Adiós Reclamación previa. Hola Reclamación .1 Adiós Reclamación previa. Hola Reclamación...

download Adiós Reclamación previa. Hola Reclamación .1 Adiós Reclamación previa. Hola Reclamación previa.

of 21

  • date post

    04-Oct-2018
  • Category

    Documents

  • view

    228
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Adiós Reclamación previa. Hola Reclamación .1 Adiós Reclamación previa. Hola Reclamación...

  • 1

    Adis Reclamacin previa. Hola Reclamacin previa.

    Una visin crtica a su supresin

    Goodbye prior administrative complaint; Hello prior administrative complaint

    A critical review to its supression

    Guillermo Enrquez Malav.-Abogado del Estado

    David Francisco Blanco.-Abogado del Estado

    SUMARIO: En el artculo se analiza la figura de la reclamacin previa y su

    derogacin por la reforma realizada por la Ley 39/2015, as como su rgimen transitorio.

    Tambin se considera la paradoja de que mientras en el campo del Derecho Administrativo

    la reclamacin previa ha sido suprimida, en base al inters de los administrados, en el

    mbito del Derecho Privado ocurre el fenmeno contrario, con instituciones que cumplen

    una funcin muy similar.

    CONTENTS: The article analyzes the figure of the prior administrative complaint

    and the reform operated by Law 39/2015, as well as its transitory regime. It also studies the

    paradox that, while in the field of Administrative Law the prior complaint has been

    supressed -for the sake of an alleged interest of individuals-, in the ambit of Private Law the

    opposite phenomenon is appearing.

    PALABRAS CLAVE: Reclamacin previa.

    KEYWORDS: Prior administrative complaint

    I. Introduccin-Planteamiento.

    Una de las principales novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de

    octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas

    (en adelante, Ley 39/2015 o LPAC), ha sido la supresin de la exigencia de

    presentar reclamacin administrativa con carcter previo a la interposicin de una

  • 2

    demanda dirigida contra la Administracin en va civil o social. La razn esgrimida

    por el legislador es la escasa utilidad prctica que hasta entonces tena esta

    figura.

    La mayor parte de la doctrina ha considerado acertada esta modificacin por

    entender que la reclamacin previa obligatoria solo serva para retrasar

    desestimaciones o para generar motivos de inadmisibilidad en va civil o laboral,

    perjudicando al ciudadano al obligarle a sufrir incmodas dilaciones temporales

    para poder demandar a una Administracin

    No obstante, en el presente artculo pretendemos cuestionar el acierto y

    alabo unnime de una solucin tan tajante, as como el hecho de que los mismos

    argumentos utilizados para su supresin en este caso, se utilicen en otros mbitos

    para acoger esta figura como una solucin til y eficaz para la resolucin de

    controversias.

    II. La reclamacin administrativa previa.

    Aunque no sea el objeto del presente artculo, conviene recordar unas breves

    pinceladas de esta institucin clsica de nuestro derecho administrativo. Como es

    sabido, la reclamacin previa se hallaba regulada en el Ttulo VIII de la derogada

    Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones

    Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, que trataba de las

    reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

    Concretamente, dispona su artculo 120 que:

    1. La reclamacin en va administrativa es requisito previo al

    ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral contra

    cualquier Administracin Pblica, salvo los supuestos en que dicho

    requisito est exceptuado por una disposicin con rango de Ley.

    2. Dicha reclamacin se tramitar y resolver por las normas

    contenidas en este Ttulo y, por aquellas que, en cada caso, sean de

    aplicacin, y en su defecto, por las generales de esta Ley.

  • 3

    Con precedente en el artculo 6 del Estatuto de la Direccin General de lo

    Contencioso de 21 de enero de 1925, esta figura aparece por primera vez en la Real

    Orden de 9 de junio de 1847, como un medio de transigir alternativo al juicio de

    conciliacin, que era inaccesible para las Administraciones Pblicas.

    Posteriormente, el Decreto de 9 de julio de 1869 (convalidado por Ley de 10 de

    enero de 1877) aadi una segunda justificacin, la necesidad de asegurar una ms

    eficaz defensa de la Hacienda.

    A pesar de su origen y evolucin, ntimamente ligada a la conciliacin, a la

    asimilacin de ambas figuras se ha objetado que (i) la reclamacin previa es un

    procedimiento administrativo, aunque de carcter especial, y por tanto es la

    Administracin, parte en el mismo, la llamada a resolver sobre ella, a diferencia de

    la conciliacin, que es un autntico proceso judicial; (ii) que la conciliacin tiene

    naturaleza transaccional, lo que no ocurre en la reclamacin previa, que ha de

    resolverse en Derecho (as, la transaccin mantiene su propio procedimiento, con

    informe del Consejo de Estado y Acuerdo del Consejo de Ministros); y (iii) su

    carcter unilateral, puesto que solo tiene cabida cuando la Administracin es

    demandada.

    No obstante estas diferencias, su semejanza sigue siendo evidente, as como

    su finalidad, por lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido a

    igualarlas en sus efectos.

    Quizs fueron estas las razones por las que el Legislador no elimin la

    reclamacin previa como requisito procesal en el ao 1984 (Ley 34/1984, de 6 de

    agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil) cuando, sin embargo,

    hizo meramente facultativo el acto de conciliacin, y se reafirm su exigencia en la

    derogada Ley 30/1992 o en la propia la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 (en

    adelante, LEC) que contempla la necesidad de haber efectuado la reclamacin

    para la admisin de la demanda.

    No obstante, la reclamacin administrativa previa no era solamente una

    alternativa a la conciliacin, sino que supona una autntica manifestacin de un

  • 4

    status jurdico privilegiado en el seno del proceso, una verdadera manifestacin del

    principio de autotutela de la Administracin, al constituir el reconocimiento de un

    poder de decisin administrativa previo a toda intervencin judicial, de suerte que

    la reclamacin previa era al proceso civil lo que la va administrativa y el acto que

    la pone fin al proceso contencioso-administrativo, en palabras de Garca de Enterra.

    Sobre esta base se sealaba una doble naturaleza de la reclamacin previa:

    (i) como presupuesto procesal cuya ausencia constitua una excepcin procesal

    oponible1, y (ii) como procedimiento administrativo especial.

    Como procedimiento administrativo especial, se regulaba, como decimos, en

    el Ttulo VIII de la LPAC. Los artculos 122 a 124 (Captulo II) de la Ley 30/1992

    disciplinaban el procedimiento a seguir en el caso de reclamaciones previas al

    ejercicio de la accin civil y los dos siguientes (Captulo III) el procedimiento en

    caso de reclamaciones previas a la va social.

    Sin nimo de extendernos, se recoga la competencia para resolverlo, que

    corresponda al Ministro del Departamento competente por razn de la materia, o

    Director del establecimiento u Organismo de que se trate. El escrito no se someta a

    ninguna formalidad especfica, surtiendo sus efectos siempre que de su contenido se

    dedujese su verdadera naturaleza, siendo el fundamental la interrupcin de la

    prescripcin. Finalmente, se estableca un plazo para su resolucin (de tres meses

    para las civiles, y de un mes para las laborales), con silencio negativo, sin

    establecerse un plazo para la presentacin ulterior de la demanda judicial.

    En cuanto a su consideracin como presupuesto procesal, la reclamacin

    previa constitua un elemento que afectaba a la regular constitucin de la relacin

    jurdica, tal y como indica el art. 120 LPAC (requisito previo al ejercicio de

    1 El artculo 40.1 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

    del Servicio Jurdico del Estado dispone que: cuando se ejerciten acciones judiciales fundadas en

    el derecho privado o laboral contra una Administracin pblica representada y defendida por el

    Servicio Jurdico del Estado, los Abogados del Estado cuidarn de que se cumpla el requisito de la

    reclamacin previa en va administrativa, y opondrn, en caso contrario, la excepcin

    correspondiente.

  • 5

    acciones), sin que su exigencia mermase en modo alguno el derecho a la tutela

    judicial efectiva, pues ste es un derecho fundamental de configuracin legal que

    comporta el derecho a obtener tutela cuando sta se demande conforme a las

    normas de procedimiento (artculo 117.3 de la Constitucin).

    Sobre la constitucionalidad de este requisito ha tenido ocasin de

    manifestarse el Tribunal Constitucional en mltiples ocasiones. Por ejemplo, en la

    STC 330/2006, de 20 de noviembre de 2006, se afirm que tal requisito procesal,

    en rigor carga procesal del demandante, resulta compatible con el art. 24.1 CE,

    pues, pese a tratarse de una dificultad en el acceso a la jurisdiccin ordinaria, que

    adems en ningn caso se ve impedida, se justifica, especialmente, en razn de las

    especiales funciones y tareas que la Administracin tiene encomendadas por el

    ordenamiento constitucional; siendo la finalidad de dicho presupuesto la de poner

    en conocimiento de la Administracin pblica el contenido y fundamento de la

    pretensin, dndole la oportunidad de resolver directamente el litigio, evitando as

    la va judicial (por todas, SSTC 217/1991, de 14 de noviembre, FJ 5; 108/2000, de

    5 de mayo, FJ 4; 12/2003, de 28 de enero, FJ 5; y 275/2005, de 7 de noviembre, FJ

    4).

    En trminos