Alternativa Época II - Nº 51

Montevideo

23 de julio de 2012

Época II

Nº 51

Vázquez se volvió a

equivocar

Por Pedro Bordaberry

Pág. 3

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Amparo a las víctimas, sin impuesto

Por Fitzgerald Cantero Piali

Pág. 5

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Una mayoría que no quiere nada con las investigaciones

Por Alejandro Guedes

Pág. 7 ………..

Educación: la

impostergable

necesidad de

racionalizar

Por Rodolfo Balakier

Pág. 9

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Último momento

Juegan con la salud de la población

El problema de la falta de una recolección de residuos y una limpieza adecuada de la ciudad de Montevideo, sigue dando que hablar.

Desde el sindicato dicen que no hay conflicto gremial, pero desde las autoridades de la Intendencia frenteamplista se denuncia que el gremio de Adeom no cumple con el convenio.

Lo cierto es que los montevideanos son los rehenes de estas idas y vueltas, generándose un real atentado contra la salud pública.

Con o sin razón de los reclamos de los funcionarios, la ineficiencia e ineficacia de las autoridades departamentales queda en evidencia desde que no saben si se declara o no la esencialidad de los servicios. A vía de ejemplo basta con leer las declaraciones del secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, quien señaló que la Intendencia le pidió al Ministerio de Salud Pública que monitoree la salubridad de la ciudad y “cuando se tenga los resultados, se verá qué se hace”, según informó Últimas Noticias.

Cabe recordar que la salubridad y la salud de la población no es juego, como hacen los involucrados. Foto: elmuertoquehabla.blogspot.com

México: nuevo gobierno y los desafíos de la

guerra contra el narcotráfico

Del Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro

Pág. 11

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Editorial

Alternativa semanario Tenemos la alegría de estar editando nuestro semanario.

Alternativa , que en su segunda Época llegó, el pasado 15 de julio, a los 50 números, a partir de hoy estará todos los lunes en su correo electrónico, así como en nuestra página web www.vamos10520.com.uy

En momentos que desde el gobierno de turno, se presiona a los medios de comunicación, ya sea por vía de la amenaza, del manejo de la publicidad oficial, o directamente por vía de decreto; se vuelve imprescindible redoblar el esfuerzo y multiplicar nuestra propuesta comunicacional.

Alternativa se nutre con el aporte de todos los colaboradores, esa es su única dependencia.

Multiplicamos nuestra labor y fortalecemos nuestro compromiso.

Nuestra contribución es, en primer lugar, para con el país. El Uruguay, más que nunca, necesita de republicanismo. Cada decisión gubernamental va en el sentido contrario. Cada vez más, el poder se concentra en la Presidencia de la República, obviando de ese modo los controles parlamentarios.

Veamos que acaba de pasar con el caso de Pluna. Prometieron un gobierno honrado y sin embargo, negaron investigar en el Parlamento; y la Auditoría Interna de la Nación declaró la confidencialidad de las investigaciones en dicha empresa. ¿Qué se esconde?

En segundo lugar, reforzamos nuestro aporte hacia el Partido Colorado, instrumento indispensable para dotar de ese republicanismo tan necesario.

Volvemos, una vez más, a comprometernos con nuestro sector, Vamos Uruguay, que postula, a lo largo y ancho del país, trabajar para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.

Aguardamos que en esta nueva etapa, sigamos teniendo el rico intercambio que nos permita debatir y analizar la realidad que nos afecta.

Esta es una casa de puertas abiertas, que continuará recibiendo los aportes respetuosos de todos los que deseen publicarlos.

Realmente es un placer despedirnos con la frase: hasta la semana próxima.

Alternativa es una publicación semanal producida con la colaboración de adherentes y de amigos de Alternativa Independiente, así como por el apoyo, con artículos de opinión e información, de otros actores políticos, sociales y técnicos, cuyo objetivo es difundir las actividades de interés social, cultural y político que hacen a nuestro país, al Partido Colorado y a nuestra Agrupación, así como difundir artículos de los diversos medios de comunicación, que pueden resultar de particular interés. Nota: Las opiniones e informaciones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes suscriben los artículos, no comprometiendo la opinión de la publicación ni de la agrupación política. Contacto: Tel. 099.777.269, E-mail: [email protected] Dirección: Fitzgerald Cantero Piali. Coordinación General: Leonardo Monzillo Costa. Colaboran en este número: Pedro Bordaberry; Alejandro Guedes; Rodolfo Balakier; R. Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro; Alfredo Solari.


Vázquez se volvió a equivocar Por Pedro Bordaberry

En estos días se cumplieron diez años de la crisis económica y financiera que afecto a nuestro país en el 2002.

Momentos duros y aciagos en los que la devaluación del Brasil, primero, la llegada de la Aftosa y la crisis política, económica y financiera de Argentina después, nos pusieron a prueba como Nación.

Los especialistas coinciden en que la del 2002 fue la peor crisis económica de la historia del Uruguay.

El momento crucial de ese entonces fue cuando desde el Fondo Monetario Internacional se propuso que Uruguay siguiera el camino de Argentina y declarara el “default”.

Eso era sencillamente no cumplir con las obligaciones que tenía el país con sus acreedores. El Presidente y el Ministro de Economía de entonces se negaron a ello. Afirmaron que eso sería un quiebre institucional que afectaría a un país que siempre había cumplido con sus obligaciones.

En ese momento una sola persona se puso del lado del Fondo Monetario y sugirió seguir el camino de Argentina, pidiendo el “default”: el Dr. Tabaré Vázquez.

Para Vázquez había que seguir el camino de Argentina y la política del entonces Ministro Atchugarry era “neoliberal”.

Analistas de todos los Partidos hoy coinciden en que la resistencia a hacer lo que pedían el FMI y Tabaré Vázquez fue el punto de partida de la formidable recuperación económica que tuvo el país en los años siguientes y que hoy disfrutamos.

Desde ese momento Uruguay comenzó a crecer a guarismos nunca vistos, llegó la inversión y la crisis quedó rápidamente atrás.

En contraposición a ello, Argentina sigue con crisis financieras, carece de crédito internacional y debió apostar a un desarrollo interno. Al no haber cumplido con sus obligaciones son pocos los que confían en ella.

Esta semana que termina, el Dr. Tabaré Vázquez, salió en apoyo del Cr. Astori y la solución que los Ministros Lorenzo y Pintado idearon para Pluna S.A.. Fue coherente con lo que hizo en el 2002: volvió a aplaudir el “default”.

Es que la ley de salida para Pluna S.A. que aprobó el gobierno de Mujica equivale a un default. Lo que hace es justamente desplazar a los acreedores privados de su derecho de cobro y poner en su lugar al Estado uruguayo.

De acuerdo con la ley que estaba vigente hasta esta semana, el Juez del concurso de Pluna S.A. tenía que cancelar la hipoteca sobre los aviones que beneficiaba al gobierno.

Eso significaba que los que cobrarían todos sus créditos eran los trabajadores y los


acreedores sin privilegio (como los que compraron pasajes, los ahorristas que invirtieron en fideicomisos, los taximetristas, el concesionario del Aeropuerto, los que brindan servicios de tierra, etc.).

Pero el Frente Amplio resolvió modificar esto. Lo hizo para asegurarse el cobro del crédito del gobierno a costa de los derechos de los ciudadanos.

Afectó la seguridad jurídica mediante un acto legislativo de dudosa constitucionalidad. Al apoyar al Cr. Astori, el Dr. Vázquez expresó que era él quien se había equivocado al darle Pluna al Sr. Campiani sin licitación y garantizando el 100% de los créditos.

Al hacerlo, como hace diez años volvió a apoyar el que el Uruguay no cumpla con sus obligaciones.

Se volvió a equivocar.

La decisión de honrar las

deudas, respetar el orden jurídico y cumplir con las obligaciones que se tomó en el 2002 fue la semilla que permitió el crecimiento económico de todos estos años.

Esperemos que la semilla de incumplimiento, modificación del régimen y no pago de las obligaciones que acaba de tomar el Frente Amplio esta semana, no tenga el efecto contrario. Fuente: facebook.com/pedrobordaberry

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Vamos 10520 y el diputado Fitzgerald Cantero Piali

le invitan a un almuerzo con

Pedro Bordaberry Domingo 21 Octubre de 2012

12 Horas

“Chacra San Francisco “ Por reservas y consultas: [email protected]


Amparo a las víctimas, sin impuesto Por Fitzgerald Cantero Piali | Diputado del Partido Colorado

El proyecto que crea el Estatuto de la Víctima viene a llenar un vacío muy importante en nuestra sociedad. Lo presentamos en junio de 2011 y recibimos un apoyo cerrado de todas las bancadas parlamentarias, representadas en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados.

El objetivo es claro: amparar a la víctima y su familia. Otorgarle una compensación económica cuando la situación lo amerite. Esto es, cuando no se perciba ningún tipo de pensión, seguro o cobertura. Pero, por sobre todo, el amparo desde el punto de vista legal y emocional. Proponemos en el proyecto la figura del comisionado parlamentario para la víctima. Si hay un comisionado carcelario, ¿cómo no va a haber uno para las víctimas?

Proponemos la asistencia letrada gratuita cuando no se pueda pagar un abogado. Si los delincuentes tienen defensores de oficio, ¿cómo la víctima puede seguir quedando en el más absoluto desamparo?

Proponemos la asistencia psicológica, también gratuita, en los casos que se la requiera y se demuestre no poder acceder a la misma.

El Poder Ejecutivo quiere crear otro impuesto

Hace pocos días, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto con algunas similitudes, pero con una gran diferencia: ¿cómo financiarlo?

Desde el Poder Legislativo no tenemos la posibilidad de crear gastos. De todas maneras, en Vamos Uruguay entendimos que debíamos proponer cómo financiar la propuesta realizada. De ese modo, para que no se afecte ninguna política pública, proponemos la idea de que el gobierno transfiera el 20% de lo destinado a publicidad oficial.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto le pidió, hace algunos meses, a Antel que redujera su presupuesto en publicidad en los mismos guarismos. Quiere decir que tan lejos no andaban nuestras estimaciones.

Sin embargo, el proyecto del Poder Ejecutivo, defendido por el ministro Eduardo Bonomi y el subsecretario Jorge Vázquez en comisión (11/7/2012), establece la imposición del 1% a la actividad aseguradora, tanto pública como privada. Según los cálculos gubernamentales, se estaría recaudando por ese concepto unos 9 millones de dólares por año, aproximadamente.

En la misma sesión de la comisión, recibimos a las autoridades del Banco de Seguros del Estado y de la asociación que nuclea a las empresas aseguradoras privadas. Más allá de que se comparte la iniciativa en términos generales, ambas instituciones coincidieron en varias


cosas: en primer lugar, de confirmarse la creación de este impuesto, el costo del mismo será trasladado al precio de los seguros. En segundo lugar, se va contra una actividad que busca prevenir los siniestros y que no tiene vinculación directa con las acciones de la delincuencia. En tercer lugar, al tratarse de una propuesta vitalicia para algunos casos, las autoridades advirtieron sobre la eventual desfinanciación en el corto plazo. En cuarto lugar -aunque con matices- quienes dirigen la actividad aseguradora coincidieron en que es posible generar un producto que garantice, a un costo menor, una cobertura en caso de una contingencia desgraciada.

En las próximas semanas, recibiremos al Banco de Previsión Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, para continuar con este tema.

Realmente no logro comprender por qué el gobierno va a crear un nuevo impuesto. Si son 9 millones de dólares los necesarios, ¿no puede recortarse el presupuesto publicitario de empresas que no compiten, hasta llegar a esa cifra? ¿Cuánto puede repercutir en las campañas publicitarias de Antel, Ancap, OSE y UTE, si bajan un 20% las partidas para ese rubro?

Haré todo el esfuerzo necesario para que podamos buscar una alternativa que no genere un nuevo impuesto.

La opinión con altura y firmeza del diputado Fitzgerald Cantero Piali

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Una mayoría que no quiere nada con las investigaciones

Por Alejandro Guedes (*)

El pasado lunes 16 el Frente Amplio decidió no habilitar la conformación de una comisión investigadora en el senado que abordara las polémicas decisiones que derivaron en la liquidación de Pluna. Al día siguiente en una maratónica y acalorada sesión en diputados el oficialismo levantó sus manos para aterrizar definitivamente a nuestra aerolínea de bandera. Luego de asegurarse de que el tema no sea investigado por el Parlamento, y por ende se evitara asumir responsabilidades políticas mayores, el Vicepresidente Danilo Astori y posteriormente Tabaré Vázquez reconocieron haberse “equivocado” en el proceso de asociación con Leadgate.

En lo que respecta a la investigadora, el senador Ernesto Agazzi (MPP) explicó en conferencia de prensa que no se apoyó la convocatoria de la comisión “porque no tiene sentido hacer una investigación en la Justicia y otra a nivel parlamentario”. Entre las justificaciones, se alegó las grandes limitaciones que tiene una comisión investigadora en comparación a la justicia. También se señaló que “se puede investigar a organismos y funcionarios, pero no a privados”, o que de abrirse una instancia dentro del Parlamento se estaría “politizando” el tema (Astori, Dixit). Bajo la justificación que se quiera, lo cierto es que se eludió al Parlamento y se optó por aprobar en el senado una moción para enviar los antecedentes de Pluna S.A al Juzgado de Crimen Organizado, donde ya se está tramitando una denuncia del Partido Nacional. ¿Es esta una decisión apropiada y funcional a los intereses de la ciudadanía? No necesariamente. La razón es simple. Si el argumento de los legisladores frentistas es correcto, en el sentido de que no vale la pena abrir una comisión parlamentaria dado que se sobrepone con la tarea del juzgado ¿por qué la Constitución de la República en su artículo 120 (y la ley 16.698 referida a las comisiones parlamentarias) establece la facultad de nombrar comisiones parlamentarias de investigación con la potestad formal de investigar asuntos públicos con fines legislativos? La clave está en que más allá de haber incurrido en responsabilidad penal, lo cual aún no sabemos, igualmente puede existir responsabilidad administrativa y política. Estas instancias, la penal y la parlamentaria, no son excluyentes, en todo caso serían complementa-


rias. En este punto se justifica la existencia de un instrumento de control como las comisiones investigadoras, propio de una democracia republicana y representativa.

La Ley Nº 16.698 otorga a las comisiones la facultad de investigar situaciones que presumiblemente pueden ser ilícitas o irregulares, suministrando información de primera mano a la Cámara respectiva. Por extensión, si la situación trasciende responsabilidades administrativas y cae en lo penal se puede pasar al ámbito judicial. En el caso PLUNA el propio Frente Amplio derivó lo actuado al Poder Judicial, con lo cual genera motivos más que suficientes para habilitar paralelamente una comisión investigadora. De hecho, esta es la única manera de saber si estamos frente a una “equivocación”, “error”, “incompetencia”, o frente a una operación deliberada. Lo cierto, es que se evitó esta instancia para eludir eventuales costos políticos de un espiral de decisiones nada claro. Luego de esta maniobra, que el Vicepresidente Astori o el propio Vázquez asuman “equivocaciones” es un absurdo, constituye una verdadera suspicacia que nada aporta a la transparencia o a la honradez de su gobierno. Para sustentar aún más nuestro argumento veamos un ejemplo que ocurrió casi simultáneamente al desenlace de la liquidación de PLUNA, en un país que sí podríamos catalogar como “de primera”, a juzgar por la forma de proceder.

El Congreso de los Estados Unidos a través del “Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones” realizó una pesquisa sobre el grupo financiero británico HSBC Holding basado en algunas presunciones de irregularidades en los controles de las finanzas. El trabajo fue divulgado el lunes 16 mediante un informe de 330 páginas por la que se supo que Irán y el narcotráfico lavaban dinero en el mencionado banco. El mismo informe reveló que el HSBC ocultó operaciones con el país persa por 16 millones de dólares realizados a través de HBUS, filial estadounidense del HSBC. Como es de presumir en estos casos, las autoridades del banco también asumieron “errores”, “descuidos” y se mostraron “sorprendidos” por estas revelaciones. Pese a estas declaraciones, la contundencia del reporte se cobró la primera víctima, David Bagley, jefe del Departamento de Control del banco británico quien anunció su renuncia frente al Subcomité del Senado. Por el momento no se demostró una responsabilidad penal de este funcionario, pero sí una clara negligencia administrativa.

Salvando distancias, el ejemplo es bien ilustrativo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En un sistema democrático serio esbozar un “mea culpa” es tan solo un dato. La “ética de la responsabilidad” debe estar grabada a fuego en los tomadores de decisiones y se debe garantizar con los mecanismos que ofrece la democracia republicana. Por el contrario, los recursos que ofrecen la potestad de control parlamentario se descarta de plano en contextos de pseudo-democracias, donde este tipo de controles son solo un estorbo a un estilo de conducción generalmente de estirpe populista. Si bien creemos que nuestro caso aún no cae bajo este rótulo, existen señales cada vez más frecuentes que preferimos vincularlas a la mayoría parlamentaria que ostenta el Frente Amplio.

(*) Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República.


Educación: la impostergable necesidad de racionalizar

Por Rodolfo Balakier

Innegable es la importancia que han tenido una serie de noticias, en cascada, referidas a los desatinos políticos, jurídicos y económicos en los cuales nuestro gobierno ha incurrido en los últimos días.

Desde el atropello jurídico regional de suspender a Paraguay en el MERCOSUR para meter “por la puerta de atrás” a Venezuela (flagrante violación a los estatutos del bloque regional, reconocida abiertamente y sin tapujos por nuestro presidente bajo la consigna “se priorizó lo político a lo jurídico”) hasta la hecatombe de PLUNA, donde se puso fin de la peor manera a todo un ícono de nuestro país en medio de irregularidades e irresponsabilidades inaceptables en un estado de derecho.

No obstante, en medio de tanta novedad informativa de relevancia, surgen, como grietas entre las rocas, pequeñas noticias que si bien en principio pueden llegar a pasar desapercibidas, constituyen las primeras fisuras en una fachada que parece resquebrajarse.

Una de estas noticias refiere al hecho de que las áreas con más recursos asignados en los últimos tiempos, son aquellas que registran mayor déficit de gestión.

La salud, la educación y la seguridad, con incrementos de un 124%, 88% y 78% respectivamente desde el año 2005 a la fecha, son casualmente las áreas más críticas en este aspecto.

En todos los casos, en diversos momentos de las gestiones frenteamplistas, se anunciaron a viva voz sendos “Sistemas Nacionales

Integrados de…” tanto para la salud, como para la educación, a lo que debe sumársele las tan mentadas 15 medidas contra la inseguridad.

El Sistema Nacional Integrado de Salud, no hizo otra cosa que saturar las mutualistas dejando al Sistema de Salud Pública hundido en la misma crisis de recursos y carencia de personal que se pretendía subsanar.

En el caso de la educación la situación fue y es aun peor. Un aumento del 88% en recursos que se vio reflejado apenas en la implementación del Plan Ceibal, en hacer un nuevo programa escolar y en anunciar la concreción de un proyecto ProMejora que al día de hoy sigue en el freezer.

Mientras tanto las instituciones educativas siguen cayéndose a pedazos, la calidad de la educación sigue en caída libre y la inversión de recursos económicos ya linda lo que puede considerarse derroche de recursos.

Reflejo de una visión “integral no utilitarista” las autoridades educativas no generaron indicadores serios y fiables a la hora de “medir” la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos en materia educativa. Fieles, claro está, a la mas radical ideología de izquierda (en lo que a educación refiere) donde la eficiencia, la eficacia y la maximización de recursos, son mala palabra, términos “tecnisistas” que deben erradicarse del ámbito educativo.

Cuando bajo la dirección de Germán Rama se planteó la idea de establecer salas de informática bien equipadas a fin de introducir la informática como materia


curricular de enseñanza, docentes y connotados miembros del gremio educativo, se opusieron bajo la consigna de que se priorizaba la novedad tecnológica a los contenidos de enseñanza.

Ahora bien, cuando Tabaré Vázquez anunció e implantó el Plan Ceibal, desde el magisterio nacional se dio lo que el propio Tabaré, en otros términos y en otra situación, definió como un “profundo y prolongado silencio” el cual se rompió tibiamente cuando los docentes se dieron cuenta que el Plan Ceibal conspiraba contra sus intereses corporativos, al incluir nuevos indicadores de evaluación y nuevas exigencias de trabajo que recaerían sobre ellos.

Algo similar a lo que ocurriría después con el proyecto ProMejora, donde se buscaba, en forma incipiente, racionalizar los recursos educativos mediante la concreción de proyectos que permitieran a las instituciones aumentar los estándares de eficiencia en la utilización de los mismos.

Bajo la anacrónica bandera de que esto llevaría a las instituciones educativas a una “competencia encarnizada” por los recursos y siempre atentos a la idea de que la “competitividad” es mala palabra, las corporaciones docentes de secundaria hicieron “piquetes” frente a los locales de secundaria para impedir que otros docentes, que sí querían elegir horas en el ProMejora, no pudieran hacerlo. Se desagremió a la fuerza a aquellos docentes que hicieron público su apoyo al ProMejora y se volvieron a poner todos los palos en la rueda que fueron posibles para evitar su aplicación.

Todos ellos claros ejemplos de la “pluralidad de opiniones y el respeto por la diversidad” que tanto pregona nuestro colectivo sindical.

El gobierno, como no podía ser de otra manera, cedió a las presiones sindicales y una vez más otro proyecto quedó en el congelador hasta nuevo aviso.

Respecto al propio Plan Ceibal, no se ha demostrado, más allá de las afirmaciones oficialistas, que el mismo haya mejorado

significativamente los niveles de aprendizaje, en parte por la ausencia total de indicadores fidedignos que midan la eficacia en la aplicación de esta nueva tecnología en el aula.

Mientras esto ocurre en Uruguay, del otro lado del mundo, ni más ni menos que Bill Gates, el co-fundador de Microsoft, ha puesto en duda la efectividad de las nuevas tecnologías a nivel aula al sostener que “sólo darle dispositivos a la gente tiene un horrible historial. Lo que hay que hacer es cambiar el plan de estudios y al profesor”, en otras palabras racionalizar los recursos, no despilfarrarlos priorizando la novedad al contenido bajo la supuesta bandera de la “equidad de oportunidades”. El propio Gates sostiene que “el dispositivo (…) no es el factor limitante”.

La crisis educativa no es ni será en el corto plazo una crisis tecnológica, sino más bien una crisis ideológica. Docentes y gremios en sintonía con un gobierno que parece tener aversión a racionalizar recursos que, si bien hoy abundan, pronto podrán llegar a escasear con la sombra de la crisis europea pisándonos los talones.

Sin proyectos concretos, sin indicadores calidad educativa y sin planes correctos para mejorar dicha calidad. Alguna vez los intelectuales de izquierda criticaron el paradigma de la tecnología educativa sosteniendo que se veía a la educación como una “caja negra”, algo que se organizaba y programaba por fuera de las instituciones educativas y del colectivo docente.

Ahora, desde el gobierno, han transformado a la educación en un verdadero “agujero negro” un lugar donde se invierten recursos sin obtener una mejora concreta, plausible, medible.

Como en seguridad y salud, en materia educativa parecemos estar a la deriva, a merced de las voluntades gremiales, por fuera de los acuerdos multipartidarios y de cara a un incierto futuro de crisis para el cual, por ahora, no estamos preparados.


México: nuevo gobierno y los desafíos de la guerra contra el narcotráfico

Del Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro Luego de setenta años de gobierno del PRI en México, hace más de una década se inició en apariencia un cambio político, con la llegada del partido de centro derecha PAN, que entre sus principales desafíos fue enfrentar la escalada de violencia contra el crimen organizado, que ha generado especial atención en la prensa mundial.

México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, por su posición geográfica y contexto geopolítico, se ve en medio entre los centros de producción de drogas ilegales y el principal centro de consumo mundial. A todo ello se une una realidad social, económica y política, que ha servido para la formación de poderosas organizaciones criminales, cuyo poder constituyen un serio desafío para la existencia del propio Estado. Esta escalada de violencia, no solo afecta a México, sino a países de América Central, particularmente El Salvador y Guatemala.

La llegada del presidente Felipe Calderón, significó la puesta en marcha de un programa de militarización. Las incapacidad de las autoridades locales (estatales y locales), tanto en sus sistemas judiciales y policiales, llevó a la intervención directa del gobierno federal. Las limitaciones de la entonces Policía Federal Preventiva y de la Procuración General, llevó al gobierno a emplear las fuerzas armadas. Cabe señalar que México, a diferencia de países de Europa y Argentina, carece de fuerzas intermedias. Así comienza la guerra contra los poderosos carteles de la droga, que ya detentan el control territorial, como el caso de Ciudad Juárez, y libran entre sí sangrientas disputas.

La estrategia de militarización con la movilización de 45.000 soldados, fue apoyada desde Estados Unidos, quién a través del denominado “Plan Mérida” con fondos, entrenamiento, y equipo militar. A todo ello se agregó de fuertes inversiones en materia militar, transformando a México, en un interesante mercado para las multinacionales del armamento tanto de Europa Occidental, como de Rusia, Israel, Brasil, y Estados Unidos. A todo ello se agregó la creación de una nueva Policía Federal, como unidad de elite para combatir a los carteles de la droga.

La denominada “guerra contra las drogas” fue objeto de numerosas críticas, dado el espiral de violencia, que según fuentes internacionales ha significado en vidas, una cifra que ronda entre los 55.000 y 60.000 muertos. Estas cifras, estremecedoras, han repercutido hondamente en la sociedad mexicana que se ha movilizado contra los secuestros, la violencia perpetrada tanto por el Estado como los grupos criminales. Por otro lado la presión ejercida por la “guerra” ha llevado a que jefes narcos migraran a otros países (como Argentina) para expandir sus negocios o buscar zonas seguras. Esto plantea un escenario de “regionalización” del conflicto, a tal punto, que en algún medio especializado se habló de la intervención directa de Estados Unidos. Los antecedentes de Irak... para más de uno seguramente causaron escalofríos.

La guerra sin ninguna duda erosionó severamente al gobierno de Calderón y su partido el PAN, lo que posiblemente creó las condiciones del retorno del PRI. Este partido hegemónico, según una nota escrita por Enrique Krauze (“La democracia imperfecta” en La Nación, 1ro de julio de 2012), este señala que el PRI fue responsable de la estabilidad política, orden y crecimiento, a costa de una terrible corrupción y complicidad con el narcotráfico. El fin de la hegemonía del PRI, significó una serie de cambios políticos importantes, una mayor separación de poderes, libertad de expresión, lo que genera dudas a un retorno al pasado.


En estas elecciones, donde la coalición liderada por el PRI, ha sido objeto de cuestionamientos, fuera y dentro de México, que significó el recuentos de cientos de miles de votos. No obstante este comienzo para el flamante nuevo presidente Enrique Peña Nieto, tiene ante sí serios desafíos. Siguiendo lo que nos decía Krauze, la pobreza (un factor importante a tener en cuenta en el clima de violencia que vive el país), el moderado crecimiento económico (3,9%) insuficiente para combatir la pobreza, las reformas en el sector petrolero (necesitado de inversión), creación de empleo, reformar el Estado, los monopolios privados, etc. A todo ello se agrega, la violencia protagonizada por los narcos. El país precisa ante todo una reforma policial, se habla de incrementar el número de policías federales, expandir el control del ejército a “zonas calientes”, además de tener en cuenta programas sociales, vitales para complementar una estrategia contra la violencia (salud, educación, rehabilitación social, etc.).

El flamante presidente electo, según el The Wall Street Journal Americas, ha puesto sus ojos en el ejemplo del Plan Colombia. Asimismo, Peña Nieto expresó su interés de hacer cambios en la economía mexicana, especialmente en materia de crecimiento económico, reforma laboral y tributaria, y cambios en el sistema de seguridad social. En materia petrolera, los cambios demandarían el cambio de la Constitución, algo que está dispuesto a hacerlo, a fin de promover la modernización del sector.

Todos hablan de crecimiento económico, a fin de combatir la pobreza, cuando nuestros países de común origen, precisan políticas de desarrollo integral a fin de terminar con los desequilibrios regionales y sociales, “purgar” las instituciones, crear mecanismos eficientes de lucha contra la corrupción, invertir en infraestructura de impacto social (vivienda, agua potable, escuelas, salud), y lanzar una verdadera ofensiva para hacer presente al Estado, no solo por medio de fuerzas policiales y militares, sino a través de un conjunto de instituciones que actúen en conjunto, atacando los males de la sociedad desde la raíz.

A nuestro modesto modo de ver, no habrá cambios importantes en México, sino se adoptan cambios profundos. Dado la problemática del crimen organizado, se precisa una estrategia regional y coordinada con participación de Estados Unidos (principal mercado de consumo de drogas y proveedor de armas a los carteles), México, América Central, y hasta América del Sur. El eje no solo debe ser reformas en los sistemas de seguridad pública, blindar las fronteras y un estricto control de las vías de comunicación, sino también políticas sociales y educativas acordes, destinados a quitar base social donde el crimen organizado pueda reclutar mano de obra. Esperemos que de una vez por todas, haya un cambio de rumbo, antes que sea demasiado tarde y la violencia se transforme en un mal estructural.

Piden informes sobre policlínicas de Canelones y Área Metropolitana

El senador Alfredo Solari solicitó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud Publica a fin que por intermedio de A.S.S.E, se informe sobre la veracidad de las quejas y denuncias presentadas por vecinos y autoridades locales con referencia al funcionamiento, organización y situación edilicia de diversos centros asistenciales del Departamento de Canelones y Área Metropolitana.

Dicho pedido refiere a varios aspectos relacionados a las Policlínicas de Toledo Chico y de 8 de Marzo de Villa García (Km. 21 Cno. Maldonado), así como a si cierta la intención o los planes de cierre de la Policlínica 24 de junio (Km. 16 Cno. Maldonado) y si está previsto en el Plan de Inversiones Públicas de A.S.S.E. la construcción de un nuevo centro asistencial en Santa Lucía en sustitución de la Policlínica actual.

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