ALGUNOS CAMBIOS INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA … · Quintero R., María Liliana; García L., Ligia...

AGROALIMENTARIAVol. 16, Nº 30. Enero-junio 2010 191

Quintero R., María Liliana1

García L., Ligia Nathalie2

Rosales, Maritza3

AGROALIMENTARIA. Vol. 16, Nº 30. Enero-junio 2010 (191-205)

ALGUNOS CAMBIOS INSTITUCIONALES ENEL SISTEMA ALIMENTARIO VENEZOLANO,

1999-2009

Recibido: 11-09-2009 Revisado: 13-11-2009 Aceptado: 20-02-2010

RESUMEN

1 Economista (Universidad Central de Venezuela, UCV); M.Sc. en Economía (Universidad de Los Andes, ULA, Venezuela); Diploma deEstudios Avanzados en Formación, Empleo y Desarrollo Regional (Convenio entre la Universidad de La Laguna, ULL-España y ULA-Venezuela); cursante del Doctorado en Formación, Empleo y Desarrollo Regional (Convenio ULL-ULA). Profesora Agregado e Investigadoraadscrita al Centro de Investigaciones Agroalimentarias, CIAAL-FACES-ULA. Dirección postal: Av. Las Américas, núcleo Liria, edificio G, 2ºpiso, CIAAL. Mérida, estado Mérida, 5101, Venezuela. Teléfono: +58-274-2401031; e-mail: [email protected] Economista (ULA, Venezuela); M.Sc. en Desarrollo Rural (IIDARA-ULA, Venezuela); cursante del Doctorado en Ciencias Humanas (LaUniversidad del Zulia, Venezuela, modalidad educación continua); Profesora Asociado e investigadora del CIAAL-FACES-Universidad deLos Andes. Dirección postal: Av. Las Américas, núcleo Liria, edificio G, 2º piso, CIAAL. Mérida, estado Mérida, 5101, Venezuela. Teléfono:+58-274-2401031; Teléfono: +58-274-2633725/+58-274-2401031; e-mail: [email protected]; [email protected] Economista (ULA, Venezuela); tesista de la Maestría en Economía, mención Economía Agroalimentaria (ULA, Venezuela). Profesora einvestigadora en formación adscrita al CIAAL-FACES-Universidad de Los Andes. Dirección postal: Av. Las Américas, núcleo Liria, edificioG, 2º piso, CIAAL. Mérida, estado Mérida, 5101, Venezuela. Teléfono: +58-274-2401031; e-mail: [email protected]

El artículo se orientó a identificar algunos cambios institucionales vinculados con el Sistema Alimentario Venezolano (SAV)durante el periodo 1999-2009, enfatizando en los aspectos relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollorural. Aún cuando en su acepción amplia, el concepto de instituciones comprende -además de las reglas del juego- a lasorganizaciones, por razones metodológicas sólo se consideraron dentro del campo observacional las instituciones formalesde dominio público (referidas al marco legal). Los resultados de la investigación muestran que se requieren institucioneseficientes y coordinadas para alcanzar las metas de crecimiento y desarrollo, incluidas las del sistema alimentario, a fin degarantizar el cumplimiento del objetivo estratégico del mismo.Palabras clave: instituciones, sistema alimentario, seguridad alimentaria, desarrollo rural, Venezuela.

ABSTRACTThe aims of this article is to identify some of the institutional changes concerning to the Venezuelan Agro-food System (VAS),during the 1999-2009 period, emphasizing on aspects related to food and sovereignty security and rural development.Although the concept of institutions -in its broad sense- also includes, moreover the rules of game and organizations, formethodological reasons the authors only considered formal institutions of public domain, relating to the legal framework.Some results point out that efficient and coordinated institution are needed inside the VAS, in order to achieve the goals ofgrowth and development; including, likewise, the food system to ensure compliance with the same strategic objective.Key words: institutions, food system, food security, rural development, Venezuela

Quintero R., María Liliana; García L., Ligia Nathalie y Rosales, MaritzaAlgunos cambios institucionales en el Sistema Alimentario Venezolano, 1999-2009 (191-205)192

RÉSUMÉL’article s’est orienté à identifier les principaux changements institutionnels du Système Alimentaire Vénézuélien (SAV) pendantla période 1999-2009, en mettant l’accent sur les aspects liés à la sécurité alimentaire et le développement rural. Bien quelargement défini le concept d’institutions comprend, outre les règles de jeu, aussi aux organisations, pour des raisonsméthodologiques seulement sont considéré dans le champ observatoire les institutions formelles de domination publique(rapportées au cadre légal). Les résultats de la recherche montrent que des institutions efficientes sont requises et coordonnéespour atteindre les buts de croissance et de développement, inclus celles du système alimentaire, pour garantir l’accomplissementdu même objectif stratégique.Mots-clé: institutions, système alimentaire, sécurité alimentaire, développement rural, Venezuela

1. INTRODUCCIÓNEl artículo forma parte de una investigación de mayoralcance titulada El sistema alimentario venezolano acomienzos del siglo XXI. Tendencias y perspectivas,desarrollada bajo el convenio entre el Banco Centralde Venezuela y el Centro de InvestigacionesAgroalimentarias (CIAAL) de la Facultad de CienciasEconómicas y Sociales de la Universidad de Los An-des. De este modo, se presentan resultados parcialesque explican a grandes rasgos algunos cambiosinstitucionales que, al nivel del marco legal y relacio-nados con el sistema alimentario venezolano, se regis-traron durante el periodo 1999-2009. No obstante, porla significativa importancia de las políticas y leyes rela-cionadas con el financiamiento y la tenencia de la tie-rra en Venezuela, estos aspectos son abordados am-pliamente por separado dentro del proyecto, por otrosinvestigadores especialistas en la materia.

El sistema alimentario se puede definir como el con-junto de actividades y relaciones socioeconómicas quevan desde la producción primaria hasta el consumo fi-nal, para dar cumplimiento a la función social de ali-mentación. De acuerdo con Abreu, Gutiérrez, Fonta-na, Cartay, Molina, van Kesteren y Guillory (1993: 27):«El objetivo principal del Sistema Alimentario es satis-facer completamente todos los días, las necesidades deenergía y nutrientes de todos los habitantes del paísconsiderado», con alimentos seguros e inocuos.

A partir de estas consideraciones, se tomaron encuenta algunas de las instituciones formales de domi-nio público en Venezuela. Así, se analizaron tanto laConstitución Nacional de la República Bolivariana deVenezuela de 1999 como las principales leyes y Decre-tos-leyes comprendidos en el periodo de estudio, vin-culados fundamentalmente con las nuevas orientacio-nes del desarrollo rural y la seguridad alimentaria.

Metodológicamente, el estudio se elaboró con baseen la revisión bibliográfica de los fundamentos teóri-

cos del neoinstitucionalismo, así como del contexto legalque sustenta el funcionamiento del Sistema AlimentarioVenezolano durante el periodo seleccionado. Desde estaorientación, la investigación se subdividió en tressecciones: en la primera se abordó la conceptualiza-ción de las instituciones, su rol en el desarrollo econó-mico, así como la vinculación de las mismas con el fun-cionamiento del sistema alimentario desde el punto devista teórico; en la segunda, se exponen los principalescambios legales ocurridos en Venezuela durante el pe-ríodo en estudio que inciden sobre el sistemaalimentario; y finalmente, en la tercera, se presentan amodo de conclusiones algunas reflexiones finales.

2. EL NEOINSTITUCIONALISMO ECONÓMICO (NIE):CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y SUIMPORTANCIA PARA EL DESARROLLOEl NIE tiene como precedente fundamental el llama-do institucionalismo clásico, el cual planteó la preocu-pación por el rol de las instituciones, pero no presentóuna teoría que permitiera vincularlas con el funciona-miento de la economía y la eficiencia de los mercados(Ayala Espino, 1999).

En las últimas décadas del siglo XX, el NIE surgecomo una crítica a la economía neoclásica, dado queésta no considera el rol que tienen las instituciones enel desempeño económico. Según los neoinstituciona-listas, el modelo neoclásico es incompleto y poco rea-lista, dado que no toma en cuenta la existencia de ins-tituciones y las fallas de mercado. En la realidadsocioeconómica y, más específicamente, en el sistemaalimentario de un país o de una región, se presentanasimetrías de información, situaciones de riesgo e in-certidumbre, escasa garantía de los derechos de pro-piedad, entre otros aspectos, por lo que es necesariocrear y mejorar las instituciones para contribuir con eldesempeño económico favorable.


Los supuestos del NIE son considerados en este tra-bajo con base en Castillo y Morales (2001), quienes losidentifican como: la racionalidad limitada, el oportu-nismo, la incertidumbre, la asimetría de la informacióny los activos específicos. Al igual que en los plantea-mientos de la economía neoclásica, la racionalidad li-mitada se orienta a la maximización de la utilidad. Noobstante, para los neoinstitucionalistas los actores eco-nómicos poseen una racionalidad limitada debido a lanecesidad de elegir entre un número ilimitado de alter-nativas, el conocimiento imperfecto de las consecuen-cias de las decisiones de elección y la dificultad de pre-cisar el valor de éstas. El oportunismo ocurre cuandolos agentes económicos presentan una conducta ca-racterizada por el egoísmo y los escasos valores éticos,en función de alcanzar los objetivos propuestos, lo queimplica la distorsión de la información o su revelaciónincompleta. La incertidumbre se refiere a la existenciadel riesgo o posible modificación de las actividades re-queridas para llevar a cabo una transacción determina-da. Esta situación puede manifestarse en el mercado através de dos vías: la paramétrica vinculada con lascondiciones situacionales de la transacción y su desa-rrollo; y, la conductual, asociada con la posibilidad deun desempeño oportunista del socio de la transacción.Las asimetrías de información se presentan cuando al-guno de los actores dispone de mayor información conrespecto al resto, lo cual le confiere ventajas por la ca-pacidad para manejar favorablemente las condicionesde la transacción. Los activos específicos comprendenaquellos que tienen implícito el costo de oportunidad,pues las cuasirentas que generan pueden ser objeto deapropiación por parte de algunos agentes que partici-pan en la transacción, sin que el dueño deba cambiar eluso actual del activo.

Con base en estos supuestos, Ayala Espino (1999)sustenta el NIE con el aporte de algunos autores comoCoase, Williamson y North, quienes a pesar de sus di-ferencias teóricas, coinciden en destacar la importan-cia de las instituciones. Éstos conforman el núcleo cen-tral del NIE, abordando aspectos vinculados con laorganización y operación de la empresa; la divisiónentre empresas y mercados; los costos de transacción;el papel de los procesos políticos, las estructuras depoder y los mecanismos de decisión; entre otros. Enefecto, el NIE relaciona las instituciones y los costosde transacción; esta corriente económica argumenta quelos mismos se incrementan significativamente si lasinstituciones son ineficientes, ambiguas o si no existennormas adecuadas para su buen funcionamiento. Tam-bién plantea que los problemas o asimetrías de infor-mación elevan los costos de transacción en términos

del diseño y aplicación de las políticas públicas, gene-rando una ineficiente asignación de recursos.

North (1990) destaca que las instituciones son lasreglas del juego en una sociedad. Éstas definen la es-tructura de incentivos económicos, políticos y socialesy, al mismo tiempo, limitan las interacciones humanas.

Las instituciones se pueden dividir en: formales (porejemplo, leyes y constituciones) e informales (talescomo acuerdos morales y códigos de conducta). El cam-bio institucional conduce a la evolución de las socie-dades en el tiempo. Estas reglas rigen las relacioneseconómicas, sociales y políticas entre los individuos ylos grupos sociales, configurando la estructura de in-centivos, oportunidades y restricciones en el ámbitode actuación de los agentes económicos. También esimportante resaltar que las instituciones son construc-ciones histórico-sociales, por cuanto se transforman yevolucionan, una vez que los actores involucrados im-pulsan tales cambios a lo largo del tiempo.

Con la publicación del trabajo de North (1990) so-bre el papel de las instituciones, se consolida la co-rriente crítica a la economía neoclásica, la cual es aco-gida en los planteamientos propuestos por el BancoMundial (BM) al establecer el concepto de gobernanza,que destaca la importancia de las instituciones públi-cas en el desarrollo económico. No obstante, el FondoMonetario Internacional (FMI), continuó apegado a loslineamientos de la economía neoclásica (Ferraro, 2009).

De acuerdo con Colander (citado por Ferraro, 2009),el pensamiento de la economía neoclásica se sustentaen la premisa de que la intervención del Estado en losasuntos económicos es poco favorable para estimularel crecimiento y el desarrollo económico, especialmen-te cuando las instituciones del sector público cumplenfunciones que van más allá de la protección de los de-rechos de la propiedad privada. Con la evolución delNIE, es posible afirmar que las instituciones en su acep-ción amplia constituyen la estructura de incentivos enla toma de decisiones de los actores en los procesos deinteracción económica, social y política. Esto significaque conforman el marco en el que los individuos ac-túan y realizan elecciones y, por tanto, influyen en elcrecimiento y desarrollo económico. Así mismo, se des-taca que las organizaciones son los agentes del cambioinstitucional y se enfatiza en la importancia de lainteracción entre las instituciones y los actores.

En este orden de ideas, Ayala Espino (1999) citan-do a Olson, señala que la calidad de las instituciones yde las políticas públicas son factores decisivos en eldesempeño económico. La efectividad de las institu-ciones viene dada no sólo por su credibilidad en la so-ciedad, sino también por su capacidad para fomentar


un comportamiento más cooperativo de los individuosen el intercambio, así como la coordinación de las de-cisiones colectivas.

En aquellos países donde las instituciones sonineficientes no se generan resultados favorables, pesea los esfuerzos individuales, la dotación de recursosnaturales, la posición geográfica, el capital humano yel capital social. De manera que los países son pobresporque los actores no poseen estímulos suficientes paraobtener las oportunidades de ganancias. Dicha estruc-tura de incentivos no sólo es el resultado de las políti-cas económicas, sino de los arreglos institucionales ysu evolución a largo plazo, como por ejemplo el marcolegal que garantiza el cumplimiento de: los contratos,los derechos de propiedad, las leyes y la constituciónnacional, entre otros.

En el modelo neoclásico, el desarrollo económicoes analizado como un proceso que depende principal-mente de los cambios en los precios relativos de losbienes y servicios que se intercambian, considerandocomo dadas a las instituciones, las cuales se adaptarána las condiciones de mercado. Desde este punto de vis-ta, se asume que el mercado es el mecanismo más efi-ciente para la asignación de los recursos económicos,que todos los actores tienen información completa yque no existen costos de transacción. Por el contrario,el NIE supera la confrontación entre mercado y Esta-do, argumentado que cada uno de ellos por sí solo noconstituye el mejor mecanismo de asignación de losrecursos, sino que se requieren además cambiosinstitucionales apropiados para promover el crecimientoy el desarrollo.

En cualquiera de las vertientes del institucionalismose destaca la importancia de las instituciones en el des-empeño económico. Stiglitz, citado por Ayala Espino(1999), sostiene que las variables institucionales sonconsideradas como endógenas y trascienden el inter-cambio económico. De esta manera, se admite que elmercado por sí solo no garantiza la eficiencia ni la igual-dad. En consecuencia, el Estado podría intervenir enla economía para tratar de corregir las fallas del merca-do, pero al mismo tiempo se requieren instituciones queactúen con eficiencia para ayudar a corregir las fallasde gobernabilidad. De este modo, un mejor desempe-ño económico en una región o país va a depender delas oportunidades generadas por el cambio institucionaly de las elecciones económicas y políticas de los indi-viduos. Estos cambios deben tener como objetivo re-ducir los costos de transacción, definir nuevos dere-chos, disminuir los problemas de información e indu-cir la reestructuración de las organizaciones.

En la teoría neoclásica el desempeño económico esuna función de los precios de los factores de produc-ción, es decir:

Desempeño económico = f (T, W, K)

Donde: T = tierra; W = trabajo; y K = capital.El neoinstitucionalismo postula que el desempeño

económico es el resultado de los precios relativos delos factores, así como también de los distintos conjun-tos institucionales (Q1…, Qn), que comprenden con-tratos, derechos de propiedad, organizaciones o regu-laciones:

Desempeño económico = f (T, W, K, Q1…, Qn)

Acemoglu y Johnson (2008), desarrollaron un tra-bajo de investigación donde analizaron la relación en-tre los derechos de propiedad, el marco que regula eldiseño de los contratos entre los agentes privados y latasa de crecimiento de largo plazo de un conjunto deeconomías. Estos autores encontraron que los derechosde propiedad tienen efectos significativos sobre la tasade crecimiento en una economía, a diferencia de lasreglas que definen la naturaleza de los contratos, lo cualpuede explicarse porque los arreglos privados no pue-den resolver el problema que supone un riesgo de ex-propiación.

Posteriormente, estos autores elaboraron un plan-teamiento general respecto al vínculo entre crecimien-to e institucionalidad. Sostienen que no es muy útil plan-tear un debate en términos de las teorías de crecimien-to centradas en el «fundamentalismo del capital», ver-sus aquellas que enfatizan en la tecnología o el capitalhumano, por cuanto la evolución de estos factores comodeterminantes del crecimiento dependen del entornoinstitucional vigente. Además, destacan que las insti-tuciones inciden en el desempeño de una economía,pero a su vez las mismas son determinadas por las fuer-zas políticas de los sectores de la sociedad. Así mismo,Molteni (2006) argumenta que los países no desarro-llados poseen muchos ejemplos de marco anti-desarro-llo, entre ellos regulaciones del Estado y derechos depropiedad que no están claramente definidos y por tantono ofrecen mayores estímulos a la actividad económi-ca y sus actores.

Es importante resaltar que los cambiosinstitucionales traen consigo ganadores y perdedores.Por ello son necesarias la negociación y la concertaciónentre los actores involucrados, para alcanzar nuevasinstituciones sustentadas en la legit imidad, lacredibilidad y el consenso, tendiendo así a mejorar tanto


el crecimiento como el desarrollo.En esta línea, de acuerdo con la Organización de

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-ción FAO (1995), se puede ejemplificar el rol de lasinstituciones en el desempeño económico: dos gruposde productores agrícolas que utilizan la misma tecno-logía, los mismos factores de producción y operan enlos mismos mercados, pueden obtener diversos nivelesde productividad y eficiencia económica, lo cual seexplica por las diferencias en cuanto a la calidadinstitucional. En consecuencia, en el grupo de produc-tores más eficientes los contratos son apropiados y secumplen, los derechos de propiedad están bien defini-dos y existe una buena provisión a bajo costo de bienesy servicios públicos.

Así mismo, cuando existen obstáculos para el acce-so a la tierra e indefinición de los derechos de propie-dad, las actividades agropecuarias no se desarrollaneficientemente y no existen incentivos para las inver-siones afectando con ello el buen desenvolvimientoeconómico y social. En este sentido, la FAO (2004:135), señala que:

«El derecho de la propiedad sobre la tierra es unode los recursos más poderosos para que las personasincrementen o extiendan sus activos más allá de latierra y la mano de obra, alcanzando así el conjun-to necesario para una vida sustentable… Las per-sonas que tienen derechos sobre la tierra puedendisfrutar de niveles de vida más sostenibles queaquellos que sólo derechos parciales de accesos, loscuales a su vez están mejor que los que no tienentierra en absoluto…»

De acá se desprende que se requieren reformas le-gales y organizacionales para regularizar la tenencia dela tierra, disminuir los costos de transacción y crear unaestructura de incentivos adecuada para la toma de de-cisiones de los actores.

En lo que respecta a la comercialización de produc-tos agroalimentarios, los principales problemas se vin-culan con los elevados costos de transacción y lasasimetrías de información. Entre los obstáculos másfrecuentes en este componente del sistema alimentariose tienen: la desconfianza sobre la calidad de los ali-mentos que se comercializan, las situaciones de fraudey riesgo, las fallas de información e incertidumbre so-bre los precios, la falta de organización4 de los produc-

4 Las cooperativas y otras formas de organización de los productoresagrícolas pueden mejorar los problemas de asimetrías deinformación, reducir los costos de transacción y evitar el fraude moral,así como facilitar las tareas propias de la comercialización (acopio,clasificación, empaque, distribución y venta).

tores y las deficiencias en la infraestructura decomercialización de los productos agrícolas.

Por consiguiente, las instituciones eficientes contri-buyen a mejorar la situación descrita. Así por ejemplo,las nor mas y sellos de calidad, las etiquetasnutricionales, las denominaciones de origen y las indi-caciones geográficas protegidas, así como la especiali-dad tradicional garantizada, suministran información alos consumidores acerca de la calidad y diferenciaciónde los productos. Tales aspectos reducen los costos detransacción, las asimetrías de información y el riesgode fraude. Así mismo, la información5 sobre los preciosactuales y las tendencias de los mercados agrícolas tam-bién permiten mejorar la eficiencia de los procesos decomercialización (Gutiérrez, 2010).

Algunos actores como Key y Runsten (1999); Eatony Shepherd (2001); y Schejtman (1998) argumentan quela agricultura por contratos es una institución que in-troduce mejoras en la productividad y comercializaciónagrícola, y es una respuesta que trata de corregir lasimperfecciones de mercado. Por agricultura de contra-tos se entiende el acuerdo formal entre agricultores yagroindustriales y/o comercializadores, donde los pro-ductores se comprometen a generar bienes agrícolas adeterminados precios, estándares de calidad y condi-ciones de entrega, mientras que la empresa asume elcompromiso de capacitar a los productores, suminis-trar insumos y comprar el producto en las condicionesestablecidas.

Con respecto al financiamiento del sector agrícola,Gutiérrez (2010) señala que los principales obstáculosse vinculan con la tenencia de la tierra, la insuficienciade activos o garantías hipotecarias, la ausencia de mer-cados financieros, el aislamiento geográfico y el defi-ciente marco legal. Esto dificulta el acceso al créditoformal y por ende los productores muchas veces tie-nen que recurrir a las fuentes informales definanciamiento (prestamistas locales, familiares o ami-gos, medianería, entre otras) en condiciones onerosas.No obstante, tienen el acceso oportuno a los recursoseconómicos con menores costos de transacción.

Ante esta situación se hace necesario mejorar losmecanismos de acceso al crédito permitiendo que losprestatarios puedan dar como garantía activos perso-

5 Dados los avances de las telecomunicaciones, se pueden crear yfortalecer sistemas de información en tiempo virtual, bien sea bajo elconcepto de bien público o subsidiando al sector privado para quepreste este servicio. También las bolsas de productos agrícolas yagroindustriales contribuyen a generar y difundir información sobreprecios, calidad y situación de los mercados agrícolas, lo que reduce lasasimetrías de información, los costos de transacción y el riesgo moral.


nales (viviendas, terrenos, vehículos y otros). Tambiénes importante mejorar los sistemas de información paragarantizar el seguimiento crediticio de los clientes; elapoyo del Estado igualmente es fundamental para quelos pequeños productores puedan tener mejores opor-tunidades financieras, a través de subsidios, constitu-ción de sociedades colectivas de garantía mutua, entreotros (Banco Interamericano de Desarrollo, citado porGutiérrez, 2010). Así mismo, se requieren metodologíaspropias de las instituciones microfinancieras para aten-der las necesidades de los pequeños productores y almismo tiempo reducir los costos de transacción deri-vados de las asimetrías de información típicas de losmercados financieros rurales.

En otro orden de ideas, los productores agrícolas yagroindustriales -especialmente los pequeños- tienendificultades para obtener toda la información necesa-ria que les permita seleccionar la tecnología que van autilizar en su proceso productivo, con el fin de aumen-tar la productividad e impulsar el crecimiento y el de-sarrollo. Por tanto, el Estado debe crear políticas paragenerar conocimientos y adaptar innovaciones al nivelde las universidades y centros de investigación tantopúblicos como privados.

En síntesis, la intervención del Estado, mediante lacreación de instituciones apropiadas, es importante paracorregir las fallas de mercado por las siguientes razo-nes: a) una gran proporción de las innovaciones en elsector agrícola pueden ser fácilmente apropiadas y di-fíciles de proteger a través de patentes; tal es el caso devariedades de semillas, prácticas agronómicas, entreotras; b) los productores agrícolas generalmente no dis-ponen de conocimientos y muchas veces no están or-ganizados para iniciar procesos de investigación y de-sarrollo tecnológico; c) no siempre existe una demandade tecnología o de servicios de parte de los pequeñosproductores quienes con frecuencia son resistentes alos cambios; y d) no siempre existe una oferta privadade estos servicios dada su baja rentabilidad.

Otra de las acciones promovidas por el Estado es laextensión agrícola, para facilitar tecnologías, transferirconocimientos, mejorar las técnicas productivas y edu-car a los pequeños productores agrícolas. Al respecto,la FAO (2004) plantea que los productores podríanpagar parcialmente los servicios de extensión contan-do con el subsidio del Estado, con lo cual se crearía lademanda y la oferta de los mismos.

3. ALGUNOS CAMBIOS INSTITUCIONALESRELACIONADOS CON EL SISTEMA ALIMENTARIOVENEZOLANO, DURANTE EL PERIODO 1999-2009A partir de 1999, con la elección de Hugo Rafael ChávezFrías como Presidente de la República de Venezuela,

se produjeron en el país un conjunto de cambiosinstitucionales en el modelo económico, caracteriza-dos por políticas contrarias al libre mercado con unaelevada intervención del Estado, tanto al nivelmacroeconómico como sectorial. En este escenario, enel año 2001, el Ministerio del Poder Popular para laPlanificación y el Desarrollo presentó al país el Plan deDesarrollo Económico y Social 2001-2007, el cual sesustentó en cinco equilibrios: económico, social, polí-tico, territorial e internacional.

El equilibrio económico se orientó a fomentar lacreación de las bases para la instauración de un mode-lo productivo de crecimiento autosustentable, funda-mentado en la diversificación de la producción y lacompetitividad, el cual constituiría el sustento para lareinserción de la economía venezolana en el escenarioglobal.

En este contexto económico, el equilibrio social sevinculó con el desarrollo humano, la reducción de lapobreza y las desigualdades sociales, pues seincrementarían las opciones en materia de educación,empleo, ingreso, organización social y seguridad.

El equilibrio al nivel político se fundamentó en lacreación de los mecanismos para hacer efectivos losprincipios establecidos en la Constitución de la Repú-blica Bolivariana de Venezuela de 1999. Las accionesdel Estado en este ámbito, se orientarían principalmentea la consolidación de la estabilidad política, social y aldesarrollo del marco jurídico-institucional, que susten-taría el modelo productivo.

El equilibro territorial enfatizó en la definición delos denominados ejes territoriales de desconcentración,que conducirían a un nuevo modelo de ordenación te-rritorial para «(…) la difusión y diversificación de la activi-dad productiva en las zonas más idóneas de esos ejes, con objetode fijar en ellas un mayor volumen de población, garantizándo-les unas condiciones de calidad de vida dignas» (Op. Cit.: 20).

El equilibrio internacional se planteó como un mo-delo para fortalecer las relaciones de integración ycooperación entre los países en desarrollo, el cual ser-viría de base para enfrentar los problemas relacionadoscon el desarrollo socioeconómico.

No obstante, el gobierno venezolano enfrentó se-rias limitaciones para la aplicación de este plan, puesdesde el año 2001 los esfuerzos se encaminaron haciael ámbito político, dejando a un lado el resto de losequilibrios del modelo de desarrollo socioeconómicopropuesto. Posteriormente, en el contexto del Plan dela Nación 2007-2013, se establece que la economíasocial en Venezuela consiste en:


«(...) Establecer un Modelo Productivo Socialistacon el funcionamiento de nuevas formas de genera-ción, apropiación y distribución de los excedenteseconómicos y una nueva forma de distribución de larenta petrolera, lo que será el reflejo de un avancesustancial en el cambio de valores en el colectivo, enla forma de relacionarse los individuos con los de-más, con la comunidad, con la naturaleza y con losmedios de producción» (MINCI, 2007: 13).

Así mismo, cabe destacar que en materiaagroalimentaria, en el documento citado se expone quelas principales acciones del Estado consistirían en: a)promover el desarrollo de las cadenas agro-producti-vas con ventajas comparativas; b) eliminar el latifun-dio; c) mejorar y ampliar el marco de acción, los servi-cios y la dotación para la producción agrícola; d) finan-ciar en condiciones preferenciales la inversión y la pro-ducción agropecuaria; e) promover un intercambio co-mercial acorde con el desarrollo agrícola endógeno; f)capacitar y apoyar a los productores para el desarrollode una agricultura sustentable y; g) fomentar la investi-gación y desarrollo para la soberanía alimentaria.

Sobre la base de este contexto, a continuación seanalizan los artículos de la nueva Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela y las principalesleyes, vinculadas con el funcionamiento del SAV.

3.1. CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999)En la Carta Magna de la República Bolivariana de Ve-nezuela (1999: 105) se presentan los planteamientosrelacionados con el modelo de desarrollo a seguir en elpaís. El Capítulo VII comprende los artículos referidosa los derechos económicos. Dentro de éste, el artículo112 expone el precepto del libre ejercicio de la activi-dad económica:

«Todas las personas pueden dedicarse libremente ala actividad económica de su preferencia, sin máslimitaciones que las previstas en esta Constitución ylas que establezcan las leyes, por razones de desa-rrollo humano, seguridad, sanidad, protección delambiente u otras de interés social…»

En el artículo 113 se promueve la libre competen-cia a través de la regulación de los monopolios, portanto:

«(…) Se declaran contrarios a los principios funda-mentales de esta Constitución cualesquier acto, acti-vidad, conducta o acuerdo de los y las particularesque tengan por objeto el establecimiento de un mo-nopolio (…) cualquiera que fuere la forma queadoptare en la realidad…»

Para tales fines, el Estado se compromete a promo-ver la iniciativa del sector privado para la producciónde bienes y servicios orientados a satisfacer las necesi-dades de la población en el contexto del desarrollo in-tegral del país. Además, en el artículo 118 se estableceel derecho a conformar las asociaciones de caráctersocial y participativo, entre las que destacan las coope-rativas, cajas de ahorro, fondos mutuales y otras for-mas de organización social.

Otro aspecto abordado por el legislador en el artí-culo 305, es el referido a la seguridad alimentaria. Esteconcepto comenzó a tener importancia a partir de ladécada de 1970, el cual se fundamentó en la disponibi-lidad y el abastecimiento. En este sentido, la CumbreMundial sobre la Alimentación (1974) definió la segu-ridad alimentaria tomando en cuenta el suministro delos alimentos y la estabilidad de los precios, dada lacrisis alimentaria (FAO, 2006).

De otro lado, en el Artículo 307 de la Constitución(1999: 162-163), se expone en relación con ellatifundio que éste:

«(…) es contrario al interés social. La ley dispon-drá lo conducente en materia tributaria para gravarlas tierras ociosas y establecerá las medidas necesa-rias para su transformación en unidades económi-cas productivas, rescatando igualmente las tierrasde vocación agrícola. Los campesinos o campesinasy demás productores agropecuarios y productorasagropecuarias tienen derecho a la propiedad de latierra...»

En función de lo expuesto se deduce que loscomponentes fundamentales de la ConstituciónNacional vinculados con los cambios institucionalesque se han presentado en el SAV, durante el periodo1999-2009, se resumen en:

a) La prioridad que se le asigna a la seguridadalimentaria de la Nación, destacando el papel de la agri-cultura como sector estratégico del desarrollo.

b) La promoción del desarrollo rural integral, conpolíticas orientadas a mejorar los niveles de bienestaren el medio rural incluyendo la dotación deinfraestructuras, asistencia técnica y crediticia, capaci-tación, entre otros.

c) La eliminación del latifundio, gravando las tierrasociosas y estableciendo políticas de tenencia de la tie-rra para tratar de incorporarlas en función de los obje-tivos del desarrollo rural; y,

d) La promoción de la economía social a través delas cooperativas, microempresas y otras formasasociativas y participativas.

Este marco constitucional es la base de un conjun-to de Decretos y leyes que norman y sustentan el fun-


cionamiento, evidenciando algunos cambiosrelacionados con éste.

3.2. DECRETOS Y LEYES RELACIONADAS CON ELSISTEMA ALIMENTARIO EN VENEZUELA3.2.1. LEY DE MERCADEO AGRÍCOLAFue publicada en la Gaceta Oficial N° 37.389, de fe-cha 21 de febrero de 2002. A través de ésta se derogala Ley de Mercadeo Agrícola vigente desde el 21 deagosto de 1970. En el artículo 1 se establece el objetode la misma, referido a (RBV, 2002):

«(…) la planificación, fomento, regulación y eva-luación de todas las fases comerciales del mercadeode productos e insumos para la producción agrícola,y propiciar el incremento conjunto de la seguridadalimentaria y la producción agrícola interna. El mer-cadeo incluye el complejo de actividades, servicios,acciones y funciones facilitadoras del flujo de bienes,desde su producción hasta su disponibilidad parael consumidor final».

En lo que se refiere al ámbito de aplicación de laLey, en el artículo 6 se establece que ésta rige:

«(…) el comercio de los productos agrícolas, los ser-vicios de mercadeo agrícola, el comercio de maquina-rias agrícolas, insumos y demás suministros utili-zados para la producción agrícola, así como las he-rramientas de política económica del Estado orien-tadas al fomento y desarrollo de las funciones deintercambio de servicios y productos para el sectoragrícola…»

Así mismo, en el artículo 7 se precisa que el Ejecu-tivo Nacional, a través del organismo competente, dic-tará las medidas correspondientes para evitar el acapa-ramiento de los productos e insumos agropecuarios, lacompetencia desleal y la conformación de estructurasde mercado monopólicas y monopsónicas, las cuales,introducen distorsiones afectando tanto los procesosde producción como los de comercialización de bienesy servicios.

3.2.2. DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEYORGÁNICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍAAGROALIMENTARIAEste Decreto-Ley Nº 6.071, fue publicado en GacetaOficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº5.889, Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008. Enel Capítulo I, artículo 1 (RBV, 2008g), se establece queel objeto del mismo es:

«(…) garant izar la seguridad y soberaníaagroal imentaria, en concordanc ia con loslineamientos, principios y fines constitucionales y

legales en materia de seguridad y defensa integral dela Nación, sin perjuicio de las disposiciones conte-nidas en la ley que regula las tierras y el desarrolloagrario».

Para tal fin, se establece en el artículo 2, que la Leyregulará las actividades vinculadas con la producción,intercambio, distribución, comercialización, almacena-miento, importación, exportación, regulación y controltanto de alimentos como de productos y servicios agrí-colas, e insumos requeridos para el desarrollo del pro-ceso productivo.

Específicamente, en el artículo 4 (RBV, 2008g), sedefine la soberanía alimentaria como:

«(…) el derecho inalienable de una nación a definiry desarrollar políticas agrarias y alimentarias apro-piadas a sus circunstancias específicas, a partir dela producción local y nacional, respetando la conser-vación de la biodiversidad productiva y cultural, asícomo la capacidad de autoabastecimiento priorizado,garantizando el acceso oportuno y suficiente de ali-mentos a toda la población».

Siguiendo a Almeida Filho y Scholz (2008: 5), en laCumbre Mundial de la Alimentación (CMA), realizadaen Roma en el año 2002, se conceptualizó la soberaníaalimentaria como:

«(…) el derecho de los pueblos, las comunidades ylos países a definir sus propias políticas agrícolas,de trabajo, pesca, alimentación y tierras, que seanadecuadas desde el punto de vista ecológico, social,económico y cultural a sus circunstancias únicas. Estaincluye el verdadero derecho a la alimentación y aproducir el alimento, lo que significa que todo elmundo tiene el derecho a una alimentación inocua,nutritiva y culturalmente adecuada y a los recursospara producir estos alimentos…»

Posteriormente, en la Declaración de Nyéléni delaño 2007 (Op. Cit.: 6), se precisa que la soberaníaalimentaria es: «(…) el derecho de los pueblos a alimentosnutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos deforma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propiosistema alimentario y productivo.»

Con respecto al concepto de seguridad alimentaria,en el artículo 5 de la Ley en cuestión (RBV, 2008g), seformula como:

«(…) la capacidad efectiva que tiene el Estado, encorresponsabilidad con el sector agroalimentarionacional, para garantizar a toda la población, ladisponibilidad, acceso, intercambio y distribuciónequitativa de los alimentos de manera estable, queaseguren las condiciones físicas y emocionales


adecuadas para el desarrollo humano integral ysustentable…»

Cabe destacar que un aporte significativo de estaLey, a diferencia de lo establecido en la Carta Magnade 1999, se refiere a la consideración explícita de lacalidad e inocuidad de los alimentos. Específicamente,en el artículo 63 se precisa que para considerar un ali-mento inocuo y de calidad éste:

«(…) debe cumplir con los parámetros físico-quími-cos y microbiológicos, establecidos en las normas ylineamientos que se dicten al efecto. En aquellos casosen los que se carezca de normativa, se deberá solici-tar la certificación correspondiente ante los órganosy entes de la Administración Pública Nacional com-petentes en materia de inocuidad y calidad de losalimentos» (RBV, 2008g).

De este modo, en el artículo 64, se precisa que lapoblación tiene el derecho a disponer y acceder a ali-mentos inocuos, de calidad y en cantidad suficiente.Esto debería garantizarse al nivel de toda la cadenaagroalimentaria, es decir, desde el componente prima-rio hasta el consumo final.

Tal argumento fue sustentado por el Representantede la FAO en Venezuela, Fernando Arias, citado porParker (2008), quien expresó que las políticas del Es-tado venezolano en materia de seguridad alimentariase ubicaban dentro de la concepción establecida por laFAO. Tales políticas se han basado en los programassociales de Productora y Distribuidora Venezolana deAlimentos (PDVAL), Mercados de Alimentos, C.A.(MERCAL) y en el estímulo a la producción agrícola através de la asistencia a los agricultores, la dotación detierras, de insumos y de conocimientos técnicos orien-tados a incrementar la productividad del sistemaagroalimentario.

No obstante, en los últimos meses se han presenta-do situaciones que promueven inseguridad alimentariaen Venezuela, vinculadas con las pérdidas significati-vas de alimentos de la cesta básica, como pollo, carnede bovino, leche en polvo, arroz, avena, azúcar, caraotas,sardinas, maíz, entre otros. Éstas se corresponden conla caducidad (fecha de expiración vencida) y/o des-composición de los mismos, aunado a un deficientemanejo administrativo y gerencial de los programasalimentarios del país.

Al respecto, las fuentes informativas nacionales einternacionales reseñaron la situación descrita en Ve-nezuela, en el segundo trimestre del presente año, unavez que fueron encontrados ingentes contenedores conmiles de toneladas de alimentos no aptos para el con-sumo humano; se desató así una cadena de denunciasque fueron admitidas por el gobierno nacional. Para

tratar de dar una respuesta a esta problemática se ins-taló una Comisión conformada por miembros de lasComisiones de Desarrollo Económico y de Contraloría(Diario El Universal, 2010).

3.2.3. DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEYPARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍAPOPULARDe acuerdo con Díaz (2008), algunos autores comoBastidas y Richer; Toro; Buendía; Defourny; Develterey Fonteneau, el concepto de economía social sólo debecomprender a las organizaciones económicas, mientrasque otros proponen incluir también a las asociacionesvoluntarias no lucrativas. Según un estudio realizadoen el año 2008 por la Unión Europea sobre laEconomía Social en Europa (CIRIEC Internacional),ésta es un conjunto de organizaciones democráticasdonde el poder de decisión es controlado por sus inte-grantes en forma exclusiva o mayoritaria; ejemplo deesto son las cooperativas, sociedades laborales,mutuales, fundaciones, entre otras. Pese a la contro-versia existente en torno a este concepto, en todas lasacepciones se incluye a las asociaciones cooperativas,lo que denota la importancia que tienen como un ins-trumento en función del desarrollo local sustentable.

El Decreto-Ley para el Fomento y Desarrollo de laEconomía Popular fue publicado en la Gaceta OficialN° 5.890 Extraordinario, del 31 de julio de 2008. For-ma parte de los 26 Decretos-Leyes dictados en el mar-co de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Ofi-cial N° 38.617, del 1° de febrero de 2007. El objetivodel Decreto se contempla en el artículo 1º (RBV,2008b), a saber:

«(…) establecer los principios, normas y procedi-mientos que rigen el modelo socioproductivo comuni-tario, para el fomento y desarrollo de la economíapopular, sobre la base de los proyectos impulsadospor las propias comunidades organizadas, en cual-quiera de sus formas y el intercambio de saberes,bienes y servicios para la reinversión social del exce-dente, dirigidos a satisfacer las necesidades socialesde las comunidades».

En el artículo 5º (RBV, 2008b) se define al ModeloSocioproductivo Comunitario, como el «… sistema deproducción, transformación, distribución e intercambio social-mente justo de saberes, bienes y servicios de las distintas formasorganizativas surgidas en el seno de la comunidad.»

Dentro del mencionado modelo, en el artículo 8º seentienden las organizaciones socio-productivas como:

«(…) unidades comunitarias con autonomía e inde-pendencia en su gestión, orientadas a la satisfacción


de necesidades de sus miembros y de la comunidaden general, mediante una economía basada en laproducción, transformación, distribución e intercam-bio de saberes, bienes y servicios, en las cuales eltrabajo tiene significado propio y auténtico…»(RBV, 2008b).

Sin embargo, en Venezuela se puede decir que no seha producido el efecto esperado en términos del desa-rrollo de este modelo socioproductivo, por la indefini-ción de las reglas del juego, la deficiente culturaorganizacional, los escasos niveles de capacitación, losinsuficientes mecanismos de evaluación y control, en-tre otros.

De acuerdo con Alonso (2007), citado porHernández (2009), se ha propiciado un crecimientoimportante de las cooperativas, las cuales en algunoscasos surgen a partir de las decisiones propias de susmiembros y responden a necesidades reales, mientrasque en otros constituyen sólo un mecanismo para ob-tener créditos con pocos requisitos y tasas preferencialesde interés. En consecuencia, entre el 60 y 70% de unas130.000 cooperativas registradas no están activas, portanto funcionan aproximadamente unas 38.0000, de lascuales unas 9.000 son de producción.

3.2.4. RASGOS GENERALES DEL MARCO LEGALRELACIONADO CON EL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA Y LATENENCIA DE LA TIERRA EN VENEZUELAEn esta sección se abordarán algunos aspectos genera-les de las leyes vinculadas con el financiamiento delsector agrícola y la tenencia de las tierras enVenezuela.

El Decreto Nº 6.219 con rango, valor y fuerza deLey de Crédito para el Sector Agrario fue promulgadoel 15 de julio de 2008, publicado en Gaceta OficialExtraordinaria Nº 5.890 (31 de julio de 2008), dero-gando así la Ley de Crédito para el Sector Agrícola de2002, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deReforma parcial de la Ley de Crédito Agrícola de enerode 2008 y demás disposiciones legales y reglamenta-rias relacionadas.

En el artículo 1º se expresa como objeto de esteDecreto la fijación de la normativa que regula elfinanciamiento agrario otorgado por los bancos comer-ciales y universales, para promover y consolidar la so-beranía y seguridad agroalimentaria en Venezuela.

El ámbito de aplicación se señala en el artículo 2º,con un alcance para todo el sector agrario en funciónde los requerimientos de los subsectores agrícola vege-tal, animal, forestal, pesquero y acuícola. Además sedestaca la importancia de garantizar el uso correcto de

la cartera de crédito agraria asignada a la bancacomercial.

El artículo 5º precisa el porcentaje obligatorio de lacartera de crédito agraria que la banca comercial yuniversal debe dest inar anualmente para elfinanciamiento del sector. Así:

«El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministeriodel Poder Popular con competencia en materia deFinanzas conjuntamente con el Ministerio del Po-der Popular con competencia en materia de Agricul-tura y Tierras, fijará mediante Resolución Conjun-ta, previa opinión de la Superintendencia de Ban-cos y Otras Instituciones Financieras, dentro delprimer mes de cada año, los términos, condiciones,plazos y porcentajes mínimos obligatorios de la car-tera de crédito agraria, incluyendo los porcentajespara el sector primario, la agroindustria y los fundosestructurados, que los bancos comerciales y univer-sales, destinarán al sector agrario tomando en con-sideración los ciclos de producción y comercialización,el cual en ningún caso podrá exceder del treinta porciento (30%) de su cartera de créditos bruta.A tales efectos, el Ministerio del Poder Popular concompetencia en materia de Agricultura y Tierrasestablecerá los rubros de cada uno de los sectoresagrícolas que comprenderá la cartera de crédito agra-ria, mediante Resolución que dicte para tal efecto».

En el artículo 7º se estipula que el Banco Central deVenezuela se encargará de fijar la tasa de interésmáxima aplicable por los bancos comerciales yuniversales, a todas las colocaciones crediticiasdestinadas al sector agrario.

Entre las condiciones de financiamiento, el artículo11º precisa que los créditos de largo plazo tendrán comomáximo un periodo de 20 años, de acuerdo con laactividad o proyecto a financiar.

En relación con el seguimiento de los créditos otor-gados, en el artículo 17 se establece que los bancoscomerciales y universales verificarán que los fondossean destinados a los fines previstos.

El artículo 28 se refiere a las sanciones por incum-plimiento de la cartera agrícola mínima obligatoria, es-tipulando una multa entre uno (1) y tres (3) por cientode su capital pagado.

En esta materia, Hernández (2009) sostiene que enla actualidad las fuentes de financiamiento son muydiversas, entre ellas el Fondo de Desarrollo AgrarioSocialista (FONDAS), antes Fondo de DesarrolloAgropecuario, Pesquero, Forestal y Afines(FONDAFA), el Banco Agrícola de Venezuela (BAV),el surgimiento del financiamiento comunal del Minis-terio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras a


través de la Misión Zamora, el Fondo Conjunto China-Venezuela, el Programa Especial Café 2008, el Fondode Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), bancoscomunales, entre otros.

Además, Hernández (2009) plantea que la diversi-dad de las fuentes de financiamiento ha conducido aque la estimación de los recursos destinados al sectoragrícola y el medio rural, se haga más compleja debidoa que en el pasado éstos se concentraban en el Ministe-rio de Agricultura y Cría y en unos pocos programas deotros ministerios. Adicionalmente, con los cambios le-gales que han permitido la utilización de las reservasinternacionales excedentarias y los excedentes en dó-lares de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) parafinanciar proyectos en el país, se cuentan con fuentesde financiamiento distintas al presupuesto y la Tesore-ría Nacional, tales como el Fondo de Desarrollo Na-cional (FONDEN) y los fondos administrados porPDVSA.

Así mismo, el autor señala que luego de la crisis eco-nómica y política durante 2002-2003, el crédito otor-gado por el Estado al sector agrícola aumentó conside-rablemente en términos nominales al multiplicarse casinueve veces y, en términos reales, en cuatro vecesaproximadamente, es decir un 364%. En lo que res-pecta a la dotación de infraestructuras en el medio ru-ral, las limitaciones se centran en la gestión del sectorpúblico más que en los recursos disponibles, y el mejo-ramiento de la calidad de vida de la población rural haestado más vinculado al incremento de los ingresos,como resultado de las transferencias directas del Esta-do (subsidios al consumo y pago de becas a los benefi-ciarios e instructores), por vía de los distintos progra-mas sociales (denominados «misiones), tales como laMisión Alimentación, Vuelvan Caras, Robinson, Ribas,Sucre, entre otras.

Sin embargo, no podría decirse que se han alcanza-do logros significativos en términos de los objetivospropuestos en materia de desarrollo agrícola y ruralsustentable, por cuanto persiste la estructura rentistade la economía venezolana y la excesiva dependenciade los ingresos petroleros; esto se traduce en la no di-versificación de los sectores productivos, con lasimplicaciones que ello supone. En consecuencia, sehace necesario impulsar cambios institucionales queapunten a propiciar el desarrollo económico, político ysocial en el país, con criterios de productividad ycompetitividad, así como también a disminuir las des-igualdades sociales sobre la base del fortalecimientode la educación y la capacitación, así como del empleoproductivo, fortaleciendo además los mecanismos decoordinación entre las instituciones del sector público

y del sector privado.En lo que respecta a la tenencia de la tierra en Ve-

nezuela, en el 2001 se promulgó la Ley de Tierras yDesarrollo Agrario, la cual derogó la Ley de ReformaAgraria de 1960, el Reglamento de la Ley de ReformaAgraria de 1967, el Reglamento sobre regularizaciónde la Tenencia de Tierras de 1979 y la Ley Orgánica deTribunales y Procedimientos Agrarios de 1982. Poste-riormente, el 18 de mayo de 2005 se modificó la Leymencionada, publicándose en Gaceta Oficial Extraor-dinaria Nº 5.771.

De este modo, en el artículo 1 se precisa el objetode la Ley, orientado a establecer las bases del desarro-llo integral y sustentable enfatizando en la eliminacióndel latifundio. En el artículo 2 se manifiesta que que-dan afectadas aquellas tierras públicas y privadas convocación para la producción agroalimentaria.

Así mismo, en el artículo 7, este instrumentoexpresa que:

«(…) se entiende por latifundio toda aquella te-nencia de tierras ociosas o incultas, en extensionesmayores al promedio de ocupación de la región en lacual se encuentran ubicadas, en el marco de un régi-men contrario a la solidaridad social. Se determi-nará la existencia de un latifundio, cuando señala-da su vocación de uso, así como su extensión territo-rial, se evidencie un rendimiento idóneo menor a80%. El rendimiento idóneo se calculará de acuer-do con los parámetros previstos en el Título III dela presente Ley».

Sobre este aspecto, Hernández (2009: 86) sostieneque:

«(…) cerca de dos millones de hectáreas que han pasado amanos del Instituto Nacional de Tierras (INTI) desde lapromulgación de la Ley de Tierras son el 31 por ciento de lastierras calificadas de latifundio por esa institución. Resulta claroque una fracción muy importante de las tierras afectadas res-ponde a la definición de latifundio, pero no hay duda de queotra proporción no se corresponde con el concepto…»

El artículo 27 plantea la creación del registroagrario con el fin de tener un inventario de las tierrascon vocación agropecuaria. En éste se recopila lainformación jurídica, física, de infraestructuras yrecursos naturales. Tal registro representa un logrosignificativo en materia agraria en Venezuela.

En relación con las tierras de vocación agropecuaria,el artículo 41 establece que sus propietarios uocupantes están en la obligación de solicitar ante elINTI, la certificación de finca productiva quecomprende la extensión y calidad de la tierra, los rubrosproducidos y demás indicadores vinculados con laproductividad de la misma.


Así mismo, en el artículo 97 se instituye un impues-to para gravar la infrautilización de tierras rurales pri-vadas y públicas, quedando excluidas los bosques na-turales declarados por el Ejecutivo Nacional como ta-les, los cuales no serán objeto de explotación y uso al-guno, así como las tierras que por sus característicastopográficas y edáficas no sean aptas para la explota-ción agropecuaria y forestal. En este sentido, en losartículos 102, 103 y 104 se precisan los criterios paradeterminar la infrautilización de las tierras y por endeel gravamen de las mismas.

3.2.5. OTRAS LEYES VINCULADAS CON EL SISTEMAALIMENTARIO VENEZOLANO (SAV)A continuación se presenta un cuadro síntesis de otrasleyes que guardan relación con el funcionamiento delSAV. Cabe destacar que las mismas no serán detalladasen la presente investigación, dado que el estudio se hacentrado en aquellas relacionadas directamente con laseguridad alimentaria y el desarrollo rural, lo queevidentemente no implica que las de este último gruposean de menor importancia.

Así mismo, es pertinente destacar que estos instru-mentos legales son de reciente data y, por tanto, unanálisis exhaustivo de los cambios institucionales querepresentan y su impacto sobre el SAV conllevan untrabajo de evaluación, el cual está fuera del alcance delpresente trabajo (Cuadro Nº 1).

4. CONCLUSIONESEl estudio de las instituciones es fundamental para lacomprensión del funcionamiento de la economía y delsistema alimentario; por ende, la eficiencia y coordina-ción adecuada de las mismas se traduce en la materia-lización de las metas de crecimiento y desarrollo en undeterminado espacio territorial. Desde esta perspecti-va cada vez es más evidente que el mercado presentaimperfecciones y que, por tanto, no constituye el únicomecanismo que permite una asignación eficiente de losrecursos económicos. Son los planteamientos que hanvenido formulando en sus trabajos diversos investiga-dores (como North, Smith y Kahneman, Ackerlof,Spence y Stiglitz, Williamson y otros galardonados conel Premio Nóbel de Economía en los últimos años), asícomo a través de la literatura especializada en esta área.

Específicamente, en Venezuela durante el período1999-2009, en materia de instituciones se produjo uncambio en la orientación del modelo socioeconómicocon base en la promoción de la estrategia de desarrolloendógeno y la economía social, aunado a la instrumen-tación de políticas tanto macroeconómicas como sec-

toriales con un mayor intervencionismo del Estado;también se puede verificar que éste ha sido el mayorimpulsor de los cambios institucionales durante los úl-timos años en el ámbito de la seguridad y soberaníaalimentaria así como del desarrollo rural.

A partir de los resultados de la investigación, se evi-dencia que en materia de cambios institucionales enVenezuela y, más específicamente al nivel de su siste-ma alimentario, existe un campo de estudio poco abor-dado. En consecuencia este trabajo representa un avan-ce que debe ser enriquecido posteriormente, plantean-do algunas interrogantes, como por ejemplo: las rela-cionadas con la pertinencia de los cambios al nivel delmarco legal y organizacional en el país; profundizar enlos efectos de tales cambios sobre el sistema alimentariovenezolano; analizar la eficiente coordinación del mar-co legal con el funcionamiento organizacional, entreotras. En efecto, se requiere dar respuesta a los plan-teamientos expuestos, en aras de garantizar en el paísla consolidación de un modelo de desarrollo rural terri-torial, enmarcado dentro de los cr iter ios desustentabilidad y sostenibilidad socioeconómica y am-biental, con la participación concertada de los actoreslocales públicos y privados en un momento históricodeterminado.

No obstante, aún cuando se han promulgadoalgunas leyes de importancia en el lapso 1999-2009 paramejorar el desempeño del sistema alimentario venezo-lano, persisten limitaciones de carácter estructural, comopor ejemplo la escasa diversificación de los sectoresproductivos y la excesiva dependencia de los ingresospetroleros, los bajos niveles de coordinación entre lasorganizaciones del sector público y privado, los altoscostos de transacción, las asimetrías de información,la inseguridad jurídica, entre otras, las cuales dificultanel funcionamiento eficiente de la economía nacional.Es necesario crear círculos virtuosos del crecimiento ydesarrollo desde el punto de vista económico, políticoy social, impulsados por los actores, con reglas del jue-go claras que aminoren la incertidumbre, reduzcan loscostos de transacción y en general ofrezcan una estruc-tura eficiente de incentivos en la sociedad.


Cuadro 1

DECRETO /LEYF ECHA DE

ENTRADA EN V IGO R

G ACET A O FICIAL O BJET O

De cre to con fu e rz a d e le y e sp e cia l de a so cia cio n e s co op e ra tiva s

18 de s ept iem bre de

2001

Nº 37.285 “E s tablecer las norm as generales para la organiz ac ión y func ionam iento de las c ooperat ivas … ” (A rt íc ulo 1).

L e y d e z on a s e spe cia le s d e d e sa rro llo su ste n ta b le

13 de noviem bre de

2001

N° 5.556 “(… ) Regular la c reac ión, func ionam iento y s upres ión de Zonas E s pec iales de Des arrollo S us tentable (ZE DE S ), c on el propós ito de ejecutar planes , dinam iz ar y c oordinar los es fuerz os del E s tado e inc entivar la inic iativa privada para fom entar el des arrollo de la produc t ividad y adec uada ex plotac ión de los rec ursos … ” (A rt íc ulo 1).

L e y o rg á n ica d e co ntrib ucion e s p a ra fisca le s pa ra e l se ctor a gríco la

3 de dic iem bre de 2001

N° 37.337 “(… ) E s tablec er el m arc o norm at ivo de regulac ión para el es tablec im iento de contribuc iones parafis cales para el s ec tor agríc ola c on fines de fac ilitar rec ursos para el financ iam iento, inves tigac ión, as is tenc ia téc nic a, t rans ferenc ia de tec nología y otras ac t ividades que prom uevan la produc tividad y c om pet it ividad del s ec tor agrícola venez olano, bajo el princ ipio de la s us tentabilidad” (A rtíc ulo 1).

De cre to con ra ng o, va lor y fu e rza de le y e sp e cia l e n d e fe nsa po pu la r co ntra e l a ca p a ra m ie nto , la e sp e cula ció n, e l bo icot y cu a lq uie r otra co nd u cta q ue a fe cte e l con su m o d e los a l im e n tos o p ro du cto s so m e tid os a co n trol de pre cios

“(… ) E s tablec er las ac c iones o m ec anis m os de defensa del pueblo c ontra el acaparam iento, la espec ulac ión, el boic ot y c ualquier otra c onduc ta que afec te el c ons um o de alim entos o productos som etidos a c ontrol de prec ios … ” (A rt íc ulo 1).

De cre to con ra ng o, va lor y fu e rza de le y p a ra la p ro m o ció n y de sa rrollo de la pe qu e ñ a y m e d ia n a e m pre sa y u nid a d e s d e p ro du cció n so cia l

8 de julio de 2003

N° 37.727 Regular el s ec tor pesquero y de ac uic ultura a t ravés de dis pos ic iones que perm itan al E s tado fom entar, prom over, des arrollar y regular las ac t ividades de pesc a, la ac uic ultura y ac t ividades c onex as (A rt ículo 1).

L e y d e sa lu d a gríco la inte g ra l “(… ) Regular el proc es o de des arrollo integral de la pequeña y m ediana indus tria (P Y M IS ) y unidades de propiedad s oc ial, a t ravés de la prom oc ión y financ iam iento m ediante el uso de sus rec ursos y de terc eros , la ejec uc ión de program as bas ados en los princ ipios rec tores que as eguren la produc c ión, c ons ervac ión y el aprovec ham iento rac ional, res pons able y s us tentable de los rec ursos naturales , teniendo en c uenta los valores soc iales , c ulturales , de interc am bio y dis tribuc ión s olidaria.” (A rt íc ulo 1º ).

L e y d e l ba nco a gríco la 31 de julio de 2008

N°5.890 E x traordinario

G arantiz ar la s alud agríc ola integral, entendiendo por és ta “… la s alud prim aria de anim ales , vegetales , produc tos y subproduc tos de am bos orígenes, s uelos , aguas , aire, pers onas y la es trec ha relac ión entre c ada uno de ellos , inc orporando princ ipios de la c ienc ia agroec ológic a que prom uevan la s eguridad y s oberanía alim entaria, y la part ic ipac ión popular.” (A rt íc ulos 1 y 2).

F uente: E laborac ión propia, c on base en las G ac etas O fic iales de la Repúblic a B olivariana de V enez uela (RB V , varios años ).

O tra s le ye s vin cu la d a s co n e l siste m a a lim e nta rio e n V e ne zu e la

“(… ) E s tablec er las norm as que regularán los benefic ios y fac ilidades de pago a ser c onc edidos a los deudores de c réditos otorgados con oc as ión del financ iam iento de ac t ividades agríc olas , para la produc c ión de rubros es tratégicos para la s eguridad y soberanía alim entaria.” (A rtíc ulo 1).

L e y d e Be ne ficios y Fa cil ida d e s d e P a go pa ra la s De u d a s Agríco la s y Rub ro s Estra té g ico s p a ra la S e gu rid a d y S o be ra nía A lim e nta ria

31 de julio de 2008

N°5.891 E x traordinario

16 de febrero de 2007

Nº 38.628

31 de julio de 2008

Nº 5.890


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS____________________________________________________

ACEMOGLU, Daron;ROBINSON, James. 2008.The role of institutions in growthand development. Washington:The International Bank forReconstruction andDevelopment.

ABREU, Edgar;GUTIÉRREZ, Alejandro;FONTANA, Humberto;CARTAY, Rafael;MOLINA, Luisa;VAN KESTEREN, Alfredo;GUILLORY, Miguel. 1993. Laagricultura componente básico delsistema alimentario venezolano.Caracas: Fundación Polar.

ALMEIDA FILHO,Niemeyer; SCHOLZ, Vera.2008. Soberanía alimentaria yseguridad alimentaria ¿conceptoscomplementarios? Trabajopresentado en el XLVICongresso da SociedadesBrasileira de Economia,Administração e SociologiaRural (en línea: http://www.sober.org.br; consulta:16/01/2010).

AYALA ESPINO, José. 1999.Instituciones y economía. Unaintroducción alneoinstitucionalismo económico.México: Fondo de CulturaEconómica.

CASTILLO, Ricardo;MORALES, Agustín. 2001.«Economía neoinstitucional,coordinación vertical yformación de precios: estudiode un caso relacionado con lacarne de pollo». En:Agroalimentaria, Vol. 7 (13): 31-40.

DIARIO EL UNIVERSAL(2010). Cronología sobre losalimentos en descomposición dePDVAL. Edición del15/07/2010 (versiónelectrónica, disponible en:http://www.eud.com).

DÍAZ, Benito. 2008.«Reflexiones sobre laeconomía social enVenezuela». En: SIC, Nº 709:411-414.

EATON, Charles;SHEPHERD, Andrew W.2001. Agricultura por contrato.Alianza para el crecimiento.En: Boletín de Servicios Agrícolasde la FAO, Nº 145, Roma.

FERRARO, Agustín. 2009.Reinventando el Estado. Por unaadministración pública democráticay profesional en Iberoamérica.Madrid: Ministerio deAdministraciones Públicas,INAP.

GUTIÉRREZ, Alejandro.2010. «Neoinstitucionalismoeconómico y desempeño delsistema alimentario». En:Gutiérrez, A., Economía ypolíticas agroalimentarias,Capítulo 6, Caracas, BancoCentral de Venezuela (enprensa).

HERNÁNDEZ, Juan Luis.(2009). «Evolución yresultados del sectoragroalimentario en la VRepública». En: Cuadernos delCENDES, año 26, (72):67-100.

KEY, Nigel;RUNSTEN, David. 1999.«Contract farming,smallholders, and ruraldevelopment in LatinAmerica: the organization ofagroprocessing firms and thescale of out growerproduction». En: WorldDevelopment, Vol. 27 (2):381-401.

MINISTERIO DEL PODERPOPULAR PARA LACOMUNICACIÓN Y LAINFORMACIÓN, MINCI.2007. Líneas Generales del Plande Desarrollo Económico y Socialde la Nación 2007-2013. En:http://www.gees.org;consulta 15/01/2010.

MINISTERIO DEPLANIFICACIÓN Y ELDESARROLLO, MPD. 2001.Lineamientos generales del plan dedesarrollo económico y social de lanación 2001 – 2007. En:http://www.mpd.gov.ve;consulta 20/11/2009.

MOLTENI, Gabriel. 2006.«Principales aportes de laNueva EconomíaInstitucional (NEI) y suscríticos». En: Revista Valores enla Sociedad Industrial, 67(diciembre): 8-19.

NORTH, Douglass. 1990.Institutions, institutional changeand economic performance. UnitedStates of America: CambridgeUniversity Press.

ORGANIZACIÓN DE LASNACIONES UNIDAS PARALA AGRICULTURA Y LAALIMENTACIÓN. 2006.Seguridad Alimentaria,Informe de Políticas, Nº 2.Roma: FAO.

ORGANIZACIÓN DE LASNACIONES UNIDAS PARALA AGRICULTURA Y LAALIMENTACIÓN. 2004.Políticas de Desarrollo Agrícola.Conceptos y principios.Capacitación en políticas agrícolasy alimentarias, Nº 2. Roma:FAO.

ORGANIZACIÓN DE LASNACIONES UNIDAS PARALA AGRICULTURA Y LAALIMENTACIÓN, FAO.1995. Macroeconomía y políticasagrícolas. Una guía metodológica.Materiales de Capacitación para laPlanificación Agrícola. Nº 39.Roma: FAO.

PARKER, Dick. 2008.«Chávez y la búsqueda de unaseguridad y soberaníaalimentaria». En: RevistaVenezolana de Economía yCiencias Sociales, Vol. 14 (3):51-54.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2008a.Decreto con rango, valor y fuerzade ley de beneficios y facilidades depago para las deudas agrícolas derubros estratégicos para laseguridad y soberanía alimentaria.Decreto Nº 6.240, GacetaOficial N° 5.891, extraordinario,del 31/08/2008.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2008b.Decreto con rango, valor y fuerzade la Ley para el fomento ydesarrollo de la economía popular.Decreto Nº 6.130, GacetaOficial N° 5.890, extraordinario,del 03/06/2008.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2008c.Decreto con rango, valor y fuerzade Ley orgánica de seguridad ysoberanía agroalimentaria. GacetaOficial N°5.889, extraordinario,del 31/07/2008.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2008d.Ley del banco agrícola. DecretoNº 6.243, Gaceta Oficial N°5.891, extraordinario, del31/07/2008.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2008e.Ley de crédito para el sectoragrario. Gaceta Oficial N°5.890, extraordinario, del03/06/2008.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2008f.Ley de salud agrícola integral.Gaceta Oficial N° 5.890, del16/02/2007. Extraordinario.Poder Legislativo de laRepública Bolivariana deVenezuela.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2008g.Decreto con rango, valor y fuerzade Ley orgánica de seguridad ysoberanía agroalimentaria. GacetaOficial N° 5.889, del31/07/2008.


REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2007.Decreto con rango, valor y fuerzade ley especial en defensa popularcontra el acaparamiento, laespeculación, el boicot y cualquierotra conducta que afecte elconsumo de los alimentos oproductos sometidos a control deprecios. Gaceta Oficial Nº38.628, del 16/02/2007.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2005.Ley de Tierras y DesarrolloAgrario. Gaceta Oficial Nº5.771, del 18/05/2005.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2003.Ley de Pesca y Acuicultura.Gaceta Oficial N° 37.727, del08/07/2003.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2002.Ley de mercadeo agrícola. GacetaOficial N° 37.389, del21/02/2002.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA. 2001a. LeyEspecial de AsociacionesCooperativas. Gaceta Oficial N°37.285, del 18/09/2001.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA. 2001b. LeyOrgánica de contribucionesparafiscales para el sector agrícola.Gaceta Oficial N° 37.337, del03/12/2001.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 2001c.Ley de zonas especiales dedesarrollo sustentable. GacetaOficial N° 5.556, Decreto N°1.469, del 13/11/2001.

REPÚBLICABOLIVARIANA DEVENEZUELA, RBV. 1999.Constitución Nacional de laRepública Bolivariana de Venezuela.Gaceta Oficial Nº 5.152,extraordinaria. Caracas:Imprenta Nacional.

SHEJTMAN, Alexander.1998. Agroindustria y pequeñaagricultura: experiencias y opcionesde transformación. En: CEPAL/GTZ/FAO (Eds.),Agroindustria y pequeñaagricultura: vínculos,potencialidades y oportunidadescomerciales, Santiago de Chile:Naciones Unidas.

ALGUNOS CAMBIOS INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA … · Quintero R., María Liliana; García L., Ligia...

Documents

Transcript of ALGUNOS CAMBIOS INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA … · Quintero R., María Liliana; García L., Ligia...