Acta Sesión Bulnes

8/18/2019 Acta Sesión Bulnes

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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA.PERIODO LEGISLATIVO 2010-2014.

358ª LEGISLATURASESIÓN 57ª., ORDINARIA, CELEBRADA EN MARTES 21 DE DICIEMBREDE 2010, DE 15:30 A 18:20 HORAS.

SUMA.

- La Comisión se constituyó en investigadoraen conformidad con el mandato otorgado porla Sala para analizar y pronunciarse sobre laseventuales responsabilidades políticas yadministrativas en el incendio que afectó el

Centro de Detención Preventiva San Miguel, asícomo también acerca de la forma en que haoperado en las últimas dos décadas el procesode construcción y modernización de losrecintos penitenciarios.

Para tales efectos, se recibió al Ministro deJusticia y al Director Nacional de Gendarmeríade Chile.

- Se inició la sesión a las 15:30 horas.

PRESIDENCIA.

Presidió el Diputado señor Araya Guerrero, don Pedro.

Actuó, en calidad de Secretario de la Comisión, elabogado señor Eugenio Foster Moreno y, como abogada ayudante, la señoraXimena Inostroza Dragicevic.

ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes señores Diputados integrantesde la Comisión: Burgos Varela, don Jorge; Calderón Bassi, don Giovanni;Cardemil Herrera, don Alberto; Ceroni Fuentes, don Guillermo CornejoGonzález, don Aldo; Eluchans Urenda, don Edmundo; Harboe Bascuñán,don Felipe; Monckeberg Bruner, don Cristián; Rincón González, don Ricardo;Schilling Rodríguez, don Marcelo, en reemplazo de Díaz Díaz, don Marcelo, ySquella Ovalle, don Arturo.

Concurrieron, asimismo, el Ministro de Justicia, señorFelipe Bulnes Serrano y el Director Nacional de Gendarmería de Chile, señorLuis Masferrer Farías.

ACTAS.El acta de la sesión 54ª ., especial, se declaró aprobada

por no haber sido objeto de observaciones.


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Las actas de las sesiones 55ª. y 56ª., ordinarias, fueronpuestas a disposición de los señores diputados.

CUENTA.

Se dio cuenta de:

1.- Una moción de los Diputados señores Robles, Accorsi, Lobos, Meza y Vargas, que establece modificaciones al BoletínComercial (boletín N° 7376-07).

2.- Una moción de las Diputadas señoras Isasi ySepúlveda, y de los Diputados señores Araya, Calderón, Delmastro, Farías,Meza, Rivas y Velásquez, que modifica el artículo 19 N° 7, letra d), de la

Constitución Política de la República, con el objeto de establecer como undeber del Estado garantizar el pleno respeto de la dignidad y seguridad delas personas privadas de libertad (boletín N° 7379-07).

3.- Una reforma constitucional contenida en moción delas Diputadas señoras Isasi y Sepúlveda, y de los Diputados señores Araya,Calderón, Delmastro, Farías, Marinovic, Meza y Velásquez, que modifica elartículo 19 N° 15 de la Carta Fundamental, con el objeto de asegurar laefectiva democracia interna de las asociaciones que no sean partidospolíticos (boletín N° 7380-07).

4.- Una reforma Constitucional contenida en moción de

las Diputadas señoras Isasi y Sepúlveda, y de los Diputados señores Araya,Calderón, Delmastro, Farías, Marinovic, Meza y Rivas, que establece lasocialización de los proyectos de ley (boletín N° 7381-07).

5.- Una moción de las Diputadas señoras Isasi ySepúlveda, y de los Diputados señores Araya, Calderón, Delmastro, Farías,Marinovic, Meza y Rivas, que modifica el artículo 90 del Código ProcesalPenal, con el objeto de flexibilizar el procedimiento de levantamiento decadáveres (boletín N° 7384-07).

6.- Un proyecto de ley que introduce, en ley N° 18.918,Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, normas para fortalecer eltrabajo parlamentario (Boletín N° 7127-07), en segundo trámitereglamentario.

7.- Un oficio de la Presidenta de la Corporación,mediante el cual remite solicitud de la Directora del Instituto Nacional deDerechos Humanos, a fin de que ella junto a profesionales de la Instituciónasistan a la Comisión cuando sean tratados proyectos que tengan relacióncon los derechos humanos.

8.- Un mensaje que crea el Tribunal Ambiental (boletínN° 6747-12), con informe de la Comisión de Recursos Naturales, BienesNacionales y Medio Ambiente, con urgencia calificada de “suma”.

9.- Una nota de la Asociación Nacional de OficialesPenitenciarios (ANOP), junto a las otras asociaciones de otras plantas delpersonal de Gendarmería de Chile, mediante la cual solicitan concurrir a laComisión Investigadora sobre el incendio de la cárcel de San Miguel.


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ORDEN DEL DÍA.

Mandato para investigar el incendio que afectó el Centro de DetenciónPreventiva San Miguel y el proceso de construcción y modernización de

los recintos penitenciarios.

Durante el curso de esta sesión se escuchó laexposición del Ministro de Justicia acerca de la situación penitenciaria enChile a noviembre de 2010.

La Comisión adoptó, por la unanimidad de susintegrantes presentes, los siguientes acuerdos:

1) Permitir el ingreso de fotógrafos y camarógrafos al

inicio de la sesión, a fin de que procedan a registrar imágenes, así como lapermanencia de los periodistas que deseen presenciarla en su totalidad.

2) Destinar al trabajo de la Comisión, constituida comoinvestigadora, las sesiones de los días lunes, de 14:00 a 16:00 horas, y delos miércoles, de 15: 30 a 18:00, manteniéndose las de los días martes parael quehacer legislativo.

3) Invitar al Director Nacional de Gendarmería de Chilea la sesión especial que se celebrará el 3 de enero, a fin de recabarantecedentes respecto del incendio que afectó al Centro de DetenciónPreventiva San Miguel, y a los representantes de las asociaciones de la

mencionada institución, a la sesión que se llevará a efecto el miércoles 5.4) Facultar al Presidente de la Comisión para coordinar

la realización de visitas inspectivas a las cárceles, pudiendo determinar quela primera de ellas se efectúe el lunes 3 de enero, antes de la sesiónprogramada para ese mismo día.

5) A petición del Diputado señor Burgos, solicitar alDirector Nacional de Gendarmería de Chile que dé a conocer la cantidad deinternos que ha albergado mensualmente el Centro de Detención PreventivaSan Miguel durante los doce últimos meses.

La exposición del señor Ministro y las intervenciones de

los señores diputados constan en una versión taquigráfica que se anexa aesta acta como parte integrante de la misma, en virtud del asentimiento tácitode los miembros de la Comisión, y en un registro de audio, de conformidadcon lo dispuesto en el inciso primero del artículo 249 del Reglamento de laCorporación.

- Se levantó la sesión a las 18:20 horas.

PEDRO ARAYA GUERRERO,Presidente de la Comisión.

EUGENIO FOSTER MORENO,

Abogado Secretario de la Comisión.


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COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN AL INCENDIO QUE

AFECTÓ AL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE SAN MIGUEL

Sesión 57ª, celebrada en martes 21 de diciembre de 2010,

de 15.31 a 18.17 horas.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Preside el diputado señor Pedro Araya.

Asisten los diputados señores Cristián Monckeberg, Jorge Burgos, Giovanni

Calderón, Alberto Cardemil, Guillermo Ceroni, Aldo Cornejo, Edmundo Eluchans, Felipe

Harboe, Ricardo Rincón, Arturo Squella y Marcelo Schilling.

Concurren los señores Felipe Bulnes Serrano, ministro de Justicia, y Luis

Masferrer Farías, director nacional de Gendarmería de Chile.

TEXTO DEL DEBATE

El señor ARAYA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la

sesión.

El acta de la sesión 55ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 56ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los

señores diputados.

El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor FOSTER (Secretario) da lectura a la Cuenta.

El señor ARAYA (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.

Informo a los señores diputados que no hay autorización para sesionar los jueves.

Está acordado sesionar los días lunes. Por tanto, la próxima sesión se celebraría el

lunes 3 de enero, en Santiago, de 14.00 a 16.00 horas. Para esa ocasión podríamos invitar a

las asociaciones de Gendarmería.


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El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido copia de la moción suscrita por el

diputado Velásquez.

El señor ARAYA (Presidente).- Hay una solicitud que, a través de la periodista de la

bancada del PRI, hicieron los medios de comunicación del Congreso, en orden a ingresar a

grabar la sesión. Algunos periodistas quieren permanecer durante todo el transcurso de ella.

Originalmente, la Comisión hacía acordado que las sesiones se iban a desarrollar

normalmente, que eran públicas, pero no televisadas.

Para que puedan ingresar los medios y estar en todas las sesiones se requiere el

asentimiento de todos los señores diputados.

El señor RINCÓN.- Señor Presidente, ¿y en el futuro podemos sesionar en

una sala especialmente habilitada para grabar?

El señor ARAYA (Presidente).- Se había acordado inicialmente no televisar.

¿Habría acuerdo para que los medios de comunicación del Congreso puedan

ingresar, permanecer en la sesión y grabar?

El señor CERONI.- Sólo para tomar imágenes.

El señor ELUCHANS.- Para tomar imágenes, porque no me parece propio

que un medio externo grabe completa la sesión. No me parece adecuado.

El señor RINCÓN.- Pero en el futuro podemos ir a una sala habilitada para

grabar.

El señor ELUCHANS.- Por supuesto que sí, pero eso lo solicitamos nosotros

internamente.

El señor RINCÓN.- Lo señalo para acordarlo y pedirlo.

El señor ARAYA (Presidente).- Entonces, el acuerdo sería que los medios puedan

entrar a tomar imágenes y a grabar un par de minutos al comienzo de la sesión. Respecto de

los periodistas que se quieran quedar, hay acuerdo para que puedan hacerlo.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, no tengo inconveniente en que entren y que

graben todo, siempre que sea con respeto.

El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Pero para las próximas sesiones, ¿van a dejar

entrar los trípodes que instalan atrás de la mesa?

El señor ARAYA (Presidente).- El acuerdo original señala que no eran televisadas las

sesiones y las grabaciones se iban a autorizar sesión a sesión.


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El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Pero si hay voluntad se puede modificar el

acuerdo.

El señor ARAYA (Presidente).- Entonces, vamos a autorizar que los medios entren a

grabar y que los periodistas que se quieran quedar puedan hacerlo.

También acordamos que se van a realizar sesiones en Santiago los días lunes, de 14

a 16 horas, por lo tanto hay que buscar una sala adecuada.

El señor BURGOS.- Por la decisión de la Sala de no autorizarnos a sesionar los días

jueves, vamos a tener que volver al criterio de celebrar las sesiones de esta Comisión los

días lunes en Santiago y los días martes en el mismo horario de las sesiones legislativas.

El señor ARAYA (Presidente).- Exactamente.

El señor RINCÓN.- ¿Por qué los martes y no los miércoles?

Un señor DIPUTADO.- Pero si la Sala no autorizó que sesionemos el jueves,

tampoco va a autorizar para el martes o el miércoles.

El señor RINCÓN.- No, la sesión se realizaría en los horarios de la tarde. Por

eso consulto por qué no sesionamos los miércoles.

El señor ARAYA (Presidente).- Hay interés en despachar la modificación a la

ley Nº 18.216, que es un compromiso prioritario.

Propongo dejar el martes para el trabajo legislativo y el miércoles para la

Comisión Investigadora.

¿Habría acuerdo para proceder en esos términos?

Acordado.

Esta sesión tiene por objeto investigar los hechos que dieron origen al

incendio que afectó el Centro de Detención Preventiva San Miguel.

Se hace presente que la Secretaría de la Comisión ha remitido a los e-mail

de los señores diputados los siguientes documentos. En primer lugar, el informe de la

Comisión Especial Investigadora del proceso de Concesiones Carcelarias del año 2008. En

segundo lugar, el informe de la Comisión Especial Investigadora de los Problemas carcelarios

del País, de 1992. Y en tercer lugar, recomendaciones para una nueva política penitenciaria,

emitido en marzo del presente año y que fue elaborado por el Consejo para la ReformaPenitenciaria conformada por académicos y expertos de diversas instituciones.


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Para esta sesión se encuentran invitados el señor Felipe Bulnes Serrano,

ministro de Justicia, quien concurre junto a la jefa de la división Jurídica, señora Paulina

González Vergara; al jefe de gabinete del señor ministro, señor Germán Subercaseaux; así

como también el señor Luis Masferrer Farías, director nacional de Gendarmería de Chile,

quien concurre junto al subdirector operativo, coronel Jaime Concha Soto; al director

regional metropolitano, coronel Carlos Bustos Hofmann y al ayudante del director nacional,

mayor Renán Sepúlveda Aldunate.

Ofrezco la palabra, en primer lugar, al señor ministro de Justicia.

El señor BULNES (ministro de Justicia).- Señor Presidente, quiero agradecer

la invitación de la Comisión y también declararme desde ya disponible para todas las

invitaciones posteriores que quieran formularme, porque en la medida en que vayan

surgiendo antecedentes o reflexiones, no me cabe duda que puede ser de utilidad para

ustedes contar con la visión del Ministerio de Justicia al respecto.

Traigo una presentación en Power Point. Básicamente, son láminas de

apoyo respecto de lo que quiero formular.

Señor Presidente, propongo hacer la presentación, que no va a ser fundada

en el Power Point, sino más bien apoyada en él, si es del caso, y luego de la exposición, que

va a durar 15 ó 20 minutos, recibir las preguntas que la Comisión quiera hacerme.

El señor ARAYA (Presidente).- Muy bien. En primer lugar, va a exponer el

ministro, y luego se le harán las preguntas. Posteriormente expondrá el director de

Gendarmería y se seguirá el mismo procedimiento, sin perjuicio de tener la posibilidad de

repreguntar al ministro.

El señor BULNES.- Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que en cualquier análisis o diagnóstico, ya sea con motivo del incendio

de la cárcel de San Miguel o por el mandato de la Comisión, en cualquier mirada

retrospectiva y de futuro de nuestro sistema penitenciario, es clave tener presente o

recordar que Chile tiene tasas de encarcelamiento especialmente altas.

El número va cambiando. A veces son 320 cada 100 mil habitantes, o 315.

Pero la cifra que señalamos en la diapositiva nos habla de una tasa de encarcelamiento de

317 personas cada 100 mil habitantes. Expresado en un guarismo que tal vez sea más fácil

de entender, el 0.32 por ciento de la población está encarcelado. Entendemos por

encarcelados a los condenados, la gran proporción, como también a aquellas personas que

están en prisión preventiva.


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La lámina siguiente muestra que a nivel sudamericano nos ubicamos como

el tercer país con mayor tasa de encarcelamiento. Solamente estamos después de Guyana

Francesa y de Surinam.

La tasa empieza a decaer sustancialmente. Países como Argentina y Perú

tienen tasas que corresponden prácticamente a la mitad de la que presenta Chile.

En el contexto internacional, Chile ocupa un lugar de avanzada que por

supuesto no es motivo de alegría sino más bien de reflexión. Como ya dije, a nivel

sudamericano nos encontramos en el tercer lugar y a nivel mundial nos ubicamos en el lugar

35.

Por supuesto que hay países que tienen tasas más altas de encarcelamiento.

Estados Unidos es el caso paradigmático: tiene 760 personas por cada 100 mil habitantes

que es lo mismo que decir que hay dos millones y medio de personas encarceladas, o el 0,8

por ciento. Es decir, la población penal se aproxima al uno por ciento.

Por cierto es un antecedente que nos debe llevar a algunas reflexiones

respecto de la forma en que estamos utilizando nuestro recurso cárcel.

El señor BURGOS.- Señor ministro, ¿tiene el dato de Cuba?

El señor BULNES.- No lo tengo.

El señor BURGOS.- Llama la atención que no esté entre los más altos.

El señor BULNES.- No sé si está expresamente excluido porque no aporta la

información. Tiendo a creer que no figura en los rankings por falta de base de datos

confiables.

Al hablar de tasas de encarcelamiento tan altas como la de Chile, la reflexión

inmediata es preguntarse por nuestra tasa de hacinamiento. A una tasa de encarcelamiento

alta, no es aventurado sospechar que la tasa de hacinamiento también es importante.

La siguiente imagen muestra nuestros números respecto de ese tema. Son

números dinámicos, cambiantes minuto a minuto, pero es una fotografía que representa

con relativa fidelidad la tasa de hacinamiento que nos caracteriza en estos momentos.

Según diseño, tenemos una capacidad para 34.036 personas y existe una

población penal recluida del orden de las 53.000 personas. Eso nos habla de una tasa de

hacinamiento cercana al 60 por ciento, que es un número recurrente.


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Para expresarlo en términos sencillos, donde caben 100, tenemos a 160

personas. Ese es el promedio nacional porque no se distribuye de manera pareja a lo largo

del país. Hay penales que tienen una tasa de hacinamiento menor, pero hay otros que

tienen tasas de hacinamiento significativamente más altas, llegan al ciento por ciento y, en

algunos casos, superan esa cifra.

La cárcel de San Miguel figura dentro de aquellas que tienen una tasa de

hacinamiento cercana al 90 por ciento. Incluso, hemos visto distintos números estos días a

partir del trágico incendio del 8 de diciembre.

Definir que la capacidad del sistema es de 34.036 personas, es bastante

discutible. Por ejemplo, la ex penitenciaría es un recinto construido en 1843; la cárcel de San

Miguel en un recinto de 1983. Son recintos con mayor o menor antigüedad, lo que no hace

fácil determinar con certeza su capacidad. Por eso, no es de extrañar que la cárcel de San

Miguel o cualquier otro recinto penitenciario, sobre todo los que no son concesionados,

tengan alguna varianza en cuanto a su capacidad de diseño.

Pero la imagen con la cual se trabaja dice que nuestro sistema penitenciario

alberga o permitiría albergar a 34.000 personas.

Respecto del hacinamiento, no se trata sólo de un número o de comparar lo

que tenemos versus lo que podríamos albergar.

He dicho reiteradas veces, antes y después del incendio, que el

hacinamiento es un problema que tiene amplias repercusiones y no sólo en las condiciones

de habitabilidad en las que se encuentran los internos.

Me permito sugerirle a la Comisión, porque creo que es vital, que concurran

a conocer alguno de los recintos penales de nuestro país. Por ejemplo, la ex penitenciaría, la

cárcel de San Miguel, aunque esa última no es la que presenta mayor hacinamiento, ni la

más dramática. Hay recintos en los que el grado de deshumanización es todavía más fuerte.

La falta de espacio incide en las condiciones de habitabilidad, pero también

en las capacidades de segregación y de rehabilitación. Eso es muy importante hablarlo de

frente.

Si no se tiene el espacio suficiente, hablar de rehabilitar se vuelve una

aspiración de deseo y no una realidad próxima a ser ejecutada. Si se habla de la importancia

de la segregación, más allá de algunos defectos que veremos respecto de nuestra lógica de

segregación, también se vuelve extraordinariamente difícil si se carece de espacio.


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Además, en penales más hacinados, el control de cualquier calamidad,

motín, riña entre internos, o cualquier procedimiento es especialmente dificultoso, desde

las condiciones operativas hasta las condiciones de trabajo de los mismos funcionarios o de

las fuerzas de apoyo como bomberos y carabineros.

Por lo tanto, el hacinamiento no es algo meramente teórico; tiene

consecuencias reales, crudas, y estamos obligados a abordarlas.

La pregunta que debemos hacernos es cómo llegamos a esa tasa de

encarcelamiento que, como consecuencia, refleja esas tasas de hacinamiento.

Creo que es importante ver la manera en que fue subiendo la población

penal en los últimos 20 años. Es claro, y tienden a repetirlo todos los que analizan las cifras y

buscan correlaciones, que desde 1990 a 2000, haciendo un primer corte, se produce una

escalada importante en la población penal.

Nadie discute, hasta ahora, que la promulgación de la reforma procesal

penal tuvo una incidencia bastante decisiva en la escalada de esas cifras hasta niveles muy

importantes.

En 2000 se produce el inicio de la reforma procesal en las regiones de La

Araucanía y de Coquimbo, y se mantiene relativamente estable porque comienzan

paulatinamente a incorporarse las regiones restantes. En 2005, los saltos son francamente

importantes por el ingreso de la Región Metropolitana, que tiene una gravitación dentro de

nuestro sistema, bajo la perspectiva que se le quiera mirar, pues tiene una concentración de

población muy fuerte.

Entonces, desde 2005, las cifras saltan de 37 mil a 39 mil, luego a 43 mil, a

47 mil y a 53 mil.

Quizás la única noticia alentadora dentro de un cuadro que no lo es, es que

notamos que en 2009 seguíamos con esa escalada de crecimiento de población penal, pero

la cifra se empezó a estacionar.

La siguiente imagen muestra la evolución de la población penal recluida.

Veníamos al alza y en 2009, en un análisis mes a mes, empezamos a tocar los 52.000, 52.500

y cayó en diciembre. En enero vuelve a caer a 51.000 y se mantiene hasta julio. Se llega a un

peak de 53.000, pero en noviembre llegamos nuevamente a los 52.000. Y sabemos que en

diciembre esa cifra va a bajar, salvo algún evento extraordinario, porque se produce un

ingreso de rebajas de condenas, que por ley le corresponde firmar al ministro de Justicia.


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Hemos firmado una gran cantidad y no porque queramos hacerlo, sino porque es un

imperativo legal que se concentra mayormente en diciembre.

El año pasado el número bajó en 1.338 presos, entre noviembre y

diciembre. Creemos que este año va a ocurrir algo similar.

Además, también es cierto que en estas fechas, Navidad y Año Nuevo, se

aumentan las revisiones de las prisiones preventivas. Por lo tanto, hay dos factores que

debieran conducir a la baja este número y llevarlo en diciembre a cerca de 52.000 o incluso

más bajo. Me atrevo a decir que va a llegar a alrededor de los 51.000, lo que quiere decir,

hasta donde se pueden construir tendencias con estos datos, que se estaría tendiendo a

estancar, o a llegar al peak , la población penal recluida. Eso es lo que puedo afirmar con los

datos que tengo de los últimos veinticuatro meses, sin hacer conclusiones definitivas.

Así crece la población penal.

Ahora, ¿qué pasa con la infraestructura carcelaria?

Diría que lo más relevante en eso –y hago el corte en el 2000, porque ahí se

empieza a producir- es que había una tasa de crecimiento de los recintos carcelarios

razonable -dado que estamos llegando a 20 años- entre 1990 y 1994, y entre 1994 y 2000.

Por supuesto que uno querría más, pero había rezagos.

Ahora, en 2000 empieza a producirse el incremento producto de la reforma

procesal penal y se diseña también la necesidad de migrar hacia un sistema de cárceles

concesionadas.

En la figura expuesta se aprecian las distintas cárceles concesionadas que en

su minuto se previeron, y su estado de avance.

Hay diez cárceles concesionadas que forman parte de lo que se llama el

primer programa, que incluye a Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Santiago I, Santiago II,

Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Todas estaban previstas inicialmente

para el período 2000-2006. Y por circunstancias que son públicas y notorias, entre 2000 y

2006 se construyó lo se denominó el primer grupo, que incluye a Alto Hospicio, La Serena y

Rancagua. Y en el Gobierno siguiente se siguió adelante –estoy hablando de cárceles

terminadas-, con Valdivia, Puerto Montt y Santiago I –seis cárceles-.

Quedó bastante avanzado El Manzano II, de Concepción. Ese nombre es una

forma de estigmatizar a este centro, porque El Manzano I era una cárcel antigua. Así se le

conoce popularmente. Pero se trata de cárceles de distinto estándar. Sin embargo, se tomó,


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producto del terremoto, con buen criterio. La cárcel estaba terminada, pero no habilitada;

no estaba entregada en concesión. Reitero, se tomó la noche del terremoto. Pero, es una

cárcel que todavía está en proceso de habilitación.

Por lo tanto, de las diez cárceles inicialmente previstas para 2006, hoy, en

2010 tenemos seis a siete. Siete ocupadas, seis operando y la séptima en proceso de ser

habilitada y operada.

Además, está en construcción Antofagasta, que se encuentra en proceso de

culminación de obras; creo que va a ser entregada la primera o segunda quincena de enero.

Después, viene todo el proceso de habilitación; por lo tanto, se trata de una cárcel que con

seguridad no va a estar operando antes del segundo semestre de 2011, sino que calculo que

sería en octubre o noviembre.

Después, en la diapositiva se pueden apreciar otras cárceles que quedaron

pendientes, como Talca y Santiago II, y luego cinco cárceles más que se anunciaron, pero

que todavía están en estados muy primarios, porque en algunos casos hay terrenos

definidos y en otros terrenos por definir.

Ese es el cuadro de las distintas cárceles que se encuentran en lo que se

denominó el primer y segundo programa, cada una de ellas integrando distintos grupos.

Obviamente, tenemos un rezago importante en materia carcelaria, lo que

nos lleva en esta disparidad o asimetría de entre 34.000 reclusos, o plazas disponibles,

versus los 53 mil y tantos que tenemos recluidos.

Estoy dispuesto a profundizar en cada una de esas materias, pero me quiero

saltar a cuál ha sido la actitud del Ministerio de Justicia, particularmente la mía, desde que

asumí esa cartera.

Lo primero que hice al asumir fue el arqueo de los internos que tenemos y

las capacidades disponibles. Claramente aparecía que teníamos un rezago importantísimo,

de la tasa del 60 por ciento que hemos venido consignando, más allá de que se puede haber

visto agudizada en algún porcentaje producto del terremoto. De todos modos, los números

no cambiaban en cuanto a sus grandes tendencias. Hubo una sucesión de cosas por las

cuales he optado como ministro de Justicia. No las voy a detallar todas, porque confío en

que de las repreguntas podrán surgir mayores antecedentes, si fuera necesario. Pero, lo

primero fue visibilizar el tema.

El problema carcelario –lo he dicho en varias ocasiones- tiene sus peak ,

casusas mediatas y causas inmediatas. Pero creo que hay que ser justo –entiendo que el


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afán de esta Comisión no es politizar el tema- y decir que el sistema carcelario forma parte

de nuestra cultura en cuanto a no atenderlo. Se trata de un problema que se arrastra por

décadas de décadas y siempre se ha entendido que va a arreglarse en el período siguiente,

que va a venir un gobierno posterior, sin importar el signo político, que se va a hacer cargo

del problema. Pero, en realidad, creo que es parte de lo que tenemos que empezar a

cambiar de nuestra cultura. Y parte de eso –y es lo que yo, por lo menos, asumí, como

ministro de Justicia- es que había que poner sobre la mesa la realidad carcelaria.

Entiendo que construir cárceles es destinar recursos que van contra muchas

otras solicitudes. Estamos compitiendo con Salud, Educación o Vivienda, por lo que hablar

de presos y de destinar inversiones a ellos es problemático. Pero hay que visibilizar el

problema, y lo he estado haciendo por los diarios y los programas de televisión. Es una

realidad incómoda, que a nadie le gusta oír, pero de la cual hay que hablar.

Lo segundo que nos propusimos como tarea –porque en esas condiciones

de hacinamiento las circunstancias de habitabilidad son complicadas en varios de los

penales de Chile-fue, sin el ánimo de resolver en ningún caso la situación de hacinamiento

carcelario, atacar condiciones básicas de dignidad. Por eso lanzamos el 15 de octubre un

plan de 11 medidas.

La primera medida consistía, aunque parezca insólito, en dotar de colchones

y frazadas a todos los internos de nuestro país. Se puede dar por supuesto que todos los

tienen, pero faltaban en una proporción muy importante.

La segunda medida fue mejorar las condiciones de alimentación, de manera

que todos los penales tengan una relativa autonomía alimentaria y no tengan que estar

dependiendo de la forma en que los internos se preparan sus propios alimentos.

Otra medida fue aumentar las horas de desencierro. Hay una realidad en los

penales, por falta de dotación, pero también por culturas que tenemos que cambiar. Por

ejemplo, muchas veces, aunque sea 30 de enero –no estoy haciendo una generalización,

sino que hablando de ciertas tendencias- el interno es despertado a las 06.30 horas,

probablemente sacado de su celda a las 08.30 ó 09.00 de la mañana, su última comida es a

las 15.00 ó 16.00 horas y es encerrado de vuelta a las 16.30 horas, para ser liberado

nuevamente a las 09.00 horas del día siguiente. Nos propusimos un plan para aumentar las

horas de desencierro en una hora a dos, en promedio, a nivel nacional, porque por supuesto

que conspira contra cualquier calidad de vida el pasar encerrado desde las cuatro y media

de la tarde hasta las nueve o nueve y media del día siguiente. Eso es lo que explicó en algún

momento –no como causa única, quiero ser responsable- que las cárceles concesionadas,


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que tienen un muy buen estándar en cuanto a infraestructura, comparado con lo que es

tradicional, presentaran una tasa de suicidio importante, producida por la angustia de estar

solo y encerrado gran cantidad de horas.

También se establece, como medida, mejorar el procedimiento de visitas de

los familiares, porque es clave que el interno pueda mantener los vínculos con su familia y

amigos. Y detectamos que con los familiares se mezclan dos cosas: los procedimientos

intrusivos que tiene que implementar muchas veces Gendarmería para detectar el eventual

ingreso de celulares y droga, que la verdad es que cada día son más ingeniosos los

procedimientos utilizados por las visitas; con la natural preocupación de los internos de ver

a sus familiares expuestos a procedimientos especialmente intrusivos. Por esa razón hicimos

una inversión en tecnología y la estamos ejecutando, de modo que los registros sean lo más

electrónicos posible y lo menos físicos que se pueda. En ese sentido, estamos en un proceso

de licitación de inhibidores de celulares, que tienen toda una mecánica. En consecuencia, en

la medida en que las personas no puedan ingresar celulares, va a haber menos incentivos

para procedimientos corporales, lo que está íntimamente relacionado.

Otra medida consiste en el potenciamiento de los centros de educación y

trabajo, que estaban bastante subutilizados. Estamos llevándolos a tasas del ciento porciento, porque esa es de las pocas herramientas que se tiene de rehabilitación y reinserción.

De esa manera, anunciamos un conjunto de medidas –no los quiero

abrumar con ellas; se encuentran más detalladas en esta presentación, que dejaré a

disposición de la Comisión-, que consisten en un plan de 6 mil millones que, vuelvo a decir,

no pretendía resolver el tema carcelario, sino que fundamentalmente atacar con una

inyección de dignidad la situación que se estaba presentando en los penales.

Además, entre otras medidas, contratamos una empresa consultorainternacional -con eso voy a volver al sistema concesionado, que ha estado muy en

discusión-, porque llegamos a la convicción de que aquí teníamos una experiencia que se

estaba repitiendo, con algunas dudas en el camino, pero que requería ser reanalizada, por

los costos que ha significado y porque creemos que se puede optimizar. Esto, reitero, nos

llevó a contratar una empresa internacional. De hecho, en agosto estuve tomando contacto

con esta empresa y sentando las bases para posteriormente contratarla en octubre.

También visité cárceles modulares, porque creemos –y como lo dijo alguna

vez la fiscal judicial Mónica Maldonado- que si nosotros nos mantenemos con las

velocidades que traemos en este tema, jamás vamos a salir del rezago que arrastramos. Por


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lo tanto, ella misma nos imponía, a la autoridad que fuera, actuar con más audacia y con

más creatividad. Es eso lo que hemos estado haciendo.

También hemos estado apurando lo relativo a la planta de Gendarmería,

porque incide en los problemas de dotación. No hay ninguna institución en este país que

haya generado un consenso político –y este fue un consenso político que estaba en el

Gobierno anterior y con la concurrencia de todas las fuerzas políticas- en orden a

incrementar su dotación en un 50 por ciento. Reitero, no hay institución hoy que esté

pasando por semejante incremento.

Esta ley, que fue promulgada el 20 de marzo de 2010, regulaba un año para

dictar los reglamentos asociados a su puesta en marcha, y seis meses adicionales para dictar

las resoluciones de encasillamiento, en virtud de las cuales los funcionarios pasan

adjudicados en su nuevo grado y se hacen merecedores de su mejora remuneracional según

corresponda.

La verdad es que también detectamos, junto con el director de Gendarmería

–lo digo responsablemente-, que desde el día 1 había que correr con esa ley y que no nos

podíamos tomar el año y medio.

La verdad es que este proceso implicó esfuerzos muy duros. Logramos

sacarla antes de la mitad del plazo y tenerla promulgada con el reglamento y las más de 10

mil resoluciones de encasillamiento, con la colaboración de la Contraloría, el 28 de

noviembre. Ello nos permitió adelantar en un año el plan de ingreso quinquenal de estos 6

mil nuevos funcionarios, el incremento de la dotación, y también permitir que más de

10.136 funcionarios se beneficiaran del aumento de remuneración asociado al incremento

de grado.

También sacamos adelante aquello que estaba en la historia de la ley, pero

no estaba en la ley, que era el incremento en un grado a los funcionarios civiles de

Gendarmería y también la incorporación de funcionarios a contrata. Por lo tanto, en eso

también hemos estado trabajando intensamente.

Como esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia también lo sabe,

hemos buscado potenciar el proyecto de medidas alternativas, o penas alternativas, en

donde se incluye el brazalete electrónico. En su momento pedimos la comprensión de la

Comisión para retirar el proyecto bajo la idea de que lo podíamos mejorar. En ese sentido,creo que nosotros lo vamos a terminar mejorando y consensuando aquellas cosas que


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produzcan diferencias. El caso es que el presupuesto inicial de 7 mil millones lo llevamos a

un presupuesto de 24 mil millones, lo que significa que fue incrementado más de 3 veces.

Todo lo que estoy hablando es previo al incendio de la cárcel de San Miguel.

Ya hemos dicho que la cárcel no puede ser la única respuesta que ofrezca nuestro sistema

penal. Tenemos que abrirnos a una diversidad de respuestas penales, y en ese sentido

creemos que tenemos mucho por avanzar porque no es incompatible una mano firme con la

delincuencia –que es nuestro compromiso y que es lo que espera la ciudadanía de todos los

actores políticos- y el hecho de buscar las respuestas penales adecuadas con inteligencia y

creatividad en los diseños.

También, y como una forma de visibilizar, le señalé al Presidente de la

República que era importante que visitara la Penitenciaría, porque visibilizar el problema de

las cárceles pasa no solamente por discurso sino que por imágenes. Al respecto, visitamos

las calles y galerías en un recorrido que yo ya había hecho en forma previa; pero fuimos con

el Presidente de la República, lo que quedó registrado en esta serie de recortes que tengo a

mano.

Planteo esto porque una de las paradojas de un ministro de Justicia que

quiere dedicarse al tema cárceles dentro de sus prioridades –y que lo ha sido- es que la

cobertura que despierta el preocuparse del sistema carcelario es francamente cero. En su

momento, reconozco la colaboración del programa Contacto, quienes me acompañaron en

un recorrido por la Penitenciaria y otros centros penitenciarios. Incluso tuvimos que sacar

en su momento un inserto en el diario El Mercurio, junto con Gendarmería, en el que

empezamos a hablar, a pretexto de los 80 años de Gendarmería, respecto de la situación de

hacinamiento y déficit carcelario.

Pero hablar de cárceles no vende, y es importante que esta Comisión lotenga claro, porque me consta la seriedad con que trata las materias. Pero más allá de los

esfuerzos de esta Comisión Investigadora, que es mirar el pasado, el presente y el futuro,

creo que una tragedia de estas características nos va a volver a depositar en el olvido una

realidad carcelaria que tenemos que afrontar, la cual no es tarea de un gobierno sino de

todos los sectores políticos.

Tengo un registro de lo que han sido los últimos 10 incendios previos al de la

cárcel de San Miguel, que incluye éste último. Habrán sido por menos muertos, pero el

drama es que los muertos no se cuentan. Siempre ha habido alguna tensión mediática sobre

el tema de cárceles, para luego, a las pocas semanas, quedar completamente sepultado.


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Personalmente veo esta Comisión como una instancia que permite alentar

la expectativa de que el tema cárceles, la situación de hacinamiento y la tarea que tenemos

por delante, no va a quedar nuevamente rezagada.

Dentro de las distintas cosas que estábamos haciendo, antes del incendio de

la cárcel de San Miguel, cabe señalar que habíamos tomado contacto con organismos de

derechos humanos, porque creemos que es fundamental capacitar a Gendarmería, no por

mala fe ni por mala voluntad, sino en el sentido de que las capacitaciones en derechos

humanos se tienen que hacer en todas las instituciones. Por lo tanto, ahí vimos un espacio

en el cual fundamentalmente podíamos crecer.

Habíamos tenido una diferencia, en abril o mayo, con unos pocos

funcionarios, por un procedimiento de Villarrica, que en su momento nos pareció que no se

ajustaba a los estándares esperables de la institución. Ello, a su vez, nos alertó de que había

que reforzar la capacitación en materia de derechos humanos. Al respecto, vamos a seguir

desarrollando el contacto con dos instituciones, que no mencionaré porque será tarea de

ellos, para dar cursos de derechos humanos -no tanto a nivel teórico, sino aplicado al

tratamiento de internos- a la oficialidad de Gendarmería, de modo que ella comunique estas

consideraciones hacia abajo.

Adicionalmente y entrando de lleno en la infraestructura carcelaria, también

hemos estado enfrentando una fuerte presión, respecto de la cual quiero servirme de esta

Comisión porque se requiere el apoyo de todos los sectores políticos.

Recibí varias visitas de distintos parlamentarios, sin distinción de color

político, quienes me pedían que cerrara cárceles. Reitero que todo lo que he contado hasta

ahora es previo al incendio.

Yo he tenido que señalarles que con la situación de hacinamiento que

tenemos hoy, no estamos en condiciones serias ni responsables de poder cerrar cárceles,

por incómodo que pueda ser y por cierto que sea su diagnóstico en el sentido de que

algunas de estas cárceles han quedado encerradas dentro del radio urbano debido a la

expansión de las distintas ciudades.

No es serio hoy, teniendo una tasa de hacinamiento cercana al 60 por

ciento, cerrar cárceles.

Al respecto, también hemos estado abocados a descubrir nuevos terrenos,

situación que también requerirá el apoyo de todas las fuerzas políticas, porque cada vez que

uno anuncia que se está buscando un terreno, o incluso más, se está tomando definiciones


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para elegir ese terreno, surge la resistencia legítima y entendible, pero extraordinariamente

fuerte, de la comunidad.

El problema es que nadie piensa que la solución a nuestro sistema

penitenciario vaya a pasar por construir y construir cárceles, porque sería un sistema

desquiciado.

Por lo pronto, lo que sí debemos hacer es ponernos al día en el rezago

respecto de infraestructura carcelaria, lo que pasa por construir más cárceles.

Es por eso que urjo respetuosamente a esta Comisión a que visite, por

ejemplo, la ex Penitenciaría, donde no podemos creer que al mismo tiempo que aspiramos

ser un país desarrollado, que mira el siglo XXI, tengamos situaciones carcelarias que son

francamente deplorables.

Hay personas en tres metros cúbicos –porque utilizan un altillo-. Y se

aglomeran del orden de 14 a 16 personas en ese espacio.

Por lo tanto, e incluso lo dije en una entrevista antes del incendio, llamar a

eso como una analogía a la cárcel de la película “El Expreso de Medianoche” es reírse de las

personas que están bajo esas condiciones carcelarias, porque es mucho peor. Uno no se

imaginaría ni siquiera que en un barco de un país africano, en el que escapa un conjunto de

personas que buscan mejores destinos, estarían en esas condiciones. Son francamente

infrahumanas. Lo he dicho en todos los tonos; lo dije antes y lo vuelvo a repetir hoy.

También señalé en su momento que la agenda de derechos humanos hoy

está instalada en el sistema carcelario. Esto es algo que vengo diciendo desde hace tiempo y

es importante que lo tomemos en serio.

Respecto de infraestructura carcelaria, en su momento hubo una buena

inspiración con el modelo de las cárceles concesionadas, proceso que impulsó el Presidente

Ricardo Lagos.

El problema es que los resultados, tanto en su ejecución como en sus costos,

dejaron, de alguna manera, comprometida la viabilidad del sistema.

Luego me referiré a los gastos en infraestructura. Antes, quiero dar el

siguiente ejemplo de por qué el tema me llevó a la conclusión de que teníamos que

asesorarnos con expertos internacionales. Dentro de las cárceles que venían, que son de

aquellas iniciales del primer programa, estaba la ubicada en Talca, que es la primera que

tenía que entregarse. El terreno está comprado y el diseño estaba hecho. Ahora, cuando lo


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de un 32 por ciento. Quizá la situación es mucho más dramática -el 78 por ciento es muy

alto, luego voy a explicar por qué tiene incidencia- para el tercer grupo, Antofagasta y

Concepción, que hoy está en ejecución. Ahí se produjo una diferencia con la empresa

concesionaria que reclamó cambios de especificaciones técnicas. No me quiero adentrar en

los méritos o deméritos de ese reclamo ni quiero hablar de suspicacias, porque no las tengo.

Simplemente estoy describiendo aquello con lo que nos encontramos al asumir. En el caso

de Antofagasta estamos hablando de un 214 por ciento más, es decir, lo que iba a costar

900 mil UF, está costando prácticamente el triple: casi 3 millones de UF. En Concepción pasa

algo similar.

Ahora, esto es relevante, no simplemente porque todos queremos ver

bien gastados los recursos públicos, sino, también, porque cuando se toma la decisión país

de invertir en cárceles, nos encontramos con que es una decisión resistida. Y si implica

sobrecostos, claramente el impulso renovador en materia carcelaria empieza a perder vigor

porque nadie está disponible para gastar esas cantidades en recintos penitenciarios. Es

demasiada plata.

En la siguiente lámina vemos el cálculo que hemos hecho en el Ministerio.

Al sumar lo que se ha pagado por las 8 cárceles, 6 operando, 1 en habilitación y 1 enconstrucción, incluida la habilitación -aunque en materia de cárceles la habilitación no es lo

sustantivo, salvo las cocinas y otras instalaciones, pues son estructuras livianas-, nos da un

valor de 46 UF por metro cuadrado, que es un valor extraordinariamente alto. Esto es un

promedio. En el primer grupo el valor es de 47 UF por metro cuadrado; en el segundo

grupo, en el caso de Antofagasta, llega a 80 UF por metro cuadrado; Santiago 1, Valdivia y

Puerto Montt fueron la mejor experiencia, ya que es de 32 UF por metro cuadrado. Pero el

promedio agregado es de 46 UF el metro cuadrado.

¿A qué nos lleva esto? Cabe mencionar el caso de Antofagasta, en el que

nos ha faltado simplemente oficio. En en recinto de Antofagasta, cuyo costo es de 80 UF por

metro cuadrado, simplemente, creo que nos faltó oficio. Aparte de esto -lo digo con la

transparencia con que debo hablar a esta Comisión-, cuando asumimos nos encontramos

con que esa cárcel no tenía la solución de agua potable. El 15 de marzo teníamos la cárcel

de Antofagasta en ejecución, pero no se había previsto como parte de la solución

constructiva y del diseño cómo se iba a nutrir de agua. Esto ha significado que, como

Ministerio de Justicia, a quienes la precariedad siempre nos acompaña, tuviésemos quecontratar a una profesional expresamente dedicada a solucionar el tema de agua potable,

con una empresa que se encontró con una cárcel que estaba instalada en una zona fuera de


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su área de concesión. Para quienes entienden de temas sanitarios, esta es la peor pesadilla

con la que alguien se puede enfrentar, porque no hay derecho a tarifa regulada. Ello implicó

que este ministro hiciera gestiones personales con los ejecutivos de Aguas Antofagasta, a fin

de tener una persona dedicada, -estuvimos hasta la semana pasada, luego de 8 meses

dedicados al tema; lo asumimos desde marzo, cuando detectamos la dificultad-, con el

objeto de lograr una solución en términos que creemos son razonables.

Pensamos que en el caso de Antofagasta no hubo mala voluntad, sino,

claramente, falta de oficio y diligencia, porque dejar entregada una cárcel muy avanzada en

su ejecución y tener que negociar con un proveedor de agua potable, que sabe que la obra

está hecha, no es como querríamos hacer las cosas. Es lo que nos sucede con Santiago 2,

que es un terreno que se compró en Til-Til, que tiene derechos de aprovechamiento de agua

de pozos; pero no tenemos la convicción de que esos derechos teóricos -ustedes saben los

problemas de sequía que hay en la actualidad- efectivamente renten. Y estamos viendo,

antes de lanzarnos a hacer cualquier cosa en Santiago 2, cómo vamos a garantizar el

suministro, porque no podemos dejarlo para después. Es algo que debemos arreglar hoy.

La pregunta que surge naturalmente es qué queremos hacer como matriz

carcelaria. Algunas definiciones fundamentales. Primero, ya lo dije, estamos con unaasesoría de clase mundial que está trabajando desde octubre. La idea de ellos es recorrer

prácticamente los 88 recintos penales del sistema cerrado, con el objeto de hacer un

diagnóstico sobre qué tenemos y qué necesitamos respecto de esa infraestructura que está

en ejecución.

Ahora bien, debemos entender que el sistema concesionado, que es algo

que me costó entender, significa muchas cosas. Primero -no es una crítica-, es un sistema

importado de las concesiones para carreteras donde hay todo un sistema de subsidios y

pagos de los usuarios que se llevó al sistema de cárceles. Es un financiamiento que tiene por

virtud que las finanzas públicas no aparecen endeudadas más que en el monto que se va

pagando en los subsidios de construcción que se son diferidos a lo largo de 10 años en la

mayoría de los casos. También se tiene asociado al sistema de concesión un diseño, un

estándar de operación.

Por las cosas preliminares que nos está diciendo esta consultora

americana, tenemos claridad, en primer lugar, de que debemos tratar de optimizar los

diseños. En ese sentido, estoy seguro de que vamos a plantear nuevas fórmulas de diseño,

que impliquen salir de la estructura que veníamos desarrollando en la actualidad, que es


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sicosociales y entender, efectivamente, a quien tenemos ahí,

porque muchas veces se producen resultados contraintuitivos.

Creo que si logramos avanzar -quiero ser

responsable en esto- en una nueva matriz carcelaria, vamos a

tener por lo pronto -no sé si en este Gobierno, pero creo que

nos acercaremos a eso- algo que es necesario: tener un gran

recinto penitenciario, que debiera ser el centro de derivación

fundamental que se aplicara en Chile, en el que cualquier

persona condenada fuera internada durante 30 días y sea

estudiada bajo todos los prismas, con ayuda de sicólogos y

siquiatras -porque también tenemos personas con deficiencias

siquiátricas que son tratadas como delincuentes, en

circunstancias de que sus dinámicas son distintas-, a fin de

determinar cuál es el tipo de recinto penal que requiere y

distribuirlo en una matriz carcelaria que hoy tiene que ser

más diversa que la que estamos desarrollando: baja

peligrosidad, mediana peligrosidad y alta peligrosidad. Es un

avance necesario y que fundamentalmente supone seguir

diversificando nuestra estructura penitenciaria.

También estamos trabajando internamente con la

colaboración de los asesores externos lo relativo a

Gendarmería. Lo dije antes: nuestros problemas no son sólo de

infraestructura, sino que también de capacitación del

personal. En ese sentido, hay varias cosas que hemos

detectado, desde la disparidad de armamento. Faltan recursos

para controlar motines. Muchas veces sólo hay armamento pesado

o liviano, pero falta justo el que se requiere: un mayor

armamento para efectos de controlar motines con gases e

implementos que no sean especialmente lacerantes, sino que

permitan controlar sin herir.

Estamos en la expectativa de que, junto con

desarrollar el sistema de brazalete electrónico, junto con

tener un sistema de penas alternativas, como lo estamos

haciendo ahora, y junto con esas conclusiones que estarán

listas en marzo-abril del año que viene, de aquí al 2014, tal

vez no anunciaré cárceles, pero sí diré responsablemente que

estamos convencidos de que vamos a reducir de manera


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sustancial o significativa la tasa de hacinamiento que tenemos

hoy y que lograremos sacar varios recintos más ágiles,

livianos y sin por ello comprometer nuestro compromiso con la

delincuencia, sino que valiéndonos de toda la ciencia que

podamos aplicar.

Esa es mi presentación. Obviamente sé que hay

inquietudes respecto al incendio de la cárcel de San Miguel

que serán tratadas por el director. Sólo quiero señalar que

estaré disponible para comparecer después a esta Comisión; hoy

responderé todas las preguntas sobre lo que he expuesto.

Muchas gracias.

El señor ARAYA (Presidente).- Tiene la palabra el

diputado señor Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, me parece bien

la aclaración final del ministro. Le haremos preguntas en

función de su exposición o de algunos temas relacionados con

ella y lo que tenga que ver con los hechos ocurridos el 8 de

diciembre se los consultaremos al director de Gendarmería.

Lo primero que quisiera preguntar es sobre un hecho

indiscutido, no sólo en su exposición, sino que desde el punto

de vista de las cifras objetivas.

Chile tiene un problema de hacinamiento grave.

Donde caben 100 personas se ponen 160; eso da cuenta de un

hacinamiento muy grave, que es promedio. En consecuencia, en

algunas cárceles, particularmente, en los centros urbanos es

más alto.

Entonces, como en esta Comisión se trata de hacer

un intento de discurrir sobre las causas mediatas e inmediatas

de ese hacinamiento, hay una opinión que se repite mucho y

creo que con razón. No hay duda que la implementación de la

reforma procesal trajo buenas noticias al país: capacidad de

solución de conflictos más rápida y menos impunidad, por

nombrar algunas.

A pesar de eso, es un lugar común decir en Chile

que la reforma procesal penal fue una buena noticia para los


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delincuentes. Esto no se condice con lo anterior. A ese

respecto coincido con el argumento que ha dado el ministro.

Creo que sería quedarse corto decir que la única

razón por la cual ha habido un aumento sustancial en los

últimos tiempos -que por fortuna tiende a estabilizarse, según

los últimos datos que ya habíamos recibido en 2009- es la

implementación de la reforma procesal penal.

En ese sentido, quiero preguntar al ministro sobre

el informe del Consejo para la Reforma Penitenciaria de marzo

de 2010. Obviamente, fue encargado por el gobierno anterior,

pero creo que puede ser un elemento importante para el actual

ministerio a la hora de tomar decisiones, porque los que

suscriben ese documento son instituciones del mundo privado

representativas de trabajos bastante objetivos en esas

materias. Nadie podría decir que tienen un sesgo o representan

una determinada visión ideológica.

Desde la página 40 hacia el final del informe se

hace un largo listado de leyes que han provocado un aumento depenas privativas de libertad y que, en consecuencia, han

colaborado de manera bastante objetiva al aumento o al

hacinamiento. Particularmente, la ley N° 20.000, de drogas,

con las nuevas tipificaciones; la ley N° 20.066,

particularmente, la primera reforma sustancial a la reforma

procesal penal, no los acomodos orgánicos que hubo que hacer

anteriormente, que era la ley N° 20.074, y en fin una serie de

leyes más. Me gustaría escuchar la opinión del ministro sobre

la concurrencia de esta causal y qué podemos hacer respecto de

eso.

Otra pregunta relacionada con su exposición.

Coincido con una cosa que el ministro señaló con fundamento:

el tema carcelario en Chile es motivo de preocupación de la

política, de los ciudadanos y de los medios de comunicación

cuando ocurren hechos tan horrorosos como el de San Miguel.

También fue noticia cuando ocurrió el hecho horroroso dePuerto Montt, que tuvo como víctimas a jóvenes,


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fundamentalmente, menores de 18 años. Más atrás está el caso

de Iquique.

El tema es si constituye una preocupación

permanente de la comunidad nacional. Pareciera que no. Pero no

sólo no es tema de los medios de comunicación o de la

ciudadanía; tampoco es de los políticos.

Quiero consultar al ministro si está contento con

el presupuesto que se aprobó para infraestructura carcelaria

para 2011. Tengo la impresión de que fue un presupuesto de

continuidad, y eso es un reflejo que en Chile no es tema la

necesidad de mejorar la infraestructura carcelaria.

No recuerdo ninguna editorial, ni indicación ni una

gran discusión en las subcomisiones, en la comisión o en la

Sala que dijera que ese presupuesto es poco. Lo digo como un

reflejo, porque me declaro reo también de esa situación. No me

estoy excepcionando. Pero lo que digo da cuenta de una

cuestión que es cierta: el presupuesto 2011 es palmaria y

categóricamente demostrativo de que no es un tema.

Ojalá, lo sea tema a partir del 8 de diciembre. Y

probablemente, para hacer cárceles modulares o para iniciar

procesos adicionales a los presupuestados, vamos a tener que

echar mano al tesoro público. Cuenta con el apoyo, por cierto,

señor ministro, frente a las autoridades de Hacienda.

El ministro señaló, relacionado con el tema

anterior, que este es un problema heredado. Ahora entiendo lo

que es heredado. Se ha heredado una despreocupación social en

Chile por el tema de las cárceles. Lo que pasa es que en esos

días se leyó que era una herencia política de la Concertación.

Es una herencia, pero de 70, 80, 90 ó 100 años, que da cuenta

de que en una sociedad no es un tema principal, pero que ha

adquirido ese carácter porque hemos mejorado la vía de término

de la impunidad. Sin embargo, además de lo señalado, no hemos

sido capaces de hacer todos los esfuerzos posibles para

encarcelar a los que hay que encarcelar, a los que cometieron

un delito, e intentar seriamente rehabilitarlos o


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resocializarlos, cosa que es imposible de realizar en las

condiciones actuales.

No obstante, como las cosas se deben situar en su exacta dimensión, quiero

señalar que encuentro positivo, tanto en el ámbito público como en el privado, que se trate

de disminuir los costos para con el objeto de emprender las grandes tareas, pero la empresa

privada chilena, aparentemente, no ha dado una buena prueba en materia de costos a la

hora de construir bien en materia carcelaria. De hecho, se produce un traslape casi exacto

entre las concesiones para la construcción de carreteras y de cárceles, de manera que

probablemente allí hay un problema.

Sin perjuicio de lo planteado, cabe preguntarse si habrá en la historia de

Chile –me refiero a los últimos 100 ó 150 años- alguna década en la que se hayan construido

siete cárceles y más metros cuadrados por recinto. Creo que eso nunca había ocurrido, pero

si me equivoco sería bueno precisarlo, porque tengo la impresión de que lo que se hizo en

ese período representa un punto de inflexión en materia de construcción de recintos

carcelarios. ¿Se podría haber hecho más? ¿Se podría haber cumplido con los planes en las

distintas etapas? Probablemente, pero creo que lo que se hizo marca un cambio muy

importante.

Seguramente hoy algunos sostendrán que se debe mejorar e incorporar más

técnica, pero no he escuchado a nadie señalar que debe olvidarse el recurso privado a la

hora de construir una cárcel. Me parece que ese elemento no está en discusión, de modo

que me gustaría conocer la opinión del ministro de Justicia en ese sentido.

Además, quiero consultar al ministro Felipe Bulnes sobre algo que no

mencionó en su exposición, que se relaciona con las recomendaciones del consejo para la

reforma, así como respecto de la inserción de la Fundación Paz Ciudadana que apareció ayer

en El Mercurio -obviamente porque debe ser más barato para esa fundación publicar en ese

medio de prensa-, en la que se señala como una de las medidas esenciales el cambio

orgánico en Gendarmería, el cual, en términos brutalmente dichos, consiste en establecer la

actual Gendarmería de Chile y a su lado un servicio nacional de reinserción social,

planteamiento que, si no me equivoco, recoge propuestas que estaban tanto en el

programa de gobierno del entonces candidato y hoy Presidente de Chile, señor Sebastián

Piñera, como en el de su principal rival político, el ex Presidente Eduardo Frei.

Sé que lo que se plantea es una reforma de largo aliento, pero es

importante conocer esos aspectos. Me hace fuerza lo que he leído sobre la materia, de

modo que sería interesante analizar un diseño distinto. Me da la impresión de que las dos


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tareas en mano de un servicio, que además no se ha aggiornado, es un asunto bastante

complicado. Si vamos a hacer un aggiornamiento sería mejor dividir las áreas del trabajo,

con las debidas coordinacion1es.

Por otra parte, mirado el tema a largo plazo, me gustaría conocer su opinión

sobre otra gran reforma, en la que se plantea la posibilidad del establecimiento de jueces de

ejecución de sentencia.

Finalmente, quiero conocer la sensación del ministro de Justicia respecto de

los niveles de corrupción al interior de Gendarmería. Junto con eso, le solicito que nos

informe si tiene un estudio o si existe algún control interno al respecto, en cuanto al grado

de corrupción que existiría, menor o mayor, y si está controlada o fuera de control, puesto

que se trata de una situación que provoca mucha preocupación, ya que si la corrupción se

instala al interior de ese organismo será muy difícil que varias de las cosas que estamos

diseñando puedan funcionar bien.

El señor ARAYA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, la tragedia vivida hace algunos días nos

da la gran oportunidad de encarar un problema respecto del cual la comunidad ha sido muy

poco receptiva, como es el de contar con recintos carcelarios dignos para los internos y para

el personal de Gendarmería que trabaja en ellos.

Debemos encarar la problemática carcelaria en forma más adecuada, y esta

tragedia –reitero- es una gran oportunidad para hacerlo, porque ha conmovido a todo el

país y ha puesto en el tapete, en forma muy visual y clara, lo que ocurre al interior de los

recintos carcelarios.

Creo que lo sucedido ha hecho tomar conciencia a la comunidad sobre esa

situación, porque los que hemos tratado el problema –y esta Comisión lo ha hecho- nos

hemos encontrado con la gran dificultad de que cada vez que hemos hecho esfuerzos para

no estar en la línea de simplemente elevar sanciones y meter a la gente a la cárcel a manos

llenas, de lo que han sido partidarias algunas posiciones, nos ha sido muy difícil transmitir

qué es lo que planteamos, sobre todo en materia de rehabilitación, que es un aspecto

central. Es muy difícil comunicar ese mensaje a la ciudadanía, porque ella lo único que ha

escuchado hasta el momento es un mensaje muy potente de los que han pedido, sin piedad,

las sanciones más drásticas para la gente que comete delitos, como una forma de combatirla delincuencia, postura que obviamente es equivocada, lo que ha quedado demostrado con

situaciones como la vivida hace algunos días. Felizmente, a lo anterior se debe agregar la voz


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No obstante, no sólo debemos preocuparnos de los derechos de los presos,

sino también de los derechos de los funcionarios de Gendarmería. En ese sentido, tanto el

ministro de Justicia como el director nacional de Gendarmería están conscientes de que los

vigilantes tienen horarios de trabajo absolutamente inhumanos, puesto que pueden estar

encerrados varios días, con rotaciones de cuatro horas de trabajo por cuatro horas de

descanso, en las que se utilizan camas calientes, es decir, recién ocupadas por sus

compañeros del turno anterior. Así, sucesivamente, pueden estar hasta una semana o más.

¡Esa es la realidad!

Entonces, si no nos preocupamos por quienes deben velar por el orden de

los recintos carcelarios, es decir, si no nos preocupamos de que los funcionarios de

Gendarmería estén anímicamente bien para tratar de rehabilitar a los internos, estamos

mal. Gendarmería requiere de mayor preocupación por parte de todos nosotros.

Por eso, me parece muy raro lo que pasó este año y me gustaría aclararlo,

aunque es una situación que seguramente surgirá en el seno de esta investigación, puesto

que me preocupa mucho que el incendio de la cárcel de San Miguel se sitúe sólo en

responsabilidades individuales, es decir, que se instruyan sumarios administrativos a raíz de

los cuales se acuse a tres o cuatro funcionarios de Gendarmería y que con ello todos quedenfelices. Por ejemplo, a lo mejor ellos podrían ser encontrados culpables de encontrarse

bebiendo alcohol durante horas de servicio, lo que a nadie consta, pero sea cual sea el

resultado de la investigación se debe tener claro que toda la sociedad es culpable de que se

haya llegado a una situación así.

Por otra parte, solicito al ministro de Justicia mayor aclaración sobre los

costos de las cárceles concesionadas, porque realmente me parece impresionante que se

nos diga que el precio del metro cuadrado es de alrededor de 46 y tantas UF, lo que me

parece disparatado, y que se señale, además, que en Talca con un cinco por ciento de

aumento de los costos se logrará aumentar en casi mil doscientos la cantidad de internos.

Ello realmente habla de ineficiencia absoluta o de ineptitud, por decirlo en forma elegante.

¿Cómo es posible que pueda ocurrir algo así? ¡Eso debe aclararse! ¡O se habla de ineptitud o

hay robo! ¡No sé! ¡Hay fraude o hay estafa!, pero eso no puede quedar en la nebulosa. No

podemos quedarnos sólo con esa cifra.

Francamente, me cuesta creer que haya habido tanta ineficiencia en la

implementación de las construcciones a través del sistema de concesiones. No soy devoto

de las concesiones, pero me doy cuenta de que otros todavía creen en ellas. De hecho, los

hospitales se quieren construir a través de ese sistema. Sin embargo, si uno analiza lo que


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Por lo tanto, como la voluntad de todos debe ser la de avanzar en esta

materia, ofrezco que si fuese necesario sesionar más horas en Santiago, lo hagamos, pues es

un aspecto catalogado dentro de los derechos humanos, razón por la que algunos

plantearon, en forma legítima, que podía ser abordado en la Comisión de Derechos

Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, no debemos establecer un marco de funcionamiento que sólo

nos permita sacar nuestro trabajo adelante, porque eso a lo mejor no contribuye a dar la

urgencia y la premura que el caso amerita. Lo planteo porque algo similar debe estar

pasando en el Ministerio de Justicia, cuyo titular, por cierto, ha tenido una preocupación

especial al respecto.

Es positivo que contribuyamos a generar verdaderos consensos en torno al

impacto que la legislación tiene en materia carcelaria, puesto que los recintos carcelarios no

se nutren sólo de ilícitos cometidos, sino también, de una u otra forma, de la política

criminal que existe en la sociedad, de modo que es fundamental establecer verdaderos

consensos y conciencias transversales profundas.

Hoy se discutió en la Sala de la Corporación un proyecto de ley que

implicaba, entre otras cosas, permitir la acción penal pública en delitos de injurias y

calumnias, y el ministro Bulnes, en su calidad de abogado, sabe muy bien las consecuencias

jurídicas que ello implica, entre otras, medidas cautelares de prisión, porque eso es lo que

permite mutar de acción penal privada a acción penal pública un delito de injuria y

calumnia.

Lo planteo porque si como sociedad no nos ponemos de acuerdo en esos

elementos -particularmente no comparto la idea de que alguien puede quedar privado de

libertad por un delito de esa naturaleza-, evidentemente que nuestras cárceles, sin importarcuántas se construyan, incrementarán de manera constante su dotación.

En consecuencia, debemos efectuar un profundo, serio y meditado

razonamiento sobre la situación carcelaria en el país, el cual debe incluir no sólo las obras

físicas que se requieren, sino el sistema en su conjunto, incluidos los impactos de las leyes

que se aprueben sobre la materia. De hecho, el diputado señor Burgos se refirió a varias de

esas normativas, muchas de las cuales ya han sido promulgadas, pero la iniciativa que estoy

comentando se encuentra en discusión en primer trámite constitucional, de manera que se

habría que analizar cuánto impacta en el sistema carcelario. Incluso, debiera ser una norma

que ese tipo de legislaciones debiera sufrir el riguroso análisis del Ministerio de Justicia, en

términos de los impactos carcelarios que ese tipo de normas, u otras, puedan generar en el


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sistema, porque en nuestra sociedad a nadie debiera pasársele por la mente privar a alguien

de su libertad, ni siquiera por una hora o un día, por el delito -mal llamado delito- de injurias

y calumnias. En ese sentido, el ministro señor Bulnes sabe que esa materia está en el marco

de un proyecto patrocinado por el Ejecutivo, pero no lo digo como crítica, sino como un

reclamo de toda la sociedad respecto de la forma en que debemos tratar ese tipo de

situaciones, porque creo que todos, de una u otra forma, podemos efectuar una

contribución en ese sentido.

Esa reflexión debe ser fundamental en esta comisión, pero si no podemos

alcanzar consenso al respecto vamos a lograr muy poco y se va seguir incrementando el

número de presos, a veces, sin ningún sentido.

Asimismo, creo que es fundamental tener una opinión concreta del ministro

respecto de la reiteración de la Iglesia Católica sobre su propuesta de indulto, sin perjuicio

de que, por cierto, esa medida no solucionará el problema carcelario, pero hay que aportar

objetivamente.

Sin embargo, hay situaciones dramáticas desde el punto de vista

humanitario, como la de los enfermos terminales, que han sido objeto de indultos en el

ámbito del Jubileo del 2000, el que cabe recordar se enmarcó en un contexto nacional e

internacional, pero no hay nada –si estoy equivocado, por favor, corríjanme- que indique

que consecuencia de ese beneficio hubo cambios en las conductas criminológicas de la

sociedad. Lo digo abiertamente, por cuanto ese tema también debiera tener respuesta de

parte del ministro de Justicia, así como de todos nosotros, en la forma más objetiva y

consensuada posible. En ese sentido, cabe preguntarse cuánta gente salió de la cárcel en

julio del 2000 y cuánta podría ser excarcelada ahora, sobre la base de la aplicación de los

mismos parámetros, los mismos criterios y la misma lógica.

Lo planteo porque podría darse el caso de que hubiera un jubileo con

motivo del Bicentenario, cuando ya estamos terminando el año, como dijo el diputado

Cornejo.

También es importante tener más datos precisos respecto del sistema

concesionado, porque así como es un hecho y cuesta encontrar, en una década, otra gran

cantidad de cárceles construidas, las cifras que aquí se entregaron deben llamar a la

reflexión, en cuanto a si ése es el sistema en que va a invertir el Estado, por cuanto en la

presentación aparecía una suma equivalente a 40 ó 46 UF el metro cuadrado, pero también

otra cercana a las 80 UF el metro cuadrado. Es decir, si las matemáticas no me fallan,

hablamos de 1.700.000 pesos por metro cuadrado, cifra que es, francamente, increíble.


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El señor ARAYA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián

Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, sería bueno que

cada diputado acote su intervención, de lo contrario no vamos a alcanzar a participar todos.

El señor ARAYA (Presidente).- Muy bien, señor diputado.

¿Habría acuerdo para acotar a 2 minutos cada intervención?

Acordado.

Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Gracias, señor Presidente.

Reconozco que existe preocupación en el gobierno respecto de la

problemática carcelaria. Basta con analizar lo ocurrido en los últimos días para darse cuenta

que no está rodeado del glamour y de lo mediático que ello implica, como dijo el ministro, al

punto que se han tenido que pagar insertos para sensibilizar a la sociedad y a los medios de

comunicación.

Se ha hablado de una serie de medidas, las que imagino vienen

acompañadas de plazos, de modo que sería bueno conocerlos. No pregunto cuándo van a

estar listas las cárceles modulares, pero sí, por ejemplo, respecto del comité asesor o la

asesoría internacional que se piensa contratar, me gustaría saber si tiene un plazo para

entregar sus informes, si éstos se darán a conocer y si se actuará sobre la base de ese plazo.

Asimismo, respecto de las cárceles modulares, me gustaría conocer los tiempos en que nos

vamos a manejar.

Por otro lado, se ha hablado mucho de los recintos carcelarios que se han

construido, pero quiero saber qué se ha hecho en materia de rehabilitación en los últimos

20 ó 30 años.

Al respecto, el discurso que escuchamos es permanente, en el sentido de

que muchos creen que la fórmula no es solamente incorporar y hacer que las leyes sean

más duras para que las personas estén privadas de libertad, sino estar preocupados de la

rehabilitación y de la construcción de cárceles. En los últimos 10 años hemos escuchado que

se han construido más metros cuadrados que nunca, de modo que quiero saber qué se ha

hecho con la rehabilitación, porque una cosa es preocuparse de que existan buenas cárceles

y que quienes están privados de libertad vivan con dignidad –me parece legítimo, justo y

necesario-, pero ¿qué se está haciendo para que esas personas, cuando cumplan su


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condena, tengan una opción distinta a la de caer nuevamente en el delito y volver a la

cadena de la reincidencia?

Deseo saber no solo lo que se va a hacer en este gobierno, según los planes

y programas esbozados durante la campaña presidencial, sino también qué se hizo con

anterioridad, en cuanto a si hubo falta de recursos o sólo falta de voluntad, sólo discursos y

ausencia de medidas concretas. Uno puede decir estar muy preocupado del tema carcelario

y que la cárcel no es la solución, a pesar de los proyectos aprobados, en su mayoría, por la

unanimidad del Congreso, pero, ¿qué se ha hecho en lo otro? Pienso que sería importante,

para determinar responsabilidades, y si se está buscando una solución de fondo o

simplemente se está discurseando.

Una tercera pregunta se refiere a algo que ya conversamos con algunos

diputados en relación con la cárcel de San Miguel. Artículos de prensa de 2001 ó 2002

daban cuenta de la intención del gobierno de la época, que debe haber sido el de don

Ricardo lagos, de cerrar dicho recinto penal. Incluso hubo anuncios del ministro de Justicia

del momento y de los diputados del distrito en tal sentido, que en ese momento eran los

señores Seguel y Paya. En todo caso, si se hubiera cerrado la cárcel, no se habría producido

el incendio allí, pero sí en otro recinto, de modo que lo que quiero saber es si existenantecedentes sobre por qué se pretendía cerrar la cárcel de San Miguel y qué fue lo que lo

impidió, a qué se debió la decisión en contrario.

Aquí tengo el artículo de prensa. Dice: “Cárcel de San Miguel se cierra el

2004. El ministro de Justicia José Antonio Gómez informó a los sanmiguelinos que la

población de ese penal se reubicará en un nuevo recinto capitalino.”

Seguramente se referían a cárceles concesionadas que nunca se terminaron.

A lo mejor iba por ahí la decisión. No sé, pero si hay información sobre eso, sería buenocontar con ella. Y si no hay información, bueno, a los próximos invitados les preguntaremos

sobre el particular.

Por eso, creo que también sería bueno invitar al actual senador por

Antofagasta, José Antonio Gómez, porque no está dentro de la lista de invitados y fue

ministro de Justicia en su momento. Podríamos conversar con él sobre este asunto.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling.

El señor SCHILLING.- Señor Presidente, creo que el ministro de Justicia fue

bastante preciso en su diagnóstico sobre la situación carcelaria y también bastante claro en


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su declaración programática, esto es, sobre lo que piensa hacer el Gobierno para resolver el

asunto.

La atención se ha centrado en el problema del hacinamiento, lo cual no es

una casualidad, porque todo el mundo tiende a atribuirle a ese factor la creación de las

condiciones que permitieron la desgracia en la cárcel de San Miguel. La pregunta entonces

es por qué llegamos a esa situación de hacinamiento.

En general se ha puesto el acento en la velocidad con que se construyen

metros cuadrados de cárcel, porque pareciera ser insuficiente, ya que según los

antecedentes que nos entregó el ministro, tenemos un sistema carcelario pensado para una

población penal de 34.000 habitantes y en los hechos alberga a 53.000 internos.

En ese contexto, quisiera saber cuántas plazas había al año 2000 y cuántas

personas albergaba efectivamente el sistema penitenciario en ese momento. No sé si

Gendarmería u otra institución del Ministerio de Justicia tendrán ese dato, pero sería

importante que nos lo pudieran entregar.

En todo caso, tengo la impresión de que el problema no radica sólo en la

velocidad constructiva o en las dificultades que se pueden haber encontrado para la

construcción; es probable que haya alguna causa anterior, pues también se ha puesto a la

Reforma Procesal Penal como ejemplo de otro factor que interviene en la creación de las

condiciones de hacinamiento. Yo me pregunto si no habría que reformar también algo en el

Código Penal, porque después de tantos años de vigencia pareciera ser que tiene

contradicciones internas en las graduaciones de penas y en la tipificación de delitos, todo lo

cual termina ayudando a crear estas condiciones que favorecen el hacinamiento.

Hay otro factor que interviene, uno que está fuera de las posibilidades del

ministro o de cualquier gobierno controlar. Me refiero a la creación de un clima de opinión

pública según el cual todo debe terminar en la cárcel. No hay otra forma de concebir el

castigo a quien delinque que no sea encerrarlo. Pero como está fuera de las posibilidades

del Gobierno controlar ese factor, hay que convivir con él. En todo caso, creo que sí se

puede cambiar la práctica de hacerse eco de cuanta cosa se pone de moda en la opinión

pública, porque con ese criterio tendríamos que estar aprobando leyes distintas todos los

días.

Antes era encerrar, encerrar, encerrar. Y había parlamentarios que hacían suvida pública en torno a esto de llamar al encierro. Ahora, después de la tragedia ocurrida en


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San Miguel, se habla de humanizar la Justicia, de humanizar las cárceles, de mirar las cosas

de otra manera, en fin.

Si se legisla a la moda, se requiere una actividad legislativa frenética.

Incluso, se requeriría instalar gente de personalidades esquizofrénicas en el Congreso

Nacional para poder variar de opinión tan rápidamente, según cómo va la moda.

Quiero destacar otra cosa, aunque es posible que haya entendido mal y

puede que esté equivocado. Si es así, le pido al ministro que lo aclare. Resulta que dada la

permanente preocupación de las actuales autoridades de gobierno por el problema

carcelario, desde que asumieron sus cargos, cuestión que nadie pone en duda -yo al menos

no lo hago- ha surgido una serie de propuestas para evitar que todo suceso que tenga

carácter delictivo termine en la cárcel. Se ha hablado de las pulseras y de otras medidas

alternativas o sustitutivas de penas. Sin embargo, esta mañana llegó otro representante del

actual Gobierno, el señor Ravinet, ministro de Defensa, y nos obligó a discutir y aprobar un

proyecto de ley que conduce por un camino exactamente contrario al que nos vino a

proponer el ministro de Justicia para aliviar el sistema carcelario.

Otra cosa sobre la que quisiera conocer la opinión del ministro de Justicia es

el indulto, aunque ya se lo preguntaron. Esa propuesta presenta una dificultad, porque hay

quienes piensan en el indulto para los reos por delitos comunes. Yo creo que ése es un

camino que es mejor ni abordar, porque en esta misma mesa hay gente que nos va a decir

que el indulto está bien, pero para todos, incluidos los violadores de los derechos humanos.

Yo les digo altiro que esa opción le saldría muy cara a la sociedad chilena, porque significaría

dejar asentada la impunidad respecto de delitos cuyos responsables no merecen penas

alternativa, rebajas de penas ni quedar sin sanción.

Otro asunto que me interesa tiene que ver con el fortalecimiento deGendarmería. El ministro nos dijo que tal vez la falta de sofisticación en el análisis de la

población penal, la capacidad de discriminarla, segregarla, separarla y reconducirla nos ha

llevado al aumento desproporcionado de los costos de construcción de penales, porque se

piensa en unidades uniformes que deben reunir el mismo estándar, independientemente de

la peligrosidad de los reos que albergan. ¿Qué se piensa hacer para que Gendarmería pueda

contar con una capacidad de propuesta más compleja en esta materia?

También se ha mencionado la alternativa de construir cárceles modulares.

Quisiera saber si hay un plazo para ello y si esa decisión ya está tomada. Entiendo que hay

un informe de consultores que recomienda recorrer ese camino. Si no recuerdo mal, el

Presidente de la República acaba de efectuar un anuncio que dice que eso se hará de todas


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maneras. Entiendo que ya debe estar en poder de ustedes el informe de los consultores. Me

gustaría conocerlo, para de tener la certeza de que vamos a hacer lo correcto y no algo que

no tiene fundamento ni promete un resultado eficaz.

Por último, en relación con la comisión investigadora que se ha constituido

hoy día a partir de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y la cárcel de San

Miguel, me parece que hay una parte de ese asunto que deberá ser dilucidado por la

Justicia, que ya está actuando. Y está bien que así sea. Nosotros tal vez podemos determinar

el marco general en que se dieron las cosas y qué es lo que facilitó que esto ocurriera, pero

ya tenemos la experiencia de otras comisiones investigadoras que trataron de inmiscuirse

en el detalle del problema e, incluso, incursionar en lo penal, en circunstancias de que no

tenemos ninguna facultad para eso, porque no tenemos investigadores y porque las

personas que asisten a las sesiones lo hacen de manera voluntaria, salvo los funcionarios

públicos.

Por lo tanto, para no despertar expectativas en la opinión pública, en los

periodistas y en la sociedad en general, es bueno dejar establecido, en este momento, el

alcance de las conclusiones a las que puede arribar esta Comisión.

El señor ARAYA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni

Calderón.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, no voy a formular ninguna pregunta

al ministro, porque los que hemos estado vinculados y verdaderamente interesados en el

tema carcelario desde antes del 8 de diciembre ya conocíamos las once medidas y lo que

estaba haciendo el Gobierno en esta materia. No quiero decir con esto que mis a

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