AMPARO EN REVISIÓN 576/2017. QUEJOSA Y RECURRENTE ......Declaración Americana de los Derechos y...
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AMPARO EN REVISIÓN 576/2017. QUEJOSA Y RECURRENTE: **********. MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO. Vo. Bo. Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ***** de dos mil diecisiete. Cotejó. VISTOS Y RESULTANDO PRIMERO. Datos de la demanda de amparo indirecto necesarios para la resolución del presente asunto. Quejosa **********, por conducto de su apoderada legal **********. Fecha y lugar de presentación de la demanda 9 de septiembre de 2016, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Autoridades responsables Del Poder Legislativo Federal: Cámara de Diputados y, Cámara de Senadores. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. De la Procuraduría Federal del Consumidor: Procurador; Subprocurador de Servicios; Director General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento de la Subprocuraduría de Servicios; Director General de Verificación y Vigilancia de la Subprocuraduría de Servicios; Director de Sectores de la Dirección General de Contrato de Adhesión,
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AMPARO EN REVISIÓN 576/2017. QUEJOSA Y RECURRENTE: **********.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.
Vo. Bo.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al
***** de dos mil diecisiete.
Cotejó.
VISTOS Y RESULTANDO
PRIMERO. Datos de la demanda de amparo indirecto
necesarios para la resolución del presente asunto.
Quejosa **********, por conducto de su apoderada legal
**********.
Fecha y lugar de
presentación de la
demanda
9 de septiembre de 2016, en la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad
de México.
Autoridades
responsables
Del Poder Legislativo Federal:
Cámara de Diputados y,
Cámara de Senadores.
El Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos.
De la Procuraduría Federal del Consumidor:
Procurador;
Subprocurador de Servicios;
Director General de Contratos de
Adhesión, Registros y
Autofinanciamiento de la
Subprocuraduría de Servicios;
Director General de Verificación y
Vigilancia de la Subprocuraduría de
Servicios;
Director de Sectores de la Dirección
General de Contrato de Adhesión,
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Registros y Autofinanciamientos de la
Subprocuraduría de Servicios.
Actos reclamados a) La iniciativa, aprobación, promulgación y
expedición de la Ley Federal de
Protección al Consumidor y, en
particular, los artículos 73, 73 Bis, 73
Ter, 73 Quáter, 73 Quintus y 75.
b) La abstención por parte del Ejecutivo de
formular observaciones a la citada ley.
c) La aplicación directa de los preceptos
tildados de inconstitucionales en perjuicio
de la quejosa.
d) La resolución de 22 de agosto de 2016
contenida en el oficio ********** dentro
del expediente **********, que negó el
registro del contrato de adhesión
denominado: “Contrato Privado de
Compraventa con Reserva de Dominio”
e) Las consecuencias y efectos de los actos
reclamados consistentes en la restricción
a la quejosa del ejercicio de sus
derechos de igualdad, audiencia previa,
legalidad y libertad de trabajo, comercio
o industria, así como las medidas de
apremio y/o precautorias y/o sanciones
previstas en la Ley Federal de Protección
al Consumidor.
Texto del acto
combatido como de
aplicación de normas
“[…] En consecuencia a lo anterior, el proveedor no presentó el contenido íntegro del contrato en concordancia con las disposiciones legales aplicables al caso concreto, ello en atención a lo establecido en los artículos 24, fracción I y 85 párrafo in fine de la LFPC. No obstante lo anterior, de acuerdo al apercibimiento indicado en el dictamen
número ********** de fecha 6 de junio de
2016 y legalmente notificado el 10 de junio de 2016, el proveedor debió haber presentado su contestación de dictamen por medio del Portal de Contratos de Adhesión en Línea, tal y como se indica en el dictamen de referencia. Además de que presentó la solicitud de registro por medio del Portal de Contratos de Adhesión en Línea (RCAL), lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 10 fracción III y 25 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que Regulan la Organización y Funcionamiento del Registro Público de Adhesión. Por lo expuesto y fundado, se concluye que
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los requisitos y/o el clausulado del contrato en cuestión no se apega a lo establecido por la LFPC, por lo que se requiere al solicitante para que con fundamento en los artículos 13 y 89 de la LFPC, remita a esta Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, a través del Portal de Contratos de Adhesión en Línea, el modelo de contrato con las modificaciones y adiciones antes expresadas, motivadas y fundamentadas, o manifieste lo que a su derecho convenga, en el plazo que no exceda de 15 días naturales contados a partir de la notificación del presente dictamen, se le apercibe que en caso de incumplimiento, el expediente será remitido al archivo como registro denegado y se dará vista a la Dirección General de Verificación y Vigilancia para los efectos legales a que haya lugar.”
Derechos
constitucionales cuya
violación se reclamó
Artículos 1o.1 y 5o.2 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Juzgado de Distrito que
conoció de la demanda
Juzgado Octavo de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México.
Admisión 23 de septiembre de 2016.
Juicio de amparo
indirecto
1393/2016 (auxiliar 548/2016).
Audiencia constitucional 8 de noviembre de 2016.
SEGUNDO. Sentencia de amparo indirecto. Seguidos
los trámites de ley, el titular del Juzgado Tercero de Distrito del
Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en
Acapulco, Guerrero, en apoyo del Juzgado Octavo de distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó sentencia
el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en la cual
determinó sobreseer en el juicio de amparo, conforme a las
consideraciones que se resumen en el siguiente cuadro:
1º Competencia legal. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro
Auxiliar de la Séptima Región es legalmente competente para
conocer del asunto.
1 También reclamó lo dispuesto en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2 También reclamó lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
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2º Competencia restringida. Determinó tener competencia restringida
para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición
del Consejo de la Judicatura son enviados para ese efecto, por lo
que el asunto se resolvió con base en las constancias que existen en
el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado.
3º Precisión del acto reclamado. Se precisó el acto reclamado
consistente en la resolución de 22 de agosto de 2016 dictada en el
expediente **********, y por la cual se denegó el registro del contrato
de adhesión solicitado y se ordenó el archivo del expediente. Lo
anterior, porque la quejosa no cumplió con diversos requerimientos
del dictamen previo.
4º Oportunidad. Se concluyó que la demanda de amparo fue
interpuesta oportunamente.
5º Inexistencia. El Procurador, Subprocurador de Servicios y Director
General de Verificación y Vigilancia de la Subprocuraduría (todos de
la Procuraduría Federal del Consumidor), negaron el acto que se les
reclamó, sin que la quejosa lo haya desvirtuado; por lo cual, se
determinó sobreseer en el juicio respecto de esas autoridades, en
términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de
Amparo.
6º Existencia del acto reclamado.
a) Se tuvo por cierto el acto reclamado al Director de Sectores de
la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registro y
Autofinanciamiento de la Subprocuraduría de Servicios de la
Procuraduría Federal del Consumidor, consistente en la
resolución de 22 de agosto de 2016, contenida en el oficio
**********.
b) También se tuvieron por ciertos los actos reclamados a la
Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión,
así como del Presidente de la República, consistentes en la
aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación,
en sus respectivos ámbitos de competencia, de la Ley Federal
de Protección al Consumidor; específicamente los artículos
73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus y 75 de dicho
ordenamiento legal.
7º Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo.
El Juez de Distrito determinó que se actualizó la causal de
improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de
la Ley de Amparo, ya que la quejosa consintió los actos
reclamados.
Lo anterior, en virtud de que la demanda de amparo no fue
promovida dentro de los quince días que para tal efecto
establece la ley de la materia, pues no se interpuso contra
primer acto de aplicación de los numerales tildados de
inconstitucionales (dictamen de 6 de junio de 2016), ya que
cuando se promueve el juicio de amparo contra una ley o un
reglamento con motivo de su acto de aplicación, no puede
desvincularse su estudio de la ley o reglamento del que
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concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que
causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí
solos, considerados en abstracto.
Señaló que la quejosa exhibió el dictamen de 6 de junio de
2016, del que se desprende que, desde el momento en que se
realizó el requerimiento para cumplir con los requisitos y/o el
clausulado del contrato de adhesión privado de compraventa,
se le hizo del conocimiento a la quejosa, de la aplicación de
los numerales tildados de inconstitucionales 73, 73 Bis, 73 Ter,
73 Quáter, 73 Quintus y 75, de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, ya que en la solicitud de prórroga, la apoderada
de la quejosa, manifestó que el 10 de junio de 2016, se hizo
sabedora de dicho acto según su propio dicho en ocurso de 24
de junio de 2015.
Por tanto, le fueron aplicadas las porciones normativas cuya
inconstitucionalidad reclama desde la formulación del
dictamen de 6 de junio de 2016, en ese sentido es que se
arriba a la convicción que no se está en presencia del primer
acto de aplicación, en razón de que en el dictamen referido, el
requerimiento formulado tuvo como fundamento, entre otros,
los numerales tildados de inconstitucionales.
En ese sentido, el término para impugnar los preceptos legales
que se tildan de inconstitucionales, comenzó el día 13 de junio
al 1o de julio de 2016 y, en el caso, la demanda de amparo se
presentó hasta el 9 de septiembre de 2016, por lo que resulta
evidente que la parte quejosa consintió tácitamente esos
actos.
En relación con el acto reclamado, consistente en la
resolución de 22 de agosto de 2016, se actualizó la causa de
improcedencia que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en
relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, toda
vez que la parte quejosa no expresó conceptos de violación.
Desestimó los alegatos que hizo valer la quejosa, en virtud de
que consideró que no formaban parte de la litis.
6º Punto resolutivo de la sentencia:
“ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por
**********, contra los actos y autoridades precisados en el
considerando tercero de esta sentencia, en términos de lo
expuesto en el punto considerativo séptimo de la misma.”
TERCERO. Trámite del recurso de revisión ante el
Tribunal Colegiado de Circuito y reserva de la competencia
originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso
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recurso de revisión. Los datos que interesan se exponen
enseguida:
Recurrente ********** por conducto de su apoderada legal
**********
Recurrente en la
adhesiva **********, Directora General Adjunta de lo Contencioso
de la Secretaría de Economía, representando al
Presidente de la República.
Plazo para la
interposición del
recurso principal
Notificación Surtió
efectos
Plazo (10 días)
Artículo 86 Ley
de Amparo
Presentación
27 de
diciembre de
2016.
(principal)
28 de
diciembre
de 2016.
Del 29 de
diciembre de
2016 al 11 de
enero de 2017.
Días inhábiles:
31 de diciembre
de 2016. 1, 7 y 8
de enero de 2017.
(Artículos 19 de la
Ley de Amparo y
163 de la Ley
Orgánica del
Poder Judicial de
la Federación).
11 de enero
de 2017.
Plazo para la
interposición de
la revisión
adhesiva
Notificación del
acuerdo de
admisión de la
revisión principal
Surtió
efectos
Plazo (5
días)
Presentación
20 de enero de
2017, vía oficio.
20 de
enero de
2017.
Del 23 al
27 de
enero de
2017.
27 de enero de
2017.
Lugar de
presentación del
principal
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México.
Lugar de
presentación de
la adhesiva
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales
Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Tribunal
Colegiado al
que
correspondió
conocer
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Número de
expediente A.R. ********** (Auxiliar **********).
Tribunal que
resolvió el
Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar
de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de
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asunto México.
Fecha de la
resolución
17 de mayo de 2017.
Sentido “PRIMERO. En la materia de la revisión competencia
de este tribunal, se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Se deja a salvo la jurisdicción de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que, por
conducto del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, previo
cuadernillo que se forme en este órgano
jurisdiccional, se ordena remitir los autos del juicio
de amparo **********, promovido por **********, el
toca del recurso de revisión ********** (tribunal
auxiliar **********); testimonio de la presente
resolución y disco compacto que la contiene, para lo
que tenga a bien determinar, en términos de la última
consideración jurídica de esta resolución.
TERCERO. NOTIFÍQUESE…”
Consideraciones
esenciales de la
resolución
Analizó la oportunidad de la revisión principal así
como de la adhesiva.
Determinó que no era materia de la revisión el
sobreseimiento decretado en el resolutivo único de
la sentencia impugnada (considerando quinto)
respecto de los actos atribuidos al Procurador;
Subprocurador de Servicios; Director General de
Contratos de Adhesión, Registro y
Autofinanciamiento de la Subprocuraduría de
Servicios, todos de la Procuraduría Federal del
Consumidor; pues la parte quejosa no hizo valer
agravios concretos en contra de tal
sobreseimiento.
Señaló que era inoperante el agravio en el
sentido de que el Juez federal debió privilegiar el
principio de un efectivo acceso a la justifica.
Procedió al análisis de las razones por las cuales
la recurrente consideraba que se produjo la
violación a los derechos de acceso a la justicia y
debido proceso legal, establecidos en los artículos
17 y 14 de la Constitución Federal, pero no desde
la perspectiva de vulneración de derechos
humanos por parte del juzgador federal, sino como
omisiones o infracciones cometidas al dictarse la
resolución recurrida.
Determinó que fue jurídicamente incorrecta la
determinación del Juez de Distrito de sobreseer en
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el juicio de amparo, por considerar que se
actualizó la causa de improcedencia prevista en la
fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Los preceptos legales reclamados se impugnaron
en su carácter de heteroaplicativos, esto es, con
motivo del primer acto de aplicación; sin embargo,
ése debe entenderse no como el primero en que
se aplican las normas, sino aquél en el que esa
aplicación causa un verdadero perjuicio al
gobernado, lo cual no ocurrió con el dictamen de 6
de junio de 2016.
Éste se materializó hasta la emisión de la
resolución de 22 de agosto de 2016, mediante la
cual, en definitiva se denegó el registro del modelo
de contrato de adhesión, ordenándose el archivo
por incumplimiento a los requisitos previstos para
tal efecto en los preceptos de mérito.
Resolvió que fue infundada la causa de
improcedencia prevista en la fracción XII del
artículo 61 de la Ley de Amparo, que hizo valer
la autoridad responsable en el agravio segundo de
la revisión adhesiva, relativa a que la quejosa
consintió la aplicación de los artículos
impugnados; en términos de lo narrado en el
punto que antecede.
Además, estimó fundados los argumentos de la
recurrente en el sentido de que indebidamente el
Juez de Distrito estimó que se actualizó la causa
de improcedencia en la fracción XXIII del artículo
61, en relación con el 108, fracción VIII, ambos
de la Ley de Amparo, al considerar que la quejosa
no expresó conceptos de violación con la
resolución de 22 de agosto de 2016, ya que dada
su dependencia de la ley, de resultar ésta
inconstitucional, evidentemente el acto de
aplicación seguirá la misma suerte, al apoyarse en
una ley que eventualmente pudiera ser
inconstitucional.
Calificó de inoperante el agravio de la revisionista
adhesiva en el sentido de que los agravios por la
recurrente principal planteaban temas de
legalidad, en tanto que se plantean argumentos de
fondo cuando se decretó el sobreseimiento.
Al respecto señaló que los argumentos de la
quejosa en ningún momento se enderezaron a
evidenciar cuestiones de fondo del asunto; por el
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contrario, se enderezaron a evidenciar
consideraciones de derecho que sostienen las
causas de improcedencia aplicadas por el juez
federal y que lo llevaron a decretar el
sobreseimiento en el juicio.
Se avocó al examen de las demás causas de
improcedencia del juicio aducidas por las partes y
no analizadas por el Juez federal:
Desestimó la que hizo valer la autoridad
responsable (Presidente de la República) prevista
en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de
Amparo: que el acto reclamado deriva de otro
consentido.
Determinó que es infundada la causa de
improcedencia relativa a que las disposiciones
reclamadas son de naturaleza autoaplicativa.
Declaró infundada la causa de improcedencia
hecha valer por la autoridad responsable
(Presidente de la República) del artículo 61,
fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no
existe obligación de agotar ningún recurso antes
de acudir al amparo, los recursos ordinarios
establecidos por la ley del acto cuando se reclama
su inconstitucionalidad.
En relación con el agravio segundo de la revisión
adhesiva en el que alegó que la peticionaria debió
promover el juicio de amparo desde la emisión del
dictamen, determinó que era infundado.
En relación con la causa de improcedencia hecha
valer por el Director de Sectores de la Dirección
General de Contratos de Adhesión, Registro y
Autofinanciamiento, prevista en el artículo 61,
fracción XXIII, en relación con el diverso 5,
fracción II, de la Ley de Amparo, en el sentido
de que carece del carácter de autoridad
responsable al no haber emitido la resolución
combatida ni aplicado los numerales cuya
inconstitucionalidad se impugna, determinó que
era ineficaz, pues a tal autoridad se atribuyó de
manera directa la emisión de la resolución de 22
de agosto de 2016 en la que se aplicaron los
principios legales que se tildan de
inconstitucionales y ese acto se reconoció como
cierto por la propia autoridad al rendir su informe
justificado.
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En relación con la causa de improcedencia hecha
valer por el mismo Director de Sectores prevista
en la fracción XX del artículo 61, en relación con
el diverso 108, fracción VIII, de la ley de la
materia en el sentido de que no expresó
conceptos de violación tendientes a demostrar la
ilegalidad de la resolución de 22 de agosto de
2016, la desestimó en virtud de que como lo había
señalado antes, no opera; tomando en cuenta que
la quejosa impugnó la constitucionalidad de
normas de carácter general con motivo del primer
acto de aplicación.
Finalmente, determinó que era ineficaz el
planteamiento relativo a que la imposición de
medidas de apremio, precautorias o sanciones
preventivas, son actos futuros, probables o
remotos. Al respecto señaló que tales actos no se
reclaman de manera autónoma sino únicamente
como consecuencias que pudieran generarse de
la aplicación de la ley que se tilda de
inconstitucional.
Por último, el Tribunal del conocimiento dejó a salvo
la jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación respecto de los artículos 73, 73 Bis, 73 Ter, 73
Quáter, 73 Quintus y 75 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, al subsistir el problema de
constitucionalidad planteado por la quejosa.
Asimismo, señaló que no pasaba desapercibido que
existe pronunciamiento sobre distintos temas de
constitucionalidad, incluso existe jurisprudencia al
respecto; sin embargo, ese pronunciamiento no
abarcó el contenido de los diversos preceptos 73
Quáter y 73 Quintus de la Ley Federal de Protección
al Consumidor; respecto de los que, dada su unidad
normativa, conforman un sistema jurídico junto con
los diversos 73, 73 Bis, 73 Ter y 75 de la propia ley.
CUARTO. Trámite del recurso de revisión ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reasunción de
competencia
12 de junio de 2017.
Número del toca 576/2017.
Turno Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Avocamiento 6 de julio de 2017.
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CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente
competente para conocer y resolver el presente asunto, en
términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII,
inciso a), de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e); 21,
fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; y, Puntos Segundo, fracción III, y Tercero del
Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial
de la Federación de veintiuno de mayo de dos mil trece; ya que
se trata de un recurso de revisión en el que subsiste el tema de
constitucionalidad de leyes.
SEGUNDO. Oportunidad. No se analiza la oportunidad
en la promoción del recurso, puesto que este aspecto lo estudió
el Tribunal Colegiado de Circuito al declarar en tiempo el medio
de impugnación.
TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión se
promovió por persona legitimada, toda vez que el pliego de
agravios lo firmó **********, en su carácter de autorizada de
**********, parte quejosa en el juicio de amparo indirecto
**********, personalidad que se le tuvo por acreditada en autos,
mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de 2016 (foja 166
vuelta, del cuaderno de amparo).
CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes relevantes
del caso son los siguientes:
9 de mayo
de 2016 ********** solicitó ante la Procuraduría General del
Consumidor el registro del modelo de contrato de adhesión
denominado “Contrato Privado de Compraventa con
Reserva de Dominio” a través de la página de internet en el
expediente **********
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6 de junio de
2016 La Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y
Autofinanciamiento, en respuesta a la anterior solicitud
formuló dictamen, determinando que el clausulado del
contrato de adhesión no se apegaba a lo establecido por la
Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que se
requirió al solicitante, a efecto de que remitiera a través del
Portal de Contratos de Adhesión el Línea, el modelo del
contrato con las modificaciones y adiciones expresadas en el
dictamen.
24 de junio
de 2016 ********** solicitó una prórroga del plazo concedido
inicialmente a efecto de dar cumplimiento al anterior
dictamen.
5 de julio de
2016 Se le concedió a la solicitante la prórroga.
20 y 29 de
julio de 2016 La empresa quejosa desahogó el requerimiento formulado
por la responsable.
22 de agosto
de 2016 Mediante oficio ********** emitido por la Dirección General
de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento
dependiente de la Subprocuraduría de Servicios de la
Procuraduría Federal del Consumidor se negó el registro del
Contrato de adhesión denominado “Contrato Privado de
Compraventa con Reserva de Dominio”.
9 de
septiembre
de 2016
Inconforme con lo anterior la empresa promovió juicio de
amparo indirecto.
14 de
diciembre de
2016
El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la
Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero dictó
sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio.
11 de enero
de 2017 En contra de la anterior resolución la empresa quejosa
promovió recurso de revisión.
17 de mayo
de 2017 El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar
de la Primera Región que conoció del recurso, dictó sentencia
en el sentido de revocar la recurrida y dejar a salvo la
jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para conocer del asunto respecto del tema de
constitucionalidad de leyes.
QUINTO. Delimitación de la materia. La materia del
recurso ante esta Segunda Sala se circunscribe al análisis de la
constitucionalidad de los preceptos reclamados. En la
inteligencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito analizó
todos los temas relativos a la procedencia del juicio de amparo,
así como los agravios expresados en la revisión adhesiva.
Puntualizando, además, que el acto concreto de aplicación no
se impugnó por vicios propios, sino con motivo de la
inconstitucionalidad atribuida a las normas en que se
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fundamenta.
SEXTO. Conceptos de violación. El quejoso hizo valer,
en síntesis, los siguientes argumentos:
El artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es inconstitucional e inconvencional ya que viola el derecho humano fundamental a la igualdad, toda vez que realiza una distinción injustificada para imponer requisitos y/o establecer restricciones inadmisibles a los proveedores que específicamente realicen actos relacionados con bienes inmuebles, cuando éstos sean fraccionadores, constructores, promotores y demás actividades que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación, como es el caso de la quejosa. Es decir, solo ciertos gobernados proveedores y no todos, estarán sujetos a la aplicación en lo conducente de la Ley Federal de Protección al Consumidor de manera desigual, discriminatoria, arbitraria e injustificada conforme a las categorías que establece el propio precepto, pues exige que los contratos deben registrarse ante la PROFECO cumpliendo al efecto todos y cada uno de los requisitos y prevenciones restrictivas que establecen los artículos 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus y 75 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ello significa que no todas las personas que realizan operaciones con inmuebles y actos relacionados con los mismos, se ven obligadas a cumplir con los requisitos y cargas restrictivas impuestas específicamente a los gobernados a que se refiere el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, siendo evidente que se está dando un trato desigual y plenamente discriminatorio a la quejosa, por el mero hecho de pertenecer a la categorización de sujetos específicos sometibles al mandato de los artículos reclamados y tildados de inconstitucionales e inconvencionales. De los artículos 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus y 75 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se advierte una distinción injustificada basada en la actividad que legalmente realiza la quejosa, en ejercicio de su libertad ocupacional, pues las autoridades responsables pretenden indebidamente obligar a los proveedores que específicamente realicen operaciones y actos relacionados con bienes inmuebles, tratándose únicamente de fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación, como es la quejosa, a coartar discrecional y arbitrariamente su libertad contractual prevista en el Código Civil Federal y sus correlativos en las entidades federativas y en consecuencia, a ejercer libremente su derecho fundamental de trabajo, industria o comercio. Es el caso que los artículos reclamados, no permiten a la quejosa ejercitar su derecho fundamental ocupacional, de trabajo, industria o comercio, ni realizar el objeto de su
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institución, ya que indebidamente le imponen cargas, restricciones y requisitos totalmente injustificados, desmesurados y derivados de una distinción discriminatoria, respecto de cuestiones que ya se encuentran legisladas en el referido Código Civil Federal y sus correlativos en las entidades federativas, anulando por completo la libertad contractual de la que gozan los sujetos que voluntariamente deciden obligarse y abrogando o derogando de manera ilegal, disposiciones de derecho positivo. El Código Civil Federal determina en sus artículos 9 y 12 que la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, lo que no ocurren en este caso, pues no existe artículo alguno en la Ley Federal de Protección al Consumidor que proclame que las disposiciones en materia contractual previstas en el código sustantivo en mención hayan dejado de estar vigentes, así como que las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquéllos que se sometan a dichas leyes, por lo que los preceptos aplicables surten todos sus efectos legales respecto de la quejosa y de la persona física o moral con quien celebre determinado contrato. La proveeduría de bienes, productos o servicios respecto de bienes inmuebles, que realiza la quejosa evidentemente es lícita, ya que está permitida por la ley y tal como quedó precisado en el capítulo de hechos, es en consecución de su objeto social; no afecta de forma alguna derechos de terceros, pues el ejercicio de sus actividades lo realiza en apego a derecho y sólo son adquiridos, realizados o disfrutados por quien así lo considere conveniente; y, finalmente tampoco afectan y ofenden de ninguna manera los derechos de la sociedad en general, sino por el contrario, ya que las quejosas proveen bienes o productos y prestar servicios que coadyuvan al desarrollo y fomento económico de la región, así como facilitar el derecho de las personas a contar con una vivienda digna y decorosa, en términos del artículo 4o. constitucional. La resolución de 22 de agosto de 2016 también reclamada, consistente en el acto concreto de aplicación de los artículos 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus y 75 de la Ley Federal de Protección al Consumidor determina indebidamente que la quejosa, pese a haber manifestado oportunamente lo que a su derecho convino, negó tajantemente el registro del modelo de contrato de adhesión de la quejosa, bajo el argumento de supuestamente no haberse apegado a los requisitos inconstitucionales e inconvencionales establecidos en los artículos reclamados, suprimiendo sin más fundamento o motivo el derecho fundamental de trabajo, industria o comercio de la quejosa, pues como ya se dijo, ésta lo ejercita a través de entre otras actividades, de la celebración de contratos de compraventa respecto de bienes inmuebles y amagándola con la inminente imposición de medidas de apremio y/o precautorias y/o sanciones previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. En tales condiciones, al encontrarse plenamente vigente el Código civil Federal y no actualizarse ninguna de las hipótesis de veda señaladas en nuestra Constitución, los artículos 73 Bis,
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73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus y 75 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reclamados, sí privan a la quejosa de su derecho humano a la libertad de trabajo, industria o comercio, puesto que se les pretende obligar indebidamente a cumplir cargas, restricciones y requisitos totalmente injustificados, desmesurados y derivados de un distinción discriminatoria, anulando por completo la libertad contractual de la que gozan ella y los sujetos que voluntariamente decida obligarse, violando directamente en perjuicio de ésta, los artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
SÉPTIMO. Estudio. Tal y como lo informó el Tribunal
Colegiado de Circuito, respecto de la constitucionalidad de los
artículos 73, 73 Bis, 73 Ter, 75, 86, párrafo tercero y 87 de la
Ley Federal de Protección al Consumidor, este Alto Tribunal
emitió ya criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme
a los cuales, en aras de privilegiar la justicia pronta y expedita,
en esta instancia debe negarse la protección constitucional
solicitada, sin que sea el caso de devolver el expediente al
Tribunal Colegiado de Circuito para que sea él quien la aplique.
Las jurisprudencias son las siguientes:
“PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO NI LA DE IGUALDAD EN EL EJERCICIO DE ÉSTA. El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que a nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito, con las limitaciones que establece. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación de los gobernados de cumplir con las leyes, reglamentos y normas generales no coarta la garantía de libertad de comercio, pero sí la limitan con la finalidad de evitar que se ataquen derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. En tal virtud, el hecho de que los artículos 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86,
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párrafo tercero y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establezcan que las empresas que tengan el carácter de proveedores, cuyo objeto social sea el fraccionamiento, construcción, promoción, asesoría o venta al público de viviendas destinadas a casa habitación, o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, tienen la obligación de insertar determinadas cláusulas en sus contratos, y que éstos deben ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en el entendido de que el incumplimiento de tal mandato implicará que no surta efectos el contrato contra el consumidor, no viola la garantía constitucional citada, pues el establecimiento de dichas obligaciones no impide la realización de las indicadas actividades comerciales. Tampoco se transgrede la mencionada garantía por el hecho de que los referidos preceptos legales impongan a los proveedores que realizan tales actividades, obligaciones que no son exigibles a los particulares que, sin ser proveedores, venden inmuebles, ya que el trato diferente deriva de que aquéllos no se encuentran en un plano de igualdad frente al vendedor esporádico de dichos bienes.” Novena Época. Registro: 177515. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P./J. 99/2005. Página: 10. “PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los citados numerales secundarios, al imponer a los proveedores, fraccionadores, constructores, promotores, asesores o vendedores al público de viviendas destinadas a casa habitación, o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, diversas obligaciones mediante las cuales quedan sujetos al control administrativo de la Procuraduría Federal del Consumidor, no violan los principios contenidos en los preceptos constitucionales señalados, puesto que conforme al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicho organismo está facultado para vigilar la actividad mercantil de los proveedores;
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además, no transgreden la libre concurrencia, porque con la regulación de los contratos correspondientes no se impide la competencia, ya que cualquier persona que reúna los requisitos para ejercer tales actividades puede hacerlo, y si bien es cierto que dentro de tales obligaciones está la de registrar los contratos relacionados con esas actividades en la Procuraduría Federal del Consumidor, so pena de no causar efectos contra el consumidor, no cabe aceptar que con ello se desalienten o restrinjan los actos comerciales en perjuicio de la economía, pues por el contrario, en la medida en que los consumidores tengan mayor confianza en la seriedad y rectitud de las operaciones ofrecidas, la clientela del proveedor crecerá en su beneficio, así como para bien de la economía nacional. Novena Época. Registro: 177514. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P./J. 101/2005. Página: 11.
“PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LAS FACULTADES PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIONES X Y XXIX-E, 25 Y 28 CONSTITUCIONALES, CREÓ LA PROCURADURÍA RELATIVA Y EMITIÓ DISPOSICIONES EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES. Del examen integral y sistemático de los citados preceptos se advierte que compete al Congreso de la Unión legislar en materias de comercio y de protección a los consumidores, a quienes el Poder Reformador considera necesario tutelar, por estimar que se encuentran en desventaja frente a los proveedores que conforman la parte dominante en la relación comercial. En uso de esa facultad el legislador, en términos del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, creó la Procuraduría Federal del Consumidor como un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa y encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, procurando la equidad y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores, para evitar que acepte relaciones jurídicas injustas; esto es, sus funciones son de carácter preventivo, educativo, de representación y
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procuración, y de resolución de conflictos. Y en los artículos 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, párrafo tercero, y 87, de la misma ley estableció, en defensa de los consumidores, modalidades, condiciones y requisitos que los proveedores deben cumplir previamente a la celebración de contratos relacionados con el fraccionamiento, construcción, promoción, asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación, o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido.” Novena Época. Registro: 177519. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: P./J. 97/2005. Página: 7.
“PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, PÁRRAFO SEGUNDO, 86 Y 87 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El numeral superior citado establece expresamente la supremacía constitucional y un orden jerárquico de los ordenamientos legales en el sistema legal nacional, consignando la obligación para los Jueces de los Estados de respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y tratados internacionales, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueden señalar las Constituciones y leyes locales. En ese orden, los numerales secundarios mencionados al rubro que establecen la obligación de registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los contratos relacionados con el fraccionamiento, construcción promoción, asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa habitación, y la sanción de que ante la omisión de tal registro no causen efectos contra el consumidor, no violentan el principio superior en comento, pues el registro de los citados contratos es un requisito de índole meramente administrativo tendente a evitar cláusulas abusivas en contra del consumidor y no exime del registro del contrato relativo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, ya que el mencionado registro no es público ni tiene por objeto dar certeza y seguridad a terceros, sino que únicamente funge
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como medio de control y complemento de la actividad protectora de la aludida Procuraduría, además, el Congreso de la Unión se encuentra facultado para emitir leyes que protejan los intereses de los consumidores en términos de las fracciones X y XXIX-E, del artículo 73 en relación con los numerales 25 y 28 de la propia Norma Suprema, mediante el establecimiento de normas que protejan a los consumidores como uno de los principios rectores de la política social.” Novena Época. Registro: 177199. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P./J. 108/2005. Página: 5.
De conformidad con su contenido es que resultan
constitucionales las normas reclamadas, como ya se anticipó.
Respecto de los artículos 73 Quáter y 73 Quintus de la
Ley Federal de Protección al Consumidor no existe
pronunciamiento expreso, por lo que esta Sala procede a su
análisis basándose para ello en las consideraciones que
informaron las jurisprudencias transcritas, debido a que resultan
aplicables.
Esta Segunda Sala al resolver los amparos en revisión
32/2005, 1777/2004, 1850/2004, 1909/2004 y 1952/2004,
sostuvo que los artículos 73, 73 Bis, 73 Ter, 75, 86, párrafo
tercero y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor no
violan la garantía de libertad de comercio contenida en el
artículo 5o. constitucional, en tanto que la obligación de los
proveedores −cuyo objeto social sea la compraventa de
inmuebles destinados a casa habitación, en términos del
artículo 73 de la citada ley− de cumplir con leyes, reglamentos y
normas que no son exigibles para los particulares, si bien puede
representar una carga administrativa consistente en insertar
determinadas cláusulas en sus contratos de adhesión y
registrarlos ante la Procuraduría Federal del consumidor so
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pena de que el incumplimiento de esto conllevará a que no
surta efectos el contrato contra el consumidor; ello, no coarta su
libertad de comercio, ya que no les impide que se dediquen a
las actividades comerciales de su objeto social; por el contrario,
conlleva implícita una certeza jurídica y un provecho al regular
en favor de proveedores y consumidores una forma de evitar
problemas de interpretación o conflicto por la celebración y
efectos de tales contratos; máxime si se considera que el
legislador en los preceptos reclamados no estableció limitantes
para el lícito ejercicio de la actividad de los sujetos de la norma,
sino sólo normas de orden público que, en concordancia con el
artículo 28 constitucional, protegen a los consumidores.
También se sostuvo, que las disposiciones analizadas
tampoco violan el derecho a la igualdad consagrado en el
artículo 1o. de la Constitución Federal en tanto que las
actividades a que se refiere el artículo 73 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor tiene características sui generis, que
requieren tratamiento propio y, por tanto, no pueden igualarse
jurídicamente con otro tipo de ventas de inmuebles.
La venta al público de casas habitación o de tiempo
compartido por los proveedores, es un acto de comercio en
términos de lo establecido por el artículo 75 fracción II del
Código de Comercio, puesto que tiene un ánimo de
especulación mercantil; mientras que en la compra venta del
mismo tipo de inmuebles convenida esporádicamente por no
comerciantes, es un acto civil; por tanto, siendo diferentes la
naturaleza de los actos y las normas aplicables a cada caso, el
trato distinto no viola la garantía de igualdad de los
proveedores.
Además, si se comparan las actividades especificadas en
el artículo 73 de la Ley reclamada con las que desarrollan otros
proveedores que venden al público otra clase de inmuebles
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esto es, que no son casas habitación ni de tiempo compartido,
tampoco se da la violación a la garantía de igualdad al no
exigirse a éstos las mismas obligaciones que se imponen a los
que especifica el mencionado artículo 73. Estos es así, porque
los proveedores que venden al público casas habitación o de
tiempo compartido realizan convenciones mercantiles con el
grupo de consumidores más necesitados de tutela jurídica por
parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, puesto que
generalmente está constituido por personas de clase media y
de bajo nivel económico que, por eso mismo, no pueden pagar
profesionales que las asesoren en negocios que los van a
comprometer financieramente durante varios años de su vida
activa. Aquí es donde se justifica plenamente la protección al
sector más débil que ordena el artículo 28 constitucional, lo que
no es relevante en otro tipo de venta mercantil de inmuebles;
por tanto, se justifica el distinto tratamiento jurídico.
Ahora bien, para efecto de analizar el contenido de las
disposiciones cuya regularidad constitucional se analiza en esta
instancia, se estima conviene transcribirlos:
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR “ARTICULO 73 QUÁTER.- Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada por esta Ley, deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco años para cuestiones estructurales y tres años para impermeabilización; para los demás elementos la garantía mínima será de un año. Todos los plazos serán contados a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato. El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al inmueble al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma; una vez
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que el inmueble haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las reparaciones realizadas, así como con relación a las piezas o bienes que hubieren sido repuestos y continuará respecto al resto del inmueble.” “ARTICULO 73 QUINTUS.- En caso de que el consumidor haya hecho valer la garantía establecida en el artículo 73 QUÁTER, y no obstante, persistan los defectos o fallas imputables al proveedor, éste se verá obligado de nueva cuenta a realizar todas las reparaciones necesarias para corregirlas de inmediato, así como a otorgarle, en el caso de defectos o fallas leves, una bonificación del cinco por ciento sobre el valor de la reparación; en caso de defectos o fallas graves, el proveedor deberá realizar una bonificación del veinte por ciento de la cantidad señalada en el contrato como precio del bien. Para efectos de esta Ley, se entiende por defectos o fallas graves, aquellos que afecten la estructura o las instalaciones del inmueble y comprometan el uso pleno o la seguridad del inmueble, o bien, impidan que el consumidor lo use, goce y disfrute conforme a la naturaleza o destino del mismo. Se entenderá por defectos o fallas leves, todos aquellos que no sean graves. En caso de que los defectos o fallas graves sean determinados por el proveedor como de imposible reparación, éste podrá optar desde el momento en que se le exija el cumplimiento de la garantía, por sustituir el inmueble, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la fracción I siguiente, sin que haya lugar a la bonificación. En caso de que en cumplimiento de la garantía decida repararlas y no lo haga, quedará sujeto a la bonificación y a lo dispuesto en el párrafo siguiente. Para el supuesto de que, aún después del ejercicio de la garantía y bonificación antes señaladas, el proveedor no haya corregido los defectos o fallas graves, el consumidor podrá optar por cualquiera de las dos acciones que se señalan a continuación: I. Solicitar la sustitución del bien inmueble, en cuyo caso el proveedor asumirá todos los gastos relacionados con la misma, o II. Solicitar la rescisión del contrato, en cuyo caso
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el proveedor tendrá la obligación de reintegrarle el monto pagado, así como los intereses que correspondan, conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 91 de esta ley.”
Las anteriores disposiciones establecen, por un lado, la
obligación a cargo del proveedor de ofrecer al consumidor una
garantía mínima de cinco años por cuestiones estructurales, de
tres años para impermeabilización y de por lo menos un año
para los demás elementos de los inmuebles, a que se refiere la
Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 73.
Además, disponen las condiciones para la reparación de
los inmuebles al amparo de las referidas garantías y las
consecuencias relativas a la persistencia de los defectos o
fallas imputables al proveedor, pues en caso de defectos o
fallas leves, éste se obliga a realizar una bonificación del cinco
por ciento sobre el valor de la reparación, además de la
obligación de repararlas nuevamente.
Asimismo, en caso de que existan defectos o fallas graves
determinados por el proveedor como de imposible reparación, a
petición del consumidor se obliga a sustituir el inmueble o, en
su caso, el consumidor podrá optar por solicitar la rescisión del
contrato, obligándose el proveedor a reintegrar el monto de lo
pagado.
A juicio de esta Segunda Sala, el contenido de los
artículos 73 Quáter y 73 Quintus de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, que el proveedor se encuentra
obligado a incluir en sus contratos de adhesión no vulnera el
derecho a la igualdad contenido en el artículo 1o.3 de la
3 “Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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Constitución Federal, puesto que tal y como se sostuvo en los
precedentes que dieron origen a la tesis jurisprudencial que ha
quedado transcrita, si bien existe un trato desigual entre los
proveedores a que se refiere el artículo 73 de la citada ley
frente a los particulares que realizan transacciones de compra y
venta de inmuebles en forma esporádica, ello atiende a las
siguientes cuestiones:
En primer lugar, en términos de lo que dispone el párrafo
tercero, del artículo 284, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la ley protegerá a los consumidores
y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus
intereses.
En efecto, la Constitución Federal establece un principio
general a favor de los consumidores, así como el deber de los
poderes públicos −como la Procuraduría Federal del
Consumidor− de ejercer actos encaminados a su protección,
dentro de las cuales se encuentran las de la regular y vigilar los
contratos de compraventa elaborados por los que hacen de
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 4 “Art. 28.- […] Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.”
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dicha actividad su ocupación habitual ya que, frente a éstos,
los consumidores son la parte económica más desprotegida
cuando realizan operaciones que no le son conocidas u
ordinarias, como es la adquisición de bienes inmuebles, en
tanto que carecen de asesoría profesional para verificar si los
contratos o condiciones bajo las que se pactan son equitativas y
apegadas a derecho, o son por el contrario, ventajosas, como
en este caso sería que el contrato no contemplara ninguna
garantía respecto del bien inmueble a adquirirse.
En ese sentido, las actividades reguladas por el artículo
73 del ordenamiento reclamado tienen características propias
que requieren un trato distinto respecto de los actos de
compraventa de inmuebles celebrados entre particulares, ya
que en el caso de los primeros, cuando realizan ventas al
público de casas habitación o tiempo compartido, están
llevando a cabo una actividad mercantil con ánimo de
especulación, en términos de lo establecido por los artículos 3 y
75, fracción II, del Código de Comercio; mientras que la
compraventa de inmuebles realizada entre los segundos
(particulares) es de naturaleza civil, en tanto que no persiguen
un lucro comercial.
Esta distinción de sujetos no viola la garantía de igualdad,
pues existe una justificación al trato diferente derivado del tipo
de actividades de compraventa de inmuebles que realizan y
respecto de las leyes que les son aplicables en cada caso, sin
que con ello se esté coartando la libertad contractual civil de las
partes respecto de diversos actos que no comprenden la
naturaleza mercantil de la compraventa que aquí se estudia.
Por otra parte, de manera contraria a lo que sostiene el
recurrente, no puede considerarse que esta diferencia sea
discriminatoria pues en términos del párrafo quinto, del artículo
1o. constitucional, la distinción que las leyes establecen de los
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sujetos que realizan actividades de compraventa de inmuebles
no se encuentra motivada por origen étnico o nacional, genero,
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil que
atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los
derechos y libertades de las personas.
Además, esta Segunda Sala considera que los artículos
73 Quáter y 73 Quintus de la Ley Federal de Protección al
Consumidor no vulneran en perjuicio de la empresa
recurrente su derecho a la libertad de comercio contenida
en el artículo 5o. de la Constitución Federal, que a la letra
establece:
“Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los
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términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.”
La libertad de comercio contenida en el artículo 5º
constitucional −que a su vez se refiere a la libertad de trabajo−
es el derecho a través del cual el Estado garantiza que
cualquier persona (física o moral) pueda ejercer cualquier
actividad comercial, que se adecúe a sus necesidades de forma
libre dentro del territorio nacional, siempre y cuando sea lícita.
Esta libertad no es ilimitada, tiene como restricción las
determinaciones judiciales en los casos en que se ataquen
derechos de terceros, como pueden ser las prácticas desleales
y las determinaciones gubernamentales, cuando se ofendan los
derechos de la sociedad, cuyo fundamento es evitar un daño al
público consumidor mediante la difusión de políticas públicas, y
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actuaciones concretas que tengan como objetivo forman una
conciencia del consumo basado en principio equitativos; en
términos de lo previsto en el artículo 28 constitucional.
Por ello se reitera, la circunstancia de que los artículos
establezcan que las empresas que tengan el carácter de
proveedores, cuyo objeto social sea la compraventa de bienes
inmuebles a casa habitación tendrán la obligación de insertar
determinadas cláusulas en sus contratos de adhesión, los
cuales deben ser registrados ante la Procuraduría Federal del
Consumidor, no vulnera el derecho a la libertad de comercio,
pues el establecimiento de tales obligaciones administrativas no
implica un obstáculo para la realización de sus actividades; por
el contrario, implica una certeza jurídica y un provecho a favor
de proveedores y consumidores a fin de evitar problemas de
interpretación o conflicto por la celebración y efectos de los
contratos, a través de las normas de orden público que
protegen a los consumidores y que, como en este caso,
establecen a cargo de los proveedores la obligación de ofrecer
una garantía respecto de los inmuebles que están ofertando al
público en general.
Es más, a juicio de esta Sala y contrariamente a lo que la
empresa recurrente aduce en sus conceptos de violación, los
artículos 73 Quáter y 73 Quintus de la Ley Federal de
Protección al Consumidor sí tienen un fin constitucional válido
que es la protección de los intereses de los consumidores.
De modo que el contenido de estas normas no solo debe
proteger a los consumidores respecto de los contratos que sean
registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en
términos de lo previsto por el numeral 73 de la ley de la materia;
sino que además, debe hacerse extensivo a los contratos de
compraventa de inmuebles que, sin haberse registrados ante la
Procuraduría, surtan sus efectos entre las partes, siempre y
AMPARO EN REVISIÓN 576/2017
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cuando hayan sido celebrados por proveedores que sean
fraccionadores, constructores, promotores y demás personas
que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas
destinadas a casa habitación o cuando otorguen al consumidor
el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo
compartido.
Así, el fin proteccionista de los intereses de los
consumidores a que se refiere el texto constitucional puede
verse colmado no solo de los proveedores que cumplen
cabalmente con los trámites administrativos que al efecto
establece la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino
también, respecto de aquellos que no llevan a cabo el registro
de sus contratos, en los términos previstos por la ley.
En mérito de lo expuesto, al resultar infundados los
conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo
solicitado en contra de las normas reclamadas y hacerlo
extensivo a su acto concreto de aplicación, que como ya se dijo
no fue impugnado por vicios propios, sin que sea el caso de
reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito, porque
como también se precisó, no queda tema alguno pendiente de
análisis.
Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve:
ÚNICO. En la materia competencia de esta Segunda Sala
la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la empresa
quejosa en contra de los actos reclamados.
Notifíquese; devuélvanse los autos al lugar de origen y,
en su oportunidad, archívese el expediente como asunto
concluido.
GMOB/MJG.
