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LEY DE TRASPARENCIA
La transparencia acaba en los tribunalesMás de la mitad de los recursos son del Gobierno, que pleitea con dineropúblico para evitar dar información a los ciudadanos
Madrid - 27 DIC 2016 - 00:49 CET
1
ELENA G. SEVILLANO
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MÁS INFORMACIÓN
Cuando entró en vigor la Ley de Transparencia pocos preveían el alto grado de judicialización
que alcanzaría. Tras dos años en vigor, se han presentado 32 recursos ante los tribunales. La
gran mayoría, del propio Gobierno para evitar dar información a los ciudadanos. La Abogacía
del Estado ha presentado ya, en nombre de ministerios o empresas públicas, una veintena de
recursos porque no está de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno (CTBG) que daban la razón a ciudadanos o asociaciones.
Poco a poco, esos recursos van avanzando, y ya se
está creando jurisprudencia sobre transparencia.
Esther Arizmendi, Presidenta del Consejo Español de Trasparencia. /CARLOS ROSILLO
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¿Quiere saber quécontiene el móvil delprimer ministro? Vayaa Suecia
“No podemos obligarni multar, y ese es undefecto tremendo de laley”
Las preguntas que elGobierno no contesta(pese a la Ley deTransparencia)
está creando jurisprudencia sobre transparencia.
Los tribunales han dictado 11 sentencias. Una de las
más relevantes respaldó hace unas semanas al
Ministerio de Hacienda, que no acepta la resolución
del CTBG que le instaba a publicar la lista de
sociedades regularizadas gracias a la amnistía
fiscal. El CTBG, organismo público creado para
velar por el cumplimiento de la ley, ha decidido
recurrir ante la Audiencia Nacional.
“Apelamos en defensa de nuestra resolución, pero
también porque entendemos que aunque una parte
de la información tributaria debe ser protegida, no
se puede dejar fuera de la rendición de cuentas a
todo un sector”, asegura un portavoz del CTBG. Pese a que Hacienda defiende que toda la
información tributaria está protegida, difunde periódicamente una lista de contribuyentes que
acumulan grandes deudas con el fisco, la ya célebre lista de morosos. Una sentencia de la
Audiencia Nacional permitirá aclarar qué debe estar protegido y qué debería ser de acceso
público, señalan desde el CTBG.
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La creciente judicialización ha supuesto un problema añadido: el coste. El CTBG tiene que
emplear dinero público —hasta ahora algo más de 25.000 euros— en contratar abogados
privados para pleitear contra la Administración a la que, en realidad, también pertenece. No
solo eso: en el caso de la amnistía fiscal, tanto la Agencia Tributaria, a quien se le pide la
información, como el propio Consejo dependen del mismo ministerio, el que encabeza
Cristóbal Montoro. Los abogados del Estado —con los que este organismo tiene un convenio
firmado—no pueden defender al Consejo porque ya lo hacen con el Gobierno.
La transparencia ante los tribunalesNúmero de recursos contencioso-administrativos presentados
Ciudadanos oasociaciones
12 1
Empresas
Organismos oempresaspúblicas
10
AdministraciónGeneral del
Estado9
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Con 11 sentenciasdictadas, empieza a haberjurisprudencia sobre quédebe ser transparente
La ley permite recurrir las resoluciones del Consejo de TransparenciaEL PAÍS / Fuente:Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Organizaciones como Access Info achacan estos problemas al papel del CTBG: “Si el Consejo
como organismo supervisor pudiese establecer resoluciones vinculantes, y se le dotase de
poder inspector y sancionador, se desincentivaría el recurso ante los tribunales y el gasto de
recursos públicos para desacreditar decisiones del organismo garante de la transparencia”,
señala su portavoz, Alba Gutiérrez.
"Nos sorprende el número tan elevado de litigios
que se están llevando a cabo por parte del Gobierno
contra decisiones del CTBG", reconoce Gutiérrez.
"Pensábamos que principalmente iba a ser utilizado
por los ciudadanos. Sin duda, la puesta en cuestión
de las resoluciones del organismo experto
establecido por la Ley para garantizar su
cumplimiento es una muestra clara de lo que
cuesta cambiar las dinámicas e introducir la cultura de transparencia en nuestro país", añade.
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La Audiencia Nacional ya se ha pronunciado sobre alguno de los recursos presentados por
empresas públicas contra el Consejo. Hace poco más de un mes emitió un fallo que obliga a
Radio Televisión Española a facilitar los gastos del festival de Eurovisión de 2015. "La
información solicitada a CRTVE, y que dicha corporación niega alegando intereses
económicos y comerciales, es una información de carácter público", asegura la sentencia.
El tribunal desmonta los argumentos del ente público, que ni siquiera contestó al ciudadano
que le solicitó la información en primer lugar. Cuando este recurrió al Consejo de
Transparencia por el silencio administrativo, le dieron la razón. El fallo de la Audiencia
Nacional deja las cosas claras: "CRTVE se nutre de los Presupuestos Generales del Estado y
de tributos de entidades privadas, y por tanto de carácter público. Y las cantidades asignadas
a CRTVE pueden ser objeto de información a los ciudadanos".
RTVE no quiere que se sepa cuánto costó el festival de Eurovisión, ni el presupuesto de los
diferentes canales ni cuánto ha pagado por comprarle películas a la productora Video Mercury
Films, propiedad de Enrique Cerezo. El ente público se niega sistemáticamente a dar
información en virtud de la Ley de Transparencia.
El Ministerio del Interior no quiere desvelar a un ciudadano información sobre la entrevista que
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hizo en un proceso de selección de la Guardia Civil. Hace casi un mes, un juzgado avaló la
resolución del Consejo de Transparencia frente a la posición del Ministerio, que denegó la
solicitud al considerar que tenía carácter auxiliar o de apoyo y para garantizar la
confidencialidad.
La empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO), adscrita al Ministerio
de Fomento, denegó la solicitud de un ciudadano de conocer las retribuciones de su equipo
directivo. Alegó que solo estaba obligada a publicar el sueldo del presidente, pero un juzgado
dio la razón al Consejo, que en una resolución instó a INECO a contestar al ciudadano.
Renfe se sigue negando a publicar las condiciones de licitación para el suministro de 15 trenes
de Alta Velocidad que le pidió un ciudadano y también ha presentado recurso contencioso
administrativo. Son algunos ejemplos de información que, por ahora, siguen fuera del alcance
del público, aunque el organismo encargado de interpretar la Ley de Transparencia diga que sí
deberían conocerse.
Sin reglamento
El Ejecutivo se comprometió inicialmente a que la Ley de Transparencia tendría el reglamento
que la desarrolle aprobado en 2015. De hecho, llegó a publicar un borrador en julio de ese año,
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del que no se volvió a saber nada. El texto acabó en un cajón después de que organizaciones
como Access Info y Civio hicieran públicas sus críticas.
El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno encontró muchos problemas en la
propuesta, como que dejaba sin aclarar cuestiones clave que alega el Gobierno para denegar
información a los ciudadanos. Actualmente no hay un criterio claro sobre qué se considera
documento "auxiliar o interno" o qué es "reelaboración". Ambas cosas permiten rechazar
peticiones de datos de la ciudadanía, y siguen abiertas a la interpretación por su poca
concreción. Casi terminado el 2016, la previsión actual del Gobierno es contar con esta norma
durante 2017.
Ley Transparencia · Gobierno de España · Legislación española · Hacienda pública · Finanzas públicas
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El Gobierno oculta el nombre de sus asesores a dedo
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