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ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREGA DE INFORMES

INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS Y DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO

DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA PÚBLICA 2017.

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

Comisión de

Vigilancia de la

Auditoría

Superior de la

Federación

Unidad de

Evaluación y

Control

CUADERNO 3

SERIE: ANÁLISIS DE LOS INFORMES

INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS

CORRESPONDIENTES A LA FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

Marzo 2019

Análisis de los IIA (3ª entrega) y del IGE de la Cuenta Pública 2017

2

Grupo Funcional Gobierno

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación LXIV Legislatura, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Av. Congreso de la Unión 66, Edificio “G” Piso 2 Col. El Parque, Venustiano Carranza C.P. 15960, Ciudad de México. ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREGA DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS Y DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017. GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO México, marzo de 2019. La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de Evaluación y Control: http://uec.diputados.gob.mx www.diputados.gob.mx/UEC

http://uec.diputados.gob.mx/

http://www.diputados.gob.mx/UEC


3


Contenido PRESENTACIÓN ....................................................................................................................................... 5

1. Resumen General. ............................................................................................................................... 6

1.1. Importancia de las Funciones de Gobierno y ejercicio presupuestal. .......................................... 6

1.2. Panorama general de los temas relevantes. ................................................................................. 9

1.3. Datos básicos de la Fiscalización Superior de los IAA y del IGEFSCP. ......................................... 10

1.3.1. Auditorías practicadas. .......................................................................................................... 10

1.3.2. Observaciones-Acciones emitidas. ....................................................................................... 11

1.3.3. Recuperaciones Determinadas. ............................................................................................ 13

1.4. El Grupo Funcional Gobierno en el IGEFSCP. ............................................................................... 14

2. Análisis de la Fiscalización en el Poder Legislativo. ......................................................................... 18

2.1. Resultados de Auditorías Relevantes. ......................................................................................... 18

3. Análisis de la Fiscalización en el Poder Judicial. .............................................................................. 23


4. Análisis de la Fiscalización en los Sectores Presidencia de la República y Función Pública. .......... 27

4.1. Análisis de la Fiscalización en Auditorías Horizontales del Sector Gobierno. ............................ 27

5. Análisis de la Fiscalización en el Sector Gobernación. ..................................................................... 27


6. Análisis de la Fiscalización en el Sector Relaciones Exteriores. ....................................................... 35


7. Análisis de la Fiscalización en el Sector Procuraduría General de Justicia...................................... 43


8. Análisis de la Fiscalización en el Sector Defensa Nacional. ............................................................. 45


9. Análisis de la Fiscalización en Órganos Autónomos. ....................................................................... 47


10. Evaluación de los resultados de la Fiscalización Superior en Funciones de Gobierno. ................ 49

10.1. Cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la ASF. ....................................... 49

10.2. Enfoque de la Fiscalización practicada por la ASF. .................................................................... 51

10.3. Temas sugeridos para el trabajo legislativo en materia de fiscalización y rendición de

cuentas. ................................................................................................................................................ 56

Abreviaturas. ......................................................................................................................................... 56

Anexo. Matriz de datos básicos Grupo Funcional Gobierno ............................................................... 57


4



5


PRESENTACIÓN

El presente documento elaborado por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) es un cuaderno de la serie de cinco relativos a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, a fin de apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) en el cumplimiento de su mandato de Ley. El documento está organizado en diez secciones y un anexo. La primera sección, presenta un recuento de información general sobre la importancia del Grupo Funcional Gobierno, los temas relevantes a considerar de este grupo funcional, así como los datos básicos que arroja la fiscalización superior a este grupo funcional (auditorías practicadas, observaciones-acciones y recuperaciones). De la segunda a la novena sección, se expone para cada sector fiscalizado por la ASF dentro del grupo funcional, se exponen los resultados relevantes de auditorías, agrupándolas de manera temática, conforme a las líneas de planeación institucional y nacional. En la décima sección se realiza una evaluación de los resultados de la fiscalización superior en este Grupo Funcional, incluyendo el Cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la ASF, el enfoque de la Fiscalización practicada por la ASF y los temas sugeridos para el trabajo legislativo.


6


1. Resumen General.

1.1. Importancia de las Funciones de Gobierno y ejercicio presupuestal.

El grupo Funcional Gobierno se compone de 11 sectores que agrupan las funciones esenciales de todo gobierno en un Estado Democrático de Derecho. Este cuaderno se enfoca en 10 de esos sectores, ya que el Hacendario se desarrolla en un documento independiente. En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF auditó a 27 entes públicos pertenecientes a los 10 sectores referidos.

Como se observa del gráfico anterior, los entes que componen este Grupo Funcional tienen encomendadas las atribuciones básicas de un Estado: La emisión de leyes, la impartición de

23

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

27 Tribunales Agrarios

Inst. Nac. De Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales

24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

25 Instituto Nacional Electoral

26 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

20 Comisión Reguladora de Energía

21 Banco de México

22 Instituto Federal de Telecomunicaciones

SECTOR MARINA

18 Secretaría de Marina

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

19 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

16 Procuraduría General de la República

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

17 Secretaría de la Función Pública

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

14 Presidencia de la República

SECTOR RELACIONES EXTERIORES

15 Secretaría de Relaciones Exteriores

11 Prevención y Readaptación Social

SECTOR DEFENSA NACIONAL

12 Secretaría de la Defensa Nacional

13 Inst. de Seg. Social para las Fzas. Armadas Mexicanas

8 Policía Federal

9 Secretariado Ejecutivo del Sist. Nac. de Seguridad Púb.

10 Instituto Nacional de Migración

5 Secretaría de Gobernación

6 Servicio de Protección Federal

7 Consejo para Prevenir la Discriminación

PODER JUDICIAL

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación

4 Consejo de la Judicatura Federal

SECTOR GOBERNACIÓN

SECTORES Y ENTES QUE COMPONEN EL GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

PODER LEGISLATIVO

1 Cámara de Diputados

2 Cámara de Senadores


7


justicia, la seguridad nacional y pública, la administración del gobierno y otras funciones esenciales que se encomiendan a entes autónomos de los poderes tradicionales. Así, si bien es cierto, el desarrollo económico y el social son aspectos relevantes para cualquier país occidental, no puede ejercerse un gobierno sin entes públicos que realicen las atribuciones agrupadas en el Grupo Funcional Gobierno. Ahora bien, lo referido en párrafos anteriores también lleva a la reflexión respecto a la heterogeneidad de los entes de este Grupo Funcional pues, a diferencia de los otros, se encargan de obligaciones disímiles y de amplio espectro. De esa forma, en este grupo funcional se encuentran todos los poderes diferentes al Ejecutivo, como lo son el Legislativo, el Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos, que comprenden desde el respeto a los derechos de las personas (entes CNDH e INAI) hasta órganos encargados de regular la inflación y actividades económicas (BANXICO, COFECE e IFT). En el ámbito del Ejecutivo, en este grupo funcional se agrupa la Gobernación, Seguridad Nacional (Sectores Gobernación, Defensa y Marina), Seguridad Pública (Sectores Gobernación y Procuraduría General de la República), vínculos con el extranjero (Sector Relaciones Exteriores) y Control interno (Sector Función Pública). En cuanto al aspecto presupuestal, el gasto se realizó en los siguientes términos:

En 2017, el gasto ejercido en Funciones de Gobierno fue de 263 mil 478.0 millones de pesos, inferior en 8.4% en términos reales respecto a 2016. Estos recursos representaron el 1.2% del PIB, inferior al registrado en 2016 (1.3%).

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDAD INTERIOR

JUSTICIA ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE

GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

OTROS SERVICIOS GENERALES

104,874.9

50,815.5 53,187.8

34,753.2

17,545.8 14,251.7 12,099.6

99,877.8

45,595.6 43,278.1 40,748.1

16,230.8 12,980.14,767.5

2016 2017

EJERCICIO DEL GASTO EN FUNCIONES DE GOBIERNO, 2016-2017(Millones de pesos de 2017)

Fuente: Elaborado por la UEC, con base en informacion de la Cuenta Pública Federal.


8


En 2017, la función Seguridad Nacional ejerció 99 mil 877.8 millones de pesos, inferior 4.8% en términos reales respecto a 2016. Por su parte la función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior ejerció 45 mil 595.6 millones de pesos, inferior 10.3% en términos reales respecto a 2016. Cabe destacar que estas dos funciones representan 55.2% del gasto ejercido en Funciones de Gobierno y 3.7% respecto al total ejercido en 2017.

En 2017, la función de Justicia ejerció 43 mil 278.1 millones de pesos, superior en 16.2% respecto al presupuesto aprobado e inferior en 18.6% en términos reales respecto al ejercido en 2016.

En 2017, la función Coordinación de la Política de Gobierno ejerció 16 mil 230.8 millones de pesos, inferior en 7.5% en términos reales respecto al ejercido en 2016. Estos recursos representaron el 0.1% del PIB tanto en 2017 como en 2016.

La función Relaciones Exteriores registró una disminución en el ejercicio del gasto el cual fue de 12 mil 980.1 millones de pesos, inferior en 8.9% en términos reales respecto al ejercido en 2016.

Para 2017, Funciones de Gobierno ejerció 371 mil 356.4 millones de pesos, superior en 15.2% respecto al aprobado e inferior en 1.8% respecto al ejercido en 2016 (378 mil 140.5 millones de pesos).

Absoluto % Absoluto %

TOTAL EN FUNCIONES DE GOBIERNO 322,493.5 377,564.4 371,356.4 48,862.9 15.2% -6,208.0 -1.6%

PODER LEGISLATIVO 14,447.2 14,838.4 14,838.4 391.3 2.7% 0.0 0.0%

H. Cámara de Diputados 7,629.4 7,707.2 7,707.2 77.8 1.0% 0.0 0.0%

H. Cámara de Senadores 4,542.0 4,598.5 4,598.5 56.5 1.2% 0.0 0.0%

Auditoría Superior de la Federación 2,275.8 2,532.8 2,532.8 257.0 11.3% 0.0 0.0%

PODER JUDICIAL 69,477.2 65,956.9 60,203.8 -9,273.4 -13.3% -5753.1 -8.7%

Suprema Corte de Justicia de la Nación 5,488.0 4,631.9 4,622.8 -865.2 -15.8% -9.1 -0.2%

Consejo de la Judicatura Federal 60,863.9 58,576.5 52,833.6 -8,030.3 -13.2% -5742.9 -9.8%

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fderación 3,125.3 2,748.5 2,747.4 -377.9 -12.1% -1.1 0.0%

PODER EJECUTIVO 207,553.9 266,183.5 266,087.8 58,533.9 28.2% -95.7 0.0%

Presidencia de la República 1,819.6 3,655.0 3,654.4 1,834.8 100.8% -0.6 0.0%

Gobernación 58,187.1 75,452.7 75,452.3 17,265.3 29.7% -0.4 0.0%

Relaciones Exteriores 7,819.2 13,074.6 13,064.6 5,245.4 67.1% -10.0 -0.1%

Hacienda y Crédito Público 26,857.8 47,730.4 47,648.7 20,790.9 77.4% -81.7 -0.2%

Defensa Nacional 69,408.0 74,419.3 74,419.3 5,011.3 7.2% 0.0 0.0%

Marina 26,336.9 34,133.4 34,133.4 7,796.5 29.6% 0.0 0.0%

Procuraduría General de la República 15,897.5 16,030.5 16,027.5 130.1 0.8% -3.0 0.0%

Función Pública 1,106.6 1,551.6 1,551.6 445.1 40.2% 0.0 0.0%

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 121.3 135.8 135.8 14.5 12.0% 0.0 0.0%

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 31,015.2 30,585.6 30,226.4 -788.8 -2.5% -359.2 -1.2%

Instituto Nacional Electoral 15,071.2 14,790.3 14,748.8 -322.3 -2.1% -41.5 -0.3%

Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,554.8 2,617.2 2,616.1 61.4 2.4% -1.1 0.0%

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,728.6 1,686.8 1,655.1 -73.5 -4.2% -31.7 -1.9%

Información Nacional Estadística y Geográfica 7,033.7 6,832.3 6,547.3 -486.4 -6.9% -285.0 -4.2%

Comisión Federal de Competencia Económica 537.2 512.6 512.6 -24.6 -4.6% 0.0 0.0%

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1,153.9 1,138.3 1,138.3 -15.6 -1.4% 0.0 0.0%

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,980.0 2,111.1 2,111.1 131.1 6.6% 0.0 0.0%

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

y Protección de Datos Personales955.9 896.9 896.9 -58.9 -6.2% 0.0 0.0%

CLASIFICACIÓN ADIMINISTRATIVA DEL GASTO EN FUNCIONES DE GOBIERNO, 2017

Ejercido/Aprobado Ejercido/Modificado

Variaciones

Fuente: Elaborado por la UEC, con información de Cuenta Públ ica .

(Millones de pesos)

Concepto Aprobado Modificado Ejercido


9


1.2. Panorama general de los temas relevantes.

Grupo Funcional Sector Tema Relevante

Poder Legislativo

Recursos destinados mayormente a Gasto Corriente (95.1%).

• El gasto de la Cámara de Diputados para mantenimiento de infraestructura significó una

disminución de 31.1% en comparación con el presupuesto aprobado.

Poder Judicial

El presupuesto real ejercido por el Poder Judicial fue inferior en 2.2% respecto de 2016.

• Se presentaron reducciones líquidas que fueron transferidas a la SHCP por 2 mil 883.4

millones de pesos.

• En el TEPJF, se presentó un menor ejercicio presupuestario en el Gasto Corriente por

7.4% y en el rubro de Inversión física por 61.4%.

Presidencia de la

República

Se le aprobó un presupuesto de 1 mil 819.6 millones de pesos y se ejercieron 3 mil 654.4

millones de pesos.

Gobernación

El presupuesto ejercido por el sector Gobernación fue de 75 mil 452.3 millones de pesos,

inferior en 14.6% real respecto de 2016.

• En el período 2004-2016 el gasto real se incrementó a un ritmo promedio anual de 20.8%,

superior a la tasa de crecimiento media anual de 17.6% en el lapso 2004-2017.

• En el programa "Operativos para la prevención y disuasión del delito" se ejercieron

recursos por 29 mil 493.8 millones de pesos, cantidad que significó un incremento de 24.6%

en comparación con el presupuesto aprobado.

Relaciones

Exteriores

En 2017, el presupuesto ejercido por el sector Relaciones Exteriores fue de 13 mil 064.6

millones de pesos, inferior en 8.8% real respecto de 2016.

• En 2016 los recursos públicos destinados registraron un notable crecimiento de 17.9%, y

alcanzaron el nivel más alto del período (14 mil 329.5 millones de pesos en términos

reales).

Defensa

Nacional

En 2017, se aprobó un presupuesto a Defensa Nacional de 69 mil 408.0 millones de pesos,

inferior en 3.9% respecto al año anterior e inferior en 2.6% respecto a 2015 en términos

nominales.

• En el programa “Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana”, se ejercieron

recursos por 10 mil 114.6 millones de pesos, cantidad que significó un incremento de 25.7%


Marina

En 2017, se aprobó un presupuesto a Marina de 26 mil 336.9 millones de pesos, inferior

en 3.9% respecto al año anterior e inferior en 2.6% respecto a 2015 en términos nominales.

• Entre 2012-2017, el gasto público orientado a la Secretaría de Marina creció a una tasa

media anual de 5.5%.

Procuraduría General

de la República

Se ejerció un presupuesto de 16 mil 027.5 millones de pesos, inferior en 3.5% respecto al

año anterior e inferior en 1.2% respecto a 2015 en términos nominales.

• En el programa “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, se ejercieron

recursos por 9 mil 132.0 millones de pesos, cantidad que significó una disminución de 3.0%


Función Pública

Se ejerció un presupuesto de 1 mil 551.6 millones de pesos, inferior en 33.8% respecto al

año anterior e inferior en 20.5% respecto a 2015 en términos nominales.

• Entre 2012-2017, el gasto público orientado la SFP disminuyó a una tasa media anual de

5.6%.

• En el programa “Fiscalización a la gestión pública”, se ejercieron recursos por 602.3

millones de pesos, cantidad que significó un incremento de 99.9% en comparación con el

presupuesto aprobado.

Órganos

Autónomos

En 2017, se aprobó un presupuesto a los Órganos Autónomos de 31 mil 015.2 millones de

pesos, inferior en 2.1% respecto al año anterior. Cabe destacar que ejerció un presupuesto

de 30 mil 226.4 millones de pesos.

• En el período 2013-2016 el gasto real en este Sector se incrementó a un ritmo promedio

anual de 8.9%.

• El Gasto de Inversión representó únicamente el 3.2% del total de los recursos ejercidos,

mientras que el Gasto Corriente representó el 96.8%.

Fuente: UEC, Ejercicio del Gasto Públ ico y Temas Relevantes en Funciones de Gobierno en 2017. Serie: Marco de Referencia para el Anál is i s de la Fisca l i zación Superior de la Cuenta Públ ica 2017, Cuaderno No. 2. Noviembre de 2018.

TEMAS RELEVANTES EN FUNCIONES DE GOBIERNO

Grupo Funcional

Gobierno


10


1.3. Datos básicos de la Fiscalización Superior de los IAA y del IGEFSCP.

1.3.1. Auditorías practicadas.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó 130 revisiones a entes vinculados con Funciones de Gobierno, 2 revisiones menos que el periodo anterior, de las cuales 68 corresponden al Sector Hacendario (analizadas en otro Cuaderno de esta Serie de documentos), y las restantes 62 revisiones se practicaron a otras funciones de Gobierno, incluida 1 evaluación de Políticas públicas que corresponde al Sector Relaciones Exteriores. Las 62 revisiones practicadas a 27 entes de este grupo funcional, representan el 4% del total de auditorías practicadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017 (1 mil 675 revisiones). Por tipo de revisión, se practicaron 24 auditorías de desempeño (38.7% del total), 27 auditorías financieras y de cumplimiento (43.5%), 9 auditorías de inversiones físicas (14.5%), una Forense (1.6%), y 1 Evaluación de Políticas Públicas efectuada al Sector Relaciones Exteriores. Con base en estos resultados, el 98.3% de las auditorías practicadas a este grupo funcional fueron de desempeño o de regularidad. Los sectores más auditados fueron: Gobernación (20 revisiones); Órganos Autónomos (15 auditorías); Poder Judicial (6 revisiones, de las cuales el 66% fueron al Consejo de la Judicatura Federal) y Procuraduría General de la República (5 revisiones). Esto significó que 3 sectores, de los 10 revisados, representaran el 66.1% del total de auditorías practicadas (41) En cuanto a los entes más revisados, se encuentran la SEGOB (8 revisiones), la PGR (5 auditorías), así como CJF, Prevención y Readaptación Social, SEMAR y el IFT con 4 revisiones cada uno de ellos.


11


1.3.2. Observaciones-Acciones emitidas.

Como resultado de las 62 revisiones practicadas a los entes vinculados con funciones de Gobierno, la ASF determinó 369 observaciones (110 observaciones más que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016), que dieron cauce a 584 acciones (101 más que el 2016) en los siguientes términos: 447 preventivas lo que corresponde al 76.5% del total de las acciones (223 Recomendaciones y 224 Recomendaciones al Desempeño), y 137 correctivas, entre las que destacan 85 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y 46 pliegos de observaciones (PO). Los Sectores que recibieron más recomendaciones fueron Gobernación, con 114, Órganos Autónomos (28) y Poder Legislativo (27). Los tres entes con más recomendaciones se ubican en el Sector Gobernación: INM (43), SEGOB (32) y el SPF, con 23 recomendaciones. Destacan ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión en las que, a pesar de haberse realizado una

N° TOTA L

62

2

1 1

2 1

6

3 2

4 4

20

5 8

6 1

7 1

8 3

9 1

10 Instituto Nacional de Migración 2

11 4

4

12 1

13 3

1

14 1

3

15 3

5

16 5

2

17 2

4

18 4

15

19 3

20 1

21 1

22 4

24 1

25 1

26 2

27 1


1

Secretariado Ejecutivo del Sist. Nac. de Seguridad Púb. 1

Comisión Reguladora de Energía 1

1

2

Banco de México 1

Tribunales Agrarios

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Instituto Nacional Electoral

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2

Instituto Federal de Telecomunicaciones 2 2

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2 1

3

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 6 9

Secretaría de Marina 1

SECTOR MARINA 1 3

Secretaría de la Función Pública 1 1

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 1 1

Procuraduría General de la República 4 1

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 4 1

Secretaría de Relaciones Exteriores 1 1 1

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 1 1 1

Presidencia de la República 1

2

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 1

2

Secretaría de la Defensa Nacional 1

SECTOR DEFENSA NACIONAL 2

Prevención y Readaptación Social 2 2

Policía Federal 2 1

Consejo para Prevenir la Discriminación 1

1 1

Servicio de Protección Federal 1

Secretaría de Gobernación 4 2

2

SECTOR GOBERNACIÓN 10 8 1 1

Consejo de la Judicatura Federal 1 1

3

Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 1

PODER JUDICIAL 1 2

Cámara de Senadores 1

Cámara de Diputados 1

9 1

PODER LEGISLATIVO

24

2

OTRAS FUNCIONES DE GOBIERNO 1 27

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

SEC TOR / EN TE D ESEM PEÑ O

EV A LU A C IÓN

D E POLÍ T IC A S

PÚ B LIC A S

F IN A N C IER A S Y

D E

C U M PLIM IEN TO

IN V ER SION ES

F Í SIC A SFOR EN SES

Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales

23

1

1

1


12


sola revisión a cada una, se emitieron un importante número de recomendaciones (13 y 14, respectivamente). Los Sectores a los que se les promovieron el mayor número de recomendaciones al desempeño fueron Gobernación (111), Órganos Autónomos con 65 y Procuraduría General de la República (32). Las entidades con mayor número de recomendaciones al desempeño fueron: SEGOB (53), Prevención y Readaptación Social con 36 y la PGR con 32. En relación al número de auditorías al desempeño realizadas, el Sector Gobernación tiene un promedio de 11.1 recomendaciones al desempeño por revisión, le siguen los Órganos Autónomos con 10.8 recomendaciones al desempeño por auditoría, el Sector Relaciones Exteriores (10) y el Sector Procuraduría General de la República (con un promedio de 8 recomendaciones al desempeño por cada revisión de esta naturaleza). Por otro lado, la entidad que recibió más Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, con 14, fue la SEGOB, le siguen, con 9 acciones cada uno, el SPF y los Tribunales Agrarios; por último, con 8 PRAS cada uno, están la Cámara de Senadores y el INM.


13


En suma, cuatro entidades concentraron el 45.7% de las acciones promovidas en el grupo funcional Gobierno: SEGOB (111), así como INM, Procuraduría General de la República y Prevención y Readaptación Social, con 52 cada uno, sumando 267 acciones en conjunto.

1.3.3. Recuperaciones Determinadas.

Como resultado de su acción fiscalizadora a los 10 entes del Grupo Funcional Gobierno que se reportan en este cuaderno, la ASF determinó recuperaciones por 10 mil 723.4 millones de pesos, que representa el 14.08% del total determinado en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.

P O

1,932

97

46

7

3

4

0

0

0

20

11

2

0

3

0

0

0

4

0

0

0

0

5

5

2

2

0

0

0

0

8

0

0

0

0

23 1

0

3

0

4

R. Recomendaciones.

RD. Recomendaciones al Desempeño.

PEFCF. Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

SA. Solicitudes de Aclaración.

PRAS. Promociones de Responsabilidad Administrat iva Sancionatoria.

PO. Pliegos de Observaciones.

M . M ultas.


0 0 4

1

5 4 1

9

29 4 1

10 1 0 00

00

00

1

2

0

22 8 4 0 5

0 0Instituto Nacional de Estadística y Geografía24

0 4 4

0 17

75 28

0

115

19 7 0 0

21 Banco de México 1 4 4 0 0 0 0 4

20 Comisión Reguladora de Energía 1 4

0 3

18 3 0

0 14

0 3

0

0

16 32 18

0

0 0 0 0

17 0 0 0 0

0

0 5

32 18 0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

8 0

5 38

8 0 0

22 18 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

13

12 0 0

13 0 0

0

0

0

0

0

52

0 6

52

11 27 10

10 34

36

0 0

2714

0 8

0

8 25 6

10 22 43 0

Policía Federal

Instituto Nacional de Migración

9 Secretariado Ejecutivo del Sist. Nac. de Seguridad Púb. 1 5 0 8 0 0 0 8

34

0 0

111

6 19 23

7 0 0

0

0

Servicio de Protección Federal

Consejo para Prevenir la Discriminación

2881

1 14

17

161 114

5 63 32 53

SECTOR GOBERNACIÓN

Secretaría de Gobernación

90

2 3

26

3 9 9

4 16 6 0Consejo de la Judicatura Federal 4

15 131

0 8 26

2 3

23

18 14

25 15

2

0

0

1

584

FUNCIONES DE GOBIERNO 130 602 15 3 1,132

49

OTRAS FUNCIONES DE GOBIERNO 62 369 3 3

PODER LEGISLATIVO 2 33 2 0

529 307

224

P EF C F SA P R A S T OT A L

9,514

OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

N °SEC T OR / EN T E R EVISION ES

OB SER VA C I

O N ES

A C C ION ES

R

TOTAL 1,675 7,096 143 2042,0312,415

R D

2,789

223

27 0

6

111

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

17

1

0

10

10

32

32

0

181

85

13

0

00

0

0

0

0

1

0

0 5

0 0

1 41

0 9

0 4

0 6

14

8

8

0

52

52

38

3

3

Cámara de Senadores

Cámara de Diputados

PODER JUDICIAL

Suprema Corte de Justicia de la Nación

6

2

1

2

SECTOR RELACIONES EXTERIORES

1

3

1

1

3

Secretaría de Relaciones Exteriores

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Prevención y Readaptación Social

Secretaría de la Defensa Nacional

Inst. de Seg. Social para las Fzas. Armadas Mexicanas

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presidencia de la República

SECTOR DEFENSA NACIONAL

14

15

Procuraduría General de la República

25

26

27

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Tribunales Agrarios

Instituto Nacional Electoral

SECTOR MARINA

Secretaría de Marina

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Inst. Nac. De Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales

20

8

1

1

3

2

4

1

5

5

2

2

4

4

0

3 22 18

0

0

0

0

15

3

4

Secretaría de la Función Pública

1 8 4 0 0

3 0

4 0 0


14


A la fecha se reportan 7 mil 606.6 millones de pesos como recuperaciones operadas, lo que representa un importante 86.3% del total recuperado en todos los Grupos Funcionales (8 mil 811.2 millones de pesos) y 3 mil 116.8 millones de pesos como recuperaciones probables (4.6% del total de recuperaciones probables).

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF.

De los 10 mil 723.4 millones de pesos, que es el monto total de recuperaciones determinadas, el 98.8% (10 mil 589.9 millones de pesos) corresponden al Sector Gobernación.

1.4. El Grupo Funcional Gobierno en el IGEFSCP.

Áreas clave con riesgo. Un aspecto relevante del Grupo Funcional Gobierno en el Informe General Ejecutivo es la detección de algunas áreas encomendadas al mismo como áreas de riesgo. Al respecto, dicho informe (foja 114), señala: “La identificación y gestión de riesgos y vulnerabilidades en la operación de los entes públicos, contribuye a generar condiciones adecuadas para la consecución de sus objetivos. Este tipo de estrategias pueden abarcar a todos los procesos institucionales y a distintas materias, incluyendo las políticas de integridad. El conocer los factores que pueden impedir o limitar la transparencia, eficacia, eficiencia y legalidad de las actividades de las instancias gubernamentales constituye una medida clave para minimizar la probabilidad de ocurrencia de actos irregulares”

Las áreas de riesgo detectadas por la ASF en los 10 sectores del Grupo Funcional Gobierno que se analizan en este cuaderno, comprendieron 13 entes públicos y 16 auditorías.


15


Destaca, por su relevancia, que el Sector Poder Legislativo, en la totalidad de sus entes y de las auditorías practicadas fueran clasificadas por la ASF como área de riesgo. En este cuaderno se analiza la totalidad de los informes individuales de auditoría señalados como área de riesgo por la ASF y que se remitieron en la tercera entrega.

Sugerencias a la Cámara de Diputados. Otro aspecto relevante en que el Grupo Funcional Gobierno se encuentra en el Informe General Ejecutivo, es el de las sugerencias legislativas para la Cámara de Diputados. De los 10 Sectores que se analizan en el presente cuaderno, en el Informe General se especifica que se hicieron sugerencias legislativas en 2 auditorías: 16-GB “Administración del Sistema Federal Penitenciario” (practicada a Prevención y Readaptación Social) y 30-GB

Sector Ente Auditoría Entrega

Cámara de Diputados Gestión Financiera Tercera

Cámara de Senadores Gestión Financiera Tercera

Poder Judicial Consejo de la Judicatura Federal

Construcción de Centros de Justicia Penal

Federal en Zacatecas, Zacatecas; Oaxaca,

Oaxaca; Villahermosa, Tabasco; Mérida,

Yucatán; Celaya, Guanajuato; San Luis

Potosí, San Luis Potosí; y Tapachula,

Chiapas

Primera

Consejo Nacional para Prevenir

la Discriminación

Promover la Protección de los Derechos

Humanos y Prevenir la DiscriminaciónSegunda

Instituto Nacional de Migración Servicios Migratorios Tercera

Policía FederalOperativos para la Prevención y Disuasión

del DelitoSegunda

Atención a la Población Afectada por los

SismosTercera

Subsidios y Apoyos para Desastres

NaturalesTercera

Defensa NacionalSecretaría de la Defensa

NacionalContratación de Bienes y Servicios Segunda

Función Pública Secretaría de la Función Pública

Resultados de las Auditorías Externas y de

los Órganos Internos de Control en las

Entidades del Sector Paraestatal Federal

Segunda

Cumplimiento de Tratados Internacionales Tercera

Evaluación de la Política de Tratados

InternacionalesTercera

Instituto Federal de

Telecomunicaciones

Procesos Sustantivos del Instituto Federal

de TelecomunicacionesSegunda

Evaluaciones de la Calidad de la Educación

BásicaPrimera

Evaluaciones de la Calidad de la Educación

Media SuperiorPrimera

Tribunales Agrarios Gestión Financiera Segunda


Áreas de riesgo en el Grupo Funcional Gobierno

Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación

Secretaría de Relaciones

Exteriores

Poder Legislativo

Gobernación

Secretaría de Gobernación

Relaciones Exteriores

Órganos Autónomos


16


“Subsidios en materia de seguridad pública” (realizada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Ambos informes individuales fueron presentados a la Cámara de Diputados en la segunda entrega.

Las sugerencias consisten en reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el caso de la primera, se propone hacer reformas en materia de reinserción social de los sentenciados y en la segunda, en relación a la corresponsabilidad de las autoridades municipales y beneficiarios que reciban los subsidios, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Conclusiones de la fiscalización. El tercer aspecto relevante del Informe General Ejecutivo que incide en el Grupo Funcional Gobierno consiste en las conclusiones principales que presenta la ASF en el capítulo denominado 7. Consideraciones para el diseño y elaboración del dictamen de la Cuenta Pública 2017. En los 10 sectores del Grupo Funcional Gobierno de que trata este cuaderno, se establecieron cuatro conclusiones sobre:

Ordenamiento

Jurídico

Disposiciones/artículo

específicoPropuesta de modificación Impacto Esperado

Auditoría Vinculada con la

propuesta

Artículo 4 Principios

rectores del sistema

penitenciario.

Reinserción Social

Para que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión

de Gobernación y de Seguridad Pública, analice la pertinencia de

promover las modificaciones legislativas necesarias para

revisar las inconsistencias detectadas en la Ley Nacional de

Ejecución Penal en cuanto a la definición de reinserción social,

ya que puede prestarse a interpretaciones equívocas, al

considerar que se refiere únicamente a la restitución de los

derechos de los individuos y no a la prevención de la

reincidencia delictiva por parte de las Personas Privadas de su

Libertad (PPL)

Evitar que los encargados del cumplimiento de la política

realicen interpretaciones erróneas de la legislación en la

materia, al considerar que la reinserción social se refiere

únicamente a la restitución de los derechos de los individuos y

no a la prevención de la reincidencia delictiva por parte de las

PPL

Artículo 5

Para que la Cámara de Diputados analice la pertinencia de

promover las modificaciones legislativas necesarias para la

incorporación de las categorías de reincidentes y

primodelincuentes en la clasificación de las PPL.

Contar con indicadores que permitan determinar si la política de

reinserción social es efectiva.

Artículo 72

Para que la Cámara de Diputados considere promover las

modificaciones legislativas necesarias para analizar la

pertinencia de incorporar en los planes de actividades todos los

medios establecidos en el artículo 18 constitucional (trabajo,

capacitación para el mismo, educación, salud y deporte) como

medios de reinserción, considerando su complementariedad.

Contribuir a garantizar la reinserción social de las personas que

obtienen su libertad, una vez que cumplieron con su sentencia,

evitando que reincidan en la comisión de un delito.

Artículo 104


promover las modificaciones legislativas necesarias para

determinar el plan de actividades de cada PPL sobre la base del

diagnóstico de su perfil, teniendo prioridad sobre sus

preferencias.

Programar los planes de actividades, tomando en cuenta el

diagnóstico del perfi l de cada PPL, para determinar los

elementos que dicha población requiere fortalecer para

reinsertarse en la sociedad una vez que obtengan su libertad.

Ley General del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública

Incluir en la ley un

apartado relativo al

otorgamiento de

subsidios en el que se

establezcan mecanismos

de corresponsabilidad

entre los municipios

beneficiarios y el

Secretariado Ejecutivo

del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, a

efecto de que los

subsidios contribuyan a

fortalecer las

instituciones de

seguridad pública.


promover las modificaciones legislativas necesarias para que se

incorpore en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública un apartado que reglamente el otorgamiento de

subsidios, en el que se establezcan mecanismos de

corresponsabilidad entre los municipios beneficiarios y el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública (SESNSP), a efecto de que los subsidios otorgados

contribuyan a fortalecer las instituciones de seguridad pública.

Incorporar en la ley los mecanismos de corresponsabilidad entre

los municipios beneficiarios y el SESNSP, que garantice el

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de los

municipios.

30-GB “Subsidios en materia de

seguridad pública”

Fuente: ASF, Informe General Ejecutivo 2017.

Propuestas de reformas derivadas de revisiones realizadas al Grupo Funcional Gobierno en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

16-GB “Administración del

Sistema Federal Penitenciario”

Ley Nacional

de Ejecución Penal


17


Sistema penitenciario: la disminución de la población penitenciaria en 2017 no se asoció con mejores condiciones de seguridad pública, ya que el número de delitos y homicidios siguió en aumento.

Tratados internacionales: No es posible determinar si los tratados atienden el asunto de interés que sustenta la política y si éstos convergen con las prioridades nacionales. Esta situación podría contribuir a que nuestro país desaprovechara la oportunidad de posicionar sus intereses en el orden internacional, orientados a obtener beneficios para acelerar y fortalecer el desarrollo nacional.

Promoción de la protección de los derechos humanos y prevención de la discriminación: la conducción de la política antidiscriminatoria presentó deficiencias, ya que el CONAPRED mostró una limitada focalización en la formulación, implementación y evaluación de la adopción de políticas públicas para prevenir la discriminación, principalmente debido a que no cuantificó la población de los dieciocho grupos que se tienen identificados como vulnerables.

Prevención del delito: la PF no acreditó que los operativos se orientaran a prevenir el delito; mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgó subsidios a 300 municipios de manera inercial; no acreditó que el conjunto de operativos llevados a cabo se orientaran a prevenir el delito y a combatir las causas de la delincuencia; el otorgamiento de apoyos se programó sin considerar la capacidad operativa efectiva de los municipios; no se previó el riesgo que se originaría con el cambio de la metodología de las evaluaciones de desempeño a dichos órdenes de gobierno, y se careció de un sistema de monitoreo del cumplimiento de las metas de los convenios suscritos con las autoridades municipales.


18


2. Análisis de la Fiscalización en el Poder Legislativo.

2.1. Resultados de Auditorías Relevantes.

Poder Legislativo. Cámara de Diputados. Gestión Financiera. Auditoría al Cumplimiento Financiero. No. 1-GB. Auditoría Identificada por la ASF como área clave con riesgo. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes: Adecuaciones presupuestales para cubrir necesidades del sismo de 19 de septiembre. El presupuesto de la Cámara de Diputados tuvo una asignación original de 7 mil 629.4 millones de pesos, y durante el ejercicio se registraron ampliaciones por 1 mil 170.5 millones de pesos y reducciones por 1 mil 092.7 millones de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado de 7 mil 707.2 millones de pesos, el cual se reportó como ejercido. La Cámara de Diputados informó que las adecuaciones fueron autorizadas por los órganos de Gobierno y derivaron de necesidades generadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, se identificó que sólo el 12.8% de los recursos se destinó a cubrir aspectos relacionados con dicho acontecimiento, ya que el restante 87.2% se utilizó para cubrir gastos programables. Restaurantes en la Cámara. El Comité de Administración autorizó la adjudicación directa y a título gratuito la asignación de los espacios denominados “Los Cristales”, “La Terraza” y “La Cafetería” con vigencia del 1º de junio del 2016 al 31 de diciembre de 2018; la Cámara proporcionó el mobiliario y equipo de cocina, servicios de energía eléctrica, agua, servicios de seguridad, sanitarios, teléfono y estacionamiento, siendo el pago por el consumo de gas L.P. y el retiro de los desechos los únicos servicios por pagar por parte de los proveedores. No se identificaron los elementos que justificaran la elección de los proveedores que resultaron adjudicados para presentar los servicios en los espacios denominados “Los Cristales y “La Cafetería”. Durante la revisión no se proporcionó a la ASF evidencia de las licencias y permisos, garantías de cumplimiento, garantía para desocupar y entregar las instalaciones que le fueron proporcionadas por la Cámara de Diputados; se proporcionaron copias de los seguros de responsabilidad civil de los tres proveedores señalados y en ninguno de los casos, las pólizas cubren la totalidad de la vigencia del contrato. Se proporcionó copia de la garantía de cumplimiento del proveedor de “La Cafetería”, y copia de su Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja;


19


sin embargo, este último no cuenta con fecha de elaboración o emisión, y el sello de recepción de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria es del 14 de septiembre de 2018 aun cuando debió presentarse en el ejercicio 2016 cuando se firmó el contrato respectivo. Respecto al espacio denominado “Los Cristales” para la prestación de los servicios de preparación y suministro de alimentos, se conoció que el 30 de mayo de 2016 se autorizó la contratación de una empresa; sin embargo, se identificó que la que realmente ocupa el espacio asignado y presta los servicios es otra empresa, la cual tiene una personalidad jurídica diferente a la de la empresa contratada. Opacidad en las subvenciones, así como en los apoyos para la atención ciudadana y para el transporte. Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en “Subvenciones” y otros conceptos relacionados con actividades legislativas que en 2017 ascendieron a 1 mil 059 millones de pesos correspondientes a 9 subpartidas de gasto. Adicionalmente, se identificó comprobación por 962.6 miles de pesos de la subpartida 3991-11 “Apoyo para Transporte” que no se ajustó a lo establecido en los lineamientos. Irregularidades en los contratos. De los contratos para prestar servicios de preparación y suministro de alimentos, no se presentaron los elementos necesarios para la selección de los proveedores, no se proporcionó evidencia documental que soporte la entrega de las licencias, permisos, garantías de cumplimiento, y garantías para desocupar y entregar las instalaciones, ni tampoco la evidencia de que los seguros de responsabilidad civil estuvieran activos durante la totalidad de vigencia de los contratos. Se identificaron transferencias de recursos por 1.6 millones de pesos por parte de dos proveedores a un servidor público; no se localizaron 71 bienes con un valor de 1.3 millones de pesos. Contrataciones por honorarios. No se tiene evidencia documental de las actividades que desempeñaron 4 mil 829 personas contratadas durante el ejercicio 2017 bajo el régimen de honorarios vinculados tanto con actividades administrativas, como con los Grupos Parlamentarios y con el quehacer legislativo. Inconsistencias en la comprobación del gasto. Se encuentran canceladas 14 facturas presentadas como comprobación, emitidas por diversas personas físicas y morales, por un importe total de 77.6 miles de pesos, por concepto de consumo de alimentos, asesoría en materia legislativa, productos de consumo básico, materiales y útiles de oficina y difusión institucional. Se identificó la aplicación de los recursos erogados relacionados con actividades legislativas registrados en 11 subpartidas de gastos por 1 mil 455.8 millones de pesos, únicamente presentó documentación que comprueba un monto de 396.8 millones de pesos, correspondientes a las subpartidas de gasto 3991-5 “Gastos de atención ciudadana” por 188.9 millones de pesos y “Apoyo para transporte” por 207.9 millones de pesos. El monto


20


restante por 1 mil 059 millones de pesos correspondiente a 9 subpartidas, sólo se proporcionó la integración de los importes que fueron transferidos por esos conceptos durante el ejercicio 2017. Se detectaron 685 comprobantes y recibos por 2.1 millones de pesos cuyo gasto, dada su naturaleza, no se pudo tipificar con alguno de los conceptos que establecen los Lineamientos para regular la entrega, destino y comprobación de los apoyos económicos, en materia de Gastos de atención ciudadana. Se identificó que se realizaron compras de despensas por 674.1 miles de pesos con cargo en el concepto de gastos de atención ciudadanía. En la revisión de la documentación comprobatoria de la partida 3991-11 “Apoyo para transporte”, se identificó que los recursos fueron erogados en los conceptos de gasto siguientes: Se presentaron 222 comprobantes por concepto de consumo de alimentos por un monto de 253.2 miles de pesos, aun cuando este concepto no se contempla en los lineamientos que regulan este apoyo económico a los legisladores. Se presentaron 35 facturas muestran servicios por concepto de hospedaje que se prestaron fuera de la Ciudad de México y su área metropolitana por un monto de 247.6 miles de pesos, siendo que este apoyo es para que los legisladores acudan a las sesiones en los periodos ordinarios y/ extraordinarios del Congreso. Se identificó que 39 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por concepto de estacionamiento, honorarios, seguros, cable USB, cargador de pared y café por un monto de 461.8 miles de pesos, no se relacionan con los autorizados en los Lineamientos para regular la entrega, destino y comprobación de los apoyos económicos a los legisladores. Como parte de la revisión del Equipo de cómputo y de tecnología de la información y mobiliarios y equipos de administración en las que se ejercieron 1,715.0 y 11,258.9 miles de pesos, respectivamente, se realizó en el mes de octubre de 2018 una verificación física a 26 bienes por un monto total de 1,438.0 miles de pesos adquiridos en 2017, más 94 bienes por 13,548.9 miles de pesos adquiridos durante el periodo de 1997 al 2016. Respecto del concepto de gasolina y lubricantes se identificó que en el caso de gasolina existen comprobaciones que oscilan entre 20 y 348 miles de pesos, por legislador, lo que representa un consumo promedio mensual de 29 miles de pesos, hecho que desvirtúa el objeto de este tipo de apoyo, ya que, como se mencionó, tiene la finalidad de que los legisladores acudan a las sesiones en los periodos ordinarios y/ extraordinarios del Congreso. En 8 casos los legisladores erogaron recursos desde 33.1 miles de pesos hasta 360 miles de pesos correspondientes a la renta de vehículos que van desde un mes hasta 8 meses continuos en el ejercicio 2017; cabe señalar que en uno de éstos se realizó la renta de un vehículo blindado con chofer por el monto de 125 miles de pesos, y en otro, se rentó el


21


servicio de traslado de un diputado por 33.1 miles de pesos para la gira con un gobernador por diversos municipios del estado de Guerrero. La ASF concluye que, en términos generales, la Cámara de Diputados no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Número de Observaciones: 17 (2 fueron solventadas), Número de Acciones: 23 (13 R, 2 PEFCF, 5 PRAS y 3 PO). Recuperaciones Determinadas: 3.3 millones de pesos; Probables: 3.3 millones de pesos. Poder Legislativo. Cámara de Senadores. Gestión Financiera. No. 2-GB. Auditoría Identificada por la ASF como área clave con riesgo. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes: Falta de información. El Senado de la República no proporcionó a la ASF la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 1 mil 014 millones de pesos, que representó el 22.1% del presupuesto total ejercido por la Cámara, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios" y, por tanto, no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. Irregularidades en las compras. Se realizó la adquisición de bienes con empresas comercializadoras que registraron vínculos comerciales y que por ello generaron que los bienes se adquirieran con un precio mayor por 262.9 miles de pesos, que representó el 51.2% respecto del importe que el Senado pagó por los mismos; se detectó la confabulación de dos proveedores que participaron en diversos procedimientos de adjudicación debido a que tienen interrelaciones comerciales y se comprobó que el proveedor adjudicado obtuvo los bienes del otro proveedor participante por un monto de 2 millones de pesos que, posteriormente, fueron vendidos a la Cámara de Senadores en un monto de 4.1 millones de pesos, lo que originó que el Senado pagara una diferencia de más en su precio de 2.1 millones de pesos. Se identificó un probable daño al erario por un monto de 526.9 miles de pesos, por la falta de evidencia documental de la aplicación de una pena convencional a la que se hizo acreedor un proveedor con motivo de la entrega extemporánea de programas de televisión. Pagos indebidos. Se identificó el pago improcedente de un apoyo en la labores legislativas por 707.7 miles de pesos; se reportaron 756 inasistencias de legisladores en el Sistema


22


Parlamentario de Asistencia Votación y Audio Automatizado, y no obstante que se efectuaron los descuentos de las dietas no devengadas, no se les debió haber otorgado el apoyo en labores legislativas, lo cual significó una erogación improcedente de 529.2 miles de pesos. Se identificó que en el mes de septiembre y noviembre se dio a los Grupos Parlamentarios y a las Senadoras y Senadores sin grupo, un pago en exceso por 178.5 miles de pesos por concepto de apoyo en labores legislativas. Cheques no cobrados. La Cámara de Senadores administró sus recursos financieros mediante nueve cuentas bancarias pertenecientes a cinco instituciones, se tenían registrados 36 cheques pendientes de presentarse a la institución bancaria para su cobro por un monto de 1.8 millones de pesos, con una antigüedad igual o mayor de 12 meses. Inconsistencias en las contrataciones de personal. Se efectuó un comparativo entre las nóminas de las Cámaras de Senadores y de Diputados para lo que se tomó como base la Clave Única de Registro de Población (CURP), de la cual resultó que 32 personas se encuentran adscritas a ambas Cámaras: 14 personas prestaron sus servicios bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios en los mismos periodos en ambas Cámaras, sin que fuera posible verificar que existiera una compatibilidad de los servicios prestados. En otros 12 casos, el personal prestó sus servicios bajo dicho régimen para la Cámara de Senadores y se encontró adscrito a la Cámara de Diputados como personal de Base, Confianza y/o Mandos Medios y Superiores. Y en 6 casos se detectó que el personal se encuentra adscrito en ambas Cámaras dentro de la estructura de Base, Servicio Técnico de Carrera y/o Mandos Medios y Superiores, con un horario definido en ambos centros de trabajo, de los cuales se identificó que los horarios se sobreponen en 3 casos. Se seleccionó una muestra de 68 expedientes para su revisión, en los cuales se detectó que en 21 casos, el personal contratado por honorarios tiene un nivel escolar básico y de educación medio superior; en 47 casos, el nivel escolar es de educación superior, de los cuales, en 23 no cuentan con la documentación que acredite su nivel de estudios y en un caso, la Cédula Profesional localizada en el expediente presuntamente es apócrifa. Se detectaron 18 casos de personal contratado por honorarios y 2 de base que tienen parentesco con otros prestadores de servicios contratados por el mismo régimen laboral, e incluso prestan servicios en la misma unidad administrativa o legislativa cuyas percepciones brutas oscilaron entre los 5 y 180.8 miles de pesos. Hay 8 casos de personal que guarda parentesco en línea recta ascendente por consanguinidad y línea recta ascendente por afinidad con el legislador al que le prestaron sus servicios profesionales. Se detectó la contratación de personal administrativo para los Grupos Parlamentarios, Comisiones, y Unidades legislativas por honorarios sin contar con perfil de puestos y


23


tabulador, por lo que su contratación, remuneraciones y la comprobación de sus servicios se efectúa de manera discrecional por el titular del área a la que están adscritos. Regalos a personas no adscritas al Senado. Se identificaron erogaciones por un monto de 591.6 miles de pesos mediante la adquisición de 70 relojes inteligentes. Dicha adquisición se efectuó con motivo de una cena navideña de la Mesa Directiva con los trabajadores de la fuente informativa acreditada en el Senado de la República; no obstante, la mencionada erogación no corresponde a un gasto destinado a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con personas físicas o morales tampoco con actividades relacionadas con el quehacer legislativo, aunado a que dicho personal no se encuentra adscrito al Senado. Por lo anterior, la ASF dictaminó que, en términos generales, la Cámara de Senadores no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Número de Observaciones: 18, Número de Acciones: 26 (14 R, 8 PRAS y 4 PO). Recuperaciones Determinadas: 4.6 millones de pesos; Operadas: 983.7 miles de pesos; Probables: 3.6 millones de pesos.

3. Análisis de la Fiscalización en el Poder Judicial.


Poder Judicial. Consejo de la Judicatura Federal. Otras Actividades: Operación del Nuevo

Sistema de Justicia Penal. Auditoría de Desempeño. 8-GB.

Objetivo: Fiscalizar los resultados obtenidos en la fase preparatoria; las salidas alternas del

proceso; el juicio oral y la ejecución, así como los recursos procesales, en el marco del

Sistema de Justicia Penal, y su contribución a la impartición de justicia.

Hallazgos relevantes:

Datos relevantes sobre la ejecución del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Respecto del

estado del proceso de los imputados, en 2017, ingresaron 20 mil 688 personas a un

procedimiento judicial por delitos del orden federal en los 38 Centros de Justicia Penal

Federal (CJPF), de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, el 71.6% (1 mil 807) se

encontraban en trámite, el 11.8% ( mil 442) con proceso suspendido, y el 16.6% (3 mil 439)

se concluyeron; además, existió la concentración del 57% (8 mil 442 imputados) de 14 mil

807 imputados con proceso en curso en la etapa de investigación complementaria y una

tasa de resolución del 16.6% (3 mil 439 imputados) de los 20 mil 688 ingresados. Por lo que,


24


al cierre del año, los CJPF contaban con 17 mil 249 imputados a espera de concluir el proceso

judicial, adicionales a los que ingresarán en los años subsiguientes.

El CJF, en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en 2017, dictaminó sobre

los resultados obtenidos en la fase preparatoria; las salidas alternas del proceso; el juicio

oral y la ejecución, e implementó el Sistema de Carrera Judicial, no obstante, su operación

careció de indicadores, metas e información para evaluar lo que pretendía lograr en materia

de audiencias, la saturación y la dilación del proceso de impartición de justicia, lo que limitó

que, a un año y medio de la puesta en operación del SJPA, el CJF estuviera en posibilidades

de determinar su contribución a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial y

ejercer el presupuesto con base en resultados.

Lo anterior limitó conocer si con la operación del SJPA se atendió el problema relativo a la

deficiente capacidad para que el CJF impartiera justicia pronta, completa e imparcial para

el 83.4% (17 mil 249 imputados) que ingresaron en ese año y que para el 31 de diciembre

de 2017 están en espera de la conclusión de su proceso; así como del ejercicio de los

recursos destinados a su operación. Asimismo, en 2017, el CJF careció de elementos que

posibiliten determinar si con el nuevo sistema de justicia penal se avanzó en atender la

problemática estructural de dicho sistema, caracterizada por prácticas de corrupción, faltas

al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, defensoría pública rebasada y deficiente

vinculación entre policía y ministerio público.

Deficiencias en la operación del SJPA. El CJF realizó el control de la detención, previo a la

imputación, debido a que fueron aprehendidos por los supuestos de flagrancia o caso

urgente, de 7 mil 776 personas, lo que significó el 37.6% de las 20 mil 688 personas

ingresadas a un proceso judicial en ese año; de las cuales en el 7.9% (617) fue dictaminado

como no legal el proceder de los primeros respondientes y del MPF, ya que no se siguió el

debido proceso y se ordenó su inmediata liberación, con lo cual el consejo contribuyó a

detectar deficiencias en la operación del SJPA en la etapa de investigación inicial.

Audiencia inicial. Se programó el ingreso de 16 mil 816 personas a audiencia inicial, de las

cuales el 90.3% (15 mil 178) se turnó ante un Juez de Control; el 0.5% (85) se realizó en

2018, y el 9.2% (1 mil 553) no se registró fecha de realización; sin embargo, careció de

indicadores y metas para evaluar lo que pretendía lograr en la materia, lo que limitó al CJF

para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de sus objetivos institucionales, así como

para ejercer el presupuesto con base en resultados.


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De los 15 mil 715 con audiencia inicial finalizada, el 84.7% (12 mil 855) se imputó por la

comisión de algún delito, ya que los jueces de control dictaminaron que los medios de

prueba obtenidos por el MPF en la investigación inicial fueron válidos y suficientes para

vincular a proceso, para el 15.3% (2 mil 323) se ordenó la conclusión de la investigación y

su inmediata liberación, con lo cual el CJF contribuyó a detectar deficiencias en la operación

del SJPA en la etapa de investigación inicial.

Audiencia intermedia. El CJF programó a 1 mil 659 imputados para ingresar a audiencia

intermedia, de los cuales, el 30.7% (510) se turnó ante el Juez de Control para su realización,

el 1.6% (26) se realizó en 2018, y en el 67.9% (1 mil 123) el CJF no acreditó el registro de

fecha de la realización; asimismo, no estableció indicadores y metas para evaluar lo que

pretendía lograr en la materia, lo que limitó al consejo para dar seguimiento y evaluar el

cumplimiento de sus objetivos institucionales, así como para ejercer el presupuesto con

base en resultados.

En el 62.4%(318) de los 510 imputados se formuló acusación, debido a que los jueces de

control de los CJPF dictaminaron que los medios de prueba obtenidos por el MPF en la

investigación complementaria fueron suficientes para un juicio oral, respecto del 37.6%

(192) restante se ordenó la conclusión de la investigación complementaria y su inmediata

liberación, con lo cual el consejo contribuyó a detectar deficiencias en la operación del SJPA

en la etapa de investigación complementaria.

Solución de controversias. De los 12 mil 855 imputados vinculados a proceso, en 2017, para

el 38.1% (4 mil 902) el CJF autorizó el empleo de soluciones alternas y formas de

terminación anticipada, de los cuales el 2.0% (97) correspondió a un acuerdo reparatorio y

el 33.7% (1 mil 652) a una suspensión condicional del proceso; en cuanto a la terminación

anticipada mediante procedimiento abreviado, el 64.3% (3 mil 153) de los imputados

renunciaron a su derecho de juicio oral a efecto de recibir una pena más corta.

Juicio Oral. De los 318 imputados a los cuales se les formuló acusación, 122 (38.4%) fueron

programados para ingresar a juicio oral, de éstos el 67.2% (82) fueron turnados ante el

Tribunal de Enjuiciamiento, a fin de que escucharan los alegatos de apertura por las partes,

desahogaran las pruebas admitidas por el Juez de Control, el 3.3% (4) ingresó hasta 2018 y,

en el 29.5% (36) restante no se registró la fecha de realización de la audiencia; además, el

CJF no acreditó contar con indicadores y metas para evaluar lo que pretendía lograr en la

materia.


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De los 82 imputados a los que se les realizó audiencia de Juicio Oral, para el 11% (9) el juicio

continuaba en proceso y para el 89% (73) se le dictó fallo de la culpabilidad en la comisión

de delitos; de éstos el 6.8% (5) se registró con error en el Sistema Integral de Seguimiento

de Expedientes (SISE), el 74% (54) se concluyó en la culpabilidad del imputado y en el 19.2%

(14) se dictaminó, por parte de los Tribunales de Enjuiciamiento, que los elementos

aportados por el MPF fueron insuficientes para comprobar la comisión de los delitos, con

lo cual el consejo contribuyó a detectar deficiencias en la operación del SJPA en la etapa de

investigación complementaria.

Dilación de los procesos. El CJF con la operación del SJPA ha concluido el proceso de

impartición de justicia a los imputados con tiempos que van de los 105.6 a los 206.8 días

promedio, que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la

Libertad 2016, significó una disminución en los tiempos de ejecución del 36.6% en

promedio; sin embargo, el CJF no acreditó la implementación de indicadores y metas para

evaluar el la saturación y dilación del proceso de impartición de justicia y ejercer el

presupuesto con base en resultados, así como para determinar el avance gradual que se

quiere lograr y el tiempo al que se considere adecuado para la conclusión de los procesos.

Número de Observaciones: 8 (2 ya fueron solventadas), Número de Acciones: 6 (RD).


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4. Análisis de la Fiscalización en los Sectores Presidencia de la República y Función Pública.

4.1. Análisis de la Fiscalización en Auditorías Horizontales del Sector Gobierno.

5. Análisis de la Fiscalización en el Sector Gobernación.


Secretaría de Gobernación. Subsidios y Apoyos para Desastres Naturales. Auditoría de

Cumplimiento Financiero No. 15.

Objetivo: Evaluar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia operativa del

Sistema de Control Interno en el proceso de integración, asignación, dispersión y

supervisión de los subsidios y apoyos para desastres naturales, a fin de verificar su

efectividad para la consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad,

ENTIDAD FISCALIZADA RESULTADOS RELEVANTES REVISIONES HORIZONTALES

Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la conducción y evaluación del desarrollo,

adopción y uso de las TIC para facilitar el acceso y promover su uso

Ausencia de documentación en materia de TIC y seguridad de la información. No documentó la orientación

en la emisión y ejecución de las políticas y lineamientos derivados de la Estrategia Digital Nacional, ni las

actividades realizadas para la emisión de recomendaciones respecto de las mejores practicas en materia

de TIC y de seguridad de la información. Además, no documentó los procedimientos para ejecutar las 69

líneas de acción del "Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018".

Carencia de documentación y de herramientas de los objetivos de la Estrategia Digital Nacional. No

documentó los procedimientos para ejecutar la evaluación, no implementó herramientas para valorar el

cumplimiento, ni promovió el calculo del índice de digitalización, por lo que los resultados no permitieron

conocer la contribución de la Oficina de la Presidencia de la Republica en la promoción de la adopción y

uso de las TIC, a fin de incrementar la eficacia del sector público.

Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la regulación, coordinación y evaluación

del desarrollo, adopción y uso de las tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso

y promover su uso.

Deficiencias en la normatividad de la Firma Electrónica Avanzada. Presentó debilidades en la armonización Deficiencias en la normatividad de la Firma Electrónica Avanzada. Presentó debilidades en la armonización

de la normativa de la Firma Electrónica Avanzada, al no contar con evidencia que acreditara la

armonización para promover el uso de la e.firma, y en la coordinación de acciones para la observancia de

la Estrategia Digital Nacional.

Avances en el Gobierno Electrónico. En el PND 2013-2018, se estableció, como medidor del tema en

revisión, el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, el cual mostró que, de 2014 a 2016, México

mejoró su posición a nivel internacional, al pasar de 0.5733 a 0.6195, y que el componente de servicios en

línea tuvo el mayor aumento, ya que cambió de 0.6614 a 0.8478.

Impedimento en las facultades de la SFP. Derivado de la derogación de la facultad de definir las políticas

de gobierno digital, la cual, fue transferida a la Oficina de la Presidencia de la República mediante el

Acuerdo de traspaso de recursos humanos, materiales y financieros entre ambas dependencias, suscrito

el 28 de diciembre de 2018, la SFP tuvo un impedimento legal y material para implementar acciones de

mejora en las deficiencias identificadas durante la auditoría. Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la tercera entrega de informes individuales de auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. ASF.

FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2017

AUDITORÍAS HORIZONTALES ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL


Secretaría de la Función

Pública

Estrategia Digital

Nacional

Auditoria de

Desempeño

No. 120-GB

Presidencia de la

República

Estrategia Digital

Nacional

Auditoria de

Desempeño

No. 9-GB


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veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y

la salvaguarda de los recursos públicos.


Incumplimiento de la normatividad que rige a la Comisión Nacional de Protección Civil. La

Comisión, no implementó acciones de coordinación que permitieran crear sinergias con las

instituciones y entidades federativas responsables de la operación del FONDEN, ni

mecanismos efectivos de control y seguimiento de los recursos del FONDEN para la

reconstrucción de la infraestructura afectada; además no existió un mecanismo de control

que permitiera comprobar que no existieron duplicidades en las acciones y en el

otorgamiento de financiamiento para obras con recursos del FONDEN y los provenientes de

otros programas o fondos presupuestarios. “Fonden en Línea” (herramienta diseñada para

eficientar el proceso de acceso, autorización, ejecución y rendición de cuentas) no operó en

2017, aún y cuando su uso era obligatorio.

Errores, imprecisiones e inconsistencias en la atención a damnificados. Los Censos y

Padrones elaborados por la SEDATU, que debían contener el total de vivienda dañada y

habitantes afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, carecían de confiabilidad en

la información, ya que se detectó duplicidad en el registro de personas y variaciones no

justificadas en los conteos totales de viviendas afectadas. Asimismo, la Dependencia no

acreditó tener personal capacitado para realizar las evaluaciones por los daños causados en

esos sismos, lo que derivó en los recursos provenientes del FONDEN, no contaran con

información confiable para desarrollar estrategias para la atención de los daños.

Irregularidades en la entrega de ayudas a damnificados. BANSEFI no diseñó mecanismos de

control para evaluar la calidad de los Censos y Padrones proporcionados por la SEDATU, por

lo que duplicó la entrega de tarjetas de débito con recursos del FONDEN.

Deficiencias en el control interno. El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

de la SEGOB no dio seguimiento al desempeño de la CNPC, ni identificó o analizó los riesgos

y las acciones correctivas en la ejecución de las actividades del FONDEN. Los Órganos

Internos de Control de la CONAGUA y la SEP, no realizaron el control y verificación del

ejercicio del gasto, el cual fue de 17 mil 772.9 millones de pesos; y no se revisaron los

avances físicos y financieros de las obras de reconstrucción, a cargo del FONDEN.

Opinión y conclusión de la ASF. Que se realice por parte de las autoridades federales una

revisión cuidadosa de la funcionalidad del Sistema Nacional de Protección Civil, para que


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cuente con los instrumentos de gestión, control y prevención de riesgos. Se concluyó que

la operación de la Política del Estado mexicano en este rubro, mediante la canalización de

subsidios y apoyos, es ineficiente, ineficaz y costosa, mostrando vacíos normativos y de

operación.

Número de Observaciones: 20 (4 solventadas), Número de Acciones: 26 (25 R y 1 SA)

Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 7 mil 567.3; Operadas: 7 mil 567.3;

Probables: 7 mil 567.3.1

Secretaría de Gobernación. Atención a la Población Afectada por los Sismos. Auditoría de Desempeño No. 1679-GB. Auditoría Identificada por la ASF como área clave con riesgo. Objetivo: Fiscalizar que la SEGOB, en su carácter de coordinadora del SINAPROC, dispuso de un diagnóstico y un programa para la atención de la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre, y que condujo de manera coordinada la reconstrucción y reparación de los daños. Hallazgos relevantes: Prevención sin tomar en cuenta los resultados. En 2017 la SEGOB registró 29 actividades enfocadas a la previsión conforme a lo programado, de las cuales 24.1% (7) correspondieron a la elaboración y actualización de normativa; el 69% (20) a cursos de capacitación, y el 6.9% (2) restante a la elaboración de programas, conforme a lo previsto. En cuanto a la prevención, la SEGOB no contó con un programa anual de trabajo para el fortalecimiento de la normativa institucional en materia de protección civil; tampoco identificó el universo de instituciones de los tres órdenes de gobierno y organizaciones del sector público, privado y de la sociedad civil, que intervienen en la política de protección civil y con las que debió coordinarse. Por lo tanto, la entidad fiscalizada operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos, basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de la administración por resultados. Atlas de Riesgo sin impacto municipal. Se ratificó que en 2017, la SEGOB actualizó el Atlas Nacional de Riesgo (ANR), por medio de la implementación de nuevas aplicaciones que se insertaron en el Portal electrónico que contiene el ANR; los nueve estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, contaron con su Atlas de Riesgos; y que, de los 699 municipios afectados, el 85.7% (599) no contaron con el instrumento de prevención, lo que implicó que ese conjunto de municipios, la política pública de protección civil siguió siendo de carácter reactivo y no preventivo, por lo que no contribuyó a minimizar costos y pérdidas humanas.

1 Evidentemente este dato es una inconsistencia que presenta el informe individual.


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Inconsistencias en el Plan de Respuesta. La SEGOB no acreditó los resultados de la implementación del “Plan Nacional de Respuesta MX de la Administración Pública Federal” (Plan MX), referente a la suficiencia y oportunidad del auxilio brindado a la población damnificada de ambos sismos, estimada en 506 mil 298 personas. Ayudas por los sismos. Las 9 entidades federativas afectadas por los sismos solicitaron a la SHCP un monto de 29 mil 618.6 millones de pesos con cargo al Fideicomiso No. 2003 FONDEN para atender sus municipios dañados; sin embargo, con la opinión técnica que corrobora el fenómeno perturbador el Comité autorizó un monto total de 10 mil 600 millones de pesos para atender las zonas de desastre en las 699 localidades (683 municipios en 9 entidades federativas y las 16 Alcaldías de la Ciudad de México) por sectores, sin que se identificaran las causas por las que se otorgó el 35.8% del monto solicitado por las entidades federativas afectadas. Para el tercer trimestre se otorgó un total de 14 mil 754.1 millones de pesos, de los cuales 11 mil 607 correspondieron al FONDEN y 3 mil 147.1 a las aportaciones estatales, sin que la SEGOB explicara las causas por las que, mediante el FONDEN, se proporcionó 6 mil 427.1 millones de pesos más de los 5 mil 179.9 autorizados en 2017. Sugerencias a la Cámara de Diputados. Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, evalúe la pertinencia de revisar y, en su caso, modificar la Ley General de Protección Civil, a fin de establecer la obligación de las entidades federativas y de los municipios de realizar su Atlas de Riesgos, así como para dotar de atribuciones a la SEGOB para verificar y dar seguimiento a esta obligación y, en su caso, instruir su realización. Lo anterior, a efecto de priorizar el aspecto preventivo en materia de sismos. Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, evalúe la pertinencia de revisar y, en su caso, modificar la Ley General de Protección Civil, a fin de establecer la obligación de las entidades federativas y de los municipios para que elaboren y actualicen sus programas de protección civil, a efecto de fortalecer la prevención ante posibles fenómenos perturbadores y, en consecuencia, reducir la respuesta reactiva ante dichos eventos. Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, evalúe la pertinencia de revisar y, en su caso, modificar la Ley General de Protección Civil, a fin de establecer un apartado relativo a ampliar las atribuciones de la SEGOB para dar seguimiento al cumplimiento de las entidades y dependencias de la APF y del sector financiero, a la atención de las observaciones y recomendaciones derivadas de la verificación de los programas de protección civil. Número de observaciones: 7, Número de acciones: 14 (11 RD y 3 sugerencias a la Cámara de Diputados).


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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). Secretaría de Gobernación. Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y

Publicidad de la Administración Pública Federal, al Amparo del Artículo 17 del

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Auditoría Forense

No. 1697.

Objetivo: Fiscalizar las autorizaciones realizadas por la SEGOB, correspondientes a los

diversos incrementos presupuestales solicitados por las dependencias y entidades, al

amparo del Artículo 17 del PEF para el ejercicio fiscal 2017, así como verificar la correcta

aplicación de la normatividad aplicable.


Autorizaciones improcedentes. La Secretaría, autorizó Estrategias y Programas Anuales de

Comunicación Social y Publicidad, sin verificar que los recursos presupuestarios estuvieran

autorizados y asignados a las partidas de gasto 36101 y 36201, presumiéndose que la

autorización se llevó a cabo de manera discrecional, en favor de dependencias y entidades;

autorizó solicitudes de incrementos de recursos sin allegarse de elementos necesarios y

suficientes para ejercer su facultad de valoración y facilitó el ejercicio de gastos en materia

de comunicación social y publicidad de forma discrecional permitiendo pagos de ejercicios

anteriores con recursos presupuestales 2017.

Incumplimiento de disposiciones legales y normatividad aplicable que rige a la Secretaría de

Gobernación. La Secretaría, incumplió el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y el Acuerdo por el que se establecen los

Lineamientos para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2017.

Opinión y conclusión de la ASF. Derivado de los resultados de la auditoría practicada, cuyo

objetivo fue fiscalizar las autorizaciones realizadas por la Secretaría de Gobernación

respecto de incrementos presupuestales solicitados por las dependencias y entidades se

concluye que la Secretaría de Gobernación no cumplió con las disposiciones legales y

normativas aplicables a la materia.

Número de Observaciones: 5, Número de Acciones: 26 (5 R, 7 PRAS y 3 PO)

Recuperaciones Probables: 2 mil 826 millones de pesos.


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Sector Gobernación. Servicio de Protección Federal. Gestión Financiera. Auditoría al Cumplimiento Financiero No. 25-GB. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Servicio de Protección Federal para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Asimismo, verificar que los ingresos obtenidos por los servicios de protección federal se captaron, registraron y enteraron a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma, y que éstos representan beneficios en relación con los costos de la operación del órgano desconcentrado. Hallazgos relevantes: Carencias en los procesos de supervisión, seguimiento y control de las remuneraciones. 275.2 miles de pesos no fueron notificados a la SEGOB para que se tramitara ante la SHCP para su recuperación; asimismo, se enviaron 44 recibos de cobro de forma extemporánea de 1 a 250 días después del plazo vencido. Irregularidades en la contabilidad y cobranza. El SPF no efectuó los registros contables de los adeudos al 31 de diciembre de 2017, por 1 mil 022 millones de pesos derivados de los servicios otorgados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a empresas del sector privado ya que sólo los han registrado en archivo Excel. Dentro de dichos adeudos se encuentran los prestados a la SEDATU por 10.8 millones de pesos y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social durante 2016 y 2017, por 865.2 millones de pesos, los cuales, a noviembre de 2018, no se habían podido cobrar a ambos entes públicos. Indebida ejecución y pago en contratos. En los contratos relativos al servicio integral de hospedaje, alimentación, elaboración y distribución de alimentos no se acreditó que el pago por 109.3 millones de pesos contara con la evidencia de a qué personal del SPF se le otorgó el servicio. Del servicio integral referente a los servicios de transportación terrestre, no se indicó que el servidor público del SPF que fungió como administrador recibió los servicios en los términos convenidos, además de que se realizaron pagos a una cuenta bancaria del prestador de servicios que no estaba autorizada. Se efectuaron pagos por 3.4 millones de pesos, correspondientes a 21 bitácoras en las que no se encontró registro del uso y destino de 18 vehículos; a 118 bitácoras de 52 vehículos en las cuales se señalaron que las unidades permanecieron en el taller entre 3 y 31 días naturales sin que se proporcionara evidencia de la sustitución de éstos; y no proporcionaron 33 bitácoras que acreditaran la prestación de los servicios correspondientes a 8 vehículos. Además, un vehículo que recibió el servicio no se proporcionó evidencia de que era propiedad del SPF.


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Ingresos insuficientes. En el ejercicio 2017, el SPF generó ingresos por 1 mil 351.8 millones de pesos, de los cuales fueron cobrados sólo 730.4 millones de pesos, quedando pendiente de cobro 621.4 millones de pesos; en dicho ejercicio fueron también cobrados ingresos que se generaron en los ejercicios 2015 y 2016 por 34.0 y 344.9 millones de pesos, respectivamente, por lo cual se tuvo un total de ingresos recaudados en dicho año de 1 mil 109.4 millones de pesos. No obstante ello, han sido insuficientes las acciones implementadas por el SPF para abatir el déficit generado por un mayor gasto en relación con la contraprestación obtenida por los servicios de seguridad; por ello, considera la ASF que resulta indispensable evaluar la pertinencia y viabilidad de establecer una estrategia para captar mayores ingresos y alcanzar un punto de equilibrio razonable, entre sus ingresos y gastos. Número de observaciones: 20, Número de Acciones: 34 (23 R, 9 PRAS y 2 PO). Recuperaciones: Se determinaron recuperaciones por 113.2 millones de pesos, de los cuales 453.4 miles de pesos son operadas y 112.7 millones de pesos corresponden a recuperaciones probables. Gobernación. Instituto Nacional de Migración. Servicios Migratorios. Auditoría al Cumplimiento Financiero. No. 21-GB. Auditoría Identificada por la ASF como área clave con riesgo. Objetivo: Evaluar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia operativa del Sistema de Control Interno en el proceso para tramitar y resolver la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, a fin de verificar su efectividad para la consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos. Hallazgos relevantes: Estructura Orgánica y Manual General de Organización. Se observó que los Manuales de Organización y de Procedimientos no están actualizados y se encuentran en proceso de revisión por el área competente de SEGOB. Además se concluye que después del análisis efectuado, el Manual General de Organización del INM no se encuentra alineado con la estructura establecida en el Reglamento Interior de la SEGOB. Capacitación y Profesionalización del Personal. Con base en el análisis a la información proporcionada, se constató que el INM no presentó evidencia de la Programación de cursos “en materia de corrupción” para los ejercicios 2018 y 2019. Proceso de Administración de Riesgos en el INM .Además, el INM no cumplió con la obligación de identificar, analizar y responder a los riesgos, ya que a pesar de que este ente


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presentó evidencia de que identificó y evaluó los riesgos respecto de sus objetivos estratégicos y efectuó un seguimiento de los mismos durante los cuatros trimestres de 2017, no presentó evidencia de la realización de la administración de riesgos de manera formal y metodológica, en todas las áreas y procesos del INM, especialmente en los más expuestos a riesgos agudos de corrupción y de desviaciones del marco legal y normativo, como lo son los puntos de tránsito e internamiento de personas en los que los fenómenos asociados al crimen organizado cobran mayor vigencia. Puntos de Internación Terrestre. En el punto de internación “El Chaparral” existen 20 carriles destinados para el acceso vehicular, en los cuales se constató que no existen controles para verificar la documentación migratoria de las personas que ingresan al país a bordo de vehículos particulares. Tampoco existen controles de registro para identificar a las personas que abandonan el territorio nacional de manera peatonal o vehicular. La falta de controles en estos puntos de internación, podría impactar de manera negativa el cumplimiento del objetivo de controlar y regular los flujos migratorios de nacionales y extranjeros que pretenden ingresar o salir del territorio nacional. Atención a Migrantes. Con motivo de la caravana de migrantes hondureños con destino hacia México y Estados Unidos, para solicitar asilo y lograr una mejor calidad de vida y tras cruzar la frontera con Guatemala, las autoridades mexicanas decidieron cerrar el punto de internación Suchiate I, al respecto, y tras la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente aplicable, el INM permitió la entrada de grupos de migrantes de forma irregular para iniciar el trámite para el procedimiento administrativo migratorio (PAM) aplicable a la solicitud de condición de refugiados, cabe señalar que debido al alto flujo de migrantes se produjo una contingencia la cual rebasó la capacidad operativa del INM. Respecto de la estación migratoria siglo XXI ubicada en Tapachula Chiapas, se observó que durante la caravana de migrantes Centroamericanos no se realizó la revisión personal de los extranjeros que ingresaron a ésta, así como tampoco les fueron revisadas sus pertenencias físicas, originando el riesgo de comercio, introducción, posesión, suministro, uso o consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, drogas, enervantes, psicotrópicos, sustancias tóxicas, medicamentos no autorizados, instrumentos punzo cortantes, explosivos y, en general, cualquier otra sustancia u objeto que por su propia naturaleza pudiera poner en peligro la vida o integridad de las personas extranjeras presentadas y demás personas, así como la seguridad de las instalaciones. Punto de Internación Marítima. Como consecuencia de la falta de controles en este punto de internación, se tendría un impacto negativo en el cumplimiento del objetivo de controlar y regular los flujos migratorios de nacionales y extranjeros que pretender ingresar o salir del territorio nacional.


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Punto de Internación Aérea. Se detectó ausencia de controles en este punto de internación, podría impactar de manera negativa el cumplimiento del objetivo de controlar y regular los flujos migratorios de nacionales y extranjeros que salen del territorio nacional. Dilación en los trámites. Se identificó que, de los trámites ingresados en 2017, 848 se encuentran en el estatus de “Sin resolver”, por lo que existe un rezago en la resolución de los trámites migratorios, y el INM no cumple con lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Migración en cuanto a que la autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites migratorios en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales exigidos por la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables. Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 30 (R).

6. Análisis de la Fiscalización en el Sector Relaciones Exteriores.


Secretaría de Relaciones Exteriores. Evaluación de la Política de Tratados Internacionales. No. 1584-GB. Auditoría Identificada por la ASF como área clave con riesgo. Objetivo: Determinar en qué medida el diseño de la política de tratados internacionales permite mantener el interés público que le dio origen, y si la implementación de esta ha traído beneficios para el país. La política de tratados internaciones se relaciona directamente con la meta V. México con Responsabilidad Global del PND, que se refiere a “…las políticas del gobierno encaminadas a defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de México, mediante relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa”. Hallazgos relevantes: Inconsistencias en el control de los tratados internacionales. No existió coincidencia entre el número de los tratados vigentes reportados por la SRE con los registrados y reconocidos por la APF, por lo que se concluyó que la SRE, como instancia responsable de la conducción de la política, careció de sistemas de seguimiento en materia de tratados internacionales, así como de mecanismos de coordinación con la APF adecuados para cuidar la ejecución de los compromisos derivados de éstos, por lo que se desconoció el estado del cumplimiento de los tratados internacionales en ese año.


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El Gobierno Federal careció de control sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos en los tratados internacionales vigentes, lo que limita la generación de información para identificar los beneficios obtenidos con la política y para una mejor toma de decisiones en relación con la aprobación, armonización, cumplimiento y actualización de los tratados internacionales, en función de las prioridades e intereses nacionales. La ausencia de información suficiente y confiable limitó la evaluación del efecto de los tratados internacionales en el avance y consecución de los objetivos sustantivos de las actuales políticas de seguridad, derechos humanos, salud, educación, cultura, ciencia y tecnología comercio, comunicaciones y transportes, economía, medio ambiente, trabajo, migración y paz y amistad. Inexistencia de procedimientos para evaluar los Tratados Internacionales. Se determinó que no existe, por parte del Gobierno Federal, un esquema de evaluación en el que se establezcan los objetivos, indicadores y metas exclusivos para valorar la contribución de los tratados internacionales al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacionales, así como de mecanismos para evaluar el logro de los resultados alcanzados mediante estos instrumentos. El diseño de la política de tratados internacionales es inconsistente e incongruente. Los aspectos que integran esa política presentan, en general, insuficiencias, en los siguientes ámbitos: En el normativo, no se dispone de un ordenamiento jurídico integral que, de forma explícita, señale obligaciones individuales y conjuntas, con atribuciones específicas y suficientes, para las 19 dependencias de la APF que intervienen en la ejecución de cada componente la política de tratados internacional. En el institucional, no se precisa el alcance de participación de cada uno de los actores que tienen la responsabilidad de ejecutar los tratados internacionales. En el programático, no cuenta con un plan o programa exclusivo que guíe la política de tratados internacionales, tampoco hay un apartado en los documentos de la planeación que consolide objetivos, estrategias y líneas de acción para la política. En el presupuestario, no existe una categoría programática que agrupe el gasto de las dependencias responsables de la política de tratados internacionales. En el de evaluación, la política carece de un esquema con objetivos, indicadores y metas exclusivos que, de forma cualitativa y cuantitativa, permitan valorar la contribución de los tratados internacionales en la consecución de los objetivos nacionales. En opinión de la ASF, la política de tratados internacionales tiene deficiencias en la totalidad de sus componentes, por lo que no fue posible conocer en qué medida la aprobación de tratados internacionales es resultado de una identificación de oportunidades para proteger


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y promover los intereses vitales del Estado; en consecuencia no se pudo emitir un pronunciamiento certero sobre la capacidad del Estado mexicano para cumplir y dar seguimiento a los compromisos establecidos en los tratados de los que es parte; debido a que no existen diagnósticos de necesidades de armonización y actualización de dichos instrumentos jurídicos, y no se cuenta con un marco definido de coordinación entre los actores de la política. Asimismo, la ASF considera que, de mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de tratados internacionales bajo las condiciones actuales, se espera que la suscripción de tratados no asegure la atención del asunto de interés que sustenta la propia política, referente a promover y proteger los intereses vitales del Estado mexicano en el mundo. Inconsistencias en los tratados asignados por dependencia. La SRE señaló que realiza la asignación de responsabilidad en la ejecución de los tratados internacionales vigentes entre las secretarías de Estado y la PGR en función de la participación que tienen en su aprobación. De acuerdo con la SRE, dependencia encargada de mantener actualizado el registro de los instrumentos internacionales suscritos por México, en el 2017, estaban vigentes 1 mil 420 tratados, de los cuales, 797 (56.1%) son de activación, en ellos se establece un marco de actuación que habrá de ponerse en operación cuando se susciten los hechos o circunstancias específicas que se describen en el tratado; 376 (26.5%) de cumplimiento continuo, en éstos se señalan compromisos u obligaciones permanentes para los Estados parte; 155 (10.9%) puntuales, instituyen un compromiso específico o un marco jurídico particular que se materializa con la firma del propio tratado o con una actividad concreta, y 92 (6.5%) históricos, los cuales definen compromisos definitivos, cuyo contenido suele estar rebasado por las circunstancias actuales. No coincide el número de tratados internacionales, vigentes a 2017, asignados por la SRE a cada dependencia, con excepción del de la SFP, con los reconocidos por el resto de la APF. La diferencia de cifras trasciende el aspecto cuantitativo y es, sobre todo, un problema de control de carácter cualitativo, ya que, con base en un análisis comparado de los registros proporcionados por la SRE y la APF, se identificó que los tratados enlistados por cada una de las 17 secretarías y la PGR no necesariamente se incluyen en el universo de los que dicha dependencia les asigna. De los 1 mil 420 tratados vigentes a 2017, en conjunto, la APF reconoció 1 mil 248 (87.9%), con lo cual ninguna dependencia de la APF acepta la responsabilidad respecto de la instrumentación de 172 (12.1%) tratados internacionales, lo que implica que no existe certeza sobre la obligación de llevar a cabo acciones individuales o conjuntas para el cumplimiento de, aproximadamente, uno de cada ocho de estos instrumentos vigentes a 2017.


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Las inconsistencias e incongruencias en el diseño de la política, junto con las limitaciones de reconocimiento de los tratados internacionales vigentes, dieron lugar a que la implementación de aquélla no acreditara la atención del asunto de interés que la sustenta. Información generada adolece de confiabilidad. Se detectó que no hay congruencia entre los hallazgos del componente de seguimiento con el de cumplimiento, ya que para algunas dependencias o, en algunas materias, se reportaron actividades de seguimiento, pero no de cumplimiento o, por el contrario, se indicó el cumplimiento de compromisos, pero no la implementación de mecanismos de seguimiento, por lo que se determinó que la información proporcionada no es confiable en tanto que son procesos vinculados. Sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación. A LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Para que valore reformar la Ley sobre la Celebración de Tratados en los temas de aprobación, armonización, cumplimiento, seguimiento y actualización para que se enuncie de forma explícita a las autoridades responsables de la instrumentación de la política de tratados internacionales, así como el alcance específico de sus obligaciones y sus atribuciones para cumplir con éstas, regulando, principalmente, los requisitos para la aprobación de tratados internacionales consecuentes con los intereses nacionales; que se establezca que, previamente y posterior a la celebración de todo tratado, se realice un análisis de congruencia jurídica entre las normas nacionales y los preceptos internacionales y, de ser el caso, se lleven a cabo las acciones necesarias para la armonización de las primeras para garantizar la instrumentación de los tratados; que se enfatice la necesidad de tener un único registro para el seguimiento de los tratados internacionales vigentes, que permita generar información consolidada, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de éstos y sobre las necesidades de su actualización, a fin de que las autoridades del Estado mexicano actúen de forma coordinada y sinérgica en la implementación de la política. Normativa NORMATIVA: Que la SRE, en coordinación con las 18 dependencias de la APF, gestione las acciones necesarias para emitir el reglamento de la Ley sobre la Celebración de Tratados y que, a su vez, cada dependencia incorpore los elementos necesarios en su respectiva normatividad interna, a efecto de proveer la observancia de dicha ley y su reglamento. ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES: Que la SRE, en conjunto con las secretarías de la APF y con la PGR, actualice el registro oficial de tratados internacionales vigentes, a partir de reglas explícitas y claras, con criterios homólogos, consensados y públicos, a efecto de evitar ambigüedades en su identificación y reconocimiento.


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Que la SRE, en conjunto con las secretarías de la APF y con la PGR, actualice de manera permanente la asignación de la ejecución de los compromisos de los tratados internacionales, a fin de que en el reconocimiento de sus responsabilidades en la política, las dependencias tengan en cuenta los cambios de administración, así como un reajuste en sus atribuciones, en la organización de sus unidades administrativas y en el presupuesto que se les otorga, lo que influye en la reasignación de sus obligaciones y en su capacidad operativa para la instrumentación de los tratados internacionales. Que la SRE, con base en el registro oficial actualizado de tratados internacionales vigentes y en coordinación con las otras secretarías de la APF y con la PGR reconozcan los instrumentos que están a su cargo. APROBACIÓN: Que la SRE coordine la elaboración e integración de un diagnóstico por parte de las dependencias de la APF en el que se identifiquen, en el ámbito de sus atribuciones, los temas sustantivos de las materias asociadas con las prioridades nacionales, integradas en los documentos de planeación de mediano plazo, en las que México puede obtener beneficios con la aprobación de tratados internacionales, especificando cuál sería la contribución de éstos en la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales, a fin de asegurar que el Estado mexicano maximice sus recursos y aproveche la ventajas de participar con la comunidad internacional. Que la SRE elabore y socialice, entre las dependencias de la APF, un lineamiento específico, así como un formato único, en el que se establezcan las características y requisitos mínimos que debe contener el “Resumen Ejecutivo” que sustente la importancia de la suscripción de tratados internacionales. Que las dependencias de la APF documenten, de forma explícita y detallada, las causas de la anexión de reservas y de declaraciones interpretativas a los tratados aprobados, especificando las razones de su emisión, a fin de garantizar que su observancia contribuya a maximizar la obtención de beneficios para el país. ARMONIZACIÓN: Que la SRE, en conjunto con las demás dependencias de la APF, realice un diagnóstico de las normas jurídicas y administrativas que regulan su operación, con el fin de determinar el universo de aquellas relacionadas con la implementación de los tratados internacionales a su cargo. Con base en el diagnóstico de necesidades de la armonización de las normas administrativas, que cada una de las dependencias de la APF elabore un programa de trabajo en el establezca objetivos y metas para asegurar una homologación oportuna de


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dichas normas con los tratados internacionales a su cargo, a fin de generar las condiciones que faciliten la atención de los compromisos pactados en éstos. CUMPLIMIENTO: Que cada una de las dependencias de la APF elabore un diagnóstico en el que se identifiquen las razones que limitan o impiden la implementación de los compromisos de los tratados internacionales que están a su cargo, a fin de que establezcan estrategias y controles que permitan subsanar dichas situaciones. Que cada una de las dependencias de la APF expliciten en sus normas internas las unidades responsables de instrumentar los compromisos de los tratados internacionales, así como a las encargadas de realizar el registro de las actividades para tal efecto y los resultados de éstas, a fin de determinar la vinculación del cumplimento de los compromisos de los tratados internacionales con las actividades sustantivas de los actores que intervienen en la política. SEGUIMIENTO: Que la SRE, como responsable de la conducción de la política de tratados internacionales, promueva los cambios normativos y operativos necesarios para precisar su ámbito de competencia en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales. Que la SRE, en coordinación con las otras 18 dependencias de la APF, diseñe e instrumente un sistema de seguimiento de los tratados internacionales, a fin de que se cuente con un sistema controlado y efectivo para vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales, y detectar de forma oportuna los riesgos de incumplimientos que obstaculicen la obtención de beneficios, además de identificar los instrumentos que requieren de actualización. ACTUALIZACIÓN: Que la SRE, en coordinación con las 18 dependencias de la APF, realice un diagnóstico de las necesidades de actualización de los tratados internacionales vigentes que permita determinar la conveniencia y viabilidad de adecuar o dar por terminada la participación del Estado mexicano en los instrumentos de los que es parte, de acuerdo con los intereses actuales del país. COORDINACIÓN: Que la SRE, en colaboración con las otras secretarías de la APF y la PGR, genere mecanismos que aseguren una cooperación vinculante, permanente y oportuna entre las autoridades responsables de la ejecución y seguimiento de los tratados internacionales.


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Que la SRE y la AMEXCID, en colaboración con las otras dependencias de la APF, analicen la viabilidad de que el Consejo Consultivo de la agencia se institucionalice como mecanismo de coordinación para la política de tratados internacionales, ya que éstos forman parte de los instrumentos de cooperación internacional, por lo que su aprobación e instrumentación es consecuente con los objetivos de la agencia, además de aprovechar que las dependencias responsables de la ejecución de los tratados son integrantes del Consejo de ésta. Secretaría de Relaciones Exteriores. Cumplimiento de Tratados Internacionales. Auditoría

de Desempeño. 32-GB. Auditoría Identificada por la ASF como área clave con riesgo.

Objetivo: Fiscalizar la consecución de objetivos y metas de la SRE sobre el seguimiento del

cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los tratados

internacionales.


Tratados suscritos por México. Para 2017, el Estado Mexicano había suscrito 1 mil 420

tratados internacionales; de los cuales 797 (56.1%) son de activación, 376 (26.5%)

continuos, 92 (6.5%) históricos y 155 (10.9%) puntuales. De ellos, 778 (54.8%) son

bilaterales y 642 (45.2%) multilaterales. De los tratados bilaterales, 728 (93.6%) se firmaron

con 113 Estados y 50 (6.4%) con 37 Organismos Internacionales Gubernamentales (OIG).

Los resultados de la fiscalización mostraron que el proceso de aprobación cumplió con lo

establecido en los diferentes instrumentos normativos; se identificó que se aprobaron 28

tratados internacionales en 2017, de los cuales, 5 (17.9%) entraron en vigor hasta diciembre

de 2017, el 53.6% (15) entraron en vigor hasta septiembre de 2018 y 28.6% (8) no habían

entrado en vigor.

Vigilancia de la armonización de los Tratados. Sólo en el 11.5% (164) de los 1 mil 420

tratados internacionales vigentes a 2017, la SRE llevó a cabo el análisis para identificar la

necesidad de armonizarlos. Respecto del 88.5% (1,256) restante, si bien no fue posible

identificar el análisis de la SRE sobre la armonización de los tratados internacionales con la

legislación nacional, la ASF constató que, al suscribir un tratado, se analizan las

disposiciones del mismo y su compatibilidad o posible contradicción con la legislación

mexicana.

Cumplimiento de tratados. De los 1 mil 420 tratados internacionales la SRE fungió como

entidad ejecutora, coordinadora o coadyuvante en el 24.6% (349). La Cancillería informó


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que fue la dependencia responsable de darle cumplimiento a un total de 199 tratados (el

57% de los 349 en los que tuvo alguna participación), de los cuales el 73.9% (147) fueron de

activación y de cumplimiento continuo, y el 26.1% (52) puntuales e históricos, en los que no

se establece la necesidad de realizar actividades continuas o periódicas; éstos no fueron

considerados para análisis.

Tratados de activación. De los 147 tratados internacionales en los que se verificó

cumplimiento, el 82.3% (121) correspondió a la categoría de activación, de los cuales, el

47.9% (58) no fue activado, el 25.6% (31) no requirió de ninguna acción adicional por parte

de México desde el inicio de su vigencia, el 20.7% (25) registró acciones específicas y el 5.8%

(7) no registró acciones.

Tratados de cumplimiento continuo. El 17.7% (26) corresponde a tratados de cumplimiento

continuo, del cual, en el 65.4% (17) se llevaron a cabo acciones específicas, mientras que en

el 34.6% (9) no se registraron acciones. En relación con los 150 (43.0%) tratados en los que

la Cancillería tuvo alguna participación como autoridad coordinadora o coadyuvante, se

desconoció su participación en las acciones de cumplimiento que llevó a cabo.

Seguimiento de los tratados. Del total de tratados vigentes en 2017 de activación y

cumplimiento continuo, el 77.6% (910) de los tratados fueron reconocidos por las áreas de

la SRE para implementar acciones de seguimiento, de los cuales, el 64.6% (588) son de

activación y el 35.4% (322) de cumplimiento continuo; en tanto que en el 22.4% (263) se

desconoció la asignación respectiva por parte de la Cancillería.

Asimismo, con información de las 18 secretarías de la APF y de la PGR, se constató que no

corresponde con el registro de la SRE, por lo que se constató que la dependencia ejecutora

no cuenta con un mecanismo de coordinación para el seguimiento de los compromisos

adquiridos por el Estado mexicano.

Debilidades en los mecanismos de la SRE. Lo que se comprobó respecto a los procesos de

aprobación, seguimiento y cumplimiento de los tratados internacionales, donde fungió

como dependencia ejecutora, lo que no permitió fundamentar su postura respecto de la

suscripción de un determinado tratado, contar con el registro sobre las acciones que llevó

a cabo para darle cumplimiento a los tratados internacionales, así como implementar una

herramienta para las dependencias y entidades de la APF para el seguimiento de los

referidos instrumentos internacionales y, como componente transversal, no llevó a cabo la

coordinación con los Poderes Ejecutivo y Legislativo; por lo que no fue posible conocer de


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qué manera y en qué medida, la suscripción de tratados internacionales contribuyó al

cumplimiento de los objetivos relacionados con las prioridades nacionales.

Número de Observaciones: 7, Número de Acciones: 10 (RD).

7. Análisis de la Fiscalización en el Sector Procuraduría General de Justicia.


Procuraduría General de la República. Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal.

Auditoría de Desempeño. No. 116-GB.

Objetivo: Fiscalizar que la investigación y persecución de los delitos del orden federal en el

sistema de justicia penal acusatorio, y la atención del rezago de averiguaciones previas del

sistema inquisitorio contribuyeron a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.


Ineficacia en la investigación y persecución de los delitos. De las 1 mil 408 averiguaciones

previas consignadas de delitos del orden federal, el 62% (873) fueron devueltas por el juez,

debido a deficiencias en la investigación y persecución del delito; asimismo, la PGR no

estableció indicadores ni metas que permitieran definir un parámetro de lo que pretendía

lograr respecto de su contribución en la procuración de justicia eficaz y eficiente.

Bajo impacto de las acciones para el abatimiento del rezago. De seguir con la tendencia,

para el 2027, la PGR aún tendrá el 16.3% (16 mil 253) de las 99 mil 463 averiguaciones

previas en trámite relacionadas con delitos del orden federal registradas en 2017, derivadas

del Sistema de Justicia Penal Inquisitivo (SJPI).

Ineficiencia en la evaluación del desempeño del MPF. La PGR no acreditó parámetros para

medir el desempeño eficiente del MPF en la conducción y coordinación de la investigación

para esclarecer los hechos delictivos en materia de delitos del orden federal, derivado del

Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).

Carpetas de investigación. La PGR inició 89 mil 074 carpetas de investigación por delitos del

orden federal, lo que significó el 29.8% más que la meta programada de iniciar 68 mil 603;

además, la PGR no acreditó las denuncias recibidas por las áreas con atribuciones para

atender delitos del orden federal, en el marco del SJPA, por lo que desconoció el impacto


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que tiene el inicio de dichas carpetas en la procuración de justicia, en el marco del Sistema

de Justicia Penal Acusatorio.

La entidad fiscalizada terminó por ejercicio de la acción penal mediante su judicialización

14 mil 353 carpetas de investigación, ya que el MP comprobó el cuerpo del delito y la

probable responsabilidad del inculpado, y solicitó la vinculación a proceso ante la autoridad

competente, y 80 mil 379 fueron terminadas por el no ejercicio de la acción penal y por

otros tipos de conclusión, lo que significó el 65.2% de las 123 mil 302 carpetas en trámite,

porcentaje superior en 10.9 puntos porcentuales a su meta del 54.3%.

Número de Observaciones: 5 (1 solventada), Número de Acciones: 6 (RD).

Procuraduría General de la República. Investigar y Perseguir los Delitos Federales de

Carácter Especial. Auditoría de Desempeño. No. 118-GB.

Objetivo: Fiscalizar que la investigación y persecución de los delitos de carácter especial en

el sistema de justicia penal acusatorio y, la atención del rezago de averiguaciones previas

del sistema inquisitorio contribuyó a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.


Ineficiencia en las acciones para abatir el rezago. En la operación del SJPI, en 2017, la PGR

despachó 1,387 averiguaciones previas, 330 (23.8%) correspondieron al ejercicio de la

acción penal, ya que la PGR comprobó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del

inculpado; 366 (26.4%) correspondieron al no ejercicio de la acción penal, ya que, después

de llevar a cabo las investigaciones, el Ministerio Público determinó que no procedía la

consignación, y 691 (49.8%) por otro tipo de despachos tales como: por incompetencia

interna y externa, por medio de reserva o por acumulación. Por lo anterior se estima que,

de seguir la tendencia, para el 2027, aún tendrá el 28.3% (2 mil 564) de las 9 mil 056

averiguaciones previas en trámite relacionadas con delitos federales de carácter especial

registradas en 2017, derivadas del SJPI.

Ineficiencia en la evaluación del desempeño del Ministerio Público. La PGR careció de

parámetros para medir el desempeño eficiente del Ministerio Público en la conducción y

coordinación de la investigación para esclarecer los hechos delictivos en materia de delitos

federales de carácter especial, derivado del SJPA.


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Ineficiencia en el inicio de las carpetas de investigación en el marco del SJPA. La PGR avanzó

en la integración de las carpetas, ya que inició 2 mil 305 carpetas de investigación en materia

de delitos federales de carácter especial, lo que significó 5.8% más que la meta programada

de iniciar 2 mil 179; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó el universo de las

denuncias o querellas recibidas y atendidas, por lo que desconoció el impacto que tiene el

inicio de dichas carpetas en la procuración de justicia eficaz y eficiente.

Número de Observaciones: 8 (1 solventada), Número de Acciones: 11 (RD)

8. Análisis de la Fiscalización en el Sector Defensa Nacional.


Defensa Nacional. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Gestión Financiera. Auditoría al Cumplimiento Financiero. No. 110-GB. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados a cubrir el servicio médico integral de los miembros de las fuerzas armadas mexicanas, para verificar que los procesos de presupuestación, financiamiento, ejercicio, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa. Hallazgos relevantes: Falta de comprobación de los recursos transferidos. El importe transferido por el ISSFAM a la SEDENA en 2017, por concepto del servicio médico integral subrogado, fue por 2 mil 467.1 millones de pesos y a la SEMAR por 771,918.2 miles de pesos. Se verificó que una vez el ISSFAM que entrega los recursos a la SEDENA y la SEMAR, no se realizan gestiones para verificar que los recursos se erogaron en el servicio médico integral subrogado, toda vez que se ampara en el convenio que lo libera de esa obligación al establecer que los recursos que transfiere no están sujetos a comprobación.

Omisión en la el registro de bienes. Se determinó que no registra ante el Gobierno Federal los bienes muebles adquiridos con los recursos del servicio médico integral subrogado, toda vez que, a juicio del ISSFAM, los responsables de realizar el alta de los bienes que son adquiridos con los recursos que transfiere para la prestación del servicio médico integral son la SEDENA y la SEMAR, debido que subroga el servicio con estas dependencias conforme al artículo 154 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Omisiones en el control interno. El OIC en el ISSFAM no efectúa revisiones a las erogaciones que realiza la SEDENA y la SEMAR con los recursos del servicio médico integral, toda vez


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que considera que no tiene facultades ni atribuciones para realizar auditorías al ejercicio del gasto que efectúan esas dependencias, además de que de acuerdo con los convenios que suscribieron las dependencias mencionadas, no tienen la obligación de remitir ningún tipo de documento o facturas para comprobar el gasto realizado por el servicio prestado. Incumplimiento de la legislación aplicable. Del análisis de los convenios que suscribieron la SEDENA y la SEMAR, con el ISSFAM, para subrogar el servicio médico integral, se concluye que no especifican la forma de realizar la gestión financiera de los recursos transferidos a las secretarías, para otorgar el servicio médico integral subrogado, y los exentan de ser sujetos lo que limita el cumplimiento de la legislación presupuestal y contable establecida para el Gobierno Federal, lo que propicia lo siguiente: Los recursos transferidos no son supervisados por los OIC de esas tres dependencias; las operaciones no se revelan en la Cuenta Pública, debido a que no se establecen en los convenios la naturaleza de los recursos que reciben las dos dependencias ni los mecanismos para que se reporten dichas operaciones en la Cuenta Pública; ello implica que estas dependencias no presenten información en los informes trimestrales y anuales que está obligado a presentar el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión; las secretarías pueden disponer de los recursos sin que necesariamente cumplan con la anualidad del ejercicio; y los bienes adquiridos no forman parte del patrimonio del Gobierno Federal, al no encontrarse dados de alta como activo. Además, los registros contables de estas operaciones se realizan en programas informáticos, independientes del sistema de contabilidad gubernamental, por lo que, para el control de los recursos, generaron reportes de flujo de efectivo de forma paralela a la contabilidad presupuestaria en hoja de cálculo. Ineficiencias en los convenios. Del análisis a las cláusulas de los convenios que suscribió el ISSFAM con la SEDENA y con la SEMAR para la prestación del servicio médico integral subrogado, se comprobó que estos no son homogéneos y otorgan distintas facultades para el uso de los recursos, ya que no se indica que los recursos deben administrarse en una cuenta productiva, no se establecen los criterios para el manejo de los rendimientos generados por la inversión de los recursos recibidos y no se especifica qué tipo de bienes o servicios se pueden adquirir con los recursos provenientes del ISSFAM. El ISSFAM no realiza gestiones para verificar que los recursos se erogaron en el servicio médico integral subrogado; no se registran ante el Gobierno Federal los bienes muebles adquiridos con los recursos del servicio médico integral subrogado; las actividades de vigilancia se limitan a revisiones de reportes de atención médica y de indicadores de cumplimiento del servicio médico integral que envían la SEDENA y la SEMAR. Número de Observaciones: 3, solventadas en su totalidad.


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9. Análisis de la Fiscalización en Órganos Autónomos.


Órganos Autónomos. Comisión Reguladora de Energía. Temporada Abierta 1.1. Auditoría al Cumplimiento Financiero. No. 137-GB Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera en el proceso de subasta y asignación de capacidad de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos asociados a los Sistemas Rosarito y Guaymas, el precio de la tarifa mínima, los contratos de prestación de servicios, su registro y presentación en la Cuenta Pública. Hallazgos relevantes: Adjudicación directa. La ASF cuestionó a Pemex Logística (PLOG) el motivo por el cual contrató a una empresa especializada para realizar el procedimiento de la Temporada Abierta 1.1, e informó que se debió a que PEMEX realizó un análisis de mercado, del cual se desprende que sólo existe un posible proveedor que cumple con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos por la Subdirección de Gestión de Estrategia y Soporte al Modelo de Negocio, por lo que el proveedor identificado fue el contratado finalmente. Se confirmó que el contrato número 4400140481 “Contrato de prestación de servicios a precio fijo”, cuyo objeto fue la prestación del servicio consistente en los “Servicios Profesionales de Asesoría Especializados en Subastas para el Desarrollo e Implementación de Estrategias de Procura, Abastecimiento y Construcción de Bienes y Servicios para Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias” fue un procedimiento de adjudicación directa de carácter nacional, justificando que el procedimiento de contratación tiene las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por lo cual el dictamen del modelo de contratación resultó favorable para la empresa especializada. Contratos sin firma. Se encontró que en la base de datos de los contratos suscritos con motivo de la Temporada Abierta 1.1, la entidad incluyó nueve contratos de servicios de almacenamiento bajo la modalidad de uso común suscritos con Pemex Transformación Industrial (PTRI). Sin embargo, los contratos no estaban firmados. Beneficios para Pemex. Como resultado de la Temporada Abierta 1.1, en términos generales, PLOG incrementó las tarifas, lo cual resultó en su beneficio. Así, en el sistema de Rosarito, las tarifas del servicio de almacenamiento de hidrocarburos se incrementaron en promedio 71%, para la reserva de almacenamiento, y 18.4%, para la reserva de uso común; sin embargo, para el servicio de recepción-entrega disminuyeron en -4.3%. En el Sistema de Guaymas, el incremento fue menor en promedio en el servicio de reserva de almacenamiento con 28% y en las tarifas del servicio de recepción-entrega y uso común, las disminuyeron en -6.7% y -4.3%, respectivamente.


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Deficiencias en la identificación. PLOG proporcionó la base de datos de terminales de almacenamiento y despacho de las terminales Guaymas y Rosarito; sin embargo, no identificó los costos ni gastos correspondientes a la temporada. En consecuencia, PLOG carece de un sistema de costos para identificar y separar los registros de la Temporada Abierta 1.1. Litigio entre la CRE y PLOG. Se dictaminó que la CRE consideró que existen suficientes elementos para presumir que PLOG infringió el artículo 86, fracción II, inciso i, de la Ley de Hidrocarburos, ya que debió publicar en su boletín electrónico el registro de las versiones públicas de los contratos para la prestación de los servicios de transporte y almacenamiento vigentes, además de que omitió presentar un informe sobre las condiciones especiales negociadas en los contratos de servicio transporte de petrolíferos por ducto. En consecuencia, PLOG interpuso un recurso de amparo indirecto el 31 de julio de 2018, con el que se formó el expediente núm. 921/2018, resolviendo el 29 de octubre de 2018, con sentencia favorable a PLOG a fin de que la CRE dicte una nueva resolución en la que deje infundado el acto reclamado y, en el mismo acto, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia. De lo anterior, la ASF concluye la necesidad de que PLOG proporcione los procedimientos que se emitirán y distribuirán entre las áreas correspondientes, que aseguren el cumplimiento de los requerimientos de la CRE en los plazos señalados, para evitar los incumplimientos y las sanciones económicas que emita la Comisión, por lo que esta observación no se solventó. Número de Observaciones: 4, Número de Acciones: 4 (R). Órganos Autónomos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Promoción, Divulgación y Evaluación de la Política de Igualdad de Género. Auditoría de Desempeño No. 126-GB. Objetivo: Fiscalizar la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Hallazgos relevantes: Deficiencias en el marco normativo. Sin que en la LGIMH, ni la Ley del órgano autónomo, como ordenamiento supletorio, precisaran atribuciones, ni procedimientos que deben ejecutarse, en 2017, la CNDH realizó labores para llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH).


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Carencia de instrumentos metodológicos en la CNDH. El órgano autónomo no contó con mecanismos que le permitieran generar información sobre la adopción de los temas monitoreados en los 32 Estados de la República y la Federación, así como de los efectos de sus sugerencias, ni acreditó contar con criterios para justificar la selección de los temas revisados por año, y la suficiencia de éstos para cumplir con la atribución de monitorear la PNMIMH, a fin de producir información sobre la situación que guarda la igualdad de las mujeres y los hombres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en la materia. Además, en 2017, la observancia de la PNMIMH fue deficiente porque se realizó sin contar con una conceptualización y procedimientos específicos para ejecutar las atribuciones de monitoreo, seguimiento y evaluación, así como sin diagnósticos o criterios metodológicos que permitieran determinar si el alcance de las labores referidas era suficiente para observar los ámbitos económico, político, social, civil y cultural de los objetivos de la política de igualdad; además, la CNDH no acreditó contar con los criterios para asegurar que los resultados de su actividades de observancia se vincularan con el Atlas de Igualdad y de Derechos Humanos, lo cual, a 12 años de la publicación de la LGIMH, limita la capacidad de la entidad fiscalizada para informar sobre el estado que guarda la situación de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, así como sobre el efecto de las políticas públicas aplicadas en la materia, y, con ello, su contribución a alcanzar la igualdad sustantiva. Sugerencia a la Cámara de Diputados. La ASF sugiere que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género, analice la pertinencia de adicionar la definición de las actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación que son parte de la observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la emisión de su reglamento, a fin de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga referentes que le permitan cumplir con sus atribuciones en la materia, para informar sobre la situación del estado que guarda la igualdad entre mujeres y hombres y, con ello, contribuir en el logro de la igualdad sustantiva Número de observaciones: 5, Número de acciones: 16 (15 recomendaciones al desempeño y 1 sugerencia a la Cámara de Diputados).

10. Evaluación de los resultados de la Fiscalización Superior en Funciones de Gobierno.

10.1. Cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la ASF.

Una vez concluido el análisis técnico y normativo por parte de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), a los informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, en apoyo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y en atención a los artículos 103 y 104 fracción X y XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), se determina que los informes emitidos para las 130


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auditorías practicadas por la ASF a los sectores vinculados con funciones de Gobierno (68 del Sector Hacendario y 62 de Otras Funciones de Gobierno), atendieron las disposiciones generales establecidas en el marco legal y normativo aplicable. Los informes individuales de las auditorías practicadas a los entes vinculados con Otras Funciones de Gobierno incluyen: estructura normativa, el presupuesto asignado, criterios de selección; objetivo, tipo de auditoría, alcance, universo seleccionado y muestra auditada. En cumplimiento de su responsabilidad, la ASF dio cuenta a la Cámara de Diputados sobre las observaciones, recomendaciones y/o acciones promovidas y, en su caso, la imposición de las multas respectivas, y demás derivadas de los resultados de las auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Los resultados de este ejercicio de análisis del Informe que entregó la ASF a la Cámara de Diputados en febrero de 2019, permitirán enriquecer los criterios de selección de una muestra de auditorías en el ámbito de Otras Funciones de Gobierno que son evaluadas en este documento por la UEC. Concretamente, se verificó que los informes individuales de auditorías practicadas a Otras Funciones de Gobierno incorporaran el contenido mínimo estipulado en el artículo 36 de la LFRCF, a saber:

Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;

Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo;

El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas;

Los resultados de la fiscalización efectuada; V. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos, y

Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.


51


10.2. Enfoque de la Fiscalización practicada por la ASF.

Este apartado está orientado a analizar desde una perspectiva cualitativa el enfoque aplicado por la ASF a las 62 revisiones practicadas a 27 entes distribuidos en 10 sectores fiscalizados: Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobernación, Defensa Nacional, Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Función Pública, Marina y Órganos Autónomos.

Poder Legislativo.

A este sector se le practicaron 2 auditorías, ambas de regularidad (cumplimiento financiero), una a cada Cámara del H. Congreso de la Unión. En ambos casos la revisión consistió sobre la gestión financiera.

La totalidad de las revisiones realizadas a este Sector fueron detectadas como áreas clave de riesgo.

En la Cámara de Diputados destaca la detección de irregularidades en la adjudicación directa y a título gratuito de los espacios denominados “Los Cristales”, “La Terraza” y “La Cafetería”; Opacidad en las subvenciones, así como en los apoyos para la atención ciudadana y para el transporte; así como la inexistencia de evidencia documental de las actividades que desempeñaron 4 mil 829 personas contratadas durante el ejercicio 2017 bajo el régimen de honorarios.

Lo anterior dio un total de 33 observaciones y 49 acciones promovidas a este Sector, destacando la promoción de 13 PRAS y 7 PO.

Queda como tema pendiente la realización de auditorías sobre temas relevantes, que no se constriñan a la regularidad, sino al desempeño de aspectos sustantivos encomendados al Poder Legislativo, como lo son el cumplimiento en la emisión de leyes, conforme a lo establecido en las reformas constitucionales, armonización de las leyes en el proceso de reforma, la transparencia e igualdad en la designación de servidores públicos.

Poder Judicial.

A este sector se le practicaron 6 auditorías, el 83.3% de regularidad (2 de cumplimiento financiero y 3 de inversiones físicas) y una de desempeño. 4 de las 6 revisiones se realizaron al CJF (incluyendo la de desempeño) y las 2 restantes a la SCJN.

El enfoque en este Sector es equilibrado, a nuestro criterio, ya que por una parte analiza la relevante operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (que se


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vincula estrechamente con la revisión en el mismo sentido a la PGR), a la vez que revisa abundantemente las inversiones físicas realizadas por el CJF, así como la gestión financiera de la SCJN.

Lo anterior dio un total de 25 observaciones y 26 acciones promovidas a este Sector.

Es importante destacar que no se fiscalizó al TEPJF, ente relevante para este sector, ya que en el ciclo que va del 16 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2017, el TEPJF recibió 9 mil 375 asuntos, mientras que en el periodo cubierto por el informe anterior se recibieron 10 mil 956. A pesar de que durante el periodo se desarrollaron únicamente 4 procesos electorales (frente a los 222 del año previo), las cifras muestran un crecimiento relativo en 470%2

Sector Gobernación.

Este Sector fue el más fiscalizado ya que a 7 entes se le practicaron 20 auditorías, 50% de desempeño y las restantes 10 de regularidad (8 de cumplimiento financiero, 1 de inversiones físicas y 1 forense).

Salvo el SPF y el INM, todos los entes de este Sector fueron revisados en cuanto a su desempeño y todos en cuanto a su regularidad, con excepción del CONAPRED y el SESNSP.

5 de las 13 auditorías señaladas con área clave de riesgo pertenecen a este Sector.

El enfoque de la fiscalización realizada por la ASF a este Sector, en nuestra consideración, permite a las y los Diputados del H. Congreso de la Unión y al público en general tener un panorama detallado respecto al comportamiento de los diversos entes del mismo, principalmente en materia de seguridad pública, que resulta de suma importancia en la actualidad.

Resulta relevante la auditoría 25-GB, en la cual se promovieron más PRAS al SPF que a cualquier otro ente de este Sector. En esta revisión, los 9 PRAS se suman a 2 PO, así como recuperaciones determinadas por 113.2 millones de pesos; a pesar de esos resultados relevantes, el alcance de la auditoría fue de tan sólo el 22.07%, mientras que la media del Sector fue de 76.06%.

El 71.45% de los 10 mil 450 millones de pesos establecidos como recuperaciones determinadas del Sector Gobernación, provienen de la auditoría 15-GB “Subsidios y apoyos para desastres naturales”, realizada a la SEGOB, específicamente al “Fideicomiso 2003 FONDEN”. Cabe mencionar que todas las recuperaciones determinadas en esta auditoría fueron operadas (7 mil 567.4 millones de pesos).

2 Ver Informe de Labores 2016-2017. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. pág. 20.


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El 17 de septiembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Titular de la ASF, mediante el cual se incorporó al Programa Anual de Auditorías la revisión de tipo forense con número 1697-GB, “Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal, al Amparo del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017”; la única de este tipo en el Grupo Funcional, en la que se promovieron 7 PRAS, 3 PO y se establecieron recuperaciones determinadas por 2 mil 826 millones de pesos, de las cuales todas son probables.


Sector Defensa Nacional.

A este sector se le practicaron 4 auditorías, todas de regularidad (2 de cumplimiento financiero y 2 Inversiones Físicas), el 75% al ISSFAM y una a la SEDENA.

La totalidad de las revisiones realizadas al ISSFAM resultaron limpias, es decir, no se realizaron observaciones y, consecuentemente, no se promovieron acciones ni se determinaron recuperaciones. En contraste, la única auditoría practicada a la SEDENA, relativa a la contratación de bienes y servicios, ocasionó la promoción del 13 acciones, entre las que destacan 6 PRAS y 4 PO, además de recuperaciones determinadas por 3.6 millones de pesos.


Queda como tema pendiente la realización de auditorías sobre temas relevantes, relativos al desempeño de la SEDENA en su función sustantiva, como lo es la seguridad nacional o la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.

Sector Presidencia de la República.

A este sector se le practicó una auditoría de desempeño, que fue horizontal con la realizada a la SFP, ambas relativas a la estrategia digital nacional, que fue uno de los programas emblemáticos de la Administración Federal en 2017.

En la auditoría practicada a la SFP, la ASF no emitió observaciones ni recomendaciones al desempeño. En el caso de la Presidencia de la República, se promovieron 13 recomendaciones al desempeño, principalmente vinculadas con la coordinación de los diversos entes de la APF en la materia, las TIC y seguridad de la información, el seguimiento y evaluación de la Estrategia Digital y el control interno.



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Sector Relaciones Exteriores.

A este sector se le practicaron 2 auditorías, 1 de desempeño y 1 de regularidad (cumplimiento financiero), así como una importante evaluación de la política de tratados internacionales.

En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, la ASF se enfocó a analizar el fondo de una de las funciones sustantivas del Sector: Los tratados internacionales. Consideramos que la fiscalización del mismo arroja resultados relevantes sobre el cumplimiento y la política pública de los tratados internacionales.


Sector Procuraduría General de la República.

A este sector se le practicaron 5 auditorías, equivalente al 8% del Grupo Funcional Gobierno; de ellas, 1 fue de regularidad (cumplimiento financiero) y 4 de desempeño.

En la auditoría 115-GB, “Erogaciones por servicios”, presentada en la primera entrega, se promovieron 6 PRAS y 2 PO, además de determinarse recuperaciones por 31.9 millones de pesos. A pesar de la relevancia de los hallazgos detectados por la ASF, la muestra fue de tan sólo el 12.99%, que es la muestra más baja en las auditorías practicadas a los entes de los 10 Sectores analizados en este cuaderno, de tal forma que sólo se revisaron 533 millones de los 4 mil 103.7 millones del universo seleccionado.

En cuanto a las auditorías de desempeño, se enfocaron al análisis de una función sustantiva del Sector: la investigación y persecución de los delitos. Esta fiscalización se realizó en cuatro vertientes: Una general de la función sustantiva, una relativa a la operación del Sistema Penal Acusatorio (misma que se vincula con la realizada al Poder Judicial), otra sobre los delitos de carácter especial y una cuarta específica para la delincuencia organizada.

Este enfoque de la fiscalización es robusta en materia de desempeño, arrojando datos importantes sobre el cumplimiento de funciones sustantivas, aunque no así en materia de regularidad.

El Sector obtuvo un total de 32 observaciones y 58 acciones promovidas.


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Sector Función Pública.

A este sector se le practicaron 2 auditorías, 1 de regularidad (cumplimiento financiero) y 1 de desempeño.

La auditoría 121-GB “Resultados de las Auditorías Externas y de los Órganos Internos de Control en las Entidades del Sector Paraestatal Federal”, presentada en la segunda entrega, fue determinada por la ASF como área clave de riesgo, a pesar de lo cual no se determinaron observaciones ni se promovieron acciones. En la misma revisión, a pesar de ser de cumplimiento financiero no se seleccionó un universo ni una muestra en dinero.

Lo anterior dio un total de 0 observaciones y 0 acciones promovidas en las 2 revisiones realizadas a este Sector.

Sector Marina.

A este sector se le practicaron 4 auditorías, todas de regularidad (1 de cumplimiento financiero y 3 de inversiones físicas).

El promedio de la muestra auditada en este Sector (28.22%) es la segunda más baja, después del Sector Procuraduría General de la República, a pesar de que todas las auditorías realizadas fueron de regularidad.

En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, fue la última ocasión en que se realizó una auditoría de desempeño a este Sector3, por lo que la ASF no ha proporcionado información a la Cámara de Diputados, relativa al desempeño de la SEMAR en las últimas 4 Cuentas Públicas.4


Órganos Autónomos.

A este sector se le practicaron 15 auditorías, 6 de desempeño y 9 de regularidad (todas de cumplimiento financiero), repartidas en 9 entes.

Cuatro de las trece revisiones determinadas por la ASF como áreas clave de riesgo se encuentran en este Sector (IFT, con 1, INEE 2 y TA con 1).

3 Auditoría 105-GB, “Ecosistemas Marinos y Costeros”. 4 En la cuenta Pública 2014, se realizaron las auditorías 104-GB (inversiones físicas) y 105-GB (financiera y

de cumplimiento); en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se realizaron las auditorías 113-GB y 114-GB

(ambas de Inversiones Físicas); mientras que para la Cuenta Pública 2016, se realizaron las revisiones 104-GB

(Financiera y de cumplimiento) y 1814-GB (Inversiones físicas).


56


A 4 de los 9 entes se les practicó una auditoría de cumplimiento financiero relativo a la gestión financiera del Órgano Autónomo: CNDH, INEGI, INAI y TA. En cuanto a los resultados, los dos primeros tuvieron una auditoría limpia, ya que no se promovieron observaciones ni acciones, a pesar de la importancia de las muestras auditadas (1 mil 347.4 y 3 mil 010.3 millones de pesos, respectivamente). En contraste, al INAI se le promovieron 4 PRAS y 1 PO, determinándose 1.9 millones de pesos como recuperaciones determinadas. Los TA recibieron 9 PRAS y 4 PO, con 4.9 millones de pesos de recuperaciones determinadas.

Al sector se le determinaron un total de 75 observaciones y se le promovieron 118 acciones.

10.3. Temas sugeridos para el trabajo legislativo en materia de fiscalización y rendición

de cuentas.

Establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un capítulo dentro del Título Tercero que regule a los Órganos Constitucionales Autónomos.

Considerando que la fiscalización superior es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, establecer en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que ésta, a través de un representante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, participe en la presidencia del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, a efecto de que la misma sea tripartita.

Abreviaturas.

ANR: Atlas Nacional de Riesgo. APF: Administración Pública Federal. ASF: Auditoría Superior de la Federación. BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. BANXICO: Banco de México. CJF: Consejo de la Judicatura Federal. CJPF: Centros de Justicia Penal Federal. CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil. COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría

de Gobernación. COFECE: Comisión Federal de Competencia Económica CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. CRE: Comisión Reguladora de Energía. FONDEN: Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.


57


IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones. INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales. INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INM: Instituto Nacional de Migración. ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. LGIMH: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. MPF: Ministerio Público Federal. OADPyRS: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. OIC: Órgano Interno de Control. OIG: Organismos Internacionales Gubernamentales. PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. PF: Policía Federal. PGR: Procuraduría General de la República. PLOG Pemex Logística. PND: Plan Nacional de Desarrollo. PNMIMH: Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. PO: Pliego de Observación. PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. PTRI Pemex Transformación Industrial. SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEGOB: Secretaría de Gobernación. SEMAR: Secretaría de Marina. SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. SEP: Secretaría de Educación Pública. SFP: Secretaría de la Función Pública. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil. SISE: Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la

Judicatura Federal. SJPA: Sistema de Justicia Penal Acusatorio. SJPI Sistema de Justicia Penal Inquisitivo. SPF: Servicio de Protección Federal. SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores. TA: Tribunales Agrarios. TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.

Anexo. Matriz de datos básicos Grupo Funcional Gobierno


58


Total de Operadas

Subtotal R RD Subtotal PEFCF SA PRAS PO S(incluye enteradas y

justificadas)

130 8,245,217,363 4,351,322,271 52.77% 602 1,166 836 529 307 296 15 3 181 97 34 11,246,972 7,607,623 3,639,349

Defensa

Nacional

Total 4 19,185,685 11,117,668 57.95% 10 13 3 3 0 10 0 0 6 4 0 3,589 0 3,589

Total 3 9,669,291 8,106,358 83.84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108-GB Construcción

de la U.H.M.

Puebla V,

Puebla

Invers iones

Fís icas1 113,679 109,384 96.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


de la U.H.M.

San Pedro de

las Colonias ,

Coahui la

Invers iones

Fís icas1 268,397 114,272 42.58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 9,287,216 7,882,701 84.88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 9,516,393 3,011,311 31.64% 10 13 3 3 0 10 0 0 6 4 0 3,589 0 3,589

107-GB Contratación

de Bienes y

Servicios

Cumpl imiento

Financiero1 9,516,393 3,011,311 31.64% 10 13 3 3 0 10 0 0 6 4 0 3,589 0 3,589

Función Pública Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120-GB Estrategia

Digi ta l

Nacional

Desempeño 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121-GB Resultados

de las

Auditorías

Externas y de

los Órganos

Internos de

Control en las

Entidades del

Sector

Paraestatal

Federa l

Cumpl imiento

Financiero1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperaciones (miles de pesos)Acciones Promovidas

Preventivas CorrectivasSector

Probables

por

Recuperar

Entidad

Fiscalizada

Número de

Auditoría

Título de

Auditoría

Tipo de

Auditoría Aud.

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Alcance

(%)

Obser-

vaciones Total


Insti tuto de

Seguridad

Socia l para las

Fuerzas

Armadas

Mexicanas

Secretaría de

la Defensa

Nacional

Determinadas

Secretaría de

la Función

Públ ica


59


Total de Operadas


justificadas)

130 8,245,217,363 4,351,322,271 52.77% 602 1,166 836 529 307 296 15 3 181 97 34 11,246,972 7,607,623 3,639,349

Gobernación Total 20 29,937,025 22,771,043 76.06% 161 293 225 114 111 63 1 1 41 20 5 10,589,966 7,567,812 3,022,155

Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31-GB Promover la

Protección de

los Derechos

Humanos y

Prevenir la

Discriminació

n

Desempeño 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2 786,243 483,218 61.46% 22 56 43 43 0 13 1 0 8 4 0 11,660 0 11,660

20-GB Erogaciones

por Servicios

Migratorios

Cumpl imiento

Financiero1 786,243 483,218 61.46% 13 26 13 13 0 13 1 0 8 4 0 11,660 0 11,660

21-GB Servicios

Migratorios

Cumpl imiento

Financiero1 0 0 9 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 3,802,688 2,664,945 70.08% 25 27 20 6 14 7 0 0 4 3 0 15,085 0 15,085

22-GB Operativos

para la

Prevención y

Disuas ión del

Del i to

Desempeño 1 0 0 9 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23-GB Operativos

para la

Prevención y

Disuas ión del

Del i to:

Operación del

Nuevo

Sis tema de

Justicia Penal

Desempeño 1 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24-GB Pasajes y

Viáticos

Nacionales

para

Seguridad

Públ ica y

Nacional

Cumpl imiento

Financiero1 3,802,688 2,664,945 70.08% 11 13 6 6 0 7 0 0 4 3 0 15,085 0 15,085

Total 4 15,121,776 13,476,195 89.12% 27 53 46 10 36 6 0 0 6 0 1 0 0 0

16-GBAdminis tració

n del Sis tema

Federa l

Penitenciario

Desempeño 1 0 0 8 18 17 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0

17-GB Contratos de

Prestación de

Servicios a

Largo Plazo

Cumpl imiento

Financiero1 11,532,669 11,532,669 100.00% 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18-GB Prestación de

Servicios

Asociados a

la Seguridad

Públ ica y

Nacional

Cumpl imiento

Financiero1 3,589,107 1,943,526 54.15% 10 12 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0

19-GB Profes ional iz

ación del

Personal

Penitenciario

Desempeño 1 0 0 6 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Probables

por

Recuperar

Entidad

Fiscalizada

Número de

Auditoría

Título de

Auditoría

Tipo de

Auditoría Aud.

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Alcance

(%)

Obser-

vaciones Total


Pol icía Federa l

Prevención y

Readaptación

Socia l

Determinadas

Consejo

Nacional para

Prevenir la

Discriminació

n

Insti tuto

Nacional de

Migración


60


Total de Operadas


justificadas)

130 8,245,217,363 4,351,322,271 52.77% 602 1,166 836 529 307 296 15 3 181 97 34 11,246,972 7,607,623 3,639,349

Total 8 8,292,884 5,719,960 68.97% 63 114 85 32 53 26 0 1 14 11 3 10,450,028 7,567,358 2,882,670

10-GB Auditoría de

TIC

Cumpl imiento

Financiero1 876,256 219,555 25.06% 5 9 2 2 0 7 0 0 5 2 0 48,411 0 48,411

11-GB Coordinación

con las

Instancias

que Integran

el Sis tema

Nacional de

Protección

Integra l de

Niñas , Niños

y

Adolescentes

Desempeño 1 0 0 13 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12-GB Coordinación

del Sis tema

Nacional

Penitenciario

Desempeño 1 0 0 6 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13-GBCumpl imiento

de Tratados

Internacional

es en Materia

de Seguridad

Desempeño 1 0 0 5 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14-GBRevis ión a los

Proyectos de

Invers ión de

Infraestructur

a

Gubernament

al y

Programas de

Invers ión de

Adquis icione

s , en Varios

Estados

Invers iones

Fís icas1 118,274 80,704 68.23% 6 8 0 0 0 8 0 0 2 6 0 8,218 0 8,218

15-GB Subs idios y

Apoyos para

Desastres

Natura les

Cumpl imiento

Financiero1 0 0 16 26 25 25 0 1 0 1 0 0 0 7,567,358 7,567,358 0

1679-GB Atención a la

Población

Afectada por

los Sismos

Desempeño 1 0 0 7 14 11 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0

1697-GB

Autorizacione

s de Servicios

de

Comunicación

Socia l y

Publ icidad de

la

Adminis tració

n Públ ica

Federa l , a l

Amparo del

Artículo 17 del

Presupuesto

de Egresos de

la Federación

para el

Ejercicio

Fisca l 2017

Forense 1 7,298,355 5,419,702 74.26% 5 15 5 5 0 10 0 0 7 3 0 2,826,041 0 2,826,041



Probables

por

Recuperar

Entidad

Fiscalizada

Número de

Auditoría

Título de

Auditoría

Tipo de

Auditoría Aud.

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Alcance

(%)

Obser-

vaciones Total


Secretaría de

Gobernación

Determinadas


61


Total de Operadas


justificadas)

130 8,245,217,363 4,351,322,271 52.77% 602 1,166 836 529 307 296 15 3 181 97 34 11,246,972 7,607,623 3,639,349

Total 1 0 0 5 9 8 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0

30-GB Subs idios en

Materia de

Seguridad

Públ ica

Desempeño 1 0 0 5 9 8 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Total 1 1,933,434 426,725 22.07% 19 34 23 23 0 11 0 0 9 2 0 113,193 453 112,740

25-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 1,933,434 426,725 22.07% 19 34 23 23 0 11 0 0 9 2 0 113,193 453 112,740

Marina Total 4 13,195,641 3,723,678 28.22% 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2,268 2,268 0

Total 4 13,195,641 3,723,678 28.22% 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2,268 2,268 0

111-GB Adquis ición

de

Materia les ,

Suminis tros y

Servicios

Cumpl imiento

Financiero1 10,217,004 1,836,875 17.98% 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2,268 2,268 0

112-GBAmpl iación y

Equipamiento

de la Escuela

de Aviación

Naval , en el

Estado de

Baja

Ca l i fornia Sur

Invers iones

Fís icas1 351,350 185,027 52.66% 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

113-GB Centro de

Estudios

Navales en

Ciencias de la

Sa lud, en la

Ciudad de

México

Invers iones

Fís icas1 1,268,696 745,816 58.79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


de un

Hospita l

Genera l

Naval de

Segundo

Nivel , en el

Dis tri to

Federa l

Invers iones

Fís icas1 1,358,590 955,960 70.36% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Órganos

Autónomos

Total 15 11,859,065 8,140,880 68.65% 75 118 93 28 65 22 0 0 14 8 3 19,295 3,736 15,559

Total 1 0 0 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

122-GBMarco

Insti tucional

de las Tasas

de Interés y

de las

Comis iones

de la Banca

Múltiple a l

Sector Privado

Cumpl imiento

Financiero1 0 0 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0



Probables

por

Recuperar

Entidad

Fiscalizada

Número de

Auditoría

Título de

Auditoría

Tipo de

Auditoría Aud.

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Alcance

(%)

Obser-

vaciones Total


Servicio de

Protección

Federa l

Secretaría de

Marina

Banco de

México

Secretariado

Ejecutivo del

Sis tema

Nacional de

Seguridad

Públ ica

Determinadas


62


Total de Operadas


justificadas)

130 8,245,217,363 4,351,322,271 52.77% 602 1,166 836 529 307 296 15 3 181 97 34 11,246,972 7,607,623 3,639,349

Total 3 1,648,452 1,347,390 81.74% 7 18 17 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0

125-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 1,648,452 1,347,390 81.74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126-GB Promoción,

Divulgación y

Eva luación de

la Pol ítica de

Igualdad de

Género

Desempeño 1 0 0 5 16 15 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0

127-GB Protección de

los Derechos

Humanos de

las Personas

en Reclus ión

Desempeño 1 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 789,810 622,984 78.88% 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137-GB Temporada

Abierta 1.1

Cumpl imiento

Financiero1 789,810 622,984 78.88% 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 4 1,036,189 1,036,189 100.00% 8 12 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131-GB Ingresos

Obtenidos

por la

Lici tación

Públ ica para

Conces ionar

el Uso,

Aprovechamie

nto y

Explotación

Comercia l de

la Banda FM y

AM

Cumpl imiento

Financiero1 1,036,189 1,036,189 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132-GB Procesos

Sustantivos

del Insti tuto

Federa l de

Telecomunica

ciones

Cumpl imiento

Financiero1 0 0 7 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133-GB Supervis ión

de la

Preponderanc

ia en las

Telecomunica

ciones y la

Radiodi fus ió

n

Desempeño 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134-GB Supervis ión

de los

Servicios de

Telecomunica

ción

Desempeño 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Probables

por

Recuperar

Entidad

Fiscalizada

Número de

Auditoría

Título de

Auditoría

Tipo de

Auditoría Aud.

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Alcance

(%)

Obser-

vaciones Total


Comis ión

Nacional de

los Derechos

Humanos

Comis ión

Reguladora de

Energía

Insti tuto

Federa l de

Telecomunicac

iones

Determinadas


63


Total de Operadas


justificadas)

130 8,245,217,363 4,351,322,271 52.77% 602 1,166 836 529 307 296 15 3 181 97 34 11,246,972 7,607,623 3,639,349

Total 1 3,419,589 3,010,257 88.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 3,419,589 3,010,257 88.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 738,983 712,673 96.44% 8 9 4 4 0 5 0 0 4 1 0 1,864 0 1,864

135-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 738,983 712,673 96.44% 8 9 4 4 0 5 0 0 4 1 0 1,864 0 1,864

Total 1 3,303,833 709,682 21.48% 5 8 4 4 0 4 0 0 1 3 0 12,582 1,238 11,344

123-GB Adquis ición

de Bienes y

Servicios

Cumpl imiento

Financiero1 3,303,833 709,682 21.48% 5 8 4 4 0 4 0 0 1 3 0 12,582 1,238 11,344

Total 2 0 0 29 47 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129-GB Evaluaciones

de la Ca l idad

de la

Educación

Bás ica

Desempeño 1 0 0 15 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130-GB Evaluaciones

de la Ca l idad

de la

Educación

Media

Superior

Desempeño 1 0 0 14 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 922,210 701,706 76.09% 10 14 1 1 0 13 0 0 9 4 0 4,850 2,499 2,351

124-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 922,210 701,706 76.09% 10 14 1 1 0 13 0 0 9 4 0 4,850 2,499 2,351

Poder Judicial Total 6 7,211,617 3,986,237 55.28% 25 26 21 15 6 5 0 2 3 0 0 15,250 0 15,250

Total 4 2,688,953 1,153,299 42.89% 16 17 12 6 6 5 0 2 3 0 0 15,250 0 15,250

5-GB Auditoría de

TIC

Cumpl imiento

Financiero1 2,047,058 546,383 26.69% 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6-GB Construcción

de Centros de

Justicia Penal

Federa l en

Zacatecas ,

Zacatecas ;

Oaxaca,

Oaxaca;

Vi l lahermosa,

Tabasco;

Mérida,

Yucatán;

Celaya,

Guanajuato;

San Luis

Potos í, San

Luis Potos í; y

Tapachula ,

Chiapas

Invers iones

Fís icas1 250,306 215,327 86.03% 2 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 15,250 0 15,250

7-GBConstrucción

del Centro de

Justicia Penal

Federa l

Defini tivo y

Edi ficio Sede

del Poder

Judicia l de la

Federación

en Torreón,

Coahui la ;

Centro de

Justicia Penal

Federa l en

Mexica l i , Ba ja

Ca l i fornia y

Edi ficio Sede

en Durango,

Durango

Invers iones

Fís icas1 391,589 391,589 100.00% 4 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0

8-GB Otras

Actividades :

Operación del

Nuevo

Sis tema de

Justicia Penal

Desempeño 1 0 0 6 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Probables

por

Recuperar

Entidad

Fiscalizada

Número de

Auditoría

Título de

Auditoría

Tipo de

Auditoría Aud.

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Alcance

(%)

Obser-

vaciones Total


Insti tuto

Nacional

Electora l

Insti tuto

Nacional para

la Eva luación

de la

Educación

Insti tuto

Nacional de

Transparencia ,

Acceso a la

Consejo de la

Judicatura

Federa l

Insti tuto

Nacional de

Estadís tica y

Geografía

Tribunales

Agrarios

Determinadas


64


Total de Operadas


justificadas)

130 8,245,217,363 4,351,322,271 52.77% 602 1,166 836 529 307 296 15 3 181 97 34 11,246,972 7,607,623 3,639,349

Total 2 4,522,664 2,832,938 62.64% 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3-GB Construcción

del Nuevo

Edi ficio de la

Suprema

Corte de

Justicia de la

Nación, en la

Ciudad de

México

Invers iones

Fís icas1 53,171 53,171 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 4,469,492 2,779,767 62.19% 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poder

Legislativo

Total 2 12,295,904 8,178,551 66.51% 33 49 27 27 0 22 2 0 13 7 0 7,924 984 6,941

Total 1 7,707,201 5,079,389 65.90% 15 23 13 13 0 10 2 0 5 3 0 3,310 0 3,310

1-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 7,707,201 5,079,389 65.90% 15 23 13 13 0 10 2 0 5 3 0 3,310 0 3,310

Total 1 4,588,703 3,099,162 67.54% 18 26 14 14 0 12 0 0 8 4 0 4,614 984 3,631

2-GB Gestión

Financiera

Cumpl imiento

Financiero1 4,588,703 3,099,162 67.54% 18 26 14 14 0 12 0 0 8 4 0 4,614 984 3,631

Presidencia de

la República

Total 1 0 0 8 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 0 0 8 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9-GB Estrategia

Digi ta l

Nacional

Desempeño 1 0 0 8 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Procuraduría

General de la

República

Total

5 4,103,775 533,082 12.99% 32 58 50 18 32 8 0 0 6 2 0 31,922 31,803 119

Total 5 4,103,775 533,082 12.99% 32 58 50 18 32 8 0 0 6 2 0 31,922 31,803 119

115-GB Erogaciones

por Servicios

Cumpl imiento

Financiero1 4,103,775 533,082 12.99% 10 26 18 18 0 8 0 0 6 2 0 31,922 31,803 119

116-GB Investigar y

Perseguir los

Del i tos del

Orden

Federa l

Desempeño 1 0 0 4 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117-GB Investigar y

Perseguir los

Del i tos del

Orden

Federa l :

Operación del

Nuevo

Sis tema de

Justicia Penal

Desempeño 1 0 0 5 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118-GB Investigar y

Perseguir los

Del i tos

Federa les de

Carácter

Especia l

Desempeño 1 0 0 7 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119-GB Investigar y

Perseguir los

Del i tos

Relativos a la

Del incuencia

Organizada

Desempeño 1 0 0 6 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Probables

por

Recuperar

Entidad

Fiscalizada

Número de

Auditoría

Título de

Auditoría

Tipo de

Auditoría Aud.

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Alcance

(%)

Obser-

vaciones Total


Suprema Corte

de Justicia de

la Nación

Pres idencia de

la Repúbl ica

Cámara de

Diputados

Cámara de

Senadores

Determinadas

Procuraduría

Genera l de la

Repúbl ica


65


Total de Operadas


justificadas)

130 8,245,217,363 4,351,322,271 52.77% 602 1,166 836 529 307 296 15 3 181 97 34 11,246,972 7,607,623 3,639,349

Relaciones

Exteriores

Total 3 1,070,049 525,148 49.08% 22 38 28 18 10 10 0 0 5 5 0 53,147 0 53,147

Total 3 1,070,049 525,148 49.08% 22 38 28 18 10 10 0 0 5 5 0 53,147 0 53,147

32-GB Cumpl imiento

de Tratados

Internacional

es

Desempeño 1 0 0 7 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33-GB Fortalecimien

to para la

Atención a

Mexicanos en

el Exterior

Cumpl imiento

Financiero1 1,070,049 525,148 49.08% 15 28 18 18 0 10 0 0 5 5 0 53,147 0 53,147

1584-GB Evaluación de

la Pol ítica de

Tratados

Internacional

es

Evaluaciones

de Pol íticas

Públ icas

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Probables

por

Recuperar

Entidad

Fiscalizada

Número de

Auditoría

Título de

Auditoría

Tipo de

Auditoría Aud.

Universo

Seleccionado

Muestra

Auditada

Alcance

(%)

Obser-

vaciones Total


Secretaría de

Relaciones

Exteriores

Determinadas

ANÁLISIS DE LA TERCERA€¦ · representaron el 1.2% del PIB, inferior al registrado en 2016...

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