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de las personas como garanta de la libertad, indivi-dual y colectiva? Porque libertad no hay ms que una, la libertad no tiene apellidos ni los admite.

Para empezar convendremos que es la sociedad la que se articula voluntariamente como Estado. Es la sociedad la que crea las instituciones que estn a su servicio, la que crea el Derecho, que se presenta as como una autoordenacin democrtica y, por ello, legtima. Las Administraciones pblicas son por definicin instituciones instrumentales al servicio del inters general. As lo dice inequvocamente el artculo 103.1 de nuestra Constitucin (en adelante CE): La Administracin Pblica sirve con objetividad los intereses generales y acta de acuerdo con los prin-cipios de eficacia, jerarqua, descentralizacin, descon-centracin y coordinacin con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Ni siquiera cuando hablamos de la Administracin econmica, o de la administracin de lo econmi-co, de la regulacin o de los entes reguladores si se prefiere utilizar el anglicismo al uso, vara ni un milmetro la centralidad de lo dispuesto en el artculo 103 CE dentro de nuestro sistema institu-cional. Ni siquiera desde la perspectiva de la efi-ciencia de las empresas la eventual, hipottica e inquietante desaparicin de las Administraciones pblicas conllevara una automtica mejora de la competitividad. Se estn mezclando los conceptos de forma arriesgada, cuando no interesada, hay que decirlo. No hay nada ms ineficiente que un desor-den, o sea el no Derecho. Mientras que la existencia del Derecho, sin prejuzgar qu orden ha de perse-guirse, puesto que esa es por antonomasia la deci-sin soberana de las Cortes Generales, es la nica garanta posible para el ejercicio de la libertad de

INTRODUCCIN

Para conocer cabalmente la causa de nuestros males y trocarlos en bienes las circunstancias reclaman repensarlo todo, exigen un esfuerzo por encontrar el punto de ruptura sin despreciar los antecedentes. El conocimiento profundo de los hechos ya aconte-cidos, as como de las ideas que los alentaron y que los explican, nos permitir orientarnos en la nove-dad y superarla con acierto.

Esta introduccin es necesaria porque la poca ado-ra lo instantneo, prescinde de prolegmenos y entroniza con facilidad las simples ocurrencias, ideas de usar y tirar diramos, en particular si se difunden a travs de los medios de comunicacin de masas incesantemente. Algo de eso est pasando aparentemente con la idea de que la Economa es autosuficiente para resolver por s sola los proble-mas sociales a travs de los mercados sin necesidad del Derecho, entre otras compaas. Esta idea va seguida de otra, que las Administraciones pblicas deben desvanecerse hasta su extincin porque la sociedad se basta a s misma sin tales estorbos. Dicho en otros trminos, la Administracin pblica y sus servidores, los funcionarios, no son ms que un obstculo para la Economa y, por lo tanto, para las empresas que la protagonizan y, por lo tanto, para el progreso social in genere. Pero tal identifica-cin entraa graves peligros. Dnde queda el hombre y el ciudadano, dnde la base de nuestro sistema jurdico fundado en los derechos y deberes

LA LUCHA POR UNA ADMINISTRACIN EFICIENTEADOLFO MENNDEZ MENNDEZAbogado*

La lucha por una Administracin efi cienteUna Administracin pblica eficiente, no su desaparicin, se ha con-vertido en el objetivo imprescindible para la gestin de los servicios pblicos en una economa de mercado. Dicho objetivo exige reequili-brar la posicin institucional de la Administracin y las empresas, permitiendo un desarrollo de la actividad econmica libre de cargas u obstculos innecesarios. La potestad de interpretacin unilateral de los contratos pblicos, el exceso de ius variandi en los pliegos de con-tratacin o la inembargabilidad de los caudales pblicos son ejemplos cotidianos del la necesidad de dicho reequilibrio.

The quest for an effi cient civil serviceAchieving a truly efficient civil service, rather than removing it, has become the most challenging objective for the management of public services in a market economy. The special powers and prerogatives of the civil service could be used to promote the development of businessactivity without obstacles. Some examples of the need to eliminate hurdles include finding a level playing field between the powers of public authorities in public procurement, and balancing the preroga-tive of non-seizure of public goods with the freedom to conduct busi-ness.

* Del rea de Derecho Pblico y Procesal de Ura Menndez (Madrid).

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validez, resulta obligado reconducir actualmente el contenido del Estado social de Derecho....

La Administracin reduce a lo esencial (el orden pblico, la defensa exterior, los servicios sociales bsicos) su actividad prestacional de bienes y servicios, para ser sustituida por la sociedad, cuan-do es capaz de hacer lo mismo de manera ms efi-ciente, y pasa a ser una Administracin esencial-mente reguladora, es decir ocupada en garantizar que la actividad econmica funciona respetando las reglas de una competencia justa y efectiva y corri-giendo las disfunciones que puedan producirse.

No es necesario alargarse ahora, pero conviene decir en todo caso que la eficiencia es algo distinto de la eficacia, a la que se refiere el artculo 103 CE. Si nos atenemos al Diccionario de la Lengua Espa-ola la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, mientras que la eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Es decir que la eficiencia es un concepto ms econmico, por cuanto implica la idea de gestionar recursos escasos de forma eficaz. Ser eficiente es asignar mejor los recursos disponibles, por definicin escasos o limi-tados. La eficiencia implica pues una eleccin, esta-blecer una prioridad. No hay una frmula autom-tica para saber qu es lo ms eficiente. La eficiencia de un gasto depende de los objetivos que se persi-gan; y la fijacin de esos objetivos exige la concu-rrencia de argumentos, deliberacin y conviccin, se trata de una decisin de oportunidad o poltica. Es evidente que toda decisin, poltica o no, impli-ca tambin una eleccin econmica, pero no solo econmica, el problema est por tanto en dogmati-zar lo econmico.

Tzvetan Todorov ha escrito 3: el ultraliberalismo comparte tambin con el marxismo la conviccin de que la existencia social de los hombres depende fundamen-talmente de la economa.Pero puede derivar el bien slo de la satisfaccin de deseos materiales y de poder? Es como si los adversarios del totalitarismo pasaran sin darse cuenta de la idea de que la competencia es bene-ficiosa para la economa al principio de que lo que es bueno para la economa basta para hacer felices a las personas. Para Todorov ello entraa el riesgo de sustituir un dogma por otro, perseverando en un pensamiento monista que reduce la complejidad

3 T. Todorov: La experiencia totalitaria, Barcelona, 2010, pgs. 41-42.

comercio y la creacin de riqueza, que agradecen, si no exigen, la convivencia civilizada.

La idea, elemental si se quiere, de que el modelo econmico exige una regulacin abierta dentro de un minimum constitucional preciso es aceptadade forma pacficamente mayoritaria por la doctrina y la jurisprudencia, con independencia de que unos u otros pongan el acento aqu o all. Por otra parte, la reflexin sobre los rasgos de nuestro modelo de Estado social de Derecho no es una asunto nuevo, ni mucho menos, aunque pueda parecerlo si nos atenemos a las confusas consignas mediticas que venimos criticando 1.

Como ejemplo merece la pena recordar las pala-bras del precursor del Derecho administrativo eco-nmico en Espaa, el profesor Sebastin Martn- Retortillo, quien ya en 1988, fecha de edicin de su clsica obra sobre la materia, escriba 2: Esta-mos ante una realidad incuestionable, el cambio radi-cal que est operndose en nuestros das en el plantea-miento, en el alcance y en los procedimientos de actuar de la Administracin, y muy singularmente de la Administracin econmica. No se trata de un simple retoque de situaciones anteriores. Es ms bien una nue-va orientacin atendiendo a criterios y principios dife-rentes. El Estado, los restantes Poderes pblicos se repliegan tambin de forma progresiva, deben reple-garse, de la ordenacin puntual y concreta de la vida econmica y social. Y ello de forma decidida y sin ambages. El proceso ha comenzado a esbozarse en los ltimos aos. No cabe, sin embargo, pronosticar su duracin. Su alcance, por otra parte, es necesario matizarlo debidamente, con el fin de no obtener con-clusiones apresuradas que pudieran resultar equvocas. En el bien entendido que se dice que el Estado se replie-ga, no que se retira, ni que desaparece, ni que queda al margen de la ordenacin de la realidad social y econ-mica. En cierto modo pasa a un segundo plano, pierde el ambicioso protagonismo de una presencia perma-nente y cotidiana, para concretar selectivamente el ejercicio de sus funciones en los temas y en los momen-tos ms determinantes y fundamentales. Realidad inequvoca, fcilmente constatable en muchos sistemas de derecho comparado, y a la que, manteniendo su

1 Sobre los perfiles de la Administracin econmica en el Esta-do social de Derecho y su ordenacin jurdica y constitucional vase S. Martn-Retortillo Baquer: Derecho Administrativo Eco-nmico, Tomo I, Madrid, 1988, primera edicin. Ms reciente-mente puede verse R. Rivero Ortega: Derecho Administrativo Econmico, Madrid, 2009, quinta edicin.2 S. Martn-Retortillo, ob. cit., pg. 42.

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luz de los nuevos principios y necesidades sociales presenta el riego de una deslegitimacin de lo ins-titucional, del papel de la Administracin pblica. Deslegitimacin que, a su vez, pone en entredicho la posicin jurdica preeminente que a la Adminis-tracin le corresponde en nuestro sistema constitu-cional, precisamente por representar la defensa del inters general frente a los intereses particulares. Preeminencia jurdica que de no existir, y se cierra el crculo, hara ineficaz la accin administrativa. Es claro, por ejemplo, que sin la potestad de expropia-cin sera muy difcil, por no decir imposible, que ninguna obra pblica pudiera llevarse a cabo.

Por lo tanto, cuando hablamos de la lucha por una Administracin eficiente asumimos que la Adminis-tracin pblica existe y seguir existiendo. Lo que est en cuestin, lo que deber ser repensado, no es la existencia misma de la Administracin pblica en sus mltiples manifestaciones, sino el papel que aquella debe jugar hoy en el contexto de una eco-noma globalizada. Desde el Derecho lo que es importante repensar, ese es el objetivo al que quiere contribuir modestamente nuestra reflexin, es el estatuto jurdico de dicha Administracin pblica; cuyas consecuencias en el campo de la econmico, en particular en sus relaciones con las empresas que lo protagonizan, son trascendentales desde el punto de vista de la seguridad jurdica y de la efi-ciencia econmica general de nuestras sociedades, en este caso de Espaa.

Problema complejo, pues, con mltiples protago-nistas, en la frontera de la dogmtica clsica entre Derecho privado y Derecho pblico, y al que habra que aadir, aunque no pretendemos agotar ahora su estudio, la cuestin nada menor de la internacio-nalizacin de la Economa, a la que el Derecho encuentra algunas dificultades para dar una res-puesta adecuada, por cuanto el Estado-nacin sigue siendo su mbito natural de desarrollo tal y como hasta hoy lo conocemos 5.

En este sentido, la gran pregunta, cuya respuesta no pretendemos agotar ahora, insistimos, es: hasta qu punto las nuevas formulaciones que van dando respuesta jurdica a una Economa global pueden

5 El componente global es objeto de una natural y creciente atencin doctrinal. Vase, por ejemplo, F. Velasco Caballero; J. P. Schneider (coords.) et al.: La unin administrativa europea, Madrid, 2008; o, ms recientemente J. Ponce Sol (coord.) et al.: Derecho Administrativo Global. Organizacin, procedimiento, control judicial, Madrid, 2010.

del mundo a una sola dimensin y considera que lo mueve una nica fuerza. La advertencia parece lcida y pertinente.

Tomar la parte por el todo, una forma clsica de dogmatizacin, impide tener la visin de conjunto que solo proporciona la suma de las diferentes perspectivas que concurren en un asunto. Como ha escrito Hans Kng, en un contexto completamente diferente: ninguna ciencia puede comprender la realidad en su conjunto. Toda ciencia tiene su propia perspectiva y sus propias competencias, que no deben ser absolutizadas. Tambin para las cosas ms senci-llas, como una mesa o una bicicleta, existen varias explicaciones: la fsico-qumica, la funcional, la histri-co cultural, la sociolgicaY algo que es importante: una explicacin dada, lejos de excluir a las dems, pue-de completarlas y enriquecerlas.

Estas diferentes perspectivas de las ciencias no slo obe-decen a los lmites del conocimiento humano, que nin-guna ciencia en particular est en condiciones de tras-cender. Son inherentes a la realidad misma: la realidad tanto del mundo como del ser humano, manifiesta diversos aspectos, estratos, dimensiones. Y quien abso-lutiza una nica dimensin enceguece para las dems 4.

LA LUCHA POR UNA ADMINISTRACIN PBLICA EFICIENTE

Excluida radicalmente la dogmatizacin de lo eco-nmico y su deriva totalitaria, o sencillamente su inconstitucionalidad. De qu estamos hablando cuando nos referimos a una Administracin eficien-te, a la lucha por una Administracin pblica efi-ciente?

Nos estamos refiriendo a que lo econmico ocupa un papel importante en nuestras sociedades y la Administracin pblica en su quehacer debe tender a la eficiencia. Son muchas las razones que fundan este aserto; pero interesa destacar ahora una idea: la Administracin que hemos dado en llamar regula-dora interacta con los protagonistas de la activi-dad econmica, en este caso las empresas, y si no lo hace eficientemente perturba el funcionamiento econmico y lo contamina con sus propias inefi-ciencias (dficit descontrolado, riesgo regulatorio, duplicidad de funciones, etc.). Esta situacin, a la

4 H. Kng: Lo que yo creo, Madrid, 2011, pg. 117.

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etapa de la lucha por el Derecho en La lucha con-tra las inmunidades del poder 9. Conferencia pro-nunciada en la Universidad de Barcelona en 1962, ntese el ao, en plena dictadura, en la que se defienden sin ambages lo que ms tarde sern algu-nos de los logros ms significativos de nuestra vigente Constitucin: plena judializacin del orden contencioso-administrativo, pleno sometimiento del poder administrativo a la ley y al juez, desapa-ricin de los actos polticos exentos al control judi-cial, control de las potestades discrecionales, etc 10.

Basta leer el antes citado artculo 103.1 CE, o el 9.3 CE: 3. La Constitucin garantiza el principio de lega-lidad, la jerarqua normativa, la publicidad de las nor-mas, la irretroactividad de las disposiciones sanciona-doras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurdica, la responsabilidad y la interdiccin de la arbitrariedad de los poderes pbli-cos o el 106.1 CE : 1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuacin administrativa, as como el sometimiento de sta a los fines que la justifican.

El tercer momento es el actual, la lucha por una Administracin pblica eficiente. Combate que no deja de ser una batalla ms en la permanente lucha por el Derecho. No puede haber dudas de que no se trata de que la Economa sustituya al Derecho, queda dicho arriba. No se trata de que el poder econmico sustituya al poder poltico como mbi-to de exencin o inmunidad. Se trata de que el poder, cualquier poder, se someta al Derecho, ni-ca garanta para la convivencia y la prevencin de los abusos.

Ya dijimos que a nuestro juicio se trata de transfor-mar en la prctica el estatuto jurdico de la Admi-nistracin pblica para obligarla a ser ms eficiente. Las cuestiones que merecen atencin urgente no son sin embargo nuevas. La doctrina viene estu-dindolas y la jurisprudencia impulsando cambios progresivos de criterio desde hace muchos aos. La novedad es quizs que la actual situacin crtica de la economa acenta la necesidad de reformas en la lnea que nos limitaremos a apuntar.

9 E. Garca de Enterra: La Lucha contra las inmunidades del poder, Madrid, 1979.10 Algunas soluciones, como el avance hacia una plena judicia-lizacin del orden contencioso-administrativo comenzaron antes del texto constitucional, que los corona; otros hubieron de espe-rar ms, como la desaparicin de los llamados actos polticos, que se concret en la Ley Reguladora de la Jurisdiccin Conten-cioso-Administrativa de 1998.

llamarse o son Derecho administrativo o no dejan de ser mecanismos internacionales de cooperacin ms cercanos al campo del tradicional Derecho internacional pblico? Sea como fuere, el ejemplo del Derecho comunitario europeo es seguramente el ms acabado avance en la direccin correcta, no cabe la menor duda de que la construccin de ese Derecho global es uno de los grandes retos intelec-tuales y prcticos que los juristas contemporneos tenemos ante nosotros.

Para sintetizar la evolucin producida en relacin con las cuestiones enunciadas me parece que podramos fijar convencionalmente tres momentos que resumen didcticamente el camino recorrido hasta el punto en el que nos encontramos en rela-cin con nuestro Estado de Derecho y nuestro Derecho administrativo.

El primero es el advenimiento de un Derecho din-mico y socialmente vivo frente a las concepciones estticas del mismo que precedieron a la Revolu-cin francesa. Jules Michelet escribi: Defino la Revolucin francesa, diciendo que es el advenimiento de la Ley, la resurreccin del Derecho, la reaccin de la Justicia 6.

Rudolph von Ihering, en su conocido opsculo La lucha por el Derecho, explica el sentir de ese primer momento por conseguir que el Derecho se hiciera realidad y diera vida a la dinmica propia de su permanente actualizacin mediante la resolucin jurdica de los conflictos. Y explica el sentido de la lucha por un Derecho vivido y defendido por todos, con la conviccin de que de ello dependen la libertad y la justicia. El derecho se ha hecho dema-siado escolstico y demasiado curialesco para que se pueda soar con una vida jurdica popular de real y eficaz efectividad escribe, criticando el estado de cosas que le antecedieron 7.

El segundo momento se refiere a la batalla por hacer del poder administrativo un poder plena-mente jurdico, es decir sometido al Derecho 8. En este caso es otro gran jurista, Eduardo Garca de Enterra, quien compendia la esencia de esa nueva

6 J. Michelet: Historia de la Revolucin Francesa, Vitoria, 2008, pg. 71.7 R. von Ihering: La lucha por el Derecho, Madrid, 1985, pg. 41.8 Sobre la gnesis de nuestro Derecho administrativo y el naci-miento de nuestra administracin moderna, por ejemplo, J. A. Santamara Pastor: Sobre la gnesis del Derecho administrativo espaol en el siglo XIX (1812-1845), Madrid, 2006.

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Salta inmediatamente a la vista que el estatuto de prevalencia de la decisin administrativa, amparada en la presuncin de su legalidad, que sigue estando justificado y siendo socialmente til, no lo dude-mos, encuentra en las relaciones econmicas algu-nas dificultades prcticas que lo ponen en cuestin y estn exigiendo, creemos, su reordenacin.

Estas dificultades se derivan esencialmente del fac-tor tiempo. El tiempo en las decisiones econmicas puede ser determinante al menos en dos aspectos. En cuanto a la oportunidad de la toma de las deci-siones y en cuanto a la financiacin de tales decisio-nes, porque en economa el tiempo es dinero. En ambos casos una Administracin eficiente debe cam-biar sus hbitos y ese cambio de hbitos debe acompaarse con un cambio en su estatuto jur-dico.

En cuanto a la necesaria celeridad de las decisiones de la Administracin su enunciacin es un clsico en nuestras leyes de procedimiento. Celeridad que no se refiere solo a la rapidez en la toma de decisio-nes, cuanto a evitar duplicidad de trmites (por ejemplo, artculo 75 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedi-miento Administrativo Comn (en adelante LPAC), solicitud de documentos de los que ya se dispone, abuso del silencio administrativo como forma de resolver los expedientes, etc. Lo contrario de la celeridad es la lentitud y la consecuencia prctica de esa lentitud es la postergacin, a veces sine die, o el encarecimiento de las actividades que la iniciati-va empresarial quiera acometer, la prdida de com-petitividad diran los economistas. Como se ve, ya lo advertimos, nada nuevo, ni siquiera algo que requiera necesariamente un cambio legislativo. Todo est ya dicho en nuestras leyes de procedi-miento, o casi, el nfasis ha de ponerse en que se cumpla. Hay en este punto una contrapartida que no puede ocultarse, las Administraciones pblicas deben de ser giles pero para ello necesitan medios. Una funcin pblica tcnicamente capaz, indepen-diente, proba y adecuadamente retribuida es imprescindible.

En el segundo aspecto el da a da de la prctica profesional est lleno de problemas importantes para las empresas, por ejemplo en el mbito de la contratacin pblica. La sola facultad de interpreta-cin unilateral de los contratos, acompaada de un exceso de ius variandi en los pliegos de contratacin administrativa, y unida a la necesidad de acudir a la jurisdiccin contencioso-administrativa para com-batir la decisin de la Administracin contratante,

HITOS DE INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Asumido lo anterior, pasemos de las musas al tea-tro. Qu hay que repensar o reformar en el estatu-to jurdico de la Administracin pblica para que sea ms eficiente? Utilizando una expresin clsica entre nosotros no queremos poner el nfasis en las cuestiones relativas la Ciencia de la Administracin. No son cuestiones menores, pero no son las que ahora interesan. No es menor la cuestin de que las Administraciones se multipliquen sin control, ensa-yando cada da una forma nueva de personificacin que tiende a diluir, o emborronar, el estatuto jurdi-co comn, casi siempre con la excusa de ganar efi-cacia. No es menor la cuestin de que las Adminis-traciones pblicas no tengan bien definidas sus competencias y las dupliquen, pisndose la man-guera diramos coloquialmente, creando una inex-tricable malla de relaciones jurdicas, actuaciones, presupuestos que no deja ver con claridad el inters general que se defiende. No es una cuestin menor que las Administraciones pblicas deterio-ren la independencia de los funcionarios en su actuacin profesional. No es nada menor que las Administraciones pblicas deterioren las formas procedimentales que garantizan la objetividad de su actuacin y su control judicial en aras, una vez ms, de ser ms eficaces. Todas estas cuestiones, y muchas otras, no son menores, ni son solo de hoy aunque requieran renovada atencin.

El punto concreto en el que queremos centrar nuestra llamada de atencin, ms cotidiano si se quiere, es el de la desigualdad posicional entre las Administraciones pblicas y los operadores econ-micos, particularmente las empresas, que debe ser reequilibrada para recuperar su plena legitimidad y no generar ineficiencias.

La Administracin pblica est sujeta plenamente a la ley y al Derecho, dice la Constitucin. Su posi-cin jurdica viene determinada as por el llamado principio de legalidad, que implica que la Adminis-tracin pblica solo puede hacer lo que la ley le permite hacer y como la ley se lo permite (compe-tencia y procedimiento). Es pues un poder jurdico. Cuando la Administracin respeta esos lmites, poder jurdico irresistible, goza de los beneficios del principio de autotutela. Es decir, si acta dentro de sus competencias y siguiendo el procedimiento legalmente establecido, la Administracin como defensora del inters general puede declarar lo que es Derecho y su declaracin es directamente ejecu-tiva, sin perjuicio de su posterior y eventual revi-sin judicial.

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ms importante es el hecho de que en esta materia, que est cobrando angustiosa urgencia, es necesario meditacin antes de la accin. Evitar las ocurren-cias, que venimos criticando, porque lo que est en juego es algo ms que la salida de una crisis econ-mica o social, por grave que esta pueda ser. Lo que est en juego es la necesaria compatibilidad entre el Estado social de Derecho y la eficiencia econmica.

Lo que no podemos es mostrar conformidad con el argumento de que mejorar la economa justifique acabar con el Estado social de Derecho. Al menos es una idea que no se puede aceptar sin severos matices. Frente a una economa global nos encon-tramos con un Derecho estatal, que trata de inter-nacionalizarse de forma creciente. Podr criticarse, pero conviene recordar que por debajo del Derecho solo estn la tribu y la barbarie. Debemos seguir luchando por el Derecho, contienda en la que nos anima el alto y generoso ejemplo de precursores como Juan Luis Iglesias Prada.

representa un coste de oportunidad que disuade o encarece determinadas decisiones y puede poner en peligro la efectividad de la tutela judicial.

Qu decir cuando contando con una resolucin judicial favorable contra la Administracin, singu-larmente en el caso de obligaciones de dar, nos tro-pezamos con el privilegio de la inembargabilidad de los caudales pblicos? No sera posible, como la doctrina viene demandando hace mucho tiempo, reducir el mbito del privilegio con los correspon-dientes efectos positivos: el acreedor cobrara en tiempo real y el deudor, en este caso la Administra-cin, vera reducida su capacidad para seguir endeudndose sin control?

Son solo algunos ejemplos. Es necesaria una nueva llamada de atencin sobre estos asuntos. Ntese que no proponemos soluciones concretas, ni ejemplos concretos. Hay dos motivos para ello. Por una parte la limitacin del espacio del que disponemos. Pero

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