ALGUNOS EJEMPLOS DE FALLAS DEL MERCADO EN PANAMÁ

Oscar García CardozeEconomista

En un artículo publicado hace tres meses comentábamos, a propósito de lo difícil que resulta para los economistas ponerse de acuerdo, que no hay que ser un liberal ingenuo para pensar que el funcionamiento libre del mercado está exento de fallas; pero que esto no es argumento para que mediante acciones públicas se atente contra aquellas actividades que el mercado autoregula eficientemente. Hoy quiero compartir con los lectores algunos ejemplos de fallas del mercado que pueden ayudar a mejorar la percepción de que los economistas no hablan de cosas prácticas.

Las crisis macroeconómicas (períodos de elevadísimo desempleo y/o inflación sustentados en parte en un estancamiento de la producción de bienes y servicios), es una falla de mercado que se puede combatir a través de programas anticíclicos (el ciclo económico, esto es, la sucesión irregular de etapas de auge, recesión, depresión y reactivación, es la forma característica de crecimiento de cualquier economía capitalista, rica o pobre) que tiendan a manejar la demanda total de la economía, aumentando, por ejemplo, el gasto público en períodos recesivos o reduciéndolo en períodos inflacionarios. En el caso de Panamá, un ejemplo de lo primero lo tenemos en el programa de empleo de urgencia que surge durante la década de los 70’s (donde encontramos el origen de las brigadas celestes de la hoy municipalizada DIMA), facilitado por el acceso a importante recursos de crédito externo.

Otra falla de mercado se produce cuando en el mismo se dan problemas de información. Uno de estos es el de la asimetría en el manejo de la información y que podemos resumir como que los productores, o proveedores en general, manejan más información que los consumidores. Cualquier persona que haya estado involucrada en la compra de un automóvil de segunda seguramente se habrá dado cuenta de esta realidad, en muchos casos quizás demasiado tarde. El asunto, sin embargo, tiene un alcance mucho más amplio ya que no se limita en absoluto a los bienes, y dentro de estos no se restringe solamente a los duraderos, sino que también abarca los servicios. El Estado tiene un camino amplio de acción para combatir esta falla y aquí queremos comentar dos. Una tiene que ver con la normativa sobre la veracidad en la publicidad y la otra con disposiciones sobre la fecha de vencimiento de productos perecederos. Ambas normas se encuentran estatuidas en la Ley 29 de 1996 a través del artículo 31 (obligaciones del proveedor frente a los consumidores) y del artículo 50 (veracidad en la publicidad de forma tal que la misma no induzca a error o confusión, no tergiversen los hechos y sean afirmaciones comprobables). Gracias a la labor de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), ente creado mediante la referida Ley, se han podido corregir situaciones como las planteadas.

Un problema distinto de información, pero que también provoca que el mercado no resuelva los problemas de la mejor forma, es el de la escasez de información. A guisa de ejemplo, la mayoría de los consumidores no conocen las diferencias en precios, asumiendo calidades homogéneas, de productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), en función del tipo de establecimientos (supermercados, minisúpers y abarroterías) y de su ubicación geográfica. Es más, seguramente los consumidores de menores ingresos son los que menos información como ésta manejan (ya

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que el acceso a la información cuesta), a pesar que sean los que potencialmente se podrían ver más favorecidos, ya que al obtener ahorros pudieran ya sea aumentar su ingesta de nutrientes, o disponer de recursos para otros gastos distintos de los de subsistencia. En este caso, puede resultar muy útil que el Estado se comprometa en programas amplios de divulgación de información, que tiendan a que la información accesible a los consumidores sea oportuna en el tiempo, veraz y, en la medida de lo posible, gratuita. Esto lo ha venido realizando la CLICAC a través de la divulgación de sus distintas encuestas en los distintos medios de comunicación social e incluso a través de la impresión de algunos suplementos que se entregan directamente a los consumidores en las principales arterias comerciales del país.

La existencia de mercados incompletos o imperfectos es otra situación que señala la presencia de fallas en el mercado que ameritan alguna acción supletoria del Estado. Por ejemplo, algunos grupos poblacionales no son sujetos de crédito por el hecho de no estar trabajando, lo que en el caso de los estudiantes pudieran atentar a largo plazo contra la formación de una mano de obra altamente calificada. Para corregir esta situación, el Estado a través del IFARHU realiza un vasto programa de becas, préstamos y seguros a los estudiantes que les permitan contar con una fuente de financiamiento para sus estudios.

Finalmente, tocaremos el tema de las externalidades, esto es, un efecto no buscado que se produce sobre el bienestar de algunos agentes económicos, o de toda la sociedad, a partir de la actividad de alguno de ellos en particular. Estos efectos pueden ser positivos o negativos. En cuanto a estos últimos, el más conocido es de los costos de la contaminación ambiental que se puede derivar de algunas actividades industriales (v. gr. plantas cementeras) o de construcción de obras de infraestructura. En Panamá, esta situación se puede enfrentar haciendo cumplir la normativa existente sobre protección del ambiente, y es ésta una de las razones de ser de la exigencia de estudios de impacto ambiental y de los planes de mitigación exigidos por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), además de las sanciones que ella puede imponer.

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