podríamos pregun-tarnos más bien por la incapa-cidad recurrente de nuestros dirigentes para imaginar y crear instituciones criollas, adecuadas a unas condiciones geográficas, demográficas, sociales y cultura-les, muy diferentes a las del res-to del mundo occidental, que impidió la adecuada viabilidad de la Gran Colombia o de los posteriores modelos político-institucionales.

Con respecto a los retos del futuro, el libro, escrito antes del caso Granda, se adelanta a los acontecimientos y apunta a las sensibilidades geopolíti-cas que genera en Venezuela la alianza política y militar de Estados Unidos con Colombia. Es evidente que las mutuas sos-pechas y recriminaciones en la relación bilateral tienden in-cluso acrecentarse en el plano trilateral. Como bien lo expone el artículo de Socorro Ramírez, existen elementos en la política exterior norteamericana, espe-cialmente los que inciden en el desarrollo del conflicto en Co-lombia, que irritan al gobierno

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Colombia y Venezuela: debates de la historia y retos del presente Carlos Germán Sandoval

de Venezuela. A la vez existen elementos en la política interior y exterior venezolana que son vistos con recelo por Estados Unidos y con nerviosismo por el gobierno colombiano. Todas estas incomodidades mutuas no se ventilan adecuadamente y se vuelven detonantes de crisis en las relaciones colombo-venezo-lanas, principalmente porque los mecanismos institucionales de diálogo y cooperación bina-cional se encuentran gran parte del tiempo anulados, lo que activa formas no óptimas para resolver las controversias, como la llamada diplomacia por mi-crófono.

Las regiones de frontera y las comunidades binacionales reciben el impacto directo de estos impasses entre los go-biernos centrales. El libro del Grupo Académico binacional expone un artículo de Alberto Urdaneta con una visión, algo técnica, sobre la zona de inte-gración fronteriza que, junto al texto de Esteban Mosonyi sobre la posibilidad de establecer una red universitaria indígena de la frontera, transmite al lector parte de las complejidades y

desafíos que aún quedan por resolver en las regiones com-partidas.

Finalmente, la mirada com-parativa a los procesos genera-dos por las nuevas tecnologías de la información en el sector del internet y los videojuegos nos lleva a descubrir una nueva frontera entre Colombia y Ve-nezuela. Aunque ambos países comparten iniciativas y tiempos similares en su inserción a la su-perautopista de la información, evidentemente Venezuela ha logrado afianzar mejor las polí-ticas y los resultados de conec-tividad. La visión y la ambición venezolana en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información abrirán induda-blemente nuevas controversias con los colombianos, lo cual se evidencia en el tema del satélite andino y el canal Telesur. Ade-más, mientras que el gobierno de Venezuela ha creado y diver-sificado una serie de organis-mos de alta jerarquía institucio-nal para el manejo sectorizado de la información nacional con impacto regional y subregional, Colombia ha relegado una mo-desta adaptación a este nuevo

mundo a través de la Agenda de Conectividad, organismo subor-dinado al Ministerio de Comu-nicaciones y apenas visible a través de un portal web. Suma-do a esto, el conflicto colombia-no ha expuesto al país también a su internacionalización ne-gativa a través del videojuego, sin que medien organismos y políticas para el manejo de estos productos informáticos. Como la frontera terrestre, el ciberespacio colombo-venezola-no también requiere gestiones de cooperación e integración para aprovechar el potencial de las comunidades virtuales en la construcción de lazos de vecin-dad y formas de afrontar mejor el futuro tecnológico.

Así, al final, el lector habrá examinado tres siglos de re-lación colombo-venezolana, pasando por los polvorientos manuales de historia y llegando a los portales web. Sin duda, este libro constituye un aporte académico importante en el espectro de estudios sobre las relaciones entre Colombia y Ve-nezuela, y con seguridad abrirá otras numerosas e innovadoras miradas sobre su pasado, su presente y su futuro.

Fe de errataS

Apreciados lectores:En la edición N° 5� de la re-

vista Análisis Político se presentó el artículo de Gonzalo Sánchez como “Los psicoanalistas, la guerrilla y la memoria”, cuando su título original es “Los psicoa-nalistas, la guerra y la memo-ria”. Presentamos disculpas al autor y a los lectores por este error.

En la edición N° 5� de la revista Análisis Político se omi-tieron algunas comillas en el artículo “Mujeres en armas: ¿avance ciudadano o subyu-gación femenina?”, de María Emma Wills. El siguiente pá-rrafo de la página 65 va entre comillas: “Aunque existen diversas aproximaciones a la problemática femenina... Para ponerlo de manera sencilla, la guerra está basada en la fuerza

y el poder, categorías a través de las cuales el hombre ha querido probar e imponer su superioridad, como ser social y biológico, en relación con los ‘otros’ y en particular con las mujeres”. Presentamos discul-pas a la autora y a los lectores por este error.

AP No.55 Sept-dic 2005 Evolucion Sistema de Partidos

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