Antecedentes Compensación Territorial

Transferencias inter gubernamentales como un mecanismo de compensación territorialEl caso del Fondo Común Municipal

Leonardo Letelier S.Departamento de Gobierno y Gestión Pública

"La equidad territorial no debe necesariamente implicar redistribuir fondos públicos "entre" gobiernos locales, hecho que supone aceptar la factibilidad de que muchos individuos que poseen propiedades en comunas pobres se vean notablemente beneficiados como fruto de aportes realizados por contribuyentes pobres en comunas ricas."

El diseño de las transferencias entre niveles de gobierno puede enmarcarse en dos grandes criterios alternativos. Por una parte, la estimación del monto destinado a cada jurisdicción en función de las necesidades particulares de la localidad geográfica en cuestión, focalizando así el esfuerzo para fortalecer la equidad territorial, esto exige disponer de cuantiosa información en torno al tipo y calidad de los bienes y servicios públicos locales, requeridos en cada jurisdicción como es el caso del sistema inglés. Alternativamente en el sistema canadiense y en general en varios regímenes federales, la misma asignación puede responder al objetivo de homogeneizar el monto de recursos públicos por persona, independientemente de los requerimientos específicos de cada unidad territorial, sin embargo, su aplicación estricta sólo es factible en la esfera de los gastos corrientes, siendo muy difícil su aplicación en el caso de los gastos de inversión.

El caso chileno.

En Chile existen tres categorías de transferencias desde el gobierno central hacia los niveles descentralizados. La primera está concebida para financiar inversiones y es canalizada a través de los gobiernos regionales en la forma los llamados Fondos de Inversión de Asignación Regional. Al nivel municipal, destacan los subsidios a la educación y la salud, 21 subsidios sociales administrados por el sistema municipal y el controvertido Fondo Común Municipal (FCM), sobre el cual versa esta nota.

El actual diseño del FCM ha sido objeto de un importante debate, el cual se sustenta en el pobre desempeño que el fondo mencionado tendría. Por una parte se lo acusa de tener un resultado insatisfactorio en lo que a redistribución de recursos fiscales se refiere, preservando la fuerte desigualdad entre gobiernos municipales. Por la otra se destaca su efecto perverso en la generación de fondos propios del sector municipal. La reciente discusión del proyecto de Ley de Rentas II, y el esfuerzo permanente por modernizar el Estado, exigen una pronta revisión de este instrumento.

La versión actual del FCM contempla aportes de todas las comunas a un fondo común, siendo la contribución de los municipios de Santiago, Providencia, Vitacura y las Condes, algo mayor como porcentaje de sus ingresos que la norma establecida para el resto del sistema. El presupuesto público considera adicionalmente una contribución discrecional por parte del gobierno central. En cuanto a su distribución, la tabla adjunta resume en orden decreciente de acuerdo a su impacto distributivo, los factores considerados en la asignación del fondo. Se desprende de dicha información, que solo los dos primeros factores considerados - pobreza relativa y menor ingreso propio por habitante- pueden ser considerados como estrictamente orientados al objetivo de equidad territorial.

Criterios de asignación del FCM en función de su orientación redistributiva

Coeficientes que se establecen cada tres años(90% del FCM). %

Pobreza Relativa Menor IP por habitante respecto al promedio nacionalNumero de predios exentos.Población LocalPor partes iguales

1035301510

Coeficientes basados en el desempeño anual del municipio (10% del FCM). 11

Indicadores de gestiónEmergencias

5050

La aplicación de los coeficientes indicados permite inducir mejoramientos en el llamado ingreso propio municipal por habitante, en aproximadamente un 56% de los municipios. La misma SUBDERE ha reconocido que la estructura actual del FCM adolece de importantes debilidades. Primeramente, la diferencia entre los criterios de recaudación y

distribución hacen difícil - por lo menos en algunos casos- determinar si un municipio es aportante o beneficiario neto. En segundo lugar, dado que el 35% del componente trianual se basa en la diferencia entre los ingresos propios del municipio en cuestión y el promedio nacional, existe un claro desincentivo a la recaudación en el caso de municipios que se encuentran cerca o superan dicho promedio. Tercero, dado que al menos en principio "todos" los municipios aportan, existe un esfuerzo administrativo irrelevante en el procedimiento de recaudación del fondo. Finalmente, se desprende de la descripción anterior que el FCM no es un mecanismo sólo destinado a mejorar la equidad territorial, conjugándose en él objetivos diversos.

Cabe agregar a la lista anterior un aspecto no abordado por la SUBDERE y que reviste la mayor importancia. La equidad territorial no debe necesariamente implicar redistribuir fondos públicos "entre" gobiernos locales, hecho que supone aceptar la factibilidad de que muchos individuos que poseen propiedades en comunas pobres se vean notablemente beneficiados como fruto de aportes realizados por contribuyentes pobres en comunas ricas. Es muy probable que al diseñarse en FCM en su modalidad actual se haya preferido el esquema vigente atendiendo los menores requerimientos de información local implícitos en su diseño. Sin embargo, la realidad vigente permite disponer de antecedentes mas amplios y precisos a partir de la representatividad municipal de la encuesta casen, circunstancia que permitiría mejorar notablemente la equidad en la asignación del fondo.

En contraposición con la redistribución entre municipios, un diseño renovado de este mecanismo debería considerar la posibilidad de favorecer la redistribución entre personas a nivel nacional, basado en un esquema de transferencias hacia los municipios enteramente financiado y administrado por el gobierno central. Si bien los municipios podrían seguir realizando aportes, estos deben desligarse de su eventual participación en la distribución de los recursos asignados, evitando así el desincentivo a la recaudación local implícito en el actual esquema. El FCM distribuye una cifra aproximada a los US$ 550 millones, lo cual representa entre el 35 y el 40% de los ingresos propios municipales. Dicha cifra puede ser alimentada e incrementada a través de los impuestos generales de la nación y luego distribuida con un criterio de equidad mejor perfilado y focalizado que el actualmente vigente.

AGENDA PÚBLICA / AÑO II– N° 2- Mayo 2003

http://www.agendapublica.uchile.cl/n2/interes01.html

ENDOGENISMO TERRITORIAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONALFecha Viernes, 17 noviembre a las 13:54:40

Tema Globalización

Exposición del Senador Carlos Cantero Ojeda,Vicepresidente del SenadoCongreso Mundial de Desarrollo OrganizacionalMarbella, Octubre de 2002

Enviado. 11 de Octubre del 2002

La globalización provoca profundos cambios, potenciando procesos sistémicos de escala mundial que alcanzan lo económico, social, político, científico, tecnológico, cultural, incluso lo espiritual, dando nuevo valor a la tolerancia y la diversidad. La Sociedad del Conocimiento ofrece información que se multiplica rápidamente, el desafío consiste en cómo la ordenamos para utilizarla en nuestro beneficio. Uno de sus productos lo representa la dicotomía entre zonas ganadoras y perdedoras, aquellas que se insertan con éxito en la economía mundial y las que quedan rezagadas. Otra cuestión evidente en los últimos años es la distinción entre lo global y lo local, proceso conocido como "glocalización": cuyos efectos territoriales se caracterizan por fuertes desigualdades en el ingreso y su distribución, en la concentración del flujo de capitales y de inversiones, en el vigor de las actividades económicas (disparidades territoriales), en la valoración de las culturas locales (valor de la diversidad). En ese marco cobra importancia trascendente el endogenismo social y territorial, es decir, la capacidad al interior de los territorios, comunas y regiones, para construir sus ventajas competitivas, sus rendimientos crecientes, el desarrollo de su capital humano, la construcción de su capital social y el capital sinergético. En este marco el proceso de desarrollo requiere la asociatividad endógena de los distintos agentes locales y regionales, demanda la construcción de redes de innovación y transformación, la implementación de Centros Locales de Investigación Científica y Tecnológica, para desarrollar las nuevas ventajas comparativas que permitirán mejorar la competitividad y productividad. El establecimiento de Centros de Formación de Líderes Habilitadores, donde dirigentes sociales, políticos, gremiales, de organizaciones comunitarias y territoriales, desarrollen una nueva cultura de convivencia y habilitación transformativa, más constructiva, integradora, habilitando para la acción. Quienes primero asuman estos desafíos sacaran la mayor ventaja en el mundo global. En el mundo globalizado el desarrollo no deriva del modelo macroeconómico ni de procesos asistencialistas del Estado, depende fundamentalmente de la sinergia social y territorial que muestre una zona: su microeconomía, el direccionamiento estratégico, la disponibilidad de conocimiento e información adecuada, la valoración de sus recursos naturales y humanos, de las relaciones de poder, sus campos organizacionales (organizational fields), y los grados de descentralización administrativa, política y económica que la autoridad esté dispuesta a implementar. La globalización demanda una visión sistémica, incorporando el proceso de trabajo en redes de innovación, difusión por aprendizaje y aplicación del conocimiento, valorando un proceso autosustentado. Se requiere reconocer en cada territorio los elementos internos (endógenos) que definen la exclusividad de cada región y elementos externos (exógenos) derivados de la globalización que inciden en su desarrollo. En este último caso, se requiere que los organismos supranacionales descentralicen su exclusiva interlocución con el gobierno nacional, favoreciendo el desarrollo institucional de la descentralización y la capacidad de gestión de los niveles subnacionales. En este orden se destaca la potencialidad de cada territorio para valorar sus recursos naturales y humanos, las capacidades endógenas para mejorar su oferta de bienes y servicios, para agregar competitividad aprovechando ventajas comparativas,

generando condiciones para rendimientos crecientes, su inserción competitiva en los mercados globales, y la capacidad de emprender y de asociarse en torno a objetivos comunes y colectivos. Ello exige una "inteligencia social", lo que demanda una alianza entre los diversos actores del territorio, para trabajar en torno a nuevos y comunes objetivos, para la innovación y la competitividad. Se requiere asumir una nueva concepción de la concertación institucional, interpersonal y de grupos de interés, con formas participativas y de convergencia. Este endogenismo requiere positivos climas sico-sociales, y normas e instituciones que promuevan el desarrollo de la organización social. En la planificación estratégica del desarrollo, el Estado tiene un rol insustituible, articulador e integrador entre la sociedad civil y el sector privado, en la visión de mediano y largo plazo. Por ello resurge la demanda por órganos de planificación que estén pensando el futuro, mejorando la toma de decisiones y ampliando el consenso social sobre las políticas públicas. En la Economía Social de Mercado surgen preguntas: ¿hacia donde vamos?, ¿qué metas queremos alcanzar como país?, y el mercado no va a responder aquello, por eso sostenemos que el Estado revaloriza su acción de direccionamiento y sustentabilidad del desarrollo. Para generar la sinergia del desarrollo en las zonas perdedoras, debilitadas en su soporte económico, no integradas a un desarrollo territorial armónico, se requiere políticas para fortalecer la capacidad reguladora del Estado, y políticas de compensación territorial para inducir el despegue de las actividades económicas del sector privado generando ventajas competitivas. El nuevo paradigma del desarrollo demanda descentralización y la aplicación del principio de subsidiariedad; el desarrollo local y regional se construye a la escala más cercana a las personas (principio de proximidad), promoviendo el "Desarrollo Humano" que, en términos generales apunta a la integralidad de ejes y dimensiones que alcanza el ser humano. Un desarrollo que alcance a toda la dimensión humana y a todos los seres humanos. En este desafío el servicio público requiere eficiencia, eficacia, probidad, servidores cada vez más calificados tanto técnica como moralmente.

En junio del año 2001 la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), institución del Estado chileno, publicó el libro El Chile descentralizado que queremos: un proyecto de todos, que daba cuenta de la propuesta de política de descentralización de la administración del Presidente Ricardo Lagos. El objetivo general de dicho plan apuntaba a «contribuir al desarrollo del país, impulsando reformas político- institucionales que reconozcan el legítimo derecho de la ciudadanía regional y comunal, de sus representantes e instituciones para decidir y gestionar los asuntos propios de sus territorios, especialmente los relativos al desarrollo económico, social y cultural». Parecía un momento adecuado para intentar un esfuerzo adicional en materia de descentralización.

Hasta ese entonces, el Estado chileno no sólo había creado regiones político administrativas y las había dotado de una autoridad responsable, sino además, había instalado una estructura desconcentrada regionalmente de ministerios y servicios con sólo algunas excepciones. También se había creado un fondo especial destinado a la compensación de los desequilibrios regionales (Fondo de Desarrollo Regional), aunque todo ello durante un régimen autoritario, por lo que el avance en materia de descentralización y desconcentración de las decisiones fue limitado.

El Estado también había instalado, luego del retorno a la democracia, Gobiernos Regionales (Gore) cuyo propósito era hacer avanzar al país hacia una estructura de gobierno y administración con expresión concreta en el nivel regional, que viniese a completar las acciones destinadas a democratizar los municipios y a desplazar desde el Estado central una parte del poder. También se había diseñado un proceso destinado a elevar el porcentaje de Inversión de Decisión Regional (IDR), a través de la creación de varios instrumentos complementarios. Luego se concretaron los esfuerzos por transferir responsabilidades desde el nivel nacional de ministerios y servicios hacia sus oficinas regionales.

Es en este marco que la administración Lagos no sólo se propuso elevar el porcentaje de la IDR del 42 por ciento alcanzado por el gobierno de Frei Ruiz-Tagle a más del 50 por ciento, sino también instalar un desafío mayor: transitar hacia la transformación de las regiones en colectividades territoriales con capacidad real de decidir su futuro, naturalmente en el marco de un Estado unitario tal como ocurre en países como España o Francia.

Todo lo anterior significaría, entre otras cosas, la elección directa de los Consejeros Regionales; la separación de las funciones de administración y gobierno, hasta ahora encarnadas en una sola autoridad en el nivel regional (el Intendente Regional a la vez representante del Presidente de la República en la región y el Ejecutivo del Gobierno Regional a través de la Presidencia del Consejo Regional, Core); la creación de servicios

regionales; la instalación de una política para territorios especiales (la que sólo culminó con un estatus especial para Isla de Pascua) y la creación de una administración para las áreas metropolitanas. Significaría, también, una nueva relación entre el Estado central y las regiones, investidas estas últimas de verdadera autonomía.

Por alguna razón estructural, casi nada de todo esto ha ocurrido. La responsabilidad es compartida, tanto por el gobierno como por el parlamento, los partidos políticos e incluso los ciudadanos, quienes nos hemos limitado a observar el estancamiento en el que se ha sumergido el país en esta materia. Lo único novedoso ha sido la creación de dos nuevas regiones. La interrogante actual se refiere a qué tan «nuevas » serán las regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota, si nos limitamos a reproducir exactamentela estructura institucional existente en las trece regionales preexistentes.

El Chile que soñamosA quién no le gustaría tener un país con un sistema urbano más equilibrado, en donde no sea necesario recorrer grandes distancias para acceder a ciertos servicios; un país que pudiéramos recorrer de norte a sur y de mar a cordillera por buenas rutas o ferrocarriles, con independencia de la estación del año, de la latitud o de la longitud; en donde las ofertas universitarias de calidad, las posibilidades de desarrollo personal y colectivo no se centraran en unas pocas ciudades. La responsabilidad del Estado central (nacional como les gusta decir a los especialistas en derecho administrativo), es indudable en una estrategia de disminución de las disparidades espaciales del desarrollo o de algunas de sus consecuencias.

¿ A quién no le gustaría un país donde un Gobierno Regional pudiera hacer apuestas reales en materia de desarrollo a partir de una mirada propia, en el marco de una relación contractual con la nacional, sobre la base de sus propios ingresos y con una sociedad regional comprometida que ejerciera un buen control sobre los responsables de la política pública en la región?

Para todo lo anterior es menos relevante el número de regiones en las que se divida el país que su naturaleza institucional, esto es, las atribuciones y funciones efectivas (y no nominales) con que cuenten los Gore. Los recursos de que dispongan y el nivel de autonomía en su uso también aparecen como factores claves de ese país soñado.

¿Cuántas y qué tipo de regiones?La definición más sencilla de región sería entender como tal a una zona relativamente extensa del país, que posea características físicas y/o humanas que la distingan de las regiones vecinas. Estamos hablando de afinidad geográfica.

En el caso chileno, las regiones definidas a partir de criterios humanos difícilmente tendrán límites nítidos y, por lo tanto, ellos están sujetos a interpretaciones y a veces a conflictos. La claridad de una definición de región puede alterarse si se mezclan nociones de geografía física, humana y/o administrativa. Las regiones resultantes de la llamada regionalización de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), corresponden bastante bien al resultado de una mezcla de criterios como los señalados o a lo que se propone como geocultura, buscando expresar las relaciones de una sociedad con su medio físico que remiten a una apropiación de la naturaleza y a uno de los conceptos de territorio de la geografía actual: espacio socializado, apropiado y transformado por una sociedad.

¿ Para qué queremos tener regiones en Chile o crear nuevas regiones? Sin duda ellas no han sido creadas ni lo son sólo con el fin de servir de unidades para la generación de estadísticas o para la destinación de fondos públicos. Se trata –a partir de la ley que dio origen a los Gore y les asignó funciones muy claras en materia de fomento productivo, desarrollo social y cultural y ordenamiento del territorio– de un traspaso de responsabilidades que permite acercar el gobierno a la gente e incorporar la diversidad geográfica del país de manera más efectiva que cuando el Estado central instala respuestas únicas en estas materias.

En el actual estado de situación, lo que corresponde hacer es avanzar lo más rápido posible en una mejora sustantiva que busque resolver el tema de las atribuciones que en estas materias tienen diversos ministerios sectoriales y servicios públicos y que no facilitan la tarea encomendada a los Gore.

Las responsabilidades por niveles y por sectores se prestan actualmente para bastantes confusiones y entre las tareas pendientes se encuentra precisamente aquella de mejorar el mapa de las responsabilidades institucionales. Por ejemplo, el Gore debiera tener la responsabilidad política del Plan Regional de Desarrollo Urbano (Prdu), actualmente en manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), también de los Planes Reguladores Intercomunales (o Metropolitanos), teniendo en consideración que ellos sobrepasan la autoridad municipal y sectorial.

La responsabilidad de la planificación regional también debiera recaer en el Gore, tal como la de administración y gestión de una parte del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

El Estado central debe asegurar las condiciones para que el traspaso de las atribuciones, hoy en manos de ministerios y servicios sectoriales, se haga efectivo.

Principios para desbloquearEl argumento de que no existe una política nacional de desarrollo regional o de ordenamiento del territorio no es del todo válido, dado que esta ausencia se puede suplir con la adopción de algunos principios de política que pueden permitir un mayor progreso en materia de desarrollo regional. Se proponen cuatro principios cuya aplicación transitoria permitiría a los Gore, ejercer su responsabilidad de velar por el desarrollo armónico del territorio:

1. Solidaridad territorial: tanto los problemas ambientales como sus impactos territoriales no son relocalizables, por lo que cualquier estrategia de búsqueda de mayor sustentabilidad de los territorios regionales pasa por la existencia de dicho principio a nivel nacional, de manera de permitir al Estado chileno desarrollar su capacidad de compensación territorial. 2. Subsidiaridad: ya sea en la lógica planteada por las encíclicas papales, en el sentido de que ni el Estado ni ninguna sociedad deberían sustituir la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales en los niveles que éstos actúan, destruyendo el espacio necesario para su libertad, o bien tomado en el sentido de no entregar la responsabilidad de un tema a un nivel superior de la administración si el nivel inferior es capaz de resolver. Esto ha sido definido como la aplicación del principio de subsidiaridad dentro del Estado, dejando a las autoridades locales el máximo de poderes, atribuciones y funciones, a las regionales aquellas que las locales no realicen o que requieran una mayor coordinación y al Estado nacional las que resten o aquellas propias debido a su naturaleza (relaciones exteriores, defensa, etc.). Este principio, planteado en este último sentido, está estrechamente ligado a la descentralización ya que entre más alto se localice el nivel de análisis de un problema territorial, menor será la capacidad de dar cuenta de la diversidad existente.3. Complementariedad: por la naturaleza transversal del tema del desarrollo territorial, lo más probable es que se requiera de muchas acciones complementarias entre sí. Como es poco probable que la respuesta pueda provenir de la acción de una sola institución, ella implicará necesariamente una acción pluri-institucional.4. Prevención: intentar poner en marcha todos los esfuerzos posibles que ayuden a evitar conflictos territoriales y ambientales en el futuro. Existen muchas posibilidades de avanzar hacia formas novedosas de prevención de futuros conflictos ambientales, por ejemplo, si se asume que, como lo demuestra la experiencia reciente en Chile, muchos de los conflictos ambientales no tienen tanto que ver con la naturaleza del proyecto mismo sino más bien con su localización. En la práctica, el tránsito de los instrumentos de uso del suelo desde la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) puede considerarse un avance en este sentido. Si el problema es de localización, dependiendo del tipo de proyecto, para la geografía como disciplina siempre existirá más de una opción posible.

Existe una fuerte relación entre los cuatro principios propuestos y la descentralización: una mayor descentralización permite un Estado central más comprometido con el principio de la solidaridad territorial, facilita una mejor definición de las responsabilidades por niveles de la administración, aplicando el principio de la subsidiariedad entre éstos (articulación vertical), y contribuye a la generación de formas innovadoras de relación interinstitucional de la política pública (mejor coordinación horizontal bajo el principio de la complementariedad). Además de la coherencia que se pueda conseguir usando, bajo los principios de política propuestos aquí, los instrumentos existentes, parecería necesario un ajuste respecto de la «localización administrativa» de los instrumentos disponibles, los que en su mayoría están en manos de la estructura desconcentrada del Estado en la región o directamente en manos del Estado central, a contracorriente del proceso de descentralización impulsado en el país y de lo que la ley dispone como funciones del Gore.

La generación de una suerte de competencia entre regiones respecto de un mejor manejo de los temas del desarrollo territorial, podría ayudarnos a evitar la construcción de una enorme «calle larga» alrededor de la principal carretera del país, a no ser que consideremos que ésa es la tendencia de larga duración y nos queramos sumar a ella. Todos queremos estar en la primera línea pero ello no es posible, ni alrededor de la carretera ni en el borde costero, si no queremos arruinar nuestro espacio con una forma de utilización completamente aberrante.

Lo que quedaEn un esquema de funcionamiento donde las regiones quedan más expuestas que nunca a los movimientos del mercado mundial, es imprescindible que el Estado no juegue a la neutralidad territorial, es decir, a mantener la fórmula fracasada de aplicación de políticas estandarizadas que no pueden ser sensibles ni a la diversidad que caracteriza nuestra geografía ni a los impactos diferenciados de las influencias externas. Una respuesta posible es dar curso a un proceso de descentralización de segunda generación, que pasa por

acelerar el traspaso de competencias aún en manos centrales, pero sobre todo por flexibilizar el sistema, de manera de dar cabida a respuestas propiamente regionales o locales.

En el discurso público pareciera que la única palanca de desarrollo para las regiones proviniera del exterior. Sin embargo, y tal como lo recoge toda la literatura especializada, hay una serie de condiciones necesarias para que las regiones hagan frente de la mejor manera posible a los desafíos de la apertura. Sobre las ventajas comparativas preexistentes y aún en ausencia de ellas, lo fundamental se asocia a la construcción de condiciones que permitan una respuesta rápida frente a las posibilidades que surgen en materia de desarrollo. La construcción de las ventajas comparativas, a nuestro juicio, se ve facilitada entre mayor sea el grado de descentralización.

Chile tiene las condiciones para emprender un nuevo desafío en materia de desarrollo territorial, de reforzar el proceso de descentralización como la única palanca que permitirá construir gobiernos locales y regionales fuertes. Se pueden aplicar los principios de política propuestos en este trabajo para avanzar en el tema del ordenamiento del territorio y en la aplicación de un auténtico nuevo esfuerzo descentralizador. A nuestro juicio, la sola aplicación de algunos de los principios propuestos representaría un avance en el proceso de toma de decisiones de carácter territorial.

El Estado central no sólo debe crear las condiciones para permitirle al país entrar en esta nueva fase, sino además debe reforzar su tarea de responsable de unos niveles básicos de equidad territorial, buscando establecer fórmulas que le permitan reaccionar de manera efectiva cada vez que una zona del país entre en una fase de deterioro o de rezago. La ayuda a las personas muchas veces tiene sentido sólo si se acompaña de ayuda a los lugares.

Tendremos un mejor país si buscamos la manera de contribuir a que cada región sea capaz de definir con claridad su futuro, contando además con los instrumentos necesarios para impulsar acciones concretas y con un Estado central que no sólo sepa claramente lo que desea o espera de cada una de las regiones del país, sino que asegure las condiciones para un desarrollo mucho más equilibrado espacialmente y más cercano a las personas. Para ello debe superar la acostumbrada neutralidad de sus respuestas, por ejemplo, estableciendo incentivos diferenciados de investigación y desarrollo, en función de la diversidad que muestra nuestra geografía económica.

El bicentenario, cargado de proyectos de infraestructura, se nos vino encima por lo que ya es tarde para propuestas con ese horizonte. La invitación es a tomar las decisiones que nos permitirán un Chile más descentralizado, con regiones y comunas fuertes transformadas en verdaderas colectividades territoriales y por esa vía en motor de su propio desarrollo.

por Federico Arenas

http://www.uc.cl/ru/96/html/dossier5.htm

SUBDERE CUMPLIÓ 22 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL[17/11/06] El 17 de noviembre de 1984 la ley Nº 18.359 dio vida institucional a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), asignándole como roles principales la coordinación, impulso y evaluación del desarrollo regional, provincial y comunal así como la modernización y la reforma administrativa. La Subsecretaria Claudia Serrano señala que, hoy, la misión de la SUBDERE es contribuir al desarrollo de los territorios, fortaleciendo su capacidad de Buen Gobierno, en coherencia con el proceso de descentralización.

HERRAMIENTAS DE ACCION

LOGROS EN DESCENTRALIZACION LOGROS EN AMBITO MUNICIPAL

La máxima autoridad de la SUBDERE señaló que aunque ya han pasado 22 años desde que nació la SUBDERE, aún queda una tarea enorme por delante. "El trabajo de nuestra Subsecretaría es producto de la dedicación cotidiana de cada uno de sus funcionarios y nuestra tarea se traduce, finalmente, en más calidad de vida para todos los chilenos a partir de los programas que administramos".

Señala que promover el Buen Gobierno en el territorio "es promover un gobierno regional democrático, es decir de cara a las personas, dialogante, integrador, informador, habilitador de conciencia y de formación cívica; participativo, proactivo propositivo, con autonomía para proponer y realizar; eficaz, generador de capacidades, capaz de actuar en red y de generar asociaciones y articulaciones para llevar adelante las tareas que se propone".

Respecto de la descentralización, la máxima autoridad de la SUBDERE explica que "no es sólo hacer más eficiente el Estado, ni acercar el Estado a las personas. Es, principalmente, instalar un sistema de Gobierno que potencie el desarrollo. No es sólo otra forma de administración; lo que tenemos que conquistar es más desarrollo en las comunas y en las regiones".

La coordinación con otras instituciones es también fundamental ya que los problemas requieren múltiples soluciones y cada servicio maneja sólo una parte de aquellas. La Gestión Territorial es la forma en que el Estado trabaja en el territorio en forma articulada con todo aquel que administra instrumentos para el desarrollo. Ello en razón que los problemas de la gente no se adecuan a un instrumento en particular sino que son mucho más amplios, expresan al interior de la Subsecretaría.

HERRAMIENTAS DE ACCION

Entre las funciones de la SUBDERE se cuentan el estudiar y proponer políticas y programas de desarrollo regional, provincial y comunal; estudiar y formular proyectos para el desarrollo de regiones extremas o aisladas; formular proposiciones para la aprobación anual del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); determinar los factores para la fijación de los coeficientes de distribución de los recursos del Fondo Común Municipal (FCM) y preocuparse por su distribución por cuotas a los municipios chilenos.

La SUBDERE es también la institución encargada de efectuar los estudios, evaluar las propuestas y presentar a la Presidenta de la República los anteproyectos de ley e informes técnicos para modificar

Subsecretaria de Desarrollo Regional, Claudia serrano.

Más calidad de vida para todos los chilenos es el objetivo del trabajo de la SUBDERE.

la División Política y Administrativa del país.

Entre los instrumentos con que cuenta la SUBDERE para su labor se cuentan:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR): Es un Programa de inversiones públicas cuyo fin es la compensación territorial y el desarrollo regional. Su distribución intrarregional la resuelve cada Consejo Regional y las fuentes de recursos son el Presupuesto Nacional y créditos del Banco Interamericano de Desarrollo.

INVERSIÓN DE DECISIÓN REGIONAL (IDR): Esta constituida por los fondos, recursos y programas cuyo gasto se decide en cada región. En 1989, el porcentaje de los recursos decididos en regiones era del 13,9 %. En 1994 aumentó al 21%. Al inicio del Gobierno del Presidente Lagos, el compromiso fue llegar al 50%, meta que se logró y superó el año 2003, antes de lo previsto. Para fines del 2006, la IDR será del 57%. Esta inversión ha subido en los últimos 15 años desde M$ 66.000 a M$ 360.000.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PMB: Es un Programa social que otorga soluciones sanitarias a poblaciones de extrema pobreza en agua potable, alcantarillado, electricidad y pavimentación. Desde 1990 ha otorgado aproximadamente 300 mil soluciones sanitarias (recintos baño-cocina), que han beneficiado a más de un millón de personas. Un porcentaje significativo de éstas ha estado inserta en el programa Chile Barrio, cuyo propósito es terminar con los campamentos en Chile.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU): es una fuente de financiamiento administrada por la SUBDERE para programas y proyectos de inversión en infraestructura menor urbana, colaborando en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en extrema pobreza. Financia proyectos no cubiertos por otras fuentes estatales. En los últimos años ha contribuido a generar un promedio de 15.000 empleos mensuales a nivel nacional, de los cuales un 30 % han sido para mujeres.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ex PROFIM): Este Programa contribuye a mejorar la gestión de los municipios y la calidad de los servicios que éstos prestan a sus vecinos. Su finalidad es dar asistencia técnica y financiera a los municipios, para que éstos formulen y ejecuten proyectos que les signifiquen aumentar sus capacidades humanas, financieras y técnicas, para que cumplan de forma más eficiente su rol social.

Su antecesor, el PROFIM operó entre 1994 y el 2004 con el propósito de fortalecer la capacidad de gestión de las municipalidades. En su primera etapa (piloto) desarrollada entre 1994 y 1998 participaron 24 municipios representativos de la realidad nacional, ejecutándose 500 proyectos y 8 estudios nacionales. La segunda etapa partió el año 2000 y se cubrieron 25 municipios y 7 asociaciones municipales. En la tercera etapa, llevada a cabo el 2004, se extendió a 100 municipios y 20 asociaciones municipales y se focalizó en 100 de las comunas más pobres del país. En total, a través del PROFIM se ejecutaron más de 1.500 proyectos, con una inversión aproximada de US$ 40 millones.

FONDO COMÚN MUNICIPAL (FCM): Instrumento financiero que permite la redistribución solidaria de recursos entre las municipalidades del país. Su administración y supervisión compete a la SUBDERE, que lo distribuye a todos los municipios del país. Desde 1990 a la fecha, se ha incrementado de $ 110 mil millones a $ 480 mil millones.

LOGROS EN DESCENTRALIZACION

La labor de la SUBDERE en el ámbito de la descentralización ha sido fructífero. Por ejemplo, el alza del porcentaje de inversión pública que se decide a nivel regional subió desde un 44%, el año 2000, a un 57%, el 2006; y el Fondo

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) creció en un 140%, pasando de $ 140 mil millones, el año 2000, a $ 370 mil millones el año 2006.

También se destaca la aprobación y tramitación de diversas leyes en favor del proceso de descentralización, como el ingreso a tramitación del proyecto de Reforma Constitucional Regional; la promulgación de modificaciones a la ley 19.175 de Gobierno y Administración Regional, y los proyectos de ley para crear las regiones de Valdivia y Arica-Parinacota.

La nueva Ley de Gobierno y Administración Regional modificó la estructura y funciones de los Gobiernos Regionales, posibilitando mayor transparencia y eficiencia en su gestión. Entre los principales cambios se contó la obligación de formular Anteproyectos y Presupuestos Regionales de Inversión, que deben ser concordados entre los Gobiernos Regionales y los ministerios sectoriales y en los cuales debe quedar claramente establecido el monto a invertir y los proyectos específicos a desarrollar en la región respectiva.

También cambió la concepción del FNDR. "De ser un programa de compensación territorial, destinado sólo a obras de infraestructura, pasó a ser un programa de inversiones públicas cuyo fin es el desarrollo regional integral; es decir, que debe dar respuesta a demandas en infraestructura así como en los ámbitos productivo, social, cultural, científico, tecnológico y de inserción internacional de las regiones.

LOGROS EN AMBITO MUNICIPAL

Actualmente, los municipios son una instancia de vínculo ciudadano fundamental por lo que el trabajo de la SUBDERE se focaliza en la institucionalidad, la gestión y el financiamiento municipales. En este último ámbito, ha sido importante la promulgación de las leyes de Rentas Municipales I y II, las que aportaron significativos recursos adicionales al sistema financiero municipal: Rentas I aportó $ 21 mil millones y Rentas II entregó $ 54 mil millones adicionales. Asimismo, en los últimos 6 años, el Fondo Común Municipal tuvo un alza del 90%, pasando de $ 255 mil millones, el 2000, a $ 480 mil millones el 2006.

Las acciones desarrolladas han buscado potenciar al municipio como la institución del Estado más cercana a la ciudadanía y como gestor del desarrollo local. Ello ha implicado fortalecer los mecanismos de participación y potenciar el asociativismo municipal. Este último constituye una valiosa herramienta para una gestión más adecuada, más eficiente y con mayor cobertura, ya que atender en forma colectiva problemas comunes y buscar en forma colaborativa

soluciones ventajosas es algo muy importante en comunas pequeñas y con escasos ingresos propios.

Otro de los desafíos en este ámbito ha sido la implementación del Gobierno Electrónico Local (E-gob local), el cual considera el uso, por parte del Estado, de las nuevas tecnologías de información y comunicación para lograr formas más eficientes de relacionarse con los ciudadanos de modo de construir un `Estado en Línea' al servicio de la gente. Entre los logros concretos en este ámbito está la "Guía de Trámites Municipales" -que consolida información sobre los 100 trámites a realizar en los municipios chilenos- y la Ventanilla de Trámites Municipales que permitirá hacer trámites en línea.

Otro objetivo en el ámbito del trabajo con los gobiernos locales es que todos los municipios cuenten con una plataforma financiera contable y sitios web. La SUBDERE apoya el que el país cuente con municipalidades con autonomía, fuertes, de cara a la ciudadanía pero con controles claros respecto de su gestión. PRENSA SUBDERE - MINISTERIO DEL INTERIOR. 17/11/06.

http://www.subdere.cl/1510/article-70161.html

Otro antecedente respecto a La Descentralización Territorial a través de documento bajado con ese nombre es a través del link: www.rimisp.org/getdoc.php?docid=3520 de mideplan.

Uno de los desafíos es construir un 'municipio en Línea' al servicio de la gente.