Alternativa - Época II - N° 32 - 15 de setiembre de 2011

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Montevideo, 15 de Setiembre de 2011 - Época II Nº 32

Desaprobada A algo más de un año de haber asumido Ana Olivera como al frente de la Intendencia Municipal de Montevideo, el 52% de los montevideanos desaprueba la gestión, según informó la encuestadora Cifra en datos dados a conocer este martes próximo pasado en Canal 12.

El punto más relevante está en la marcada subida de la desaprobación, en relación a hace un año atrás. En 2010, la desaprobación se situaba en un 18 %, mientras que actualmente ese guarismo subió 34 puntos porcentuales, situándose en el 52 % mencionado.

A su vez, la aprobación cayó, pasando de un 33 a un 28 %.

En otras palabras, la mitad de los montevideanos desaprueban la gestión, y apenas algo más de uno de cada cuatro, la aprueban.

Dentro de lo informado, el punto más endeble sigue siendo la limpieza de la ciudad, en que solo el 26 % de los montevideanos cree que su barrio está más limpio hoy que hace cinco años atrás.

Por lo que se observa, la tolerancia ciudadana se empieza a agotar, hacia una gestión donde solo se muestra una plaza como obra de relevancia, donde se anuncia la sospecha de un “complot” político contra la gestión de la basura, donde se prometió la limpieza en seis meses, donde se quieren copiar realidades de otras ciudades que son muy diferentes a la de Montevideo. Foto: mujeresyelecciones2009.wordpress.com

Lo importante , por Pedro Bordaberry Pág. 2

Así que por sus frutos, lo conocerán por el Prof. Rodolfo Balakier Pág. 5

Enriquecimiento ilícito, por Aníbal Gloodtdofsky Pág. 8

El censo, los impuestos y la inseguridad por Daniel Bianchi Pág. 12

Alternativa - Pág. 2

Lo importante Por Pedro Bordaberry

Un día, Jorge Luis Borges fue invitado a dictar conferencias en Universidades norteamericanas. Al hacerlo, según relata en su biografía, un hecho le llamó la atención: los estudiantes en dichos centros de estudios estaban, a diferencia de los nuestros, más preocupados por aprender que por la nota del examen.

En 1911 el Parlamento uruguayo recibió un proyecto del entonces Presidente José Batlle y Ordóñez. Por el mismo se creaban 18 liceos. Uno en cada capital

departamental del interior de Uruguay.

El proyecto fue defendido de forma brillante por el diputado colorado por Montevideo José Enrique Rodó. El mismo afirmó en su informe que “es deber del Estado reaccionar contra la centralización absoluta en que hasta hoy permanece la enseñanza secundaria oficial”.

Para Rodó “… la desproporción en el reparto de civilización y de influencias dirigentes entre la Capital y el resto de la República, es ya excesiva, sin duda, y no podría dejársela tomar cuerpo sin plantear un serio problema para el porvenir.”

Para el autor de “Ariel” esa diferencia entre la capital y el interior era no sólo excesiva sino injusta.

El cambio que significó la creación de esos liceos en las capitales departamentales fue enorme.

Batlle y Ordóñez dispuso que los laboratorios de Física y Química fueran comprados en París. Traídos los laboratorios desde la ciudad luz, su traslado y llegada a las capitales fueron realmente impresionantes. En esos años las dificultades de comunicación y traslados eran enormes. Para llegar a Melo fueron en tren hasta Nico Pérez (las vías férreas no pasaban de ahí) y luego en carretas hasta la capital de Cerro Largo.

AlternativaAlternativaAlternativaAlternativa es una publicación quincenal producida con la cola boración de adherentes y de amigos de

Alternativa Independiente, así como por el apoyo, c on artículos de opinión e información, de otros act ores políticos, sociales y técnicos, cuyo objetivo es di fundir las actividades de interés social, cultural y político que hacen a nuestro país, al Partido Colorado y a n uestra Agrupación, así como poner en conocimiento artículos de los diversos medios de prensa, que pue den resultar de particular interés. Nota: Las opiniones e informaciones vertidas son de exc lusiva responsabilidad de quienes suscriben los artículos, no comprometiendo la opinión de la publi cación ni de la agrupación política. Contacto : Tel. 099.777.269, E-mail : [email protected] Dirección: Fitzgerald Cantero Piali. Coordinación General: Leonardo Monzillo Costa. Colaboración en este número: Pedro Bordaberry; Rodo lfo Balakier, Daniel Bianchi, Aníbal Gloodtdofsky


Épico.

La visión de Batlle y Ordóñez y Rodó les llevó a pensar en el paso siguiente: una Universidad en el interior del Uruguay, con facultades en las capitales departamentales.

En 1971 el proyecto universitario para el interior fue retomado por legisladores colorados que lo presentaron al Parlamento.

En el 2009 lo incluimos en el Programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía en las elecciones nacionales de ese año.

Los mismos motivos que motivaron el proyecto de liceos departamentales en 1912 seguían vigentes en 1971 y en el 2009: “es deber del Estado reaccionar contra la centralización absoluta en que hasta hoy permanece la enseñanza oficial”.

A principios de 2010, dos diputados siguieron las enseñanzas batllistas de hace 99 años y de la década del sesenta. El diputado del Partido Nacional, García, y el Diputado Colorado, Amado, presentaron proyectos de ley proponiendo la creación de una segunda Universidad pública en el interior del país.

Es cierto, y debe reconocerse, que la Universidad de la República hizo un esfuerzo en los últimos tiempos para llegar al interior. Funciona una regional Norte en Salto, y otros centros en Rivera, Paysandú y la zona Este.

Pero no es menos cierto que dicho esfuerzo es insuficiente. En Salto es donde se dictan algunas carreras: Ciencias Sociales, Abogacía, Relaciones Internacionales, Turismo, Psicología y Enfermería.

En Paysandú y Rivera es casi testimonial: Tecnólogo en Salud ocupacional y Obstetricia en la primera y Tecnicatura en Recursos Naturales, Enfermería e Higienista en Odontología en la frontera.

Poco, muy poco.

En nuestro programa de gobierno somos muchos más ambiciosos, recogiendo el espíritu de los soñadores de 1912: una segunda Universidad en y para la gente del interior. Con Facultades en distintas capitales departamentales. Medicina en Tacuarembó dónde su hospital es noticia de tanto en tanto. Agronomía en Soriano y Río Negro donde el desarrollo agrícola y forestal es tan grande hoy. Veterinaria en Durazno donde la ganadería es líder. Turismo en Colonia. Ciencias biológicas en Rocha y Maldonado y así podríamos seguir.


Es el momento de ser audaces como lo fueron Batlle y Rodó a principios de siglo.

Como también lo fue otro colorado, el Dr. Pedro Figari, cuando a principios de siglo defendía a ultranza la labor de la Escuela de Artes y Oficios, hoy Utu.

Ninguno de los proyectos de ley fue tratado en el Parlamento pese a que fueron presentados hace casi un año y medio.

La semana pasada propusimos un mecanismo para terminar con ese quietismo a que nos tiene acostumbrado la mayoría oficialista en el Parlamento.

Lamentablemente la reacción de algunos no fue analizar el respaldo a la propuesta destinada a lograr que se concrete aquello con lo que soñaron Batlle y Ordóñez y Rodó en 1912 y que fuera reiterado en 1971 y en el 2010.

La primera reacción de algunos fue reclamar la paternidad de la idea. Yo aclaro por si acaso: no fue mía. Pero creo que poco importa si fue de Batlle y Ordóñez, José Enrique Rodó, Cersósimo, García o Amado.

Parafraseando a Borges, creo que no importa la nota. Lo que importa es que se termine con la enorme diferencia en la enseñanza universitaria entre la capital y el interior. Fuente: www.facebook.com/pedrobordaberry/lacolumnadeldomingo


Así que por sus frutos, lo conocerán Por el Prof. Rodolfo Balakier

Hace poco más de un mes fue el BID quien sostenía que “dotar a los planteles de más máquinas hará poco para mejorar la calidad de la enseñanza”. Hoy la réplica emerge desde las propias entrañas del colectivo docente cuando una de las resoluciones de la Asamblea Técnico Docente (ATD) nacional de Primaria, no sólo reitera su rechazo al Plan Ceibal, sino que reclama la redistribución de los recursos en capacitación de los docentes.

Extraña coincidencia nos han deparado los albores de este nuevo siglo, los docentes que tantas veces renegaron del BID y su “ingerencia” en la realidad educativa del país, terminan coincidiendo con éste en que el plan de entregar una computadora por niño “in eternum” no repercute significativamente sobre la calidad educativa.

Pero el colectivo docente reunido en la ATD da un paso más allá cuando la delegada de la Mesa Representativa de la ATD, Raquel Bruschera, sostiene al matutino Últimas Noticias que el Plan Ceibal es “un plan impuesto por el Poder Ejecutivo” a la vez que sostiene que “carece de un enfoque pedagógico”.

No deja de ser extraño que recién ahora y a casi cinco años de haber sido implantado, los maestros reaccionen por primera vez con fuerza contra este plan que junto al Plan de Emergencia fueron los “caballos de batalla” del gobierno del Dr. Vázquez, así como pilares fundamentales de la campaña frentista durante las últimas elecciones.

La falta de un programa pedagógico

serio y eficiente que acompañara la implementación del programa OLPC en el Uruguay no es novedad. Desde un primer momento se priorizó la “novelería” y el impacto visual de ver a través de todos los medios de comunicación cómo el entonces Presidente Vázquez y sus ministros, rodeados de túnicas blancas, entregaban una a una las “ceibalitas” a los niños. Una eficiente y eficaz campaña de marketing para promocionar el “país de primera” que, según el discurso, estaba a la vuelta de la esquina.

Pero como la historia ha demostrado, los “ídolos con pies de barro” no llegan muy lejos y en el país del “atalo con alambre” los proyectos a conciencia, a largo plazo, pensados en forma seria y a conciencia, están muy lejos de ser una realidad.

¿Por qué el magisterio nacional esperó hasta ahora para hacer sentir su voz contra el Plan Ceibal? ¿Acaso no se sabía desde un principio que no existía un programa pedagógico que acompañara la implantación de las nuevas tecnologías en el aula?

¿Será que recién ahora se dan cuenta que sin maestros capacitados, sin estructuras edilicias adecuadas, sin un programa y recursos pedagógicos asociados, el Plan Ceibal es inviable a largo plazo? O acaso este acto de sinceridad se debe a otras razones menos loables, como ser la introducción del trabajo con las laptops como un nuevo elemento de contralor de la actividad docente, lo que les molesta. En palabras de la delegada Bruschera “hoy los inspectores tienen en cuenta el uso de la laptop a la hora de


calificar al docente, aspecto que no debería estar incluido”.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que hasta el momento la única acción concreta del actual Gobierno en materia educativa ha sido extender el Plan Ceibal a los liceos, un mero cambio de color (de verde a azul) para la misma solución que está mostrando sus falencias en primaria.

Parece que en filas del Gobierno la venda sigue bien atada sobre los ojos, ya sea por ignorancia o por conveniencia.

Del otro lado del abismo, la realidad: escuelas que se caen a pedazos, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (ahora rebautizado Programa Escuelas Disfrutables) prácticamente detenido en el tiempo, carencia de personal docente y las carencias del personal docente. Maestros que en lugar de comprometerse con su

trabajo en clase buscan huir a toda costa del sistema. Violencia en el aula y su entorno, malas condiciones edilicias de trabajo, magros sueldos, escaso reconocimiento social producto de años y años de formación ideológica que ha desplazado la formación académica de los docentes.

La propia ATD ha reconocido que se han invertido $ 120 millones en los tres primeros años y que “un 30% de las máquinas se encuentran rotas” sobre todo en los contextos más desfavorables.

Lentamente el halo místico que rodeaba al gobierno progresista y sus “planes” se va esfumando. Si como versa ese pasaje del Nuevo Testamento: “por sus frutos lo conocerán”, en referencia al árbol bueno del malo, parece que los frutos del gobierno frenteamplista ya están a la vista y no son precisamente lo que muchos creían.

Farmacéutica multada por ser robada En La Coruña (Galicia – España) quieren multar con 600 euros a una farmacéutica porque un ladrón la atracó.

Según la ley, la Subdelegación del Gobierno en Galicia pretende sancionar a una boticaria coruñesa por estar el pasado 19 de junio detrás del mostrador cuando un delincuente con la cara oculta bajo un pasamontañas le mostró un cuchillo, le exigió el dinero y se hizo con los 200 euros que había en la caja. Le achacan que no tuviera las medidas de seguridad exigibles en el artículo 131 del real decreto que regula la seguridad privada, que ordena a las farmacias disponer de un torno en la puerta que evite la entrada al establecimiento durante las noches.

El problema está en que el atraco se produjo a las once de la mañana de un luminoso día de verano. Y como no estaba de guardia ni de servicio nocturno, la boticaria no entiende nada. Por eso recurrirá una sanción que triplica lo robado. Fuente: noticiascuriosas.blogspot.com - Alberto Castro


191 años del escudo de los débiles,

175 años de la divisa colorada

El próximo sábado 17 de este mes, el Partido Colorado se reúne en Durazno para conmemorar los 175 años de la divisa colorada.

Desde las 10:00 horas se llevará a cabo un acto en la Casa de Rivera (Manuel Oribe 775, ciudad de Durazno), con una sesión del Comité Ejecutivo Nacional y la entrega de pabellón nacional, bandera de Artigas y bandera del Partido Colorado, acto que podrá ser presenciado tambien vía Internet (on line) a través de la página web del partido (www.partidocolorado.com.uy)

Asimismo, se aprovechará la ocasión para, en horas de la tarde, celebrar una reunión de Secretarías Técnicas del Congreso Ideológico, y reunión de jóvenes (en el Hotel del Country).

Mensuario www.vamosmas.blogspot.com

Visita:

www.

fcanteropiali.

blogspot.

com


Enriquecimiento ilícito El representante nacional por Montevideo (Partido Colorado – Vamos Uru-guay) Aníbal Gloodtdofsky, presentó un proyecto de ley que tiene como propósito adecuar la legislación nacional conforme a las pautas que proporciona la Convención contra la corrupción de la Organización de las Naciones Unidas aprobada en Uruguay por la Ley Nº 18.056, de 20 de noviembre de 2006.

En su exposición de motivos, el diputado expresa que “La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se aprobó en México en diciembre de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Por ser el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante contra la

corrupción, la Convención ofrece una posibilidad extraordinaria de promover una respuesta mundial al vasto problema mundial de la corrupción. La Convención estipula que los países tipifiquen como delito una amplia gama de actos de corrupción, si éstos todavía no se consideran como tal en su derecho interno, es decir que no se encuentran plasmados en la legislación penal o que las figuras existentes se muestran insuficientes. Al haber ratificado nuestro país por medio de la ley Nº 18.058 la mencionada Convención contra la Corrupción, se asumió una obligación jurídica internacional que implica el compromiso de instrumentar e incorporar a nuestro derecho positivo las normas legislativas correspondientes para dar cumplimiento a la Convención, y contar así con un mejor y mayor sistema orgánico de prevención, control y sanción de hechos de corrupción.

A su vez por Ley Nº 17.008 de 15 de setiembre de 1998 nuestro país también aprobó y ratificó la

Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1996 con el propósito de promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Y en el Artículo VII de dicha Convención Interamericana se expresa puntualmente que: “Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención”.

En particular, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación


(incluida la tentativa y las medidas preparatorias), ya sea como autor, cómplice, colaborador o instigador de: el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él (Art.20); el Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de fun-cionarios de organiza-ciones internacionales públicas (Artículo 16); el Tráfico de influencias (Artículo 18); el Soborno en el sector privado (Artículo 21); la Malversación o peculado de bienes en el sector privado (Artículo 22); el Blanqueo del producto del delito (Artículo 23); el Encubrimiento (Artículo 24); y la Obstrucción de la justicia (Artículo 25), etc.

El tema de la transparencia y de la confianza en la gestión pública, pasa, justamente, no sólo por dar una imagen de honestidad sino también por establecer todos los instrumentos que hagan efectiva la transparencia en lo que refiere a la gestión pública.

Resulta capital que los

funcionarios públicos observen estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.

La legislación vigente no prevé, por ejemplo, la figura penal del “enriquecimiento ilícito” entre otras. Es por ello, que se entiende imprescindible la sanción de un cuerpo normativo, que dé cristalinidad y transparencia al actuar y al patrimonio de los administradores de los bienes públicos, en clara consonancia con la Convención Interame-ricana Contra la Corrupción, tratado suscrito por Uruguay ya en el año 1999 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada también por nuestro país en 2006. La propuesta intenta dotar de instrumentos legales al Poder Judicial para que castigue a los funcionarios que incurran en los referidos actos de “corrupción”.

Cabe consignar que la corrupción puede ser tanto

pública como privada y en ambos casos, adoptar diferentes formas. La corrupción pública afecta muchas veces los fondos públicos y además erosiona gravemente la imagen de los gobiernos y de la función pública, ya que todo agente del poder público es una referencia obligada en la sociedad. Por su parte, la corrupción privada distorsiona las leyes del mercado, afecta la reputación de las empresas y contribuye a erosionar los valores de la sociedad. Es así que si no se combate, la opinión pública advierte rápidamente que ciertas prácticas no deseables están haciendo aparición en el país, que la sociedad se vuelve menos transparente, que la corrupción puede llegar a adquirir carácter endémico en ciertos sectores, que la honradez no forma parte de la cultura política, que no hay cristalinidad y transparencia al actuar público y muchas veces tampoco en el ámbito privado.

La ley uruguaya no contempla concretamente la figura delictiva motivo de esta actuación, por ende


con este proyecto se pretende adecuar la norma nacional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incluyendo en la normativa penal de nuestro derecho positivo, las referidas previsiones. E implica si-multáneamente perfeccio-nar y establecer amplia-ciones o correctivos a las disposiciones penales contenidas en la Ley Nº 17.060 de diciembre de 1998 (conocida como ley Anticorrupción), a fin de hacerla más adecuada y eficaz para la defensa de los bienes jurídicos tutela-dos, en las actuales cir-cunstancias por las que atraviesa el Uruguay y el mundo.

Debe especialmente seña-larse que, en particular para el caso del nuevo delito de “Enriquecimiento ilícito”, se propone la “inversión de la carga probatoria”, lo que signifi-cará que será el funcio-nario quien tendrá la obligación de probar, ante la duda, el origen de sus ingresos, es decir de dónde surge el aumento patrimonial o el incremento significativo del patrimonio respecto de sus ingresos legítimos cuando no pueda ser razonablemente justifi-cado y si no logra probarlo,

incurrirá en la figura delictiva.

Como antecedentes debe de subrayarse que un proyecto de ley de similares características, creando la figura penal del enriquecimiento ilícito, fue impulsado oportunamente los ex Senadores Dante Irurtia y Pablo Millor y también existe otro proyec-to que fue presentado el ex Representante por Monte-video, Ruben H. Díaz en febrero de 2001.

El derecho penal y la política criminal deben tender a satisfacer las nuevas necesidades de la sociedad, como forma de prevenir conductas que tienden a tornarse habitua-les y de las cuales la sociedad debe protegerse velando por el bien jurídico superior de la defensa de la Administración Pública y de la sociedad en general.

Texto del Proyecto

“Artículo 1º.- Enriqueci-miento ilícito. El que debidamente requerido por la autoridad judicial, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta cinco años

después de haber cesado su desempeño, siempre que el hecho no constituya otro delito más grave, será castigado con dieciocho meses de prisión a seis años de penitenciaría, con multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 20.000 UR (veinte mil unidades reajustables), e inhabilitación especial de dos a cinco años.

Con la misma pena será castigada la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilícito.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiere incrementado con dinero, bienes muebles o inmuebles u otros valores, sino también cuando se hubiesen cancelado deu-das o extinguido obligacio-nes que lo afectaban.

Artículo 2º.- Agravante especial. La pena será de dos a diez años de penitenciaría, con multa de 300 UR (trescientas unidades reajustables) a 30.000 UR (treinta mil unidades reajustables), e inhabilitación especial de cinco a diez años, cuando se tratare de agente que ocupe un cargo electivo o de particular confianza, o hubiere sido designado previa venia parlamentaria.”


Cifras

Papel o digital 48 a 41 minutos descendió el tiempo promedio de lectura de la prensa papel entre setiembre de 2010 y julio de 2011.

37 a 42 minutos aumentó el tiempo promedio de lectura de la prensa digital en igual período.

31% es el guarismo de los lectores de prensa en papel en Montevideo. En 2008 era el 38%.

31,1% es la cifra de los lectores de medios digitales. En 2008 era el 13,5%.

6 de cada 10 montevideanos no se informan a través de medios escritos.

344.000 montevideanos es la cantidad de lectores de prensa digital.

10,5% de los montevideanos dice consumir medios impresos y digitales.

Fuente: encuesta realizada por DataMedia, sobre Montevideo urbano, entre el 1 y el 15 de julio, y entrevistó telefónicamente a 800 montevideanos mayores de 11 años, con un formulario cerrado de 20 preguntas. El margen de error es de 2,8%, publicada en 180.com.uy.

www.yofirmo.com.uy [email protected]

Vamos a Más lo invita a sumarse con su firma por la seguridad.

Si el gobierno, con su mayoría circunstancial, no tiene la voluntad para legislar

de manera de mejorar la seguridad, los ciudadanos organizados debemos hacer escuchar

nuestra voz y hacer valer el poder de nuestra firma.

Para sumarse a esta propuesta, escribanos a [email protected] con sus datos, para ponernos en contacto y coordinar el registro de su firma o puede descargar el formulario en

www.yofirmo.com.uy y escribirnos al correo anterior para levantar su papeleta.

Gracias por el apoyo a la rehabilitación de los menores en conflicto con la ley

y a vivir en un país más seguro.

En Facebook: Fitzgerald Cantero Piali


El censo, los impuestos y la inseguridad Por Daniel Bianchi

En el año 212 A.C., la República Romana creó un sistema de reclutamiento de tropas que funcionaba con referencia a los bienes de que disponía cada ciudadano, lo que determinó la necesidad de organizar un censo de propiedades y transmisiones cada cuatro años. Más tarde, la prosperidad del Imperio Romano se fundó sobre ciclópeos cimientos, uno de los cuales fue su colosal capacidad para la recaudación de impuestos con bases, precisamente, en los censos efectuados.

Esa poderosa herramienta, el censo, es, en definitiva, un relevamiento que apunta a conocer el número de habitantes durante un período concreto, con vistas a obtener datos demográficos, sociales y económicos que permiten proyectar y desarrollar políticas de gobierno tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población, estratificar la información, tomarlos como base para cálculos estadísticos y, por supuesto, cobrar impuestos.

Desde hace décadas el gobierno uruguayo viene realizando censos, que implican la movilización de una considerable cantidad de recursos -humanos y económicos- de tal magnitud que permitan garantizar un operativo de alta calidad para que la información sea útil y válida.

Los últimos censos en nuestro país tuvieron lugar en 1975, 1985, 1996 y 2004. Hasta ahora, la tarea de censistas era cumplida por funcionarios públicos que, durante un día, recorrían todo el territorio nacional.

Los resultados siempre fueron buenos y genéricamente aceptados. Sin embargo, hay gente que tiene la dudosa “habilidad” de complicar lo fácil. Los integrantes del actual gobierno parecen pertenecer a esa rama.

Hoy, tras ese afán de “cambiar” todo lo establecido -aunque parece que siempre es para peor- en el marco del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2011 que se viene desarrollando, la tarea de censistas la cumple cualquier ciudadano que se haya ofrecido para ello, y además implica todo un mes.

Cambiar, cambió: lo que antes hacían funcionarios públicos en sus localidades (generalmente gente a la que todos conocíamos) ahora lo hacen ilustres desconocidos -convocados mediante un llamado abierto para cubrir los cargos que, a diferencia de lo que sucedía en los relevamientos anteriores, son remunerados- y lo que antes se hacía en un día, ahora se hace en un mes. Se invoca, para ese cambio, colocar al país “a la vanguardia en materia de recolección de datos” con finalidad estadística.

Permítasenos dudar.

Pero lo que más llama la atención es que el cambio tiene lugar justo ahora, cuando la inseguridad golpea como nunca a las puertas de todos. Cuando toda oportunidad es aprovechada por


los delincuentes, como sucedió días pasados, cuando varios ladrones coparon una casa haciéndose pasar por censistas.

Tras ese hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recordó a la población que no es obligatorio permitir el ingreso del censista al hogar y recomendó que el cuestionario se conteste desde la puerta. Más aún: el organismo debió aclarar lo que nunca: que la gente no proporcione datos por teléfono, ya que el censo es presencial.

Hasta ahora, no había riesgos de estas características porque el censo era un amplio operativo que insumía un día y se llevaba a cabo en forma simultánea en todos los puntos del territorio nacional, por lo cual estaba más controlado, y ello imposibilitaba que se organizaran fraudes con este tipo de visitas.

Hoy, existen 7.315 censistas registrados, cada uno de los cuales recibe un listado de 250 viviendas que debe visitar a lo largo de los 30 días que se extiende la consulta. Pero no se sabe quién de ellos se presentará en el umbral de nuestro hogar.

Además, el costo del censo es de alrededor de 15 millones de dólares, una cifra muy elevada como para obtener datos imprecisos, que es lo que va a suceder en este caso ya que las características del cuestionario incluyen varios errores de conceptos. Por ejemplo, se pregunta si se tiene celular pero no cuántos, y, por tanto, el número de celulares que arroje el censo va a ser inexacto, con un margen de error mucho más amplio del habitual.

Más aún, una de las características esenciales de los censos es que se contabiliza a las personas que “durmieron” la noche anterior en una casa, no a las que “viven” en una casa, ya que hay ciudadanos que tienen, por ejemplo, un hogar en Montevideo y otro en el interior.

Nos atrevemos a arriesgar que se tratará, si bien no de una tarea infructuosa, al menos de una recopilación de datos inexacta, que además se realiza en el marco de una ola de inseguridad a la que las autoridades aún no han sabido poner coto.

Definitivamente, este no es el mejor momento para pretender conocer cuántos uruguayos vivimos en cada hogar ni cuáles son nuestras pertenencias.

Está claro que no lo es. Foto: coloniacom.com

Comuníquese con el Diputado Fitzgerald Cantero Pial i:

Edificio Artigas, Anexo al Palacio Legislativo.

Despacho 313

Tel. 142 Interno 3323

Celular: 099 777 269 Fax.: 2924 34 03

E-mail: [email protected]


Lo que se puede venir La cuestión de la inseguridad ya no es noticia, en el entendido que se ha transformado en una compañera diaria.

Sin embargo, aún que da margen para asombrarse negativamente. Se trata del fenómeno del ataque bajo la modalidad de pandillas.

Días pasados, una quincena de menores de entre 10 y 13 años asaltaron un ómnibus en horas de la noche.

En el ómnibus viajaban el conductor y una pasajera, a quienes los delincuentes amenazaron con armas blancas y les llevaron el dinero que portaban y sus celulares. Acto seguido, bajaron del ómnibus y fugaron hacia un asentamiento próximo al lugar del asalto (esquina de Rafael y Copérnico, zona de Bella Italia).

La directora de psiquiatría del INAU, Mónica Silva, manifestó a Telenoche que en muchos de estos casos "los adultos no pueden ejercer control sobre estos jóvenes que pasan tiempo juntos en horarios en los que tendrían que dedicarse a otras actividades"; que son situaciones que “tienen una mezcla de juego indebido, generado por la soledad, el abandono y la necesidad de acceder a algo"; que el hecho de salir en grupo "hace que el sujeto pierda la noción de lo que es el peligro y se pierde, además, l a noción del individuo frente a otro igual" y admitió que "hay algo que falla en el sistema de protección de estos jóvenes".

La modalidad de actuar en pandilla no es nuevo en otros países, como en Argentina y Brasil, por lo que el fenómeno requiere una pronta acción por parte del gobierno, ya que sino puede convertirse con el tiempo en un flagelo más a la larga lista de acciones.

En una sesión de la Convención Nacional del Partido Colorado donde se informó lo tratado en las reuniones entre todos los partidos en los grupos de trabajo convocados en 2010 por el nuevo gobierno, el Dr. Alberto Scavarelli, había puesto en conocimiento de la acción de las pandillas en los países vecinos y que se observaba que ello podría estar llegando a Uruguay en un corto plazo.

Parece que ese corto plazo haber llegado. Fuente: El País


¡Aprontá tú corazón! Hace un tiempo iba a la casa del Partido;

llevaba una bandera en una caña. Durante

todo el trayecto sentí que me miraban raro,

y en más de una oportunidad me gritaron

“¡corruptos!” y todo lo que se puedan

imaginar. Me sentí tan disminuido que mi

mundo parecía Pitufolandia.

Fue una sensación muy desagradable.

Tanto que, ya en mi casa, me pregunté si

los que gritaban tendrían razón. Pensé

‘…bueno, si tienen razón tienen que ir todos

presos, y supongo que veré un desfile de

gente de mi Partido hacia la Justicia’

Pero los años pasaron y no hubo desfile; al

menos no el que presagiaban muchos de

los que hoy gobiernan...

Lo que el tiempo trajo, sin embargo, fue una

gran caída de caretas.

Los titulares de los diarios, finalmente,

terminaron diciendo “Casinos: fiscal pidió

procesar con prisión a Arana, Muñoz y

Rosselli”, “Bengoa vuelve a declarar en un

mes”, “Irregularidades en administración de

Fonticiella”, “Directora denunciada continúa

trabajando en hogar del INAU. Le iniciaron

sumario por mantener relaciones sexuales

con internos y suministro de drogas”, etc.,

etc., etc.…

Y entonces se hizo evidente que aquellos

gritos eran una agresión brutal e interesada

a mi Partido. En aquel momento no supimos

como manejar la situación, probablemente

porque los gritos generalizados de

corrupción no empezaron en un gobierno

nuestro… No supimos como manejar la

situación. Somos tan liberales que dejamos

que a nuestros Presidentes les dijeran de

todo…

Pues bien, seguiremos siendo igual de

liberales, porque normalmente las verdades

encuentran la manera de salir a flote, y allí

es cuando no hay careta que resista.

De todas formas da tristeza, porque pienso

en aquellos que, apasionados como uno

mismo, aprontaron el corazón para el nuevo

país cristalino que abrazaron como ideal.

Deben sentirse tan pequeños como uno se

sintió por aquellos días… Lo que es seguro

es que ningún colorado de ley le gritará en

la calle al que lleve otra bandera, porque

sabemos que el que lleva la bandera de a

pie es culpable, tan sólo, de tener un

corazón.

Grupo Libertad (grupolibertad.org)


Un kilo menos La Fundación Española del Corazón (FEC) advierte de las dietas restrictivas y el afán por

querer bajar de peso en tan sólo unos días, puede entrañar riesgos cardiovasculares.

"La 'operación biquini' y el afán por compensar en unos días o semanas los errores de meses o años llevan a un gran número de personas a obsesionarse por cumplir un plan de pérdida rápida de peso a toda costa, sin control y confiando en el aluvión de información accesible en internet, en su mayoría sin fundamento". Con esta advertencia, la Fundación Española del Corazón (FEC) pretende alertar acerca de los

riesgos que pueden acarrear las dietas restrictivas. Según la FEC, "es importante tomárselo con calma y desconfiar de las dietas en las que se pierde más de 1 kilo por semana".

Entre las dietas que esta entidad pone en entredicho, se hallan las pobres en proteína, esto es, las que se fundamentan en la pérdida de peso a expensas de la masa muscular, pero también las ricas en proteína y pobres en hidratos, basadas en el consumo de carne, huevos y otros alimentos hiperproteícos, y en la exclusión de las patatas, verduras, frutas, hortalizas y cereales.

La FEC recuerda que la obesidad no justifica determinadas dietas, y que, en cualquier caso, "es mejor hacer ejercicio físico regularmente y reducir la cantidad de calorías que ingerimos". Asimismo, y más allá de la predisposición familiar a ser obeso, la FEC señala que hay que evitar "la diaria sedentaria con una sobrealimentación excesiva en calorías, grasas saturadas y sal, sin horarios regulares, comiendo entre horas y saltándose algunas de las 5 comidas diarias recomendadas (desayuno, media mañana, comida, merienda y cena)"

Entre los consejos que proporciona se halla, precisamente, el control de los horarios de las comidas, la inclusión en la dieta de un 45-65% de hidratos, un 20-35% de grasas y un 10-35% de proteínas, la cocción al vapor frente a las frituras y la reducción del tamaño de las raciones.

Fuente: www.clinicajakter.com.uy

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Alternativa - Época II - N° 32 - 15 de setiembre de 2011

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