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Alimentamos sus vidas Nutrimos sus sueños Memorias del VIII Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, sobre seguridad alimentaria y nutricional

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VIII Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, sobre seguridad alimentaria y nutricional

Junio 3 y 4 de 2009, Bucaramanga, Colombia

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Memorias del VIII Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la

Juventud, sobre seguridad alimentaria y nutricional

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Junio 3 y 4 de 2009, Bucaramanga, Colombia

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ESTRATEGIA - HECHOS Y DERECHOS

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Memorias del VIII Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, sobre seguridad alimentaria y nutricional.

Junio 3 y 4 de 2009. Bucaramanga

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA

Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos

de la Infancia, la Adolescencia y la Familia

CARLOS AUGUSTO MESA DÍAZ

Procurador Delegado para la Descentralización y Entidades Territoriales

OSCAR DARÍO AMAYA NAVAS

Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios

GABRIEL ESTEBAN RODRÍGUEZ ESCANDÓN

Coordinador Asuntos Internacionales

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ

Directora General

MARTHA LILIANA HUERTAS MORENO

Directora Técnica

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA – UNICEF

PAUL MARTIN

Representante de UNICEF para Colombia

ANTONELLA SCOLAMIERO

Representante Adjunta y Coordinadora de Programas

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS – PMA

PRAVEEN AGRAWAL

Representante de PMA para Colombia

JUDITH TIMKE

Representante Adjunta de PMA para Colombia

FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

MARÍA TERESA FORERO DE SAADE

Directora Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos

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EQUIPO TÉCNICO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LUIS EDUARDO MARTÍN CASTRO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MARTA ISABEL ARIZA LÓPEZ

MARÍA CECILIA MALDONADO FISCHER

GLORIA ALICIA NOVA ESPITIA

CLARIBEL RODRÍGUEZ NORATO

MARTHA LUCÍA LONDOÑO VÉLEZ

MARÍA CAROLINA QUINTERO TORRES

LUZ MIREYA AFANADOR BAQUERO

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

JULIANA GÓMEZ CASTRO

PATRICIA RAMÍREZ SÁNCHEZ

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

MARÍA ELENA CRUZ LATORRE

LILIANA PATRICA CELIS ZAPATA

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA LA INFANCIA – UNICEF

OLGA ISABEL ISAZA

ANA MARÍA PEÑUELA P.

NORA CORREDOR

BERNARDO NIETO

MARISOL QUINTERO

CATALINA BORDA

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS – PMA

MARÍA CECILIA CUARTAS

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NOHORA VILORIA FONSECA

INÉS DEL PILAR LÓPEZ QUIÑONES

COORDINACIÓN EDITORIAL:

SARA FRANKY C.

JUAN CARLOS QUINTERO V.

REDACCIÓN, EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO

JORGE CAMACHO V.

FOTOGRAFÍA

ARCHIVO FOTOGRÁFICO UNICEF

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN

TALLER CREATIVO DE ALEIDA SÁNCHEZ B. LTDA.

www.Tallercreativoaleida.com.co

ALEIDA SÁNCHEZ B.

ZAMARA ZAMBRANO S.

Primera edición

1.500 unidades

2009

ISBN: 978-958-8514-09-03

Bogotá D.C., Colombia. Primera Edición

Se autoriza reproducción total o parcial, siempre y cuando se cite la fuente.

©Derechos reservados

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PágTabla de contenido

En torno al VIII Encuentro. 7

La garantía del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en Brasil. 17

La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia. 35

La crisis global y sus impactos en el cumplimiento del derecho a la alimentación. Conversatorio. 49

La corresponsabilidad del sector privado y los organismos internacionales en la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 61

z Nariño y la cooperación internacional. Gobernación de Nariño. 62

z Nutrición Infantil, la primera prioridad nacional. Fundación Éxito. 66

El ICBF y la seguridad alimentaria y nutricional de niños, niñas y adolescentes. 79

La seguridad alimentaria y nutricional desde la mirada de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 87

Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre la situación del derecho a la alimentación y de los instrumentos de política pública para garantizarlo. 95

Proposición del VIII Encuentro de Gobernadores de la Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud - Hechos y Derechos”. 115

Cuadernillos complementarios

z Experiencias departamentales y regionales integradoras demostrativas.

z Sala de Información sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia.

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En torno al VIII Encuentro

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En torno al VIII Encuentro Más allá de su incidencia en los lineamientos técnicos y políticos del orden nacional, la Estrategia Hechos y Derechos atraviesa por un momento de gran acogida en los territorios, los cuales ven en ella un referente para la gestión social integral en torno a los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y mantienen una dinámica y fluida cooperación para el mejoramiento continuo de su gestión, participando de la selección de los temas que preocupan a la mayoría, como es el caso del tema central del VIII Encuentro de Gobernadores-as, el Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Durante este primer semestre tanto gobernadores como alcaldes han participado en la construcción de la Política Pública de Infancia, Adolescencia y Juventud en cada uno de sus departamentos, gracias a lo cual se está avanzando en la concreción de los objetivos trazados para cada una de las categorías de derechos y en la articulación público, privada y de la cooperación en terreno. Esta fuerza se debe a la flexibilidad y maleabilidad de Hechos y Derechos, que permite desarrollar una asistencia técnica particular para cada territorio y abordar en colectivo temas de actualidad y coyuntura que contribuyen al fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de derechos.

Cabe destacar que se auguran importantes contribuciones a la reducción de la pobreza extrema en los territorios, gracias a la creciente articulación del Programa de Acción Social Red Juntos con la Estrategia Hechos y Derechos, ambos con gran capacidad de gestión local para la implementación del Código de la Infancia y la Adolescencia y la Ley de Juventud, instrumentos con los cuales los gobernantes están familiarizados.

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Algunos reconocimientos internacionales1, así como la evidencia del trabajo conjunto que ha llevado a estos logros de país, deben servir de impulso para que la Estrategia Hechos y Derechos lidere un proceso de incidencia estratégica durante el periodo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014.

El tema movilizador El derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la seguridad alimentaria y nutricional frente a la actual crisis global.

La argumentaciónLa Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) determina en gran medida la calidad de vida de la población de un país, e involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la política, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, el acceso a servicios públicos eficientes de agua potable y saneamiento básico, entre otros. Estos aspectos deben ser intervenidos desde perspectivas intersectoriales e interdisciplinarias en distintos ámbitos: individual, familiar, local, nacional e internacional. Es por ello que su abordaje requiere de la participación de varios sectores mediante un trabajo articulado. En este contexto, el país debe considerar la Seguridad Alimentaria y Nutricional como un asunto de Estado y de seguridad nacional.2

Los Estados han confirmado reiteradamente el derecho fundamental de todas las personas a estar libres de hambre y a una alimentación adecuada, incluyendo el agua potable, tal y como quedó establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25. A este compromiso se le dio valor jurídico en el artículo 11 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). También está implícito en el derecho a la vida, contenido en el artículo 6 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. El derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la alimentación, se encuentra también en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 27, e implícitamente en su artículo 24.

1 Recientemente el país fue invitado a representar al continente americano en la Junta Ejecutiva Anual de UNICEF en Nueva York, con el propósito de conocer el planteamiento, la metodología, la organización funcional, los avances y logros de Hechos y Derechos, junto con otras tres experiencias significativas de políticas públicas, fortalecimiento institucional y derechos de infancia provenientes de Asia y África.

2 Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES 113. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2008

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De acuerdo con la Observación General N° 12 hecha por el Comité de los DESC, que define el contenido normativo del derecho a la alimentación mencionado en el artículo 11, “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. En este sentido, y teniendo en cuenta que no siempre es posible para los Estados garantizar plenamente este derecho en un momento dado, se acepta que “el derecho a una alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente”. Sin embargo, los Estados tienen la obligación de garantizar el mínimo esencial para proteger a las personas contra el hambre, conforme lo establece el párrafo 2 del artículo 11 del Pacto mencionado.

La dramática extensión del hambre en el mundo se reconoce ahora en su totalidad y se ha puesto de relieve ante los Gobiernos que este fracaso de la civilización mundial es inaceptable y no puede permitirse por más tiempo. Está también muy claro el fracaso del enfoque que tradicionalmente se ha dado a la seguridad alimentaria. En la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial (1996) los Estados se comprometieron a erradicar el hambre en todos los países reduciendo a la mitad en 2015 el número de personas desnutridas. Actualmente, el número de hambrientos aumentó por encima de su nivel en 1996, y alcanza la increíble cifra de 963 millones.

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2005), el retraso en el crecimiento, la anemia y la deficiencia de hierro son problemas que afectan de manera importante a la primera infancia, con consecuencias graves para el desarrollo físico, cognitivo y social de los niños y niñas. El 40.8% de los hogares colombianos se encuentran en inseguridad alimentaria y el consumo diario de frutas, verduras, carnes y lácteos es deficiente en todas las edades. Los problemas nutricionales son mayores en el área rural y en los niveles 1 y 2 del SISBEN, lo cual ratifica la estrecha relación entre pobreza y condición nutricional de las poblaciones.

Por otro lado, la relación entre consumo de agua no potable, enfermedades diarreicas y alteraciones del estado nutricional, se evidencian en tasas altas de morbilidad y mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y de Desnutrición Crónica (Talla baja para la Edad), Desnutrición Global (Peso bajo para la Edad) y Desnutrición Aguda (Peso bajo para la Talla). Se calcula que más del 50% de los casos de mortalidad infantil están asociados con desnutrición.

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Con el propósito de dar respuesta a la problemática actual de la población, mejorar su bienestar y calidad de vida, así como disminuir su vulnerabilidad, se reconoce la Seguridad Alimentaria y Nutricional como eje fundamental del desarrollo económico y social del país. Dicho reconocimiento es expresado mediante Documento CONPES Social 113, de 31 de marzo de 2008, por medio del cual se aprueba la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN).

Este interés del gobierno nacional se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 “Hacia un Estado Comunitario”, en el cual la seguridad alimentaria y nutricional se establece como política transversal para la reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad; así mismo, se circunscribe en el CONPES 091 que define las metas y estrategias de Colombia para el logro de los compromisos adquiridos en la Cumbre del Milenio de 2000 y en los compromisos del país frente a la “Cumbre Mundial de Alimentación: cinco años después”, la cual ratifica los compromisos de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, entre otros compromisos internacionales.

Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. La definición pone de manifiesto que el fin último de la seguridad alimentaria y nutricional es que todas las personas tengan una alimentación suficiente, oportuna y adecuada.

En agua es un elemento básico de la seguridad alimentaria y nutricional. El acceso limitado al agua es un obstáculo cada vez mayor para la producción de alimentos. El agua cubre las tres cuartas partes del planeta, pero sólo una pequeña fracción es accesible bajo la forma de agua dulce. El 70% del agua dulce utilizada debe destinarse a la agricultura, a fin de producir los alimentos necesarios para la actividad humana. El crecimiento poblacional demanda el incremento en el uso de agua dulce. Los proyectos de agua y saneamiento articulados a estrategias integradoras de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el contexto de las políticas públicas, son clave para contribuir a reducir la pobreza y la malnutrición de manera sostenible y a largo plazo3.

La PSAN está dirigida a toda la población colombiana y requiere de la realización de acciones que permitan contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional, en

3 Oleg Blinikov, médico y coordinador de salud de la Federación Internacional para la Crisis Alimentaria

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los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. La atención diferencial debe priorizar grupos poblacionales que se encuentran en estado de crecimiento y desarrollo evolutivo como niños y niñas, y en este grupo es fundamental la primera infancia, las mujeres gestantes, las madres en lactancia4, así como las personas desplazadas por la violencia, las afectadas por los desastres naturales, los grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos) y los grupos de personas y campesinos de más bajos recursos.

En el marco del Sistema de Protección Social, el Decreto 3039 de 2007 del Ministerio de la Protección Social adopta el Plan Nacional de Salud Pública, que definió como una de las prioridades nacionales en salud, mejorar la situación nutricional, estableciendo como estrategia para ello los Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para dar cumplimiento a las metas trazadas, estos Planes deberán definirse de manera articulada con las autoridades territoriales, en concordancia con los planes de desarrollo, ordenamiento territorial, aguas y salud pública, por mencionar algunos.

De otra parte, la ley del Plan Nacional de Desarrollo estableció los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento (PDAS) como la estrategia central de la política nacional del sector, que básicamente consisten en un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificación, armonización integral de recursos e implementación de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

El abordaje de la problemática actual de seguridad alimentaria y nutricional, el logro de las Metas del Milenio y el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, se constituyen en compromisos prioritarios para el desarrollo del país en el corto, mediano y largo plazo, y requieren que su abordaje sea sostenible económica, social, cultural y ambientalmente. Ello implica que los gobernantes se comprometan con la adopción de estrategias en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria para la población en general, con especial énfasis en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en cada una de sus regiones; la voluntad política expresada en la generación de compromisos, responsabilidades, alianzas, legitimidad y destinación de recursos, es imprescindibles para crear un ámbito propicio para el desarrollo de acciones concretas de esta iniciativa. Las transformaciones esperadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional solo son posibles con la sinergia de todas las acciones estratégicas que se realicen en los distintos niveles territoriales según sus competencias y recursos5.

4 Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES 113. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2008

5 Ministerio de la Protección Social. Guía Metodológica para la construcción de Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Versión preliminar. 2008

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Las diferencias regionales en la problemática de inseguridad alimentaria y nutricional, conllevan al abordaje específico, por lo cual se requiere tanto de la diferenciación diagnóstica, como de propuestas de solución diferenciales, lo cual puede lograrse a través de la formulación de Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de manera intersectorial, interdisciplinaria y con énfasis poblacional para dar así respuesta, de manera integral, a las necesidades locales, particularmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El objetivo generalLegitimar los acuerdos políticos y técnicos para posicionar, articular y desarrollar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y las políticas relacionadas, dentro del marco del derecho a la alimentación adecuada.

Los objetivos específicos1. Propiciar la comprensión integral por parte las autoridades territoriales y

los equipos técnicos, tanto de los estándares y principios del derecho a la alimentación, como del análisis político, normativo y técnico de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, priorizando los sujetos de especial protección con estrategias de atención diferencial.

2. Identificar los elementos de interacción entre los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria, los Planes Departamentales de Agua y los Planes Territoriales de Salud Pública, como fundamento de las políticas públicas de impacto departamental.

3. Compartir experiencias, prácticas innovadoras y lecciones aprendidas que permitan fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales, en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

4. Concretar compromisos políticos para la efectiva ejecución y evaluación de los Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con base en los resultados del análisis realizado por la Procuraduría General de la Nación para avanzar en el cumplimiento del derecho a la alimentación.

5. Visibilizar las experiencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con relación al derecho a la alimentación adecuada y a no padecer hambre, y sus propuestas para avanzar en el cumplimiento de este derecho.

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6. Compartir experiencias demostrativas de complementariedad de la Cooperación y el Sector Privado en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La metodologíaPara el desarrollo del VIII Encuentro, la metodología integró: una conferencia internacional introductoria; una ponencia nacional acerca de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional; un conversatorio con propuestas intersectoriales para proteger este derecho frente a la crisis económica actual; diversos paneles de trabajo apoyados por salas de información y de transferencia de conocimientos, que permitieron la presentación de experiencias demostrativas por parte de los diversos sectores: público, privado y de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Al final se firmó la proposición del VIII Encuentro de Gobernadores-as por la Infancia, Adolescencia y Juventud, para la efectiva implementación del Plan de Seguridad Alimentaría y Nutricional con enfoque poblacional y de derechos.

El desarrollo temáticoPara el logro del objetivo específico 1 las actividades desarrolladas fueron la Sala de Información sobre la Situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la ponencia internacional “La garantía del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en Brasil” y la ponencia nacional sobre la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El conversatorio “La crisis global económica, energética y de alimentos, y sus impactos en el cumplimiento del derecho a la alimentación y la nutrición”, moderado por la Procuraduría General de la Nación y el Programa Mundial de Alimentos, apuntó al logro del objetivo específico 2.

El logro del objetivo específico 3 se buscó con la Sala de Experiencias Integradoras Demostrativas desarrolladas por diferentes sectores (público, privado y niños, niñas, adolescentes y jóvenes). Con este mismo fin se expusieron en plenaria siete (7) experiencias departamentales y una regional.

Tres importantes actividades buscaron dar cumplimiento al objetivo específico 4: la revisión de los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional; el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre la aplicación del conjunto de instrumentos de política para cumplir con el derecho a la alimentación

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adecuada; y la firma de la proposición para la efectiva implementación del Plan de Seguridad Alimentaría y Nutricional con enfoque poblacional y de derechos.

Una serie de actividades que propiciaron un acercamiento experiencial de los gobernadores y la gobernadora a la manera significativa como los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden contribuir a lograr avances en este derecho, apuntaron al logro del objetivo específico 5.

Para el logro del objetivo específico 6, se llevaron a cabo las ponencias de la Gobernación de Nariño, sobre cooperación internacional, y de la Fundación Éxito, sobre responsabilidad social empresarial.

Las y los participantesNiñas, niños, adolescentes, jóvenes, academia, mandatarios departamentales, alcaldes, gabinete del departamento anfitrión, representantes del gobierno nacional, mesas directiva y técnica de la Estrategia Hechos y Derechos, consejo nacional gremial, consejo nacional de planeación, agremiaciones de diputados y concejales, los jefes de planeación departamental, responsables territoriales de la ejecución de la política de seguridad alimentaria y nutricional, directores regionales del ICBF, procuradores judiciales en asuntos de familia y agrarios, los directores regionales de la contraloría, contaduría, los organismos internacionales, entidades que conforman la alianza por la infancia.

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La garantía del Derecho Humano a la Alimentación

Adecuada en Brasil

Acciones del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil

Por Frederico Campo Guanais, PhD

Para mí es un gran honor hablar en este escenario del Programa Hambre Cero del Gobierno del Presidente Lula; es decir, de la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada en el Brasil. Es también un gran placer escuchar la experiencia de Colombia y aprender de ella. Muchas de las situaciones que he escuchado son también desafíos que tenemos en Brasil. Hemos avanzado mucho en Brasil durante estos últimos años, pero seguimos teniendo desafíos. No quiero dejar la impresión de que la implementación de políticas en esta materia ha sido fácil en mi país. Por eso destaco la presencia de gobernadores y alcaldes en este salón, porque las políticas públicas deben ser el resultado de esfuerzos colectivos entre los diferentes niveles del gobierno.

Quiero empezar mencionando algunas cifras básicas sobre Brasil. El país tiene 189 millones de habitantes, una superficie de 8,5 millones de km², 26 estados, el Distrito Federal y 5.564 municipios. El Producto Interno Bruto per cápita en 2008 fue de US$ 8.310.

Y mencionar además dos problemas históricamente persistentes e interrelacionados. Una alto porcentaje de la población en situación de pobreza (23%, 41 millones

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de personas, en 2007). Y también una elevada concentración del ingreso (Índice de Gini en 2007: 0,553).

También en 2007, otros indicadores ilustrativos son: mortalidad infantil (19,3 por 1.000), mortalidad materna (74,68 por 100.000), tasa de analfabetismo de mayores 15 años (9,9%) y tasa de escolarización de 7 a 14 años (97,7%) y de 15 a 17 años (82%).

Como el tema de esta conferencia es la seguridad alimentaria de niñas y niños, traigo a cuento la línea de base utilizada en Brasil. En 2004, casi al inicio del gobierno del Presidente Lula, que arrancó en 2003, se hizo una Encuesta Nacional de Hogares. Para esa época, el 6.5% de los hogares (13.9 millones de personas) estaba en inseguridad alimentaria grave; es decir, eran personas no en riesgo de pasar hambre sino pasando hambre (Ver mapa del hambre en Brasil, 2004). Ante una cifra tan impactante, el Presidente Lula decidió, desde su primer año de gobierno, implementar la Estrategia Hambre Cero.

Mapa del Hambre en Brasil, 2004

(% de hogares con inseguridad alimentaria grave)

Inseguridad Alimentaria Grave, Total Brasil (2004)

6,5% de los hogares 13,9 millones de

personas

Encuesta Nacional de Hogares 2004 (PNAD/IBGE)

RR AP

PAMA

CE

PI

RN

AC

AM

MT

TO

MS

GO

MG

ES

RJ

RO

RS

SC

PH

SP

SE

AL

PB

BA

15 - 20%

11 - 14%

5 - 10%

2 - 4.9%

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Hambre Cero. Estrategia del Gobierno Federal que garantiza el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada

Hambre Cero no es un programa específico. Es una estrategia que junta a líderes de la sociedad civil, empresas y gobierno para la garantía del derecho a la alimentación adecuada; y también integra programas y acciones, posibilitando la sinergia entre políticas, porque la seguridad alimentaria y nutricional tiene muchas facetas, no es solamente la producción de alimentos, es también el acceso a los mismos y la educación alimentaria para las familias.

La estrategia crea, pues, las bases para la promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Contribuye a la erradicación de la pobreza extrema y a la adquisición de la ciudadanía de la población más vulnerable al hambre. Articula acciones de emancipación con medidas para garantizar los derechos, enfrentando la falsa dicotomía: políticas de estructuración versus medidas de emergencia. Incentiva la participación y el control de la sociedad civil en la elaboración y monitoreo de las políticas sociales. Y se enfoca en la familia, ofreciendo atención especial a la cuestión de la territorialidad.

La Estrategia Hambre Cero está organizada en cuatro ejes. El primero es el de Acceso a los Alimentos, cuyo principal programa es Bolsa Familia, al cual me voy a referir especialmente, pero que también contempla otros programas específicos, como ilustra la gráfica. El segundo es el de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, que busca garantizar la producción de alimentos por parte de las familias rurales en inseguridad alimentaria. El tercero es el de Generación de Ingresos, en el que hay varios programas de formación, economía solidaria y microcrédito. Y el cuarto es el de Articulación, Movilización y Control Social, que busca acompañar a las familias en las dificultades que tienen, para que puedan acceder a los servicios del gobierno. También están en este eje los mecanismos de control social, que contribuyen a la transparencia del conjunto de programas que con forman la estrategia.

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El presupuesto de Hambre CeroEl presupuesto de Hambre Cero, entre 2003 y 2008, ha tenido un incremento del 132%, como lo muestra la gráfica, lo que da fe del compromiso del gobierno federal. Está en reales, con el cálculo de la inversión acumulada en dólares.

Ejes, programas y acciones

Fortalecimiento de la agricultura familiar

z Financiación de la Agricultura Familiar: PRONAF: Seguro Agrícola y Seguro de Cosecha

z Programa de adquisición de alimentos (PAA)

Acceso a los alimentos z Ingreso: Bolsa Familia

z Programa de alimentación: Alimentación escolar (PNAE) Distribución de vitamina A y de Hierro Alimentos a los grupos poblacionales específicos Educación alimentaria y nutricional SISVAN PAT

z Redes de SAN locales y regionales: Restaurantes Populares, Cocinas Comunitarias, Ferias, Agricultura Urbana y Bancos de Alimentos

z Agua: Cisternas

Generación de ingreso z Calificación social y profesional: PLANSEC/

Bolsa Familia

z Economía Solidaria e inclusión productiva

z Microcrédito productivo orientado

z Arreglos regionales de SAN: CONSADs, Territorio de Ciudadanía

Articulación, movilización y control social z Centros de Referencia en Asistencia Social (CRAS) y

Programa de Atención Integral a las Familias (PAIF)

z Consejos y comités de control social

z Educación ciudadana y movilización social

z Donaciones

z Aparcerías con empresas y entidades

FOMEZERO

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El Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre - MDSEste Ministerio fue creado en enero de 2004 con la misión de consolidar la red integrada de protección y promoción social. Sus principales responsabilidades son coordinar las acciones de seguridad alimentaria y nutricional, de asistencia social, de transferencia de ingreso con condicionantes y de generación de oportunidades de inclusión; además de estructurar dos sistemas de políticas públicas: el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) y el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS).

El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN)

El SISAN fue instituido por la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (LOSAN), promulgada en 2006, que reúne acciones intersectoriales centradas en la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada. Esto es muy importante porque las políticas se consolidan a través de normas jurídicas que les dan permanencia.

Presupuesto de Hambre Cero (2003-2009) z De 2003 a 2008 hubo un aumento del 132% de las inversiones.

z Inversión acumulada desde enero de 2003: ∼ US$ 35,7 billones.

R$ B

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Dotação

Liquidado

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El SISAN integra las políticas que posibilitan el acceso de la población a la alimentación con calidad, regularidad y cantidad adecuadas. El Estado está involucrado en la producción, comercialización y abastecimiento de los alimentos; en la promoción de la educación alimentaria y en la garantía del acceso al agua y a los alimentos, entre otras acciones.

Si bien el Estado asume un papel protagónico en la coordinación de las acciones, no es el único actor. El Sistema prevé la coordinación e integración de Ministerios, entes federados, sociedad civil e iniciativa privada, con base en la experiencia de Hambre Cero.

El Sistema incluye, entre otras acciones y programas, el fortalecimiento de la agricultura familiar, que garantiza la compra de alimentos a los pequeños agricultores familiares y su distribución local, dando base sostenible a la seguridad alimentaria; la creación de equipamientos locales para facilitar el acceso a los alimentos y al agua, como restaurantes y comedores populares, cocinas comunitarias, bancos de alimentos y reservorios de agua lluvia; el abastecimiento agroalimentario, la reforma agraria, la alimentación escolar y la alimentación saludable.

El Sistema Único de Asistencia Social (SUAS)

El SUAS tiene dentro sus muchos programas, unos que afectan de manera directa la seguridad alimentaria y nutricional de la población, especialmente de las niñas, los niños y sus familias.

El Programa de Atención Integral a las Familias ofrece cuidados y apoyo a las familias en 3.200 centros existentes en el país, donde encuentran servicios de orientación, consejería, formación, actividades para niños, niñas y adultos mayores. El Programa de Erradicación del Trabajo Infantil contempla transferencias de ingreso y actividades extracurriculares para 875.00 niños que están en situación de riesgo de trabajo infantil. El ProJovem contempla transferencias de ingreso y educación social para 446.950 adolescentes. El Programa de Beneficio de Prestación Continuada (BPC) para las personas con deficiencia y sin condiciones de trabajar y para los ancianos (65 años de edad o más) pobres, atiende 1,5 millón de ancianos y 1,7 millón de personas con deficiencia.

Y el Programa Bolsa Familia, que es el programa más importante de la red de protección social, implantado por una norma legal federal en octubre de 2003. Beneficia 11,4 millones de familias pobres, casi 45 millones de personas, con expansión proyectada para 12,4 millones de familias a fin de este año. En 2009, su presupuesto es de US$ 4,8 billones.

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Este programa tiene tres dimensiones articuladas. En primer lugar, el alivio inmediato de la pobreza, por medio de la transferencia de ingreso directamente a las familias pobres. Segunda, la interrupción del ciclo de la pobreza entre las generaciones, por medio de los condicionantes en las áreas de salud y educación: las familias tienen que mantener los niños y las niñas en la escuela, así como cumplir con la agenda de los servicios de salud. Y tercera, el desarrollo de oportunidades para los beneficiarios.

En su implementación es muy importante la ejecución descentralizada, pues el Ministerio de Desarrollo Social no tiene ningún funcionario fuera de Brasilia. Entonces es muy importante la formalización de la gestión compartida con estados y municipios. Con tal fin, el Ministerio ha creado incentivos financieros para la gestión descentralizada. Si estados y municipios tienen buenos índices de gestión descentralizada, si registran y acompañan a las familias pobres y cumplen un conjunto de requisitos, reciben recursos adicionales para invertir en su propia gestión.

También es fundamental para este programa la integración con los programas de Asistencia Social y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la intersectorialidad, para poder monitorear el cumplimiento de los condicionantes de educación y salud en cooperación con los respectivos Ministerios.

Y están las acciones complementarias, es decir, la integración con otras políticas de gobierno para el desarrollo de las capacidades de las familias, tales como las de alfabetización y aumento de la escolaridad, generación de empleo e ingreso, energía, inclusión bancaria y microcrédito orientado, y vivienda, entre otras. También tiene un importante componente de control social y fiscalización.

El registro único, los condicionantes y las oportunidades para la inclusión

El registro único es una herramienta para la planificación y la ejecución de las políticas públicas, con el objetivo de identificar las familias en situación de pobreza. Registra los datos de las familias con ingreso mensual de hasta 50% del sueldo mínimo/persona y permite identificar las diferentes dimensiones de la pobreza y de la vulnerabilidad, más allá del ingreso, colectando datos acerca de la escolaridad, el abastecimiento de agua, el manejo de excretas y basuras, etc. Si bien la recolección de información es realizada por los municipios, es el Ministerio el que decide cuáles son las familias que van a recibir los beneficios del Programa.

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Los condicionantes son las exigencias a las familias para que mantengan a sus hijos e hijas en la escuela y les lleven a los servicios de salud. Son una obligación del poder público y de las familias también. El poder público tiene la obligación de ofrecer buenos servicios de salud y de educación, gratuitos, para todos. Las familias tienen la obligación de usarlos para garantizar a niños y niñas los derechos fundamentales a la salud y la educación. El monitoreo verifica el cumplimiento de estas obligaciones y también permite identificar las situaciones de mayor vulnerabilidad para orientar las acciones del gobierno en la garantía de estos derechos.

Por último, con el fin de generar oportunidades para la inclusión existe un compromiso nacional para el desarrollo social, que articula las acciones desarrolladas por el gobierno central, los estados y la empresa privada, con el objetivo de generar posibilidades de inclusión productiva para las personas inscritas en el Registro Único. Acciones como el Plan Sectorial de Calificación e Inserción Profesional, que busca calificar para el trabajo a los beneficiarios del Programa Bolsa Familia, para vincularlos a las obras de construcción del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) o al turismo, que interesa particularmente a los jóvenes.

Hoy en Brasil, la Red de Protección y Promoción Social beneficia cerca de 63 millones de personas con transferencia de ingreso, servicios, programas y estrategias como Hambre Cero. Aunque siempre hay restricciones presupuestales, existe la decisión política de dar prioridad a los programas del Ministerio de Desarrollo Social, como lo ilustra la siguiente gráfica.

Billo

nes d

e dó

lare

s

17,5

15

12,5

10

7,5

2008

8,5

10,9

12,9

14,8

17

Evolución del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social

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Los impactos de la Estrategia Hambre Cero en la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Los impactos resultantes de este esfuerzo son notables. Entre las familias vinculadas al Programa Bolsa Familia hay un 30% de menor riesgo de desnutrición entre niñas y niños con edades entre 0-5 años, con un impacto mayor en la franja de edad entre 6 y 11meses (62,1% menor riesgo). Esto es importante porque antes, entre los 0 y 6 meses, el amamantamiento cumple un papel esencial en la nutrición de niños y niñas, pero es después de esta edad cuando se ve el impacto del programa que permite a las familias comprar alimentos para nutrir bien a sus hijos e hijas. Y esto a su vez es fundamental porque lo que se haga o deje de hacer durante los dos primeros años de crianza tendrá impacto positivo o negativo a lo largo de toda la vida de niñas y niños. De allí las intervenciones preferenciales en este etapa.

En la década pasada, entre 1996 y 2006, hubo una reducción de la desnutrición infantil del 73% en la región Nordeste, que es la más pobre del país. Un 22% de esta disminución es debida a la mejora del poder adquisitivo, lograda en parte por la expansión de los programas de transferencia de ingresos. Igualmente hubo, entre 2002 y 2007, una reducción del 35% en los índices de hospitalización causada por la desnutrición en Brasil, que se eleva al 44% en la región Nordeste.

La encuesta a los beneficiarios del Programa Bolsa Familia, realizada en 2008, aporta importantes luces sobre los impactos. Como ya se mencionó, en este programa las familias reciben ingresos condicionados, pero no se les hace exigencias en cuanto a la destinación de los mismos.

Lo que demuestra la encuesta es que las familias pobres saben los que es importante para ellas. Sus mayores gastos son en alimentación (87%), material escolar (46%) y vestuario (37%). Además, el 40% de las familias encuestadas relataron un aumento de la incidencia de la mujer en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos y sabemos que las mujeres invierten prioritariamente en la satisfacción de las necesidades de la familia. Por otra parte, el 99,5% de las familias relataron que no han parado de trabajar, lo que implica que la ayuda recibida no resta incentivo al trabajo.

Merece atención la comprobación de que si bien la compra de alimentos para satisfacción de niños y niñas aumentó en el 63% de los hogares, éstos no siempre son los adecuados. Por eso es tan importante insistir en el componente de educación alimentaria para las familias.

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Y hay un punto negativo: 20,7% de los beneficiarios siguen en grave inseguridad alimentaria. De donde se deduce que el Programa Bolsa Familia es importante, pero no suficiente para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El otro punto que muestran las encuestas es el impacto positivo del Programa Bolsa Familia en las economías locales y regionales, creando nuevas oportunidades de trabajo e ingreso, debido al aumento del poder de compra de las familias. El Bolsa Familia aumenta el ingreso de las familias en 29,17% y en la región Nordeste, en 34,4%; en dicha región, la más seca y pobre del país, el 57% de la población recibe el Bolsa Familia. Entonces allí hay auge de las empresas que prestan servicios a estas familias que ahora pueden comprar vestuarios y alimentos, entre otras muchas cosas.

Tres gráficos también aportan luz sobre los impactos

La primera parte del gráfico es de compleja interpretación porque coincide con fenómenos como la hiperinflación que distorsionan los datos. Durante la década del 90 el Coeficiente de Gini cayó y luego se mantuvo estable. Desde el 2002 hay un descenso progresivo. La gráfica muestra la transformación de Brasil de campeón de la desigualdad en el mundo a un país más equitativo.

Coeficiente de Gini del ingreso familiar per cápita

0.640

0.630

0.620

0.610

0.600

0.590

0.580

0.570

0.560

0.550

0.540

0.623

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2006

Fonte: cálculos do IPEA com dados das PNADs/BGE.

0.604

0.593

0.5820.585

0.588

0.5940.596

0.587

0.599

0.615

0.634

0.612

0.580

0.6020.600

0.599

0.6000.598

0.5930.592

0.587

0.581

0.569

0.566

0.599

0.552

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Al inicio del gráfico hay una disminución de la tasa de población en pobreza, debido a la estabilización de la inflación. Pero después de eso no hay resultados importantes, porque el país estaba muy preocupado por la estabilización económica. Es en 2003, cuando las políticas sociales dan un salto cualitativo y cuantitativo, que la disminución de la pobreza en el país es notable.

40%

37.5%

35%

32.5%

30%

27.5%

25%

22.5%

20%

17.5%

15%

12.5%

10%

35%

Porcentaje de la población en situación de pobreza (R$ 135 per cápita por mes)

Fonte: cálculos do IPEA com dados das PNADs/BGE.

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

35%

28.7% 28.4%28.8%

26.9%

28.1% 27.5%

26.6%

28%

25.3%

22.7%

18.1%19.2%

Porcentaje de la población con menos de US$ 1 por día (ODM número 1)

15.0%

12.5%

10.0%

7.5%

5.0%

2.5%

0.0%1992 1994 1996

Meta original ODM(5.85%)

Nueva meta para Brasil(2.93%)

Fonte: cálculos de FGV/CPS com base nas dos dados das PNADs.

1998 2000 2002 2004 2006

11.7%

11.3%

8.7%

7.8%

8.0%

7.5%

7.6%7.9%

7.4%

6.2%6.6% 5.3%

4.7%

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El Objetivo del Milenio de reducción a la mitad de la población con menos de un dólar al día ya fue alcanzado entre 2004 y 2005. Por eso el gobierno de Brasil se fijó una meta más ambiciosa: reducir la pobreza a un cuarto de la que existía en 1992.

Observaciones finalesEl Programa Bolsa Familia es efectivo, pero no es suficiente para reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desigualdad. Sus resultados deben ser evaluados bajo la perspectiva de su integración a una red más amplia de protección y promoción social, que incluye la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.

La integración de los gobiernos en los niveles federal, estadual y municipal, permite el desarrollo de las capacidades en el ámbito local. Allí están las personas y las autoridades municipales son las que están más cerca de sus necesidades.

Son muy importantes el monitoreo y la evaluación para el apoyo político y la eficiencia técnica. Dado que Bolsa Familia tiene unas posibilidades y un impacto tan grandes, la gente puede pensar que es un programa para ganar elecciones; entonces es importante demostrar con resultados concretos que es un programa para mejorar la calidad de vida de los brasileños.

Finalmente, Brasil ha alcanzado resultados favorables combinando crecimiento económico y estabilidad, redistribución de ingreso y reducción de la pobreza.

Y cierro esta conferencia con una cita del Ministro Patrus Ananias: “Deseamos revertir la lógica excluyente que ha caracterizado el proceso de desarrollo en el país e instituir la lógica de la inclusión social por medio del círculo virtuoso del crecimiento. Eso, además de la dimensión ética de defensa de la vida, tiene un aspecto estratégico. De manera implícita, la sociedad ha entendido que las políticas de protección social sirven como base para el desarrollo económico”.

Preguntas y respuestasPaul Martin, representante de Unicef en Colombia, coordinó esta sesión de preguntas y respuestas entre el público y el conferencista.

P. ¿Cómo han logrado la sinergia entre los diversos sectores y niveles territoriales? ¿Cómo ha sido el proceso de movilización y de construcción de alianzas para

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poner en marcha la estrategia? ¿Cómo lograr este compromiso de todos con Hambre Cero?

R. Para la movilización y las alianzas hay un importante motor, que es la voluntad del gobierno central. Existe el Consejo de Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que tiene el apoyo directo del Presidente Lula. Allí se formulan las políticas y se orienta su ejecución. En este consejo hay representantes de todos los estamentos gubernamentales y no gubernamentales que tienen que ver con el tema. El MDS hace la secretaría general y acompaña las deliberaciones.

Otro mecanismo son las conferencias nacionales, que son muy importantes para la gestión de gobierno del presidente Lula. Hay 30 ó 40 de estas conferencias cada año, sobre diversos temas: mujer, seguridad alimentaria y nutricional, adultos mayores, etc. Se realizan en Brasilia y reúnen delegados muy diversos, relacionados con cada tema, venidos de distintas regiones del país, que participan en la formulación de las políticas públicas. Son un ejercicio de democracia participativa.

Vale también volver a mencionar el Compromiso Nacional por el Desarrollo Social, mediante el cual los gobernadores de los Estrados se comprometen a asumir como prioritaria la Estrategia Hambre Cero. Este compromiso obliga al gobierno federal a brindar soporte y recursos y a los estados a invertir sus recursos propios para sacar adelante la estrategia.

Un indicador del compromiso alcanzado es que en las últimas elecciones presidenciales no hubo un candidato que dijera “voy a acabar con Bolsa Familia”; dijeron que lo iban a mejorar. Porque ya es una política pública de Estado, no de gobierno y está un poco por encima de las discusiones partidarias. Por eso es posible obtener un apoyo mayoritario para su sostenimiento.

P. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional se destina a la protección social?

R. Está alrededor del 20% del presupuesto del gobierno federal, incluyendo el régimen de pensiones.

P. ¿Cómo enfrenta Hambre Cero el riesgo para la disponibilidad de alimentos que significa la producción de biocombustibles?

R. Brasil tiene un territorio muy grande. Hay espacio para la agricultura familiar y para la agroindustria. Entonces hay espacio para las grandes plantaciones destinadas a los biocombustibles. Pero es importante mencionar de paso

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que los mecanismos que benefician a la agroindustria no son los mismos que benefician la agricultura familiar, pues las necesidades de asistencia técnica y crédito son diferentes. Frecuentemente nos preguntan si en Brasil los biocombustibles van a desplazar a los alimentos. Esto no tiene que ser así.

P. ¿Cuáles son los roles diferentes entre municipios, estados y gobierno central?

R. La descentralización en Brasil tiene un proceso que viene desde el fin de la dictadura militar, en 1988. Una nueva constitución transfirió a los municipios significativas responsabilidades. Hubo una municipalización de la salud, la educación, la protección social y varias otros asuntos muy importantes.

Al principio de la descentralización nadie sabía qué hacer. Los municipios no estaban preparados para la implementación de las políticas, para la prestación directa de los servicios. Ni el gobierno federal para coordinar, apoyar y dar soporte a las políticas. Ni los estados para intermediar entre los unos y el otro. Entonces lo que sucedió es que los indicadores sociales empeoraron durante los primeros años de la descentralización. Después, con la maduración del modelo, los datos empezaron a mostrar que la descentralización trae beneficios, porque los municipios están más cerca de las necesidades de la gente y pueden tomar mejores decisiones.

El gobierno central colabora con las grandes directrices, las prioridades nacionales, los grandes programas. Los municipios tienen una responsabilidad importante en la innovación de los servicios a los ciudadanos. Los estados tienen responsabilidades de coordinación regional, de desarrollo de capacidades locales, incluso de hacer que los municipios tengan mejor acceso a los programas federales y así equilibrar las desigualdades que existen entre ellos.

P. Esta es una preguntan hecha por niños, niñas, adolescentes y jóvenes aquí presentes. ¿Usted se uniría para combatir la desnutrición de los niños en Colombia y de qué forma?

R. Ver a los niños y las niñas presentes en este Encuentro es un signo importante, es una de las cosas que yo creo que uno puede aprender de Colombia, que los niños se están empoderando para exigir sus derechos. Respecto a lo que yo puedo hacer, es compartir nuestra experiencia. También hay iniciativas regionales, de una América Latina y un Caribe sin hambre, que nos invitan a intercambiar experiencias, a aprender los unos de los otros. Son mecanismos que pueden contribuir al bienestar de todos.

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P. Llega a la mesa una pregunta que dice: ¿Hay igualdad entre los niños y las niñas? Yo quiero aprovecharla para traer a cuento el tema de género en este ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional.

R. En Brasil, las tasas de escolarización son mejores para las niñas que para los niños en las nuevas generaciones, a diferencia de otras partes del mundo en las que persisten importantes barreras de acceso para las mujeres. Pero hay desequilibrio de género en muchos otros aspectos como el mercado laboral. Una cosa a destacar, que ya mencioné, es que la mujer utiliza mejor su dinero que el hombre y el que se empodere es beneficioso para programas como Bolsa Familia.

P. ¿Puede profundizar sobre los mecanismo de monitoreo de la estrategia Hambre Cero y del Programa Bolsa Familia?

R. En cuanto al monitoreo y la evaluación, vale la pena contar que durante el primer año del Programa Bolsa Familia hubo un ataque muy importante de la prensa y otros sectores, diciendo que era un programa para ganar elecciones y que no funcionaba. Entonces un importante instrumento técnico y político fue publicar los impactos. Poder decir: la desnutrición está cayendo por estas razones, las familias utilizan de buena manera los recursos que reciben. Entonces el monitoreo es un instrumento para garantizar el apoyo amplio en la sociedad. A veces los números no son los mejores, pero es importante saber. En este caso, lo importante es cómo devolver los números malos a los sistemas para que haya correctivos y mejorías.

Cada vez que podemos vamos ampliando la cobertura, esa es nuestra estrategia. Los estudios de impacto son contratados con universidades y organismos de la sociedad civil que tienen experticia en el tema. La evaluación es una herramienta política, para la rendición de cuentas, y técnica, para la mejoría de los programas.

P. ¿Qué hay que hacer y que no hay que hacer para que las políticas de seguridad alimentaria sean fecundas y sostenibles?

R. Vuelvo a nuestra experiencia. No fue un proceso fácil de implementación. Fue gradual, de aprendizajes y tentativas durante el primer año. Por ejemplo, la estrategia Hambre Cero contemplaba la entrega de alimentos o la transferencia de dinero para comprar alimentos. Las familias tenían la obligación de utilizar el dinero para comprar alimentos. Y descubrimos que el control era muy complicado, además de violar la privacidad de las personas.

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En aquel entonces también había muchos programas diferenciados de transferencia de ingresos y resultó importante integrarlos, unificarlos en Bolsa Familia, y se dejó la inversión abierta a las decisiones de las familias, que como vimos son acertadas.

La transferencia directa es importante pero no suficiente. Entonces es importante tener una red de protección social que atienda a las poblaciones integrando los diversos programas.

También es importante la alianza con estados y municipios, que permitió la expansión rápida del programa. En 2003-2004 el Bolsa Familia tenía tres millones de familias. En 2006 llegó a 11 millones de familias. En 3 años llegó a casi todas las familias pobres de Brasil.

El esfuerzo sostenido es fundamental para la obtención de los resultados, porque hay algunas familias que han estado tantos años excluidas, sin derechos, sin nada, que es muy difícil ver resultados en el corto plazo. Ese es el sentido de los condicionantes de salud y educación: que los hijos de esas familias tengan alimentos y vayan a la escuela sin hambre y así cortar el ciclo de la pobreza.

Y la inclusión productiva de esas familias. Si el gobierno tiene que hacer una autopista, utiliza preferentemente las personas que reciben el Bolsa Familia. Con el registro único sabemos quiénes son y dónde viven. Entonces les enviamos cartas del MDS invitándolas a participar en programas de cualificación con la posibilidad futura de un empleo. Estas son puertas abiertas para la inclusión social de estas familias. Porque la salida del programa es la entrada a la ciudadanía, los derechos, la inclusión social y el mundo del trabajo.

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La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

en Colombia

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La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en

Colombia Por Carlos Ignacio Cuervo Valencia, Viceministro de Salud

y Bienestar del Ministerio de Protección Social, y Juan Camilo Salazar Rueda, Viceministro de Agricultura

Queremos detenernos en las medidas prácticas que se pueden implementar desde las entidades territoriales para mejorar la situación de seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades, particularmente de aquellas más vulnerables.

A partir de los ejes que orientan el gobierno del Presidente Uribe, es importante empezar por destacar brevemente cómo la Política de Seguridad Democrática ha ofrecido condiciones de seguridad en el campo y promovido una adecuada oferta alimenticia en el país, al hacer posible el trabajo de los productores rurales, el autoabastecimiento y la producción de excedentes agrícolas. Por su parte, con la Política de Confianza Inversionista, muchas personas han podido mejorar su ingreso familiar y han destinado parte de ese ingreso a la compra de alimentos. Pero nos vamos a detener en la Política Social, particularmente en lo que tiene que ver con la Cohesión Social, y en la manera cómo vamos avanzando en el cumplimiento de las Metas del Milenio, en lo que tiene que ver con la mortalidad materna, perinatal e infantil.

En el país requerimos generar Cohesión Social para reducir las inequidades a través de la articulación de acciones tendientes al desarrollo de políticas, planes y estrategias, que lleven al acceso a bienes y servicios, al ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, y al disfrute de las libertades humanas a través de todo el ciclo vital. Es una búsqueda de equidad, bienestar y protección

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social, con reconocimiento de la diversidad y aplicación del enfoque diferencial. Obviamente allí está incluido el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El sistema de protección social del país hace referencia a todas las intervenciones públicas que buscan asistir a las personas, hogares y comunidades para hacer un manejo social del riesgo y para proporcionar apoyo a quienes se encuentran en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.

El manejo social del riesgo ha de entenderse como la capacidad, de las instituciones y de la sociedad en general, para anticiparse a las dificultades y responder a ellas cuando se presenten. Por ejemplo, para el tema que nos ocupa, podemos dar un parte de tranquilidad, pues a raíz de la crisis mundial no habrá recortes en los presupuestos destinados a la seguridad alimentaria en el país; antes bien, se ha incrementado el presupuesto del ICBF destinado a este fin, para mitigar el impacto de la crisis en esta materia. Esto es muy importante porque en época de crisis baja el valor de los ingresos promedio de la familia y, cuando no existen mecanismos de mitigación, puede presentarse un incremento en la desnutrición de la población.

La vulnerabilidad social es la probabilidad de ser afectado por un riesgo de cualquier naturaleza y en este sentido, está vinculada con la capacidad de las personas para enfrentarlo. La vulnerabilidad puede originarse en condiciones permanentes como la ancianidad, la discapacidad o la pobreza estructural; deberse a la caída drástica de ingresos por crisis económicas o a condiciones transitorias como la dependencia durante la niñez y el desplazamiento forzado. Tener en cuenta esta naturaleza diversa de la vulnerabilidad es muy importante a la hora de focalizar las poblaciones dentro de los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad contempla mecanismos de manejo social del riesgo, que implican un Sistema de Protección Social eficiente y eficaz para la reducción de desigualdades socioeconómicas, que racionalice la oferta de servicios y se enfoque en la familia como sujeto de intervención.

De otro lado, los objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados directamente con la Seguridad Alimentaria y Nutricional son dos: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre y Reducir la Mortalidad Infantil.

Dentro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo están justamente las de reducir la mortalidad materno infantil y la desnutrición en niños y niñas. De igual manera, el Plan Nacional de Salud Pública tiene el propósito de promover condiciones y estilos de vida saludable y proteger y superar los riesgos para la

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salud de la población como un derecho esencial y colectivo, especialmente de las poblaciones más vulnerables, mediante la definición de las políticas sectoriales y multisectoriales en salud pública, individuales y colectivas. Dos de los objetivos del Plan de Salud Pública son particularmente relevantes para el tema que nos ocupa: mejorar la salud infantil, que tiene todo que ver con mejorar el acceso a los alimentos y la calidad e inocuidad de los mismos, y contribuir a lograr la seguridad alimentaria y nutricional.

Al respecto, hacemos un llamado a los señores gobernadores, pues es su responsabilidad tener planes departamentales de salud aprobados por ordenanza y planes municipales aprobados por acuerdo, con presupuestos concurrentes, indicadores de base y acciones para impactarlos positivamente.

Respecto a la desnutrición global (peso para la edad) la meta es llegar al 3% en 2015, y en el 2005 estábamos en 7%. Respecto a la desnutrición crónica (talla para la edad), la meta es llegar al 6% en 2015 y en 2005 estábamos en 12. Es muy importante que en cada territorio sepamos de dónde partimos para llegar a estas metas, pues necesitamos un progreso más rápido para alcanzarlas.

Respecto a la mortalidad de menores de 1 año, la meta es llegar a 14 por 1.000 nacidos vivos y en 2006 estábamos en 15.5. Y respecto a mortalidad de menores de 5 años, la meta es llegar a 17 y hoy estamos en 18,9 por 1.000 nacidos vivos.

La mortalidad materna en el país está en 75 por cada 100.000 nacidos vivos y la meta a 2015 es 45. Pero hay departamentos con tasas de 300 y 400, y 2 ó 3 municipios tienen tasas cercanas a 1.000. Son tasas aterradoras, que muestran una distribución asimétrica en el país de la mortalidad materna, ligada también a la mortalidad infantil.

Pero el hambre sigue siendo la peor arma de destrucción masiva, de allí la importancia de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El hambre, nos quita de las manos la vida de muchos niños y niñas, especialmente de los que están en el rango de edad de 0 a 24 meses. Además, los efectos irreversibles de las carencias alimenticias se dan en este mismo grupo de edad.

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Es importante reconocer de entrada que el Gobierno Nacional, para la formulación de esta Política, ha tomado como ejemplo, entre otros, al Programa MANA de la Gobernación de Antioquia.

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La PNSAN, por las razones antes expuestas, pone su énfasis en la población menor de 2 años. Si gobernar es priorizar, si los recursos no son suficientes, es menester concentrar las acciones en los menores de dos años, para garantizarles un buen comienzo en la vida.

Tiene un enfoque diferencial por ciclo de vida, territorio (rural-urbano), género y grupos étnicos, condición social y situación de discapacidad. No consume los mismos alimentos la población rural de las costas y la de las altas montañas; no requieren la misma cantidad de kilocalorías los hombres y las mujeres; las personas discapacitadas tienen mayor dificultad para acceder a los alimentos. Todos estos son aspectos a tener en cuenta en los planes territoriales.

Asume como grandes retos de la alimentación y nutrición de la niñez la seguridad alimentaria, la redefinición de nuevos patrones de crecimiento, la creación del sistema de vigilancia nutricional y el diseño de estrategias de intervención nutricional.

El Gobierno Nacional aprobó mediante el CONPES Social 113 de 2007 la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), como una acción conjunta de entidades del nivel nacional, departamental y municipal, de orden público y privado. Este documento la definió la seguridad alimentaria y nutricional como la “disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos, en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”.

Los principios de la Política son: Derecho a la alimentación, equidad social, perspectiva de género, sostenibilidad, corresponsabilidad y respeto a la identidad y diversidad cultural. A varios de ellos ya nos hemos referido, pero queremos en este punto destacar el principio de sostenibilidad y sugerir a los entes territoriales que, mediante ordenanza, como ya algunos departamentos lo han hecho, establezcan la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, garantizando así los recursos para la sostenibilidad de la misma. En este mismo sentido, cursa en la actualidad en el Congreso de la República un Proyecto de Ley para elevar el CONPES 113 a la categoría de ley. También destacar el principio de corresponsabilidad, que suma al esfuerzo del gobierno en sus niveles nacional, departamental y municipal, los esfuerzos de las familias, las ONG, las organizaciones sociales y las empresas privadas.

La Política tiene los siguientes ejes:

z Disponibilidad: Cantidad de alimentos con que se cuenta. Está relacionada con el suministro suficiente frente a los requerimientos de la población. Pueden ser de producción nacional o importados.

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z Acceso: Posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, comunidad o país.

z Consumo: Se refiere a los alimentos que comen las personas y está relacionado con la selección de los mismos, las creencias, actitudes y prácticas.

z Aprovechamiento: Se refiere a cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo. Este eje está muy relacionado con la actividad física, que justamente contribuye a dicho aprovechamiento.

z Calidad e Inocuidad de los Alimentos: El conjunto de características de los alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas, asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) para la salud.

Sobre este último eje un comentario. Somos conscientes de las limitaciones de departamentos y municipios para ejercer un adecuado control de los alimentos. Por ejemplo, en Bogotá, solo el 60% de los alimentos perecederos que se expenden no tiene ningún tipo de control. No sabemos si están contaminados por bacterias o plaguicidas. Por eso insistimos en redoblar los esfuerzos de vigilancia y control, pues los alimentos pueden transmitir enfermedades.

La Política también tiene una estructura institucional, en cuya cabeza está la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuya conformación era un compromiso del gobierno nacional que hoy está cumpliendo. El siguiente organigrama muestra dicha estructura:

Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN)

Secretaria Técnica

Disponibilidad MADR

Observatorio

Grupos Técnicos

Acceso Acción Social

Consumo ICBF

Aprovechamiento biológico

MPS

Seguimiento DNP

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La CISAN dirige y coordina la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es una instancia de concertación y armonización de los diferentes sectores y de seguimiento a las decisiones tomadas en el marco de la Política. Está conformada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), que ejerce la Presidencia, el Ministerio de Protección Social (MPS), que ejerce la Secretaría Técnica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), la Dirección Nacional de Planeación (DNP), Acción Social, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Cada entidad tiene además responsabilidades específicas de coordinación de los grupos técnicos.

Desde diciembre de 2008, aún sin la formalización de la creación de la CISAN, las entidades participantes hemos venido adelantando un plan de trabajo que contempla la formulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2008-2017), la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OSAN), la asistencia técnica a la elaboración o reformulación de planes departamentales de SAN y el Proyecto de Ley 079 de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Respecto al Observatorio Nacional de SAN es importante destacar que su creación es mandato del CONPES Social 113, que considera fundamental el establecimiento y desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación para el logro de los objetivos propuestos en la Política de SAN. Dice: “Es necesario apoyar el proceso de evaluación con un Observatorio Nacional de SAN independiente de las entidades ejecutoras, que tenga incidencia en la reformulación de la política y en el seguimiento de sus resultados sociales”.

Al respecto, gracias a la colaboración de FAO, Acción Social y Ministerio de Protección Social, se han hecho avances como la creación del grupo técnico interinstitucional para apoyar la construcción del Observatorio; la gestión de recursos para desarrollar un estudio de prefactibilidad de al menos tres modelos alternativos para la creación del Observatorio, que permitirá en el segundo semestre de 2009 elegir el modelo aplicable e implementarlo en el contexto colombiano; y la invitación a todas las entidades con competencias en la SAN del país a disponer recursos de su presupuesto que apoyen a la implementación del OSAN.

Atendiendo la recomendación de política, también pusimos en marcha la estrategia de apoyo técnico a la formulación o reformulación de planes territoriales de SAN, mediante los cuales se implementa la Política. Para tal fin se ha conformado un equipo técnico interinstitucional nacional conformado por Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

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Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Proyecto de Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria (Acción Social –FAO). Otros participantes son la Fundación Plan Internacional, el Programa Mundial de Alimentos y Unicef.

La meta es que el 100% de los departamentos colombianos hayan tenido visita de asistencia técnica a 2009 y cuenten con una Guía metodológica que apoye el proceso de construcción de los Planes. A la fecha los logros relevantes del acompañamiento han sido la transferencia de herramientas metodológicas y conceptuales, el apoyo a la Conformación de Comités Departamentales de SAN, los planes de trabajo concertados participativamente con los territorios asesorados, la aprobación de compromisos por parte de las Gobernaciones, los procesos de construcción intersectoriales y participativos, y en algunos departamento la proyección a futuro del Plan, mediante Ordenanza aprobada por Asamblea Departamental.

Para finalizar esta parte, queremos destacar que el hecho de que este Encuentro gire en torno a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y termine con la firma de una declaración de compromiso de todas las Gobernaciones, es una muestra enorme de voluntad política para erradicar la desnutrición del país, que es un regalo anticipado que le podemos dar a niños y niñas de Colombia.

La mirada desde el Ministerio de AgriculturaLa coyuntura mundial

Ustedes saben que el año pasado se presentó una coyuntura mundial nunca antes vista en lo que al sector agrícola se refiere. Los expertos dicen que la agricultura mundial ha cambiado su dinámica por cuenta del auge de los biocombustibles y de la demanda de alimentos de China e India, que son choques de la demanda, y de los cambios climáticos y el incremento de los precios del petróleo y los fertilizantes, que son choques de la oferta. Nosotros en el Ministerio de Agricultura, durante el año pasado, hemos hecho un seguimiento muy detallado y un análisis técnico de estas variables para establecer su impacto en los precios de los alimentos en el país.

El auge de los biocombustibles por supuesto tuvo un efecto. En los países desarrollados se observa desde el año 2005 un incremento acelerado en la producción de biocombustibles. Por ejemplo, en Estados Unidos, la producción de bioetanol pasó de 8.600 millones de galones en 2005 a 11.520 en 2007, con un incremento del 34%; y se estima que en 2009 la producción será de 19.000

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millones galones, para un incremento en el período 2005-2009 del 121%. Hoy hay en ese país 139 refinerías instaladas y 61 en construcción. En 2006, Estados Unidos produjo 272,8 millones de toneladas de maíz, de las cuales 45,7 millones (17%) se destinaron a la producción de etanol. Valga anotar que el maíz es un producto esencial para la nutrición no sólo humana sino animal (Fuente: Annual Industry Outlook 2007, RFA).

En la Unión Europea la producción de biodiesel creció de una manera similar. Pasó de 3,2 a 4,9 millones de toneladas entre 2005 y 2006 (crecimiento del 54%). En 2007 ascendió a 10,2 millones de toneladas (crecimiento de 108% con respecto a 2006). En dicho continente hay 185 plantas en operación y 58 en construcción. La perspectiva es que la demanda llegue a 14 millones de toneladas de biodiesel en el 2010, por obligatoriedad en la mezcla del 5.75% de biodiesel a partir de ese año.

Otro factor que incidió en el incremento de los precios de los alimentos fue la demanda que se generó en países densamente poblados como China e India. Para ponerlo en cifras. India pasó de un ingreso per cápita de 456 dólares en 2002, a uno de 982 dólares en 2009, con un incremento del 116%. Y en China el incremento fue mucho más dramático, pues pasó de 1.132 a 3.622 dólares por habitante en el mismo período, con un incremento cercano al 220%.

Este incremento redunda en la capacidad que tienen los hogares para mejorar su dieta y adquirir mayor cantidad de alimentos. En China, el consumo de carne se incrementó en el 27%, el de arroz en un 18%, el de huevos en un 29% y el de trigo en un 19%. En India, el consumo de arroz de incrementó en un 52%, el de leche en un 12%, el de azúcar en un 23% y el de maíz amarillo en un 24%. Este fenómeno en dos países que tienen cerca del 15% de la población mundial, genera una presión en la demanda y el precio de los alimentos en el mundo.

Un tercer factor a considerar es el cambio climático que se ha observado en algunas regiones de manera más acentuada que en otras. En la medida en que por exceso o por defecto cambian los regímenes de lluvia, se afectan los sistemas de producción. Por ejemplo, se acortan los ciclos de producción, hay mayor incidencia de insectos y enfermedades y pérdidas por falta de agua. Todo esto afecta la disponibilidad de alimentos.

El cuarto factor considerado fue el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y de los fertilizantes. En el sector agropecuario, como en cualquier otro sector, el uso de los combustibles es esencial para los sistemas de producción. Pero en la agricultura es más importante aún porque gran parte de los fertilizantes tienen una estrecha correlación con el precio del petróleo. Entre enero de 2002 y

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mayo de 2008 hubo un crecimiento en los precios del petróleo cercano al 837%, siendo mucho más acentuado entre 2007 y 2008, cuando hubo una escalada. En este periodo el precio pasó de USD 15,55 a USD 145,29.

Por supuesto, al incrementarse los precios del petróleo se incrementan también los costos de los fletes, tanto los de importación como los de salida. Entre enero de 2006 y junio de 2008, el costo de los fletes creció en cerca de 137%. A partir de junio de 2008, de manera similar a lo que ha pasado con el precio del petróleo, esto se ha venido corrigiendo y hoy observamos niveles similares a los de enero de 2006.

Vale la pena anotar que los fertilizantes esenciales para la producción agrícola son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El precio de la urea tuvo una curva similar a la del petróleo: incremento, escalada y caída a los precios de 2006. El precio del fósforo tuvo un comportamiento atado al de la urea y llegó a tener un cremento cercano al 372%, pero a partir de septiembre de 2008 empieza a caer a niveles similares a los del 2006. No ha ocurrido lo mismo con el potasio, que es un mineral que se encuentra en unas fuentes muy limitadas en el mundo, y sus precios se han venido manteniendo altos. Entre mayo de 2007 y mayo de 2009 el crecimiento del precio ha sido de cerca del 390%.

De acuerdo a un índice que construye el Fondo Monetario Internacional tomando en cuenta productos de diferentes regiones del mundo, la canasta alimentos básicos alcanzó su máximo histórico en junio de 2008, con un incremento del 130% con relación a enero de 2002, y entre julio de 2008 y abril de 2009 ha presentado una caída (-27,3%).

Entonces, según estudio econométrico que hicimos en el Ministerio de Agricultura, el gran efecto de la oferta sobre los precios de los alimentos proviene del costo del petróleo y los fertilizantes, aunque el efecto del clima no se puede desestimar. Y el gran efecto de la demanda proviene del consumo de alimentos de China e India, pues si bien el efecto de los biocombustibles no es nulo, es menor.

La situación en Colombia

El balance agroalimentario del país, en el 2008, muestra lo siguiente: producimos 28.3 millones de toneladas de alimentos, importamos 7.9 millones de toneladas, exportamos 4.1 toneladas, tenemos un consumo aparente de 32,1 toneladas y una autosuficiencia que llega al 88%.

La siguiente tabla muestra la situación del país para los principales alimentos y resulta de especial interés la columna de autosuficiencia:

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En Colombia la producción interna abastece el consumo de la gran mayoría de alimentos, con excepción del maíz amarillo y el trigo. La importación de trigo se destina a la producción de pan y la de maíz amarillo a la producción alimentos balanceados para las industrias avícola y porcícola.

El incremento de las importaciones de maíz amarillo está relacionado con el crecimiento de estas industrias en el país. La avicultura creció en 2006 el 12,4%, en 2007 el 8,8% y en 2008 el 9,3%, que son crecimientos muy por encima de los del sector agropecuario e incluso de los del país. Por supuesto, estos crecimientos han sido jalonados por el incremento del consumo per cápita de carne de pollo en Colombia, que ha crecido más del 50% entre el 2002 y el 2009. Algo similar ha pasado en la industria porcícola, que creció incluso más que la avicultura: 12, 1% en 2003, 14,1% en 2006 y 14,8% en 2007; aunque tuvo un decrecimiento de -4,5% en 2008. El consumo per cápita de carne de cerdo creció, entre 2002 y 2008, en un 64,9%.

Panorama Internacional de inflación total y de alimentos

Comparando el índice de inflación total y el índice de inflación de alimentos con otros países de Latinoamérica, encontramos que estamos muy por debajo de Venezuela, por debajo de Ecuador y Chile, y cerca a la inflación observada en Brasil. A pesar de que sigue siendo un índice alto, por todos los efectos explicados anteriormente, el país está en el promedio del vecindario.

Millones de Toneladas

Fuente: MADR

Producto Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente

Auto- suficiencia

Frutas y hortalizas

7,0 0,4 1,8 5,6 125%

Azucareras 3,5 0,2 0,4 3,2 108%

Aceites Vegetales

0,7 0,3 0,3 0,6 107%

Carnes, lácteos y huevos

3,6 0,2 0,3 3,5 103%

Tuberosas y plátano

7,8 0,1 0,1 7,7 101%

Cereales 4,8 5,2 0,0 10,0 48%

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Disponibilidad de Tierra

En esta materia tenemos una ventaja que es necesario aprovechar para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos, como los ilustra la gráfica. En Colombia tenemos cerca de 42 millones de hectáreas que están destinadas hoy a la ganadería, que en su mayor parte es extensiva, extractiva, con altos costos y bajos ingresos. De éstas, 17 millones podrían ser utilizadas para la agricultura, incrementando así la oferta de alimentos. Es una cifra muy significativa si se tiene en cuenta que hoy, para producir las cifras de alimentos mencionadas, utilizamos apenas 5 millones de hectáreas.

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16,00%

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11,18% 9,66%

15,66%

10,44%

1,94%3,19% 3,22% 2,39%

5,76%

Total Alimentos

Fuente: Bancos Centrales, Institutos Nacionales de Estadística y Departamentos Nacionales de Estadística.

Ven

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20

10

0Agrícola Forestal Ganadería

9.1

21.5

4.2

17.3

66.8

14.3

57.7

42.5

28.2

Forestal de Protección (57.4 mll ha)

Vocación Uso Actual

Conservación Otros Usos

17.3 mill.Ha.: Agrícola

Fuente: MADR

9.1 mill.Ha.: Forestal

1.8 mill.Ha.: Conservación y otros

Agrícola: Palma, cacao, frutales, silvoagricola (cultivos agrícolas con pequeños) Forestal: Bosque, natural, caucho, forestal y agroforestal (cultivos agrícolas con árboles maderables) Ganadera: Silvopastoril Conservación: Recursos, hidrobiológicos, pantanos, páramos, ciénagas y cuerpos de agua

4.6 3.1

1.5 6.9 6.5

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Los programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Los programas del Ministerio han sido estructurados en concordancia con los lineamientos de política de seguridad alimentaria, específicamente en el eje de disponibilidad. Buscan brindar estabilidad en el suministro de alimentos e incentivar el mercado agroalimentario.

A continuación una relación de los programas más destacados.

z Línea Especial de Crédito para Alimentos. Financia costos directos para siembra y mantenimiento de cultivos de ciclo corto, a una tasa subsidiada del DTF-2%.

z Incentivo Siembra Maíz Tecnificado. Dado que en la altillanura existe la posibilidad de desarrollar cerca de 3,2 millones de hectáreas con rotación de maíz y sorgo, se han hecho esfuerzos para incentivar la adecuación de esta región.

z Incentivo Siembra Fríjol en Zona Cafetera. Importamos cerca de 20.000 toneladas. El Ministerio, junto a la Federación Nacional de Cafeteros, promueve la siembra intercalada de fríjol con café.

z Leche para todos. Es un programa que permite enfrentar la sobreproducción actual del sector lechero y ampliar los programas del ICBF, beneficiando a 1.336.335 niñas y niños de bajos recursos entre 1 y 5 años de edad.

z Convocatorias Públicas de Tierras y Riego, para garantizar el acceso a factores productivos de calidad. En 2008 se entregaron más de 11.000 hectáreas por concurso, que beneficiaron a más de 1.300 familias. Por otra parte, entre 2008 y 2009 se han invertido cerca de $450.000 millones en infraestructura de riego para pequeña y mediana irrigación, beneficiando más de 55.000 familias.

z Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad. A través de los CONPES sanitarios que se han venido implementando desde hace algunos años, hemos podido entregarle recursos al ICA y al INVIMA, para garantizar la infraestructura y la estrategia requeridas para garantizar la inocuidad de los alimentos.

z Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario. En este campo merecen especial mención los resultados de investigación de CORPOICA en Productos Básicos para la Seguridad Alimentaria como tomate, maíz amarillo, soya y hortalizas.

Este es un resumen de lo que hemos venido trabajando. Muchas gracias.

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La crisis global y sus impactos en el cumplimiento del

derecho a la alimentación

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La crisis global y sus impactos en el cumplimiento del derecho a la alimentación

Conversatorio moderado por Ilva Hoyos Castañeda, Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos

de la Infancia, la Adolescencia y la Familia

Moderadora. Nos acompañan en esta mesa Frederico Campos, asesor del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil; Gustavo García, Director de Planeación del ICBF; José Fernando Arias del Departamento Nacional de Planeación; Carlos Cuervo Valencia, Viceministro de Salud y Bienestar del Ministerio de Protección Social; Eduardo Verano de la Rosa, Presidente de la Federación Nacional de Departamentos; María Cristina Cuartas, especialista en Alimentación y Salud del Programa Mundial de Alimentos; y Mary Cuero y José Galindo en representación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El conversatorio tiene como finalidad brindar a los gobernadores y la gobernadora aquí presentes, mecanismos que les permitan integrar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a los planes aprobados en los departamentos.

Inicialmente teníamos pensado que en este conversatorio estuvieran los integrantes de la CISAN. Dado que hasta ahora no se ha conformado legalmente esa comisión, no fue posible cumplir ese objetivo.

Vamos a dar inicio a este conversatorio dándole la palabra a nuestro invitado internacional, para que plantee alguna inquietud a las personas de la mesa.

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Frederico Campos, asesor del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil. Gracias. Pienso que es muy importante el tema de la seguridad alimentaria y nutricional frente a la crisis internacional. Una de las cosas que he estado pensando al respecto se refiere a la importancia de las inversiones sociales en tiempos de crisis. Porque en los años 70-80, cuando había una crisis la primera víctima era la inversión social. Hoy creemos que los años de crisis son justamente en los que se debe aumentar la inversión social, porque de lo contrario vamos a pagar después con un sinnúmero de problemas sociales, entre ellos no pocos asociados con la desnutrición. Cuando el Estado disminuye esta inversión en época de crisis, pues la agrava. Es mejor actuar de manera anticíclica y en tiempos de crisis aumentar las inversiones sociales. Me gustaría que habláramos de esto.

Moderadora. ¿Qué plantea el Ministerio de Protección Social respecto a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en estos tiempos de crisis?

Carlos Cuervo Valencia, Viceministro de Salud y Bienestar del Ministerio de Protección Social. Lo primero es reiterar el compromiso del gobierno nacional de no tocar los rubros que financian los programas de seguridad alimentaria y nutricional en el país, en cabeza del MPS, del ICBF. Es más, la respuesta social, y lo ha dicho el Presidente Uribe, por el contrario debe aumentar. Por eso queremos pasar en el Programa Familias en Acción de 1.5 a 3 millones de familias, que tiene un importante componente de seguridad alimentaria. Ese es un ejemplo de la respuesta del Estado frente a los temas sociales en momentos de crisis, que aspiramos que sea transitoria. En el presupuesto del 2010 se tiene que ver la sostenibilidad y el incremento de las coberturas de este programa. El gobierno también trabaja el tema de la inflación y, particularmente, con el índice de precios de los alimentos, porque si éste sube se convierte en una barrera de acceso. Entonces el gobierno lo está monitoreando y autorizando importaciones para evitar que suba.

José Fernando Arias, Departamento Nacional de Planeación. Dada la situación de autoabastecimiento que en materia de disponibilidad de alimentos, planteada hace poco por el Viceministro de Agricultura, lo que llama la atención en tiempos de crisis es el tema de acceso, es decir, que el poder adquisitivo de las familias sea suficiente para adquirir los alimentos disponibles. Al respecto, la acción anticíclica que el gobierno ha venido desarrollando contempla dos elementos fundamentales. Uno, es un plan intensivo de inversiones en infraestructura que posibilite preservar o crear empleos. El otro elemento hay que dividirlo en dos componentes. Uno estructural, pues el gasto social en salud y educación está protegido de las fluctuaciones de los ingresos corrientes de la nación. Otro coyuntural, pues allí están las inversiones en infraestructura

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de saneamiento básico que también son fuente de empleo. Por otro lado, de manera más específica, se han previsto una serie de inversiones para preservar en los hogares más vulnerables la posibilidad de tener ingresos disponibles para el consumo. A esto apunta la expansión del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción a 3 millones de familias beneficiadas. Las evaluaciones de impacto que se han hecho recientemente demuestran que los hogares utilizan buena parte de estos recursos en mejorar su dieta alimenticia.

Moderadora. ¿Cómo afecta la crisis a los programas de seguridad alimentaria y nutricional del ICBF?

Gustavo García, Director de Planeación del ICBF. La financiación del 100% de estos programas depende de los ingresos parafiscales. Por supuesto, si la crisis tiene un efecto directo sobre el empleo, afectará el monto de los ingresos con los cuales estamos financiando todos los programas. El Instituto viene entonces haciendo un monitoreo permanente a lo que está ocurriendo con los parafiscales, además de verificar dentro de los programas las coberturas y la focalización sobre las poblaciones más vulnerables. También estamos buscando permanentemente la cofinanciación para compensar estos recursos si llegaran a disminuir. El monitoreo nos permite afirmar que, afortunadamente, el comportamiento de los parafiscales y demás fuentes de financiación del Instituto se están comportando tal como se había previsto, lo cual nos da tranquilidad pues nuestro trabajo en esta materia deberá centrarse en el recaudo y, a futuro, en la cofinanciación de los programas. El Instituto invierte al año 1.3 billones de pesos en alimentos destinados a los componentes nutricionales de los programas con los cuales estamos atendiendo a la población colombiana. En esta época de crisis estamos trabajando para tener en los programas mayores coberturas, más eficiencia y oportunidad, y continuidad. Estamos buscando mecanismos que nos lleven a economías de escala en la compra; además de insertarnos en las economías locales para buscar allí los productos y hacer más eficientes los recursos. También tenemos que ir sumando y trabajando con los entes territoriales para hacer todos los procesos de cofinanciación, anticiparnos a los cambios de vigencia del mes de enero y tener acuerdos con los gobernadores y los alcaldes, para no suspender en ningún momento los programas con los cuales estamos dando complementos nutricionales por este motivo, programas como los desayunos infantiles, la alimentación escolar, recuperación nutricional y, en cooperación con el Ministerio de Agricultura, el programa Leche para todos. En resumen, la crisis aún no afectado la financiación por parafiscales del ICBF, pero debemos seguir trabajando para incrementar los recursos del componente nutricional de nuestros programas y mantener e incluso incrementar la cobertura de los mismos.

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Moderadora. ¿Desde la Federación Nacional de Departamentos qué estrategias han pensado para asegurar en esta época de crisis la seguridad alimentaria y nutricional y garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes?

Eduardo Verano de la Rosa, Presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Nosotros estamos muy involucrados con el tema de las acciones anticíclicas. Quisiéramos, junto al gobierno nacional, tratar de fomentar los empleos necesarios a través de nuestros propios programas de vías, vivienda, agua y saneamiento básico. Si estos tres puntales de nuestros planes de desarrollo fluyen, lo más seguro es que haya la generación de empleo que redunde en la estabilidad en la alimentación de las familias. Sin embargo, la presentación que hizo el asesor del Programa Hambre Cero de Brasil nos hace pensar que solamente a través del montaje de un programa presidencial con todo el apoyo financiero se puede dar una gran transformación en materia de seguridad alimentaria. Por lo pronto nos corresponde articularnos mucho mejor con el ICBF y con los Ministerios de Protección Social y de Agricultura, para generar un sistema donde se produzcan alimentos y éstos lleguen hasta las familias. Nosotros estamos de una manera muy incipiente haciendo los programas de alimentación escolar con el ICBF, son los más importantes que en este momento tenemos. Necesitamos mayores recursos para que el complemento nutricional no sea solamente 100 días al año o solamente desayuno o almuerzo sino que sea desayuno y almuerzo 300 días al año, de tal manera que podamos hablar realmente de seguridad alimentaria. En este momento esos recursos no existen. Tenemos que sentarnos a pensar cómo podemos articular los programas de Presidencia, de los Ministerios, del ICBF y de las Gobernaciones para dar en el clavo de la seguridad alimentaria de niñas, niños y personas adultas.

Moderadora. Demos la palabra a los representantes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que nos acompañan en esta mesa. José, tienes la palabra.

José Galindo. Esta pregunta requiere una respuesta concreta. ¿De qué manera se va a implementar en los Departamentos la producción de alimentos, que genere desarrollo y beneficie a niños, niños, adolescentes y jóvenes vulnerables, tanto del campo, para que no tengan que salir de allí, como de la ciudad, para que tengan acceso a los alimentos de calidad?

Eduardo Verano de la Rosa, Presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Repito, lo más importante en este momento es que podamos articular todas estas fuentes de recursos en un paquete completo. Que incluya la producción para tener disponibilidad, lo cual implica el manejo de tierras y

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aguas, además de la tecnología, el crédito y la comercialización, todo lo que se mencionó ayer en la presentación del Ministerio de Agricultura. También debe tener todo lo que corresponde al acceso, porque si los alimentos no tienen un precio adecuado, por más producción que haya, no van a llegar a donde nosotros queremos que lleguen. También hay que trabajar muchísimo, a través de los ministerios de Protección Social y Educación, para que la gente sepa cómo se debe alimentar, que tenga información cierta sobre el aprovechamiento biológico de los alimentos, para que la información comercial que reciben las personas no desvíe los pocos recursos que tienen hacia alimentos inadecuados. Esto implica un trabajo mancomunado con el ICBF y los ministerios para que el tema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional no esté tan disperso dentro de la organización del Estado colombiano, pues esta situación dificulta acceder a los recursos y tener un objetivo claro en la materia. Necesitamos organización y coordinación para evitar esta dispersión.

Moderadora. Doctor Gustavo, ¿qué puede contestar desde el ICBF a esta solicitud de las niñas y los niños de un compromiso concreto respecto a su derecho a la alimentación?

Gustavo García, Director de Planeación del ICBF. El ICBF viene trabajando en la coordinación de la elaboración de los planes de seguridad alimentaria y nutricional con los departamentos. Allí estamos insistiendo en trabajar con las familias en saber cuál es el aprovechamiento adecuado de los alimentos; también en los temas de coordinación intersectorial y con los entes territoriales para sumar recursos y focalizar en la población que realmente necesita el apoyo; en los mecanismos para monitorear los niveles nutricionales de esta población y saber si los programas resultan eficaces frente a las problemáticas identificadas. De modo que estamos avanzando en el acopio de los recursos de las diversas fuentes y en la focalización de la población, para llegarle con programas directos que tengan recursos concretos, sostenibilidad y eficiencia.

José Fernando Arias, Departamento Nacional de Planeación. La pregunta también apunta a la creación de oportunidades para la población joven. Es importante señalar varios elementos de política pública que se vienen desarrollando que, tal vez, se podrían conjugar de mejor manera. Tal como hemos visto, la disponibilidad no es la mayor dificultad que debemos enfrentar; entonces debemos analizar el consumo, ligado a la capacidad de los hogares para adquirir los alimentos que necesitan. Como muchos hogares no tienen en la actualidad tal capacidad. Están las medidas de mitigación, asistenciales, que se ejecutan a través del ICBF y Acción Social mediante transferencia condicionada de recursos. En el campo de las oportunidades, el Gobierno Nacional a través del SENA ha previsto la ampliación de los cupos de formación de técnicos y tecnólogos a través del Programa de Jóvenes Rurales,

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para mejorar su inserción en los mercados laborales; se han abierto 150.000 nuevos cupos. Por su parte, la Red Juntos es una estrategia que pretende dar soporte de asistencia y protección social al conjunto de la población y, dentro de ésta, estamos ad portas de generar un documento CONPES de política de generación de ingresos para población vulnerable, que implica la conjugación de esfuerzos para la formación, la asistencia técnica y el acceso a servicios financieros. Estamos pues trabajando en la elaboración de una respuesta coordinada entre las distintas instancias del gobierno nacional y con los departamentos y los municipios.

Moderadora. María Cristina, te cedo la palabra

María Cristina Cuartas, especialista en Alimentación y Salud del Programa Mundial de Alimentos. Aquí represento a las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales que apoyan al gobierno nacional en su Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tenemos una inquietud, dirigida especialmente al DNP y a la Federación de Departamentos. Los Departamentos tienen diferentes grados de avance en sus planes de seguridad alimentaria y nutricional, pero también tienen planes de salud pública y de agua. ¿Cómo confluyen estos tres planes para lograr los objetivos de la política de seguridad alimentaria y nutricional? ¿Cuáles son los de encuentro o desencuentro, a nivel nacional y departamental, de esos tres planes?

José Fernando Arias, Departamento Nacional de Planeación. Claramente estas tres políticas públicas están asociadas. Frente a determinantes que condicionan el aprovechamiento biológico y el consumo de alimentos en condiciones de inocuidad, los planes departamentales de agua son un elemento fundamental. La política de salud pública, en sus componentes de promoción, prevención, vigilancia y control de riesgos asociados al consumo de alimentos, también tiene todo que ver. Obviamente es en los niveles departamentales y municipales donde esa articulación se debe hacer patente. Particularmente los departamentos tienen un papel muy importante porque las tres políticas tienen como punto de coordinación y articulación el nivel departamental. Esta coordinación depende de la organización administrativa en cada caso. A veces hay temas que se perciben como si no tuvieran intersección o contacto porque se manejan sectorialmente. Si uno mira los temas de infraestructura en saneamiento básico, las obras que se ejecutan facilitan el acceso a un servicio público esencial, contribuyen a la inocuidad de los alimentos y además generan empleo pues requieren el uso intensivo de mano de obra. Son aspectos que es necesario vincular, pues sectorialmente existe cierta separación de competencias entre lo que hacen los planes de salud, agua y saneamiento, y seguridad alimentaria. De modo que, identificados los énfasis de cada política,

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la labor de coordinación en los niveles territoriales es fundamental, al igual que la conjugación de recursos. Es un reto que también debe enfrentarse en el nivel nacional.

Eduardo Verano de la Rosa, Presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Las tres políticas se tienen que coordinar, muy cierto, pero en los Departamentos no hay homogeneidad en su desarrollo. Esta situación trae dificultades a la coordinación. Por ejemplo, en el departamento del Atlántico, en agua y saneamiento hemos avanzado significativamente, vamos a invertir cerca de 250.000 millones de pesos en los próximos 3 años y vamos a llegar a una cobertura del 100% de agua y alcantarillado. Sin embargo, en producción de alimentos no tenemos esa misma dinámica, solamente producimos el 4% de los alimentos que consumimos. Podríamos entonces producir más alimentos dentro del departamento con una política de generación de empleo a través del agro. Por otra parte, el 26% de las personas consume por encima del 65% de las calorías de carbohidratos, especialmente en los niveles 1 y 2 del SISBEN; allí también hay una tarea bien clara qué cumplir. Tenemos 8% de niños con bajo peso al nacer, mientras el promedio nacional es del 6%. Quiere decir esto que las madres gestantes no están recibiendo una alimentación adecuada; ahí hay otro nicho de trabajo con el ICBF. Y así sucede en otros departamentos, hay muchos nichos por trabajar. Estas tres políticas, combinadas, no están homogéneamente manejadas en todo el país. En algunos casos hay dificultades financieras; en otros, dificultades para acceder a los programas en algunos ministerios; en otros, desatención por los temas en las regiones.

Moderadora. En materia de seguridad alimentaria y nutricional, Colombia tiene dos grandes deudas o retos con los derechos de NNAJ: la desnutrición crónica y la anemia. Quisiera invitar a quienes nos acompañan en la mesa a reflexionar sobre las medidas a adaptar para enfrentar estos retos, empezando por nuestro invitado internacional.

Frederico Campos, asesor del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil. Sobre la desnutrición crónica de niñas y niños, nuestra experiencia indica que durante los seis primeros meses de vida están protegidos gracias a la lactancia. El problema viene después y notamos que hay un importante componente de educación. En Brasil, el principal factor que incide en la mortalidad de niñas y niños menores de un año es la educación de las mujeres. Entonces no hay que menospreciar el componente educativo en una política de seguridad alimentaria. No basta que haya suministro de alimentos y dinero en los bolsillos para compararlos, las familias deben tener conocimientos para tomar buenas decisiones sobre su alimentación.

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Gustavo García, Director de Planeación del ICBF. En este tema puntual, el ICBF viene insistiendo en la educación. La lactancia materna se convierte en un tema central, al igual que el monitoreo de las madres gestantes y lactantes y de los infantes durante sus primeros meses de vida. Tenemos claro que la inversión durante este periodo tiene una rentabilidad de uno por cuatro dólares, según los estudios internacionales. Crear en las madres hábitos de alimentación saludable de sus hijas e hijos, es un objetivo en el que el ICBF viene trabajando con el Ministerio de Protección Social en todo el país. Es una estrategia que incluye información, formación y asistencia.

Moderadora. ¿Qué experiencias de educación alimentaria hay en los departamentos?

Eduardo Verano de la Rosa, Presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Nosotros, en Caribe sin Hambre, vamos a trabajar todos estos temas, incluidos los hábitos alimenticios, pero empezando por el acceso porque de qué sirve educar a una persona en esta materia si cuando llega a su casa la nevera está vacía. La idea es que realmente las personas puedan acceder al panorama alimenticio que les está abriendo con la educación. Les podemos decir que coman frutas, pero si son caras no las van a consumir. Tenemos que trabajar para que se correspondan la disponibilidad y el acceso de los alimentos con la educación alimentaria que impartimos. También se necesitan normas y leyes para que estas estrategias tengan una mayor validez. Por ejemplo, en el Atlántico, hemos tenido problemas para dar continuidad al programa de huertas caseras. La administración anterior alcanzó a tener más de 4.000 huertas familiares y en el diseño del proyecto las personas debían dejar una cierta cantidad de semillas para sembrar la siguiente cosecha. Resulta que ahora muchas de estas familias tienen el interés y la capacitación, pero no las semillas, porque el diseño del proyecto no lo permite. Eso tenemos que mejorarlo.

Moderadora. ¿Cómo logramos esa articulación para que lo planeado se pueda llevar a la práctica y no nos quedemos en grandes documentos de política que no aterrizan en la realidad?

José Fernando Arias, Departamento Nacional de Planeación. Aquí lo importante es diferenciar el plano de la política pública del plano de la gestión. La política pública tiene como objetivo formular líneas de acción, señalar propósitos para el conjunto de la sociedad. Obviamente su puesta en marcha, su implementación, requiere instrumentos adicionales, pues dicha política se plasma en programas, proyectos e inversiones. Es menester completar el ciclo de la gestión (planear-hacer-verificar-actuar), hacer un ejercicio permanente de seguimiento donde los recursos estén atados a indicadores. El CONPES 113

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planteó los lineamientos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y dejó en manos de la Comisión Intersectorial la formulación del Plan Nacional. Los entes territoriales deben plasmar la Política y el Plan en sus programas de inversión, mediante programas y proyectos acordes con estos lineamientos que, además, den respuesta a las condiciones específicas de cada región. Es tan importante tener políticas, que generan consensos y visiones de futuro, como tener herramientas de gestión que produzcan los resultan, incluyendo como parte de estas herramientas los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Mary Cuero. Nosotros como NNAJ proponemos que la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional nos oiga. Les preguntamos para que nos respondan con la mano en el corazón. ¿Si hay tantos ministerios, institutos y gobernaciones trabajando en el tema, por qué hay hambre en el país? ¿Será que su trabajo si está bien hecho?

José Fernando Arias, Departamento Nacional de Planeación. Quiero hacer una precisión al respecto. Efectivamente la formalización de Comisión Intersectorial estaba en mora, pero desde la expedición del CONPES 113 las entidades que hacen parte de la Comisión vienen trabajando a través de comisiones. Cada comisión tiene una entidad responsable de gerenciarla, tal como señalaron en la mañana los viceministros, buscando poner a tono los diversos programas y proyectos relacionados con su tema de interés. Nos falta formular el Plan, que lo que va a hacer es organizar y potenciar lo que las entidades ya vienen haciendo, que es bastante, y definir las acciones adicionales a emprender. Hay que señalar que paralelo a este proceso hay otro muy importante, que también implica coordinación intersectorial y entre los entes territoriales, que es la puesta en marcha de la Red Juntos para la superación de la extrema pobreza, que apunta al grupo poblacional prioritario de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En la Red Juntos hablamos de nutrición, salud, educación, generación de ingresos, vivienda y acceso a servicios públicos. Es un ejemplo de acción del Estado que incide en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, sin ser su tema exclusivo.

Gustavo García, Director de Planeación del ICBF. La pregunta que nos hace Mery quiero responderla con la mano en el corazón. Decirle que desde el ICBF y desde el Gobierno es claro nuestro compromiso con la garantía de derechos. Hoy los programas tienen mayor calidad y cobertura; tenemos una coordinación permanente con gobernadores y alcaldes para mejorarlos en cada territorio; hemos abierto espacios de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que nos ayuden también a mejorarlos. Le puedo decir que estamos muy comprometidos.

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María Cristina Cuartas, especialista en Alimentación y Salud del Programa Mundial de Alimentos. A manera de resumen, destaco de este conversatorio los siguientes puntos: en tiempos de crisis hay que fortalecer la inversión social; que hemos avanzado, está formulada la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional y creada la CISAN, pero faltan herramientas de gestión en los territorios, mediante programas y proyectos con inversiones claras y mecanismos de monitoreo y evaluación; que NNAJ quieren tener oportunidades para quedarse en el campo y ser tenidos en cuenta en las decisiones de política. Quiero recoger también algunas de las recomendaciones que hizo el Viceministro de Protección Social: una es la prioridad de la inversión en niñas y niños menores de 24 meses, y ahí incluiría yo la inversión en la mujer gestante, pues si tiene una historia de desnutrición y anemia, se va a ver reflejada en el niño o la niña que va a nacer. También nos hacía énfasis en el enfoque diferencial, no sólo por edad, sino también por género, etnia, cultura, discapacidad. Y nos hacía un llamado a que le hagamos monitoreo a los indicadores de desnutrición para poder corregir el rumbo de programas y proyecto. También nos hacía un llamado a promover la actividad física en todas las etapas de la vida como complemento indispensable de la buena alimentación. Creemos que con la exposición de ayer de la experiencia del Brasil y con las experiencias que vamos a oír más delante de los departamentos y con otras reflexiones aquí oídas, vamos a tener mayores elementos para poner en práctica los planes de seguridad alimentaria y nutricional en los territorios. Un último punto muy importante. Si bien hay tres planes diferentes que corresponden a políticas públicas nacionales, hay que armonizarlos porque en una u otra forma están contribuyendo a mejorar la condición nutricional de niñas y niños de este país.

Moderadora. La Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales hará el seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades de la CISAN y de sus entidades integrantes y a la articulación del Plan Nacional con los Plantes Territoriales en esta materia. Agradezco a las personas participantes en el conversatorio.

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La corresponsabilidad del sector privado y los organismos internacionales en la Seguridad

Alimentaria y Nutricional

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La corresponsabilidad del sector privado y los organismos

internacionales en la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Nariño y la cooperación internacionalPor Antonio Navarro Wolf, Gobernador de Nariño

Me pidieron que contara la experiencia de Nariño en cooperación internacional en temas de seguridad alimentaria y de política de infancia y adolescencia, y eso voy a hacer.

La cooperación internacional a veces es vista como si fuera simplemente ir por un campo, estirar la mano y coger un mango que está bajito. Existe la idea de que conseguir recursos internacionales es mucho más fácil que conseguir recursos del gobierno nacional. Idea que considero no corresponde a la realidad.

Hay cooperación internacional. En Nariño hemos conseguido una cantidad apreciable, para lo que son nuestros recursos, y sabemos que se puede seguir consiguiendo. Para ello, es esencial entender varias cosas: en primer lugar, que es fundamental armar una estructura dentro de la gobernación que se especialice en cooperación internacional.

Tal vez la estructura más desarrollada de una entidad territorial, entre las que conozco, sea la de Medellín. El municipio de Medellín, que es un municipio

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próspero como la mayor parte de nuestras capitales, tiene más de 30 personas en la Oficina de Cooperación Internacional que saben del asunto y conocen suficientemente ese mundo lleno de detalles. Si bien en Nariño tenemos una estructura más pequeña, lo más importante es que hemos logrado que haya una oficina seria de cooperación internacional en el Departamento.

Esa oficina tiene que saber qué hay en cooperación internacional, qué ofrece cada posible cooperante y de qué manera se puede gestionar lo que está ofreciendo. Ahí viene la segunda idea básica: hay que saber qué ofrece el cooperante, pero también y fundamentalmente, qué necesita la entidad territorial, qué necesita la región, qué necesita el que busca la cooperación.

Existe mucha cooperación que funciona sin relación con la entidad territorial. A duras penas, y no siempre, hay algún nivel de coordinación con el gobierno nacional a través de Acción Social. Muchas veces la cooperación llega con su propia iniciativa, con sus propias lógicas, con sus propias prioridades y si no hay una contraparte que sepa articularla con las prioridades de la región y de esa sociedad donde actúa, entonces simplemente se pierde. Se queda en pagar los salarios de los funcionarios de la cooperación misma y no produce el impacto deseado. En consecuencia, es esencial saber qué se ofrece y qué se necesita para armar ese empalme.

Nos invitaron a que habláramos de este tema porque vamos a firmar un convenio de trabajo conjunto al que hemos llegado en esa búsqueda de hacer que la cooperación produzca el mayor impacto posible y ponga de manera precedente a los intereses de los cooperantes, los intereses de la región.

Los aliados del convenio marco son Unicef, OIM, Embajada de Canadá, PNUD, Fundación Plan, UNFPA, Save the Children, Consejo Noruego, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Global Humanitaria, RET, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, PMA y FAO. Dentro de estas 14 agencias de cooperación, algunas son de gobiernos, otras de entidades territoriales de otros países como provincias y autonomías, otras pertenecen al sistema de Naciones Unidas, que es un sistema grande y lleno de agencias, otras son organizaciones no gubernamentales muy buenas, algunas de las cuales son muy buenas en seguridad alimentaria.

El objetivo de dicho Convenio es “Aunar esfuerzos administrativos, financieros, logísticos y humanos para adelantar acciones conjuntas en la garantía de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes en el Departamento de Nariño y en sus respectivos municipios, de acuerdo a las prioridades de política pública territorial”.

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Y el proceso llevado a cabo, resulta muy ilustrativo de las dos ideas fuerza que acabo de exponer. Primero hicimos contacto con los organismos de cooperación presentes en el territorio y analizamos proyectos y convenios ejecutados y en ejecución. Luego, con este insumo, articulamos la estrategia de cooperación del departamento, para lo cual nos acompañamos de Unicef, OIM y Acción Social. Después socializamos la propuesta con cada uno de los organismos identificados y se generó un proceso de consultas al interior de cada uno de ellos para lograr acuerdos sobre temas de interés común con cada cooperante. Entonces, en julio de 2009, firmamos el convenio marco a 4 años. Y empezamos a trabajar en planes de acción anuales con responsabilidades, proyectos y recursos por líneas estratégicas, articuladas a las políticas, planes y proyectos estratégicos del territorio.

Estas líneas estratégicas y sus objetivos son:

z Ciclo de la Política Pública de Infancia, Adolescencia y Juventud. Culminar la formulación participativa de esta política y apoyar su implementación.

z Seguridad Alimentaria y Nutricional. Brindar asistencia técnica y financiera para la implementación del Plan Decenal de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional

z Violencia juvenil, suicidios y consumo de sustancias psicoactivas en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco. Asesorar la formulación e implementación de proyectos y estrategias de intervención urgente, integrada y sostenible, encaminada a la prevención y atención de estas situaciones.

z Vinculación de adolescentes y jóvenes al conflicto armado. Asesorar el diseño y apoyar la implementación de una estrategia departamental de prevención, con enfoque de generación de oportunidades para los y las adolescentes y jóvenes.

z Formación, participación e incidencia política. Asesorar el diseño y apoyar el desarrollo de la Escuela de Formación para el ejercicio de la ciudadanía activa y la incidencia política de adolescentes y jóvenes. Fortalecer el ejercicio del derecho a la participación a través de cabildos juveniles.

z Situaciones fronterizas, desplazamiento y accidentes por minas antipersonal. Analizar la situación de los derechos de en la zona fronteriza. Asesorar y apoyar el desarrollo de estrategias de prevención y atención de niños y niñas en situación de desplazamiento. Brindar asistencia técnica y apoyar procesos de prevención, atención, rehabilitación e integración social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de minas antipersonal.

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z Fortalecimiento de la capacidad institucional departamental y local. Implementar estrategias para el desarrollo de mayores capacidades de planeación y gestión de los equipos técnicos y los Consejos de Política Social del departamento y los municipios.

Para finalizar esta primera parte de mi intervención, quiero invitar a los departamentos que no tengan oficina de cooperación, a organizar una oficina seria, estable, que se ponga de verdad a hacer una tarea que no es tan fácil como acercarse al árbol maduro y estirar la mano para coger el mango, sino que implica hacer el esfuerzo de conocer a los cooperantes, sus proyectos y metodologías, y ayudar a armonizar toda esa oferta con las prioridades regionales, para que el efecto y el impacto de la cooperación sea el mayor posible.

Ahora, en esta segunda parte de mi intervención, quiero romper una lanza sobre el tema que se ha estado discutiendo en esta reunión, de si hay o no desnutrición grave o gravísima en la nación. Estaba haciendo los cálculos de cuántos desnutridos en riesgo de muerte hay en el departamento de Nariño y me atrevo a decir que no exagero si digo que hay mil niños desnutridos y que inclusive pueden ser más. El asunto no es saber cuántos hay o quién tiene razón en las cifras, sino cómo vamos a atender esta situación que tiene que ser una primerísima prioridad del Estado.

Una sociedad no puede permitirse que haya un número, que además tiene por lo menos tres o hasta cuatro ceros, de niños que estén en riesgo de morir de hambre. Eso no es admisible y menos en una sociedad que no está en una situación gravísima de subdesarrollo como la nuestra. Somos un país de desarrollo medio.

Identificar dónde están y sobre todo atenderlos, tiene que ser una altísima prioridad de las entidades públicas. En Nariño vamos a firmar un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la construcción y puesta en operación de tres centros de recuperación nutricional. Un centro de recuperación nutricional es como una especie de unidad de cuidados intensivos donde se evita la muerte de un niño que está al borde de morir. Si estamos firmando el acuerdo para construir y operar tres centros es porque hay en Nariño, y debe haber en otras partes del país, niños y niñas al borde de la muerte por hambre.

Para terminar quiero plantear que los programas de seguridad alimentaria rural, dentro de los cuales los más importantes del país son los que impulsa Acción Social, necesitan entender que deben servir para mucho más que simplemente producir unos alimentos de coyuntura. Nosotros estamos usando programas de seguridad alimentaria que hemos modificado para abrirle paso a programas de sustitución voluntaria de cultivos de coca.

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El tema de la coca es un tema ancho y profundo. Estoy convencido que la publicidad que dice que no uses la mata que mata es completamente cierta. Esa mata, mata y mata mucho. El índice de homicidios en Nariño en las áreas donde hay coca es hasta diez veces superior al índice de homicidios en las áreas donde no la hay.

Este programa que estamos adelantando en una zona inicial experimental, ha sido muy beneficioso, pues ha empezado a ganarse la voluntad de las mamás, en tanto es un programa de seguridad alimentaria que no aspira solamente a resolver algunos problemas alimentarios, sino a comenzar un proceso de generación de ingresos de más largo plazo para las comunidades campesinas, de manera que la seguridad alimentaria, además de alimentar, sirva para que tengamos menos matas que maten en Colombia. Muchas gracias.

Nutrición Infantil, la primera prioridad nacionalPor Germán Jaramillo, Director Ejecutivo Fundación Éxito

Nos sentimos muy complacidos de poder compartir en esta tarde un poco de la experiencia de Almacenes Éxito y su Fundación en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, muy especialmente para convertir en realidad el propósito que nos hemos trazado y que está recogido en nuestro lema: la nutrición infantil, primera prioridad nacional. Estamos convencidos, que es a partir de la primera infancia y de asegurar su derecho a la vida y a la alimentación como podemos comenzar a construir un país distinto.

En Almacenes Éxito tenemos unas convicciones profundas sobre el compromiso social, sobre nuestro compromiso para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las cuales nos desarrollamos. Podemos decir que ese compromiso y esa responsabilidad social, hacen parte del ADN de la compañía.

En un comienzo hacíamos filantropía, como la que se hacía hace treinta o cuarenta años, con aportes como de beneficencia a muchas causas, con muchas poblaciones, de una manera dispersa y sin mayor seguimiento. A lo largo de estos años hemos ido avanzando, evolucionando, evaluando los resultados de nuestra gestión y entendimos la necesidad de reenfocar el tema de la responsabilidad social y de nuestra relación con la comunidad. Tenemos muy claro que los valores éticos del empresariado en cualquier sociedad y por lo tanto en Colombia, son fundamentales para poder construir un país distinto.

Algunas de las cifras que reflejan de nuestro compromiso con todos nuestros públicos de interés:

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z Somos el mayor empleador privado del país: 57.237 personas.

z 48.757 niños y niñas y 828 madres gestantes beneficiados por los programas de nutrición de la Fundación.

z 80% de nuestros proveedores son pequeñas y medianas empresas.

z Reciclamos 15.716 toneladas de embalajes que aportaron 2.829 millones de pesos a la Fundación.

En la Fundación hemos aprendido, en el tema de la responsabilidad social, una lección que cabe igualmente para los gobiernos municipales, departamentales y nacionales: hay que tener focos que sean medibles y evaluables, de manera que se puedan mejorar.

Escogimos como nuestro foco la nutrición infantil porque entendimos que al ser una empresa que mayoritariamente se dedica a la comercialización de alimentos, teníamos allí una gran posibilidad de aportar nuestro conocimiento y experiencia para mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población infantil colombiana que padece, como ya se ha señalado durante estos dos días, una situación alimentaria y nutricional bastante grave.

Creemos que la responsabilidad social empresarial tiene que ser una estrategia de gana-gana, en el sentido de que posibilite que las poblaciones beneficiarias puedan obtener unos resultados importantes, pero que igualmente permita que el sector privado crezca y se desarrolle. Mejorar el perfil de la población colombiana no es solamente un interés filantrópico o bondadoso; tiene que ver con la posibilidad de construir un país distinto, competitivo, inserto en el mercado mundial.

Cuando discutimos temas como los del TLC, muy pocos nos preguntamos cómo vamos a competir, cuál es el recurso humano con el cual lo vamos a hacer, cuál es la capacidad de innovación del capital humano colombiano. Allí el tema de la nutrición cobra una importancia muy grande.

Hemos entendido que en estos temas sociales y de responsabilidad social hay dos caminos: trabajar por mitigar la pobreza o trabajar por generar equidad. Puede haber complemento entre ellos, pero pensamos que tradicionalmente en nuestro país y en muchas partes del mundo lo que se ha hecho es desarrollar programas para mitigar la pobreza. Múltiples estudios están mostrando que estos programas son muy poco efectivos para incorporar eficientemente a los circuitos productivos a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones que están en condición de pobreza y marginalidad.

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Creemos que hay que empezar a pensar en el tema de equidad, que no es igualdad en abstracto, sino que hace referencia fundamentalmente a dar las mismas oportunidades a los seres humanos, particularmente en su primera infancia.

Algún autor habla de que los niños nacen más o menos en iguales condiciones y que la primera infancia los diferencia. Ese tiene que ser el gran propósito de Colombia si queremos construir un país distinto: que la primera infancia no diferencie a nuestros niños.

Para esto quiero traer a cuento algunos elementos que me parecen importantes. Heckman, premio Nobel en economía del año 2000, se dedicó a investigar cómo se deben invertir los recursos en formación de capital humano y cuál es la tasa de retorno de ese tipo de inversión. Tema muy importante para los gobiernos departamentales y municipales.

Heckman demostró cómo la inversión a temprana edad, durante los primeros cinco años de vida y en el preescolar, tiene un alto retorno frente al costo de oportunidad, y cómo a medida que va avanzando la edad, cuando se entra a la edad escolar, la diferencia entre el punto de equilibrio y el punto de retorno se va haciendo más pequeña, llegando al equilibrio en la mitad de la etapa y mostrándose negativa cuando se comienza a invertir en una persona al final de la edad escolar, cuando tiene 14 o 15 años. Lo cual, valga señalar, no significa que no sea socialmente necesario, pero sí indica que la inversión hay que concentrarla en estas primeras etapas de la vida si queremos que tenga un alto impacto. Sin

¿Cómo debemos invertir?

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embargo, la forma como se invierte en el mundo, en general, sigue una lógica contraria que inicia cuando el niño ingresa a la edad escolar.

Hay una cosa muy importante que nosotros hemos empezado a entender en el tema de primera infancia: la curva roja muestra el desarrollo del cerebro humano, la azul la inversión per cápita tradicional y la amarilla, la inversión per cápita deseable. La neurociencia ha demostrado que a los tres años éste se ha desarrollado en un 90%, lo cual evidencia que el momento en el que se empieza a hacer la inversión, la hace tardía. Las neuronas de un niño que en estos tres primeros años no han recibido un adecuado estímulo, mueren. Sus conexiones neuronales no se dan, ni su desarrollo cognitivo, ni su desarrollo motriz, ni su socialización. Son esa cantidad de carencias las que constituyen el equipaje con el cual se va a enfrentar a la vida.

Durante mucho tiempo se consideró que la desnutrición no afectaba el desarrollo cerebral. Eso es mentira. El niño que logra tener una gran cantidad de neuronas que se interconectan, tiene muchas posibilidades de enfrentarse a las circunstancias de la vida. Para decirlo de una manera simple, es como cuando uno está hablando en otro idioma y no encuentra la palabra precisa y empieza a darle vueltas y finalmente termina dando una explicación que es satisfactoria. El niño que tiene sus neuronas conectadas, puede hacer ese ejercicio mental y encontrar un camino para dar una respuesta. En cambio, el niño cuyas neuronas no fueron estimuladas tiene respuestas cortas. No tiene capacidad de relacionar, probablemente frente a una dificultad se queda mudo porque su cerebro no le sirve para buscar alternativas distintas de responder a una situación determinada.

¿Cómo invertimos?

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A los tres años entonces, les estamos diciendo a los niños, en Colombia y en el mundo, usted ya quedó básicamente con el 60, el 70, el 80, el 90% de sus capacidades, y con eso se va a enfrentar a la vida. Paradójicamente lo que hacemos es empezar a invertir en ese niño a partir de ese momento. Cuando ya es tarde.

Por eso saludamos la iniciativa del gobierno nacional de tener una Política de la Primera Infancia y creemos que podemos aprovechar iniciativas como Hechos y Derechos para que todos los departamentos se comprometan con la inversión oportuna en la primera infancia.

La ventana de oportunidad para mejorar la nutrición de niñas y niños es muy pequeña. Es el tiempo de la gestación y los primeros 6 u 8 meses después del nacimiento. Cuando eso no sucede, se da una caída profunda que muestra que lo que no se recuperó en estos primeros meses no se recupera nunca. Por otra parte, las investigaciones en salud están diciendo, por ejemplo, que un niño que no es atendido adecuadamente en su primera infancia, tiene mayor riesgo mayor de depresión con respecto a un niño que si fue adecuadamente atendido (de 10 a 1). Para las enfermedades cardiovasculares la relación es de 7 a 1.

Voy a dar un ejemplo que es muy ilustrativo y es el ejemplo de las cataratas. Hasta hace poco, cuando un niño nacía con una catarata, no lo operaban porque se consideraba que corría un gran riesgo para la salud, lo operaban a los 4 o 5 años y ese niño nunca veía. Cualquiera de nosotros, si nos aparece una catarata, pierde temporalmente la visión, pero cuando nos operan volvemos a recuperarla. ¿Qué es lo que pasa allí? Que el ser humano no ve por el ojo, sino que ve por el cerebro. Cuando el niño nace con una catarata, hay una parte del cerebro a la que no llega ningún estímulo que le permita desarrollar y conectar las neuronas que haya allí. Cuando a los 4 o 5 años se remueve ese parche, que es la catarata, en esa parte del cerebro no hay nada y entonces el niño no ve.

Eso que pasa con la catarata pasa a todos los niveles. Si un niño en la primera infancia tiene por ejemplo una madre analfabeta (en Colombia tenemos un 11 o 12% de personas adultas analfabetas), esa madre analfabeta tiene muy pocas palabras para comunicarse con ese niño. Esas pocas palabras, son los pocos estímulos que ese niño recibe. Si en cambio la madre o el padre tienen un alto nivel educativo, tienen un lenguaje mucho más amplio y complejo, seguramente se comunican con ese lenguaje y eso hace que se generen mayores conexiones y sus capacidades se potencien y se desarrollen.

Hay organismos como el Banco Mundial que han comenzado a hablar de este tema. El Banco Mundial nos está diciendo: lo primero, es lo primero. Lo primero es invertir en los niños desde la gestación y esa es la inversión más costo efectiva.

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Rudolf Holmes en una de sus columnas cita: “…El capital humano que se pierde durante la primera etapa de la vida de los seres humanos nunca se recupera. Los Estados tienen que decidir cómo distribuyen los recursos entre la atención a las madres embarazadas y los niños en sus primeros meses y años de vida, la educación básica y la educación superior”6.

Tradicionalmente hemos pensado que lo que no se resolvía en la primera infancia, se iba a resolver en la escuela. Era usual escuchar cosas como que los niños llegan al uso de razón a los 7 años. Estábamos completamente equivocados. Nuevamente Heckman dice: la escuela no forma ni corrige las deficiencias que trae el niño desde la casa. La escuela trabaja con lo que la familia le entrega. Aquí hay un trabajo fundamental: es el trabajo para darles competencias y capacidades a las familias para que todo el potencial de los niños se pueda desarrollar. Cuando las familias son muy vulnerables y no tienen capacidades, tienen que venir en su apoyo programas como los jardines infantiles, donde haya personal especializado y capacitado para propiciar el desarrollo de esos niños a partir del juego, el teatro, la pintura y el arte, que son los lenguajes expresivos fundamentales para favorecerlo. Porque también se ha tenido el equívoco de que a los niños pequeños hay que ponerlos a leer y a escribir a los dos o tres años. Eso es un gran error. Los primeros 5 años son una preparación para la vida en general, no para la vida escolar.

En la situación de conflicto en que vivimos, todos los días nos vemos enfrentados a los programas de reinserción para tratar de reincorporar socialmente a jóvenes y adultos que se han desvinculado de los grupos armados. Es una estrategia que hay que hacer, pero definitivamente es muy poco costo efectiva. En estos niños y jóvenes, desde su primera infancia, en su corazón, en su mente, en sus capacidades, de una u otra manera se sembró violencia. Nosotros llevamos peleando en nuestro país desde el siglo antepasado, desde antes de la guerra de los mil días, y hemos reiteradamente sembrado violencia en el corazón de nuestros niños. Si nosotros sembramos violencia en la primera infancia de nuestros niños, no podemos cosechar en la vida adulta nada distinto a violencia. Así las cosas, muy poco efectivos serán esos programas con adultos, a los que se ha sembrado violencia, cuando no comencemos a corregir el tema desde los primeros años de vida.

En Colombia hay 4 millones trescientos mil niños menores de cinco años. Esa es una cifra muy manejable realmente. ¿Por qué no lograr que toda Colombia se comprometa a brindarles unas adecuadas condiciones de desarrollo en sus primeros años de vida? Brindárselas a todos en igualdad de condiciones y hacer

6 Fuente: Rudolf Hommes citando al Banco Mundial: “Growth Report, Commission on Growth and Inclusive Development”, 2008

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un esfuerzo sostenido durante 15 años. Yo sé que los periodos de los gobernadores son de cuatro años, pero esto tiene que volverse una política pública y una política de Estado y no puede ser un plan de gobierno.

Entonces trabajemos 15 años seguidos para brindarles a esos 4 millones trescientos mil niños las mismas oportunidades de vida y piensen ustedes qué sería Colombia en quince años, cuando usted mire hacia atrás y encuentre que todos los colombianos menores de 15 años han tenido unas iguales oportunidades en sus primeros años de vida. Este sería un país definitivamente distinto. Nosotros en la Fundación y en la Compañía creemos que ahí sí haríamos el milagro colombiano y nos podríamos ir por todo el mundo a decir cómo lo hicimos. Es el camino para Colombia. No nos cabe la menor duda.

Recientemente Alejandro Gaviria, con los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2005, planteaba dos condiciones de salud que son muy importantes en el tema de nutrición: la primera, relacionada con la edad de la madre, señala que 5 años de más edad de la madre al momento de tener el niño, disminuyen en dos puntos la probabilidad de desnutrición. La segunda, referida a la educación de la madre que también tiene un impacto, pero se necesitan 10 años para lograr esos dos puntos. Quiere esto decir que es más impactante la edad de la madre y que en ello hay una tarea enorme para reducir en forma sustancial el embarazo adolescente que en nuestro país desafortunadamente viene creciendo.

El hambre en el mundo, de la cual hablamos todos y sabemos que existe, es de alguna manera un tema invisible. Organismos como UNICEF nos están diciendo que en el mundo mueren más de nueve millones de niños menores de cinco años al año, de los cuales la tercera parte lo hace por causas asociadas a la desnutrición infantil. Aquí entonces tenemos una tarea importante por hacer.

Sabemos que en nuestro país no tenemos un sistema de información al día, no tenemos un sistema de seguimiento sobre los temas de nutrición que nos permita tener cifras contundentes sobre las que no haya polémica, pero comparto la apreciación de que el problema no es de las cifras, el problema es de los niños y niñas que se están muriendo por desnutrición. Es que para nuestro país tiene que ser una vergüenza que un solo niño muera de desnutrición infantil y de hambre. Y son muchos los niños que mueren en esta condición en Colombia.

Yo me he hecho la reflexión con lo del virus de la gripa que hoy aqueja al mundo y me he puesto a pensar que toda esa iniciativa loable e importante, donde hemos monitoreado los casos y sabemos cuántos hay confirmados y cuantos hay sospechosos y cómo han evolucionado. Eso que está haciendo el Ministerio de la Protección Social, qué bueno que se pudiera hacer con el tema de la desnutrición infantil, que también necesita un sistema de reporte y de alerta temprana de esta

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magnitud. Si lo hemos podido hacer con este virus, también lo podemos y lo debemos hacer con el tema de la desnutrición infantil.

El tema de la desnutrición y del hambre tiene unas decisiones políticas que es importante que tengamos en cuenta. Las cifras de desnutrición crónica, que es aquella en donde el niño ya tiene una talla inferior a la edad resultado de la presencia prolongada del hambre, dicen que en Colombia el 12% de los niños menores de 5 años la padecen. La desnutrición se divide en niveles: leve, moderada y severa; dicho porcentaje corresponde a la suma de los dos últimos. No tenemos en Colombia medidas de desnutrición leve. Conozco únicamente el caso de Antioquia, que en el 2004 hizo una medición que la incorporó y arrojó que el 4% de los niños tenía desnutrición severa, el 14 % desnutrición moderada, o sea, estábamos hablando de 18%, una cifra superior a la nacional, y desnutrición leve tenían el 28%. Entonces, una cosa es decir que el 14% o el 18% tienen desnutrición crónica y otra es decir que es el 45% que tienen algún grado de desnutrición.

Tomando nuevamente el ejemplo del virus de la gripa, qué pasaría si el sistema de salud no registrara y reportara los casos sospechosos. Definitivamente sería muy difícil poder intervenir a tiempo. Esa misma experiencia tenemos que hacerla para el tema de la desnutrición. Tenemos que comenzar por identificar los casos sospechosos de desnutrición.

Otro tema que apunta a la medición y a lo que nosotros consideramos que es una medición políticamente equivocada, es por ejemplo el tema del bajo peso al nacer. Los organismos internacionales dicen que bajo peso al nacer es cuando un niño nace con 2.500 gramos o menos, pero los estudios y los análisis nos están diciendo que un niño con ese peso tiene tercer grado de desnutrición. Que el niño debe nacer mínimo con 3000 gramos de peso. Entonces en Colombia al 9% de los niños que nacen con menos de 2500 gramos, es decir con tercer grado de desnutrición, se les deben sumar el 15% más que nacen entre 2500 y 3000 gramos, lo que nos lleva a estar hablando del 24% de bajo peso al nacer.

Un niño con bajo peso al nacer tiene muy comprometidas sus posibilidades para la vida. El sistema de salud de nuestro país tendría que tener una alerta temprana para poder detectar esto.

El Banco Mundial ha hecho estudios donde ha mirado el impacto que tiene una mala nutrición en la productividad, un tema fundamental para el país. Los retrasos moderado y grave del crecimiento, o sea la desnutrición leve, moderada o severa, tiene el mismo impacto: 10% de pérdida en capacidad productiva para trabajos intelectuales y estamos hablando de una sociedad de conocimiento y de un mundo

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globalizado. O sea que un niño con desnutrición ya tiene por lo menos 10% menos de productividad y cuando en nuestro país hablamos de productividad y competitividad no hablamos de los niños ni de su situación nutricional.

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 500.000 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica (12% del total). Es tan grande esta cifra que no la podemos desconocer.

La lactancia materna tiene un promedio de 2,2 meses y debería ser de 6. Pero, señores Gobernadores, les tengo una noticia que creo que les puede interesar. Ustedes usualmente tienen que gestionar muchos recursos ante el gobierno central, transferencias y demás, pero hay un recurso muy valioso, muy importante, que no cuesta nada. Es un recurso disponible, de indudable impacto y valor para el desarrollo de los niños: la leche materna. Qué bueno que en sus programas de gobierno esto se volviera una gran prioridad. Es el mejor alimento para cualquier niño durante sus primeros seis meses de vida y no vale nada. No hay que llamar al gobierno central, no hay que comunicarse con el Ministerio de Hacienda, no hay que mandar comisiones a Bogotá para que nos generen recursos. Ese recurso está allí, lo tienen las madres. Tenemos entonces que dirigirnos a las familias y concientizarlas de la importancia de esto y lógicamente nutrir adecuadamente a esas madres para que esta lactancia pueda tener el gran impacto que debería tener.

El 32,8% de las mujeres de 13 a 49 años presentan anemia, que se transmite a sus hijos, lo que compromete seriamente las posibilidades de su desarrollo intelectual.

El 21% de los niños son hijos de madres menores de edad. Solo el 35% de niños menores de 5 años reciben educación inicial. Tenemos 1.548.000 niños y niñas desplazados (36%). El año de mayor repitencia en Colombia es primero elemental, que en teoría no se debería perder. El 13% de los niños lo pierden y lo hacen porque llegan desnutridos mental y físicamente. Ese daño y ese atraso lo vamos a tener que arrastrar durante toda su vida.

El año pasado se reunieron 9 economistas, 5 premios Nobel, en lo que se ha conocido como el Consenso de Copenhague, a quienes les entregaron 30 inversiones en desarrollo para que las calificaran de mayor a menor importancia según su capacidad de retorno económico. Las primeras nueve son las siguientes:

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Solución Reto

Complementos micronutrientes para niños (A, zinc) Desnutrición

Agenda de la Ronda de Doha Comercio

Fortificación de micronutrientes (hierro y sal yodada) Desnutrición

Aumento de cobertura de inmunización para niños Enfermedades

Biofortificación Desnutrición

Eliminación de gusanos, otros programas de nutrición en escuelas

Desnutrición

Reducir el precio de educación Educación

Aumentar y mejorar educación para niñas Mujeres

Programas de nutrición de grupos comunitarios Desnutrición

De ellas 5 tienen que ver con nutrición. Es decir, señores Gobernadores, que el tema de la nutrición no es un tema de damas voluntarias. Es un tema de alta prioridad nacional. Fundamental para lograr tener un país de competitivo. Tenemos ejemplos cercanos. Nosotros decimos que Chile encontró el camino. En 1960 tenía una tasa de desnutrición crónica de 46% en niños menores de 6 años ¿saben ustedes cuál es la tasa que tienen hoy? Cero. Chile llegó a tener 300centros de recuperación nutricional. Hoy esos centros están cerrados por falta de demanda.

En Chile entendieron que si el niño se dañaba en sus primeros años de vida, el daño era para toda la sociedad. Hicieron una inversión sostenida desde 1970 y hasta el año 2006 llevan contabilizados 23 mil millones de pesos invertidos en nutrición de la primera infancia. Durante estos años pasó el gobierno de Allende, el gobierno de Pinochet y los gobiernos sucesivos. Es decir, la ciencia y el objetivo de sacar a los niños de la desnutrición fueron superiores y más fuertes que la política, a pesar de todos los extremos que se dieron. Estos son algunos indicadores para medir los resultados de ese esfuerzo:

1960 2006

Desnutrición crónica menores 5 años 46% 2.9%

Estatura de las nuevas generaciones 12 cms más

Muertes de menores 1 año por diarrea 1.365 12

Muertes de menores 1 año por enfermedad respiratoria 4.318 86

Consumo per cápita leche y derivados 32 litros 125 litros

Ingreso per cápita U.S. 600 U.S. 11.000

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No fue que en Chile creciera primero la economía y después se resolvieran los problemas de desnutrición. Fue al revés. Primero atendieron a los niños, los nutrieron bien y con eso desarrollaron el país y la economía. Chile es competitivo en el mercado mundial hoy y tiene un producto per cápita tres veces superior al de Colombia, porque tiene un recurso humano fortalecido, desarrollado y bien atendido. Eso no se logra si no es desde la primera infancia.

Para concluir. No cabe la menor duda que si nos enfocamos en la inversión en primera infancia, comenzando por el tema de la nutrición, sin que nos quedemos allí pero sí arrancando por ella porque sin ella lo otro no sirve para nada, habrá un mayor crecimiento económico, un mayor logro educativo, más productividad, más empleo. Allí, en la primera infancia, es donde se rompe ese círculo intergeneracional de la inequidad.

Tenemos el Premio Fundación Éxito por la Nutrición Infantil que es otorgado anualmente. Ese premio tiene varias categorías, pero hay dos categorías que tengo que decirles con mucho pesar que están muy huérfanas. Son las del reconocimiento al gobierno departamental y municipal por sus programas de seguridad alimentaria y nutricional. En seis años que tenemos del premio, solamente se han presentado los departamentos de Caldas, Risaralda, Boyacá y Antioquia y algunas ciudades como Bogotá y Bucaramanga. Pero yo sé y los he visto, que hay muchos programas en sus departamentos. Qué bueno que en esta versión que ya está abierta y cierra en el mes de agosto, ustedes presenten sus programas. Esto va a ser muy importante porque ustedes se van a poner en la tarea de mostrar sus resultados y permitir que un jurado de académicos y de científicos los evalúen y porque los ganadores van a tener la oportunidad de llevar esta iniciativa a otros departamentos y regiones para que se multiplique. Es fundamental que lo que ustedes hacen en materia de seguridad alimentaria y nutricional esté a la luz pública, se pueda discutir, se pueda evaluar y se pueda replicar.

Sobre la Fundación Éxito les quiero comentar que con el apoyo muy importante de los clientes de Almacenes Éxito, movilizamos el año pasado cerca de trece mil millones de pesos, de los cuales un 37% son recursos del programa gotitas, pero también hay recursos de Almacenes Éxito, de la Fundación, de los empleados y de los proveedores. Generamos una gran red de aliados en torno al tema de la nutrición infantil.

Hoy tenemos en marcha en el país 222 proyectos de nutrición en la primera infancia que benefician sostenidamente y durante todo el año, porque el estómago y el cerebro de los niños no pueden descansar ni un solo día, a más de 48.000 niños en 200 instituciones.

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Apoyamos 25 bancos de alimentos, que es una iniciativa muy importante que beneficia a más de 255 mil niños, mujeres y ancianos y tenemos diferentes alianzas y campañas.

Esta es nuestra inversión:

Concepto 2008 2007 % Var.

Nutrición 9.520.705.234 6.537.845.116 46

Educación 1.395.956.371 2.637.844.771 -47

Recreación 2.069.755.669 1.648.909.639 26

Otros 162.304.540 432.681.664 -62

Total 13.148.721.814 11.257.281.190 11

Una inversión que queremos multiplicar y hacer crecer y para lo cual contamos con la cooperación de todos los colombianos.

Hay una cosa muy importante en relación con uno de los requisitos que tenemos para las instituciones que se acercan a nosotros y es que tienen que contar con recursos de inversión del Estado. Tenemos muy claro que como sector privado no podemos remplazarlo. Que podemos complementar y apoyar su gestión, pero nunca reemplazarla porque esta es una de sus obligaciones prioritarias. En este criterio fundamental hay un camino para que nos podamos articular.

Quiero cerrar con esta frase de Eleanor Roosvelt: “Siempre he sostenido que la libertad del ser humano es la libertad de poder comer”. Para decirlo en términos del comercio, de una manera muy contundente y dramática: los niños, en su desarrollo durante su primera infancia, también tienen fecha de vencimiento. Si no los atendemos antes de los cinco años, prácticamente tendrán vencidas sus posibilidades de ser útiles para la sociedad. No dejemos vencer nuestros niños. Si lo permitimos estamos enterrando la posibilidad de construir un país equitativo, en paz, dinámico y progresista. Muchas gracias.

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El ICBF y la seguridad alimentaria y nutricional de niños, niñas

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El ICBF y la seguridad alimentaria y nutricional de niños, niñas y adolescentes

Por Elvira Forero, Directora del ICBF

Hace seis meses en Barranquilla nos congregamos en una reunión similar para hablar de inversión social, corresponsabilidad pública y privada, y cooperación para garantizar el imperativo de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. En este VIII Encuentro traemos a estas mesas de trabajo el tema de la seguridad alimentaria y nutricional y la realidad de nuestro país frente al sagrado derecho de niñas y niños de tener acceso a la alimentación.

Estas jornadas de encuentro y análisis se consolidan cada vez más como una estrategia eficaz para planear cómo debemos trabajar unidos el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los organismos de control, los organismos de cooperación internacional, el sector privado y la comunidad en general, principal veedor de las políticas públicas.

Este Encuentro de Gobernadores también ha sido un escenario propicio para concretar acuerdos entre las entidades para que posicionen, articulen y desarrollen la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y las demás políticas relacionadas, en el marco del derecho a la alimentación adecuada y el cumplimiento de las metas de los Objetivos del Milenio.

Estoy segura que en las agendas de los gobernadores aquí presentes, el tema de la seguridad alimentaria y el acceso a una alimentación adecuada de niñas y niños, adquirirá una elevada importancia. Como lo planteó ayer Frederico Campos Guanais, delegado del Ministerio de Desarrollo Social del Brasil, lo fundamental es el liderazgo y la convocatoria que desde cada sector y nivel de gobierno se logre alcanzar para consolidar una buena política alimentaria.

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Estas jornadas, las mesas temáticas, las ideas expuestas y las decisiones adoptadas en beneficio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con especial interés en aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, tendrán un efecto práctico en el corto plazo.

El gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), invierte en el cuatrenio 2006-2010, 5 billones de pesos en programas que contribuyen al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional, especialmente de las niñas y los niños colombianos; es decir, en programas para combatir el hambre en Colombia.

Ampliamos nuestro compromiso en este tema a través del CONPES 113, que diseñó la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y nos satisface que la sociedad civil también la reconozca como una estrategia indispensable para la garantía del desarrollo integral de niñas y niños en Colombia.

Sabemos que las consecuencias del déficit en la alimentación, motivado por la falta de disponibilidad, acceso, consumo o aprovechamiento de los alimentos básicos necesarios, se traduce en efectos irreparables para los niños, no sólo desde el punto de vista de talla y peso, sino desde el punto de vista del desarrollo de sus potencialidades frente al aprendizaje y el desarrollo integral como personas.

Por eso la importancia de informar y tener claridad sobre las cifras que caracterizan este tema en nuestro país. Debo dar a ustedes la grata noticia de que durante el primer trimestre del año entrante, en una alianza de Profamilia, Ministerio de Protección Social e ICBF, se realizarán las pruebas para la nueva encuesta ENSIN del país, que no solamente va a mostrar la tendencia por regiones sino la realidad de cada departamento.

Aquí en Bucaramanga hemos reconocido el trabajo adelantado por las Gobernaciones para el fortalecimiento de la institucionalidad, el apoyo a la movilización técnica y la inversión de recursos. Iniciativas que hablan de un esfuerzo conjunto que permite la construcción de políticas y estrategias que garanticen la seguridad alimentaria de nuestros niños y niñas.

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2005, señala que el retraso en el crecimiento, la anemia y la deficiencia de hierro, son situaciones que afectan de manera importante a la primera infancia, con consecuencias graves en el desarrollo físico, cognitivo y social de niñas y niños. Los problemas nutricionales son mayores en el área rural y en los niveles 1 y 2 del SISBEN.

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El interés del Gobierno Nacional por construir seguridad alimentaria se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, en el cual la seguridad alimentaria y nutricional se establece como política transversal para la reducción de la pobreza y la promoción del empleo y la equidad. Asimismo, se circunscribe en el CONPES 091, que define las metas y estrategias de Colombia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La política está dirigida a toda la población colombiana y requiere de la realización de acciones que permitan contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional. La atención diferencial debe priorizar acciones hacia la población de mayor vulnerabilidad, especialmente hacia los grupos que se encuentran en crecimiento y desarrollo evolutivo, como los niños y las niñas; y entre éstos da prioridad a la primera infancia. También son objeto de atención preferencial las mujeres gestantes, las madres lactantes y los grupos indígenas y afrocolombianos.

En el marco del Sistema de Protección Social, el decreto 3039 de 2007 del MPS, adoptó el Plan Nacional de Salud Pública, que definió como una de las prioridades nacionales en salud mejorar la situación nutricional, estableciendo los Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que deben definirse de manera articulada con la planeación de cada territorio, en concordancia con los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, de aguas y salud pública, entre otros.

En el marco de la seguridad alimentaria y nutricional compartimos experiencias prácticas y lecciones aprendidas que permiten conocer la capacidad de gestión de las entidades territoriales. También visibilizamos las experiencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes relacionadas con el derecho a la alimentación adecuada y sus propuestas para avanzar en su cumplimiento.

Cabe destacar que se auguran importantes contribuciones en la reducción de la pobreza extrema en los territorios, gracias a la creciente articulación del programa de Acción Social Red Juntos con la Estrategia Hechos y Derechos, ambos con gran capacidad de gestión local para la implementación del Código de Infancia y Adolescencia.

La desnutrición en Colombia y en el mundo es un indicador de pobreza y exclusión social y constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social.

En Colombia, 12 de cada 100 niños menores de 4 años presentan desnutrición crónica, es decir, el déficit alimentario no les permite alcanzar la estatura adecuada para su edad, de acuerdo con la ENSIN 2005, cuyas muestras se tomaron en 2004. En la zona rural se incrementa la cifra a 17 niños de cada 100, mientras que

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en la zona urbana la cifra es 9 de cada 100. Ocho de cada 100 niños nacen con bajo peso, es decir con peso inferior a 2.500 gramos.

El ICBF concreta sus acciones con los programas de apoyo alimentario, los centros de recuperación nutricional, las estrategias de promoción y protección de la lactancia materna, la cualificación del programa hogares comunitarios de bienestar, la promoción de los planes territoriales de alimentación y nutrición, la coordinación intersectorial de los Consejos de Política Social departamentales y municipales.

Para el ICBF, cualquier muerte de una niña o un niño, que pueda ser evitada, es una prioridad de la agenda. Esa prioridad se focaliza en programas dirigidos a niños y niñas menores de 5 años, con coberturas del 100% en departamentos como el Chocó, La Guajira, y los municipios del litoral pacífico de Nariño.

Otra de las estrategias altamente efectivas que desarrolla el ICBF para combatir las muertes por desnutrición, tiene que ver con los Centros de Recuperación Nutricional. Actualmente contamos con 41 centros en 8 departamentos: Boyacá, Cauca, La Guajira, Cesar, Amazonas, Casanare, Risaralda y Chocó. Este último departamento cuenta con tres centros que a la fecha han logrado salvar la vida de 448 niños en primera infancia.

A este objetivo también aporta el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, que se focaliza en niños y niñas menores de 5 años en una condición social y económica vulnerable. Esta intervención permite un impacto positivo sobre su estado nutricional y su desarrollo psicosocial.

El ICBF también ha fortalecido el sistema de seguimiento nutricional de niñas y niños usuarios de los programas que tienen algún componente de apoyo alimentario. El sistema funciona en todo el país y evidencia que el 90% de los niños y niñas que ingresan a estos programas, después de un año de estadía, muestra mejoría en su estado nutricional.

El Programa Desayunos Infantiles con Amor hoy está atendiendo 1.170.000 niños de menos de 5 años 11 meses con una inversión anual de 144.000 millones de pesos.

Los Hogares Comunitarios de Bienestar atienden 1.344.000 niños con una inversión de 760.000 millones de pesos, pero aún nos falta atender en Colombia aproximadamente un millón de niños en la primera infancia. De prosperar el proyecto de ley que cursa en el Congreso, que laboraliza a las madres comunitarias, no solamente no vamos a lograr atender ese millón de niños, sino que vamos a

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disminuir el número de niños atendidos y vamos a tener que cerrar programas. Debemos dejar claro al país que no estamos de acuerdo con esta laboralización porque costaría más de 530.000 millones de pesos, que tendrían que sacarse del presupuesto de atención a niños y niñas.

Hoy el ICBF entrega 14.176.000 raciones diarias, de las cuales cinco millones trescientas mil son recibidas por niños y niñas en la primera infancia.

El Programa Familias en Acción hoy está atendiendo aproximadamente 700.000 niños en la primera infancia con el subsidio condicionado y espera atender, con la expansión a 3 millones de familias, cerca de 1 millón de niños y niñas adicionales de SISBEN nivel 1.

El Programa de Comedores Escolares implica una inversión del ICBF de aproximadamente 400.000 millones de pesos al año para atender aproximadamente a tres millones novecientos mil niños en sus colegios con desayuno, refrigerio reforzado o almuerzo. En algunas comunidades indígenas, como las de la Sierra Nevada de Santa Marta, niños y niñas están recibiendo desayuno y almuerzo por este programa.

Este es un programa en el que trabajamos de manera conjunta con las Gobernaciones y les quiero hacer hoy tres propuestas. La primera es lograr atender el año entrante los 180 días del calendario escolar, para lo cual debemos identificar el operador de este programa en este año para que al momento de iniciar el año lectivo 2010, desde el primer día, los niños reciban el apoyo alimentario y éste sea un incentivo adicional para asistir a clases.

La segunda es homologar el valor de la ración, una tarea que hasta ahora hemos venido haciendo de manera desarticulada. Si en algunos departamentos los gobernadores estructuran programas de 1.000 ó 1.500 pesos ración y la del ICBF es de 840 pesos, niñas y niños no están recibiendo un programa igual. Y empezamos a competir entre nosotros por captar a los niños. Debemos trabajar de manera coordinada para que todos los niños del departamento reciban la mejor ración posible. Por otra parte, hay niños que reciben el programa sólo durante 80 ó 90 días del año, con lo cual el programa no recupera al niño desde el punto de vista nutricional.

La tercera propuesta es que realicemos convocatorias públicas. Hay una tradición de ejecución de estos recursos con las asociaciones de padres de familia. Algunas lo hacen bien, pero el nivel de riesgo para la salud y la vida de los niños es alto, porque no cumplen los estándares mínimos de calidad e inocuidad. La política del ICBF para el próximo año, en cuanto a contratación de la alimentación

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escolar, es hacer convocatorias públicas por departamento, que se inicien este año para logar la ejecución de los contratos desde enero y que se contraten como operadores de este programa a empresas, ONG, cooperativas y cajas de compensación serias, que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos y que si no lo hacen puedan recibir las sanciones correspondientes. Necesitamos asociaciones de padres de familia dedicadas a hacer el seguimiento del programa y no a prestar el servicio.

No olvidemos que nuestros niños y niñas son esencialmente inocentes, soñadores y representan un cúmulo de amor. Como colombianos, servidores públicos y gobernantes, nos cabe la responsabilidad de construir los escenarios ideales para garantizar su aprendizaje en espacios de comunicación y afecto. Todo será posible si desde el instante de nacimiento de un niño, y más aún desde el embarazo de su madre, hacemos efectiva una política de nutrición adecuada y oportuna. Con muestras diarias de afecto en el entorno familiar, buen trato y manifestaciones permanentes de confianza, amor y tolerancia, no sólo hacia nuestros propios hijos sino hacia otros niños, hacia todos los niños del país, podemos pensar en una ciudadanía y un tejido social sólido. Necesitamos actitud y mente abierta para asimilar la magnitud de una estrategia de niños felices que serán adultos felices y responsables. Una estrategia que permita a todos nuestros niños y niñas, incluidos los que viven en los rincones más alejados del país, alcanzar el derecho a la felicidad.

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La seguridad alimentaria y nutricional desde la mirada de niños,

niñas, adolescentes y jóvenes

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La seguridad alimentaria y nutricional desde la mirada

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Cincuenta niños, niñas, adolescentes y jóvenes, provenientes de los cuatro puntos cardinales del país, participaron activamente en el VIII Encuentro de Gobernadores-as de la Estrategia Hechos y Derechos. Primero reflexionaron sobre el tema de la seguridad alimentaria y nutricional y luego compartieron sus reflexiones con los gobernadores y con las demás personas participantes en el evento7.

En un primer momento, mediante un ritual de iniciación, asumieron la responsabilidad de pertenecer a un proceso nacional de participación política y ser voceros de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, para incidir en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También se ejercitaron en el arte de preguntar, para participar asertivamente en cada uno de los eventos del VIII Encuentro de Gobernadores.

Luego se conectaron con los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire y fuego) y transitaron un camino de sensaciones mientras degustaban alimentos propios de sus regiones, todos saludables, frescos y apetitosos, con el fin de vivir una experiencia significativa entorno la relación cotidiana de los seres humanos con los alimentos. Esta fue la puerta de entrada para la construcción de la telaraña del fenómeno de la seguridad alimentaria y nutricional.

7 Yraka, kreatividad social, orientó el trabajo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del VIII Encuentro.

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Para construir dicha telaraña, cada uno reflexionó y construyó su propio concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), haciendo un recorrido por sus conceptos secundarios y sus posibles inter-relaciones, empleando el dibujo como una manera para aproximarse a ideas abstractas. Esta actividad se denominó “Somos muchos, diferentes, uno solo”.

El concepto construido colectivamente fue el siguiente: seguridad alimentaria y nutricional es más que la comida; es capacitación para hacer que nuestras tierras nos den la mejor comida posible; también es que la gente aprenda a comer, es entender que si no comemos bien no podemos hacer que nuestro país y nuestros municipios salgan adelante. El derecho a la alimentación debe estar cubierto para desde ahí dar inicio a otras cosas. Es un derecho, no es un favor; eso significa que demos luchar con ideas para que este derecho se cumpla siempre y para todos, no solo para algunas personas.

Después, en una actividad denominada “Nosotros pensamos la seguridad alimentaria”, socializaron y aprehendieron el valor de las cinco experiencias infantiles y juveniles de Seguridad Alimentaria y Nutricional8, que a nivel nacional fueron seleccionadas para ser mostradas en el VIII Encuentro de Gobernadores.

Compartieron las experiencias y los aprendizajes de la granja orgánica de Fundamor, ubicada en Subachoque, Cundinamarca, creada para brindar educación para la productividad y la nutrición adecuada de niñas, niños y adolescentes viviendo con VIH, buscar su aceptación e integración con la comunidad y generar recursos propios. De los restaurantes escolares de Manos Limpias, en Tumaco, Nariño, llenos de ideas y actividades que los convierten en espacios educativos de buenos hábitos de higiene, salud y alimentación, para evitar la deserción escolar y el bajo rendimiento académico de las y los estudiantes. De la planta cárnica del Colegio Agroguambiano, en Silvia, Cauca, proyecto que se propuso incentivar el consumo de trucha en la población estudiantil del Resguardo de Guambía, mejorar el estado nutricional de los estudiantes del colegio y brindarles otras oportunidades de aprendizaje. Del proyecto del colegio San Francisco Javier del Barrio San Luis – Tom Hooker, de San Andrés Isla, que busca fomentar en sus alumnos el interés y el conocimiento de técnicas de producción de alimentos y el deseo de estar siempre en contacto directo con la madre naturaleza. Y del proyecto Zamu-yuna, alimento que nos da vida, en Pueblo Bello, Cesar, que busca que las familias arhuacas allí emplazadas produzcan alimentos para el autoconsumo; recuperen alimentos de alto valor nutritivo, cultural y medicinal; mejoren la situación nutricional de niños, niñas y adolescentes; y críen especies menores como gallinas, peces y ovejos.

8 Una descripción más amplia de estas experiencias se encuentra en el cuadernillo “Experiencias departamentales y regionales integradoras demostrativas”.

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No sólo se compartieron las experiencias sino que se evaluaron la presentación de las mismas para mejorarlas con miras a futuras exhibiciones ante otros públicos. Y entonces trabajaron en la construcción de “film minutos” por experiencia, que luego fueron presentados en la plenaria.

El primer evento en el que participaron niños, niñas, adolescentes y jóvenes fue la rueda de prensa previa al VIII Encuentro de Gobernadores-as. Esta rueda de prensa tuvo un matiz particular. Además del tradicional intercambio de preguntas y respuestas entre periodistas y niños, niñas, adolescentes y jóvenes; se propuso a las y los periodistas una reflexión sobre cuántas noticias sobre derechos de infancia cubren al año y sobre cuántas se comprometían a cubrir durante el año siguiente. Este ejercicio se reforzó con la entrega a los periodistas de un carné que ratificaba su compromiso, de uso obligatorio durante el Encuentro, de manera que si querían una entrevista con algún participante debían presentar este carné.

Luego intervinieron en la instalación del Encuentro; posteriormente presentaron sus experiencias, tuvieron un conversatorio con los Gobernadores y la Gobernadora, sacaron sus propias conclusiones y recomendaciones y las presentaron ante la plenaria del Encuentro.

En el conversatorio sólo participaron niños, niñas, adolescentes, jóvenes y gobernadores, con el fin de evitar las distracciones y posibles conversaciones acartonadas producto de la presencia de otros actores, como asesores y medios de comunicación. Después de una actividad lúdica, los participantes se organizaron en seis grupos pequeños para conseguir mayor cercanía y conversaron empleando como catalizador una serie de imágenes. La conversación de cada grupo fue recogida por un oidor, que además promovió en los participantes la formulación de compromisos concretos, los cuales fueron registrados en pliegos de papel colocados en la pared y firmados por cada gobernador.

Durante el conversatorio se consiguió un diálogo cercano, libre de protagonismo por parte de los gobernadores; niños, niñas, adolescentes y jóvenes tuvieron un tiempo prudencial para compartir con los gobernadores y la gobernadora sus percepciones y deseos; y éstos pudieron reflexionar sobre esas percepciones recibidas de primera mano. Allí se generaron y consolidaron lazos de fraternidad entre los participantes y se consolidó un proceso de credibilidad y legitimidad del Estado a los ojos de niños, niños, adolescentes y jóvenes.

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Conclusiones y recomendaciones de niños,

niñas, adolescentes y jóvenesLos Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, haciendo uso de nuestro derecho a la participación para construir condiciones para la garantía de nuestro derecho a la alimentación adecuada y a no pasar hambre, desde la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.

Teniendo en cuenta que nuestros gobernadores, en un espacio de encuentro, reconocimiento y construcción intergeneracional, se han comprometido a:

z Garantizar, promover y fortalecer nuestro derecho a la participación, mejorando espacios para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes analicen las problemáticas de cada región; involucrándose más con nosotros cada departamento; buscando con nosotros soluciones a la seguridad alimentaria y nutricional en todos los rincones de Colombia.

z Garantizar y restituir nuestro derecho a una alimentación adecuada y a no padecer hambre mediante alianzas entre el ICBF y los departamentos, y la creación de un programa de Atención Integral a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con desnutrición severa, con el fin de mejorar las condiciones de vida.

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Proponemos: z No utilizar tantos químicos en los productos alimenticios.

z Que promuevan la educación sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional, tanto a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como a los padres de familia.

z Seguir reforzando la educación sobre salud, higiene y nutrición.

z Abrir espacios donde participen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona rural.

z Crear alternativas para que los padres puedan brindarle a sus hijos buena alimentación.

z Crear alianzas regionales entre departamentos, para empezar hacer trabajo conjunto en beneficio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia.

z Para niños y niñas de 0 a 5 años, tener una cobertura de 100% en buena nutrición y seguridad alimentaria.

z Dentro de los planes de desarrollo, incluir la recuperación de ríos para evitar desbordamientos y sequías.

z Conocer y apoyar las experiencias de cada departamento relacionadas con el tema de seguridad alimentaria.

z Fomentar colegios agropecuarios con calidad educativa.

z Diversificar cultivos y fortalecer aquellos dirigidos a la seguridad alimentaria.

z Reforzar proyectos educativos de seguridad alimentaria.

z Hacer seguimiento a los planes departamentales de seguridad alimentaria.

z Formular y aplicar políticas y estrategias para reducir la desnutrición de las poblaciones más vulnerables.

z Valorar el trabajo rural de los campesinos al momento de producir los alimentos.

z Que la CISAN (Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional) tenga en cuenta las opiniones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en la construcción y seguimiento de planes de seguridad alimentaria, acordes con las culturas y costumbres de los pueblos colombianos.

z Fomentar la inversión en educación rural, orientándola a la creación de emprendimientos en seguridad alimentaria y nutricional.

z Producir y socializar cifras que demuestren la realidad de la situación nutricional de la población colombiana, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.

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z Conformar redes departamentales de experiencias de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para trabajar mancomunadamente a favor de sus derechos.

z Finalmente, que en la próxima cumbre nos muestren avances significativos en torno a los presentes compromisos.

Invitamos a nuestros gobernantes y a todos los presentes, a que analicen si están haciendo lo necesario para garantizarnos el derecho a la seguridad alimentaria, si su trabajo es el mejor o qué le hace falta. ¡¡Piénsenlo y actúen!!

Firmado a los 4 días del mes de Junio de 2009.

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Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre la situación

del derecho a la alimentación y de los instrumentos de política pública

para garantizarlo

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Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación

sobre la situación del derecho a la alimentación y de los instrumentos de política pública

para garantizarlo

Por Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación

Un componente de los derechos humanos y del desarrollo social es el relativo a la seguridad alimentaria y nutricional, temática que desde el día de ayer hemos desarrollado en este VIII Encuentro de Gobernadores y Gobernadora por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud. En ésta, mi segunda intervención, presentaré la evaluación que la Procuraduría General de la Nación ha realizado en torno a la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para tal efecto, abordaré cinco cuestiones específicas: en la primera, haré referencia a la estructura normativa base de esa política; en la segunda, presentaré la evaluación de la política adoptada en el CONPES 113 de 31 de marzo de 2008; en la tercera, haré algunos comentarios sobre la información que la Procuraduría General de la Nación recibió de los miembros de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN); en la cuarta, expondré algunos comentarios sobre los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y, finalmente, en la quinta, presentaré algunas recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación en torno al tema que hoy nos convoca.

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1. Estructura normativa de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Es ya clásica la reflexión del economista y filósofo hindú, AMARTYA SEN, premio Nobel de Ciencias Económicas en 1998, sobre el derecho a no tener hambre; nombre, por cierto de una de sus obras, que ha tenido especial difusión en Colombia. El hambre —es una de las tesis que defiende— no es una consecuencia de la falta de alimentos, sino de las desigualdades existentes en los mecanismos de distribución de los mismos. SEN critica la economía de bienestar clásica, porque, a su juicio, no permite valorar de manera integral realidades como la pobreza, ya que el análisis que se ofrece parte de variables demasiado generales, las cuales sólo permiten conocer la situación media de una fracción de la sociedad, sin tener en cuenta las condiciones de bienestar de cada individuo. Su propuesta es insistir en las utilidades individuales de los respectivos Estados, para poder determinar el nivel de bienestar de una sociedad.

El mismo autor, en relación con la intervención estatal, parte de la idea del metaderecho, mediante la cual pretende articular el contenido de cada derecho social con la posibilidad de exigir su realización progresiva a través de la adopción de políticas públicas. En este contexto, el derecho a no padecer hambre, como derecho económico-social, exige que el Estado actúe positivamente, para lo cual ha de adoptar políticas públicas con el fin de establecer medidas que permitan la concreción de este derecho en toda la población.

El mismo autor reconoce que los Estados con grandes índices de hambre tienen, por lo general, economías en vías de desarrollo y recursos limitados para atender progresivamente los derechos económicos-sociales y culturales. Esa limitación de recursos no implica, sin embargo, que el Estado no esté obligado a garantizar y realizar esta clase de derechos, entre otras razones, por existir instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), que reconocen esa clase de derechos y establecen específicas obligaciones de los Estados Parte.

En cuanto a los mecanismos de exigibilidad de estos derechos, SEN estima que éstos no son meramente jurídicos, sino metajurídicos, porque pueden y deber ser exigidos como derechos concretos a través de la adopción de políticas públicas. Los Estados deben ser juzgados en función de las capacidades concretas de sus ciudadanos, las que tienen su base en la distinción entre la libertad positiva o capacidad real de una persona de ser o de hacer algo y la libertad negativa o no interferencia. En los casos de hambruna, por ejemplo, el que se dio en Bengala (1943), no se afectó la libertad negativa de los trabajadores, pero sí su libertad positiva porque sus habitantes no tuvieron la libertad de alimentarse ni la capacidad de escapar de la muerte.

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Sin entrar a discutir algunas de las tesis del reconocido economista y filósofo hindú, es innegable su incidencia en la doctrina, pero también en los compromisos internacionales y nacionales que los Estados han asumido para hacer frente al derecho a no padecer hambre y a la alimentación adecuada. Entre las diversas tesis de Sen, considero importante resaltar la relación, que él tanto ha contribuido a desarrollar, entre los derechos económicos, sociales y culturales, los deberes de la sociedad y del Estado, así como la adopción de políticas públicas a través de las cuales el Estado ha de establecer mecanismos para realizar esa clase específica de derechos. Derechos-deberes-políticas públicas se interrelacionan en orden a la eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales.

Esa triple relación también está presente en el derecho a la alimentación y a no padecer hambre, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que concreta las obligaciones del Estado en respetar, proteger y satisfacer el derecho a la alimentación, de abstenerse de tomar medidas que puedan privar a las personas del acceso a la alimentación y de adoptar las medidas necesarias para promover ese derecho y para satisfacerlo en el caso de que existan grupos sociales que no puedan disfrutar de la alimentación.

El contenido del derecho a la alimentación y a no padecer hambre es complejo. Podría decirse que su objeto es tanto negativo como positivo. El negativo se enuncia con la fórmula «no padecer hambre» y el positivo con la expresión «la alimentación», que algunas disposiciones internacionales califican como alimentación equilibrada o adecuada. Lo importante es resaltar que, en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el no padecer hambre y la alimentación son dimensiones de un mismo derecho.

Para la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), por ejemplo, toda persona tiene derecho «a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y[,]en especial[,] la alimentación» (art. 25), con lo cual se resalta una idea de especial significación: la relación de la alimentación con los derechos a la vida, a la salud y al bienestar. En este sentido, es razonable afirmar que se trata de un derecho económico y social que tiene carácter fundamental por la conexidad o relación inescindible con otros derechos fundamentales, entre otros, con el derecho a la vida.

El instrumento internacional de derechos humanos más detallado sobre el derecho a la alimentación es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), al cual me referiré más ampliamente. En éste, los Estados Partes reconocen «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia» (art. 11).

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De manera expresa, este mismo instrumento internacional reconoce el «derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre» y la malnutrición. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas y programas concretos (i) para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos y (ii) para asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades de la población de los Estados. Adviértase la singularidad del derecho a la alimentación en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, además, de ser cualificado como derecho fundamental, abarca la protección contra el hambre.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consideró, en su Observación General 12 (1999), que el derecho a una alimentación adecuada está «inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana» y es «indispensable para el disfrute de otros derechos humanos». Para este mismo Comité, este derecho es «inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos». Se trata, por tanto, de un derecho que no puede interpretarse de manera estrecha o restrictiva, cuyo objeto no se reduce a «un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos», sino al «acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a [los] medios para obtenerla». Si bien es cierto que es un derecho progresivo, «los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre».

El derecho a la alimentación adecuada exige que el Estado tenga en cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo imperantes en el momento de adoptar las políticas públicas. El derecho a la alimentación adecuada comprende (i) «la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada» y (ii) «la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos».

En 2002, este mismo Comité, a través de la Observación General 15, incluyó como parte del derecho a la alimentación adecuada y a la protección a no padecer hambre, el derecho al agua, en razón de que si bien es cierto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no incluye este específico derecho ha de considerarse como parte integrante del derecho a la alimentación adecuada, en razón de que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. El agua es un recurso natural limitado y un bien público para la vida y la salud. Para el Comité, el derecho al agua es el «derecho de todos a

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disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico».

En el ámbito de la Convención de los Derechos del Niño (1989), los Estados Parte se comprometen a combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de salud, mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable y saludable. De igual forma, se comprometen a asegurar que todos los sectores de la sociedad y, en particular, los padres y los niños conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición y las ventajas de la lactancia materna (arts. 24 y 27).

Más recientemente, Colombia ha adquirido diversos compromisos internacionales en relación con el derecho de alimentación adecuada y a no padecer hambre, entre los que caben mencionarse la Conferencia Internacional de Nutrición (1992), la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (2000), la Cumbre Mundial sobre la alimentación (2001), la Cumbre Mundial de la Infancia (2002) y la Cumbre de Nutrición y Salud (2008).

En la Declaración del Milenio de 2000, suscrita por ciento ochenta y nueve (189) Jefes de Estado y de Gobierno, se adoptaron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, cinco de ellos tienen relación directa con el derecho a la alimentación y a no padecer hambre. En efecto, erradicar la pobreza extrema y el hambre; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el paludismo y otras enfermedades y garantizar la sostenibilidad ambiental, son objetivos relacionados con varios derechos fundamentales, entre otros, con el derecho a la alimentación y a no padecer hambre.

Este marco internacional, presentado a manera de esbozo, tiene una especial significación porque algunos de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos citados forman parte del bloque de constitucionalidad y otros de estos instrumentos, de conformidad con el artículo 93 constitucional, sirven como criterios interpretativos de los derechos y los deberes establecidos en la Constitución Política, la que de manera expresa reconoce como derecho fundamental de los niños, la «alimentación equilibrada».

La Constitución Política también establece que el Estado debe promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, así como los servicios, entre otros, de educación, salud, vivienda, comercialización de los productos, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos (art. 64 constitucional). Del mismo modo, el Estado debe proteger de manera especial la producción de alimentos (art. 65 ibídem), reglamentar las condiciones especiales de crédito agropecuario, en atención a los ciclos de las cosechas, los

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precios y las calamidades ambientales (art. 66 ibídem). La Constitución también establece como servicios públicos a cargo del Estado, la atención de la salud y el saneamiento ambiental (art. 49 ibídem).

Adicionalmente, reconoce que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado (art. 366 ibídem). «Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable» (ibídem).

Por su parte, la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) establece como derechos de los niños, las niñas y los adolescentes «el derecho a la vida, a la buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente» (art. 17). Calidad de vida que supone «la generación de condiciones que les aseguren, desde la concepción, cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario, recreación y vivienda segura, dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano» (ibídem). Es deber del Estado desarrollar políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia. El mismo Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes el derecho a los alimentos y «demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural» (art. 24).

El Estado colombiano, mediante la Ley 375 de julio 4 de 1997 (Ley de la juventud) se compromete a desarrollar «programas que creen condiciones de vida digna para los jóvenes, especialmente para los que viven en condiciones de extrema pobreza, centros urbanos, las comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales e indigentes y para quienes se encuentren afectados por alguna discapacidad» (art. 6º).

El marco normativo internacional y constitucional, así como la concreción de los compromisos políticos respecto a la Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha concretado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Hacia un Estad comunitario, según el cual se hace necesario formular una política de seguridad alimentaria y nutricional como estrategia para lograr la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Política que se adoptó a través del CONPES 113 de 2008.

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2. Evaluación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONPES 113 de 2008

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha sido desarrollada en el CONPES 113 de 31 de marzo de 2008, que la define como «la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa». En este documento, se resalta que todas las personas deben acceder a una alimentación suficiente, oportuna y adecuada, lo cual está en concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Política.

En la definición de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se resalta el derecho de la población a no padecer hambre y a tener una alimentación adecuada, así como los deberes que tienen las personas y las familias de procurarse una alimentación apropiada y la necesidad de contar con estrategias sociales para afrontar los riesgos.

Igualmente, el CONPES 113 de 2008 establece cinco ejes, a saber: (i) la disponibilidad de alimentos; (ii) el acceso físico y económico a los alimentos; (iii) el consumo de alimentos; (iv) el aprovechamiento o utilización biológica y (v) la calidad e inocuidad de los alimentos. Ejes que involucran a la familia, a la sociedad y al Estado, los cuales son clasificados desde tres perspectivas: (i) la de los medios económicos, (ii) la de la calidad de vida y fines de bienestar y (iii) la de los aspectos relacionados con la calidad e inocuidad de alimentos.

Sobre los ejes de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, puede advertirse:

a. Que, en cuanto a la disponibilidad, Colombia tiene una oferta estable suficiente de alimentos, lo que se evidencia con el comportamiento de la producción agropecuaria.

b. Que, en cuanto al acceso, la pobreza extrema para el total nacional ha disminuido paulatinamente en los últimos años, de 21.6% en 2002 pasó a 12% en 2006. Tanto la pobreza como la indigencia, por ser medidas del número de personas que no tuvieron los suficientes ingresos para consumir lo necesario, se asocian con la imposibilidad de acceder a los alimentos, y por tanto, se consideran causas de la inseguridad alimentaria de los hogares.

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c. Que, en cuanto al consumo, la práctica de la lactancia materna es considerada tradicional, esto porque el 97% de los niños han sido amamantados alguna vez; sin embargo, no está generalizada de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad. El suministro de agua, jugos y otros alimentos diferentes a la leche humana se hace precozmente, lo cual ponen riesgo la salud y el estado nutricional de la infancia.

d. Que, en cuanto al aprovechamiento o utilización biológica, se encuentra la actividad física, cuyo mínimo recomendado en jóvenes es de, al menos 60 minutos diarios por 5 días a la semana y en adultos al menos 30 minutos diarios por 5 días a la semana. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2005) muestra que a nivel nacional el porcentaje de jóvenes entre 13 y 17 años que cumplen con el mínimo de actividad física recomendada es del 26%. También se estableció que la anemia es un problema de salud pública que afecta no sólo a la población de estratos socioeconómicos bajos sino en general a los niños, las mujeres en edad fértil y gestantes. Igualmente, puso de relieve que en Colombia la anemia nutricional se presentó en el 33,2% de niñas y niños de 1 a 4 años, frente al 23,1% en 1995. Dentro de este grupo los niños más pequeños son los más afectados (53,2% en niños de 12 a 23 meses). De igual forma, el 37,6% de los niños de 7 a 12 años padece esta enfermedad, así como el 32,8% de las mujeres entre 13 y 49 años y en el 44,7% de las gestantes. La Región Atlántica es la que presenta mayor prevalencia de anemia en todos los grupos poblacionales.

e. Que, en cuanto a la calidad e inocuidad de los alimentos, se advierte que está afectada en algunos casos por la deficiente calidad de las materias primas, la presencia de microorganismos patógenos y las sustancias contaminantes de riesgo para la salud humana, el cumplimiento parcial de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, el deterioro del medio ambiente o por inadecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación. Los problemas en la inocuidad de los alimentos son los que ocasionan en la población las enfermedades transmitidas por alimentos.

2.1 Creación de la Comisión Intersectorial de la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Es importante destacar del CONPES 113 de 2008 la creación de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), la cual tiene como objeto «dirigir y coordinar la política nacional de Seguridad alimentaria y nutricional y servir como instancia de concertación entre los diferentes agentes que la conforman y armonizar las políticas entre los diferentes sectores involucrados y de seguimiento a las decisiones tomadas en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional».

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Sin embargo, y a pesar de la importancia de esta Comisión en el desarrollo de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, transcurridos catorce meses desde su expedición llama la atención de la Procuraduría General de la Nación el hecho de que el referido documento otorgó el término de tres meses a los Ministerios de la Protección Social, de Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Planeación para que presentaran una iniciativa normativa creando la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, obligación que a la fecha ha sido incumplida.

2.2 Seguimiento a las recomendaciones del CONPES 113 de 2008

La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hará seguimiento a las recomendaciones del CONPES 113 de 2008. Vigilará la gestión de las instituciones que conforman dicha Comisión e impulsará las decisiones de política pública orientadas a garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en esta materia; para ello, haremos el seguimiento:

1. Al cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como a las acciones, las metas, los indicadores, los responsables y las fuentes de financiación, acordes con los recursos disponibles de cada entidad, buscando la coherencia e integralidad interinstitucional y sectorial.

2. Al compromiso de brindar apoyo a las entidades territoriales para la creación o el fortalecimiento de los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Política Social y la elaboración o formulación de los planes departamentales de seguridad alimentaria y nutricional.

3. Al cumplimiento de las dieciséis metas previstas para desarrollar en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad Alimentaria 2008-2017, que ha debido adoptarse en 2008.

4. A los Ministerios de la Protección Social y Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Planeación, sobre: (i) la expedición de la norma que crea la mencionada Comisión; (ii) a las acciones de los Ministerios de la Protección Social, Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Educación Nacional, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como integrantes de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y

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Nutricional (CISAN), sobre la concertación y formulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2017, que contenga las líneas de política del documento mencionado y las definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, con las acciones, las metas, los indicadores, los responsables y las fuentes de financiación, buscando coherencia e integralidad interinstitucional y sectorial.

5. A los Ministerios de la Protección Social y Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Planeación, sobre los procesos y condiciones para la aplicación de los instrumentos mencionados en la línea de Política 4.1 del documento CONPES 113 de 2008 y los criterios técnicos de selección del grupo de alimentos prioritarios.

6. Al Departamento Nacional de Planeación, sobre la presentación del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 2008-2017, que está en mora de ser presentado, ante la no integración formal de la Comisión Intersectorial de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN).

7. A los entes territoriales sobre la implementación de la Política en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2017, mediante la formulación de planes Departamentales, Distritales y Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, acordes con los diagnósticos locales disponibles y las líneas de política definidas en el CONPES 113 de 2008.

3. Evaluación de la información suministrada por los miembros de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN)

La Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de su función de vigilancia superior, solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como integrantes de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), información sobre programas y proyectos relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como sobre los presupuestos asignados y la población beneficiada.

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Del análisis de la información reportada es importante mencionar que estas entidades destinaron en la formulación de programas específicos para garantizar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, durante el 2008, un billón 809 mil millones de pesos, de los cuales, el 30%, equivalente a algo más de 547 mil millones de pesos, corresponde al Ministerio de Agricultura, en cumplimiento de las líneas de Política del CONPES 113 de 2008, referidas a la estabilidad en el suministro interno de alimentos, al impulso a formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos, al mejoramiento de la calidad de acceso y factores productivos, al aseguramiento de la calidad e inocuidad, al desarrollo científico y tecnológico, al desarrollo de la capacidad, las potencialidades y las competencias humanas. Dentro de la línea especial de crédito para cultivos alimentarios, financió en el año 2008, 6.560 créditos por 120.725 millones de pesos.

La Agencia Presidencial para la Acción Social viene impulsando el programa Red de Seguridad Alimentaria RESA, mediante el cual apoya proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo estimulando la permanencia de la población en riesgo de desplazamiento y/o permitiendo el retorno de la población desplazada a sus tierras. En el desarrollo de estos proyectos, la inversión del año 2008 ascendió a 42. 724 millones, de los cuales 27.430 millones fueron inversión propia. La población beneficiada fue de 559.186 personas, con una participación de la población menor de 18 años de 24%.

Del total de la inversión del año 2008, el 62%, equivalente a un billón ciento veintidós mil millones de pesos, correspondió a la ejecución por parte del ICBF de sus programas de prevención, beneficiando a una población cercana a los 8 millones 300 mil personas, donde el 80% son menores de 18 años.

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como Secretario del Consejo Nacional de Política Social (CONPES), en su tarea de elaborar la distribución de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, informó que en el rubro de alimentación escolar durante el año 2008 se destinaron 96 mil millones de pesos.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sigue promoviendo el programa «Lavado de manos» para el cual destinó en 2008, 825 millones de pesos.

La Procuraduría General de la Nación llama la atención sobre la información enviada por el Ministerio de la Protección Social, dado que, aunque se mencionan los proyectos, no fue posible establecer el monto de los recursos ejecutados durante el año 2008. También llama la atención al Ministerio de Educación Nacional, porque al enviar la información solicitada dos días antes de este Encuentro de Gobernantes, no fue posible su evaluación.

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De la información analizada, pueden advertirse logros significativos, en materia de inversión, en relación con la implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

4. Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Aguas4.1. Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional

En la tarea de promover y apoyar la elaboración de los Planes Departamentales, Distritales y Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se evidencian importantes resultados del proceso de asistencia técnica que para tal fin han brindado el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Proyecto de Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria-Acción Social –FAO-.

El desarrollo de una propuesta metodológica para la elaboración de los planes tiene como objetivo promover la articulación entre los niveles nacional, departamental y municipal y apoyar el proceso de sensibilización y construcción colectiva requerido para posicionar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en la agenda operativa de todos los actores privados y públicos, involucrados con la temática en los niveles territoriales.

De la información remitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pudo establecer que treinta Departamentos enviaron información sobre sus avances en la construcción del Plan. En los Departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, la Guajira, Tolima y el Distrito Especial de Bogotá están implementados y operando los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). En Meta y Putumayo aún no lo han conformado. En los restantes Departamentos están en proceso de construcción y se adelantan acciones en seguridad alimentaria y nutricional, pero desarticuladamente o por sectores, razón por la cual la Procuraduría General de la Nación los invita a aunar esfuerzos para consolidar cada uno de esos Planes Departamentales.

En los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Guajira, y Tolima el Plan Departamental en Seguridad Alimentaria y Nutricional ha sido adoptado a través de Ordenanza.

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Se hace necesario superar la distancia existente entre la formulación y la implementación de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional por ello, en mi condición de supremo director del Ministerio Público, solicito a las instituciones encargadas fortalecer y articular la intersectorialidad para poder avanzar en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, en una efectiva implementación de la mencionada política.

De otra parte, los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional deben estar interrelacionados con los Planes Territoriales de Salud Pública y los Planes Departamentales de Agua, como fundamento de las políticas públicas de impacto departamental.

4.2. Planes Departamentales de Aguas

El Sector Salud ha conceptualizado la Seguridad Alimentaria y Nutricional como el estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.

Dentro del alcance del concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional destaca un elemento de vital importancia para cualquier ser humano: el agua. Sin este bien público es imposible sobrevivir ni concebir un estado de bienestar social.

El agua, como fuente de seguridad alimentaria, pone de presente el papel esencial de este componente en la alimentación de la población mundial. Como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el acceso limitado al agua es un obstáculo cada vez mayor para la producción de alimentos. El agua cubre las tres cuartas partes del planeta, pero sólo una pequeña fracción es accesible bajo la forma de agua dulce. Un 70% del agua dulce utilizada debe destinarse a la agricultura, a fin de producir los alimentos necesarios para la actividad humana y el resto para consumo humano, actividades industriales y recreativas, etc.

En relación con el componente de agua para consumo humano, considerado también como elemento integrante de la seguridad alimentaria que encuadra en el eje de política relacionada con el aprovechamiento o la utilización biológica, es indispensable que su prestación se produzca en condiciones eficientes y seguras en términos de calidad y acceso que garantice el desarrollo y el bienestar general. Por lo mismo, los proyectos que se diseñen e implementen para este sector deberán estar dirigidos a incrementar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones sanitarias en hogares dentro de las áreas de mayor inseguridad alimentaria.

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Por rangos de edad, se puede estimar que 977.984 niños en edad 0 a 4 años no tienen el acceso al servicio de acueducto, asimismo, en el rango de 5 a 9 años hay 931.043 niños que tampoco tienen acceso y en el rango de 10 a 14 años esta cifra es de 875.931 niños.

Con el fin de mejorar los índices de cobertura, así como la calidad del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, principalmente en el sector urbano, el Gobierno Nacional ha estructurado la figura de los «Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento» (PDAS), los cuales por ley tienen como objetivo establecer un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

El Estado Colombiano tiene previsto hacer una inversión aproximada de 8.2 billones de pesos para los próximos 4 años para atender la implementación de los Planes Departamentales de Agua. Estos recursos son la sumatoria de los dineros pignorados del Sistema General de Participaciones para el sector (5,4%), tanto de los municipios como los departamentos del país, regalías, créditos y aportes por aproximadamente 1 billón de pesos del presupuesto nacional que serán asignados a través de audiencias públicas.

En relación con el avance en la formulación e implementación de los Planes Departamentales de Agua (PDAS), se tiene lo siguiente:

z De los 1.100 municipios del país ya hay diagnósticos en 721 y en 236 zonas rurales.

z Así mismo, hay 10 gerencias y 16 gestores operando en distintos Departamentos, entre ellos, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Putumayo, Sucre y Tolima.

z Se han definido gestores en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.

z Con obras en proceso solo están los de Magdalena, Cesar y Atlántico.

Con el fin de superar la inidoneidad de la política actual de tierras, la Corte Constitucional ordenó a través del Auto No 008 de 2009, proferido para hacer cumplir la Sentencia No 024 de 2008, en la que se declaró «el estado de cosas inconstitucional» en materia de desplazamiento forzado, a los Ministros del Interior y de Justicia y de Agricultura y Desarrollo Rural, al Director de Acción

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Social y a la Directora de Planeación Nacional, dentro de la respectiva órbita de sus competencias y después de un proceso de participación, los estudios para reformular las políticas de tierras.

De otro lado, como la asignación y la aprobación del presupuesto para el año 2010, se debe estar empezando a planear, se hace imperativo que, para el logro de las metas contenidas en los respectivos Planes de Desarrollo, las gobernaciones y las alcaldías asignen los recursos necesarios que posibiliten la ejecución de la política pública para garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la Juventud.

5. Recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación en el Desarrollo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Como Procurador General de la Nación, comedidamente solicito:

A los representantes de las entidades integrantes de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN): z Continuar cumpliendo, pero de manera más efectiva, los propósitos para

los cuales fue creada la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

z Formular el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2017 y presentarlo al Departamento Nacional de Planeación. Este Plan ha debido ser presentado durante el año 2008.

z Apoyar a las entidades territoriales en la creación o fortalecimiento de los Consejos departamentales, distritales y municipales de Política Social, para que actúen como espacios de concertación y articulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

z Promover y apoyar la elaboración o reformulación de planes Departamentales, Distritales y Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante los cuales se implementará la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

z Crear el observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional que propicie la unificación de criterios de medición y la estandarización de indicadores en los ámbitos local, regional y nacional.

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Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: z Ejercer, en su condición de Ministerio que preside la Comisión Intersectorial

de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, un mayor liderazgo para cumplir con las funciones que el CONPES 113 de 2008 le asignó a la mencionada Comisión.

z Definir los procesos y condiciones para la aplicación de los instrumentos que hace alusión la línea de política 4.1 del CONPES 113 de 2008 y los criterios técnicos de selección del grupo de alimentos prioritarios.

z Reformular la política de tierras, de acuerdo al panorama legislativo actual, teniendo en cuenta la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, que revivió la Ley 160 de 1994.

z Priorizar el fomento de la modernización productiva y el acceso equitativo a los factores de la producción encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.

Al Ministerio de la Protección Social: z Fortalecer e impulsar acciones afirmativas del Estado para transformar las

condiciones de acceso y consumo de alimentos, saneamiento básico y salud, de manera que se garantice el derecho a la alimentación y a no padecer hambre de los niños, las niñas y los adolescentes en condiciones de equidad.

z Articular los distintos sectores involucrados, mediante la conformación de alianzas, como resultado de un proceso de concertación pública y privada.

z Identificar, recuperar y fortalecer las identidades culturales alimentarias con el fin de promover una dieta variada con productos locales, que aporte los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes.

z Integrar la seguridad alimentaria y nutricional a políticas, planes, programas y estrategias nacionales de desarrollo territorial con equidad y sostenibilidad.

z Priorizar estrategias integradoras dirigidas a toda la población con énfasis en los más pobres.

z Monitorear y evaluar los resultados e impactos de la política de seguridad alimentaria y nutricional, con indicadores que muestren sus efectos en la calidad de vida de la población.

Al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: z Participar activamente en el cumplimiento de las recomendaciones contenidas

en el documento CONPES 113 de 2008.

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Al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: z Materializar la política de primera infancia en los planes departamentales de

agua, el cual tiene elementos políticos, técnicos y financieros, con el fin de impactar la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes.

Al Director del Departamento Nacional de Planeación: z Coordinar la evaluación quinquenal de la política de Seguridad Alimentaria y

Nutricional.

z Presentar al CONPES el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 2008-2017, que es de esperar sea aprobado durante el 2009.

z Definir los procesos y las condiciones para la aplicación de los instrumentos a que hace alusión la línea de política 4.1 del CONPES 113 de 2008 y los criterios técnicos de selección del grupo de alimentos prioritarios.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: z Ejercer un mayor liderazgo, en el Sistema de Bienestar Familiar y asumir su

condición de organismo rector de ese Sistema. Ese liderazgo deberá traducirse en la coordinación y articulación efectiva de las entidades integrantes del mencionado Sistema.

z Determinar mecanismos permanentes de evaluación que permitan valorar el impacto nutricional de los programas a cargo del Instituto.

z Presentar el Plan de Asistencia técnica departamental, distrital y municipal, mediante el cual ofrecerá ayuda a los departamentos y municipios para la elaboración y la ejecución de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

z Seguir apoyando a las entidades territoriales en la creación o fortalecimiento de los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Política Social, para que actúen como espacios de concertación y articulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con los Planes Departamentales y Municipales.

A los Señores Gobernadores y Alcaldes: z Implementar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco del

Plan Nacional, mediante la formulación de planes acordes con los diagnósticos locales disponibles y las líneas de política definidas en el CONPES 113 de 2008.

z Asignar recursos que posibiliten la ejecución de la Política pública de la infancia, la adolescencia y la juventud.

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A los señores Procuradores Regionales, a los Procuradores Judiciales de Familia, a los Procuradores para Asuntos Ambientales y Agrarios, a los Procuradores Provinciales y a los Personeros Municipales: z Dentro de los parámetros legales, intervenir y hacer seguimiento en el trámite del

proyecto de presupuesto 2010, para que, previa su aprobación por la Asamblea Departamental o Concejo Municipal, se incluyan partidas presupuestales suficientes para el logro de las metas contenidas en los correspondientes Planes de Desarrollo 2008-2011 y posibiliten la ejecución de la política de infancia, adolescencia y juventud.

La prevalencia de los Derechos fundamentales de la Infancia y la Adolescencia y la protección integral de la Familia exigen que la Seguridad Alimentaria y Nutricional sea un eje transversal de la política pública, toda vez que éste guarda estrecha relación con derechos fundamentales como la vida y la salud.

Para la Procuraduría General de la Nación, la garantía del derecho fundamental a la alimentación equilibrada y a no padecer hambre es un tema todavía pendiente, pues mientras existan en Colombia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de extrema pobreza, entendida como la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básica, no podrá considerarse que se garantiza ese derecho económico social.

El Estado y la sociedad tienen una deuda con los niños, las niñas y los adolescentes en materia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es urgente dar prioridad a las políticas ordenadas a superar la anemia, así como la desnutrición crónica en los niños.

Finalmente, quiero resaltar el compromiso de los señores Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de la Protección Social, de Comercio, Industria y Turismo, al señor Director Departamento Nacional de Planeación, al señor Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social, a la señora Directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la señora Gobernadora, a los señores Gobernadores y al Señor Alcalde Mayor de Bogotá, por su disposición para remitir a la Procuraduría General de la Nación la información que sirvió de insumo para la realización de este informe, así como de este Encuentro de Gobernantes; a Ustedes, nuestro agradecimiento.

Muchas gracias

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Proposición del VIII Encuentro de Gobernadores de la Estrategia

“Municipios y Departamentos por la Infancia, la Adolescencia y la

Juventud – Hechos y Derechos”

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Proposición del VIII Encuentro de Gobernadores de la

Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud

– Hechos y Derechos”La y los señores Gobernadores de Colombia, reunidos en la Ciudad de Bucaramanga, los días 3 y 4 de junio de 2009 en el marco del VIII Encuentro de Gobernadores de la Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud – Hechos y Derechos”, con el objetivo de discutir sobre el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la seguridad alimentaria y nutricional, previas las siguientes

Consideraciones:1. Que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(PIDESC) reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” y reconoce además “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición” Art.11.

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2. Que la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece como objetivos erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

3. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, expresamente señala que los derechos de los niños son prevalentes e indica como fundamentales los derechos a la “vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.

4. Que la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece las normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades.

5. Que la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada mediante documento CONPES 113/08, establece nueve líneas de política orientadas a garantizar el derecho a la alimentación.

6. Que la desnutrición es un indicador de pobreza y de exclusión social, y constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social del país. En Colombia, 12 de cada 100 niños y niñas menores de cinco años presentan retardo en el crecimiento (desnutrición crónica), esta problemática presenta grandes inequidades al interior del país.

7. Que la anemia es un problema grave de salud publica en el país y afecta a más de la tercera parte de la población, especialmente a la primera infancia con consecuencias irreversibles en el desarrollo físico, intelectual, emocional y social. La tercera parte de los niños y niñas entre uno y cuatro años de edad padece de anemia. La anemia por deficiencia de hierro afecta a 33% de las mujeres en edad reproductiva y a 45% de las gestantes.

8. Que el bajo peso al nacer (por debajo de 2.500gramos) es un factor que incrementa la probabilidad de enfermar y morir en los primeros años de vida de los niños y las niñas. En Colombia, 8 de cada100 nacidos vivos presenta bajo peso al nacer.

9. Que cerca de la mitad de los hogares colombianos percibe inseguridad alimentaria por falta de dinero para la compra de alimentos.

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10. Que la inadecuada alimentación en niñas y niños entre 0 y 3 años considerados los años más críticos del desarrollo físico, emocional y social, genera consecuencias graves sobre la salud. Una de cada cuatro mujeres alimenta a sus hijos/as con leche materna exclusiva hasta el sexto mes y en el país la duración de la lactancia exclusiva es solo de 2.2 meses.

11. Que cumpliéndose el VIII Encuentro y validando los compromisos adquiridos y reconociendo el esfuerzo hecho por las administraciones departamentales, es necesario el fortalecimiento institucional y la incorporación de todos 105 actores posibles que faciliten la ejecución y evaluación de la política de seguridad alimentaria y nutricional.

12. Que la priorización del gasto social debe superar el carácter sectorial y aspirar a una racionalidad basada en la garantía y cumplimiento de derechos humanos para todos los niños y niñas.

Proponemos:1. Garantizar la implementación de los planes territoriales de seguridad

alimentaria y nutricional en el marco de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), a fin de articular las acciones de las diferentes entidades y sectores, según las características y determinantes regionales y locales. Que estos Planes involucren el concepto integral de la SAN y desarrollen acciones inherentes a los ejes contemplados en la política como son: disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad.

2. Institucionalizar redes o comités de seguridad alimentaria y nutricional que garanticen la participación interinstitucional y permanente de todos los actores involucrados directa e indirectamente en la seguridad alimentaria y nutricional y promover el control social a través de la participación de las comunidades en dichas redes conforme al CONPES 113 de 2008.

3. Promover la definición como coordinador y responsable de los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria a las Secretarías de Planeación como eje articulador del desarrollo territorial, generando alianzas estratégicas con todos los sectores del departamento.

4. Verificar dentro del plan de desarrollo departamental y del presupuesto plurianual los factores por sector, que son comunes a la implementación del

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plan de seguridad alimentaria y nutricional con el objetivo de garantizar la inclusión de partidas que permitan el financiamiento, puesta en marcha y sostenibilidad de las acciones en SAN.

5. Solicitar al gobierno nacional la expedición del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2017 que permita el desarrollo de las líneas de política y oriente a los territorios en la ejecución de las mismas.

6. Solicitar al gobierno nacional que en el marco de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional visibilice, ante las entidades territoriales, la entidad responsable de la coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial propendiendo por el fortalecimiento de las estrategias de SAN en los diferentes sectores.

7. Instar al gobierno nacional a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) para desarrollar el Observatorio de la SAN como mecanismo de seguimiento, evaluación e intercambio de experiencias sobre la materia tal como lo contempla el CONPES 113 de 2008.

8. Solicitar al Gobierno Nacional un plan estructurado de acompañamiento y asistencia técnica para los departamentos en el marco de lo ordenado por la ley 1098 de 2006.

9. Estructurar un plan de asistencia técnica integral departamental para nuestros municipios.

10. Promover alianzas que permitan el desarrollo de planes de abastecimiento de alimentos regionales y locales dentro de los mecanismos de fortalecimiento de cooperación horizontal.

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VIII Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, sobre seguridad alimentaria y nutricional

Junio 3 y 4 de 2009, Bucaramanga, Colombia

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Memorias del VIII Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la

Juventud, sobre seguridad alimentaria y nutricional

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