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Actualización situación jurídica en Santa Cruz Barillas,

caso 1 de mayo de 2012 (Estado de Sitio)

El lunes 17 de febrero de 2014, a las 11:00 de la mañana, la jueza Carol Patricia

Flores resolverá sobre la situación jurídica de los compañeros del pueblo

Q´anjob´al detenidos a raíz de los incidentes del 1 de mayo de 2012 en Santa

Cruz Barillas. Estos compañeros son:

Antonio Rogelio Velásquez, Saúl Aurelio Méndez, Diego Juan Sebastián,

Ventura Juan, Amado Pedro Miguel, Pedro Núñez, Joel Gaspar Mateo y

Andrés León Andrés.

Los ocho fueron capturados el 2 de mayo de 2012 y liberados en enero de 2013,

después de una intensa campaña de solidaridad, acciones jurídicas y denuncias a

nivel internacional, que reconocieron el carácter ilegítimo e ilegal de las

detenciones (resolución del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de

Naciones Unidas, y de la Procuraduría de los Derechos Humanos).

Hay que anotar que Antonio Rogelio Velásquez y Saúl Aurelio Méndez fueron

capturados nuevamente en agosto de 2013, por hechos supuestamente ocurridos

en el año 2010, y esperan apertura a juicio en el presidio de Huehuetenango.

La Fiscalía solicita tres años de prisión (que implican medidas sustitutivas) por los

siguientes delitos: detención ilegal, allanamiento con agravación específica,

desorden público y atentado.

En el transcurso del proceso, el Ministerio Público ha eliminado de la acusación

los delitos de instigación a delinquir, robo agravado y terrorismo, reconociendo que

los sucesos del primero de mayo no fueron fruto de acciones planificadas y

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coordinadas, sino del descontento provocado por la imposición del proyecto

hidroeléctrico de una transnacional española.

Durante la audiencia realizada el día 11 de febrero se produjo la presencia del

agente fiscal Armando Rubeín Villatoro Hernández, una de las víctimas (retenido)

el 1 de mayo, quien manifestó su inconformidad absoluta con el proceso y acusó

directamente a varios dirigentes de Barillas. El agente fiscal Rubeín ha sido

señalado reiteradamente por la población por su parcialidad a favor de la empresa,

y fue separado de la investigación en Barrillas (entre otros, ver denuncia de

Iduvina Hernández sobre la actuación defectuosa y parcial de Rubeín Villatoro en

el caso contra Rubén Herrera, http://www.plazapublica.com.gt/content/una-de-cal-

y-otras-de-arena).

Los hechos del primero de mayo se produjeron en el marco del asesinato del

campesino Andrés Francisco Miguel, del que son responsables dos trabajadores

de la empresa (han sido exculpados inicialmente por un Tribunal de Mayor Riesgo,

encontrándose el proceso en apelación). Este asesinato motivó el descontento de

la población, que inició una manifestación masiva ese día.

Asimismo, los hechos se produjeron en un contexto de agudización del

enfrentamiento de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz con la población,

por la reiterada negativa de aquella empresa a reconocer los resultados de

consultas y asambleas comunitarias, que solicitan la paralización de su actividad

(desde 2007 hasta la actualidad se realizan procesos de consulta y manifestación

de oposición de la población).

Es importante el seguimiento de este caso, y el acompañamiento en Torre de

Tribunales, el lunes 17. Otros procesos judiciales, así como órdenes de captura,

continúan abiertos en Barillas, limitando el ejercicio de los derechos

constitucionales de la población y la oposición legítima a Hidro Santa Cruz. El

caso Barillas constituye un modelo y laboratorio de persecución y criminalización,

y de imposición de proyectos económicos, y debe ser un modelo de resistencia

frente a los mismos.

Más información de la “recaptura” de Saúl y Rogelio, y de otros casos de

criminalización en Barillas, en

http://www.eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com/p/nuestra-dignidad-no-

tiene-precio.html. Andrés Cabanas, con información de Asociación Ceiba, Torre de

Tribunales, Equipo Jurídico de defensores de Barillas (Sergio Beltetón y Carlos

Bezares, entre otros) e Iduvina Hernández.