Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)

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EDITORIAL Pág. 1

COLUMNAS

1) ACTUALIDAD: Tocados por

la delincuencia. Pág. 2

2) CÁTEDRA: La lectura de la

Biblia en las escuelas. Pág. 4

3) ECONOMIA: FITCH califica

el Riesgo País. Pág.7

4) DEMOCRACIA: La remoción

de un Presidente. (Caso de

Manuel Zelaya) Pág.8

EDITORIAL

En este primer número de ACCIÓN

explicamos brevemente el propósito de

esta publicación. El cual lo sugirió en gran

parte, la observación de la actuación

política de la población salvadoreña, es

decir, de cómo ésta, resuelve y actúa

positiva o negativamente, con respecto a

cuantos se refiere a la vida política del

Estado.

Creemos es muy necesario para nuestra

sociedad democrática, reflexionar sobre

todas las actuaciones en las cuales el

pueblo salvadoreño debe decidir cómo

actuar, aprobando o desaprobando la

actividad de sus gobernantes, pues el

quehacer soberano no se limita al ejercicio

del voto: es permanente y constante,

manifestándose en opiniones individuales

o colectivas, según la variedad de

intereses.

Más ¿CÓMO PUEDE FORMARSE JUICIO?

¿EN CUALES CONOCIMIENTOS BASARÁ SUS

DECICIONES? Buen juicio y acertada

decisión, sólo los podrá obtener de la

información imparcial, desapasionada,

apegada a los principios ideológicos y

ajenos a todo interés partidista, el que

algunas veces, no es precisamente el que

convienen a la población.

El derecho a la información nacional está

implícito en los DERECHOS POLÍTICOS DEL

CIUDADANO. Dos de estos derechos son la

libre información y la libre expresión,

ambos de conformidad con la ley.

Ahora bien, para satisfacer

convenientemente el primero de estos

derechos, es necesario y oportuno contar

con una publicación ajena a los partidos

políticos, la cual atenderá más al aspecto

doctrinario que a intereses prácticos

inmediatos.

Y en razón de este propósito hemos

diseñado el contenido de ACCIÓN.

Esperamos, si despierta interés, ampliarlo

con la columna FORO, y otras que sugiera

la vida política nacional. Además,

aspiramos a dar espacio a todo ciudadano

ACCIÓN S.S. 12/julio/2010

publicacionaccion@gmail.com

Pensamiento independiente

Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)

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que desee expresar su opinión sobre los

diversos temas publicados u otros que él

escoja, ya sea en la publicación o en el blog

que se abrirá próximamente. Todo siempre

enmarcado dentro del espíritu de la Ley de

Imprenta, sin mas limitaciones que las que

impone el Título VI de los Delitos Relativos

al Honor y la Intimidad, establecidos en

nuestro Código Penal y el Artículo 6 de la

Constitución de la República.

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

ACTUALIDAD: Tocados por la

mano de la delincuencia.

Es más que alarmante ver que en el año

2009 fueron asesinados 4,365 personas, y

no conviene verlo como una simple

estadística sobre la que se puede teorizar.

Lo que no se menciona en los medios de

comunicación, es que junto a tal número de

muertes debe de haber mayor cantidad de

lesionados y mas aún, los que son victimas

de delitos patrimoniales.

En la publicación ECA Nº 588, de octubre

de 1997, se presenta un estudio

Multicéntrico ACTIVA, patrocinado por la

OPS, y llevado a cabo por el IUDOP,

intitulado “Magnitud de la violencia en El

Salvador”, presentado por José Miguel Cruz

y Luis Armando González, nos muestra un

cuadro muy alarmante de la situación

delincuencial los años 1995 y 1996.

Aunque el enfoque de la investigación es de

violencia social, y se sugiere en otro

informe titulado “La desmilitarización de la

economía. El caso de El Salvador”, de Knut

Walter, de la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales (FLACSO), fechado en

octubre de 2002, dice que la sociedad

salvadoreña, aún sigue militarizada y es

necesario cambiar dicho estatus por que es

hecho generador de los altos índices de

criminalidad. Los hechos generadores, son

en última instancia, las estructuras sociales

que conforman el Estado Salvadoreño

Aunque no comparto las conclusiones de

dichos estudios, sí les doy pleno valor por

los datos presentados, los cuales están

sustentados en investigaciones reales y

convenientemente ejecutadas.

Es el caso que la violencia se entiende

como un comportamiento deliberado, que

provoca o puede provocar daños físicos o

psicológicos a otros seres y se asocia con la

agresión física, pero puede ser s psicológica

o emocional, a través de amenazas u

ofensas. La violencia es el medio que

persigue un fin fuera de razón y justicia.

Las causas generadoras de la violencia

argumentadas en los dos informes antes

relacionados, siguen la corriente de

pensamiento de Johan Geltum y Adam

Curle, quienes distinguen desde el punto de

vista de la sociología, seis tipos de

violencia: directa, estructural, cultural,

emocional, juvenil y de género.

Conciben la violencia estructural como

serie de actos violentos, en los que no hay

una persona concreta que haya efectuado la

acción, o sea, que la persona no actúa

exclusivamente por su propia voluntad, sino

que es el entorno que le rodea y que influye

en ella, la que le impele a cometer actos de

violencia. La primera forma de violencia

estructural es interna, de la personalidad

propia del individuo, o sea la naturaleza

genética y psicológica del mismo. La

segunda forma de violencia estructural,

proviene de la propia malla o tejido social,

o sea la presión que sufre del entorno. El

origen de este tipo de violencia, según la

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tendencia sociológica es la política y

también la económia, o sea causada por la

represión y explotación social. El hambre,

miseria, enfermedad o incluso la muerte,

son ejemplos de violencia social cuando el

Estado no satisface las necesidades básicas

a su población.

Esta es una apreciación política, y no tiene

mas utilidad que teorizar sobre el deber ser

de un Estado y de una sociedad ideal, en

donde debe suprimirse la tenencia de armas,

el consumo de alcohol y de drogas ilícitas o

sustentar la necesidad de cambios

revolucionarios para hacer desaparecer el

hambre, la pobreza y todas las iniquidades

sociales.

Si en el último censo poblacional del 2007

se determinó que somos 5,744,113

habitantes, podemos proyectar que a esta

fecha, somos cerca de 6,000,000 de

habitantes. Tenemos 72.75 muertes por

cada 100,000 habitantes. Si consideramos

que el índice de muertes para los años de

1999-2000 fue de 60 por cada 100,000

habitantes, ha habido un incremento lento

pero inexorable, lo cual nos hace preguntar

con alarma ¿que pasará a corto plazo? Pues

si se ha determinado por estudios del BID,

que se consume el 13% del PIB en

actividades relacionadas con la violencia, y

además, hoy, el Ejecutivo propone un pacto

fiscal para acrecentar los impuestos, con el

fin de enfrentar la violencia con mayores

recursos, es imperativo darle a este

problema un enfoque de investigación

realista y práctico.

Una luz para abordar la verdadera

naturaleza del problema, y pon ende,

posibles soluciones, puede surgir del

análisis de los informes presentados por la

Fiscalía General de la República, en su

página web, y los últimos estudios

presentados por FUSADES sobre este tema.

Veamos, en estos primeros siete meses del

año, la Fiscalía ha presentado quinientos

veintidós informes, en los que da a conocer

al público, todas sus actividades. De éstos,

sólo trece, son de sucesos internos, como la

juramentación de nuevos fiscales auxiliares

y capacitaciones a su personal; sin

embargo, destacan tres informes: dos de

ellos, se refieren a ponencias presentadas

por el Sr. Fiscal General de la República,

Lic. Romeo Barahona, a juristas

canadienses, explicando el fenómeno de las

pandillas y, el tercero, es el ofrecimiento,

mediante convenio, de capacitación por

parte de abogados extranjeros, a nuestros

fiscales. También encontramos trece

artículos que se refieren a crímenes

estrictamente comunes, doce de ellos, sobre

delitos sexuales y uno, por hurto, en un

centro educativo. Y los otros quinientos dos

informes, son sobre crímenes de pandillas o

relacionados con estas y tráfico de drogas; o

sea sobre crimen organizado, el cual es

una estructura que vive y se alimenta de los

actos ilícitos. Esta última realidad, presenta

dos variantes: el ciudadano común que no

acepta las pretensiones del delincuente, o

delincuentes en ajustes de cuentas, tienen

un mismo desenlace: la muerte.

Por otra parte, FUSADES presenta

estudios que revelan que de cada diez

adolecentes estudiados, se podía determinar

sus actividades, y en consecuencia el origen

de su sustento. ¿Y el de los otros cuatro?...

Sólo se puede inferir la acción ilícita. Y la

otra pregunta que se puede formular es:

¿son éstas acciones aisladas para asegurar

Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)

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su supervivencia o se relacionan con alguna

organización delictiva?

La situación en que la sociedad salvadoreña

toda ha sido tocada por el crimen

organizado, no es desconocida por las

autoridades policiales; ya pocos meses

antes de ser removido de su cargo como

Director de la PNC, el Lic. Mauricio

Sandoval (1999-2003), manifestó, que de

no contenerse a las Maras en ese momento,

llegaría la ocasión en que se tendría que

negociar con ellas para asegurar la

existencia del Estado. Esta situación ya se

presentó, pues a finales del año recién

pasado, las Maras lanzaron al Estado, una

oferta de negociación, argumentando que en

toda discusión sobre el tema delincuencial

tenia que incluírseles, porque eran ellos los

responsables de más del 25% de las muertes

ocurridos en este país, y podían evitarlas, si

la policía no los perseguía y se les

entregaba el control de las escuelas.

Ahora bien, en informes del Departamento

de Estado, se señala a El Salvador como

una vía de transporte de drogas, y que una

parte de esta droga se queda en el país

como pago por dicho transporte. Los alijos

cada vez mayores incautados por la policía

reflejan un tráfico mayor, y en

consecuencia, una presencia mayor del

narcotráfico. En efecto, basta con leer en

nuestros rotativos los amplios reportajes

sobre el narcotráfico en nuestro país, y

afirmando que muchos ciudadanos por

temor, ocultan información que poseen,

sobre la existencia de amplias zonas que

bajo la apariencia de tranquilidad, sufren el

dominio de los capos de la droga.

Un agente investigador, con su experiencia

cotidiana, afirma que el 95% de los

homicidios tienen por causa las luchas del

crimen organizado por el control territorial,

pero debemos de incluir, dentro de este

porcentaje, al los asesinados del sector

transporte. El otro 5% tiene como causas

otros tipos de violencia. Esta reflexión, es

perfectamente coincidente con los otros

indicios ya expuestos.

Ahora bien, puede ser políticamente

inconveniente, o no estar conforme con los

lineamientos propios de las tendencias

garantistas en boga, pero es una realidad

que no podemos soslayar y se hace

necesario que nuestro gobierno (entiéndase:

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio

Público y los otros órganos), y la población

en general, deben estudiar exhaustivamente

este problema bajo la luz del conocimiento

del crimen organizado como el generador

principal de la violencia, y encontrar las

soluciones que lo restringirían. Y dicho

estudio debe hacerse sin más

consideraciones que la realidad en la que

vivimos, y no bajo conceptos doctrinarios

que en resumidas cuentas permiten la

impunidad, que el Derecho pretende evitar.

CÁTEDRA: La lectura de la Biblia

en las escuelas.

Con dispensa de trámites y con el apoyo de

43 votos, fue aprobado en la Asamblea

Legislativa el Decreto Nº 411, el cual ya

fue enviado al Presidente de La República

para su sanción.

Un extracto del Decreto dice: “instituye la

lectura de pasajes de la Biblia de forma

diaria y sistemática en todos los centros

educativos del país, hasta por siete minutos,

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previo el inicio de actividades académicas

de la jornada matutina, vespertina o

nocturna, sin entrar a ningún comentario

religioso, sectario ni denominacional”. En

el Art. 2 del mismo decreto, se ordena al

Ministerio de Educación establecer el

procedimiento “para hacer la selección

adecuada de las lecturas”.

La lectura de un texto por la persona que lo

considera sagrado, es en sí, un acto

religioso. El Art. 25 de nuestra Constitución

permite la libertad de culto, y aunque, el

decreto pretende esquivar una

inconstitucionalidad, permitiendo que sean

los padres de familia los que decidan si sus

hijos participan o no en la lectura, sí es el

Estado quien la promueve, y si se imparte

en las escuelas públicas, crearía una

desigualdad. Porque quien acepte la

disposición, gozará de mayor tiempo en la

atención de los servicios públicos, que

quien no la acepte; relegando a este o estos,

de una actividad escolar, por que no se

establece alguna actividad alternativa. Lo

que volvería inconstitucional el Decreto,

por violación al Art. 3 de nuestra

Constitución.

La separación de Iglesia y Estado, es una

evolución histórica del Derecho

Constitucional, y característica esencial del

Estado Moderno, en el cual el Estado debe

atender exclusivamente a las necesidades

temporales del individuo; es decir, su

interés material y psicológico. Consagra

como una garantía constitucional la libertad

de culto, o sea que el Estado, en ninguna

circunstancia puede interferir en el culto

que el individuo practica. Puede algunas

veces, la práctica pública de los ritos, crear

alarma social, alterando el orden público,

haciendo necesaria la acción del Estado, en

interés de la paz y del bien público. Jamás

el Estado puede ni debe influir en el

pensamiento interno del individuo. Y de

esto se infiere que el Estado sólo tiene en

cuanto a religión se refiere, facultades

negativas, pero nunca positivas. Este

concepto se basa en el principio de libertad

de conciencia, la que es una conquista

frente al poder del Estado.

La separación de estas dos instituciones,

Iglesia y Estado, en nuestro país ha sido

asunto zanjado ya desde 1859, con la

promulgación de nuestro Código Civil

vigente, y lapidado por la Constitución de

1886. Situación que se ha mantenido

constitucionalmente invariable hasta

nuestros días.

Al seleccionar el Estado, por medio del

Ministerio de Educación juntamente con

lideres religiosos, los pasajes de la Biblia

que serán leídos, aunque no se trate de una

lectura dirigida, el estudiante hará una

interpretación propia del pasaje, y

naturalmente, según su fuero interno; de lo

cual se deduce que el Estado siempre

estaría infiriendo en el pensamiento

religioso de la persona, pues seria el criterio

del funcionario público junto con el de los

lideres religiosos, los que marcarían la

pauta de la lectura, fundiendo en un solo

acto administrativo religión y Estado.

La lectura de los pasajes bíblicos sin más

interpretación que la de la propia

conciencia, es un principio propuesto y

defendido por Martín Lutero, y que en el

tiempo ha sido origen y sustento de las

guerras intestinas más largas y crueles de la

historia del cristianismo.

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La conformación de una comisión del

Ministerio de Educación con líderes

religiosos presenta varios problemas. El

primero de ellos, es que sus acuerdos tienen

el imperativo soberano del Estado, lo que

vuelve la opinión de los líderes religiosos

parte de los actos de gobierno, ya no por su

saber o ascendiente moral, sino por el

imperio, producto de su asociación legal

con el Estado. El segundo problema es:

¿Quienes conformarán esta comisión? Por

precepto constitucional, la Iglesia Católica

está de derecho incluida, así como todas

aquellas Iglesias cuya personería jurídica

esté debidamente inscrita a la fecha. En este

punto se derivarán dos apéndices: el uno es

referente a las convicciones religiosas,

porque no todas usan la Biblia (entendiendo

las distintas traducciones y compilaciones

derivadas del Concilio de Nicea), como

ejemplo tenemos El Libro del Mormón, a la

que los seguidores de Joseph Smith y la

Iglesia de los Santos de del Último Día,

llaman Biblia, o la Tora que es el Libro de

la Ley para los judíos, raíz del cristianismo.

El otro apéndice a considerar, es: ¿están

excluidos de participar todas las creencias

religiosas que no usan la Biblia como guía

espiritual, pero sí tienen líderes religiosos

en este país, como son los musulmanes,

budistas y krisnas? Si decimos que sí,

aunque les llamemos minoría, estaremos

claramente tomando partido por una

modalidad religiosa, lo cual es claramente

inconstitucional.

La separación de Iglesia y Estado, quedó

claramente definida en 1859, con la

promulgación de nuestro Código Civil

vigente, y lapidado con la Constitución de

1886.

Si profundizamos en los motivos para la

aprobación de este decreto, vemos que es

producto de la desesperación creada por la

criminalidad en el país, ante la impotencia

de nuestros funcionarios para controlarla.

Cito las declaraciones del Diputado

Antonio Armendáriz, en publicación

electrónica de naturaleza religiosa, fechada

el 17 de febrero del corriente año, en las

que dijo “Se está hablando con los partidos

de derecha y tenemos los votos necesarios;

lo que los ha cambiado esta vez es el Señor

y la situación que tenemos ahora, porque

está visto que el único que puede cambiar

es Jesús y que ni con leyes ni con cárceles

se puede componer la situación»

En un rotativo, el Diputado Rodolfo Parker,

refiriéndose al tiempo de 7 minutos que

debían ser destinados a la lectura Bíblica,

dice que tiene su fundamento en el número

7 que es cabalístico. Esto de cabalístico

exige aclarar qué es la Cábala:

Interpretación judía esotérica de la

simbología de la Biblia, y es dada a los

iniciados en conocimiento oculto o

reservado.

Haciendo a un lado todas las

consideraciones de orden constitucional, de

ser sancionado este decreto, se corre el serio

peligro de dividir aún mas a la sociedad

salvadoreña, en una lucha religiosa, la cual

ya se está manifestando en las acaloradas

declaraciones de los lideres religiosos. Y su

discusión ya se puede leer no sólo en las

publicaciones centroamericanas, sino

también en algunas de México y España.

La disminución o extinción de la

delincuencia, la cual es el fin de este

decreto, es imposible, pues los futuros

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delincuentes no están en las escuelas, sino

fuera de ellas, y los que ya lo son, no van a

convertirse por la simple lectura de unos

pasajes bíblicos que ellos interpretarán.

Tenemos que convenir, que si a

disposiciones educativas deben de

adoptarse, seria de mayor utilidad la

implantación de la moral y el civismo, y el

recitar la Oración a la Bandera y cantar el

Himno Nacional antes del inicio de cada

jornada, con platica aleccionadora por parte

de los maestros, como se hacia

habitualmente los días lunes, antes de la

reforma educativa de 1968, y cuya práctica

se perdió a finales de la década de los 70.

Dr. Máximo Mancía.

ECONOMIA: FITCH califica el

Riesgo País.

El martes 6 de los corrientes la calificadora

de riesgo FITCH dio a conocer la nueva

calificación a aplicada a El Salvador, la cual

es de BB con panorama negativo.

Esta clasificación, refleja la realidad

económica de nuestro Estado y su

perspectiva: El endeudamiento soberano fue

el 2009 del 49% y se espera que alcance el

50% del PIB en el presente año. El

endeudamiento esperado para economías

con clasificación similar a la nuestra, es de

un 42%. Se espera para nuestro país un

crecimiento económico del 1 al 1.8%del

PIB. Cuando el promedio de crecimiento

anual para economías con igual calificación

que la nuestra se espera sea del 3 al 4%, en

cambio, el crecimiento mundial del PIB

será de un 4.6%.

La actual calificación refleja la

vulnerabilidad a shock externos o internos.

Quiero referirme al impacto que produce

dentro de nuestra economía la delincuencia

en general. En información hecha pública

por La Cámara de Comercio e Industria de

El Salvador, afirma, que en la actualidad la

empresa privada ha gastado $ 640,

000,000.00 y el costo total de El Salvador

en este rubro es del 10.8% del PIB. Esta

cifra varia según su fuente, pues algunos la

estiman que llega al 13% del PIB, según sea

el manejo de datos.

Según declaraciones de nuestros

funcionarios, es necesario un mayor gasto

en seguridad he inversión social. Ya el

Estado tiene un déficit fiscal en el ejercicio

anterior de un 5.6%. El impacto que tendría

un nuevo impuesto o el aumento de los ya

existentes afectaría negativamente en la

inversión privada y su producción, y por

consiguiente, en la competitividad de

nuestros productos. Estas medidas sólo

agudizarían la crisis que ya vivimos, porque

tal situación redundaría en calificaciones de

mayor riesgo.

Si a mayor imposición tributaria, menor

crecimiento económico, el Estado necesita

en estos momentos de crisis, asegurar la

producción y consumo actual, pues es de

dicha actividad de donde obtiene sus

recursos.

Las políticas de endeudamiento a largo

plazo, pueden dar un respiro a las finanzas

del Estado y permitirle cumplir con sus

compromisos, pero esta situación se revierte

Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)

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cuando la economía decae. En

consecuencia, siendo un de los principales

problemas la delincuencia, y que se nutre y

detiene nuestra economía, se hace necesario

un estudio detallado de las inversiones en el

área de Seguridad Pública así como de sus

políticas, buscando una reorientación de los

recursos antes de proponer nuevos

impuestos.

Las calificadoras de riesgo, no solo evalúan

la situación financiera del Estado, sino el

funcionamiento de la economía en general y

una variante a tomar en consideración es la

seguridad jurídica. Una calificación

desfavorable nos encarece la deuda, y por

tanto el Estado necesitará mayores recurso

para el cumplimiento de sus compromisos.

DEMOCRACIA: La deposición de

un presidente. (Caso de Manuel

Zelaya)

“La paz es el efecto de la confianza que la

honradez y la lealtad de los gobernantes

infunden a los ciudadanos."

General Eustorgio Salgar Moreno,

Presidente de los Estados Unidos de

Colombia 1870-1872

A casi un año ya del 28 de junio de 2009,

podemos evaluar uno de los hechos

políticos de mayor trascendencia para la

vida democrática centroamericana. Los

titulares de prensa de días posteriores a la

deposición del Presidente de Honduras

Manuel Zelaya, llaman al hecho “un golpe

de Estado”, y mueve a las distintas

organizaciones internacionales a

pronunciarse al respecto. Sin embargo,

tenemos que ver dicho hecho, con la

serenidad que nos da el tiempo transcurrido

y del desenlace que ha tenido, no olvidando

sobre todo, la soberanía de la República de

Honduras, y lo que ello implica. En

valoraciones de este tipo, deben atenderse

los principios políticos y jurídicos que están

en juego por sobre los intereses de partido.

Y no debe olvidarse también que las

decisiones tomadas por los otros Estados

Centroamericanos tiene un impacto

económico significativo en el área, y más

aun hoy que existe una crisis económica

mundial. Este tema, olvidado ya por los

medios de comunicación de nuestro país,

pero siempre de actualidad, por no estar

diplomáticamente resuelto, ha sido

nuevamente llevado a discusión gracias a la

conferencia impartida por el Ex Presidente

Roberto Micheleti, a la audiencia

salvadoreña quien atendiendo solicitud de

la asociación Cívica Pro Paz y Trabajo, se

presento en un hotel capitalino el mates 22

de junio para exponer los acontecimientos

que motivaron la remoción del Ex

Presidente hondureño Manuel Zelaya.

Desde nuestra primera Constitución de la

República Federal de Centro-América,

promulgada el 22 de noviembre de 1824,

quedo claramente asentado lo que sería

para Centroamérica la soberanía nacional y

los deberes del ciudadano.

Veamos cómo pensaron nuestros próceres

en aquel momento:

Art. 1.- El pueblo de la República federal

de Centro América es soberano e

independiente.

Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)

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Art. 2.- Es esencialmente soberano y su

primer objeto la conservación de la

libertad, igualdad, seguridad y propiedad.

Art. 3.- Forman el pueblo de la República

todos sus habitantes.

Art. 4.- Están obligados a obedecer y

respetar la ley, a servir y defender la patria

con las armas y a contribuir

proporcionalmente para los gastos públicos

sin exención ni privilegio alguno.

Esta remembranza histórica es para

establecer el origen político común y

explicar los hechos políticos actuales. Es

prueba de que el sentimiento democrático

es nuestro, por nacimiento, y rechazamos

cualquier intento de forzar situaciones de

imposición, que no sean producto de la

voluntad soberana expresada previamente

en la ley.

En nuestro sistema democrático, la

soberanía debe manifestarse; y la forma

usualmente aceptada para esta

manifestación, es mediante el voto directo

en elecciones libres: Sin embargo, mediante

la representación que se da a partir de las

elecciones, deja aletargada la voluntad

ciudadana, hasta la siguiente contienda

electoral. Un mandato, presidencial,

municipal o parlamentario, conlleva un

apego de la voluntad soberana en el

mandato del funcionario, quien no tiene

mas, atribuciones que las que la ley le da, y

su gestión, tiene que ser a su vez, la

expresión de la voluntad soberana. La

voluntad soberana legitima la acción del

mandatario, en tacita aceptación, mediante

la obediencia a su mandato, el cual por lo

tanto, no es jamás absoluto, ni mucho

menos, contrario a la voluntad de su

mandante.

Las expresiones de hecho, generalmente

corresponden a minorías, las cuales son

normales dentro de la democracia, y jamás

alteran el funcionamiento normal del

Estado, y se califican como manifestaciones

normales de la libertad de expresión, y que

solo incomodan al gobernante de turno.

Partiendo de los principios ya expresados,

concluimos, que al crearse una situación de

crisis política por la pretensión de instalar

una cuarta urna, que tenía el propósito de

proponer un cambio constitucional en

Honduras, no siguió los pasos determinados

en su proceso y más aún, contraviniendo la

legislación vigente. Ahora bien, aunque la

consulta popular o referéndum es un

instrumento democrático, su práctica tiene

que estar regulada previamente por la ley. Y

por esta razón aunque se arguya que se

realizará un acto puramente democrático y

sin más fin que la de una consulta, no deja

de ser un acto arbitrario. Al pretenderse la

ejecución de un acto claramente contrario a

derecho, obliga a los otros poderes del

Estado a ejercer su función contralora

objetando dentro del marco de la ley, la

colocación de la cuarta urna. Sin embargo,

al insistir el Presidente Zelaya en la

ejecución de dicho acto, obligan al único

ente facultado para el ejercicio de la fuerza

legítima, actuar: el ejercito; y se remueve

del cargo al infractor. Esta acción de fuerza

que depone al Presidente, no riñe con el

proceso democrático, pues doctrinariamente

en la mayoría de las constituciones en las

que no hay una lucha armada interna en

curso, se acepta el derecho a la insurrección

o la deposición de un funcionario si se ha

excedido en sus funciones.

Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)

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Es de hacer notar que en el sistema

presidencialista, el presidente, no llega por

merito exclusivamente propio, sino que

posee inicialmente el aval de un partido

político, y de todas las fuerzas que apoyan

al mismo. Y en el caso hondureño, todas las

fuerzas políticas, negaron su apoyo al

Presidente Zelaya en su pretensión, lo que

queda claramente evidente por la

oposición de su partido en el Congreso, y

en la del ciudadano común al no acatar sus

llamados a la resistencia, ya sea esta activa

o pasiva. En consecuencia, la legitimidad de

su mandato fue diluyéndose en la medida

que su gestión fue contraria a la voluntad

soberana.

La deposición del Presidente Zelaya, fue un

acto estrictamente democrático; extremo en

su proceder, si lo calificamos, pues se

espera que un funcionario acate los

mandatos de los entes contralores directos

como es La Corte Suprema y el Congreso

Nacional. Pero explicable, por el desarrollo

de los hechos: La negativa del Presidente

Zelaya a reconocer la autoridad conferida

soberanamente a los otros poderes del

Estado, dando al ejercito la orden directa de

instalar la cuarta urna, lo que implica un

uso indebido de su autoridad. La acción

militar no generó más consecuencia que la

remoción del Presidente Zelaya.

Puede sustentarse por algunos que el

proceder del Ejército fue ilegal, pues la

forma legal hubiese sido la formación de un

antejuicio y posterior remoción del cargo.

Más, siendo él Comandante General del

Ejercito, y habiendo ordenado el uso de las

Fuerzas Armadas para la instalación de la

cuarta urna, separando de su cargo a la

cúpula militar que se le opuso, esta

posibilidad no fue viable. La legitimidad de

la deposición presidencial, estaba en duda

hasta ver el desenvolvimiento de los hechos

de ese día, porque se desconocía la reacción

del pueblo hondureño. Fue claro que no

hubo un movimiento interno

suficientemente fuerte para sostener al

Presidente Zelaya en su cargo. Lo cual

indica un apoyo sólo de la minoría.

La soberanía, también tiene que ser

entendida en su ámbito internacional, o sea

la aceptación de los otros estados de los

procesos políticos internos de un país. Es

comprensible las primeras reacciones de la

UE, OEA y ONU, instando a que se

restaure el “gobierno democrático" (el de

Manuel Zelaya), mientras que El Salvador,

Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los

Estados Unidos anunciaron sanciones

económicas para Honduras a causa del

"golpe de Estado", y el Banco Mundial y el

BID, anunciaron la suspensión de la ayuda

financiera que otorgaban a Honduras, y se

produjo una retirada en bloque de todos los

embajadores de la Unión Europea. Por otra

parte, ya no es comprensible mantener esta

posición, porque la elección del Presidente

Porfirio Lobo, puso en funcionamiento la

soberanía hondureña, manifestando su

voluntad de un nuevo presidente.

Ahora bien, la toma de posesión del

Presidente Porfirio Lobo restaura el orden

constitucional hondureño. Y la ley de

Amnistía propuesta por él pone fin jurídico

a la deposición del Ex Presidente Manuel

Zelaya.

La de deposición de un Presidente no se

debería de dar en nuestro sistema, si el

funcionario fuese fiel a su propuesta

electoral, a su partido y respetara las

Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. (Edmond Burke)

ACCION San Salvador 12/7/2010 Nº 1 Pensamiento independiente

Nº 1

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contralorías internas de un Estado. El acto

antidemocrático es pretender interpretar la

voluntad popular arbitrariamente, fuera de

la normativa establecida.

Es de estudiar el caso hondureño, pues

refleja la deficiencia de nuestro sistema

democrático, la cual consiste en que no hay

recursos de reclamación a nuestros

funcionarios cuando estos pierden el apoyo

popular o simplemente cambian de partido

aduciendo una nueva ideología, guardando

su posición política y poder del cual fueron

investidos. En ese sentido han sido modelos

Inglaterra, Francia e Israel, y aún en nuestro

continente, Argentina, cuando luego de la

dictadura militar, el Presidente Raúl

Alfonsín al perder popularidad por las

malas políticas económicas, las que crearon

hiperinflación y por ende, falta de

aceptación y legitimidad de su mandato,

depone su cargo voluntaria y

anticipadamente a favor de Carlos Saúl

Menen, quien había sido electo

recientemente en 1989. Este fue un ejemplo

de acción democracia.

Es necesario cerrar este capítulo ya definido

por el soberano hondureño al elegir nuevo

Presidente de la República. Pues es

momento en que pesen mas los intereses

económicos del área centroamericana, y

especialmente los de El Salvador y

Honduras.

En conclusión: ¿Qué provocó el conflicto

que alteró la paz?

Fue la pretensión de imponer un acto que,

aunque democrático por naturaleza, sería

arbitrario por que no estaba regulado por la

ley nacional.

Lección política: Todo funcionario antes

de proponer la implementación de un acto

de gobierno, no solo debe considerar la

naturaleza y fines del mismo, sino que sea

legal, según la constitución, porque lo que

él juró al tomar su cargo fue cumplir La

constitución y Leyes de la república.