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EL PROFESORADO ANTE LAS EXIGENCIAS

DE LA SOCIEDAD ACTUAL.

PRÁCTICA DOCENTE Y NUEVOS RETOS EDUCATIVOS

Formación inicial - Formación permanente - Acceso a la función docente - Derechos

y Deberes - Estatuto del profesorado - Horario - Trabajo en equipo - Evaluación de la

función docente - Reconocimiento de la labor docente

INTERVINIENTES

D. Antonio Roldán García

Presidente de ANPE Granada

D. Francisco Hidalgo Tello

Presidente del sector autonómico de enseñanza de CSI-CSIF

Dª Natalia Cobos López

Federación de Enseñanza de CC.OO.

D. Juan Carlos Hidalgo Ruiz

Secretario General de FETE-UGT

D. Antonio Camacho Ledesma

Presidente de FSIE Andalucía

D. Fidel Castilla González

Vicecoordinador del SADI

D. Alfredo Infantes Delgado

Miembro del Consejo Escolar de Andalucía por USTEA

D. Joaquín Arauz Rivero

Secretario Regional Federación Enseñanza de USO

MODERADOR

D. Diego Sevilla Merino

Miembro del Consejo Escolar de Andalucía

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[D. DIEGO SEVILLA MERINO]5

Como ustedes ven aquí están los representantes de los sindicatos, pero en realidad es un con-junto de artistas y toreros, artistas porque en el poco tiempo que tenemos nos van a decir lo fundamental y toreros porque a estas horas dirigirse a un público un dos de junio, sábado y a las una y pico, pues ya verán ustedes cómo manejan perfectamente el capote.

Evidentemente con el título “El profesorado ante las exigencias de la sociedad actual. Práctica docente y nuevos retos educativos”, por lo menos necesitarían unas jornadas enteras cada uno de los distintos sindicatos para decirnos mínimamente lo que ellos piensan; pero ellos saben perfectamente la situación en la que estamos, saben que no sólo cuenta lo que ellos nos pue-den decir, sino también lo que nosotros estamos en disposición de comprender y de atender a estas horas un sábado. Se van a centrar en lo fundamental, no exponiendo todo lo que podrían exponer cada sindicato con respecto a estos temas. Como máximo, un máximo al que espero no llegue ninguno, diez minutos. Y vamos a premiar al sindicato que sea más breve, votándolo en las próximas elecciones.

[D. ANTONIO ROLDÁN GARCÍA. Presidente de ANPE Granada]6

Me voy a poner más a la derecha... el problema es que han puesto esto tan justo que no se puede uno ir a la izquierda, lo siento mucho. Dada la tendencia actual creo que estoy

bien ubicado. Gracias Diego por lo de la brevedad y, aunque no se trata aquí de conseguir votos, voy a ser muy breve, pero no tan breve como para conseguir la mayoría absoluta de los votantes.

Mi intervención se va a fundamentar en dos cositas, que espero que los demás compañeros también se centren en ellas y, por tanto cada uno iremos diciendo y entre todos completare-mos la opinión genérica que tenemos de todo este tema. Fundamentalmente las Jornadas están planteadas alrededor de la LEA, la Ley de Educación de Andalucía. Lógicamente ya se han dicho aquí muchas cosas y es objeto nuestro como sindicatos fi jarnos en los aspectos referentes al profesorado.

En este aspecto, desde ANPE, diríamos que estamos locos porque se apruebe la LEA sino que queremos que se apruebe cuanto antes mejor, porque aunque hemos dado una aprobación crítica al contenido de la Ley, esperamos que en el Parlamento andaluz se puedan modifi car algunos aspectos que no nos satisfacen. Pero referente al profesorado, queremos que se aprue-be pronto porque de esa manera se podrá desarrollar ese acuerdo, que se ha fi rmado hace unos días, de mejora de las condiciones laborales y profesionales del profesorado y mejora del funcionamiento de los centros docentes. Éste es un documento que, como todos los do-cumentos, nace de unos principios básicos desarrollados y contenidos en la Ley. Por tanto, si la Ley se aprueba y este acuerdo se lleva a efecto, en el plazo del año 2008 al 2012, podremos haber conseguido muchas de las aspiraciones que el profesorado tiene respecto, no sólo a su

*Transcripción literal de la intervención en las VIII Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía el día 2 de junio de 2007.5

*Transcripción literal de la intervención en las VIII Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía el día 2 de junio de 2007.6

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profesión, a la mejora de su profesión, sino también a la mejora de la calidad educativa que todos pretendemos. Se ha dicho aquí muchas veces, y de eso estamos convencidos, que una de las bases fundamentales para tener una enseñanza de calidad, es tener un profesorado de calidad. Y éste creo que es el objetivo de las organizaciones sindicales, al menos de la nuestra. Lo único que nos interesa de todo esto es un profesorado de calidad en todos los aspectos, calidad profesional, calidad de trabajo, calidad económica, etc. Y todo esto, estamos convencidos que puede ser un factor más que contribuya a la mejora de la calidad de esa enseñanza que queremos para los niños y las niñas de Andalucía. Este documento, y ahora no es el momento de debatirlo ni de desarrollarlo, pero los que ya lo conocéis y los que no ya lo iréis conociendo poco a poco, abarca todos los aspectos, desde lo que se ha hablado aquí de autonomía de los centros, autonomía de funcionamiento, aspectos de condiciones de personal para los centros, de horarios, de distribución de todo el Plan de Centro y también hay otro aspecto retributivo. Aunque el acuerdo no es un acuerdo retributivo pero sí contiene un factor muy importante, como es el factor económico, tanto en retribuciones del profesorado como de mejora del material y de todo lo que necesitan los centros, me imagino que a lo largo de todo el debate los compañeros irán incidiendo.

Y otro aspecto importante, que creo que es uno de los objetivos fundamentales de las or-ganizaciones sindicales en este momento, es el desarrollo y aprobación del Estatuto de la Función Pública Docente. Estamos peleando con el Ministerio porque el factor fundamental que antes se argumentaba para llevar a cabo este Estatuto del Profesorado, es que no había un Estatuto marco superior de la Función Pública en el cual se pudiera incardinar el de la Función Pública Docente. Hoy ese Estatuto ya está aprobado y ya no hay ninguna disculpa de tipo legal para que de una vez podamos tener un Estatuto de la Función Pública Docente. Tampoco queremos que se haga tan rápido, tan rápido, que salga mal; queremos que se haga rápido, pero que se haga bien; preferimos a tener un bodrio, esperar un poquito más y, si llevamos cuarenta años pidiendo el Estatuto de la Función Pública Docente, no nos impor-taría seguir uno o dos años más, siempre que lo que consigamos sea lo que el profesorado estamos demandando.

Queremos un Estatuto de la Función Pública Docente... para empezar, el título no nos gusta mucho porque habla de la enseñanza no universitaria, nos gustaría que eso de “no universitaria” desapareciera del título porque es un aspecto un poco negativo y creemos que con que sea Estatuto de la Función Pública Docente habría bastante; aunque lo importante es el contenido y, en ese contenido, nosotros, junto con el resto de las organizaciones sindicales, hemos ela-borado una serie de escritos cada uno con sus opiniones pero, al fi nal, hemos llegado a unas coincidencias básicas y mínimas que son las que hemos expuesto ante el Ministerio y que pre-tendemos seguir en esta pelea. Es posible que en este fi nal de curso o más bien para principios del próximo, las organizaciones sindicales pongamos en marcha un proceso de información, de debate... y en los centros iréis recibiendo todas estas cosas.

Yo no voy a consumir más tiempo porque no me daría para entrar en detalles. Y cedo la palabra a otro compañero. Y como creo que no me he pasado del tiempo espero que en las próximas elecciones me votéis la mayoría...

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[D. FRANCISCO HIDALGO TELLO. Presidente del sector autonómico de

enseñanza CSI-CSIF]7

B uenas tardes. Agradecer que os hayáis quedado aquí porque lo más seguro es que os ape-teciera tomar alguna cerveza a estas horas y con el calor que hace... Yo, como quiero que

me vote todo el mundo, no voy a decir nada más. Me voy a quedar aquí y punto; lo que pasa es que sería por mi parte una..., no sería lo deseable.

Nosotros no vamos a hacer una valoración de la LEA porque sería un debate de muchas horas, muchos aspectos y, cuando nos invitó el Consejo Escolar de Andalucía, al cual agradezco la in-vitación para estar aquí hablando al profesorado que creo es importante que se hable y que se hable bien normalmente, que conozcamos las diferentes posturas y la opinión del profesorado en el posible debate posterior sobre los distintos aspectos... siempre es positivo.

Yo me plantee cómo tocar el tema del profesorado que también es amplísimo y lo voy a hacer ateniéndome al texto del Anteproyecto. Antonio ha hablado del acuerdo que hemos fi rmado los sindicatos que estamos en la mesa sectorial; el desarrollo será durante cuatro años y el Estatuto ha mencionado cómo está actualmente, ahora mismo está parado porque es un mal Estatuto. Si mejora en los próximos días podremos comunicaros cosas importantes.

Referente a lo que en la LEA se aborda referente al profesorado, es importante que haya un capítulo expresamente sobre el profesorado; en otras leyes no ha habido ese capítulo y han estado diseminados los distintos aspectos que afectaban al profesorado; es importante aunque aparezca en otro capítulo de convivencia... o en cualquier otro apartado. Uno de los puntos que toca son las plantillas docentes del profesorado. Nosotros, en CSI-CSIF, llevamos muchí-simos años planteando que las plantillas orgánicas tienen que estar lo más cercano posible a las plantillas de funcionamiento de los centros educativos. Lo que no podemos estar, como estamos actualmente, en que muchos centros tienen una plantilla orgánica de un 70%, y un 30% es plantilla de funcionamiento. ¿Qué ocasiona eso?: Primero, que los concursos de traslados no son como deberían ser, no salen todas las plazas; que esos centros tienen unas plantillas ines-tables y eso revierte en que los proyectos educativos no se pueden mantener en el tiempo y los alumnos están cambiando de profesorado continuamente; con lo cual una de las propuestas claras es que esas plantillas orgánicas sean lo más cercanas a la plantilla de funcionamiento de los centros.

Por otra parte, en la parte de selección de profesorado, nosotros estamos con el concurso-oposición. Abogamos por un concurso-oposición en que el mérito, publicidad y capacidad sean los aspectos que predominen. Lo que pasa es que ahora tenemos un sistema viciado; y tenemos un sistema viciado porque la Administración lo ha hecho tan mal que en los últimos años ha hecho que en España haya ochenta mil profesores interinos y, en Andalucía alrededor de veinte mil, con lo cual el sistema se vicia y hay que llegar a soluciones, como ahora, un poco drásticas para acabar con esa situación. Lo que no se puede es llegar, esperemos que en el futuro no ocurra, a tener esa cantidad de profesores interinos, un porcentaje del quince o el veinte por ciento son impresentables, y vayan saliendo, de forma paulatina, todas las plazas existentes a oposiciones y se vayan cubriendo por profesores defi nitivos; eso da estabilidad en el empleo, eso da estabilidad en el sistema, eso es bueno para todos. Parece que menos para la Adminis-

*Transcripción literal de la intervención en las VIII Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía el día 2 de junio de 2007.7

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tración, porque en este caso tiene profesores más baratos y tienen mayor movilidad, pero a la largo eso creo que es contraproducente, es negativo para el sistema educativo. Con lo cual superemos esa fase y vayamos al sistema de concurso-oposición en el que, por supuesto, los méritos de experiencia docente tengan un valor importante.

En el tema de provisión de puestos docentes, nosotros abogamos y defendemos claramente que el sistema de provisión es el concurso general de traslados, y ése debe ser el mecanismo para que todo el mundo se mueva; es el sistema más objetivo para la movilidad del profesorado. Por desgracia, últimamente, están predominando a punta pala comisiones de servicio, algunas son necesarias, son por enfermedad o por asuntos de esa índole y son necesarias; pero muchas de ellas son porque los proyectos se montan en los centros atendiendo a que haya comisión de servicios o que no haya comisión de servicios. Nosotros estamos en contra de ese sistema; estamos pidiéndole a la Administración y esperamos que a partir de esta Ley se pueda ir apli-cando ciertas cosas de este tipo: Provisión por concurso de traslados de la gran mayoría de las plazas; y si hay plazas que tienen una especifi cidad, pues póngase esa especifi cidad, póngasele una etiqueta a esas plazas, dígase que esas plazas necesitan, además de matemático, ser de in-glés o, además de educación física ser de matemáticas, póngase. Y la persona pueda concursar con esa etiqueta a esa plaza por concurso de traslados. Pero, en ningún caso, lo que podemos estar haciendo ahora mismo es concursos de traslados encubiertos que determinado número ingente de programas que se están desarrollando está ocasionando que la movilidad del pro-fesorado se vaya disminuyendo ostensiblemente. Porque plaza que está ocupada en comisión de servicios por un proyecto usualmente no suele salir en bastantes años por la continuidad que se produce en los proyectos. Y, lo que hay que pedir es que es que los centros sean los que pidan los proyectos con su profesorado, pero no con una traída de profesores de fuera para generar un proyecto determinado. Si los proyectos son importantes, los centros deben llevarlos a cabo y deben llevarlos a cabo con su profesorado y con la incentivación oportuna por parte de la Administración, ya sea económica, ya sea de cualquier otro tipo, pero con incentivaciones se lleven esos proyectos adelante. Pero no exportemos profesorado para hacer esos proyectos, porque el profesor que trabaja día a día y no se preocupa de esas cuestiones porque está traba-jando y no mirando los BOJAS, resulta que se pasa sin conseguir un puesto de destino muchos años en el concurso de traslados.

Y, por otra parte, también pensamos que hay un sistema que puede ser muy favorable para el profesorado en cuanto a movilidad, y es el concursillo. Hay plazas que estructuralmente no se pueden ocupar usualmente, por ejemplo la mía no se puede ocupar y tiene que haber una persona todos los años que yo me mantenga en el Sindicato en ese sitio. Pues, esas plazas es-tructurales que no pueden salir a concurso de traslados, podrían cubrirse con lo que nosotros llamamos concursillo: que es que los funcionarios docentes podrían participar mediante un sistema de méritos objetivos en una provisión por comisión de servicios, pero con méritos objetivos, y podrían estar ocupando esas plazas por el tiempo que no estuviera ocupada por el titular. Todas estas cosas..., al fi n y al cabo, es un sistema que ha venido precedido de un mal funcionamiento de la administración; si no hubiera este porcentaje tan alto de interinos, proba-blemente, las plazas hubieran salido a concurso-oposición, serían defi nitivos todo el mundo; el tema de la comisión de servicios hubiera disminuido también y la provisión sería real.

En la formación del profesorado, en la Ponencia he escuchado una cosa que es la formación inicial... Resulta paradójico, si hablamos de Secundaria no es tan paradójico, porque es que no existe formación didáctica, psicológica o pedagógica salvo que hagas psicología o pedagogía; pero resulta, cuando menos paradójico, que un maestro que está en una facultad que, teórica-mente, le enseña a dar clase, a impartir docencia, a estar en un centro educativo, cuando termi-

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na y va a un centro educativo tenga que empezar otra vez a formarse... Es chocante. Entonces hay que volver a replantearse cuál es la formación inicial. Si ésa es la formación inicial, no vale. Esto hablando de Primaria... si hablamos de Secundaria es que no existe formación inicial. Pues, replantéese el sistema en tanto en cuanto aquellos..., yo cuando empecé estudiar Química podía irme a una opción que era Didáctica, que tendría mayor o menor formación pero exis-tía la opción, ahora no existe ninguna opción que un profesor de Secundaria o de Formación Profesional pueda optar a tener una formación académica en esos aspectos si no hace después el CAP o el nombre que se le ponga, pero, al fi n y al cabo entiendo que es casi un pegadizo una formación inicial que no se está dando. Claramente, lo decía antes el Ponente y creo que hay alguna pregunta de alguno de vosotros sobre ese sentido, hay que plantearse y modifi car el tema de la formación inicial del profesorado.

En cuanto a la formación permanente, es necesaria. Pero no utilicemos nunca la palabra reci-claje. Entendemos que tenemos una formación determinada, que la sociedad va cambiando, que las tecnologías van cambiando y que, evidentemente, tenemos que ir incorporando una serie de conocimientos o de prácticas docentes atendiendo a esas tecnologías o a esos cambios so-ciales que se van experimentando. Sea la formación en esa línea y una formación que realmente repercuta directamente en el aula, no un aspecto teórico que después no lo vamos a aplicar nunca. Otra cosa es que nosotros queramos formarnos en lo que nos dé la gana. Pero que la formación que haga la Administración sea una formación encaminada a la docencia que tene-mos que impartir, a que nos sirva en el aula para trabajar y para coordinarnos con los demás compañeros.

En el tema de reconocimiento y apoyo a la función docente, yo creo que hay que pasar de las pa-labras a los hechos, porque ya han aparecido muchos documentos, bastantes leyes, en acuerdos... que la Administración apoya la función docente, que hay que tomar medidas, etc., etc. Yo no digo que no se hagan campañas divulgativas, porque las campañas también son importantes, como las de Tráfi co... Son campañas importantes porque pueden concienciar, pueden hacer que la so-ciedad comprenda cuál es el trabajo docente. Habría que empezar por ver la complejidad de la tarea docente. Nosotros hemos cambiado, de veinte o veinticinco años para acá hemos cambia-do drásticamente. Ya no somos aquéllos que impartimos únicamente una materia (matemáticas, lengua etc.) y que teníamos una cierta tutorización; ya somos los que impartimos una materia, que parece ser que es lo menos importante en algunos casos, somos los que tenemos que saber transversales, somos los que tenemos que hacer convenios de familia, somos los que tenemos que hacer tutorización, somos los que si hay algún problema de tipo moobing en el centro hacer una investigación, tenemos que hacer, tenemos que hacer... Y cuando nos ponemos a ver qué es lo que tenemos que hacer a nivel de papeleo, pues no tenemos horas para hacer esa cantidad de papeleo. Resulta que es una sociedad que ha cambiado, que la familia ha cambiado y resulta que nosotros tenemos que asumir todos esos cambios, pero la sociedad no los está asumiendo; con lo cual nos están pasando la papeleta de asumir unas cuestiones que, en parte, algunas familias no asumen y que, en parte, la Administración o entidades no asumen en ese sentido.

En esa complejidad hay que situarla para cuando se nos pida responsabilidad de lo que estamos haciendo. Lo que la Administración y todos tenemos que hacer es dignifi car la función docente, porque es primordial para que el alumno cuando entre en clase entienda que tiene un interlo-cutor que es valorado; si entiende que no está valorado, difícil lo tenemos para trabajar con él continuamente.

Y de la formación del profesorado, lo ha dicho Antonio Roldán, lo que tenemos en el acuerdo esperemos que se ponga en práctica pronto. Gracias

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[Dª NATALIA COBOS LÓPEZ. Federación de Enseñanza de CC.OO.]8

B uenas tardes a todos y a todas. Como podéis ver, yo no soy Nando Blanco y, desde aquí, quiero disculpar al Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. y agra-

decer la invitación al Consejo Escolar de Andalucía. Y vamos a hacer todos los sindicatos una petición, y es que la próxima mesa a que nos convoque no sea en sábado, ni a las 13,30 horas, porque los sindicatos queremos participar ampliamente y llevar nuestras propuestas con más tiempo.

Quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado con CC.OO., profesorado, personal de administración y servicios, padres, madres, personal complementario, todo el mun-do que ha participado en la elaboración de las enmiendas que CC.OO. ha enviado a todos los plenos, a todos los grupos parlamentarios, a la Consejería... y el gran trabajo y esfuerzo que ha supuesto el participar en una ley andaluza de tanto calado. El objetivo de CC.OO. fue blindar la ley; blindarla en el aspecto laboral, como ha dicho Antonio Roldán y Paco Hidalgo y todos los compañeros que me van a preceder, nosotros queríamos blindarla; blindarla en el sentido de que hubiera un acuerdo laboral y que hubiera un marco donde todas las personas que inter-vienen en el sistema educativo pudieran tener mejoras de sus condiciones laborales y mejora del sistema educativo.

La ley en el articulado puede ser muy progresista, pero si luego no se refl eja en los acuerdos laborales y los acuerdos explícitos, no podremos llevarla a cabo. Desde aquí vemos que la referencia mayor que se ha hecho a lo largo de estos dos días ha sido la autonomía de los centros y, el profesor Ángel Pérez ha dicho, muy acertadamente, que tenemos que ejercer esa autonomía pero responsable en todos los aspectos, de gestión, académica y organizativa. Pero todos los que estamos en esta sala sabemos lo difícil que va a ser llevarla a cabo en los centros; lo difícil y lo costoso que es. Por eso, nosotros, en el acuerdo que hemos fi rmado, tanto en la concertación social como en el acuerdo de mejoras laborales, lo que hemos intentado es des-lindar y decir lo que hace falta, o lo que nosotros consideramos que hace falta, desde vuestras propuestas, para que esa autonomía se pueda llevar a cabo.

En cuanto a la atención a la diversidad no podemos seguir con la ratio que tenemos, todos sabemos el número de alumnos y alumnas que tenemos. Si tenemos un indicador de calidad en Andalucía lo que queremos conseguir es que se baje esa ratio (es una propuesta de CC.OO. desde hace mucho tiempo), necesitamos menos alumnos en las aulas para poder llevar ese sis-tema de calidad; no se nos puede pedir que seamos magnífi cos cuando en nuestras clases hay, a veces, 36, 37 y 38 alumnos, estoy hablando de Secundaria, o en el caso de Infantil que pasamos de 25 y nos encontramos con aulas de 27 y 28. Ahí es donde hay que incidir, por eso nuestro acuerdo, de todas las organizaciones, intenta navegar por ahí.

Por otro lado, necesitamos plantillas, podemos tener la autonomía pero necesitamos hacer desdobles, necesitamos profesorado en Infantil y Primaria y necesitamos profesorado en Se-cundaria. Por eso, exigimos a la Consejería, lo hemos exigido en todas y cada una de las reunio-nes que hemos tenido tanto en mesa sectorial como en cualquier foro, que haya ese soporte de plantilla tanto en profesorado, como en personal de administración y servicios, como en personal complementario.

*Transcripción literal de la intervención en las VIII Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía el día 2 de junio de 2007.8

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La autonomía pedagógica para nosotros es fundamental. Y la autonomía de gestión, que cada centro pudiera organizarse, en la medida que él conoce su contexto, su plantilla, su profeso-rado y su Consejo y pueda tener autonomía organizativa, pero para eso hace falta incentivar la labor del profesorado, incentivar los equipos directivos, intentar motivar a la gente y, sobre todo, el reconocimiento de la labor de todos y cada uno de los que participan en el proceso educativo.

En el Anteproyecto lo que queríamos era afi anzar las cuestiones laborales y, sobre todo, darle estabilidad a muchos colectivos que en principio estaban descontextualizados; ahí entraba el personal interino, el reconocimiento expreso a los equipos directivos, el personal de adminis-tración y servicios, o sea, a todas aquellas personas que intervienen en el proceso y que muchas veces se descontextualizan.

Otro de los pilares básicos para nosotros, como sabéis, es la asistencia jurídica y psicológica al profesorado que, por fi n, tiene rango de ley. Estamos muy satisfechos con el proceso que hemos tenido, ha sido uno de los pilares en el Consejo Escolar de Andalucía, donde también celebramos unas jornadas, y a raíz de que el Consejo instó a la Consejería, se hizo un informe de convivencia, que no existía. Por fi n, la Consejería de Educación empezaba a hablar de asis-tencia jurídica, empezaba a hablar de que ese problema de convivencia había que atajarlo. Y ya, a través del Decreto de convivencia, empieza a tener unas posturas y unas plantillas que nos pueden benefi ciar.

Sabemos que la Ley debe avanzar en mucho y a lo largo de muchos años; hay muchos proble-mas administrativos sin resolver, el personal laboral y funcionario de los Equipos de Orienta-ción, el profesorado de escuelas infantiles no habilitado en esa especialidad, el personal laboral de los centros educativos, sabemos que hay mucho trabajo por hacer; pero tenemos optimismo combativo y creemos que, con todo lo que se puede regular por ley y los acuerdos próximos, podamos ir mejorando el sistema.

Otra de las cuestiones es que muchos colectivos que pasan desapercibidos entrarán en esta ley. Estamos hablando de los Equipos de Orientación Educativa; estamos hablando de los laborales de adultos; estamos hablando de aquéllos y cada uno de los profesionales que no se les ve y, sobre todo estamos hablando de los equipos directivos; personas que estaban sin ese reconoci-miento, vosotros sabéis que el reloj del Séneca os ha marcado casi la mitad de vuestro horario personal, y ahí incidimos mucho, en complementos, en horarios... y esperemos que con esta Ley y estos acuerdos podamos ir avanzando.

Otro era el problema de las Enseñanzas Artísticas en Andalucía, creemos que se deben regular, creemos que hay que darle una salida; hay dos Decretos en el Consejo Escolar y en mesa sec-torial y las Enseñanzas Artísticas Superiores hay que controlarlas, al igual que otro de los pilares que todos hemos citado que es la formación inicial. Sabíamos que la formación inicial no entra en la LEA, pero sabemos lo fundamental que es para poder tener un sistema de calidad.

También, recordar uno de los frentes que se ha abierto pero que no se ha cerrado. Estamos hablando de las redes educativas para nosotros, esos centros sostenidos con fondos públicos que marca la ley. Siempre hablamos de redes educativas, hablamos de cómo regularlas, habla-mos de cómo van los fondos, hablamos de los centros concertados, hablamos de las personas, del profesorado y el personal de administración y servicios y complementario que están en esos centros. Aquí hace falta, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, una mesa tripartita de negociación, no tienen un ámbito de negociación y hay que controlar qué es lo que va, qué

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fondos van, qué unidades de atención a la diversidad han abierto, qué medidas y qué plantillas; y esta ley debe recogerlo; y ese profesorado y ese personal tiene que tener un ámbito de ne-gociación y un ámbito donde se pueda ver que los fondos que la Consejería envía a los centros son para cada uno de esos objetivos.

Por último, manifestar dos cosas que nosotros hemos visto, igual que mis compañeros: Una es que si la Ley no va acompañada del Estatuto de la Función Docente, va a ser muy difícil que podamos establecer el marco. En ese Estatuto Docente, para nosotros es fundamental que se vean reguladas las jubilaciones LOE de forma indefi nida y de forma anticipada. La promoción de cada uno de nosotros, la promoción profesional a niveles superiores, y toda la parte de la ley igualdad, conciliación de la vida laboral, los concursos de traslados y todos los temas pendientes que hay en el Estatuto Docente. Pero al igual que le decimos a la Consejería que al Ministerio hay que decirle esto, también decimos que esta Ley está todavía sin aprobar en el Parlamento de Andalucía; todavía, hoy 2 de junio estamos sin la ley aprobada y que los que estamos aquí y estamos en los centros, pedimos que en verano no se nos diga que hay que poner en marcha los Decretos, que hay que poner en marcha todo y que en septiembre tiene que funcionar todo perfectamente. Pedimos, desde aquí, a la Consejería, y sabemos que el Consejo Escolar para eso sirve muy bien, que se tenga en cuenta que la LEA lleva un desarrollo normativo enorme; que la LEA no se puede poner en marcha de mayo a septiembre, y que ese calendario no puede ser muy ajustado; y que tendremos que hacerlo de forma paulatina para que en los centros tengamos sufi ciente tiempo para ponerlo en marcha.

[D. JUAN CARLOS HIDALGO RUIZ. Secretario General de FETE-UGT] 9

B uenas tardes. Yo, como los votos se los han llevado ya mis antecesores, voy a intentar no hacer uso de todo el tiempo, aunque sepa que eso no me reporta ningún benefi cio

electoral.

Nosotros nos planteamos, en primer lugar, de dónde partimos para las distintas reformas edu-cativas que está habiendo, no solamente de la reforma en Andalucía sino, también, a nivel del Estado. Y el profesor parte, en primer lugar, de un desprestigio de la enseñanza y del propio profesorado. En una situación actualmente en los centros de problemas de convivencia, de falta de recursos, de precariedad laboral, de inadecuada formación inicial, sobre todo para la ESO, de una insufi ciente formación para afrontar los nuevos retos y las reformas que tiene el sistema educativo y que ha tenido en estos años anteriores, de una falta de motivación y de incentiva-ción para el profesorado, de una desconfi anza del profesorado hacia la propia Administración educativa y, también, de la incidencia que tiene internet, los medios de comunicación en nuestra labor diaria, en nuestra función docente... por no hablar de la responsabilidad, que muchas ve-ces, se le ha echado al profesorado del fracaso de las anteriores reformas educativas.

Esto nos lleva a una conclusión muy clara, necesitamos a un profesor mejor formado, más y mejor formado, que tenga unas perspectivas de mejora a lo largo de su vida profesional, con su reconocimiento social, económico y profesional y que pueda hacer frente a esos retos y a esas demandas que tanto el sistema como la sociedad le exige.

*Transcripción literal de la intervención en las VIII Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía el día 2 de junio de 2007.9

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¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora para mejorar o resolver, en gran medida, esta situa-ción? Nosotros, fruto de la experiencia que nuestra organización tiene, no sólo en el ámbito educativo sino en el conjunto de Andalucía, creo que de todos es conocida y no voy a explicar aquí lo que ha sido la concertación social en el ámbito de la economía y de la producción y en el ámbito laboral de los ciudadanos de Andalucía, instamos a la Consejería a que había que negociar un acuerdo de concertación para educación que debía ser el primer motor para poder desarrollar e impulsar la educación en Andalucía. Por eso, el 3 de marzo de 2006, fi rmamos un acuerdo con la Consejería de Educación donde, entre otras cosas, se recoge el incremento de la inversión en educación, elemento fundamental para poder llevar a cabo cualquier tipo de refor-ma; la adecuación de una oferta de la formación profesional a las reales necesidades del mercado; medidas para acometer la convivencia en los centros, y de ahí derivó luego el Decreto de Convi-vencia; la resolución de la paga de antigüedad para los compañeros de la enseñanza concertada, que estaba atascada desde el año 2000,;el reconocimiento y el refuerzo de la acción tutorial, que luego ha derivado en lo que se ha recogido en el acuerdo y desarrollo de aplicación de la LEA; la educación equitativa, que también se recoge en la futura Ley; medidas de atención a la diversidad, que también se recoge en la LEA; y también hicimos mucha incidencia en un plan de apoyo para el profesorado y para el resto de trabajadores que trabajan en los centros educativos. Ese plan tiene, entre otros muchos aspectos, tres elementos: uno es la formación, otro es la incentivación y otro es la estabilidad de las plantillas. La estabilidad de las plantillas, que no solamente afectan al profesorado interino, sino que afecta a otros colectivos como consecuencia de la aplicación de LOGSE. Por tanto, de alguna forma, aunque este acuerdo era casi una declaración de intenciones, luego ha tenido su plasmación en la futura Ley de Educación en Andalucía.

Verdaderamente, nosotros hemos estado fi rmando acuerdos para la enseñanza concertada; fi rmamos un acuerdo de plantillas, cuyo objetivo para nosotros era poder reducir el horario lectivo del profesorado de la concertada, que ya está empezándose a aplicar. Y, por otra parte, integrar a los compañeros de centros en crisis, centros que se han cerrado, para que se pudie-ran integrar y no verse obligados, después de muchos años, a irse al paro. Ambos objetivos se están consiguiendo; hay un periodo de aplicación que habrá que esperar a que se lleve a cabo en su totalidad.

Sobre el Decreto de Convivencia nosotros tenemos que resaltar que hemos conseguido in-troducir tres elementos que consideramos muy importantes, entre otros muchos que recoge el Decreto. Por un lado, la creación de nuevas fi guras para resolver ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas situaciones que se dan en los centros, como es el educador social. Los protocolos de actuación que todavía la Administración, y creemos que se está retardando en exceso, no ha puesto encima de la mesa; tiene que haber unos protocolos de actuación para que cada profesor, ante cada una de las situaciones, sepa cómo tiene que actuar; y, por supues-to, la asistencia jurídica y psicológica al profesorado y al resto de trabajadores de los centros educativos.

Muchas de las cuestiones que he manifestado al principio, hemos intentado recogerlas en el acuerdo que hemos fi rmado, que se fi rmó en la mesa sectorial. Por dar unas pinceladas, la re-ducción considerable de ratio. En el acuerdo se recoge una considerable reducción de ratio en los centros de Primaria, de Infantil y de Secundaria. Lógicamente no ha sido algo que nos haya dejado satisfechos; nuestro planteamiento era la baja generalizada en todas las aulas y en todos los centros. Se ha ampliado la licencia por estudios y formación en empresas. Hay un recono-cimiento profesional y económico a la función tutorial. Hay una actualización, un compromiso para desarrollar en los próximos meses la conciliación de la vida laboral y familiar y adaptar el Pan Concilia. Hay un aumento de plantillas para los refuerzos de las materias instrumentales.

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Hay una dotación de recursos humanos para desdobles en materias instrumentales en la ESO. Hay un incentivo económico para la consecución de objetivos relacionados con los rendimien-tos escolares y contemplados en el Plan de Centro. Y hay algo que también consideramos que es importante, que es un incremento a las plantillas del personal de administración y servicios, personal complementario, que contribuye, de alguna forma, a facilitarnos y a mejorar nuestra labor docente en los centros.

Lógicamente esto no es sufi ciente, hace falta seguir desarrollando otra serie de acuerdos y, para ello hay un elemento primordial que es el Estatuto de la Función Pública Docente. Hay que resaltar que el Estatuto Básico de la Función Pública, los sindicatos de clase hemos conse-guido que todos los interinos de la función pública, incluidos los docentes, se les reconozca la antigüedad, que hasta la fecha no estaba reconocida. Por lo tanto ya, sin haber empezado a ne-gociar el Estatuto de la Función Pública Docente, ya hay un logro conseguido de entrada. Pero, además de eso, para nosotros hay cinco elementos que son imprescindibles para que nuestra organización suscriba el Estatuto: la jubilación anticipada indefi nida; la promoción del B al A por concurso de méritos; y del grupo A a la Universidad, aunque sabemos que esto es bastante complicado, porque las propias universidades en su autonomía están poniendo todas las difi cul-tades del mundo; la consecución de los grados de la carrera docente por un modelo similar al de los sexenios a través de horas de formación (ésa sería la vía más lenta); y la evaluación a tra-vés de acreditación, es decir, un profesor que ya está trabajando en un plan que se evalúa (en un plan de los que tiene la Consejería o en cualquiera de los proyectos que se evalúan) solamente deba acreditar que ha pasado ya esa evaluación, no que se le tenga que evaluar repetitivamente, y pueda obtener por la vía más rápida los grados de la carrera docente. Y, por supuesto, para nosotros es imprescindible que se recojan medidas de atención a aquel profesorado que tiene problemas de enfermedad profesional y la aplicación de la Ley de Igualdad y del Plan Concilia. Voy a poner un ejemplo de lo importante que, aunque parezca que no, es la Ley de Igualdad: La Ley de Igualdad permite que la hora a que tienen derecho las madres por maternidad, se pueda acumular en días para poder alargar el periodo de permiso por maternidad. Esto actualmente no está desarrollado y creemos que es un elemento imprescindible por dar una idea de la ne-cesidad de aplicar la Ley de Igualdad como el Plan Concilia.

Nos queda por lo tanto..., hemos desarrollado un acuerdo para los profesores de la pública, y tenemos pendiente y se lo estamos demandando a la Consejería, un Acuerdo de aplicación de la LEA para el profesorado de la concertada.

Para acabar, solamente voy a decir lo que nos preocupa... nos preocupan varias cosas: Por un lado, el uso que se pueda hacer de la autonomía de los centros, estamos a favor de la autonomía pero creemos que es un elemento nuevo y que, de alguna forma, tiene que ser muy medido y muy controlado. Nos preocupa el papel que la LEA da a los directores de los centros. Nuestra organización cree que el órgano de gobierno debe ser el equipo directivo, no el órgano uni-personal del director; eso no quita que se le reconozca su esfuerzo tanto profesional como económico a los directores.

Y, por último, dos elementos muy importantes: uno la formación inicial, que ya se ha dicho, es clave, creemos que el Tratado de Bolonia con la adaptación de las nuevas carreras profesionales debía de servir para crear el cuerpo único, es una oportunidad de oro. Y, en segundo lugar, nos preocupa mucho en relación a la LEA, el desarrollo reglamentario que se haga de la misma, ahí está la clave de la futura Ley. Una Ley que creemos que es progresista, creemos que da solu-ción... pero si su desarrollo no se hace adecuadamente, y la UGT va a estar sumamente vigilante sobre la misma, puede fracasar toda la fi losofía y toda la intencionalidad de la Ley.

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[D. ANTONIO CAMACHO LEDESMA. Presidente de FSIE Andalucía]

Introducción

A l igual que FSIE en su día manifestó que la LOE no era su Ley ideal, ahora desde FSIE Andalucía exponemos nuestro desacuerdo con la Ley de Educación en Andalucía y con-

sideramos que debería modifi carse sustancialmente el articulado de ésta, pues en su espíritu hay un claro olvido de la Enseñanza Privada concertada que supone aproximadamente el 25% del sector educativo andaluz. La mención a la educación como “servicio público” sin tener en cuenta el papel de la iniciativa social y la confi guración del sistema educativo como “laico” no son el mejor punto de partida para propiciar el consenso sobre las razones que deben justifi car una Ley en Andalucía. Son afi rmaciones que niegan la realidad de la contribución social que en educación ha realizado y realiza la escuela privada.

Cabría decir que entre los Objetivos (art. 4) de la futura Ley no se hace ninguna mención a la enseñanza de iniciativa social como parte integrante de la red de centros educativos de nuestra Comunidad autónoma.

FSIE-Andalucía no admite que la Administración andaluza considere que los centros que en primer lugar hay que proteger y fi nanciar sean los de titularidad pública.

La implantación de Centros TIC, las estancias de alumnos en el extranjero, los Centros Bilin-gües, actividades específi cas de formación del profesorado, el apoyo de los Equipos de Orienta-ción, Cursos de actualización lingüística, planes de Lectura y Bibliotecas, etc., son medidas que van dirigidas a una parte de la población escolar, la que opta por la educación pública, mientras que la educación concertada no puede acceder a ellas. ¿No es esto discriminación y uso parcial de nuestros impuestos?

Por el contrario, defendemos que los poderes públicos protejan y fi nancien igualmente a los centros de iniciativa social.

Esperaremos a conocer y analizar los términos del Acuerdo que, sorpresivamente y sin tener conocimiento del mismo los agentes sociales, se fi rmó el 30 de mayo con las Patronales de la Enseñanza Privada para valorar los benefi cios que conllevará su aplicación.

FSIE-Andalucía rechaza que las Administraciones públicas impongan a los centros de iniciativa social exigencias que limiten el ejercicio de la libertad de enseñanza y supongan una barrera para el pluralismo escolar en una sociedad democrática.

Entendemos que la fi nalidad del servicio educativo que prestan los centros educativos andalu-ces, sean de titularidad pública o no, es hacer efectivo el derecho de todos a la educación sin menoscabar el derecho de las familias a elegir centros diferentes o el derecho de crear y dirigir centros distintos de los creados por los poderes públicos.

De ahí que la educación no es sólo un servicio público, sino un servicio de interés público y social que debe ser garantizado por la Administración educativa andaluza.

La nueva Ley educativa debe contar con una Memoria económica o, en su caso, con una Ley de acompañamiento en la que se fi jen los recursos necesarios y la cuantía de los mismos. Esta

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fi nanciación no sólo debe ser sufi ciente para afrontar los programas derivados de la ley, capaz de alcanzar la convergencia con la Unión Europea en gasto por alumno y del porcentaje del PIB destinado a educación que permita corregir los desequilibrios territoriales y sociales, sino también las desigualdades entre las dos redes educativas complementarias, la pública y la con-certada, en la asignación de los recursos económicos.

Los artículos 204 y 205 hacen referencia de forma ambigua y general a los Recursos económi-cos, pero consideramos que se debe hacer una valoración a coste real de los puestos educati-vos, sostenidos con fondos públicos, en Andalucía y por tanto una fi jación real de los módulos de conciertos con los que se subvenciona a la Enseñanza Concertada., como así lo establece la disposición adicional 29ª de la LOE .

Aunque estos aspectos los consideramos como fundamentales para el éxito de nuestra propia Ley de Educación en Andalucía, voy a centrarme en varios puntos que afectan más directamente al título de mi intervención en esta mesa redonda: “El Profesorado de las Enseñanza Privada Concertada ante las exigencias de la sociedad actual”.

1.Formación inicial

Existe una diferencia clara entre los dos sistemas de formación inicial actualmente vigentes.

Por una parte nos encontramos con la formación de los profesores que ejercen sus funciones en los niveles de Infantil y Primaria. Para estos profesores existe una formación universitaria de tres años (Diplomatura) cuyos contenidos formativos proporcionan las especializaciones de profesor de E. Infantil, Primaria, Educación Física, Educación Especial, etc.

Por otra parte está la formación de los profesores de Secundaria. Para estos profesores es ne-cesaria una formación específi ca de carácter profesional y práctico, abandonando el criterio de que para dar clases en Secundaria lo único importante es dominar los contenidos científi cos de una determinada materia. Estos profesores deben recibir una formación específi ca y práctica en aspectos no académicos, como destrezas sociales en el aula, organización del trabajo en clase, etc., de los que dependerá, sin duda, el éxito o el fracaso escolar.

La formación inicial del profesorado para todos los niveles educativos debe tener una dura-ción propia de la titulación de licenciatura. Entendemos que durante los estudios de licen-ciatura, debería asistirse a sesiones sobre formas y maneras de integrar el conocimiento y sobre formas de actuación profesional y que la práctica de la labor docente en los propios centros educativos de los diversos niveles educativos debe realizarse durante algún período de tiempo en los últimos años de licenciatura con los apoyos necesarios: profesores tutores, etc.

2. Formación permanente

La formación permanente del profesorado debe ser una cuestión prioritaria en nuestro sistema educativo por las nuevas exigencias y demandas sociales a que debemos responder los educa-dores para llevar a cabo las reformas que demandan las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas del futuro.

Debe sensibilizarse al profesorado para que sea consciente de esta formación y analizar sus necesidades y así mejorar su competencia profesional.

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La formación permanente debe pactarse en cada centro para que responda a las expectativas educativas en el marco del proyecto Educativo. Esta formación debería ser voluntaria, impartir-se dentro de la jornada laboral y contar con la fi nanciación sufi ciente.

Consideramos que debería existir igualdad de condiciones para acceder a cursos de formación en los CEP y/o otras instituciones públicas, licencias por estudios para acceder a titulaciones superiores o distintas de las acreditadas, así como para la investigación, para TODOS los do-centes andaluces, tanto de la Enseñanza Pública como de la Enseñanza Concertada, siempre que redunde en benefi cio de la práctica docente.

Por otro lado, el Art. 25.5 del anteproyecto de la LEA establece que:

“La Administración educativa convocará ayudas dirigidas específi camente a los funcionarios públicos docentes, para su promoción profesional... “

¿Por qué no se facilita también el acceso a las ayudas para la promoción profesional a los do-centes de la Enseñanza Concertada?

3. Acceso a la función docente

La Administración educativa debe abordar, junto con los agentes sociales, aquellos aspectos que afectan a las condiciones laborales y profesionales del profesorado de los centros públicos y de los centros concertados.

Para ello, la Consejería de Educación debería reconocer profesionalmente la labor docente del profesorado a efectos del acceso a la función pública en igualdad de condiciones entre el pro-fesorado interino y el de la enseñanza concertada que deseen acceder a los distintos cuerpos docentes, existiendo en la actualidad una clara discriminación entre ambos en la asignación dada para los aspirantes en centros públicos (0,7 puntos) y otros centros (0,15 puntos) por año de docencia. Diez años de docencia en la pública frente a 46 años de docencia en otros centros para a alcanzar los siete puntos máximos de experiencia previa.

¿Acaso no tenemos la misma titulación y experiencia?

¿No somos todos iguales ante la Ley?

Por otro lado, la exposición de una Unidad Didáctica de la programación para los interinos se sustituye por un informe de la Administración educativa que acredite estos conocimientos. ¿Acaso no se hacen programaciones en la enseñanza privada ?

4. Derechos y Deberes

Si bien existe un Convenio colectivo que regula los derechos y deberes de los docentes de la enseñanza concertada, desde FSIE Andalucía estamos por la labor de la constitución de una Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada en Andalucía que elaborase una normativa general y que recogiese los aspectos fundamentales y confl uyentes de los derechos y deberes para el desempeño de su función en todos los centros sostenidos con fondos públicos, respetando las peculiaridades propias de cada estamento.

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Para ello proponemos:

1. Establecimiento de un horario específi co dedicado a la función tutorial dentro del horario lectivo.

2. Reconocimiento económico de la función tutorial del profesorado.

3. Acuerdos sobre equipos educativos.

4. Confi guración de las funciones directivas temporales y su correspondiente fi nanciación, para facilitar la labor de los equipos directivos de los centros estableciendo un horario específi co de los miembros de estos e incentivando con un complemento económico de cargo, no sólo al director o directora sino a todos los miembros del equipo directivo mientras desempeñen esta tarea específi ca. Además el reconocimiento de las Jefaturas de Departamento.

5. Procedimiento y calendario de abono de la paga por antigüedad en la empresa según recoge el vigente Convenio de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

6. Medidas que favorezcan la jubilación, tanto parcial como total. Para ello, posibilitar las jubila-ciones anticipadas previstas en la LOE para el profesorado que así lo estimase conveniente y las consiguientes gratifi caciones si reúnen los requisitos mínimos requeridos.

7. Puesto que hablamos del profesorado de centros sostenidos con fondos públicos, la Conse-jería de Educación debería proporcionar asistencia psicológica y jurídica gratuita a todos ellos, si bien, por convenio en la enseñanza concertada, se contempla una serie de garantías y cober-turas de responsabilidad civil que, mediante pólizas, tienen contratadas los centros.

8. Acceso gratuito a bibliotecas y museos de Andalucía para todos los docentes de nuestra Comunidad autónoma.

9. Establecimiento de incentivos económicos anuales para todo el profesorado por la consecu-ción de objetivos educativos fi jados en los Planes de Centro en relación con los rendimientos escolares, proyecto llevados a cabo para la mejora de la calidad educativa, etc.

10. Actualización del complemento retributivo tendente a la paulatina homologación del profe-sorado de la enseñanza concertada con sus homólogos de la enseñanza pública

11. Reconocimiento por parte de la Administración de las medidas dirigidas a los trabajadores y trabajadoras que faciliten la conciliación entre la vida familiar y laboral y por tanto, dotación de los recursos necesarios para cubrir las sustituciones que conllevan los permisos por mater-nidad/paternidad y la acumulación de horas por lactancia.

5. Estatuto del Profesorado

En cuanto al Estatuto del profesorado desde FSIE Andalucía demandamos un marco de nego-ciación tripartito ente Consejería de Educación, Sindicatos y Patronales para dar respuesta a todas la cuestiones planteadas anteriormente. No podemos seguir la agenda que la Consejería impone, ahora toca esto, ahora no aquello.

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6. Horario

¿Por qué no también en igual de condiciones para los docentes de concertada?

FSIE Andalucía valora positivamente y expresa su satisfacción ante el Acuerdo alcanzado con la Consejería de Educación en mayo de 2005, sobre plantillas del personal docente de los centros concertados para la mejora de su calidad educativa, aunque no renunciaremos al objetivo fi nal de una total homologación de plantillas respecto a los centros públicos. Esta ampliación de plantillas deberá repercutir necesariamente en la jornada de trabajo del profesorado.

El Acuerdo fi rmado y ratifi cado por los sindicatos, las organizaciones patronales y de titulares de centros de Andalucía supondrá una disminución de la carga lectiva del profesorado de niveles concertados que, en una primera fase deberá reducir a 23 horas lectivas semanales máximas, con revisión del Acuerdo al fi nalizar el presente curso académico.

Desde FSIE Andalucía consideramos como avance signifi cativo el inicio de la reducción de las 25 horas lectivas semanales, negadas durante décadas, conscientes de que es un compromiso de mínimos que habrá que desarrollar y matizar para los próximos cursos escolares.

Esperamos de las patronales y titulares de centros de la Enseñanza concertada en Andalucía una actitud positiva y real para llevar a buen término las negociaciones que redunden en benefi cio, no sólo de los centros sino también del profesorado que presta sus servicios en ellos.

7. Evaluación de la función docente

Es digno de mención el laborioso trabajo que en gran número de centros concertados se está llevando a cabo para la obtención del Certifi cado de Calidad .

A modo de ejemplo: En el Plan Edugés -modelo de implantación y gestión de la calidad para centros educativos, creado por Educación y Gestión- que se inició en Andalucía en el curso 2001/02 son ya 175 centros concertados los que gozan de esta certifi cación, muy por encima del otros Centros Privados del resto de Comunidades Autónomas y en torno a 50 centros los que están en el primer o segundo año del proceso de implantación.

Muchas son las horas extraescolares que de forma altruista están dedicando, tanto los equipos directivos como el profesorado de nuestros centros, para llevar a feliz término su trabajo y conseguir la preciada certifi cación que, además de redundar en benefi cio de nuestros alumnos y alumnas, mejora la calidad del servicio educativo en nuestro sector. ¡Felicidades a todos ellos por su entrega y dedicación!

8. Reconocimiento de la labor docente

Según se desprende del anteproyecto de la LEA, “la administración educativa velará para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.

A tales efectos, la Consejería de Educación se ha comprometido a promover campañas insti-tucionales en los medios de comunicación que favorezcan la justa valoración social de todo el personal dedicado a la actividad docente.”

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Valoramos positivamente estas iniciativas tan necesarias en la actualidad ante el desprecio, falta de sensibilidad y apoyo social que desde algunos sectores se están propiciando y que atentan contra nuestra dignidad profesional.

La Consejería de Educación, sensible a la problemática existente en nuestra sociedad, debería tener en cuenta las observaciones que sobre el Anteproyecto de la LEA ha presentado el Con-sejo Escolar de Andalucía en los siguientes términos:

• La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

• Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.

Debemos destacar que las patronales y titulares de centros de la enseñanza concertada debería tener presente en sus actuaciones que, tanto el profesorado como el personal de administra-ción y servicios que desarrollan su trabajo en sus centros no somos meros asalariados al ser-vicio de un empresario sino pieza fundamental para la consecución fi nal de la tarea educativa y el desarrollo integral de alumnos y alumnas.

Conclusiones Finales

Para fi nalizar mi intervención creo de justicia hacer mención al cambio de actitud de la Con-sejería de Educación en los últimos años hacia la Enseñanza Concertada, por su talante abierto y dialogante que nos ha llevado a fi rmar importantes acuerdos de presente y futuro para la mejora de nuestro sector:

• Concertación de la Educación Infantil.

• Acuerdo para el abono de la paga de antigüedad en la empresa para los docentes que se rigen por el Convenio de Enseñanza Concertada y, últimamente, para los de Educación Espe-cial.

• Acuerdos retributivos para la analogía con el profesorado de los centros públicos.

• Acuerdo de ampliación de plantillas.

Desde FSIE Andalucía valoramos positivamente todos estos Acuerdos por lo que suponen de avance, en las condiciones laborales y económicas del profesorado aunque no renunciamos a la homologación salarial y laboral tanto del profesorado como del Personal de Administración y Servicios con la Enseñanza Pública.

Hacemos nuestras las recomendaciones que al anteproyecto de la LEA se hicieron llegar en su momento a la Consejería de Educación desde el Consejo Escolar de Andalucía y en las que destacaba un debate profundo sobre aspectos que permitan aunar criterios de actuación, den-tro del marco de autonomía de los centros públicos y concertados.

Para ello se proponía:

“Que durante el proceso de elaboración del texto legal, se avance en el debate con los respon-sables del sector privado y los agentes sociales para encontrar soluciones a las reivindicaciones ... y para concretar normas específi cas que les confi eren identidad propia a los centros”

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Dentro de las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza Concertada des-tacamos:

• Homologación real con el profesorado de la enseñanza pública.

• Pago delegado para el PAS, con reconocimiento de Complementos retributivos autonómi-cos.

• Creación de departamentos de Orientación en todos y cada uno de los centros educativos de Educación Primaria sostenidos con fondos públicos y sufi ciente número de horas de dedicación, tanto en estas enseñanzas como en E.S.O.

• Mejora de las condiciones laborales.

• Ampliación de los conciertos educativos a los Bachilleratos, como medida de abaratamiento del coste escolar de las familias andaluzas y dentro de la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución, como ya se está propiciando en otras Comunidades autónomas.

• Traspaso de competencias a la Consejería de Educación de los Centros de Educación Infantil (conveniadas actualmente con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social) como primer paso hacia la concertación del tramo 0-3 años.

• Mejora de los procedimientos de acceso a la función pública docente, eliminando la discrimi-nación actual.

• Necesidad de dotar de recursos humanos a las diversifi caciones curriculares previstas en la LOE y Decretos andaluces pendientes de publicarse. La ampliación de plantillas que ya está realizando la Consejería de Educación no pueden servir de cajón de sastre para todo.

Éstas son algunas de nuestras propuestas a un debate con los agentes sociales de los centros de iniciativa social.

Concluyo con dos interrogantes:

¿Para cuando ese debate en profundidad?

¿Para cuando un Acuerdo que mejore las condiciones laborales y profesionales del profesorado y del personal de administración y servicios de la Enseñanza Concertada al amparo de la LEA?

[D. FIDEL CASTILLA GONZÁLEZ. Vicecoordinador del SADI] 10

A nte todo, quiero presentar nuestro sindicato, que tiene una corta trayectoria, sólo cinco años, y no nos dedicamos a todo el espectro del sistema educativo y concretamos nuestra

actuación en dos aspectos: Uno, en conseguir la estabilidad del profesorado interino y dos, las mejoras de sus condiciones laborales. El deseo de la mayor parte de los interinos, prácticamen-te todos los interinos que estamos en el sistema, es llegar a ser funcionarios.

*Transcripción literal de la intervención en las VIII Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía el día 2 de junio de 2007.10

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El análisis que vamos a hacer de los distintos aspectos de la LEA se va a centrar, únicamente, en aquellos aspectos que conciernen al profesorado interino.

En la Sección I, donde se refi ere a la Función docente, reconoce la existencia del profesora-do interino en la docencia andaluza. Nosotros creemos que el sistema tiene una necesidad estructural del profesorado interino, profesores interinos van a existir siempre en el sistema educativo, tal y como está confi gurado, y creemos que hay que reconocer los derechos de estos trabajadores para el acceso a la función pública docente. Nuestro sindicato presentó, durante el debate de la LOE, una forma de acceso que conciliaba a ambas partes, que se presentó bajo el llamado Informe ARIN.

También nos planteamos, como una primera solución al colectivo en nuestros inicios, la labo-ralización del colectivo; esto estaba sustentado en unos informes de un gabinete de abogados, el gabinete Pasarela, lo defendimos en la Comisión de Educación del Parlamento Andalucía y nadie tuvo ningún problema. Sin embargo, el gobierno andaluz en ningún momento se pronun-ció acerca de llevar a cabo esta opción. Sin embargo, hoy en día, con carácter excepcional en el propio articulado existe la posibilidad de que existan profesionales laborales. Nuestra situación es, en muchos casos, una situación excepcional.

En la Sección III, en lo que se refi ere a la Selección y Provisión del Profesorado, creemos que durante el debate de la LOE se perdió una gran oportunidad de llevar a cabo un acceso diferen-ciado, que es lo que una gran mayoría de los sindicatos a nivel nacional y autonómico estuvimos defendiendo en una plataforma conjunta; sin embargo, el gobierno no fue capaz de dar el paso que, de alguna forma, había comprometido. Conscientes del problema con el profesorado inte-rino, pone en la LOE una disposición transitoria que recoge una forma de acceso transitoria du-rante el periodo de aplicación de la LOE. Esta misma disposición transitoria la recoge también nuestra Ley en Andalucía como disposición transitoria tercera. Esto se encuentra desarrollado en un Real Decreto de acceso que mejora las posibilidades del profesorado interino de acceso a la función pública docente durante el periodo transitorio, puesto que el periodo ordinario no es más que lo que hemos tenido hasta ahora, que todo el mundo ha reconocido que se ha mostrado incapaz de solucionar la problemática existente con el profesorado interino. La solución que aporta este Real Decreto, que no es la solución que nosotros hemos deseado en ningún momento, sin embargo sí aporta una esperanza a muchos trabajadores para el acceso a su condición de funcionario. Aquí, hay que reconocer el trabajo que han hecho otros muchos sindicatos, aparte del nuestro, y de la propia Consejería. Sin embargo, nos encontramos nueva-mente con un grave problema: y es que el periodo transitorio, o para adquirir estos derechos, hay que estar en la condición de activo, es decir, hay que estar trabajando. Nadie garantiza, por la propia defi nición de un profesor interino, que estemos trabajando cuando se ponga el proceso selectivo en marcha, con lo cual no sabemos si podremos acogernos a estos derechos.

Nosotros exigimos que durante el periodo de implantación de la LOE y el periodo transitorio unas medidas que garanticen el empleo de todo el profesorado interino. No fi jamos marcos, no-sotros no vamos a entrar en “interinos del acuerdo”, “interinos del no acuerd”o, gente que tiene más tiempo o menos tiempo. Nosotros queremos que si hay un periodo transitorio aplicable al profesorado interino, podamos utilizar los benefi cios durante todo ese tiempo, cosa que ahora mismo no se encuentra garantizado. El acuerdo de estabilidad que sólo recoge a una parte de los interinos, que no son los que están en la Federación SADI, sino que son todos, queremos que de alguna forma se pueda garantizar el derecho durante los cuatro años de implantación de la LOE. En la actualidad, únicamente, a ese derecho se va a poder acoger una parte del colectivo hasta el año 2008, la presente convocatoria de Maestros y la siguiente de Educación Secundaria.

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En cuanto al sistema ordinario, creemos que es necesario arbitrar medidas que permitan la consolidación del empleo y el acceso progresivo del personal interino. La legislación es bastante restrictiva en este aspecto, pero consideramos que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene margen sufi ciente para mejorar ciertos aspectos en este sentido.

En cuanto a la fase de prácticas en la selección, que debe existir, que la debe regular la propia Comunidad Autónoma, creemos que no tiene sentido para interinos con experiencia docente. Creemos que debe ser regulado de una forma distinta para aquellas personas que acceden o quieren acceder al sistema educativo una vez que han terminado sus estudios y no tienen nin-gún tipo de experiencia que para aquel profesorado que sí la tiene.

Pasando al punto de la provisión de puestos docentes, consideramos imprescindible que esto se haga atendiendo a las listas ordenadas por especialidad y tiempo de servicio. Ésa ha sido la piedra angular que ha mantenido al colectivo, ha sido la envidia de interinos de otras comuni-dades autónomas. No sabemos cómo eso va a quedar regulado, actualmente se hace por una normativa que la Consejería va sacando año a año y creemos que debe de ser la piedra angular que ordene la provisión del profesorado interino a los puestos.

En cuanto al tema de los incentivos profesionales, por fi n vamos a cobrar los trienios aquellos que los tengamos, pedimos, además el reconocimiento de los sexenios u otro complemento de características similares; esto ya venía en el Acuerdo del año 2000, fi rmado entre la Admi-nistración y el Sindicato y de eso nunca más se supo, nunca más se ha hablado. Creemos que a igual trabajo igual salario y creemos que tenemos derecho y lo reivindicamos. Al mismo tiempo, en cuanto a licencias y permisos, también reivindicamos los mismos derechos que el resto del profesorado, puesto que hay situaciones que no se ven contempladas.

Y por último, estamos en total desacuerdo con el artículo 141 que otorga atribuciones a los directores en la gestión de las sustituciones en los centros. Creemos que esto debe ser llevado a cabo, como se hace en la actualidad, por las Delegaciones Provinciales y, lo que sí creo que es necesario es aumentar la agilidad a la hora de esas coberturas de la sustitución.

[D. ALFREDO INFANTES DELGADO. Representante de USTEA]

1. El profesorado en su laberinto: El Estatuto Docente

L a globalización económica, que trae vientos privatizadores para el conjunto de los siste-mas educativos del mundo, ha encontrado refl ejos en la LOE, recientemente aprobada por

el Parlamento español, y también en el Proyecto de Decreto de la LEA. Sus desarrollos pueden suponer un ataque a la Escuela Pública, porque son normas que, respondiendo a las políticas privatizadoras que tratan de implantarse en todo el mundo, refl ejan que la educación pública es un servicio que puede ser prestado tanto por los poderes públicos como por la empresa privada, es decir, sujeto a las reglas del mercado.

La potenciación de una Escuela Pública de calidad y la necesaria mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, han sido siempre objetivos a conseguir para los sectores más avanza-dos y progresistas del conjunto de la comunidad educativa, pues para que la enseñanza mejore es necesario que el profesorado vea reconocida su tarea y valorado su trabajo.

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Pues bien, de la misma manera que esas leyes no van a fortalecer la Escuela Pública, tampoco se va a aprovechar el futuro Estatuto de la Función Docente para mejorar las condiciones de trabajo del Profesorado.

Las propuestas que desde STES-i se presentaron en el Parlamento para avanzar en dicho reco-nocimiento y mejora fueron rechazadas en su mayoría, escudándose los grupos parlamentarios que votaron favorablemente la Ley y el propio gobierno, en el apoyo que afi rmaban disponer de las organizaciones sindicales que fi rmaron con el MEC un acuerdo laboral durante la trami-tación parlamentaria en octubre del año pasado.

Ahora, y con la excusa de regular el desarrollo profesional del profesorado, el gobierno in-troduce al profesorado en un laberinto inquietante, regresivo y jerarquizador: el Estatuto del Profesorado. Estatuto que, según sus promotores, quiere ordenar la profesión y refl ejar los derechos y deberes del Profesorado, pero lo que en realidad hace es introducir en la enseñanza pública métodos de gestión de personal empresariales, muy alejados de lo que es y debe seguir siendo el trabajo docente. En este Estatuto los planteamientos neoliberales de algunos sectores del gobierno y del MEC tienen un claro refl ejo.

El mismo proceso de negociación ha sido una clara burla al profesorado y a sus representantes sindicales:

El borrador presentado el 20 de junio del pasado año por el MEC fue unánimemente rechaza-do por los representantes del profesorado. Se exige un nuevo proyecto. El 18 de abril pasado, en la Mesa Sectorial de Educación del MEC el subsecretario de educación se compromete a recoger en un nuevo borrador las propuestas consensuadas por los sindicatos. Tras diversas mentiras de dicho subsecretario sobre con quien había pactado o no y lo que había pactado o dejado de pactar, el pasado 11 de mayo el MEC se descuelga con un nuevo borrador que sigue siendo, básicamente el mismo de antes: un proyecto regresivo y jerarquizante que no recoge las propuestas sindicales ni los compromisos verbales contraídos.

Centrándonos en el estatuto, que puede ser el eje vertebrador de las otras dos, desde los STEs-i rechazamos este nuevo borrador por las siguientes razones:

1. Las novedades del Estatuto se basan en la implantación de una “carrera docente” que se sustenta en la promoción de la competitividad entre el profesorado: correr y competir para llegar primero, para obtener tal o cual mérito, para poder cobrar tal o cual retribución. También se fundamenta en la facultad de la dirección de los centros o/y de la inspección educativa para informar favora-blemente o no de la evaluación a la que deberá someterse todo el profesorado; si la evaluación es “voluntaria” la carrera se realiza más rápidamente. La “carrera docente” se concreta en un nuevo planteamiento de las actuales retribuciones complementarias, con nuevos componentes del com-plemento específi co, apareciendo los “grados”, que se conseguirán previa evaluación positiva del Profesorado. Entre esos nuevos componentes destacan el de “especial dedicación al centro”, que es de carácter anual y no se consolida, y la introducción de la retribución de la función tutorial, que divide al profesorado e ignora que esta labor es inherente a la tarea de enseñar.

Los méritos para avanzar en la “carrera docente”, para conseguir el grado dependen de crite-rios tan oscuros o arbitrarios como la evaluación voluntaria de la práctica docente, la asunción de tareas y responsabilidades complementarias, la implicación con la mejora de los resultados del alumnado, a los que hay que sumar “una dedicación horaria especial de carácter estable al centro o servicios educativos”, esto es, se pagará la prolongación de la jornada laboral.

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2. Supone un nuevo desprecio a la reivindicación del Cuerpo Único de Enseñantes: mantiene la división corporativa actual aunque intenta enmascararlo arteramente. El subgrupo A2 de maestros sigue siendo de inferior formación, nivel y retribución.

3. Por lo que respecta a retribuciones, la conversión de sexenios en grados no contempla el aumento en las mismas. Para colmo, nos encontramos ante una futura ley más sin acompaña-miento de memoria económica.

4. La propuesta de Estatuto del Ministerio contiene otros aspectos que son negativos para el desarrollo profesional del profesorado: la redistribución de efectivos en el centro; la movilidad forzosa; la recolocación o impartición obligatoria de materias diferentes a la de acceso; la falta de garantías para que los concursos de traslados sean anuales; la libre designación para los puestos de trabajo, en igualdad con el concurso…

5. En cuanto a movilidad del profesorado, mantiene el actual sistema: acceso del grupo B al A por concurso-oposición. Y el paso a la Universidad queda tan ambiguo y casi imposible como siempre.

6. La falta de propuestas en salud laboral, sin ni siquiera mencionar las enfermedades profesio-nales dentro de la enseñanza. Por señalar un detalle curioso: al MEC le importa más el régimen disciplinario del profesorado que su salud laboral (le dedica más espacio en el borrador).

7. Con respecto a la Jubilación LOE, el borrador la contempla en las disposiciones transitorias, lo que equivale a decir, aunque no lo diga expresamente, que se mantiene sólo hasta 2011.

8. El proyecto de Estatuto sigue dejando al Profesorado Interino en una precariedad laboral y económica permanente, sin estabilidad laboral, con contratos anuales y, para aumentar su dis-criminación, sin poder acceder a los grados.

9. El laberinto en el que el MEC ha introducido al Profesorado contiene otro elemento que va claramente contra su dignidad como trabajadores. No se reconoce el derecho de las personas que ostentan la representación sindical a intervenir en todo lo concerniente a la defensa de los derechos del profesorado: horarios, ceses, plantillas, baremos…

10. Y, por último, la posibilidad de que el profesorado pueda ser “degradado” con la pérdida de los grados adquiridos, como sanción ante faltas que no se concretan, y esto después de poner a todo el profesorado bajo sospecha con la evaluación voluntaria.

El Estatuto debe dignifi car la tarea de enseñar

El conjunto del profesorado, que no tiene entre sus prioridades la existencia de un Estatuto, considera, sin embargo, necesario que la administración y el conjunto de la sociedad reco-nozcan y valoren la importancia de su trabajo, por lo que el posible Estatuto debe servir para dignifi car la tarea de enseñar, para mejorar las condiciones de trabajo del Profesorado; para empeorar, no queremos Estatuto.

En la negociación de este proyecto STES-i ha exigido al Ministerio que revise a fondo las nuevas bases en que pretende fundamentar las relaciones laborales del Profesorado y sus retribucio-nes. El gobierno ha de asumir que la enseñanza supone necesariamente trabajar en equipo y que debe desterrarse cualquier atisbo de competitividad entre el Profesorado, promoviendo el

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trabajo colectivo y en equipo, la autonomía y la democratización de los centros, el aumento de las plantillas, la disminución de las ratios, la constatación de la labor tutorial de todo el profeso-rado, una mayor capacidad de decisión de los órganos colegiados…

2. Concretamente, desde STEs-i continuamos exigiendo, ante la LOE, ante la LEA y ante el nuevo Estatuto y para responder a las exigencias de una sociedad más democrática, más participativa, más social, lo siguiente:

1.- Por la Escuela Pública:

1.1. Aumento signifi cativo de la dotación presupuestaria hasta un 7% del PIB. Negociación de una red pública de Centros sufi ciente que satisfaga la demanda en todas las etapas y tipos de enseñanzas.

1.2. Establecimiento del Cuerpo Único de Enseñantes o del Profesorado, con el título de Grado equivalente a la actual licenciatura para todos sus componentes. Movilidad horizon-tal y vertical, incluida la Universidad, por concurso de méritos.

1.3. Dotación sufi ciente de plantilla de personal docente, no docente y de PAS en los cen-tros, con el objetivo de lograr una adecuación de las mismas a las necesidades educativas actuales. Dotación a los centros del personal especializado necesario para el apoyo a la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, para la compensación edu-cativa y para la prevención y atención a la diversidad.

1.4. Paralización de la política de conciertos educativos con empresas privadas. Eliminación de los conciertos a los centros que segreguen al alumnado en función de género, opciones religiosas, nivel económico o cualquier otra. Eliminación de la enseñanza confesional de cualquier doctrina religiosa en los centros y el currículum escolar.

1.5. Por una evaluación del sistema a través de los propios agentes educativos y orientada a la detección y superación de las difi cultades y problemas planteados, es decir a la mejora y perfeccionamiento del sistema educativo público andaluz.

2.- Por la mejora de las condiciones de trabajo:

2.1. Jornada laboral de 35 horas semanales reales. Reducción de la jornada lectiva en todos los niveles educativos. Reducción signifi cativa del horario lectivo a las personas mayores de 55 años. Reducción de jornada por estudios, problemas de salud y embarazo.

2.2. Implantación del año sabático.

2.3. Dotación sufi ciente para cubrir todas las sustituciones y el apoyo en todos los niveles y programas educativos.

2.4. Mejora de la condiciones de trabajo del profesorado itinerante y que comparte centro, aumento de dietas por kilometraje, créditos a coste cero para la adquisición de vehículos y consideración de accidente laborales de los accidentes «in itinere».

2.5. Avanzar en el proceso de la jubilación anticipada indefi nida, a los treinta años de servi-cio o a los sesenta de edad con el 100% de las retribuciones.

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3.- Por la estabilidad en el empleo:

Personal Funcionario.

3.1. Convertir en plantilla orgánica todas las vacantes existentes en los centros, para su oferta en los Concursos de Traslados. Conocimiento previo de las vacantes. Negociación de los criterios para creación, supresión o amortización de plazas y vacantes del Concurso General de Traslados. Negociación anual con cada Junta de Personal de la concreción de los criterios anteriores.

3.2. Mantenimiento de la convocatoria anual del Concurso, alternándose el estatal y el an-daluz. Garantías de mantenimiento de los destinos defi nitivos alcanzados por el concurso de traslados. Respeto a los derechos adquiridos por el profesorado funcionario: no a la movilidad forzosa ni a la redistribución de efectivos, que se contemplan en el proyecto de Estatuto. Rechazo a la adjudicación forzosa de destinos.

Personal Interino.

3.3. Estabilidad para todo el Profesorado Interino, sin divisiones, hasta su acceso defi nitivo a la condición de funcionario/a de carrera. Mantenimiento de la elaboración de listas a través del tiempo de servicio, desvinculadas de las convocatorias de las oposiciones.

3.4. Acceso a la función pública docente por concurso de méritos. Derogación del modelo actual de acceso. Negociación de un nuevo sistema que contemple el Acceso Diferenciado para el profesorado interino, sin pruebas eliminatorias, donde la experiencia docente tenga carácter primordial.

3.5. Equiparación de las condiciones laborales con el personal funcionario de carrera, espe-cialmente en lo relativo a las retribuciones, licencias y permisos y formación. Mejoras en las condiciones de trabajo en los aspectos de: ampliación de motivos para la renuncia del des-tino adjudicado o puesto ofertado, mayores facilidades ante los intercambios temporales, conciliación de la vida laboral y familiar y atención a los casos de extrema necesidad.

4.- Por la mejora de las retribuciones

4.1. Negociación de un nuevo sistema retributivo que incluya los actuales complementos en el salario base y el nivel 26 de complemento de destino para todo el profesorado. Mien-tras se alcanza el Cuerpo Único del Profesorado, reclamamos transitoriamente, el nivel 24 para el Cuerpo de Maestros y el nivel 26 para los Cuerpos de Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial.

4.2. Aumento progresivo del Complemento Específi co General para todo el Profesorado, como medida de apoyo. El aumento lineal sería de 60 € inicialmente, incrementándose progresivamente hasta alcanzar los 250 € en el momento que fi nalice la implantación de la LOE.

4.3. Homologación real que supere el actual sistema retributivo y que incorpore su cuantía a la masa salarial, a un reparto homogéneo para todo el profesorado y que compense la deuda histórica que el profesorado andaluz tiene con el resto del estado.

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4.4. Los aumentos salariales deben ser iguales al IPC real y contemplar un porcentaje para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Establecimiento de una cláusula de revisión salarial automática.

4.5. Las pagas extraordinarias deben ser completas, con el 100% de todos los complementos.

5.- Por una formación para la mejora de la enseñanza

5.1. Formación inicial de Licenciatura o Grado equivalente para el acceso a todas las etapas educativas.

5.2. La formación continua es un derecho y un deber del profesorado, que es responsabili-dad de las administraciones educativas. Ésta se realizará en horario lectivo. Rechazamos la privatización de la formación. La formación se realizará preferentemente en los centros de trabajo en las modalidades centradas en la potenciación de equipos de trabajo que tengan incidencia directa en el aula: ciclos, departamentos y claustros.

5.3. Potenciación de la innovación, la experimentación y la investigación educativa realizada por el Profesorado.

5.4. Reconocimiento y apoyo institucional a los grupos de profesoras y profesores que planifi quen su autoformación y la refl exión conjunta sobre problemas pedagógicos. Apoyo institucional a los Movimientos de Renovación Pedagógica.

5.5. Ampliación generalizada del número de licencias por estudios, con el cobro íntegro de las retribuciones.

6.- Por la gestión democrática de los centros

6.1. Posibilitar la gestión democrática de los centros educativos. Rechazo del modelo de gestión empresarial y competitivo recogido en la propuesta de Estatuto Docente y la Ley de Educación de Andalucía.

6.2. Potenciación de Claustros y Consejos Escolares, dotándoles de mayores competencias dejando de ser meros órganos consultivos. Puesta en valor de los Consejos Escolares Mu-nicipales y Territoriales.

6.3. Elección democrática de todos los cargos directivos, incluidos los de los futuros Cen-tros Integrados de Formación Profesional.

6.4. Potenciación del trabajo en equipo del profesorado, con reducción horaria específi ca.

6.5. Desarrollo de una Educación basada en los valores del pensamiento crítico, la solidari-dad, la igualdad de género y en el respeto de la diversidad.

7.- Compensación de desigualdades y atención a la diversidad

7.1. Los centros de Ed. Infantil y Primaria tendrán un Departamento de Orientación com-pleto, manteniendo las estructuras de los Equipos de Orientación. En Ed. Secundaria, do-tación de un Departamento de Orientación completo, con profesorado sufi ciente para

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poder canalizar y adoptar diversas medidas para atender a la diversidad. Los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas específi cas (n.e.e.) tendrán una reducción de ratio. Como máximo habrá 2 alumnos con n.e.e. por aula.

7.2. Reducción del horario lectivo para la acción tutorial, como elemento clave de atención a la diversidad; así como para la realización de coordinaciones, estableciendo cada centro el número de horas en función de sus necesidades.

7.3. Potenciación de la autonomía pedagógica de cada centro, impulsando el papel del claus-tro y consejo escolar para establecer y reforzar programas de atención a la diversidad en función de su contexto.

7.4. Implantación del servicio de comedor escolar en todos los centros educativos públicos con personal específi co a cargo de la Administración. Adecuación del servicio de transporte escolar a unas condiciones de seguridad y calidad óptimas y adecuadas a las características y necesidades del alumnado.

7.5. Los centros de Educación Especial serán de hecho centros de apoyo y recursos al ser-vicio de los centros de su ámbito, lo que supondrá la dotación adecuada de recursos perso-nales y materiales necesarios y nunca una sustitución de servicios que necesita la zona.

8.- Por la mejora de la convivencia en los centros educativos

8.1. Reducción de la ratio generalizada y de de forma urgente en aquellos centros y cursos donde se detecten defi ciencias en la convivencia. Profesorado de refuerzo y personal espe-cializado para la resolución de confl ictos a disposición de todos los centros.

8.2. Arbitrar un sistema sencillo para que sea la administración educativa la que denuncie ante la Justicia actuaciones que recaigan en el campo penal. Publicación de un protocolo práctico de actuación frente a las situaciones de violencia que contemple todas las mani-festaciones en las que se presenta. Facilitar la adopción de proyectos específi cos con una atención especial en los centros de las zonas más problemáticas.. Apoyo y orientación con todos los medios de la administración para aquellos profesionales que se vean implicados en casos de violencia latente o explícita.

8.3. Favorecer una distribución equitativa de alumnado problemático en todos los cen-tros. Impedir que, con diversos métodos, se seleccionen discriminatoriamente al alumnado. Tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad según las circunstancias de cada Centro que pueden ir desde infraestructuras a personal especializado.

8.4. Implicar y responsabilizar a la familia en el comportamiento del alumnado, buscando medidas concretas y que impliquen la intervención de otros estamentos e instituciones (ayuntamientos, AMPAs, otros centros educativos, etc.) en aquellos casos que el centro no pueda abarcar por su complejidad. Implicar a otras administraciones públicas (Ayuntamien-tos, Delegación de Igualdad y Bienestar Social, etc.), pues las difi cultades de convivencia en los centros muchas veces son consecuencia del ambiente social.

8.5. Cumplir las orientaciones que el Defensor del Pueblo hizo en 2000 y el Consejo Escolar de Andalucía recogió en sus informes, sobre respeto de los horarios infantiles y juveniles, los contenidos violentos, despreciativos y disruptivos y los formatos dirigidos a la población

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adolescente. Apoyo explícito de la Cultura de la No Violencia. Intervenir para que la infor-mación de los casos de violencia responda a criterios de objetividad y equidad, facilitando con ella la resolución de los confl ictos.

Es decir, todo un conjunto de medidas que intente reducir y paliar la progresiva privatización y mercantilización de la enseñanza Pública, y que contribuya a dignifi car y reconocer la labor docente del profesorado.

[D. JOAQUÍN ARAUZ RIVERO. Secretario Regional Federación Enseñanza

de USO] 11

Y a es la última intervención, pacientes compañeros y colegas. Dos cuestiones antes de ha-cer nuestra intervención: Una, el modelo educativo de la Unión Sindical Obrera es lo que

está previsto en la Constitución, como no puede ser de otra manera, la Enseñanza Pública, Con-certada y Privada. Segunda cuestión: queremos ser muy estrictos con la cuestión que se nos plantea y vamos a hablar de la LEA, no de otros acuerdos, sino de la LEA y del profesorado.

Para nosotros es importante, en primer lugar, destacar en qué condiciones se mueve el pro-fesorado en los centros andaluces en la actualidad. Y destacamos una serie de características que creemos que son ciertamente palpables. La sociedad y por tanto la escuela está inmersa en unos procedimientos de comunicación inmediata, multidireccional, ante la que el profesorado, muchas veces, se siente inerme, porque su formación no avanza al ritmo que avanzan las tec-nologías. Ésa es la segunda característica: Nuestra sociedad está fuertemente tecnologizada y, ciertamente, hay una inercia del profesorado y de otros profesionales para dominar todos esos medios, que muchas veces nos abruman. También está muy burocratizada la escuela, de eso se queja mucho profesorado, que tiene que dedicar gran parte de su tiempo a una serie de tareas, que creemos que no le corresponden. Por otra parte hay un ambiente social que se ha ido degradando de una manera paulatina y que está infl uyendo muchísimo en nuestras condiciones de trabajo diario. Por último, y estoy de una manera muy esquemática destacando lo más sobre-saliente desde nuestro punto de vista, creemos y compartimos que hay una bajísima motivación del alumnado, muchas veces indisciplinado, poco habituado al esfuerzo, a la autosuperación y, lamentablemente, muchas veces agresivo.

¿En qué medida la LEA trata de atajar estas disfunciones, estas difi cultades? Sinceramente, desde el punto de vista de USO, lo hace de una manera poco valiente, muy difusa, muy poco compro-metida. Es cierto que en la LEA se incentiva la formación inicial y permanente del profesorado, es cierto. Es cierto que se trata de reconocer la función social del papel del profesorado, pero cree-mos que no se apuesta decididamente por ello, por la razón que sea, pero no se apuesta por ello desde nuestro punto de vista. Para colmo, tampoco activa una serie de medidas para recuperar algo que para el docente es fundamental, y es la disciplina en las aulas y la autoridad del profe-sorado, entendiéndolo como unas condiciones mínimas para poder interconectar. Si no hay un reconocimiento de la autoridad del profesorado, no en el sentido autoritario, sino en el sentido de autoridad moral y efectiva, difícilmente podemos hacer realidad el fondo de nuestro trabajo.

*Transcripción literal de la intervención en las VIII Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía el día 2 de junio de 2007.11

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A nuestro juicio hay tres razones, voy a lo fundamental, por las que creemos que la LEA no apuesta de una manera decidida por el profesorado:

Primera razón, las iniciativas para la valoración social del profesorado son muy tibias. Hay algo fundamental para nosotros, creemos que es importante recordar que el profesorado, a través de la institución escolar, es depositario del compromiso y del mandato de toda la sociedad para formar al hoy alumnado, mañana futuros ciudadanos y ciudadanas, construyendo un determi-nado tipo de sociedad con unos valores. Creemos que eso es fundamental tenerlo en cuenta y eso se hace con el esfuerzo de toda la sociedad y con su sacrifi cio económico. Por tanto, pri-mera cuestión, el profesorado es autoridad moral y real y, como tal debe ser tratado. Cuando un profesor es menospreciado, creemos desde la USO, que se está menospreciando a toda la sociedad y a todo el esfuerzo que se hace. Demandamos desde la USO medidas fi rmes y expe-ditivas y somos partidarios de que cualquier agresión al profesorado sea considerada como un delito contra la autoridad. Creemos que es fundamental recuperar esa autoridad efectiva que permita el normal desarrollo de la tarea docente. En este sentido, sinceramente creemos que se puede incentivar, y es un elemento más, de manera económica al profesorado, aunque creo que lo que se hace, hablo de la LEA, es de una manera bastante cicatera. Y baste recordar que muchos profesionales, que no requieren ni de tanta formación inicial ni permanente, gozan de salarios bastante más altos que los nuestros.

En segundo lugar, de las tres razones que voy a dar, creemos que la LEA no apuesta sufi -cientemente por el profesorado, porque una serie de valores fundamentales en el aula, entre el alumnado, no apuesta decididamente por ello. Valores que creemos que hacen sanas a las sociedades. ¿De qué valores hablamos? Hablamos del esfuerzo, del sacrifi cio, del rigor, de la disciplina, del respeto a los demás, de la satisfacción por el trabajo bien hecho, de la búsqueda de la excelencia, etc. Yo sé que esto que estoy diciendo algunos lo considerarán políticamente incorrecto; bien, es una opinión creemos que compartida por muchos profesores a pie de obra y también decimos que se construye desde la crítica constructiva, desde la crítica razonada, seguramente mucho más que desde la autocomplacencia. En cualquier caso, recordamos que muchos deportistas de elite, muy bien considerados, han llegado y siguen donde están porque cada día se esfuerzan, se sacrifi can, se superan... Ese espíritu creemos que, decididamente y con esa autoridad, hay que llevarla al aula.

En tercer y último lugar, creemos que la LEA apuesta muy poco por la salud laboral del profeso-rado. En este sentido, seguimos recordando iniciativas tendentes a la consideración de determi-nadas enfermedades profesionales, las del aparato fonador y determinadas depresiones asocia-das a la función docente, y, sobre todo, no se tiene en cuenta el desgaste que produce el ejercicio de la profesión en el profesorado con muchos años de servicio a sus espaldas. No compartimos, desde la USO, que el profesorado mayor de 55 años pueda reducir jornada reduciendo salario. Proponemos que pueda hacerlo progresivamente manteniendo el salario; el desgaste lo sabe quien lo vive. De una manera genérica, sinceramente creemos que la LEA apuesta por el profe-sorado de una manera muy tímida, pero por el profesorado de los centros públicos.

Y, ahí está la otra cuestión. El profesorado de los centros concertados se omite por completo, veréis, no aparece en el Anteproyecto de Ley. No nos parece que eso sea de recibo. En este sentido recordamos, muy telegráfi camente, el capítulo dos, en su título primero, está dedicado al profesorado, pero sólo al profesorado de los centros públicos dependientes de la Junta de Andalucía. No olvidemos que una parte del profesorado andaluz sostenido con fondos públi-cos en centros democratizados tiene derecho, a nuestro juicio, a estar en esa importante Ley. Insisto, no aparece.

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Sabemos perfectamente que son trabajadores por cuenta ajena con contrato de trabajo perfec-tamente, pero creemos que es importante el hecho de que están prestando el mismo servicio a la sociedad andaluza, insistimos sostenidos con fondos públicos, fi scalizados, como no puede ser de otra manera. Esta misma consideración que proponemos desde la USO es compartida en la Ley Orgánica de Educación que, de una manera explícita, se refi ere a este profesorado en diversos momentos de la Ley.

Estoy acabando. Desde la USO, de una manera muy resumida, hay dos cuestiones que para nosotros son decisivas: Debe recogerse en la Ley de Educación de Andalucía, hablando del pro-fesorado, no hablamos ahora del personal de administración y servicios, dos cuestiones: deben aparecer aspiraciones históricas del profesorado que en otros lugares del país lo hemos ido consiguiendo, y son las siguientes:

1) la analogía retributiva, lo decía algún compañero antes, que es algo muy elemental. A igual trabajo, igual salario.

2) la similitud del resto de las condiciones, horarios, plantillas, dotaciones, etc.

Es cierto que no somos exactamente iguales, es cierto, y eso habría que matizarlo, pero esta-mos insistiendo en que se realiza la misma función social, la misma, con dinero público. En este sentido, desde la USO exigiremos que todo eso que se haga, y no estoy hablando de posibles acuerdos que vendrán si vienen, estoy hablando de la LEA, todo lo que se haga, se haga de manera autónoma con ninguna referencia expresa a cómo se hace en otras comunidades, para algo hemos conquistado una autonomía refl ejada en documentos políticos.

Finalizo diciendo lo siguiente: por esta razón que he expuesto, por la omisión, a juicio de la USO, intolerable, del profesorado de los centros concertados en el anteproyecto de la LEA, la Unión Sindical Obrera ha sido la única organización que ha votado en contra del Anteproyecto en el pleno del Consejo Escolar de Andalucía que trató este asunto, por una cuestión de coherencia, porque creemos que lo que decimos debe venir acompasado con lo que hacemos. Ciertamente hay todavía un proceso abierto de negociación, un trámite parlamentario y nos parece, estamos esperanzados, que en ese proceso podamos incorporar estas cuestiones que para nosotros son elementales.

Muchas gracias.