Acompañamiento a comunidades desplazadas para la restitución de tierras

Acompañamiento a comunidades desplazadas para la restitución de

tierras en Colombia

INVESTIGACION Y TEXTOGearoid O’Loingsigh

RESPONSABLESJunta directiva CSPP

Franklin CastañedaPresidente

Gloria SilvaSecretaria General

José Humberto TorresVicepresidente

DISEÑO E IMPRESIÓNOrlando Vaca Melo

Con el apoyo de la République et Canton de Genève et Association Turpial, en el marco del proyecto

« Restitución de tierras para las víctimas de desplazamiento forza-do en la costa caribe colombiana”

Bogotá 2013

Contenido

El trabajo del CSPP en defensa de la tierra en Colombia. . . . . . . . . . . . . 7Ley de tierras y dificultades para las víctimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8La Costa Caribe colombiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Hacienda Bellacruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Pitalito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Santa Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Pital de Megua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES DESPLAZADAS PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS

El trabajo del CSPP en defensa de la tierra en Colombia.

Colombia es un país de aproximadamente 45 millones de habitantes. Según el PNUD la población rural en Colombia constituye el 32%. El Índice de Desarrollo Humano del país es de 0,710 y ocupa el puesto 87 entre 187 países1; También tiene la tercera peor desigualdad entre 129 países, según la información que registra Naciones Unidas en el Informe sobre desarrollo humano 20112.

Colombia es el único país del continente americano que aún vive un conflicto armado interno. Este se originó hace 49 años y ha producido desde 1964 al menos 90.000 víctimas mortales, 4.000.000 millones de personas desplazada internas y 550.000 refugiados en países vecinos3.

Para la Unión Europea “El conflicto interno colombiano tiene orígenes históricos profundos (…) consta de conflictos regionales caracterizados por dinámicas diferentes, pero con un denominador común: la lucha por los centros de producción y el control del territorio, en un contexto de grandes desigualdades económicas y sociales. Este contexto se refleja en los elevados índices de desplazamiento así como en violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario”4

En las dos últimas décadas se engendró en Colombia la denominada contrarreforma agraria al amparo del narcotráfico y del paramilitarismo. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Púbica sobre Desplazamiento Forzado el total de hectáreas,

1 http://hdr.undp.org/es/estadisticas/2 http://www.portafolio.co/economia/colombia-solamente-supera-haiti-y-angola-desigualdad3 http://escolapau.uab.es/conflictosypaz/ficha.php?idfichasubzona=68&paramidioma=04 Colombia. Documento de Estrategia País 2007-2013. Comisión Europea. pág. 11


despojadas u obligadas a abandonar forzadamente en el país fue de 5.5 millones, esto equivale 10,8% del total de la superficie agropecuaria del país5. La forma de despojo de tierra más común ha sido la de la utilización de la violencia física sobre las poblaciones rurales, la cual por lo general produce desplazamiento forzado y el abandono del territorio, el cual queda a merced del actor armado. En múltiples casos, esa apropiación física y violenta por la vía armada, aparece acompañada de la utilización de alguna figura jurídica con la que el perpetrador pretende adquirir formalmente los derechos sobre la tierra para disponer legal o ilegalmente de ella.

Ley de tierras y dificultades para las víctimas.

El Estado colombiano aprobó el 10 de junio del año 2011, la 1448 o Ley de Victimas y Restitución de Tierras, la cual estableció un conjunto de medidas legales, sociales y económicas, de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Señala Bruno Moro representante en Colombia del PNUD que: “el pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas es un histórico paso hacia la construcción de la paz. La centralidad de las víctimas y el pleno reconocimiento de sus derechos son para los colombianos una prioridad absoluta” y agrega: “No es una ley perfecta y seguramente algunos aspectos podrían mejorarse para una mejor adhesión a los estándares internacionales y de garantías de participación de las víctimas. Pero es una ley que da un paso decisivo para Colombia. El nuevo reto es su fase de implementación para garantizar una adaptación a las necesidades, los intereses y los derechos de las víctimas.”6

La Ley de Victimas y Restitución de Tierras, aunque presenta notables avances también presenta graves dificultades: 1) La norma y las instituciones responsables de su ejecución resultan muy pequeños para responder al universo tan grande de víctimas, 2) las amenazas contra la vida de las victimas ocasionadas por grupos paramilitares continúa en aumento y no existe una adecuada protección para ellas. 3) las instituciones públicas especialmente locales (alcaldías, concejos, juzgados) continúan siendo influenciados o contralados directamente por grupos paramilitares.

5 Bautista, Ana (2009) Algunas decisiones constitucionales ante el despojo forzado de las tierras y los territorios, PCS, Pág. 6, Bogota.

6 http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/61.pdf


Con relación al primer aspecto señalado, se tiene, que en el procedimiento de la Ley 1448 existen actualmente más de 46 mil solicitudes de reclamación de tierras por parte de las víctimas, al respecto un informe del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria revelado en el mes de noviembre de 2013 expresa que “la política de restitución de tierras, tal y como está diseñada, no va a tener éxito y que –pese a lo dicho el Gobierno en reiteradas ocasiones– en 10 años no se va a cumplir la meta de restituir a todos los solicitantes7”. En lo relacionado con el segundo tópico, tenemos, que en el mes de septiembre Human Right Watch, presento un informe en el que aseguró que los paramilitares (ahora llamados bandas criminales o Bacrim), son los principales responsables de las amenazas y asesinatos a líderes campesinos que hoy están reclamando sus tierras y que pese a que los Jueces de Restitución han dictado cerca de 450 sentencias de restitución de tierras, solo una familia en el 2013 regresó a su predio8. Y por último, frente al control del poder local por parte de los grupos paramilitares, resultan muy elocuentes las palabras del ex ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, antes de su salida de la cartera en el mes de mayo de 2013, cuando señaló: “lo que más me ha impresionado de lo que encontré fue el grado de corrupción y de cooptación por intereses turbios, especialmente de paramilitares, de que llegó a ser objeto el Incoder9. Porque mal que bien es el instituto que tiene el Estado colombiano para manejar la reforma agraria y el desarrollo rural”10.

La Costa Caribe colombiana

La Comisión de Seguimiento a la política pública de desplazamiento estableció que la mayor proporción de las tierras forzadas a dejar en abandono se encuentra en la región de la Costa Caribe (38,2%), seguida por la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico (34,5%) y finalmente por la región Andina (27,3%)11. Según las cifras oficiales, en

7 http://www.verdadabierta.com/images/Estudio_Observatorio_Un_tranc%C3%B3n_fenomenal.pdf

8 http://www.hrw.org/node/1190259 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)10 http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-424680-juan-camilo-restrepo-encontre-

un-incoder-cooptado-paramilitares11 http://www.semana.com/documents/Doc-1894_2009619.pdf


tres departamentos de la costa, (Atlántico, Magdalena y el Cesar) el número de tierras reclamadas ascienden a 267.171 hectáreas, más de 11% del total nacional: Atlántico 5.953, Magdalena 89.087 y el César 172.131. Estas cifras sólo representan las reclamaciones presentadas oficialmente ante la Unidad de Restitución de Tierras y no la totalidad de los predios despojados. Es de esperar que estas cifras sigan en aumento.

Es en ese contexto que se ubica la labor de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), fundada en 1973 y la primera organización de derechos humanos que surgió en el país. Desde su creación ha venido ampliando su área de trabajo y experticia. Hoy, no sólo defiende a las distintas clases de presos políticos sino acompaña a muchos procesos organizativos y es un participante directo y activo en el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado y las campañas que surgen de esa organización. En la Costa Atlántica el CSPP acompaña, en la actualidad, a cuatro procesos de reclamantes de tierras.

Dos de los procesos, Bellacruz y la vereda Pitalito, se encuentran en el Cesar, otro, Santa Rita en el Magdalena y Pital de Megua en el Atlántico. Estas comunidades requieren un acompañamiento integral en sus luchas para enfrentar a quienes están implicados en la usurpación de sus tierras y la violencia ejercida en su contra, generalmente por personas naturales y jurídicas que ostentan un gran poder económico y político en la región.

De otra parte, en estos departamentos persiste la violencia, como parte de la realidad cotidiana y el miedo ronda todo intento de hacer justicia “los intervinientes en el despojo siguen presentes en la vida económica de la región” y siguen defendiendo sus conquistas, tanto que se han dado casos de personas que retornaron a sus tierras, pero tuvieron que abandonarlas nuevamente ante la situación de inseguridad que viven. Desde el 2008, más de 65 reclamantes han sido asesinados, muchos de ellos son del Caribe colombiano, región donde existen grupos paramilitares cuyo fin explícito es impedir la restitución de las tierras, como es el caso del autodenominado Ejército Anti Restitución de Tierras.

Así, las comunidades enfrentan a poderosos intereses regionales, nacionales e internacionales, razón que anima al CSPP a prestar: i) asesoría profesional en los


procesos jurídicos para la restitución de la tierra y la permanencia en el territorio, ii) formación y fortalecimiento organizativo para hacer visible las exigencias campesinas y iii) acompañamiento protectivo para dar respuesta adecuada a los riesgos que ciernen sobre los reclamantes de tierras en Colombia, particularmente en los cuatro casos mencionados.

Este trabajo cuenta con el acompañamiento y apoyo financiero de la asociación por la defensa de los derechos humanos en Colombia, Turpial. Organización que se fundó en el 2010 con cuatro propósitos: apoyar a las víctimas en sus acciones; contribuir a la protección y seguridad de las comunidades y defensores de los derechos humanos en Colombia; diseminar información sobre la situación en Colombia y las luchas de las comunidades y por último tejer lazos de solidaridad y amistad con las comunidades y sus contrapartes en Colombia. En ese marco financia y apoya al CSPP en su labor en defensa de las víctimas de desplazamiento forzado y en procura de la restitución de tierras en procesos campesinos del caribe colombiano.


Hacienda BellacruzEl caso de la Hacienda Bellacruz se remonta a los años ochenta cuando campesinos de la zona comenzaron a ocupar baldíos de la nación colindantes con la finca de la Hacienda Bellacruz, en ese entonces propiedad de la empresa Inversiones Marulanda Ramírez Ltda, cuyo principal accionista era Carlos Arturo Marulanda Ramírez.

Los campesinos llegaron, según consta en los certificados del Incora12, en 1986 a la zona conocida como Cabeceras de Caño Alonso. Inicialmente ingresaron cerca de 50 familias, las cuales fueron violentadas, según se desprende de numerosos testimonios que hoy se encuentran en manos de autoridades judiciales, “Nosotros llegamos a Caño Alonso con el fin de que nos pudieran adjudicar un pedazo de tierra, en ese entonces fuimos sacados varias veces por los vigilantes de la hacienda de los Marulanda, fuimos violentados nos regaban todo el mercado, nos sacaban en la mañana y volvimos en la tarde, y así sucesivamente.”

Debido a un fuerte invierno los pobladores tuvieron que abandonar la zona y regresar una vez pasó la temporada de lluvias. Sin embargo, la familia Marulanda impulsó un proceso judicial que de manera amañada ocasionó el desalojo de las familias campesinas y posteriormente la detención de varios dirigentes campesinos, que fueron dejados en libertad meses después, al comprobarse su inocencia.

Pese a esto, las familias campesinas ubicadas en Bellacruz solicitaron ante el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que les titulara los baldíos,

12 Instituto Colombiano de Reforma Agraria, liquidado y que hoy recibe el nombre de INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural


logrando que esta entidad entrara en negociación con la familia Marulanda y así adquirir 2.600 hectáreas de tierra para los campesinos. Posteriormente, mediante la resolución 1551 del 20 de abril de 1994 el INCORA reconoce la existencia de 1.500 hectáreas de baldíos de la nación dentro de los límites de la finca Bellacruz, los cuales debían ser adjudicados a campesinos pobres, por lo que muchos pensaron que su problema iniciaba a resolverse, sin embargo en 1995 ingresó un grupo paramilitar a la hacienda e instaló un campamento y una base de operaciones.

Así, cuando parecía que el Incora iba a darles la razón a los campesinos, los paramilitares, bajo el mando de alias Juancho Prada arremetieron contra la comunidad y los expulsaron de manera violenta de sus terrenos. El primer operativo paramilitar se hizo el 14 de febrero de 1996 expulsándoles de los baldíos y también de tierras que fueron adjudicadas a favor de los campesinos. Los pobladores se vieron obligados a dispersarse por varias zonas del departamento, e incluso algunos dirigentes debieron buscar el exilio en Europa y los EE.UU. Lo que los desplazadores no pudieron hacer por la vía legal, lo hicieron por lo ilegal, a la fuerza. Después del 14 de febrero los paramilitares instalaron cinco bases en la Hacienda, una de ellas a pocos metros de la base del Ejército. El control era tal que, en abril 1996 los militares impidieron el acceso de la Comisión Interinstitucional de Verificación a la Hacienda alegando que no podían garantizar su seguridad.

El desplazamiento de las familias de la Hacienda Bellacruz iba acompañado no sólo de amenazas sino de hechos violentos. El 28 de Septiembre de 1996 un grupo armado obligó al joven Wilmar Amaris llevarles a la casa de sus tíos. Cuando llegaron el grupo asesinó a Eliseo y Eder Narváez Corrales por su papel en defensa de la tierra. Eliseo había denunciado días antes las confabulaciones de los militares con los paramilitares ante una Comisión Interinstitucional del Estado y como respuesta su denuncia, fue calificado de guerrillero. Este caso permaneció en la impunidad por varios años; en la actualidad, se adelanta un proceso penal por parte de la Fiscalía 9 de la Unidad Nacional de derechos humanos, a la que han sido vinculadas cuatros personas: Uno de ellos, un comandante militar activo en el momento de los hechos y otras tres personas vinculadas a grupos paramilitares.

Durante varios años los campesinos denunciaron la connivencia militar-paramilitar a la hora de silenciar a las familias reclamantes de tierras, señalando que el


ejército contaba con instalaciones adentro de la Hacienda y dos más en cercanías, sin que nada hicieran para impedir las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en su contra. Eliseo y Eder no fueron las únicas víctimas en Bellacruz. También fueron asesinados y desaparecidos varios campesinos más, entre ellos: Edison Donado, Jaime Laguna Collazos, Elger Castilla San Juan, Ricardo Julio Cagua, Aldemar Trujillo, Fanny Guerrero.

Ante los riesgos que corrían sus vidas, la violencia que se había desatado en la zona y la participación de la fuerza pública en estos actos, no debe resultarnos extraño que los campesinos huyeran de sus fincas. “Para nosotros fue muy difícil porque cuando uno está establecido en un lugar y creó una estabilidad y viene otro a sacarle así, sabiendo uno realmente que él no es el dueño de eso, que eso es de la nación.” Relata uno de ellos.

Luego de muchas denuncias y presión internacional, en 1997 el Estado firmó un acuerdo para el retorno de los campesinos a sus fincas en un plazo no mayor a dos meses. No hay que decirlo, éste fue incumplido y en su lugar se suscribió otro con una parte de la población para que fuera reubicada lejos de sus tierras natales. No obstante, unas 350 familias decidieron quedarse cerca de la zona y seguir luchando por sus predios, sin lograr aún un retorno digno. Con el paso de los años se ha borrado casi toda huella de las plantaciones campesinas y en su lugar solo se observan las ruinas de alguna que otra antigua casa campesina y miles de hectáreas del desierto verde que es la siembra de palma africana que se ve por doquier. Sin embargo las familias campesinas han seguido su lucha, se han agremiado en la Asociación Horizonte de Población desplazada ASOCOL y con el acompañamiento de varias organizaciones sociales y el CSPP, avanzan en su ardua labor por la justicia en los crimines contra sus familiares y por la restitución de sus tierras.

En esta nueva fase de su lucha por recuperar los terrenos que les pertenecen, los campesinos han vuelto a ser objetivo de grupos paramilitares. Según algunos dirigentes alias Panelo, un desmovilizado de la Hacienda ha dicho públicamente que “si ellos recuperan esas tierras yo voy a despellejar a los líderes” Pero, no sólo han recibido amenazas sino que han concretado atentados en su contra. En agosto de 2013 tres reclamantes de las tierras de Bellacruz, luego de radicar una


denuncia en Valledupar, fueron atacados con armas de fuego, durante el camino de regreso. Pese a esto ASOCOL no se da por vencida y en el mes de octubre varias familias, en un acto simbólico de desafío, volvieron a sus fincas, permaneciendo allí por varias horas, el motivo era más que valido, luego de muchos meses de espera, el INCODER resolvió una de sus solicitudes y declaró que 1200 hectáreas de la Hacienda Bellacruz, que permanecían en manos de privados, pertenecen a la Nación y en consecuencia deben ser recuperadas para ser entregadas a campesinos y víctimas. Con esta victoria ASOCOL y sus aliados, entre ellos el CSPP se alistan para lograr que estas tierras sean entregadas a quienes por décadas han peleado por ellas, decenas de familias campesinas víctimas del departamento del Cesar.


PitalitoPitalito es una vereda ubicada en el municipio de Chimichagua en el centro del departamento del César. Los campesinos comenzaron a poblarla a principios de los años ochenta y para 1988 la población ya contaba con una escuela y una Junta de acción comunal. En la vereda siempre hubo un constante flujo de familias, algunas llegaron, vendieron sus mejoras (derechos de los poseedores sobre las tierras) y salieron, otras fueron desplazadas por una ocupación paramilitar en el año 2005, y retornaron dos años después. Desde el 2007 vivieron relativamente tranquilos, sin embargo, de acuerdo con las versiones de los campesinos afectados, en 2010 hizo presencia en el predio un sujeto de nombre Juan Manuel Fernández de Castro, quien acompañado del ejército afirmó que esas tierras eran suyas.

De acuerdo a la información recolectada por el CSPP y las versiones de los campesinos de la vereda Pitalito, esta persona es un reconocido propietario de tierras en Curumaní - César, donde posee sembradíos de palma. También es propietario de negocios e inversiones en la ciudad de Santa Marta. Como en los otros casos que el CSPP asesora, se trata de una persona poderosa, en términos económicos y políticos; en el gobierno de Uribe Vélez varios terratenientes y empresarios del país, particularmente de la costa caribe, recibieron sumas millonarias en subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), cuyo supuesto fin era entregar subvenciones a los campesinos, de estos a Fernández De Castro del Castillo le otorgaron al menos 900 millones de pesos.

Pobladores de Pitalito afirman que Fernandez de Castro llegó un día a sus fincas, acompañado por miembros del Ejército, los amenazó y les informó en enero del 2010, él había comprado sus tierras a Amelia Chacón, una particular a la cual el


INCORA le había adjudicado estas tierras a finales de los sesenta, pero quien nunca vivió o trabajó en ellas. Razón por la cual cuando los campesinos comenzaron a poblar la zona, los predios llevaban más de 10 años abandonados por el supuesto titular. Fernandez de Castro ofreció a cada familia sumas bajas de dinero a cambio que abandonaran sus predios y se los vendieran al precio que él estaba dispuesto a pagar, so pena de “quedarse con los brazos cruzados o atenerse a cosas mayores” según relata un poblador.

Así, se concretó otro caso más de despojo por medio de la venta forzada, una modalidad comúnmente usada por grupos armados en Colombia, para desplazar y apropiarse ilegalmente de tierras y propiedades campesinas, las cuales valga decir fueron destruidas y quemadas posteriormente. A pesar de esto los campesinos iniciaron protestas y decidieron no salir del predio, hasta que en el mismo se instaló un grupo de hombres armados, conocidos como los guajiros, quienes hostigaron y amedrentaron a las familias pobladoras de la vereda. Durante los siguientes meses estos hombres además de disparar y matar a animales con sus armas, poco a poco fueron derribando lo poco que aún quedaba en pie en Pitalito, hasta que en junio de 2010 el Escuadrón Antidisturbios de la Policía ESMAD, llegó sin previo aviso, y sin presentar siquiera una copia de la orden emanada por el alcalde de Chimichagua, procedió a desalojar a las familias campesinas.

Así lo narra uno de los pobladores que vivió este desalojo, “El 24 de junio del 2010 nos llegó el Esmad acompañado del ejército, el terrateniente, el personero y el inspector de los dos municipios a desalojarnos. Nos desaloja con niños, ancianos, los que estamos haciendo resistencia en un carro de la Policía y en tractores del señor Juan Manuel y nos bota a las afueras de Curumaní. Nos montaron las cositas en los tractores porque nosotros habíamos decidido no irnos.”

De igual manera un mujer campesina: “Yo estaba arriba en el último cambuche y llegaron y yo estaba cocinando una leche y no me dejaron cocinar, dijeron ‘no, esto es un desalojo, esto es de Juan Manuel, esto no es de Uds.’ Me echaron todo al suelo, esas carpas, todo me acabaron.”

Las personas tuvieron que trasladarse a un albergue durante un tiempo, pero recibieron muy poca ayuda durante su largo periplo. La comunidad entró en


contacto con el CSPP y el Equipo Jurídico Pueblos EJP, quienes asumieron el caso y les han brindado asesoría legal, acompañamiento social y protectivo, elementos que se han traducido en acciones concretas en favor del reclamo comunitario de una pronta restitución de la tierra y un seguro y pronto retorno a la misma.

Sin embargo, debido a que las acciones jurídicas interpuestas traen consigo largos tiempos de espera, la comunidad tomó la decisión de retornar a sus tierras en Mayo del 2013. Así ocuparon una parte del territorio de Pitalito, armaron improvisadas viviendas comunitarias, pues por seguridad no podían volver cada uno en sus parcelas. Vivieron colectivamente, cocinaron y trabajaron la tierra mancomunadamente. Poco a poco empezaron a reconstruir sus vidas y el tejido de su comunidad resquebrajada por el desplazamiento y posterior despojo.

En respuesta, Juan Manuel Fernández de Castro presentó una denuncia penal en contra de varios miembros de la comunidad y sus acompañantes por invasión de tierras y desplazamiento forzado, también acudió a la Alcaldía de Chimichagua, solicitando un nuevo desalojo. El 25 de octubre del 2013, el abogado de Fernández de Castro, miembros de la Policía, el ESMAD e integrantes del ejército, así como varios funcionarios públicos, llegaron a la comunidad y valiéndose de un procedimiento administrativo rodeado de irregularidades, expulsaron a la comunidad de sus viviendas, las cuales fueron destruidas por civiles contratados por Fernández de Castro.

Así los campesinos nuevamente fueron dejados a su suerte en el municipio de Curumaní y se concretó nuevamente un desplazamiento forzado contra la comunidad de Pitalito, esta vez con la participación directa de órganos estatales y mediando la utilización irregular de figuras establecidas en la ley. Ante tal situación el CSPP y las organizaciones acompañantes se encuentran impulsando acciones jurídicas a nivel nacional e internacional encaminadas a garantizar el retorno con condiciones de seguridad y vida digna para estas familias campesinas.


Santa RitaSanta Rita es un corregimiento del municipio de Remolino en el departamento de Magdalena en la costa caribeña de Colombia, con una historia de más de 200 años de poblamiento campesino. El municipio tiene una extensión de 599 km2 y cuenta con 8.379 habitantes, de los cuales solo 2.851 viven fuera de la cabecera municipal, cifra que pone en un contexto dramático el número de desplazados que ascienden a 3.666 personas. Aunque es de difícil acceso, sus tierras son estratégicas en términos del conflicto y codiciadas por terratenientes y paramilitares.

Después de casi 14 años de abandono forzado, varias familias regresaron a Santa Rita, y no les gusta que lo llamen un pueblo fantasma. Sin embargo, a primera vista eso es justamente lo que se ve: Casi todas las casas están destruidas o caídas por el paso de los años de despojo y la amenaza que cierne sobre esta comunidad es una realidad.

Los paramilitares llegaron por primera vez en 1997. Un grupo de uniformados, fueron de casa en casa gritando “todo el mundo a la plaza”, allí pidieron las cédulas a todos. “Después de que hicieron la identificación, mujeres por un lado, hombres por el otro, bajo un tremendo sol a la una de la tarde en la plaza, sacaron a Luís Mariano y lo mataron. Se oyeron decir después que se equivocaron de profesor. Él fue el primero que mataron.” En ese momento la gente desconocía quiénes eran los paramilitares e inicialmente pensaron que se trataba del ejército por las prendas que portaban. Acusaron a todo el mundo de ser colaborador de la guerrilla y hasta la fecha hay personas que no han podido volver al pueblo porque pesa sobre ellos la acusación de haber colaborado con la insurgencia.


En septiembre 1999 llegaron de nuevo a las once de la noche y mataron a la pareja Andrés Pertus Pertus y Ana Margarita Carbarcas, unos vendedores de quesos. “Le quitaron el bebito de los brazos, lo dieron a otra persona, unieron a la gente así porque empezaron a patear a las puertas para que se viera como asesinaran a los guerrilleros” A la mujer le abrieron el vientre. Anunciaron que regresarían en un mes y precisamente el 16 de octubre, un mes exacto después de los hechos, se presentaron de nuevo en el pueblo. Incursionaron a las 3 de la madrugada, reunieron a la gente en la plaza, saquearon los almacenes y mataron a dos personas conocidas como los cachacos, dueños de una tienda. La Policía no llegó sino hasta el día siguiente. La gente comenzó a desplazarse. “Por el camino uno veía una sola hilera de gente con animales y con la ropita.”

Antes de la llegada de los paramilitares nadie vendía tierras, aun cuando existían ofertas. Fue en este contexto de incursiones y ocupación armada que comenzaron las presiones para transferir sus predios, ubicados estratégicamente para la


guerra, por ser ruta de acceso fácil a la Sierra Nevada o a la ciudad de Santa Marta. La mayoría de los campesinos tenían títulos sobre sus fincas. Quizás por eso el despojo se hizo con muchas formalidades de la ley, pero bajo la presión de las armas. Les decían “o vende o compro a la viuda”, frase tan escalofriante como común en el país. Uno de los casos es el de María Parra, quien solo negoció sus tierras con Alexander Ortega, después del asesinato de su esposo.

Muchas familias vendieron sus propiedades a precios muy por debajo del valor real, a terceras personas, incluso campesinos de la región que posteriormente las transfirieron a otros. También se han detectado suplantaciones y falsedades en las escrituras con las que se pretenden legalizar ventas que nunca se realizaron. Algunos campesinos, señalan que sin saber leer ni escribir, aparecen firmando documentos supuestamente legales. Con el tiempo las tierras de estas familias desplazadas se fueron concentrando en beneficio de unas pocas personas o empresas. Hay constancia de por lo menos 10 predios (que suman unas 1.200 hectáreas) que hoy pertenecen a una sola firma: Agropecuaria RHC S.A. Quienes actualmente figuran como propietarios pueden alegar la posesión de “buena fe” y apelar a las protecciones y beneficios que le otorgan la Ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia.

La FCSPP ha asumido el acompañamiento integral, pero es consciente de la lucha que le espera y las dificultades que tendrán las comunidades. En octubre 2013, la Unidad de Tierras tomó el caso para revisarlo, por existir indicios de despojo.


Pital de MeguaEn 1980, varias familias campesinas llegaron a tierras ubicadas en la Vereda El Desengaño, jurisdicción del corregimiento de Pital de Megua. Según lo que relata el dirigente Carlos Solano Coba al periódico local La Verdad “esas tierras estaban convertidos en montañas, incultas, no tenían cercas, estaban baldías”. Aunque un alemán Gerstl decía ser el propietario, los campesinos pudieron instalarse y lograr la posesión de los predios.

Gerstl murió el 25 de junio de 1989 en la ciudad de Barranquilla. En 1998 sus hijas intentaron vender 70% de las tierras al Incora y regalar el 30% a los campesinos. Nunca se pudo concretar el trato con el Instituto por falta de presupuesto, por su parte, las herederas no volvieron a mostrar interés en el predio y se fueron del país.

En abril de 2010 Manuel Povea llegó a las tierras acompañado de 17 hombres armados, muchos de ellos ex policías destituidos por corrupción y se presentó como el “nuevo dueño”. Aunque la muerte de Gerstl está confirmada por las autoridades alemanas, aparece en Colombia una escritura pública de fecha 12 de febrero de 2010 tramitada en la Notaría 10 de Barranquilla, vendiendo las tierras al señor Manuel Povea.

De otra parte, en febrero de 2010 el fallecido ciudadano alemán presuntamente le otorga poder al abogado Erasmo Mendoza Nieto, quien también representa a Manuel Povea, para iniciar una querella por ocupación de hecho ante el Inspector de Policía de Tubara Eugenio de La Torre Rojas; funcionario que deja constancia de la supuesta presentación personal del señor Gerstl y adicionalmente, dando trámite a la acción policiva, ordenó el desalojo de varios campesinos que llevaban en posesión de las tierras más de 20 años.


A mediados del año 2010 ya todos los habitantes de estos predios fueron desalojados. En las diligencias estuvo presente el Inspector de policía, agentes del ESMAD – Escuadrón Móvil Antidisturbios, la Policía Nacional, y el señor Manuel Povea, acompañado de varios civiles que se presentaron como sus trabajadores, encargados de destruir con motosierras las viviendas y otras pertenencias de los campesinos. En medio del operativo sacaron violentamente hacia la carretera a tres niños sin intervención alguna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y se provocó un pre-infarto al señor José García., a quien previamente el inspector de Policía le había sugerido que negociara, sin que este poseedor aceptara en razón a todas las irregularidades que rodeaban el caso.

Pocos meses después Povea y sus secuaces volvieron a las fincas con un Buldócer para arrastrar con toda evidencia de la presencia durante 30 años por parte de los campesinos. Hoy no se encuentra rastro de las casas de la gente. Povea levantó otra construcción y la habilitó como un campamento para sus trabajadores.

El 28 de abril de 2010, antes de que se presentara el desalojo, los campesinos desplazados presentaron una querella ante la Alcaldía de Baranoa, sin embargo el gobierno local se negó a darle trámite a las mismas argumentando que la Vereda el Desengaño se encuentra ubicada en jurisdicción del municipio de Tubara; aunque un perito estableció que el 85% del predio pertenece a Baranoa y solo el 15% a Tubará.

El Notario 10 de Barranquilla actualmente se encuentra bajo investigación disciplinaria por este y cuatro casos más relacionados con despojo de tierras; igualmente se encuentra detenido en el marco de un proceso penal por hechos similares en los que él participó directamente.

En diciembre del 2012 la comunidad ganó una victoria parcial. En una conciliación Povea acordó entregar seis parcelas y el alcalde de Baranoa ordenó el desalojo de cuatro más. Uno de los abogados del caso señala que “se llevaba un proceso penal en la Fiscalía por desplazamiento forzado y un concurso de delitos implícitos, él (se refiere a Povea) veía que de pronto el proceso penal le estaba creciendo y dio la orden y concilió”. Es decir, sin la presión del Dr. Fabián Araujo y la FCSPP, Povea se habría quedado con las tierras.


La FCSPP ha presentado denuncias penales por falsedad en documentos, suplantación personal, daño en bien ajeno y también las amenazas proferidas en contra de los campesinos.

Falta aún decidir la suerte jurídica de once predios más que pertenecen a la jurisdicción del municipio de Tubará, donde la corrupción es reinante. Este caso enfrenta algunas dificultades, entre ellas, la desaparición de documentos presentados en los procesos, razón por la que se presentó otra denuncia penal. Existe la percepción en la zona de que Manuel Povea tiene una importante influencia en los funcionarios públicos de Tubará por lo que se cree que será un proceso muy dispendioso. La FCSPP asume este caso directamente.

El abogado del caso y algunos dirigentes han recibido amenazas y un miembro de la comunidad fue víctima de un atentado contra su vida. Cuatro hombres armados entraron a su finca en enero 2013, rodearon la casa y dispararon contra él sin dar con el blanco; un hombre con escopeta lo esperaba en la otra puerta de su vivienda para asesinarlo, pero su vida fue salvada por la oportuna intervención de sus vecinos. A pesar de las amenazas los habitantes siguen en su brega por recuperar las tierras que quedan aún en manos de Povea en el municipio de Tubará.


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Acompañamiento a comunidades desplazadas para la restitución de tierras

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