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Un mapa de inequidad Acceso al aborto en el Estado Español GRUPO DE I NTERÉS ESPAÑOL EN POBLACIÓN, DESARROLLO Y SALUD REPRODUCTIVA ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS ACREDITADAS PARA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

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GRUPO DE INTERÉS ESPAÑOL EN

POBLACIÓN, DESARROLLO Y SALUD REPRODUCTIVA

ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS ACREDITADASPARA LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

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Agradecimientos

Agradecemos profundamente a las mujeres que han participado en este estudio el haber compartido connosotras sus testimonios. De igual manera, a los profesionales de la sanidad pública, a las clínicas perte-necientes a ACAI y demás centros privados acreditados para la IVE con los que hemos contactado, asícomo a la Asociación Salut y Familia y a todos aquellos profesionales que han sido entrevistados, nues-tro agradecimiento por su tiempo, sus reflexiones y por aportar información imprescindible para losresultados de esta investigación. Agradecemos asimismo el apoyo prestado por el Ministerio de Sanidadal facilitar los recursos necesarios para hacerla posible.

El presente informe, elaborado por Marta O’Kelly y Adriana Zumarán (GIE), recoge los principales resul-tados de la investigación coordinada por estas dos personas y realizada con la colaboración de Laia Ferrer(Centro de Estudios Demográficos), Eva Rodríguez Armario (ACAI), Cristina Iglesias (ACAI), Yolanda Trejo(clínica Tutor Médica), Raquel Novo (clínica Casanova), Empar Pineda (clínica Isadora), Esther Ortega yCarmen Otero.

Primera edición, Mayo 2008Diseño de la cubierta: ARTEXTDerechos reservados conforme a Ley.Impreso y hecho en EspañaPrinted and made in SpainFotocomposición e impresión: ARTEXT

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1. Para asegurar la equidad en el sistema sanitario del Estado español es preciso modificar la actualregulación del aborto y promulgar una Ley de plazos que contemple el acceso al aborto por deci-sión libre e individual de la mujer.

2. El acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en el territorio del Estado Españoldebe garantizarse a través del desarrollo, en el marco del Consejo Inter-territorial de Salud, de unprotocolo común a todo el sistema sanitario que recoja las pautas y actuaciones básicas para laatención a las mujeres que soliciten el aborto, definiendo las responsabilidades y roles de los pro-fesionales sanitarios en este proceso y los criterios para la articulación de los servicios necesarios.

Este protocolo debe orientarse a eliminar la duplicidad de exámenes médicos así como todo proce-dimiento que alargue innecesariamente el itinerario de las mujeres para acceder a esta prestación.Al mismo tiempo deberá establecer el marco básico de información y asesoramiento que todas lasmujeres que están considerando interrumpir un embarazo deberán recibir, así como definir la aten-ción post-aborto necesaria para trabajar la prevención de futuros embarazos no deseados.

El fortalecimiento del sistema sanitario público en la atención al aborto requiere realizar unaapuesta firme por la inclusión de los contenidos relacionados con la atención al aborto en la for-mación de los profesionales sanitarios.

3. Al mismo tiempo es necesario articular una estrategia para potenciar la capacidad de respuesta yde atención de las unidades de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos así como loscentros de atención primaria y de planificación familiar. Para ello se contará con el apoyo y ase-soramiento de los y las profesionales de los centros privados y de la sanidad pública con expe-riencia acreditada en este campo.

Este proceso debe incluir un trabajo de verificación de los recursos materiales y humanos con losque cada unidad o establecimiento cuenta, reforzando los aspectos que sean necesarios paragarantizar la más amplia cobertura posible y la mayor calidad de atención.

La prestación de la IVE debe ser incorporada como una prestación sanitaria más y por tanto, serdesarrollada por las unidades de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos en el caso delaborto quirúrgico. En tanto la red sanitaria pública no tenga la capacidad resolutiva para respon-der a la demanda de aborto, deberá garantizar complementariamente el acceso de las mujeres aesta prestación a través de conciertos con centros privados acreditados. En estos casos, deberánconcretarse en el protocolo correspondiente los procedimientos de referencia desde los centrosde atención primaria a los centros acreditados, garantizando que las mujeres puedan acceder aellos de forma fluida y sin obstáculos.

El límite esencial de la objeción de conciencia debe ser la atención sanitaria obligatoria por lo queen ningún caso puede suponer un perjuicio para las pacientes. Por otro lado, el ejercicio de laobjeción de conciencia que deriva del derecho a la libertad ideológica no deberá ser admisible enel caso de instituciones, centros u hospitales, al tratarse de una libertad individual.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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4. Considerando que el aborto no puede abordarse de manera aislada sino desde un enfoque inte-gral de salud sexual y reproductiva, sería oportuno elaborar y poner en marcha, en consenso conla sociedad civil, una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que pueda responder a los retospendientes en temas de aborto, anticoncepción o educación sexual, con especial atención alcolectivo de mujeres jóvenes e inmigrantes.

5. A nivel normativo, es preciso que se incluya la atención al aborto explícitamente como prestaciónsanitaria dentro los marcos normativos autonómicos donde esta no se recoge, asegurando ade-más la difusión de información clara sobre esta cuestión dentro de los procesos regulares deatención sobre salud sexual y reproductiva a la población en general, por ejemplo en las consul-tas sobre planificación familiar, en los materiales de difusión sobre salud sexual y reproductiva oen las páginas web relacionadas con este tema.

6. El fortalecimiento del sistema sanitario público en la atención al aborto requiere también realizaruna apuesta firme por la inclusión de los contenidos relacionados con la atención al aborto en laformación de los profesionales sanitarios.

7. En aquellos casos en que sea necesario el sistema sanitario público deberá cubrir los costes dedesplazamiento de aquellas mujeres que tengan que viajar fuera de su lugar de residencia parapoder acceder a la prestación del aborto, aplicando la normativa establecida para otras prestacio-nes sanitarias equivalentes.

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INTRODUCCIÓN

Fomentar la equidad en salud es fundamentalpara garantizar el derecho de todas las personasa una atención sanitaria completa y de calidad ycomo tal es objetivo de la política de salud enEspaña.

Tres elementos pueden considerarse clave en elconcepto de equidad en salud1: El primero,garantizar un acceso igual a la atención sanita-ria ante necesidades similares, lo que implicaeliminar las barreras que impiden acceder a losservicios necesarios para responder a unademanda en salud y promover que éstos se ade-cuen a las condiciones geográficas, sociales,económicas o culturales de las personas. Elsegundo se refiere a una utilización igual de laatención sanitaria ante necesidades similares yen este sentido, si bien se toma en cuenta quealgunas personas voluntariamente decidirán noacudir a los servicios públicos para atender cier-tas necesidades sanitarias y optarán por canalesprivados, este concepto llama la atención sobrela necesidad de asegurar que esto no se produz-ca por una razón vinculada al acceso, es decir,por la falta de servicios públicos que respondana dicha necesidad. Finalmente, aunque nomenos importante, el tercer elemento implicauna calidad de atención igual para todas laspersonas, lo que supone asegurar que los nive-les de calidad de los servicios sean adecuados ysimilares para todos los grupos, incluyendo loscolectivos más vulnerables.

El embarazo no deseado y el aborto hacen visiblesretos pendientes de resolver en el sistema sanita-rio del Estado Español en cuanto al acceso a edu-cación y a servicios integrales de salud sexual yreproductiva. En primer lugar, el aborto está aso-ciado a las dificultades que las mujeres enfrentanpara establecer relaciones de pareja saludables yequitativas, en las que la prevención del embara-zo no deseado y el cuidado de la salud tengan unespacio y puedan realizarse efectivamente, con elsoporte y amparo del sistema sanitario público.Desde un punto de vista más amplio, se vinculatambién a dificultades para integrar las expectati-vas y motivaciones relativas a la sexualidad y lareproducción con el planteamiento y realizaciónde un proyecto de vida satisfactorio y viable. Inde-pendientemente del supuesto legal al que se acojauna mujer para solicitar un aborto, el optar poresta intervención implica enfrentar una serie deprocesos de ajuste, toma de decisiones, negocia-ción con sus parejas en algunos casos, búsquedade información, servicios y ayuda, para los cualesgeneralmente no cuentan con el apoyo ni losrecursos adecuados. En segundo lugar, el abortoestá especialmente presente en grupos con carac-terísticas específicas y mayor vulnerabilidad en elámbito de la salud sexual y reproductiva, comoson las adolescentes y jóvenes y las mujeres inmi-grantes.

La respuesta del Estado frente a este contexto seenmarca en un conjunto de normas entre las quese encuentra la Ley de despenalización del abor-to. Esta Ley, no obstante, permite vacíos de inter-pretación que condicionan su aplicación a lamanera en que es entendida por cada uno de losactores vinculados a la atención de la demandade aborto. Esto produce consecuencias en dife-

1 Whitehead, Margaret y Dahlgren, Göran (2006) Concepts andprinciples for tackling social inequities in health: Levelling upPart 1. WHO Collaborating Centre for Policy Research onSocial Determinants of Health. University of Liverpool.

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rentes niveles. Por una parte, un sector de losprofesionales sanitarios cuestiona la legalidad delos abortos que se realizan fuera de los centrospúblicos, y considera “Interrupciones Legales delEmbarazo -ILE” únicamente a las que se realizanen los hospitales públicos. Por otra parte, se creauna situación de inseguridad jurídica que afectaa quienes están vinculados a la demanda deaborto, es decir a las mujeres, en primer lugar,puesto que les resta oportunidades de acceder auna atención normalizada, a los gestores públi-cos, en segundo lugar, puesto que no contar conun marco de referencia formal para procederante una demanda de aborto dificulta que pue-dan responder mediante los procesos regularesque se usan ante otro tipo de necesidades sani-tarias, y finalmente a los profesionales sanitariosen general, puesto que tampoco cuentan con unmarco jurídico que regule claramente el aborto ybrinde garantías para realizarlo. En este sentido,el desarrollo de este estudio contribuye a darnueva visibilidad a estos vacíos jurídicos en unmomento en que el debate está abierto y se estápidiendo la modificación de los términos de la leyy su aplicación.

Por otra parte, a pesar del marco legal sobre elaborto que rige en nuestro país y el reconoci-miento por parte de la Ley General de Sanidad delderecho a la protección de la salud y a la garantíadel acceso a la asistencia sanitaria pública en con-diciones de equidad efectiva para toda la pobla-ción española, la práctica cotidiana nos ofreceuna enorme desigualdad en el territorio españolpara el acceso a los servicios y a la informaciónrelacionada con la interrupción del embarazo. Lasdiversas maneras en que las autonomías aplicanla ley de aborto tienen como resultado importan-tes desigualdades en el acceso de las mujeres a la

información sobre el tema, al tipo de servicios alos que pueden acudir y a los costos que les sig-nifican. De acuerdo a los testimonios de las muje-res, estas diferencias tienen un impacto claro ensu experiencia personal, puesto que en ciertoscontextos enfrentan situaciones de desproteccióny ausencia de respuestas de parte del sistemapúblico, que agregan tensión y sufrimiento a unasituación de por sí complicada.

El objetivo de este informe es documentar esasdiferencias y establecer un perfil de la situaciónen cada comunidad autónoma que permitaplantear posibles avances hacia una mayorequidad. Para ello se ha analizado documenta-ción relacionada con cada CCAA y se han reali-zado entrevistas con profesionales que hancompletado el mapa de situación. El análisis seha enfocado especialmente a conocer el gradode incorporación de la prestación de la IVE den-tro de los Planes de Salud de cada ComunidadAutónoma, los servicios y procesos de informa-ción sobre la IVE, los centros y establecimientossanitarios habilitados para la realización de laprestación, el modelo de financiación vigente encada CCAA y el itinerario que deben seguir lasmujeres para acceder a la IVE.

Finalmente, esta información ha sido contrasta-da cualitativamente a través de entrevistas amujeres en 3 comunidades autónomas (Andalu-cía, Madrid y Cataluña) que han permitidoexplorar los elementos que estas mujeres consi-deraron para decidir interrumpir su embarazo, elitinerario que siguieron para realizar esta deci-sión, los recursos y respuestas que encontraronen los servicios públicos, así como el impacto delas características del proceso en cada CCAAsobre su vivencia del proceso.

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1. Situación del aborto en España

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres2

Aunque la tasa de abortos registrados enEspaña se sitúa aún entre las más bajas deEuropa, entre 1996 y 2005 esta se incrementóen tres cuartas partes. Mientras en 1996 erade 5,69 por cada mil mujeres de 15 a 44 años,alcanzó los 9,6 en 2005, año en el que se pro-dujeron un total de 91.664 casos3. Si bien unode los factores que han influido en esteaumento es la mejora del registro de IVEs, esuna realidad que la frecuencia de estas inter-venciones es comparativamente mayor en laactualidad.

Entre las Comunidades Autónomas, Asturias,Baleares, Cataluña, Madrid y Aragón destacabanya en 1996 por presentar mayores tasas deaborto. Igualmente, a excepción de Asturiascuya tasa ha descendido, éstas fueron las auto-nomías que presentaron las más altas tasas en2005. Murcia, por su parte, se une a este grupoal ser en 2005 la tercera autonomía con mayornúmero abortos por cada mil residentes.

No obstante, proporcionalmente, los aumentosmás significativos en la tasa de abortos se hanproducido en otras autonomías. Navarra, Anda-lucía, País Vasco y La Rioja han duplicado o casitriplicado, según el caso, el número de abortospor cada mil mujeres en edad fértil.

I. MARCO GENERAL DEL ACCESOA LA PRESTACIÓN DEL ABORTO EN ESPAÑA

2 A excepción de las fuentes mencionadas específicamente, lasestadísticas incluidas en esta sección se obtienen de: Ministe-rio de Sanidad y Consumo (2006) Interrupción Voluntaria delEmbarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2005.Madrid: Dirección general de salud pública. Subdireccióngeneral de promoción de la salud y epidemiología.

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3 Las estimaciones para el año 2006 señalan un incremento amás de cien mil casos.

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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ABORTO SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

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El supuesto de salud materna es el principalmotivo declarado por el que se realizan losabortos en España (96,6%), con un ligero mar-gen de variación dependiendo de la ComunidadAutónoma. Para doce autonomías el porcentajese sitúa entre el 95% y el 100% (Madrid, Anda-lucía, Valencia, La Rioja, Canarias, Cataluña,Asturias, Baleares, Aragón, Galicia, Murcia yCastilla y León así como en Ceuta y Melilla) yapenas en cinco se ubica entre el 90% y 94%(Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco,Navarra y Cantabria). En contraste, un escaso3,3% de las interrupciones voluntarias delembarazo se acoge bajo el supuesto de riesgofetal y sólo cuatro autonomías superan el 5% delos abortos realizados por ese motivo (Canta-bria, Navarra, País Vasco y Extremadura). Lossupuestos de aborto por violación son muyescasos y en 2005 ninguna mujer en toda Espa-ña se acogió a esta circunstancia.

Los testimonios de mujeres recabados a travésde este estudio, aunque no resultan represen-tativos de todas las mujeres que abortan, nosacercan a sus motivaciones alrededor de esteproceso. Entre las razones por las que decidenabortar destacan las implicaciones económi-cas del embarazo y las responsabilidades queconlleva o las dificultades para continuar ohacer realidad sus proyectos personales. Estepatrón está presente en casi todas las mujeresentrevistadas pero se hace aún más claro enlas mujeres inmigrantes y las jóvenes. Otroaspecto que algunas mencionan es que susituación personal o de pareja no es la ade-cuada para llevar adelante el embarazo y lacrianza de un niño y que sus parejas no pare-cen estar dispuestas a involucrarse lo sufi-ciente en el proceso.

Con respecto al ámbito afectivo, las mujeresentrevistadas verbalizaron sentimientos deangustia asociados a la confirmación del emba-razo, que se mantuvieron durante la toma de ladecisión de abortar en mayor o menor medidadependiendo del tipo de apoyo de los serviciossanitarios encontrado en cada caso. Tambiénmanifestaron sentimientos de culpa asociadosa la decisión de abortar, relacionados en algu-nos casos a cuestiones religiosas pero también

a una moral social que condena el aborto, y a lacual se ven enfrentadas cuando optan por inte-rrumpir su embarazo.

En la mayoría de los casos registrados en 2005,las mujeres recurrían al aborto por primera vez.Sólo cinco autonomías presentaron menos del70% de casos con esta característica: Murcia yCataluña (68%), Madrid (66%), Canarias (65%)y Andalucía (47%). Gran parte de los abortosocurrieron antes de terminar las 12 semanas deembarazo, periodo en el que la intervenciónrepresenta un menor riesgo para la salud. Encasi todas las Comunidades Autónomas, esteporcentaje rodea el 90%, resaltando que aque-llas que presentaron un menor porcentaje deabortos en este periodo fueron las que cuentancon una menor oferta de servicios para estetema. Así ocurre con Navarra que no tiene cen-tros públicos ni clínicas acreditadas que reali-cen abortos, o Cantabria que sólo tiene un cen-tro público. Otras autonomías que sólo cuentancon servicios privados también se encuentranen este grupo, siendo el caso de Extremadura(81%), Castilla-La Mancha (87%), Castilla yLeón (87%). Aunque la realización de abortosmás allá de las 12 semanas puede deberse adiferentes causas, un factor que contribuye aestas demoras es la falta de disponibilidad deservicios, ya que como veremos más adelante,implica que las mujeres deban realizar despla-zamientos o seguir itinerarios más largos, loque puede retardar la intervención y aumentarsu complejidad.

Los abortos que se produjeron en la semana 21o después sumaron 1.813 en 2005 y represen-taron el 2% del total de los registrados enEspaña en ese año. La proporción de abortosdurante este periodo en mujeres extranjeras noresidentes en España que significativamentemayor al de las mujeres que viven aquí (15% y3% respectivamente). Si bien no se conoce elpaís de origen de las mujeres extranjeras, lasestadísticas disponibles indican que se trataprincipalmente de adolescentes y jóvenes sol-teras que no conviven con la pareja y que seacogieron al supuesto de salud de la madre oal de riesgo fetal.

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Con respecto al tipo de centros donde se reali-zaron los abortos, pueden destacarse dos cues-tiones. En primer lugar que en España lademanda de aborto se resuelve fundamental-mente en el ámbito privado. Casi todos los abor-tos se realizan en clínicas acreditadas mientrasque el sistema público atiende apenas a 3 decada 100 mujeres que requieren esta interven-ción. Como veremos más adelante esto respon-de por un lado a la interpretación que en cadaautonomía se hace de la ley de aborto y de losservicios que se ponen a disposición de lasmujeres. También influye el hecho de que lasmujeres que deciden abortan suelen quererhacerlo de la manera más rápida posible. Encualquier caso, la escasa respuesta del sistemapúblico ante la demanda de aborto conlleva unconjunto de factores cuyos efectos recaen sobrelas mujeres y su entorno más cercano. Entreellos encontramos los costes económicos perotambién la falta de información completa y ade-cuada sobre la intervención y los recursos dis-ponibles, así como la sensación de desamparoque viven las mujeres en un proceso en el que el

sistema público de salud no acaba de asumir suresponsabilidad.

En segundo lugar, 9 de cada 10 abortos que seproducen en España se realizan en centrosextrahospitalarios, como suelen ser las clínicasacreditadas para la interrupción voluntaria delembarazo4. Mientras, en el caso de los serviciospúblicos la mayor parte de los abortos se pro-ducen en hospitales y sólo existe un caso, el delMódulo de Planificación Familiar de Rekalde enel País Vasco, en el que dentro de unas condi-ciones específicas se realizan en un centro nohospitalario.

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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ABORTOS SEGÚNSEMANA DE GESTACIÓN EN QUE SE REALIZARON

Salud materna. 96,6%

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Riesgo fetal. 3,3%

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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ABORTOSSEGÚN MOTIVO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ABORTOS SEGÚN TIPO DE CENTRO

Hospitalario Extrahospitalario Total

Público 2,9 – 2,9

Privado 9,9 87,2 97,1

Total 12,8 87,2 100,0

4 A lo largo de este documento haremos referencia a ellascomo centros acreditados o clínicas acreditadas.

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En España las adolescentes y especialmente lasjóvenes tienen una tasa de abortos más alta quela del conjunto de las mujeres. Mientras la tasaestatal para el rango de 15 a 44 años es de 9,6

mujeres por cada mil, la de adolescentes (15 a19 años) es de 11,5 y la de jóvenes entre 20 y 24se sitúa en 16,8. Esta diferencia está presente entodas las Comunidades Autónomas.

En el caso de las mujeres inmigrantes, no secuenta con una estadística estatal oficial queestablezca el volumen de abortos asociado aeste grupo. Sin embargo, en base a diferentesinformes llevados a cabo en muestras específi-cas, el Ministerio de Salud y Consumo estimaque la tasa de abortos en mujeres inmigrantesen España podría ubicarse en hasta en 30 casos

por cada mil mujeres5, lo que hace muy eviden-tes las limitaciones en el acceso a servicios desalud reproductiva de esta población en parti-cular. Otro estudio identificó que el aborto es

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5 Ministerio de Sanidad y Consumo (2006) La Interrupciónvoluntaria del Embarazo y los métodos anticonceptivos enjóvenes.

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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ABORTOS REALIZADOS EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO, 2005

COMPARACIÓN DE LA TASA DE ABORTO POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA, 2005ACC

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más frecuente entre las mujeres inmigrantesque llevaban entre uno y tres años viviendo enEspaña6, lo cual arroja interrogantes sobre elgrado de incorporación de estas mujeres en laatención pública en planificación familiar y larespuesta que están recibiendo de los servicios.

1.2. Marco normativo para la atención de lademanda de aborto

La interrupción del embarazo en España estápenalizada como delito excepto en 3 supuestosy bajo determinadas condiciones. Tal comoseñala el artículo 417 bis del Código penal:

«1. No será punible el aborto practicado porun médico, o bajo su dirección, en centro oestablecimiento sanitario, público o privado,acreditado y con consentimiento expreso dela mujer embarazada, cuando concurra algu-na de las circunstancias siguientes:

1.ª Que sea necesario para evitar un gravepeligro para la vida o la salud física o psí-quica de la embarazada y así conste en undictamen emitido con anterioridad a laintervención por un médico de la especiali-dad correspondiente, distinto de aquél porquien o bajo cuya dirección se practique elaborto.

En caso de urgencia por riesgo vital para lagestante, podrá prescindirse del dictamen ydel consentimiento expreso.

2.ª Que el embarazo sea consecuencia de unhecho constitutivo de delito de violación delartículo 429, siempre que el aborto se practi-que dentro de las doce primeras semanas degestación y que el mencionado hecho hubie-se sido denunciado.

3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacercon graves taras físicas o psíquicas, siempreque el aborto se practique dentro de las vein-tidós primeras semanas de gestación y que eldictamen, expresado con anterioridad a la

práctica del aborto, sea emitido por dos espe-cialistas de centros o establecimientos sanita-rios, públicos o privados, acreditados al efecto,y distintos de aquél por quien o bajo cuyadirección se practique el aborto.

Como podemos observar, dos de los supuestosincorporan un límite de plazos, 12 semanas encaso de violación y 22 semanas en el caso demalformación fetal, mientras que el primero,riesgo para la salud física o psíquica de la mujer,no establece límite alguno a este respecto. Anteesta regulación de la legislación española pue-den aplicarse directrices como la que establecela Organización Mundial de la Salud según lacual una interrupción del embarazo es aquellaque se realiza antes de la viabilidad fetal. A esterespecto, no obstante, no existe una determina-ción científica exacta sobre el momento en quela viabilidad se produce y el consenso científicooscila en el intervalo entre la semana 24 y lasemana 26 de gestación.

En lo que se refiere a la sanidad pública, la LeyGeneral de Sanidad (14/1986 de 25 abril) esta-blece los términos generales necesarios parahacer efectivo el derecho a la protección de lasalud reconocido en el artículo 43 y concordan-tes de la Constitución. Según define el art.2 “sontitulares del derecho a la protección de la salud ya la atención sanitaria todos los españoles y losciudadanos extranjeros que tengan establecidasu residencia en el territorio nacional”.

Al mismo tiempo, la Ley garantiza que el accesoa la asistencia sanitaria pública se realice encondiciones de igualdad efectiva para toda lapoblación española y señala que la política desalud estará orientada a la superación de losdesequilibrios territoriales y sociales. Más aún,en el artículo 12 señala que “los poderes públi-cos orientarán sus políticas de gasto sanitario enorden a corregir desigualdades sanitarias ygarantizar la igualdad de acceso a los ServiciosSanitarios Públicos en todo el territorio español,según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 dela Constitución”, lo cual no deja dudas sobre laimportancia que la Ley concede a la equidad enel acceso a las prestaciones sanitarias de todoslos ciudadanos y ciudadanas.

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6 ACAI (2006) “Estudio sobre aborto, anticoncepción y otrosaspectos de la salud reproductiva en mujeres inmigrantes”.En: Boletín de salud sexual reproductiva, Nº 0. Madrid,noviembre 2006.

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La ley también reconoce en su artículo 10 el dere-cho de todas las personas a recibir informaciónsobre los servicios sanitarios a los que puedenacceder y sobre los requisitos necesarios para suuso, haciendo referencia por tanto consecuente-mente a la obligación de los servicios de salud dehacer efectivo ese derecho a la información.

Considerando el marco legal anteriormente des-crito, sería de esperar que las ComunidadesAutónomas incorporaran la atención al abortocomo parte de la oferta sanitaria, estableciendoun marco normativo adecuado para su imple-mentación. Sin embargo, son pocos los casos enlos que esto se produce. A pesar del incrementoen la incidencia del aborto, la mayoría de auto-nomías no hacen ningún tipo de referencia aesta práctica en sus leyes o planes de sanidad.

Sólo Aragón incluye la IVE como prestación sani-taria en su Ley Sanitaria y contempla el estable-cimiento de conciertos entre el sistema de saludpúblico y las clínicas acreditadas y la entrega dereembolsos por gastos de desplazamientos en losque deban incurrir las mujeres para acceder alaborto. A pesar de este interesante marco, noobstante, el sistema de salud aragonés sólo reali-zó en 2005 el 0,8% de abortos de la región a tra-vés de un hospital público situado en Zaragoza ylos casos en los que se produjeron derivaciones alas clínicas acreditadas fueron muy puntuales.

Con respecto a los Planes de Sanidad, cinco auto-nomías hacen referencia a la IVE, con diferentesénfasis e implicaciones. El caso más significativolo encontramos en Extremadura, cuyo Plan deSalud 2005-2008 establece como objetivo espe-cífico garantizar el acceso a la IVE en el sistemasanitario público y sin embargo a día de hoy noexiste aún ningún centro público que realice estaprestación. Por su parte Cantabria, en su Plan deGobernanza, señala el derecho a información,asesoramiento y asistencia en materia de IVE,pero no establece prioridades sanitarias en estecampo. Un caso similar lo encontramos en el PaísVasco, donde la Carta de Derechos y Obligacio-nes en salud incluye el derecho a la informacióny al asesoramiento sobre IVE pero en el Plan deSanidad no se establecen las medidas paragarantizar este derecho. Por su parte, Cataluña

asocia la interrupción voluntaria del embarazoúnicamente con el embarazo adolescente y noincluye medidas específicas relativas a la presta-ción del aborto. En el caso de la Comunidad deMadrid encontramos una referencia muy concre-ta sobre la respuesta a la IVE dentro del Plan deSexualidad Juvenil, en cuyo marco el gobiernoregional se compromete a desarrollar protocolospara el asesoramiento sobre la IVE a los y lasjóvenes que lo solicitan y a garantizar comomínimo en cada área sanitaria un centro públicoo financiado para realizar las IVEs. No obstante, larealidad no sólo demuestra que este objetivo nose está cumpliendo sino que los pocos hospitalesque contaban con unidades para la realización deabortos están abandonando la ejecución de estaprestación por falta de apoyo.

Como vemos, por tanto, la operatividad de estaspolíticas es, en la práctica, muy relativa. No existeninguna Comunidad Autónoma que cuente conun protocolo sobre cómo brindar informaciónacerca del aborto o sobre cómo asesorar o atendera las mujeres que lo solicitan. Ante este vacío, losprofesionales sanitarios no tienen un referenteformal sobre cuáles son las instancias o profesio-nales responsables de gestionar las solicitudes deaborto, los requisitos que deben solicitar o los pro-cedimientos que deben seguir. Así, la respuesta enla práctica queda condicionada a la informaciónque dispone el profesional que realiza la atención,a sus actitudes y al posicionamiento que cada jefede servicio aplica con respecto al aborto. No exis-ten por tanto garantías para los profesionales queestán dispuestos a realizar los abortos y menosaún para que las mujeres accedan a este tipo deservicios de manera equitativa en diferentes pun-tos del país.

Otras regulaciones más específicas se hanencontrado de manera dispersa en 4 autonomí-as. En los casos de Extremadura, Valencia yAndalucía, algunos convenios laborales de cier-tas administraciones públicas reconocen permi-sos a las trabajadoras en caso de IVE. Por otrolado, Asturias es la única autonomía que esta-blece como obligación del personal sanitarioinformar sobre la IVE a las mujeres que sufrenuna agresión sexual.

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En conjunto, es evidente que la normativa vigen-te en las CCAA acerca de la atención del aborto esclaramente desigual e insuficiente y requiere portanto un mayor nivel de concreción para podergarantizar un mínimo nivel de acceso y equidada las mujeres que requieren estos servicios.

2. Abordaje del aborto desde losservicios sanitarios públicos

2.1. Información

Según los datos oficiales, más de la mitad de lasmujeres que abortan no han acudido en los últi-mos meses a un centro de planificación familiar(CPF). En 2005, sólo 3 de cada diez utilizaban losCPF públicos, una utilizaba un CPF privado ymuy pocas accedían a otro tipo de servicios deplanificación familiar. El resto no utilizaban nin-gún tipo de CPF, lo que hace visible la brechaentre las intenciones reproductivas de estasmujeres y la oferta de servicios a los que acce-den para realizarlas.

Los servicios sanitarios vinculados a la saludsexual y reproductiva no incluyen el tema deaborto entre sus procesos regulares de informa-

ción a la población en general. Esta informaciónse brinda de manera selectiva, exclusivamente aaquellas mujeres que se acercan a los servicioscuando están embarazadas y manifiestan que nodesean continuar su embarazo o presentandudas al respecto.

El acceso a información a través de canales públi-cos para las mujeres que desean interrumpir unembarazo sólo se hace efectivo para menos de lamitad de ellas y es sumamente variable entre lasCCAA. Andalucía, cuyo sistema de salud pública,como veremos más adelante, garantiza la deriva-ción de las mujeres a centros acreditados concer-tados donde pueden realizarse la interrupción, esla autonomía que destaca con el más alto por-centaje de mujeres que pudieron acceder a infor-mación sobre la IVE en servicios públicos. Lasiguen otras regiones como Navarra, País Vasco yValencia, aunque la mayoría de autonomías sesitúan en el rango de 25% a 50%. Cataluña, Gali-cia y Murcia, Cantabria, Extremadura, Baleares,Madrid, La Rioja, Castilla y León y Ceuta y Melilla.Finalmente, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturiasy Canarias destacan por el bajo porcentaje demujeres con acceso a información sobre el abor-to por la vía pública.

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Las entrevistas realizadas mujeres a través deeste estudio dan una idea de los efectos de laslimitaciones en el acceso de información acercadel aborto. En el caso de las mujeres españolas, la

información con la que cuentan sobre el tema esvaga y confusa, no tienen claridad sobre la con-dición legal del mismo, sobre los servicios a losque tienen derecho a acceder ni sobre las posibi-

PORCENTAJE DE MUJERES QUE SE INFORMARON SOBRE EL ABORTO EN CENTROS PÚBLIOS SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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lidades de obtener ayudas públicas para financiarla intervención cuando esta no se produce en losservicios públicos. Para las mujeres inmigrantes,que por diversas razones suelen estar menos vin-

culadas a los servicios sanitarios, el nivel de infor-mación con el que cuentan es casi nulo y vienecondicionado por la experiencia de sus países deorigen.

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Públicos y privados

Sólo públicos

Sólo privados

Ningún tipo de centro

CATEGORIZACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SEGÚN DISPONGAN DE CENTROS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE REALICEN ABORTOS

2.2. Servicios

La disponibilidad de servicios es uno de losaspectos en los que más inequidades puedenapreciarse entre las Comunidades Autónomas.Navarra es la región con la situación más críticaya que no cuenta con ningún tipo de clínicaacreditada ni servicio público que realice abor-tos. Por su parte Cantabria y La Rioja cuentanúnicamente con un Hospital público que realiza

IVEs aunque lo hacen casi exclusivamente parasupuestos de grave riesgo fetal y en casos muypoco representativos. En todas estas regiones elacceso de las mujeres a los servicios de abortose ve limitado de manera severa. Las mujeresresidentes en Navarra deben desplazarse a Bil-bao, Madrid o Zaragoza para poder abortar,mientras la mayoría de las que viven en Canta-bria lo hacen a Asturias o al País Vasco.

Otras autonomías, como es el caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Mur-cia sólo cuentan con clínicas acreditadas para larealización de la IVE, aunque están limitados a

las 12 semanas de forma que las mujeres debendesplazarse fuera del territorio en el caso deIVEs de segundo trimestre.

TESTIMONIO 1

R: Mi madre está aquí ahora, gracias a Dios y cuento con su ayuda. Yo no sabia, o sea, yo decía que meiba a costar mucho dinero, que me iba a costar 1.000? por ahí hacerme la interrupción porque en mitierra se paga mucho. Se hace en clínicas, pero a escondidas, clínicas ocultas.

E: ¿Clandestinas?

R: Sí clandestinas, y yo por eso pensaba que aquí era lo mismo, yo no quería preguntar a ninguna doc-tora porque yo decía que iban a […] No, no sabia que acá era legal y no quería ni preguntar ni nada […]No preguntaba por miedo.

Mujer latinoamericana, reside en España desde hace un año.

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En el resto de regiones existen tanto serviciospúblicos, muy escasos no obstante, como clíni-cas acreditadas, siendo éstas últimas las querealmente hacen frente al 95% de la demanda.Aún así, el acceso es restringido puesto que losescasos servicios públicos y privados se concen-tran en las ciudades principales y limitan susservicios en función del supuesto y de las sema-nas. Por ejemplo, en Extremadura, Galicia yBaleares no existe ningún servicio que realice

abortos de más de 12 semanas por lo que enesos casos las mujeres se desplazan a Madrid yBarcelona, respectivamente. En el caso de Cana-rias, los servicios están concentrados en las islasde Gran Canaria y Tenerife y los hospitalespúblicos sólo realizan abortos bajo el supuestode grave riesgo fetal. En Andalucía hay sólo doscentros acreditados concertados para la realiza-ción de abortos de más de 12 semanas, ambossituados en Sevilla.

Como hemos mencionado antes, la ausencia deservicios públicos que realicen abortos unida ala negativa de los profesionales que trabajan enellos a realizar los que no se acojan a lossupuestos de grave riesgo fetal o grave riesgopara la salud física de la madre, hace quemuchas mujeres prefieran o no tengan otraopción que buscar la atención por su cuenta enclínicas privadas acreditadas. Ello no sólo lesgenera gastos económicos sino que acentúa elentorno de silencio y marginalidad que rodea alaborto dejándolo fuera del marco de prestacio-nes a las que las mujeres tienen derecho acce-der de manera normalizada.

Actores vinculados a la atención en salud dediferentes Comunidades Autónomas señalanque existen profesionales que plantean la obje-

ción de conciencia como motivo para rehusarrealizar abortos. No existe sin embargo ningúnmecanismo formal que permita identificar losservicios en los que esta situación se produce ysi se trata de casos aislados o de situaciones enlas que la objeción de conciencia se aplica demanera generalizada. En algunos casos, aúnexistiendo la voluntad política de articular laprestación del aborto a través de la red públicade salud, esto no ha podido llevarse a cabo porla negativa de los y las profesionales sanitarios.Algunas comunidades como Andalucía o Murciahan establecido un sistema alternativo paracubrir el servicio a través de las clínicas privadasacreditadas pero otras comunidades no hantomado ninguna carta en el asunto ante estevacío profesional.

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Públicos y privados

Sólo públicos

Sólo privados

Ningún tipo de centro

*

CATEGORIZACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SEGÚN DISPONGAN DE CENTROS QUE REALICEN ABORTOS DESPUÉS DE 12 SEMANAS DE EMBARAZO

* País Vasco sólo cuenta con un centro privado que realiza intervenciones hasta la semana 14 o 15.

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2.3. Financiación de la IVE

Como hemos mencionado anteriormente, enEspaña la mayor parte de los abortos se realizanfuera de la sanidad pública, lo que implica queen la mayoría de los casos sean las mujeres quie-nes deban soportar los gastos de financiación dela interrupción. Estos costes varían según cadacentro acreditado, las características de la inter-vención y de la mujer. En términos generales unaborto de hasta 12 semanas, con anestesia localy sin otro tipo de complicaciones puede costaralrededor de 350? incluyendo el preoperatorio.Si el embarazo supera las 12 semanas el preciode la intervención se incrementa de manera muyvariable dependiendo del número de semanas,las condiciones de salud y el riesgo que implicala intervención. En el caso de las mujeres que nodisponen de servicios en su localidad, a los cos-

tes directos deben sumarse los gastos de despla-zamiento, que generalmente incluyen tambiénlos de un acompañante.

La percepción de las mujeres sobre el coste delaborto varía, aunque en todos los casos se consi-dera que la intervención implica un esfuerzo eco-nómico y para algunas hace necesaria la ayudade sus parejas o familiares para cubrir los gastos.

Algunas autonomías han implementado meca-nismos que suponen una financiación total oparcial de los costes relacionados con las inte-rrupciones del embarazo. El caso más destacablees Andalucía, única comunidad autónoma quereconoce la prestación del aborto dentro de susistema sanitario y garantiza el acceso a lamisma a través de concierto con clínicas acredi-tadas ante la mayoritaria objeción de los profe-sionales de la sanidad pública.

El sistema de concierto andaluz, no obstante, noimplica que la sanidad pública se ocupe del 100%de los abortos puesto que existen mujeres quevoluntariamente deciden atenderse en clínicasacreditadas y otras que no tienen informaciónsobre el proceso a seguir y acuden directamente alos centros acreditados. Una vez ahí optan por nodemorar más el proceso, asumiendo el coste de laintervención. Finalmente, existen algunas provin-cias en donde no existen clínicas concertadas porlo que las mujeres prefieren correr con los gastospara atenderse en una clínica más cercana.

En el caso de Murcia, si bien no llega a haber unsistema de concierto, existen acuerdos con todoslos centros privados acreditados mediante loscuales los centros de salud públicos derivan amujeres para realizarse la IVE de forma gratuita.El hospital de referencia en cada caso es el queasume el coste de la intervención. Se estima que

aproximadamente el 60% de las IVEs que se pro-ducen en la provincia de Cartagena y el 50% deMurcia se financian a través de este acuerdo.

En Valencia funcionaba hasta 2003 un sistema deconcierto con clínicas acreditadas similar alandaluz pero a partir de ese año el concierto serompió permaneciendo únicamente un acuerdocon un centro privado en la provincia de Alican-te. En esta provincia por tanto, los centros desalud públicos derivan a las mujeres a esta clíni-ca privada, que realiza la intervención con cargoal sistema público. En Valencia y Castellón existenen principio hospitales públicos que cuentan conequipos encargados de atender los casos de IVE,aunque sólo cubren a una parte de ellos.

En otras Comunidades Autónomas (Galicia,Navarra, Asturias, Castilla-León), el sistemasanitario recoge en algunos casos acuerdos

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TESTIMONIO 2E- ¿Hay algún aspecto del proceso que crees que se podría mejorar hasta llegar aquí?

R- Yo que sé, yo creo que deberían haber en todas las ciudades un sitio así que no sea de pago… ¿esporque no está permitido o qué?

E- A esta clínica viene gente tanto de pago como de la seguridad social.

R- No lo sabía. Pero lo que yo no se es porque en Córdoba no se puede, no me lo han podido hacer.

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puntuales con clínicas privadas acreditadas dela zona a la cual derivan aquellos casos que noestán dispuestos a asumir. Los casos derivadossuelen ser muy reducidos y generalmente rela-

cionados con malformación fetal, riesgo gravepara la salud física de la mujer o mujeres VIH+.También existe este tipo de derivación en el casode abortos de segundo trimestre.

En el caso de Madrid y Cataluña, ambos sistemassanitarios canalizan ayudas para la cobertura delaborto, aunque utilizando diferentes mecanis-mos. En el caso de Madrid estas ayudas son ges-tionadas por el Servicio Madrileño de Salud(SERMAS) y se dirigen a mujeres que acreditenno disponer de medios para financiar el aborto.Para ello deben presentar una solicitud que encaso de ser aceptada, obliga al SERMAS a rem-

bolsar al centro acreditado el coste de la inter-vención. En el año 2006, estas ayudas cubrieronaproximadamente el 17,1% de las interrupcionesrealizadas en la Comunidad.

De acuerdo a las mujeres entrevistadas en esteestudio, el proceso por el cual se accede a estasayudas presenta dilaciones y requiere que el pro-fesional sanitario realice gestiones adicionales.

En Cataluña las ayudas son canalizadas a travésde la ONG Salud y Familia (SYF) que ejecuta el“Plan de mejora de la salud materno-infantil y lacalidad de vida de mujeres y familias en condi-ciones sanitarias y psicosociales vulnerables”,

financiado por el Sistema de Sanidad Catalán enun 85% y por el Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales en un 15%. A través de estos recursos,el Programa gestionó en 2005 ayudas parciales ototales para el 19,9% de los abortos en Cataluña.

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Sistema de concierto

Acuerdos de derivación

Ayudas a la IVE

Ningún mecanismo

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CATEGORIZACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SEGÚN EL MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL ABORTO

* Acuerdos puntuales en algunas provincias.

TESTIMONIO 3R: Que fui a pedir la cita y me dice que hasta el día 10 de diciembre no tenemos cita, que es muy tarde,que un embarazo no puedes pasar… deja, al mes que viene, no al otro… es muy tarde. Así que he vuel-to a la doctora mía y le he dicho: Mira, que hasta el 10 de diciembre no tengo cita. Y ella dice: “No, no…yo ahora voy a llamar por teléfono trabajadora social y si puede atenderte antes, yo te lo digo”… Y meha dado el mismo martes a las cuatro de la tarde cita.

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En el marco de este programa, SYF establececonvenios con clínicas privadas acreditadas deCataluña en base a un conjunto de criteriosentre los que se incluye el establecimiento de unprecio base menor al del mercado, así como ladisposición del centro acreditado a “participaren la prevención de los abortos”, colocando elDIU a las mujeres que estén dispuestas a utilizareste método, también con subvención del pro-grama. Para acceder a esta ayuda la mujer sos-tiene una entrevista con una trabajadora socialde SYF en la que se evalúa su situación sociosanitaria y se establece el porcentaje de ayudaque puede recibir, siendo las opciones el 25%,

50%, 75% y 100% del coste de la intervención.La mujer recibe un ticket por el porcentaje sub-vencionado, con el que debe acercarse a la clíni-ca acreditada que se le indique. La subvenciónno se aplica a los costes de anestesia por lo quela mujer debe cubrir por su cuenta estos gastos,así como los desplazamientos entre provincias,de ser necesarios.

Al parecer, debido al carácter selectivo de estemecanismo de financiación, los servicios quebrindan información sobre el aborto en ocasio-nes no mencionan las ayudas o indican que setrata de recursos muy restringidos, desalentan-do a las mujeres de hacer uso de ellos.

En el resto de Comunidades Autónomas no existeningún tipo de financiación pública de la IVE porlo que salvo el reducido porcentaje de casos quese realiza a través de los hospitales públicos, lamayoría de las mujeres se hacen cargo de los gas-tos que les conlleva la intervención y el desplaza-miento en su caso. En estas situaciones, son aveces las clínicas privadas acreditadas las que sehacen cargo de los casos de mayor vulnerabilidadsocial reduciendo los costes o brindando la facili-dad de realizar pagos fraccionados a las mujeresque acuden a sus servicios solicitando un aborto.

2.4. Requisitos e itinerarios

El itinerario que siguen las mujeres que abortanen España varía según cada Comunidad Autó-noma e incluso según la provincia. En términosgenerales, esta prestación no está integrada enlos procedimientos regulares de atención de losservicios sanitarios y acceder a la IVE a travésdel sistema público, en los pocos casos en quees posible, implica más tiempo y pasos a seguirque cuando se acude a las clínicas privadas

acreditadas. Estas características, unidas a lacarencia o distorsión de la información sobre lacondición legal o los recursos disponibles entorno al aborto, así como a la preferencia de lasmujeres por que la interrupción de su embarazose produzca en un plazo de tiempo corto, influ-yen en que la mayoría se dirija directamente auna clínica privada acreditada. En estos casos, elcircuito empieza generalmente con una llamadaa la clínica en la que reciben información decuestiones básicas de la intervención y acuer-dan una cita para los exámenes previos queincluyen la ecografía, el análisis de sangre y laconsulta con el médico psiquiatra. Dependiendode la clínica, a estos exámenes puede sumarseuna consejería brindada por un trabajador socialo un médico. En total, el proceso dura alrededorde una semana. Si se trata de una mujer quepresenta un embarazo de alto riesgo o con mal-formaciones, es posible que desde la clínica se leaconseje acudir a la sanidad pública, aunque lousual es que ella continúe con la atención en laclínica para evitar que el proceso se dilate.

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TESTIMONIO 4“Fui a Planificación Familiar, vamos a lo que aquí llaman ambulatorio y allí me dieron el listado de clí-nicas para hacer IVE. […] La comadrona fue la que me dio la lista aunque no me dijo nada de la posibi-lidad de recibir una ayuda, pero yo creo que fue porque me vio muy segura de mi decisión.”

“Ya me lo dijo ella [la trabajadora social] que la subvención la estaba pidiendo mucha gente. Así quecomo estamos trabajando los dos, aunque vamos muy, muy justos porqué con el niño y todo y la hipo-teca, […] pero vamos que no, porque no nos la van a dar.”

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Cuando una mujer se dirige como primer paso aun centro de salud para informarse o solicitar unaborto, suele ser la matrona quien brinda lainformación. En otros casos es la trabajadorasocial, sea porque desde recepción dirigen a lamujer a este servicio o porque el médico de cabe-cera deriva a la mujer que requiere un aborto a latrabajadora social para que sea ella quien brindela información. Este procedimiento suele estarasociado a actitudes negativas hacia el aborto uobjeción de conciencia de parte del médico yalarga en un paso el itinerario. La respuesta de losprofesionales sanitarios ante una demanda deaborto varía según su sensibilidad y las opcionescon las que cuenten en la CCAA para responder aeste tipo de demanda. En la mayoría de los casoses en esta primera consulta cuando se informa ala mujer que para abortar debe acudir a por sucuenta a una clínica privada acreditada.

En el caso de autonomías donde existe un siste-ma de concierto o acuerdos con centros priva-dos acreditados, el itinerario incluye algunosmecanismos de derivación. Por ejemplo, enAndalucía es el médico de familia quien inicia laderivación, mediante un formato que envía a losservicios centrales de salud del distrito, dondese gestiona la cita. Si la mujer ha acudido a latrabajadora social, ella rellena el formato y se loentrega a la mujer para que se acerque a sumédico de familia a solicitar la firma y deriva-ción. Los servicios centrales se encargan deadjudicar el centro acreditado concertadodonde se realizará la intervención y solicitar unacita. Cuando esta se ha fijado, se envía un for-mato impreso al centro de salud, desde dondellaman por teléfono a la mujer para que lo reco-ja y acuda con él a la cita en la clínica. El proce-so puede demorar entre 3 y 7 días. Aun cuandose trata de la CCAA cuyo sistema sanitariopúblico cumple un papel más activo, la mujerdebe acudir al menos a tres citas para acceder alaborto. Existen 2 circunstancias excepcionalesen las que el itinerario se acorta, la primeracuando el tiempo de embarazo se acerca a las12 semanas, en cuyo caso se le indica que seacerque a los servicios centrales del distrito apedir la cita. La segunda sucede en los centrosde salud que trabajan con población altamente

vulnerable, que cuentan con un sello de su cen-tro de distrito y están autorizados para gestio-nar directamente las citas.

Otro caso de acuerdo de derivación a clínicasacreditadas, aunque menos estructurado, es elde Murcia. En esta Comunidad los itinerariosvarían según la zona. En Cartagena la derivaciónque emite el médico es suficiente para que lamujer pueda acceder a la intervención financia-da por el sistema sanitario en un centro privadoacreditado. Mientras, en Murcia capital, antesde la intervención, la mujer debe llevar la eco-grafía y dictamen psiquiátrico realizados en elcentro privado acreditado al hospital público dereferencia, solicitando la autorización para laintervención. Esto representa un paso más y unademora adicional de una semana en el proceso,que no parece estar justificada, ya que dichaautorización se concede en todos los casos.

La Comunidad Valenciana, donde el porcentajede IVEs realizadas en centros públicos es mayorque en el resto de CCAA, existen itinerarios dife-renciados según la provincia. En Valencia y Cas-tellón, la mujer debe acudir al centro de saluddonde se le realiza una ecografía, se redacta unapropuesta de consulta que se remite al área desalud mental del hospital correspondiente y segestiona una cita en un tiempo aproximado deuna semana. La mujer debe volver nuevamente alcentro de salud para recabar la propuesta deconsulta elaborada en el centro y dirigirse conella a la cita en el hospital. En dicha cita el psi-quiatra realizará una entrevista y valora la pro-puesta de consulta, firmando en su caso el infor-me positivo que autoriza la IVE. Si es así, procedela derivación a la maternidad, desde donde lla-man la mujer para coordinar una nueva cita, enun plazo de tiempo que puede superar los veintedías. En algunas ocasiones, cuando la lista deespera es muy larga, los hospitales coordinanderivaciones hacia las clínicas privadas, hacién-dose cargo de los gastos de la intervención. Enconjunto, el proceso suele durar más de un mese implica al menos cuatro citas para acceder a laintervención, por lo que las mujeres optan enmuchos casos por dirigirse por su cuenta a lasclínicas privadas. Además, no todos los casos sonvalorados positivamente por el psiquiatra en

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cuyo caso tampoco se produce una derivaciónformal a una clínica privada acreditada y es lamujer quien debe acudir de manera independien-te a ella. Por otro lado, en la provincia de Alican-te, existe un concierto con una clínica privada ala que se derivan casos desde los centros desalud. Estas intervenciones se realizan de maneragratuita para la mujer y posteriormente se reem-bolsan a la clínica desde el sistema sanitario.

En las demás comunidades autónomas, no exis-ten acuerdos con los centros privados acredita-dos y la realización de abortos en hospitalespúblicos es muy reducida. Casi en todos los casosse concentra en embarazos con malformaciónfetal o que representen grave riesgo para la saludfísica de la madre, mujeres con diagnóstico psi-quiátrico y en algunos casos, mujeres VIH+. Noexiste un patrón común consensuado para laatención de estos casos, pero generalmente losservicios de atención primaria derivan a la mujeral especialista en el Hospital. En algunas CCAA,como en Canarias o Cataluña, los expedientesdeben pasar por un Comité de Ética que evalúa elcaso y determina si el aborto puede realizarse, enotras esta evaluación la realiza únicamente elpsiquiatra. El tiempo que implica este proceso essumamente variable pero suele superar los 15días y en algunos casos se alarga hasta los dosmeses, lo que produce que muchas mujeresopten por acudir a una clínica privada acreditada.

En Aragón, Castilla y León y Navarra, aún cuandola instancia correspondiente del hospital, hayaautorizado la realización del aborto, puede pre-sentarse el obstáculo de que no existan médicosformados o dispuestos a realizar la intervención.En estos casos, la mujer no tiene más alternativaque dirigirse a otro hospital, en ocasiones fuerade la provincia o autonomía, o a un centro acre-ditado con el que el hospital tenga establecido unacuerdo de derivación exclusivo para estos casos,que permite que la usuaria acceda a la interven-ción pagada por el sistema sanitario. En el casode Aragón, la negativa de los médicos a derivar laIVE a la clínica privada ha de ser planteada en unescrito para ser valorada por la subdirecciónmédica del hospital y eventualmente enviada ainspección. Esta situación agrega 10 días al pro-ceso regular para acceder a una IVE a través del

sistema público. Por otra parte, en Castilla y León,acceder a un aborto financiado por la sanidadpública, aún en los casos específicos que mencio-namos antes, no sólo toma más tiempo sino queimplica una duplicación de exámenes, puesto queéstos se realizan en los servicios públicos quederivan a la clínica privada acreditada y como porsegunda vez en la clínica de referencia.

Paralelamente, es necesario destacar el itinerarioque deben seguir las mujeres que solicitan ayu-das económicas en las dos CCAA que las ofrecen,Madrid y Cataluña. En el caso de Madrid la infor-mación acerca de estas ayudas está disponible eninternet mientras que en los centros de salud lainformación a la mujer está condicionada por lasensibilidad del profesional que atiende. No todaslas mujeres tienen información sobre las ayudasdisponibles, muchas se enteran cuando acuden ala clínica privada acreditada por su cuenta yoptan por seguir con el proceso antes que hacerlos trámites adicionales para solicitar la ayuda.Las que deciden solicitar la ayuda deben llamar alSERMAS y concertar una cita a la que han de pre-sentarse con el DNI o equivalente, la tarjeta sani-taria, la fotocopia de la demanda de empleo siestá desempleada, un certificado que acredite sucondición de estudiante si es el caso y el dicta-men o dictámenes emitidos por el centro acredi-tado para la IVE. Si es menor de edad debe iracompañada por la persona que ejerce la tutelalegal. Una vez aprobada la ayuda, el SERMAS rea-liza el pago de la intervención y la mujer puedepedir cita en el centro privado acreditado.

En Cataluña la información sobre las ayudas sebrinda de manera selectiva a mujeres o colecti-vos que se consideran de alta vulnerabilidad,por lo que las mujeres no siempre saben quetales ayudas existen o se autoexcluyen por con-siderar que no podrán acceder a ellas aún cuan-do su situación económica sea difícil. De mane-ra similar a Madrid, muchas mujeres recibenesta información cuando llegan a las clínicasacreditadas y entonces prefieren continuar conel proceso sin gestionar la ayuda. Aquellas quedeciden solicitar la ayuda deben pedir una citacon la trabajadora social de la ONG Salud yFamilia. Durante la entrevista se analiza susituación psicosocial y sociosanitaria. Para ello

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se contacta con trabajadores sociales u otraspersonas de referencia que conozcan sus ante-cedentes, a partir de lo cual se establece laayuda. La trabajadora social de Salud y Familiaacuerda la cita con una clínica privada acredita-da que participa en el convenio y entrega a lamujer un ticket en el que se indica el porcenta-je del costo de la intervención que no deberápagar (25%, 50%, 75%, 100%). El tiempo paragestionar la ayuda es en promedio tres días,aunque puede extenderse hasta cinco.

Finalmente, otro aspecto destacable de los itine-rarios para acceder al aborto son los desplaza-mientos entre provincias e incluso entre Comuni-dades Autónomas que muchas mujeres se venobligadas a realizar dadas las pocas opciones dis-ponibles en sus localidades. Un desplazamientoocurre cuando en el lugar de residencia de lamujer no existen centros que realicen abortos o

estos atienden a un reducido número de casos,cuando no disponen de centros que realicenabortos después de las 12 semanas o cuando elsistema sanitario de la región, por diferentes razo-nes, no le brinda esa atención y sólo da comoalternativa dirigirse a centros en otra localidad. Eldesplazamiento alarga un proceso de por sí difícilpara la mujer e implica más gastos, incluyendo eltransporte y el coste de alojamiento tanto de lamujer como de la persona que la acompañe.

Como se observa en el mapa, todas las mujeresque viven en Navarra y requieren abortar tienenque desplazarse a Madrid, Bilbao o Aragón. En lamisma situación se encuentran las mujeres deCeuta y Melilla, que se desplazan a generalmentea Andalucía. En el caso de Cantabria y La Rioja, lamayor parte de las mujeres son derivadas a Astu-rias o País Vasco y a Aragón respectivamente.

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Mayoría de casos

Sólo más de 12 semanas

DESPLAZAMIENTOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE DEBEN REALIZAR LAS MUJERES PARA ACCEDER AL ABORTO

En otras CCAA los desplazamientos ocurren por-que no existen servicios que atiendan abortos desegundo trimestre, o porque los que hay sólo lohacen para una minoría de casos. Así, tenemosautonomías donde no existen servicios públicosni centros privados acreditados que realicenabortos de segundo trimestre, como Extremadu-ra, Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha,desde donde las mujeres se desplazan general-

mente a Madrid. Murcia tampoco cuenta coneste tipo de servicios y los desplazamientos seproducen tanto a Madrid como a Valencia. Bale-ares cuenta con servicios públicos que realizanabortos de segundo trimestre pero lo hacen paraun porcentaje reducido de casos, por lo que lamayoría de las mujeres que requieren esta inter-vención y no pueden acceder a ella en los servi-cios públicos deben desplazarse a Barcelona.

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ANDALUCÍA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005 se practicaron 17.683 abortos en Anda-lucía, es decir casi dos de cada diez (19,89%) delos que se producen en toda España. Mientrasque la tasa nacional es de 9,60 abortos por cadamil mujeres entre 15 y 44 años, para Andalucíaesta es de 9,99, lo que la ubica como la sextaCCAA con la tasa más alta del país, detrás deMadrid, Baleares, Murcia, Cataluña y Aragón. Lamayoría de las IVEs se produjeron en el primertrimestre de gestación (90,66%), mientras quelas intervenciones de segundo trimestre repre-sentaron escasamente el 10% de los casos.

El aborto es un tema que afecta directamentea las mujeres jóvenes. Casi tres de cada diezmujeres (28,59%) que se realizaron una IVE en2005 tenían entre 20 y 29 años y casi dos decada diez era menor de 20 años (16,85%) Sibien esta es una tendencia común en otrasCCAA, en el caso de Andalucía las tasas deaborto en adolescentes (12,6) y jóvenes (18,04)son ligeramente mayores que en el conjuntode España, estimadas en 11,48 y 16,83, respec-tivamente.

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005en Andalucía, cinco no tenían hijos (47,32%), ycuatro tenían uno o dos hijos (42,60%). En cuan-to a experiencias anteriores de aborto, la mayoríano había tenido ningún aborto previo (79,42%) ycasi 1 de cada diez había tenido sólo uno (8,59%).

1.2. Marco normativo

El tercer Plan de Salud 2003-2008 de Andalucíano reconoce la cuestión del aborto ni el emba-razo no deseado entre los problemas de salud dela población ni establece ninguna meta especí-fica con relación a este tema. Por otro lado,tampoco hemos encontrado ningún protocolosanitario específico acerca de la IVE, si bien elServicio Andaluz de Salud, dentro de las presta-ciones de atención primaria que corresponden aplanificación familiar incluye “la información yderivación para estudio de la interrupciónvoluntaria del embarazo”. La Resolución de 26de junio 1995 de Juventud y Turismo reconocea sus trabajadores permiso retribuido de tresdías naturales en caso de IVE.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

Andalucía es una de las comunidades autóno-mas donde existe mayor normalización encuanto a la información sobre la IVE. Segúndatos del Ministerio de Sanidad, la tercera parte(72,3%) de las mujeres que abortaron en 2005se informaron sobre la intervención en serviciossanitarios públicos, aunque la realización de lapráctica se llevó a cabo fundamentalmente enclínicas privadas acreditadas. En el caso deAndalucía existe un procedimiento común parala tramitación de las demandas de IVE similar alque se aplica a otras especialidades, que obligaa todos los profesionales sanitarios a informar yfacilitar la derivación de la demanda hacia loscentros privados concertados.

SITUACIÓN DEL ACCESO AL ABORTOPOR COMUNIDAD AUTÓNOMA

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Además de los centros públicos de salud, existenotras fuentes de información como internet,ONGs u organizaciones sociales o medios decomunicación que también son utilizadas paraacceder a los centros acreditados concertadospara realizar IVEs, aunque como mencionába-mos antes, éstos recursos no son demasiadorelevantes en el caso de Andalucía, a diferenciade lo que ocurre en la mayoría de las comunida-des autónomas.

En cualquier caso, los centros de salud no cuen-tan con información escrita acerca del aborto ylo único que se facilita a las mujeres son unosfolletos elaborados por algunos centros priva-dos acreditados concertados que contienen losdatos de contacto y la información fundamen-tal para la tramitación de la IVE (esto ocurre, porejemplo, en Sevilla, donde los centros acredita-dos que tienen concierto con el SAS facilitan alos servicios de salud estos folletos).

Los requisitos exigidos para recibir la calificaciónde centro acreditado para la IVE están reguladosen el RD 2409/1986. Esta norma reconoce a lasComunidades Autónomas como los organismos

competentes para extender la acreditación corres-pondiente a los centros que cumplan con las con-diciones establecidas (art. 2. De conformidad conlas competencias que corresponden a las Comuni-dades Autónomas, la autoridad sanitaria respon-sable acreditará cada uno de los centros o estable-cimientos sanitarios privados que, cumpliendo losrequisitos determinados en el artículo 1º de estadisposición, lo hayan solicitado previamente).

2.2. Servicios

Según datos del Ministerio de Sanidad, en Anda-lucía existe un hospital público y 15 clínicas pri-vadas acreditadas para la IVE que declararonabortos en 2005. La mayoría de los abortos serealizan, por tanto, en centros privados acredita-dos que se extienden por todas las provincias ysólo el 0,15% se realiza en hospitales públicos. Elúnico centro público que realiza abortos enAndalucía es el hospital comarcal La Inmaculadasituado en la zona de Huercal-Overa en Almería,aunque ciertamente el volumen que implica laactividad de este hospital con respecto al total delos abortos que se realizan en la comunidadautónoma es bastante poco representativo. Estehospital realiza únicamente los abortos hasta 22semanas que corresponden a su zona siempreque se justifique por riesgo para la salud física dela mujer, malformación fetal o violación.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES7

Provincia Centros públicos Centros privadosAlmería Hospital La Inmaculada Clínica Ginecología Almería

(Huércal-Overa) Cádiz Clínica El Sur

Clínica PoliplanningClínica Spawsky

Córdoba Clínica Medina-AzaharaGranada Gineclinica

Clínica Ginegranada Huelva Clínica PoliplanningJaén Clínica Ginecológica Dr. G. Sáenz de Santa MaríaMálaga Centro Ginecológico Scala 2000

Centro Sanitario Sáenz de SantamaríaClínica El SurCentro Medico 2002

Sevilla Clínica El SurClínica Triana

7 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (2006). InterrupciónVoluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes alaño 2005. Madrid: Dirección General de Salud Pública. Subdirec-ción General de Promoción de la Salud y Epidemiología.

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Para el caso de abortos que no impliquen altoriesgo para la mujer embarazada y no superenlas doce semanas de gestación, se pueden acre-ditar a los centros o establecimientos sanitariosprivados que cuenten al menos con los siguien-tes medios personales y materiales:

1.1. Un Médico especialista en Obstetricia yGinecología y personal de enfermería, auxi-liar sanitario y asistente social.

1.2. Los locales, instalaciones y material sanita-rio adecuado. El lugar donde esté ubicadodebe reunir las condiciones de habitabilidade higiene requeridas para cualquier centrosanitario y debe disponer como mínimo deun espacio físico que incluya:

- Un espacio de recepción.

- Un despacho para información y aseso-ramiento.

- Una sala adecuada para la realización dela práctica abortiva.

- Una sala para el descanso y recuperacióntras la misma.

Se contará al menos con el siguiente utilla-je básico, además del propio de una consul-ta de medicina de base:

- Material necesario para realizar explora-ciones ginecológicas.

- Material necesario para realizar la prácti-ca abortiva.

- Material informativo y didáctico.

1.3. Las prestaciones correspondientes de análi-sis clínicos, anestesia y reanimación. Tam-bién contarán con depósitos de plasma oexpansores de plasma.

1.4. Un centro hospitalario de referencia paraderivación de aquellos casos que lo requie-ran.

Para la realización de abortos en embarazos conalto riesgo para la mujer o con más de docesemanas de gestación, los centros o estableci-mientos sanitarios privados deberán contarademás con:

1.1. Unidades de Obstetricia y Ginecología,laboratorio de análisis, anestesia y reanima-

ción y banco o depósito de sangre corres-pondientes.

1.2. Unidades o instalaciones de enfermería yhospitalización correspondientes.

Además de estos requisitos, los centros privadostiene que estar autorizados y registrados comocentro extra-hospitalarios de conformidad a loestablecido en el Decreto 16/1994, de 25 deenero de Sanidad.

2.3. Financiación

En Andalucía, la IVE es una prestación contem-plada dentro de la sanidad pública que segarantiza fundamentalmente a través de unsistema de concierto con centros privadosacreditados para la realización de la interrup-ción del embarazo. De esta forma, se garantizael acceso gratuito a la prestación para todas laspersonas que disponen de tarjeta sanitaria. Laparticipación de los hospitales públicos en elacceso al aborto al igual que en el resto de lasComunidades Autónomas es casi inexistente.Aunque en principio todos los hospitales públi-cos cumplen los requisitos para ser acreditados,en 2005 sólo se registró un hospital públicoque realizara abortos. Se trata, como hemosmencionado más arriba del hospital “La Inma-culada” en Huercal Overa que canaliza los abor-tos correspondientes a su comarca en lossupuestos de malformación fetal, violación oriesgo para la salud física de la madre. El restode los abortos que se producen en la comuni-dad andaluza cada año se realizan en centrosprivados concertados o no concertados.

Ante la ausencia de servicios de aborto en loshospitales públicos, principalmente debido a laobjeción de conciencia de los profesionalessanitarios, el acceso a la prestación se garantizaa través de un concurso público y abierto quetiene como objeto “contratar la gestión de servi-cios públicos, bajo la modalidad de concierto,para la interrupción voluntaria del embarazo abeneficiarias de la asistencia sanitaria prestadapor el Servicio Andaluz de Salud en las que con-curra alguna de las circunstancias previstas enla Ley orgánica 9/1985 de 5 de Julio, con carác-ter subsidiario a los dispositivos propios…”.

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En principio toda persona que se encuentre enterritorio andaluz tiene derecho a la asistenciasanitaria aunque formalmente se requiere unatarjeta que lo acredite. En aquellos casos en queno se dispone de esta tarjeta, como puede ocu-rrir con muchas mujeres inmigrantes, los servi-cios de salud proceden a habilitarles automáti-camente una cartilla sanitaria “de emergencia”con la cual pueden acceder al aborto en las mis-mas condiciones que el resto de ciudadanas. Enaquellos casos en que la persona es menor deedad, salvo que pueda acreditar la emancipa-ción de hecho, se requiere que venga acompa-ñada de la madre, el padre o un tutor, los cualesdeben firmar también el consentimiento infor-mado para la realización de la IVE. En estassituaciones muchas veces se producen casos enque la tutoría es de hecho pero no de derecho -por ejemplo cuando el menor está a cargo de laabuela al haber sido los padres despojados de lapatria potestad pero ésta no ha solicitado latutoría legal – en cuyo caso es necesario quealguna autoridad firme un documento acredi-tando la tutoría de hecho.

Antes de aprobarse el sistema de concierto, lacomunidad andaluza aplicaba a las IVEs un sis-tema de reintegro de gastos según el cual lamujer debía pagar el aborto y solicitar poste-riormente su devolución a la delegación provin-cial de salud. Desde un principio, para evitar quela mujer tuviera que asumir este coste, los cen-tros privados acreditados acordaron con lasdelegaciones provinciales un sistema según elcual la mujer firmaba un documento cediendoel derecho de reintegro a la clínica, la cual pos-teriormente realizaba todo la tramitación nece-saria para cobrar el servicio, presentando unafactura por cada mujer. Bajo este sistema, elaborto era considerado dentro de las prestacio-nes extraordinarias del sistema de salud, almismo nivel de una ortopedia especial o unaintervención que no se pudiera realizar en Espa-ña y hubiera que costear en el extranjero. A par-tir de la mitad de la década de los noventa, sinembargo, se comienza a considerar el abortocomo una prestación normalizada del SAS, aun-que externalizada a través del concierto concentros privados, siguiendo el ejemplo de situa-

ciones similares como por ejemplo el caso de lasresonancias magnéticas, el servicio de ambulan-cias o la situación de determinados hospitalesque conciertan sus servicios con el sistema desalud aún siendo privados.

Como hemos adelantado ya, para establecer elconcierto con los centros acreditados para la IVE,los servicios centrales del SAS convocan concur-so público y abierto al que puede concurrir cual-quiera de los centros privados acreditados deAndalucía que cumplan con las condicionesestablecidas en los Pliegos, de prescripcionesadministrativas y de condiciones técnicas, queson publicados en el BOJA.

En Andalucía se realiza un concurso para la con-tratación de prestaciones de IVE de primer tri-mestre y otro para las de segundo trimestre. Elconcierto tiene carácter bianual en el caso deIVES de más de 12 semanas o de alto riesgo yanual en caso de IVEs de menos de 12 semanas.En ambos casos, se puede renovar automática-mente hasta un máximo de 10 años, salvo quealguna de las partes decida lo contrario o seanecesario publicar nuevos pliegos debido a lafinalización del presupuesto o la modificaciónde alguna cláusula.

El coste de un aborto concertado de menos de12 semanas ronda los 280–290 euros frente alos 350–400 euros que cuesta a precio de mer-cado. En el caso de abortos de más de 12 sema-nas el coste varía entre 370 y 925 euros segúnel número de semanas de gestación.

Para las IVEs de menos de 12 semanas, el con-curso se articula en base a nueve “lotes”, unopara cada provincia y uno más para la comarcadel Campo de Gibraltar (dentro de la provinciade Cádiz). Estos “lotes” son estimados en fun-ción de la demanda de IVE existente y por logeneral se suelen repartir entre todas las cen-tros acreditados de cada provincia que se pre-sentan al concurso y que cumplen las condicio-nes exigidas, en función de la puntuaciónobtenida en el mismo.

Los centros privados acreditados situados enAndalucía son libres de presentarse al concursosiempre que cumplan con los requisitos estable-

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cidos en los pliegos. Para ello deben presentaruna oferta técnica en la que se incluya unamemoria descriptiva de las instalaciones queoferta y una copia compulsada de los planos delas mismas. De acuerdo con la normativa vigen-te los requisitos incluyen:

• Acceso directo desde la calle y ausencia deobstáculos arquitectónicos o viarios queimposibiliten la transferencia de pacientesdesde o hacia un vehículo ambulancia.

• Espacios suficientemente amplios que garan-ticen la confidencialidad, confortabilidad yseguridad de la mujer diferenciando al menoslas siguientes zonas: areas de recepción yespera, despacho médico, vestuario y aseo deusuarias, sala de exploración, quirófano y salade reanimación post-quirúrgica y grupo elec-trógeno.

• Al menos un médico especialista en Gineco-logía y Obstetricia, un diplomado en enfer-mería o ATS, un trabajador social y personalauxiliar.

• Equipamiento necesario para las intervencio-nes bajo cualquier modalidad de anestesia,equipo de monitorización cardiaca, electro-cardiógrafo, ecógrafo, equipo de intubación,respirador, desfibrilador y otro material dereanimación pulmonar, suministro de gasesmedicinales y servicio de análisis clínicosbásicos y depósito de homeoderivados.

• Contrato de gestión de residuos sanitarioscon empresa autorizada.

El servicio contratado comprende la asistenciaindividualizada a cada mujer remitida por elServicio Andaluz de Salud según el protocolosiguiente:

• Consulta de tocoginecología.

• Estudio y valoración por el facultativo quecorresponda, a efectos de dictaminar la perti-nencia de la interrupción de acuerdo con lossupuestos establecidos por la ley.

• Consulta de especialista cuando esté indicadapor la sospecha o inexistencia de patologíasconcomitantes que pudieran influir en lapráctica de la interrupción del embarazo.

• Determinaciones analíticas: Grupo sanguíneoy Rh, hemograma, estudio de coagulación ycualquier otra, cuando se consideren necesa-rias para proceder a la intervención.

• Técnica de IVE (quirúgica o farmacológica)adecuada a cada situación, con la medicaciónindicada según las características de cadacaso e incluyendo la gammaglobulina anti-Rh si procede.

• Pruebas ecográficas antes y después de la IVE

• Recuperación post-intervención en salaacondicionada a estos efectos, durante eltiempo preciso, con los controles necesarios.

• Seguimiento tras la intervención de posiblesincidencias, con la menos una revisión gine-cológica a los 15 días de la IVE, o hasta que severifique que la expulsión ha sido completa,en caso de interrupción por técnica médico-farmacológica.

• Elaboración del dictamen previo a la interven-ción al que se refiere el Real Decreto2409/1986, salvo que la mujer lo aporte y ela-boración del Informe de Alta según el Formula-rio 068/92 y que incluirá los siguientes datos:identificación del centro concertado, identifi-cación de la mujer (iniciales de su nombre y dosapellidos), fecha de nacimiento, localidad deresidencia, fecha de ingreso, diagnóstico prin-cipal, otros diagnósticos, supuesto, procedi-miento quirúrgico empleado, otros procedi-mientos diagnósticos, fecha de la intervenciónquirúrgica, fecha de alta y circunstancia de alta.

En el caso de las IVES de segundo trimestre, encambio, no se establece el sistema de “lotes”puesto que hay un menor volumen de demanday no es realmente necesario. Además, solo hay 4centros acreditados en Andalucía para hacereste tipo de abortos y solo dos, localizadas enSevilla, son las que finalmente cumplen las con-diciones necesarias para concertar con el SAS,manejando por tanto, el volumen de interrup-ciones del embarazo de más de 12 semanas detoda la comunidad autónoma. El servicio con-tratado comprende la asistencia individualizadaa cada mujer remitida por el Servicio Andaluz deSalud según el protocolo siguiente:

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• Consulta de tocología.

• Estudio y valoración por facultativo quecorresponda, a efectos de dictaminar la perti-nencia de la interrupción de acuerdo con lossupuestos primero y tercero establecidas porla Ley.

• Consulta de especialista cuando esté indicadapor la sospecha o existencia de patologíasconcomitantes que pudieran influir en lapráctica de la interrupción del embarazo.

• Analíticas: grupo sanguíneo y Rh, hemogra-ma y estudio de coagulación y cualquier otraindicada o necesaria para proceder a la inter-vención.

• Técnica de IVE adecuada a la situación conmedicación indicada, incluida gammaglobuli-na anti-Rh si procede.

• Pruebas ecográficas antes y después de IVE.

• Recuperación post-intervención en salaacondicionada.

• Seguimiento para posibles incidencias y unarevisión ginecológica al menos a los 15 días ohasta que se verifique que la expulsión hasido completa.

• En caso de malformación fetal, cuando searequerido por el SAS se practicará microtomíade la pieza y se remitirán muestras al hospi-tal de referencia de la mujer para su estudio.

• Elaboración de un “informe de alta” y de undictamen previo a la intervención de acuerdoal RD 2409/1986.

En estos momentos, aunque existen centrosacreditados para la IVE en todas las provinciasandaluzas, el SAS no cuenta con servicios con-certados en todas ellas, ya que algunas clíni-cas no alcanzan los requisitos exigidos por laadministración o no llegan a presentarse alconcurso público. Esto conlleva una deriva-ción del “lote” correspondiente a otra provin-cia, lo cual deviene en ciertas desventajas deacceso para algunas mujeres que tienen quedesplazarse a otra provincia. Esto es lo queocurre en el caso de Huelva, Córdoba y Jaén,donde las demandas de IVE se derivan a cen-tros privados concertados situados en Sevilla.

Las mujeres que se ven en esta situación tie-nen derecho a presentar al SAS las facturasdel viaje y solicitar el reintegro de los gastos,aunque en la realidad no existe conocimientoamplio sobre esta posibilidad y muchas muje-res no realizan los trámites. Hay otras veces encambio, cuando se trata de personas sinrecursos evidentes o manifiestos, que los pro-pios centros de salud que derivan asumen losgastos de desplazamiento.

Existen también casos en que un pequeñoporcentaje del “lote” de una provincia se adju-dica a los centros acreditados concertados deotra, con el objetivo, por un lado, de dar res-puesta a las poblaciones fronterizas, que pue-den estar situadas más cerca de la capital deotra provincia (por ej. la zona norte de Cádiz,situada más cerca de Sevilla, o los pueblos deGranada más próximos a Málaga) y por otro,permitir que aquellas mujeres que por razonesde intimidad prefieren no abortar en el centroconcertado de su ciudad puedan trasladarse aotro lugar.

Además del criterio de localización, que hemosseñalado mas arriba, el sistema de concursovalora elementos como la existencia de guías depráctica clínica, la competitividad de preciosinferiores al máximo, la capacidad de atención ala demanda, la acreditación de calidad y la exis-tencia de un plan de atención de residuos, comoaspectos importantes a la hora de adjudicar unadeterminada puntuación. En el caso de que exis-tan dos o más clínicas que cumplan con losrequisitos para ser adjudicatarias del concursoen una determinada provincia, se suele dividir ellote entre las mismas según la puntuación queobtengan. De esta forma los servicios centralesdel distrito sanitario llevan un recuento a lahora de derivar a las mujeres hacia estos centrosacreditados y van distribuyendo las solicitudeshacia unos u otros, con la correspondiente inca-pacidad de la mujer para elegir el lugar de inter-vención. Esta situación se produce en Cádiz,Málaga o Sevilla donde hay más de un centroprivado concertado.

En aquellos casos en que se pudiera producir unagotamiento del presupuesto previsto para

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algunos de los “lotes”, los centros acreditadosconcertados tienen la obligación de seguircubriendo el servicio de acuerdo a lo estipuladoen el contrato, con la consecuente deuda porparte del SAS. No obstante, este tipo de situa-ciones son evitadas mediante una buena plani-ficación y la posibilidad de incrementar deforma ordinaria, en un margen del 20 por cien-to, el presupuesto inicial.

El hecho de que exista un sistema concertado yque la sanidad pública se haga cargo de los ser-vicios de aborto no quiere decir que todos losabortos realizados en Andalucía sean cubiertospor el SAS. Esta realidad puede explicarse enbase varias razones: por un lado, existen muje-res que deciden voluntariamente quedar fueradel circuito de la sanidad pública y al disponerde capacidad económica acuden directamenteal centro privado para realizarse el aborto, porotro lado, al no estar completamente extendidala información sobre el proceso a seguir paraacceder a un aborto, algunas mujeres acudendirectamente al centro privado concertado yuna vez allí, aun siendo informadas sobre estaposibilidad, deciden no demorar más el procesoy afrontar su coste. En el caso de las provinciasdonde no existen centros acreditados (Huelva,Córdoba y Jaén), muchas mujeres prefieren cos-tearse personalmente el aborto para evitar eldesplazamiento a otra provincia.

2.4. Itinerarios

Las mujeres que acuden a los servicios de abortolo hacen generalmente a través de dos circuitos.Por un lado, acuden directamente a un centroprivado acreditado y por otro llegan derivadas delos servicios sanitarios públicos. En este segundocaso, lo habitual es que vengan derivadas por sumédico de familia, aunque cualquier medico oespecialista del SAS puede firmar el protocolo068/92 y efectuar la derivación. Es posible tam-bién que las mujeres acudan en primera instan-cia a la trabajadora social del servicio de planifi-cación familiar, la cual entonces rellena elformulario y lo entrega a la mujer para que estaacuda a su medico a solicitar la firma.

El procedimiento para la adjudicación de unacita se lleva a cabo desde los servicios centra-

les de salud del distrito, al igual que ocurre conel resto de “especialidades”. Estos son losencargados de adjudicar el caso a alguno delos centros concertados y solicitar una cita.Para ello, generalmente, cada centro de saludles envía por valija interna los modelos 068/92debidamente cumplimentados. Algunos cen-tros hacen estos envíos semanalmente pero noexiste una regla común. Las personas respon-sables en los servicios centrales se encargan dellamar al centro concertado correspondiente,acordar el día y hora de la cita y consignar losdatos en el modelo 086/92, que es a su vezdevuelto al centro de salud. Desde allí se llamapor teléfono a la mujer para que pase a buscarel impreso. Este proceso suele durar entre 3 y 7días aunque si el centro de salud y el centro dedistrito coinciden, se tramita la cita en esemismo momento. Hay veces en que si la mujerestá en límite de plazo se la manda directa-mente al centro de distrito para que pida lacita. Por otro lado, hay centros de salud quetrabajan con población muy vulnerable y quecuentan con un sello de su centro de distrito yestán autorizados para gestionar directamentelas citas.

En los casos de malformación el itinerario es algodiferente puesto que salvo que se trate de undiagnostico muy claro, el medico de familia deri-va a la mujer al servicio de diagnóstico prenataldel hospital de referencia y son estos los que laderivan posteriormente a la clínica, si no se hacencargo del aborto. La derivación desde el centro desalud al hospital suele ser urgente pero es comúnque la realización de la IVE lleve más tiempo queen los otros casos puesto que, además de todoesto, la mayoría de las veces se requieren variasreconfirmaciones del diagnóstico.

En términos generales, el circuito de derivaciónfunciona más o menos fácilmente en Andalu-cía, aunque no existe un protocolo común parael SAS y eso pueda dar lugar a praxis diferentesen las distintas provincias o distritos. En algu-nos casos y aunque no existe motivo parahacerlo, hay profesionales que señalan a lasmujeres que les puedan tramitar un abortopero no dos, con lo cual la mujer no acude almédico en caso de repetición. Se conocen casos

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también en los que los profesionales informanque solo se puede realizar el aborto hasta las 12semanas, creando confusiòn en ese aspecto. Enel caso concreto de la malformación fetal, seproducen muchos casos en los que la mujer setraslada a Sevilla para someterse a un aborto demás de 12 semanas cuando en realidad está demenos tiempo. Estos fallos en el diagnóstico deltiempo de embarazo se producen por la impo-sibilidad o negativa de los servicios de salud ahacer una buena ecografía a la mujer y en oca-siones ello puede generar más molestias añadi-das al forzar un traslado que realmente no esnecesario.

ARAGON

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

Aragón es una de las CCAA cuya tasa de abortospor cada mil mujeres en edad fértil (15 a 44años) es mayor a la del conjunto de España y seviene incrementando año a año. En 2005, sepracticaron 2.744 abortos a mujeres residentesen esa CCAA (cifra que se eleva a 2820 abortosen 20068), es decir el 3% de los que se producenen toda España. Estas cifras equivalen a unatasa de 10,92 abortos, frente a los 9,6 del con-junto del país9. Ello ubica a Aragón como laquinta CCAA con la tasa más alta del país, detrásde Madrid, Baleares, Murcia y Cataluña. De estosabortos, un 87% fueron intervenciones de pri-mer trimestre y alrededor del 13% de segundotrimestre.

Casi tres de cada diez mujeres (26,60%) que serealizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y 29

años y algo más de una de cada diez era menorde 20 años (12,24%). Si bien esta es una ten-dencia común en otras CCAA, en el caso de Ara-gón las tasas de aborto en jóvenes entre 20 y25 años (20,39) son mayores que en el conjun-to de España (16,83). La de adolescentes (11,78),sin embargo, se encuentra cerca al promediodel país.

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005en Aragón, siete no tenían hijos (70,74%), ydos tenían uno o dos hijos (23,98%). En cuan-to a experiencias anteriores de aborto, lamayoría no había tenido ninguno (69,91%) ymenos de la quinta parte había tenido sólo uno(21,25%). Apenas una de cada cuatro (20,79%)mujeres que abortaron utilizan previamente uncentro de planificación familiar, lo cual quedamuy por debajo del promedio de España (41%)y requiere que el Gobierno aragonés refuercelas estrategias de salud en el ámbito de la anti-concepción.

1.2. Marco normativo

Como ocurre en la mayoría de los casos, no seha encontrado ningún protocolo específico deactuación en caso de IVE dentro de la sanidadpública. No obstante, es destacable que almenos el Decreto legislativo 2/2004, de 30 dediciembre por el que se aprueba el Texto Refun-dido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud,reconoce expresamente que el Servicio de SaludAragonés tendrá entre sus funciones desarrollarla prestación de la IVE de acuerdo con lo previs-to en la ley vigente.

Artículo 6. Funciones.

1. El Servicio Aragonés de Salud desarrollará,en el ámbito de la Comunidad Autónoma, lassiguientes funciones:

a. La gestión y coordinación integral de losrecursos sanitarios y asistenciales propiosexistentes en su territorio.

b. La atención primaria integral mediante lapromoción, protección, recuperación y reha-bilitación de la salud del individuo y de lacomunidad.

8 Gobierno de Aragón (2007) Interrupción voluntaria del Embara-zo. Aragón. Año 2006. El Servicio de vigilancia Epidemiológicade la Dirección General de Salud pública aragonesa emite anual-mente un informe sobre la IVE en la región y ya están disponi-bles los datos de 2006 aunque no se han tenido en cuenta paraeste informe porque no se podrían comparar con los de otrasCCAA que no están disponibles.

9 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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c. La asistencia sanitaria especializada, queincluye la asistencia domiciliaria, ambulatoriay hospitalaria.

d. La prestación de los recursos para la pro-moción y protección de la salud individual ycolectiva, así como para el diagnóstico, trata-miento y rehabilitación del individuo.

e. El desarrollo de los programas de atencióna los grupos de mayor riesgo, así como losdirigidos a la prevención y atención de defi-ciencias congénitas o adquiridas.

f. Los programas de planificación familiar y laprestación de los servicios correspondientes.

g. La interrupción voluntaria del embara-zo, de acuerdo con lo previsto en la legis-lación vigente.

h. La promoción y mejora de la salud mentaly la prestación de la asistencia psiquiátrica.

i. La formación continuada del personal alservicio de la organización sanitaria, en cola-boración con el conjunto de entidades docen-tes.

j. Las acciones que le correspondan en lamedicina deportiva.

k. La coordinación del transporte sanitario.

l. Cualquier otra actividad relacionada con lapromoción y protección de la salud que se leatribuya.

Al mismo tiempo, la Ley 6/2002, de 15 de abrilGeneral de Salud recoge en su artículo 56 enrelación al asunto de “desplazamientos”, que elDepartamento responsable de Salud promoveráel establecimiento de mecanismos que permitanque, una vez superadas las posibilidades diag-nósticas y terapéuticas existentes en el área desalud o en la Comunidad Autónoma, su pobla-ción pueda acceder a los recursos asistencialesubicados en otras áreas de salud o en otrascomunidades autónomas. En esta línea, el siste-ma de salud debería hacerse cargo de los gastosque sufren las mujeres que no residen en Zara-goza y que tienen que desplazarse a la capitalpara poder acceder al aborto, puesto que nocuentan con ningún centro que los realice en suprovincia.

Por otro lado, en el artículo 57 de esta mismaLey también se reconoce que el Sistema deSalud de Aragón podrá establecer conciertos oconvenios de vinculación para la prestación deservicios sanitarios a través de medios ajenos almismo, teniendo siempre en cuenta el principiode subsidiariedad y en los términos previstos enla Ley General de Sanidad y en la Ley del Servi-cio Aragonés de Salud. Esto permite en principioconcertar el servicio de IVE con los centros acre-ditados. Sin embargo, no existe ningún sistemade concierto con las clínicas privadas y tan sóloopera un acuerdo con una de ellas para derivarcasos muy puntuales.

El Servicio Aragonés de Salud publica periódi-camente Informes Epidemiológicos sobre la IVEque aportan datos específicos sobre la comu-nidad.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

En Aragón sólo dos de cada cinco mujeres quese realizaron una IVE en 2005 se informaronsobre este tema en un centro de salud público(23%) y una de cada cinco lo hizo en uno pri-vado (12%). El resto utilizó otras fuentes, quesuelen ser Internet, anuncios o personas cono-cidas. De acuerdo a la información que hemospodido obtener, dentro del sector sanitario lasprofesionales más sensibilizadas son lasmatronas que trabajan a nivel de APS, aunqueen líneas generales, la información que recibenlas mujeres en los centros de salud públicosdepende en gran medida del grado de implica-ción del profesional que las atienda, puestoque no existe protocolo alguno al respecto. Enmuchos casos, las mujeres llegan a los centrosacreditados muy bien informadas y documen-tadas y en otros, sin embargo, tan sólo les faci-litan los datos de contacto.

El portal de salud del Gobierno de Aragón nocuenta con ningún apartado sobre sexualidad yno incluye información sobre la IVE. El portal delConsejo de Juventud de Aragón incluye unapartado de “Consejos para la salud” entre losque se encuentran temas de educación afectivo

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sexual pero no se menciona el aborto, aunque síse incluyen algunos centros y recursos a los quepodría contactarse para obtener informaciónsobre sexualidad10.

2.2. Servicios

En Aragón, al igual que en la mayoría de lasCCAA, se realizan muy pocos abortos en los cen-tros públicos (0,8%). De hecho, sólo hay un cen-tro sanitario público que los haga, el HospitalClínico Universitario, que practica IVEs a lasmujeres que corresponden a su zona sanitariahasta un plazo de 22 semanas. En el resto de los

casos, dada la objeción de conciencia de los y lasprofesionales sanitarios, las mujeres sólo tienenla opción de ser atendidas en una de las dos clí-nicas privadas acreditadas ubicadas en Zarago-za. Las mujeres que viven en Huesca o Teruel(que representaron aproximadamente el 20% delos abortos en 200611) deben siempre desplazar-se de provincia para acceder a la intervención.En el caso de embarazos de más de 12 semanaslas posibilidades se siguen reduciendo puestoque sólo una de las clínicas acreditadas realizaIVEs de segundo trimestre.

2.3. Financiación

Como ya hemos comentado, excepto para elescaso 0,8% de los abortos que se realizan encentros públicos, el resto se realiza a través declínicas privadas acreditadas. En Aragón existeun acuerdo con una clínica privada mediante elcual los centros de salud y los hospitales pue-den, en determinadas circunstancias, derivar amujeres que quieren realizarse un aborto y asu-mir posteriormente el pago de las facturascorrespondientes a la clínica. Fuera de estoscasos, las mujeres deben responsabilizarse decubrir todos los gastos de la intervención y eldesplazamiento, existiendo si acaso la opción degestionar con los centros privados un fraccio-namiento del pago, previa evaluación de lanecesidad por las trabajadoras sociales dedichos centros.

2.4. Itinerarios

En la mayor parte de los casos, las mujeres acu-den a los centros privados acreditados bien direc-tamente, a través de información que han encon-trado en Internet, medios de comunicación opersonas conocidas, o bien a través de derivaciónde los centros de salud.

Existen casos en los que aún habiendo un dicta-men del Hospital en el que se establece que lamujer cumple los requisitos relativos al aborto,los médicos se niegan a hacer la intervención.En estos casos, los profesionales involucradosestán obligados plantear esta negativa porescrito, a partir de lo cual el caso pasa a la Sub-dirección Médica del Hospital quien puedeenviarlo a su vez a Inspección. Si las evaluacio-nes son positivas, esta instancia se encarga decontactar a una clínica privada, donde se reali-zará la intervención de manera gratuita para lamujer y con reembolso a la clínica de los gastospor parte de la seguridad social. El procesodesde que los médicos deciden no realizar la IVEhasta que se comunica puede durar entre unasemana y 10 días, lo cual evidentemente reper-cute desfavorablemente sobre la mujer.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES12

Provincia Centros públicos Centros privadosZaragoza Hosp. Clínico Universitario Clínica Almozara

Clínica Actur

10 http://www.consejosparalasalud.com/educ.php11 Gobierno de Aragón (2007) IVE 2006.12 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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ASTURIAS

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

El aborto no se incluye dentro del Informe Epi-demiológico de Salud elaborado por el Principa-do de Asturias, con lo cual los datos que seconocen sobre la incidencia del aborto en estacomunidad corresponden al Informe Generalque elabora el Ministerio de Sanidad cada año.Conforme a los últimos datos disponibles de2005, en dicho año se practicaron 1.782 abor-tos, es decir el 2% de los que se producen entoda España. Mientras que la tasa nacional es de9,60 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44años, en Asturias esta es un poco más baja(8,27), lo que la ubica como la octava CCAA conla tasa más alta del país, detrás de Madrid, Bale-ares, Murcia, Cataluña, Aragón, Andalucía yComunidad Valenciana. Las intervenciones deprimer trimestre constituyen la mayoría con un91,75%.

Casi tres de cada diez mujeres (26,49%) que serealizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y 29años y algo más de una de cada diez era menorde 20 años (11,84%). Al igual que en el caso dela tasa general de abortos, Asturias tiene unatasa de IVE en adolescentes y jóvenes ligera-mente inferior a la del conjunto de España (9,32para adolescentes y 15,08 para jóvenes entre 20y 25 años, frente a 14,5 casos por cada milmujeres entre 15 y 44).

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005en Asturias, casi seis no tenían hijos (58,14%),y alrededor de cuatro tenían uno o dos hijos(38,04%). En cuanto a experiencias anterioresde aborto, la mayoría no había tenido ninguno(78,96%) y menos de la quinta parte habíatenido sólo uno (16,67%). Finalmente, casi lamitad (44,84%) de las mujeres que abortaronutilizaban un centro de planificación familiar,porcentaje algo por encima del promedio deEspaña (41%).

1.2. Marco normativo

El Plan de Salud para Asturias 2004 - 200713 reco-noce que se han identificado problemas de acce-so para las mujeres inmigrantes a los servicios desalud sexual y reproductiva, incluyendo explícita-mente la IVE. Sin embargo, no existen en dichoPlan acciones dirigidas a mejorar el acceso alaborto de manera específica. Con respecto al con-junto de la población, en el análisis sobre estilosde vida saludable se incluye la esfera afectivo-sexual y en él se menciona que la tasa de abortospara 2001 en Asturias fue de 6,1 por cada 1000mujeres en edad fértil, estimándose una tenden-cia a la baja para este indicador que no se ha con-firmado en años posteriores. De hecho, en 2005,como hemos mencionado, la tasa había subido a8,27. Al mismo tiempo, la tasa de aborto en ado-lescentes se situaba en el 8,1 en 2001 mientrasque en 2005 subió hasta el 9,32. Más aún, la tasade jóvenes se situó en 2005 en 15,08 casos porcada mil mujeres entre 20 y 25 años, evidencian-do la necesidad de que la sanidad pública tomemedidas más efectivas tanto para la prevencióndel embarazo como para la garantía del acceso ala interrupción del embarazo.

Aparte de la mención que realizan los Planes deSalud sobre la IVE, no existe ningún protocolosanitario relacionado con esta cuestión ni tam-poco regulación alguna sobre la objeción deconciencia. Sin embargo, el protocolo de aten-ción en casos de agresión sexual menciona laobligación del profesional sanitario de informara la mujer de que en caso de que se confirme elembarazo y desee interrumpirlo puede acogersea los supuestos previstos en la Ley Organica9/1985, de 5 de julio:

Protocolo de atención sanitaria ante la vio-lencia contra las mujeres (Servicio de Saluddel Principado de Asturias, 2003)

Proceso de atención sanitaria / Actuacionesen agresión sexual / Exploración ginecológica/ Medidas Preventivas

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13 Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Salud y Ser-vicios Sanitarios. Plan de Salud para Asturias 2004 – 2007: Lasalud como horizonte.

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Prevención de embarazo: proponer y explicarlas distintas alternativas:

– Contracepción postcoital (hormonal, DIU).

– Esperar a la próxima regla o realizar unnuevo test de embarazo en 2-3 semanas. Enesta opción, es preciso informar a la víctimade que en caso de confirmarse el embarazo,si desease interrumpirlo sería necesarioacogerse a los supuestos legales de inte-rrupción del embarazo, lo que supone lanecesidad de recurrir a procedimientosmédicos o quirúrgicos.

Es interesante también destacar que algunasadministraciones reconocen a sus trabajadoraspermisos de 3 días en caso de interrupciónvoluntaria del embarazo (Resolución de 21 denoviembre de 2001. Educación infantil, Decreto6/2004, de 22 de enero o Resolución 2005/238de 3 de agosto).

2. Acceso a la IVE

2.1. Servicios de información

La participación de los servicios públicos comocanal de referencia e información respecto a losservicios de aborto es muy baja en esta comuni-dad autónoma. Sólo el 14,3% de las mujeres queabortaron en 2005 se informaron en estableci-mientos públicos, mientras que el 10,5% lo hizoen centros privados y el resto a través de otrasfuentes14.

A pesar de la baja representatividad de los cen-tros de salud como canales de información rela-cionada con la IVE, algunas fuentes han confir-mado que por lo general, al menos en loscentros de planificación familiar, se entrega alas mujeres que lo solicitan una fotocopia infor-mativa con los contactos de las clínicas acredi-tadas en Asturias. No obstante, el nivel de impli-cación de los profesionales sanitarios es muyescaso y varía mucho de una zona a otra, exis-tiendo algunos que derivan a las mujeres a lasclínicas con un informe social y otros que nofacilitan información o si lo hacen intentan que

la mujer desista de su intención.

A través de una revisión de la información dispo-nible en Internet, hemos comprobado que existenasociaciones como la Asociación Asturiana parala Educación Sexual (www.astursex.info) queprestan información telefónica, presencial y onli-ne sobre sexualidad, incluyendo el tema de la IVE.

El único material impreso editado por un entepúblico en el que se presta información sobre laIVE y al que hemos podido tener acceso es unCuaderno de Orientación15 en el que se informasobre diferentes temas sobre sexualidad y dondese incluye un apartado para aborto que señala:

“Una posibilidad es seguir adelante con elembarazo y convertirnos en madre o padre.Esta es una opción respetable, y no tiene por-qué ser una tragedia. De todas formas, es muyimportante sopesar bien este paso ya quequizá las condiciones no sean muy adecuadas,comenzando por las circunstancias personales(edad, posibilidades económicas, entornosocial, etc) Si no deseáis seguir adelante con elembarazo, la única solución viable es la depracticar un aborto o IVE (que son las siglas deinterrupción voluntaria del embarazo). EnEspaña, dicha práctica no es legal, salvo queestés dentro de los tres supuestos que permitela ley. Estos son: en caso de violación, en casode que el feto tenga malformaciones congéni-tas, y en caso de que suponga un riesgo para lasalud de la madre.

En estos casos se pueden seguir dos procedi-mientos para hacerlo. Uno es por medio de laSeguridad Social, para lo que debemos acudir anuestro médico o médica de cabecera y contar-le lo que nos ocurre. A partir de ese momento,nos guiará en los pasos a seguir. Otro es acudira una clínica de planificación familiar, en estecaso privada. Si es así, procurad buscar orien-tación con alguien que conozca su funciona-miento. Hay varias clínicas legalizadas enAsturias y con licencia para practicar este tipode intervenciones con todas las garantías yatendidas por profesionales competentes. En

14 MSC (2006) Informe IVE 2005.

15 Instituto Asturiano de Juventud (2002) Cuaderno de OrientaciónNº1: Tu sexualidad.

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cada una habrá disponibles una serie de méto-dos vigentes hoy en día en nuestro sistemasanitario, y las personas encargadas de ellas osayudarán a buscar la alternativa más adecua-da para vuestro caso.Sabed que no tiene reper-cusión en posteriores embarazos, de modo queen poco tiempo nuestro cuerpo volverá a fun-cionar como si nada hubiese ocurrido. Y el per-sonal sanitario que os atienda cuidará tanto devuestra salud física como psicológica, y siem-pre estarán disponibles para prestaros ayuda yconsejo en lo que necesitéis.

Sea cual sea la opción escogida, debéis saberque si la chica es menor de edad ha de acudiracompañada de uno de sus tutores legales,sea el padre, la madre u otra persona legal-mente responsable, que firme la autorizacióncorrespondiente”.

Los centros privados que quieran realizar IVEsdeben cumplir en primer lugar los términos ycondiciones especificados en el Decreto53/2006, de 8 de junio que regula la autoriza-ción de centros y servicios sanitarios, y ade-más contar con la acreditación para realizarIVEs de conformidad con los requisitos esta-blecidos en el RD 2409/1986 a nivel estatal.

2.3. Financiación

El Servicio Asturiano de Salud realiza la presta-ción de la IVE a través de la sanidad pública entres hospitales públicos. En los demás, opera laobjeción de conciencia de forma total, y desdeellos se realizan algunas derivaciones hacia unosde los centros privados acreditados de la CCAAcon el que existe un acuerdo de colaboración. Enesas ocasiones, este centro realiza la interven-ción sin cobrar a la usuaria y es posteriormenteel hospital el que paga a la clínica la facturacorrespondiente. Este acuerdo se renueva todoslos años aunque los casos que se atienden poresa vía son bastante poco significativos en rela-ción al volumen total de abortos de la comuni-dad, rondando en un promedio de dos al mes.

2.2. Servicios

Sólo el 1,01% de los abortos se producen encentros de la red pública. En Asturias existentres hospitales públicos y 3 clínicas acreditadasque realizan IVEs. En el caso de los hospitalespúblicos, el Hospital de Valle del Nalón realizaabortos de forma excepcional y sólo cuandohay grave riesgo para la salud física de laembarazada. En el resto de hospitales tambiénse realizan abortos en casos muy puntuales y essólo el Hospital Carmen y Severo Ochoa dondeteòricamente se realizan estas intervencionesde manera más habitual.

Tanto los hospitales públicos como la clínicaBuenavista realizan abortos hasta de 22 sema-nas mientras que el resto de centros acreditadossólo lo hacen hasta las 12 semanas.

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16 MSC (2006) Informe IVE 2005. 17 La clínica privada Gineastur, ubicada en Oviedo, cerró en diciem-

bre de 2007.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES16

Provincia Centros públicos Centros privados17

Hospital Valle del Nalón (Langreo, a 15 min de Oviedo) Buenavista (Oviedo)Hospital Universitario Central de Asturias (HUCAS)Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas del Narcea) Clínica Sirona (Gijón)

Belladona GijónBelladona Avilés

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En los casos de riesgo para la salud psíquica, lasmujeres deben asumir individualmente los cos-tes de la intervención y acudir a una clínica pri-vada acreditada puesto que ni los hospitalespúblicos ni la sanidad pública se hacen cargo delos mismos. Cuando las mujeres han mostradouna incapacidad económica para hacer frente alos costes de la intervención han sido las clínicasen muchos casos, las que han soportado lasituación bien practicando IVEs gratuitas o per-mitiendo el pago aplazado en otras. En la actua-lidad esta medida se sigue aplicando en determi-nadas situaciones, aunque se pide a latrabajadora social del área sanitaria que corres-ponda que derive a la mujer o que emita uninforme previo que justifique la falta de recursosde la mujer, a partir del cual la clínica puede apli-car una rebaja en el precio de la intervención.

2.4. Itinerarios

En la mayor parte de los casos, las mujeres acu-den a los centros privados acreditados para laIVE bien directamente, a través de informaciónque han encontrado en Internet, medios decomunicación o personas conocidas, o bienderivadas de los centros de planificación fami-liar. En el caso de las IVEs que se realizan a tra-vés de los hospitales públicos, la mujer tiene quepasar en primer lugar por su médico de familia,el cual la deriva al servicio correspondiente desu hospital de referencia.

CANARIAS

1. Situación del aborto en Canarias

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

Canarias es una de las CCAA con una tasamenor de abortos respecto a la del conjuntode España. Mientras que la tasa nacional es de9,6 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44años, la tasa de las mujeres residentes enCanarias fue de 7,23 en 2005, lo que la ubicacomo la décima CCAA con la tasa más alta delpaís, detrás de Madrid, Baleares, Murcia, Cata-luña, Aragón, Andalucía, Comunidad Valencia-na, Asturias y La Rioja. El total de abortos rea-

lizados a mujeres canarias fue de 3.385 en2005, el 3,7% del total de los que se realizaronen todo el territorio español18. Las interven-ciones de primer trimestre significaron un89,8% de los casos.

Más de dos de cada diez mujeres (24,14%) quese realizaron una IVE en 2005 tenían entre 20y 29 años y casi dos de cada diez eran meno-res de 20 años (18,94%). La tasa de abortos enadolescentes en esta comunidad (11,41) es, noobstante, bastante inferior a la tasa estatal(14,5).

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005,en torno a cinco no tenían hijos (51,27%), yalrededor de cuatro tenían uno o dos hijos(41,71%). En cuanto a experiencias anteriores deaborto, la mayoría no había tenido ninguno(65,32%) y una cuarta parte había tenido sólouno (25,64%). Por otro lado, casi la mitad(43,93%) de las mujeres que abortaron habíanutilizado un centro de planificación familiar, locual es un porcentaje algo por encima del pro-medio de España (41%).

1.2. Marco normativo

No existen protocolos de atención sanitariageneral o de salud sexual y reproductiva queincluyan la IVE como prestación sanitaria nitampoco se han encontrado alusiones explícitasa este tema en los documentos de referencia dela sanidad pública.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

De cada diez mujeres residentes en Canariasque se realizaron una IVE, sólo una se informóen centros sanitarios públicos (11,6%) y otra lohizo en centros privados (12,7%). El resto(75,4%) obtuvo la información mediante otrasfuentes19 entre las que se encuentran Internet

18 MSC (2006) Informe IVE 2005.19 Idem.

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y redes sociales (amigas, familiares). Por otrolado, no existe constancia de que se realicenacciones de sensibilización o formación de losprofesionales sanitarios sobre la IVE20.

A través del análisis de las fuentes disponibles eninternet, se ha identificado una página web delServicio Canario de Salud sobre salud y adoles-cencia, donde se incluye información sobre dife-rentes temas de salud sexual y reproductiva(cómo vivir una sexualidad sana, prevención delembarazo, ETS y VIH/SIDA) pero no se hace refe-rencia alguna al aborto. También existe unapágina en donde se anuncia un servicio de infor-mación sexual que incluye un teléfono, un chaty un email para consultas, y se ofrecen las pre-guntas más frecuentes con sus respuestas. Enestos casos la temática del aborto sí aparece,aunque la información es escueta (ver cuadro).También existe un servicio joven en el que se

http://www.juventudcanaria.com/es/servicios/informacion_sexual/preguntas.php

¿Una chica menor de edad puede abortar?

Si eres menor de edad y quieres abortar debes saber que tienes que hacerlo bajo el consenti-miento de tus padres o tutores legales. Aún siendo mayor de dieciocho años has de saber quesólo se permite abortar en alguno de los tres siguientes supuestos legales, y que se recogen enel artículo 417 bis del Código Penal:

• Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de laembarazada y así conste en dictamen emitido con anterioridad a la intervención, por unmédico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quién o bajo cuya direcciónse practique el aborto. En caso de urgencia o riesgo vital para la gestante podrá prescindir-se del dictamen y del consentimiento expreso.

• Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación, siempreque el aborto se practique dentro de las primeras doce semanas de gestación y que el men-cionado hecho hubiese sido denunciado.

• Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre queel aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dicta-men, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistasdel centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos deaquel por quién o bajo cuya dirección se practique el aborto.

brinda información y desde donde se refiere a lasjóvenes a las clínicas.

En los centros públicos, las mujeres puedenobtener información sobre las IVEs a través delmédico de cabecera o la matrona. En el caso deque alguno de ellos no tenga información sobrelas clínicas que realizan abortos, derivan a lamujer a la trabajadora social. No obstante, lasmatronas suelen tener esta información por loque indican directamente a las mujeres dóndepueden acudir. Por su parte, los médicos defamilia derivan más frecuentemente a la traba-jadora social para que sea ella quien brinde lainformación sobre el aborto.

La información sobre las ayudas disponiblespara acceder a la IVE, se brinda de manera selec-tiva, sólo cuando la mujer manifiesta que tienedificultades para pagar el aborto.

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20 Entrevistas con profesionales sanitarios corroboran que almenos en Tenerife en los 3 últimos años, no se ha producidoninguna actividad de sensibilización o formación en este campo.

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2.2. Servicios

Las particulares características geográficas de deCanarias son un reto en términos de acceso a losservicios sanitarios en general, y en particular enel caso de la IVE. Como puede observarse en elmapa, sólo existen dos hospitales públicos querealizan abortos, ubicados en las islas de Tenerifey Gran Canaria. En estas mismas islas se ubicanlas clínicas acreditadas para IVE (dos en cada una).En el resto, en cambio, no existe la posibilidad de

acceder al aborto y es necesario que la mujer sedesplace bien sea a otra isla o a la península, conlos gastos y el tiempo que ello implica.

Por otro lado, el volumen de abortos realizadosen centros públicos asciende a un escaso 3,9%del total de la comunidad autónoma y sólo seresponsabilizan de los supuestos de malforma-ción fetal y hasta las 22 semanas de gestación.El resto de supuestos sólo se tramitan a travésde los centros privados acreditados.

¿Dónde puedo abortar?

Existen dos vías: la sanidad pública y las instituciones privadas. Pero que lo que debes tenermuy presente es no acudir jamás a centros clandestinos. En Canarias dispones de dos clínicaslegalizadas para practicar la interrupción del embarazo.

¿En que consiste la píldora del día después?

Consiste en la administración de dosis altísimas de una o más hormonas sintéticas dentro delas 72 horas siguientes al coito. Estas hormonas causan un sangrado uterino durante algunashoras evitando así un posible embarazo. Debería usarse sólo en caso de emergencias y no comométodo principal de control de la natalidad.

La forma en que debes actuar es la siguiente: debes acudir rápidamente a un Centro de Salud,Planificación Familiar, o un Hospital. Allí te realizarán una historia clínica y te informarán sobreel tratamiento. Te prescribirán la marca de píldora postcoital que más te convenga y cómotomarla. Pide al médico información de los efectos secundarios que pueda tener y mantente encontacto con él por si surge algún problema o duda que te preocupe. La menstruación siguien-te puede producirse unos cuantos días antes o después de lo normal. Si ésta no aparece a lassiguientes cuatro semanas, consulta a tu médico. Empieza a utilizar lo antes posible un méto-do anticonceptivo que te dé protección.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES21

Provincia Centros públicos Centros privadosLas Palmas Hospital Materno-Infantil de

Las Palmas de Gran Canaria Clínica GaraClínica Nuestra Sra. del Carmen

Sta. Cruz de Tenerife Hospital Ntra. Sra. De la Candelaria Clínica TaraHospital Universitario Clínica Taraconte

(ningún caso registrado en 2005)

21 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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Las clínicas acreditadas donde se realizan lasinterrupciones voluntarias del embarazo seconsideran de conformidad al Decreto225/1997, de 18 de septiembre de la Conseje-ría de Sanidad y Consumo como centros extra-hospitalarios y deben cumplir los requisitosmencionados en dicho Decreto para su autori-zación y funcionamiento. Además de esta nor-mativa, los centros o establecimientos sanita-rios acreditados para la IVE deben cumplir lascondiciones establecidas en el RD 2409/1986de aplicación estatal.

2.3. Financiación

Como hemos señalado más arriba, los hospita-les públicos sólo realizan abortos en casos muyespecíficos de malformación fetal. La mayorparte de las IVEs se realizan en clínicas privadasacreditadas y sin ningún tipo de subvención oayuda, por lo que el coste de las mismas es asu-mido íntegramente por cada mujer.

No existen ayudas específicas, ni siquiera para elcaso de mujeres en situación vulnerable o conrecursos escasos. La única opción que existe enestos casos, previo informe de una trabajadorasocial del sistema sanitario, es el ofrecimientode las centros acreditados de permitir el pago demanera fraccionada.

2.4. Itinerarios

El itinerario que una mujer puede seguir paraacceder a un aborto varía dependiendo de la isladonde viva, puesto que sólo las residentes enTenerife y Gran Canarias pueden contar con unservicio sin tener que desplazarse. Este itinera-rio consiste en acudir directamente a la clínica opasar por los servicios de salud.

En el caso de Tenerife, si el primer contacto serealiza en atención primaria generalmente sehace con la matrona o con el médico de familia.En el primer caso es más probable que se dédirectamente la información sobre los pasos quetiene que seguir y los datos de las clínicas. En elcaso de los médicos de familia, es más frecuenteque deriven a la mujer a la trabajadora social paraque sea ella quien dé información sobre la IVE. Latrabajadora social es la que facilita los detallessobre la intervención asì como la dirección y telé-fono de las dos clínicas y es la única que sueleinformar de la posibilidad que ofrecen las clínicasde fraccionar el pago, elaborando el correspon-diente informe si así lo solicita la mujer.

En cuanto a las IVEs que se realizan en los hos-pitales, generalmente las que se acogen alsupuesto de malformación fetal, todas las soli-citudes que se realizan en el hospital debenpasar por un Comité de Ética que determinarási el caso puede acogerse a uno de los supues-tos legales. El proceso puede durar entre 1 ydos meses con lo cual hay muchas mujeres quefinalmente prefieren acudir a una clínica paraintentar acortar un proceso de por sí difícil.

CANTABRIA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

Cantabria tiene una de las tasas de IVEs másbajas de España, estando incluso por debajo dela mitad de la tasa del conjunto del estado (4,42por cada mil mujeres frente al 9,6 estatal), sólopor delante de Ceuta y Melilla. En 2005, el

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2 Públicos

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número de intervenciones ascendió a 523casos22. Estas cifras, no obstante, deben serconsideradas de forma relativa teniendo encuenta que al no contar con centros acredita-dos para la realización de las IVEs, muchas delas mujeres de esta comunidad, que no sonatendidas por la sanidad pública, se desplazanal País Vasco o a Asturias para acceder a laintervención.

Dos de cada diez mujeres (24,47%) que se reali-zaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y 29 añosy una de cada diez era menor de 20 años(11,09%). Al igual que el caso de la tasa global deabortos, en relación a los adolescentes y jóvenes,Cantabria presenta tasas muy inferiores a lasestatales (4,41 frente a 14,5 y 7,28 frente a16,83). En lo referente a la salud reproductiva, decada diez mujeres que se realizaron abortos en2005 en Cantabria, en torno a cinco no teníanhijos (53,54%), y alrededor de cuatro tenían unoo dos hijos (42,64%). En cuanto a experienciasanteriores de aborto, la mayoría no había tenidoninguno (80,69%) y un 14,53% había tenido sólouno. Casi la mitad (41,23%) de las mujeres queabortaron sí utilizaron un centro de planificaciónfamiliar, porcentaje algo por encima del prome-dio de España (40,93%).

1.2. Marco normativo

Con respecto al marco normativo, la Ley deOrdenación Sanitaria23 de Cantabria desarrollade manera exhaustiva los derechos y deberes delos ciudadanos en el ámbito sanitario, incluyen-do el derecho a obtener información sanitaria, elderecho a la educación para la salud, el derechoal respeto a la autonomía del paciente, el dere-cho al consentimiento informado y el derecho ala intimidad y la confidencialidad.

Adicionalmente, entre las líneas de actuacióndel Plan de Gobernanza de Cantabria (2004-2007) en el Área de Salud Pública24 se incluye,

en relación a la IVE, el derecho a obtener lainformación y el asesoramiento y, en su caso, laasistencia para la realización de la IVE en lascondiciones y los requisitos legalmente estable-cidos, garantizando la máxima rapidez y confi-dencialidad en todo el proceso.

Sin embargo, como veremos más adelante, ejer-cer estos derechos puede resultar complicado entanto no existen servicios suficientes para pres-tar atención a la demanda de IVEs existente. Sibien Cantabria se ubica entre las autonomías endonde el porcentaje de abortos realizados en lasanidad pública es mayor, esta opción sólo fueposible para una de cada diez mujeres que abor-taron en 2005. Dado que no hay clínicas acredi-tadas para la IVE en la CCAA, el resto de ellas nosólo tuvieron que cubrir los costos que implica laatención en estas clínicas, sino que debierontambién asumir gastos de desplazamiento.

2. Acceso a la IVE

2.1. Servicios de información

En 2005, los centros públicos brindaron infor-mación a más de la tercera parte de las mujeresque se practicaron una IVE (35,6%), mientrasque los centros privados atendieron sólo al7,6%. En cualquier caso, son otras fuentes comointernet, prensa o personas conocidas las quecon más frecuencia constituyen canales deinformación para las mujeres que quieren inte-rrumpir un embarazo25.

Cantabria cuenta con un servicio de ConsultaJoven, dirigido principalmente a adolescentes(12 a 18 años) aunque también puede atender ajóvenes de más edad. Este servicio está ubicadoen centros de salud e instituciones educativasen cuatro localidades de la CCAA y ofrece orien-tación en diferentes temas de anticoncepción,incluyendo la “anticoncepción post-coital” aun-que en principio no se menciona la IVE. Tampo-co existe un portal de Internet del gobiernoautonómico donde se incluya información sobreIVE para jóvenes ni adultos.

22 MSC (2006) Informe IVE 2005.23 Ley Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación

Sanitaria.24 http://www.plandegobernanza.com/ejes/salud/index.php 25 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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2.2. Servicios

Las posibilidades de acceder a la IVE en Cantabriason limitadas en tanto sólo un centro público, elHospital Universitario Marqués de Valdecilla,realiza esta intervención, fundamentalmente encasos de riesgo fetal (malformaciones) hasta las22 semanas, aunque también se extiende a otrossupuestos. En el supuesto de riesgo para la saludpsíquica de la mujer se valora un trastorno queno sea a raíz del embarazo, si no que éste loacentúe. Un 80% de los ginecólogos de la plan-tilla de este hospital se declaran objetores deconciencia26 y de los 50 médicos especialistas enginecología que trabajan en los 3 hospitalespúblicos, sólo 5 realizan IVEs27. Aún así, Canta-bria es una de las comunidades autónomas serealiza un mayor porcentaje de abortos por lasanidad pública (9,8%). En Cantabria no existencentros acreditados para realizar abortos, por loque las mujeres generalmente, se ven obligadasa desplazarse a otras CCAA, generalmente aAsturias y País Vasco.

2.3. Financiación

El Servicio Cántabro de Salud no garantiza elacceso de todas las mujeres a la prestación delaborto aunque sea, junto con Valencia, el siste-ma de salud que más abortos realiza a través desus hospitales. Para todas aquellas mujeres queno pueden acceder al único hospital público quepractica IVEs, la única alternativa es desplazarsea otra comunidad autónoma, generalmenteAsturias o País Vasco, soportando por su cuentalos gastos de la intervención y del desplaza-miento puesto que no existen ayudas para estoscasos. Sólo se ha dado alguna cuando por nece-sidades del centro (problemas de capacidad,etc.) ha sido necesario derivar a la mujer a otracomunidad. Aparte de esto, cuando la trabaja-dora social deriva a una clínica, siempre puedehacer algún trámite para que se reduzca el coste

del aborto pero es algo que depende de la clíni-ca. En el caso que sea la mujer quien decide ir aabortar a otra CCAA el sistema sanitario da lainformación al respecto pero no ayudas econó-micas.

2.4. Itinerarios

Frecuentemente, la mujer llega al centro de pla-nificación familiar desde atención primaria. En elcentro se realizan las pruebas médicas pertinen-tes y el apoyo para la toma de decisiones. Des-pués de rellenar el formulario correspondiente yuna vez realizada la valoración por parte delequipo de trabajadores sociales, se deriva a lamujer al hospital con una orden de ingreso o sela informa sobre los centros privados acredita-dos donde puede acceder a la prestación.

CASTILLA LA MANCHA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

La tasa de abortos de esta región es inferior a ladel conjunto de España. En 2005, el númerototal de abortos fue de 2.661, lo que equivale auna tasa de 6,65 abortos por mil mujeres deentre 15 y 44 años28. No obstante, hay que teneren cuenta a la hora de valorar estas cifras queun gran número de los abortos de las mujeresmanchegas se derivan hacia Madrid, con lo cuales posible que la tasa sea un poco más alta delo oficialmente estimado. Las intervenciones deprimer trimestre significaron el 87% mientrasque las de segundo trimestre el 13%, ligera-mente por encima de otras comunidades.

Más de dos de cada diez mujeres (27,4%) que serealizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y 29años y una de cada diez era menor de 20 años(14,96%). Castilla-La Mancha presenta tasas deaborto en adolescentes y jóvenes también pordebajo de la media española. En el caso de lasadolescentes esta es de 7,54 mientras que la dejóvenes entre 20 y 24 años, es de 12,06.

38

26 Sociedad Española de Contracepción (2005) Libro blanco de laanticoncepción en España.

27 Coordinadora Estatal de Asociaciones Feministas (2007) Inte-rrupción voluntaria del embarazo el derecho de las mujeres adecidir. Madrid. 28 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005en Castilla-La Mancha, cinco no tenían hijos(48,78%), y cuatro tenían uno o dos hijos(41,42%). En cuanto a experiencias anteriores deaborto, la mayoría no había tenido ninguno(70,20%) y un 19,62% había tenido sólo uno.Apenas un 18,95% de las mujeres que abortaronutilizan un centro de planificación familiar, esun porcentaje muy por debajo del promedio deEspaña (41%).

1.2. Marco normativo

El Plan de Salud de Castilla La Mancha 2001 –2010 no hace referencia a la cuestión de la IVEen su contenido ni tampoco se ha encontradoinformación sobre la existencia de protocolosespecíficos en este tema.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Sanidady Consumo, sólo tres de cada 10 abortos en CLMson derivados desde centros de atención públi-ca y uno de cada 10 (6,2%) desde centros priva-

Para poder realizar abortos, las clínicas debenestar acreditadas de acuerdo al RD 2409/1986.

2.3. Financiación

En Castilla La Mancha la prestación del abortono está expresamente excluida del sistema desalud pero los hospitales públicos no asumensu realización como una prestación normaliza-da. El sistema sanitario tampoco garantiza elacceso a la IVE a través de concierto con loscentros acreditados, por lo que son las mujereslas que soportan todos los costes relacionadoscon la interrupción. La Consejería de Sanidadsólo mantiene un acuerdo con una clínica deCiudad Real para realizar consultas de planifi-

cación familiar a mujeres en situación deexclusión social derivadas desde los centros desalud, pero no existen ningún tipo de ayudaspor parte del Gobierno regional para hacerfrente al aborto. En el caso de Albacete existeacuerdo con una clínica situada en Madriddonde se derivan las IVEs que entran clara-mente en alguno de los supuestos y superanlas 12 semanas.

dos. Los seis restantes (59,1%) son referidos porotras fuentes29. En el caso de los centros deatención pública, la mayoría de las derivacionesse realizan por parte de las trabajadoras socialesde los centros de atención a la mujer, aunquetambién se producen desde las consultas deplanificación familiar, los centros sociales de losAyuntamientos y en menor medida desde lasconsultas de medicina familiar. Una de las clíni-cas acreditadas de la región, situada en CiudadReal, envía regularmente información a todosestos centros para que informen adecuadamen-te a las mujeres. Aún así, gran parte de los abor-tos de menos de doce semanas se derivan aMadrid, con la consecuente carga extra de des-plazamiento para la mujer.

2.2. Servicios

En Castilla La Mancha no existe ningún hospitalpúblico que realice abortos y sólo hay dos clíni-cas acreditadas, una situada en Ciudad Real yotra en Albacete, que practican abortos demenos de 12 semanas. Para las interrupcionesde segundo trimestre, las mujeres deben despla-zarse a otra región, siendo normalmente deriva-das a Madrid.

29 Idem.30 Idem.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES30

Provincia Centros públicos Centros privadosAlbacete Clínica Iris Médica

Ciudad Real Clínica Cire

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Ante esta situación, los centros acreditados sehan visto obligados en muchas ocasiones a faci-litar por su cuenta el acceso al aborto a mujeressin recursos, en algunos casos realizando laintervención de forma gratuita u otras vecesfraccionando el pago.

2.4. Itinerarios

Como hemos señalado arriba, las mujeres llegana las clínicas a solicitar la IVE, bien derivadas delos centros de salud, centros de atención a lamujer o centros de servicios sociales de los ayun-tamientos, o directamente a través de internet,periódicos o personas conocidas. En aquelloscasos en que se trata de abortos de más de docesemanas, las mujeres son derivadas a Madridpuesto que ninguna de las dos clínicas acredita-das de la región practica abortos de este tipo.

CASTILLA Y LEON

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005 se practicaron 2.908 abortos en Casti-lla y León, es decir 3,27% de los que se produ-cen en toda España. Mientras que la tasa nacio-nal es de 9,60 abortos por cada mil mujeresentre 15 y 44 años, para Castilla y León esta esde 5,86, lo que la ubica en el puesto númerodoce con respecto al resto de CCAA. De manerasimilar a otras regiones, la mayor parte de lasintervenciones se producen durante las 12 pri-meras semanas de gestación (87%).

Casi un tercio de las mujeres (27,51%) que serealizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y 29años y más de una de cada diez era menor de 20años (14,31%). La tasa de aborto en adolescen-tes se sitúa en 7,12 casos por cada mil mujeres,lo cual queda por debajo de la tasa estatal esti-mada en 11,48. Mientras, la tasa en jóvenesentre 20 y 24 años se ubica en 10,87 frente a los16,83 a nivel estatal.

De cada diez mujeres que se realizaron abortosen 2005 en Castilla y León, en torno a seis notenían hijos (61,45%), y casi cuatro tenían uno o

dos hijos (33,97%). En cuanto a experienciasanteriores de aborto, la mayoría no había tenidoninguno (84,69%) y un 11,90% había tenidosólo uno. Apenas un 21,01% de las mujeres queabortaron acuden el centro de planificaciónfamiliar, lo cual constituye un porcentaje muypor debajo del promedio de España (41%) yapunta a la necesidad de reforzar este aspecto.

1.2. Marco normativo

El Plan de Salud de Castilla y León no hace refe-rencia alguna a la IVE. Ni siquiera aparece comoopción dentro del programa de sexualidad parajóvenes. Es destacable que ante un embarazo noplanificado de una adolescente, el portal deSalud Joven de la Junta no mencione lossupuestos legales de la IVE, señalando única-mente lo siguiente:

“Desde el mismo momento de la sospecha ode la confirmación de embarazo debes acudira tu médico de tu Centro de Salud o de Pla-nificación Familiar. Te informarán y aconseja-rán con absoluta profesionalidad y garantíade confidencialidad.

Si el embarazo no entraba en tus planes,ocultarlo sólo puede servir para entorpecerlas decisiones que tendrás que tomar, com-prende que además de para ti, es una situa-ción inesperada para vuestras familias y queaunque inicialmente puede haber disgustos,más adelante prestarán su apoyo y os ayuda-rán a buscar soluciones. En los ServiciosSociales de la Junta de Castilla y León, de losCentros de Salud, de Centros de PlanificaciónFamiliar, de los Ayuntamientos, podéisencontrar apoyo sanitario y social para lamujer, la pareja y las familia”. No lo dudes,ACUDE E INFÓRMATE, TE AYUDARÁN.”31

40

31 Portal de Salud Joven, Junta de Castilla y León http://www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/sanidad/tkContent?pgseed=1187944670223&idContent=18998&locale=es_ES&textOnly=false

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2. Acceso a la IVE

2.1. Información

En 2005, el lugar donde se informaron las muje-res sobre la IVE fueron en un 25,5% de los casoslos centros públicos, en un 8.1% los privados yla mayoría a través de otras fuentes como Inter-net, prensa o personas conocidas. En líneasgenerales, el grado de información que se pres-

ta sobre la IVE depende del profesional en cues-tión, puesto que no existe protocolo sanitariosobre este tema.

2.2. Servicios

No hay ningún hospital público que realice abor-tos en esta comunidad autónoma y sólo existen 3clínicas acreditadas que lo hacen, una hasta las 22semanas y otras dos hasta la semana 12.

De conformidad con las competencias quecorresponden a las Comunidades Autónomas, laautoridad sanitaria responsable acreditará cadauno de los centros o establecimientos sanitariosprivados que, cumpliendo los requisitos deter-minados en el artículo 1º de esta disposición, lohayan solicitado previamente (Real Decreto2409/1986).

2.3. Financiación

En el caso de algunas provincias como Vallado-lid, Palencia o Ávila existen acuerdos con cen-tros privados acreditados para realizar IVEs gra-tuitas a las mujeres derivadas por el servicio desalud. En algunos casos como el de Palencia, elconvenio es con una clínica de Madrid con locual las mujeres deben desplazarse a la capitalpara acceder a la intervención. En el caso deValladolid existe concierto con una clínica local,de forma que la Gerencia de Salud se hace cargode un pequeño porcentaje de las IVE. En el restode los casos es la mujer la que corre con todoslos costes derivados de la intervención y deldesplazamiento en su caso.

2.4. Itinerarios

El itinerario que siguen las mujeres para accederal aborto es mucho más costoso en el caso deseguir los trámites para que sea financiado porla sanidad pública que cuando se dirigen direc-tamente a la clínica. En el primer caso, el médi-co realiza las pruebas correspondientes paracomprobar el estado de la gestación y deriva ala mujer al servicio de salud mental para obte-ner el informe del psiquiatra. Una vez realizadoeste trámite, la mujer es derivada por la trabaja-dora social a la Gerencia de Salud que finalmen-te autoriza o no la realización de la intervencióncon cargo al presupuesto público. Este procesosuele demorar varios días e incluso semanas ypuede significar que la mujer aumente notable-mente el tiempo de gestación. Por otro lado, seproduce una repetición en los análisis que esinnecesaria puesto que las clínicas tienen quevolver a realizar, una vez que la mujer llega a laclínica todo el protocolo de nuevo, incluyendoecografía, dictamen psiquiátrico, etc. Esta dupli-cidad podría evitarse derivando a la mujer pri-mero a la clínica a realizarse los informes ysobre la base de estos resultados, tramitar lafinanciación.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES32

Provincia Centros públicos Centros privadosLeón Centro ginecológico Buenavista

Salamanca Multimédica-Centro

Valladolid Clínica Ginemédica

32 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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CATALUÑA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005 se practicaron 16.905 abortos en Cata-luña, es decir casi uno de cada cinco (18,4%) delos que se realizaron en toda España. Mientrasque la tasa nacional es de 9,6 abortos por cadamil mujeres entre 15 y 44 años, para Cataluñaesta es de 11,46, lo que la ubica como la cuartaCCAA con la tasa más alta del país, detrás deMadrid, Baleares y Murcia.

Los datos oficiales sobre abortos indican que lamayor parte se realizan bajo el supuesto de ries-go para la salud de la madre (96,4%) y casi latotalidad en clínicas acreditadas (96,7%) con loque esto supone en términos de acceso, refleja-do en costos, tiempo y desplazamientos, comoveremos más adelante.

En Cataluña el aborto es un tema que tocadirectamente a las mujeres jóvenes. Cuatro decada diez mujeres (42,4%) que se realizaronuna IVE en 2005 tenían entre 20 y 29 años yuna de cada diez era menor de 20 años (12,8%)Si bien esta es una tendencia común en otrasCCAA, en el caso de Cataluña las tasas de abor-to en adolescentes y jóvenes son mayores queen el conjunto de España. Así, en el caso de lasmujeres de 15 a 19 años esta tasa es de 13,52por cada mil mujeres en Cataluña mientras queen España la tasa es de 11,48 por cada mil. Conrespecto al rango de 20 a 29 los resultados sonsimilares, siendo la tasa para Cataluña de 17,38por mil mientras que la de España es de 14,48.Dado el intervalo de edad en el que se produ-cen la mitad de las intervenciones y conside-rando el patrón de uniones en España es deesperar que se trate principalmente de mujeressolteras (67,3%)

Otra variable que viene cobrando particularinterés al establecer las características de lasmujeres que abortan en Cataluña es su país denacimiento puesto que el 38% de las mujeres

que se realizaron esta práctica en 2006 fueronresidentes en Cataluña de origen extranjero33.

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005,cinco no tenían hijos (50,8%), y cuatro teníanuno o dos hijos (41,5%). En cuanto a experien-cias anteriores de aborto, la mayoría no habíatenido ninguno (68,2%) y menos de la quintaparte había tenido sólo uno (23,4%). Casi lamitad (46,9%) de las mujeres que abortaron noutilizaban un centro de planificación familiar,aunque se trata de un porcentaje menor al delpromedio de España (58,9%).

Entre algunos profesionales sanitarios existe pre-ocupación por el perfil de mujer que actualmentesolicita estas intervenciones. Mientras antes setrataba principalmente de mujeres que optabanpor el aborto como manera de resolver un proble-ma que les impediría conseguir una meta o el des-arrollo en general, actualmente encuentran quees emergente el grupo de mujeres que al plantearsus principales motivos para abortar, relatanexperiencias personales vinculadas de dificultadpara establecer relaciones de pareja saludables. Enel caso de las más jóvenes, detectan específica-mente dificultades en la negociación con la pare-ja así como una situación general de “estanca-miento”, en un entorno con pocos vínculos y bajaautoestima, desinterés y sufrimientos, ante el cualun embarazo no tiene cabida.

Este cambio del perfil de las mujeres percibido porlos profesionales genera cuestionamientos sobrela oferta asistencial que se brinda, así como frus-tración, pues se considera que mientras en loscasos anteriores el aborto era una intervención“estratégica”, en estos otros sería un evento den-tro de un contexto social más complejo al que nose está brindando atención. En este sentido con-sideran que es necesario promover un conjuntode reflexiones acerca del modelo social vigente y

42

33 Servei d’Informació i Estudis (2007) Avortament legal a Cata-luña, 2006. Registre d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs.Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Cataluña.

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de las alternativas que este brinda para el bienes-tar de mujeres y hombres, y en este marco, unareflexión sobre la sexualidad, la autonomía y lasdiferentes ofertas asistenciales que deben articu-larse alrededor de una demanda de aborto.

1.2. Marco normativo

El último Plan de Salud de Cataluña34 incluye lamejora de la salud materno-infantil entre susobjetivos de salud y disminución del riesgo para elaño 2010. En este marco, realiza un análisis de lascondiciones de salud y los principales aspectosque deben ser reforzados. La única referencia alaborto en esta sección se ubica en el apartado deembarazo adolescente, que señala el paulatinopero significativo incremento de la IVE asociada alos embarazos en este rango de edad. En términosde intervenciones establecidas en el Plan, no exis-te ninguna referencia a la prestación del aborto.

Anualmente al Departamento de Salud de laGeneralitat elabora una publicación específicasobre aborto para el conjunto de Cataluña, simi-lar al de la Subdelegación General de Promociónde la Salud y Epidemiología del Ministerio deSanidad y Consumo.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

El aborto no se incluye en los procesos regula-res de información a usuarias de servicios sani-tarios (PASSIR, CAP, etc.) y sólo se brinda cuan-do la mujer presenta un posible embarazo eindica que no desea tenerlo o que tiene dudas alrespecto. No existen por tanto ningún protoco-lo o material informativo para el público engeneral que incluya la interrupción del embara-zo como práctica sanitaria.

El principal efecto de esta limitación en la ofer-ta de información es que cuando una mujer seve frente a la necesidad de un aborto (suya o dealguien que conoce) puede carecer de informa-ción clara sobre la condición legal de la prácticay de los puntos de atención pública a los que

puede acudir para solicitarla. Ante esto, haydiferentes escenarios posibles: un grupo demujeres acudirá a centros sanitarios públicos(43% de las mujeres que se practicaron abortosen Cataluña durante 200535) mientras que otrasutilizarán fuentes diversas como amigos, fami-liares, internet, diarios o páginas amarillas(40%) o eventualmente, ante la imposibilidad deinterrumpirlos, continuarán con los embarazos.

En lo referente a la sanidad pública, las mujerespueden acceder a información sobre el aborto através del Programa de Atención a la SaludSexual y Reproductiva (PASSIR), donde existe ungrupo de profesionales bastante sensibilizadosfrente a esta problemática, a través del médico defamilia, aunque en ninguno de los dos casos exis-te un protocolo que defina la atención que sedebe prestar.

El primer contacto que tiene la mujer con elPASSIR es a través de la persona administrati-va que programa las citas. En general el moti-vo de consulta suele ser el realizar o confirmaruna prueba de embarazo, pero a menudo lamujer anticipa su situación refiriendo que“tiene un problema” o directamente diciendoque se ha hecho una prueba de embarazo quesalió positiva. En esos casos es frecuente quese le indique esperar para ser atendida elmismo día, con un tiempo de espera que varia-rá según el flujo de usuarias, o que se le fijeuna cita como máximo para los siguientes tresdías. La diferencia depende de la urgencia quemanifieste la usuaria y del número de semanasde embarazo que tenga.

La mayor parte de las veces el único materialescrito que se entrega a la mujer en los serviciosde información pública es el listado de las clíni-cas privadas con sus direcciones y teléfonos. Esvariable la sugerencia de las matronas con res-pecto a cuál acudir, pues se prioriza aquellas delas que se tiene mejores referencias directas através de la retroalimentación de las usuarias.

34 Generalitat de Cataluña. Departament de Sanitat i SeguretatSocial (2003) Pla de salud de Catalunya 2002 -2005. Barcelona. 35 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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Públicos

Privados

Alt Pirineu i Aran

Lleida

Terres de l’Ebre

Camp de Tarragona

Catalunya CentralGirona

Barcelona

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1 1

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4

3

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En casos específicos se brinda informaciónescrita sobre la intervención y sus complicacio-nes, pero en ningún caso se incluye informaciónsobre el itinerario que deberá seguir la usuariadurante su atención. En el caso de las menores,éstas deben ir acompañadas de un adulto paraque se le pueda dar el listado de las clínicas.

Cuando el acceso se realiza a través del médico defamilia del ambulatorio, dado que no existe proto-colo, la atención depende del criterio y sensibilidadde cada profesional. En algunos casos los médicosde familia realizan derivaciones hacia el PASSIR.Otras posibles fuentes de derivación de mujereshacia los servicios públicos o hacia las clínicas sonel Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad, elPrograma Salut y Escola, así como otros progra-mas destinados a poblaciones específicas en losConsejos comarcales o ayuntamientos.

Por otro lado, la información acerca de la posi-bilidad de acceder a ayudas económicas paracubrir los costes del aborto es también facilita-da de manera selectiva, desde la perspectivaque éstas deben dirigirse sólo a las mujeres conmayores dificultades. El Programa de Atencióna la Maternidad de Riesgo, que lleva a cabo laasociación Salud y Familia, es el único quecanaliza ayudas destinadas a financiar los gas-

tos asociados al aborto y realiza diversas accio-nes de difusión del servicio que presta a loscentros socio-sanitarios bien directamente o através de folletos divulgativos, mailings a pro-fesionales, charlas a los grupos que atiendenusuarios e información a los equipos de aten-ción social básica y del PASSIR. De esta mane-ra, los servicios públicos seleccionan a lasmujeres que podrían requerir una ayuda y lesfacilitan la información del Programa normal-mente de manera verbal.

2.2. Servicios

En Cataluña existen 16 centros públicos36 y 14clínicas privadas acreditadas37 que realizanabortos. Como puede observarse en el mapa delas regiones sanitarias de Cataluña, hay una dis-tribución desigual de centros en el territorio. Lamayor concentración la encontramos en laRegión Sanitaria de Barcelona mientras que enel resto el número de centros es limitado, sien-do Terres de l’Ebre y Camps de Tarragona loscasos más extremos ya que no cuentan con nin-gún tipo de servicio. Por su parte, las extensasregiones de Catalunya Central, Alt Pirineu i Arany Lleida sólo cuentan con un centro públicocada una.

44

36 Tanto públicos como privados concertados.37 Tanto hospitalarios como extrahospitalarios (clínicas acredi-

tadas).

NÚMERO Y UBICACIÓN DE CENTROS QUE REALIZAN ABORTOS

En cuanto a la naturaleza de los centros, los pri-vados se concentran en dos grandes ciudades:Barcelona (12) y Girona (2). La concentracióngeográfica de las clínicas acreditadas es mayorque la de los centros públicos y puesto que casi

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la totalidad de los abortos (97% en 2005) serealizan en los primeros, esto supone que unimportante grupo de mujeres debe desplazarsepara acceder al aborto.

El acceso al aborto también se ve condicionadopor la respuesta que brindan los diferentes tiposde centros según el número de semanas de ges-tación. Aunque los hospitales cuentan con condi-ciones para realizar abortos de primer y segundotrimestre, en la práctica, éstos realizan principal-mente intervenciones de segundo trimestre (76%en 2005). De manera inversa, prácticamentetodas las intervenciones de primer trimestre serealizan en los centros extrahospitalarios (99%).

El supuesto al que la mujer se acoge para solici-tar el aborto es también un factor que posibilitao impide el acceso a la atención por un serviciode la red pública. Como hemos mencionadoanteriormente, los hospitales aplican una visión

restrictiva de la ley de despenalización por loque prácticamente no realizan abortos por elsupuesto de riesgo para la salud psíquica de lamadre a menos que se trate de mujeres conpatologías graves. En el contexto hospitalario,los procesos para obtener la documentaciónnecesaria para demostrar las patologías y auto-rizar el aborto son muy largos y desalientan alas mujeres a seguir adelante por esta vía.

En suma, si bien Cataluña cuenta con un núme-ro superior de hospitales públicos que realizanabortos en comparación con otras autonomías,el acceso a esta intervención por la vía públicaes sumamente reducido. De los 15 centrospúblicos que figuran en el listado a continua-ción, sólo 5 realizan más de 20 abortos al año:Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, Clíni-co-Provincial de Barcelona, Hospital de Sabadell(Parc Taulí), Hosp Universitario de Girona “JosepTrueta” y Hospital del Mar (Barcelona)38.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES39

Región Sanitaria Centros públicos40,41 Centros privados42

Barcelona Hospital del Mar Institut Universitari DexeusHospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebrón Centro Médico TeknonHospital Casa de Maternitat Centro EmecéHospital General de Granollers Centro CasanovasHospital de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral Centro Médico AragónConsorci Sanitari de Mataró. Hospital de Mataró Instituto GinetecCorporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell) Centre Médic Giness

Centre Médic Les CortsHospital de Terrassa (Terrassa) Clinica D’Ara / Tutor MédicaHospital Comarcal de l'Alt Penedès Clínica Quirón(Vilafranca del Penedès) (Hospital privado)Hospital Mútua deTerrassa Clínica GinemedexHospital Clínico-Provincial de Barcelona TBC SL

Centro de Reproducción Humana Vallés Occidental, CERVHO (Barberà del Vallès)

Cataluña Central Hospital General de VicAlt Pirineu i Aran Hospital de PuigcerdàGirona Hospital Provincial Santa Caterina Adalia Centre Mèdic

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Centro Medico AragónLleida Hospital Universitario Arnau de Vilanova

41 Además de este listado, el Departament de Salut de la Gene-ralitat incluye en su registro al Hospital de la Santa Creu iSant Pau (Barcelona) y el Hospital de Figueres (Girona)

42 Además de este listado, el Departament de Salut de la Gene-ralitat incluye en su registro al Centro de ReproducciónHumana (Cerhvo, Barcelona )

38 Comunicación personal con Oriol Ramis.39 MSC (2006) Informe IVE 2005. 40 Incluyendo Hospitales públicos y otros que tienen concierto

con GenCat.

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La acreditación de los centros que realizanabortos en Cataluña es un proceso que tiene asu cargo el Departament de Salut, en el marcode la norma sobre acreditación de centrosvigente para todo el estado español (RealDecreto 2409/1986, Art. 1). La normativaestablecida en esta CCAA incluye un conjuntode requisitos que deben cumplir todos losestablecimientos sanitarios y adicionalmente,las condiciones específicas para la realización deabortos (Decreto 183/1981 de 2 de julio, Ordende 17 de noviembre de 1992 y el Decreto180/1994 de 13 de julio). Las condicionesrequeridas incluyen diferentes áreas como lainfraestructura, el número y cualificación delpersonal, los equipos, las condiciones deesterilización, la capacidad para realizar análisisclínicos y provisión de sangre, las prestacionesde farmacia, así como condiciones relativas a laorganización del centro.

Cada clínica invierte en recursos humanos ymateriales normalmente superiores a los exigi-dos por autorización administrativa y establecelas medidas de control que cree pertinentesaunque no hay un sistema protocolizado decontrol de calidad.

De acuerdo la norma, cada centro que realiceabortos debe estar vinculado por escrito a unhospital de la red pública al que se derivarán loscasos de complicaciones u otros que sea nece-sario resolver en un nivel de complejidad mayor.Esta vinculación presenta dificultades a variosniveles puesto que no es establecida por el entepúblico sino que es cada clínica que la debe ges-tionar y no todos los hospitales están dispues-tos a cumplir este rol.

Por otro lado, muchos hospitales ponen condi-ciones para atender estas derivaciones, comopor ejemplo que la clínica cubra los gastos.Incluso cuando el acuerdo ha sido firmado, enalgunos casos es posible que el proceso de deri-vación presente dificultades, por la actitud delpersonal sanitario hacia la praxis de las clínicasacreditadas.

En el caso de los centros públicos no está claroel procedimiento por el cual se les autoriza pararealizar IVEs. El Real Decreto que regula este

tema se ha interpretado de dos formas: a) todoslos centros públicos que cuenten con serviciosde obstetricia tienen la capacidad para realizarIVEs, y b) aún cuando tengan estos servicios, esnecesario que se solicite una autorización. Aun-que actualmente la tendencia sería enmarcarseen la segunda interpretación, esta cuestión noqueda del todo clara.

2.3. Financiación

La sanidad pública catalana no garantiza elacceso de las mujeres a la prestación del aborto.Sólo el 3% de los abortos realizados en Catalu-ña se producen en hospitales de la red pública.El resto se realizan en centros privados acredi-tados y sin cobertura por el sistema de seguri-dad social, con lo cual son las mujeres las quedeben asumir los gastos de la intervención y deldesplazamiento en su caso.

El coste del aborto en los centros privados varíasegún la clínica, el número de semanas de ges-tación y si la usuaria desea o debe aplicarseanestesia local o general. Para aquellas mujeresque tienen dificultades para cubrir estos gastos,la única alternativa para obtener una ayuda esel “Plan de mejora de la salud materno-infantily la calidad de vida de mujeres y familias encondiciones sanitarias y psico-sociales vulnera-bles” ejecutado por la Asociación Salud y Fami-lia (SyF) desde el año 1991. Este plan incluyetres líneas de acción, una de las cuales financiade manera selectiva las IVE de aquellas mujerescon dificultades socioeconómicas residentes enCataluña. En 2005, la cobertura de la cofinan-ciación de las IVE por parte de SyF fue del19.9%43 respecto del total estimado de IVE lega-les practicadas en Cataluña. Los recursos paraeste programa provienen del Servei Català de laSalut en un 85% y del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales en un 15%. En el caso del

46

43 Asociación Salud y Familia (2007) Programa de Atención a laMaternidad de Riesgo, Memoria 2006. Barcelona. En el año2006, este porcentaje se redujo levemente, a 19,2% y en 2007se incrementó hasta 21,4% del total de IVEs declaradas enCataluña (cobertura estimada).

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Departament de Sanitat, existe un conveniomarco que se renueva cada 6 años, y a niveloperativo, anualmente se acuerda el montoanual para el programa en base a estimacionesrealizadas por la ONG en función a la demandaesperada.

En el marco de este programa, SyF y las clínicasque participan en él acuerdan un precio base,menor al coste promedio de las intervenciones,a partir del cual, después de una evaluación delas trabajadoras sociales de SyF, las mujeres queobtengan la ayuda pueden acceder a una reduc-ción parcial o total del coste de la intervención,bajo el principio de copago. Mediante la entre-vista con la trabajadora social se busca estable-cer cuál es el monto razonable que la mujerpuede asumir, con el objetivo de intentar res-ponsabilizarla y evitar que se entienda el abortocomo un método anticonceptivo.

Los niveles de financiamiento a los que la mujerpuede acceder son del 25%, 50% 75% o 100%.Durante el año 200644, las categorías de finan-ciamiento más usuales fueron la del 25% (65%de las mujeres que solicitaron financiamientorecibieron una ayuda del 25% sobre el preciobase) y del 50% (21,1% recibieron una ayudacorrespondiente a la mitad del coste de la inter-vención). El precio base y las reducciones no seaplican a los costes de anestesia y ecografía quetambién pueden resultar variables dependiendode la clínica, las necesidades y la demanda de lamujer. No existen límites ni cuotas en el núme-ro de ayudas que la institución puede brindar.

En lo que se refiere a la participación de las clí-nicas acreditadas en el Programa, no existe unproceso de convocatoria o licitación. SyF deter-mina cuántas y qué clínicas participan en base ala demanda esperada y los siguientes criterios:

– que esté constituida legalmente,

– que esté dispuesta a participar en el programa,

– que esté de acuerdo en ajustar los precios delas intervenciones al que se establece en el

convenio (precio base): un monto menor alprecio de mercado, igual para todas las clíni-cas que se renueva anualmente.

– que esté dispuesta a “participar en la preven-ción de los abortos” en el marco del Progra-ma de Atención a la Maternidad en Riesgo, loque significa que estén dispuestos, ademásde hacer el aborto, a insertar un DIU a lasmujeres que lo soliciten.

Durante 2007 participaron en el Programa 6centros acreditados. La participación del centrose formaliza mediante un convenio en el que seespecifica el número de abortos que se financia-rá por parte de la asociación y la tarifa de refe-rencia, distinguiendo entre abortos de primer ysegundo trimestre. De acuerdo a Salud y Fami-lia, el número de clínicas se establece en funcióna las necesidades estimadas del Programa. Encualquier caso, la dinámica del proceso es talque las clínicas no cuentan con un referente ocontraparte pública para su participación en elprograma, sino que ésta es mediada por SyF.

Por su parte, SyF cuenta con puntos de atenciónen Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. SyFbusca distribuir estos puntos no sólo en funciónal volumen de población sino en base a criteriosgeográficos, respondiendo a las dinámicas decolectivos que se consideran prioritarios comolas mujeres inmigrantes, que muchas veces tra-bajan fuera de las ciudades.

Las clínicas privadas acreditadas que realizanIVEs también derivan a mujeres a SyF. En el casode las clínicas que participan del Programa deAtención a la Maternidad en Riesgo, si la traba-jadora social de la clínica detecta que la mujernecesita ayuda, se pone en contacto con la aso-ciación para hacerles saber del caso y fijar unacita. Aún cuando se trate de una clínica quetiene convenio, la usuaria debe asistir a una citacon SyF para ser evaluada. Las derivaciones porclínicas que no tienen convenio son menos fre-cuentes. En esos casos la clínica le sugiere a lausuaria acudir a SyF y ella debe acercarse porsu cuenta. De recibir ayuda la intervención serealizará en una de las clínicas asociadas alPrograma.44 Idem.

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En el caso de mujeres que han recibido ayudasanteriormente, SYF tiene como norma reducir elporcentaje de ayuda en la segunda ocasión, conel objetivo de subrayar la responsabilidad de lamujer en el proceso. En cambio, se sigue ofre-ciendo la colocación del DIU de manera gratuita.

Otro tipo de ayudas que se producen en menorfrecuencia son las facilitadas por las mismas clí-nicas que de manera puntual brindan apoyo amujeres que se acercan a abortar y que nocuentan con recursos para hacerlo. En estoscasos el/la trabajador/a social hace una valora-ción de la situación económica de la mujer parareducir o aplazar el precio o hacer gratuita laintervención. La gestión de estos recursos varíasegún cada clínica pero en base a lo que se hapodido conocer se trataría de situaciones muypuntuales.

2.4. Itinerarios

El reducido grupo de mujeres que accede a unaIVE en la sanidad pública es derivado desde elPASSIR o desde el médico de familia a los hos-pitales. La respuesta frente al aborto en cadauno de ellos varía, pero un procedimientocomún es que cada caso sea evaluado por uncomité o equipo de médicos y otros profesiona-les sanitarios (la denominación más común esComité de Ética) que en caso de considerarloconveniente pide nuevas pruebas y emite oniega el visto bueno. La evaluación por el comi-té no tiene un plazo establecido y aunque puederesolverse en una semana, en algunos casospuede extenderse hasta un mes si son solicita-das varias pruebas adicionales.

Sobre el Hospital de Vall d’Hebron del InstitutoCatalán de Salud se ha podido averiguar que elPrograma de Salud Materno Infantil realizaabortos derivados por SyF y por centros priva-dos acreditados en los siguientes casos, siempreque se ajusten a los plazos establecidos paracada supuesto: mujeres con diagnóstico depatología mental, mujeres que por condicionesde salud graves (con un diagnóstico que permi-ta acogerse al supuesto de salud física), MujeresVIH+ con deterioro físico, diagnóstico de pato-logía severa del feto.

En aquellos casos en los que la mujer se dirigedirectamente a una clínica privada acreditada,se suele realizar una llamada previa o directa-mente una visita personal donde se estableceuna cita en el plazo máximo de una semana.

En el caso de querer acceder a ayudas, la mujerdeberá contactar personalmente o por teléfo-no con Salud y Familia, que le fijará una cita enun plazo de uno a tres días (el tope máximopara gestionar la ayuda son cinco días). Tienenprioridad las mujeres con mayor número desemanas de gestación. Si se trata de una mujerque va a desplazarse desde otra ciudad pararealizarse el aborto, se le da la cita y se coordi-na con la clínica para que la intervenga esemismo día, aunque no se establece si se brin-dará la ayuda y por cuánto será hasta que laentrevista se realice.

Para acudir a la cita no se solicitan documentosque prueben la condición legal de la mujer enEspaña (si es inmigrante) ni acompañantes en elcaso de las menores de edad pues se consideraque esa es una tarea de la clínica que realizarála intervención. De acuerdo a la encuesta desatisfacción que se incluye en la memoria deSyF las usuarias citadas esperan un tiemporazonable (63% consideraron que fue puntual onormal). La cita tiene como objetivo evaluar lasituación socioeconómica de la mujer paracubrir los costes del aborto. Se utiliza un proto-colo para hacer esta evaluación aunque los cri-terios para determinar la ayuda no están prees-tablecidos y dependen del criterio del/atrabajador/a social responsable. Los elementosque se valoran en este análisis son la condiciónlaboral, los ingresos de los que dispone, si tienegastos fuertes fijos (ej. pago de piso) y autono-mía para administrarlos y la carga económica enel hogar. No se solicita documentación algunapara realizar la evaluación. Se procura contactarcon trabajadores sociales u otros profesionalesque derivaron a la mujer y que pueden conocermás a profundidad su situación (ej. trabajadoressociales que atienden a las mujeres en otrosaspectos) El espíritu del programa es de copago,por lo que se dirige la ayuda sólo a las mujerescuya situación se considera de mayor riesgo.

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A partir de 199945 se incluye en esta entrevistauna consejería sobre el DIU y se propone a lamujer que lo use como método, dándole comoopción el insertárselo inmediatamente despuésdel aborto de manera gratuita. SyF señala queno se trata de una condición para recibir laayuda, aunque ha recibido algunas críticas en elsentido de que las mujeres pueden sentirse pre-sionadas a hacerlo.

Para derivar a la clínica se toma en cuenta si setrata de una intervención de primer o segundotrimestre ya que hay clínicas que sólo hacenabortos en el primer caso. En segundo lugar seconsidera la preferencia de la usuaria y si no lahay, la trabajadora social le sugiere o indica unaen función de la disponibilidad de citas en lasclínicas. Para determinar esto es usual que hayallamadas a diferentes clínicas hasta que se iden-tifica a cuál se derivará a la usuaria. Una vez quela trabajadora social de SyF ha fijado la cita epresencia de la usuaria se entregan los ticketsindicando el porcentaje del coste que se finan-ciará (25%, 50%, 75%, 100%), además del ticketpara la inserción del DIU si la mujer ha acepta-do usarlo.

Si se detecta que la mujer tiene un perfil sus-ceptible de ser atendido en un hospital público,con las restricciones que hemos mencionadoanteriormente, se la deriva con un diagnósticopor escrito.

El tiempo entre la cita en SyF y la cita con la clíni-ca es de dos a tres días, con un máximo de 5 días.La mujer deberá acercarse a la clínica en la fechafijada, entregar el ticket que indica el porcentajede ayuda recibido y pagar el porcentaje restanteen ese momento. Entonces deberá también tomarla última decisión acerca del DIU.

EXTREMADURA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005 se practicaron 1.205 abortos en Extre-madura, es decir el 1,36% de los que se produ-cen en toda España. Mientras que la tasa nacio-nal es de 9,60 abortos por cada mil mujeresentre 15 y 44 años, para Extremadura ésta es de5,26, lo que la sitúa como la quinta CCAA con latasa más baja junto con Galicia, Cantabria, Ceutay Melilla. Sin embargo, destaca el alto porcenta-je de intervenciones de más de 12 semanas, queasciende a 17,59% de los casos.

Más de dos de cada diez mujeres jóvenes(25,56%) que se realizaron una IVE en 2005tenían entre 20 y 29 años y dos de cada diez eraadolescente menor de 20 años (19,75%). La tasade aborto en adolescentes (7,3) y jóvenes (8,5)son, no obstante, inferiores a las nacionales, quese sitúan en 15,5 y 16,8 respectivamente.

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005en Extremadura, en torno a cinco no teníanhijos (55,68%), y algo más de tres tenían uno odos hijos (35,60%). En cuanto a experienciasanteriores de aborto, la mayoría no había tenidoninguno (76,35%) y un 18,76% había tenidosólo uno. En torno al 22% de las mujeres queabortaron acuden al centro de planificaciónfamiliar, aunque se trata de un porcentaje muypor debajo del promedio de España (47%).

1.2. Marco normativo

El Plan de Salud de la comunidad extremeña2005-2008 recoge, entre los distintos problemasde salud, el análisis de la situación y evolución delos abortos y el perfil de las mujeres que lo prac-tican. Asimismo, reconoce una Línea de Actuaciónespecífica sobre Salud Sexual y Reproductiva, enel marco de la cual se recoge el compromiso degarantizar el acceso de la mujer a la IVE dentro delsistema público sanitario, señalándose a la Direc-ción General de Asistencia Sanitaria del SES comoel organismo responsable de ejecutar dicho obje-tivo (ver cuadro más abajo).

45 Inicialmente se ofrecía sólo a las mujeres que se valorabancon un mayor riesgo de quedar embarazadas, pero desde2002 se ofrece todas.

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En esta Comunidad Autónoma existen conve-nios colectivos de la administración que reco-nocen permisos laborales de entre 3 y 5 días asus trabajadoras por casos de IVE, ampliables enun día adicional si el hecho se produjera enlocalidad distinta a la residencia habitual de latrabajadora (Resolución de 4 de enero 200,Resolución 2005/233, de 13 de julio, Decreto95/2006, de 30 de mayo, Resolución de 14 defebrero de 2007).

2. Acceso a la IVEEn 2005, los centros públicos informaron sobrela IVE en el 34,7% de los casos registrados,mientras que el 6,2% se informó en los centrosprivados y el resto a través de otras fuentescomo Internet, prensa o personas conocidas.

A pesar de lo establecido en el Plan de Salud2005-2008 no hay ningún hospital o centropúblico que realice IVEs en Extremadura. No se

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ha implementado por tanto el compromiso delGobierno en lo que respecta la normalización deesta prestación en el sistema sanitario público

ni a través de convenios con centros acredita-dos. Las IVEs indicadas por malformaciones oviolaciones son enviadas a otras CCAA.

GALICIA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005, se practicaron 2.525 abortos en Gali-cia, es decir el 2,84% de los que se producen entoda España. Mientras que la tasa nacional es de9,60 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44años, para Galicia esta es de 4,43, lo que la sitúacomo la cuarta CCAA con la tasa más baja juntocon Cantabria, Ceuta y Melilla.

Dos de cada diez mujeres jóvenes (23,01%) quese realizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y29 años y más de una de cada diez era adoles-cente menor de 20 años (15,80%). Las tasas deaborto en adolescentes y jóvenes, se sitúan en losniveles de comunidades como Cantabria, estandomuy por debajo de la media española (6 y 7 fren-te a las tasas estatales situadas en 11,5 y 16,8,respectivamente. Las intervenciones de primertrimestre son, al igual que en el resto de lascomunidades autónomas, las más representati-vas pero destaca el porcentaje de IVEs de segun-do trimestre que alcanza un 15,56% de los casos.

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005en Galicia, en torno a cinco no tenían hijos(58,14%), y algo más de tres tenían uno o doshijos (36,47%). La mayoría no había tenido nin-gún aborto (76,20%) y un 18,77% había tenidosólo uno. Más de la mitad (53,47%) de las muje-

res que abortaron en 2005 habían acudido a uncentro de planificación familiar, destacandoespecialmente este indicador al situarse muy porencima del promedio de España y de la experien-cia de las demás comunidades autónomas.

1.2. Marco normativo

El Plan de Salud de la comunidad gallega para elperiodo 2006-2010 no recoge la cuestión delacceso a la IVE como una de sus líneas de traba-jo. No obstante, algunas fuentes han informadode una voluntad clara del gobierno regional degarantizar el acceso a través de la sanidadpública, reforzando la red hospitalaria en estesentido. Por otro lado, el Parlamento de Galiciaha reclamado recientemente al gobierno centralque apruebe una Ley de plazos.

2. Acceso a la IVE2.1. Información

Según datos de 2005, el principal lugar de infor-mación sobre la IVE fueron los centros públicosen un 43,4% de los casos frente a un 17,9% enque lo fueron los centros privados y el resto através de otras fuentes, como Internet, asocia-ciones de jóvenes, prensa, etc. La informaciónsobre la IVE suele prestarse fundamentalmenteen los centros de planificación familiar, aunquedepende en gran medida del compromiso delprofesional implicado en estos servicios puestoque no existe protocolo alguno que defina elproceso a seguir en caso de demanda de IVE. Deesta forma, mientras unos centros facilitanmucha información y derivaciones, otros no tie-nen mucha actividad en este sentido.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES46

Provincia Centros públicos Centros privadosBadajoz Centro Médico Guadiana(*)

Clínica Los Arcos(*)

46 MSC (2006) Informe IVE 2005.

(*) Estos centros sólo realizan abortos hasta las doce semanas, los casos que superan ese periodo deberán desplazar-se a Madrid.

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2.2. Servicios

De los abortos realizados en Galicia en 2005, el5,1% se produjeron en centros de la red pública.En la comunidad gallega existen tres hospitalespúblicos que los realizan y tres clínicas privadasacreditadas. Aunque en 2005 sólo notificaronabortos dos hospitales, uno de Orense y otro deVigo, aparentemente el Hospital Juan Canalejosito en La Coruña también realiza este tipo deintervenciones. En la provincia de Lugo, sinembargo no ha habido tradicionalmente ningúnhospital que se haya hecho cargo de este temay la Consejería de Salud está intentando poneren marcha allí un operativo. Todos estos centros,

tanto los hospitales públicos como las clínicasprivadas acreditadas realizan abortos única-mente dentro de las 12 semanas de forma quelas mujeres que superan ese plazo tienen que serderivadas a otras comunidades autónomas, fun-damentalmente Madrid, para realizarse la inter-vención. En cuanto a los supuestos, parece quelos hospitales públicos realizan IVEs en todos loscasos, incluido el de riesgo para la salud psíqui-ca de la mujer, no ciñéndose por tanto única-mente a los de malformación o embarazo pato-lógico con riesgo severo para la salud física de lamadre, como ocurre en otros hospitales públicosde otras comunidades autónomas.

Para poder realizar abortos, los centros debenestar acreditados de acuerdo al RD 2409/1986.

2.3. Financiación

La voluntad actual del Gobierno gallego esgarantizar el acceso a la interrupción voluntariadel embarazo a través de la sanidad pública,aunque hasta 2005 sólo un 5,1% del total de losabortos de la comunidad se realizó por esta vía.El resto se canaliza a través de las clínicas priva-das acreditadas, de forma que los gastos de laintervención corren generalmente por cuentade la mujer. No obstante, el sistema es diferen-te en la provincia de A Coruña puesto que eneste caso existe un acuerdo con una de las clí-nicas privadas acreditadas mediante el cual losservicios de salud les derivan a las mujeres quesolicitan una IVE y se hacen cargo de los costes.En el resto de las provincias gallegas, no hay

acuerdo con ningún centro acreditado por loque son las clínicas las que asumen en muchoscasos una reducción en el precio en el caso deque la mujer no disponga de recursos económi-cos para hacer frente a la intervención siempreque este hecho venga acreditado medianteinforme de la asistente social.

En el caso de las IVEs de segundo trimestre, lafinanciación también corre por cuenta del Ser-vicio Galego de Salud, que dispone de acuerdocon algunos centros privados acreditados deMadrid, a las cuales deriva demandas de IVE,haciéndose cargo tanto de los costes de la inter-vención como de los gastos de desplazamientode la mujer y un acompañante.

2.4. Itinerarios

En general, las mujeres llegan a las clínicas deri-vadas de los centros de salud o servicios socia-les o bien acceden directamente.

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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES47

Provincia Centros públicos Centros privadosA Coruña Juan Canalejo Clínica Faos

Orense Complejo Hospitalario de Orense

Pontevedra Complejo Hospitalario de Vigo Clínica Castrelos

Instituto Médico Gelme

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ISLAS BALEARES

1. Situación del aborto en la CCAAEn 2005 se practicaron 2.792 abortos en las IslasBaleares, es decir 3,14% de los que se producenen toda España. Mientras que la tasa nacional esde 9,60 abortos por cada mil mujeres entre 15 y44 años, para Baleares ésta es de 12,57, lo que lasitúa como la segunda CCAA con la tasa másalta, después de Madrid.

De cada diez mujeres jóvenes que se realizaronuna IVE en 2005, dos (24,53%) tenían entre 20y 29 años y una era adolescente (12,79%). Lacomunidad de Baleares destaca no sólo por sualta tasa de IVE para el conjunto de mujeres,sino también por tener la más alta tasa de abor-tos en adolescentes (14,01) y jóvenes (21,71entre 20 y 25 años), bastante por encima delpromedio del país (estimado en 11,48 y 16,83casos por cada mil respectivamente).

En lo referente a la salud reproductiva, decada diez mujeres que se realizaron un abortoen 2005 en las Islas Baleares, cinco no teníanhijos (51,07%), y algo más de cuatro teníanuno o dos hijos (42,34%). En cuanto a expe-riencias anteriores de aborto, la mayoría nohabía tenido ninguno (71,79%) y un 22,62%había tenido sólo uno. En torno al 66,80% delas mujeres que abortaron habían acudido aun centro de planificación familiar, tratándosede un porcentaje muy por encima del prome-dio de España (41%).

1.1. Marco Normativo

No se han encontrado referencias a la IVE en ElPlan de Salud de Islas Baleares 2003-2007, aun-que existe mucha información sobre los datos dela comunidad a través de los Informes epidemio-lógicos que elabora el Servicio Balear de Salud ypublica cada 6 meses aproximadamente.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

Según datos de 2005, el 33% de las mujeres queabortaron en Baleares recibieron información encentros públicos, 17,8% en centros privados y enel resto a través de otras fuentes, generalmenteInternet y personas conocidas. Según el Libroblanco de la anticoncepción en España de laSociedad Española de Contracepción de 2005, sefacilita información sobre IVE en Atención Prima-ria dentro del Programa de Atención a la Mujer.Otras fuentes en cambio informan de que muchasmujeres acceden a la clínica a través de la infor-mación de Internet, del boca a boca y de centrosde atención primaria desde donde las derivan.

2.2. Servicios

De los abortos realizados en las Islas Baleares en2005, el 4,8% se produjeron en centros de la redpública. En Mallorca se acaba de abrir un hospi-tal en el municipio de Inca que también practi-ca abortos. Los centros acreditados sólo realizanIVEs hasta las 12 semanas mientras que en loshospitales se hacen hasta las 22.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES48

Provincia Centros públicos Centros privadosIbiza Hospital Can Misses

Mallorca Hospital de Manacor Centro EMECE

Hospital Son Llatzer Centro Médico Aragón

Hospital Son Dureta

48 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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Los centros que realizan abortos tienen quecumplir con las normas establecidas en elDecreto 163/1996, de 26 de julio que regula laautorización para la creación, modificación,traslado y cierre de centros, establecimientos yservicios sanitarios, además de estar acreditadaspara la realización de IVEs de conformidad a losrequisitos del RD 2409/1986.

2.3. Financiación

Las únicas IVE financiadas son las pocas que serealizan en los hospitales públicos. No existeningún tipo de concierto o acuerdo con los cen-tros acreditados. En ciertos casos, las mujeresmuy desfavorecidas se pueden beneficiar de undescuento que asume la clínica, solicitándolo através de la trabajadora social.

2.4. Itinerarios

Dadas las condiciones geográficas de estaregión y la limitada oferta de servicios de abor-to, la mayoría de las mujeres acaban desplazán-dose a Barcelona.

MADRID

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005, se practicaron 17.356 IVEs en la Comu-nidad de Madrid, es decir casi una de cada cinco(18,9%) de las que se producen en toda España.Mientras que la tasa nacional es de 9,6 abortospor cada mil mujeres entre 15 y 44 años, paraMadrid asciende hasta 12,81, siendo la CCAA conla tasa más alta del país49. El motivo declaradopor el cual estas mujeres solicitaron la IVE fue encasi todos los casos el de salud materna (97,8%).Las intervenciones de primer trimestre fueron lasmás numerosas con diferencia, aunque destacael porcentaje de las de segundo trimestre(12,77% de los casos) en relación a otras CCAA.

La cuarta parte de las mujeres (25,28%) que serealizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y 29años y una de cada diez era menor de 20 años(11,11%). Es destacable que las tasas de abortosen adolescentes (13,29) y especialmente las dejóvenes entre 20 y 25 años (22,78) se sitúan porencima de las tasas estatales para estos grupos(11,48 y 16,83, respectivamente).

En lo referente a la salud reproductiva, la mitadde las mujeres que se realizaron abortos en2005 no tenía hijos (47,6%), y la tercera partetenía uno o dos hijos (30,9%). En cuanto a expe-riencias anteriores de aborto, la mayoría nohabía tenido ninguno (65,6%) y la quinta partehabía tenido sólo uno (23,6). Un aspecto desta-cable es que una de cada tres de estas mujeresno hicieron uso de un centro de planificaciónfamiliar (71,1%), porcentaje superior al prome-dio nacional (58,9%).

1.2. Marco normativo

La referencia más clara a la IVE se ha encontradoen el marco del Plan de Atención Sanitaria a lasexualidad juvenil de 2005 elaborado por elGobierno madrileño. Dentro de sus líneas estraté-gicas incluye un objetivo sobre IVEs y prevenciónde embarazos no deseados. Por su interés repro-ducimos el texto completo más abajo con lasmedidas propuestas por el plan, destacando sobretodo la referencia que se realiza al establecimien-to de al menos 1 centro público o concertado dereferencia para las IVE en cada área sanitaria o laadopción de protocolos que definan el asesora-miento a las adolescentes y jóvenes embarazadas.

Objetivo 7. Embarazos no deseados e Inte-rrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), enlos supuestos contemplados por la legisla-ción vigente.

Garantizar que desde el Sistema SanitarioPúblico se preste asesoramiento y apoyo encaso de embarazo no deseado de adolescen-tes y jóvenes, así como que se pueda ejercerde forma efectiva el derecho de las mujeres ainterrumpir voluntariamente su embarazo, sise encuentran en alguno de los supuestoscontemplados por la legislación vigente, y arecibir asesoramiento al respecto.

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AMedidas

A. Protocolizar el asesoramiento y apoyo a lasadolescentes y jóvenes embarazadas, (conindependencia de que deseen interrumpir elembarazo o llevarlo a término), garantizandola información con base científica, exenta dejuicios de valor, confidencial, así como laregulación legal del aborto, los riesgos físicosy psíquicos para la salud, y las alternativas alaborto.

B. Informar de la red de recursos de ayudade la que puede disponer la adolescente ojoven embarazada en la Comunidad deMadrid, en caso de optar por llevar el emba-razo a término.

C. Elaborar protocolos sobre asesoramiento yapoyo postaborto (asegurando su implanta-ción en todos los centros donde se realiceesta práctica), de tal modo que dé respuestaa las necesidades concretas que, en dichamateria, tenga cada mujer y/o su pareja,garantizando la derivación a los servicios deatención primaria, planificación familiar ocentros jóvenes, para asegurar que todas lasmujeres que abortan tengan la posibilidad deacceder a la anticoncepción regular para pre-venir la repetición de la IVE.

D. Asegurar que en cada una de las Áreas deSalud exista un centro sanitario, de titulari-dad pública o financiado con fondos públicos,donde se realicen IVEs en los supuestos con-templados por las leyes vigentes.

E. Garantizar el cumplimiento de la legisla-ción vigente en todos los centros en los quese realicen interrupciones voluntarias deembarazo, ya sean públicos o privados, tantoen lo referido a la legalidad del supuesto y elcumplimiento de los requisitos procedimen-tales establecidos en la ley, como la necesidaddel consentimiento informado por escrito dela joven o de su representante legal, cuandose trate de menores de edad (18 años paraaborto y técnicas de reproducción humanaasistida) según Artículo 9.4 de la Ley 41/2002,reguladora de la autonomía del paciente y de

derechos y obligaciones en materia de infor-mación y documentación clínica.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

El aborto no se incluye en los procesos regula-res de información a usuarias de centros desalud, centros municipales de planificaciónfamiliar o centros de atención social y sólo sebrinda cuando la mujer lo solicita. Puesto queno existe protocolo al respecto, el acceso a lainformación acerca de las ayudas económicaspara cubrir los costes del aborto también escompletamente aleatorio y dependerá de lafuente a la que acuda la mujer y la voluntad delprofesional que la atienda. Es interesante teneren cuenta, que de acuerdo a las estadísticas delMinisterio de Sanidad y Consumo de 2005, lainformación acerca de dónde y cómo podríarealizarse el aborto, la obtuvieron las mujeresprincipalmente por “otras fuentes” (62,3%),mientras que sólo la tercera parte obtuvo esainformación de centros de atención pública(30,1%). Estos datos resultan muy significativospues al parecer en Madrid las redes y otroscanales no formales de información juegan unpapel más importante que en el resto de CCAA.Estos canales incluyen páginas web, medios decomunicación, ONG y asociaciones o el teléfonode información sexual de la Comunidad deMadrid (900 70 69 69).

Por otro lado, el Servicio Madrileño de la Salud(SERMAS) cuenta con un servicio de informaciónsobre ayudas a la IVE que presta informaciónsobre la documentación a presentar y el trámite aseguir, dirigido a la población general. Con respec-to a los centros sanitarios y sociales, no existe nin-gún protocolo escrito de actuación en estos casosni material informativo que incluya la interrup-ción del embarazo como opción ni como prácticasanitaria. Esto implica que la información que lasmujeres reciben depende exclusivamente de lavoluntad del profesional sanitario o social al queacuden y que para conseguirla pueden necesitaracudir a diversas fuentes, con la correspondientecarga adicional de tiempo y energía.

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2.2. Servicios

En Madrid existen 7 centros privados acreditadosy 3 hospitales públicos que realizan abortos, éstosúltimos situados en zonas periféricas (Alcalá deHenares, Alcorcón y Móstoles) mientras los prime-ros, en cambio, concentrados en Madrid capital50.

Aunque, en principio, algunos hospitales hannotificado IVEs y nos consta que realizan o hanrealizado en algún momento este tipo de inter-venciones, en 2005 ninguna IVE se realizó a tra-vés de la red sanitaria pública. El Hospital Prínci-pe de Asturias de Alcalá de Henares, por ejemplo,ha realizado abortos en alguna ocasión hasta las12 semanas de gestación que llegan derivadasdel Departamento de IVE del Instituto Madrileñode Salud, mientras que el Hospital de Alcorcón yel Hospital General de Móstoles lo ha hecho enprincipio hasta las 22 semanas. Según algunas

La acreditación de los centros que realizan abor-tos en Madrid es un proceso que tiene a sucargo el Servicio Madrileño de la Salud, en elmarco de la norma sobre acreditación de cen-tros vigente para todo el Estado español (art.2RD 2409/1986). La Orden 11 de febrero 1986 denormas para el funcionamiento de centros, ser-vicios y establecimientos sanitarios publicadapor la Consejería de Salud, precisa que para lasIVEs de más de 12 semanas se requerirán hospi-tales y clínicas médico-quirúrgicas, públicas oprivados, que cumplan con los requisitos del RD2049/1986 mientras que para las IVEs de menosde 12 semanas sólo señala que se requerirá

“establecimiento que dentro de un espacio físicoinmueble preste servicios de diagnóstico y trata-miento, en los supuestos incluidos en el art. 417bis del Código Penal”.

Además de los requisitos establecidos en el RD2049/1986, esta orden establece que los centrosde interrupción voluntaria del embarazo de bajoriesgo deberán contar con:

1. Consultas externas y un área de archivo de ladocumentación clínica.

referencias, el límite de semanas que opera en elcaso del Hospital Príncipe de Asturias se debe aque todos los anestesistas se declaran objetoresde conciencia con lo cual no es posible hacerabortos de segundo trimestre51. Según esta dis-tribución de centros, llama la atención que lasmujeres que viven en el Área Sanitaria 8 tengan,en teoría, hasta tres posibilidades para acceder alaborto en hospitales públicos, mientras que elresto sólo cuente con la opción del hospital deAlcalá de Henares. Por otro lado, el hospital deFuenlabrada aparece en el registro de notificacio-nes de IVE de 2005 pero no en el listado de cen-tros públicos que realizan IVEs del 2007, con locual puede haber dejado de realizar la práctica enestos últimos años. En relación con las clínicasacreditadas, sólo 3 realizan IVEs hasta las 22semanas y el resto se ciñen al primer trimestre.

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50 Información obtenida dehttp://www.sitelias.net/index.asp?idp=1820

51 Interrupción voluntaria del embarazo, Coordinadora estatalde Organizaciones Feministas, 2007

52 No notificó realizaciones de IVE en 2005 según MINISTERIODE SANIDAD Y CONSUMO (2005). Interrupción Voluntaria delEmbarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2005.Madrid: Dirección general de salud pública. Subdireccióngeneral de promoción de la salud y epidemiología.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES

Provincia Centros públicos Centros privadosHospital Príncipe de Asturias Clínica Dator

Hospital de Alcorcón Clínica Isadora

Hospital de Fuenlabrada Centro Clínico El Bosque

Hospital General de Móstoles Clínica Pacífico

Clínica Mayrit

Clínica Callao

Clínica CB Medical52

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2. Un área para intervenciones que tenga servi-cios y vestuarios para las pacientes, servicios yvestuarios para el personal, una sala de inter-vención de una superficie mínima de 20metros cuadrados, dotada de instalación deoxigeno y vacío, negatoscopio y reloj eléctrico.

3. Local equipado para esterilización de material.

4. Un espacio para el almacenamiento dematerial limpio.

5. Local de material sucio, con vertedero.

6. Local para lavado de manos con visión a lasala de intervenciones, con mínimo de doslavabos quirúrgicos.

7. Sala de reanimación post-intervención conmínimo de dos puestos y de 10 metros cua-drados/puesto y dorada con instalación deoxígeno y vacío, monitor de cabecera paraECG, pulso y presiones, respirador volumé-trico y carro de parada cardíaca en disposi-ción permanente con monitor desfribiladorsincronizado así como material para resol-ver emergencias

8. Sala de recuperación y adaptación la mediodotada de camillas o camas, con un mínimode 4 puestos y de 3 metros cuadrados/pues-to, instalación de oxígeno y vacío, ventila-ción e iluminación suficiente, aseos anexos.

9. Local de esterilización con sistemas de este-rilización a vapor y sistemas de esteriliza-ción química y zona de almacenaje.

10. Un responsable legal, un médico especialis-ta en anestesia y reanimación y un faculta-tivo analista, además de trabajador social ymédico especialista en ginecología y obste-tricia.

11. Tener suministro de electricidad garantizadomediante grupo electrógeno autónomo enlas zonas críticas.

2.4. Financiación

Según la Guía de Servicios de la sanidad madri-leña, la prestación del aborto se encuentraincluida dentro de la cartera de servicios delSERMAS. Mientras que esta Guía declara comoprestaciones expresamente excluidas de la Asis-

tencia Sanitaria con cargo a los fondos de laSeguridad Social la cirugía estética que no guar-de relación con accidente, el tratamiento en bal-nearios, la cirugía de cambio de sexo o el trata-miento psicoanalítico53, no se hace referencia alaborto dentro de este grupo.

El hecho de que el aborto sea una prestaciónsanitaria del SERMAS no conlleva sin embargoel acceso gratuito a esta prestación ni en lapráctica ni en la teoría. Por un lado, la IVE no seincluye dentro del Programa de Atención a laMujer, que sí comprende la atención durante elembarazo y puerperio o la planificación familiar.Por otro lado, la realidad demuestra que sólo el1,7% de las IVEs realizadas en la Comunidad deMadrid se realizaron en 2005 en hospitalespúblicos, mientras que el resto se llevaron acabo en clínicas acreditadas. Ante este vacío,muchas mujeres deben buscar otros mediospara acceder a la IVE dirigiéndose a las clínicasy asumiendo los costes de la prestación.

A mediados de los años 90, el SERMAS comienzaa financiar el aborto a mujeres inmigrantes conescasos recursos que se ven obligadas a acudir alos centros privados acreditados para realizarse laIVE. Posteriormente, esta financiación se extiendea mujeres inmigrantes en general y en un tercermomento a mujeres autóctonas. En la actualidad,el SERMAS se hace cargo de la financiación deIVEs en los casos en que la mujer acredite no dis-poner de medios para costearla. De acuerdo condatos del último Informe Epidemiológico del Ser-vicio de Salud de Madrid, en 2006, el 21,5% de lasIVE fueron sufragadas por la administración delas cuales el 17,1% se realizaron en centros acre-ditados y el 4,4 % en hospitales públicos. En defi-nitiva, el presupuesto destinado por la Comuni-dad de Madrid en este sector es superior al demuchas otras regiones que disponen de financia-ción como Cataluña o de otras que no destinanningún tipo de recurso.

Para poder optar a la ayuda del SERMAS, lasmujeres deben estar empadronadas en la Comu-nidad de Madrid, estar en posesión de la tarjeta

53 http://www.gservicios.sanidadmadrid.org/cap03/cap3presex-cluida.htm.

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sanitaria y no disponer de medios económicospara costearse la intervención. La documenta-ción necesaria para la tramitación es la siguien-te: DNI o equivalente, tarjeta sanitaria, fotocopiade la demanda de empleo si está desempleada, sies estudiante certificado que lo acredite, dicta-men o dictámenes, según el supuesto legal yacompañamiento de la persona que ejerce latutela en caso de menores de edad.

Para la concesión de ayudas, el SERMAS estudiacada caso de forma particular y de ser aceptadala solicitud, se encarga de reembolsar a la clíni-ca los gastos para que la mujer pueda acceder ala interrupción de forma gratuita.

2.4. Itinerarios

Cuando la mujer llega directamente a la clínicaa solicitar la IVE, es difícil conocer el itinerarioque ha seguido y cuáles son las barreras u obs-táculos que ha encontrado en el camino, si exis-ten. Según datos del Ministerio de Sanidad, másdel 60% de las mujeres llegan a las clínicas sinpasar por los servicios de salud, algunas vecesderivadas desde ONG o instituciones sociales yotras veces directamente al haber encontrado lainformación en internet, páginas amarillas,periódicos o personas cercanas. En estos casos,las clínicas dan cita a la mujer que lo solicitapara realizarse la IVE y si no conoce la informa-ción acerca de las ayudas disponibles por partedel SERMAS se le informa sobre esta opción. Enel caso en que la mujer decide acogerse a estaposibilidad, el proceso de la IVE se ralentizapuesto que debe pedir cita en el Servicio de IVEdel SERMAS, llevar a cabo el procedimiento parasolicitar la ayuda y volver de nuevo a la clínica.

En el caso de las mujeres que llegan derivadasdesde algún ginecólogo, de un centro de salud,centro municipal de planificación familiar o deuna trabajadora social, el itinerario es similar ylas lleva primero a la clínica a la que son deriva-das, la cual se encarga de realizar la ecografía yel diagnóstico psiquiátrico y les entrega unahoja con los pasos a seguir para que la IVE seafinanciada por el SERMAS. En este caso, lasmujeres suelen llegar a la clínica más informa-das sobre la posibilidad de tener acceso a lasayudas del SERMAS.

MURCIA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005, se practicaron en Murcia 3.554 abor-tos, es decir el 4% de los que se producen entoda España. Murcia presenta una tasa de 11,7abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44años y es por tanto la tercera con las tasas másaltas, después de Madrid y Baleares. Aunque noexisten datos específicos que expliquen más enprofundidad esta situación, es muy probableque esta tasa se deba al volumen de poblacióninmigrante de la zona que recurre al aborto.

Dos de cada diez mujeres jóvenes (26,59%) quese realizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y29 años y una de cada diez era adolescentemenor de 20 años (13,25%). La tasa de abortoen adolescentes y jóvenes residentes en Murciasupera a la estatal. En el caso de adolescentes, laregión tiene una tasa de 12,39 frente al 11,48,mientras, la tasa para las jóvenes entre 20 y 25años es de 19,92 cuando el promedio del paísestá en 16,83.

En lo referente a la salud reproductiva, decada diez mujeres que se realizaron abortos en2005 en Murcia, en torno a tres no teníanhijos (36,66%), y casi cinco tenían uno o doshijos (48,01%). En cuanto a experiencias ante-riores de aborto, la mayoría no había tenidoninguno (67,45%) y un 23,19% había tenidosólo uno. La cuarta parte (25,56%) de lasmujeres que abortaron en 2005 utilizaron uncentro de planificación familiar previamente,es decir, un porcentaje muy inferior al prome-dio de España.

1.2. Marco normativo

El Plan integral de Atención a la Mujer, desarro-llado por el servicio Murciano de Salud, no reco-ge ninguna indicación sobre el acceso y la infor-mación sobre la IVE.

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2. Acceso a la IVE

2.1. Información

La información sobre la IVE se facilita en los cen-tros de salud, los consultorios médicos, los servi-cios de planificación familiar, los centros de lajuventud y otros servicios sociales, siempre que lamujer lo solicite y el profesional sanitario esté endisposición de facilitarla. No existe ningún tipode información escrita acerca de la interrupcióndel embarazo, ni tampoco protocolo que definala actuación del profesional sanitario ante unademanda de este tipo, con lo cual la informaciónfacilitada depende del grado de implicación delprofesional sanitario y de su posicionamientorespecto a esta práctica.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2005,el lugar en el que las mujeres recibieron infor-

mación sobre la IVE fueron centros públicos enel 43% de los casos, mientras que el 7% tuvoacceso a la misma a través de centros privadosy el resto lo hizo a través de otras fuentes, quesuelen ser Internet, personas conocidas omedios de comunicación.

2.2. Servicios

En Murcia, al igual que ocurre en otras comuni-dades autónomas, no existe ningún hospitalpúblico que realice interrupciones del embarazo.Los únicos servicios disponibles se encuentranen 4 clínicas acreditadas que realizan abortos demenos de 12 semanas y que están localizadasen Cartagena, Murcia y Lorca. Los abortos desegundo trimestre se derivan necesariamentefuera de la comunidad autónoma, generalmen-te a Madrid o Valencia.

Para poder realizar IVEs, el centro debe estaracreditado primeramente como Centro Sanita-rio de Ginecología, de acuerdo a lo establecidoen el Decreto 73/2004, de 2 de julio, que regulael procedimiento de autorización sanitaria delos centros, establecimientos y servicios sanita-rios y el servicio de registro de recursos sanita-rios regionales y solicitar posteriormente laacreditación para realizar IVEs de acuerdo a loestablecido por el RD 2049/84. Para ello se exigedisponer de un local adecuado y del personalnecesario (ginecólogo/a, psiquiatra, personal deenfermería, trabajador/a social, personal admi-nistrativo), protocolos de realización de IVE, de

esterilización de material, de evacuación deemergencias, así como contratos con empresasde retirada de residuos biológicos, laboratorio,ambulancia para emergencias, mantenimientode instrumental electrónico, etc.

2.3. Financiación

El Servicio Murciano de Salud no excluye elaborto de la cartera de prestaciones de la sani-dad pública, aunque ningún hospital de laregión realiza abortos ni tampoco la IVE se con-templa dentro del Plan Integral de Atención a laMujer (PIAM) de Atención Primaria. A principiosde los años 90, el Gobierno regional intentóarticular la prestación de la IVE dentro de loshospitales públicos pero ninguno de los y lasprofesionales de ginecología y obstetricia delsistema de salud se ofreció a liderar el proceso,aplicándose por completo la objeción de con-ciencia.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES54

Provincia Centros públicos Centros privadosGinemur (Cartagena)

Delta Médica (Murcia - Lorca)

Ginemur (Murcia)

Instituto Ginecológico Murcia (Murcia)

54 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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A partir de esta situación, se optó por recurrir a lasclínicas privadas acreditadas para la realizaciónde la prestación y se estableció un sistema pare-cido al del concierto, sin llegar a serlo, que garan-tiza el acceso gratuito a la prestación para lasmujeres con tarjeta sanitaria que son derivadaspor los servicios de salud. Las clínicas acreditadasrealizan la prestación de la IVE de conformidadcon unos protocolos y precios previamente acep-tados por el Servicio Murciano de Salud y envíanla factura posteriormente al hospital que corres-ponda según el área sanitaria de procedencia dela mujer, para que se haga cargo de los gastos.

Esta fórmula difiere, por tanto, de un sistema deconcertación, como el que existe en Andalucía,en el hecho de que no hay un presupuesto espe-cífico para IVEs ni tampoco un sistema de ges-tión de las derivaciones común y centralizado.En cualquier caso, se estima que alrededor del50% de las IVEs de la zona de Murcia y cerca del60%55 de las de Cartagena se están financiandoa través del SMS. Además, actualmente todaslas clínicas presentes en Murcia tienen acuerdocon el Servicio Murciano de Salud para la pres-tación de la IVE, para lo cual se les exige que,además de las condiciones descritas más arriba,dispongan de un quirófano homologado por laConsejería de Industria y un contrato con unaempresa autorizada para el mantenimiento delmismo.

En el caso de los abortos de segundo trimestre,el sistema es muy parecido al vigente para lasIVEs de menos de 12 semanas, aunque en estecaso al no existir clínicas que realicen este tipode intervenciones en Murcia, se deriva a lasmujeres a clínicas de Madrid o Valencia y poste-riormente se les paga el coste de la intervención.Los gastos de desplazamiento, en cambio, nosuelen ser reembolsados a las mujeres.

2.4. Itinerarios

Las mujeres que acuden a los servicios de abor-to lo hacen generalmente a través de dos circui-tos. Por un lado, acuden directamente a la clíni-

ca y por otro llegan derivadas de los serviciossanitarios públicos. En este segundo caso, lohabitual es que vengan derivadas por su médi-co de familia. Generalmente los centros de saludy demás informadores tan sólo entregan a lasmujeres un papel con las clínicas disponibles,aunque también hay casos en que las derivanhacia alguna clínica en concreto.

Una vez se produce la derivación, el circuito esdiferente para las mujeres que se encuentran enCartagena o las que se encuentren en Murcia ymás largo en este último caso. Mientras en elprimer caso, con el informe de derivación delmédico es suficiente para que la mujer acceda ala prestación, en el caso de Murcia, la clínicapractica a la mujer una ecografía y el dictamenpsiquiátrico y la envía posteriormente al Hospi-tal Virgen de la Areixaca con esta informaciónpara solicitar autorización para la intervención.Esta autorización es puramente administrativa,por lo que se concede en todos los casos y seencarga de enviarla el hospital directamente a laclínica demorándose el proceso alrededor deuna semana. Una vez que la autorización estáen poder de la clínica, es cuando pueden volvera citar a la mujer para realizar la intervención.

NAVARRA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

De acuerdo a datos del Ministerio de Sanidad, en2005, se practicaron 639 abortos en Navarra, esdecir 0,72% de los que se produjeron en todaEspaña. Mientras que la tasa nacional es de 9,60abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años,para Navarra esta es de 5,21, siendo una de lasregiones con menor tasa en el país. Sin embargo,un 14,7% de los abortos se produjeron despuésdel primer trimestre, lo cual constituye uno delos porcentajes más altos de todo el Estado.

La tasa de abortos en adolescentes y jóvenes enesta comunidad también está por debajo de latasa nacional, situándose junto con la de Extre-madura y Cantabria entre las mas bajas del país

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55 Estimaciones según fuentes entrevistadas. El Libro Blanco dela Anticoncepción en España habla de un 30% de IVEs finan-ciadas por el Servicio Murciano de Salud.

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(7,04 y 8,53 abortos por cada 1000 mujeres ado-lescentes o jóvenes entre 20 y 25 años, respec-tivamente).

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres residentes en Navarra que se reali-zaron abortos en 2005, apenas cinco no teníanhijos (51,96%), y cuatro tenían uno o dos hijos(40,69%). En cuanto a experiencias anterioresde aborto, la mayoría no había tenido ninguno(73,55%) y un 20,34% había tenido sólo uno. Entorno al 45% de las mujeres que abortaron en2005 utilizaron un centro de planificación fami-liar, bastante en sintonía con el promedio deEspaña.

1.2. Marco normativo

El Plan de Salud de la Comunidad Foral deNavarra 2006-2012 no menciona la IVE dentrode sus prioridades y estrategias y tampoco hacereferencia a los programas de sexualidad. Igual-mente no se ha encontrado protocolo sanitarioalguno en caso de demanda de IVE.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

En 2005, el lugar de información principal parala realización de la IVE fueron los centros públi-cos en un 64,3% de los casos, seguidos de loscentros privados con un 9,9% y el resto a travésde otras fuentes, lo que demuestra una ciertanormalización de la información en el ámbito dela sanidad pública.

2.2. Servicios

Navarra es la única comunidad autónomadonde no existe ningún hospital público ni cen-tro privado acreditado que realice abortos, deforma que todas las mujeres tienen que despla-zarse a otras comunidades autónomas parainterrumpir su embarazo.

2.3. Financiación

En líneas generales, las mujeres que quierenacceder al aborto en Navarra tienen que corrercon los gastos de la intervención y el desplaza-miento. No existe ningún tipo de acuerdo de lasanidad pública con clínicas privadas acredita-

das y tan sólo existen algunos casos, general-mente sólo malformaciones, en que el ServicioNavarro de Salud (Osasunbidea) deriva a lasmujeres a clínicas de fuera de la Comunidad Foraly se hace cargo de los gastos, abonando a la clí-nica la correspondiente factura. Según algunasfuentes, Osasunbidea viene derivando en los últi-mos cuatro años una media de 60 solicitudes deinterrupción voluntaria del embarazo, lo que cualno deja de representar apenas un 9% del total delos abortos de la región. Según datos de la Con-sejería de Sanidad en 2003 se derivaron 55 casos;62 en el 2004; 66 en el 2005 y 64 en 2006 impli-cando desembolsos por valor de 49.000 a 63.000euros. Las derivaciones se realizan a clínicas deAragón, Bilbao y Madrid, todas ellas acreditadaspara realizar abortos hasta 22 semanas.

2.4.Itinerarios

Como hemos mencionado arriba, generalmentelas mujeres de Navarra se trasladan a Zaragoza,Bilbao o Madrid para realizarse la IVE.

PAIS VASCO

1. Situación del aborto en País Vasco

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005, se realizaron 2.383 abortos en el PaísVasco, es decir el 2,6% de los que se realizaronen toda España. Esta CCAA tiene una tasamenor de abortos que el conjunto del país56

(5,42 abortos por mil mujeres de entre 15 y 44años versus 9,6), lo que la sitúa en la parte bajade la tabla con respecto a otras CCAA. Sinembargo cabe destacar también que el indica-dor se encuentra en aumento, ya que en 1999 latasa era de 2,9 por cada mil. La mayoría de lasintervenciones se realizaron en el primer trimes-tre (90,83%).

La cuarta parte de las mujeres (24,13%) que serealizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y 29años y una de cada diez era adolescente(10,41%). Las tasas de aborto en adolescentes y

56 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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jóvenes están muy por debajo de las estatales,representando 5,54 y 9,67 casos por cada milmujeres frente a 11,48 y 16,83 respectivamente.

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005en el País Vasco, cinco no tenían hijos (55,21%), ycerca de cuatro tenían uno o dos hijos (38,96%).En cuanto a experiencias anteriores de aborto, lamayoría no había tenido ninguno (77,62%) y un16,88% había tenido sólo uno. Menos de la mitad(43,75%) de las mujeres que abortaron en 2005utilizaron un centro de planificación familiar, locual está en la línea del promedio de España.

1.2. Marco normativo

El Decreto 175/1989 de 18 de julio que desarro-lla la “Carta de derechos y obligaciones depacientes y usuarios” establece el derecho de laspersonas a obtener la información y asesora-miento necesario para la práctica de la IVE,garantizando la máxima rapidez y confidencia-lidad a lo largo de todo el proceso. Independien-temente de esta norma no hemos encontradoninguna disposición del Servicio de Salud delPaís Vasco que desarrolle un protocolo de aten-ción relativo al aborto.

Actualmente, se encuentra en ejecución el Plande Salud 2002-2010 que incluye algunas estra-tegias relativas a la SSR, como el refuerzo de laplanificación familiar y la educación relativa a lasexualidad, aunque no se considera el abortoentre sus objetivos, dado que en el momento enque el plan fue diseñado la prevalencia de abor-to era baja en comparación con otras CCAA, y latendencia se había mantenido estable desde losúltimos años.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

En el País Vasco, más de la mitad de las muje-res (55,9%) acceden al aborto derivadas desdeun centro de atención público. Una de cadacinco lo hace a través de centros de atenciónprivada y el resto hace uso de otras fuentes57

(fundamentalmente internet o amistades).Estas cifras demuestran una cierta normaliza-ción de la prestación de información dentro dela sanidad que sólo sería similar a la de Anda-lucía o Valencia. La información sobre abortono está disponible en la página web que elGobierno Vasco ha diseñado para los y lasjóvenes, mientras que si se facilita informaciónsobre algunos temas de sexualidad o anticon-cepción y se incluyen listados de serviciospúblicos y privados de asesoramiento en sexo-logía y sexualidad.58

La información dentro de los servicios públicosse brinda de manera diferente dependiendo deltipo de centro, siendo los Servicios de Sexolo-gía y de Planificación Familiar los que brindana la mujer más detalles sobre el tipo de inter-vención, además de la información de los cen-tros privados acreditados a los que puede acu-dir. En el caso de los ambulatorios se da sóloinformación sobre las clínicas acreditadas queexisten (dirección y teléfono). La objeción deconciencia existe pero en la medida que no hayun listado u otro tipo de herramienta paraidentificar a los objetores, esta postura semanifiesta ante casos concretos y es difícil deconocer la proporción de profesionales que seoponen a informar sobre el aborto. Tampocoexiste ninguna norma o consenso relativo a lanecesidad u obligación de que los profesiona-les que objetan deriven a la mujer a un colegaque pueda darle la información requerida.

En el ámbito privado, existen recursos como losque facilita la Asociación de Educación Sexual yPlanificación Familiar de la Comunidad Vasca(Atseginez), mediante los cuales se brinda infor-mación y asesoramiento relacionado con temasde sexualidad, incluyendo el embarazo no dese-ado y el aborto. Estos recursos incluyen páginasweb59, asesoría por mail o telefónica60 y deriva-ción a centros de atención.

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57 Idem.

58 http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2250/es/contenidos/informacion/salud_asexorate/es_1770/salud_asexorate_c.html

59 http://www.atseginez.org/, http://www.goxoki.com/60 659411425

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2.2. Servicios

De los abortos realizados en el País Vasco, segúndatos de 2005, sólo el 0,03% se han producidoen centros de la red pública, es decir uno de losporcentajes más bajos de todo el país. Existen 7hospitales públicos y 4 clínicas acreditadas quehan notificado abortos en los últimos años. Entodas las provincias, hay al menos en teoría uncentro público y una clínica acreditada que rea-liza IVEs. Es especialmente destacable que enEuskadi existe el único Centro o Modúlo de Pla-nificación Familiar de todo el Estado Españolque realiza IVEs.

Para poder realizar IVEs, las clínicas deben solicitarla acreditación correspondiente de acuerdo a loestablecido por el RD 2049/84 de ámbito estatal.

2.3. Financiación

Un reducido número de abortos en el PaísVasco se realiza en centros públicos por lo queen la mayoría de los casos son las mujeres lasque deben asumir los costes de la intervención.Existen excepciones a esta regla constituidaslógicamente por las intervenciones que se pro-ducen en los hospitales públicos y en el módu-lo de planificación familiar de Rekalde. En esteúltimo caso, generalmente se practica la IVE amujeres con pocos recursos y en situación de

vulnerabilidad, que vienen derivadas desde loscentros sociales. En términos generales en elcaso de Vizcaya, hay algunos casos en que losgastos de la IVE se cubren por la sanidad públi-ca, aunque la intervención se lleva a cabo en uncentro privado acreditado, pero son casos muypuntuales. No existen ayudas específicas deayuntamientos ni de otras entidades. Cuandouna mujer es derivada desde un CPF y manifies-ta dificultades para pagar la intervención, lastrabajadoras sociales pueden realizar una eva-luación de su situación socioeconómica y hacergestiones puntuales para brindarle algún tipode ayuda, pero no son en todo caso ayudasnormalizadas. En otros casos, las trabajadorassociales realizan un informe sobre la situaciónsocioeconómica de la mujer y a partir de esteinforme consiguen que las clínicas rebajen elprecio de la intervención.

En el caso de Vizcaya, las clínicas Lasaitasuna yCarlton sólo hacen IVEs hasta las 12 semanasmientras que la Clínica Euskalduna realiza inter-venciones de segundo trimestre pero no suelenser de más de 15 o 16 semanas. En el caso delCPF de Recalde sólo se realizan abortos hasta las8 semanas en los 3 supuestos permitidos por laLey. No se ha podido obtener esta informaciónpara el caso de los hospitales públicos, aunqueexisten indicios de que fundamentalmente rea-lizan IVEs cuando se trata de malformacionesfetales o en el caso de que la madre sea VIH+ ypresente signos de deterioro graves.

61 MSC (2006) Informe IVE 2005.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES61

Provincia Centros públicos Centros privadosÁlava Hosp. Txagorritxu Centro Ginecologico Dr. Echevarria

Guipúzcoa Hospital Comarcal del Alto Deba Clínica Prada

Hospital Nuestra Señora de Aranzazu Askabide

Hospital de Mendaro

Hospital Ntra. Sra. de la Antigua

Vizcaya Hospital de Cruces C.C. Clínica Euskalduna

Hospital de Basurto Lasaitasuna

Módulo P.F de Rekalde Clínica Ginecológica Carlton

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2.4. Itinerarios

En aquellos casos en que las mujeres no acudendirectamente a las clínicas privadas acreditadaspara la IVE, se dirigen generalmente en primerlugar a los centros de planificación familiar o alos centros de servicios sociales, siendo estos asu vez los que las derivan a los centros acredi-tados o al módulo de Rekalde, en el caso de Bil-bao, con la información necesaria.

LA RIOJA

1. Situación del aborto en la CCAA

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

En 2005 se realizaron 513 abortos a mujeresresidentes en La Rioja, es decir menos del 1 porciento (0,6%) de los que se producen en todaEspaña. Mientras que la tasa del país es de 9,6abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44años, para La Rioja ésta es de 8,2 lo que la sitúaen el punto medio de las Comunidades Autóno-mas. Si bien la mayor parte de los abortos enesta región se producen dentro de las 12 sema-nas de embarazo, La Rioja ocupa el cuarto lugarentre las autonomías con un menor porcentajede abortos de primer trimestre, después deExtremadura, Galicia y Navarra.

De cada diez mujeres jóvenes que se realizaronuna IVE en 2005, cinco (51,5%) tenían entre 20y 29 años y una era adolescente (11,1%). Tantola tasa de abortos por cada mil mujeres entre 20y 24 años (16,18) como la de adolescentes (8,14)se sitúan por debajo del promedio de España(16,83 y 11,48, respectivamente)

En lo que se refiere a la salud reproductiva, decada diez mujeres residentes en La Rioja que serealizaron abortos en 2005, cinco no teníanhijos (50,9%), y algo más de cuatro tenían uno

o dos hijos (41,3%), asemejándose bastante eneste punto a la realidad de las Islas Baleares. Encuanto a experiencias anteriores de aborto, lamayoría de las mujeres no había tenido ningu-no (71,5%) y un 20,1% había tenido “sólo” uno.Por otro lado, el uso de Centros de PlanificaciónFamiliar entre las mujeres residentes en La Riojaque abortaron en 2005 es uno de los más bajosde España, con un porcentaje de 26,7 en com-paración con el del país en conjunto.

1.2. Marco Normativo

El Plan de Salud de La Rioja se encuentra actual-mente en revisión y no se ha encontrado ningu-na norma de la Comunidad que haga referenciaal aborto. Sin embargo, en el Boletín Epidemioló-gico que emite el Gobierno de La Rioja se hanencontrado dos números dedicados a la presen-tación de las estadísticas de aborto de los años2003 y 2004 y uno a las del periodo 1987–2001.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

Según datos de 2005, el lugar prioritario deinformación sobre la IVE fueron los centrospúblicos en casi la tercera parte de los casos(27,7%) mientras que un 21,2% de mujeresobtuvieron esta información en centros priva-dos. El resto de mujeres (algo más de la mitad(50,9%) se informaron a través de otras fuentes,generalmente Internet y personas conocidas.

2.2. Servicios

El porcentaje de abortos a mujeres residentes enLa Rioja que se realizan en establecimientospúblicos es sumamente bajo (3,3%), similar elpromedio del país (2,9%). Este dato era esperable,dado que sólo un hospital público realiza abortosen esta región y lo hace de manera muy puntual.

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61 MSC (2006) Informe IVE 2005.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES62

Provincia Centros públicos Centros privadosComplejo Hospitalario San Millán-San Pedro

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2.3. Financiación

Sólo el 3,3% de los abortos de mujeres residen-tes en La Rioja durante 2005 se realizaron den-tro del sistema público y no supusieron un costepara las mujeres. En el resto de los casos lasintervenciones se hicieron en centros hospitala-rios y extrahospitalarios acreditados para la rea-lización de IVEs situados fuera de la región. Deesta forma, a los gastos directos que las muje-res debieron cubrir, se añadieron los gastos dedesplazamiento propios y de sus acompañantes.

2.4. Itinerarios

Casi todas las mujeres que se realizan abortosen La Rioja deben desplazarse fuera de la Comu-nidad Autónoma. Los servicios más cercanos seencuentran en Zaragoza y Aragón.

CEUTA Y MELILLA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

De acuerdo a los datos del Misterio de Sanidadpara 2005, Ceuta y Melilla presentan la menorfrecuencia de abortos de España, tanto en tér-minos absolutos como en relación al númerode mujeres que residen en estas ciudades.Durante ese año, se registraron 19 abortos enmujeres residentes en Ceuta y 84 en Melilla, lle-gando este porcentaje apenas llega al 0,1% deltotal del país. Por otro lado, la tasa de IVEs porcada mil mujeres entre 15 y 44 años es de 3,25,por debajo incluso de Cantabria. La mayor partede los abortos de mujeres que residen en Ceutao Melilla se producen antes de las 12 semanasde embarazo y, sólo uno de cada diez superaeste plazo.

El perfil de edad de las mujeres residentes enCeuta y Melilla que se practicaron abortos en2005 es similar al del resto del país, es decir, lasadolescentes y jóvenes presentan tasas más altasque las del conjunto de las mujeres. Así, en elcaso de las adolescentes la tasa en estas ciudadeses de 6,19 y la de jóvenes de 5,54 casos por cadamil mujeres entre 20 y 24 años. En cualquier

caso, se trata de tasas menores a las del conjun-to de España (11,48 y 16,83 respectivamente).

En lo que se refiere a la salud reproductiva, lamayor parte de las mujeres residentes enCeuta y Melilla que se realizaron abortos en2005 no tenían hijos (73,7% y 61,9%), mien-tras que algunas tenían sólo uno (21,1% y33,3% respectivamente). De igual manera, lamayoría no había abortado antes (78,9% y75%) o lo había hecho sólo una vez (21,1% y20,2%). El uso de Centros de PlanificaciónFamiliar entre las mujeres residentes en Ceutay Melilla que abortaron en 2005 es similar alde otras regiones de España con 36,8% y40,5% de los casos en comparación con el41% del país en conjunto.

1.2. Marco Normativo

Los marcos normativos sanitarios en Ceuta yMelilla son independientes y distintos. En elcaso de Melilla, la ciudad incluye en su carterade servicios de atención primaria “el asesora-miento sobre métodos anticonceptivos e inte-rrupción voluntaria del embarazo”, y en el deatención especializada:

“Complicaciones del embarazo; parto y puerpe-rio: Embarazo ectópico y molar, otro embarazocon resultado abortivo (incluida la interrupciónvoluntaria del embarazo en los supuestos pre-vistos en la legislación vigente)…”

Sin embargo, no hemos encontrado en el Pro-grama de Salud de Atención Primaria una men-ción específica sobre el asesoramiento para lainterrupción del embarazo.

En el caso de Ceuta, el Plan de Salud se está ela-borando y debe publicarse durante este año. ElPlan de Igualdad de Oportunidades de la ciudadincluye un apartado sobre género y salud perono menciona el tema del aborto.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

Con respecto al lugar donde las mujeres se infor-maron sobre el aborto, encontramos que el usode servicios públicos es mayor en Ceuta (31,6%)

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que en Melilla (23,8%), estando no obstanteambas ciudades por debajo del porcentaje delconjunto del país (42,9%). El recurso a centrosprivados en ambas ciudades es similar, implican-do a una de cada diez mujeres (10,4% y 9,5%).Son por tanto otras fuentes (como personasconocidas e Internet) quienes cumplen el rol deinformar a la mayoría de las mujeres en estasciudades sobre cómo pueden abortar (57,9% y66,7%)

2.2. Servicios

No existe ni en Ceuta ni en Melilla ningún cen-tro público ni centro privado acreditado querealice abortos. Por tanto, todas las mujeres querequieren esta intervención deben desplazarsehacia la península. En el caso de las que viven enCeuta suelen dirigirse a Cádiz o Sevilla, mientrasque las de Melilla lo hacen principalmente aMálaga.

2.3. Financiación

Como hemos mencionado, la red sanitaria públi-ca no realiza abortos en Ceuta y Melilla. Cuandolos abortos se deben a riesgos graves para lasalud física de la madre o a malformaciones feta-les, se deriva a las mujeres a centros privadosacreditados previamente identificados en lapenínsula, donde se realizan las intervencionessin costo para la mujer y con cargo al sistemasanitario público.

El resto de mujeres deben acudir también a clí-nicas en la península, en este caso, sin contarcon financiación pública alguna.

2.4. Itinerarios

Como hemos visto, el circuito de atención a lasmujeres de Ceuta y Melilla que requieren abor-tar se realiza casi íntegramente en clínicas pri-vadas acreditadas.

En el caso de Ceuta, para el reducido grupo demujeres que son canalizadas a través del siste-ma público, el ginecólogo deriva a la mujer alservicio de Evacuaciones, donde se prepara unexpediente que incluye informes de dos ginecó-logos. Este debe, a su vez, remitirse a la DivisiónTerritorial del INGESA, desde donde se emite unvisado que autoriza la derivación de la mujer a

un centro acreditado situado en Andalucía.Cuando se trata de un embarazo de hasta 12semanas la derivación suele hacerse a una clíni-ca en Cádiz mientras que los de más de 12semanas se derivan a Sevilla.

VALENCIA

1. Situación del aborto

1.1. Datos generales y perfil de las mujeres

Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2005se practicaron en la comunidad autónoma9.257 abortos, correspondientes a una tasa de9.1 abortos por mil mujeres entre 15 y 44 años,muy en línea con la tasa para toda España quese ubica en 9,6. Este dato sitúa a Valencia comola séptima CCAA con la tasa más alta de IVEsjunto con la Comunidad de Madrid, Baleares,Murcia, Cataluña, Aragón y Andalucía. La mayo-ría de las intervenciones señaladas se realizaronen el primer trimestre (90,86%) aunque el por-centaje de intervenciones de segundo trimestrefue bastante alto en comparación con otrascomunidades autónomas.

La cuarta parte de las mujeres (25,81%) que serealizaron una IVE en 2005 tenían entre 20 y 29años y una era menor de 20 años (13,91%).Tanto la tasa de abortos en adolescentes (10,9)como la de jóvenes entre 20 y 25 años se situa-ron por debajo de la media del Estado (11,48).

En lo referente a la salud reproductiva, de cadadiez mujeres que se realizaron abortos en 2005en la Comunidad Valenciana, cinco no teníanhijos (48,59%), y cuatro tenían uno o dos hijos(43,22%). En cuanto a experiencias anterioresde aborto, la mayoría no había tenido ninguno(74,26%) y un 18,13% había tenido sólo uno.Sólo la tercera parte (33,29%) de las mujeresque abortaron en 2005 habían acudidos algunavez a un centro de planificación familiar, aspec-to que debe ser evidentemente reforzado dentrode las políticas sanitarias de la región.

1.2. Marco normativo

Valencia es la comunidad autónoma que másdesarrollo normativo presenta en relación con la

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IVE. Ya en 1986 el Decreto 149/1986 de regula-ción de la prestación de los servicios en materiade planificación familiar y sexualidad establecíaentre las funciones de estos centros la indicacióndel aborto de acuerdo a los supuestos legales yla derivación al establecimiento acreditado (art.3). En el año 89, la Orden de 26 de diciembre dela Consejería de Sanidad y Consumo dispone queen la Guía del Usuario conste información sobreinterrupción voluntaria del embarazo. En rela-ción a los hospitales, la Orden de 30 de enero de1991, establece que los objetivos del programade planificación familiar a nivel especializadoserá prevenir los problemas de salud relaciona-dos con la IVE y resolver las demandas de acuer-do a los supuestos legales. Una década mástarde, sin embargo, ni el plan de salud 2000-2004 ni el plan 2005-2008 recogen la cuestiónde la IVE. En el primer caso, solo se hace referen-cia a la prevención de embarazos no deseadosdentro del programa de salud sexual y reproduc-tiva y en el segundo a que se promoverán accio-nes para promover la maternidad dentro delprograma de atención a jóvenes.

Además de estas normas, es destacable que algu-nos convenios colectivos de la administraciónreconocen a sus trabajadoras el permiso por IVE.Así es el caso de la Resolución de 31 de mayo1995 sobre Personal laboral de la Generalidad queconcede seis días 6 días de licencia retribuida paralas mujeres que accedan a una IVE, o la Resolu-ción 10 de febrero 1997 de Universidades quereconoce permiso de 3 días por IVE cuando, en loscasos que contempla la legislación vigente, a latrabajadora no se le conceda la incapacidad tem-poral, previa acreditación de la circunstancia.

2. Acceso a la IVE

2.1. Información

Según datos del Ministerio de Sanidad corres-pondientes a 2005, los centros públicos fueronel lugar en el que el 51,5% de mujeres que abor-taron en la Comunidad Valenciana obtuvieroninformación previa. Sólo un 5,5% se produjo encentros privados y el resto a través de otrasfuentes. Estas cifras demuestran un cierto gradode normalización en cuanto a la información

sobre la IVE en la sanidad pública, en línea concomunidades como Andalucía, Navarra o Mur-cia, aunque queden todavía lejos de garantizaruna cobertura total.

2.2. Servicios

La Comunidad Valenciana es la región que másabortos realiza a través del sistema de sanidadpúblico. En torno al 10,81% de los abortos rea-lizados en la Comunidad Valenciana se produ-cen en hospitales públicos sin costo para lausuaria. Concretamente existen 14 hospitalesque realizan abortos, aunque es el Hospital de laFe el que más concentra dentro de toda lacomunidad. En cuanto a los centros privadosacreditados, existen cerca de quince que reali-zan intervenciones hasta las 12 semanas, y dosde ellos, uno en Alicante y otro en Valencia, quetambién hacen intervenciones de segundo tri-mestre. Estos hospitales y clínicas se distribuyenpor cada una de las 3 provincias aunque seobserva una mayor concentración de hospitalespúblicos en la provincia de Valencia, donde lasmujeres deben en todo caso desplazarse paraacceder al aborto de segundo trimestre.

De conformidad con las competencias quecorresponden a las Comunidades Autónomas,las autoridades sanitarias son las responsablesde acreditar a aquellos centros o establecimien-tos sanitarios privados que, cumpliendo losrequisitos determinados en el Real Decreto2409/1986), así lo soliciten.

2.3. Financiación

La Comunidad Valenciana incluye la prestacióndel aborto dentro de su sistema de salud ygarantiza el acceso a la misma a través de unmodelo híbrido. Hasta el año 2003, las IVEs seasumían por el Servicio Valenciano de Salud através de concierto con varios centros privados.Sin embargo, a partir de ese año, se rompe elacuerdo con todos los centros acreditados de lacomunidad a excepción de uno de ellos, situadoen Alicante, que continúa hoy día concertandocon el Servicio Valenciano de Salud. Este es elúnico que realiza IVEs gratuitas a las mujeresque le son derivadas desde los centros públicosde salud.

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En Valencia y Castellón, es la sanidad pública laque asume la ejecución de parte de la demandade aborto dentro de los hospitales públicosestableciendo unidades y equipos apropiados aestos efectos.

2.4. Itinerarios

En el caso de la realización de la IVE a través dela sanidad pública, los procedimientos puedenvariar de una zona a otra pero en líneas genera-les suelen conformarse de la siguiente manera:el Centro de Salud Sexual y Reproductiva realizauna ecografía a la mujer que demanda la IVE yredacta una propuesta de consulta que se remi-te al área de salud mental del hospital corres-pondiente. En el CSSR se informa de las otrasopciones existentes por si las mujeres prefierenser intervenidas en una clínica privada o por sirechazan el caso en el hospital. En el hospitaldan cita a la mujer para una primera entrevistacon el psiquiatra con lista de espera de unasemana aproximadamente. En el CSSR informan

a la mujer del día y la hora de la cita, donde setienen que presentar con el DNI y la propuestaescrita que se redactó en el CSSR. Una vez en elhospital, el psiquiatra valora la propuesta y firmaen su caso el informe positivo para que puedaser realizada la IVE. Los criterios que siguen lospsiquiatras no se conocen pero tampoco debenconstar específicamente en su informe. Algunasfuentes informan que no suelen firmar informespositivos a mujeres que presentan abortos derepetición. En el supuesto de ser aprobada lasolicitud, el caso se envía a Maternidad, desdedonde llaman a la mujer para citarla. Si no seacepta, el hospital lo comunica a las mujerespero no las deriva a las clínicas privadas acredi-tadas. La lista de espera para la cita con mater-nidad puede superar los 20 días y llegar al mes,principal motivo por el que muchas mujeresdeciden finalmente acudir a los centros privadosy costearse la intervención. Cuando hay muchalista de espera puede suceder que el hospitalderive algunos casos a las clínicas privadas,haciéndose cargo de los gastos.

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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE REALIZAN IVES63

Provincia Centros públicos Centros privadosAlicante Hosp. Gral. Universitario Marina Alta (Denia) Instituto Ginetec

Hosp. Del S.V.S Vega Baja Acuario

Hosp. del S.V.S Villajoyosaega Baja Clínica Ginecológica Levante (Alicante)

Hosp. Maternidad Acuario Espai de Salut

Clínica Ginecológica Levante (Elche)

Mediterránea Médica

Castellón Hospital General de Castellón Mediterránea Médica

Hospital Provincial de Castellón Acuario Castellón

Hospital de la Plana (Vila-real)

Valencia Hospital de la Ribera (Alzira) Mediterránea Médica

Hospital Francesc de Borja Acuario Casa de la Salud

Hospital General de Ontinyent Clínica Oeste

Hospital General de Requena Clínica El Mar

Hospital de Sagunto Centro Sanitario Deia Médica

Hospital Clínico Universitario Aragón Médica Xuquer

Hospital Universitario La Fe

Hospital Doctor Peset

63 MSC (2006) Informe IVE 2005.

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El Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductivaes una plataforma estatal integrada por organizaciones y personas de diversos sectores pro-fesionales, desde el mundo académico hasta asociaciones sanitarias y ONG de desarrollo,que nace en 1996 con el objetivo de promover la salud, los derechos sexuales y reproducti-vos y la equidad de género. Para ello desarrolla actividades de investigación, incidencia polí-tica, sensibilización y cooperación, a través de las cuales pretende contribuir, junto con otrosactores sociales, a mejorar las políticas existentes en estos ámbitos de actuación.

Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud ReproductivaJuan Montalvo, 6

28040 Madridwww.grupogie.org

ACAI es una asociación estatal que nace en 1997 como una asociación si ánimo de lucro,reuniendo a más de 31 clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo en nuestropaís. Las clínicas que integran ACAI funcionan como una red solidaria en 21 ciudades y 11comunidades autónomas, estando todas ellas están acreditadas por la Administración Sani-taria para la práctica legal de abortos. Esta Asociación busca dar a conocer el trabajo de unamplio sector de profesionales del ámbito de la salud reproductiva y el aborto, pero sobretodo intenta aunar esfuerzos para conseguir el máximo nivel de calidad en la atención delas mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

ACAIAvda de la. Constitución, 32 Entlo.

33207 Gijónwww.acaive.com

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Financiado por:Ministerio de Sanidad y Consumo

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